SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Ramírez Acuña

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 280 diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(11:17 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 23 de marzo de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la diputada Luz Carolina Gudiño Corro.

Del diputado Salvador Manzur Díaz.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

De la Junta de Coordinación Política.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rodrigo López Barreiro, Antonio José Cobacho Montilla y Yanel Alba Barragán puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Japón en México, respectivamente; e informa que el ciudadano Marx Ulises López Haros, deja de prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Arturo Pacheco Díaz y Julynna Vivaldo Fosado puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Marruecos en México, respectivamente. (Turno a Comisión)

Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Oficio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Con el que remite el primer informe trimestral de 2010 de los niveles de Población por entidad federativa, así como la metodología para la estimación de la población total nacional.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de febrero de 2010 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud del senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se dictamine la minuta proyecto de decreto que deroga la fracción II del artículo 84, reforma el artículo 84 Ter y adiciona un artículo 84 Quáter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud del senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se dictamine la minuta proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 5 y reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. (Turno a Comisión)

Pronunciamiento del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la agresión a las oficinas del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, en el estado de Morelos.

Iniciativas

Que reforma los artículos segundo y cuarto transitorios y adiciona un octavo transitorio al decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, a cargo del diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por los diputados Jorge Humberto López Portillo Basave, Indira Vizcaíno Silva, y Jorge Antonio Kahwagi Macari, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y de Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14 y 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, suscrito por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 38 y 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Elvia Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6, 79 y 93 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforman, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que expide la Ley Reglamentaría para la Formulación del Presupuesto Participativo, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Israel Madrigal Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforman los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y adolescentes de medicamentos ototóxicos.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica en diversos municipios del estado de Coahuila, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica en diversos municipios del estado de Coahuila, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica en diversos municipios del estado de Coahuila, a cargo del diputado Héctor Hugo Martínez González, y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a enviar y vigilar que la SHCP dé respuesta a diversos cuestionamientos en materia financiera y de administración de recursos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a abatir el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión, a cargo del diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que a través de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, se realice un encuentro nacional de reconocimiento a adultos mayores centenarios en el marco de esas conmemoraciones, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no intervenir en el proceso electoral de este año en el estado de Oaxaca, e instruir a los titulares de las dependencias federales a cesar el derroche de recursos públicos para favorecer al candidato de la coalición PAN-PRD-Convergencia, a cargo del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit, a la SHCP, a la CNBV y a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, en el marco de sus atribuciones, a otorgar a los cuerpos policiacos del país el acceso a créditos para la adquisición de vivienda y de vehículos automotores, a cargo del diputado Ernesto de Lucas Hopkins, y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Institutos Electorales de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, a solicitar al IFE que colabore en la organización de los procesos electorales por llevarse cabo en sus entidades respectivas durante el año 2010, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, por el que cita a comparecer al titular de la SCT a fin de que rinda ante esta soberanía un informe detallado sobre la posible fusión entre Mexicana de Aviación y Aeroméxico, a cargo del diputado Éric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear un fondo de emergencia en apoyo a los defraudados de la empresa Sitma, a cargo del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, emita el pago del Procampo en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y no por transferencia bancaria, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se formulan preguntas parlamentarias a la Sener, en relación con la propuesta de estrategia nacional de energía, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a agilizar los estudios y concluir el proyecto de las obras hidráulicas que eviten inundaciones en diversas zonas habitacionales del estado de Guerrero y a la Segob, prevea la disponibilidad de recursos financieros del Fonden para la realización de las obras necesarias, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SFP que envíe un informe sobre las auditorías realizadas a programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno del estado de Oaxaca; y a la PGR que informe sobre la averiguación previa, relativa al desvío de recursos federales, hechos por funcionarios y ex funcionarios de dicha entidad, a cargo del diputado Balfre Vargas Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la desincorporación e incorporación de terrenos del parque nacional El Veladero, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas del Gobierno del Estado de Tamaulipas a realizar las acciones necesarias para cubrir las plazas de maestros jubilados en el municipio de Matamoros, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse, a través de la Semarnat, con los gobiernos estatales y municipales que forman parte de la cuenca del río Laja para elaborar y ejecutar un plan de manejo de la cuenca, a fin de proteger y sanear dicho río, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS, en su carácter de presidente de la Asamblea General de ese instituto, a incluir el medicamento Bortezomib, (Velcade) en el cuadro básico institucional, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SCT, considere la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo respecto a la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, estado de Sonora, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SHCP y de la Secretaría de Economía que informen sobre el incremento de los combustibles y la vigilancia de los precios de productos y servicios de consumo y uso popular, respectivamente, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, referente al embargo camaronero impuesto por Estados Unidos a México, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF nacional y a los DIF estatales y del Distrito Federal a realizar un censo de los albergues que operan en sus demarcaciones, con el objeto de conocer cuántos menores de edad tienen a su cuidado y sus condiciones e implanten un programa permanente de supervisión de los establecimientos, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, y para que a través del titular de la SSP informe las razones por las cuales no se ha publicado dicha norma, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del GDF, a dar cumplimiento a la entrega del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con la finalidad de que las dieciséis delegaciones beneficiadas ejerzan éste de manera autónoma, conforme a la fórmula que refleja los criterios que estableció esta soberanía en el PEF 2010, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP y la CFE establezca tarifas especiales para uso domiciliario y agrícola en las zonas de atención prioritaria, a cargo del diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF nacional implemente un registro nacional de adopciones, a cargo del diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al clima de inseguridad y violencia en el estado de Chihuahua, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los poderes ejecutivos y a los congresos estatales, así como del Distrito Federal, para que conformen a partir del Presupuesto para el ejercicio 2010 un fondo especial para garantizar los recursos necesarios a los municipios o demarcaciones territoriales a efecto de que estos accedan al Subsemun, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León a informar a esta soberanía sobre el proceso de licitación número 48111002-09 correspondiente a la obra “construcción de techos cuenca para cosecha de agua de lluvia para el consumo humano”, llevada a cabo por la Corporación para el Desarrollo Agropecuario del gobierno local, en el que se incluya el presupuesto base con sus correspondientes costos unitarios, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del gobernador del Banco de México y del titular de la SHCP ante el pleno de esta soberanía para que informen respecto de la serie de monedas conmemorativas fusión cultural “la mercancía” y “el intercambio”, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México a establecer una mesa de diálogo y negociación para resolver las demandas de los damnificados por las inundaciones en los municipios de Chalco y de Valle de Chalco, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP y a la SSP que implementen un programa de regularización en el estado de Chihuahua para los vehículos usados de procedencia extranjera, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruya al titular de la SCT para que presente un informe pormenorizado sobre los ingresos recaudados en 2009 por concepto de peaje, tanto de la red propia como por las autopistas concesionadas; asimismo que implemente un programa mejoramiento de servicios, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera urgente al Ejecutivo federal a remover al titular de la STPS, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar, coordinar e implementar las acciones precisas y necesarias con el titular de la Conagua, a efecto de solucionar la grave crisis hidrológica y ambiental que viene padeciendo la Cuenca del Río Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del diputado Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir, a través de la Sectur, el Reglamento de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp, agilicen el proceso de recategorización del área natural protegida Parque Nacional los Mármoles como área de protección de flora y fauna, en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que solicita al titular del Ejecutivo Federal, instruya al Inegi para que incorpore una cédula adicional sobre la salud de los mexicanos en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, a efecto de obtener un efectivo diagnóstico de la salud en México y que dicho contenido de la cédula se acuerde con el Consejo de Salubridad General, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a reactivar, a través de la SCT, el funcionamiento del Aeropuerto de Agualeguas, Nuevo León, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE s manifestar su rechazo a la recientes medidas antiinmigrantes propuestas en Estados Unidos de América, y por el que se crea una Comisión de Diálogo de Legisladores, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la SEP a vigilar que las políticas públicas y programas instrumentados en materia de salud sexual y reproductiva, población, planificación familiar, educación sexual y prevención y de atención de las enfermedades de transmisión sexual, se apliquen con base en criterios laicos, científicos y de acuerdo con los estándares previstos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos firmados y ratificados por el estado mexicano, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato y del municipio de San Luis de la Paz a investigar y finquen responsabilidades a los servidores públicos que ordenaron y ejecutaron la agresión en contra del pueblo Chichimeca, el pasado 28 de febrero de 2010, en la comunidad Misión de Chichimecas; así como al Congreso local para que legisle en materia de derechos indígenas, a cargo del diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz a ministrar de inmediato, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la totalidad de los recursos federales aprobados para la realización de obras de infraestructura hidráulica a diversos municipios de la entidad, a cargo de la diputada Silvia Isabel Monge Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a liberar los recursos complementarios a los Gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal, para la terminación de los puentes vehiculares de las avenidas Pantitlán y Chimalhuacán sobre el periférico oriente y terminar con los graves problemas de inseguridad y tráfico que se vive en las zonas afectadas, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Secretaría de Salud y al Gobierno del Estado de Guerrero a construir un hospital general para la atención de la población indígena de la región de La Montaña de esa entidad, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una auditoría al ejercicio fiscal 2009 del ayuntamiento de Puerto Vallarta, al menos en lo que respecta al uso de recursos de origen federal, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la Segob a solicitar, formular, establecer e implantar, en el ámbito de su competencia y con sus contrapartes estadounidenses, mecanismos correspondientes y estrategias de simplificación de los trámites y tiempos de resolución, con el objetivo de para agilizar la expedición de visas; y al Congreso de la Unión a incluir, en el marco de la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, el tema específico del apoyo del Congreso Estadounidense para que el procedimiento para la obtención de visa sea expedito y claro, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera, y suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

Al Senado de la República, a solicitud del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Jorge Romero Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Energía, a solicitud del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

A las Comisiones de Justicia y de Reforma Agraria, a solicitud del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios relativos al Día Mundial del Agua, a cargo de los grupos parlamentarios.

Comentarios respecto al foro Alto al secuestro, organizado por la Comisión de Justicia del Senado de la República en días pasados, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Comentarios respecto a la Estrategia Nacional de Energía, a cargo del diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Comentarios en materia de seguridad, a cargo de los grupos parlamentarios.

Comentarios sobre la militarización del país e instalación de retenes militares en diferentes partes de la república, en particular en Querubabi, Sonora, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Efemérides

Relativa al 204 aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García, a cargo del diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional.

Relativa al 72 aniversario de la Expropiación Petrolera, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciocho de marzo de dos mil diez, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 287 diputadas y diputados, a las 11 horas con 47 minutos del jueves 18 de marzo de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y enseguida del acta de la sesión anterior, la que se aprueba de la misma manera.

Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• José Alberto González Morales, del Partido de la Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Se informó de su recepción y se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 3o. de la Ley que Crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Se informó de su recepción y se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada. Se informó de su recepción y se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

• Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General de Educación. Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Janet Graciela González Tostado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turnó a las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

• María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• José Gerardo de los Cobos Silva, en nombre propio y de diversos integrantes del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley Reglamentaria del artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Desde sus respectivas curules los diputados: Adriana Fuentes Cortés, del Partido Acción Nacional, solicitó moción de orden, y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, realizó comentarios. El presidente realizó aclaraciones al respecto.

• Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes.

A las 12 horas con 35 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 407 diputadas y diputados.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turnó a la Comisión de Economía.

• José Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El presidente informó a la asamblea que la ciudadana Maricarmen Valls Esponda, diputada federal suplente electa en la tercera circunscripción, se encontraba a las puertas del salón de sesiones y designó una comisión para introducirla al recinto y acto seguido rindió protesta y entró en funciones.

Quedaron de primera lectura los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de la Comisión de Salud:

• Que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud.

Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes de las comisiones de:

a) Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. En votación económica se dispensó la lectura. Se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia por 305 votos. Pasó al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

b) Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma las fracciones IV y V del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología. En votación económica se dispensó la lectura. Se consideró suficientemente discutido y se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia por 290 votos en pro y tres en contra. Pasó al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

c) Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71 y 128 de la Ley General de Población. En votación económica se dispensó la lectura. Se consideró suficientemente discutido y se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de referencia por 295 votos en pro y una abstención. Pasó al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

En votación económica se aprobó la lectura de los encabezados de los dictámenes con puntos de acuerdo de las siguientes comisiones:

a) Salud:

• Por el que se exhorta al Congreso de la Unión, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y autoridades, para que revisen la normatividad relativa a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la que regula los establecimientos en donde confluyen menores de edad.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Guerrero a construir un hospital de especialidades para la atención de las mujeres indígenas y grupos vulnerables de Tlapa de Comonfort.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, informe a la Cámara de Diputados y a la población en general, cómo atender el rebrote de dengue desatado en nuestro país.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, informe a esta soberanía respecto a los recursos que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos hubiera utilizado para atender las acciones derivadas del brote de influenza atípica.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se dicten los lineamientos necesarios para los establecimientos que vendan bienes o presenten servicios cuenten con las instalaciones higiénicas y adecuadas para ofrecer el servicio sanitario.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implante una campaña nacional a través de los medios masivos de comunicación, para que se informe a la ciudadanía la importancia de vacunarse, especificando de manera correcta los grupos prioritarios que tienen acceso a la vacuna contra la influenza A (H1N1) de forma gratuita.

• Por el que se solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, rinda un informe que comprenda los tres últimos años, sobre el ejercicio de sus facultades en materia de control sanitario de publicidad.

• Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo al efecto de que la Secretaría de Salud, incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer.

b) Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Economía, por los que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Economía, a resolver el problema del sector productivo lechero.

c) Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al órgano administrativo desconcentrado denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, para que consideren prioritario apoyar a los productores en la comercialización del trigo del valle de Mexicali, para el ciclo primavera-verano.

Se consideran suficientemente discutidos y en votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se dio cuenta con los siguientes dictámenes en sentido negativo, con puntos de acuerdos por los que se desechan iniciativas con proyectos de decreto de las comisiones de:

• Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma los artículos 171 de la Ley General de Salud y 42 de la Ley General de Educación.

• Salud, que adiciona un párrafo segundo al artículo 77 Bis, 36 y reforma las fracciones IV, V, VII y XI del artículo 77 Bis, 37 de la Ley General de Salud.

• Seguridad Pública, que expide el Estatuto de las Islas Marías.

• Presupuesto y Cuenta Pública, que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009 y 2010.

Se consideraron suficientemente discutidos y en votación económica se aprobaron los puntos de acuerdo. Se instruyó el archivo de los expedientes como asuntos concluidos.

• Salud, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 49 Bis a la Ley General de Salud. Realizó comentarios en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Se consideró suficientemente discutido y en votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se instruyó el archivo del expediente como asunto concluido.

Desde su curul el diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Partido Revolucionario Institucional, realizó comentarios. El presidente hizo aclaraciones al respecto.

Se refirieron a la conmemoración del 18 de marzo, el sector energético en México y su situación actual, los diputados: María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia; Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza; Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde Ecologista de México; Rodolfo Lara Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática; Nancy González Ulloa, del Partido Acción Nacional; Roberto Armando Albores Gleason, del Partido Revolucionario Institucional; José Gerardo Rodolfo Fernández No-roña, del Partido del Trabajo; Eduardo Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Ramírez Bucio, del Partido Acción Nacional; Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional; Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo y Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul realizó comentarios el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional.

Antes de la intervención del diputado Ramírez Bicio, desde su curul el diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Partido Revolucionario Institucional, solicitó a la Presidencia hacer mención que se encuentra en el salón de sesiones el señor Carlos Andrade Garín, presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011, acompañado por el señor Ivar Sisniega Campbell. El presidente complació dicha solicitud.

Se dio cuenta con la proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se cita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social a efecto de que comparezcan ante el pleno de esta soberanía. Desde sus curules realizaron comentarios los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández No-roña, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones, y Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica se aprobó el acuerdo. Comuníquese.

Se recibieron proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Óscar Román Rosas González, del Partido Revolucionario Institucional, en nombre propio y de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respete la decisión de esta soberanía y libere los recursos que se destinaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para iniciar los trabajos relativos a la construcción de un nuevo puente en el municipio de Ciudad del Carmen, Campeche, que sustituya al puente de la unidad, que actualmente comunica a la península con el resto del país. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Transportes.

• Francisco Ramos Montaño, del Partido Revolucionario Institucional, para promover políticas y medidas públicas con la colaboración del sector privado y organizaciones civiles a efecto de apoyar una inversión más eficiente, racional y productiva de las remesas de los emigrantes y sus familias. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

• Cuauhtémoc Salgado Romero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación y al Congreso de Guerrero, para que analicen la posibilidad de abrir y rehabilitar el Centro Infantil de Recreación Ciencia y Cultura. Se dio cuenta de su recepción y se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• José Luis Soto Oseguera, del Partido Revolucionario Institucional, en nombre propio y de los diputados Sergio Mancilla Zayas, del Partido Acción Nacional, y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, realice las gestiones necesarias para la donación de una porción del predio que ocupa al almacén Zona Norte de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para construir una escuela secundaria en la comunidad de Tequexquináhuac, municipio de Tlalnepantla de Baz, estado de México. Se turnó a la Comisión de Transportes.

• Francisco Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea un grupo plural de legisladores para que medie entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno Federal, con motivo del conflicto ocasionado por la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 15 horas con 30 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el martes 23 de marzo de 2010 a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Está a discusión el acta.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputada. Sí, diputado Fernández Noroña, dígame usted.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Quiero intervenir sobre la discusión del acta, diputado presidente. Hay una omisión que quisiera solicitar se corrija.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Cuál es la omisión, diputado?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Bueno, deme el uso de la palabra.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Si usted me lo indica, con mucho gusto, para poder proceder a otorgar la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Pero si en el trámite no está escrito que tenga que decirle cuál es la omisión. Pero se lo puedo decir, no tengo ningún problema.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): De nada, diputado presidente. Es más hasta hago la intervención desde aquí.

En la sesión pasada, la última fue la del 18 de marzo, que se celebraba la expropiación petrolera, al inicio de la sesión pusimos unos carteles alusivos a que Pemex se defiende y exigiendo la renuncia de Calderón.

Hubo una diputada del PAN, no recuerdo su nombre, me disculpo con ella –no es una desatención de mi parte, no recuerdo ahora su nombre– hizo una intervención solicitándonos que no estuviéramos tapando el escudo nacional. No está esa intervención porque además nosotros, yo también intervine aceptando que tenía razón y corregí la petición hecha por la diputada de Acción Nacional. No está en el acta y me parece que debe estar esta parte.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Con esa observación y con ese comentario...

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame usted.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Señor presidente, el día de hoy se conmemoran 16 años de la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Quiero pedirle, con todo respeto, señor presidente, que rindiéramos un homenaje a ese hombre que entregó su vida al servicio de la patria y que en una forma vil fue asesinado en Lomas Taurinas por tener él los conceptos de luchar por un mejoramiento social para todos los mexicanos.

Quiero que rindamos un homenaje a Luis Donaldo Colosio porque él pertenece a la historia de México y también que hagamos votos y que pidamos que el caso Colosio se reabra para que se castigue a los asesinos intelectuales de este gran mexicano. Con todo respeto se lo pido, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Una vez que concluyamos el procedimiento del orden del día, con mucho gusto estaremos tomando en consideración su punto de vista, diputado.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.

Sí, diputado Méndez, dígame usted.

El diputado Avelino Méndez Rangel(desde la curul): Quiero preguntarle cuál es el orden del día. No lo tenemos en los documentos que se nos han entregado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El orden del día debe estar distribuido a todos ustedes o se estará distribuyendo en estos momentos. Una vez que fue aprobado en Mesa Directiva, tuvo algunos cambios y debe estarse entregando. Ahorita van a revisarlo. Con mucho gusto, diputado.

Proceda la Secretaría con las licencias presentadas por algunos de los compañeros diputados.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, y para los efectos conducentes, me permito solicitar que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi encargo como diputada federal, con efectos a partir del martes 23 de marzo de 2010.

La presente se funda en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Agradeciendo que pueda resolverse conforme a derecho, sin otro particular reitero mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 22 de marzo de 2010.— Diputada Luz Carolina Gudiño Corro (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En consecuencia, se ruega a la Secretaría que ponga a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Luz Carolina Gudiño Corro para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el XII distrito de Veracruz, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

Continúe con la licencia del compañero diputado Salvador Manzur Díaz

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Me permito someter a consideración de esta honorable Cámara mi solicitud de licencia, con carácter de indefinida, en los términos del artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quiero agradecer a mis compañeros de esta legislatura, miembros de diversas diputaciones y, por supuesto, a quienes forman la de Veracruz su solidaridad y respaldo. Dejo también constancia de mi profundo agradecimiento a los electores que concedieron la posibilidad de tener la invaluable experiencia de pertenecer al Poder Legislativo de mi país, a quienes me propongo seguir sirviendo desde otra responsabilidad pública.

Manifiesto igualmente mi gratitud a mis compañeros de bancada, a nuestro coordinador, diputado Francisco Rojas Gutiérrez, a los miembros de la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva, encabezada por usted, por las facilidades que me brindaron en mis tareas legislativas y les expreso mi reconocimiento y personal afecto, así como a todos mis compañeros de todas las filiaciones políticas que, con su trabajo, contribuyen a alcanzar acuerdos y soluciones en beneficio de México y dignifican la actividad política, única forma civilizada y razonable de enfrentar los problemas de la convivencia colectiva.

A esa actividad quiero seguir dedicándome porque la entiendo como una oportunidad de servicio. A ello me abocaré plenamente una vez que se resuelva esta solicitud de licencia. En atención de lo anterior, atentamente solicito:

Primero. Se me conceda licencia, en los términos de esta solicitud, a partir del 23 de marzo del presente año.

Segundo. Se llame a mi suplente, Adela Robles Morales, para que rinda protesta y se mantenga la continuidad representativa del distrito 4 de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2010.— Diputado Salvador Manzur Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Salvador Manzur Díaz para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito IV de Veracruz, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con los documentos de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios: alta de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, como secretaria y baja del diputado Héctor Agustín Murguía Ladizábal, como secretario

• Comisión de Relaciones Exteriores: alta de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, como integrante y baja del diputado Héctor Agustín Murguía Ladizábal, como integrante

• Comisión Especial de la Región Cuenca de Burgos: alta de los diputados Baltazar M. Hinojosa Ochoa como integrante, Edgardo Melhem Salinas como presidente y  baja de los diputados Edgardo Melhem Salinas como integrante, Jesús Everardo Villarreal Salinas como presidente

• Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México: alta de la diputada Adriana Terrazas como secretaria y baja de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado como secretaria

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continúe con las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Roberto Gil Zuarth, subcoordinador de Proceso Legislativo del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional:

• Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias: baja de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, como integrante

• Comisión de Pesca: baja del diputado Miguel Martín López, como secretario

• Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias: baja del diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, como secretario

• Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía: baja del diputado Humberto Macías Romero, como integrante

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Por favor, ponga a consideración de la asamblea, preguntando en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza:

• Comisión de Comunicaciones: baja del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, como secretario

• Comisión de Desarrollo Metropolitano: baja del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, como integrante

• Comisión de Vivienda: baja del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, como integrante

• Comisión Especial para la atención de los Asuntos de la Frontera Sur encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyecto de la Frontera Sur de México: baja del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, como integrante

• Comisión Especial del Café: baja del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, como integrante

• Comisión Especial Encargada de Impulsar y dar Seguimiento Regional del Sur-Sureste de México: baja del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, como integrante

• Comisión Especial Encargada de Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en los Procesos Electorales: baja del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, como integrante

• Comité de Información, Gestoría y Quejas: baja del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, como integrante

• Parlamento Centroamericano: baja del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, como delegado suplente

• Foro Parlamentario Asia-Pacífico: baja del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, como delegado

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia:

• Comisión de Seguridad Social: alta de la diputada María Guadalupe García Almanza, como integrante

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Comisión de Fortalecimiento al Federalismo: baja del diputado Alejandro del Mazo Maza, como integrante

• Comisión Especial de la Industria Manufacturera de Exportación: baja del diputado Alejandro del Mazo Maza, como integrante

• Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas: alta del diputado Eduardo Ledesma Romo, como integrante y  baja del diputado Guillermo Cueva

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdode la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se modifica el calendario correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del numeral 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que de conformidad con el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el programa legislativo de los períodos de sesiones y el calendario para su desahogo.

II. Que el artículo 65, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Congreso se reunirá a partir del 10 de febrero de cada año para celebrar su segundo período de sesiones ordinarias.

III. Que, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 66 constitucional, el segundo período no podrá prolongarse sino hasta el 30 de abril del mismo año.

IV. Que con base en los anteriores considerandos, a propuesta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la Cámara de Diputados aprobó el Calendario para el segundo período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional de la LXI, en su sesión del 2 de febrero de 2010.

V. Que derivado de la dinámica y periodicidad en que se han venido realizando las sesiones y trabajos del pleno, este órgano de gobierno observa que la programación de los trabajos legislativos se ha llevado a cabo en el marco de lo establecido al inicio del periodo de sesiones, por lo que considera pertinente realizar un ajuste al calendario establecido.

Con base en lo antes expuesto, este órgano de gobierno emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Se modifica el calendario legislativo para el segundo período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional de la LXI, para que la sesión prevista para el día 30 de marzo del 2010, se lleve a cabo el miércoles 24 de marzo del mismo año.

Segundo. Publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica en contra), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pido a la Secretaría, en votación económica, pregunte a la asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Publíquese y comuníquese al Senado de la República.

Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Gobernación.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0303/10, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Rodrigo López Barreiro;

Puesto: Gerente administrativo;

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Antonio José Cobacho Montilla;

Puesto: Gerente de arrendamiento;

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Yanel Alba Barragán;

Puesto: Empleada;

Lugar de trabajo: Embajada de Japón en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento y carta de naturalización que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Marx Ulises López Haros;

Puesto: Administrador de sistemas;

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0365/10, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Julynna Vivaldo Fosado;

Puesto: Secretaria;

Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Marruecos en México.

Nombre: Arturo Pacheco Díaz;

Puesto: Coordinador en información;

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 17 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación.Por lo que se refiere al ciudadano que deja de prestar servicios, remítase a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para su conocimiento.

ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL61-II-9-0772 signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/ 0386 /2010, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los Programas para Contingencias Climatológicas.

Atentamente

México, DF, a 16 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/548/l0, de fecha 24 de febrero de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el día 25 de febrero del año en curso, por medio del cual se informa que mediante oficio DGPL 61-11-9-0772, de fecha 23 de febrero de 2010, los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de 1a Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 23 de febrero del presente año, y cuyo resolutivo único se reproduce a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, sean declarados los municipios de Ario y Cotija, pertenecientes al estado de Michoacán, como zonas de desastre y se liberen de manera inmediata los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales y de los Programas para Contingencias Climatológicas administrados por diversas secretarías, para la atención oportuna de los afectados por las lluvias del miércoles 3 y jueves 4 de febrero del año en curso.”

Sobre el particular, y por cuanto hace a la esfera de competencia de la Segob, me permito solicitar atentamente a usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las acciones efectuadas en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales, Fonden, para .dar atención a la ocurrencia de lluvia severa los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010 que afectó a varios municipios del Estado de Michoacán, y que se relacionan con el punto de acuerdo que nos ocupa.

Para esos efectos, estimamos conducente formular de manera previa las siguientes consideraciones:

• En términos de lo dispuesto por el numeral 1 del “acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales”(en lo sucesivo las Rof), el Fonden se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es, bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Para la realización de tales objetivos, el Fonden cuenta con los instrumentos siguientes, a través de los cuales, atendiendo a sus características y alcances, se autorizan suministros de auxilio y recursos para dar atención al fenómeno natural perturbador de que se trate:

a) El Fondo Revolvente Fonden, que sólo podrá ser utilizado cuando exista una declaratoria de emergencia y con ello que esta DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio (insumos) conforme a la normatividad aplicable para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (numeral 3, fracción I de las Rof, en concordancia con los artículos 1 y 3 del “acuerdo que establece los lineamientos para emitir las Declaratorias de Emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden”, en lo sucesivo los Lineamientos.

Cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a éstos, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal en particular, dado que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de los lineamientos, dichos insumos son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, y entregados por dicha unidad administrativa a la Entidad Federativa de que se trate para que esta última proceda a su posterior distribución.

b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias Rof). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos (ya sea del Programa Fonden o del Fideicomiso), destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, previstos en las Rof, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Respecto de este instrumento, con fundamento en el artículo 33 del Reglamento Interior de la Segob (que lista las atribuciones especificas con que cuenta esta DGF) y atentos a las acciones que a esta unidad administrativa le corresponde ejecutar en términos de las Rof, se puntualiza que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las Rof, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político-administrativo del Distrito Federal en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

Ahora bien, para acceder a los instrumentos que opera el Fonden, es necesario que se cumpla previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos.

A ese respecto diremos que para efectos de la autorización de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, los lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de declaratoria de emergencia, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, de la Segob, debiendo estar suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.

En ese sentido, el artículo 7 de los lineamientos, dispone que las entidades federativas son las instancias facultadas para solicitar a la Segob, la emisión de una declaratoria de emergencia motivo éste por el que los municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal deberán establecer los procedimientos de coordinación necesarios con la entidad federativa a la que pertenezcan para efectos de ser considerados en una solicitud.

Por su parte. y para efectos de la autorización de los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las Rof establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para ello, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de declaratoria de desastre natural, suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, dirigida a la CGPC, de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por la ocurrencia del fenómeno natural perturbador.

En esa lógica, con relación al punto de acuerdo que se atiende y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción III, 12, fracción IX, 34 y 36 de la Ley General de Protección Civil, LGPC; y en los numerales 5, fracción VIII. 10 y demás relativos aplicables de las Rof, se aclara que la emisión de una Declaratoria de Desastre Natural, en el marco del Fonden, corresponde dé manera exclusiva a la Segob, por conducto del a CGPC.

No se omite señalar que los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento del Fonden para llevar a cabo labores de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas. son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden Federal al Fideicomiso Fonden Estatal de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello.

Visto lo anterior informamos que, a efecto de dar atención a la ocurrencia de lluvia severa los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010, el Gobierno del Estado de Michoacán ha formulado dos solicitudes de declaratoria de emergencia y dos solicitudes de Declaratoria de Desastres Natural. No obstante en ninguna de ellas fueron incluidos los municipios de Ario ni Cotija.

Sin demérito de lo anterior y para los efectos que se estimen conducentes. procedemos a informar respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través de los instrumentos Fondo Revolvente Fonden y Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo para dar atención a la ocurrencia de lluvia severa los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en la entidad federativa en comento:

Fondo Revolvente Fonden

Michoacán de Ocampo

Lluvias severas el día 3 de febrero de 2010 (Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo de Nicolás Romero)

• Mediante oficios GEM/012/2010 y GEM/013/2010, ambos de fecha 4 de febrero del presente año, el gobernador del Estado de Michoacán, solicitó a la CGPC, la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, por las lluvias torrenciales y desbordamiento de rió acontecidos los días 3 y 4 de febrero de 2010. (No se incluyó a los municipios de Ario y Cotija).

• Con oficio CGPC/165/2010, de fecha 4 de febrero de 2010, la CGPC solicitó a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, la emisión del dictamen técnico correspondiente.

• Dicha solicitud fue atendida mediante oficio 800.-173, de fecha 5 de febrero de 2010, en el que se corroboró lluvias severas el día 3 de febrero de 2010, para los municipios de Angangueo, Tuxpan y Tuzantla del estado de Michoacán.

Asimismo con oficio B00.-174, de fecha 5 de febrero de 2010, la Conagua corroboró las lluvias severas el día 3 de febrero de 2010 en los municipios de Ocampo y Tiquicheo de Nicolás Romero.

• Mediante boletines de prensa 39/10 y 40/10, ambos de fecha 5 de febrero del año en curso, la CGPC difundió las declaratorias de emergencias para los municipios antes mencionados del estado de Michoacán, afectados por las lluvias severas el miércoles 3 de febrero de 2010. La declaratoria de emergencia para los 5 municipios fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de febrero de 2010.

• Con base en lo anterior, por cuanto hace a los municipios de Angangueo, Tuxpan y Tuzantla, a la fecha el gobierno de Michoacán ha presentado siete solicitudes de insumos, que se han autorizado de la manera siguiente:

• Respecto de los municipios de Ocampo y Tiquicheo de Nicolás Romero, a la fecha el gobierno de Michoacán ha presentado tres solicitudes de insumos, que se han autorizado de la manera siguiente:

• Al día de la fecha, las declaratorias de emergencia continúan abiertas, razón por la que aún no se concluye con la atención de esta emergencia en Michoacán.

Lluvias severas del miércoles 3 y viernes 5 de febrero de 2010 (Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro).

• Mediante oficios GEM/018/2010 y GEM/020/2010, de fechas 5 y 8 de febrero del presente año, el Gobernador del Estado de Michoacán, solicitó a la CGPC, la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, por las lluvias atípicas ocasionada por tormentas de baja presión provenientes del pacífico y ocasionadas por el frente frío número 29, y tormenta invernal 5. (No se incluyó a los municipios de Ario y Cotija).

• Con oficio CGPC/191/2010, de fecha 9 de febrero de 2010 la CGPC solicitó a la Conagua la emisión del dictamen técnico correspondiente.

• Dicha solicitud fue atendida mediante oficio BOO.-244, de fecha 15 de febrero de 2010, mismo en el que se corroboró la ocurrencia de lluvia severa del 3 al 5 de febrero de 2010, para los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, del estado de Michoacán.

• Mediante Boletín de Prensa 62/10, de fecha 15 de febrero del año en curso, la CGPC difundió la declaratoria de emergencia para los municipios antes mencionados de Michoacán, afectados por la ocurrencia de lluvia severa del 3 al 5 febrero de 2010. Dicha declaratoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de febrero de 2010.

• Con base en lo anterior, y por cuanto hace a los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, al día de la fecha el gobierno Michoacán ha presentado dos solicitudes de insumos, que se han autorizado dé la manera siguiente:

Al día de la fecha, esta declaratoria de emergencia continúa abierta, razón por la que aún no se concluye con la atención de la emergencia en Michoacán.

Fonden Reconstrucción

Michoacán de Ocampo

Lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010 (Angangueo, Ocampo. Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla).

• Mediante oficio GEM/o19/2010, de fecha 6 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las Rof, el gobernador de Michoacán solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la lluvia atípica ocasionada por tormentas de baja presión provenientes del pacífico y ocasionadas por el frente frío número 29, tormenta invernal número 5, ocurrida los días miércoles 3 y jueves 4 de febrero de 2010, en los municipios de Angangueo. Ocampo. Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla. (No se incluyó a los municipios de Ario y Cotija).

• Con oficio B00.-189 de fecha 7 de febrero de 2010, en cumplimiento a lo que señala el numeral 8 de las Rof, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla, de Michoacán de Ocampo.

• Con fecha 8 de febrero de 2010, en apego a las disposiciones de las Rof, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, Ced, en el Estado de Michoacán, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los municipios referidos. Para esos efectos, los integrantes del Ced se agruparon en subcomités de los sectores: vivienda, urbano, carretero, hidráulico, hidroagrícola, educativo, deportivo, salud y medio ambiente.

En dicha sesión, el Ced acordó que la entrega de resultados se llevaría a Giba en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del Ced, para lo cual se señaló originalmente el día 19 de febrero de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados, en términos del numeral 13, fracción II de las Rof el Ced autorizó, por única vez, la ampliación en el plazo por 10 días hábiles más, siendo su fecha límite el día 5 de marzo de 2010.

En ese acto, el gobierno de Michoacán entregó al representante de la Segob, la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las Rof, por lo que dicha dependencia del Gobierno Federal, por conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de febrero de 2010 la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010, en 5 municipios del estado de Michoacán de Ocampo” procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla (municipios que el estado de Michoacán de Ocampo incluyó en su respectiva solicitud de declaratoria de desastre natural y que fueron corroborados por la Conagua como municipios afectados por la presencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010).

No se omite señal que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las Rof, en las sesión de instalación del Ced antes aludido se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada, del desastre natural en cuestión Los montos con cargo a los APIN se encuentran señalados dentro del cuadro de recursos que se presentará líneas adelante.

• En ese orden de ideas, con fecha 5 de marzo de 2010, se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados del Ced, en la cual se presentó, la siguiente información:

• El diagnóstico de los recursos necesarios para la atención de los daños.

• La solicitud de anticipas.

De tal entrega de resultados, se derivaron los siguientes montos preliminares, presentados por las dependencias y/o entidades federales para llevar a cabo los trabajos de restitución y/o reparación de la infraestructura dañada:

No se omite mencionar que actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 22 de las Rof para que las dependencias y/o entidades federales presenten sus solicitudes de recursos y los diagnósticos de obras y acciones definitivos, incorporando, en la medida de lo procedente, los diagnósticos presentados en la sesión de entrega de resultados, por lo que habrá que esperar, para conocer de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos en el Estado de Michoacán, por la ocurrencia de las lluvias severas los días 3 y 4 de febrero de 2010.

No obstante, se adelanta que una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de referencia, y transferidos los del Fideicomiso. Fonden Federal al Fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, atentos al numeral 44 de de las Rof, el Comité Técnico de dicho Fideicomiso Estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutaras, en el entendido de que de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden Federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las Rof, será responsabilidad del fiduciario del referido fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden estatal para la atención del desastre natural.

Lluvias severas los días 4 y 5 de febrero de 2010 (Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro)

• Mediante oficio sin número, de fecha 16 de febrero de 2010, en cumplimiento al numeral 7 de las Rof, el gobernador de Michoacán solicitó a la Conagua opinión técnica respecto de la ocurrencia de lluvia severas del día 4 al 11 de febrero del año en curso, en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro. (No se incluyó a los municipios de Ario y Cotija).

Con oficio BOO.-265 de fecha 18 de febrero de 2010, en cumplimiento a lo que señala el numeral 8 de las Rof, la Conagua emitió su opinión técnica y corroboró la ocurrencia de lluvia severa sólo los días 4 y 5 de febrero de 2010, en los tres municipios referidos del estado de Michoacán de Ocampo (Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro).

Con fecha 19 de febrero de 2010, en cumplimiento de las disposiciones de las Rof, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, Ced, en Michoacán, con el objeto de realizar la cuantificación y evaluación de los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvia severa los días 4 y 5 de febrero de, 2010 en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro. Para esos efectos, los integrantes del Ced se agruparon en subcomités de los sectores vivienda, educativo, deportivo, medio ambiente y de salud, infraestructura urbana, infraestructura carretera, infraestructura hidráulica e infraestructura hidroagrícola.

En dicha sesión; el Ced acordó que la entrega de resultados se llevaría a cabo en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la instalación del Ced, para lo cual se, señaló originalmente ‘el día 4 de marzo de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios afectados, en términos del numeral 13, fracción 11 de las Rof, el Ced autorizó por única vez, la ampliación en el plazo por 10 días hábiles más, siendo su fecha límite el día 18 de marzo de 2010.

En ese acto, el gobierno de Michoacán entregó al representante de la Segob la solicitud de declaratoria de desastre natural, de conformidad con el numeral 9 de las Rof, por lo que dicha dependencia del Gobierno Federal, por conducto de la CGPC, emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de febrero de 2010 la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 4 y 5 de febrero de 2010, en 3 municipios del estado de Michoacán de Ocampo”, procediendo a declarar como zona de desastre a los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro (municipios que el estado de Michoacán de Ocampo incluyó en su respectiva solicitud de declaratoria de desastre natural y que fueron corroborados por la Conagua como municipios afectados por la presencia de lluvia severa los días 4 y 5 de febrero de 2010).

No se omite señalar que, con fundamento en lo establecido por los numerales 17 y 20 de las Rof, en la sesión de instalación del Ced antes aludida, se solicitaron recursos para diversos sectores, por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos, APIN, con cargo al Fonden, para la ejecución de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural en cuestión, mismos que se autorizaron de la siguiente manera:

• En este punto se informa que actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el numeral 13, fracción 11, de las Rof para que se lleve a cabo la sesión de entrega de resultados del Ced, motivo por el cual, una vez realizadas tales acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por la presencia de lluvia severa los días 3 y 4 de febrero de 2010, en los 3 municipios de Michoacán aludidos con anterioridad.

No obstante, se adelanta de igual manera que una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de referencia, y transferidos los mismos del Fideicomiso Fonden Federal al Fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, atentos al numeral 44 de de las Rof, el Comité Técnico de dicho Fideicomiso estatal, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutoras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario deberá realizar las acciones necesarias para que, ‘en’ su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Asimismo, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1994.-Fonden estado de Michoacán, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las Rof, será responsabilidad del Fiduciario del referido Fideicomiso 1994.-Fonden etado de Michoacán, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso ,de los recursos destinados a dicha entidad federativa que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden Estatal para la atención del desastre natural.

Sin otro particular, y esperando que la presente información sea de utilidad, le saludo cordialmente.

Notas:

1. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2] de mayo de 2009,

2. Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por su características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2008.

4. Aquellos antes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, Conagua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, Conafor, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos.

5. Los Fideicomisos Fonden estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparentes para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un Desastre Natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas (numeral 44 de las Rof).

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 10 de marzo de 2010.— Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general del Fondo de Desastres Naturales.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

MEXICANA DE CANANEA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0733, signado por los diputados Francisco Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0117, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al conflicto minero en Cananea.

Atentamente

México, DF, a 17 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Contador Público Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/447/556/10, mediante el cual se remite el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del 11 de febrero del presente año, por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a llevar a cabo diversas acciones en tomo al conflicto en la unidad minera de Cananea, Sonora.

Al respecto, se señala lo siguiente:

En el resolutivo primero del acuerdo referido se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a efecto de que, en cumplimiento de la fracción VIII del articulo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigile el cumplimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en torno al conflicto minero en Cananea, absteniéndose de emitir notificaciones a petición expresa de la Compañía Mexicana de Cananea, SA de CV.

Sobre el particular, debe tenerse presente que, de conformidad con lo establecido en los artículos 123, Apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 600, 604 y 605 de la Ley Federal del Trabajo; y 1o. del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la JFCA es un tribunal con plena jurisdicción de composición tripartita, integrada por igual número de representantes de trabajadores y patrones y un representante del gobierno federal.

La JFCA como tribunal laboral tiene a su cargo la tramitación y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo, o de hechos íntimamente relacionados con ellas, y su competencia está determinada en la fracción XXXI del citado artículo 123 de la Constitución Federal y en el artículo 527 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.

A mayor abundamiento, en términos de lo dispuesto en los artículos 606, 608, 609, 616 y 617 de la Ley Federal del Trabajo, y 4, 5, 7, 13 y 21 del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a dicho tribunal laboral, funcionando como pleno o en juntas especiales, corresponde administrar justicia en el ámbito laboral federal y, en consecuencia, se encuentra investido de facultades legales de decisión en la resolución de los conflictos laborales, lo cual hace con plena autonomía e independencia, atendiendo al principio de imparcialidad en la impartición de justicia, en el ejercicio de su facultad jurisdiccional establecida en la Constitución General de la República y en la Ley Federal del Trabajo.

En tal sentido, si bien el artículo 40, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la STPS coordinar la integración y establecimiento de la JFCA y vigilar su funcionamiento, esta facultad se refiere a una supervisión de carácter administrativo, y no a una vigilancia respecto a las actuaciones y funciones jurisdiccionales de la JFCA. Lo anterior, ya que, como se ha señalado, se trata de un tribunal dotado con plena jurisdicción para dictar sus fallos; autonomía de la cual ha sido y será respetuoso el secretario del Trabajo y Previsión Social, así como todos los servidores públicos de esta dependencia del Ejecutivo federal.

Conforme a lo anterior, en términos de lo dispuesto en el Capítulo VII del Título Catorce de la Ley Federal del Trabajo, relativo a las “Notificaciones”, es obligación de la autoridad jurisdiccional laboral acordar y notificar los acuerdos y resoluciones respectivos, ya sea dentro del ámbito de sus actuaciones o por mandamiento del Poder Judicial de la Federación.

En este contexto, la STPS no cuenta con facultades legales ni reglamentarias para vigilar que la JFCA se abstenga de emitir notificaciones en el asunto relativo al conflicto laboral suscitado en la mina de Cananea, situada en Sonora, ya que de intervenir en éste, implicaría una invasión a las facultades jurisdiccionales otorgadas legalmente a la JFCA.

Respecto al resolutivo segundo del punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la STPS a realizar cuanto antes un peritaje de sustancias químicas y explosivos en los polvorines de la mina de Cananea, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con personal de emergencia sindicalizado y con académicos e investigadores de la División de Ingenierías Civil y Geomática y de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que determine peligrosidad y las acciones a seguir, es de señalarse que la STPS, en el caso del conflicto en la mina de Cananea, se circunscribe únicamente a la conciliación de intereses para lograr el equilibrio entre tos factores de la producción y para preservar la paz laboral, así como para asegurar el ejercicio pleno y legítimo de los derechos de los trabajadores, en cumplimiento estricto de la Ley Federal de Trabajo, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En todo caso, corresponderá a la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, en su carácter de concesionaria de la unidad minera, llevar a cabo todas las acciones necesarias para preservar las medidas de seguridad e higiene de la referida mina y, en su momento, a esta dependencia, a través de la inspección federal del trabajo, vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de seguridad e higiene que prevalezcan en la mina.

Ahora bien, con relación a los resolutivos tercero y cuarto del citado acuerdo, por el que se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a efecto de que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reconvenga a la JFCA y ésta notifique la participación del personal sindicalizado, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Universidad Autónoma de México, en número paritario, para ingresar a las instalaciones de la mina de Cananea que explota la Compañía Mexicana de Cananea, SA de CV, y vigilar la legalidad y la corrección de los trabajos de la JFCA en el sentido de llamar el número exacto, preciso e indispensable, particularmente de policías y de fuerzas castrenses federales, para realizar tareas preventivas en las instalaciones de la mina Cananea y evitar roces e intimidaciones derivadas de una atropellada gestión del Ejecutivo Federal en el conflicto laboral.

Al respecto, se reitera que la STPS no cuenta con facultades para reconvenir a la JFCA, toda vez que, como se ha señalado, la JFCA es un tribunal legalmente constituido que cuenta con plena autonomía jurisdiccional para dictar sus fallos.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de marzo de 2010.— Doctor Álvaro Castro Estrada (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento.

PARQUE NACIONAL LA MALINCHE

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-6-0312, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número F00.6 DRCEN. 0305/ 2010, suscrito por el ciudadano Guillermo Ramírez Filippini, director regional Centro y Eje Neovolcánico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al programa de manejo del parque nacional La Malinche.

Atentamente

México, DF, a 17 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo.— Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/ UEL/ 311/ 640/ 10, de fecha 3 de marzo del presente, remitido a la dirección a mi cargo a través de la Semarnat, mediante el cual se hace del conocimiento del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 2 de los corrientes.

Al respecto, le comunico que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) coordina a través de esta dirección regional la formulación del programa de manejo del parque nacional La Malinche y, de acuerdo con el calendario del presente ejercicio, se prevé concluir el proyecto a finales del tercer trimestre, y de esta forma estar en posibilidades de realizar la consulta pública, como establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, previamente a la revisión de la Dirección General de Operación Regional y la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.

Asimismo, nos encontramos en la mejor disposición de trabajar en la revisión del acuerdo de coordinación entre la Semarnat, a través de la Conanp, y los gobiernos de Tlaxcala y de Puebla para coordinar y fortalecer la administración del parque nacional La Malinche con los gobiernos referidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 12 de marzo de 2010.— Guillermo Ramírez Filippini (rúbrica), director regional Centro y Eje Neovolcánico.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.

TELEFONIA MOVIL

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir para los fines procedentes, copia del oficio número CFT/D01/P/ 119/2010,signado por el arquitecto Héctor Osuna Jaime, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, mediante el cual realiza diversas consideraciones relacionadas con el registro de usuarios de telefonía móvil.

Atentamente

México, DF, a 18 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Licenciado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, secretario de Gobernación.— Presente

Conforme a lo dispuesto en los artículos 7, 9-A y 9-E de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 15 y 16 del Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y atendiendo al decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de febrero de 2009, para establecer el registro de usuarios de telefonía móvil, en cuyo artículo cuarto transitorio se establece lo siguiente:

Cuarto. En el caso del registro de usuarios de telefonía móvil en cualquiera de sus modalidades adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, los concesionarios contarán con un plazo de un año para cumplir con las obligaciones de registro y control a que se refiere el presente decreto.

Los concesionarios deberán realizar una campaña de información, sin costo adicional, dirigida a sus clientes y que garantice el derecho a los usuarios en esta modalidad de servicios, para informarles de la obligación de registrar y actualizar los datos, presentando el equipo celular o chip inteligente, así como la documentación correspondiente, y de las consecuencias en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado, consistente en la suspensión del servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna.

Transcurrido el plazo señalado, existe la obligación por parte de los concesionarios de cancelar en forma inmediata las líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes.

Me permito informarle que con escrito fechado el 12 del mes y año en curso, y recibido en esta comisión en misma fecha, los representantes legales de las empresas Iusacell, SA de CV, Operadora Unefon, SA de CV, Telefónica Móviles, SA de CV, Radiomóvil Dipsa, SA de CV, e Inversiones Nextel, SA de CV, solicitaron de esta autoridad reguladora una prórroga formal de un año, sobre el término que se encuentra previsto en el artículo antes señalado, argumentando, entre otras cuestiones, que la industria móvil había realizado cuantiosas inversiones para estab1ecer los mecanismos de entrega y recepción de los registros de los usuarios, habiendo aceptado todas las medidas sugeridas por las Secretarías de Gobernación, y de Comunicaciones y Transportes, y esta comisión, señalando, sin embargo, que es evidente que se requiere mayor tiempo para que esas acciones puedan dar frutos y por ello resulta necesario el plazo adicional.

Sobre el particular, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones y cuarto transitorio del artículo primero del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, me permito hacer de su conocimiento que con sendos oficios fechados el día de hoy, esta autoridad administrativa informó a los interesados que de conformidad con las atribuciones que como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene conferidas, carece de facultades para ampliar el plazo previsto en dicho artículo transitorio, en el entendido que es el propio Poder Legislativo el facultado para acordar y en su caso resolver la procedencia de su petición.

En las referidas misivas, también se informó que se agotarían los cauces legales a través de la Secretaría de Gobernación para que, de conformidad con las atribuciones que tiene conferidas conforme el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se hiciera del conocimiento formal del Poder Legislativo dicha preocupación, lo cual se informa y hace del conocimiento con el presente para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarme a sus órdenes sobre cualquier duda, comentario u observación que surja con motivo del presente asunto.

Atentamente

México, DF, a 16 de marzo de 2010.— Arquitecto Héctor Osuna Jaime (rúbrica), presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Comunicaciones para su conocimiento.

DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO DE NIÑOS DE PADRES MIGRANTES

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-6-0218, signado por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 313.1/0711/2010, suscrito por la maestra Rosalinda Morales Garza, directora general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al desarrollo educativo de los hijos de migrantes que se quedan en sus comunidades de origen.

Atentamente

México, DF, a 17 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio número SEL/UEL/311/200/10, de fecha 21 de enero de 2010, donde se exhorta el titular del Poder Ejecutivo para que a través de las dependencias correspondientes, se lleve a cabo lo siguiente:

– Un estudio para valorar el fenómeno de los hijos de migrantes que se quedan en sus comunidades de origen.

– Adopte las medidas necesarias para mejorar la situación de los niños y niñas de padres migrantes que permanecen en sus comunidades de origen y garantizar su normal desarrollo social y educativo.

Consideraciones

• El exhorto se circunscribe a la atención educativa de los hijos de migrantes que se quedan en sus comunidades de origen.

– Hasta la fecha el Programa Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim), de la SEP, está orientado a dar atención educativa en las comunidades de origen y destino a los hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes que los acompañan en su situación.

– Hasta el momento el Pronim atiende tanto a niñas y niños en el nivel básico, se promoverá la atención de la educación inicial para el 2010.

Posibles acciones

•  Generar condiciones sociales y educativas a los niños y niñas de padres migrantes que permanecen en sus comunidades.

En nuestro ámbito, en una primera etapa, podríamos abrir una estrategia para ampliar la cobertura en educación básica de calidad en los cinco estados de origen (expulsores) con mayor población migrante.

Sin embargo, es necesario anotar que las condiciones sociales y educativas requieren para su creación de intervenciones interinstitucionales e intersecretariales en los 3 niveles de gobierno.

Con la estrategia de fortalecimientos hemos trabajado por dos años para impulsar la formación de sinergias alrededor de este objetivo, desde el liderazgo educativo de los titulares estatales de educación y la generación de compromisos para favorecer prioritariamente a escuelas indígenas y migrantes.

• En cuanto al estudio que valore el fenómeno de los hijos de migrantes que se quedan en sus comunidades.

Desde el Pronim se podría solicitar que la evaluación externa contemple el tema en al menos los cinco estados de origen (expulsores) más representativos que atiende el programa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2010.— Maestra Rosalinda Morales Garza (rúbrica), directora general de Educación Indígena.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

ESTADO DE SINALOA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-4-264, signado por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2010.DGE.222, suscrito por el ciudadano Carlos Alberto García González, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al ingenio azucarero de Los Mochis, Sinaloa.

Atentamente

México, DF, a 17 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Con referencia al oficio número SEL/UEL/311/184/10, del 21 de enero de 2010, mediante el cual comunica a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el pasado 20 de enero, en el que exhorta a esta dependencia a efecto de que, de manera coordinada con otras secretarías, intervenga a la mayor brevedad posible y busque las medidas necesarias para solucionar los múltiples conflictos que mantiene el ingenio de Los Mochis, Sinaloa, y rescatarlo de la quiebra.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Antecedentes

El ingenio es propiedad de Carlos Garciarce (70 por ciento) y ED&FMan (30 por ciento) y se sitúa al norte de Sinaloa. El ingenio más cercano se encuentra a 200 kilómetros de distancia, hacia el sur (La Primavera) Eldorado se encuentra a 300 kilómetros al sur.

La empresa presentó ante las autoridades una demanda en la que solicita la terminación de las relaciones de trabajo. El ingenio cerró el 17 de diciembre de 2009.

El problema que presenta el ingenio referido es de carácter financiero y sus accionistas han manifestado la imposibilidad para continuar operando.

Situación actual

El ciudadano Garciarce encontró un grupo de inversionistas interesados en adquirir sus acciones, encabezado por los ciudadanos Alejandro Elizondo, Rodolfo de la Vega y Luis Puente (Grupo Ceres).

El 19 de enero se firmó la promesa de compra entre las partes por 70 por ciento de la acciones.

El 20 de enero se reunieron las partes con representantes de ED&FMan, quién cedió su derecho al tanto y expresó su interés por conservar su 30 por ciento.

Acciones de los gobiernos federal y estatal

El 20 de enero se reunieron la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y esta secretaría en representación del gobierno federal y representantes del gobierno y de la Secretaría de Desarrollo de Sinaloa para estudiar la problemática del ingenio.

Dada la posible negociación de compra-venta del ingenio entre particulares, la Sagarpa puso a disposición de los nuevos inversionistas todos los programas de financiamiento del campo para su inmediata implantación, así como los apoyos por parte del servicio nacional de inocuidad.

Asimismo, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ofreció a los trabajadores apoyo durante 60 días, en el transcurso de la transición, mediante el Programa de Empleo Temporal.

Ese mismo día, los gobiernos federal y estatal sostuvieron una reunión con el sindicato de trabajadores para anunciar la posible compraventa del ingenio y los programas de financiamiento y apoyo comentados.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento del honorable Congreso de la Unión de la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de marzo de 2010.— Carlos Alberto García González (rúbrica), director general de Enlace.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

ESTADO DE SINALOA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-11-4-264, signado por el diputado Francisco Ramírez Acuña y el senador Adolfo Toledo Infanzón, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0114, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al ingenio azucarero de Los Mochis, Sinaloa.

Atentamente

México, DF, a 17 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Contador Público Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/186/10, mediante el cual se remite el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del 20 de enero del presente año, por el que solicita al titular del Ejecutivo federal a efecto de que a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de Economía (SE), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y del Trabajo y Previsión Social (STPS), de manera coordinada, intervengan a la brevedad posible y busquen las medidas necesarias para solucionar los múltiples conflictos que mantiene el ingenio de Los Mochis, Sinaloa, y rescatarlo de la quiebra.

Al respecto, por lo que hace a esta dependencia del Ejecutivo federal, se señala lo siguiente:

La problemática que enfrentaba el ingenio Los Mochis, propiedad de la Compañía Azucarera de los Mochis, SA de CV, era de carácter financiero.

Entre abril y noviembre de 2009, los pasivos de la empresa crecieron por cantidades millonarias, lo cual tuvo como consecuencia que se incumpliera con el pago de las jubilaciones de los trabajadores que dejaron de prestar sus servicios en dicho ingenio desde abril de 2009.

A finales de 2009, con la intervención de la STPS, se sostuvieron varias reuniones donde participaron los accionistas del ingenio, a efecto de evitar la terminación de las actividades en la fuente de trabajo y lograr la venta o la reinversión financiera que salvara al ingenio de la quiebra.

El 15 de diciembre de 2009, la administración de la empresa tomó la decisión de cerrar el ingenio y, en esa misma fecha, el apoderado de la Compañía Azucarera de los Mochis, SA de CV, presentó una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en la que solicitó  la terminación de las relaciones de trabajo, argumentando la notoria y manifiesta incosteabilidad de la explotación. Dicha decisión de cierre del ingenio fue rechazada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (sindicato azucarero).

El 20 de enero de 2010, con el propósito de buscar alternativas para evitar el cierre del ingenio, se llevó a cabo una reunión en la STPS, donde participaron los representantes de la Compañía Azucarera de los Mochis, SA de CV; del sindicato azucarero; de la cámara azucarera, así como de la Sagarpa, de la SE y del gobierno de Sinaloa. En dicha reunión se informó que un grupo de agroindustriales estaba interesado en adquirir el ingenio Los Mochis lo cual permitiría su capitalización y reapertura.

El 10 de febrero de 2010, la representación del sindicato azucarero informó a esta secretaría de la firma de una carta de intención donde los inversionistas del ingenio manifestaron su plena disposición para solucionar en el corto plazo temas importantes para los trabajadores, como salarios caídos, pago de jubilaciones y el bono de previsión social.

Con estas acciones se establecieron las condiciones necesarias para que el viernes 12 de febrero de 2010 se reiniciaran las labores en el ingenio Los Mochis.

Finalmente, cabe señalar que esta secretaría estará atenta a la evolución de las medidas para la solución de la problemática que enfrentaba el ingenio Los Mochis, con el propósito de que esa importante fuente de trabajo continúe operando a favor de la economía de la región del norte de Sinaloa.

La anterior información se proporciona para los efectos correspondientes y con objeto de que sea integrada con la que remitan en su momento las otras dependencias que fueron objeto del exhorto del citado punto de acuerdo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 9 de marzo de 2010.— Doctor Álvaro Castro Estrada (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

HELADAS ESTADOS DE PUEBLA, VERACRUZ, SAN LUIS POTOSI E HIDALGO

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-0561, signado por los diputados Francisco Ramírez Acuña y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112. 00001160, suscrito por el licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de emergencia en las comunidades cafetaleras de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca.

Atentamente

México, DF, a 18 de marzo de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Doy respuesta a su oficio número SEL/UEL/311/109/10, mediante el cual hace del conocimiento, para la atención de esta dependencia del Ejecutivo federal, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 13 de enero del presente año, el cual menciona en su primer punto lo siguiente:

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional del Agua a emitir la declaratoria de emergencia en las comunidades cafetaleras de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca, con el objetivo de coadyuvar a resarcir las perdidas que se registran debido a la onda gélida que afecta a dichas entidades.

Sobre el particular, sírvase encontrar anexo al presente el oficio número B00.05.-0101, mediante el cual el doctor Felipe I. Arreguín Cortés, subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua, da respuesta al punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 16 de marzo de 2010.— Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant (rúbrica),  titular de la Unidad Coordinadora.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Comisión Nacional del Agua.

Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos  de la Dirección General Adjunta de Legislación y Consulta de la Semarnat.— Presente.

Por instrucciones del ingeniero José Luis Luego Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua, y en atención al oficio número 112. 00000370, F.I. 00631, recibido el pasado 27 de enero de 2010, mediante el cual remite copia del oficio número SEL/UEL/311/109/10, en el que se comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión del 13 de enero del presente año, el cual menciona: “Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional del Agua a emitir la declaratoria de emergencia en las comunidades cafetaleras de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca, con el objetivo de coadyuvar a resarcir las pérdidas que se registran debido a la onda gélida que afecta a dichas entidades” ,y solicita la información correspondiente para atender dicha petición.

Al respecto, le informo lo siguiente: las Reglas de Operación del Fondo de Destres Naturales y los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente (Fonden), publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Gobernación (Segob) el 27 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2008, respectivamente, así como las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) y los lineamientos operativos y técnicos del sistema de operación y gestión electrónica publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) el 29 de diciembre de 2009 y 26 de mayo de 2008, respectivamente, establecen los procedimientos normativos para la aplicación de dichas programas, con ello el gobierno federal pretende actuar de manera corresponsable, complementaria, oportuna y transparente, ante la eventual ocurrencia de un desastre natural que afecte a la población, a la infraestructura nacional, estatal, municipal o al sector agropecuario, pesquero y acuícola.

La Comisión Nacional del Agua es respetuosa en la aplicación del marco jurídico y normativo, de los procesos, de las competencias y de las responsabilidades de cada uno de los entes públicos de los tres niveles de gobierno. Por ello, conforme a las facultades y atribuciones que le confiere la Constitución Política, los acuerdos internacionales, la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y demás disposiciones legales, participa en el Sistema Nacional de Protección Civil, apoya los procesos del Fonden, del PACC y otros programas e instrumentos financieros federales, proporcionando opinión técnica e identificando fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos que son  una amenaza para la población, evalúa las características propias del fenómeno natural, su variabilidad climática normal y determina su severidad, extremidad o atipicidad, se apoya en la información técnica y científica disponible, utilizando los datos generados en las redes de observación y medición hidrológica y meteorológica nacional, las cuales están conformadas por la red sinóptica, climatológica, hidrométrica, de radio sondeo, la red, receptora de imágenes de satélite, los observatorios meteorológicos y más.

Estas  redes cumplen con los estándares de instalación, calibración, operación y mantenimiento que establece la Organización Meteorológica Mundial (OMM), también elabora en conjunto con los organismos internacionales mapas sinópticos, diagnósticos de sequías, estimación de normales de precipitación, temperatura, etcétera.

Como es de su conocimiento, nuestro país forma parte del acuerdo internacional con la OMM, organismo especializado de Naciones Unidas, que establece las obligaciones, responsabilidades y misión del Servicio Meteorológico Nacional en materia de estado y comportamiento de la atmosfera terrestre, incluyendo su interacción con los océanos, el clima y los recursos del agua, el cual se encuentra adscrito a esta Comisión Nacional del Agua.

Nuestra nación forma parte de la red de vigilancia global de la atmósfera, por lo que la norma de observación de cualquier estación de las redes nacionales administradas y operadas por la Conagua cumple con la normatividad internacional de observación meteorológica e hidrológica, igual a cualquier estación de la red mundial en cualquier parte del mando.

Conceptualmente, la declaratoria de emergencia sirve para actuar de manera inmediata, transparente y eficaz ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador, con el propósito de brindar protección a la población, a la vida, la salud, la alimentación y proporcionar albergue temporal; la declaratoria de desastre natural es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional, tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos en la mitigación de los daños ocasionados a la infraestructura por un fenómeno perturbador, siempre y cuando las capacidades financieras de las entidades federativas, dependencias y entidades de la administración pública federal hayan sido superadas y la declaratoria de contingencia climatológica, tiene como propósito apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos para reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible ante, la ocurrencia de contingencias climatológicas atípicas, relevantes, no recurrentes e impredecibles.

Es de observarse que la emisión de las declaratorias de emergencia y de desastre natural es una prerrogativa de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal conforme a la Ley General de Protección Civil y la normatividad del Fonden, la emisión de las declaratorias de contingencias climatológicas le corresponden a la Sagarpa, la Comisión Nacional del Agua sólo apoya los procesos en si marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para ello emite su opinión técnica fundamentada en los estudios y análisis estadísticos de los parámetros hidrometeorológicos y climatológicos conforme a la normatividad vigente, no administra ni opera ninguno de los instrumentos financieros señalados.

En este contexto, durante 2010 se han atendido en tiempo y forma 15 solicitudes de opinión técnica para las declaratorias de emergencia correspondientes a las siguientes entidades: Baja California (1), Chihuahua (1), Coahuila de Zaragoza (2), Durango (2), Oaxaca (2), San Luis Potosí (2), Tlaxcala (1), Veracruz (2) y Zacatecas (2); 3 solicitudes para las declaratorias de desastre natural correspondientes a Baja California (2) y Coahuila de Zaragoza (1) y, por último, en el sistema de gestión y operación electrónica del PACC se han atendido 7 solicitudes de diagnóstico climatológico para Baja California (1), Nuevo León (1), Puebla (1), San Luis Potosí (2), Tamaulipas (1) y Veracruz de Ignacio de la Llave (1).

Por lo anterior, le solicitamos de la manera más atenta les explique a los legisladores que cada instrumento cuenta con un marco legal y normativo, y tiene su ámbito de aplicación particular, se activan a petición de las entidades federativas ante la eventual ocurrencia de un fenómeno natural imprevisible y determinado, siempre y cuando se rebasen los umbrales hidrometeorológicos y climatológicos establecidos en las normas y cuya magnitud supere la capacidad de atención de las entidades federativas, dependencias y entidades de la administración pública federal. Lamentamos informarles que esta Comisión Nacional del Agua no cuenta con atribuciones para emitir una declaratoria de emergencia, de desastre natural o contingencia climatológica.

Reciba un cordial saludo.

México, DF, a 1 de febrero de 2010.— Doctor Felipe I. Arreguín Cortés (rúbrica), subdirector General.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con oficios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo.— Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Informe de los niveles de población por entidad federativaPrimer trimestreFebrero de 2010

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas

Introducción

El panorama demográfico del México actual es resultado de la profunda transformación que ha tenido su población durante el siglo XX; algunas cifras pueden ayudar a entender mejor la magnitud del cambio: el censo de 1900 registró 13.6 millones de habitantes, hacia 1950 la población en el país había crecido casi al doble (25.8 millones) y en tan sólo veinte años más, para 1970 se habían alcanzado 48.2 millones de personas, cifra que para el año 2000 se ubicó cerca de los 97.5 millones. En suma, la población nacional se multiplicó casi ocho veces en un siglo.

Desde los años setenta el país ha experimentado un profundo cambio demográfico y la política de población ha sido un instrumento efectivo para incidir en el crecimiento de la población. Si bien, la población nacional ha continuado creciendo, ahora lo hace a un ritmo mucho menor, la tasa de crecimiento medio anual de la población mexicana en 2005 se estimó en 0.9% y en términos absolutos el país contaba con 103.3 millones de personas. Sin embargo, México es un país muy heterogéneo y en términos demográficos las disparidades en los montos de población a nivel estatal son un reflejo de la evolución de los componentes demográficos en cada una de las entidades.

Fecundidad

La evolución de la fecundidad en México se encuentra en franco descenso desde hace poco más de tres decenios. En la actualidad el nivel de la fecundidad se encuentra próximo al reemplazo generacional: 2.1 hijos por mujer.

Algunos factores determinan el tamaño de la descendencia, ejemplo de ello es la elevación del nivel educativo de las mujeres y una creciente participación de la población femenina en la actividad económica, situación que influye en el comportamiento reproductivo. También se reconoce como un derecho el acceso a los servicios de planificación familiar y la salud reproductiva, aproximadamente siete de cada diez parejas ejerce sus derechos reproductivos en un marco de respeto a las decisiones individuales.

La fecundidad generalmente es mayor en las áreas rurales que en las urbanas, sin embargo, el descenso se observa en todas las entidades federativas y la brecha se reduce; si consideramos las entidades con mayor y menor fecundidad en el año 2000, se observa que la diferencia entre el Distrito Federal (2.0 hijos en promedio) y Guerrero (3.5 hijos en promedio) es de 1.5 hijos y se prevé que disminuirá a sólo 0.6 hijos en 2010 (1.7 hijos en el Distrito Federal y 2.3 en Guerrero).

Mortalidad

El notable descenso de la mortalidad ha sido uno de los logros sociales más significativos del México contemporáneo. El alargamiento de la sobrevivencia fue resultado de las mejoras en las condiciones generales de vida de la población, la ampliación de la infraestructura de servicios sanitarios, la expansión de la cobertura de los servicios de salud, el mejoramiento de la alimentación y la educación de la población, entre otros factores. Las muertes tempranas también se han visto reducidas considerablemente, debido a los esfuerzos realizados por el sistema de salud, el acceso de la población a servicios sanitarios y de agua potable; y la aplicación prácticamente universal de las vacunas.

Como consecuencia, los habitantes del país viven un mayor número de años y en mejores condiciones de salud. En la actualidad, la esperanza de vida se estima en 75.4 años, más del doble que la registrada en 1930 (36.2 años); y aunque el aumento en la esperanza de vida es diferencial por entidades federativas, las brechas en cuanto a la vida media de la población se han reducido.

Migración

En las últimas décadas la migración se ha convertido en el principal determinante demográfico de los cambios en la distribución geográfica de la población en México.

Por un lado, la migración de mexicanos al exterior, en particular hacia Estados Unidos es un fenómeno complejo, con una prolongada tradición y con fuertes repercusiones sociales, económicas y culturales en ambos países. Este fenómeno se explica por diversos factores, los más importantes proceden de la enorme diferencia económica y del elevado grado de interdependencia entre los mercados de trabajo; a los que se incorporan las redes sociales y familiares establecidas entre mexicanos y la cultura de la migración edificada a lo largo de los años.

El número de migrantes mexicanos residente en los Estados Unidos asciende a más de 11 millones de acuerdo con las cifras de las más recientes encuestas americanas, con fuertes lazos sociales, económicos y culturales con nuestro país. Además, el fenómeno ha adquirido tal importancia cuantitativa que prácticamente todos los municipios del país están involucrados en este hecho. Con datos de la conciliación censal, se estima que durante 2000 y 2005 se tuvo una pérdida neta anual de 575 mil personas de México que salieron al resto del mundo, principalmente a Estados Unidos.

Los niveles de población por entidad federativa

Las proyecciones tienen la finalidad de estimar la magnitud y composición futura de la población, basándose en un adecuado conocimiento de los hechos demográficos, ocurridos en el presente y pasado próximo, y además considerando los cambios que se estima ocurrirán en los factores que influyen sobre la dinámica demográfica. Las proyecciones tienen un componente de incertidumbre que se acrecienta conforme el período de referencia se aleja del año base, debido a que surgen factores naturales, económicos y sociales que pueden alterar los supuestos de la proyección. El próximo Censo de Población y Vivienda 2010, actualizará la información estadística sobre el tamaño de la población y los componentes demográficos del país y de las entidades federativas.

La institución gubernamental legalmente facultada para elaborar proyecciones de población es el Consejo Nacional de Población (Conapo), las cuales se publican referidas al primero de julio de cada uno de los años de proyección. El Inegi, realiza estimaciones de la población para fechas diferentes y para áreas geográficas específicas, las que se obtienen por medio de interpolaciones de las previsiones del Conapo. Enseguida se presentan los resultados para el primer trimestre del 2010 a nivel de entidad federativa.

Se estima que la población que reside en México a mitad del primer trimestre de 2010 alcanzará los 108.1 millones de habitantes, lo que significa que la población aumentará poco más de 211 mil personas en relación con el último trimestre del año anterior.

El mayor incremento será en el Estado de México con 48 mil personas, lo que representa un 23% del total nacional. Baja California es otra entidad en la cual se estima tener un incremento notable: poco menos de 22 mil habitantes representando el 10.3 por ciento del total nacional. En orden de importancia le siguen Puebla, Nuevo León y Jalisco con 6.4 por ciento cada entidad. En contraposición para las entidades de Michoacán de Ocampo, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas se prevé una reducción en su población (-1.7%, -0.7%, -0.3% y -0.2%, respectivamente).

En lo relativo al crecimiento de la población, la tasa de crecimiento del primer trimestre de 2010 es de 0.78%, situación que incide en un menor dinamismo; sin embargo, se estiman tasas de crecimiento más elevadas en Quintana Roo (3.57%), Baja California (2.71%) y Baja California Sur (2.41%) y se estiman tasas de crecimiento negativas en Michoacán de Ocampo (-0.37%), Guerrero (-0.19%), Zacateca s (-0.15%) y Oaxaca (-0.06).

Los componentes demográficos (fecundidad, mortalidad y migración interna e internacional) mantienen una profunda influencia en el tamaño, la dinámica y la distribución de la población en el territorio nacional. El Estado de México es la entidad federativa más poblada con 15.0 millones de habitantes, lo que representa 13.8 por ciento de la población nacional. En monto de población le sigue el Distrito Federal con 8.8 millones, con una proporción de 8.2 por ciento y Veracruz de Ignacio de la Llave con 7.3 millones (6.7%).

Baja California Sur se mantiene como el estado menos poblado con cerca de 574 mil habitantes, le sigue Colima (606 mil), Campeche (802 mil) y Nayarit (971 mil).

Nota:

1 Inegi. “El Conapo, el Inegi y El Colmex concilian cifras de la dinámica demográfica del país para el periodo 2000-2005”, Comunicado número 189/06, Aguascalientes, Aguascalientes, 7 de septiembre de 2006.»

«Escudo.— Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas

Metodología para la estimación de la población total nacional y por entidad federativa a mitad de mes

Febrero de 2010

Introducción

La estimación de montos de población total a mitad de cada mes por entidad federativa se obtiene con la finalidad de que todas las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presenten cifras homogéneas, para ello se calculan indicadores de razón utilizados como cifras de control de población proveniente de las proyecciones de población que elabora el Consejo Nacional de Población (Conapo). El presente documento metodológico describe el procedimiento con el que se desarrollan dichas estimaciones.

Insumos

• Población total por localidad (datos censales).

• Población a mitad de año por entidad federativa 2000-2012 (datos de la conciliación demográfica y de las proyecciones).

• Bases de datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 con marco geoestadístico 2005 y la base de datos del II Conteo 2005.

Consideraciones generales

Los censos y conteos permiten obtener datos de la población y de sus características, sin embargo, la información es de tipo instantánea, en otras palabras, los datos son el reflejo de la situación en un momento determinado. Ante esta situación, el objetivo de las proyecciones de población es establecer las posibles tendencias de las cifras de población futura, mediante técnicas demográficas y matemáticas, a partir de supuestos hechos acerca de la evolución de las variables que determinan su dinámica: fecundidad, mortalidad y migración. La estimación de la población se refiere al volumen de personas que tiene, tuvo o tendrá una población en un momento dado del tiempo, que no puede ser medido directamente, sino estimado de alguna información censal.

El Inegi realiza dichas estimaciones a partir de las proyecciones de la población, 2005-2030 del Consejo Nacional de Población (Conapo), las cuales fueron elaboradas en dos etapas: un grupo de trabajo integrado por técnicos del Conapo, el Inegi y el Colegio de México (Colmex) desarrollaron un ejercicio de conciliación demográfica para el periodo 1990-2005, que consistió básicamente en el análisis de toda la información disponible y, con base en ello, en la construcción de un conjunto congruente de cifras de población y de indicadores demográficos que permitió estimar el volumen de la población total en el periodo intercensal. Posteriormente, la elaboración de las proyecciones.

Primordialmente, con la información censal (XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y II Conteo de Población y Vivienda, 2005) se calculan las tasas de crecimiento de la población, mientras que con el ejercicio de conciliación demográfica y las proyecciones de población se establecen los volúmenes de la población al 1 de julio de cada año. Esta información es relevante para la estimación de los montos de población para las encuestas que realiza el Inegi. Enseguida se detalla puntualmente la forma en que se elaboran las estimaciones y el método utilizado.

Procedimiento

1. Para los años cubiertos por dos eventos censales sucesivos:

Las localidades fueron clasificadas con base en el tamaño de su población, según el Conteo 2005, en una de cuatro clases: menos de 2 mil 500 habitantes, de 2 mil 500 a 14 999 habitantes, de 15 mil a 99 999 habitantes, y 100 000 y más habitantes.

Se computó el tamaño total de la población para cada una de las clases anteriores, tanto a nivel nacional como para cada una de las 32 entidades federativas, usando información del Censo General de Población y Vivienda, 2000 y del II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

2. Se calculó la tasa de crecimiento de la población considerada en cada clase a nivel nacional y por entidad federativa:

Se determinó la población, aplicando la tasa de crecimiento a la población censal, al 1 de julio de cada año para cada uno de estos ámbitos geográficos. Con lo anterior se logró contar con estimaciones anuales de los tamaños de población nacionales y estatales para cada año del periodo de manera similar a las proyecciones de población de Conapo.

Adicionalmente, se determinó la distribución porcentual de los tamaños de localidad respecto al total nacional y para cada una de las entidades federativas.

3. A partir de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población y de las estimaciones anteriores para cada mitad de año:

Se ajustó el total de población por tamaño de localidad que se calculó con las tasas de crecimiento a la población total nacional que proporcionó la proyección de población.

Una vez que se tuvieron los montos de población por tamaño de localidad nacional se procedió al ajuste correspondiente al interior de las entidades federativas, de acuerdo al volumen que proporciona la proyección. Esto se realizó mediante el ajuste bilineal convergente (también conocido como tabla cuadrada) que garantiza que al sumar la población en todos los tamaños de localidad al interior de todas las entidades, se respete el correspondiente total nacional y por entidad federativa proporcionado por la proyección de población.

Así resulta

Haciendo el cambio de variable y sutituyendo los valores de q (y) se tiene:

En el planteamiento anterior se utilizó el supuesto de que los valores de la función y los de su derivada, en cada punto base son bien conocidos; sin embargo, en aplicaciones reales esto no siempre es posible, por lo que pueden establecerse condiciones sobre la derivada que aseguren continuidad hasta la derivada de segundo orden.

La segunda derivada de Pi(x) queda expresada como:

Debido a que la interpolación se hace por segmentos, se deben imponer ciertas condiciones sobre la primera y la segunda derivada para asegurar continuidad y suavidad en los puntos de ruptura del polinomio, lo que equivale a:

De esta manera se garantiza el comportamiento deseado en todos los puntos de unión, sin embargo, no es aplicable a los puntos extremos y (cuando se tienen puntos de apoyo).

Sustituyendo en la igualdad:

De aquí se obtienen que los g’i deben satisfacer las siguientes ecuaciones:

El sistema de ecuaciones resultante se encuentra asociado a una matriz tridiagonal con incógnitas. Al imponer como condición en los extremos que la derivada sea igual a cero, se tiene que las derivadas se calculan como solución al sistema lineal:

Donde:

5. A manera de ejemplo, el cuadro siguiente presenta la información base para la aplicación del interpolante cúbico de Hermite (procedimiento 1, 2 y 3).

Los datos que sirven como insumo para el polinomio de Hermite son las tasas de crecimiento exponencial acumuladas de la población a mitad de año, respecto de la población en la primera fecha de la serie de los datos base. El cuadro siguiente muestra las tasas de crecimiento interpoladas acumuladas a fechas específicas y a partir de éstas, las correspondientes tasas de crecimiento anualizadas. La población estimada a mitad de mes es el resultado de aplicar el crecimiento exponencial de manera subsecuente.

Este ejercicio se realizó para cada uno de los tamaños de localidad que se requieren, obteniéndose el total por entidad federativa de la suma de los cuatro tamaños de localidad interpolados a mitad de mes. La población total nacional es la suma de las entidades federativas. Es importante señalar que también se realizaron las interpolaciones de la población total por entidad federativa, con la finalidad de observar la diferencia que hay entre la interpolación del total de población y el total de población por suma de los tamaños de localidad, pero dado que las diferencias son mínimas, se mantuvo el total obtenido por suma.

Nota:

1. Inegi. “El Conapo, el Inegi y el Colmex concilian cifras de la dinámica demográfica del país para el periodo 2000-2005”, Comunicado número 189/06, Aguascalientes, Aguascalientes, 7 de septiembre de 2006. www.conapo.gob.mx.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en el mes de febrero de 2010, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.

Atentamente

México, DF, a 17 de marzo de 2010.— Licenciado Fernando Garcidueñas Torres (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— México, DF.

En referencia al punto de acuerdo remitido al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria referente al exhorto que ese cuerpo legislativo hace para que se revise y replantee la estrategia de combate de la mosca de la fruta en las zonas huasteca y media de San Luís Potosí, al respecto le informo lo siguiente:

San Luís Potosí actualmente cuenta con el siguiente estatus fitosanitario: 21 municipios de la zona del altiplano están reconocidos como zona libre de moscas de la fruta mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de septiembre de 2009. Esta declaratoria incluye a 281 hectáreas de frutales como durazno, manzana y chirimoya, con una producción estimada de mil 200 toneladas (se anexa publicación de la declaratoria en el DOF). Actualmente se encuentra en revisión el expediente técnico para el reconocimiento como zonas libres de moscas de la fruta de los municipios Villa de Reyes, San Luís Potosí, Armadillo de los Infante, Tierra Nueva, Santa María del Río y San Nicolás Tolentino, de la zona del altiplano.

Asimismo, 11 municipios (Villa Juárez, Cerritos, Alaquines, Lagunillas, Rioverde, Ciudad Fernández, Ciudad del Maíz, Santa Catarina, Cárdenas, Rayón y San Ciro de Acosta) que integran la zona media de San Luís Potosí se encuentran reconocidos como zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2009 (se anexa publicación de la declaratoria en el DOF). Con esta declaratoria la zona de baja prevalencia se impacta positivamente en 4 mil 460 hectáreas de cítricos con una producción estimada de 89 mil toneladas y un valor de la producción de 267 millones de pesos.

Los recursos asignados para la Campaña contra Moscas de la Fruta en los últimos 3 años se desglosan en el siguiente cuadro

Durante 2009, en la zona media de San Luís Potosí se instalaron 644 trampas, se muestrearon 46.3 toneladas de fruta, se realizaron actividades de control químico en 15 mil 981 hectáreas de áreas marginales, se instalaron 234 mil 170 estaciones cebo, se destruyeron mil 274 toneladas de fruta y se liberaron mil 27 millones de insectos estériles bajo el sistema de adulto en frío, logrando con ello que el MTD de la zona se mantenga 0.0040 (baja prevalencia). Para reforzar estas acciones y lograr erradicar la plaga del área citrícola de esta zona, se pretende aumentar la cantidad de moscas estériles liberadas de 25 millones a la semana (cantidad liberada actualmente) a 45 millones semanalmente.

Por otro lado, en la zona de la Huasteca las actividades de-sarrolladas durante 2009 son las siguientes: se instalaron 511 trampas, se muestrearon 4.8 toneladas de fruta para detección de larvas, se realizaron actividades de control químico en 3 mil 547 hectáreas, se instalaron 4 mil 950 estaciones cebo y se destruyeron 88 toneladas de fruta. Las acciones realizadas en esta región para el control de la plaga son insuficientes y requieren fortalecerse incrementando los recursos asignados a la campaña para esta zona. Para el ejercicio 2010 se pretende llevar a cabo un programa en coordinación con los productores para la supresión de la plaga en esta área

Sin otro particular aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de marzo de 2010.— MVZ Enrique Sánchez Cruz (rúbrica), director en Jefe.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con oficios de la Cámara de Senadores.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 18 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente de la Mesa Directiva.»

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.— Presentes

Los suscritos, senadores de la república de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan el artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de salud de un individuo y de un pueblo tiene sus raíces en los hábitos alimentarios. En ese acto cotidiano, sistemático, social, que constituye el comer.

En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y se reconoce a la alimentación adecuada como un instrumento para su protección y prevención de enfermedades.

Sin embargo, la sociedad ha sufrido una evolución notable en los hábitos alimenticios, como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de vida que han condicionado la organización familiar. Igualmente el desarrollo de nuevas tecnologías en el área agroalimentaria han puesto a disposición de los consumidores los denominados “alimentos servicio”, que son aquellos especialmente diseñados para facilitar la preparación y consumo de los mismos, sin importar su contenido proteico.

Los cambios sociales que se han producido en nuestro país también han modificado las costumbres alimenticias. Entre éstos, podemos destacar el flujo migratorio del campo a la ciudad y una amplia difusión de las nuevas técnicas de producción y conservación de los alimentos, que amplían las posibilidades de consumo a zonas en las que antes no era posible. Hay que considerar también la influencia del marketing, la publicidad ejercida por las empresas agroalimentarias y de los medios de comunicación sobre los hábitos en la alimentación.

A lo anterior, podemos añadir que la evolución del comportamiento alimentario también se ha visto afectada por el paso de una economía de autoconsumo a una economía de mercado, el trabajo de la mujer fuera del hogar, los nuevos sistemas de organización familiar, etcétera.

Asimismo, la tradición, los mitos y los símbolos son determinantes de la comida de cada día, ya que intervienen en las preferencias y aversiones que manifiestan los individuos.

Estos factores evolucionan a lo largo de los años y constituyen la respuesta a los nuevos estilos de vida y a los nuevos productos a consumir, relacionados muy directamente con el aumento de los recursos y con el contacto entre personas de culturas alimentarías distintas.

Así, el consumo de alimentos en occidente se caracteriza, cuantitativamente, por una ingesta excesiva de alimentos, superior, en términos generales, a aquella recomendada en cuanto a energía y nutrientes para el conjunto de la población y, cualitativamente, por un tipo de dieta rica en proteínas y grasas de origen animal. Una gran parte de la población mundial sufre las consecuencias de la mala nutrición y la otra parte de la población que está sobrealimentada sufre, a su vez enfermedades debidas al exceso de alimentos o a la mala selección de una dieta balanceada.

Esta situación ha provocado que en México la epidemia del sobrepeso y la obesidad sea un problema de gran magnitud en todos los grupos de edad, experimentando su crecimiento una gran velocidad.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 69.2% de la población mexicana tenía sobrepeso u obesidad en el 2008, este porcentaje representa un incremento de 6.9 puntos porcentuales por encima de los datos del 2007.

El promedio de los países que integran la OCDE es del 48% de su población con sobrepeso u obesidad, y de los treinta miembros, sólo nueve superan el 50%.

En obesidad, el primer lugar lo ocupa los Estados Unidos con 32.2% de su población con este problema, en tanto que México ocupa el segundo lugar con 30.2%.

En sobrepeso, México encabeza la tabla con 39.1%, seguido por Estados Unidos con 34.1%. Sólo en México y Turquía es mayor la tendencia en sobrepeso y obesidad en mujeres que en hombres.

De esta forma, queda claro que la obesidad y el sobrepeso representan un problema de salud mundial, ya que de ellos derivan enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las anomalías cardiovasculares, los problemas respiratorios, la artritis, entre otros.

Este cúmulo de enfermedades genera un gran gasto que pone en riesgo la sustentabilidad de los sistemas de salud. En México, el gasto atribuible a la obesidad y el sobrepeso asciende a más de 67 mil millones de pesos y se espera que para el 2017 esta cifra sea cerca de 150 mil millones de pesos.

Todo ello lleva a la urgente necesidad de que en nuestro país se implementen medidas que contribuyan a la reducción de la obesidad, a través del fomento del deporte, una dieta balanceada y a la educación nutricional.

Una alimentación saludable requiere, en muchos casos, de una educación nutricional que debe promoverse desde la infancia, en el núcleo familiar, ya que los hábitos adquiridos en esa etapa son fundamentales para una correcta alimentación en la adolescencia y una prevención de las enfermedades vinculadas a los trastornos alimenticios.

Es por ello que se han desplegado esfuerzos legislativos para lograr la disminución del consumo de alimentos con bajo contenido proteico. Diversos grupos parlamentarios hemos presentado iniciativas en distintas materias a fin de reducir la obesidad y el sobrepeso de la población.

Entre las propuestas realizadas, es de destacar aquellas que promueven la prohibición de la comida chatarra en las escuelas.

Sin duda alguna, una de nuestras mayores preocupaciones ha sido el crecimiento de la obesidad y el sobrepeso en nuestros niños. Hoy son más de 4 millones de niños entre los 5 y 11 años los que padecen sobrepeso y obesidad en el país.

La Secretaría de Educación Pública finge estar realizando una cruzada en favor de la alimentación saludable en las escuelas, mientras el futuro ya nos alcanzó.

Entre 1988 y 2002 el consumo de frutas y verduras descendió en un 30%, y el de refrescos se incrementó en 40%, entre los más pobres esta cifra representó un 60% de aumento.

Hasta ahora no existe reglamentación federal alguna para el tipo de alimentos y bebidas que se sirven y venden al interior de las escuelas. Veinte entidades han decidido prohibir la comida chatarra en planteles escolares, pero su aplicación es variable, diferenciada y sin claro sustento científico.

La comida chatarra tiende a ser alta en grasa, sal y calorías y baja en fibra. Estos factores dietéticos pueden llevar a problemas de salud.

La experiencia internacional nos muestra diversos precedentes tendientes a la reglamentación, y en algunos casos la prohibición, de la comida “chatarra”.

En Francia, en el 2005 fueron prohibidas en las escuelas los refrescos y chocolates de las máquinas expendedoras. Asimismo, desde marzo del 2007 se implementó una nueva legislación respecto a la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables, la cual debe ir acompañada de mensajes para el cuidado de la salud, de lo contrario se tendrá que pagar una multa equivalente al 1.5% del costo de la publicidad.

En Irlanda se impuso la prohibición de publicidad de comida rápida y dulces por televisión, así como el uso de celebridades y estrellas del deporte para promover la comida chatarra entre los niños.

Lituania, en 2006, fue el primer país de la comunidad europea en prohibir por completo la venta de alimentos chatarra en las escuelas y guarderías. La prohibición incluyó la venta de alimentos y bebidas que contengan colorantes artificiales, endulcorantes, conservadores, aminoácidos y cafeína. Como parte del programa el Ministerio de Salud también promovió los alimentos saludables como la leche, jugo y frutas.

Noruega y Suecia han prohibido también la publicidad de alimentos chatarra dirigida a menores de 12 años.

En el Reino Unido, durante el 2005 también se prohibió la venta de diversos alimentos y bebidas en las escuelas, por su contenido calórico. También se implementó una regulación respecto a la publicidad dirigida a niños.

Pese a estos esfuerzos, se coincide en todas partes en la necesidad de reforzar estas medidas con otros elementos que incidan determinantemente sobre el consumo de las personas.

Es por ello, que consideramos por demás relevante que en nuestro país se establezcan todo tipo de medidas para reforzar los esfuerzos a favor de una mejor alimentación. Si bien el gobierno federal ha lanzado el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, este resulta insuficiente para modificar hábitos alimenticios y reducir el consumo de alimentos chatarra.

Por tal motivo, el grupo parlamentario del Partido Verde presenta esta modificación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la finalidad de establecer una tasa del 15% a aquellos alimentos procesados a partir de diversas harinas sometidos a un proceso industrial de fritura, a las golosinas y panecillos empaquetados, dulces y caramelos, y en general a todo aquel alimento que contenga altos niveles de grasas, sal o azúcares y numerosos aditivos alimentarios con carencia de proteínas, vitaminas y fibra.

El Estado no puede seguir privilegiando a todos aquellos que contribuyen al deterioro de la salud, en especial de los niños. Si bien, la idea de mantener una tasa de cero por ciento en alimentos es procurar el derecho básico a la alimentación, también debemos tener presente que el derecho a la salud puede verse afectado si no se tienen limitaciones en este respecto.

Los efectos positivos o negativos de la alimentación tendrán repercusión, tarde o temprano en la salud. Por lo que tenemos que promover las medidas que contribuyan a incorporar la buena alimentación como parte de la vida cotidiana de los mexicanos.

Hoy estamos a tiempo de poder hacer algo para la reducción del sobrepeso y la obesidad y con ello contribuir a la sustentabilidad del sistema de salud, el cual, de seguir como vamos, estará en riesgo de una crisis mayor a causa de la gran cantidad de enfermedades provocadas por la obesidad y el sobrepeso.

Por todo ello, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un numeral 5 al inciso b) del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se adiciona un numeral 5 al inciso b) del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo 2-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

a) ....

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. Alimentos procesados a partir de diversas harinas (maíz, papa, cebada, trigo) añadidos de frutas secas sometidas a un proceso industrial de fritura. Cacahuates, nuez, almendra y avellana que son sometidos a un proceso industrial básico y luego son sazonados con aderezos dulces, salados, ácidos o picantes para modificar el sabor. Frituras en empaques, golosinas y panecillos empaquetados, dulces y caramelos, y todo alimento que contiene altos niveles de grasas, sal o azucares y numerosos aditivos alimentarios con carencia de proteínas, vitaminas y fibra.

c) ...

..

..

...

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto del Senado de la República, a 17 de marzo de 2010.— Senadores: Arturo Escobar y Vega, Francisco Agundis Arias, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Presidencia acordó remitir la documentación, la cual se anexa, a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 18 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Solicitud de excitativa del senador Fernando Castro Trenti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones de Gobernación y Defensa Nacional de Cámara de Diputados en relación a minutas aprobadas en el Senado de la República; y a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, en relación a proposición con punto de acuerdo, todas, concernientes al Combate al Tráfico de Armas.

El suscrito, Fernando Castro Trenti, en nombre de distintos senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la presente solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 2009 fue el año más violento del que se tiene registro al terminar con alrededor de 7 mil 800 asesinatos; el casi medio centenar de asesinatos cometidos el fin de semana, elevó a dos mil 49 las vidas que el crimen organizado ha cobrado en lo que va del año, cifra que en el 2007 y 2006 no se alcanzó hasta otoño.

El tema del tráfico de armas recobra especial relevancia dado los sucesos ocurridos el fin de semana en Ciudad Juárez donde fueron asesinados tres ciudadanos estadounidenses relacionados con la labor consular en aquella ciudad fronteriza, pues fueron acribillados precisamente con armas y municiones provenientes y fabricadas en el mismo país del que eran originarios.

Esas armas y municiones pudieron haber sido adquiridas a escasos metros del Río Bravo, a pocos kilómetros del lugar donde ocurrieron los asesinatos en Ciudad Juárez, puesto que en la línea fronteriza con Estados Unidos hay más de 12 mil tiendas donde las armas pueden ser compradas de manera legal: armerías, supermercados, tiendas deportivas y de empeño.

La visita del Presidente Calderón a Ciudad Juárez, que se da al momento de oficializarse la participación del FBI en labores de investigación de crímenes, es señal de preocupación y no de alivio, que enrarece el clima e incrementa el nerviosismo de la ciudadanía.

Ante la situación que vivió Ciudad Juárez el fin de semana pasado, la Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, declaró que el envío del Ejército Mexicano a Ciudad Juárez no ayudó a resolver el problema de la inseguridad y que Estados Unidos ya reforzó su frontera. Declaración irresponsable, debido a que el problema de inseguridad que padece México no se resuelve con la seguridad de aquél lado de la frontera, sino con medidas de control más estrictas que impidan la fácil adquisición de armas estadounidenses y su internación a México.

¿Qué autoridad moral puede tener un gobierno extranjero al reprobar el combate a la inseguridad en México, cuando han sido los responsables del problema de internación ilegal de armas, municiones y explosivos al país debido a que no han sido capaces de frenar el flagelo en su propio territorio?

Si el año pasado el gobierno estadounidense fue culpable de la crisis económica a nivel mundial por falta de regulación en materia financiera; hoy, los graves problemas de inseguridad que se viven en México como en gran parte del mundo son, en parte, también derivados de la responsabilidad del gobierno estadounidense debido a la falta de regulación en materia de adquisición de armas.

Hoy pretenden juzgar neciamente y demeritar nuestro trabajo en materia de seguridad interior, cuando sus esfuerzos deben orientarse a combatir el tráfico de armas hacia México y evitar la fácil adquisición de las mismas a sus propios ciudadanos.

Dada la accesibilidad de armas y municiones y la facilidad con que pueden ser transportadas a la franja fronteriza, los grupos criminales del norte del país pueden abastecerse de las mismas con facilidad; por ello la franja fronteriza es una zona insegura y Ciudad Juárez es considerada la localidad más violenta de México, con más de 2 mil 600 asesinatos durante el 2009.

Pero Ciudad Juárez no fue la única golpeada el fin de semana pasado, que fue uno de los más sangrientos en el país, en el que la guerra que sostiene el narcotráfico y el crimen organizado dejó desde la noche del viernes hasta el mediodía del domingo 65 muertos, pues 45 de ellos fueron en el estado de Guerrero, 31 en distintas balaceras en el puerto de Acapulco que fue la zona más golpeada este fin de semana por el crimen organizado.

El último episodio de violencia en Acapulco se registró la madrugada de este domingo, cuando dos grupos rivales de presuntos sicarios se enfrentaron a balazos dejando nueve criminales muertos.

Es por todos conocido que las armas que utilizan las organizaciones criminales y se decomisan en México provienen en su gran mayoría de Estados Unidos, donde las leyes permiten la compra y la venta de armamento de cualquier tipo. Un reporte del Comité de Relaciones Exteriores de nuestros homólogos estadounidenses señala que dos mil armas atraviesan cada día los puestos fronterizos del norte del país, lo que genera un mercado de unos 30 mil millones de dólares al año.

Colindamos con el mayor mercado de armas del mundo. Si a esto se suma una frontera de 3 mil 152 kilómetros en la que sólo hay 19 puntos de paso formales, puede entenderse por qué el tráfico de pertrechos es, junto con el de drogas y el de personas, nuestro mayor problema.

Señores legisladores: no han sido pocos los esfuerzos que en esta soberanía hemos hecho para combatir frontalmente el tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos a México.

El pasado 19 de noviembre de 2008, en esta tribuna presentamos una proposición, por la cual exhortamos al titular del Poder Ejecutivo federal a coordinar y redoblar esfuerzos con los gobiernos federales y locales de los Estados Unidos de América para combatir de manera más enérgica y eficiente el tráfico ilegal de armas proveniente de aquel país.

En ese mismo acuerdo propusimos exhortar a los poderes legislativos Federal y locales fronterizos de los Estados Unidos de América a llevar a cabo las medidas conducentes en materia legislativa para combatir el tráfico de armas hacia los Estados Unidos Mexicanos, así como para evitar la fácil adquisición de las mismas a sus propios ciudadanos; y exhortar al presidente de la república, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la vía diplomática, exhorte a los Poderes Legislativos federal y local de Estados Unidos de América a llevar a cabo todas las medidas de carácter legislativo necesarias para combatir el fácil acceso existente en los trámites legales para la compra y venta de armas de fuego.

Han transcurrido 16 meses desde que el punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República sin que se haya presentado el dictamen correspondiente. Ante la pasividad legislativa que demuestran nuestras comisiones de trabajo, la introducción ilegal de armas de fuego a nuestro país sigue cobrando víctimas.

La preocupación del galopante aumento del tráfico ilegal de armas al país nos condujo a los senadores del Partido Revolucionario Institucional a presentar dos iniciativas en la materia.

Una presentada el 25 de noviembre de 2008, con la que propusimos que el delito de introducción ilegal de armas de fuego y explosivos al país esté previsto como amenaza de seguridad nacional. Con esta propuesta igualmente se obliga al gobierno federal para que al momento de elaborar la agenda nacional de riesgos se tome en cuenta tanto el Plan Nacional de Desarrollo como las medidas tendientes a evitar o combatir las amenazas de seguridad nacional previstas en la ley de la materia.

Esa iniciativa fue aprobada por este Pleno el 28 de abril de 2009 y enviada a la Cámara de Diputados en calidad de minuta, desde entonces se encuentra en estudio por la Comisión correspondiente en la colegisladora.

La segunda iniciativa fue presentada el 8 de enero de 2008 y tiene como propósito principal impedir la introducción ilegal de armas a nuestro país, sancionando con mayor rigor a los servidores públicos que en razón de sus funciones tengan esa obligación y no la cumplan, ya sea por acción u omisión. Al elevar la sanción a la que puedan hacerse acreedores, se agrega la destitución del empleo o cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos.

Esa segunda iniciativa fue aprobada por este Pleno el 23 de abril de 2009 y enviada a la colegisladora en calidad de Minuta, desde entonces se encuentra en estudio en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

Como se ve, la Cámara de Diputados tiene hoy bajo su responsabilidad la seguridad interior del país. Ningún esfuerzo para recuperar la seguridad de todos los mexicanos será suficiente, si quienes tienen la responsabilidad a su cargo no realizan los esfuerzos que se requieren para lograrlo. Los legisladores, debemos dotar al Ejecutivo de mecanismos eficientes para enfrentarla.

Hoy el combate al tráfico de armas es tarea pendiente en Cámara de Diputados.

Con base en lo anterior, ciudadano Presidente, le solicito respetuosa y atentamente dé trámite a la siguiente

Excitativa

Primero. La honorable Cámara de Senadores, a través de su Mesa Directiva, extiende una solicitud a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados para que, por su conducto se excite a la Comisión de Defensa Nacional para dictaminar la minuta proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II del artículo 84; se reforma el artículo 84 Ter y se adiciona un artículo 84 Quáter, todos ellos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y a la Comisión de Gobernación para dictaminar la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 5 y se reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

Segundo. Se excita a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, a que presenten dictamen del punto de acuerdo por el que esta Cámara exhorta a los Poderes Legislativos federal y locales fronterizos de los Estados Unidos de América a llevar a cabo las medidas conducentes en materia legislativa para combatir el tráfico de armas hacia México y evitar su fácil adquisición; y por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que coordine y redoble esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas y, por la vía diplomática, exhorte a los Poderes Legislativos federal y local de Estados Unidos de América a llevar a cabo todas las medidas de carácter legislativo para combatir el fácil acceso existente en los trámites legales para la compra y venta de armas de fuego, mismo que fue presentado el 19 de noviembre de 2008.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de marzo de 2010.— Senadores: Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, (rúbrica) Pedro Joaquín Coldwell, Francisco Labastida Ochoa, Francisco Arroyo Vieyra, Francisco Herrera León,, Alfonso Elías Serrano, Adolfo Toledo Infanzón, Rosario Green Macías, Norma Esparza Herrera, Heladio Ramírez López, Melquiades Morales Flores, Jesús María Ramón Valdés, Amira Gómez Tueme, Rogelio Rueda Sánchez, Raúl Mejía González, Guadalupe Fonz Saenz, María del Socorro García Quiroz (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 5 y se reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

La Presidencia acordó remitir la documentación, misma que se anexa, a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 18 de marzo de 2010.— Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Solicitud de excitativa del senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones de Gobernación, y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados en relación con las minutas aprobadas en el Senado de la República; y, a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República en relación a proposición con punto de acuerdo, todas, concernientes al combate al tráfico de armas

El suscrito, Fernando Castro Trenti, en nombre de distintos senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario Institucional con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la presente solicitud de excitativa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 2009 fue el año más violento del que se tiene registro al terminar con alrededor de siete mil 800 asesinatos; el casi medio centenar de asesinatos cometidos el fin de semana, elevó a dos mil 49 las vidas que el crimen organizado ha cobrado en lo que va del año, cifra que en el 2007 y 2006 no se alcanzó hasta otoño.

El tema del tráfico de armas recobra especial relevancia dado los sucesos ocurridos el fin de semana en Ciudad Juárez donde fueron asesinados tres ciudadanos estadounidenses relacionados con la labor consular en aquella ciudad fronteriza, pues fueron acribillados precisamente con armas y municiones provenientes y fabricadas en el país del que eran originarios.

Esas armas y municiones pudieron haber sido adquiridas a escasos metros del Río Bravo, a pocos kilómetros del lugar donde ocurrieron los asesinatos en Ciudad Juárez, puesto que en la línea fronteriza con Estados Unidos hay más de 12 mil tiendas donde las armas pueden ser compradas de manera legal: armerías, supermercados, tiendas deportivas y de empeño.

La visita del presidente Calderón a Ciudad Juárez, que se da al momento de oficializarse la participación del FBI en labores de investigación de crímenes, es señal de preocupación y no de alivio, que enrarece el clima e incrementa el nerviosismo de la ciudadanía.

Ante la situación que vivió Ciudad Juárez el fin de semana pasado, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano declaró que el envío del Ejército Mexicano a Ciudad Juárez no ayudó a resolver el problema de la inseguridad y que Estados Unidos ya reforzó su frontera. Declaración irresponsable debido a que el problema de inseguridad que padece México no se resuelve con la seguridad de aquél lado de la frontera, sino con medidas de control más estrictas que impidan la fácil adquisición de armas estadounidenses y su internación a México.

¿Qué autoridad moral puede tener un gobierno extranjero al reprobar el combate a la inseguridad en México, cuando han sido los responsables del problema de internación ilegal de armas, municiones y explosivos al país debido a que no han sido capaces de frenar el flagelo en su propio territorio?

Si el año pasado el gobierno estadounidense fue culpable de la crisis económica a nivel mundial por falta de regulación en materia financiera; hoy, los graves problemas de inseguridad que se viven en México como en gran parte del mundo son, en parte, también derivados de la responsabilidad del gobierno estadounidense debido a la falta de regulación en materia de adquisición de armas.

Hoy pretenden juzgar neciamente y demeritar nuestro trabajo en materia de seguridad interior, cuando sus esfuerzos deben orientarse a combatir el tráfico de armas hacia México y evitar la fácil adquisición de éstas propios ciudadanos

Dada la accesibilidad de armas y municiones y la facilidad con que pueden ser transportadas a la franja fronteriza, los grupos criminales del norte del país pueden abastecerse con facilidad de éstas; por ello la franja fronteriza es una zona insegura y Ciudad Juárez es considerada la localidad más violenta de México con más de 2 mil 600 asesinatos durante el 2009.

Pero Ciudad Juárez no fue la única golpeada el fin de semana pasado, que fue uno de los más sangrientos en el país, en el que la guerra que sostiene el narcotráfico y el crimen organizado dejó desde la noche del viernes hasta el mediodía del domingo 65 muertos, pues 45 de ellos fueron en el estado de Guerrero, 31 en distintas balaceras en el puerto de Acapulco que fue la zona más golpeada este fin de semana por el crimen organizado.

El último episodio de violencia en Acapulco se registró la madrugada de este domingo, cuando dos grupos rivales de presuntos sicarios se enfrentaron a balazos dejando nueve criminales muertos.

Es por todos conocido que las armas que utilizan las organizaciones criminales y se decomisan en México provienen en su gran mayoría de Estados Unidos, donde las leyes permiten la compra y la venta de armamento de cualquier tipo. Un reporte del Comité de Relaciones Exteriores de nuestros homólogos estadounidenses señala que dos mil armas atraviesan cada día los puestos fronterizos del norte del país, lo que genera un mercado de unos 30 mil millones de dólares al año.

Colindamos con el mayor mercado de armas del mundo. Si a esto se suma una frontera de 3 mil 152 kilómetros en la que sólo hay 19 puntos de paso formales, puede entenderse por qué el tráfico de pertrechos es, junto con el de drogas y de personas, nuestro mayor problema.

No han sido pocos los esfuerzos que en esta soberanía hemos hecho para combatir frontalmente el tráfico ilegal dé armas de fuego y explosivos a México.

El pasado 19 de noviembre de 2008, en esta tribuna presentamos una proposición, por la cual exhortamos al titular del Poder Ejecutivo federal a coordinar y redoblar esfuerzos con los gobiernos federales y locales de Estados Unidos de América para combatir de manera más enérgica y eficiente el tráfico ilegal de armas proveniente de aquel país.

En ese acuerdo propusimos exhortar a los Poderes legislativos federal y locales fronterizos de Estados Unidos de América a llevar a cabo las medidas conducentes en materia legislativa para combatir el tráfico de armas hacia los Estados Unidos Mexicanos, así como para evitar la fácil adquisición de las mismas a sus propios ciudadanos; y exhortar al presidente de la República, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la vía diplomática, exhorte a los Poderes legislativos federal y local de Estados Unidos de América a llevar a cabo todas las medidas de carácter legislativo necesarias, para combatir el fácil acceso existente en los trámites legales para la compra y venta de armas de fuego;

Han transcurrido 16 meses desde que el punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República sin que se haya presentado el dictamen correspondiente. Ante la pasividad legislativa que demuestran nuestras comisiones de trabajo, la introducción ilegal de armas de fuego a nuestro país sigue cobrando víctimas.

La preocupación del galopante aumento del tráfico ilegal de armas al país nos condujo a los senadores del Partido Revolucionario Institucional a presentar dos iniciativas en la materia.

Una presentada el 25 de noviembre de 2008 con la que propusimos que el delito de introducción ilegal de armas de fuego y explosivos al país esté previsto como amenaza de seguridad nacional. Con esta propuesta igualmente se obliga al gobierno federal para que al momento de elaborar la Agenda Nacional de Riesgos se tome en cuenta tanto el Plan Nacional de Desarrollo como las medidas tendentes a evitar o combatir las amenazas de seguridad nacional previstas en la ley de la materia.

Esta iniciativa fue aprobada por el pleno el 28 de abril de 2009 y enviada a la Cámara de Diputados en calidad de minuta, desde entonces se encuentra en estudio por la comisión correspondiente en la colegisladora.

La segunda iniciativa fue presentada el 8 de enero de 2008 y tiene como propósito principal impedir la introducción ilegal de armas a nuestro país, sancionando con mayor rigor a los servidores públicos que en razón de sus funciones tengan esa obligación y no la cumplan, ya sea por acción u omisión. Al elevar la sanción a la que puedan hacerse acreedores, se agrega la destitución del empleo o cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos.

Esta segunda iniciativa fue aprobada por este pleno el 23 de abril de 2009 y enviada a la colegisladora en calidad de minuta, desde entonces se encuentra en estudio en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

Como se ve, la Cámara de Diputados tiene hoy bajo su responsabilidad la seguridad interior del país. Ningún esfuerzo para recuperar la seguridad de todos los mexicanos será suficiente, si quienes tienen la responsabilidad a su cargo no realizan los esfuerzos que se requieren para lograrlo. Los legisladores, debemos dotar al Ejecutivo de procedimientos eficientes para enfrentarla.

Hoy el combate al tráfico de armas es tarea pendiente en Cámara de Diputados.

Señores legisladores:

Con base en lo anterior, ciudadano presidente, le solicito respetuosa y atentamente de trámite a la siguiente

Excitativa

Primero. La honorable Cámara de Senadores, a través de la Mesa Directiva, extiende una solicitud a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, para que por su conducto se excite a la Comisión de Defensa Nacional para dictaminar la minuta proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II del artículo 84, se reforma el artículo 84 Ter y se adiciona un artículo 84 Quater, todos ellos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, a la Comisión de Gobernación para dictaminar la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 5 y se reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

Segundo. Se excita a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, a que presenten dictamen del punto de acuerdo por el que esta Cámara exhorta a los Poderes legislativos federal y locales fronterizos de Estados Unidos de América a llevar a cabo las medidas conducentes en materia legislativa para combatir el tráfico de armas hacia México y evitar su fácil adquisición; y por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que coordine y redoble esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas y, por la vía diplomática, exhorte a los Poderes legislativos federal y local de Estados Unidos de América a llevar a cabo todas las medidas de carácter legislativo para combatir el fácil acceso existente en los trámites legales para la compra y venta de armas de fuego, que fue presentado el 19 de noviembre de 2008.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de marzo de 2010.— Senadores: Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Pedro Joaquín Coldwell, Francisco Labastida Ochoa, Francisco Arroyo Vieyra, Francisco Herrera Leon, Alfonso Elías Serrano, Adolfo Toledo Infanzón, Rosario Green Macías, Norma Esparza Herrera, Heladio Ramírez López, Melquiades Morales Flores, Jesús Maria Ramón Valdés, Amira Gómez Tueme, Rogelio Rueda Sánchez, Raúl Mejía González, Guadalupe Fonz Saenz, María del Socorro García Quiroz (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ESTADO DE NUEVO LEON

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Solicita el uso de la palabra la diputada Cristina Díaz Salazar. Dígame diputada, a sus órdenes.

La diputada María Cristina Díaz Salazar(desde la curul). Señor presidente, solicito a nombre de los legisladores de Nuevo León, a la Presidencia de la Mesa Directiva, tenga a bien someter a consideración del pleno un minuto de silencio en memoria de dos estudiantes de excelencia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey: Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo y de las señoras Sandra de la Garza Morales, Ramona Oliva Cerezo Rangel y todas las víctimas de la violencia en nuestra sociedad.

Patentizamos nuestras más sentidas condolencias a sus familias y amigos. Reconocemos el valor moral de la madre que pierde lo más querido, su hijo, al decir que reconoce que se está luchando contra la delincuencia, pero lamenta los errores y exige más eficacia al combatirla, que se está llevando a gente inocente.

Cito el texto como lo dice ella: Yo sé que no es el primero, pero sí quiero que sea el último. Nuestra solidaridad a los padres de las víctimas. Un minuto de silencio le pido, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, les pido a todas las compañeras y compañeros diputados guardemos un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame diputado Ávila.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Lo que quiero decirle es que Luis Donaldo Colosio merece un minuto de silencio.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, estamos considerando ahorita su proposición. La estamos considerando para efecto de ver el momento oportuno, señor diputado. No se nos ha pasado.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Les pido a todos los diputados que honremos la memoria de Colosio y guardemos un minuto de silencio porque hace 16 años fue asesinado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Lo estamos considerando, señor diputado. Con todo respeto le pido a usted que estemos atentos al momento oportuno. Con muchísimo gusto esta Cámara está haciendo los comentarios correspondientes, diputado.

DIPUTADO FRANCISCO ALEJANDRO MORENO MERINO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se concede el uso de la palabra al señor diputado Arturo Zamora Jiménez, a efecto de hacer un pronunciamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sobre la agresión a las oficinas del señor diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, en el estado de Morelos.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Muchas gracias, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, venimos a condenar un hecho que aconteció la madrugada del día 20 de marzo en el estado de Morelos.

Este hecho nos consterna profundamente. En Cuernavaca aconteció que el compañero diputado Francisco Moreno Merino fue amenazado. Nuestro compañero Francisco Moreno Merino, en las instalaciones de su casa de enlace, en lo que son sus oficinas, en la madrugada irrumpió un grupo de personas ejerciendo violencia, disparando armas de fuego de alto poder y lanzando granadas, dejando una sola consigna: díganle al diputado que le baje.

Esa consigna es un mensaje como consecuencia de la valentía del señor diputado Francisco Moreno Merino al denunciar abierta y claramente la violación a garantías individuales, la violación a los derechos humanos y denunciar el crecimiento del crimen organizado en su estado.

Este hecho es consecuencia de la valentía de un legislador, de un diputado, de un compañero de nosotros. Consideramos que esta agresión no es solamente a él y a su persona. Esta agresión daña y lastima a su familia, a sus amigos, a los que lo apreciamos, a sus compañeros de partido, pero daña fundamentalmente la soberanía de la Cámara de Diputados, daña fundamentalmente la tranquilidad y la paz de todos y cada uno de los legisladores.

Porque, finalmente, esto lleva implícita la posibilidad de lanzarnos un mensaje a todos, a los 500 diputados que estamos aquí, de que permanezcamos impasibles ante la ola de violencia. La ola de violencia que ha crecido desmesuradamente en nuestro país. La violencia urbana, la violencia rural.

¿Dónde está el orden institucional? ¿Y para qué sirve el gobierno si no es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos? Ese ataque ocurrido el fin de semana pasado es un ataque que traspasa los límites, todos los límites.

Estamos preocupados. Hoy transmito esta preocupación porque finalmente ahora es a un compañero de nuestro partido. El día de mañana puede ser a un compañero de otro partido político y después a cualquier sector de opinión pública, a cualquier líder de opinión, con la finalidad de inhibir la valentía que él ha tenido para denunciar estos hechos.

Es importante que la sociedad participe, así lo ha planteado el gobierno. Nosotros, el gobierno. La legislatura anterior ya obsequió al gobierno federal un paquete de reformas constitucionales. Se modificaron 10 artículos de la Constitución y se modificaron 17 principios fundamentales en el ámbito del derecho penal para darle mejores herramientas al Estado mexicano.

Por eso pedimos, a nombre del grupo parlamentario, pedimos a la Procuraduría General de la República que se integre un grupo especial para que se investiguen estos hechos, pero para que se esclarezcan de acuerdo a la verdad y para que se haga justicia, con la finalidad de que no se promueva la impunidad.

Pedimos a las autoridades locales de esa entidad que brinden el marco de protección a nuestro compañero legislador y que brinden el marco de protección a la familia de nuestros compañeros legisladores que vean amenazada su paz, su seguridad y su tranquilidad.

Compañeros diputados, esto nos debe llevar a nosotros a una profunda reflexión, porque debemos coincidir en la lucha contra el enemigo común que tenemos que es la delincuencia y que es la corrupción que se ha enquistado en todos los niveles de gobierno.

Esto nos debe llevar a una profunda reflexión, porque debemos trabajar sin miedo y sin temor en la colaboración, incluso con otros países, porque el delito no tiene fronteras y no tiene límites.

Estimadas diputadas y diputados, para nosotros es muy importante decir que el atentado a nuestro compañero no solamente fue a él, sino a todos nosotros, y por esa razón condenamos estos hechos y pedimos que se investigue y que se aplique la ley hasta sus últimas consecuencias. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, para el mismo tema.

La diputada Cora Pinedo Alonso:Con su permiso, diputado presidente. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza expresa su solidaridad al diputado Francisco Moreno Merino ante estos hechos tan lamentables.

Sin duda lo que está pasando en el país es verdaderamente preocupante, como podemos confirmar la violencia y la inseguridad es un fenómeno que a todos nos pone en riesgo. Manifestamos nuestro rechazo a la agresión de la que fue sujeto un integrante de esta legislatura, por lo que representa y por sus implicaciones. Por ello, exigimos a las autoridades una investigación inmediata y el esclarecimiento de los hechos.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es momento de hacer un alto. Darle la bienvenida a la autocrítica y revisar si la estrategia implementada en el combate al crimen organizado realmente está funcionando.

Como legisladoras y legisladores y, sobre todo, como mexicanas y mexicanos es sensato preguntarnos qué más tenemos que hacer o qué más tenemos que dejar de hacer. Expresamos desde ésta, la más alta tribuna de México, nuestro pesar a las familias de las víctimas inocentes de esta guerra, y también nuestra solidaridad a las familias de los jóvenes abatidos en la ciudad de Monterrey hace apenas unos días.

Demandamos a los tres órdenes de gobierno resultados, no acciones espectaculares. Ser responsables, no compromisos ante los medios de comunicación. Al diputado Francisco Moreno le ratificamos nuestra solidaridad y apoyo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México, sobre el mismo tema, desde su curul.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, señor presidente. Creo que en lo que han dicho los compañeros que me antecedieron tienen toda la razón. Nosotros queremos manifestar nuestra solidaridad al diputado y amigo Francisco Moreno. Rechazamos y condenamos cualquier tipo de amenaza y nosotros invitamos y exhortamos al diputado Moreno a que no le baje, a que le suba. Cuenta con todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad diputado.

Éste es el momento de estar juntos y de seguir denunciando todas estas violaciones a los derechos humanos. Lo felicitamos y cuente con nuestro apoyo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Tiene la palabra sobre el mismo tema, el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, la verdad es que es lamentable que un tema tan importante se aborde con tanta falta de atención y respeto de la mayoría de los integrantes de esta Cámara. Está en riesgo la vida de uno de nuestros compañeros que ha hecho una acción muy firme, una participación política muy firme.

El diputado Francisco Moreno ha exigido la renuncia del gobernador de Morelos por vínculos con el narco. Así lo ha denunciado con toda firmeza. No lo digo yo, lo ha dicho permanentemente de manera pública.

Ha promovido desde hace tiempo la creación de una comisión especial, que yo no sé por qué razón no ha fructificado, para investigar los gravísimos hechos que se dan en aquella entidad.

Su oficina fue baleada, sus archivos fueron quemados, lo cual es un mensaje ominoso. Parafraseando a José Alfredo Jiménez: el fuero no vale nada. La verdad es que hay un acoso permanente a la Cámara, una campaña permanente, un desprestigio insistente y no hay la sensibilidad de este órgano colegiado, de esta soberanía, para salir del marasmo en que nos encontramos.

Un diputado no es más que un ciudadano, pero tampoco es menos. Hoy la función que venimos realizando es vituperada, calumniada, golpeteada permanentemente.

Agresiones. No es la primera agresión que se da a un integrante de esta Legislatura. A nosotros ya nos ha sucedido y no ha habido acciones para parar los abusos si vienen del poder, si vienen del crimen organizado o si vienen de cualquier parte, sea la que sea.

Hoy en día ningún ciudadano tiene la tranquilidad de poder tener la seguridad que el Estado mexicano debería brindar. Es muy grave lo que está pasando.

Reciba, compañero diputado, nuestra solidaridad, nuestro apoyo absoluto. Pero me parece que no pueden ni deben quedar sólo en pronunciamientos.

Termino planteando, miren, estamos tan sueltos en los temas fundamentales que hoy, por ejemplo, que hay una visita del gobierno de Estados Unidos, de sus máximos responsables en seguridad, esta Cámara ni siquiera tenía incluido el tema, ya no digo en la agenda política. No lo tenía incluido en ninguno de sus aspectos. Estamos dejando ir violaciones a la soberanía, remate del patrimonio, asesinatos de los ciudadanos, atropellos permanentes al marco constitucional y estamos siendo cómplices de la violación sistemática a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Todos los días se hacen, o no todos los días, pero se promueven leyes secundarias que violan flagrantemente la Constitución. El Ejército en la calle violando el artículo 29 y 129.

Ahora, la semana pasada, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma laboral para acabar con los derechos de los trabajadores, en un hecho gravísimo y sin precedente en la vida pública. No tienen llenadera, tienen en la miseria al pueblo de México y quieren explotarlo todavía más, quieren acabar con lo más elemental y los diputados y diputadas que están defendiendo al pueblo reciben los ataques, el hostigamiento, la persecución, las amenazas a su integridad y a su vida.

Esta situación no puede continuar y de verdad, compañeros diputados, compañeras diputadas, que están algunos muy relajados ahí en sus espacios, cuando les llegue la lumbre a los aparejos, cuando reciban alguna de estas visitas no gratas, a ver si para entonces ponen atención a los temas fundamentales de la vida pública nacional. Agradezco mucho a los que estuvieron atentos su interés, diputados y diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el mismo tema.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Gracias, presidente. Qué crisis en la que estamos. ¿Quién manda en este país?

Ante la agresión a nuestro compañero legislador no puede quedarse esta Cámara sólo en expresiones de solidaridad o de repudio a la agresión. Se trata de la agresión a un compañero nuestro. Se trata de una agresión al Estado mismo.

No puede ser admisible por esta Cámara el que solamente nos quedemos en los exhortos, las solidaridades y los llamados de atención. Es el momento de hacer énfasis contundente, desde esta soberanía, para exigirle al gobierno de Felipe Calderón un replanteamiento de la estrategia de seguridad, porque evidentemente no sirve.

No podemos, compañeros, entrar en el edicto que ya en su momento señalaba Bertolt Brecht. No puede ser que la reacción nuestra, en forma individual, sea: hasta que vengan por uno de nosotros, o por nosotros mismos.

En esta ocasión han agredido a uno de nosotros, pero además, se suma a un vacío de poder en el que realmente queda claro que quien tiene el control, que quien tiene los hilos de los poderes fácticos es quien está dirigiendo los destinos del país.

El gobierno no le da seguridad a nadie. Los asesinatos de los estudiantes en Nuevo León son prueba del vacío de poder, de la indolencia y de la irresponsabilidad del gobierno federal, que inicia señalando a estos estudiantes de excelencia como delincuentes.

Que tiene un secretario de Gobernación que ni siquiera puede salir a disculparse claramente por la impericia, los errores y la barbaridad en la que metió a la universidad, al Tec de Nuevo León, en medio de las balas. Eso es responsabilidad del gobierno federal y ni siquiera puede ofrecer disculpas.

Están agrediendo a un compañero de esta soberanía por distinguirse en hacer una labor en defensa de la legalidad, en defensa de la limpieza, en un momento en el que lamentablemente, sea del partido que sea, uno ya no sabe de qué lado de la frontera de la delincuencia están los distintos políticos.

Creo que juntos, de manera unánime, tenemos que salir no sólo a repudiar la agresión al diputado y a mostrarle nuestra solidaridad, sino a señalar con toda puntualidad que ésta es una agresión al Estado, que se ha agredido a esta soberanía y que esta soberanía no admitirá el que se le establezcan plazos, se le ponga en duda, se le haga rehén.

Creo que lo primero que tenemos que hacer es sumarnos a las denuncias que el diputado ha hecho, hacerlas nuestras. Decir que suscribimos justamente las posturas políticas que él ha establecido como de todos y cada uno de los 500 diputados que estamos aquí. Que todos, en términos de la delincuencia organizada, somos uno. Que todos tenemos un mismo discurso y que no vamos a permitir que se nos haga rehenes de amenazas por las ineficiencias del gobierno federal.

Es el momento de exigirle, asimismo, al gobierno federal, que recomponga una estrategia que evidentemente no sirve, que daña al país y que tiene a la nación entera en el temor. Esta soberanía hoy debe negarse a ser parte de quienes nos sumemos al temor, y a salir con la firmeza que la agresión amerita.

No sólo nuestra solidaridad para usted, diputado. Nos sumamos desde luego a sus declaraciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia, sobre el mismo tema, desde su curul. Sonido para la diputada Ochoa.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía(desde la curul): Gracias, señor presidente. En el mismo tenor, como lo han hecho nuestros compañeros de los diferentes grupos parlamentarios, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia, me sumo del mismo modo a manifestarle al diputado Francisco Alejandro Moreno Merino nuestra solidaridad, nuestra amistad y nuestra compañía con él y con sus familiares. Son hechos que no debemos permitir que sucedan. Son hechos que mandan mensajes muy equivocados a la sociedad.

Por tanto, quienes estamos aquí y quienes representamos la voz del pueblo no podemos callarnos. Un luchador de las garantías sociales, de las garantías individuales, y luchador de los derechos humanos, merece toda nuestra compañía, toda nuestra solidaridad de todo corazón. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Jesús Giles Sánchez, del Partido Acción Nacional, sobre el mismo tema.

El diputado Jesús Giles Sánchez:Con su venia, señor presidente. Muy buenos días compañeras diputadas y compañeros diputados, he pedido el uso de la palabra para externar de manera clara, de manera precisa, la posición que tiene el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y, en lo particular, a la que se suma un servidor: total apoyo irrestricto al señor diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, con quien me une una amistad de años atrás y que compartimos el mismo espacio donde se desarrollan nuestras familias. Es decir, Cuernavaca.

Precisar que en cuanto se tomó conocimiento de este lamentable hecho, el señor gobernador, el doctor Marco Antonio Adame Castillo, instruyó a las instancias que previenen el delito y lo persiguen, el apoyo correspondiente. De esto puede dar testimonio el propio diputado, en cuanto al cuidado de su persona y desde luego de sus bienes.

Este artero hecho –que tuvo cantidad de repercusiones– en ningún momento presentó una granada o que haya estallado alguna de ellas. Hago esta precisión porque un estado como Morelos merece respeto y merece que se hable con la verdad.

Desde aquí y desde siempre, señor diputado, hasta las últimas consecuencias porque se lesiona esta soberanía. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Ha concluido la lista de oradores que se han registrado para este tema.

DIPUTADAS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Adela Robles Morales y Nelly Edith Miranda Herrera, diputadas suplentes electas en los distritos IV y XII del estado de Veracruz respectivamente.

Se designan en comisión, para que las acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes legisladores: diputados Antonio Benítez Lucho, Sergio Lobato García, Fernando Santamaría Prieto, Óscar Saúl Castillo Andrade, José María Torres Robledo y Elsa María Martínez Peña, a quienes les pido cumplan la comisión que se les encarga.

(La comisión cumple con su encargo)

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Ciudadanas Adela Robles Morales y Nelly Edith Miranda Herrera, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las ciudadanas Adela Robles Morales y Nelly Edith Miranda Herrera: Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si así no lo hicieren que la nación se los demande.

Muchas gracias. Felicidades.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Continuamos con el capítulo de iniciativas. Esta Presidencia recibió del diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos segundo y cuarto transitorios y adiciona un octavo transitorio al decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma los artículos segundo y cuarto transitorios, y adiciona el artículo octavo transitorio, del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, M en C.P. José Adán Ignacio Rubí Salazar, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto  de decreto que reforma los artículos segundo y cuarto transitorios, y adiciona el artículo octavo transitorio, del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

Exposición de Motivos

En fecha 20 de junio del 2007, el senador Mario López Valdez presentó ante la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto  de decreto por el que se adiciona una fracción XVI al artículo 64 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, misma que fue turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

De igual forma el 28 de abril de 2008, el senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones establezcan las reglas para que los concesionarios de telefonía móvil registren datos personales de los usuarios que adquieran chip inteligentes (sim card) para acceder a la red de telefonía móvil, con el objeto de inhibir el uso de este medio de comunicación en la comisión de delitos; misma que fue turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de ese órgano legislativo.

Posteriormente, el 20 de agosto de 2008, la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso d) al artículo 16 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal.

Del análisis, discusión y dictaminación de los asuntos antes mencionados, derivó la aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores y remisión a la Cámara de Diputados con fecha 25 de septiembre del 2008, de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII y adiciona una fracción XIV al artículo 7; reforma el inciso D y adiciona un inciso E, a la fracción I del artículo 16; adiciona las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; se adiciona un segundo párrafo al artículo 52; se reforman las fracciones XV y XVI y se adiciona una fracción XVII al artículo 64; y se adiciona una fracción VI al artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, turnó el expediente respectivo a la Comisión de Comunicaciones, con opinión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. La minuta de referencia fue aprobada en sus términos por el pleno de la Cámara de Diputados, y el 9 de febrero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el cual se planteó como objetivo general, el de inhibir el uso de teléfonos móviles en la comisión de delitos como la extorsión y el secuestro, tanto de manera fehaciente como virtual.

En dicho decreto se establecieron diversas disposiciones transitorias que por su importancia y para el propósito de la presente iniciativa merecen ser citadas de manera íntegra:

Artículos transitorios del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

“Primero.El presente decreto entrará en vigor a los 60 días siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Comisión Federal de Telecomunicaciones elaborará el proyecto de reglamento que deberá emitir el Ejecutivo federal en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero.La Comisión Federal de Telecomunicaciones deberá expedir en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la publicación del presente decreto, aquellas disposiciones administrativas para reglamentar el registro de usuarios de telefonía, así como la actualización de datos personales y registros fehacientes de identificación y ubicación de los usuarios que contratan telefonía en cualquiera de sus modalidades.

Cuarto.En el caso del registro de usuarios de telefonía móvil en cualquiera de sus modalidades adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, los concesionarios contarán con un plazo de un año para cumplir con las obligaciones de registro y control a que se refiere el presente decreto.

Los concesionarios deberán realizar una campaña de información, sin costo adicional, dirigida a sus clientes y que garantice el derecho a los usuarios en esta modalidad de servicios, para informarles de la obligación de registrar y actualizar los datos, presentando el equipo celular o chip inteligente, así como la documentación correspondiente, y de las consecuencias en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado, consistente en la suspensión del servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna.

Transcurrido el plazo señalado, existe la obligación por parte de los concesionarios de cancelar en forma inmediata las líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes.

Quinto.El registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil a que se refiere el presente decreto, deberá realizarse por los concesionarios en forma inmediata a partir de su entrada en vigor.

Sexto.Los concesionarios deberán realizar campañas y programas informativos a sus clientes o usuarios para incentivar la obligación de denunciar en forma inmediata el robo o extravío de sus equipos celulares o chips inteligentes, para prevenir cualquier uso indebido de las líneas, así como en los casos que se trate de venta o cesión de una línea telefónica.

Séptimo.El Congreso de la Unión realizará las reformas y adiciones correspondientes a los artículos 366, 390 y demás relativos del Código Penal Federal, en un plazo no mayor a 180 días a partir de la publicación del presente decreto.”

Para efectos de la presente iniciativa, es importante destacar que la Comisión Federal de Telecomunicaciones no publicó en el plazo de los 30 días señalados en el artículo tercero transitorio, las disposiciones administrativas para reglamentar el registro de usuarios de telefonía móvil, así como la actualización de datos personales y registros fehacientes de identificación y ubicación de los usuarios que contratan telefonía móvil, en cualquiera de sus modalidades; puesto que fue hasta el 15 de mayo de 2009, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la resolución por la que el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones emite las reglas del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en donde sólo de manera parcial se dio cumplimiento a lo establecido por el artículo tercero transitorio antes mencionado.

Asimismo y en lo que se refiere al artículo segundo transitorio, a la fecha no ha sido emitido por el Ejecutivo federal el reglamento mediante el cual deben establecerse los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad que los concesionarios deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información, así como las medidas técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos a los legalmente autorizados, su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no autorizado; lo que debió cumplirse en un plazo no mayor a 120 días posteriores al 9 de febrero de 2009, fecha en que se publicó el decreto de referencia.

Derivado de lo establecido por el artículo cuarto transitorio, el próximo 10 de abril del presente año, vence el plazo para que los concesionarios integren el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y, en caso contrario, los mismos deberán proceder a la suspensión del servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna.

Cabe resaltar, que con base en la información proporcionada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con corte al 18 de marzo de 2010, en México existen un total de 84 millones de líneas de telefonía móvil, de las cuales, a esa misma fecha, sólo se habían registrado 39.5 millones (47 por ciento), lo que implicaría que el 10 de abril del año en curso, tendrían que ser suspendidas 44.5 millones de líneas de telefonía móvil (53 por ciento).

Lo anterior tendría consecuencias muy delicadas de orden económico y social, puesto que la suspensión del servicio a 44.5 millones de usuarios, representaría para las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil un costo superior a los 263 millones de pesos diarios, pero sobre todo impactaría negativamente las relaciones económicas y sociales de los usuarios que no contarían con el servicio.

Con base en lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto evitar los graves efectos que en la economía y en la sociedad mexicana, tendría la aplicación literal de lo establecido por el artículo cuarto transitorio del decreto que nos ocupa; asimismo, pretende aportar elementos que permitan lograr el fin último que motivó su aprobación y entrada en vigor: contribuir a la disminución de la comisión de delitos en los que son utilizados teléfonos celulares, pero también proteger datos personales de los usuarios y evitar con ello su uso indebido en perjuicio de los mismos.

Derivado de lo anterior, se considera necesario reformar los artículos segundo y cuarto transitorios y adicionar el artículo octavo transitorio, del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009, con el objeto de establecer que el Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma y adición, deberá publicar el reglamento a que se refiere el artículo segundo transitorio del decreto antes mencionado, en donde se deberán considerar con especial cuidado disposiciones que garanticen la protección de los datos personales de los usuarios incorporados al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, para evitar con ello el uso indebido de los mismos.

La propuesta de reforma también considera la ampliación del plazo en seis meses, para el registro de usuarios de telefonía móvil a que se refiere el artículo cuarto transitorio del decreto que nos ocupa.

Por otro lado, se adiciona el artículo octavo transitorio, para establecer que 180 días después de concluida la prórroga a que se refiere la reforma propuesta al artículo cuarto transitorio del decreto en comento, se realizará la evaluación de los resultados obtenidos de la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

En la evaluación de referencia deberán participar los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, del Registro Nacional de Población y de las empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil, relacionados con la integración y operación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Los resultados de la evaluación mencionada deberán ser remitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Poder Legislativo, en un plazo no mayor a 210 días después de concluida la prórroga antes señalada, con el propósito de que se revise y, en su caso, se modifique el marco jurídico correspondiente.

Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Asamblea el presente

Decreto que reforma los artículos segundo y cuarto transitorios, y adiciona el artículo octavo transitorio, del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

Artículo Único.Se reforman los artículos segundo y cuarto transitorios y se adiciona el artículo octavo transitorio del “decreto por el que se reforman los artículos 52; 64, fracción XV y se adicionan una fracción XIII, recorriéndose la actual XIII para pasar a ser XIV al artículo 7; un inciso D a la fracción recorriéndose el actual D para pasar a ser E, al artículo 16; las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV al artículo 44; una fracción XVI, recorriéndose la actual XVI para pasar a ser XVII al artículo 64 y una fracción VI al apartado A del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones”, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero. ...

Segundo.La Comisión Federal de Telecomunicaciones elaborará el proyecto de reglamento que deberá emitir el Ejecutivo federal en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Dicho reglamento deberá considerar con especial cuidado disposiciones que garanticen la protección de datos personales de los usuarios incorporados al registro de usuarios de telefonía móvil, con el objeto de evitar el uso indebido de los mismos.

Tercero....

Cuarto. En el caso del registro de usuarios de telefonía móvil en cualquiera de sus modalidades adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, los concesionarios contarán con un plazo de un año para cumplir con las obligaciones de registro y control a que se refiere el presente decreto. Si al término del plazo señalado no se cumpliera con el registro del total de los usuarios de telefonía móvil, el plazo se ampliará 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

..

...

Quinto. ... al Séptimo. ...

Octavo. Transcurrido el plazo señalado en el artículo cuarto transitorio del presente decreto, se dispondrá de 180 días para realizar la evaluación de los resultados obtenidos de la integración y funcionamiento del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil.

En la evaluación de referencia deberán participar los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, del Registro Nacional de Población y de las empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil, relacionados con la integración y operación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Los resultados de la evaluación mencionada deberán ser remitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Poder Legislativo, en un plazo no mayor a 210 días después de concluida la prórroga antes señalada, con el propósito de que se revise y, en su caso, se modifique el marco jurídico correspondiente.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2010.— Diputado Federal M. en C.P. José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Esta Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por los diputados Jorge Humberto López-Portillo Basave, Indira Vizcaíno Silva y Jorge Antonio Kahwagi Macari, de los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD y Nueva Alianza.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica, suscrita por los diputados Jorge Humberto López Portillo Basave, Indira Vizcaíno Silva y Jorge Antonio Kahwagi Macari, de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PRD y de Nueva Alianza, respectivamente

Los suscritos, diputados a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en uso de la facultad que les confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; 39, numeral 3, y 40, numeral 1, de la Ley Orgánica; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Exposición de Motivos

El Estado emite instrumentos jurídicos que norman las actividades económicas, políticas y sociales de los gobernados, cuyos fines son, entre otros, el funcionamiento eficiente de la convivencia social, la viabilidad jurídica de las relaciones entre gobernados y la autoridad. La competencia económica ha generado diversas consecuencias en las relaciones internas y externas entre las naciones; una de ellas, el comercio. Ante esas circunstancias, el Estado ha instituido un orden jurídico integrado por diversas normas, entre éstas, la Ley Federal de Competencia Económica, parte importante para fortalecer su competitividad. Éstos son generalmente actos legislativos o administrativos, como leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, normas, circulares y formatos, así como lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas y manuales.

En este contexto, se creó la Ley Federal de Competencia Económica, que forma las disposiciones jurídicas relativas a la competencia entre particulares para ser el conjunto de instrumentos normativos que emplea un gobierno para establecer obligaciones y procesos que tienen que cumplir los particulares, las empresas y el mismo Estado. Por ello, la competitividad debe asegurar que la regulación genere mayor certidumbre jurídica para que logre los objetivos para los que fue creada, al ser clara, sencilla, precisa y transparente, garantizando la aplicación del estado de derecho y no cree confusiones.

Porque los continuos cambios en un Estado democrático hacen necesario que se actualice su marco jurídico, resulta importante contar con leyes actualizadas en cuanto a las figuras jurídicas para afirmar su continuidad o desaparición.

Actualmente, la Ley Federal de Competencia Económica es la reglamentaria del artículo 23 constitucional, y tiene por objeto regular la competencia económica, la creación, la organización, el funcionamiento, el desarrollo, la operación, el control y la evaluación de monopolios y la libre concurrencia. La Constitución le ha otorgado una nueva naturaleza jurídica como un ente jurídico.

Así, se desprende del artículo 23 la figura jurídica de “Comisión Federal de Competencia” como órgano administrativo desconcentrado de un ente jurídico inexistente, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Por tanto, norma la relación jurídico-administrativa de la Comisión Federal de Competencia con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por lo que es necesario que se modifique como “Secretaria de Economía” para no generar incertidumbre jurídica.

Si bien en el decreto de transformación de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por el de Secretaría de Economía se estableció que todo lo referente a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial sería Secretaría de Economía, eso no basta: es necesario actualizar la redacción de los textos por seguridad jurídica. Por tanto, se debe precisar el nombre adecuado para no crear confusiones.

Los cambios vertiginosos de una democracia en constante evolución provocan que el régimen jurídico y político, y la forma de gobierno se transformen y las estructuras jurídicas que en el pasado estaban vigentes se vuelvan obsoletas, ocasionando que todo el orden jurídico-normativo deba irse ajustando a los cambios.

De ahí que el propósito de la presente iniciativa sea reformar diversos preceptos de la Ley Federal de Competencia Económica para que se actualice, en virtud de que todavía considera en el articulado la estructura jurídica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que fue transformada a partir de las reformas estructurales jurídico-políticas de 2000, para consolidarse como “Secretaría de Economía”.

Por eso, una de las principales actividades que debe realizar el Poder Legislativo es establecer las reglas que permitan a los individuos tomar decisiones con precisión. De ahí que todas las normas deban estar actualizadas en su contexto, incluso en la redacción del articulado, y no considerar entes jurídicos u órganos en desuso, los cuales intervienen en este caso en la competencia económica, que evidentemente tienen transformaciones en todo Estado inmerso en los cambios socioeconómicos nacionales e internacionales, debido a la economía globalizada.

Reformar las reglas que constituyen la estructura regulatoria de la competitividad económica del país es nuestro deber legislativo, así como atemperar y actualizar los sistemas y ordenamientos jurídicos de tal manera que podamos evitar confusiones. Por eso es necesario adecuar el marco normativo y la ley a los cambios que se presentan para garantizar la seguridad y la transparencia de los órganos que integran la administración pública federal, ya que no es recomendable que se consideren entes jurídicos distintos en el marco normativo.

Toda norma que crea figuras jurídicas y de organización política, transformando la naturaleza jurídica, debe estar actualizada, a fin de que quede comprendida la nueva naturaleza jurídica, así como el ente jurídico, que en este caso es la Secretaría de Economía, para eliminar disposiciones o referencias que ya son obsoletas en la normativa vigente.

Dos figuras jurídicas distintas como la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y la de Economía no pueden tener en un texto legal la misma naturaleza jurídica, ya que deja de ser eficiente y, por consecuencia, eficaz, pues actualmente se les considera autoridad en materia de competitividad económica.

Por tanto, se debe dotar de un marco jurídico actualizado a la administración pública federal, ya que la existencia de las normas que no están actualizadas afecta el marco jurídico, en atención de que las normas se distinguen por su manera de formarse; es decir, de actualizarse y con ello incorporar o desincorporar sus contenidos normativos. Así, no se puede fundamentar con disposiciones legales que no están vigentes.

La naturaleza jurídica política y de administración de la actual Secretaría de Economía ha cambiado. En consecuencia, ninguna norma o ley puede establecer figuras jurídicas que están en desuso y que continúan plasmadas como figuras de derecho positivo sin estar vigentes en la administración pública federal.

De ahí que desde un punto de vista jurídico no se puedan conferir facultades y administración de recursos públicos a figuras jurídicas que están en desuso, que jurídicamente corresponderían a otro órgano de gobierno.

Que siga figurando en las leyes de carácter administrativouna dependencia jurídico-administrativa obsoleta ocasiona incertidumbre jurídica, sin olvidar que la satisfacción de los intereses colectivos es por medio de la función administrativa, la cual se realiza fundamentalmente por el Estado en un orden jurídico que debe estar vigente y actualizado a la realidad.

Con la reforma tendremos normas con eficacia jurídica porque si las normas secundarias se desarrollan sobre investigaciones y conceptos equívocos, es casi inevitable que afecten derechos y garantías.

De lo expuesto, y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, sometemos a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica

Único. Se reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 23.

La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta ley, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de marzo de 2010.— Diputados: Jorge Humberto López Portillo Basave, Indira Vizcaíno Silva, Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Economía.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado Pedro Vázquez González:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en los últimos años los bancos en México iniciaron un proceso fuerte de penetración en el mercado al ampliar el número de créditos al consumo y la expedición de tarjetas de crédito.

Esta situación derivaba de la supuesta marcha positiva de la economía y de un entorno favorable para ampliar el crédito de las familias mexicanas. De esta forma amplios sectores de la sociedad que no tienen acceso a los créditos derivados de la tenencia de una tarjeta de crédito se vieron en la posibilidad de obtenerla.

Debemos recordar que nuestro país venía de un proceso severo de restricción de crédito, derivado de la crisis económica de 1995, que provocó una severa crisis de pago donde miles de familias se vieron imposibilitadas de hacer frente a sus obligaciones crediticias.

Una de las supuestas lecciones que dejó el descalabro económico de 1995 fue que se reconoció que las instituciones crediticias habían otorgado crédito sin tener los elementos de juicio y de valoración, de la solvencia y la capacidad de pago de personas beneficiadas.

Suponíamos que los bancos serían más cuidadosos a la hora de emitir sus plásticos. La realidad es que no fue así. El boom de las tarjetas de crédito que se ha dado en los últimos años y la propia competencia entre las instituciones crediticias generó que se dieran campañas agresivas de colocación de tarjetas de crédito entre el público consumidor.

Se colocaron stands en centros comerciales, en los propios bancos, en las tiendas de autoservicio, incluso en centros de afluencia elevada de personas, como las terminales del transporte público, y llamadas telefónicas a los domicilios de posibles clientes.

Al momento de que alguna persona hiciera una apertura de una cuenta de nómina o de cheques, de manera automática se le otorgaba una tarjeta de crédito.

Se han documentado casos donde sólo una persona llega a tener de 10 a 12 tarjetas de crédito de varios bancos.

Otro tipo de problemas se da cuando el usuario obtiene un límite de crédito varias veces superior a su posibilidad de pago y al hacer uso no adecuado del mismo se ve en problemas para cubrir sus deudas.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, la situación antes reseñada se dio en un entorno de poca regulación por parte del Estado hacia los bancos, particularmente de las tarjetas de crédito, cuentas de nómina y de cheques.

En base a presión de los usuarios y de ciertas acciones de tipo legislativo se ha ampliado la información que deben proporcionar las instituciones crediticias a todos sus usuarios.

Se ha logrado, por ejemplo, que los bancos deben ofrecer entre sus productos lo que se ha denominado una tarjeta básica, que prácticamente no cobra comisiones ni anualidad. Lamentablemente aún persisten criterios y disposiciones que ponen en una situación de vulnerabilidad al usuario de tarjetas de crédito.

Nos referimos a la circular 29/2008, denominada Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito. Mediante la cual autoriza a las instituciones de banca múltiple a cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de las tarjetas de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente en otra institución.

La disposición contenida en dicha circular está permitiendo que los bancos se cobren de manera directa. O sea se cobran a lo cochino –sin mediar resolución judicial de por medio– los adeudos de las personas que tengan en su tarjeta de crédito a través de la cuenta de nómina que tengan abierta con la misma institución financiera. Como lo acabo de decir, en términos coloquiales, los bancos se están cobrando a lo chino.

Cada vez es más común que el patrón o el empleador pague la nómina a través de un instrumento electrónico, siendo el más común la tarjeta de nómina. Y lo que está sucediendo es que los bancos absorben los recursos de pago de nómina para cubrir los adeudos que tienen los trabajadores.

Esta práctica es totalmente violatoria de la protección al salario que establece nuestra norma fundamental y la Ley Federal del Trabajo.

Los artículos 5o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen lo siguiente:

Artículo 5o. ...

Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Artículo 123, apartado A, fracción VIII.

El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la pretensión de esta iniciativa que ponemos a su consideración es prohibir la práctica de las instituciones crediticias de cobrar de manera directa los adeudos de tarjetas de crédito, como una medida de protección al salario y al ingreso de miles de trabajadores.

Señor presidente, le solicito que se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates, y entrego a la Secretaría la iniciativa en comento. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 72 a la Ley de Instituciones de Crédito, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años los bancos en México iniciaron un fuerte proceso de penetración en el mercado, al ampliar el número de créditos al consumo y la expedición de tarjetas de crédito. Esta situación derivaba de la supuesta marcha positiva de la economía y de un entorno favorable para ampliar el crédito a las familias mexicanas.

De esta forma, amplios sectores de la sociedad que no tenían acceso a los créditos derivados de la tenencia de una tarjeta de crédito se vieron en la posibilidad de obtenerla.

Debemos recordar que nuestro país venía de un severo proceso de restricción del crédito derivado de la grave crisis económica de 1995 que provocó una severa crisis de pagos, donde miles de familias se vieron imposibilitadas de hacer frente a sus obligaciones crediticias.

El entorno del crack de 1995 llegó al punto de cerrar la llave del crédito y fue hasta principios de la década del 2000 que se volvió a abrir el canal de los empréstitos para los mexicanos.

Una de las supuestas lecciones que dejó el descalabro económico de 1995 fue que se reconoció que las instituciones crediticias habían otorgado crédito sin tener todos los elementos de juicio y de valoración de la solvencia y la capacidad de pago de las personas beneficiadas. Suponíamos pues que los bancos serían más cuidadosos a la hora de emitir sus plásticos.

La realidad es que no fue así. El auge del crédito que se ha dado en los últimos años y la propia competencia entre instituciones crediticias generó que se dieran campañas de agresiva colocación de tarjetas de crédito entre el público consumidor.

Se colocaron stands en centros comerciales, en los propios bancos, en las tiendas de autoservicio, incluso en centros de afluencia elevada de personas como las terminales de transporte público, y llamadas telefónicas al domicilio del posible cliente.

Al momento que alguna persona hiciera la apertura de una cuenta de nómina o de cheques se le proporcionaba la solicitud para una tarjeta de crédito.

Además, el simple hecho de tener una tarjeta con alguna institución de crédito permitía que su buen manejo le otorgaba la posibilidad de contar con más tarjetas de crédito.

Se han documentado casos donde una sola persona tiene entre 10 y 12 tarjetas de crédito de varias instituciones bancarias. Otro tipo de problemas se da cuando el usuario obtiene un límite de crédito varias veces superior a su posibilidad de pago y al hacer un uso no adecuado del mismo se ve en problemas para cubrir sus deudas.

Compañeras y compañeros diputados: la situación antes reseñada se dio en un entorno de muy poca regulación por parte del Estado hacia los bancos, particularmente en las tarjetas de crédito, cuentas de nómina y de cheques. A los usuarios se les cobraban una serie de comisiones que se excedían de los parámetros internacionales y que provocaban que el costo por tener un instrumento de este tipo fuera muy caro.

Con base en la presión de los usuarios y de ciertas acciones legislativas se ha ampliado la información que deben proporcionar las instituciones crediticias a sus usuarios. Se ha logrado, por ejemplo, que los bancos deban ofrecer entre sus productos lo que se ha denominado una tarjeta básica, que prácticamente no cobra comisiones ni anualidad.

Apenas en febrero pasado, esta soberanía aprobó una minuta de la Cámara de Senadores por la cual se realizaron una serie de modificaciones a diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado y de la Ley del Banco de México, con el fin de regular las condiciones en que otorgan préstamos a los usuarios del crédito. De entre estas modificaciones, destacan las siguientes:

• El Banco de México vigilará que las instituciones de crédito otorguen créditos en condiciones accesibles y razonables, y tomará las medidas correctivas que correspondan, incluso estableciendo límites a las tasas de interés aplicables, para lo cual podrá tomar en cuenta fórmulas de derecho comparado relevantes.

• Se prevé que el Banco de México emita reglas que limiten o prohíban comisiones que no tienen justificación con base en ciertos principios claramente establecidos en ley entre los que se encuentra que sólo se pueden cobrar comisiones que efectivamente se vinculen con servicios prestados al cliente o por operaciones realizadas por este, que las entidades no pueden cobrar más de una comisión por un mismo hecho generador, y se prohíbe toda comisión que inhiba la movilidad o migración de los clientes de una institución a otra, esto último, a efecto de fomentar la competencia entre prestadores de servicios financieros.

• Se establecen principios de transparencia y claridad en la información relativa a las comisiones que se cobren por servicios financieros que deberán cumplir todos los obligados conforme esta ley, a efecto de que los clientes de las entidades financieras cuenten con elementos que les permitan tomar una decisión informada para elegir o cambiar de prestador de servicios financieros según le convenga.

• Por otra parte, el Banco de México estará obligado por ley a publicar periódicamente indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones, a efecto de que los resultados de la implantación de estas nuevas normas puedan ser medidos en su eficacia a través de esta información.

• Asimismo, se faculta al Banco de México para vetar la entrada en vigor de los aumentos en las comisiones cuando estos no sean justificables.

Aunque lo antes señalado es un avance, aún persisten criterios y disposiciones que ponen en una situación de vulnerabilidad al usuario de tarjetas de crédito. Nos referimos a la circular número 29/2008, denominada “Reglas a las que habrá de sujetarse la emisión y operación de Tarjetas de Crédito”, mediante la cual autoriza a las instituciones de banca múltiple a cargar los adeudos no cubiertos en tiempo por el uso de la tarjeta de crédito en cualquier otra cuenta que tenga abierta el mismo cliente con la institución bancaria.

La disposición contenida en dicha circular está permitiendo que los bancos se cobren de manera directa, sin mediar resolución judicial de por medio los adeudos de las personas que tengan en su tarjeta de crédito a través de la cuenta de nómina que tengan abierta con la misma institución financiera. Para decirlo en términos coloquiales se están cobrando a lo chino.

Es cada vez más común que el patrón o empleador pague la nómina a través de un instrumento electrónico, siendo el más común las tarjetas de nómina y lo que está sucediendo es que los bancos absorben los recursos del pago de nómina para cubrir los adeudos que tienen dichos trabajadores.

Esta práctica es violatoria de la protección al salario que establece nuestra norma fundamental y de la Ley Federal del Trabajo.

Los artículos 5o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen lo siguiente:

“Artículo. 5o. (...)

Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Artículo 123. (...)

A. (...)

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.”

Cifras a diciembre de 2009 señalan que la cartera de crédito en tarjetas de crédito es de 227 mil 572 millones de pesos, de dicho total el 8.77 por ciento está en mora, es decir que se han dejado de cubrir pasivos por el orden de 19 mil 958 millones de pesos. Dichas cifras son menores a las registradas en noviembre del mismo año donde el índice de morosidad fue de 9.27 por ciento.

Compañeras y compañeros diputados: la pretensión de la iniciativa que ponemos a su consideración es inhibir la práctica de las instituciones crediticias de cobrar de manera directa los adeudos de tarjeta de crédito, lo que además será una medida de protección al salario y al ingreso de miles de trabajadores.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un artículo 72 a la Ley de Instituciones de Crédito

Artículo 72. En la celebración de contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, señalados en la fracción VII del artículo 46 de esta ley, no podrán cobrarse los adeudos no cubiertos en tiempo y forma con los recursos que reciba el cliente en la cuenta de nómina en la que el empleador o patrón transfiera de manera electrónica su salario y demás prestaciones laborales.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputados: Pedro Vázquez González, Víctor Humberto Benítez Treviño, Francisco Javier Ramírez Acuña, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Janet Graciela González Tostado, Julieta Octavia Marín Torres, María Isabel Merlo Talavera, Ana Georgina Zapata Lucero, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Blanca Estela Jiménez Hernández, Margarita Gallegos Soto, Rosario Ortiz Yeladaqui, Reginaldo Rivera de la Torre, Felipe Borja Texocotitla, Francisco Hernández Juárez, Carlos Cruz Mendoza, María del Carmen Izaguirre Francos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Señoras diputadas y señores diputados, tenemos en el recinto a un grupo de 45 personas de la colonia 10 de Abril, de Naucalpan, estado de México, invitados por el diputado Rodrigo Reina Liceaga. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): Para preguntar al diputado Pedro Vázquez González si está de acuerdo en que me sume a su importante iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está de acuerdo, señor diputado?

El diputado Pedro Vázquez González(desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo, así que todas y todos aquellos diputados que deseen pasar a suscribirla, pasen a la Secretaría.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pido a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de las diputadas y de los diputados presentes.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Ciérrese el sistema electrónico.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta alguna diputada o algún diputado de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento se encuentran registrados 441 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias. Tiene la palabra el señor diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel:Muchas gracias diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, actualmente la administración pública en la República Mexicana se divide en tres órdenes: federal, estatal y municipal. Regularmente existe una distribución económica de gasto en los tres órdenes antes mencionados.

La propuesta que en esta ocasión expongo en esta tribuna es en el sentido de una reforma al artículo 115 de la Constitución en las fracciones I y II, que consiste en lo siguiente:

Los recursos económicos se distribuyen de manera tal que existe una serie de parámetros que determinan su distribución en todas las entidades de la República. De la misma forma, cuando los recursos se encuentran para su distribución en las entidades, en los municipios también existe una serie de criterios para distribuirlos en cada uno de ellos. Ello implica que se considere la población, el territorio, la pobreza y algunos otros aspectos.

El día de hoy se hace una propuesta en el ámbito municipal. El ámbito municipal es gobernado por lo que conocemos como el cabildo, que está conformado por el presidente municipal, el síndico y los regidores –en algunas entidades se le denomina municipio y en otras se le denomina de otra forma. La distribución de los recursos se hace a criterio de cada uno de los que conforman este cabildo.

Esta propuesta va más allá y toca la estructura orgánica del municipio. En la primera fracción se propone una adición para la distribución del municipio en las tenencias. En una población de varios miles de habitantes, donde el jefe de tenencia –en el caso que se llame jefe de tenencia en la entidad o municipio– es electo por voto directo. Sin embargo, cuando se deciden las políticas públicas en el municipio o cuando se decide la distribución económica no se le toma en cuenta, se le deja al margen.

Por eso, en esta adición estamos proponiendo que el jefe de tenencia, que es electo directamente, forme parte de ese cabildo con voz, para que discuta y aporte en la conformación de lo que es el proyecto ejecutivo anual y de esa forma la tenencia tenga un reconocimiento en la obra y en las políticas públicas que el municipio esté proyectando para el siguiente año.

La otra adición que se propone en esta reforma es a la fracción II, en donde toda vez que los jefes de tenencia son electos por el voto directo, la tenencia tenga una distribución con el mismo criterio que ha tenido el municipio en torno a la entidad. Es decir, si el municipio recibió, en base a esos criterios de población y otros más, una distribución económica para su gasto corriente anual, que el municipio distribuya de acuerdo a las tenencias que conformen su municipio y que el recurso sea distribuido para que exista un desarrollo equilibrado y distribuido de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y de acuerdo a los proyectos de desarrollo.

Ésas son las dos propuestas que hacemos al artículo 115 de la Constitución, por lo que las invito y los invito a que se sumen a esta propuesta.

Pido al presidente que me haga el favor de considerar íntegramente el texto de la iniciativa antes expuesta. Muchas gracias, diputadas y diputados.

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Emiliano Velázquez Esquivel, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto decreto que contiene adiciones a las fracciones I y II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta que realiza la administración pública, teniendo como finalidad, asegurar la satisfacción de una necesidad colectiva en su interés general, que queda sujeta a un régimen especial de derecho público.

Es de reconocer que el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, no pueden por sí mismos proveer el suministro de bienes y servicios, seguridad, obra pública, educación, salud y empleo. Por ello, se requiere de la colaboración interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, a través de mecanismos que coadyuven a un buen gobierno.

El ayuntamiento es el órgano de gobierno que está más cercano a la sociedad y también tiene la obligación de suministrar los bienes y servicios públicos que satisfagan las necesidades para garantizar los derechos de la población. Este orden de gobierno municipal de carácter autónomo cuenta con autoridades auxiliares de la administración pública, que en su función principal y colaborando con el ayuntamiento, salvaguardan el orden de las comunidades, fuera de la cabecera municipal.

El crecimiento de la población fuera de la cabecera municipal, suele ser una causa por la que el cabildo decida elevar a rango de tenencias o su equivalente, a alguna comunidad, para que colabore en la gobernanza en la administración pública municipal.

Es importante atender esta célula de organización municipal tomando en cuenta las necesidades a las que se enfrentan las autoridades auxiliares de la administración pública, que muchas veces no alcanzan los bienes y servicios básicos con los que cuenta la cabecera municipal.

En esta propuesta se plantea que los Municipios que reciben los recursos del presupuesto anual se distribuya en la cabecera y tenencias proporcionalmente con la misma fórmula que se distribuye a los municipios o su equivalente en los distintos rubros del gasto presupuestal, del presupuesto anual asignado a cada municipio o equivalente. Para esta asignación habrá de tomarse en cuenta, el número de población y las necesidades más apremiantes en bienes y servicios de cada una de ellas.

En este sentido es importante que los jefes de tenencia que se eligen por el sufragio directo formen parte del cabildo con el propósito de que esté órgano colegiado funcione considerando la opinión de los jefes de tenencia o su equivalente, de las autoridades que con otra denominación, ejerzan esta función de auxiliares de la administración pública municipal, toda vez que estas autoridades son quienes conocen de manera más directa las necesidades de su comunidad.

Con esta reforma se abre paso a una nueva práctica en la administración pública, a una distribución equitativa del presupuesto municipal, a la obligatoriedad que no estará sujeta a compromisos políticos e intereses partidistas de cada administración municipal en el destino de los recursos, para garantizar mejoras en los bienes y servicios de las comunidades que se encuentran fuera de la cabecera municipal.

Solicito a esta Presidencia disponga lo necesario para que se inserte de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Por lo expuesto y con fundamentos en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 y 57 del Reglamento del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo a las fracciones I y II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...

Son autoridades auxiliares las tenencias y las encargaturas del orden o sus equivalentes, que hayan sido electas por voto ciudadano, de la administración pública municipal o su equivalente en los centros de población fuera de la cabecera municipal, aquéllas que establezca la ley.

Las autoridades auxiliares las tenencias de la administración pública municipal o su equivalente formaran parte del cabildo con derecho a voz formando un consejo de opinión ante el cabildo, en todas las reuniones citadas por el mismo.

...

...

...

...

II. ...

El ayuntamiento o su equivalente designarán un porcentaje del presupuesto recibido con los criterios que se les asigna su presupuesto anual, a las poblaciones que sean elevadas a tenencias o su equivalente.

...

...

A. a E. ...

III. a X. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las legislaturas de los estados tendrán noventa días, después de la entrada en vigor de este decreto, para adecuar sus leyes a esta reforma.

Palacio de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 2010.— Diputados: Emiliano Velázquez Esquivel, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

VERIFICACION DE QUORUM

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí diputado, dígame usted.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Estaba esperando a que el micrófono funcione. Es que ya ven que luego se descompone. Diputado presidente, no se me olvida que me han reclamado muy airadamente nuestros compañeros diputados y compañeras diputadas que quieren trabajar. Le pido la verificación del quórum, porque desde aquí, yo veo que no hay.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Lo invitaría a que se pusiera de pie, diputado, y pudiera observar que hay suficientes compañeras y compañeros para hacer quórum en los términos de ley.

Señoras diputadas y señores diputados, nos acompañan de la Escuela Primaria Doctor Mariano Gerardo López, de Atizapán, estado de México, invitados por el señor diputado Sergio Saldaña del Moral.

Asimismo nos acompañan de la Universidad Autónoma del estado de México, invitados por el diputado Eduardo Yáñez Montaño.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El diputado Aarón Irízar López:Con su venia, señor presidente. Acudo a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de las siguientes consideraciones:

Cada vez es más frecuente la inconformidad manifiesta de adquirentes de casa habitación contra fraccionadores, constructores y promotores de vivienda, quienes sorprenden a los compradores mediante diversas argucias al margen de la ley.

Son muchos los casos en que los proveedores enajenan un bien inmueble sin contar con documentos que acrediten su dominio pleno sobre los mismos, o se abstienen de informar al adquirente sobre la existencia de gravámenes sobre la propiedad del inmueble. Lo que se traduce en una afectación al comprador, con la dilación de la firma de la escritura correspondiente.

Sin embargo, los casos recurrentes de mayor afectación a los compradores derivan de los vicios ocultos en la estructura del bien inmueble y compra-venta, cuando los planos estructurales, arquitectónicos y de instalaciones señalan cualidades que no corresponden a las condiciones reales de calidad que presenta la estructura de la vivienda.

Son frecuentes los casos en que una casa habitación presenta vicios ocultos o deterioros inmediatos después de su adquisición, debido principalmente a deficiencias presentadas en el inmueble.

En previsión de estos excesos, en los que incurren proveedores de vivienda de casa habitación y en perjuicio de los consumidores compradores, la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 73 Quáter, establece: Todo bien inmueble cuya transacción esté regulada en esta ley deberá ofrecerse al consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá ser inferior a un año, contado a partir de la entrega real del bien. En el tiempo en que dure la garantía, el proveedor tendrá la obligación de realizar, sin costo alguno para el consumidor, cualquier acto tendente a la reparación de los defectos o fallas presentados por el bien objeto del contrato.

El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al inmueble al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Una vez que el inmueble haya sido reparado se iniciará la garantía respecto a las reparaciones realizadas, así como con relación a las piezas o bienes que hubieren sido repuestos, y en este sentido continuará respecto al resto del inmueble. No obstante la voluntad del legislador de proteger al consumidor mediante la garantía prevista en la disposición jurídica citada, el periodo de vigencia resulta sumamente inferior, por ser solamente de un año.

Para todos es conocido que si un consumidor adquiere un automóvil, o un electrodoméstico, las garantías superan en todos los casos a más de un año. En este orden de ideas, vale la pena señalar que la vida útil de una vivienda siempre es superior a un año.

Por ello, esta iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que incremente el periodo mínimo de vigencia de la garantía y pasar de un año a cinco años.

Con esta reforma propuesta quedaría fuera de contexto legal lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, que señala también una prescripción de tan sólo un año, solicitándose con esta reforma que pase, igualmente, la garantía y la prescripción en el mismo tiempo, a los cinco años.

En razón de lo anterior, presento el proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, quedando de la siguiente manera:

Único. Se reforman los artículos 14 y 73 Quáter, párrafo primero, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 14. El plazo de prescripción de los derechos y las obligaciones establecidos en la presente ley será de cinco años, salvo otros términos previstos en esta ley.

Artículo 73 Quáter. Todo inmueble cuya transacción esté regulada en esta ley deberá ofrecerse al consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá ser inferior a cinco años, contados a partir de la entrega real del bien. En el tiempo en que dure la garantía, el proveedor tendrá la obligación de realizar, sin costo alguno para el consumidor, cualquier acto tendente a la reparación de los defectos o fallas presentados por el bien objeto del contrato.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es todo, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 14 y 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Aarón Irízar López, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es cada vez más frecuente la inconformidad manifiesta de adquirentes de casa habitación contra fraccionadores, constructores o promotores que en la venta de vivienda sorprenden a los compradores mediante diversas argucias al margen de la ley.

Las inconformidades se expresan con relación a diversos agravios en perjuicio de los adquirentes.

En muchos casos, los proveedores enajenan un bien inmueble sin contar con documentos que acrediten su dominio pleno sobre ellos, o se abstienen de informar al adquirente sobre la existencia de gravámenes sobre la propiedad del inmueble, lo que se traduce en una afectación al comprador, con la dilación de la firma de la escritura correspondiente.

Sin embargo, los casos recurrentes de mayor afectación a los compradores derivan de los vicios ocultos en la estructura del inmueble objeto de la compraventa, cuando los planos estructurales, arquitectónicos y de instalaciones señalan cualidades que no corresponden a las condiciones reales de calidad que presenta la estructura de la vivienda.

En casos frecuentes, una casa habitación presenta vicios ocultos o deterioros inmediatos después de su adquisición, debido principalmente a la construcción deficiente.

Los hundimientos, los desniveles y las fracturas que sufren esas endebles construcciones, así como el deterioro prematuro de sus instalaciones eléctricas e hidráulicas, y de los acabados y accesorios correspondientes, son producto de la negligencia y la carencia de ética profesional con que muchos fraccionadores y constructores de viviendas defraudan la confianza de sus clientes, consumidores o compradores de dichas viviendas, por usar materiales de baja calidad, en aras de abaratar costos y obtener la máxima utilidad.

En previsión de este tipo de excesos en que incurren proveedores de vivienda para casa habitación, en perjuicio de los compradores de dichos inmuebles, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece en el artículo 73 Quáter: “Todo bien inmueble cuya transacción esté regulada en esta ley deberá ofrecerse al consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá ser inferior a un año, contado a partir de la entrega real del bien. En el tiempo en que dure la garantía, el proveedor tendrá la obligación de realizar, sin costo alguno para el consumidor, cualquier acto tendente a la reparación de los defectos o fallas presentados por el bien objeto del contrato.

”El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al inmueble al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma; una vez que el inmueble haya sido reparado se iniciará la garantía respecto de las reparaciones realizadas, así como con relación a las piezas o bienes que hubieren sido repuestos, y continuará respecto al resto del inmueble.”

No obstante la voluntad del legislador de proteger al consumidor mediante la garantía prevista en la disposición jurídica citada, el periodo de vigencia de esa garantía, no inferior a un año, resulta a todas luces breve e insuficiente.

Esto es así porque si un consumidor adquiere un automóvil, la transacción se acompaña con garantía de dos años, en términos generales; y qué decir de la compra de aparatos electrodomésticos y relojes, entre otros bienes muebles, que se garantizan por una temporalidad mayor de tres años.

La vida útil de una vivienda, casa habitación, es mucho más larga que la de un automóvil, un electrodoméstico o cualquier bien mueble; además, para los consumidores resulta prioritaria y de mayor utilidad la adquisición de vivienda para fortalecer el patrimonio y asegurar un albergue digno para la familia.

Por ello, esta iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de incrementar el periodo mínimo de vigencia de la garantía que establece, para que pase de uno a cinco años, en la doble consideración de que con la disposición reformada mejorará la protección del consumidor comprador de vivienda y, por otro lado, promoverá que los fraccionadores, constructores y promotores de ventas realicen sus actividades con la ética profesional necesaria para dar marcha atrás a la defraudación de que hacen objeto a sus clientes, en pro de la justicia social.

En virtud de que con la reforma propuesta en el párrafo anterior quedaría fuera de contexto legal lo dispuesto en el artículo 14 de la propia Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, que señala: “El plazo de prescripción de los derechos y obligaciones establecidos en la presente ley será de un año, salvo otros términos previstos en esta ley”.

Se propone también reformar el artículo 14, para que el plazo de prescripción que prevé pase de uno a cinco años, preservando la salvedad que la propia disposición señala.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 14 y 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Único. Se reforman los artículos 14 y 73 Quáter, párrafo primero, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículos 1.a 13. ...

Artículo 14. El plazo de prescripción de los derechos y las obligaciones establecidos en la presente ley será de cinco años, salvo otros términos previstos en esta ley.

Artículos 15.a 73 Ter. ...

Artículo 73 Quáter.Todo bien inmueble cuya transacción esté regulada en esta ley deberá ofrecerse al consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá ser inferior a cinco años, contados a partir de la entrega real del bien. En el tiempo en que dure la garantía, el proveedor tendrá la obligación de realizar, sin costo alguno para el consumidor, cualquier acto tendente a la reparación de los defectos o fallas presentados por el bien objeto del contrato.

...

Artículo 73 Quintus....

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.— Diputado Aarón Irízar López (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.

ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo y quinto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Juanita Arcelia Cruz Cruz, en mi carácter de diputada federal de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo y quinto del artículo 17 constitucional, en razón de la siguiente exposición de motivos:

Como mexicanos aspiramos a la construcción de una patria democrática, donde una de las premisas fundamentales es el respeto al estado de derecho, entendiendo que como integrante del Estado mexicano, el respeto no debe ser únicamente de los gobernados, sino por aquellos ciudadanos que tienen alguna responsabilidad gubernamental.

De tal premisa resulta necesario comprometer a los órganos administradores de justicia y sobre todo a quienes los integran, a realizar sus funciones dentro del respeto a la Carta Magna.

En el caso de la administración de justicia, independientemente del respeto al derecho sustantivo de las partes, es necesario obligar a nuestros administradores de todos los niveles a que entren al estudio de las cuestiones planteadas y que las resoluciones que dicten se apeguen a lo que fue planteado en la litis por las partes.

Así, los órganos administradores de justicia deben tener la capacidad de satisfacer íntegramente las necesidades de los justiciables. Por tanto, el derecho de una justicia completa implica que el órgano jurisdiccional resuelva los asuntos que son sometidos a su jurisdicción, del tal forma que proporcionen respuesta a todas las cuestiones controvertidas, ya sea favorablemente o no, pero siempre entrando al estudio exhaustivo del asunto planteado.

Así, la garantía de justicia completa referida en el artículo 17 constitucional debe contener los recursos necesarios para que en el caso de que un gobernado acceda al sistema de administración de justicia le puedan ser reivindicados sus derechos, por lo que la actuación de los órganos administrativos de justicia debe hacer que los derechos legítimos efectivamente se satisfagan, resolviendo todo lo que se plantea por las partes que se encuentran sometidas a su jurisdicción.

Bajo esta perspectiva, todas las resoluciones deben satisfacer los principios de congruencia y de exhaustividad. Por congruencia se entiende que la resolución no sólo debe ser congruente consigo misma, sino que debe referirse a la controversia planteada en el proceso, situación que aunada a la exhaustividad mediante la cual el órgano impartidor de justicia deberá apreciar y valorar las pruebas conducentes, resolver sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer por las partes en el proceso ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, con lo cual se obliga al impartidor de justicia a pronunciarse sobre todas y cada una de las cuestiones debatidas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo y quinto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforman los párrafos segundo y quinto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene el derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, exhaustiva, congruente e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales, la plena ejecución de sus resoluciones y las sanciones administrativas a los juzgadores que violen las garantías de justicia del presente artículo.

Las sanciones no podrán modificar el acto que no fue impugnado. Contra tales sanciones no se podrá alegar consentimiento del acto de la parte afectada.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de marzo. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

Juanita Arcelia Cruz Cruz, en mi carácter de diputada federal a la LXI Legislatura del esta honorable Cámara de Diputados; Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los párrafos segundo y quinto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

Como mexicanos, aspiramos a la construcción de una patria democrática, donde una de las premisas fundamentales es el respeto al Estado de derecho, entendiendo que como integrantes del Estado Mexicano, el respeto no debe ser únicamente de los gobernados, sino por aquellos ciudadanos que tienen alguna responsabilidad gubernamental.

De tal premisa, resulta necesario comprometer a los órganos administradores de justicia y sobre todo a quienes los integran, a realizar sus funciones dentro del respeto a la Carta Magna.

En el caso de la administración de justicia, independientemente del respeto al derecho sustantivo de las partes, es necesario obligar a nuestros administradores de todos los niveles a que entren al estudio de las cuestiones planteadas y que las resoluciones que dicten se apeguen a lo que fue planteado en la litis por las partes.

Así, los órganos administradores de justicia deben tener la capacidad de satisfacer íntegramente las necesidades de los justiciables. Por lo tanto, el derecho a una justicia completa implica que el órgano jurisdiccional, resuelva los asuntos que son sometidos a su jurisdicción de tal forma que proporcionen respuesta a todas las cuestiones controvertidas, ya sea favorablemente o no, pero siempre entrando al estudio exhaustivo del asunto planteado

Así, la garantía de justicia completa referida en el artículo 17 Constitucional, debe contener los recursos necesarios para que en el caso de que a un gobernado acceda al sistema de administración de justicia le puedan ser reivindicados sus derechos por lo que la actuación de los órganos administrativos de justicia debe hacer que los derechos legítimas efectivamente se satisfagan, resolviendo todo lo que se plantea por las partes que se encuentren sometidos a su jurisdicción.

Bajo esta perspectiva, todas las resoluciones deben satisfacer los principios de congruencia y de exhaustividad. Por congruencia se entiende que la resolución no sólo debe ser congruente consigo misma sino que debe referirse a la controversia planteada en el proceso, situación que aunada a la exhaustividad, mediante la cual el órgano impartidor de justicia deberá apreciar y valorar las pruebas conducentes resolver sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por las partes en el proceso, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, con lo cual, se obliga al impartidor de justicia, a pronunciarse sobre todas y cada una de las cuestiones debatidas.

Actualmente, nuestra Carta Magna establece el término de justicia “completa” para referirse a lo que el Poder Judicial federal ha interpretado como justicia exhaustiva, situación por la cual, se propone realizar un cambio a tal concepto a efecto de que adquiera una interpretación más sencilla a favor del gobernado, adicionando también como garantía de justicia la congruencia que debe tener una resolución en nuestro sistema jurídico.

A efecto de no generar únicamente una norma dogmática en la que no suceda nada en caso de que un juzgador no la cumpla, se propone que las legislaturas locales, así como este honorable Congreso de la Unión, modifiquen la legislación secundaria, a efecto de que los juzgadores que violenten tales garantías de justicia sean sancionados, independientemente de que sus resoluciones puedan ser revocadas por el superior en jerarquía.

La pretensión de esta propuesta no es invadir el ámbito de impartición de justicia en el sentido de que si una de las partes no recurre mediante los medios de impugnación ordinarios o extraordinarios, no podrá pedir revocación de la resolución, no obstante que mediante el procedimiento sancionatorio el juzgador sea castigado administrativamente.

La finalidad principal es que los juzgadores se responsabilicen administrativamente de sus resoluciones con el propósito de elevar la calidad de la administración de justicia, ya que en la práctica del derecho, es posible advertir de manera consuetudinaria sentencias, laudos o resoluciones en las cuales se emite el juicio sin sustento argumentativo que justifique los motivos del juzgador para arribar a su juicio; en otros casos, tenemos sentencias excesivamente cargadas de hojas, pero son simplemente repeticiones de lo emitido por las partes en juicio sin que se motiven, y contrapongan los argumentos de las partes para la emisión del juicio.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los párrafos segundo y quinto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforman los párrafos segundo y quinto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, exhaustiva, congruente e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

[...]

[...]

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales, la plena ejecución de sus resoluciones y las sanciones administrativas a los juzgadores que violen las garantías de justicia del presente artículo. Las sanciones podrán modificar el acto que no fue impugnado. Contra tales sanciones no se podrá alegar consentimiento del acto de la parte afectada.

[...]

[...]

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Señoras y señores diputados, se encuentra entre nosotros un grupo de ciudadanos originarios del estado de Coahuila, invitados por el señor diputado Rubén Moreira Valdez. Sean ustedes bienvenidos.

Asimismo, tenemos entre nosotros a universitarios de Estudios Tecnológicos Avanzados para la Comunidad, de Coacalco, estado de México, invitados por el diputado Héctor Guevara Ramírez. Sean ustedes bienvenidos.

LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PRD y de Nueva Alianza.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PRD y de Nueva Alianza

Los diputados integrantes de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Pilar Torre Canales y Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; en uso de la facultad que les confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numeral 3, 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter al pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

La construcción de un Estado social y de derecho democrático, tiene como principio primordial instituir un orden jurídico integrado por diversas normas, las cuales constituyen uno de los pilares fundamentales para el Estado como constructor y garante del estado de derecho.

En este contexto, se creó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, misma que conforma las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad consagrando en diferentes artículos la obligación del Ejecutivo federal de emitir el reglamento necesario para hacer efectiva la aplicación de esa Ley.

Consecuentemente la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados se publicó en el 2005, ordenamiento que contiene los principales lineamientos sobre bioseguridad para la siembra de maíz transgénico como son: el Régimen de Protección Especial del Maíz, la determinación de centros de origen y de diversidad genética, las zonas libres de transgénicos, así como el resguardo de la producción orgánica y de aquellos productores que quieren evitar la contaminación de sus cultivos con transgénicos, por tanto este ordenamiento tiene como finalidad determinar las bases de las áreas geográficas libres de Organismo Genéticamente Modificados donde se prohíba y se restringa actividades con productos genéticamente modificados.

Respecto de lo anterior es principalmente en el artículo 2 de la Ley de Bioseguridad donde fraccionariamente están los lineamientos sobre la protección del maíz.

Posteriormente en 2008 se creó el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, marco legal que debería contener los mecanismos de bioseguridad que permitan la protección del ambiente frente a la liberación de organismos genéticamente modificados para el cultivo de maíz transgénico, no fue así, porque únicamente se preceptuó en el artículo 65 “El Régimen de Protección Especial del Maíz se conformará por las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que establezca la autoridad”.

Su artículo Transitorio Quinto, refería, “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo octavo transitorio de este Reglamento, las solicitudes de permisos presentadas con antelación a su entrada en vigor y aquellas que se presenten en tanto no se emitan los acuerdos a que se refiere el artículo 86 de la Ley, deberán ser resueltas por la Secretaría competente previa consulta con las instituciones señaladas en el citado artículo”.

En lo concerniente al artículo Octavo Transitorio se concedió un tiempo perentorio el cual establecía que “Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de este Reglamento, la Semarnat y la Sagarpa deberán emitir las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que conformen el Régimen de Protección Especial”, para dar cumplimiento a lo referido en el artículo 2, de la Ley de Bioseguridad, que en su parte conducente refiere sobre medidas que sean necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación de maíz. Es de precisar que las autoridades correspondientes nunca cumplieron con esta disposición de emitir las disposiciones de bioseguridad.

Como podemos observar en la Ley de Bioseguridad no existe un Título o Capítulo específico con las disposiciones jurídicas que regulen la bioseguridad de los organismos genéticamente modificables ni el Régimen de Protección Especial al Maíz, aunque en el Reglamento existe un Título Décimo Segundo del Régimen de Protección Especial del Maíz con un solo artículo 65 el cual es ambiguo, por tanto existe una laguna jurídica en ambos ordenamientos, en cuanto a que en la Ley de Bioseguridad no hace referencia específica en un capítulo ni en el Reglamento solo se establece un artículo ambiguo que le deja a la autoridad la responsabilidad de tomar las decisiones para resolver sobre los permisos en razón que en ninguno de los dos existe un capítulo del régimen de protección especial para el maíz.

Sin embargo, el pasado 6 de marzo 2009 se publicó un “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados”. Mediante esta modificación al Reglamento, reformó el artículo 65 creando los artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, disposiciones jurídicas que conforman supuestamente el Régimen de Protección Especial del Maíz.

De igual manera, se modificó el artículo Quinto transitorio y se derogó el Octavo Transitorio, los cuales hacían referencia a que estas disposiciones, que ya hoy se encuentran en el Reglamento, fueran emitidas vía acuerdo de la Sagarpa y la Semarnat.

El Quinto transitorio ahora consagra “Las solicitudes de permisos presentadas con antelación a la entrada en vigor del presente Reglamento y aquéllas que se presenten en tanto no se emitan los acuerdos a que se refiere el artículo 86 de la Ley, deberán ser resueltas por la Secretaría competente previa consulta con las instituciones señaladas en el citado artículo”.

El artículo 70 señala que la Sagarpa y Semarnat deberán promover la conservación in situ de razas y variedades de maíces criollos mediante mecanismos de fomento  para la conservación de la biodiversidad y el uso de semillas de maíces criollos en proyectos estratégicos que destinen su producción a mercados específicos y a la atención de oportunidades comerciales.

Igualmente en el Decreto se deroga el artículo transitorio del Reglamento de la Ley de Bioseguridad, el cual ordenaba la publicación de un Régimen de Protección Especial al Maíz, con el fin de preservar las variedades de maíz existentes en todo el país y establecer claramente los centros de origen y diversidad de este grano; y en su lugar implementa el artículo 73. “Las actividades relacionadas con la protección del maíz contarán con un apartado específico en el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad.”, en el que se relega la acción del Régimen a un instrumento no jurídico.

Evidentemente de las modificaciones al Reglamento se desprende la ausencia de un marco jurídico que permita que la Secretaría de Agricultura y la de Medio Ambiente puedan resolver las solicitudes de permisos para efectuar las siembras experimentales de maíz.

Finalmente la Protección Especial para el Maíz, ni para otros granos no está consagrada ni en la Ley de bioseguridad ni por el Reglamento aun reformado, por tanto se debe reformar la Ley Bioseguridad para hacer la integral y no sólo especifica.

Considerando todo lo anterior el objeto de la presente iniciativa es crear el Título de Régimen de la Ingeniería Genética y Protección Especial del Maíz en la Ley de Bioseguridad, el cual contendrá las disposiciones jurídicas relativas con la bioseguridad que conformen el Régimen de Protección Especial del Maíz, necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación al ambiente del maíz y otros granos como de organismos genéticamente modificados.

Indiscutiblemente se requieren disposiciones específicas para la regulación de la liberación al ambiente de cualquier tipo de grano y maíz como de organismos genéticamente modificados a través de la ingeniería genética, por lo que es inevitable establecer de manera precisa las acciones específicas y concretas bajo las cuales se llevará a cabo la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificado para la protección de dichos recursos biológicos, sus razas y variedades, así como sus parientes silvestres.

La regulación se hace necesaria, en razón que la alteración se lleva a cabo por medio de la ingeniería genética, la cual consisten en aislar segmentos del ADN o sea el material genético de un ser vivo como virus, bacteria, vegetal, animal e incluso humano para introducirlos en el material hereditario de otros organismos, convirtiéndose en un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes, por consecuencia debe estar regulada para evitar daños en la salud del ser humano como del medio ambiente.

En este sentido y tomando en cuenta las modificaciones al Reglamento de la Ley de Bioseguridad es necesario hacer mención del principio de la Facultad Reglamentaria, principio de reserva de la ley, el cual se refiere a la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados, mismo que prohibe al Reglamento abordar materias reservadas en exclusiva a las facultades de emitir leyes por parte del Congreso.

Aunado a lo anterior, existe el principio de subordinación jerárquica, el cual exige que el Reglamento esté precedido por una Ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice donde debe sustentar una justificación jurídica, no a contrario sensu, es decir que la Ley se subordine al Reglamento.

Por tanto el Reglamento debe su obligatoriedad a partir de su origen definido por la Ley de la cual deriva, en ese tenor no puede rebasar el ámbito de aplicación de la Ley, ni extenderlo con supuestos distintos, ni mucho menos, contradecirla; por ello los contenidos reglamentarios no pueden usarse para llenar lagunas de la ley de origen.

Consecuentemente el reglamento es una norma de carácter general, abstracta e impersonal, expedida por el titular del Poder Ejecutivo, con la finalidad de lograr la aplicación de una ley previa jerárquicamente subordinada a esta última, a las cuales no deben contravenir, esto lo ha manifestado el máximo órgano jurisdiccional en las tesis 2a./J. 47/95, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1995, página 293, bajo el rubro “Facultad reglamentaria”, que a la letra dice: “La concepción jerárquica de las normas sobre los reglamentos, establece la subordinación de las leyes federales a las que deberá el reglamento, la instrumentación de una disposición jurídica reglamentaria, se formula en los niveles jerárquicos inferiores”.

Como se aprecia las modificaciones al reglamento rebasan su potestad jurídica al violar la Ley de Bioseguridad por eliminar el Régimen de Protección Especial del Maíz, relegándolo a un instrumento de carácter no jurídico y por tanto, no obligatorio para proteger las variedades de granos al contravenir con la propia Ley.

Aunado a esto el Reglamento no fue dado a conocer con anticipación a los órganos de consulta obligatoria ordenados en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados en sus artículos 20 y 21, además deroga el artículo QUINTO transitorio que ordenaba la publicación de un Régimen de Protección Especial al Maíz, en plazo y tiempo determinado, mismo que nunca cumplió la autoridad administrativa.

Con la modificación al Reglamento de la Ley de Bioseguridad, el Poder Ejecutivo hizo caso omiso a los tres mandatos preceptuados en la Ley: como eran, el Régimen de Protección Especial del Maíz, definir las bases de las normas oficiales mexicanas en materia de bioseguridad y establecer centros de origen y diversidad genética para este grano.

Estos fueron, hasta antes de la modificación, las prohibiciones de ley para negar la liberación de maíz transgénico al medio ambiente en nuestro país, por el contrario el Ejecutivo los modificó.

Indudablemente la modificación al Reglamento viola el artículo 2, fracción II, de la LBOGM, que ordena el establecimiento de un régimen de protección especial del maíz. Contra este mandato, la modificación del reglamento, en su artículo 73 reduce este régimen a un apartado en el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad; violando la fracción XII del mismo artículo que estipula establecer las bases de las normas oficiales mexicanas en materia de bioseguridad; así como viola el artículo 86, que exige establecer centros de origen y diversidad genética.

Por tanto jurídicamente las violaciones por el reglamento a la Ley de Bioseguridad, lo hacen NULO de pleno derecho, de ahí que para eliminar un Decreto del Ejecutivo se debe modificar la Ley de Bioseguridad preceptuando la prohibición expresa de la siembra de maíz transgénico que contemplaba el artículo 8 transitorio.

Lo anterior manifestado se debe a que jurídicamente la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados es una Ley además de Federal, de interés público emitida por el Poder Legislativo, a diferencia del reglamento que es una atribución y una obligación del titular del Poder Ejecutivo, en los términos del artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, facultad reglamentaria exclusiva del titular del Ejecutivo.

La protección que otorgue cualquier ley federal de interés público no puede supeditarse a un reglamento o a un acuerdo administrativo.

De ahí que el acuerdo emitido por los titulares de Sagarpa y Semarnat no se fortalecen como actos jurídicos para la creación de un régimen de protección para el maíz.

En estricto sentido la normatividad aplicable es una Ley Federal de Interés Público, o sea la Ley de Bioseguridad debe establecer el Régimen de Protección Especial para el Maíz.

Con independencia de lo anterior, científicamente se han hecho estudios respecto de los alimentos transgénicos y sus riesgos a la salud humana, los organismos genéticamente modificados o transgénicos, son aquellos a los cuales se les ha introducido genes extraños de otras especies, creando seres que nunca antes han existido en la naturaleza. Así tenemos que los organismos transgénicos más comunes a nivel mundial modificados son aquellos cultivos de mayor importancia comercial como soya (58%), maíz (23%), canola (raps) (12%) y algodón (6%).

Actualmente se cuenta con investigaciones de científicos independientes a la industria agro-biotecnológica que demuestran los impactos negativos al medio ambiente como a la salud humana, lo cual ha ocasionado que países como Francia, Grecia, Hungría y Austria impusieran moratoria a la liberación de maíz transgénico de la empresa Monsanto, empresa beneficiada con un permiso, en nuestro país.

Las modificaciones genéticas más usuales son las que incorporan genes de una bacteria la cual permite que las plantas resistan a herbicidas. De esta manera soólo las malezas y no el cultivo mueren al ser rociados con herbicidas, la resistencia a herbicidas cubre el 74 % de los cultivos transgénicos mundiales.

No obstante el desarrollo científico en materia de organismos genéticamente modificables natural al desarrollo de la ciencia, vemos como los organismos transgénicos es para lo que fueron creados, esto fue por intereses comerciales, debido a que las empresas de pesticidas, al verse en la necesidad de aumentar sus ventas, comenzaron a transformarse en compañías de semillas y biotecnología para formar plantas transgénicas resistentes a sus propios herbicidas.

Lo que debe prevalecer la seguridad de la ingeniería genética a partir de una regulación del Estado, que disminuya los riesgos que con llevan los intereses económicos, ya que se tiene referencia que se han creado paquetes tecnológicos en donde las empresas venden las semillas transgénicas a mayor precio pues son patentadas, con el herbicida que ellas producen, además de hacer un contrato el cual prohíbe a los agricultores resembrar, y por lo tanto deben comprar semillas con las mismas empresas.

Por lo tanto, los alimentos transgénicos no solo obedecen a un desarrollo científico para el consumo humano, sino de acuerdo a intereses económicos para resolver problemas agronómicos y comerciales de las empresas biotecnológicas y de agroquímicos, las cuales han inundado el mercado con alimentos transgénicos, de opción alimenticia impuesta por intereses comerciales.

Otra importante aportación al tema fue el Taller que se realizó el 12 de junio de 2006 en la Cámara de Diputados con expertos del tema en el que se discutió el contenido del Régimen de Protección Especial del Maíz. El consenso fue una amplia preocupación por la conservación del maíz, misma que se expresó en un Manifiesto que se publicó en prensa y que entre otras conclusiones, destaca: “el Régimen debe implementar una moratoria a la siembra de maíz transgénico en campo, de cualquier tipo, ya sea experimental o de pequeña escala, hasta que no se lleve a cabo un plan nacional de Protección de la Diversidad del Maíz Mexicano.”

Los experimentos o investigaciones han registrado riesgos por ejemplo en 2005: luego de una demanda de Greenpeace, una corte alemana ordenó a Monsanto publicar sus estudios sobre los efectos del maíz Bt MON 863 en roedores, en donde los científicos independientes reportaron altos índices de toxicidad en los órganos internos de los roedores usados en el estudio.

En este sentido considerando el tema de los Organismos Genéticamente Modificados el propósito de la presente iniciativa, es crear el Título IX del marco jurídico para la investigación, desarrollo, aprovechamiento del fomento de las actividades científicas, técnicas de los organismos genéticamente modificables conforme al régimen de protección especial para el maíz.

Lo anterior considerando que en la Ley de Bioseguridad los Organismos Genéticamente Modificados, prevé un sistema de protección de bioseguridad y biodiversidad compuesto de diversos elementos jurídicos que en su conjunto permiten al Estado cumplir con el fin de prevenir, evitar o reducir de alguna manera los posibles riesgos que estas actividades que pudieran ocasionar principalmente a la salud humana, al medio ambiente como a la diversidad biológica sin omitir la sanidad animal, vegetal y acuícola. Por tanto se tendría que recorrer los demás Títulos en su orden cronológico.

El presente título consagrará los procedimientos, como estudios, sobre los riesgos antes de poner en funcionamiento cualquier empresa para realizar experimentos de organismos genéticamente modificables, respecto de las propiedades del organismo donante, del organismo receptor, pero principalmente de los organismos modificados genéticamente, así como las consecuencias del organismo modificado en materia de salud humana, medio ambiente, sanidad animal, vegetal y acuícola.

El propósito de los estudios es hacer una evaluación de los resultados sobre los riesgos posibles, para calificar todo experimento con organismos genéticamente modificables estableciendo como mínimo una escala de cuatro niveles de seguridad biológica, sino se da dentro de los niveles de seguridad la autoridad competente no otorgará el permiso correspondiente.

Las empresas que cumplan con los niveles 3 y 4 biológicos, podrán pedir ante los organismos estatales las autorizaciones para que a su vez estos tengan que solicitar la opinión de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado.

Con estas disposiciones legales las decisiones administrativas concernientes a los órganos genéticamente modificables no quedarán a su arbitrio ya que tendrán un procedimiento que sirve asimismo para legitimar dichas decisiones evitando que se cometan abusos, paliando de alguna manera en la falta de legitimación y protección que implica la relativa inhibición legislativa en estos ámbitos.

Ahora bien el articulado consagrará la evaluación del riesgo, tanto para la salud humana como para los distintos elementos que integran el medio ambiente, siendo lo fundamental para otorgar la autorización que permita la posterior la autorización de los permisos, además de considerar necesario fijar los procedimientos y criterios para la evaluación caso por caso de los riesgos potenciales derivados de la liberación intencional de organismos Modificables Genéticamente en el medio ambiente, así como establecer un método común de evaluación de riesgos ambientales basado en un informe científico independiente, lo cual servirá para proteger a la agricultura libre de transgénicos, contra daños considerables a través de la propagación cruzada, entre mezclamientos, aditivos y otros accesos de los organismos modificables genéticamente.

De esta manera el objeto del Titulo IX es regular, reglamentar y establecer el procedimiento para la introducción, producción, liberación y comercialización de Organismos Modificados Genéticamente, así como la preservación de los recursos genéticos del país de los posibles impactos derivados de la utilización de estos órganos, modificados que afecten su conservación como aprovechamiento sostenibles, prohibiendo la introducción en el mercado de producto vegetal alguno consistente o proveniente de Organismos Genéticamente Modificados para ser liberados intencionalmente sin haberlo sometido previamente a las pruebas establecidas en la fase de investigación y desarrollo en los ecosistemas que pudieran verse afectados por su utilización.

Por tanto se prevendrá, mitigará compensará o minimizará las consecuencias adversas que puedan ocurrir sobre la producción agropecuaria y los agro ecosistemas, derivados de la utilización de estos Organismos, estableciendo el procedimiento de autorización para la introducción en el mercado, de productos consistentes o provenientes de Organismos Genéticamente Modificados.

El título se estructura en 35 artículos un capítulo comprendidos, respectivamente, en las disposiciones generales; la utilización confinada, liberación voluntaria con fines distintos a la comercialización y a la comercialización de organismos modificados genéticamente; a la regulación de las obligaciones tributarias, y a la vigilancia, control y régimen sancionador.

De ahí que los elementos fundamentales del Título, es tanto la eliminación de los organismos genéticamente modificados de los genes marcadores de resistencia que tienen  efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente como la protección de la agricultura libre de transgénicos, para que los agricultores orgánicos y convencionales, queden protegidos contra el predominio indebido de los Organismos modificados, pudiendo incurrir directamente en responsabilidad los agricultores que utilicen ingeniería genética, conjuntamente y separadamente, responsables por la polución de organismos modificados genéticamente en cultivos libres de Organismo Genéticamente Modificados, independientemente de la culpa.

Se consagrara la protección de zonas ecológicamente vulnerables con el objeto de garantizar la protección contra la polución de Órganos Genéticamente Modificables en zonas ecológicamente sensibles, permitiendo a la autoridad del medio ambiente la intervención directa de las autoridades del medio ambiente, así como un registro federal con información detallada acerca de las tierras en los cuales se permitan el cultivo de Órganos Genéticamente Modificables, información que se guardara durante 15 años misma que no será confidencial.

Por último, dado su efecto inmediato en su ámbito, corresponde, así mismo al Estado otorgar la autorización para la investigación, experimentación, técnica, científica, comercialización, importación y exportación de organismos modificados genéticamente o de productos que los contengan.

Evidentemente la dificultad de predeterminar legalmente el sentido de la actuación de la administración se justifica, hace necesario que el Legislador regule el procedimiento administrativo, para garantizar la legitimidad de la resolución, otorgando a las autoridades administrativas certidumbre en sus actuaciones, toda vez que el bien jurídicamente tutelado es la vida, la salud humana, así como los distintos elementos que integran el medio ambiente que la hacen posible, y, con ello, el respeto de los derechos e intereses fundamentales que se están protegiendo, incluso frente a posibles riesgos.

Sabemos que los organismos modificados genéticamente representan un una amenaza real o potencial por sus posibles riesgos, sino se regulan y reglamentan correctamente para la producción agropecuaria y la sostenibilidad de los agroecosistemas, lo cual será un aporte para la ciencia, la producción de alimentos y materias primas.

De ahí que el Legislador tiene que adoptar medidas de prevención aun en el caso de que los bienes estén constitucionalmente protegidos al ser amenazados por particulares, por no estar adecuadamente normados. Además esos derechos prevalecen en caso de conflicto sobre la propiedad y las libertades científica y de empresa, por eso la necesidad de justificar su limitación, de manera que la utilización de una tecnología de alto riesgo para la vida y la salud como la cuestionada necesita de un permiso especial del Legislador, ciertamente, este dispone de un amplio margen de apreciación para cumplir con su obligación de protección, derivadas de los derechos fundamentales imponen al Legislador la obligación de protegerlos.

Con la reforma tendremos normas con eficacia jurídica, porque si las normas secundarias se desarrollan sobre investigaciones y conceptos equívocos, es casi inevitable que afecten derechos y garantías.

De lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, sometemos a la consideración del pleno la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados para crear el Título IX Del régimen de protección especial para el maíz y de organismo genéticamente modificables, para quedar como sigue:

Título IXRégimen de Protección Especial para el Maíz y de Organismos Genéticamente Modificables

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo. 110.El objeto del presente título es proteger la vida, la salud de los seres humanos, animales y plantas, así como la estructura del medio ambiente en general, los bienes materiales de cualquier posible riesgo en los procedimientos de modificaciones genéticas de los productos y evitar la aparición de los riesgos, conservando la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos.

Se establece el marco jurídico para la investigación, el de-sarrollo, utilización y promoción de las posibilidades científicas, tecnológicas y económicas inherentes a la investigación y experimentación genética para distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados.

Artículo 111. El ámbito de este título se aplicará a las empresas dedicadas a la experimentación, investigación científica y técnica de modificaciones genéticas, la liberación y comercialización de los productos compuestos de organismos modificados genéticamente.

Artículo 112. Para los efectos de esta título se entenderá por organismo cualquier órgano biológico capaz de reproducirse o de transferir material genético, entendiéndose por:

I. Biodiversidad o Diversidad Biológica: la alteración o cambio de los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos, incluyendo la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas;

II. Biotecnología: Toda aplicación Tecnológica que utiliza recursos biológicos, con organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

III. Cualquier operación de ingeniería genética con fines comerciales en donde los niveles de operación sean en el nivel 4.

IV. Comité de Seguridad: es el personal de seguridad de biotecnología es la persona o grupo de personas, en cargado de comprobar si los jefes de proyecto de investigación experimentación cumplen con sus responsabilidades de asesorar a los investigadores y los operadores.

V. Distribuidor: toda persona física o moral o asociación no constituida en sociedad que en virtud de su nombre construye u opera una instalación de ingeniería genética, para realizar las operaciones o la emisión o ponga en el mercado por primer vez los productos que contengan o estén compuestos de organismos genéticamente modificados, sin la autorización para ser suministrado en el mercado de la descendencia o el material de reproducción, mientras que no tengan la autorización establecida en el artículo 125 fracción II para lo que fue concedido, de conformidad con el artículo 123 fracción I y II, que permite la distribución o comercialización en el mercado de la descendencia o el material de reproducción.

VI. Distribución:en el mercado significa que el suministro de productos que contengan o estén compuestos por organismos genéticamente modificados a terceros y la introducción a menos que los productos estén destinados a las operaciones de ingeniería genética en las instalaciones de experimentación de los temas autorizados, bajo la supervisión de las autoridades de bioética para el propósito de los ensayos clínicos no se considerará como comercialización o distribución en el mercado.

VII. Experimentosque no se considerarán técnicas que alteraren el material genético:

a. La fertilización in Vitro;

b. Conjugación, transducción, transformación o cualquier otro proceso natural;

c. Inducción poliploide a menos que impliquen la utilización de organismos modificados genéticamente como donantes o receptores o de la utilización de moléculas de ADN recombinante.

d. Alteración del material genético mutagénesis;

e. Alteración celular y la fusión de protoplastos de células vegetales que pueden ser regenerados en dichas plantas que también pueden ser producidos por métodos tradicionales de cultivo.

A menos que los organismos modificados genéticamente se utilizan como donantes o receptores, siempre que no implique la liberación o la comercialización en el mercado.

VIII. Instalación de la ingeniería genética: cualquier instalación en la que figuran las operaciones de ingeniería genética dentro del nivel 2 se llevan a cabo y donde se utilizan las barreras físicas, si es necesario, con adicionales las barreras biológicas, químicas o una combinación de barreras biológicas y químicas, para reducir al mínimo el contacto de los organismos utilizados con seres humanos y el medio ambiente.

IX. Investigador: es cualquier persona que, como parte de sus responsabilidades profesionales, lleva a cabo la dirección, planificación, gestión o supervisión de una operación de ingeniería genética o de la liberación.

X. Inspectores de medidas de Seguridad, verificarán la producción de los niveles de las medidas de seguridad de las de técnicas de funcionamiento que cuente con el equipo establecido de ingeniería genética dentro de las instalaciones.

XI. Medidas de seguridad de la biotecnología significa el uso de organismos receptores y vectores con cierto riesgo de reducción de las propiedades,

XII. Niveles de seguridad son las operaciones de ingeniería genética clasificados según su riesgo permitido.

XIII. Organismo: cualquier órgano biológico capaz de reproducirse o de transferir material genético, incluyéndose dentro de este concepto a los órganos microbiológicos, sean o no celulares,

XIV. Operaciones de modificación genética es la producción de organismos genéticamente modificados,

XV. Organismo Genéticamente Modificado: se entiende cualquier organismo del material genético que ha sido modificado de una manera que no sea por medio del apareamiento o la recombinación natural. Las técnicas de modificación genética del material dentro de estos términos serán, en particular:

a) Técnicas de ADN recombinante a partir de sistemas de vectores;

b) Técnicas que suponen la incorporación directa en un organismo de material hereditario preparado fuera del organismo, incluidas la microinyección, microencapsulación, y la encapsulación;

c) Fusión de células o de hibridación mediante el cual las células vivas con nuevas combinaciones de material genético que se forman a través de métodos que no se producen naturalmente.

XVI. Operación de ingeniería genética con fines de investigación: cualquier operación destinada a la enseñanza, la investigación o el desarrollo de los propósitos o una operación no industrial o con fines no comerciales, que se realiza en pequeña escala.

XVII. Uso, reproducción, almacenamiento, destrucción o eliminación, así como en la planta de transporte de los organismos genéticamente modificados, siempre que no haya sido ya autorizado aún para su liberación o la comercialización en el mercado de los efectos de una posterior introducción en el medio ambiente.

XVIII. No se considerarán como técnicas de alterar el material genético:

a) Ya sea para la producción de células somáticas de hibridoma humano o animal;

b) La auto-clonación de no patógenos, organismos naturales si no contienen agentes extraños y tienen un historial bien documentado y amplio de utilización segura o de incorporación de barreras biológicas, que confieren supervivencia y multiplicación limitadas, sin consecuencias adversas, consecuencias en el medio ambiente, al menos que los organismos modificados genéticamente se utilizan como donantes o receptores.

XIV. Vector significa un soporte biológico introduciendo segmentos de ácido nucleico en una nueva célula.

Artículo 113. Un grupo de expertos científicos tanto privados como de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, con el nombre de la “Comisión de Vigilancia para la Seguridad de la Biotecnología”, encargados de prevenir, mitigar, compensar, minimizar y verificar los experimentos genéticos que estén dentro de los niveles biológicos 3 y 4 permitidos, para evitar efectos adversos que puedan ocurrir sobre la producción agropecuaria y los agro ecosistemas derivados de la utilización de Órganos Modificables Genéticamente. Esta Comisión de Vigilancia estará integrada por:

I. Por trece expertos 6 privados y 7 de la Comisión de bioseguridad, preferiblemente, con particular experiencia internacional en los ámbitos de la microbiología, biología celular, virología, genética, higiene, ecología y tecnología de seguridad, por lo menos seis que deberán trabajar en el campo de los ácidos nucleicos recombinantes, cada uno de los ámbitos mencionados deben estar representada por al menos un experto, el campo de la ecología por al menos dos expertos;

II. Los científicos serán personas de experiencia calificada en las áreas de la investigación, la industria, la protección del medio ambiente, la seguridad, la promoción de las organizaciones, pertenecientes a centros de estudio, instituciones de investigación, academias o sociedades científicas de reconocido prestigio.

Por cada miembro de la Comisión, existirán dos suplentes, estos serán nombrados de la misma manera que los titulares de cada área, un máximo de dos expertos adicionales podrán ser nombrados como suplentes en los distintos campos en que sea necesario para la ejecución adecuada de sus funciones.

Integrada la Comisión esta propondrá, un máximo de dos expertos adicionales mismos que podrán ser nombrados como suplentes.

III. Los miembros de la Comisión de Vigilancia, se nombrarán conforme al artículo 20 de esta Ley y 55 Fracción I de las Reglas de Operación de la CIBIOGEM, serán nombrados por un período de cuatro años.

Artículo 114.Las funciones de la Comisión de Vigilancia serán evaluar la seguridad conforme a lo establecido por esa Ley, formular las recomendaciones necesarias y pertinentes, asesorar al Gobierno Federal, a las dependencias involucradas en este medio, a los Gobiernos Estatales, en materia de seguridad, específicamente en ingeniería genética.

Las recomendaciones de la Comisión de Vigilancia serán con apego a los niveles y medidas de seguridad establecidas en esta Ley.

La Comisión se compromete a informar a las Comisiones de la Cámara de Diputados relacionadas con la materia, así como al público en general sobre sus actividades por medio de un informe anual.

Artículo 115. Obligaciones generales de cuidar y mantener los registros, sobre la prevención de riesgos:

I. Cualquier persona física o moral que se dedique a la investigación experimentación de órganos genéticamente modificables en laboratorios, lleve acabo operaciones de ingeniería genética, rendirá los informes de los organismos modificados genéticamente que contengan o estén compuestos por organismos modificados genéticamente, con antelación, deberán especificar y evaluar globalmente los riesgos asociados y la adaptación de esta evaluación para el informe de la técnica científica.

Esta evaluación tomará en consideración, en particular, las características de los organismos donantes y receptores, los vectores y los organismos modificados genéticamente, así como los impactos de los organismos anteriores sobre la salud humana y el medio ambiente.

II. El investigador tomará todas las precauciones necesarias de acuerdo con el informe de la ciencia y tecnología, conforme a lo que establece en esta Ley a fin de proteger los intereses legales establecidos en el artículo 111, respecto de los posibles riesgos y para evitar la aparición de tales riesgos.

El investigador garantiza que las instalaciones no representan ningún riesgo conforme a los intereses de esta Ley consagrados en el artículo 113, incluso después de que las operaciones se hubiesen suspendido.

III. Los investigadores y los laboratorios deben mantener el registro sobre los resultados de las investigaciones, experimentos y de las emisiones de la ingeniería genética y, previa solicitud, someter a la autoridad competente.

El Gobierno, previa audiencia de la Comisión de Vigilancia, establece con base en las disposiciones adoptadas y con el consentimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología los requisitos que deberá tener el formato, el contenido detallado de los reportes y las obligaciones de conservar y presentar el último registro.

IV. Toda persona física o moral que realiza investigaciones o experimentos de ingeniería genética o comunicados estarán obligados a nombrar a los directores de proyectos, así como a los jefes de seguridad de la biotecnología o comisiones.

Artículo 116. Los experimentos e investigaciones con organismos genéticamente modificables en los laboratorios de ingeniería genética deben tener niveles de seguridad y medidas de seguridad, las investigaciones y experimentos se clasifican en cuatro niveles de seguridad:

I. Nivel de Seguridad 1 comprende los experimentos e investigaciones de ingeniería genética que, de acuerdo a los registros de las actuales investigaciones respecto de los informes científicos sobre genética, no implica ningún riesgo para la salud humana y el medio ambiente.

II. Nivel de seguridad 2 comprenderá las operaciones de ingeniería genética que, de acuerdo con los actuales registros de las investigaciones respecto de los informes científicos sobre genética, implican un riesgo menor para la salud humana o el medio ambiente.

III. Nivel de seguridad 3 comprenderá las operaciones de ingeniería genética que, de acuerdo con los actuales registros de las investigaciones respecto de los informes científicos sobre genética, implican un riesgo moderado para la salud humana o el medio ambiente.

IV. Nivel de seguridad 4 incluirán las operaciones de ingeniería genética que, de acuerdo con los actuales registros de las investigaciones respecto de los informes científicos sobre genética, la utilización y aplicación dan motivos para sospechar un alto riesgo para la salud humana o el medio ambiente.

A fin de alcanzar los fines especificados en el artículo 110, el Gobierno Federal está facultado, previa audiencia de la Comisión de Vigilancia, para asignar por medio de la autorización del Consejo Consultivo los tipos específicos de investigación y operaciones de ingeniería genética sobre los niveles de seguridad autorizados.

Esta autorización es con base en el potencial de riesgos inherentes a la genética sobre las investigaciones y experimentación de ingeniería genética de que se trate que se identifique a través de las características de la recepción y organismos donantes, los vectores y los organismos genéticamente modificados.

El plan de investigación y operación deberá contener los impactos potenciales sobre los trabajadores, la población, el ganado, los cultivos y el medio ambiente en general, así como garantizar la lucha contra las medidas adecuadas.

V. En el desempeño de las investigaciones y experimentos de ingeniería genética, dentro de los laboratorios y la producción se conservarán los 4 niveles y las medidas de seguridad normados en esta Ley.

El Gobierno Federal, previa audiencia de la Comisión de Vigilancia, podrá autorizar por medio de la aprobación del Consejo Consultivo el laboratorio y la producción de las medidas relacionadas con la seguridad necesaria para los niveles de seguridad individual, así como los requisitos que regulan la selección y evaluación de la seguridad del destinatario o de organismos y vectores utilizados en las investigación y experimentación en la ingeniería genética.

Artículo 117.Para la autorización y aprobación de laboratorios e instalaciones de ingeniería genética será:

I. Las investigaciones y experimentos con órganos genéticamente modificables de ingeniería genética sólo se podrán realizar en laboratorios o instalaciones destinados para la ingeniería genética, conforme a lo consagrado en los artículos 112 fracción VIII de esta Ley.

La autorización de laboratorios e instalaciones para al operación de ingeniería genética estarán sujetas a las disposiciones prevista en esta Ley.

Esta autorización otorga el derecho a realizar las investigaciones y experimentos de ingeniería genética de acuerdo a las especificaciones para el que se le autorizo que será con fines científicos o comercial.

II. Tanto la construcción y operación de las instalaciones con experimentos e investigaciones de ingeniería genética en el nivel de 1 seguridad, darán aviso a la autoridad correspondiente antes de la construcción de las operaciones del inicio programado, de igual manera en caso de que la construcción o, cuando la instalación ha concluido, antes de la fecha prevista inicio de la operación.

III. La solicitud de autorización podrá concederse para:

a). La construcción de una instalación de ingeniería genética o de una parte de dicha instalación.

b) La construcción y explotación de una parte de una instalación de ingeniería genética para conceder una autorización parcial.

IV. Para reformar respecto de la ubicación, diseño u operación de una instalación de ingeniería genética se requiere la autorización de la instalación, conforme a la fracción anterior inciso b.

Artículo 118. Para la manipulación de organismos genéticamente modificables de ingeniería genética con fines de investigación y experimentación se requiere:

I. Para la realización de nuevas investigaciones o experimentos de organismos genéticamente modificables dentro los niveles de seguridad 2, 3 o 4 para fines de investigación se requerirá dar aviso a la autoridad competente para que se conceda el permiso correspondiente antes de la fecha prevista del inicio de las operaciones. Respecto de operaciones de ingeniería genética que se realicen deberán cumplir con:

a) Un depósito internacional, a fin de cumplir con los requisitos del tratado de Budapest, respecto del Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos estipulando el objeto de procedimientos del Registro de Marcas.

b) La metodología de la autoridad competente para analizar una muestra tomada en el marco de la inspección.

II. Para los permisos que se autoricen de investigaciones y experimentos de operaciones de ingeniería genética con fines de investigación a un nivel de seguridad mayor al que comprenden las operaciones cubiertas, deberá considerarse la autorización de emisión de gases de efecto invernadero, además de cumplir con los requisitos del artículo 117, se tendría que conceder una nueva autorización.

III. Para los experimentos e investigaciones de operación e ingeniería genética a nivel 2 de seguridad que ya cuenten con el permiso correspondiente, se puede llevar a cabo, solo bastará dar aviso a la autoridad correspondiente antes de iniciar el proceso.

Artículo 119.Para la investigación y experimentación de órganos genéticamente modificables con fines comerciales se requiere:

I. Para la realización de nuevas operaciones de ingeniería genética en el nivel de seguridad 1, con fines comerciales notificarán a la autoridad competente antes de la fecha prevista del inicio de la investigación.

II. La realización de nuevas operaciones de ingeniería genética en los niveles de seguridad 2, 3 o 4 con fines comerciales, requiere autorización por separado, de cada uno de los niveles.

III. En las operaciones de ingeniería genética con fines comerciales autorizados con un nivel de seguridad mayor del que comprende las operaciones autorizadas, además de cumplir con los requisitos del artículo 117, tiene que solicitar un nuevo permiso de autorización para un nivel mayor.

Artículo 120. Para el Procedimiento de autorización es necesario:

I. Las solicitudes se deberán presentar por escrito.

II. La solicitud de autorización para un laboratorio o instalación de ingeniería genética, deben reunir los requisitos del artículo 118, acompañada de la documentación necesaria para examinar si cumple con los requisitos para poder conceder el permiso de autorización, conforme a lo dispuesto por el artículo 121 respecto de la decisión de la autoridad. La documentación deberá contener los siguientes requisitos e información, en específico:

a) La ubicación del laboratorio o instalación de la ingeniería genética, así como el nombre y la dirección del operador, que debe residir en el país.

b) Nombre del director del proyecto y la documentación con validez oficial de los conocimientos especializados en biotecnología genética.

c) Nombre del jefe de seguridad de la biotecnología y la documentación con validez oficial de los conocimientos especializados.

d). Una descripción detallada de la instalación de la ingeniería genética, así como de los equipos de seguridad para prevención de riesgos.

e) Evaluación de riesgo de acuerdo al artículo 115 fracción I, hará una descripción de la genética de las operaciones previstas, especificando las características de los donantes y receptores de órganos utilizados, los vectores y los organismos genéticamente modificados en los términos del nuevo nivel de seguridad y posibles impactos relacionados con lo ordenado en el artículo 1, de las precauciones previstas.

f) Una descripción de las técnicas disponibles para el registro, identificación y seguimiento de los organismos genéticamente modificado.

g) En relación con las operaciones de ingeniería genética con fines comerciales, debe informar respecto del número de personas su experiencia, la utilización de los desechos residuales, los planes de respuesta de emergencia y sobre las medidas de prevención de accidentes.

III. Toda solicitud para la autorización o concesión para realizar experimentos o investigaciones de ingeniería genética en los niveles de seguridad 2, 3 o 4 con fines comerciales, debe estar conforme a la fracción II del artículo 119, deberá ir acompañada de la documentación necesaria para examinar si cumple con los requisitos para conceder la autorización, la documentación deberá incluir los siguientes requisitos:

a) La descripción de las investigaciones de las operaciones de ingeniería genética.

b) Declaración del director del proyecto precisando, motivo y los fines del experimento con sus consecuencias.

c) La fecha, número de autorización y expiración, construcción del laboratorio o instalación de la ingeniera genética.

d) Una descripción de todas las modificaciones necesarias de los equipos de seguridad para prevención de riesgos

IV. La autoridad competente al momento de recibir la solicitud verificará si presenta toda la documentación solicitada para determinar si cumplen con los requisitos para poder ser autorizado.

Si la solicitud o la documentación es incompleta, la autoridad competente devolverá de inmediato la solicitud y hasta que no cumpla con todos los requisitos no se le concederá la autorización para el experimento.

Las solicitudes deberán reunir los requisitos consagrados en las fracciones I, III o IV del artículo 117, para conceder el permiso, la autorización o negación será por escrito dentro de un plazo no mayor de tres meses.

Cuando la autorización consista en un laboratorio o instalación para las investigaciones o experimentación u operaciones de ingeniería genética de nivel 2 de seguridad para fines de investigación, la autoridad resolverá a más tardar en un mes, si la autorización fuera de las investigaciones que la Comisión no ha concedido permiso conforme a las fracciones I, a III del artículo 117, si la investigación y experimentación construcción o explotación de la instalación de la ingeniería genética en las operaciones de ingeniería genética dentro del nivel de seguridad 2 deben ser con fines de investigación, requiere de autorización de otras autoridades en la materia, estarán a lo dispuesto con la fracción II del artículo 129, consecuentemente el tiempo para autorizar será de tres meses, el tiempo de dicho plazo se suspenderá, en caso de estar en el procedimiento previsto en la fracción I del artículo 127, o si la autoridad este esperando la documentación faltante para resolver.

V. La Comisión publicará en los medios de difusión oficial las autorizaciones o rechazo, así como las observaciones generales del motivo de la autorización o rechazo específicamente en cada caso.

VI. Las solicitudes para autorización o concesión que estén conforme a la fracción II del artículo 119, se resolverá por escrito en un plazo de 3 meses, cuando implique investigaciones dentro del nivel 2 de seguridad biológica para fines comerciales, en caso que las investigaciones o experimentación fueran de las investigaciones que la Comisión no ha concedido permiso por estar conforme a las fracciones I, a III del artículo 117, se suspenderá el término de los tres meses, mientras la autoridad recaba la información respecto de esta tipo de solicitud.

VII. Antes de decidir sobre el permiso, la dependencia competente deberá solicita un informe, a la Comisión de los riesgos que representan las investigaciones o experimentos, así como las medidas de seguridad tecnológicas necesarias respecto del nivel 2 de tipo comercial. Este informe se tomará en cuenta antes de conceder el permiso.

Además la autoridad deberá solicitar las opiniones de las dependencias que se ven afectadas por la empresa.

VIII. Cuando se presente una solicitud para la construcción de un laboratorio o instalación para experimentos o investigaciones de ingeniería genética, deberá de estarse al artículo 18-454 de este título.

Artículo 121.Procedimiento de Notificación, después de ser notificada la autorización, el concesionario deberá rendir el informe de inicio de funcionamiento, en caso contrario  sino se ponen en funcionamiento en un plazo de 3 meses el permiso expirara. En caso de no contestar la autoridad en los términos previstos no se entenderá como aceptado cualquier solicitud. Requisitos:

I. Las notificaciones serán por escrito.

II. Toda notificación deberá estar conforme a la fracción II del artículo 117, deberá ir acompañada con la documentación preceptuada en las fracción II incisos a al f, del artículo 110.

III. Las notificaciones deberán estar conforme a la fracción II del artículo 118, o la fracción I del artículo 119, acompañada de la documentación necesaria para evaluar las investigaciones o experimentos de ingeniería genética. La documentación deberá incluir la siguiente información:

a) La ubicación de la instalación o laboratorio, así como los nombre y dirección de los propietarios y del personal operativo, en caso de ser extranjeros deberán tener una residencia comprobable en el país mínima de 5 años, además de proporcionar dar todos los datos de los lugares donde ha estado en el extranjero, no se concederá cuando los dueños u operadores tengan diversas residencias en el extranjero.

b) El nombre del director del proyecto, y el grado de estudios así como los conocimientos especializados.

c) La fecha y el número de la presentación de la solicitud de autorización, incluyendo la construcción y operación de las operaciones de ingeniería genética.

d) Una descripción detallada del funcionamiento del equipo de seguridad así como las modificaciones pertinentes y arreglos necesarios para su mejor funcionamiento.

IV. Si de la documentación presentada no se pueden evaluar los experimentos o investigaciones de las operaciones de la ingeniera genética, la autoridad competente pedirá al solicitante completar los informes o documentos que hagan falta en un plazo de tres meses máximo.

V. La autoridad competente deberá solicitar, un informe a la Comisión acerca de la seguridad relacionada con la clasificación de las investigaciones y experimentos de las operaciones de ingeniería genética prevista, y las medidas de seguridad necesarias en términos de tecnología de seguridad. Ese informe lo tomará en cuenta la autoridad para tomar la decisión para conceder el permiso.

VI. La autoridad informará al propietario por escrito de la recepción de la notificación y la documentación adjunta.

VII. La autoridad competente resolverá a la notificación de conformidad con el artículo 117 en un período de un mes a más tardar. Si la construcción o uso de la instalación o laboratorios requiere autorizaciones de otras dependencias la autoridad competente solicitará su opinión por tanto resolverá a más tardar en tres meses. Si hiciera falta documentación por parte del solicitante los términos se interrumpirán, concediendo al solicitante 2 meses como máximo para completar lo que hace falta.

VIII. Para las notificaciones conforme a la fracción I del artículo 118, la expiración será un plazo en dos meses, sólo hasta que se conceda el permiso se podrá poner en funcionamiento, las instalaciones o laboratorios. La Comisión publicará en medio oficial , las especificaciones para lo que fue concedido el permiso.

Cuando las investigaciones o experimentos se traten del nivel 2 de seguridad con operaciones de ingeniería genética, el plazo se suspenderá mientras la autoridad recibe la documentación necesaria.

IX. La autoridad resolverá sobre la notificación prevista en la fracción II del Artículo 119, en un período de un mes como máximo. El plazo se suspenderá mientras la autoridad recibe la documentación faltante.

X. Es facultad de la autoridad con la observación de la Comisión condicionar los permisos a ciertos requisitos, pueden limitar su duración o establecer condiciones, en la medida en que sea necesario para salvaguardar los fines especificados en el artículo 110, fracción III del artículo 118.

XI. La autoridad competente podrá prohibir el ejercicio de las investigaciones y experimentos de ingeniería genética, si no se cumplen con los requisitos de la fracción I del artículo 112, misma que será por escrito.

Artículo 122.Requisitos para la autorización de permisos de operación:

I. La autorización para la construcción y operación de una instalación o laboratorio de ingeniería genética, deberá ser conforme a las fracciones I, II y IV del artículo 117 para ser concedido será necesario:

a) No existir ningún hecho que pueda dar lugar a dudas sobre la viabilidad del propietario y las personas responsables de la construcción y gestión de la instalación, así como de la supervisión de la operación de este último,

b) Garantizar que el director del proyecto, así como el jefe de seguridad de la biotecnología cuentan con los conocimientos máximos para el desempeño de sus funciones y tienen la capacidad de cumplir con las obligaciones que le incumben en todo momento.

c) Garantizar que el solicitante cumpla con las obligaciones de la fracción I y II del artículo 115, conforme a las fracciones I y II incisos 111, 113, 114, 115, y 118 del artículo 134 en relación con el de-sempeño de las operaciones de ingeniería genética previstas.

d) Garantizar las medidas necesarias para los niveles de seguridad requeridos de acuerdo a las técnicas empleadas, los conocimientos que se han empleado considerados en esta Ley, conforme al artículo 110,

e) En caso de producción o almacenamiento de armas de tipo biológicas, químicas o toxicas prohibidas por los tratados internacionales suscrito o no por nuestro país.

f) O contravenga otras disposiciones de derecho público o internacional que ponga en peligro la construcción de un laboratorio o instalación de ingeniería genética.

II. Las autorizaciones parciales serán conforme a la fracción III del artículo 117, se concederá siempre y cuando de muestren cumplir con los requisitos de la fracción I del artículo 112, para la construcción y operación para la investigación y experimentación de la ingeniería genética que debe cumplir, además de existir un interés justificado para conceder la autorización parcial.

III. Las autorizaciones que se encuentren dentro de los requisitos de la fracción II del artículo 119, se concederán si cumple con los requisitos de la fracción I incisos a) a f) del artículo 112, para el ejercicio de las investigaciones o experimentación de ingeniería genética.

Artículo 123. Salida y comercialización en el mercado.

I. Cualquier persona que:

a) Ponga a disposición del público organismo genéticamente modificados,

b) Comercialice productos que contengan o estén compuesto por organismos genéticamente modificados,

c) Tenga lugares con productos que contengan o estén compuestos por organismos genéticamente modificados y lo destine para propósitos diferentes para lo que fueron creados.

Requerirá una autorización expedida por la autoridad correspondiente.

La autorización para la liberación o la comercialización en el mercado podrían incluir la materia prima y el material de reproducción de los organismos genéticamente modificados.

II. La autorización referirá la liberación de los diferentes organismos genéticamente modificados en el mismo lugar, así como de un organismo genéticamente modificado especificando los distintos lugares, si el lanzamiento se lleva a cabo con el mismo fin dentro de un período de tiempo limitado.

III. La autoridad para la liberación intencional en el medio ambiente de organismos genéticamente modificables, aplicara la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, previa opinión de la Comisión antes de conceder un permiso, con el fin de aplicar las decisiones de la propia Comisión.

Artículo 124.Documentación necesaria para el lanzamiento y comercialización en el mercado.

I. La solicitud de autorización para liberación deberá ir acompañada de los siguientes documentos. Además de lo solicitado en la fracción II incisos b) y c) del artículo 110, las solicitud deberán contener los siguientes documentos y datos:

a) El nombre y la dirección del dueño y operador,

b) Una descripción del proyecto de liberación en términos del propósito y la ubicación, fecha y duración,

c) Una descripción detallada de las características de seguridad pertinentes del organismo, la fecha de lanzamiento y de las condiciones importantes para la supervivencia, reproducción y difusión este último; documentación sobre las operaciones anteriores en una instalación o laboratorio de ingeniería genética,

d) Descripción de los impactos potenciales de seguridad pertinentes considerando lo especificada en la fracción I del artículo 127.

e) Descripción de las actividades de control previstas y los datos acerca de cualquier contaminación derivados residuales, desechos y su tratamiento como, los planes de respuesta así como las medidas de emergencia.

II. La solicitud de autorización de comercialización debe ir acompañada de la documentación necesaria para examinar si los requisitos de autorización son los mismos, los documentos deberán contener la siguiente información:

a) Nombre y la dirección del propietario y del operador,

b) Nombre y descripción de los productos que se van a comercializar en términos de sus características especificas genéticamente modificados; documentos correspondientes de las operaciones anteriores en la ingeniería genética a la instalación,

c) Una descripción de los usos previstos de los productos y el área de difusión previstas,

d) Una presentación de las medidas de seguridad posibles de los impactos pertinentes por la comercialización conforme a lo consagrado en la fracción I artículo 112,

e) Una descripción de las medidas que se tomarán para controlar el comportamiento futuro o la calidad del producto para ser comercializado y aquellas que se planten por los desechos residuales y su tratamiento, así como de los planes de respuesta en caso de emergencia,

f) Descripción de detalla de las condiciones especiales de aplicación y uso del producto que se pretende comercializar, la sugerencia para el etiquetado y envasado.

Artículo 125. Autorización para la distribución y comercialización.

I. La autorización para la liberación se concederá si:

a) Cumple con los requisitos de conformidad con la fracción I inciso a y b del Artículo 112,

b) Que se garanticen las precauciones que deben adoptarse de acuerdo al conocimiento más avanzado del producto,

c) De acuerdo con los conocimientos científicos actuales, la liberación no es probable que tenga impactos dañino, conforme a lo consagrado en la fracción I artículo 110 que son ilimitados.

II. La autorización para la comercialización se concederá cuando, de acuerdo con el conocimiento científico actual más avanzado, la comercialización no tendrá efectos dañinos, de acuerdo a la fracción I del artículo 110, que son inconmensurables con su propósito.

III. Las solicitudes de autorizaciones de liberación o comercialización, se darán por escrito dentro de un plazo de tres meses, si la autoridad fuese a conceder una autorización de comercialización deberá, dentro de este periodo de tiempo, iniciar el procedimiento de conformidad con los artículos 111 y 112.

IV. Para conceder la solicitud de una liberación se hará de acuerdo con las disposiciones emitidas por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, antes de conceder una liberación antes de conceder cualquier autorización de liberación, así como de cualquier autorización de comercialización.

V. Antes de conceder una autorización, la Comisión examinará y evaluará y verificara que no existe ningún riesgo de potencial conforme a lo estipulado en la fracción I del artículo 122, así como de haber tomado las medidas de seguridad previstas, referidas en los inciso b y c de la fracción VIII del artículo 120 que se aplicarán en consecuencia.

Artículo 126. La confidencialidad de la información serán considerados secretos industriales o comerciales por parte del inventor cualquier información que constituye una actividad industrial de sus inventos, deberá indicar los motivos para justificar que no es posible la divulgación de las actividades industriales, ya que mal empleados podría ser nocivo su instalación sin un debido control. Cuando las autoridades competentes no considera justificado los motivos de la marca, deberá, antes de decidir qué información es confidencial, escuchar al inventor para informarle que será lo confidencial, los datos personales son confidenciales.

I. Los siguientes no serán considerados secretos industriales o de negocios:

a. La descripción de los organismos modificados genéticamente,

b. Nombre y la dirección del director general de la industria,

c. Los resultados de notificación o autorización,

d. La ubicación de la instalación de la ingeniería genética o de la liberación,

e. Métodos y planes para el control de los organismos modificados genéticamente y las medidas de seguridad en caso de emergencia,

f. La evaluación de los efectos previsibles, en particular, patógenos y de alteración ecológica.

II. Cuando un procedimiento de consulta se lleve a cabo conforme al artículo 127, el contenido de la documentación, en la medida en que la información con tenga secretos industriales o comerciales o datos personales en la medida de lo posible, sin revelar estos datos protegidos, serán proporcionados a terceros de forma detallada suficiente para que puedan evaluar en qué medida les afectan los impactos del proyecto.

III. Si el solicitante retira la notificación de un nuevo proyecto o solicitud de autorización, las autoridades competentes deberán preservar la confidencialidad industrial, comercial o personal.

Artículo 127. Procedimiento de consulta.

I. Antes de conceder un permiso para la construcción y operación de una instalación de ingeniería genética en donde las investigaciones experimentos u operaciones de ingeniería genética estén dentro de los niveles 3 y 4 con fines comerciales.

La autorización de instalaciones con ingeniería genética en donde las investigaciones experimentos u operaciones estén dentro del nivel 2 con fines comerciales, para la autorización no deberán de ser dañino o de otra índole conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 121 de esta ley.

II. Para la autorización de una investigación u operación de liberación, el procedimiento se llevará a cabo de conformidad con la fracción IV del artículo 123, con la opinión de la Comisión, y el consentimiento del Consejo.

En caso de violaciones conforme a lo autorizado en los permisos estos serán cancelados.

Artículo 128. Interrupción temporal de las investigaciones u operación de

I. Cuando se dejan de cumplir con los requisitos necesarios para continuar las investigaciones, operación o liberación con ingeniería genética la autorización puede ser se suspendida, en lugar de retirar o revocar la autorización, hasta el momento en que el explotador demuestre que cumple con los requisitos.

II. Si se comprueba que no se cumple con los requisitos o se falseo información para poner a la venta en el mercado la autorización será suspendida total por la falsedad de información y parcial hasta que se cumplan los requisitos en un término de 6 meses.

Artículo 129. Obligación de avisar a la autoridad.

I. Los concesionarios deberán dar aviso a la autoridad antes de cualquier cambio en la designación de los gerentes de proyectos o de algunos de los miembros del comité de seguridad En caso de cambios imprevistos o caso fortuito la notificación será hará el día siguiente de ocurrido el hecho con un informe por memorizado de los sucedió de los motivos y la comparecencia del removido, además el aviso de notificación deberá incluir la prueba de que cuenta con los conocimientos especializados necesarios.

a. El concesionario debe notificar inmediatamente a la autoridad competente de cualquier ulterior cambio.

b. Cuando el concesionario vaya a cerrar el funcionamiento de una instalación, deberá notificar inmediatamente a la autoridad competente para tal efecto, indicando la fecha del cierre. Esta notificación deberá ir acompañada de documentos que especifiquen las medidas de protección contemplados para cumplir las obligaciones derivadas de la fracción 6 del párrafo b del artículo 115.

II. También se dará aviso de cualquier modificación destinada a la seguridad del equipo correspondiente de una instalación de ingeniería genética, a pesar de que, como resultado de esta alteración, la ingeniería genética, siga cumpliendo con los requisitos del nivel de seguridad necesaria para realizar las operaciones notificadas o autorizadas.

III. El concesionario notificará inmediatamente a la autoridad responsable de las modificaciones, respecto de la autorizaciones y la supervisión de cualquier incidente que no está en consonancia con la hipótesis en el de-sarrollo de la investigación u operación de ingeniería genética o la liberación o la puesta en el mercado de, donde se sospecha que pueden poner en peligro, conforme a lo preceptuado en la fracción I, del artículo 110. De ser así se facilitará toda la información necesaria para la evaluación de la seguridad en caso de emergencia para emitir las medidas de seguridad previstas o aplicar.

IV. El concesionario deberá informar a la autoridad los resultados de los estudios antes de la liberación en relación con los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, en ese contexto se prestará especial atención, antes de liberar.

V. Cuando el concesionario obtiene nueva información sobre los peligros para la salud humana o el medio ambiente, se informará inmediatamente a la autoridad competente para tal efecto.

Artículo 130. Órdenes de las autoridades.

I. Las autoridades regionales competentes podrán, en casos individuales, prohibir el funcionamiento de una ingeniería genética, la instalación investigación, operaciones una liberación total o parcial, si

a. no se ha llevado a cabo la debida notificación o no se ha hecho, una autorización o aprobación correspondiente,

b. hay una razón justificada conforme a esta ley para retirar o revocar una autorización en el marco de los procedimientos administrativo,

c. no cumple con disposiciones accesorias o las obligaciones consiguientes de conformidad con el artículo 127,

d. la seguridad de los equipos existentes y disposiciones pertinentes, no cumplen con las expectativas para emergencias.

Si no tienen la autorización o si se sospecha de que no se están cumpliendo con los requisitos, la            autoridad competente podrá prohibir la puesta en el mercado, total o parcial, en espera de la autorización o que cumpla con los requisitos.

II. Si el concesionario de una instalación de ingeniería genética no cumple con una condición impuestas, una orden ejecutiva o posterior una obligación con base en lo dispuesto en el artículo 134 y si la condición, el orden o la obligación de referirse a la concepción o el funcionamiento de la genética de instalación de ingeniería, la autoridad competente podrá prohibir la operación en su totalidad o en parte, hasta el momento en que se cumpla con la obligación establecida en el artículo 134.

III. La autoridad competente podrá ordenar que una instalación de ingeniería genética que ha construido, operado o sustancialmente alterada sin la autorización necesaria, violando lo establecido en el artículo 110, se le retirará el permiso. Si cierra o desmantelado en su totalidad o en parte, transgrediendo el artículo 110, será responsable de los daños y perjuicios. Sin perjuicio de sanciones penales.

Artículo 131.Expiración de los permisos.

I. El permiso o autorización expira, si

a. la construcción o explotación de la instalación de la ingeniería genética o la liberación no ha comenzado en el plazo estipulado, mismo que no podrá exceder de tres años, o.

b. una instalación de ingeniería genética no ha sido operado durante un período de más de 3 años.

III. La autorización también se extinguirá, si el requisito previo para la autorización ha dejado de existir.

IV. La autoridad podrá autorizar, prorrogar los plazos de conformidad con la fracción I de este artículo, previa solicitud, siempre que existan comprobables beneficios en las investigaciones, por un período máximo de un año, si ello no contraviene lo preceptuado el objetivo de la ley.

Artículo 132. Obligación de proporcionar información.

I. Las autoridades competentes informarán inmediatamente a la SAGARPA respecto las decisiones adoptadas en la aplicación de esta la Ley, respecto de la seguridad, de las conclusiones pertinentes de la seguridad, de los incidentes relevantes que se han notificado en virtud del artículo 129 fracción III; IV,V, o de los que tenga conocimiento en el ejercicio de la vigilancia, sobre cualquier infracción en contra de las disposiciones de esta Ley, las medidas adoptadas sobre la base de esta ley y en contra de o en contra de las medidas ordenadas en el artículo 130, en la medida en que se refieren a la ingeniería genética tocante en las investigaciones u operaciones, comunicados o una puesta en el mercado.

II. La Sagarpa dará conocer sus conclusiones a las autoridades competentes, si son de importancia para la aplicación de esta la ley.

Artículo 133.De la evaluación y suministro de datos.

La Sagarpa valida, procesa y utiliza los datos de conformidad con el artículo 132, respecto a la construcción investigación y operación de instalaciones de ingeniería genética, la realización de investigaciones u operaciones de ingeniería genética, nuevos productos, o la puesta en el mercado que ha adquirido o percibido con el fin de observar, registrar y evaluar la seguridad relacionados con las circunstancias. La Sagarpa podrá transmitir datos sobre las declaraciones de la Comisión sobre la clasificación de seguridad y de las medidas de seguridad para las operaciones de ingeniería genética, así como en las decisiones de las investigaciones o informes realizados por las autoridades competentes, estos últimos para que sean utilizados en el contexto de la notificación y procedimientos de autorización.

Los beneficiarios podrán utilizar los datos que les ha transmitido sólo para la finalidad que le fueron proporcionados.

Artículo 134. La promulgación de las obligaciones, medidas y disposiciones administrativas.

La Sagarpa, previa audiencia de la Comisión, establecerá por medio de las opiniones aprobadas con el consentimiento del Comité con el fin de alcanzar los fines especificadas en el artículo 110, las responsabilidades y los conocimientos especializados necesarios del gerente del proyecto, en particular en vista de la necesidad y el alcance de los conocimientos que deben probarse en la clasificación y la genética molecular, las experiencias prácticas en la manipulación de microorganismos y de la necesidad de los conocimientos necesarios se incluyen disposiciones de seguridad industrial aplicables a las actividades de una ingeniería genética dentro de las intalaciones.

La Sagarpa estará facultada para disponer, previa audiencia de la Comisión, por medio de las disposiciones aprobada con el consentimiento del Comité con el fin de, cumplir con los objetivos especificados en el artículo 110,

I. Cómo el sitio, las instalaciones y los equipos técnicos a los niveles de seguridad respectivos que han de ser diseñadas, equipadas y funcionar a fin de cumplir con los conocimientos verificados en el ámbitos de la gestión de la seguridad, la seguridad industrial, el saneamiento y la higiene y la ergonomía como otros que deben observarse para garantizar la protección del personal y son necesarios para una humanización del trabajo;

II. Las disposiciones requeridas a un concesionario, en particular,

a. de cómo el procedimiento de trabajo deberá concebirse de forma que no exponga al personal a cualquier riesgo debido a las operaciones de ingeniería genética o una liberación,

b. de cómo los locales de funcionamiento deben ser monitoreados para detectar una posible contaminación por organismos genéticamente modificados,

c. la manera en que los organismos genéticamente modificados han de ser almacenados en los locales y de qué peligros se debe llamar la atención del personal para que no se expongan a riesgo debido a la inadecuada almacenamiento, y con el fin de asesorar al personal de los riesgos inherentes a estos organismos,

d. las precauciones que deben tomarse para evitar que los organismos genéticamente modificados entren en manos de personas no autorizadas.

e. las prendas de protección deben ser puestos a disposición del personal,

f. que el número de funcionarios encargados de los organismos modificados genéticamente debe ser restringido y que la duración de ese trabajo puede ser limitada,

g. deben establecerse manuales y procedimientos de operaciones,

h. bajo qué circunstancias el acceso será limitado para garantizar que el personal este protegido;

III. El número del personal de seguridad de la biotecnología que debe ser designada por el encargado de la operación para comprobar el cumplimiento del jefe de proyecto de sus funciones, para asesorar al operador y las personas en materia de seguridad biológica, cómo estos derechos debe ser realizado en detalle, así como estar presente en cualquier tipo de prueba pericial;

IV. Los estudios, conocimientos y aptitudes que se requieren del personal que se va a dedicar a la ingeniería genética, para las operaciones de liberación;

V. El personal debe ser informado sobre los riesgos y las precauciones para prevenirlas cómo el contenido de los reglamentos, el conocimiento de los procedimientos operativos relacionados con la incorporación de anuncios de seguridad adecuadas;

VI. Las precauciones que deben ser tomadas para prevenir accidentes, fallas de funcionamiento, de limitar el impacto en el personal, medidas que deben tomarse para organizar la prestación de accidentes;

VII. El número de los supervisores responsables que deben ser designados para supervisar proyectos de ingeniería genética y de prensa, así como otras actividades en la zona de peligro y las facultades que se les confiere para la seguridad en el trabajo para supervisar los requisitos que deben cumplir;

VIII. Con el fin de garantizar la protección del personal, el concesionario debe realizar una evaluación del riesgo y la elaboración de un proyecto de un plan de respuesta de emergencia, los documentos que deben ser elaborados para este fin y que estos documentos deben estar disponibles para su inspección por la autoridad competente para la evaluación del riesgo y el plan de respuesta de emergencia;

IX. El personal debe someterse exámenes médicos de salud y toxicológicos, los registros deben mantenerse, disponibles para la supervisión por parte de la autoridad,

a. el concesionario podrá ser obligado a someter al personal a revisiones médicas, a fin de detectar riesgos relacionados con la salud o enfermedades laborales,

b. el médico encargado de realizar estos chequeos, deberá tener conocimientos en materia de contaminación genética los resultados de estos chequeos, especialmente en lo que respecta al contenido será notificado a la autoridad y al Consejo debidamente certificado por él, dar la información y el asesoramiento sobre el resultado de chequeo médico,

c. la autoridad competente decidirá en qué casos los diagnósticos realizados por el médico sean positivos, dependiendo de la gravedad ser retirados total o parcialmente,

d. los datos que deben incluirse en el registro seguro obligatorio de accidentes en materia biológica a las instituciones de seguros a fin de cubrir cualquier de los riesgos relacionados con la salud o enfermedades laborales;

e. qué tipo de investigación genética requiere que las personas que en ellos laboran se de seguimiento médico.

X. El concesionario tiene que informar del estado que están guardando las investigaciones a fin de cumplir con sus funciones;

XI. Las autoridades competentes de Estatales tienen la facultad de emitir órdenes necesarias para hacer cumplir las órdenes que son, en casos individuales, y especialmente en el caso de inminente de peligro, en contra de los supervisores y demás personal;

XII. Las precauciones que deben tenerse cuando las operación de ingeniería genética o la liberación sea terminando;

XIII. El transporte de organismos modificados genéticamente estará condicionada al cumplimiento de las precauciones específicas;

XIV. Regular el comercio y la manipulación de los productos que contengan o consistan en organismos genéticamente modificados, estos productos deben ser envasados y etiquetados, la información que debe darse sobre las modificaciones genéticas y el impacto aceptable en detrimento de conformidad con el artículo 125 fracción II, para la protección de los usuarios;

XV. La información que deberá de contener el formato y la notificación de conformidad con la fracción II a IV del artículo 120, artículo 121 fracción III y el artículo 124, sobre todo los criterios de la evaluación, así como los detalles de la notificación y procedimientos de autorización;

XVI. Prever el caso de un accidente en una instalación de ingeniería genética,

a. la autoridad competente, tomará como base la información proporcionada en la documentación a aportar por el concesionario, el proyecto de planes de respuesta de emergencia externos, coordinar su elaboración y aplicación de con las autoridades competentes,

b. el concesionario deberá informar a la autoridad competente las circunstancias de los accidentes, así como las medidas que ha tomado,

c. la autoridad competente comunicará esta información a la SAGARPA a la Comisión y al Consejo.

La Sagarpa estará facultada, en la medida en que sea necesario para proteger la vida y la salud del personal, para establecer el reglamento de seguridad con aprobación del Consejo para la utilización de otros agentes biológicos. También podrá establecer;

I. Los riesgos inherentes a la utilización de agentes biológicos que deben ser identificados y evaluados conforme a los diferentes niveles de seguridad según el artículo 116 fracción II,

II. Las operaciones por la exposición puedan exponer al personal a riesgos especiales debido a agentes biológicos. Se informará a la autoridad competente o autorizada por éste.

Artículo 135.Responsabilidad del Concesionario.

Cualquier persona que opera una instalación de ingeniería genética esta obligado a contratar seguros para cubrir los daños y perjuicios que puedan ser causados como resultado de las prácticas de las operaciones de ingeniería genética.

Cuando en una instalación de ingeniería genética causen la muerte de una persona o un perjuicio a su salud, u ocasionen daños a la propiedad, el concesionario está obligado a tener un seguro de vida y daños a efecto de dar una indemnización por los daños y perjuicios como resultado de ese hecho.

En caso de daños materiales también implica un deterioro del medio ambiente, deberá reparar los daños ocasionados con forme la normatividad ambiental.

Si los peritajes demuestren que fue una negligencia el concesionario pagará la indemnización correspondiente al personal, particulares y daños materiales y del medio ambiente.

Cuando los productos puestos en el mercado por organismos genitivamente modificados causen algún daño a la salud o medio ambiente pagarán la indemnización por responsabilidad civil.

Artículo 136.El importe máximo de la responsabilidad.

El concesionario contratará un seguro de indemnización en caso de muerte o discapacidad, con una cobertura que cubrirá el 100% de la indemnización para los del primer nivel y 250% para los del tercer y cuarto nivel, más de lo establecido en la Ley federal del trabajo, por muerte o perdida de algún órgano. Así como un seguro de daños para terceros en los mismos porcentajes de nivel.

Artículo 137. Sanciones administrativas.

I. Se consideran faltas administrativas.

a. no llevar registros de conformidad con el artículo 115 fracción III tercera inciso a,

b. realizar operaciones de ingeniería genética en la violación al artículo 117 fracción I, inciso a,

c. construir una instalación de ingeniería genética, sin una autorización de conformidad con el artículo 117 fracción I, inciso b,

d. alterar sustancialmente la ubicación, diseño u operación de una instalación de ingeniería genética sin tener una autorización de conformidad con el artículo 117 fracción IV,

e. infringir los artículos 117 fracción II, 118 fracción I inciso a, o artículo 119 fracción I, no notificar de las operaciones de ingeniería genética,

f. realizar operaciones de ingeniería genética, sin la autorización de conformidad con el artículo 118 fracción II, o artículo 119 fracciones II y III,

g. poner en el mercado productos que contengan o estén compuestos por organismos modificados sin ninguna autorización de conformidad con el Artículo 123 fracción I, inciso a, b y c,

h. contravenir las disposiciones consagradas en el artículo 130,

i. no hacer una notificación de conformidad con la fracción III, articulo 118 y artículo 129, o no hacerlo en el tiempo, completa o correctamente,

j. no proporcionar una información específica de conformidad con el artículo 130 fracción II, o no hacerlo en tiempo, por completo o bien,

k. contravenir la obligación estipulada en el artículo 130 fracción III, inciso c, o,

l. infringir las disposiciones consagradas en los artículos 115 fracción III inciso a, articulo 116, fracción II, o el artículo 134, fracción II, incisos a al n, o fracción III, en la medida que específica.

La infracción administrativa puede ser sancionada con una multa de 10 mil hasta 500 mil días de salarios mínimos vigentes.

Artículo 138. Disposiciones Penales.

Cualquier persona que contravenga lo preceptuado en los artículos 135 y 136, será sancionada con arraigo domiciliario por un año y la reparación de los daños y perjuicios causados.

Toda persona que:

I. Inicie actividades relacionadas con organismos genéticamente modificados sin la autorización de conformidad con la artículo 113 fracción I, inciso a,

II. Opere una instalación de ingeniería genética, sin la autorización de conformidad con el artículo 126 fracción I inciso a, será sancionado con arraigo domiciliario por tres años y 1,000,000 de salarios mínimos.

Cualquier persona que ponga en peligro la vida o la integridad física de otra persona, la propiedad de terceros de o un elemento integrante de los ecosistemas de importancia ecológica por contravenir lo especificado en el artículo 130, será sancionado con pena de prisión de cinco años.

En el caso de la responsabilidad del artículo 135 la tentativa será punible.

Cualquier persona que actúa con negligencia conforme al artículo 135, será sancionada con prisión de cinco años o una multa de 500 mil días de salarios mínimos.

Artículos Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Cualquier autorización otorgada antes de la entrada en vigor de esta Ley tendrán que cumplir con todos y cada uno de las obligaciones y requisitos para poder operar instalaciones con ingeniería genética, teniendo un plazo de 6 meses.

Tercero. En caso de no cumplir con las obligaciones y plazo será cancelado el permiso sin perjuicio de las responsabilidades civiles penales y laborales, en el sentido de esta ley y de otras normatividades.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de marzo de 2010.— Diputados: Jorge H. López Portillo Basave, Héctor Pedraza Olguín, Indira Vizcaíno Silva, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburg,  José Manuel Agüero Tovar, Manuel H. Cota Jiménez, Pilar Torre Canales (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Elvia Hernández García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 38 y 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Elvia Hernández García:Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladores y compañeros legisladores, me permito presentar el día de hoy, ante esta soberanía, una iniciativa que busca modificar dos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de otorgar mayores condiciones de equidad de género en los espacios de participación política.

Si hablo de las mujeres es porque creo que hoy conformamos, más que nunca, un sector de la población cuya hambre de paz, justicia y dignidad no debe pasarse por alto. Por ello, como mexicana y como legisladora, me siento obligada a decir: no podemos ser un sector del que sólo se hable el 8 de marzo de nuestras demandas, quejas, angustias y proyectos. Toda nuestra capacidad de vernos como mexicanas libres no puede sólo ser expresada en actos de protocolo.

En nuestra patria las mujeres destacamos en las ideas y pensamientos de Sor Juana Inés de la Cruz y de Rosario Castellanos, en la pasión revolucionaria de las adelitas que, siguiendo a sus juanes, fueron compañeras fieles durante la Revolución de 1910.

No es casual que el Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo, escogiera el símbolo de una mujer como su bandera, porque el símbolo de Guadalupe era ya en 1810 el símbolo de libertad.

Sabemos que para conseguir logros importantes se necesita fuerza de voluntad, acción vigorosa y una firme convicción de mejorar las cosas. Esta muestra la dio Aurora Jiménez Palacios, la primera diputada que vio México en su historia en 1954.

Esta demora por establecer mayores niveles de representación femenina en cargos de elección popular conlleva a un esfuerzo adicional de los partidos políticos por reglamentar mayores proporciones de equidad y género en sus órganos de dirección en todos los niveles: nacional, estatal y municipal. Así como reglamentar la paridad de género en la asignación o registro de candidaturas.

Ya es tiempo de enaltecer y atender las necesidades más apremiantes de las mujeres. Ha llegado el momento de romper con el conformismo por la apatía y por el desánimo.

Por lo que hoy el PRI, como hace 56 años, vuelve a levantar la voz para exigir una mayor participación no sólo en la actividad política, sino en cualquier terreno donde se encuentre una mujer.

Es por eso que proponemos a esta soberanía reformar el artículo 38, en su inciso s), que busca garantizar, en los estatutos de los partidos políticos que tengan registro ante el Instituto Federal Electoral, la equidad de género en la ocupación de sus órganos de dirección, de cuando menos el 40 por ciento y no mayor al 50 por ciento de sus miembros de un mismo sexo.

De igual manera, establecer una proporción de paridad de género no mayor al 50 por ciento en las candidaturas a cargo de elección popular, el cual podrá observarse en segmentos de dos: candidato propietario y suplente.

De igual forma, en el artículo 219 proponemos reformar que las solicitudes de registro que se hagan ante el Instituto Federal Electoral de candidatos a diputado federal y senador de la República, deberán integrarse con una proporción de no más de 50 por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los invito a analizar y en su momento a discutir y a aprobar esta iniciativa de ley. Los mexicanos hemos dado testimonio de grandes avances para hacer de este México un país moderno y de grandes transformaciones sociales. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 38 y 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Elvia Hernández García, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Elvia Hernández García, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México, luego de años y años de conflictos, imperios, revoluciones y demás acontecimientos de importancia, la mujer estaba excluida del sistema democrático. La negación del derecho al voto femenino es la negación misma de una sociedad que debe a la mujer la mitad de su ser como nación. Las mujeres nunca han estado alejadas del quehacer de la política, porque ésta va más allá del solo hecho de sufragar.

En nuestra patria, las mujeres destacaron en las ideas y pensamientos de Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos; en la pasión revolucionaria de las adelitas que, siguiendo a sus juanes, fueron compañeras fieles durante la Revolución de 1910. No es casual que el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, escogiera el símbolo de una mujer como su bandera, porque el símbolo de Guadalupe era ya en 1810 el símbolo de la libertad.

Decir mujer es decir democracia. Pero hoy se viven circunstancias distintas a las que se vivían en 1953, hace ya 56 años, que dieron origen al reconocimiento de este derecho. En ese entonces, el presidente Adolfo Ruiz Cortínez, como un compromiso claro de campaña, cumple su promesa de otorgar a la mujer el mismo valor jurídico que a los hombres a la hora de elegir y ser electas como representantes populares.

Este 16 de octubre se conmemorará un año más de este gran paso hacia la democracia, el cual otorgó condiciones de mayor equidad entre hombres y mujeres. A pesar de este encomiable esfuerzo, es necesario reconocer que aún existen muchos retos por enfrentar en términos de participación social y política.

Históricamente la mujer ha vivido las consecuencias de la equivocación de un modelo de desarrollo que se encuentra de cabeza, que la ha dejado al margen e inclusive la ha rezagado. Ser mujer, obrera, indígena, campesina, madre soltera, parece ser una condición inferior. Hoy decir mujer es, en muchos casos, sinónimo de agresión, abusos y vejaciones. Nosotras somos las que sabemos a qué sabe la pobreza, la marginación, el desempleo, la discriminación y, como en el caso de Ciudad Juárez, el crimen impune por el sólo hecho de ser mujer.

Por esta característica peculiar en la que nos sitúa la sociedad, por este amplio conocimiento de los rezagos y de las necesidades que existen desde el hogar hasta las más altas oficinas gubernamentales y corporativas, hemos aprendido a organizarnos para exigir mejores condiciones de vida, a lograr que nuestra voz se escuche y nuestras demandas se atiendan.

Es por ello que resulta indispensable que se reconozca y se impulsen condiciones de mayor equidad en la participación de la mujer, puesto que tenemos la capacidad suficiente para realizar acciones que transformen a nuestro querido México en una nación de mayor justicia y progreso.

Las mujeres sabemos que quien se ufana de no haber tropezado jamás, es porque no ha intentado ni siquiera caminar; y nosotras deseamos caminar pero no de la mano, no detrás de otros, sino caminar hombro con hombro para conquistar nuestras metas sintiéndonos orgullosas de nuestros logros. Sabemos que para conseguir logros importantes se necesita fuerza de voluntad, acción vigorosa, y una firme convicción de mejorar las cosas.

Este claro ejemplo lo dio la primera diputada que vio México en su historia, Aurora Jiménez Palacios, quien en 1952 se ganó a través del voto directo de los californianos el acceso a la XLII Legislatura (1952-1955) de este Congreso de la Unión. Fue a partir de esa fecha que la participación de la mujer en la política ha venido incrementándose gradualmente, sobre todo en la LIX Legislatura (2003-2006), en donde el número de diputadas federales por primera vez rebasó las 100 curules.

Sin embargo, en este periodo el género femenino sólo ha significado alrededor de 13.5 por ciento del total de los espacios de representación popular de esta soberanía, es decir, de cada 10 diputados electos sólo uno de ellos ha sido mujer. Lo anterior nos muestra que existe todavía una amplia brecha por avanzar en materia de equidad de género, en cuanto a participación política se refiere.

En el misma situación se encuentra la composición del Senado de la República que desde 1964, fecha en que se lograron las dos primeras senadurías femeninas, hasta la actual legislatura, ha sido escasa la representación de legisladoras, puesto que del total de senadores electos en este periodo, sólo 13.4 por ciento han sido mujeres.

Esta demora por establecer mayores niveles de representación femenina en cargos de elección popular conlleva un esfuerzo de los partidos políticos, los cuales, en algunos casos, no han avanzado en reglamentar explícitamente, dentro de sus estatutos, proporciones de mayor equidad de género para ocupar sus órganos de dirección en todos los niveles (municipal, estatal y nacional); ni tampoco han reglamentado proporciones de paridad de sexo en la asignación o registro de candidaturas.

De los ocho partidos políticos nacionales que tienen registro ante el Instituto Federal Electoral (IFE), sólo dos, el PRI y el PRD, establecen condiciones de proporción equitativa no mayor al 50 por ciento de un mismo género para ocupar cargos de dirección en sus partidos, así como candidaturas a puestos de elección popular. En el caso del PAN, establece el 50 por ciento mencionado sólo a candidaturas y el 45 por ciento a órganos de gobierno.

De los cinco partidos políticos restantes, algunos no establecen una proporción de género para los órganos de dirección, en otros se menciona el 60 por ciento como límite para ser integrados por un solo sexo, situación que también se traslada para las candidaturas a puestos de elección popular.

Esta imprecisión, que aún no se encuentra claramente reglamentada por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, provoca que, si bien la equidad de género toma fuerza en los discursos políticos, en la práctica no se demuestre el peso que la mujer está ocupando en la sociedad. Hoy las mujeres necesitamos mayores espacios de representación social. No hay que olvidar que en 2000 se situaban en el padrón electoral poco mas de 30 millones de mujeres y, de acuerdo con el último corte del IFE del pasado 9 de octubre, la cifra se incrementó a 40 millones de mujeres, con lo que constituimos el 52.0 por ciento del padrón electoral.

Ya es tiempo de enaltecer y atender las necesidades más apremiantes de las mujeres. Ha llegado el momento de romper con el conformismo, con la apatía y con el desánimo. Por lo que hoy el PRI, como hace cincuenta y seis años, vuelve a levantar la voz para exigir una mayor participación, no sólo en la actividad política, sino en cualquier terreno donde se encuentre una mujer.

Debemos aprovechar estos momentos de crisis para redefinir conceptos, uno de ellos es, sin lugar a dudas, la dignificación del papel de la mujer, su reconocimiento y su participación con ecuanimidad en todas las esferas de la vida social y política de nuestro país.

En México existen valiosos testimonios de amor a la libertad y al trabajo por hacer de ésta una tierra de sueños y compromisos cumplidos, hagamos de este un sueño cumplido.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso s) del artículo 38 y el inciso número 1 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo Primero. Se reforma el inciso s) del artículo 38 para quedar como sigue:

Artículo 38

1. ...

a) a r) ...

s) Garantizar en sus estatutos la equidad de género en la ocupación de sus órganos de dirección, de cuando menos el 40 por ciento y no mayor al 50 por ciento de sus miembros de un mismo sexo, así como establecer una proporción de paridad de género de no mayor del 50 por ciento en las candidaturas a cargo de elección popular, el cual podrá observarse en segmentos de dos, candidato propietario y suplente.

t) y u) ...

2. ...

Artículo Segundo. Se reforma el inciso número 1 del artículo 219 para quedar como sigue:

Artículo 219

1. La totalidad de solicitudes de registro de candidatos a diputado federal y a senador de la república que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con una proporción de no mayor del 50 por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo.

2. ...

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Relación de estatutos en materia de equidad de género de los ocho partidos políticos registrados ante el Instituto Federal electoral

Partido Revolucionario Institucional

Artículo 7.El partido podrá constituir frentes, coaliciones y candidaturas comunes y alianzas con partidos políticos, así como acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales y otras organizaciones en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las Constituciones Políticas de los estados de la federación, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellas emanan. Para conformarlas en las entidades federativas, el presidente del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal correspondiente solicitará el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional.

En todo lo anterior, el PRI garantizará la equidad de género en cumplimiento pleno a lo ordenado en los artículos 167 y 168 de estos estatutos.

Artículo 42. En los procesos electorales federales y estatales que se rigen por el principio de mayoría relativa, el partido impulsará, en términos de equidad, que no se postule una proporción mayor del 50 por ciento de candidatos propietarios de un mismo sexo, salvo el caso en que sea consultada la militancia.

En los candidatos suplentes, el partido garantizará la paridad de género.

Artículo 65.La Asamblea Nacional es el órgano supremo del partido y se integra con

...

XI.Los delegados electos democráticamente, a partir de las asambleas municipales o delegacionales, cuyo número deberá constituir al menos un tercio del total de delegados de la Asamblea Nacional.

En la elección de estos delegados deberá garantizarse la paridad de género y la inclusión de una tercera parte de jóvenes. El partido promoverá la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes.

Artículo 70.El Consejo Político Nacional estará integrado con

...

XII.480 consejeros electos democráticamente por voto directo y secreto a razón de 15 consejeros por entidad federativa, de los cuales al menos uno deberá ser presidente de comité seccional.

En la elección de estos consejeros deberá atenderse la paridad de género, así como que al menos una tercera parte de los mismos sean jóvenes.

Articulo 105.La Asamblea Estatal o del Distrito Federal es el órgano deliberativo, rector y representativo del partido en la entidad federativa correspondiente; se integra con:

...

VI.Los delegados electos democráticamente en asambleas territoriales, en el número que determine la convocatoria respectiva y distribuidos proporcionalmente.

En la elección de estos delegados deberá garantizarse la paridad de género y la inclusión de una tercera parte de jóvenes. El partido promoverá la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes.

Artículo 109.Los Consejos Políticos Estatales y el del Distrito Federal se integrarán con el número de militantes que determine el reglamento nacional, electos democráticamente, respetando el principio de paridad de género y la incorporación de por lo menos la tercera parte de jóvenes.

Artículo 110.Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal estarán integrados por

...

XII.Consejeros electos por la militancia de la entidad mediante el voto directo y secreto, en cantidad que represente al menos el 50 por ciento del consejo. En la elección de estos consejeros se observará la paridad de género y la elección al menos de una tercera parte de jóvenes.

Artículo 125.La Asamblea municipal o delegacional es el órgano deliberativo, rector y representativo del partido en el ámbito de competencia correspondiente. Se integrará con:

...

XI.Los delegados electos por la militancia del municipio o delegación mediante el voto personal, directo y secreto en cantidad que represente el cincuenta por ciento de la Asamblea. En la elección de estos delegados se observará la paridad de género y la elección de al menos una tercera parte de jóvenes. El partido promoverá la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes.

Artículo 129.Los consejos políticos municipales o delegacionales, estarán integrados por

...

XI.Consejeros electos por la militancia de cada municipio o delegación, mediante el voto directo, en cantidad que represente el 50 por ciento del consejo. En la elección de estos consejeros se observará la paridad de género y la elección de al menos una tercera parte de jóvenes.

Artículo 144.El proceso de elección para las asambleas será a través del voto personal, libre, secreto, directo e intransferible, conforme al procedimiento que determine el consejo político que corresponda, garantizando, en todo caso, la representación paritaria de género y la participación de, al menos, un 30 por ciento de jóvenes.

Artículo 147.Los consejeros políticos que correspondan a los sectores, organizaciones adherentes y organismos especializados serán electos de conformidad con el principio que alude el artículo anterior. Será obligatorio que en su integración quede debidamente representada la paridad de género, considerando el 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres, y que por lo menos una tercera parte sean jóvenes.

Artículo 153.El proceso interno para elegir dirigentes deberá regirse, en lo general, por las disposiciones de este estatuto, del reglamento y la convocatoria respectiva, obligando la paridad de género y un tercio de jóvenes.

Artículo 160.El presidente y secretario general de los Comités Ejecutivo Nacional, directivo estatales y del Distrito Federal, municipales o delegacionales serán elegidos en fórmula por el procedimiento estatutario que determine el Consejo Político correspondiente al mismo nivel. En la integración de la fórmula se respetará el principio de paridad de género y se procurará que uno de ellos sea joven.

Artículo 167. En los procesos electorales federales, estatales, municipales y delegacionales, que se rigen por el principio de mayoría relativa, el partido promoverá en términos de equidad, que se postulen una proporción no mayor del 50 por ciento de candidatos propietarios de un mismo sexo. En los candidatos suplentes, el partido garantizará la paridad de género.

El partido promoverá la postulación de personas con discapacidad.

Artículo 168. Las listas nacional y regionales de candidatos a cargos de elección popular, tanto de propietarios como para suplentes, que por el principio de representación proporcional el Partido presente para su registro en las elecciones federales, en ningún caso incluirán una proporción mayor del 50 por ciento de militantes de un mismo sexo. Igual fórmula se aplicará para las listas de candidatos a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional en el caso de procesos electorales estatales.

En ambos casos, se considerarán las propuestas que hagan los sectores y organizaciones nacionales del partido.

El partido promoverá la inclusión de militantes que representen sectores específicos de la sociedad, causas ciudadanas, personas con discapacidad y adultos mayores.

Artículo 169. En el principio a que alude el artículo anterior, deberá observarse en segmentos de dos candidatos.

Artículo 170. En la integración de las planillas para ayuntamientos, tanto para propietarios como para suplentes, que el partido registre para elecciones municipales no se incluirá una proporción mayor del 50 por ciento de candidatos de un mismo sexo. Este principio deberá observarse en una frecuencia mínima de colocación para cualquier sexo de uno de cada tres lugares, salvo que sea consultada la militancia o rija el procedimiento de usos y costumbres.

En los casos de asignación de posiciones por el principio de representación proporcional, procede lo dispuesto en los artículos 168 y 169.

Partido Acción Nacional

Artículo 36 Bis

Apartado A

La Comisión Nacional de Elecciones será la autoridad electoral interna del partido responsable de organizar los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular de nivel federal, estatal y municipal.

La Comisión Nacional de Elecciones funcionará de manera permanente. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes facultades:

...

h) Garantizar el cumplimiento de las reglas de equidad de género previstas en las leyes y en los presentes estatutos;

...

Apartado B

La Comisión Nacional de Elecciones se integrará por siete comisionados nacionales electos a propuesta del Presidente Nacional, por el voto de la mayoría de los miembros presentes en sesión de Consejo Nacional procurando la participación equilibrada entre los géneros.

Apartado C

Las comisiones electorales estatales y del Distrito Federal se integrarán por cinco comisionados que serán nombrados por la Comisión Nacional de Elecciones, a propuesta de los respectivos Comités Directivos Estatales procurando la participación equilibrada entre los géneros.

Artículo 36 Ter.La selección de candidatos a cargos de elección popular de carácter federal, estatal y municipal se realizará conforme a las siguientes bases generales:

...

k) Se procurará la paridad de géneros en la selección de candidatos a cargos de elección popular.

...

Artículo 42.Las proposiciones de precandidaturas, la formulación de listas circunscripcionales, la elección y el orden de postulación de los candidatos a diputados federales y locales de representación proporcional, o su equivalente en la legislación en vigor, se sujetarán al siguiente procedimiento y a lo señalado en estos Estatutos y en los reglamentos correspondientes.

A. Candidatos a diputados federales:

...

II. Los Comités Directivos Estatales podrán hacer hasta tres propuestas adicionales, entre las cuales no podrá haber más de dos de un mismo género, que junto con las propuestas a las que se refiere el inciso anterior se presentarán en la elecciónestatal. en ella se elegirán y ordenarán el número de propuestas que correspondan a cada entidad. El número de éstas se establecerá según los criterios de aportación de votos del estado a la circunscripción y el porcentaje de votos que obtuvo el partido en el estado en las últimas elecciones a diputados federales;

III. El Comité Ejecutivo Nacional podrá hacer hasta tres propuestas por circunscripción. En cada circunscripción no podrá haber más de dos propuestas de un mismo género,

B. Candidatos a diputados locales:

...

III. El Comité Directivo Estatal correspondiente podrá hacer hasta dos propuestas, que no podrán ser de un mismo género, que ocuparán los lugares que determine el reglamento.

Artículo 43.Serán métodos extraordinarios de selección de candidatos a cargos de elección popular:

...

Apartado B

El Comité Ejecutivo Nacional, previa opinión no vinculante de la Comisión Nacional de Elecciones, designará de forma directa a los candidatos a cargos de elección popular, en los supuestos siguientes:

a) Para cumplir reglas de equidad de género;

...

Artículo 63.El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por

...

f) No menos de veinte ni más de cuarenta miembros activos del partido, con una militancia mínima de tres años. La fijación del número de sus integrantes y su designación serán hechos por el Consejo Nacional, a propuesta de su presidente en dos terceras partes, y la otra tercera parte a propuesta de los consejeros de acuerdo al reglamento. El Comité Ejecutivo Nacional deberá integrarse, con al menos, el cuarenta por ciento de miembros de un mismo género, procurando alcanzar la paridad.

Artículo 64.Son facultades y deberes del Comité Ejecutivo Nacional:

...

XVIII. Impulsar permanentemente acciones afirmativas para garantizar la equidad de género en todos los ámbitos del partido;

...

Artículo 72.En cada entidad federativa funcionarán un consejo estatal, un comité directivo estatal, los correspondientes comités directivos municipales y sus respectivos subcomités.

los comités directivos estatales y municipales deberán integrarse con, al menos, el cuarenta por ciento de miembros de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

Artículo 87.Los comités directivos estatales tendrán las siguientes atribuciones:

...

XIV. Impulsar permanentemente acciones afirmativas para garantizar laequidad de género en todos los ámbitos de su competencia;

...

Artículo 92.Los comités directivos municipales son los responsables directos de coordinar y promover las actividades del Partido dentro de su jurisdicción y tendrán las siguientes atribuciones;

...

XII. Impulsar permanentemente, en el ámbito municipal, acciones afirmativas para garantizar la equidad de género en todos lo ámbitos del partido;

...

Partido de la Revolución Democrática

Artículo 2o.La democracia en el partido.

...

3. Las reglas democráticas de la vida interna del partido se basan en los siguientes principios:

...

e. Al integrar sus órganos de dirección, representación y resolución, y al postular candidaturas plurinominales, el partido garantizará, mediante acciones afirmativas, que cada género cuente con 50 por ciento de representación. Este mismo principio se aplicará en el caso de alianzas electorales y de candidaturas externas;

...

i. En los casos de los registros por fórmulas de propietarios y suplentes, las candidaturas de suplentes tendrán las mismas cualidades respecto a las acciones afirmativas de género, jóvenes, indígenas y migrantes que tengan los propietarios o propietarias, este mismo precepto se observará en el caso de las alianzas y candidaturas externas;

...

Artículo 6o.Los comités de base por actividad o preferencia de los miembros del partido

...

3. Las dirigencias en todos los niveles impulsarán la crea-ción de comités de base que agrupen voluntariamente a miembros del partido en el ámbito juvenil; de la lucha por la equidad entre los géneros y por los derechos de la mujer; defensa y protección del medio ambiente; laboral y educativo, entre otros, así como impulsar la elaboración de políticas para los diversos sectores sociales.

Artículo 49o.Las alianzas y convergencias electorales...

...

5. El Partido de la Revolución Democrática podrá realizar convergencias electorales con partidos registrados y con agrupaciones de cualquier género, con o sin registro o sin personalidad jurídica, mediante un convenio político de carácter público. En el caso de estas últimas, sólo se procederá la convergencia cuando sus directivos o integrantes no sean miembros del partido o hayan sido en un periodo de tres años. La convergencia será aprobada por mayoría calificada por el Consejo Nacional cuando se trate de elecciones federales y por el Consejo Estatal cuando se trate de elecciones locales y municipales.

Partido del Trabajo

Artículo 119 Bis. Las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores no deberán exceder del 60 por ciento para un mismo género. También podrán elegir los candidatos a cargos de elección popular, en votación abierta a toda la militancia, en términos del artículo 219, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Partido Verde Ecologista de México

Artículo 22.Del presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

...

f) Presentar ante la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, en la fecha de su registro, un proyecto de programa de trabajo que sustente el crecimiento del partido con base a sus principios e ideología; que contemple además el desarrollo de los temas en materia ambiental, social, política, económica y de género, este proyecto se le hará llegar a los miembros de la Asamblea Nacional para su estudio y valoración;

...

Artículo 42.Las disposiciones del presente capítulo norman los procedimientos relativos a los procesos internos para la elección de dirigentes y postulación de candidatos a cargos de elección popular en el ámbito nacional, de las entidades federativas y del Distrito Federal, municipal, distrital o delegacional en el caso del Distrito Federal, son de observancia general y nacional para todos los militantes, adherentes y dirigentes, bajo los principios democráticos de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, garantizando y aplicando los principios de equidad de género.

Artículo 55.De la postulación de candidatos a cargos de elección popular.

...

IV. Garantizar y aplicar en los términos legales y estatutarios el principio de participación de género.

...

Artículo 58.La convocatoria deberá contener cuando menos los elementos siguientes:

VIII. Garantizar y aplicar la participación de género, por lo que de la totalidad de candidaturas a diputados locales, diputados federales y senadores en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos de un mismo genero;;

...

Convergencia

Artículo 4. Del Partido de Mujeres y Hombres

...

2. En las delegaciones a las asambleas, en los cargos de elección popular directa y en las listas de los diferentes niveles electorales, hombres y mujeres deberán tener una tendencia a ser representados en igual medida. Ninguno de los dos géneros, en lo posible, puede ser representado en una proporción inferior a 40 por ciento.

...

Artículo 5. De la Participación sin Distinción de Género

En el periodo de una década se deberá alcanzar una participación numérica paritaria de mujeres y hombres en los procesos electorales, tanto internos como de elección popular, así como en los órganos de control, secretarías, administración, asesoramiento, comisiones permanentes y demás instancias del partido.

Artículos Transitorios

...

Cuarto

En relación con lo establecido por el Artículo 4, numeral 2, durante la etapa de consolidación del partido se aplicará el porcentaje de género previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

...

Nueva Alianza

Artículo 28. Son facultades del Consejo Nacional:

...

XVII. Acordar, en el ámbito estatal, las medidas necesarias para garantizar la equidad de género en las candidaturas a cargos de elección popular, conforme a la legislación aplicable;

...

Artículo 59.- La Junta Ejecutiva Estatal tendrá facultades para

...

X. Acordar, en el ámbito estatal, las medidas necesarias para garantizar la equidad de género en las candidaturas a cargos de elección popular, conforme a la legislación aplicable; y

...

Artículo 70. Los órganos partidistas competentes deberán garantizar que en la postulación de candidatos a puestos de elección popular se cumpla estrictamente con las normas legales relativas a la participación de las mujeres y la equidad de género.

Estatutos del Partido Socialdemócrata

Artículo 9.En todos los procesos de integración de los órganos de dirección del partido y de selección de candidaturas a cargos de elección popular, se garantizará una competencia equitativa, en los términos y bajo las modalidades establecidas en estos estatutos y en los reglamentos, acuerdos y convocatorias correspondientes.

En dichos procesos se procurará la paridad de género. En todo caso, deberá garantizarse en la integración de sus órganos y en la definición de sus candidaturas a cargos de elección popular para cada proceso electoral, que ningún género ocupe más del 60 por ciento de los cargos o las candidaturas propietarias federales y locales.

Artículo 20.Las personas afiliadas al Partido Socialdemócrata tendrán los siguientes derechos:

...

d) No ser excluido por motivos de género; origen o pertenencia étnica; creencias religiosas; convicciones éticas; preferencia u orientación sexual; condiciones sociales, económicas o culturales; o por cualquier otro motivo o forma de discriminación que atente contra los derechos de las personas;

...

Artículo 22. Las personas adherentes al partido tendrán los siguientes derechos:

a) No ser excluidas por motivos de género; origen o pertenencia étnica; creencias religiosas; convicciones éticas; orientación sexual; condiciones sociales, económicas o culturales; o por cualquier otro motivo o forma de discriminación que atente contra los derechos de las personas;

Artículo 23.Las personas adherentes al partido tendrán las siguientes obligaciones:

...

b) Promover y hacer valer en el desarrollo de todas sus actividades los principios y los valores de la equidad, la laicidad, la diversidad, elrespeto y legalidad, con especial énfasis en la equidad de género y la no discriminación;

...

Artículo 25. Las  personas que, habiendo sido postuladas por el partido, ocupen un cargo de representación popular tendrán las siguientes obligaciones:

...

i) Promover y hacer valer en el desarrollo de todas sus actividades los principios y los valores de la equidad, la laicidad, la diversidad, la tolerancia y la legalidad, con especial énfasis en la equidad de género y la no discriminación;

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de marzo de 2010.— Diputados: Elvia Hernández García, Adriana Fuentes Cortés, Silvia Esther Pérez Ceballos, Blanca Estela Jiménez Hernández, Margarita Gallegos Soto, Rosario Ortiz Yeladaqui, Laura Arizméndi Campos, Florentina Rosario Morales, Noé Martín Vázquez Pérez, Andrés Aguirre Romero, José Alfredo Torres Huitrón, Reginaldo Rivera de la Torre, Felipe Borja Texocotitla, Francisco Hernández Juárez, Carlos Cruz Mendoza, Francisco Lauro Rojas San Román, María del Carmen Izaguirre Francos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Jorge Hernández Hernández, Armando Corona Rivera, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Héctor Hernández Silva, Rodrigo Reina Liceaga, Ernesto de Lucas Hopkins, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, María Guadalupe García Almanza, Héctor Guevara Ramírez, Armando Ríos Piter, Julieta Octavia Marín Torres, María Isabel Merlo Talavera, Janet Graciela González Tostado, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Solicita la palabra la diputada Sandra Méndez Hernández. Dígame, diputada.

La diputada Sandra Méndez Hernández(desde la curul): Señor presidente, únicamente para solicitar a la diputada Elvia Hernández si me permite adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputada Hernández, ¿está usted de acuerdo?

La diputada Elvia Hernández García(desde la curul): Sí, por supuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo, diputada. Para todas y todos aquellos compañeros legisladores que deseen sumarse pasen por favor a la Secretaría. La diputada Hernández García ha aceptado que se sumen.

REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota:Con su permiso, ciudadano presidente. El objeto de la iniciativa que está a su consideración tiene por objeto hacer accesible la información que se difunde en el Canal del Congreso a las personas con discapacidad auditiva.

En una democracia como la nuestra la participación de todas y todos los mexicanos aún no es una realidad. Existen sectores marginados y discriminados de la posibilidad de opinar sobre asuntos públicos, excluidos del acceso a la información que se genera en la actividad política nacional. Lo anterior debido a que el marco jurídico no ha sido reformado.

En este sentido, el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es la norma que rige el quehacer del Canal de Televisión del Congreso. La primera transmisión experimental del Congreso se realizó en el 2001 e inició transmisiones por sistemas, vía satelital, hasta el 2005, cuando alcanzó ya 24 horas diarias de programación.

Con relación al asunto que nos ocupa, el Canal del Congreso desde el 2005 transmite al final del noticiero un resumen de noticias en lengua de señas mexicanas que dura 5 minutos. Ya han pasado más de cinco años con esta limosna de tiempo para la información a las personas con discapacidad auditiva. Es hora de que asumamos con mayor responsabilidad la garantía de información a las personas sordas.

Todas y todos deben saber qué hacemos las diputadas y los diputados. Y esta iniciativa pretende establecer una televisión accesible para las personas con discapacidad auditiva, que proporcione los medios necesarios para acceder a la información que generamos. Fundamentalmente estos medios son: la subtitulación de los programas, los programas con incorporación de intérprete de lengua de señas y el teletexto.

Las personas con discapacidad en este país ocupan un grupo importante y adquieren la discapacidad por distintos motivos, ya sea por edad, por accidente o por nacimiento. Las causas de sordera en el país tienen también muchas variables.

Diputados y diputadas, los convoco a que con esta reforma demos derechos a los sordos y no migajas de información. Con la aprobación de esta iniciativa que propone que las transmisiones de las sesiones y reuniones de las comisiones que traten temas de interés general sean apoyados con un recuadro, con un intérprete de lengua de señas mexicanas, los teletextos o los subtítulos para que estas personas tengan un real acceso a la información pública de este país. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Historia del Canal del Congreso. El 31 de agosto de 1999, se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para normar las actividades del Canal del Congreso y de la Comisión Bicamaral.

La primera transmisión experimental se realizó el 18 de marzo de 1998, pero fue hasta 2001 que el Canal del Congreso inició transmisiones por los sistemas de televisión restringida vía satélite: 1 de marzo por Sky y 15 de abril por Direct TV. Desde el 1 de noviembre del 2005 las transmisiones cubren 24 horas diarias de programación.

El Canal del Congreso tiene un imperativo educativo, cultural y cívico. Y consiste en presentar al debate y la deliberación, no únicamente como contenidos de cobertura privilegiada, sino como la racionalidad intrínseca, la lógica subyacente a la construcción de una vida democrática auténtica.

La actividad del Canal del Congreso se desarrolla bajo los siguientes principios: libertad, justicia, igualdad, vida y auto-confirmación humana, bienestar social, tolerancia a las ideas, respeto, integridad, tradición y cultura, cooperación, responsabilidad social, equidad social, dignidad, progreso científico, independencia, convivencia humana armoniosa, amor a la patria, lealtad a las instituciones, patriotismo, pluralidad representativa, dignidad humana, convivencia humana, democracia, integración nacional, solidaridad social, tolerancia, cultura cívica y política y paz.

Las y los diputados de la LVII Legislatura la presentación de asuntos que tenían que ver con las personas con discapacidades lagunas ocasiones contrataron los servicios de intérpretes de lengua de señas mexicanas para la presentación de los asuntos en la Tribuna. La anterior, no ha sido una práctica común, ya que se han presentado más de 80 iniciativas en materia de discapacidad desde ese entonces y muy pocas han sido interpretadas.

De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, el 1.84% del total de la población tiene algún tipo de discapacidad. La encuesta censal de ese mismo año, en la que se aplicó un cuestionario ampliado arrojo una estimación de 2.31%.

Del porcentaje total de personas con discapacidad, los sordos, entre los hombres representan el 16.5%, y entre las mujeres el 14.8%. Esta población se encuentra segmentada de acuerdo con los grupos de edad, en los siguientes porcentajes: el 12% tiene entre 0 y 14 años, 11.2% de 15 a 25, 12.0% entre 30 y 59 años y 21% entre 60 y más años.

Las causa de la sordera en el país se vinculan con la edad avanzada, en un 38.2%; con los accidentes, en un porcentaje del 11.8; en un 25 por ciento con la enfermedades; y en un 16.2 por ciento son de nacimiento.

Las tecnologías en materia de atención a las personas con discapacidad auditiva, relacionadas con los medios de comunicación se han desarrollado de manera importante y cada día es más común estar frente a un televisor con aditamentos que los sordos entienden con facilidad.

La televisión accesible para las personas con discapacidad auditiva es la que proporciona los medios necesarios para acceder a la información y la formación a este sector de la sociedad. Fundamentalmente estos medios son: subtitulación de programas, programas con incorporación de intérpretes de lengua de signos y el teletexto

A nivel internacional, en materia de canales de TV de parlamentos, algunas de las conclusiones de la primera Conferencia sobre Transmisión Parlamentaria, realizada por la Unión Interparlamentaria, la Unión Europea de Transmisión y la Asociación de Secretarios General de los Parlamentos; a las que llegó fue que los ciudadanos deben mantenerse informados y los parlamentos deben informar a la población. En toda democracia, las instituciones públicas deben ser transparentes y responsables ante la población. La transmisión pública de los trabajos parlamentarios promueven esa transparencia y responsabilidad.

La conferencia brindó algunas respuestas. Los canales parlamentarios no deben estar muy preocupados por los índices de audiencia. La información al público es un concepto mucho más importante, de acuerdo con los expertos de transmisión presentes en Ginebra. Las grandes noticias siempre atraerán grandes audiencias. La transmisión de las actividades parlamentarias debe hacerse de manera independiente, con pluralismo (en términos de opiniones y propiedad) y la libertad de los medios, elementos que otorgan credibilidad. La totalidad del proceso político y lo que sucede fuera de los recintos del parlamento también pueden ser reflejados y la calidad de la transmisión en vivo de gran importancia, en la opinión de los participantes

Algunos parlamentos ya cuentan con su propio canal de televisión:

Canal de Televisión del Parlamento Europeo. El Canal fue presentado el 16 septiembre de 2008. Este proyecto incluye una sección destinada a recoger las opiniones y comentarios de los ciudadanos y otra dirigida a niños.

Está disponible en 22 de las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea, ya que el gaélico sólo tiene una cobertura parcial. Uno de los principales compromisos con los que nació esta televisión fue la voluntad de representar todos los puntos de vista que alberga el Parlamento Europeo, incluidos los minoritarios, puesto que se trata de un canal institucional y no privado.

España.El canal, nació en la VII Legislatura, por iniciativa del Congreso de los Diputados en abril de 2000 para dar a conocer la actividad parlamentaria a los ciudadanos. Se transmite por satélite, cable e Internet, con una programación basada en la retransmisión, en directo y en diferido de sesiones de Pleno y de las comisiones; así como de programas divulgativos de producción propia.

Portugal. Cuenta con un canal de TV denominado ARTV Canal Parlamento.

Además de los señalados también cuentan con canal los parlamentos de Alemania, Escocia, Francia, Irlanda y Reino Unido.

En nuestro país, el Canal del Congreso como ya lo señalamos es el medio con el que cuenta el Poder Legislativo para informar de las actividades que realizan las y los legisladores a la ciudadanía.

El Canal del Congreso, desde el 2005 transmite al final del noticiero un resumen de noticias en lengua de señas mexicanas que dura cinco minutos.

El Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el inciso i) Artículo 14, establece que son atribuciones de la Comisión: “ i) Fijar las reglas de transmisión de las sesiones plenarias, de comisiones y comités del Congreso y de todas las demás transmisiones que se realicen”. Hasta el momento, la Comisión no ha establecido una política de integral de acceso a la información televisiva a las personas sordas.

La implementación de esta reforma no será costosa, ya que ya hay antecedentes que permiten calcular con precisión el costo de transmitir en Lengua de Señas Mexicanas las sesiones y aquellas actividades del Poder Legislativo que se consideren prioritarias y de interés social.

Además, los principios de equidad, responsabilidad social, convivencia y dignidad humana bajo los que se guían las actividades del Canal son congruentes con el espíritu de la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4.

...

La información que difunda el Canal del Congreso deberá contar con un intérprete de Lengua de Señas Mexicanas en un recuadro o subtítulos, que garanticen la accesibilidad de la información a las personas con discapacidad auditiva.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Bicamaral del Canal del Congreso presentará la propuesta presupuestaria a fin de cumplir con lo dispuesto en el presente decreto.

Notas:

1 Tomado de la página web del Canal del Congreso: http://www.canaldelcongreso.gob.mx/nueva_imagen/seccion.php?id=3

2 Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, página 51.

3 Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, página 64

4 Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, página 65.

5 http://www.eunate.org/tele_sor.htm

6 Tomado de la página web http://www.secretariagrulacuip.org/archivos/comunicadosdeprensa/246.pdf, artículo: “21 de noviembre de 2006 – Día mundial de la televisión: El éxito de los canales parlamentarios de TV prueba el interés por las actividades Parlamentarias”.

7 http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/Article8439.html

8 Tomado de la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Parlamento

9 http://www.canal.parlamento.pt/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 79 y 93 de la Ley General de Salud.

El diputado Sabino Bautista Concepción:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, entendemos por medicina tradicional indígena al conjunto de sistemas de atención a la salud que tiene sus raíces en el profundo conocimiento en padecimientos y enfermedades de los diferentes pueblos indígenas, que han acumulado a través de su historia, fundamentalmente en una interpretación del mundo de la salud y de enfermedades de origen prehispánico, en las cuales han incorporado elementos provenientes de otras medicinas antiguas.

Ante esto se puede expresar que la medicina tradicional comprende al universo como una totalidad interconectada. El cuerpo humano, que incluye mente y espíritu, conectados estrechamente a ese universo. Un entendimiento y clasificación de las diferentes enfermedades, coherente con toda la cosmovisión y concepción de la salud y enfermedad. Un entendimiento de las causas de la enfermedad.

No debemos olvidar que la medicina tradicional indígena es ejercida por personas con conocimientos adquiridos a través de generaciones y que prestan sus servicios para prevenir enfermedades, curar, o mantener la salud individual, colectiva y comunitaria de su región, enmarcando su práctica y conocimiento en la cosmovisión del sistema tradicional indígena.

En nuestra Carta Magna se reconocen los derechos de los pueblos indígenas para preservar todos los elementos que brinden su identidad cultural, así como aprovechar debidamente la medicina tradicional.

Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes plasma en sus artículos 2 inciso b) y 4, que los gobiernos deben desarrollar acciones y tomar medidas para proteger, por una parte, los derechos culturales de los indígenas y, por otra, para preservar las culturas indígenas.

A pesar de ello, en nuestro país es evidente que sólo han sido buenos deseos que se encuentran plasmados de manera dogmática, porque su ejercicio y respeto no se ha reflejado en la realidad de las comunidades indígenas, en razón de las constantes dificultades a las que se enfrentan los médicos, curanderos o terapeutas tradicionales, en el sentido de la falta de reconocimiento y apoyo financiero por parte del Estado a través de programas que permitan impulsar su pleno desarrollo.

Asimismo, la Ley General de Salud señala que dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud estará el de promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas, así como en coordinación con la Secretaría de Educación Pública se reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional indígena.

A pesar de hacerse referencia a la medicina tradicional, aún se carece del reconocimiento necesario para otorgar formalidad a esta práctica milenaria, ya que en la actualidad sólo se encuentran reconocidas las prácticas curativas de los médicos a través de un título profesional o certificado de especialización, legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, como se consagra en el artículo 79 de la ley en comento.

Sin duda alguna es urgente en nuestro país la integración de la medicina tradicional al sistema sanitario nacional. Con ello será posible el pleno reconocimiento e inclusión en las políticas públicas de salud que permitan su desarrollo.

Con este reconocimiento se tendrá una opción real para el cuidado de la salud, no sólo de la población rural, sino también para la urbana.

Su difusión y adopción como medicina alternativa conllevaría a lo siguiente: se generarían fuentes de empleo para los terapeutas tradicionales, tanto al interior de la comunidad como la implementación de programas municipales de atención gratuita o de bajo costo para la población, como hacia el exterior, con el establecimiento de centros de atención a la población urbana mediante el financiamiento de los gobiernos locales y el autofinanciamiento.

Se pondrían a la disposición de un público amplio los productos herbolarios que las organizaciones de médicos tradicionales ya elaboran y se incentivaría la transmisión de los conocimientos de la medicina tradicional, evitando con ello su extinción.

Por ello, mi propuesta busca establecer el reconocimiento institucional de la medicina tradicional por parte de la Secretaría de Salud a través de un régimen de excepción en su regulación, con la finalidad de que no se requiera la obtención de título profesional para su ejercicio.

Esta acreditación se sujetará a las disposiciones aplicables de las entidades federativas en materia de profesiones y el reglamento que para ello expida la Secretaría de Salud federal sobre medicina tradicional, obligando a la Secretaría de Salud a garantizar el desarrollo de la medicina tradicional a través de programas, proyectos y acciones que permitan su fortalecimiento y pleno desarrollo.

Por último, es oportuno destacar que en la actualidad ya está en marcha un proceso para lograr un marco jurídico adecuado de la medicina tradicional, en el cual están participando instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la propia Secretaría de Salud. Dichas instituciones han diseñado y llevado a cabo proyectos de capacitación para terapeutas tradicionales, otorgándoles credenciales donde se les acredita como terapeuta tradicional.

De igual manera en algunos congresos locales están en análisis, debate y discusión, iniciativas que permitirán a los médicos tradicionales indígenas ejercer la práctica de sus conocimientos, con pleno reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias, como son los casos de las entidades federativas de Chiapas, Distrito Federal, Chihuahua, Durango, Nuevo León y en el caso de San Luis Potosí, ya cuenta con el reconocimiento.

Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea integrado el texto de mi iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 6, 79 y 93 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Sabino Bautista Concepción, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI Bis del artículo 6 y se adicionan un último párrafo a los artículos 79 y 93 de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Se entiende por medicina tradicional indígena al conjunto de sistemas de atención a la salud que tiene sus raíces en el profundo conocimiento en padecimientos y enfermedades de los diferentes pueblos indígenas que han acumulado a través de su historia, fundamentalmente en una interpretación del mundo (cosmovisión), de la salud y de enfermedades de origen prehispánico, en las cuales han incorporado elementos provenientes de otras medicinas antiguas.

Ante esto, se puede expresar que la medicina tradicional comprende al universo como una totalidad interconectada, el cuerpo humano que incluye a la mente y el espíritu conectados estrechamente a ese universo; un entendimiento y clasificación de las diferentes enfermedades, coherente con toda la cosmovisión y concepción de la salud y enfermedad; un entendimiento de las causas de la enfermedad tomando en cuenta mecanismos que rompen el equilibrio frío-calor del cuerpo, derivados del comportamiento individual y de las relaciones sociales, ambientales y espirituales, así otras causas como los desórdenes alimenticios, movimientos bruscos, alteraciones de la fuerza vital; un conjunto amplio de procedimientos preventivos; una serie de estrategias para diagnosticar las enfermedades y los desequilibrios, así como un conjunto de elementos terapéuticos que incluyen a la herbolaria, al uso de productos animales y minerales, masajes, punciones con diferentes tipos de espinas vegetales y animales, la utilización del frío y humedad a través del uso de barro, así mismo a través del temascal y el calor de brazas de carbón.

Esta medicina también comprende los procedimientos conocidos como limpias, y ensalmos, con el objetivo de encontrar la armonía con las fuerzas y divinidades de la naturaleza.

Ante esto es oportuno recalcar que en toda sociedad ha sido fundamental durante su desarrollo contar con un sistema de salud acorde a los tiempos que se viven, el cual, sin duda ha sido resultado de una buena organización que han tenido las diferentes sociedades para enfrentar las enfermedades, accidente, el desequilibrio o la muerte.

En un mundo globalizado, se observa como en la mayor parte de las sociedades estos sistemas de salud son plurales, es decir, están interconectados varios modelos médicos con la finalidad de complementarse armónicamente, sin embargo, en ocasiones, como en el caso de México, es visto como una forma de competir, manteniendo con ello relaciones de exclusión o subordinación como ha sucedido durante varias décadas en nuestro país con la medicina tradicional indígena.

No olvidemos, que la medicina tradicional indígena, es ejercida por personas con conocimientos adquiridos a través de generaciones y que prestan sus servicios para prevenir enfermedades, curar o mantener la salud individual, colectiva y comunitaria de su región, enmarcando su práctica y conocimiento en la cosmovisión del sistema tradicional indígena.

Nuestro artículo 2o., apartado A, fracción IV, y apartado B, fracción III, de nuestra Carta Magna, reconoce los derechos de los pueblos indígenas a “preservar todos los elementos que brinden su identidad cultural, así como a aprovechar debidamente la medicina tradicional”.

Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, plasma en sus artículos 2, inciso b), y 4, que los gobiernos deben desarrollar acciones y tomar medidas para proteger, por una parte, los derechos culturales de los indígenas y por la otra, para preservar las culturas indígenas.

A pesar de ello, en nuestro país es evidente que sólo han sido buenos deseos que se encuentran plasmados de manera dogmatica, porque su ejercicio y respeto no se ha reflejado en la realidad de las comunidades indígenas.

En razón de las constantes dificultades a las que se enfrentan los médicos, curanderos o terapeutas tradicionales, en el sentido de la falta de reconocimiento y, apoyo financiero por parte del Estado a través de programas que permitan impulsar su pleno desarrollo.

La Ley General de Salud, señala que dentro de los objetivos del sistema nacional de salud será promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena, y su práctica en condiciones adecuadas; así como, en coordinación con la Secretaria de Educación Pública, se reconocerá, respetara y promoverá el desarrollo de la medina tradicional indígena.

A pesar de que nuestro ordenamiento jurídico hace referencia a la medicina tradicional, aun se carece del reconocimiento necesario para otorgar formalidad a esta práctica milenaria, ya que en la actualidad solo se encuentran reconocidas las prácticas curativas de los médicos a través de un título profesional o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, como se consagra en el artículo 79 de la ley en comento.

Es oportuno destacar que en la actualidad, ya está en marcha un proceso para lograr un marco jurídico adecuado de la medicina tradicional, en el cual están participando instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Mexicano del Seguro Social, y la propia Secretaria de Salud.

Dichas instituciones han diseñado y llevado a cabo proyectos de capacitación para terapeutas tradicionales, otorgándoles credenciales donde se les acredita como terapeuta tradicional. De igual manera, en algunos Congresos locales, están en análisis, debate y discusión iniciativas que permitirán a los médicos tradicionales indígenas ejercer la práctica de sus conocimientos con pleno reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias, como son los casos de las entidades federativas de, Chiapas, Distrito Federal, Chihuahua, Durango, Nuevo León y en el caso de San Luis Potosí que ya cuenta con el reconocimiento.

Otro dato a destacar es el alto porcentaje de la población urbana que busca nuevas alternativas para el cuidado de la salud, recurriendo para ello, con mayor frecuencia a la medicina tradicional, en razón de que es más económica, accesible y eficiente.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que en muchos países “en vías de desarrollo” es ampliamente utilizada la medicina tradicional. Sin embargo, en estos países aún preexiste una normatividad y políticas que impiden la reglamentación del uso adecuado de esa práctica milenaria.

Sin duda es urgente en nuestro país la integración de la medicina tradicional al sistema sanitario nacional, con ello, será posible el pleno reconocimiento e inclusión en las políticas públicas de salud que permitan su desarrollo.

Con este reconocimiento se tendrá una opción real para el cuidado de la salud no sólo de la población rural sino también para la urbana, su difusión y adopción como medicina alternativa conllevaría lo siguiente: existiría una mejoría en cuanto a la salud de la población en general; se abaratarían los costos de atención a la salud; se generarían fuentes de empleo para los terapeutas tradicionales tanto al interior de la comunidad con la implementación de programas municipales de atención gratuita o de bajo costo para la población, como hacia el exterior , con el establecimiento de centros de atención a la población urbana mediante el financiamiento de los gobiernos locales y el autofinanciamiento; se pondrían a la disposición de un público amplio los productos herbolarios que las organizaciones de médicos tradicionales ya elaboran; y se incentivaría la transmisión de los conocimiento de la medicina tradicional evitando con ello su extinción.

Es por todos conocido que los médicos tradicionales no cuentan con una formación o entrenamiento reconocido, por ello, en mi propuesta se propone establecer el reconocimiento institucional de la medicina tradicional por parte de la Secretaria de Salud, a través de un régimen de excepción en su regulación con la finalidad de que no se requiera la obtención de título profesional para su ejercicio.

Esta acreditación se sujetara a las disposiciones aplicables de las entidades federativas en materia de profesiones, y el reglamento que para ello, expida la Secretaria de Salud Federal sobre medicina tradicional. Obligando a la Secretaria de Salud a garantizar el desarrollo de la medicina tradicional, a través de programas, proyectos y acciones que permitan su fortalecimiento y pleno desarrollo.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VI Bis del artículo 6 y se adicionan un párrafo al artículo 79 y otro al 93 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción VI Bis del artículo 6 y se adicionan un último párrafo a los artículos 79 y 93 de la Ley General de Salud.

Artículo 6. ...

I. a la VI. ...

VI Bis.Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas, a través del diseño e implementación de programas, instrumentos y mecanismos que elaborara la Secretaria de salud, en los cuales se tenga como prioridad que se permita y garantice a los pueblos indígenas su conservación y fortalecimiento como parte de su cultura. En el diseño de dichos programas, instrumentos y mecanismos, la Secretaría de Salud podrá solicitar la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para su elaboración.

Artículo 79. ...

Se exceptúa de esta disposición a quienes practican la medicina tradicional indígena, cuya acreditación oficial se sujetara a los usos y costumbre, así como, a las disposiciones aplicables en las entidades federativas en materia de profesiones y al reglamento que al respecto expida la Secretaria de salud en esta materia.

Artículo 83. ...

Lo dispuesto en el párrafo anterior, así como lo señalado en el artículo 79 de esta ley, no es aplicable al ejercicio de la medicina tradicional.

Artículo 93. ..

La Secretaría de Salud tendrá la obligación de promover el desarrollo de la medicina tradicional, a través del diseño e implementación de programas que permitan su participación en el sistema nacional de salud, garantizando a los pueblos indígenas su conservación y fortalecimiento como parte de su cultura.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud expedirá el reglamento a que se refiere el último párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud en un término que de seis meses contados a partir del día de su publicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.— Diputado Sabino Bautista Concepción (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el señor diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Policía Federal.

No se encuentra en el salón de sesiones. Pasa al final.

Se pospone también la participación de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Juan Carlos Natale López:Buenas tardes, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados federales, hoy vengo a presentarles una iniciativa de ley para reformar los artículos de la Ley de Coordinación Fiscal de la federación, con el objetivo de implementar un fondo más y agregar a los últimos dos fondos nacionales de la Ley de Coordinación Fiscal, que incorporaron a los municipios como beneficiarios del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública. Además de que se incorporó también al Ramo 33 un octavo Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y se modificó la fórmula de distribución del Fondo de Educación Básica y Normal para compensar a los estados que tenían un gasto federal por alumno menor al promedio nacional.

En este sentido podemos afirmar que hemos perdido cerca de siete años en retomar el horizonte de descentralización de facultades y políticas que, por falta de recursos económicos y de certidumbre jurídica y financiera, no se han podido concretar.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy por hoy es un imperativo improrrogable acelerar el proceso de descentralización que transite de un sistema fiscal intergubernamental, basado en gran parte en participaciones cuyo objetivo es esencialmente resarcitorio, a otro que incluya una cantidad equivalente de recursos federales delegados a los gobiernos locales con un objetivo compensatorio, cuya principal finalidad sea fomentar la equidad entre los estados integrantes de la federación y garantizar una eficaz capacidad de respuesta.

En este tenor, la iniciativa plantea la creación de un nuevo fondo en la Ley de Coordinación Fiscal denominado Fondo de Aportaciones para la Atención Integral al Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de los Estados y el Distrito Federal, con el propósito de garantizar la asignación de recursos vía transferencias etiquetadas en el presupuesto de gasto público federal, que se signó por la creación de la figura de aportaciones federales para entidades federativas y municipios, lo cual a su vez dio origen a la creación del Ramo 33, incorporado al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998.

Cabe precisar que este nuevo fondo se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho fondo a partir de los elementos antes mencionados.

Cabe destacar también que esta iniciativa es complementaria a otra que en este pleno en días pasados presenté, con el afán de iniciar un proceso riguroso de descentralización de las facultades en materia forestal de la federación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Juan Carlos Natale López, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un paso de trascendental importancia en el proceso de descentralización del gasto público federal tuvo origen a finales de 1997, con motivo de la reforma y adición del Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal que se tradujo en la creación de la figura de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, lo cual a su vez, dio origen a la creación del Ramo 33, incorporado al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1998.

En el Programa Económico (Paquete Económico) enviado por el Ejecutivo federal al Poder Legislativo en el mes de noviembre de 1997, para su aprobación y entrada en vigor al año siguiente, se planteó la propuesta para la creación del Ramo 33, ello implicó reformar y adicionarle el Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, lo que se tradujo en la creación de la figura “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, mismo que fue incorporado por primera ocasión al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998.

En la propuesta original presentada por el Ejecutivo federal para la creación de este Ramo se consideraron únicamente tres fondos: Educación Básica, Servicios de Salud e Infraestructura Social Municipal.

Durante las deliberaciones en la comisión dictaminadora, se amplió y enriqueció la propuesta original del Ejecutivo, modificándose la denominación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a la que se le denominó Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), al mismo tiempo que se le integraron dos subfondos: uno destinado a los municipios, denominado Fondo para la Infraestructura Social Municipal y otro para los estados, denominado Fondo para la Infraestructura Social Estatal. Asimismo, se propuso ante el pleno y fue aprobada la creación de dos fondos adicionales destinados a la satisfacción de diversas necesidades sociales, surgiendo así el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Además, al Fondo de Educación Básica, se le incorporaron recursos y facultades con la finalidad de apoyar e impulsar la educación normal en los estados de la Federación, denominándose Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Cabe destacar que originalmente, en el presupuesto para el ejercicio fiscal 1998, el Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, estaba constituido por cinco fondos, de la manera siguiente:

1. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB);

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);

3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se divide en dos:

- Fondo para la Infraestructura Social Estatal, y

- Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), y

5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que a su vez se integra de:

- Fondo para la Asistencia Social (se canalizan al DIF),

- Fondo para la Infraestructura Educativa Básica, y

- Fondo para la Infraestructura Educativa Superior.

Para el ejercicio presupuestal de 1999, se incorporaron nuevos Fondos al Ramo 33 como respuesta al proceso de descentralización de la educación técnica que se imparte por medio del Colegio Nacional para la Educación Profesional y Técnica (Conalep), de la educación para adultos que proporciona el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), así como de las actividades relacionadas con el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP), los Fondos de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Para el ejercicio presupuestal del año 2007 este Ramo se robusteció y amplió su horizonte de acciones con la incorporación del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF). Programa que la Cámara de Diputados incluyó por primera ocasión en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2000 y posteriormente, en el PEF del 2003 se crea y se le asigna el Ramo 39.

Derivado de las reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal aprobadas a finales de 2006, para darle estabilidad se convirtió en el octavo fondo del Ramo 33, ahora con la denominación de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); a la vez que se estableció su incorporación en el presupuesto anual de manera permanente, al determinar mediante mandato de ley, que el monto deberá ser del 1.4 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP) y la distribución hacia los Estados deberá hacerse con base al porcentaje que haya registrado este Fondo en el PEF del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Actualmente, la composición del Ramo 33, desde su incorporación en el PEF de 1998, se le han adicionado tres fondos más, por lo que actualmente se encuentra conformado por ocho Fondos:

1. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB);

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);

3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dividido en dos:

- Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y

- Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF);

5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), dividido en tres:

- Fondo para la para Asistencia Social (DIF),

- Fondo para Infraestructura Educativa Básica, y

- Fondo para Infraestructura Educativa Superior.

6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA);

7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y

8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

En este sentido, con la creación del Ramo 33, se ha dotado a las entidades federativas y municipios de mayor certeza jurídica y certidumbre financiera en la disponibilidad de los recursos, así como mayores responsabilidades sobre el uso y vigilancia de los mismos; a la vez que, se pasó de un sistema fiscal intergubernamental basado exclusivamente en Participaciones cuyo objetivo es esencialmente resarcitorio, a otro que incluye una cantidad equivalente de recursos federales delegados a los gobiernos locales con un objetivo compensatorio, cuya principal finalidad es fomentar la equidad entre los estados integrantes de la Federación.

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), de estos ocho fondos que conforman actualmente el Ramo 33, se asignan, distribuyen y aplican recursos financieros para estados, Distrito Federal y municipios en función del cumplimiento de necesidades sociales relacionadas con la educación, salud, infraestructura social, seguridad pública, obligaciones financieras entre otras, sin embargo, ningún fondo está destinado exclusivamente para cubrir funciones en materia de ecología y medio ambiente de tal modo que sea federalizado a los gobiernos subnacionales.

En este sentido, la propuesta objeto de la presente iniciativa, plantea la creación de un noveno fondo en la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de garantizar la asignación de recursos vía transferencias “etiquetadas” que atiendan fines sobre el cuidado, conservación, restauración, vigilancia y control en los rubros de medio ambiente y ecología de los estados y el Distrito Federal.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal en los siguientes términos:

Artículo Único. Se adiciona una fracción novena al artículo 25; y se reforma el artículo 48 recorriéndose el actual para ser 49 y así sucesivamente el subsiguiente de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a VIII. ...

IX. Fondo de Aportaciones para la Atención Integral al Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de los Estados y el Distrito Federal.

Artículo 48. El Fondo de Aportaciones para la Atención Integral al Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de los Estados y el Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos Federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo a partir de los siguientes elementos:

Los registros forestales, residuales, de saneamiento y de riego, acciones de conservación de ecosistemas en áreas naturales protegidas y de la vida silvestre, estudios de los costos programables por pérdida de biodiversidad y de degradación ambiental así como de las instalaciones y personal utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas y Distrito Federal con motivo de la suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto de impuestos federales y aportaciones de seguridad social.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintitres días del mes de marzo del año dos mil diez.— Diputados: Juan Carlos Natale López, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran entre nosotros los consejeros parlamentarios de Naucalpan, invitados por el diputado David Sánchez Guevara. Sean ustedes bienvenidos.

Igualmente están entre nosotros alumnos de la Universidad del Valle de México, invitados por la diputada Silvia Pérez Ceballos. Sean ustedes bienvenidos.

ARTICULOS 73, 115 Y 122 CONSTITUCIONALES - LEY REGLAMENTARIA PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que expide la Ley Reglamentaria para la Formulación del Presupuesto Participativo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias presidente. Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados, esta iniciativa con proyecto de decreto propone la reforma a algunos artículos de la Constitución, principalmente al artículo 73, 115 y 122 para que en México se contemple la figura de presupuesto participativo y también propone la iniciativa la Ley Reglamentaria para la Formulación del Presupuesto Participativo.

En el Congreso de la Unión, en distintas legislaturas, se han presentado iniciativas en materia de presupuesto participativo, pero todas ellas se han ocupado, exclusivamente, de las normas constitucionales y ninguna de ellas ha propuesto una ley reglamentaria –como hoy lo estamos haciendo– para regular esta figura tan importante de la democracia directa.

El presupuesto participativo es una realidad en muchos países de América Latina y en algunas ciudades y municipios de países como España. El presupuesto participativo tiene su origen en Porto Alegre, Brasil, en 1989. En este momento en Brasil existen cerca de 250 ciudades, 250 municipios en donde el presupuesto participativo es una realidad. También en países como Perú, Colombia y Argentina se ha regulado el presupuesto participativo. Como dije anteriormente, en algunos municipios de España existen formas de presupuesto participativo.

Hay que decir que también en México hay algunas experiencias no juridificadas, no reguladas, pero sí realizadas, de presupuesto participativo. Hace algunos años en la delegación Tlalpan del Distrito Federal hubo ejercicios de presupuesto participativo.

¿En qué consiste esta figura? Esta figura consiste en darle oportunidad a la ciudadanía, a la sociedad civil, a que participen en la elaboración del presupuesto, que no solamente a nivel municipal o delegacional sean las autoridades legislativas o los municipios los encargados de aprobar el presupuesto, sino que en el presupuesto, además de ser aprobado por órganos colegiados, ya sean legislativos o municipales, en la confección del presupuesto participen los ciudadanos.

En esta iniciativa estamos proponiendo que al menos el 25 por ciento del presupuesto para gastos de inversión sea producto de un ejercicio participativo en donde participen ciudadanos y grupos sociales en la confección del presupuesto. Pero no solamente la iniciativa propone que una parte del presupuesto se confeccione o se elabore con el apoyo, con la coadyuvancia de los ciudadanos, sino también estamos proponiendo que la totalidad del presupuesto de los municipios del país, de los más de 2 mil 500 municipios del país y de las delegaciones del Distrito Federal sea conocido y opinado por los ciudadanos antes de ser aprobado por los órganos competentes.

La tarea sería incompleta si solamente nos encargáramos o nos quedáramos con la confección, con la elaboración del presupuesto por parte de ciudadanos y por parte de grupos sociales, en su elaboración y aprobación junto con los cuerpos legislativos y con los municipios, también está proponiendo esta iniciativa en su ley reglamentaria que se participe en la evaluación, en el seguimiento, en el control, en la rendición de cuentas.

En pocas palabras, que los ciudadanos participen tanto en la aprobación del presupuesto como en el ejercicio del gasto público, en la evaluación del mismo y en el control del presupuesto.

Se trata de incorporar plenamente a los ciudadanos en esta tarea fundamental que determina el poder en cada municipio y en cada delegación del Distrito Federal.

Cuando los ciudadanos en este país participen aprobando el presupuesto de la nación, o de los estados o de los municipios o de las delegaciones, y evaluando el ejercicio del gasto en cada municipio, en cada entidad federativa y a nivel federal, creo que entonces sí podremos decir que hemos democratizado a las instituciones y que hemos concluido con la transición a la democracia en México.

Me pregunto, para terminar, ¿por qué 250 municipios del Brasil sí son capaces de realizar año con año ejercicios de presupuesto participativo? ¿Por qué muchos municipios y gobiernos locales de países como Perú, Colombia, Argentina o España, tienen como su práctica cotidiana o su práctica anual, la participación de los ciudadanos en la elaboración del presupuesto? ¿Por qué los mexicanos no podemos tener un ejercicio similar para permitir que millones de mexicanos sean conocedores, participen en las decisiones fundamentales del Estado?

De eso se trata, de incorporar seriamente a los ciudadanos a las tareas del Estado y a la cosa pública.

Por su atención, compañeros diputados, compañeras diputadas, muchas gracias. Solicito muy atentamente al presidente de la Mesa Directiva que esta iniciativa conste íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Reglamentaria para la Formulación del Presupuesto Participativo, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente:

Exposición de Motivos

Si tuviéramos que describir en pocas palabras a qué se refiere o cuál es el espíritu del presupuesto participativo, podríamos decir que el presupuesto participativo es un espacio público en el cual el gobierno y la sociedad se reúnen para ponerse de acuerdo acerca de cómo empatar las prioridades de los ciudadanos con la agenda de políticas públicas. El sentido del presupuesto participativo debiera privar en la toma de decisiones de todos los gobiernos democráticos, es tiempo de que la participación ciudadana se abra paso. La sociedad civil organizada lo exige, lo hemos visto, las organizaciones civiles se suman a la legítima demanda de participar activamente en la toma de decisiones.

Esta modalidad de presupuestación consiste en una serie de reuniones en las que se definen las demandas municipales y delegacionales, las prioridades, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversiones de los municipios o localidades. Por más técnicas y especializadas que puedan parecer las políticas y decisiones gubernamentales, el gobierno y los políticos no deben excluir a la sociedad de este proceso. En esto radica la principal bondad del presupuesto participativo, en hacer accesible a la sociedad su participación en la planeación, formulación y evaluación del presupuesto de sus comunidades. El presupuesto participativo es también, una de las mejores políticas redistributivas que el gobierno puede instrumentar, sus resultados se traducen en infraestructura y mejoras tangibles y elegidas democráticamente en las comunidades y municipios.

Antecedentes del Presupuesto Participativo

El Presupuesto Participativo encuentra sus orígenes en la Ciudad de Porto Alegre, Brasil. En enero de 1989, el Partido del Trabajo de ese país asumió la administración de esta ciudad y estableció una nueva modalidad de administración municipal, conocida como “administración popular”. Se basaba en una innovación institucional que tenía como objetivo garantizar la participación popular en la preparación y en la ejecución del presupuesto municipal, y, por lo tanto, en la distribución de los recursos y en la definición de prioridades de inversión. Esta nueva medida fue conocida como “presupuesto participativo”.

La experiencia democrática de Porto Alegre es una de las más conocidas en todo el mundo, aclamada por haber hecho posible una gestión eficaz, extremadamente democrática, de los recursos urbanos. La “administración popular” de Porto Alegre fue elegida por las Naciones Unidas como una de las 40 innovaciones urbanas en todo el mundo, para ser presentada en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos - Habitat II, que tuvo lugar en Estambul, en junio de 1996.

Definición de Presupuesto Participativo

En su libro “Democratizar la Democracia. Los caminos de la Democracia Participativa”, Boaventura de Sousa Santos define al Presupuesto Participativo como:

“El presupuesto participativo es una estructura y un proceso de participación comunitaria basado en tres grandes principios y en un conjunto de instituciones que funcionan como mecanismos o canales de participación popular sustentada en el proceso de tomas de decisiones del gobierno municipal. Los tres principios son los siguientes:

a) Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar, siendo que las organizaciones comunitarias no detentan, a este respecto, por lo menos formalmente, status o prerrogativas especiales.

b) La participación es dirigida por una combinación de reglas de democracia directa y de democracia representativa, y se realiza a través de instituciones de funcionamiento regular cuyo régimen interno es determinado por los participantes.

c) Los recursos de inversión son distribuidos de acuerdo con un método objetivo basado en una combinación de “criterios generales” –criterios sustantivos, establecidos por las instituciones participativas con el objeto de definir prioridades– y de “criterios técnicos” –de viabilidad técnica o económica, definidos por el ejecutivo, y normas jurídicas federales, estatales o de la propia ciudad, cuya realización cabe al ejecutivo”.

En el portal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal se puede consultar una definición que por su sencillez resulta clara y esquemática:

“El presupuesto participativo es un mecanismo de democracia participativa en la gestión pública, que tiene como objetivo central generar procesos e instancias de participación ciudadana en el establecimiento de prioridades presupuestarias.

Por medio de debates y consultas, los habitantes de una ciudad se acercan y forman parte del proceso de planeación del presupuesto público y lo hacen expresando sus necesidades y prioridades.

El gobierno paulatinamente va incluyendo las prioridades de los habitantes en el presupuesto para que parte del dinero se destine exclusivamente a satisfacer las necesidades que los mismos ciudadanos manifestaron como más importantes. Por lo anterior el presupuesto participativo es aquél que incluye las preferencias de los ciudadanos.”

Ventajas del Presupuesto Participativo

Entre las ventajas de su instrumentación se pueden destacar las siguientes:

• Incentiva la participación de la sociedad en la administración pública

• Educa y capacita a la población

• Identificar demandas concretas de la población

• Ampliación de servicios de urbanización

• Mejora de la calidad de vida en los gobiernos locales

• Establecimiento de criterios claros para la asignación de recursos

• Reducción de prácticas clientelares en la asignación de recursos públicos

• Incentiva la transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobernantes

• Instaura mecanismos de control social sobre los gobiernos

Otras experiencias de presupuesto participativo

Según distintas fuentes, hoy en día en Brasil, alrededor de 250 ciudades, están aplicando el presupuesto participativo. Si bien la gran mayoría de las experiencias continúan siendo brasileñas, nuevas iniciativas han surgido y se aplican en otros países latinoamericanas, como en Perú, Ecuador, Colombia y Argentina.

En España el número de experiencias que se conocen es pequeño (12) en relación al número de municipios existentes (8,108), representan un poco mas de 1% y son todas muy recientes, las más antiguas son Córdoba, Albacete, Cabezas de San Juan y Rubí y las más modernas Getafe, San Sebastián y Sevilla entre otras. La tendencia general en España es que los ciudadanos decidan sobre el capítulo de inversiones del presupuesto municipal y al igual que en Brasil, se comenzó a trabajar sobre una base territorial de proximidad como barrios, distritos, municipios, para después ampliar la implementación sobre bases temáticas, territoriales y a nivel estatal.

La propuesta que se presenta

La iniciativa que presento consta en términos generales de los siguientes elementos:

1. Se proponen modificaciones constitucionales para instaurar a nivel de los municipios de la República Mexicana y de las Delegaciones del Distrito Federal, la figura de presupuesto participativo en la integración de sus presupuestos generales.

2. Implementación del presupuesto participativo en la definición de por lo menos el 25% de los recursos que los municipios y delegaciones destinen al gasto de inversión dentro de sus respectivos presupuestos de egresos.

3. Establecer principios rectores que guíen los trabajos de aplicación del Presupuesto Participativo: participación, igualdad, transparencia, rendición de cuentas, respeto a los acuerdos y eficacia y eficiencia.

4. Elaboración, integración y seguimiento del presupuesto participativo de los gobiernos locales a cargo de Asambleas Populares y Consejos de Coordinación Municipales y Delegacionales, en donde participe la población en general.

5. Facultad de opinión por parte de la población sobre la integración y ejecución del presupuesto total de egresos de los gobiernos locales.

6. Obligación de los gobiernos locales de informar, capacitar y rendir cuentas sobre el proceso de integración del presupuesto participativo.

Nadie ha dicho, ni es mi pretensión hacerles creer que se trata de un proceso sencillo, la instrumentación de este mecanismo de democracia participativa es seguramente el más complejo de las democracias modernas, sin embargo, el análisis de sus resultados ha demostrado que funciona y vale la pena para el bienestar de la población.

Por todo lo expuesto, presento a consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que expide la Ley Reglamentaria para la Formulación del Presupuesto Participativo.

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Para expedir las leyes que establezcan a nivel federal los procesos de plebiscito, referéndum, iniciativa legislativa ciudadana, revocación del mandato, presupuesto participativo, acciones ciudadanas de inconstitucionalidad, acciones para la protección de intereses colectivos y difusos y, demás medios e instrumentos de democracia participativa y deliberativa.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo quinto al inciso c), de la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, participativo, deliberativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento y los ciudadanos, y no habrá autoridad intermedia alguna entre aquél y el gobierno del Estado.

...

...

...

Las legislaturas de los Estados dispondrán los más amplios medios de democracia participativa y deliberativa para el desarrollo de la vida municipal, entre ellos regularán: el referéndum, el plebiscito, la iniciativa reglamentaria y administrativa ciudadana, la revocación del mandato de los electos popularmente, el presupuesto participativo, el derecho de consulta, de audiencia, de auditoría ciudadana, la afirmativa ficta y, los cabildos abiertos, entre otras figuras de democracia semidirecta que deberán establecer esas normas.

II. ...

III. ...

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, al cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) ...

b) ...

c) ...

...

...

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos y los ciudadanos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

Los municipios adoptarán la figura de presupuesto participativo en la definición de por lo menos el 25% de los recursos que destinen al gasto de inversión dentro de sus respectivos presupuestos de egresos.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

VI. a X. ...

Artículo Tercero. Se modifica el párrafo cuarto del inciso b), de la fracción V de la BASE PRIMERA, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno estará a cargo de los Poderes Federales, de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local y, de los ciudadanos, en los términos de este artículo.

...

...

...

A. ...

B. ...

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

BASE PRIMERA. Respecto a la Asamblea Legislativa:

I. a IV. ...

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) ...

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente con los ciudadanos el presupuesto de egresos. Previamente, la Asamblea deberá aprobar la Ley de Ingresos del Distrito Federal a fin de cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

...

...

La facultad de iniciativa respecto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El Gobierno del Distrito Federal promoverá e implementará la figura de presupuesto participativo en la definición de por lo menos el 25% de los recursos que los órganos político administrativos destinen al gasto de inversión dentro de sus respectivos proyectos de presupuestos de egresos. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre.

...

...

...

BASE SEXTA.- El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que expida la Asamblea Legislativa, dispondrán de los más amplios medios de democracia participativa y deliberativa para el desarrollo del Distrito Federal, por lo que regularán: el referéndum, el plebiscito, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocación de mandato de los electos popularmente, el presupuesto participativo, el derecho de consulta, de audiencia, de auditoría ciudadana, la afirmativa ficta, la protección de intereses colectivos y difusos, los grupos de consejeros ciudadanos oficiosos ante el órgano judicial, entre otras figuras de democracia semidirecta que deben establecer esas normas.

Artículo Cuarto. Se expide la Ley Reglamentaria para la formulación del Presupuesto Participativo, cuyo contenido es el siguiente:

Ley Reglamentaria para la Formulación del Presupuesto Participativo

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la Ley. Establecer las bases y disposiciones generales para la formulación del presupuesto participativo en las delegaciones políticas del Distrito Federal y en los municipios de la República Mexicana.

Artículo 2. Conceptos. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. “Presupuesto Participativo”: El proceso de Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y trasparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones de Estado-Sociedad Civil. Para ello los gobiernos municipales y delegacionales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

II. “Asamblea Popular”:Órgano popular, propositivo y deliberativo, integrado por la población de los municipios y delegaciones, que tiene como finalidad participar en la elaboración e integración del Presupuesto Participativo de los gobiernos locales.

III. “Consejo de Coordinación Municipal o Delegacional”: Órgano integrado por los delegados y representantes de la Asamblea Popular.

“Instancias del Presupuesto Participativo”: las Asambleas Populares y los Consejos de Coordinación Municipales o delegacionales.

Artículo 3. Integración. El Presupuesto Participativo se integrará con al menos el 25% de los recursos que los municipios y delegaciones del Distrito Federal destinen al gasto de inversión en sus respectivos presupuestos de egresos.

Artículo 4. Finalidad. El presupuesto participativo tiene como finalidad la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana y el control democrático de la gestión presupuestal de los municipios y delegaciones políticas del Distrito Federal.

La presente ley promueve el debate y la participación de la población en la elaboración y seguimiento del presupuesto de los municipios y delegaciones del Distrito Federal, así como en el establecimiento de las prioridades en la asignación de recursos.

Artículo 5. Sujetos del proceso de presupuesto participativo. Todos los habitantes de los municipios y delegaciones tienen la facultad de intervenir en el proceso de presupuesto participativo a través de la elaboración de propuestas para la integración del presupuesto de sus localidades.

Capítulo IIPrincipios Rectores

Artículo 6. Los Principios Rectores del Presupuesto Participativo son los siguientes:

Participación. Los gobiernos municipales y delegacionales promoverán el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de sus habitantes y la sociedad civil organizada, en la programación y priorización de su presupuesto.

Igualdad. Los habitantes y la sociedad civil tienen las mismas oportunidades para intervenir, proponer y participar sin discriminaciones de carácter político, ideológico, religioso, racial o de otra naturaleza en el proceso del presupuesto participativo.

Transparencia. El proceso de formulación del presupuesto participativo en los gobiernos municipales y delegacionales, será transparente y objeto de difusión por los medios de comunicación e información locales, a fin de que la población pueda tener conocimiento de ellos.

Eficacia y eficiencia. Los gobiernos municipales y delegacionales implementaran el proceso de presupuesto participativo, desarrollando estrategias para la consecución de los objetivos trazados y con una óptima utilización de recursos.

Rendición de cuentas. Los gobiernos municipales y delegaciones deberán informar a la población respecto de la aplicación de su presupuesto, a través de indicadores de impacto, resultados y de productos.

Respeto a los Acuerdos. La participación de la sociedad civil en la formulación de los presupuestos de los gobiernos municipales y delegacionales se fundamenta en el compromiso de los acuerdos o compromisos concertados.

Capítulo IIIDel Proceso de Presupuesto Participativo

Artículo 7. Instancias del Presupuesto Participativo. Constituyen instancias de participación en el proceso de programación participativa del presupuesto, las siguientes:

• Las Asambleas Populares

• Los Consejos de Coordinación Municipal o Delegacional

Para el desarrollo del proceso, los consejos de coordinación municipales y delegacionales, se constituyen, conforman democráticamente su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes de trabajo, dentro del marco de las normas que para regular este proceso se expidan.

Artículo 8. Asambleas Populares. El proceso de Presupuesto Participativo se implementa a través de la organización de Asambleas Populares en los municipios y delegaciones del Distrito Federal, en las que los habitantes discuten, elaboran propuestas y definen prioridades para el presupuesto de sus localidades. Asimismo, realizan el seguimiento y control del Presupuesto en ejecución, todo sobre la base de la información que trimestralmente deberán remitir las áreas de control y manejo presupuestal de los gobiernos municipales y delegacionales. Las convocatorias a participar en las Asambleas Populares serán públicas y abiertas a la población de los municipios y delegaciones de que se trate.

Artículo 9. Integración de los Consejos de Coordinación Municipal o Delegacional. Se integran por delegados o representantes de la Asamblea Popular, conforme al número determinado por el Reglamento del proceso de Presupuesto Participativo. Cada Asamblea Popular elige delegados o representantes que conforman los Consejos de Coordinación.

Artículo 10. Intervención de los Consejos de Coordinación Municipal o Delegacional.Las funciones de los Consejos de Coordinación serán las siguientes:

a) Coordinar el proceso de Presupuesto Participativo;

b) Elaboración, integración y seguimiento del anteproyecto de presupuesto participativo de los gobiernos municipales y delegacionales;

c) Fungir como legítimos representantes de las Asambleas Populares ante los gobiernos municipales y delegacionales.

d) Opinar sobre la integración y aplicación del presupuesto total de los gobiernos municipales y delegacionales.

e) Elaborar las actas a que se refiere el artículo 13 de la presente Ley.

Artículo 11. Alcances del proceso de programación participativa del presupuesto. La sociedad civil toma parte activa en el proceso de programación participativa de los presupuestos de los gobiernos municipales y delegacionales.

Estos presupuestos se sustentan en las orientaciones, compromisos, aportes y prioridades establecidas en las Asambleas Populares y en los Consejos de Coordinación Municipales y Delegacionales.

Artículo 12. Fases del proceso participativo. El proceso participativo tiene las siguientes fases:

• Preparación.

• Convocatoria a las Asambleas Populares.

• Presentación de los gobiernos municipales y delegacionales ante las Asambleas Populares de la información y recursos disponibles para iniciar los trabajos de integración del presupuesto participativo.

• Sesiones informativas sobre el proceso de presupuesto participativo.

• Identificación de los agentes participantes.

• Capacitación a los agentes participantes de las instancias del presupuesto participativo.

• Desarrollo de talleres de trabajo.

• Evaluación técnica de prioridades.

• Formalización de los acuerdos.

• Rendición de cuentas y evaluación de resultados.

• Otras que acuerden las instancias participantes.

Artículo 13. Oficialización de compromisos.El resultado de los talleres de trabajo, evaluación técnica de prioridades y la formalización de acuerdos, deben constar necesariamente en actas.

Capítulo IVDe las Incompatibilidades

Artículo 14. Incompatibilidades. No podrán ser delegados o representantes de las distintas instancias del Presupuesto Participativo, aquellos que desempeñen cargos electivos o ejerzan la función pública en los gobiernos municipales y delegacionales, estatal y federal.

Capítulo VDe la rendición de cuentas, difusión, información y capacitación

Artículo 15. Rendición de Cuentas.Los gobiernos locales están obligados rendir de manera periódica, ante las instancias del presupuesto participativo lo siguiente:

a) Avances en la aplicación del presupuesto total de los gobiernos municipales y delegacionales.

b) Avances de los acuerdos logrados en la programación participativa

Artículo 16. Difusión. A través de los mecanismos que resulten adecuados, se garantiza la difusión masiva de las reuniones y otras actividades que se desarrollen en el marco de las distintas instancias del proceso de Presupuesto Participativo.

Artículo 17. Participación de las personas con necesidades especiales. Tanto en las Asambleas Populares, como en las sesiones de los Consejos de Coordinación Municipal y Delegacional se procurarán los medios necesarios a fin de posibilitar la participación de personas con necesidades especiales.

Artículo 18. Información. Los gobiernos municipales y delegacionales remitirán en tiempo y forma a las Asambleas Populares y a los Consejos de Coordinación, la información necesaria para el desarrollo del debate y la toma de decisiones en cada una de esas instancias.

Dicha información debe ser procesada de tal forma que resulte accesible para los participantes.

Las instancias del Presupuesto Participativo pueden solicitar a los gobiernos municipales y delegacionales información adicional y asistencia técnica cuando la complejidad de la materia analizada así lo requiera.

Artículo 19. Capacitación. Los gobiernos municipales y delegacionales organizarán y dictarán cursos, seminarios, pláticas y capacitación gratuita sobre presupuesto público, destinados a los participantes de las diferentes instancias del proceso participativo.

Transitorios

Primero.La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de 60 días hábiles.

Notas:

1 SANTOS, Boaventura de Sousa (coordinador), “Democratizar la Democracia. Los caminos de la Democracia Participativa”, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, p. 394 y 395.

2 Idem

3 SANTOS, Boaventura de Sousa (coordinador), “Democratizar la Democracia. Los caminos de la Democracia Participativa”, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, p. 400 y 401.

4 Referencia en la página web de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal: www.finanzas.df.gob.mx/presupuestociudadano/.

5 PINEDA NEBOT, Carmen, “Los Presupuestos Participativos en España: un balance provisional. Revista de Estudios Locales No. 78, Noviembre- Diciembre 2004, España.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.— Diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Emiliano Velázquez Esquivel, Florentina Rosario Morales, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Herón Agustín Escobar García, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita el señor diputado insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana.

Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran entre nosotros estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por la diputada Adriana Fuentes Cortés. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

LEY DE LA POLICIA FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Policía Federal.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad concedida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 62, 63 y 65, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo XII “De la participación de la Comunidad” que contiene los artículos 56 a 60, de la Ley de la Policía Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La inseguridad actual que se vive en el país debido a los altos índices de criminalidad, en donde la función de la prevención por parte del Estado mexicano ha consistido en eliminar los problemas que pueden llevar a un ciudadano a delinquir, hace necesaria la implantación de programas y acciones integrales que impacten en los tres órdenes de gobierno y en el Distrito Federal, con el objetivo de lograr la disminución de las conductas delictivas en la sociedad mexicana.

En ese sentido, se gestaron cambios significativos dentro del marco jurídico mexicano, de ello, la reforma en materia de seguridad pública y justicia penal publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, donde el artículo 21 constitucional en su párrafo noveno, hoy establece que “la seguridad pública es una función de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Además de precisar que ésta comprende a la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de infracciones administrativas.”

Tal reforma no dejó de lado a la figura del Ministerio Público y a las policías en los tres órdenes de gobierno, ya que se les impuso la obligación de coordinarse entre sí para cumplir con los objetivos de la seguridad pública sujetos a las bases mínimas, siendo una de estas “la formulación de políticas públicas dirigidas a prevenir la comisión de delitos.” Asimismo, se dio pauta a que en el inciso d) décima fracción del artículo en comento, se estableciera que para cumplir con los objetivos de la seguridad pública “se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.”

Consecuentemente se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública reglamentaria del artículo 21 constitucional, que va encaminada a regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la cual establece en su contenido la distribución de competencias y las bases de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, así también, la creación de los Centros Nacionales de Información, Prevención del Delito y Participación Ciudadana y de Certificación y Acreditación, además de que se contemplan procedimientos de participación ciudadana en la planeación y supervisión de las instituciones de seguridad pública.

De igual manera, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece estricta relación a lo anteriormente señalado, ya que en su numeral 30 Bis, prevé como asuntos que le competen a la Secretaría de Seguridad Pública en materia participación ciudadana dos fracciones, siendo la VIII, aquella que prescribe “el promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones”, mientras que en la IX, se fija “atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al desarrollo de sus atribuciones en determina.”

En este entendido no se soslaya que en el ámbito de la seguridad pública se tengan planes estrategias o programas en tal materia, y máxime que se habla de implantar procedimientos que eviten se vulneren las garantías individuales y los derechos humanos, y en donde la participación ciudadana debe tener cabida. Siguiendo este orden de ideas, por parte del gobierno federal se cuenta con la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, incluyéndose dentro del eje dos a la participación ciudadana, lo correspondiente a la atención de los factores que originan el delito y al desarrollo e instrumentación de principios de cultura de la legalidad, para transitar del modelo reactivo y punitivo, al de aproximación integral de la sociedad; al igual se hace mención de la creación de los consejos ciudadanos que se traducen en órganos de vinculación y enlace con las organizaciones sociales para la consulta, análisis, formulación y articulación de propuestas de acciones relacionadas con la seguridad pública, así como el seguimiento y evaluación de programas institucionales.

La estrategia aludida se ha integrado por tres programas: “escuela segura, salud sólo sin drogas, y recuperación de espacios públicos”, los cuales en su conjunto han buscado la colaboración y estímulo de la participación ciudadana. De la misma manera, el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012 publicado el 23 de marzo de 2009, visualiza la prevención del delito con base en instituciones sociales como la familia y la escuela, abarcando lo referente a la seguridad en espacios públicos y el entorno escolar, el respeto a los derechos humanos y la atención a víctimas del delito; y respecto de la incidencia delictiva, su combate mediante una política integral de seguridad pública donde participen los tres órdenes de gobierno, los poderes de la unión y la sociedad para inhibir y combatir eficazmente la incidencia delictiva.

El aludido Programa Nacional de Seguridad Pública ha precisado un objetivo claro para la intervención de la sociedad con las autoridades correspondientes en materia de prevención mediante su objetivo señalado con el número uno, encaminado a prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar segura en los lugares públicos y en el entorno escolar, fortaleciendo la cultura de la legalidad y la atención a víctimas del delito, así como el respeto y protección a los derechos humanos, fijando al efecto una estrategia 1.2 dirigida a “reforzar los vínculos de colaboración de la participación ciudadana en los tres órdenes de gobierno,” y una línea de acción 1.2.1. tendente a “fortalecer las acciones con la sociedad civil en la prevención del delito y la cultura de la denuncia, a través de las instancias de participación ciudadana a fin de lograr un entorno seguro.”

Ello amerita hacer alusión a un Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 publicado el 28 de enero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, que señala en su contenido la situación que impera en nuestro país en el citado rubro, indicando que hay una grave crisis en materia de respeto a la ley y al estado de derecho, donde se reconoce la importancia de la participación social en acciones de prevención y combate al delito y a la necesidad de reconocer la función que puede desarrollar la ciudadanía en dicha tarea, por lo que en particular el programa sectorial señala en su objetivo 4.2. Objetivo sectorial 2. “Combatir a la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades.” A la par del numeral 4.2.1. Estrategia 1 sobre la implantación de la estrategia institucional “Limpiemos México”, tendente a prevenir eficazmente el delito, las adicciones y recuperar los espacios públicos de convivencia, ello mediante cuatro líneas de acción que se enderezan a la articulación de participación intersectorial y ciudadana, llevar a cabo los programas de prevención del delito y participación ciudadana en ciudades con mayor índice delictivo, la consolidación de consejos ciudadanos estatales y municipales, así como las redes sociales que generen dinámicas de vinculación y participación ciudadana, y lo tendiente capacitar al personal policial en materia de derechos humanos y la atención a víctimas por tipo de delito.

Finalmente, tenemos otros instrumentos que complementa lo citado, y lo constituyen los Programas Federales en materia de Seguridad Pública que ha impulsado el ejecutivo con el objeto de enfrentar al delito, involucrando en ello la participación de la sociedad, desde medidas preventivas del delito, hasta mecanismos de investigación y combate a la delincuencia, destacándose dentro de estos, “Plataforma México”, que tiende a consolidar el nuevo modelo policial basado en la investigación científica; Programa “Sensores Juveniles” mediante el cual se permita detectar de manera temprana conductas de alto riesgo y canalizarlos adecuadamente; Programa “Enlaces de Prevención” en donde se ejerce la tarea de unir a la Policía Federal con las comunidades, promoviendo estrategias de prevención en cada una de las entidades federativas; Programa “Limpiemos México” para la recuperación de espacios públicos de convivencia como se hace mención en el párrafo anterior; Programa “Comunidad Segura” cuyo objeto es fomentar la participación ciudadana en al ámbito municipal para la construcción de un ambiente seguro y libre de violencia; Programa de seguridad infantil refuerza hábitos y conductas de cultura de la legalidad y la prevención del delito, que busca promover en la niñez mexicana y en sus familias los valores universales y los factores de protección para generar, consolidar y mantener estilos de vida saludables; Programa “Escuela Segura”, que tiene como objetivo, disminuir los factores de riesgo en el interior y exterior de aproximadamente 224 mil escuelas de educación básica tanto públicas como privadas, en todo el país; Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066; Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089; Planes Locales de Prevención; Subprograma Índice de Fortaleza Institucional para la Prevención Social del Delito, entre otros.

Como podemos advertir, de lo enunciado en los párrafos que anteceden, se aprecia la necesidad de tomar una política federal a seguir en materia de seguridad pública, derivada del señalamiento y contenido de los planes, programas, sistemas, estrategias, y las propias disposiciones legales que fueron abordadas. Lo que nos llevan a concluir que se debe contar con la participación de la sociedad sobre todo en el ámbito de la prevención del delito, acorde al papel que las propias instituciones de nuestro Estado tomen respecto de sus atribuciones, adecuando la Ley de la Policía Federal, conforme lo prescrito por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona el Capítulo XII “De la participación de la Comunidad” que contiene los artículos 56 a 60, a la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue:

Capítulo XIIDe la Participación de la Comunidad

Artículo 56. La Policía Federal implantará los procedimientos emitidos por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con el objetivo de que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión de su funcionamiento y desarrollo en materia de seguridad pública, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás ordenamientos aplicables.

Dicha participación se realizará en colaboración y corresponsabilidad con la Policía Federal, a través de:

I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y

II. La sociedad civil organizada.

Artículo 57. La Policía Federal contará con programas adecuados y eficaces a favor de la comunidad, conforme a los ordenamientos legales correspondientes para los siguientes fines:

I. Establecer un servicio para la localización de personas y bienes puestos a su disposición;

II. Recibir los reportes de la sociedad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento, conforme a los Sistemas Nacionales de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089;

III. Incorporar una entidad de consulta y participación de la comunidad, para promover la colaboración de la ciudadanía y alcanzar los siguientes propósitos dentro de la seguridad pública:

a. Participar en la evaluación de las políticas implementadas y de la Policía Federal;

b. Opinar sobre políticas en dicha materia;

c. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;

d. Realizar labores de seguimiento;

e. Proponer reconocimientos por mérito o estímulos para los integrantes de la Policía Federal;

f. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y

g. Auxiliar a la Policía federal en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño de su función.

Artículo 58. La participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y la institución de la Policía Federal, versará en los siguientes temas:

I. El desempeño de sus integrantes;

II. El servicio prestado, y

III. El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.

Artículo 59. La Policía Federal deberá proporcionar la información necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana. Salvo aquella información que ponga en riesgo la seguridad pública o al propio personal de la institución.

Artículo 60. La Policía Federal aplicará las políticas públicas de atención a la víctima u ofendido que determine la secretaría, que deberán prever, al menos los siguientes rubros:

I. Atención de la denuncia en forma pronta y expedita;

II. Atención jurídica, médica y psicológica especializada;

III. Medidas de protección a la víctima o ofendido, y

IV. Otras, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2010.— Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

ARTICULOS 73, 115 Y 122 CONSTITUCIONALES - LEY REGLAMENTARIA PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Velázquez, dígame.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel(desde la curul): Señor presidente, que pregunte usted al diputado Cárdenas si me permite adherirme a su propuesta de reforma.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo, señor diputado Fernando Cárdenas, en aceptar una adhesión?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo. Pasen ustedes a suscribir el documento correspondiente.

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Gracias, con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, de acuerdo con nuestra legislación las cooperativas de producción son formalmente sociedades mercantiles, a pesar de que en esencia forman parte de nuestra economía, contribuyen a mantener su estabilidad, fortalecen el tejido social, protegen y fomentan el empleo.

A partir de enero de 2010, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece en su artículo 85-A, fracción II, segundo párrafo, la posibilidad de que las sociedades cooperativas de producción difieran la totalidad del impuesto al que se refiere la fracción I, hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les corresponda.

El párrafo cuarto de la fracción del artículo citado establece: el impuesto que en los términos de esta fracción corresponda a cada uno de sus socios se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron las utilidades gravables, el socio de la cooperativa de que se trate podrá acreditar en su declaración anual del ejercicio que corresponda el impuesto que se pague, en los términos de este párrafo.

Desde el punto de vista de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las sociedades cooperativas forman parte de las personas morales que se encuentran reguladas en el Título Segundo de la citada ley, lo que se traduce en términos fiscales como sociedades mercantiles con obligación directa para pagar el impuesto sobre la renta.

Por otra parte, la ley que regula el impuesto empresarial a tasa única vigente no contempla en los artículos que la integran esta situación, que indudablemente es complementaria del impuesto sobre la renta.

Para Nueva Alianza es prioritario que los contribuyentes cuenten con una legislación fiscal congruente que permita fomentar, fortalecer y promocionar al sector social y cooperativo en México. Por ello, ante el pleno de esta honorable soberanía presento la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 7o. y modifica el último párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, con el objeto de que las sociedades cooperativas de producción, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hayan optado por tributar, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII-A del Título Segundo, calculen el impuesto empresarial a tasa única que les corresponda en cada ejercicio, puedan diferir el pago del mismo hasta el ejercicio fiscal en que paguen el impuesto sobre la renta diferido, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo citado, y siempre que corresponda al mismo ejercicio, y cuando en éste no se determine el impuesto sobre la renta diferido el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio deberá ser pagado en el plazo señalado. Por su atención gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo séptimo y modifica el último párrafo del artículo noveno de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de 2007, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002, reformada por última vez el 30 de diciembre de 2009, señala en el artículo 85-A, fracción I, segundo párrafo, del apartado VII-A, “De las Sociedades Cooperativas de Producción” , la posibilidad de que las “sociedades cooperativas de producción a que se refiere este capítulo podrán diferir la totalidad del impuesto a que se refiere esta fracción, hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les corresponda”.

Por otra parte, en el párrafo cuarto del mismo artículo 85-A, fracción I, se establece que “el impuesto que en los términos de esta fracción corresponda a cada uno de sus socios, se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron las utilidades gravables, el socio de la cooperativa de que se trate podrá acreditar en su declaración anual del ejercicio que corresponda el impuesto que se pague en los términos de este párrafo”.

En este sentido se puede observar que en la actualidad las sociedades cooperativas de producción no están exentas del pago del impuesto sobre la renta, ya que tienen la obligación de determinarlo a través de los socios, pudiendo diferir la totalidad del impuesto hasta el ejercicio fiscal en que se les distribuya la utilidad gravable, y una vez que se hayan pagado las utilidades gravables deberá pagarse el impuesto sobre la renta que corresponda mediante la declaración correspondiente a más tardar el 17 del mes siguiente a aquel en que se hayan pagado dichas utilidades.

Por otra parte, en virtud de que la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única no considera esta situación, y ya que es complementaria del impuesto sobre la renta, se requiere para efectos de que exista congruencia fiscal entre ambas leyes incluir la presente modificación:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único: Se adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 7 y se modifica el último párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

Artículo 7. ...

I. ...

...

Las sociedades cooperativas de producción que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, hayan optado por tributar conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII-A del Título II, deberán calcular el impuesto empresarial a tasa única que les corresponda en cada ejercicio, pudiendo diferir el pago del mismo, hasta el ejercicio fiscal en que paguen el impuesto sobre la renta diferido de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo citado y siempre que corresponda al mismo ejercicio.

Cuando por un ejercicio no se determine impuesto sobre la renta a diferir, el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio deberá ser pagado en el plazo señalado en el párrafo primero del presente artículo.

...

Artículo 9. ...

...

Los fideicomisos a que se refiere el artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no tendrán la obligación de efectuar los pagos provisionales a que se refiere este artículo. Asimismo, las sociedades cooperativas de producción que hayan optado por tributar conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII-A del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta tampoco tendrán la obligación de efectuar los pagos provisionales a que se refiere este artículo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2010.— Diputados: Cora Cecilia Pinedo Alonso, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El diputado Miguel Ángel García Granados:Muchísimas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Infonavit, creado en 1972, ha venido perdiendo su esencia. Según cifras oficiales, la cartera vencida del Infonavit ha llegado a 182 mil casos y por su dimensión no se trata de una cifra más. Pese a que el Infonavit señale que solamente representa el 4.8 de su cartera, la verdad es que hay 182 mil mexicanos que están en riesgo de perder su patrimonio, y el Infonavit, en lugar de actuar para preservar el patrimonio de cada uno de los mexicanos, está actuando como un vil agiotista que vale la pena atacar.

A raíz de haber perdido su fuente de empleo permanente, muchos trabajadores que se mantenían al corriente en sus pagos del crédito contraído con el Infonavit cayeron en la morosidad en tanto son contratados nuevamente.

La Ley del Infonavit, mis amigas diputadas y mis amigos diputados, en su artículo 41 establece que cuando un trabajador hubiere recibido crédito del Infonavit, a éste le otorgarán, a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos salariales, prórrogas en los pagos de la amortización. Se establece, sin embargo, que las prórrogas no podrán ser mayores de 12 meses cada una ni exceder en su conjunto más de 24 meses y terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación laboral.

Diversas voces y una gran cantidad de mexicanos han demandado que, conforme a la misión y objetivos que le dan sustento al Infonavit como organismo de apoyo al sector laboral, la gracia de las prórrogas a que se refiere el artículo 41 de la ley de referencia, sea modificada atendiendo precisamente a situaciones, como fue el caso de la emergencia sanitaria que tuvimos donde una gran cantidad de mexicanos perdieron sus empleos y, cuando vuelven a rescatarlos, apenas les alcanza lo que están ganando para ir cubriendo las deudas que adquirieron durante el tiempo que estuvieron sin trabajo.

Es éste un legítimo reclamo de amplios núcleos sociales inmersos en la desesperanza, ya que son miles de derechohabientes desempleados que hoy están en un gravísimo riesgo de perder su vivienda al haber caído en cartera vencida por morosidad en los pagos.

Así, esto permitirá al Infonavit recuperar su esencia y su misión constitucional, sobre todo porque durante los años recientes, y contrario a los propósitos que le dan sustento, el Infonavit ha venido entregando la administración y la recuperación de su cartera vencida a despachos privados que operan con un sentido agiotista evidentemente mercantilista.

Esta situación genera la pérdida del patrimonio de aquellos trabajadores que han recibido un crédito del Infonavit y, en el menos grave de los casos, se les obliga a entrar a un esquema de proceso de reestructura en el cual se les revalúa el costo de su vivienda a valores muy distantes del capital y de los intereses originalmente pactados.

Se trata de un procedimiento, amigas diputadas y amigos diputados, que a todas luces contraviene los regímenes ordinario y especial de amortización que garantizan precisamente al derechohabiente que éste conserve su vivienda por haber caído, sin culpa de él, en insolvencia económica.

Son éstas precisamente las amenazas que se pretenden dejar de lado al proponer la presente iniciativa para que las prórrogas a que se hace referencia en la ley, no tengan vigencia en aquellos casos en que se decrete una situación de impacto económico negativo generalizado o en el extremo de un estado de salubridad general o por contingencias de la naturaleza.

La iniciativa es muy sencilla. Se propone adicionar un párrafo al artículo 41 de la Ley del Infonavit para quedar como sigue:

Las prórrogas de los 12 meses que se establecen en el párrafo anterior se ampliarían en aquellos casos en que se decrete una situación de impacto económico negativo generalizado, o en el extremo de un estado de salubridad general causado por una epidemia –como fue el caso del año pasado con la influenza del virus respectivo– conforme a lo que establece la Ley General de Salud o, en su caso, por contingencias de la naturaleza, hasta que las circunstancias que obligaron al trabajador acreditado a caer en morosidad de pagos sean superadas. Muchísimas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Ángel García Granados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el firme propósito de apoyar a derechohabientes que repentinamente pierdan su fuente de empleo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Al cierre de 2009, la pérdida de fuentes de empleo en México llegó a la cifra de 441 mil 448 plazas. El mayor porcentaje corresponde a los trabajadores de carácter permanente, cuyas plazas canceladas fueron 433 mil 160.

Aún más, a lo largo de los últimos nueve años, la pérdida acumulada de empleos formales, entre fuentes de trabajo permanentes y eventuales, ha llegado a 567 mil 562 plazas laborales.

Lo anterior se desprende de los datos oficiales, por los que se reporta que el total de trabajadores registrados el año pasado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 13 millones 994 mil 127 personas. Esto representa un 3 por ciento menos de las altas registradas durante 2008.

Si bien las voces oficiales afirman que “lo peor de la recesión del último año ya pasó”, la recuperación económica será gradual para al menos recuperar las fuentes de empleo pérdidas. Las expectativas, según analistas de corporativos financieros, son alcanzar a recuperar un promedio de 150 mil plazas laborales durante los primeros meses del presente año.

En tanto esto ocurre y de acuerdo también a cifras de carácter oficial, la cartera vencida del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha llegado a los 182 mil casos. Por su dimensión, no se trata de una cifra más.

Frente a los créditos que el Infonavit tiene colocados en todo el país, la cartera vencida se ubicó en 2008 en 4.5 por ciento, en tanto que al cierre del 2009, ésta llegó al 4.8 por ciento.

No es casual que a raíz de haber perdido su fuente de empleo permanente, los trabajadores que mantenían al corriente sus pagos por concepto del crédito contraído con el Infonavit, hayan caído precisamente en morosidad de pagos, en tanto son contratados nuevamente.

Entre los derechohabientes del Infonavit que mantenían al corriente sus pagos de los créditos otorgados por el instituto, figuran trabajadores que por causa de la recesión económica no han recuperado por espacios prolongados de tiempo una fuente de empleo estable y en el mejor de los casos, han ingresado a las filas del autoempleo y la informalidad económica.

Ello sin embargo, no les ha permitido recuperar el nivel tradicional de su fuente de ingreso económico. Por esta razón, es lógico deducir que son atendidas elementales prioridades del gasto familiar, como son lo alimentación, el vestido, transportación salud y educación, dejando así para mejor oportunidad otras necesidades de gasto. En este caso, el pago del crédito de vivienda de interés social.

La Ley del Infonavit, en su artículo 41, establece que cuando un trabajador hubiere recibido crédito del instituto, éste le otorgará a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos salariales, prórrogas en los pagos de la amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios.

Se establece sin embargo que las prórrogas a que se refiere el artículo en comento no podrán ser mayores de doce meses cada una, ni exceder en su conjunto más de veinticuatro meses y terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación laboral.

Diversas voces me han demandado que conforme a la misión y objetivos que dan sustento al Infonavit como organismo de apoyo al sector laboral, la gracia de prórrogas a que se refiere el artículo 41 del ordenamiento en referencia, sea modificado atendiendo precisamente a situaciones como es el caso de la emergencia económica que al país le ha dejado la recesión financiera de los últimos meses y cuyo saldo más lamentable es la pérdida de miles de fuentes de empleo.

Hago propia esta inquietud ciudadana –en el entendido de que estaremos atendiendo así un legítimo reclamo de amplios núcleos sociales inmersos en la desesperanza– para dejar de lado la amenaza que para miles de derechohabientes desempleados supone el grave riesgo de tener que perder su vivienda al haber caído en cartera vencida por morosidad de pagos, aparte de que permitirá al Infonavit recuperar su esencia y misión constitucional.

Ello, porque durante los años recientes y contrario a los propósitos que le dan sustento, el Infonavit ha venido entregando la administración y recuperación de su cartera vencida a despachos privados que operan con un sentido evidentemente mercantilista. Así lo han denunciado derechohabientes alarmados que agrupados en diversas organizaciones de defensa, acusan que, con esta acción, el instituto ha hecho a un lado el espíritu y los objetivos que le han dado vida y sustento como organismo público.

Esta situación genera la pérdida del patrimonio de aquellos trabajadores que han recibido con oportunidad un crédito del Infonavit y en el menos grave de los casos, a través de un proceso de reestructura, les ha sido reevaluado el costo de su vivienda, a valores distantes del capital e interés original del crédito.

De acuerdo a información pública, el Infonavit, por disposición de su consejo de administración, ha llevado a cabo subastas para la recuperación de la cartera de créditos vencidos. La primera convocatoria para rematar en subasta 18 mil 702 créditos vencidos se publicó el 31 de octubre de 2005, en tanto que la segunda subasta para vender una cartera de 33 mil 716 créditos vencidos fue publicada el 3 de abril de 2006.

Los afectados que han caído en morosidad de pagos, a causa de haber perdido su fuente de empleo, han denunciado en múltiples ocasiones que enfrentan el acoso permanente de aquellos despachos que les proponen convenios de reestructura bajo condiciones agiotistas en una prestación que en su origen es esencialmente de tipo social.

Se trata de un procedimiento que a todas luces contraviene los regímenes ordinario y especial de amortización, que garantizan precisamente al derechohabiente que éste conserve su vivienda por haber caído en insolvencia económica.

La oferta de reestructura que brindan los despachos privados, es una acción que por sí misma reviste un valor jurídico que implica un riesgo mayor para el derechohabiente, toda vez que el eventual incumplimiento del convenio se convierte en sentencia en perjuicio del deudor.

Son estas precisamente las amenazas que se pretende dejar de lado, al proponer la presente iniciativa para que las prórrogas a que se hace referencia en la Ley, no tengan vigencia en aquellos casos que se decrete una situación de impacto económico negativo generalizado.

Así también, que estas prórrogas se amplíen en el extremo de un estado de salubridad general, causado por una epidemia, conforme a lo que establece la Ley General de Salud, como lo fue el caso de la emergencia sanitaria de la primavera del año pasado, generada por la aparición del virus de la influenza humana AH1N1, o en su caso, por contingencias de la naturaleza.

Por lo, expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 41. El trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda, misma que podrá o no ser parte de conjuntos habitacionales financiados con recursos de dicho fondo.

Cuando un trabajador hubiere recibido crédito del Instituto, éste le otorgará a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos salariales, prórrogas en los pagos de la amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios. Para tal efecto, el trabajador acreditado deberá presentar su solicitud al Instituto dentro del mes siguiente a la fecha en que deje de percibir ingresos salariales. Durante dichas prórrogas los pagos de principal y los intereses ordinarios que se generen se capitalizarán al saldo insoluto del crédito. En caso de que el trabajador no solicite la prórroga en el plazo de 30 días, ésta no se le autorizará.

Las prórrogas que se otorguen al trabajador de conformidad con el párrafo anterior no podrán ser mayores de doce meses cada una, ni exceder en su conjunto más de veinticuatro meses y terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación laboral.

Las prórrogas a que se hace referencia en el párrafo que antecede se ampliarán en aquellos casos en que se decrete una situación de impacto económico negativo generalizado o, en el extremo de un estado de salubridad general, causado por una epidemia, conforme a lo que establece la Ley General de Salud, o en su caso por contingencias de la naturaleza, hasta que las circunstancias que obligaron al trabajador acreditado a caer en morosidad de pagos sean superadas.

En caso de que hayan transcurrido treinta años contados a partir de la fecha de otorgamiento del crédito, el instituto lo liberará del saldo pendiente, excepto en caso de pagos omisos del trabajador o por prórrogas concedidas.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2010.— Diputados: Miguel Ángel García Granados, Rosalina Mazari Espín, Ana Georgina Zapata Lucero, Laura Felícitas García Dávila, Aarón Irízar López, Rolando Zubia Rivera, Silvia Esther Pérez Ceballos, Juan José Cuevas García, José Ramón Martel López, Francisco Hernández Juárez, Amador Monroy Estrada, Alfredo Francisco Lugo Oñate, Rafael Yerena Zambrano, Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Janet Graciela González Tostado, Malco Ramírez Martínez, José Antonio Aysa Bernat, Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Vivienda.

El diputado Rafael Yerena Zambrano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Zambrano.

El diputado Rafael Yerena Zambrano(desde la curul): Sí, señor presidente, para pedirle al diputado García Granados si me permite sumarme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo, señor diputado Miguel Ángel García Granados, en que se sumen a su propuesta?

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Sí, por supuesto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo. Todas aquellas legisladoras y todos aquellos legisladores que deseen hacerlo favor de pasar a suscribir el documento correspondiente.

Se encuentran entre nosotros estudiantes del segundo grado de la escuela secundaria diurna número 25 Fernando Montes de Oca, invitados por el señor diputado Balfre Vargas Cortez. Sean ustedes bienvenidos.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El diputado Guillermo Cueva Sada:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, una clara falta de estrategia de planeación y manejo ambiental, así como el desconocimiento del valor preponderante ecológico y socioeconómico de los economistas, han ocasionado graves problemas de contaminación e impacto ambiental, así como la pérdida de valiosos recursos naturales y económicos.

Ante esta situación fue necesario incorporar la variable ambiental y criterios ecológicos dentro de las políticas orientadas hacia la planificación y el desarrollo sustentable de las actividades humanas cotidianas. Todo esto con el fin de hacer una sinergia entre la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales con el desarrollo social y económico.

Fue así que la evaluación del impacto ambiental en México, desde hace dos décadas, se logró constituir como una herramienta esencial para prevenir, mitigar y restaurar los daños al medio ambiente y a los recursos renovables del país.

Es por ello que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emite su aprobación en materia de impacto ambiental, generando una serie de condiciones que permite que los impactos negativos que pudieran ocasionar el desarrollo de un proyecto sean minimizados con la generación de diversas acciones.

Sin embargo, no es desconocido que la falta de cumplimiento de dichas condiciones ocasiona impactos ambientales negativos que a la fecha no han podido resarcirse.

Es por ello que la iniciativa que presento busca exigir la presentación de seguros o garantías por la falta de cumplimiento de condiciones ambientales establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En otro orden de ideas, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente hoy día no plantea la elaboración de criterios ecológicos para la evaluación de impacto ambiental, lo cual ha provocado que las autorizaciones en esta materia se generen con discriminación. Situación que ha provocado cuestionamientos a las autoridades ambientales.

Tal es el caso de la autorización de la carretera a Tres Marías, cuestionada por diferentes asociaciones pro medio ambiente, entre las cuales se encuentra Greenpeace y el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental, puesto que el crecimiento urbano afecta el hábitat de especies exclusivas y en peligro de extinción, como el conejo zacatuche y el gorrión serrano, entre otras.

En este sentido, propongo incluir en la ley que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ponga a disposición del público usuario criterios técnicos y ecológicos para la evaluación de impacto ambiental, mismos que deberán ser actualizados periódicamente.

Por lo expuesto, espero contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que esta iniciativa sea aprobada y nos permita combatir el deterioro ambiental. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM

Guillermo Cueva Sada, diputado integrante de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una clara falta de estrategias de planeación y manejo, así como el desconocimiento del valor preponderante ecológico y socioeconómico de los ecosistemas, han inducido a grandes y graves problemas de contaminación e impacto ambiental y la pérdida de valiosos recursos naturales y económicos. Es así como esta situación ha determinado la necesidad de incorporar la variable ambiental y los criterios ecológicos dentro de las políticas orientadas hacia la planificación y el desarrollo sustentable de las actividades humanas cotidianas, con el fin de hacer en una sinergia, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales con el desarrollo social y económico.

México se considera dentro de los primeros lugares de las listas de riquezas de especies por ser un país .megadiverso ya que presenta al menos 10% de la diversidad terrestre del planeta (Mittermeier y Goettsch, 1992).

El total de especies conocidas en nuestro país es de 64,878 aproximadamente, de las cuales, se han descrito 26 mil especies de plantas, 282 especies de anfibios, 707 de reptiles y 439 de mamíferos.

Sin embargo, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, tenemos 2,334 especies en algún estatus de riesgo, como se indica a continuación

Cabe señalar que la NOM-059-SEMARNAT-2001, tiene reportadas 41 especies bajo la categoría de especies probablemente extintas en medio silvestre, y 245 especies sujetas como en peligro de extinción.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), indica que México es el segundo país del mundo en tipos de ecosistemas y el cuarto en riqueza de especies.

La biodiversidad en México se sigue extinguiendo por diferentes factores, los cuales se pueden dividir, en directos e indirectos, en los primeros son los referentes a la extracción o explotación de las especies y los segundos que incluyen entre otros, la destrucción del hábitat, muchos de estos, son provocados por el incremento de la población y el requerimiento de sus necesidades, así como el crecimiento industrial.

Estas necesidades traen consigo implícitamente, la explotación de nuestros recursos naturales, como de bosques y el petróleo, el desarrollo de proyectos y actividades turísticas e inmobiliarios, obras y actividades para generar vías de comunicación, entre otros.

El hombre realiza diversas obras y actividades que generan impactos al ambiente, es así como México desde hace dos décadas logró constituir una de las herramientas esenciales para prevenir, mitigar y restaurar los daños al medio ambiente y a los recursos renovables del país y ha evolucionado con el propósito de garantizar un enfoque preventivo que ofrezca certeza pública acerca de la viabilidad ambiental de diversos proyectos de desarrollo sustentable.

Dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) se define en su artículo 3, como impacto ambiental, la modificación del ambiente, ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza.

Esta misma ley en su artículo 28 indica lo siguiente:

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

En dicho articulado en sus trece fracciones se enlistan una serie de obras o actividades como son industria petrolera, obras y actividades en humedales, así como obras y actividades en áreas naturales protegidas entre otras que requieren previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En los estudios de impacto ambiental se realiza un detallado análisis del proyecto de desarrollo y del sitio en donde se pretenden realizar, identificando, evaluando y cuantificando los impactos ambientales que puede o pudiera ocasionar su ejecución. Es así que con esto, se establece la factibilidad ambiental del proyecto y, en su caso, se determinan condiciones para su ejecución, instaurando medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales que serán necesarias tomar, para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

Debemos de tomar en cuenta que todos los proyectos, obras o actividades que de acuerdo al artículo 28 de la LGEEPA, requieran la autorización en materia de impacto ambiental, tendrán la probabilidad de producir un daño o deterioro grave al ambiente, ya que existen factores externos que pueden producir algún accidente en la obra o actividad que no fueron considerados en la evaluación de impacto ambiental.

Con esta situación es imprescindible establecer en las leyes, acciones que garanticen la reparación de los impactos negativos al medio ambiente generados por obras o actividades. Tal es el caso del penúltimo párrafo del artículo 35 de la LGEEPA, el cual a la letra dice:

Artículo 35. ...

...

...

...

I. a III. ...

a) a c)...

La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de la presente ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas.

...

Con este artículo podemos ver, que la autoridad, por discrecionalidad puede solicitar a particulares el seguro o garantías para el cumplimiento de condicionantes. Sin embargo, es necesario que se exija su presentación cuando las condicionantes determinadas por la autoridad no sean llevadas a cabo, puesto que estas, son establecidas para inhibir o resarcir los daños al ambiente.

No es desconocido que la falta de cumplimiento de condicionantes en la realización de obras o actividades en diversas regiones de nuestro país ha ocasionado impactos ambientales.

Por otra parte, la LGEEPA, define a los criterios ecológicos en el artículo 3 como, lineamientos obligatorios contenidos en la ley, para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental.

De 1988-1994 se expidieron criterios ecológicos referentes a la calidad del agua, la regulación de proyectos eléctricos y la determinación de especies en riesgo. Los criterios ecológicos fueron utilizados en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental en donde la autoridad señalaba parte de las condicionantes que se debían observar para garantizar la protección del ambiente, una vez que se concluía que el proyecto era ambientalmente viable.

En la actualidad estos criterios fueron transformados en Normas Oficiales Mexicanas, mas sin embargo en muchas obras o actividades que son sujetas a evaluación de impacto ambiental, no se lleva a cabo su aplicación.

Hoy en día la ley no plantea la elaboración de criterios ecológicos para la evaluación de impacto ambiental, lo cual ha provocado que las autorizaciones en esta materia se generen con discrecionalidad, situación que ha provocado cuestionamientos a las autoridades ambientales. Tal es el caso de la autorización de la carretera a tres marías, cuestionada por diferentes asociaciones pro medio ambiente entre las cuales se encuentra Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, puesto que crecimiento urbano afectarán el hábitat de especies exclusivas de esta zona y en peligro de extinción como el conejo zacatuche, el gorrión serrano y el ajolote, entre otras.

Asimismo, han existido cuestionamientos a las autorizaciones emitidas por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la construcciones de hoteles, condominios, rellenos de arena, muelles en Cancún, algunos de ellos sobre la zona del sistema lagunar nichupté y que generan un gran impacto ambiental.

Estos son algunos ejemplos que debemos considerar para establecer criterios ecológicos que permitan que las evaluaciones de impacto ambiental, sean realizadas para el beneficio social y ecológico, y con ello, evitar cuestionamientos que inhiban el desarrollo de los proyectos.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a la consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de impacto ambiental.

Artículo Único. Se adiciona el artículo 28 Bis y se reforma el penúltimo párrafo y se adiciona un párrafo más recorriendo el último del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis. La Secretaría, pondrá a disposición del público usuario criterios técnicos ecológicos para la evaluación de impacto ambiental, mismos que deberán ser actualizados periódicamente.

Artículo 35. ...

..

..

...

I. a III. ...

a) a c)...

La Secretaría exigirá el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condicionantes establecidas en la autorización y en aquellos casos en que se produzcan daños graves a los ecosistemas por la realización de las obras y actividades en sus diversas etapas.

Dicho seguro o garantía, será utilizado para la restauración de la zona que fue afectada.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los criterios técnicos ecológicos, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación en un periodo no mayor a 120 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 http://www.wwf.org.mx/wwfmex/especies2.php

2 http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/normas/rec_nat/no_ 059.html

Dado en la sede del honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de marzo de 2010.— Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Israel Madrigal Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El diputado Israel Madrigal Ceja:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que hoy someto a la consideración de esta soberanía se enmarca en los temas pendientes que han dejado los proyectos encaminados a reformar al Estado, los cuales cobran particular importancia en el proceso de reforma política que ha comenzado a discutirse en este Congreso de la Unión.

Se trata de reformar el artículo 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para establecer disposiciones que hagan valer plenamente la voluntad popular, dado que aún persisten aspectos que no han sido integrados en la legislación como lo es la causal abstracta de nulidad para la elección de presidente de la República.

En el 2000 acudimos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para demandar la anulación de la elección del gobernador en Tabasco, por el cúmulo de irregularidades de ese proceso electoral, tales como la compra de votos, la inequidad en el acceso a los medios de comunicación, quema de papelería electoral, apertura ilegal de paquetes electorales que influyeron a favor de uno de los candidatos. Este asunto constituyó el primer precedente en México de la anulación de una elección por la causa abstracta de nulidad.

En el 2006, como todos sabemos, los mexicanos fuimos testigos de una competencia electoral muy reñida entre los dos principales aspirantes a la Presidencia de la República; la diferencia de los resultados fue mínima, pero existieron muchas irregularidades. Por tanto, nuevamente hicimos valer la causal abstracta de nulidad.

Sin embargo, en esta ocasión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cambió el criterio adoptado en el 2000, por lo que no consideró necesario decretar la anulación de la elección y dejó insatisfecho a un número importante de mexicanos, lo que puso en entredicho la legitimidad del actual gobierno y generó una polarización política sin precedentes.

No obstante, en su resolución el Tribunal Electoral reconoció y acreditó que en dicha elección se difundieron, en perjuicio de uno de los candidatos, campañas de odio a través de spots y correos electrónicos. Campañas promovidas por el Consejo Coordinador Empresarial e intervención del ex presidente Vicente Fox. La utilización de programas sociales con fines electorales, los excesivos gastos en medios de comunicación, el rebase de topes de gastos de campaña de los partidos políticos, la participación e intromisión de extranjeros en el proceso electoral, entre otras graves irregularidades.

Actualmente el artículo 77 Bis de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral solamente plantea como causales de nulidad para la elección de presidente de la República las siguientes:

Cuando se acrediten irregularidades en por lo menos el 25 por ciento de las casillas instaladas en el territorio nacional. Cuando en el territorio nacional no se instale el 25 por ciento o más de las casillas. Cuando el candidato ganador resulte inelegible.

Por lo que resulta evidente que la causal abstracta de nulidad no ha sido incorporada en el texto de la Ley de Medios de Impugnación a pesar del explorado derecho por parte del Tribunal Electoral, el cual, debido a una interpretación sistemática y funcional de los principios y valores que deben respetarse en el desarrollo de elecciones democráticas, definió esta causal como aquella ineficiencia atípica decretada por la autoridad competente respecto de una elección por haberse transgredido de manera grave e irreparable los principios rectores fundamentales de un proceso electoral determinado.

Por tanto, para que se produzca la causal abstracta de nulidad en la elección debe haber una flagrante violación a cualquiera de los siguientes elementos fundamentales: elecciones libres, auténticas, periódicas; el sufragio universal libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo, cuyos principios rectores son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a medios de comunicación; y el control constitucional y legal de los actos y resoluciones electorales.

Por tanto, la iniciativa que hoy someto a la consideración de esta soberanía tiene como finalidad establecer expresamente en el artículo 77 Bis de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral la causal abstracta de nulidad en la elección presidencial en los casos en que se acrediten los siguientes puntos:

Primero. Intervención del presidente de la República a favor de precandidato, candidato, partido político o coalición en cualquier etapa del proceso electoral.

Segundo. La utilización de recursos públicos o programas sociales con fines electorales a favor de un precandidato o candidato, partido político o coaliciones en cualquier etapa del proceso electoral, proveniente de cualquier orden de gobierno.

Tercero. Se rebasen los topes de gastos de precampaña, campaña, autorizados legalmente de acuerdo con el dictamen que rinda la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Federal Electoral a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como parte de la sustanciación de los juicios de inconformidad.

Cuarto. Se utilicen fondos o recursos de procedencia ilícita o del extranjero para apoyo de un precandidato o candidato a la Presidencia de la República o a favor de partido o coalición que lo postule.

Ciudadano presidente, le solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa sea incluido en el Diario de los Debates. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Israel Madrigal Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Israel Madrigal Ceja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos pone a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. Agrega que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, y que la renovación de los poderes se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Consecuentemente, cualquier acción u omisión que violente estos principios tiene que ser regulada y, en su caso, prohibida y sancionada.

Históricamente, en el país los intentos de reforma del Estado han concluido con una electoral. No obstante, tales procesos han dejado asignaturas pendientes, como el sistema de gobierno, federalismo, reforma del Poder Judicial, autonomía del Ministerio Público, derechos humanos, garantías sociales y controles parlamentarios.

El último de los intentos de reformar el Estado se realizó en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos la cual, derivada de una ley para la reforma del Estado, integró diversos grupos de trabajo, uno de ellos encargado de revisar el sistema de justicia electoral, el cual aterrizó una reforma de diversos artículos de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de noviembre de 2007.

Ese decreto generó reformas de las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicadas en el DOF el 1 de julio de 2008, así como en modificaciones sustanciales del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tales reformas incluyeron cambios importantes de la legislación, muchos de los cuales eran demandas derivadas de la elección presidencial de 2006, temas como la prohibición a los partidos políticos para comprar propaganda en radio y televisión, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la reducción de los tiempos de campaña y el fortalecimiento de la autonomía y de las capacidades del Instituto Federal Electoral.

No obstante, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral hay todavía disposiciones que requieren actualizarse, entre las que encontramos las causales abstractas de nulidad para la elección del presidente de la República.

Actualmente, la Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral plantea como causal de nulidad para la elección de presidente de la República sólo cuando se acreditan irregularidades en por lo menos 25 por ciento de las casillas instaladas en el territorio nacional, cuando en el territorio nacional no se instale 25 por ciento o más de las casillas o cuando el candidato ganador resulte inelegible.

Sin embargo, la causal abstracta de nulidad no ha sido incorporada al texto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pese a ser materia de explorado derecho por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cual, derivado de una interpretación sistemática y funcional de los principios y valores que deben respetarse para el desarrollo de elecciones democráticas, definió esta causal como “la ineficacia atípica decretada por la autoridad competente respecto de una elección por haberse transgredido de manera grave e irreparable los principios rectores fundamentales de un proceso electoral determinado”.

Por tanto, para que se produzca la causa abstracta de nulidad en la elección debe haber una flagrante violación de cualquiera de los siguientes elementos fundamentales: elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; y el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y de las resoluciones electorales.

Los mexicanos fuimos testigos en 2006 de una competencia electoral muy reñida entre los dos principales aspirantes a la Presidencia de la República, en la cual se violentaron los principios de certeza, legalidad e imparcialidad que están obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional y legal.

En dicha elección se difundieron en perjuicio de uno de los candidatos campañas de odio, a través de spots y correos electrónicos; las campañas promovidas por el Consejo Coordinador Empresarial; el intervencionismo del entonces presidente Vicente Fox; la utilización de los programas sociales con fines electorales; los excesivos gastos en medios de comunicación; el rebase de topes de gastos de campaña de los partidos políticos; y la participación e intromisión de extranjeros en el proceso, entre otras graves irregularidades.

Por tanto, la iniciativa que pongo a consideración de esta soberanía tiene como finalidad establecer expresamente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral la causal abstracta de nulidad de la elección presidencial para los casos en que se acredite la intervención del presidente de la República; se utilicen recursos públicos o programas sociales con fines electorales; o se rebasen los topes de campaña autorizados legalmente o se utilicen recursos de procedencia ilícita en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición en cualquier etapa del proceso electoral.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Artículo Único.Se adicionan los incisos d) a g) al artículo 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis

1. Son causales de nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos cualquiera de las siguientes:

a) a c) ...

d) Cuando se acredite la intervención del presidente de la República en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición en cualquier etapa del proceso electoral;

e) Se utilicen recursos públicos o programas sociales con fines electorales en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición en cualquier etapa del proceso electoral, proveniente de cualquier orden de gobierno, en contravención de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

f) Se rebasen los topes de precampaña o campaña autorizados legalmente de acuerdo con el dictamen que al efecto rinda la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Federal Electoral a la Sala Superior del Tribunal Electoral, como parte de la sustanciación de los juicios de inconformidad; y

g) Se utilicen fondos con recursos de procedencia ilícita o del extranjero para el apoyo de un precandidato o candidato a la Presidencia de la República o a favor de un partido político o coalición que lo postule.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Diario Oficial de la Federación, 13 de abril de 2007.

2 Diario Oficial de la Federación, 14 de enero de 2008.

3 Corona Nakamura, Luis Alberto. “Causa abstracta de nulidad de la elección”, en revista digital de derecho Podium Notarial, 35-2007, Colegio de Notarios de Jalisco, www.revistanotarios.com

Palacio Legislativo, a 18 de marzo de 2010.— Diputado Israel Madrigal Ceja (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Lozano, dígame.

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera(desde la curul): Para preguntarle al compañero Israel Madrigal Ceja, si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Diputado Israel Madrigal, está usted de acuerdo en que se adhiera el diputado?

El diputado Israel Madrigal Ceja(desde la curul). Sí, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo, así que puede pasar a firmar.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación.

La diputada María Cristina Díaz Salazar:Gracias, señor presidente. La educación física ha estado estrechamente vinculada a la salud, desde su inclusión en los currículos educativos. Esta relación se ha incrementado en los últimos años como consecuencia de las enormes transformaciones sufridas por las sociedades desarrolladas a lo largo del siglo XX.

Los problemas de salud han cambiado mucho en 100 años. La desnutrición ha dejado paso a la obesidad y las enfermedades contagiosas han sido relegadas por las enfermedades crónico-degenerativas.

La escuela tiene la permanente obligación de adaptarse a las circunstancias, inquietudes y problemas de la sociedad en la que está inmersa.

En las últimas décadas la obesidad y el sobrepeso se han convertido en uno de los principales problemas de salud pública y su prevalencia está aumentando en las poblaciones infantiles en todo el mundo.

Los programas de intervención con el foco de interés principal en los cambios en la actividad física y en la conducta sedentaria se muestran eficaces a corto plazo. Es necesario estimular un aumento en la actividad física cotidiana y por consiguiente del gasto energético con elementos atractivos para el niño.

El aumento de la actividad física debe ir orientado a lograr cambios en las actividades de la vida cotidiana, a disminuir el tiempo dedicado a actividades sedentarias: televisión, videojuegos, etcétera, y a estimular actividades recreativas al aire libre y en los niños mayores fomentar la participación en actividades deportivas de acuerdo a sus gustos y preferencias, poniendo énfasis en actividades que valoren la participación en equipo, más que la competencia individual.

Las investigaciones a este respecto nos indican que aunque con todos los programas de ejercicio, ya sean aeróbicos o gimnásticos, se obtienen reducciones del peso a corto plazo, los programas más eficaces a largo plazo son los que incluyen el ejercicio físico dentro del estilo de vida de los niños.

Dentro de las normas en la Secretaría de Educación Pública que rigen los planes y programas escolares, en los cuales se definen las horas por semana que deben impartirse en cada materia y que deberán aplicarse en los diferentes grados escolares, la educación física, dentro del programa de la Secretaría de Educación Pública, tiene asignada una hora a la semana, lo que vienen siendo 10 minutos diarios a nivel preescolar y primaria, y dos horas en el nivel secundaria. Lo que no cumple con lo mencionado en el artículo 7, fracción IX, de la Ley General de Educación.

Por lo anterior, me permito presentar a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa. Se adiciona un primer párrafo a la fracción III del artículo 47 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

En los planes de estudio deberán establecerse...

Fracción III. Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y

Ajustar los tiempos semanales de hora/clase destinados a cada asignatura para que se impartan 30 minutos diarios de activación física en todos los grados escolares de educación básica.

Es cuanto, señor presidente, pero también le quiero solicitar que esta iniciativa que estoy presentando sea de urgente u obvia resolución, porque se aproxima el próximo periodo escolar. Muchas gracias, señor.

«Iniciativa que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes

La educación física ha estado estrechamente vinculada a la salud desde su inclusión en los currículos educativos. Esta relación se ha incrementado en los últimos años como consecuencia de las enormes transformaciones sufridas por las sociedades desarrolladas a lo largo del siglo XX.

Los problemas de salud han cambiado mucho en cien años. La desnutrición ha dejado paso a la obesidad y las enfermedades contagiosas han sido relegadas por las enfermedades crónico-degenerativas.

La escuela tiene la permanente obligación de adaptarse a las circunstancias, inquietudes y problemas de la sociedad en la que está inmersa. En las últimas décadas, la obesidad y el sobrepeso se han convertido en uno de los principales problemas de salud pública y su prevalencia está aumentando en las poblaciones infantiles en todo el mundo.

Exposición de Motivos

Los programas de intervención son el foco de interés principal en los cambios en la actividad física y en la conducta sedentaria se muestran eficaces a corto plazo, es necesario estimular un aumento de la actividad física cotidiana y por consiguiente del gasto energético, con elementos atractivos para el niño. El aumento de la actividad física debe ir orientado a lograr cambios en las actividades de la vida cotidiana, a disminuir el tiempo dedicado a actividades sedentarias (televisión, videojuegos, etcétera), a estimular actividades recreativas al aire libre y, en los niños mayores, a fomentar la participación en actividades deportivas de acuerdo a sus gustos y preferencias, poniendo énfasis en actividades que valoren la participación en equipo más que la competencia individual.

Las investigaciones a este respecto indican que aunque con todos los programas de ejercicio, ya sean aeróbicos o gimnásticos, se obtienen reducciones del peso a corto plazo, los programas más eficaces a largo plazo son los que incluyen el ejercicio físico dentro del estilo de vida de los niños.

Dentro de las normas de la Secretaría de Educación Pública que rigen los planes y programas escolares en los cuales se definen las horas por semana que deben impartirse en cada materia y que deberán aplicarse en los diferentes grados escolares, la educación física dentro del programa de la Secretaría de Educación Pública tiene asignada una hora a la semana lo que viene siendo 10 minutos diarios en el nivel preescolar y primaria y dos horas en el nivel secundaria, lo que no cumple con lo mencionado en el artículo 7o., fracción IX, de la Ley General de Educación.

Por lo anterior me permito presentar a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Se adiciona un primer párrafo a la fracción III del artículo 47 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 47. Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

En los planes de estudios deberán establecerse:

I. ...

II. ...

III. Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y

Ajustar los tiempos semanales de hora clase destinados a cada asignatura para que se impartan 30 minutos diarios de activación física en todos los grados escolares de educación básica.

IV. ...

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.— Diputados: María Cristina Díaz Salazar, Emilio Serrano Jiménez, Juan José Cuevas García, María Sandra Ugalde Basaldúa, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Guillermo Cueva Sada, Delia Guerrero Coronado, Rosario Ortiz Yeladaqui, Silvia Esther Pérez Ceballos, Fermín Montes Cavazos, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, José Manuel Agüero Tovar, Carlos Cruz Mendoza (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Guillermo Cueva.

El diputado Guillermo Cueva Sada(desde la curul): Sólo para felicitar a la diputada Cristina Díaz y pedirle si me puedo adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Diputada, acepta usted la adhesión?

La diputada María Cristina Díaz Salazar(desde la curul): Estoy de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo la diputada. Pasen por favor todas y todos aquéllos que deseen adherirse, a la Secretaría, a firmar el documento correspondiente.

ARTICULOS 51, 52, 53, 54 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene el uso de la palabra el señor diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Omar Fayad Meneses:Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados, señor presidente, hoy vengo nuevamente a la tribuna a presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones constitucionales que tiene que ver con el tema de la reforma política, la reforma política que tanto hemos llevado y traído, las distintas propuestas que ustedes ven que se albergan en las distintas instituciones, por una parte las que hace el presidente de la República, por otra parte, las que hace nuestro Grupo Parlamentario del PRI en el Senado y otros muchos actores y personajes, como cada uno de ustedes, señoras y señores legisladores, que tienen una idea de cómo transformar a la política mexicana, de cómo hacerla más eficiente, de cómo sirva a todos.

En esa tesitura hoy vengo a hacerles una propuesta que les puede sonar atrevida –permítanme el término– porque vengo a proponerles, ahora que por cierto se ha puesto de moda –en lo que refiere a reforma política– el tema de la reelección. La reelección de legisladores, con la que muchos están de acuerdo y les confieso en esta tribuna: Omar Fayad está de acuerdo con la reelección de presidentes municipales, la reelección para legisladores.

Sin embargo, creo que las condiciones que hoy imperan en el ámbito político mexicano quizá no sean las más atinadas para presentar cierto tipo de propuestas en materia de reforma política.

Por eso hoy vengo a sugerir una alternativa que considero viable, que es útil, y que le va a ahorrar mucho dinero al país, porque si de algo creo que estamos hartos los mexicanos es de tantos procesos electorales, todos los años, en todo momento, estamos inmersos en procesos electorales.

En el caso de mi estado, Hidalgo, cada seis años, o cinco, tenemos procesos electorales, y en el que no hay, hay parte de un proceso interno.

Por eso les quiero proponer algo que es sencillo en su planteamiento: hay que modificar diversos artículos de la Constitución, pero el planteamiento es muy fácil y no voy a perder aquí el espacio tan corto para leerles todo el articulado de lo que se necesitaría.

Se trata de ampliar el periodo para diputados federales, que aquellos que fueron electos por el principio de mayoría relativa no duren tres años en su encargo, sino duren seis años en su encargo, sin el tema de la reelección.

En segundo lugar, que aquellos que fueron electos por el principio de representación proporcional, aquellos diputados que llegaron por la vía plurinominal, duren tres años en su encargo y sean relevados cada tres años por lista de partido en la misma lista y en la misma proporción que en la elección federal fueron seleccionados.

De esta manera tendríamos diputados por distrito que duren seis años en su encargo. Diputados plurinominales que duren tres años, con la posibilidad de que los partidos políticos refrenden a los tres años, si quieren que ese diputado plurinominal siga al frente de su responsabilidad o si desean retirarla.

Esto permitiría la movilidad en la Cámara de Diputados, desarrollar de mejor manera la carrera parlamentaria, el que pudieran tener más experiencias las legisladoras y los legisladores mexicanos, el que pudiéramos ahorrarle a México –aquí sí les pido que pongan atención– más de 12 mil millones de pesos se ahorraría este país si eliminamos la elección intermedia. Eso puede ser destinado a la educación, a la salud o a muchos otros rubros que tanto necesita este país.

Por eso vengo a presentarles, de la manera más sencilla posible, esta propuesta de reforma a la Constitución. Una reforma política que permita ampliar para los legisladores federales y para los locales el término de su encomienda constitucional, para que pase de tres a seis años. Por lo que refiere a los diputados plurinominales, cada tres años, por lista de partido. Y solamente una elección cada seis años y el ahorro de más de 12 mil millones de pesos.

Es cuanto, señor presidente. Ojalá sea de su interés, y ojalá puedan incorporarla a todas las propuestas de reforma política que se estén dando en este Congreso. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar el periodo de gestión de los diputados federales y locales de 3 a 6 años, así como establecer la sustitución o ratificación de diputados federales y locales electos por el principio de representación proporcional al concluir los tres primeros años de la legislatura, presentada por el diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Exposición de Motivos

Los esfuerzos por la democracia del sistema político mexicano, iniciados desde 1988, han generado un cambio en la conceptualización no sólo del sistema político, de la utilización provechosa de los recursos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, sino también de la elección, de las funciones de los gobernantes, así como de la conducción política responsable.

Esta nueva forma de percibir al gobierno, ha incidido en los tres niveles de ejercicio del mismo: el federal, el estatal y el municipal. Esto resulta evidente cuando observamos y comparamos la forma en que se integran el Congreso federal o las Legislaturas de los estados, o bien en la formación pluripartidista de los cabildos dentro del municipio.

Avanzamos así, en este proceso de transformación, convencidos de que un gobierno democrático es cauce para la participación en el análisis de las cuestiones que a todos interesan y vía para examinar, conciliar y resolver pacíficamente nuestras contradicciones, e impulsar institucionalmente los cambios sociales.

Es por ello que consideramos que en la esencia y garantía de permanencia de esta forma de gobierno, está el actualizarse y enriquecerse a sí misma, superando los procedimientos que le estorban o la convierten en rutina. Sólo a través de la permanente revisión de su práctica cotidiana, alcanzaremos el perfeccionamiento de las normas que rigen nuestra vida colectiva.

En la presente iniciativa, propongo un avance en el diseño de nuestro sistema político, a fin de cambiar la actual realidad del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales, realidades que en su mayoría ya impiden contar con las óptimas condiciones y circunstancias para desempeñar tan altas responsabilidades.

La primera se refiere al actual periodo de gestión de los legisladores federales y locales, todos actualmente con un periodo de ejercicio de tres años.

En la realidad, se trata de un ejercicio muy limitado, que obstaculiza la profesionalización del Congreso de la Unión y contribuye a debilitar el trabajo legislativo.

Los diputados tanto federales como los de las legislaturas locales, en su mayoría cuando accedemos a este privilegio lo hacemos sin experiencia legislativa y son inexpertos en las diversas materias y aspectos legislativos, en detrimento de la vida parlamentaria.

Sin legisladores profesionales, sin la posibilidad de contar con una verdadera carrera parlamentaria, los diputados mexicanos no hemos tenido opción alguna para especializarnos en nuestra tarea. Tres años es un periodo muy corto para poder capitalizar el aprendizaje y aplicarlo de manera práctica a la compleja tarea que implica el legislar en todas las materias que abarcan cada una de las comisiones de esta Cámara.

Un mayor tiempo permitirá la posibilidad de una mejor planeación en la toma de decisiones de los asuntos de interés nacional, de los trabajos legislativos, del tiempo para la capacitación y especialización de los legisladores; y una mayor preocupación de éstos por tener un papel destacado en sus responsabilidades para desempeñar diligentemente su cargo y no dejar pasar el tiempo de la legislatura asumiendo una actitud pasiva ante los trabajos parlamentarios.

Al entrar en esta dinámica, los diputados estaríamos en la posibilidad de concretar de mejor manera nuestra actuación en tres ámbitos: supervisión real del Poder Ejecutivo, revisión y planeación presupuestaria, así como una eficiente aprobación de las leyes.

Además, a través de este esquema liberaríamos al pueblo de México de los onerosos e ineludibles procesos electorales de medio término, que tan sólo en el año 2009 nos costaron la enorme cifra de 12 mil 180 millones de pesos, asignados al Instituto Federal Electoral (IFE).

De ellos, poco más de 8 mil 450 millones de pesos fueron dirigidos al gasto operativo del IFE y poco más de 3 mil 730 millones de pesos al financiamiento público de los partidos políticos.

A la luz de ya varias décadas de operación de nuestras instituciones electorales, la democracia mexicana sigue siendo de un muy alto costo para el presupuesto público.

Basta decir, que en el año 2003, también año de elecciones intermedias, el IFE tuvo un gasto operativo de poco más de 5 mil 789 millones, lo que indica que este rubro de gasto se incrementó en un 45.9%, es decir 2 mil 661 millones de pesos.

En el rubro del financiamiento a partidos, la reforma electoral reciente ha permitido que éste disminuya considerablemente, ya que en 2003, era de 5 mil 306 millones de pesos, lo que también impactó en las cantidades fijadas como tope de gastos de campaña de los candidatos y en las actividades partidistas.

Ya resulta difícil mantener los niveles de gasto y financiamiento electoral a los que hemos llegado los mexicanos, por cierto, no vistos en ningún otro país del mundo.

En total, en 2009 los mexicanos gastamos más de 900 millones de dólares de presupuesto público, para sostener nuestra democracia.

Ante estas cifras, no debe caber duda alguna sobre la pertinencia y factibilidad de esta propuesta para robustecer la democracia en México, disminuyendo al mismo tiempo, sus altos costos presupuestales.

La aprobación de esta iniciativa permitiría un ahorro al erario público muy importante, que puede ser destinado a otras áreas tan prioritarias para los mexicanos como la salud y la educación, más aún en el presente escenario de crisis económica global, y la afectación directa a la actividad económica del país y de los ingresos fiscales.

México y los mexicanos demandan mayores recursos para detener el avance de la pobreza e incentivar el crecimiento económico y el empleo, pero ajustando el gasto operativo de las dependencias u organismos públicos y no creando más impuestos ni incrementando las tasas impositivas en contra de los contribuyentes cautivos.

Por estas razones, presento ante este pleno reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente manera: el artículo 51 para ampliar el periodo de ejercicio de los diputados al Congreso de la Unión de 3 a 6 años; y al artículo 116 sobre los diputados de las Legislaturas Locales, para ampliar el periodo de ejercicio a 6 años.

No planteo la reelección, no planteo ser nuevamente electos para el periodo inmediato; ante el complejo escenario político que vive el país no podemos abrirle la puerta a la reelección, pero si, a la ampliación de periodo que generará a la democracia mexicana y al pueblo de México, grandes beneficios como los ya expresados.

No planteamos la reducción del número de diputados, lo cual sería un retroceso en la composición democrática de esta Cámara, pues todos los diputados que accedimos por mayoría relativa sabemos que es imposible, en la mayoría de las veces, abarcar no sólo en campaña, sino en la atención post electoral el gran número de municipios, delegaciones o población que conforma los distritos, pues la consecuencia lógica de esa reducción sería ahondar aún más la desproporcionalidad que se ha venido marcando con el aumento demográfico de la población. Definitivamente esa no sería la solución.

En segundo lugar, y complementario a la ampliación del periodo a 6 años de los diputados de esta Cámara, propongo también introducir un procedimiento innovador para conseguir la renovación parcial de las Cámaras de Diputados y de Senadores, sin que medie proceso electoral alguno.

Esto es, los diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, deberán ser sustituidos o ratificados al concluir el tercer año de ejercicio de la legislatura respectiva, conforme a nuevas listas regionales que habrán de ser presentadas por los partidos políticos al Instituto Federal Electoral.

La asignación de estos diputados y senadores por partido político, se efectuará conforme al procedimiento establecido por los artículos 54 y 56 de la Constitución, respetando así la voluntad ciudadana expresada en las urnas, para integrar las fuerzas políticas dentro del Congreso de la Unión.

De esta forma, la sustitución de los legisladores de representación proporcional, dará una genuina oportunidad para la movilidad parlamentaria, para que nuevos cuadros políticos puedan integrarse a la actividad legislativa, enriqueciéndola y manteniéndola activa y flexible.

Por otra parte, los partidos políticos con representación en el órgano legislativo, tendrán la ventajosa posibilidad de premiar y ratificar a quienes se hayan desempeñado de manera competente dentro de su fracción parlamentaria, o bien, castigar y sustituir a quienes no ofrezcan ninguna ventaja comparativa o valor agregado a la discusión y posicionamiento frente a los temas relevantes de la agenda nacional.

En suma, compañeras y compañeros diputados: el Poder Legislativo, cada vez más plural, demanda mayor eficiencia en el desempeño de sus funciones; es por ello que cada día debemos reafirmar y acrecentar el proceso que nos conduzca a la transformación constante del Congreso de la Unión y de los Congresos locales, en virtud de que deben constituirse en órganos responsables, instituciones deliberantes, vigilantes y críticas del acontecer nacional y de la labor gubernamental.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la honorable asamblea el presente iniciativa con proyecto de

Iniciativa de reforma a los artículos 51, 52, 53, 54 y el párrafo segundo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar el periodo de gestión de los diputados federales y locales, así como establecer la sustitución o ratificación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional al concluir los tres primeros años de la legislatura

Artículo Primero. Se reforman los artículos 51, 52, 53, 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, que serán electos en su totalidad cada seis años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán asignados según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales plurinominales.

Los diputados asignados por el principio de representación proporcional deberán ser sustituidos o ratificados al concluir los tres primeros años de la legislatura, conforme a nuevas listas regionales presentadas por los partidos políticos al Instituto Federal Electoral, sin que para esto, medie proceso electoral alguno.

La ley determinará los aspectos precisos que esta Constitución no contemple para efectuar la renovación parcial del Congreso de la Unión a que alude el presente artículo.

...

Artículo 53. ...

Para la asignación de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La asignación de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. a VI. ...

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116...

...

I. ...

II. ...

...

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes, y durarán en su encargo seis años. Los diputados electos por el principio de representación proporcional, deberán ser sustituidos o ratificados al concluir los 3 primeros años de la legislatura, conforme a nuevas listas regionales presentadas por los partidos políticos al organismo electoral correspondiente, sin que medie proceso electoral alguno.

............

III. a VII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

Segundo. Las entidades federativas, deberán ajustar sus Constituciones Políticas y Leyes respectivas a lo dispuesto en esta Constitución a más tardar en un plazo de 120 días, a partir de la vigencia del presente decreto.

Tercero. Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.— Diputado Omar Fayad Meneses (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Jaime Cárdenas, dígame.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Para hacer una manifestación, señor presidente. Para decirle al diputado Omar Fayad que veo con simpatía su propuesta; pero no la comparto.

Mientras que en este país no se...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Discúlpeme, señor diputado, no ha lugar a sus comentarios. Sólo el que pudiera usted manifestar adherirse.

¿Algún otro diputado? Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Proceda la Secretaría a darnos cuenta de la comunicación que ha enviado la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Comisión de Atención a Grupos Vulnerables: alta del diputado Malco Ramírez Martínez, como integrante

• Comisión de la Función Pública: alta del diputado Malco Ramírez Martínez, como integrante y baja del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, como integrante

• Comisión de Hacienda y Crédito Público: alta del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, como integrante

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Javier Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Pedro Vázquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que solicita las siguientes altas en comisiones especiales y comités:

• Que diputado Pedro Vázquez González, cause alta como integrante en la Comisión Especial en Materia de Protección Civil

• Que la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Javier Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado y comuníquese.

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Ha solicitado el uso de la palabra el señor diputado Jorge López-Portillo Basave. A sus órdenes, diputado, dígame.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): Señor presidente, nada más para, respetuosamente, recordar a la Mesa a su digno cargo que mi compañero Pedro Ávila Nevárez solicitó, durante la mañana, un minuto de silencio en la memoria de un compañero y ex jefe del de la voz, Luis Donaldo Colosio.

Quisiera, respetuosamente, cuando usted considere pertinente, solicite a la asamblea ponerse de pie, que es muy importante, sobre todo por la forma en la que murió el que fuera senador de la República, secretario de Desarrollo Social e integrante de esta misma Cámara.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, les pido a todos los asistentes ponernos de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día son dictámenes de primera lectura.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, le solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura a los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

I. En sesión de la Cámara de Diputados celebrada 17 de abril de 2007 fue presentada por la diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García, del Partido Acción Nacional, iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas.

III. La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en sesión plenaria del 21 de octubre de 2008, aprobó el dictamen, en sentido positivo, de la iniciativa en comento, el que remitió el 2 de diciembre de 2008 a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

IV. Con fecha 6 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura remitió a la Comisión de Asuntos Indígenas copia del dictamen positivo con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos indígenas, de conformidad con el punto tercero del acuerdo relativo a los dictámenes de proyectos de ley o decreto y proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de diputados de la LX Legislatura, aprobado el 17 de septiembre de 2009.

Consideraciones

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas coinciden con la diputada proponente de la iniciativa en que, “aun cuando los indígenas cuentan con algunas prerrogativas, frecuentemente son ignorados en el ámbito de gobierno y de procuración y administración de justicia. Esas omisiones representan en muchas ocasiones un trato discriminatorio para la población indígena, pues impiden el cumplimiento de sus derechos”.

Las instituciones y las dependencias de gobierno no cuentan con suficientes traductores e intérpretes de lenguas indígenas que auxilien a los indígenas para su acceso a la justicia y en la defensa de sus derechos.

Para contribuir a superar las situaciones que se comentan en los párrafos anteriores, la iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina propone reformar el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para que las facultades del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de normar y formular programas de certificación y acreditación alcancen a los intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Además, propone adicionar un párrafo al artículo transitorio quinto y un artículo transitorio, que sería el noveno de la citada ley.

Concretamente, la iniciativa establece:

Artículo 14. Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (...). Para el cumplimiento de este objeto, el instituto tendrá las siguientes características y atribuciones:

a) a c) ...

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia que, asimismo, sean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y posgrado, así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación.

e) a l) ...

Transitorios

Primero. a Cuarto. ...

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión establecerá en el Presupuesto de Egresos de la Federación la partida correspondiente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que cumpla los objetivos establecidos en la presente ley.

El instituto deberá enviar un informe anual referente a lo establecido en el artículo 14, inciso d), de esta ley para la definición de la asignación presupuestal correspondiente.

Sexto. a Octavo. ...

Noveno. Con relación a los artículos 7, 10, 13, fracciones II y XII, y 14, se dará cumplimiento en las lenguas indígenas nacionales mayoritariamente habladas, en tanto se logran la formación y capacitación de traductores e intérpretes en todas las lenguas indígenas nacionales.

Análisis de la iniciativa

Los integrantes de la comisión consideran que, particularmente, es procedente la reforma que se propone del inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas porque promueve el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en los artículos 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la ley que se reforma, pues e faculta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para formar, acreditar y certificar intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Esta acción implica otorgar reconocimiento legal a ese tipo de servicios, lo que repercutirá en dar certeza y calidad a las acciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que, por ley, tienen que apoyarse en intérpretes o traductores indígenas.

La fracción VIII del Apartado A del artículo 2o. constitucional, referente al acceso pleno de los indígenas a la jurisdicción del Estado, prevé: “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”, por lo que la reforma que se aprueba en este dictamen permitirá tutelar con eficacia este derecho y otros donde se considere este tipo de servicios.

Al acreditar y certificar a los intérpretes y traductores indígenas, se revaloran socialmente los idiomas de los pueblos originarios y se abren campos de profesionalización para sus hablantes, como intérpretes y traductores.

En cuanto a la adición de un párrafo al artículo transitorio quinto, por el que se obligaría al instituto a “enviar un informe anual referente a lo establecido en el artículo 14, inciso d), de esta ley para la definición de la asignación presupuestal correspondiente”, la comisión considera que no es de aceptarse esa particularidad, ya que además de que es imprecisa la redacción propuesta, porque no identifica a quién se habrá de informar, el instituto ya está obligado a rendir informes anuales y periódicos de acuerdo con las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de las Entidades Paraestatales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Planeación, y en ellos deberá incluir lo relativo a sus facultades y a los programas que opera.

Con relación a la propuesta de adición del artículo transitorio noveno, los integrantes de la comisión consideran que ésta no es procedente, ya que su pretensión es que los mandatos contenidos en los artículos 7, 10, 13, fracciones II y XII, y 14, referentes a la intervención de intérpretes y defensores indígenas en determinados asuntos, se cumplan para “las lenguas nacionales indígenas mayoritariamente habladas, en tanto se logran la formación y capacitación de traductores e intérpretes en todas las lenguas indígenas nacionales”, lo que limitaría el acceso de los hablantes de las demás lenguas a los derechos que consagran la Constitución y la misma Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas someten a consideración del pleno de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

a) a c) ...

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia que, asimismo, sean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y posgrado, así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación.

e) a l) ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Socorro Sofío Ramírez Hernández (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Guillermo Zavaleta Rojas, Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Sabino Bautista Concepción, Felipe Cervera Hernández, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, María Elena Pérez de Tejada (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Ignacio Téllez González, Luis Hernández Cruz, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell.»

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados se abocó al estudio de la minuta remitida por el Senado de la República con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y conforme al análisis y deliberaciones que de ésta llevaron a cabo los miembros de la Comisión, someten a consideración de la honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

1. En fecha 21 de abril de 2009, Andrés Galván Rivas, senador de la república del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

2. Con fecha 3 de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores remite a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados minuta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Consideraciones

El Senado de la República, al dictaminar la minuta que se analiza, considera que la expedición de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es un avance para el fortalecimiento y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo referente a la preservación y desarrollo de sus lenguas.

De esta ley son destacables dos aspectos fundamentales, a saber: el primero, en su objeto, que consiste en regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas, aspectos que establece el artículo primero de la ley; el segundo es que, como instrumento para atender esos objetivos, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, bajo la figura de organismo descentralizado de la administración pública federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado de la Secretaría de Educación Pública.

Particularmente, la reforma propuesta se centra en lo que considera un error en el mandato que establece las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores.

Análisis de la minuta

La minuta en comento propone el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que establece el criterio central de la relación laboral entre el instituto y sus trabajadores.

La colegisladora observa, y esta comisión coincide en que el texto actual del artículo 23 de la citada ley establece que la relación de trabajo estará regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado A) del Artículo 123 Constitucional, lo que constituye un error, ya que esta última referida ley tiene como título original, según su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1963: Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Luego entonces, en estricto sentido, la ley a la que hace referencia actualmente el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, no existe, no forma parte del catálogo de leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, según su artículo 1º., rige las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal así como los organismos descentralizados con sus trabajadores. Por otra parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como establece el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, es un “organismo descentralizado de la administración pública federal, en consecuencia, las relaciones laborales del instituto con sus trabajadores deberán ser normadas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Entonces, esta Comisión considera viable y necesaria la reforma que propone la colegisladora, ya que, de aprobarse en sus términos, se resuelve el error de redacción identificado, ya que la ley laboral invocada en el texto del artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas legalmente no existe.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Único: Se reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 23. Las relaciones laborales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Guillermo Zavaleta Rojas, Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Sabino Bautista Concepción, Felipe Cervera Hernández, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Alberto Esquer Gutiérrez, María Elena Pérez de Tejada (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Alba Leonila Méndez Herrera, Ignacio Téllez González, Luis Hernández Cruz, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell.»

Es de primera lectura.

CODIGO PENAL FEDERAL - LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 22 de abril de 2008, los diputados Antonio de Jesús Díaz Athié, Jorge Mario Lescieur Talavera y César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y los diputados Jesús de León Tello, Liliana Carbajal Méndez, Óscar Miguel Mohamar Dainitin y María del Carmen Fernández Ugarte, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia dicha iniciativa mediante oficio D.G.P.L.60-II-I-1495.

Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 29 de abril de 2008, dicha iniciativa fue aprobada y remitida a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales correspondientes.

Cuarto. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión en fecha 29 de abril de 2008, se recibió la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 233 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Quinto. Por acuerdo la Presidencia de la Cámara de Senadores, el 7 de mayo de 2008 se turnó, para su estudio y dictamen correspondiente, a las Comisiones Unidas de Justicia, de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Primera, las cuales, previo análisis y estudio de la misma, presentaron el dictamen correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que fue discutido y aprobado en sesión de fecha 28 de abril de 2009.

Sexto. En esa misma fecha, mediante oficio número DGPL-2P3A.12070, la Mesa Directiva de la Cámara Senadores devolvió a la Cámara de Diputados el expediente de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 233 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

Séptimo. En fecha 30 de abril de 2009, la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-1-2439, acordó que se turnara a la Comisión de Justicia dicha minuta, la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones.

Octavo. En fecha 16 de marzo del 2010, la Comisión de Justicia sesionó sobre el presente dictamen, al respecto el diputado Pedro Vázquez González, se manifestó en contra de la propuesta por considerar que se presenta en un momento de crisis del país siendo el comercio informal una vía de autoempleo de los ciudadanos y que por ende al aprobarse el presente se les afectaría de manera directa a éstos, por otra parte el diputado Oscar Martín Arce Paniagua, se pronunció a favor del dictamen, pues asevero que de esta manera se captarían mayor número de ingresos para el Estado y beneficiaría a la población en general y no sólo a unos cuantos, a esta moción se sumó el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, quien al ratificar la mención de su compañero se mostró complacido con el dictamen. Por lo anterior, la honorable Comisión de Justicia de ésta LXI Legislatura presenta a este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones:

Análisis de la minuta

Primero. En la minuta proyecto de decreto, la Cámara de Senadores se propone reformar los artículos 429 del Código Penal Federal, 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de proteger los derechos de autor y de la propiedad industrial, por las grandes repercusiones económicas, jurídicas y sociales que implica el fenómeno delictivo conocido comúnmente como “piratería”.

Segundo. En el dictamen elaborado por el Senado se expresa que para determinar la procedencia o improcedencia de la persecución de oficio de los delitos implícitos en el Título Vigésimo Sexto, Libro Segundo, del Código Penal Federal, es decir, los delitos en perjuicio y detrimento patrimonial de derechos de autor que se consignan y sancionan en los artículos 424, 424 Bis, 424 Ter, 425, 426 y 427, indefectiblemente debe considerarse la naturaleza e los derechos o intereses que se lesionan o afectan con el delito, la calidad de los sujetos que intervienen en su consumación, la gravedad del daño causado, la culpabilidad, el resultado y la unidad o pluralidad de la acción, por lo que una vez realizado por la colegisladora, determine que los delitos perseguidos en el Título del Código Penal Federal se persiguieran por el Ministerio Público oficiosamente a excepción de los delitos establecidos en los artículos 424, fracción II y 427, que señalan lo siguiente:

Artículo 424. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa:

I. ...

II. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular de los derechos;

III. ...

Artículo 427. Se impondrá prisión de seis mese a seis años y de trescientos a tres mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra substituyendo el nombre del autor por otro nombre.

Lo anterior, en virtud de que el resto de los tipos penales establecidos en el Título Vigésimo Sexto, Libro Segundo, del Código Penal Federal, entrañan una violación más grave y dañina a los derechos de autor, de la propiedad intelectual de la obra, de la seguridad jurídica del autor en relación a ésta y del progreso cultural y económico del país.

Al respecto, esta Comisión de Justicia coincide con las consideraciones y adecuaciones realizadas por el Senado, por tratarse, como se señaló anteriormente, de conductas mas graves en contra de los derechos de autor y de la propiedad intelectual.

Igualmente no se debe soslayar que, los delitos en materia de derechos de autor y en contra de la propiedad industrial no sólo afectan bienes jurídicos personales, sino también suprapersonales, pues la afectación no nada más es para el propietario de los derechos de autor, sino para la economía del país en general y como consecuencia la economía de la sociedad, situación que hace indisponible el bien jurídico tutelado, es decir, con esta reforma, el afectado en primer término por el hecho delictivo no podrá optar por realizar su querella como requisito de procedibilidad y en su caso, otorgar el perdón, ya que no podrá disponer del bien jurídico afectado al no permitirse la extinción de la acción penal a través del perdón, ya que al Estado le interesa la persecución oficiosa de estas conductas delictivas.

Tercero. Esta dictaminadora coincide plenamente con la minuta emitida por el Senado de la República, toda vez que no debe perderse de vista que es una obligación del Estado modernizar el marco jurídico vigente, a fin de hacerlo eficiente en beneficio de múltiples sectores de la población, pues no debe soslayarse que en materia de derechos de autor México forma parte de diversos instrumentos internacionales, entre ellos los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, relativo a Derechos de Autor y sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas, respectivamente, así como del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros, los cuales contienen disposiciones legales encaminadas a exigir a los estados miembros q e creen normas jurídicas que permitan un combate eficaz y ágil en contra de lo delitos en contra de la propiedad intelectual.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia aprueba en sus términos la minuta analizada, para los efectos del inciso A del artículo 7 constitucional, y somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial

Artículo Primero. Se reforma el artículo 429 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 429. Los delitos previstos en este título se perseguirán de oficio, excepto lo previsto en los artículos 424, fracción II y 427.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 223 Bis. Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta ley. Este delito se perseguirá de oficio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.

La Comisión de Justicia, diputados:Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, Ángeles Nazares Jerónimo, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica en contra), Arturo Zamora Jiménez.»

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y análisis, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente:

Dictamen

I. Antecedentes

Con fecha 1 de diciembre de 2009 se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 16 y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa presentada por el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

El diputado Concha Arellano enfoca su exposición de motivos en el propósito de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, contenido en el artículo 2° de la misma, donde se establece que su objeto es el de regular la infraestructura física educativa, mediante el establecimiento de lineamientos generales.

Señala que entonces, es labor de la federación el procurar lo necesario para que las autoridades locales operen de manera semejante las actividades de la infraestructura física educativa y el proveer la normatividad adecuada para esta.

En este orden de ideas, el legislador se refiere a la federalización del programa de construcción de escuelas iniciada en 1985 y mediante la cual se han transferido importantes recursos a los estados de la república para la construcción de aulas y espacios educativos; finalizando con la reciente creación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

Finalmente, el diputado Concha Arellano externa su preocupación respecto de las funciones del INIFED, que van desde la creación de un sistema de información del estado físico de las instalaciones que conforman la infraestructura física educativa, la certificación de calidad de la misma, hasta la construcción de inmuebles pertenecientes a ésta.

El iniciante califica esta última función como contraria al espíritu real de la Ley, que busca que la atribución de construir recaiga principalmente en las entidades federativas, ya que “lo contrario tiende a transgredir los avances de federalización en esta materia y nos regresa a la actitud centralista [...]”

De esta manera, sostiene que el INIFED debe ser un órgano articulador de los esfuerzos de la federación, del estado y del municipio en esta materia, y abocarse de manera exclusiva a emitir disposiciones normativas para los diferentes niveles educativos y las diferentes regiones del país.

Con base a dichas consideraciones, la iniciativa que se dictamina contiene el siguiente proyecto de decreto:

Único.Se reforman los artículos 16, tercer párrafo, y 19, fracción XII, primer párrafo, de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

...

El instituto estará encargado de emitir la normatividad y los lineamientos técnicos relacionada a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan los organismos que para este fin se encuentren establecidos en los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo 19. ...

I. a XII. ...

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las obras que se estén realizando, hasta antes de la publicación del presente decreto, estarán sujetas a la normatividad bajo las que fueron iniciadas y hasta su conclusión.

III. Consideraciones de la comisión

Los integrantes de esta comisión dictaminadora comprendemos las inquietudes del diputado Elpidio Concha Arellano y consideramos valiosas sus observaciones respecto de la importancia y las aportaciones de la federalización a los programas de infraestructura física educativa.

Partiendo de este reconocimiento, la comisión dictaminadora, con base a estudios y experiencias internacionales documentadas sostiene que la infraestructura educativa es un componente relevante en la promoción de ambientes que favorecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

En este sentido, la infraestructura física educativa debe tomar en cuenta las tendencias en el diseño, construcción y remodelación de los espacios escolares que marcan los nuevos paradigmas educativos y considerar a las escuelas como espacios en los que se debe promover el aprendizaje activo, el pensamiento crítico, la colaboración y el trabajo en equipo.

En el caso particular de México, con el proceso de federalización educativa iniciado desde 1992, se confirma la importancia de que la educación guarde un equilibrio entre los niveles federal, estatal y municipal, de manera que la gestión del sistema educativo nacional se realice de manera articulada e integral.

Este equilibrio debe estar sustentado en un marco normativo que establezca la concurrencia y coordinación de los niveles de gobierno en atención y resolución de la problemática educativa del país.

De esta manera, en materia de infraestructura educativa, la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza al Congreso de la Unión para:

“...dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa...”

Asimismo, esta concurrencia establecida en la constitución es fortalecida por leyes secundarias como la Ley General de Educación que en el capítulo II, “Federalismo Educativo” establece que la federación mantiene y dedica sus esfuerzos a las funciones normativas de la educación, mientras que son los estados los que se ocupan de las labores operativas del sistema educativo nacional.

En este mismo sentido, la Ley General de Infraestructura Física Educativa señala como autoridades a:

Artículo 5. ...

...

I. El titular del Ejecutivo Federal;

II. El titular de la Secretaría de Educación Pública;

III. El Director General del instituto;

IV. Los titulares de los ejecutivos de los estados y del Distrito Federal;

V. Los titulares de las secretarías de educación y sus equivalentes en las entidades federativas;

VI. Los titulares de los organismos responsables de la infraestructura física educativa de las entidades federativas; y

VII. Los presidentes municipales y los jefes delegacionales del Distrito Federal.

Estas autoridades deberán coordinarse mediante los mecanismos legales correspondientes para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

De esta manera el INIFED, dentro de sus labores como emisor de normatividad, consultoría y certificación, deberá considerar las necesidades de cada modalidad educativa, las características particulares de cada región y a las autoridades educativas, que como bien señala la Iniciativa son conocedoras de las necesidades que en la materia existen.

Finalmente, con el objeto de fortalecer el federalismo de los programas de construcción de escuelas, consideramos acertada la propuesta de reforma del diputado Concha Arellano, de centrar las atribuciones del INIFED en emitir la normatividad y los lineamientos técnicos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan las entidades federativas, al tiempo que se mantiene la facultad de construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles en el caso del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Artículo Único. Se reforman los artículos 16, tercer párrafo y 19, fracción XII primer párrafo de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

...

El instituto estará encargado de emitir la normatividad y los lineamientos técnicos relacionados con la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan los organismos que para este fin se encuentren establecidos en los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo 19. ...

I. a XI. ...

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal.

...

XIII. a XX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las obras que se estén realizando, hasta antes de la publicación del presente decreto, estarán sujetas a la normatividad bajo las que fueron iniciadas y hasta su conclusión.

Nota:

1 UNESCO World Report (2005). “Towards Knowledge Societies”. Noviembre 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de marzo de 2010.

La Comisión de Educación Pública, diputados:José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval, Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica en abstención), Manuel Jesús Clouthier Carrillo, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica en abstención), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Reyes S. Tamez Guerra.»

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 4 de diciembre de 2007, el senador Ernesto Saro Boardman, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 464 de la Ley General de Salud y el artículo 309 del Código Penal Federal, la cual fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

2. Con fecha 11 de marzo de 2008, el senador Javier Orozco Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno del Senado de la República de la LX Legislatura, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la cual fue turnada con la misma fecha por la Mesa Directiva a las  Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

3. Una vez aprobado el dictamen por el pleno del Senado de la República, se turnó con fecha 17 de marzo de 2009 a esta honorable Cámara de Diputados

4. Con la misma fecha la Mesa Directiva remitió la minuta a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la minuta

La presente minuta tiene como objeto enfatizar en el grave problema que es la falsificación de medicamentos, siendo este un tema que ha causado un gran impacto social, ya que ha alcanzado dimensiones alarmantes tanto en México como en el mundo, afectando tanto a la economía y los derechos de propiedad intelectual de importantes farmacéuticas, como a la salud pública.

III. Consideraciones

Primera. El artículo 4o. constitucional establece que todos los mexicanos tenemos el derecho de la protección a la salud, así como también el Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes sobre salubridad general en su artículo 73, fracción XVI, es por esto que a esta soberanía le compete el tratar los temas de salud de México.

Segunda. Es importante fomentar siempre medidas que contribuyan a la protección,  mejoramiento y bienestar de la salud de la población mexicana, es por esto que se tiene como instrumento principal y fundamental a los medicamentos, pero cuando estos son adulterados, falsificados, etcétera, resultan ser una arma letal contra la persona que los consuma, ya que le puede provocar graves consecuencias irreparables o incluso la muerte.

Tercera. El problema de la falsificación de medicamentos es sumamente preocupante, ya que como se mencionó anteriormente tiene consecuencias muy graves, pero lo que lo hace aún más preocupante es que este fenómeno que se ha incrementado significativamente, es por esto que es importante enfatizar en los perjuicios que causan en la población que los consume, y así optar por medidas más estrictas para prescindir de estos.

Cuarta. En México la falsificación de medicamentos se ha convertido en una forma de comercio cada día más habitual, y esto ha logrado que esta industria ilícita llegue a consecuencias extremas, debido a que las medicinas falsificadas generalmente proporcionan dosis inadecuadas del fármaco, ya sea porque se incluye muy poco de este, o porque el vehículo de administración, que generalmente incluye ingredientes no activos, no es el apropiado, teniendo como consecuencia que los pacientes reciban muy poca medicina, y mueran o se agraven, lo cual no habría ocurrido si hubiesen recibido la dosis correcta.

Quinta. La fabricación, distribución y comercialización de medicamentos falsos representa una actividad ilegal que crece a nivel mundial. Las estadísticas señalan que aproximadamente del 6% al 10% de todos los fármacos que circulan en el mundo son fraudulentos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que los productos falsificados o adulterados representan entre el 5% y el 8% de los 550 mil millones de dólares que mueven por año los medicamentos.

Sexta. Aunado a lo anterior, la OMS hace mención de que el 60% de los medicamentos falsos circulan principalmente en países en desarrollo e involucra productos contra enfermedades como la malaria, el sida y otras infecciones, en donde se les inhiben los ingredientes activos,  siendo esto algo inquietante, ya que son enfermedades graves que deben ser atendidas con extremo cuidado.

Séptima. Además, este problema ha generado grandes ganancias económicas, ya que en el mercado negro la falsificación de medicamentos obtiene una ganancia de aproximadamente 35.000 millones de dólares anuales, lo cual tiene como consecuencia que esta situación comience a adoptarse como un medio de subsistencia, al perfilarse como un negocio.

Octava. Por otra parte, es sorprendente saber la forma en que se realizan los medicamentos falsos, ya que los productos pueden incluir ingredientes correctos o incorrectos, principios no activos o principio activo insuficiente. Las sustituciones pueden ser inocuas, tóxicas o letales. Los individuos que cometen estos actos ilícitos recrean o preparan el producto completo, desde la forma, ya sea comprimido, crema, jarabe o solución inyectable, hasta el embalaje y el etiquetado, logrando que el “producto” quede igual al original.

Novena. Otro de los delitos que se cometen es el que involucra medicamentos legítimos pero que fueron robados y que se vuelven a reintroducir en el circuito, sin garantías de que se hayan respetado las normas de almacenamiento, o que se les hayan modificado la fecha de vencimiento para “alargar” su vida útil y disfrazar su origen. Además se ha comprobado que el circuito de los medicamentos robados suele ser muy similar al de los fabricados de manera ilegítima.

Décima. Sin duda, este problema también ha embestido fuertemente a la industria farmacéutica, ya que como lo argumentó Carlos Abelleyda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), la piratería generalmente se vincula con las industrias del vestido y espectáculo, sin embargo, en el sector farmacéutico genera pérdidas de 600 billones de dólares a nivel mundial, pero la tendencia va a la alza y se estima que para el 2010, las pérdidas serán de mil 200 billones de dólares. Situación que impactará en diversos ámbitos como el empleo y consumo, desarrollo tecnológico y salud.

Aunado a lo anterior dichas industrias también asumen el problema de tener que afrontar la violación a sus derechos de propiedad intelectual, de registro de marcas y de patentes de producto.

Décima Primera. El representante de Canifarma señala que en México la adulteración o falsificación de los medicamentos es del 10 por ciento del total del mercado; mientras que en China y Perú se registra un 80 por ciento. En Nigeria y Pakistán es de entre 40 y 50 por ciento. También argumentó que de acuerdo al Washington Business Information, los grupos terapéuticos más falsificados son los de hipertensión, asma, diabetes mellitus y analgésicos.

Décima Segunda. Es por lo anterior que este tema se debe considerar como primordial, en el cual se deben tomar medidas especificas para afrontar los problemas de las diversas áreas que conforman este delito.

Décima Tercera. Finalmente, se estima sumamente necesario actuar a favor de esta reforma, ya que si se toma en consideración que esto corrompe tanto a la industria farmacéutica, como a la salud, y a que la proliferación de estos falsos productos se debe a las enormes ganancias que genera y lo reducido de las sanciones que se aplican, resulta factible actuar a razón de la presente iniciativa, y así evitar el mal principal de que cientos de miles de personas sigan muriendo cada año gracias a los falsificadores.

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman las fracciones I, II y III del artículo 464 Ter de la Ley General de Salud,  para quedar como sigue:

Artículo 464 Ter. En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I. A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, de sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta ley, se le aplicará una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

II. A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

III. A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

Al no haber quien se haya inscrito, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Suficientemente discutido.

Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

Ciérrese el sistema electrónico. Recogemos la votación de viva voz de la diputada Adela Robles Morales.

La diputada Adela Robles Morales(desde la curul): A favor.

La diputada Nelly Edith Miranda Herrera(desde la curul): A favor.

El diputado Adolfo Rojo Montoya(desde la curul): A favor.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Herrera Chávez(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, se emitieron 369 votos a favor; hay 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular, por unanimidad de votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud. Pasa al Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y posterior dictamen la minuta con proyecto de decreto con proyecto de decreto, que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 4 de diciembre de 2007, el senador Ernesto Saro Boardman, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Senado de la República de la LX Legislatura iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 376 Bis-1 a la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

En sesión celebrada con fecha 14 de octubre de 2008 el dictamen respectivo fue sometido a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, aprobado por 97 votos y turnado a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

En sesión celebrada con fecha 16 de octubre de 2008 por la honorable Cámara de Diputados se dio cuenta del oficio que contiene la minuta en estudio, mismo que fue turnado por la Mesa Directiva a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la minuta

La minuta que nos ocupa busca reformar el artículo 222 de la Ley General de Salud, a fin de establecer mayores estándares de calidad y eficacia, no sólo de las sustancias para elaborar medicamentos, sino también de los procesos de producción.

Asimismo, busca incorporar como un acto obligatorio la visita a las plantas en las que se procesan los productos que requieren registro sanitario, todo ello con el objetivo de dar seguridad, eficacia y calidad a los medicamentos.

III. Consideraciones

El derecho a la protección de la salud está garantizado en el párrafo tercero del artículo 4o. de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez, faculta al honorable Congreso de la Unión a través de la fracción XVI del artículo 73 a dictar leyes sobre salubridad general en la Republica.

Las fracciones XXII y XXIV del artículo 3o. de la Ley General de Salud establecen, respectivamente, como materia de salubridad general “el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación”, así como “el control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de los productos incluidos en la fracción XXII...”

En lo que respecta al ámbito internacional, los tratados internacionales mencionan que las partes podrán fijar los niveles de proyección que considere apropiados para lograr sus objetivos legítimos en materia de protección de la vida y la salud humana.

El artículo 194 de la Ley define el control sanitario de la siguiente forma:

“Artículo 194. Para efectos de este título, se entiende por control sanitario, el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores, en base a lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables.

El ejercicio del control sanitario será aplicable al:

I. ...

II. ...

III. ...

El control sanitario del proceso, importación y exportación de medicamentos, estupefacientes y substancias psicotrópicas y las materias primas que intervengan en su elaboración, compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función del potencial de riesgo para la salud que estos productos representan.

Actualmente, para obtener el registro sanitario, el solicitante deberé garantizar a la autoridad que cuenta con la capacidad y recursos para cumplir con la “responsabilidad sanitaria”, es decir, que exista la seguridad, estabilidad, eficacia y calidad de los insumos para la salud tanto de fabricación nacional como de importación, así como también responder legalmente de los efectos adversos que pudieran llegar a ocasionar; por cualquier eventualidad, contingencia o caso fortuito; y asumir la responsabilidad sanitaria, civil, penal y/o administrativa que corresponda.

Para tal efecto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tendrá que aplicar la normatividad correspondiente de acuerdo con el Reglamento de Insumos para la Salud.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha propuesto reformas a artículos que regulan los procedimientos para otorgar la autorización correspondiente para la comercialización de las importaciones de los diferentes insumos para la salud considerados en la Ley General de Salud. En este sentido, cabe recordar que la Ley General de Salud establece que “las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitarios”.

De acuerdo con la propuesta de la colegisladora, el Reglamento de Insumos para la Salud establecerá explícitamente los ordenamientos legales de un almacén en donde se podrá comprobar la calidad de los insumos de los productos farmacéuticos y/o producto terminado, debiendo estar previamente registrado ante las autoridades sanitarias así como también la persona o profesional correspondiente como responsable del mismo.

También se establece como acto obligatorio los visita a las plantas en las que se procesan los productos que requieren registro sanitario, todo ello con el objetivo de dar seguridad, eficacia y calidad a los medicamentos.

Los laboratorios, distribuidores, empresas y personas físicas que estén interesados en importar productos farmacéuticos a la republica mexicana, deberán cumplir con el reglamento que para tal efecto emitirá la autoridad, lo anterior sin duplicar la verificación in situ, siendo responsabilidad del importador la calidad de los productos, previo permiso que otorgue el órgano institucional antes mencionado, y sin responsabilidad para terceros involucrados.

Coincidimos con la apreciación de la colegisladora cuando menciona que el titular del Ejecutivo federal anunció la eliminación gradual del “requisito de planta” que aplicará inmediatamente después de su aplicación a los medicamentos antirretrovirales; y sucesivamente, para los vitamínicos, vacunas, sueros, hemoderivados, antitoxinas, hormonales de origen biológico, medicamentos homeopáticos y medicamentos herbolarios; a los doce meses, para medicamentos biotecnológicos y biológicos no especificados en el párrafo anterior; a los dieciocho meses, para medicamentos que contengan estupefacientes o psicotrópicos y medicamentos de libre acceso de conformidad con lo establecido en las fracciones I, II, II, V, y VI del artículo 226 de la Ley General de Salud, y posteriormente, para los demás medicamentos en los términos de la fracción IV del artículo 226 de la propia ley.

Dichas acciones daría como resultado un término de dos años, contados a partir de la publicación del decreto del Ejecutivo que dispone la eliminación Tetla del requisito de planta en el Diario Oficial de la Federación.

Con medidas como la citada con antelación, aunado a una política de precios para los medicamentos se espera estimular precios accesibles a la población en general y propiciar mayor eficiencia y competitividad en la cadena productiva.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, está facultada para llevar a efecto todo lo referente al control y verificación de lo anteriormente expuesto, con apego al Reglamento de Insumos para la Salud. Por ende se otorgan, en un artículo Segundo Transitorio, 90 días para qué ajuste el Reglamento de Insumos para la Salud y en un artículo Tercero Transitorio se otorgan ciento ochenta días a la Secretaría de Salud para crear la norma oficial mexicana correspondiente.

El sistema de control y vigilancia sanitarios en materia de medicamentos es un instrumento para garantizar los derechos a la protección de la salud consagrados en el párrafo tercero del artículo 4o. de nuestra Carta Magna; por lo que resulta imperativo establecer una reforma que contribuya a garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos; por lo que coincidimos plenamente con el decreto propuesto por el Senado de la República en sus términos.

Por lo señalado con antelación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXI Legislatura ponemos a consideración de esta honorable Cámara, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 222. La Secretaría de Salud sólo concederá la autorización correspondiente a los medicamentos, cuando se demuestre que éstos, sus procesos de producción y las sustancias que contengan reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas, que cumple con lo establecido en esta ley y demás disposiciones generales, y tomará en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 428 de esta ley.

Para el otorgamiento de registro sanitario a cualquier medicamento, se verificará previamente el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y del proceso de producción del medicamento así como la certificación de sus principios activos. Las verificaciones se llevarán a cabo por la Secretaría o sus terceros autorizados o, de ser el caso, se dará reconocimiento al certificado respectivo expedido por la autoridad competente del país de origen, siempre y cuando existan acuerdos de reconocimiento en esta materia entre las autoridades competentes de ambos países.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se otorgan noventa días a la Secretaría de Salud, para que ajuste el Reglamento de Insumos para la Salud.

Tercero. Se otorgan ciento ochenta días a la Secretaría de Salud para crear la norma oficial mexicana correspondiente.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No se tiene registrado a nadie para la fundamentación del dictamen. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

Se ha inscrito en contra la diputada Laura Itzel Castillo. Tiene el uso de la palabra, diputada.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Diputado presidente. Diputadas y diputados, me he inscrito para hablar en contra del dictamen porque me parece muy importante por lo menos dejar constancia de lo que aquí se va a votar, que me parece que es muy grave, porque tiene que ver directamente con todo lo que ha habido en este país: el desmantelamiento de la política social y la privatización.

En específico, el artículo 222 que se está reformando plantea, el artículo vigente, que el control sanitario de los medicamentos es facultad exclusiva del Estado, a través de la Secretaría de Salud. La modificación que se está planteando hoy es para que esta facultad la ejerzan los privados.

Es decir, en este país, si ponemos el caso de lo que ha sucedido en el Infonavit, por poner un ejemplo, nos damos cuenta cómo se erogan 500 millones de pesos nada más anualmente para la contratación de despachos jurídicos, que su única función es estar hostigando a los trabajadores, estar hostigando a los habitantes de las distintas viviendas que se obtuvieron a partir de los créditos del Infonavit.

Si nosotros volteamos a ver lo que sucedió en el caso de los servicios educativos de asistencia, como son las guarderías, nos podemos cuestionar, ¿qué ha pasado con la subrogación? En concreto podríamos estar hablando acerca de la Guardería ABC y del incendio que se ocasionó por la negligencia.

Por cierto, mañana va a venir a comparecer Horcasitas a la Comisión de Transportes. Sería muy importante que todos estuviéramos enterados de que se le hicieran los cuestionamientos al respecto.

¿Por qué me opongo? Porque se le está dando una especie de subrogación a la iniciativa privada, para que sea la iniciativa privada la que determine si los medicamentos que existen en el mercado son los medicamentos adecuados. Es decir, este proceso que se tiene que llevar a cabo para la verificación de los contenidos químicos de estas sustancias que tenemos que ingerir cuando nos encontramos enfermos.

Por esa razón aquí nada más quisiera llamar su atención. Entiendo que no es un asunto que les preocupe mucho, pero el día de mañana que resulte que hay niños intoxicados no se pregunten por qué sucedió esto sino que recuerden que es a causa de la negligencia, a causa de la irresponsabilidad y de este proceso de privatización, que por hacer negocios privados dejan en manos de quienes han estado cometiendo atrocidades en cada uno de nuestros niños de este país.

Que cuando suceda alguna situación que lamentar, ustedes también recuerden que en este proceso que se está llevando, de discusión y de votación, las cosas no se toman con suficiente profesionalismo. Que es importante aquí –desde mi punto de vista– pedir opinión de científicos y pedir opinión de quienes han estado también al frente de estas instituciones.

Por esa razón los llamaría a que se votara en contra de este dictamen que se está presentando el día de hoy, que reforma el artículo 222, donde específicamente se le están dando facultades a la iniciativa privada para determinar la calidad de los medicamentos en este país. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:En virtud de que no se encuentra ninguna otra compañera ni compañero registrados para hacer uso de la palabra, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se informa a las señoras diputadas y a los señores diputados que se encuentran con nosotros 45 alumnos del Colegio de Bachilleres del municipio de Charapan, Michoacán, invitados por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo. Sean todas ustedes y todos ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se informa a las señoras diputadas y los señores diputados que restan dos minutos para que puedan registrar el sentido de su voto.

¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su voto?

Está abierto el sistema, compañero. Regístrelo por favor, si fuera tan amable, señor diputado.

¿Hace falta alguna diputada o diputado por registrar el sentido de su voto?

Ciérrese el sistema. A ver, todavía está prendido, diputado Lara.

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

La diputada Adela Robles Morales(desde la curul): A favor.

La diputada Nelly Edith Miranda Herrera(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Cadena Morales(desde la curul): A favor.

La diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota(desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro del Mazo Maza(desde la curul): A favor.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar(desde la curul): A favor.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua(desde la curul): A favor.

El diputado Gumercindo Castellanos Flores(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez(desde la curul): A favor.

Señor presidente, se emitieron 360 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular, por 360 votos a favor, el proyecto de decreto que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

MEDICAMENTOS OTOTOXICOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es dictamen a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si en votación económica se autoriza que sólo se dé lectura al encabezado.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se le dé lectura al encabezado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.En consecuencia proceda la Secretaría a dar lectura.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y en adolescentes, de medicamentos ototóxicos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y en adolescentes, de medicamentos ototóxicos, así como a informar a los ciudadanos y a la comunidad científica sobre los resultados de su uso y las acciones de prevención adoptadas.

Con fundamento en los artículos 39, 44, y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica; y 56, 60, 65, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo:

I. Antecedentes

1. Con fecha 15 de diciembre de 2009, el diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Cofepris a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y en adolescentes, de medicamentos ototóxicos, así como a informar a los ciudadanos y a la comunidad científica sobre los resultados de su uso y las acciones de prevención adoptadas.

II. Consideraciones

I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. El punto de acuerdo que se pretende dictaminar derivó de que, según el XII Censo de Población y Vivienda, en México hay alrededor de 281 mil personas con discapacidad auditiva y que en 50 por ciento de los casos se debe a agentes externos y en el otro 50 se trata de una cuestión congénita. El efecto de este padecimiento en la población infantil del país es notorio: de cada 100 niños, 2 padecen sordera profunda.

III. Pese a que contamos con información, es necesario conocer con mayor profundidad este fenómeno en México. Requerimos ser capaces de detectar las causas de algunos tipos de sordera provocada por agentes externos y de diseñar políticas públicas para erradicar sus efectos.

IV. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley General de Salud, “la atención materno-infantil tiene carácter prioritario” y entre sus acciones se considera “la detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus grados, desde los primeros días del nacimiento”, así como las acciones “para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y auditiva de los niños en las escuelas públicas y en las privadas”.

V. Entre las causas del déficit auditivo en la población infantil se encuentra el consumo de medicamentos ototóxicos, definidos éstos como “los que, derivado de su consumo, producen un efecto nocivo en el oído y en su buen funcionamiento”. Muchos de estos medicamentos son de uso común en los servicios de cuidados intensivos de los hospitales de pediatría, y diversas asociaciones médicas les atribuyen afectos ototóxicos. Sin embargo, para que el Poder Legislativo pueda contribuir a la solución de esta problemática, es necesario que cuente con información suficiente para plantear medidas efectivas que logren frenar o atenuar los efectos negativos de tales medicamentos.

VI. En este sentido, toma especial relevancia la información generada por el sistema de vigilancia farmacológica. El Centro Nacional de Farmacovigilancia es el encargado de establecer las políticas, los programas y los procedimientos en tal materia en el país, a lo que debe agregarse que coordina las acciones de los Centros Estatales de Farmacovigilancia y que colabora con la Organización Mundial de la Salud en la materia. Eso le permite contar con información privilegiada respecto a las reacciones adversas causadas por cada medicamento que se utiliza en el país.

VII. Es necesario que el Poder Legislativo cuente con la información derivada de las acciones de vigilancia farmacológica y contra el riesgo sanitario, vinculados a posibles efectos ototóxicos de medicamentos aplicados a la población infantil, y que han sido señalados por asociaciones nacionales e internacionales de médicos.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud consideran que la propuesta es viable, por lo que se someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y en adolescentes, de los

Antibióticos aminoglucósidos:                    

Amikacina                                   Gentamicina

Kanacimina                                 Aminosidina

Estreptomicina                          Capreomicina

Dehidroestrestreptomicina           Minociclina

Vancomicina                                  Neomicina

Otros antibióticos:                Antipalúdicos:

Cloranfenicol (local)                           Quinina

Eritromicina (dosis altas)                Quinidina

Polipéptidos                                  Cloroquina

Colistina cilocerina

Famicetina

Agentes antihepáticos:    Antiinflamatorios

Bromo                                AC acetilsalicílico

                                                  Indometacina

                                                       Naproxen

Anestésicos generales:      Antimetabólicos:

Cloroformo                    Mostaza nitrogenada

Cloruro de etilo                             Vinblastina

Éter                                                 Cisplatino

Diuréticos:                                                     

Furosemide

Ácido etacrínico

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que informen a los ciudadanos y a la comunidad científica sobre el número de casos en que se presenten efectos secundarios de sordera provocada en niños o en adolescentes que se deriven o puedan derivarse del uso de los insumos enumerados en la lista anterior y, en su caso, de las acciones que dichas instancias han realizado para su atención.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales, Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro, Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Están a discusión los puntos de acuerdo.

Solicita la palabra el señor diputado Agustín Torres Ibarrola, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. ¿Desde su curul? No, venga, por favor. Pase usted, diputado.

El diputado Agustín Torres Ibarrola:Gracias, señor presidente. Para hablar en favor del punto y clarificar de qué se trata. Los medicamentos ototóxicos son distintos tipos de medicamentos que pueden ser antibióticos, antihepáticos, anestésicos generales o diuréticos, que en nuestro país se venden sin receta en muchos casos y que no conocemos, o no existe, la información suficiente para saber si pueden causar sordera.

En nuestro país existen más de 280 mil personas con discapacidad auditiva y el 50 por ciento de estas personas padecen esta discapacidad por una causa posterior al nacimiento.

Es lamentable que en nuestro país no tengamos control de este tipo de medicamentos y por eso celebro que este punto de acuerdo, que un servidor presentó en esta Cámara, haya sido dictaminado de manera favorable por la Comisión de Salud y se esté poniendo a consideración del pleno hoy.

Por eso los invito, compañeros, a votar a favor de este punto de acuerdo, para intensificar las acciones de vigilancia por parte de las autoridades sanitarias y, por otro lado, para informar a la comunidad científica de cuál es la probabilidad y de cuáles son estas consecuencias que pueden generar este tipo de medicamentos, particularmente en los jóvenes y en los niños de México.

Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. En virtud de que no hay ninguna otra ni ningún otro legislador inscrito, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Proceda la Secretaría con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, los suscritos nos permitimos solicitarle que tenga a bien consultar al pleno que pueda incorporarse el siguiente asunto en el capítulo de dictámenes de primera lectura, para los efectos correspondientes:

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo, y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario del Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.

ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que éste ha sido distribuido entre las diputadas y los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en la Cámara de Senadores el 7 de febrero de 2008, el senador Jesús Murillo Karam, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un quinto párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acciones colectivas.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa antes mencionada fuera turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. Asimismo, en sesión celebrada el 10 de diciembre de 2009, el Pleno del Senado de la República aprobó por mayoría de 100 votos a favor el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos.

4. Para los efectos constitucionales, en esa misma fecha fue enviada a esta honorable Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. El 15 de diciembre de 2009, la Mesa Directiva a esta honorable Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la minuta con proyecto de decreto para su análisis y dictaminen.

6. En sesión celebrada el 16 de febrero de 2010, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, presentó una excitativa para que la Comisión de Puntos Constitucionales dictamine la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. Así también, el 23 de febrero de 2010 se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores a través del cual remitió la solicitud del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, para que se dictaminara la minuta que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Antecedentes de la minuta.

La iniciativa que presentó el Senador Jesús Murillo Karam, que dio fundamento a la minuta que se dictamina por esta Comisión de Puntos Constitucionales, se sustenta en los siguientes argumentos:

Señala que “es bien sabido que la realidad va siempre un paso adelante de su interpretación por parte de los actores estatales relevantes y por ende de su normativización. Es misión de dichos actores estatales relevantes (legisladores, jueces, miembros de la administración pública, entre otros) el mantener en todo momento su plena disposición, apertura y entereza para desentrañar y dilucidar dicha realidad y las necesidades sociales imperantes, en aras de establecer las normas jurídicas adecuadas que permitan a la sociedad la realización de aquellos valores considerados como supremos en un momento histórico determinado.

Menciona que en materia de derechos humanos, nuestro sistema jurídico ha ido incorporando, en un proceso inacabado y en constante progreso los derechos fundamentales denominados de primera (civiles y políticos), de segunda (económicos, sociales y culturales) y de tercera generación (colectivos y de solidaridad); sin embargo, precisa, la incorporación de tales derechos sustantivos no es suficiente para poder hablar de un verdadero Estado de derecho, sino que además se requieren establecer aquellos mecanismos e instrumentos procesales que en forma sencilla y accesible hagan posible por un lado, el ejercicio pleno de dichos derechos y por otro, en caso de su violación o desconocimiento, permitan su defensa (acceso a la justicia) pues de lo contrario, se provocaría que nuestro sistema jurídico tolerara la violación de los derechos de las personas ante la insuficiencia o ausencia de medios procesales de acceso a una justicia real.

Refiere que la falta de un adecuado sistema de acceso a la justicia genera además desconfianza en las instituciones del Estado y la percepción de que éste es incapaz de establecer y regular aquellos mecanismos que permitan la resolución de los conflictos sociales en forma pacífica y dentro de los cauces legales, lo que a su vez redunda en una desconfianza generalizada en nuestro régimen.

Manifiesta que nuestro sistema jurídico en general, y en particular el sistema procesal, fueron diseñados bajo una perspectiva liberal e individualista que permite la titularidad de derechos y su protección mediante mecanismos que privilegian la actuación individual sobre la colectiva. Agrega que si bien esta perspectiva de protección de derechos permitió satisfacer las necesidades sociales en un momento histórico determinado, la creciente complejidad de las relaciones sociales y el aumento en número y complejidad de la interrelación entre los miembros de la colectividad hace necesario rediseñar el enfoque de nuestras instituciones jurídicas y dirigirlo hacia el establecimiento de acciones y procedimientos que permitan a las colectividades y a los individuos su organización para la mejor defensa de sus intereses y derechos.

Precisa que el derecho comparado nos muestra que en otras jurisdicciones este enfoque de defensa colectiva de los derechos e intereses ha tenido un desarrollo y un énfasis mucho más marcado y significativo que el experimentado en México. Ello, agrega, ha traído como consecuencia que en otros países la protección de los derechos e intereses de las personas y colectividades sea mucho más vigoroso y efectivo y que los conflictos interpersonales y sociales sean procesados adecuadamente por las instituciones jurídicas, siendo tal circunstancia un elemento que reduce la tensión social y abona decididamente a la construcción de un efectivo estado de derecho.

Explica que una de las instituciones que en otros sistemas jurídicos han permitido la tutela colectiva de derechos e intereses, así como la organización y asociación de personas para la defensa de los mismos son las acciones y procedimientos colectivos; éstos son instituciones que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses colectivos dentro de una sociedad.

Señala que el término “derechos colectivos” comprende los llamados derechos difusos, los derechos colectivos en sentido estricto y los individuales de incidencia colectiva. Los primeros dos mencionados son aquellos derechos e intereses supraindividuales, de naturaleza indivisible, de los que es titular una colectividad indeterminada (derechos difusos) o determinada (derechos colectivos en sentido estricto) cuyos miembros se encuentran vinculados por circunstancias de hecho o de derecho. Por su parte, los derechos o intereses individuales de incidencia colectiva, agrega, son aquellos de carácter individual y divisible que, por circunstancias comunes de hecho o de derecho permiten su protección y defensa en forma colectiva.

Con respecto a la nomenclatura o a la forma de designar a tales derechos, el iniciante es enfático en precisar que aunque en otras jurisdicciones las acciones y procedimientos colectivos ha recibido distintos nombre y sus mecanismos divergen en lo accidental al extraer su funcionalidad esencial se puede desprender que regulan en forma relativamente similar el mismo fenómeno.

Expone que en el derecho colombiano, la Constitución Política de Colombia señala en su artículo 88 que la ley regulara las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad pública, la moral administrativa, el ambiente la libre competencia económica y otros de naturaleza similar que se definan en ella. Así también regulara las acciones originada por los daños ocasionados a un número rural de personas sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares y definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derecho e intereses colectivos.

Agrega que la regulación secundaria colombiana en la materia (Ley 472 de 1988), establece que las acciones populares son el medio por el cual se tutelan los derechos colectivos en sentido amplio y se ejercen para evitar el daño contingente, hace cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y de ser posible, restituir las cosas a su estado anterior. Por oteo lado, las acciones de grupo permiten a un conjunto de personas que hayan resentido daños y perjuicios en condiciones uniformes respecto a una misma causa, demandar las satisfacción de sus interese individuales.

Refiere que por cuanto hace a los Estados Unidos de América, la vía más común para defender los derechos de grupo de personas es la denominada acción de clase (“Class Action”) que la finalidad de que dichas acciones es la de facilitar el acceso a la justicia de grupo mediante la acumulación de un solo procedimiento de reclamaciones individuales.

Las mencionadas “class action”, agrega, son reguladas principalmente en las denominadas Reglas Federales de Procedimiento Civil (Federal Rules of Civil Procedure), en particular la regla 23. Las materias en las que las acciones de clase son procedentes son, por ejemplo, en materia de accidentes, responsabilidad por productos, libre competencia económica, derechos de autor, propiedad industrial, derecho del consumidor y derecho de los accionistas de las empresas incluso en temas como la discriminación y el desempeño administrativo de gobierno. Expone que adicionalmente, se han creado días de procedencia de las acciones de clase a nivel estatal en las materas de sus competencia. Por último menciona que una parte considerable en el desarrollo y evolución de las acciones de clase se ha dado por la vía jurisprudencial.

En el caso de Brasil, el autor de la iniciativa señala que la Constitución en su artículo 5° fracción LXXIII establece que “cualquier ciudadano es parte legítima para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una entidad que el Estado participe, para que la moralidad administrativa para el medio ambiento o para el patrimonio histórico y cultural, quedando el actor, salvo mala fe comprobada, exento de las cotas judiciales y de los gastos de sucumbencia”. Sin embargo, se refiere a que a través de trabajo jurisprudencial se admitió el ejercicio de dicha acción para la tutela de otros derechos o interese difusos, colectivos o individuales homogéneos.

Considera que existes muchas otras jurisdicciones que permiten la defensa colectiva de los intereses y derechos de las colectividades o grupos para alcanzar un plena protección de sus derechos, como en España, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Chile, Venezuela, entre otros.

Y que en nuestro país, aunque algunas formas de acciones colectivas y la llamada denuncia popular están relativamente prevista en algunos ordenamientos legales, no obstante su tratamiento es deficiente, sus efectos restringidos o su ejercicio se encuentran limitado por restricciones procesales; asimismo, explica que en el desarrollo jurisprudencial en esta materia ha sido exiguo y es hasta fechas recientes que se han podido observar algunos criterios que desde los tribunales comienzan a reconocer la legitimación colectiva para la defensa de los interese de grupos de personas.

Asevera que en noviembre de 2007, un grupo de académicos y agrupaciones de la sociedad civil realizaron un congreso sobre acciones y procedimientos colectivos, el cual reunió a expertos nacionales e internacionales sobre la materia, así como a legisladores mexicanos de distintas fracciones parlamentarias, trabajos de los cuales se coincidió en la imperiosa necesidad de incluir dentro de nuestro sistema jurídico acciones y procedimientos que permitan la defensa de los derechos colectivos, con el propósito de mejorar las condiciones de acceso a la justicia y alcanzar una verdadera efectividad de los derechos consignados en nuestro marco normativo.

Con posterioridad a dicho congreso, un grupo de académicos elaboraron un anteproyecto de reforma constitucional que permitiera incluir dentro de nuestro sistema jurídico las acciones y procedimientos a las que nos hemos referido. Una vez elaborado, dicho proyecto fue presentado a diversos legisladores, quienes determinaron integrar un grupo de trabajo que tuviera como propósito analizar el proyecto antes mencionado.

Enfatiza en que el propósito principal de la iniciativa materia del presente dictamen es el establecimiento en la Norma Fundamental de las acciones y procedimientos colectivos como medios para la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses colectivos.

Explica que el término derechos e intereses colectivos comprende los difusos, los colectivos en sentido estricto y los individuales de incidencia colectiva, referidos en apartados anteriores.

Y que a través de la incorporación de tales acciones y procedimientos en el ordenamiento jurídico mexicano, se estará tomando un paso vital hacia el mejoramiento del acceso a la justicia de todos los mexicanos y en general de todas las personas que viven en nuestro país, así como hacia una verdadera posibilidad de hacer efectivos muchos derechos que hoy no encuentran una vía adecuada para su ejercicio, protección y defensa, lo que en última instancia coadyuvará en la construcción de un efectivo Estado de derecho.

Asimismo, explica, será necesario instrumentar medidas que fomenten por un lado, la organización de individuos para la protección y defensa de sus derechos, y por otro, una mayor difusión y un mejor acceso a la información sobre dichos derechos e intereses, ello con el propósito de robustecer el ejercicio de la ciudadanía y los deberes cívicos de los miembros de nuestra comunidad.

Concluye que en la legislación secundaria se deberá velar por el establecimiento de reglas adecuadas en materia de legitimación activa, pruebas no individualizadas, cosa juzgada, efectos de las sentencias, responsabilidad civil objetiva, entre otras, que sean compatibles con las acciones y procedimientos colectivos.

Por su parte, los juzgadores tendrán la misión de cuidar que los principios de interpretación para las acciones y procedimientos colectivos sean compatibles con los principios de éstos y con la protección de los derechos e intereses de los individuos, grupos o colectividades. Ello implicará necesariamente que nuestros juzgadores deberán comenzar a elaborar estándares y guías que le auxilien en su labor, pues los paradigmas procesales actuales, en muchos aspectos, serán insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las acciones y procedimientos colectivos. En un inicio será necesario que nuestros juzgadores revisen los principios de éstos de acuerdo con las interpretaciones que se han llevado a cabo en otras jurisdicciones. Deberán asimismo abstraer su función esencial y adaptarlos a las peculiaridades del sistema procesal mexicano.

En razón de lo anterior, propone la adición de un quinto párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 17.

...

...

...

Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos.

a) Consideraciones del dictamen de la colegisladora

“Las comisiones dictaminadoras comparten el espíritu así como los fines y razones que animan la iniciativa que se analiza y en consecuencia, consideran procedente aprobarla en los términos que se precisan a continuación:

Nuestra historia constitucional fue receptora del liberalismo del siglo XIX, adoptando de él, el reconocimiento de las llamadas “garantías individuales” como una expresión fundamental de un Estado que pretendía proteger y fomentar los derechos y libertades de las personas que habitaban en él. El juicio de amparo se convertiría en el instrumento procesal que daría expresión y respuesta concreta a este diseño constitucional.

Posteriormente nuestro país fue pionero en el reconocimiento de aquellos derechos fundamentales (económicos, sociales y culturales) denominados de “segunda generación”. En efecto, en el siglo XX, a partir de 1917, los derechos sociales también hallaron un espacio de vital importancia en nuestra norma fundamental. Algunos de ellos, fueron contando en forma paulatina de mecanismos y procesos especiales para su salvaguarda y defensa, como fue el caso de las materias laboral y agraria.

Si bien es cierto que México ha sido sensible a las exigencias de nuestro tiempo y procesos siempre cambiantes que la propia realidad ha ido presentando, también lo es que en un solo siglo, la ciencia, la tecnología, la concepción del mundo, en sus límites físicos y geográficos, así como la complejidad de la sociedad mundial, los cambios en la forma de interacción entre los hombres, las modernas relaciones entre productores, transformadores, intermediarios y consumidores y la concepción de un patrimonio universal, común a todos los hombres, fue generando la necesidad de enfrentar estos retos y desafíos que requieren ineludiblemente de nuevas respuestas.

Una parte importante de esta nueva realidad a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior, afecta fundamentalmente aquellas relaciones e interacciones existentes entre consumidores, usuarios de servicios, o en general entre miembros de una colectividad respecto de algún interés común y relevante para ellos, como por ejemplo, la protección al medio ambiente, el respeto a los espacios públicos, la suspensión de una construcción peligrosa en la colonia, etcétera.

Sin embargo, aún cuando el Estado ha ido reconociendo los derechos e intereses susceptibles de proteger en relación con estos nuevos fenómenos, en la práctica, los individuos se enfrentan a dos grandes problemas:

a) La primera dificultad se refiere a la forma en que estos derechos o intereses puedan ser protegidos en forma efectiva, cuando los afectados o los interesados en hacerlos valer, no son susceptibles de ser identificados o legitimados como grupo.

b) La segunda, en estrecha relación con la primera, tiene que ver con la superación de la perspectiva clásica de la protección individual de los derechos, es decir, aquella que requiere que los individuos deben estar plenamente identificados y acreditar en forma fehaciente el daño o la lesión a sus intereses en forma individual.

La problemática antes planteada, converge necesariamente con un concepto que ha sido analizado en formas diversas y se ha mencionado repetidamente; pero que aún constituye una asignatura pendiente en nuestro país: el “acceso a la justicia”. Sin embargo, aún cuando la noción de “acceso a la justicia” es un problema relativo al procedimiento, por su finalidad concierne también al fondo del derecho.

La razón de ello estriba en que para hablar de un efectivo acceso a la justicia se requieren de dos elementos esenciales:

(i) El reconocimiento de los derechos que le asisten a las personas (ya sea en forma individual o como miembros de una colectividad), que necesariamente corresponden a los fines e intereses que una sociedad en un momento determinado estima como valiosos, y

(ii) La previsión de instrumentos y mecanismos que permitan un efectivo cumplimiento de dichos derechos o en su caso, la reparación del daño, en caso de su inobservancia.

Es en este último punto (la previsión de instrumentos de tutela de derechos) donde debe hacerse un especial énfasis.

En efecto, la sola existencia y previsión de procedimientos e instrumentos de tutela y protección de los derechos de las personas no es suficiente para poder hablar de un efectivo acceso a la justicia, sino que es indispensable valorar y analizar si dichos instrumentos son comprensibles, asequibles y eficaces a favor de todo aquél que pretenda hacerlos valer, lo que de suyo demanda del propio Estado instituciones de calidad y con capacidades materiales, económicas y humanas que puedan llevarlo a cabo.

El panorama actual en materia del acceso a la justicia en México y en concreto, en materia de protección de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, no sólo los derechos individuales sino de los nuevos derechos colectivos, también llamados de “tercera generación”, nos refiere que iniciar un procedimiento judicial implica enfrentarse a procesos complicados, difíciles de comprender debido a su tecnicidad, lentos y costosos, lo que induce a la parte económicamente más débil a aceptar injusticias, transacciones desventajosas o en último caso, a permitir la violación o el desconocimiento de los derechos que le asisten por parte de autoridades o de los propios particulares.

Lo anterior conduce a generar una percepción generalizada de desconfianza hacia el propio Estado y de su incapacidad de resolver en forma pacífica y dentro del marco de la ley, los conflictos sociales. Es decir, se presenta un fenómeno denominado en algunos órdenes jurídicos como anomia, una situación donde realmente un individuo no encuentra el camino para que sus derechos sean definidos o determinados jurídicamente.

Respecto a lo antes señalado, debe precisarse que aún cuando la actuación tanto de los órganos legislativos como de los ejecutivos y judiciales en la materia de protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas ha sido loable, además de que, como lo dice el iniciante, en algunas materias ya se han previsto algunos tipos de acciones colectivas en ciertas materias, en la práctica, la complejidad de nuestra sociedad actual y la falta de mecanismos de organización colectiva han resultado en una protección parcial y, por tanto, deficiente de sus derechos.

Es preciso recordar lo que acontecía antes de que se promulgara por ejemplo la Ley Federal de Protección al Consumidor en cuanto a las personas que padecían ante las deficiencias en la prestación de un servicio o en la utilización de un bien que llegaran a adquirir. El instrumento de defensa era un juicio civil ordinario, largo, complejo técnicamente y costoso, en donde se transfería prácticamente todos los costos a los consumidores. Cuando un mecanismo tan importante como la protección al consumidor empieza a funcionar en la manera en que paulatinamente ha ido conformándose el funcionamiento de la Procuraduría Federal del Consumidor, algunos costos derivados de defectos o la mala prestación de los servicios de los proveedores son asumidos por éstos, lo que no sólo ha beneficiado en forma colectiva a los grupos de consumidores, sino que también se ha ido introduciendo una mayor racionalidad en la forma de producir bienes y prestar servicios.

Estas comisiones compartes la expresión del autor de la iniciativa en el sentido de que las normas que en un momento cumplieron las expectativas y las demandas habidas en materia de protección de los derechos de las personas, hoy son insuficientes a partir de la creciente complejidad de las relaciones entre los miembros de la colectividad y el surgimiento de nuevas formas de interacción entre ellos. La legislación ha sido rebasada entonces por esta nueva realidad.

Con el objeto de enfrentar estos nuevos desafíos y retos, se requiere de un indispensable rediseño de las instituciones jurídicas que por mucho tiempo regularon la materia con rumbo hacia el establecimiento de herramientas y mecanismos que permitan a los individuos y a los grupos de individuos, hacer valer sus derechos en una forma menos costosa, expedita y eficiente.

En el caso de la iniciativa que se dictamina, los objetivos que animan la minuta misma se concentran en la protección de los derechos que le asisten a una colectividad, determinada o no determinada, es decir a una colectividad definida o susceptible de ser identificada o aquella que no necesariamente puede serlo, así como de aquellos derechos que le asisten a los individuos, pero que por contar con elementos comunes de hecho o de derecho, permiten su litigio de forma colectiva.

El derecho comparado resulta ser un claro ejemplo de cómo la protección efectiva de los derechos e intereses de las personas a partir de instrumentos flexibles, sencillos y accesibles a las personas, genera como consecuencia que los conflictos interpersonales y sociales sean procesados adecuadamente por las instituciones jurídicas, reduciendo con ello la tensión social y haciendo plena la vigencia del Derecho.

Una de las instituciones que en otros países ha permitido la tutela de derechos e intereses en forma colectiva, así como la organización y asociación de personas para la defensa de los mismos son las denominadas acciones colectivas, que en términos claros puede decirse que son instituciones procesales que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de una sociedad.

Países como los Estados Unidos de Norteamérica, España, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela y Costa Rica contemplan tanto en sus normas fundamentales como en la legislación secundaria este tipo de acciones y procedimientos, los cuales tutelan intereses colectivos relacionados con diversas materias, como lo son el patrimonio, el espacio público, la seguridad pública, el ambiente, la libre competencia económica, los derechos de autor, la propiedad intelectual, derechos del consumidor, entre otros, con el objeto de evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o la reparación del agravio sobre los mismos.

Independientemente del nombre que reciban en los distintos países antes mencionados, las acciones y procedimientos colectivos mantienen un común denominador, a saber, la regulación del fenómeno de derechos que trascienden la esfera individual o que pudiendo tener este carácter, existe una relación entre sus titulares que los vincula por circunstancias de hecho o de Derecho.

Si se considera que prácticamente todos los individuos se ven envueltos todos los días y de forma permanente en relaciones de hecho o derecho, normalmente por montos individuales relativamente pequeños, los costos derivados de un litigio individual hacen incosteable la defensa de sus derechos. Es decir, los costos de litigio hacen que no sea económicamente viable la defensa de dichos derechos; pero ello no significa que éstos no estén siendo vulnerados, sino simplemente evidencia un sistema distorsionado que provoca que las violaciones a los derechos, y al sistema jurídico, sean toleradas por su incosteabilidad en tiempo y dinero. Ello ha colocado a las personas en un estado de indefensión virtual que ha sido reproducido a lo largo de muchos años.

Es decir, si cada interesado estuviera obligado a ejercitar en lo individual la acción para exigir el respeto a su derecho, la aplicación de la ley estaría sujeta al azar y no sería posible asegurar más que un éxito relativo y en forma parcial o fragmentada. Ello sin duda es frustrante y compromete seriamente el poder de disuasión de la ley.

De esta manera, la acción colectiva puede constituir un mecanismo eficaz para cambiar las conductas antijurídicas de las empresas del sector privado, inclusive las del sector público, así como de los particulares en general que afectan a grandes sectores de la sociedad.

Por el contrario, si desde la ley, en forma ordenada y regulada se generan las condiciones para agrupar a todas aquellas personas cuyos derechos han sido vulnerados y se permite su organización para lograr la adecuada defensa y protección de los derechos, estaremos ante una verdadera posibilidad de justiciabilidad de los derechos de los individuos en dicho carácter y como miembros de una colectividad. Ello indefectiblemente beneficiaría a la sociedad, ya que todo aquel que tiene un derecho podría hacerlo efectivo de forma viable y sencilla.

En tal virtud, estas comisiones unidas consideran procedente incorporar en la Constitución este tipo de instrumento de tutela de derechos colectivos. Estamos consientes que corresponderá al legislador ordinario la adecuada interpretación del contenido y esencia de la reforma, con la finalidad de que se prevean acciones y procedimientos ágiles, sencillos y accesibles a todo grupo de individuos que permitan alcanzar los fines propuestos.

Asimismo, estas comisiones dictaminadoras creen firmemente que no es posible continuar permitiendo que las violaciones a los derechos de los miembros de nuestra propia comunidad (sean de carácter individual o colectivo) y al sistema jurídico en general, sean simplemente toleradas por la falta de medios de acceso a una real justicia.

En adición a lo anterior debe claramente señalarse que no es, en ningún sentido el propósito de esta reforma, el sancionar a algún grupo en específico, sino simplemente establecer los caminos por los que los miembros de una colectividad podrán ejercer efectivamente sus derechos, contribuyendo con ello a seguir avanzando en el interminable proceso de evolución constitucional que da sustento y actualidad a nuestro estado de derecho y a fin de cuentas, continúa impulsando la construcción de un mejor país.

Es importante recalcar que, como lo menciona la iniciativa de mérito, los juzgadores tendrán un papel fundamental en la efectiva protección de los derechos e intereses colectivos, así como la misión de cuidar que los principios de interpretación para las acciones y procedimientos colectivos sean compatibles con espíritu de éstos y con la protección de los derechos e intereses de los individuos, grupos o colectividades. Ello implicará necesariamente que nuestros juzgadores deberán comenzar a elaborar estándares y guías que le auxilien en su labor, pues los paradigmas procesales individuales actuales, en muchos aspectos, serán insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las acciones y procedimientos colectivos.

En un inicio será necesario que nuestros juzgadores revisen la racionalidad y objetivo de las acciones y procedimientos colectivos a la luz las interpretaciones que se han llevado a cabo en otras jurisdicciones, abstraigan su función esencial y los adapten a las peculiaridades del sistema jurídico mexicano.

Por otro lado, estas comisiones unidas estiman procedente hacer ajustes a la redacción del texto de la propuesta original contenida en la iniciativa, a efecto de dar mayor claridad y precisión al alcance de la reforma que se propone y de dotarla de una mejor técnica legislativa.

En ese tenor, es necesario precisar desde el texto de la propia Constitución la atribución que el Congreso de la Unión tendrá para legislar sobre estos instrumentos de tutela de derechos colectivos, los procedimientos judiciales para hacerlos efectivos en las materias que determinen las leyes, así como los mecanismos de reparación del daño. Asimismo, se hace necesario precisar en el texto constitucional que los jueces federales serán los competentes para conocer de tales procedimientos colectivos en los términos que señalen las leyes.

También es pertinente hacer una precisión en cuanto a la adición que propone el iniciante al artículo 17 constitucional, toda vez que en la iniciativa se ubica en el párrafo quinto, sin embargo, se estima conveniente que la adición se incorpore en el párrafo tercero, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, en virtud de que los primeros dos párrafos se refieren a la justicia.”

De los anteriores antecedentes, esta Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara de Diputados manifiesta las siguientes

III. Consideraciones

La LX Legislatura en esta misma Cámara inicio un proceso de discusión para incorporar en nuestra constitución el reconocimiento de acciones y/o procedimientos que permitieran la protección de derechos e intereses colectivos, estas acciones derivaron de distintas iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios del PRD y PAN que consecuentemente como producto de fructíferos debates logro impulsar un dictamen con proyecto de decreto que alcanzó históricamente máximo consenso posible de nuestras fuerzas políticas, aprobado por 295 votos el 23 de abril de 2009 y como consecuencia enviado a la colegisladora para sus efectos constitucionales.

En este tenor, esta Comisión considera relevante para la sociedad mexicana abordar el origen y concepto de acción colectiva para entender la trascendencia de la reforma propuesta al artículo 17 Constitucional.

Uno de los acontecimientos destacados en el campo jurídico universal –y del cual no sólo no es ajeno el derecho mexicano, sino inclusive “ pionero”-, es el nacimiento de los derechos sociales. En efecto se trata de derechos en los cuales se entroniza al ser humano no como individuo aislado, sino formando parte –y parte dinámica- de una colectividad que tiene una tarea, una finalidad, igualmente colectiva. No puede tener vivencia, bajo el actual sistema, un amparo protector de garantías sociales, porque al fin y al cabo se sigue requiriendo un agravio personal, sólo reclamable por el individuo aislado que se ve afectado en sus derechos personales, aunque reconozcamos que ese individuo forma parte de un grupo social, protegido éste en virtud de una declaración teórica de que existen derechos sociales, no estamos proponiendo una acción popular, sino tan sólo una acción por interés general, pero por supuesto legitimada.

En nuestra América Ibérica se ha producido un auge de estudios y logros legislativos de los derechos sociales a los cuales ahí se les conoce más bien como colectivos.

En 1847 nace nuestro juicio de amparo que es un logro de los mexicanos, que por cierto se produjo bajo circunstancias realmente dramáticas que no pareciera fueran las más apropiadas para dar nacimiento a una institución tan noble como lo ha sido la del amparo.

Don Mariano Otero, el primer constitucionalista de nuestro país, que en el Voto histórico que emitió ante el Congreso Constituyente instalado en nuestra patria el 5 de abril de 1847, describe el angustiante estado del país, cuando propuso –entre otras cuestiones-, la aprobación del juicio de amparo:

“Que la situación actual de la República demanda con urgencia el establecimiento definitivo del orden constitucional, es una verdad que se palpa con sólo contemplar esa misma situación. Comprometida una guerra, en la que México lucha nada menos que por su existencia; ocupada la mitad de su territorio por el enemigo, que tiene ya siete Estados en su poder: cuando acaba de sucumbir nuestra primera ciudad marítima; y se halla seriamente amenazada aun la misma capital, ninguna cosa sería mejor que la existencia de alguna organización política, que evitando las dificultades interiores, dejase para después el debate de los principios fundamentales”.

Como se advierte, la principal preocupación de don Mariano Otero y de los Constituyentes de 1847, era el de garantizar el respeto a los derechos fundamentales del pueblo mexicano, pero advierte Otero que primero se debe implantar el orden público independiente en el país y, después seleccionar los principios de un novedoso orden constitucional que se aprecien como fundamentales. El propio Otero afirma que en las demás Constituciones de su tiempo, en efecto no se regulan únicamente en el documento los principios relativos a la organización de los poderes políticos, sino que en adición a ella se deben establecer las bases de las garantías individuales que posteriormente se desarrollarán; de consiguiente -entiende adelantándose a las ideas sobre el procesal constitucional de su época-, que la Constitución actual “ debe establecer las garantías individuales, y sobre bases de tal manera estables, que ninguno de los hombres que habiten en cualquier parte del territorio de la República, sin distinciones de nacionales y extranjeros, tengan que extrañar sobre este punto las mejores leyes de la tierra”.

Estas transcripciones literales tienen por objeto poner de manifiesto que los inspiradores del juicio protector de amparo, en todo momento tuvieron presente destacadamente a los derechos individuales de las personas, puesto que a esas fechas tenían perfecto conocimiento de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y las Cartas de las Colonias de las entidades provinciales que conformaron finalmente a los Estados Unidos de América, -a la cabeza de todas ellas, la del Estado de Virginia-, pero que era evidente que ni los franceses ni los norteamericanos, habían hecho siquiera un intento menor para instaurar una acción procesal dentro de un procedimiento constitucional, que garantizara judicialmente al pueblo los derechos ya reconocidos y enunciados, pero manifestados tan sólo en forma declarativa.

Manuel Crescencio Rejón, en el estado de Yucatán, y Mariano Otero, diputado federal del Congreso de la Unión, enfrentaron en la década iniciada en 1840, la urgencia de no sólo sugerir, sino por lo contrario, legislativamente desarrollar una acción procesal constitucional que permitiera la defensa de los derechos humanos y los demás derechos fundamentales, la referencia siempre fue hecha respecto de los derechos individuales, porque se daba entonces el fenómeno en una época que política y socialmente sólo había obsesionado en el país, el movimiento liberal sobre el conservador; y por ello, el ser humano en lo individual era el sujeto obligado de la garantía, única que preocupaba a nuestros dirigentes de aquella época.

Mariano Otero, en su Voto Particular textualmente estableció:

“Dominado por este pensamiento, propongo que la Constitución fije los derechos individuales y asegure su inviolabilidad, dejando a una ley posterior pero general y de un carácter muy elevado, el detallarlos. En la Constitución sólo propongo que se enuncie el principio general que declare su inviolabilidad y se fije el único caso en que puedan suspenderse las garantías”.

En este primer envío queda claramente establecido que nuestro admirado juicio de amparo nace en el Acta de Reformas de 1847 para defender exclusivamente derechos individuales, -y tan sólo a ellos- porque nos estamos ubicando en época en la cual el triunfante movimiento liberal mexicano entinta a todas las instituciones públicas de la idea de tener presente ante todo al individuo, y por supuesto la preocupación de encontrar alguna forma procesal para garantizar su respeto o su reafirmación en caso de que se produjera por parte de autoridades públicas una violación a los derechos individuales.

En nuestro contrastante movimiento social de 1910, plasmado normativamente en la Constitución Política que culmina en 1917, la preocupación mexicana ya no se dirige tanto a los derechos individuales y a su defensa –que por supuesto son plenamente ratificados-, sino por los derechos sociales que novedosamente enumera y sostiene nuestra vigente Constitución mucho antes de que así lo llegaran a establecer la Constitución Rusa de 1918, y la Constitución Alemana de Weimar, de 1919.

La Constitución de 1857 fue considerada la Constitución liberal de México, y ella fue abrogada por la Constitución de 1917, que precisamente es reconocida como la Constitución social de México.

Don Venustiano Carranza, primer jefe constitucionalista del país, al enviar su Mensaje a los mexicanos proponiendo el dictado de una nueva Constitución, el 1° de diciembre de 1916, vía el Constituyente de 1916-1917, reconocía que el recurso de amparo, que gratificantemente se había establecido fundamentalmente para obtener un alto fin social; en su concepto, se había desnaturalizado y no expresaba ya la realidad mexicana sino en rarísimas ocasiones, y al referirse a los principales rasgos de la Constitución renovante que ahora proponía, se expidiera bajo una nueva filosofía; que textualmente expresaba:

“...con todas estas reformas, repito, espera fundamentalmente el gobierno de mi cargo que las constituciones políticas del país respondan satisfactoriamente a las necesidades sociales, y que esto, unido a las garantías productoras de la libertad individual serán un hecho efectivo y no meras promesas irrealizables...”

José Manuel Lastra Lastra en la obra, Derechos del pueblo mexicano, se refiere a nuestra vigente Constitución Política en los siguientes términos: “La incorporación de los derechos sociales en el texto de la Constitución Mexicana de 1917, es un mérito indiscutible de la Asamblea Constituyente de Querétaro; de él hacen mención prestigiados juristas mexicanos y extranjeros”. Nuestra Constitución fue precursora, como dijera Radbruch, de una concepción nueva: del hombre por el derecho. En el caso de México, esta aportación de la Revolución Social mexicana quiso ser la mensajera y el heraldo de un mundo nuevo. Tal aportación del Constituyente fue: “ la más original y la de mayor trascendencia”.

El mismo autor cita a don Alfonso Noriega, en el sentido de que “... se debe reconocer y proclamar que los derechos sociales que consagra la Constitución Política Mexicana de 1917, son la realización institucional de los ideales y aspiraciones, de los sentimientos, que dieron contenido al repertorio de ideas y creencias que animaron el pensamiento de la Revolución Mexicana de 1910”.

El artículo 28 constitucional en su segundo párrafo original, textualmente decía:

“La ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficiencia toda concentración y acaparamiento en una o pocas manos de artículos de primera necesidad y que tengan por objeto obtener el alza de los precios: todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinación de cualquier manera que se haga de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transportes o de algún otro servicio, para evitar la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”.

Es claro que ese acaparamiento, o ese manejo e imposición de precios a pesar de la prohibición constitucional, no es entendible. ¿Cómo puede una acción procesal individual de amparo considerase extendida para exigir derechos generales de toda la población, de todas las personas que en un momento se podrían ver perjudicadas con el acaparamiento, el monopolio o el manejo de los precios? En la época moderna: ¿cómo podemos defender la ecología? ¿cómo, la salud? ¿cómo, la cultura?

El jurista italiano Mauro Cappelletti, a través de las intervenciones que tuvo en Pavía, Italia, en la Facultad de Jurisprudencia, patrocinada por la Asociación Italia Nostra el 11 y 12 de junio de 1974, se refirió principalmente a un hecho ocurrido en los Estados Unidos cuando la Suprema Corte de ese país, en ese año, examinó y resolvió un caso, relacionado con lo que en los procedimientos norteamericanos se conoce como class actions, o sea las acciones en juicio llamadas de clase. En resumen, un accionista –un solitario accionista de una compañía- impugnó un monopolio que afectaba a los intereses de cerca de seis millones de pequeños accionistas. El caso fue conocido en la Suprema Corte de los Estados Unidos de América bajo el rubro Eisen vs. Carlisle and Jaquelin. Puntualizando: un pequeño accionista de una compañía americana, no a nombre propio sino de millones de accionistas en condiciones similares a las de él, presentó en juicio una acción procesal que obligó a la Suprema Corte a conocer y resolver la controversia jurisdiccional planteada. Por supuesto, el accionante no contaba con un poder legal que le hubieran otorgado los millones de accionistas en cuyo nombre actuaba, ni con autorización legal alguna. Como puede observarse, este precedente actuó no respecto al fondo de una contienda legal, sino sobre la legitimación en el juicio, es decir la legitimatio ad causam.

En México se había regulado una situación jurídica similar a la de Cappelletti en el artículo 213 de nuestra Ley de Amparo que tiene su antecedente directo en el artículo 8o. Bis confeccionado al inicio de la década de los sesenta, y en donde puede comprobarse el antecedente del amparo social, o de las class actions, que ahora conocemos como colectivas.

El mencionado artículo 213 está apartado para reglamentar la representación en materia agraria de los núcleos de población ejidal o comunal, y en lo particular de los ejidatarios y los comuneros en sus derechos agrarios. Tal representación, según su fracción I la tienen los Comisariados Ejidales o de Bienes Comunales. Pero en la fracción II se establece una representación substituta. Para evitar una conceptuación ambigua, se transcribe textualmente dicha fracción: “Los miembros del Comisariado o del Consejo de Vigilancia o cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo de población perjudicado, si después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisario no ha interpuesto la demanda de amparo”.

El maestro Cappelletti en su tiempo (1974), mostró su admiración por la puerta procesal que se abría para la defensa de los derechos fundamentales (humanos o no), mediante acciones que permitieran el examen jurisdiccional de los derechos difusos, o bien de clase, de grupo o de organismos protegibles, pero con gran honestidad profesional también nos hizo ver cuáles eran los principales obstáculos para lograr esa efectiva defensa de intereses que siempre se habían visto como individuales, que en la realidad pueden ser clasificados como sociales, o como generales.

En México el juicio de amparo es el único instrumento procesal constitucional que reconoce nuestro sistema para la defensa de los derechos, sólo puede ser planteado ante los jueces federales cuando se demuestre que el accionante recibe un agravio personal y directo por parte de una autoridad y, ello no ocurre así cuando se trate de impugnaciones por violación de derechos sociales, o sea derechos pertenecientes a todos o a una concreta colectividad, por ello es imprescindible buscar un camino que permita por justicia social ejercer los derechos o acciones colectivas en contra de aquellos actos o hechos que vulneren los derechos colectivos.

Después de todo el análisis abordado en párrafos anteriores esta Comisión llega a la convicción de establecer en el artículo 17 constitucional un mecanismo de acción que permita ejercer un derecho colectivo. Por lo tanto, es imprescindible la concepción de dicho término con base a lo siguiente:

Del análisis de las acepciones de diversos juristas como Barboso Moreira, Kazuo Wuatanabe, Ja Rodolfo de Camargo Mancuso, el maestro Antonio Gidi llega a definir las acciones colectivas, como una “acción colectiva a una acción promovida por un representante (legitimidad colectiva), para proteger el derecho que pertenece a un grupo de personas (objeto de litigio) y cuya sentencia obligará al grupo como un todo”.En este sentido esta Comisión hace suya dicha definición, pues considera que en general en ella, se encuentra contenidos los elementos de la acción colectiva, ejecutada por la parte legítima.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados:

IV. Concluye

I. Esta comisión dictaminadora comparte las consideraciones anteriormente expuestas de la colegisladora para dictaminar en sentido positivo el proyecto que adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que muestran el trabajo de años de análisis, discusión y acuerdo de todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales y académicos del país y sociedad civil, en materia de acciones colectivas, que se hizo tangible en las iniciativas presentadas tanto en la Cámara de Diputados y el Senado de la Republica.

II. En este tenor la Comisión de Puntos Constitucionales precisa que la incorporación de la figura jurídica de acciones colectivas de acuerdo al estudio de derecho comparado realizado por esta comisión, ha tenido un impacto significativo en las sociedades contemporáneas en las cuales se introdujo como normativa: un mejor desarrollo al acceso a la justicia e introdujo frenos al abuso de poder, y la compensación a las quejas que antes no eran respetadas.

III. Que en la sociedad moderna se favorecieron durante mucho tiempo las relaciones entre individuos y las instituciones, con los antiguos marcos normativos de corte individualista y liberal; pero que el desplazamiento de las sociedades de producción a sociedades de consumo, acrecentó los conflictos sociales en todas las sociedades contemporáneas y la mexicana no es la excepción.

IV. Que el arribo de las denominadas Sociedades de Masas han hecho complejos los escenarios de tensión social, económica y política, y han establecido la necesidad de búsqueda de mecanismos de cohesión social e incorporación efectiva de los derechos denominados de tercera generación.

V. Estos derechos de tercera generación que en esencia son colectivos, se han introducido poco a poco en los marcos normativos de la mayoría de los países para responder a los complejos escenarios actuales de la Sociedad Moderna y su plena incorporación debe ser la aspiración de un Estado social de derecho.

VI. En el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se han establecido nuevas categorías de derechos, que manifiestan una tendencia expansiva del principio de igualdad y de mecanismos de protección de todos los derechos, como un motor de desarrollo de los pueblos y que son un reflejo de las sociedades contemporáneas actuales, estos nuevos sujetos de derechos son: usuarios, consumidores, defensores ambientales, de solidaridad, etc., que han generado la pauta para establecer, a la par, nuevos mecanismos en la defensa de derechos más flexibles e incluyentes.

VII. En este contexto se hace imperante la búsqueda de mediaciones efectivas entre actores sociales, capital privado e instituciones públicas, que permitan la cohesión social y la generación de consensos que otorguen certeza jurídica a la tutela efectiva de interés y derechos colectivos, y además permitan un mejor acceso a la justicia social y el desa-rrollo pleno de un Estado social de derecho.

VIII. Que en México no existe un adecuado tratamiento procesal de los intereses y acciones colectivas, tan sólo en algunas materias existen un acercamiento (consumidores y agrario), en un proyecto de socialización en el ejercicio de la acción de amparo; pero de manera limitada, que muestran la insuficiencia de derecho procesal mexicano, al no conceder legitimidad activa a los sujetos agraviados, como es el caso, de los consumidores y cuyos efectos puedan alcanzar a todos aunque no hubieren promovido la acción.

IX. Que el principio jurídico de la tutela de intereses y derechos colectivos, no puede ser de carácter limitativo a unas cuantas materias; ya que se establecerían criterios reduccionistas en los derechos de los sujetos en materia de acciones colectivas en la Ley Fundamental, que contravienen el espíritu incluyente de la reforma, así como el pleno goce de derechos y acceso a la justicia de todos los mexicanos.

X. Por otra parte esta Comisión dictaminadora considera que la incorporación de la figura de acciones colectivas, permitirá la protección de intereses difusos, derechos sociales y derechos colectivos; sin menoscabo de intereses y derechos individuales, lo cual permite resolver no sólo conflictos de carácter privado, sino conflictos en los que existen intereses eminentemente colectivos.

XI. Que la adición de un párrafo tercero del artículo 17, permitirá establecer mecanismos de economía procesal, puesto que: permiten la reducción de costos, generan eficiencia y efectividad en los procesos jurídicos de nuestro país al descargar al Poder Judicial de las múltiples demandas existentes, cuyo contenido es repetitivo. Este procedimiento procesal sumario permitirá resolver el mayor número de cuestiones procesales dentro de un mismo juicio, y esto se traduce como anteriormente se mencionó en la economía de costos, y así hacer expedito y efectivo el acceso a la justicia.

XII. Que este mecanismo procedimental concede legitimación activa a los ciudadanos en general, grupos, partidos, sindicatos y autoridades, al conceder al grupo agraviado legitimación directa.

XIII. Asimismo permite que mediante la reparación del daño, se corrijan prácticas arbitrarias que afecten a los ciudadanos, así como una mayor certeza jurídica en los casos en los que no existe un agravio personal y directo contra actos de autoridad y en la que de acuerdo a los procedimientos procesales actuales, lo que se denomina interés jurídico no se considere suficientemente claro y directo.

La sociedad mexicana requiere de mecanismos procesales eficientes y modernos que respondan a las demandas colectivas en el marco de los cambios políticos, económicos y sociales de las sociedades contemporáneas mundiales.

Por lo expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones legislativas que correspondan en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Nota:

1 Gidi Antonio Tutela de derechos difusos colectivos hacia un código modelo para Iberoamérica, Editorial Porrúa, México, D.F., 2004 p.15.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de marzo de 2010.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Juventino Castro y Castro (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa, Ma. Dina Herrera Soto, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño, Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Luz Carolina Gudiño Corro, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello, Justino Eugenio Arraiga Rojas (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Roberto Gil Zuarth, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Queda de primera lectura.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Continuamos con el orden del día en el capítulo de proposiciones. La Presidencia recibió del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, proposición con punto de acuerdo relativo a la reclasificación de las tarifas eléctricas domésticas en diversos municipios de Coahuila, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica en diversos municipios de Coahuila, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Fernández Aguirre, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores y Melchor Sánchez de la Fuente, integrantes de la coordinación de la diputación federal por Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presentan a esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la participación de las Secretarías de  Energía, y de Economía, fijar las tarifas de energía eléctrica a partir de la propuesta que haga la Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, corresponde a tales dependencias y organismo definir una estrategia de largo aliento para promover una reducción real y significativa de las tarifas eléctricas, especialmente las de uso habitacional de clase media.

De acuerdo con información de la Comisión Federal de Electricidad, en nuestro país existen 35 tipos de tarifas, las cuales están clasificadas en dos grandes rubros: tarifas específicas y tarifas generales. Dentro de las tarifas específicas se encuentran aquéllas para servicio doméstico, servicios públicos, agrícolas y temporales, mientras que dentro de las tarifas generales están las tarifas para baja, media y alta tensión, y de servicio de respaldo e interrumpible.

Respecto a las tarifas eléctricas para uso exclusivamente doméstico, actualmente las hay de ocho tipos. La mayor parte de la electricidad se vende bajo la tarifa 1. Las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F fueron creadas para cobrar menores precios en aquellas zonas cálidas del país en las cuales el consumo eléctrico es mayor por el uso de ventiladores o aparatos de aire acondicionado. Cuando el usuario excede el límite de alto consumo definido para su localidad se le aplica la tarifa DAC (doméstica de alto consumo).

Para aplicar esas tarifas, en febrero de 2002, la SHCP emitió el decreto que autorizó el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, así como la reducción del monto del subsidio a las tarifas domesticas, afectando directamente con esto el bolsillo de miles de mexicanos.

Desde entonces, los sectores sociales mayormente afectados de 14 entidades del país han venido demandando la abrogación del mencionado decreto o la reclasificación de tarifas, principalmente en los estados del norte y sur de la república.

Dichas tarifas se aplican en el país de diferente manera, sin que aparezcan razones que motiven tal trato inequitativo porque, si la intensión fue apoyar a los consumidores de estados con clima cálido, Coahuila no fue ni ha sido considerado para ese beneficio aún y cuando, por su ubicación en la parte central del norte de México, su  clima es seco y cálido extremoso, sobre todo en las regiones carbonífera, centro, desierto y norte.

Así, el clima en la zona comprendida por los municipios de Monclova ,Candela, Sacramento, Abasolo, Escobedo, Progreso y Juárezes muy extremoso, en invierno puede alcanzar temperaturas menores a cero grados centígrados, con pocas pero fuertes heladas y, en verano, con facilidad supera los 40 grados y puede presentar tormentas intensas especialmente eléctricas. En consecuencia, los habitantes de estos municipios se ven en la necesidad de utilizar mayor cantidad  de energía eléctrica, por lo que tanto industriales, comerciantes y familias se ven afectados por las tarifas tan altas que tienen que pagar cada bimestre.

Desde el pasado 1 de enero entró en vigor un incremento de 4 por ciento a las tarifas eléctricas. Esto ha ocasionado una demanda generalizada en varios estados, incluido Coahuila, para que se reclasifiquen las tarifas eléctricas para el consumo doméstico con la intención de favorecer a los sectores de menores ingresos.

Es grave la situación que padecen cerca de 440 mil habitantes que habitan estos municipios, quienes enfrentan temperaturas verdaderamente extremas cuando el termómetro alcanza los 40 grados centígrados a lo largo de varias horas del día durante el verano, obligando con ello a utilizar ventiladores o aires acondicionados que generan altos consumos de electricidad porque, de no hacerlo, ponen en peligro su propia vida, especialmente la de los niños y adultos de la tercera edad.

Por otro lado, si comparamos los recibos de facturación de electricidad de distintos años, con el ingreso familiar, el crecimiento del salario frente al crecimiento del costo de facturación, es inequitativo puesto que aquel se ha quedado muy rezagado.

Por tanto, es necesario redefinir los criterios y metodologías utilizados para la fijación de tarifas eléctricas en diversas entidades y localidades de nuestro país; revisar las tarifas considerando las temperaturas de zonas con climas extremosos; modificar las tarifas publicadas en el acuerdo del 7 de febrero de 2002, por estimar que éstas afectan a los sectores sociales con menores ingresos; considerar, entre los criterios para la fijación de tarifas eléctricas, la temperatura ambiental, la humedad relativa, la necesidad de sistemas de ventilación y refrigeración, el alza de tarifas y la zona salarial, así como la situación socioeconómica en cada entidad federativa.

Los habitantes de Monclova ,Candela, Sacramento, Abasolo, Escobedo, Progreso y Juárezexigen un trato justo bajo los anteriores criterios que beneficie a los consumidores, especialmente los de los sectores más desprotegidos de la población, que resienten los altos cobros de tarifas eléctricas.

Por todo ello, me permito someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que con la participación de las dependencias y entidades públicas que corresponda conforme a las disposiciones legales aplicables y en el ámbito de sus atribuciones y funciones, considere el clima extremoso, la necesidad de sistemas de ventilación y refrigeración, el alza de tarifas y la zona salarial, así como la situación socioeconómica de los habitantes de los municipios de Monclova, Castaños, Candela, Sacramento, Abasolo, Escobedo, Progreso y Juárez, todos ellos de Coahuila, para que se reclasifique en esas municipalidades la tarifa eléctrica doméstica  para quedar como sigue:

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintidós días del mes de marzo del año 2010.— Diputados: Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Energía.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió del diputado Francisco Saracho Navarro, proposición con punto de acuerdo relativo a la reclasificación de las tarifas eléctricas domésticas en diversos municipios de Coahuila, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica en diversos municipios de Coahuila, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Fernández Aguirre, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores y el de la voz, diputado Francisco Saracho Navarro, integrantes de la Coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presentamos a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El uso de la electricidad forma parte de nuestra vida cotidiana; la empleamos directamente en nuestros hogares para iluminar y, utilizar aparatos domésticos; la utilizan también los negocios y las industrias por lo que es indispensable para el desarrollo de nuestro país. Sin la electricidad, la mayor parte de las cosas que usamos y de las que disfrutamos hoy en día no serían posibles, tanto que no podríamos imaginar nuestra vida sin la comodidad que nos da el uso de la electricidad.

El 27 de septiembre de 1960 el Presidente Adolfo López Mateos tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica por ser un área estratégica para el desarrollo del país. Por ello, el artículo 27 constitucional reconoce el derecho exclusivo del Estado de generar energía eléctrica para el servicio público.

Surge, en consecuencia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como organismo público descentralizado encargado de generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica para todo el país, por tanto, es la encargada de abastecer el suministro de energía eléctrica.

Este organismo cuenta a lo largo de toda la República Mexicana con 177 centrales generadoras que producen 49,861 megawatts, y una red de transmisión de 48,527 km, la cual año con año ha ido creciendo en una clara preocupación por solventar el abastecimiento de energía, a fin de cubrir el ritmo de crecimiento urbano e industrial que el país presenta.

Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía, fijar, ajustar y reestructurar las tarifas eléctricas, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, con base en las disposiciones del capítulo V de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

En ese marco jurídico, corresponde también a esa dependencia fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o combinación de ambas y redefinir los criterios y metodologías utilizados para la fijación de tarifas eléctricas en diversas entidades y localidades de nuestro país.

Para ese efecto, dicha secretaría está facultada para:

• Revisar las tarifas considerando las temperaturas de zonas con climas extremosos;

• Corregir y modificar las tarifas publicadas en el acuerdo de la SHCP de fecha 7 de febrero de 2002, cuando las mismas afectan a los sectores sociales con menores ingresos;

• Considerar, entre los criterios para la fijación de tarifas eléctricas, la temperatura ambiental, la humedad relativa, la necesidad de sistemas de ventilación y refrigeración, el alza de tarifas y la zona salarial, así como la situación socioeconómica que prevalezca en cada entidad federativa.

En México hay 35 tipos de tarifas que se clasifican en dos grandes rubros: las específicas, que comprenden las de uso doméstico, servicio público, agrícola y de temporal, y las tarifas generales que comprenden las tarifas para baja, media y alta tensión, y de servicio de respaldo e interrumpible.

Existen ocho tipos de tarifas eléctricas para uso exclusivamente doméstico, la mayor parte de la electricidad se vende bajo la tarifa 1; las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F fueron creadas para cobrar menores precios en zonas cálidas en las que el consumo eléctrico es mayor por el uso de ventiladores o aparatos de aire acondicionado en los meses de más calor y de calefactores o calentadores en las épocas de más frío, esto es, principalmente en el norte del país en donde la necesidad de energía eléctrica se incrementa durante todo el año.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la CFE en 2008, el precio medio de la electricidad (en términos nominales) pagado por los usuarios se incrementó en 116.3 por ciento entre 2001 y 2007. La compañía justifica esos aumentos por los crecimientos extraordinarios de los costos de los combustibles que utiliza para generar la energía como son el combustóleo, gas natural, carbón importado y carbón nacional.

Según información de la CFE, las tarifas eléctricas para uso domestico aumentaron a partir del primero de enero y registrarán un incremento anual acumulado de al menos 4 por ciento.

Los incrementos tarifarios serán mensuales y para su determinación se tomará como referencia la inflación y los precios internacionales de los principales combustibles utilizados para la generación de electricidad.

Estos incrementos han venido golpeando la ya mermada economía familiar.

En el caso concreto de Coahuila, las temperaturas que a lo largo del año presenta varían de forma extrema. Así, en los municipios de Morelos, Allende, Nava, Villa Unión y Zaragoza, la temperatura durante primavera y verano llega hasta los 40 °C y en otoño e invierno registra una baja de 0 °C hasta -5 °C , por lo que, ante ese clima extremoso, los habitantes de esos lugares recurren a aparatos que, en cada estación, les proteja, generando ello, el incremento en el consumo de energía eléctrica y, consecuentemente, mayor desembolso del ya de por sí raquítico presupuesto familiar, por lo que la revisión y reclasificación de las tarifas eléctricas en esas municipalidades es urgente.

Sabemos que una de las causas por las que no se han modificado esas tarifas es la revisión imprecisa y errónea que hace la Comisión Nacional del Agua para determinar las temperaturas porque utiliza equipos viejos y obsoletos, y algunas de sus estaciones medidoras se encuentran localizadas en lugares que no representan la temperatura real de la ciudad, lo que redunda en mediciones que evitan siquiera tomar en consideración la revisión para una probable reclasificación en las tarifas.

No obstante, aplaudimos la reciente reclasificación de las tarifas eléctricas que se realizó recientemente en el municipio de Múzquiz, Coahuila, considerando que también presenta condiciones climáticas similares a las de aquellos otros municipios. Este hecho nos da esperanza de que, a partir de un marco de colaboración y apoyo, las autoridades competentes revisen y reclasifiquen las tarifas de aquellos otros municipios.

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la participación de las dependencias y entidades públicas que corresponda conforme a las disposiciones legales aplicables y en el ámbito de sus atribuciones y funciones, consideren el clima extremoso, la necesidad de sistemas de ventilación, refrigeración y calefacción, el alza de tarifas y la zona salarial, así como la situación socioeconómica de los habitantes de los municipios de Allende, Morelos y Villa Unión , todos del estado de Coahuila para que se reclasifiquen en esas municipalidades las tarifas domésticas para quedar como siguen:

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintidós días del mes de marzo del año 2010.— Diputados: Francisco Saracho Navarro, Rubén I. Moreira Valdez, Hugo H. Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Energía.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:También se recibió del diputado Héctor Hugo Martínez González, proposición con punto de acuerdo relativo a la reclasificación de tarifas eléctricas domésticas en diversos municipios de Coahuila, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica en diversos municipios de Coahuila, a cargo del diputado Héctor Hugo Martínez González y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, Melchor Sánchez de la Fuente, Francisco Saracho Navarro, Héctor Fernández Aguirre, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores y el de la voz, Hugo Héctor Martínez González, integrantes de la Coordinación de la Diputación Federal por Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presentamos a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Aun cuando el titular del Ejecutivo federal desde hace varios meses ha dicho y sostenido que estamos en recuperación de la crisis económica en la que se ha visto inmerso nuestro país, la realidad es que aún no vemos que eso se refleje en los bolsillos del grueso de la población. Por el contrario, se ha afectado reiteradamente la economía familiar por las diversas acciones que el gobierno federal ha implantado como el incremento al precio de los combustibles y, en enero, detonó un aumento generalizado que va desde los energéticos, pasando por bienes y servicios, hasta los alimentos de la canasta básica.

Vemos con tristeza y molestia que los más afectados por esta crisis han sido y son precisamente las personas más desprotegidas y marginadas de nuestra sociedad.

En esta representación, diputados de diversos grupos parlamentarios hemos manifestado nuestra solidaridad y compromiso con todas esas personas que, ante esas situaciones que afectan su economía,  demandan apoyo de su gobierno y, en particular, piden se reduzcan, como ya sucede en algunos lugares del país, las tarifas eléctricas domésticas en las ciudades que habitan, por encontrase éstas en lugares de clima cálido que les lleva a utilizar aparatos que les proteja de las altas y bajas temperaturas, generando con ello gastos adicionales a su ya precario salario familiar.

Nuestra bancada consciente de esa situación, ha propuesto implementar tarifas eléctricas de bajo costo en zonas de alta marginación, en las localidades donde se encuentren ubicadas presas hidroeléctricas y en  aquellas entidades federativas con temperaturas extremas en que se requiere de un mayor consumo de energía eléctrica para sobrevivir en esas condiciones.

Consideramos que en estos tiempos de crisis es necesario que el gobierno revise y reclasifique dichas tarifas, y elabore un programa de tarifas preferenciales para zonas de atención prioritaria.

En nuestro estado, Coahuila, el clima es realmente extremoso. Vivimos en localidades en donde, dependiendo de la estación, las temperaturas llegan a puntos de congelación o son muy altas al punto de generar insolaciones y otras consecuencias graves en la salud de las personas. Por ello, los coahuilenses nos vemos en la necesidad de utilizar aparatos que nos resguarden de ese clima lo que nos lleva a tener altos consumos de energía eléctrica.

En este contexto, y ante reiteradas peticiones que autoridades locales han realizado, recientemente se logró una reclasificación de la tarifa eléctrica para el municipio de Múzquiz, Coahuila, pasando de la tarifa 1C a la 1 D.

Las condiciones climatológicas de ese municipio son muy similares a las de los municipios Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura, San Pedro, Sierra Mojada, Francisco I. Madero y San Juan de Sabinas, sin embargo, en ellos no han sido reclasificadas las tarifas eléctricas por la ausencia de mediciones precisas de la temperatura por parte de las autoridades federales competentes, lo que constituye impedimento para acceder a esa reclasificación.

Por esos motivos, proponemos ahora que se realice la correspondiente reclasificación de tarifas para estos municipios, considerando para ello que éstos presentan condiciones climáticas semejantes a las del municipio de Múzquiz, así lo demuestra la prevalencia, a través del tiempo, de altas y bajas temperaturas, mismas que no han sido constatadas por la Comisión Nacional del Agua porque los aparatos que emplea para ello son obsoletos.

En tal virtud, acudimos a esta soberanía para solicitar el apoyo de todos ustedes para respaldar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la participación de las dependencias y entidades públicas que corresponda conforme a las disposiciones legales aplicables y en el ámbito de sus atribuciones y funciones, consideren el clima extremoso, la necesidad de sistemas de ventilación y refrigeración, el alza de tarifas y la zona salarial, así como la situación socioeconómica de los habitantes de los municipios de Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura, San Pedro, Sierra Mojada y Francisco I. Madero, de Coahuila, para que se reclasifiquen en esas municipalidades las tarifas domésticas para quedar como siguen:

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de marzo del año 2010.— Diputados: Hugo Héctor Martínez González, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Energía.

ORLANDO ZAPATA TAMAYO

El diputado Jesús Ramírez Rangel(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputado.

Diputado Ramírez Rangel, dígame usted.

El diputado Jesús Ramírez Rangel(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Se han hecho varias peticiones para solicitar un minuto de silencio, que Acción Nacional ha respaldado en todo momento, y no quisiéramos dejar pasar la oportunidad de mencionar que el pasado martes 23 de febrero murió, en la República de Cuba, un preso político llamado Orlando Zapata Tamayo, tras 85 días de huelga de hambre a los que se sometió protestando por los malos tratos y la tortura física que recibía en prisión.

En virtud de que los derechos humanos, presidente, son universales, quisiera solicitar un minuto de silencio por la muerte de quien muchas organizaciones de protección de derechos humanos han llamado y llamaron un preso de conciencia.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado, en virtud de que hemos iniciado el capítulo de proposiciones y estamos en el inter, con mucho gusto lo estaremos considerando y en el momento procesal oportuno tomaremos la decisión correspondiente.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a enviar y vigilar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé respuesta a diversos cuestionamientos en materia financiera y de administración de recursos.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Muchas gracias, señor presidente. Estoy seguro de que lo que voy a decir en este punto de acuerdo debe motivar el apoyo unánime de los diputados y las señoras diputadas de todos los partidos porque no se trata de un asunto que tenga implicaciones políticas de ninguna naturaleza, pero sí profundas implicaciones en el sistema de rendición de cuentas.

Quiero ser muy concreto para aprovechar bien el tiempo. Tiene ya algún tiempo que compareció el señor secretario de Hacienda ante la Comisión Permanente de este Congreso. En la ocasión en que el secretario compareció yo formulé, como algunos otros compañeros diputados, una serie de preguntas muy concretas que el señor secretario de Hacienda no respondió.

Las preguntas que formulé no son ocurrencias ni derivan de cuestiones propias del debate mediático de este tiempo. Son cuestiones que tienen que ver con las llamadas disponibilidades, que es un tema por demás complicado, donde estoy seguro que el gobierno federal está haciendo un guardado importante de dinero para utilizarlo en programas que no están del todo claros.

Tiene que ver con el rescate de las Sofom (sociedad financiera de objeto múltiple), entre otras, la de Metrofinanciera, que es un escándalo y que recientemente escuchamos comentarios sencillos y livianos en relación con un tema de esa importancia.

El secretario de Hacienda contestó mis preguntas, se las envió al presidente de la Comisión de Hacienda y estoy seguro que sólo el presidente sabe que le contestaron mis preguntas, porque es muy curioso que un asunto de este tamaño se diluya en la burocracia de las cuestiones propias de las comisiones.

Entonces, señoras y señores diputados, yo le estoy contestando al secretario de Hacienda con este escrito, dado que él me mandó una copia de su contestación. Le estoy pidiendo al diputado Becerra Pocoroba si tiene la gentileza de convocar a la Comisión de Hacienda para que vean lo que dijo el secretario de Hacienda y lo que yo estoy diciendo.

Señor presidente, le ruego que instruya al órgano de fiscalización superior para que este oficio se pueda discutir en esa comisión y se le pueda dar un seguimiento que concluya con la expresión muy puntual del secretario sobre estas cosas que tienen que ver con asuntos muy delicados para el país. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a enviar a la SHCP diversos cuestionamientos en materia financiera y de administración de recursos, así como a cerciorarse de que se les dé respuesta, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Proposición con punto de acuerdo a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, para que la Cámara de Diputados solicite que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación envíe y vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé respuesta al pliego de cuestionamientos que adjunto a este punto de acuerdo con fundamento en los artículos 39, 44, 45, numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 58, 59, 60 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea este punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Desde el año pasado he solicitado información a la Secretaría de Hacienda por el concepto de “disponibilidades” entendiendo la necesidad de precisar el concepto previa la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación ahora vigente.

Segunda.En la comparecencia del secretario de Hacienda, ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente efectuada el día siete de enero de este año, presenté una serie de cuestionamientos que fueron eludidos en su totalidad por el secretario compareciente.

Tercera. Ante la propia Comisión urgí para que se enviaran los cuestionamientos productos de la comparecencia al Secretario, pidiendo su contestación por escrito para que la propia Comisión Permanente pudiera pronunciarse al respecto.

Cuarta. El secretario con fecha once de febrero dio respuesta a los cuestionamientos presentados enviando el documento al presidente de la Comisión de Hacienda, marcándome copia de su propio documento.

Quinta. Gracias al secretario pude enterarme de las respuestas, ya que ignoro si la Comisión de esta Cámara ha respondido.

Sexta.De la respuesta del secretario ha elaborado un texto que principia por expresar lo saludable que resulta el que aunque sea de manera colateral se reconozca la existencia de las disponibilidades y de acciones que desde luego exigen de una mayor precisión.

Séptima.He decido enviar directamente el oficio al secretario de Hacienda de la copia de su respuesta que me envió y francamente porque estimo que la Comisión de Hacienda de la Cámara no tiene para cuando adentrarse en estos asuntos.

Octava.El contenido de mi planteamiento inicial de la respuesta del secretario , y este oficio final de comentario deben motivar el interés de la Comisión de Vigilancia y de la Auditoría Superior de la Federación para ahondar en los asuntos planteados pues de otra manera este asunto quedaría marginado de la gran discusión económica de este país, en la que seguramente con los montos de todas estas operaciones habría evidencia de la falsedad de las cifras que la propia Secretaría ha estado ofreciendo como sustento de sus peticiones de recursos por la vía impositiva y de la discrecionalidad que practica en el ejercicio del presupuesto.

Novena. Vuelve a decir que las Cuentas Públicas del Gobierno Federal no han podido revelar todos estos temas por la sencilla razón que desde el año 2002 las Cuentas Públicas no se discuten en el Pleno de esta Cámara.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno el siguiente:

Acuerdo

Uno. Turnar este punto de acuerdo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que proceda de inmediato.

Dos. Solicitar que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación envíe y vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de respuesta al pliego de cuestionamientos que adjunto a este punto de acuerdo y que envíe directamente al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público en atención a que me remitió copia de sus respuestas originales y la Comisión de Hacienda de esta cámara no ha formulado, trámite alguno con las respuestas de referencia.

Tres. Solicito que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría que comprenda la indagación en campo de los siguientes temas:

1. Disponibilidades de partidas devengadas pero no erogadas efectivamente

2. Decomisos

3. Intereses y penas convencionales a favor de dependencias y entidades federales

4. Ingresos provenientes de sentencias dictadas por el Poder Judicial de la Federación y de tribunales administrativos

5. Ingresos derivados de venta de activos, empresas y liquidación de organismos y unidades empresariales (IPAF-SAE)

6. Saldo favorable de las operaciones de tesorería realizadas por el Banco de México y la banca de desarrollo

7. Rescate de las Sofomes con especial atención a Metro Financiera

8. Ingresos derivados de procedimientos aduanales administrativos, incluyendo segundo reconocimiento.

Cuatro. Finalmente solicito la inclusión del texto y sus anexos en la Gaceta Parlamentaria para el conocimiento de todos y todas las diputadas de la presente legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de marzo de 2010.— Diputados: César Augusto Santiago Ramírez, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Reginaldo Rivera de la Torre, Sergio Lobato García, Jesús María Rodríguez Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí diputado, dígame. Sonido a la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias presidente. Para preguntarle al diputado César Augusto Santiago si me puedo adherir a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado César Augusto, ¿está usted de acuerdo en que se adhiera el señor diputado?

El diputado Cesar Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Con mucho gusto, es un gran honor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo el señor diputado, pase usted.

ORDENES DE APREHENSION

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las procuradurías de justicia de las entidades federativas a abatir el rezago de la ejecución de las órdenes de aprehensión.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera:Con el permiso de la Presidencia. No existe crimen más grande que aquel que se perpetra a conciencia de su impunidad.

El fenómeno de la impunidad implica dejar sin castigo a los culpables de crímenes que afectan los valores básicos de la convivencia humana, a través de la tolerancia a las actitudes que han hecho posible tales conductas y evadiendo la responsabilidad elemental de salvaguardar la seguridad pública, así como la procuración y administración de la justicia.

En nuestro país, dada la división entre el fuero federal y el fuero común, la mayor parte de las conductas delictivas se llevan a cabo dentro del ámbito de la aplicación de la ley local. Por ello, el trabajo de las procuradurías de Justicia y de los tribunales superiores de Justicia de las entidades federativas es de una labor de vital importancia para lograr la efectiva procuración y administración de justicia.

Así pues, resulta preocupante que en el fuero común no se castiga ni siquiera el 10 por ciento de los delitos denunciados. A su vez, el rezago en el cumplimento en las órdenes de aprehensión y de reaprehensión giradas por los jueces han alcanzado niveles históricos.

En ese sentido, de acuerdo con la información más reciente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el fuero común se dejan de cumplir alrededor de 589 mil 86 órdenes de aprehensión, 120 mil 481 órdenes de reaprehensión y 60 mil 32 son mandamientos judiciales no clasificados. Lo anterior suma no poco menos de 800 mil resoluciones judiciales no cumplimentadas.

De igual forma es preocupante que la mayoría de las órdenes de aprehensión que se dictan en un año nunca llegan a ser cumplidas y en consecuencia, son canceladas al prescribir la acción penal.

La productividad en la ejecución de las órdenes de aprehensión por parte de los agentes policiales auxiliares del Ministerio Público varia de una entidad federativa a otra, pero en general es muy baja, existiendo casos extremos de pobre productividad de los agentes policiales, al grado de que en promedio la ejecución es inferior a una orden de aprehensión per cápita por año.

Por tal motivo, es imperioso exhortar a las procuradurías generales de Justicia de todos los estados de la República para que logren abatir el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión con la mayor celeridad posible, estableciendo estándares de productividad que impidan que en el futuro se repita esta circunstancia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta a las procuradurías generales de Justicia de las entidades federativas a lo siguiente:

1. Abatir el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión a brevedad posible, fijándose plazos perentorios de abatimiento parcial y total.

2. Establecer estándares de productividad a los agentes policiales auxiliares de los Ministerios Públicos en el cumplimiento de órdenes de aprehensión.

Solicito, señor presidente, que sea tan amable en instruir que el texto sea publicado íntegro en el Diario de Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a abatir el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión, a cargo del diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe la presente, diputado Bonifacio Herrera Rivera, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante este pleno, una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de probables responsables de los delitos.

Consideraciones

“No existe crimen más grande que aquel que se perpetra a conciencia de su impunidad".

El fenómeno de la impunidad implica dejar sin castigo a los culpables de crímenes que afectan los valores básicos de la convivencia humana, a través de la tolerancia a las actitudes que han hecho posibles tales conductas y evadiendo la responsabilidad elemental de salvaguardar la seguridad pública, así como la procuración y la administración de justicia.

La desfachatez, el descaro y el cinismo de los hombres que permiten que el criminal quede sin castigo, amenazan con mandar al país al desfiladero, arrastrando el valor y la historia de México.

En nuestro país, dada de la división entre el fuero federal y el común, la mayor parte de las conductas delictivas se llevan a cabo dentro del ámbito de aplicación de la ley local. Por ello, el trabajo de las Procuradurías de Justicia y los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas es una labor de vital importancia para lograr una efectiva procuración y administración de justicia.

Así pues, resulta preocupante que en el fuero común no se castiga ni siquiera 10 por ciento de los delitos denunciados. A su vez, el rezago en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y reaprehensión, giradas por los jueces ha alcanzado niveles históricos.

En ese sentido, de acuerdo con la información más reciente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el fuero común se dejan de cumplir alrededor de 589 mil 86 órdenes de aprehensión y 120 mil 481 de reaprehensión, además de que 60 mil 32 son mandamientos judiciales no clasificados.

Lo anterior suma un total de 800 mil resoluciones judiciales no cumplimentadas. De igual forma, es preocupante que la mayoría de las órdenes de aprehensión que se dictan en un año nunca llegan a ser cumplidas y en consecuencia son canceladas al prescribir la acción penal.

Así, por ejemplo, en 2008, en estados como Sinaloa, la cantidad de órdenes de aprehensión sin cumplir ascendía a 87 mil 278 mientras que el de órdenes de reaprehensión era de 13 mil 689.

Por su parte, Zacatecas contaba con 55 mil 389 órdenes de aprehensión y 5 mil 494 de reaprehensión sin dar cumplimiento. De esta manera, la comisión de crimines de alto impacto ha prosperado, pues quienes los cometen quedan sin castigo y con la posibilidad de dedicarse de manera permanente a tan aberrante actividad.

Tal y como es posible apreciar la productividad en la ejecución de las órdenes de aprehensión, por parte de los agentes policiales auxiliares del Ministerio Público, varía de una entidad federativa a otra, pero en general es muy baja, habiendo casos extremos de pobre productividad en los agentes policiales, al grado de que en promedio la ejecución es inferior a una orden per cápita al año.

Lo cierto es que lograr disminuir, de forma considerable, el rezago en la ejecución de las órdenes de aprehensión significaría una baja importante en la incidencia delictiva, dado que la detención de los probables responsables tendría el efecto de disuadir a otros sujetos para que no cometan nuevos delitos.

México no quiere más delincuencia, inseguridad, corrupción, impunidad, complicidad, ni complacencia. El pueblo de México está cansado de tanta impunidad y tanta inseguridad. Clama a gritos que quienes se encargan de velar por su seguridad y administrarle justicia cumplan con las funciones que les han sido encomendadas.

Por tal motivo, es imperioso exhortar a las Procuradurías Generales de Justicia de los diferentes estados de la república para que logren abatir el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión con la mayor celeridad posible.

Para lograr lo anterior, es importante que se establezcan estándares de productividad a los agentes policiales en el cumplimiento de las ya mencionadas órdenes.

De igual forma resulta importante que una vez que se haya logrado abatir el referido rezago se lleven a cabo las acciones necesarias que impidan que en el futuro se vuelva a producir.

El impulso de una lucha decidida, frontal y permanente contra la impunidad y la delincuencia es una responsabilidad que se debe llevar a cabo con acciones concretas que permitan ganar terreno ante los retos que el país enfrenta en la actualidad y de esa forma generar un ambiente de tranquilidad y confianza entre la sociedad mexicana.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a lo siguiente:

1. A abatir el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión y reaprehensión a brevedad posible, fijándose plazos perentorios de abatimiento parcial y total.

2. Establecer estándares de productividad a los agentes policiales auxiliares de los Ministerios Públicos en el cumplimiento de órdenes de aprehensión.

3. Actualizar e informar periódicamente sobre los avances en el abatimiento del rezago y evitar, en lo subsecuente, la acumulación de resoluciones judiciales sin ejecución.

Notas:

1 Hobbes, Thomas, Leviatán.

2 Datos proporcionados en la solicitad hecha a la FMEI.

3 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, señor diputado, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia.

ADULTOS MAYORES CENTENARIOS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que, a través de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución, se realice un encuentro nacional de reconocimiento a adultos mayores centenarios, en el marco de esas conmemoraciones.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo aquí a nombre de la diputada Delia Guerrero, de la diputada María Joann Novoa, de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo, del diputado Carlos Bello y de la diputada Claudia Edith Anaya, y la de la voz, a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo:

En opinión de los demógrafos de la Organización de las Naciones Unidas, es probable que en un plazo de 50 años haya por primera vez en la historia más personas mayores de 60 años que personas menores de 15. Se estima que 10 de cada 100 personas en la actualidad tienen menos de 60 años.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores informa que en México diariamente 799 personas cumplen 70 años. Según el Consejo Nacional de Población, para 2050, 1 de cada 4 personas será un adulto mayor. El mismo Consejo proyecta que en este año habrá 9 mil 995 hombres y mujeres mayores de 100 años.

Este fenómeno demográfico nos plantea mayores responsabilidades en la obligación que tiene el Estado de garantizar condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social, entre otras muchas, en los términos de derechos fundamentales que consagra nuestra Carta Magna y las demás leyes que de ella emanan.

En 2010 los mexicanos celebramos 200 años de historia nacional. Doscientos años de nuestra Independencia y 100 años del movimiento revolucionario de 1910. La Mesa Directiva de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que éste es un marco inmejorable para reconocer a nuestros adultos mayores, de manera particular a aquellos que tienen 100 años de edad o más y, en este contexto, llevar a la agenda nacional un tema de fundamental importancia para reflexionar sobre nuestros avances y también sobre los retos que tenemos como Cámara de Diputados en el fortalecimiento de un marco jurídico acorde a la realidad y a las necesidades de nuestros adultos mayores.

Por ello, no debemos perder la oportunidad histórica de cumplir con un doble objetivo. Primero, rendir justo homenaje a quienes han sido testigos del avance de nuestro pueblo y son relatores experimentados de los momentos más significativos de nuestra historia.

Segundo, hacer propicia la ocasión de una fecha tan importante para el pueblo mexicano y delinear las transformaciones necesarias que en materia de atención y respuesta debe tener el Estado mexicano para brindar a un sector de población en condiciones de gran vulnerabilidad.

Que este recinto legislativo sea el foro donde se discuta con profesionalismo y objetividad cuál es el diagnóstico y cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar para que todos, sociedad y gobierno, cumplamos con la parte que nos corresponde.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo:

Único. La honorable Cámara de Diputados aprueba convocar y organizar un encuentro nacional de reconocimiento a adultos mayores centenarios, en el marco de las conmemoraciones del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución, la primera semana de septiembre del presente año, 2010.

Es cuanto, señor presidente. Solicitándole se inserte íntegro en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, para que mediante las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución se realice un encuentro nacional de reconocimiento de los adultos mayores centenarios, en el marco de esas conmemoraciones, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En opinión de los demógrafos de la Organización de las Naciones Unidas, es probable que en un plazo de 50 años haya por primera vez en la historia más personas mayores de 60 años que menores de 15. Se estima que 1 de cada 10 personas en la actualidad tiene menos de 60 años.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores informa que en México diariamente 799 personas cumplen 60 años. Según el Consejo Nacional de Población, para 2050, 1 de cada 4 personas será adulta mayor.

Este fenómeno demográfico plantea mayores responsabilidades en la obligación que tiene el Estado de garantizar condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social, entre muchas otras, en los términos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

En 2010, los mexicanos celebramos 200 años de historia nacional, 200 años de nuestra independencia y cien años del movimiento revolucionario de 1910.

Como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, considero que éste es un marco inmejorable para reconocer a los adultos mayores, de manera particular a los que tienen 100 años de edad o más. Y en este contexto, llevar a la agenda nacional un tema de fundamental importancia para reflexionar sobre los avances y también sobre los retos que tendremos que abordar en materia de políticas públicas que sean eficaces en favor de los adultos mayores.

Por ello no debe la Cámara de Diputados perder la oportunidad histórica de cumplir un doble objetivo: rendir justo homenaje a quienes han sido testigos del avance del pueblo y son los relatores experimentados de los momentos más significativos de la historia, además de capitalizar una fecha tan importante para nosotros, definiendo las transformaciones necesarias que en materia de atención y respuesta debe el Estado mexicano brindar a un sector poblacional en condiciones de gran vulnerabilidad.

Tenemos mucho por hacer en la materia. Es tiempo de hacer cumplir los derechos que la ley garantiza a la gente de edad y revisar las dimensiones de los esfuerzos que implantamos.

Que este recinto legislativo sea el foro donde se discuta con profesionalismo y objetividad cuál es el diagnóstico y cuáles los desafíos que tenemos que enfrentar para que todos, sociedad y gobierno, cumplamos la parte que nos corresponde.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados aprueba convocar y organizar un encuentro nacional de reconocimiento a adultos mayores centenarios, en el marco de las conmemoraciones del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, a través de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, la primera semana de septiembre de 2010.

Dado en la Ciudad de México, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputados: Yolanda de la Torre Valdez, Delia Guerrero Coronado, María Joann Novoa Mossberger, Yolanda del Carmen Montalvo López, Carlos Bello Otero, Claudia Edith Anaya Mota, Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Diputado Serrano, dígame. Sonido para el diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Nada más para que sea usted tan amable de preguntarle a la diputada si me permite adherirme a su punto de acuerdo. Pero además, como lo solicité en tribuna, que cada uno y cada una de las diputadas y diputados demos mil pesos para cada uno de los representantes en los estados, uno por cada entidad, y se haga en la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pregunto a la diputada De la Torre Valdez si está de acuerdo en que se adhiera el señor diputado Emilio Serrano a su propuesta. Sí está de acuerdo. Así que puede pasar usted, diputado, a firmar el documento correspondiente.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no intervenir en el proceso electoral de este año en el estado de Oaxaca.

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, en este año se realizarán elecciones en 15 entidades federativas, se elegirá a 12 nuevos gobernadores que concluirán su mandato en el año de 2016, así como la renovación de 14 congresos estatales y la elección de presidentes municipales. En total se disputarán 2 mil 51 cargos de elección.

La conformación actual de esta Cámara de Diputados, decidida por los ciudadanos que sufragaron en la elección federal del año pasado, es muestra contundente de que los mexicanos añoran un país con paz social, sin violencia, con tranquilidad para salir a las calles y que el estado de derecho garantice la aplicación de la justicia, un país con oportunidades de empleo, con acceso a servicios de salud y con menos desigualdad.

El deterioro en la calidad y condiciones de vida de los mexicanos se ha agravado en estos últimos 10 años, la inexperiencia, la poca eficacia y determinación para gobernar y los errores permanentes desde el sexenio pasado que ha tenido el partido de derecha en el gobierno dan saldos altamente costosos, como nunca nos imaginamos los mexicanos.

Un pésimo manejo de la crisis por parte del Ejecutivo federal, y cuyos resultados son más que negativos que la ocurrida en 1995, no ha podido contener el creciente desempleo a una tasa superior de 5 por ciento, lo que representa 12 millones y medio de la población económicamente activa, además de 12 millones de personas que trabajan en el sector informal.

Por el contrario, es a través de las dependencias federales donde se echan a andar programas asistencialistas que son paliativos, que ofenden la dignidad de las personas, utilizados con fines meramente electorales, que le preocupan más al presidente de la República.

Actualmente en Oaxaca hay 42 dependencias federales. En los últimos días, en la entidad ha habido una gran movilización por parte de estos delegados de todas las dependencias, promoviendo las acciones, los programas y recursos públicos federales que se han destinado a nuestra entidad, en actos de proselitismo preelectoral, hecho que deforma las funciones de un delegado.

Desconociendo y violando la ley de administración pública federal, estos cargos se han convertido en agencias de colocación del PAN. Los titulares de las delegaciones ingresaron sin sujetarse a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y tampoco han desempeñado cargos de alto nivel decisorio ni son especialistas en el área. Su única virtud es ser militantes de ese partido y haber tenido cargos de representación popular.

Las actividades públicas que realizan las manejan con la supervisión política de Bernardo Altamirano Rodríguez, jefe de la Unidad de Enlace y Desarrollo Institucional de la Presidencia de la República, quien funge como supervisor de delegados.

El 19 de marzo, en la sede nacional del PAN, César Nava convocó a los presidentes municipales de su partido para instruirles que se convirtieran en promotores del voto y activistas políticos de Acción Nacional, vulnerando con ello la equidad.

En la elección federal de julio del año pasado en mi distrito, en Oaxaca, descubrimos, fotografiamos y notariamos la entrega de despensas del Programa 70 y Más, que hacía la entonces candidata a diputada federal del PAN, Soledad Jarquín, lo que motivó su inhabilitación como aspirante a legisladora.

Luego de estos ejemplos, no podemos permitir que el proselitismo de funcionarios quede impune, ya que acudiremos a las instancias legales pertinentes para que sean sancionados y destituidos de sus cargos. Así también convocamos a los habitantes de nuestro estado para denuncien estos hechos.

Estaremos al pendiente para denunciar todos aquellos actos que enturbien, desde el día de hoy y hasta el día de la elección, un proceso transparente y democrático.

Desde esta tribuna hago un llamado respetuoso al presidente Felipe Calderón, para que saque las manos del proceso electoral del 4 de julio y no ensucie los comicios con la presencia de funcionarios y derroche de recursos públicos, como se ha caracterizado desde el inicio de su administración. Los oaxaqueños queremos celebrar este Día del Ciudadano con paz y tranquilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta al presidente de la República a no intervenir en el proceso electoral de este año en el estado de Oaxaca.

Segundo. Asimismo, instruya a los titulares de las dependencias federales para que cese el derroche de recursos públicos para favorecer a su candidato. Es todo, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no intervenir en el proceso electoral de este año en Oaxaca, y a instruir a los titulares de las dependencias federales a fin de que cesen el derroche de recursos públicos para favorecer al candidato de la coalición PAN-PRD-Convergencia, a cargo del diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al presidente de la república a no intervenir en el proceso electoral de este año en el estado de Oaxaca; asimismo, que instruya a los titulares de las dependencias federales para que cesen el derroche de recursos públicos para favorecer al candidato de la coalición PAN-PRD-Convergencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En este año se realizarán elecciones en 15 entidades federativas. Se elegirá a 12 nuevos gobernadores que concluirán su mandato en el año 2016, así como la renovación de 14 congresos estatales y la elección de presidentes municipales. En total se disputarán 2 mil 51 cargos de elección.

La conformación actual de esta Cámara de Diputados, decidida por los ciudadanos que sufragaron en la elección federal del año pasado, es una muestra contundente que los mexicanos añoran un país con paz social, sin violencia, con tranquilidad para salir a las calles y que el estado de derecho garantice la aplicación de la justicia. Un país con oportunidades de empleo, con acceso a servicios de salud gratuitos y con menos desigualdad.

El deterioro en la calidad y condiciones de vida de los mexicanos se ha agravado en estos últimos diez años. La inexperiencia, la poca eficacia y determinación para gobernar, y los errores permanentes desde el sexenio pasado que ha tenido el partido de derecha en el gobierno, dan saldos altamente costosos como nunca nos imaginamos los mexicanos.

Un pésimo manejo de la crisis por parte del Ejecutivo federal y cuyos resultados son más negativos que en la ocurrida en 1995; no ha podido contener el creciente desempleo a una tasa superior al 5 por ciento, lo que representa 2 millones y medio de la población económicamente activa, además de 12 millones de personas que trabajan en el sector informal.

Por el contrario, es a través de las dependencias federales donde se echan andar programas asistencialistas que son paliativos que ofenden la dignidad de las personas, utilizados con fines meramente electorales que le preocupan más al presidente de la república.

Actualmente, en Oaxaca hay 42 representaciones del gobierno federal.

En los últimos días, en la entidad ha habido una gran movilización por parte de los delegados de todas las dependencias; promoviendo las acciones, programas y recursos públicos federales que se han destinado a nuestra entidad en actos de proselitismo preelectoral, hecho que deforma las funciones de un delegado.

Desconociendo y violando la Ley de la Administración Pública Federal, estos cargos se han convertido en agencias de colocación del Partido Acción Nacional; los titulares de las delegaciones ingresaron sin sujetarse a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tampoco han desempeñado cargos de alto nivel decisorio, ni son especialistas en el área. Su única virtud, es ser militantes de este partido y haber tenido cargos de representación popular.

En las actividades públicas que realizan, se manejan con una línea partidista en presencia de Bernardo Altamirano Rodríguez, jefe de la unidad de enlace y desarrollo institucional de la Presidencia de la República, quien funge como supervisor de delegados, además de su principal cargo.

De este modo, son claras las intenciones de querer influir desde Los Pinos en las próximas elecciones del estado, con emisarios de primer orden y cercanos a Calderón. Con lo anterior, el proselitismo e intervención presidencial para el proceso electoral ha comenzado, con la finalidad de favorecer al candidato de la coalición PAN-PRD-Convergencia, Gabino Cué Monteagudo.

Sin embargo, no podemos omitir que el proselitismo de funcionarios quede impune, ya que acudiremos a las instancias legales pertinentes para que sean sancionados y destituidos de sus cargos. Así también, convocamos a los habitantes de nuestro estado para que denuncien estos hechos y dejen de lucrar con su pobreza.

Vigilaremos que la entrega de despensas, de materiales de construcción y, en general, la compra del voto no vulnere la conciencia y el uso de razón de los oaxaqueños.

Del mismo modo que el entonces presidente Vicente Fox puso en riesgo la elección presidencial de 2006, de acuerdo con el proyecto de sentencia del Tribunal Electoral, el presidente de la república pone en riesgo la elección con la presencia de funcionarios-militantes de Acción Nacional.

Estaremos al pendiente para denunciar todos los hechos que enturbien desde hoy hasta el día de la elección, un proceso transparente y democrático.

Desde esta tribuna, hago un llamado respetuoso al Presidente Felipe Calderón para saque las manos del proceso electoral del 4 de julio y no ensucie los comicios, con la presencia de funcionarios y derroche de recursos públicos como se ha caracterizado  desde el inicio de su administración. Los oaxaqueños queremos celebrar este día del ciudadano con paz y tranquilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al presidente de la república a no intervenir en el proceso electoral de este año en el estado de Oaxaca.

Segundo.Asimismo, instruya a los titulares de las dependencias federales para que cesen el derroche de recursos públicos para favorecer al candidato de la coalición PAN-PRD-Convergencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.— Diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado Zavaleta, dígame usted.

El diputado Guillermo José Zavaleta Rojas(desde la curul): Para solicitarle nada más una adición al punto que presenta el diputado que está presentando este punto, en función de que también se exhorte al gobernador Ulises Ruiz a sacar las manos del proceso electoral, porque vienen a alegar aquí una supuesta manipulación de programas federales, cuando verdaderamente el gobierno del estado está metido en la elección y es una elección de estado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo, señor diputado Héctor Pablo Ramírez Puga, en la adición propuesta por el diputado Zavaleta?

El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva(desde la curul) Yo le pediría al señor diputado Zavaleta que se ponga a trabajar sus propios puntos de acuerdo y que los presente en el pleno. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Con que usted me dé respuesta de si está de acuerdo o no está de acuerdo es suficiente, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Fernández Noroña, dígame usted.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, sólo para comentar que tiene razón el diputado Zavaleta en que debería incluirse que el gobernador Ulises Ruiz no interviniera. Y tiene razón el diputado promovente en el sentido de que Calderón no debería intervenir.

Yo sólo quiero hacer la precisión, porque como el exhorto está llamado al presidente de la República, Calderón usurpa la Presidencia de la República. Si hicieran la precisión correspondiente, diputado promovente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Señores diputados, no está a discusión. Es una propuesta hecha por el señor diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, que obviamente se turna a la Junta de Coordinación Política, pero no es para discusión en el pleno.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Ramírez Marín, dígame usted.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Señor presidente, solamente para precisar que se da esta situación porque admitimos el uso de la palabra cuando el orador ya terminó. Lo que puede hacerse al orador es, durante su intervención, después los puntos de acuerdo no prevén otro tipo de intervención.

Sí sería conveniente que tomáramos en cuenta esto. Si el orador ya terminó de hablar, no tiene ningún sentido ni adherirse al punto, lo cual tendría que hacerse antes de que el orador iniciara, ni hacer ningún otro tipo de comentario, porque no están a discusión. Entonces creamos una situación de descontrol. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Solamente para comentarle que para efectos de adhesión, evidentemente una vez que concluye es donde tenemos que dar el uso de la palabra. Sólo cuando hay otras intervenciones, a la mitad de su intervención, sólo para preguntas es como se podría interrumpir al orador.

Por tanto, coincidiendo con usted, no está a discusión. Por tanto continuamos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto de Lucas Hopkins, para presentar proposición con punto de acuerdo... No se encuentra en el recinto parlamentario.

COMICIOS LOCALES DE 2010

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los institutos electorales de diversos estados de la República, a solicitar al Instituto Federal Electoral que colabore en la organización de los procesos electorales a llevarse a cabo en sus entidades respectivas durante el 2010, suscrita por el Grupo Parlamentario del PAN.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Institutos Electorales de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a solicitar al IFE que colabore en la organización de los comicios locales de 2010, a cargo del diputado Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Roberto Gil Zuarth, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Congreso de la Unión el presente punto de acuerdo, a través del cual se exhorta a los Institutos Estatales Electorales de Aguascalientes, de Baja California, de Chiapas, de Chihuahua, de Durango, de Hidalgo, de Oaxaca, de Puebla, de Quintana Roo, de Sinaloa, de Tamaulipas, de Tlaxcala, de Veracruz, de Yucatán y de Zacatecas, a solicitar al Instituto Federal Electoral que colabore en la organización de los procesos electorales a llevarse cabo en sus entidades respectivas durante el año 2010, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Por mandato constitucional, se establece que en el orden local las elecciones de gobernadores, miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante el sufragio universal, libre secreto y directo. En su organización, estas elecciones estarán a cargo de las autoridades electorales locales competentes, que en el ejercicio de esta función electoral se guiarán por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia.

En este propósito, la Constitución faculta a las autoridades electorales competentes de carácter administrativo para convenir que el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales.

Lo anterior, en términos de de los artículos 41, Base V, y 116, fracción IV, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este orden de ideas, no pasa inadvertido que durante este año 2010 se celebrarán diversos comicios en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, los cuales guardan la particularidad que en doce de ellos elegirá gobernador y en otros se renovará a los miembros de las legislaturas locales como integrantes de sus ayuntamientos.

En este escenario, la confianza y certidumbre que durante los últimos procesos electorales ha generado el Instituto Federal Electoral en la organización de los comicios federales, resultan factores cruciales que hacen deseable y precisa su coparticipación en la organización de los procesos electorales locales. Esto sin desdeñar, la encomiable y profesional tarea desarrollada por los institutos estatales electorales. Por el contrario se busca fortalecer la compleja tarea que implica la organización electoral.

Esto no es una novedad, en la reciente actividad electoral local el Instituto Federal Electoral ha participado en conjunto con los institutos electorales locales en la elaboración del listado nominal, la insaculación de ciudadanos que participarán en la mesas directivas de casilla, con el monitoreo en radio y televisión y con apoyo tecnológico, entre otras actividades.

Esta colaboración mutua ha permitido robustecer el talante y confianza de la función electoral, así como en otorgar certeza a los ciudadanos sobre la elección de sus autoridades.

Es importante, recalcar que en modo alguno esta cooperación entre autoridades electorales administrativas federales y locales en la organización de los comicios locales subvierte la autonomía de los institutos estatales electorales.

En principio, el concepto de autonomía se asocia a la independencia y no intervención en la toma de decisiones debido a razones históricas, al pluralismo político, al fortalecimiento de las instituciones y maduración de proceso de democratización entre otros.

Sin embargo, no se debe pasar por alto que el concepto de la autonomía, en un segundo nivel, en estricto apego a la tesis de paridad de órgano, atiende a la idea de la coordinación que busca potenciar los principios eficiencia, eficacia y honradez en la aplicación de los recursos públicos.

En este contexto, en la búsqueda de fortalecer la función de la organización electoral y en estricto apego a los principios de eficiencia y eficacia, a partir de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura con que cuenta el Instituto Federal Electoral es que los institutos estatales locales podrán solicitar su colaboración en la organización sus comicios, siempre basados en una relación con un denominador común: la coordinación.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto resolutivo

Único.Se exhorta a los Institutos Estatales Electorales de los Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, a solicitar al Instituto Federal Electoral que colabore en la organización de los procesos electorales a llevarse cabo en sus entidades respectivas durante el año 2010.

Lo anterior , en términos de los artículos 41, Base V, y 116, fracción IV, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

MEXICANA DE AVIACION - AEROMEXICO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Eric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que cita a comparecer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en relación con la posible fusión entre Mexicana de Aviación y Aeroméxico.

El diputado Eric Luis Rubio Barthell:Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, durante los últimos meses hemos venido escuchando de forma reiterada la intención que tiene el gobierno federal de apoyar una posible fusión entre las dos principales líneas aéreas del país: Mexicana de Aviación y Aeroméxico, las cuales han dejado en claro su intención de llevar a cabo la transacción que les permitirá sanar sus finanzas y así evitar, dicen, la posible quiebra de alguna de ellas.

En este sentido, es importante resaltar que, según ellos, el apoyo de 3 mil millones de pesos que ha ofrecido el gobierno mexicano a la industria aérea nacional deja entrever que el propio gobierno es el que está proponiendo a ellos buscar la consolidación, lo cual cuando menos resulta altamente sospechoso.

Es claro que la postura del gobierno federal en la política aérea nacional es y ha sido muy criticable debido a los malos resultados que ha venido arrojando durante los últimos años. Por lo cual, es indispensable que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fije una postura que permita dar certidumbre al sector.

De igual forma, sería primordial que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pudiera explicarnos de forma clara cuáles son los términos de la fusión y cuáles serían los beneficios de ésta, ya que esta discusión tiene más de siete años y en ese entonces se definió que el gobierno las vendiera por separado, aunque esto significara obtener menores recursos, pues al venderlas por separado su valor sumado fue mucho más bajo que venderlas como una sola empresa con poder sustancial en el mercado.

Por eso resulta cuando menos sospechoso que ya se realizó la operación para tener dos aerolíneas, como lo indicó en su momento la Cofeco, ahora quieren revaluarla como una sola empresa con probables prácticas monopólicas. Qué extraño se piensa y se actúa en este gobierno.

En ese sentido, debemos advertir que si la Comisión Federal de Competencia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consideraran con seriedad la posibilidad de esta fusión ante las condiciones de la industria aérea nacional, deberán cuidar que la nueva empresa no conserve todos los slots con los que cuentan ahora Aeroméxico y Mexicana, ya que entonces estaría creando un monopolio en perjuicio de los usuarios.

Asimismo, nos deben explicar por qué Aeroméxico, de ser una línea líder en puntualidad y servicio a nivel mundial, es ahora una más del montón, o peor, en donde 18 de mis últimos 20 vuelos –y seguro los de ustedes también– que he realizado con esta empresa han salido más de una hora tarde, con un pésimo servicio en tierra y sin mejorar en nada, igual que Mexicana de Aviación.

Ahora también, sería interesante que nos explicara de qué forma inciden, sin ningún control en la problemática de líneas aéreas, los reales monopolios como son los operadores de todos los aeropuertos.

Por tanto, el punto de acuerdo sería:

Primero. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a rendir a esta soberanía, en su próxima comparecencia, un informe detallado sobre las ventajas y riesgos para la rentabilidad, especialización y competencia de la industria de la aviación en México, inmersas en la posible fusión entre Mexicana de Aviación y Aeroméxico. Los términos en los que se realizaría ésta, así como fijar la postura oficial del gobierno federal ante este importante hecho.

Segundo. Nos informe su percepción acerca de los monopolios sin control, como son todos los operadores de aeropuertos. Y cómo éstos están afectando a la industria de la aviación.

Ahora viene el aeropuerto de Tulum, por lo cual hay que estar muy pendientes en qué condiciones se da para favorecer a los usuarios. Muchas gracias, señores diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante esta soberanía al titular de la SCT para que rinda un informe detallado sobre la posible fusión entre Mexicana de Aviación y Aeroméxico, a cargo del diputado Éric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formula ante este honorable pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos meses hemos venido escuchando de forma reiterada la intención que tiene el gobierno federal de apoyar una posible fusión entre las dos principales líneas aéreas del país, Mexicana de Aviación y Aeroméxico, las cuales han dejado en claro su intención de llevar a cabo la transacción que les permitirá sanar sus finanzas y así evitar, dicen, la posible quiebra de alguna de ellas.

Especialistas del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, señalaron que Aeroméxico y Mexicana no son sustentables financieramente por su falta de competitividad, por lo que su fusión podría ser una condición necesaria pero no suficiente para su supervivencia, por lo que, de ocurrir, el resultado sería una aerolínea dedicada a los pasajeros dispuestos a pagar altas tarifas, la cual tendría que competir con la eficiencia de las aerolíneas de bajo costo.

Hoy, en medio de la crisis económica por la que atraviesa el país, agravada por las secuelas de la crisis sanitaria, los dueños de ambas compañías han declarado reiteradamente que están convencidos de que México necesita crear una aerolínea bandera y para ello, obligadamente, tiene que haber una consolidación, ya que, de no fusionarse Aeroméxico y Mexicana, lo más seguro es que alguna o las dos tengan problemas.

En este sentido, es importante resaltar que, según ellos, el apoyo de 3 mil millones de pesos que ha ofrecido el gobierno mexicano a la industria aérea nacional deja entrever que el propio gobierno es el que les está proponiendo a ellos buscar la consolidación. Lo cual, cuando menos, resulta altamente sospechoso.

Es claro que la postura del gobierno federal en la política aérea nacional es y ha sido muy criticable debido a los malos resultados que ha venido arrojando durante los últimos años, por lo cual es indispensable que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, fije una postura que permita dar certidumbre al sector.

De igual forma sería primordial que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pudiera explicarnos de forma clara cuáles son los términos de la fusión y cuáles serían los beneficios de ésta, ya que esta discusión tiene más de 7 años y en ese entonces se definió que el gobierno las vendiera por separado aunque esto significará obtener menores recursos, pues al venderlas por separado, su valor sumado fue mucho más bajo que venderlas como una sola empresa con poder sustancial en el mercado.

Por eso resulta cuando menos sospechoso que ya que se realizó la operación para tener dos aerolíneas, como lo indicó en su momento la Comisión Federal de Competencia, ahora quieren revaluarla como una sola empresa con probables prácticas monopólicas. Qué extraño piensa y actúa este gobierno.

En este entendido, debemos advertir que si la Comisión Federal de Competencia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consideraran con seriedad la posibilidad de esta fusión ante las condiciones de la industria aérea nacional, deberán cuidar que la nueva empresa no conserve todos los slots (horarios y posiciones para operar) con los que cuentan ahora Aeroméxico y Mexicana, ya que entonces, se estaría creando un monopolio en perjuicio de los usuarios.

Asimismo, nos deben explicar por qué Aeroméxico, de ser una línea líder en puntualidad y servicios a nivel mundial, es ahora una más del montón o peor, en donde 18 de mis últimos 20 vuelos que he realizado con la empresa han salido más de una hora tarde, con un pésimo servicio en tierra y sin mejorar en nada, igual que Mexicana.

Ahora también, sería interesante que nos explicara de qué forma inciden, sin ningún control, en la problemática de las líneas aéreas los reales monopolios como son los operadores de todos los aeropuertos de México.

Por lo expuesto y debido a la importancia que tiene el tema para el futuro de la aviación nacional, es que someto ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a rendir ante esta soberanía y en su próxima comparecencia un informe detallado sobre las ventajas y riesgos para la rentabilidad, especialización y competencia de la industria de la aviación en México, inmersas en la posible fusión entre Mexicana de Aviación y Aeroméxico, los términos sobre los que se realizaría ésta, así como fijar la postura oficial del gobierno federal ante este importante hecho.

Segundo.Nos informe sobre su percepción acerca de los monopolios sin control, como son todos los operadores de aeropuertos, y cómo éstos están afectando la industria de la aviación en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2010.— Diputado Éric Rubio Barthell (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear un fondo de emergencia en apoyo a los defraudados de la empresa Sitma.

El diputado José Óscar Aguilar González:Señor presidente, señoras y señores diputados, el que suscribe, diputado federal Óscar Aguilar González, y también los diputados firmantes: Benjamín Clariond Reyes Retana, Humberto Lepe Lepe, Jesús María Rodríguez Hernández, Gerardo Sánchez García, José Francisco Yunes Zorrilla, Héctor Guevara Ramírez, Rosalina Mazari, Jorge Humberto López Portillo, del Grupo Parlamentario del PRI, y también diputados de otras fracciones parlamentarias de esta legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para aprobar la creación de un fondo de emergencia en apoyo a los defraudados de la empresa inmobiliaria Sitma, bajo las siguientes consideraciones:

El funcionamiento de empresas que ofrecen servicios, tanto inmobiliarios como financieros, de inversión con rendimientos mayores a los ofertados por la banca comercial proliferó en diversos estados de la República, incluyendo el estado de Puebla, por la omisión de su función. Es decir, era un hecho obvio, público y evidente que las autoridades no actuaron para prever este ilícito. Fueron responsables por no cumplir con sus obligaciones.

Recordemos el principio republicano de legalidad. Es en el cual las autoridades se constriñen en su actuación a lo estrictamente señalado por la ley. La ley es muy clara. El artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, por favor, diputado Aguilar. Dígame, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Quisiera pedirle, diputado presidente, si le solicita al diputado promovente si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Nada más que en este capítulo no hay preguntas, diputado, porque está haciendo su proposición solamente. No está a discusión y al no haber discusión esto se turna a la comisión para los efectos que se den. En este capítulo de proposiciones no hay preguntas al orador.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Si me permite, al final, hacerle una petición, ya que haya terminado, si pueden incluirse otros grupos defraudados como Cofia y otros que están en Puebla. Si me permite, al final.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Continúe usted, señor diputado.

El diputado José Óscar Aguilar González:El artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece que ésta tiene como objeto supervisar y regular las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.

También será su objetivo superior regular a las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al citado sistema financiero.

Asimismo, el artículo 4o., de esta citada ley establece dentro de las facultades de la comisión las siguientes:

XIV. Ordenar la suspensión de operaciones de las entidades de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.

XV. Intervenir administrativa o gerencialmente en las entidades, con objeto de suspender, supervisar, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez o aquellas violatorias de las leyes que las regulan.

XVI. Investigar aquellos actos de personas físicas, así como de las personas morales, que no siendo entidades del sector financiero hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables.

XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimiento de personas físicas o a las personas morales que sin la autorización correspondiente realicen actividades que requieran en los términos de las disposiciones que regulan las entidades del sector financiero, o bien, proceder a la clausura de sus oficinas.

XVIII. Investigar actos o hechos que contravengan lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, para lo cual podrá practicar visitas que versen sobre tales actos o hechos, así como emplazar, requerir información o solicitar la comparecencia de los presuntos infractores.

Ante la contundencia que la ley expresa en su contenido, reitero el compromiso de velar por esa representación del patrimonio de miles de familias que en 11 entidades de la República se vieron afectadas por la actividad fraudulenta de la precitada empresa, pero también por la alta responsabilidad del gobierno federal a través de la omisión de la Secretaría de Hacienda y sus órganos desconcentrados.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente punto de acuerdo:

Único. Crear un fondo de emergencia en apoyo a los defraudados de la empresa denominada Grupo Sitma, para cubrir al 100 por ciento el monto de sus depósitos. Lo anterior en virtud de las omisiones cometidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Pido, señor presidente, que se publique íntegra esta intervención en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, para crear un fondo de urgencia en apoyo de los defraudados de la empresa Sitma, a cargo del diputado Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Óscar Aguilar González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos pone a consideración del Pleno de Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para aprobar la creación de un fondo de emergencia en apoyo a los defraudados de la empresa Sitma, bajo las siguientes

Consideraciones

El funcionamiento de empresas que ofrecen servicios financieros de inversión, con rendimientos mayores a los ofertados por la Banca Mexicana, proliferó en diversos Estados de la República, incluyendo al Estado de Puebla, debido a una falta de supervisión, sin contar con la debida autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, organismo responsable, en términos de la ley que regula dicho órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Se tienen reportes de denuncias de defraudados por Sitma en Puebla, Veracruz, Aguascalientes, estado de México, Tlaxcala, Jalisco, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Baja California y Distrito Federal.

Tan sólo en el estado de Puebla existen al 11 de marzo del año en curso:

• 5,319 afectados

• 668 millones, 174 mil pesos es el monto de lo defraudado

• 3,260 consignaciones ante el Juez correspondiente

Es deber de esta representación popular, dar respuesta a este grupo de defraudados, quienes en la mayoría de los casos se dejaron seducir por los supuestos altos rendimientos ofrecidos, por la publicidad tolerada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ante la mirada complaciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Grupo Sitma difundió y ofertó sus operaciones en Puebla, mediante anuncios publicitarios en medios de comunicación masiva como: radio, televisión, prensa escrita y espectaculares.

Es decir era un hecho obvio, público y evidente, y las autoridades no actuaron para prever lo sucedido, fueron responsables por no cumplir con sus obligaciones; recordemos el principio republicano de legalidad, en el cual las autoridades constriñen su actuación a lo estrictamente señalado en la ley. Y la ley es muy clara:

El artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece que ésta tiene como objeto: supervisar y regular las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.

Asimismo el artículo 4o. de la citada ley establece dentro de las facultades de la comisión realizar la supervisión de las entidades financieras, así como de las personas físicas y morales, cuando se efectúen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

Textualmente las fracciones XIV, XV y XVI del citado numeral, señalan:

• Ordenar la suspensión de operaciones de las entidades de acuerdo a lo dispuesto a la ley;

• Investigar actos de personas físicas y personas morales, que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables.

• Ordenar la suspensión de operaciones e intervenir la negociación, empresa o establecimiento que sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran o bien proceder a la clausura de sus oficinas.

• Investigar actos que contravengan lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

Ante la contundencia que la ley expresa en su contenido, cabe preguntar: ¿por qué la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su órgano desconcentrado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no cumplieron con su obligación legal de intervenir en el control inspección y vigilancia de empresas que operaron y siguen operando ofreciendo servicios financieros sin su autorización, como en el caso de Grupo Sitma?;

Y en virtud de que la respuesta sigue sin llegar, a pesar de los múltiples requerimientos que esta soberanía ha hecho; reitero el compromiso de velar por la reposición del patrimonio de miles de familias de 11 estados de la república que se vieron afectados por la actitud fraudulenta de la precitada empresa, pero también por la alta responsabilidad del gobierno federal, a través de la omisión de sus secretarías y órganos desconcentrados.

Por todo lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Crear un fondo de emergencia en apoyo a los defraudados por la empresa denominada Grupo Sitma, para cubrir al 100% el monto de sus depósitos; lo anterior en virtud de las omisiones cometidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Palacio Legislativo, a 23 de marzo de 2010.— Diputados: José Óscar Aguilar González, Juan Carlos Natale López, Humberto Lepe Lepe, Jesús María Rodríguez Hernández, Gerardo Sánchez García, José Francisco Yunes Zorrilla, Héctor Guevara Ramírez, Reginaldo Rivera de la Torre, Patricio Chirinos del Ángel, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Sami David David, Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Jesús Báez Pinal, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Marco Antonio García Ayala, José Alberto González Morales, María del Carmen Izaguirre Francos, Janet Graciela González Tostado, Juan Pablo Jiménez Concha, Blanca Estela Jiménez Hernández, Francisco Alberto Jiménez Merino, Alfredo Francisco Lugo Oñate, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Julieta Octavia Marín Torres, María Isabel Merlo Talavera, Fernando Morales Martínez, Francisco Ramos Montaño, Herón Agustín Escobar García, Malco Ramírez Martínez, Pedro Vázquez González, Leobardo Soto Martínez, Juan José Cuevas García, Ardelio Vargas Fosado, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Laura Itzel Castillo Juárez, Violeta Avilés Álvarez, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Juan Enrique Ibarra Pedroza, José Oscar Aguilar González, Humberto Lepe Lepe, Gerardo Sánchez García, José Francisco Yunes Zorrilla, Héctor Guevara Ramírez, Benjamín Clariond Reyes Retana, Rosalina Mazari Espín, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Oralia López Hernández, José Alberto González Morales, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Malco Ramírez Martínez, Leobardo Soto Martínez (rúbricas).»

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Pedirle al promovente que incluyera a los otros grupos de defraudados, que no se pusiera defraudados si los robaron, que es Cofia y hay otra empresa fuerte ahí en Puebla que están en la misma condición. Creo que deberíamos resolver el problema de todos estos grupos que están en la misma condición que Sitma. Pedirle esto, diputado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Está usted de acuerdo en que se agregaran en su propuesta?

El diputado José Óscar Aguilar González:Sí, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Está de acuerdo. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.

Al no haber quien se registre, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se pregunta a la asamblea si está suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.

PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Sagarpa, con relación al pago de Procampo en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano:Con su permiso, señor presidente. Vengo a esta soberanía a solicitar a los compañeros diputados su respaldo al punto de acuerdo que a continuación quiero exponer y que tiene que ver con el programa Procampo, sobre el cual constan –lo hemos visto en varias comunidades de este país– severas críticas en su operación en los últimos años, a partir, inclusive, del presupuesto histórico que esta soberanía aprobó para el 2010 y que supera aproximadamente los 16 mil millones de pesos.

A partir de 2007 la Sagarpa formuló lineamientos para emitir el pago de Procampo a través de tarjetas de débito, situación que efectivamente abona a la transparencia, a la entrega de recursos y elimina el intermediarismo, pero que no es sensible en la realidad con las reglas y en las regiones con menor índice de desarrollo humano, las cuales cuentan con una escasa penetración de la banca comercial.

El Procampo, con 2 millones 700 inscritos, de los cuales 600 mil corresponden a Oaxaca, Guerrero y Chiapas tienen 99 de los 125 municipios más pobres del país. En estos estados existen mil 439 cajeros automáticos dispersos en 761 municipios, en contraste, por ejemplo, con Jalisco, que cuenta con más de 2 mil 512 cajeros para los 126 municipios con los que cuenta este estado. Es decir, 80 por ciento más de posibilidades, que los municipios de escasos recursos en toda la región sur-sureste del país.

Esta compleja dispersión territorial, la falta de penetración del sector bancario en la región y la dificultad para tener todos los requisitos que pide Aserca para tramitar la cuenta bancaria, genera gastos extras al productor, pues tiene que trasladarse desde sus poblaciones, literalmente a pie, hasta un día de camino, para acceder al cajero más cercano, perdiendo gran parte de este recurso y de su esfuerzo humano.

Por tanto, es importante que la Sagarpa se sensibilice con estas regiones en el campo mexicano, entienda su complejidad y actúe en consecuencia autorizando realizar los pagos de Procampo de manera directa, a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), con la intención de reducir los costos inherentes a la dispersión demográfica que existe en nuestro país.

Por lo anterior, señor presidente, solicito a esta soberanía este punto de acuerdo:

Único. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a emitir el pago de Procampo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader). Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a emitir el pago del Procampo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas mediante los Centros de Apoyo al Desa-rrollo Rural y no por transferencia bancaria, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Elpidio Desiderio Concha Arellano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La realidad en los estados del sur-sureste mexicano dista mucho de la del resto del país. Las oportunidades en muchos ámbitos de la vida económica y social son diametralmente opuestas. Un ejemplo concreto es el acceso a la banca comercial, con referencia al pago electrónico del Procampo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que lleva 60 por ciento de avance en el país.

El Procampo, respecto a cuya operación de los últimos años hay graves críticas, y pese a que cuenta con un presupuesto histórico en 2010, que supera 16 mil millones de pesos, no puede considerarse exitoso porque no cumple los objetivos.

Su cuestionado padrón de beneficiarios y el irritante peregrinaje ante los organismos que operan el programa llevan al campesino a una situación de incertidumbre, enfrentándolo a múltiples dilaciones y a un excesivo burocratismo que merma el alcance del apoyo cuando, finalmente y fuera de tiempo, le es entregado.

La productividad agropecuaria de los estados del sur-sureste es tarea intrincada; no se alcanzará la meta si falta la debida coordinación de las dependencias que participan en la ejecución en el sector agropecuario.

A partir de 2007, la Sagarpa formuló los lineamientos para emitir el pago del Procampo a través de tarjeta de débito. Esa situación, efectivamente, abona a la transparencia en la entrega de recursos y elimina el intermediarismo, pero que no es sensible a la realidad en las regiones con menor índice de desarrollo humano, y escasa penetración de la banca comercial.

De los poco más de 2 millones 700 mil inscritos en el padrón del Procampo, 600 mil corresponden a Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los cuales cuentan con 99 de los 125 municipios más pobres del país. En esos estados hay mil 439 cajeros automáticos, dispersos en 761 municipios. En contraste, Jalisco cuenta con 2 mil 512 cajeros, en los 126 municipios: 180 por ciento más posibilidades de acceso que toda la región sur-sureste.

No son pocos los casos de molestia por esta situación a lo largo y ancho de país. En el caso concreto de mi región, en la sierra Mazateca, de un total de 13 mil productores de café, sólo 7 mil han cambiado sus respectivos cheques del Procampo por medio de tarjeta de débito. Ahora bien, los productores que ya cuentan con este medio de pago se enfrentan a la cruda realidad: la institución bancaria elegida por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) es Banco Azteca, el cual tiene sólo 26 puntos directos de cobro, y que se suman a los escasos 396 cajeros automáticos en todo el estado. Se hace un peregrinaje en la cobranza de los apoyos.

Esta compleja dispersión territorial, la falta de penetración del sector bancario en la región y la dificultad para reunir los requisitos que impone Aserca para tramitar la cuenta bancaria generan gastos extra a los productores, pues tienen que trasladarse de sus poblaciones literalmente a pie, hasta un día de camino, al cajero más cercano, perdiendo una parte sustancial del apoyo federal en el esfuerzo.

Por tanto, es importante que la Sagarpa se sensibilice con esta región del campo mexicano, que entienda sus necesidades y complejidad, y que actúe en consecuencia, realizando los pagos del Procampo de manera directa a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, con la intención de reducir los costos inherentes a la dispersión demográfica y poca presencia de la banca comercial en estos estados.

Por lo expuesto, solicito que sea sometido a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir el pago del Procampo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y no por transferencia bancaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputados y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.

Al no haber quien haga uso de la palabra se considera suficientemente discutido y pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputados y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

Señoras diputadas y señores diputados, tenemos entre no-sotros ciudadanos de San Juan del Río, Querétaro, invitados por la diputada Sandra Ugalde. Sean bienvenidos todas y todos ustedes.

Igualmente tenemos del Centro Cultural Jalil Gibran, participantes de la obra de teatro: Sin agua vivirán tus hijos. Invitados por el diputado Alberto Jiménez Merino. Saludos a todos.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que agilice y concluya el proyecto de las obras hidráulicas que eviten inundaciones en diversas zonas habitacionales de Guerrero.

El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo:Con su permiso ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el que suscribe, Fermín Alvarado, diputado federal del PRI por Acapulco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

El desarrollo urbano es el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento equilibrado de los centros de población.

En nuestro país la mayoría de las ciudades han venido creciendo en forma desordenada, sin ajustarse a un plan de desarrollo urbano y mucho menos a un plan de ordenamiento territorial.

El secretario general de las Organización de las Naciones Unidas señala que las amenazas que plantea el cambio climático como el incremento de sequías, inundaciones y tormentas hacen más acuciante lograr una disminución efectiva de los desastres naturales, porque, incluso, de acuerdo a cifras de la Cruz Roja Internacional las inundaciones están aumentando más rápidamente que ningún otro desastre natural.

La experiencia demuestra que los desastres naturales, por cuestiones hidrometeorológicas se concentran en valles y costas. Por lo que ninguna porción de las costas de México está libre de la llegada de un ciclón.

El huracán Paulina fue un ciclón tropical que tocó tierra en el sur del país a principios de octubre de 1997. El décimo de los desastres naturales más devastadores de México, mismo que ocasionó muy severos daños, cientos de personas muertas, 300 mil personas sin hogar y daños por millones de millones de dólares en Acapulco.

No obstante, de manera irresponsable en el pasado reciente, por cierto autoridades perredistas, otorgaron autorizaciones para desarrollos habitacionales sobre zonas de humedales que eran zonas de vocación ecológica y fueron cambiadas en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2001, como zonas para desarrollos inmobiliarios, permitiendo miles de construcciones sobre cauces de agua, lo que ahora, cada vez que llueve, pone en riesgo a miles de familias que de buena fe adquirieron una vivienda en las zonas de Llano Largo, Colosio, Diamante, mismas que están subordinadas potencialmente a las fuerzas de la naturaleza.

Recientemente, en el 2007, la tormenta Henriette, en su fase de alejamiento, tocó a Guerrero y provocó inundaciones en miles de casas de esa zona de Acapulco, poniendo en peligro la vida de sus habitantes. Desde San Agustín, La Sabana, Cayaco, Llano Largo, la glorieta de Puerto Marqués, hasta la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, en donde se encuentran desarrollos habitacionales como Homex, Ara y Geo.

Estos ejemplos revelan una serie de irregularidades que deben ser subsanadas por las autoridades correspondientes mediante la realización de las obras de infraestructura hidráulica necesaria y urgente, que ante una eventualidad de esta naturaleza prevenga los efectos desastrosos que pudieran causar en la población y en el patrimonio de más de 14 mil familias, tal y como ha venido ocurriendo recientemente en Chalco, en el estado de México, en el DF, en Tabasco, en Michoacán.

Por ello proponemos los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que agilice los estudios y concluya el proyecto de las obras hidráulicas que eviten inundaciones en las zonas habitacionales de La Sabana, Cayaco, Llano Largo, Puerto Marqués, Luis Donaldo Colosio y Diamante de Acapulco, Guerrero.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Fonden, para que prevean la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para la realización de la obra hidráulica que garantice preservar vidas y no recoger muertos, en esta zona habitacional de más de 14 mil viviendas. Es cuanto, ciudadano presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a agilizar los estudios y concluir el proyecto de las obras hidráulicas que eviten inundaciones en diversas zonas habitacionales de Guerrero; y a la Segob, a prever la disponibilidad de recursos financieros del Fonden para la realización de los trabajos necesarios, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el desarrollo urbano, es el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento equilibrado de  los centros de población, que hace posible la elevación del nivel de vida de la población urbana, utilizando, para ello, el ordenamiento territorial, la determinación de los usos de suelo; la asignación consecuente de los recursos fiscales; la promoción de la inversión pública, social y privada; la mejoría de los servicios públicos; la sistematización del mantenimiento de la infraestructura urbana y su ampliación al ritmo de las nuevas necesidades y demandas; el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural, artístico e histórico, la participación de la población del futuro por medio del sistema de planeación democrática.

Segundo. Que en nuestro país la mayoría de las ciudades han venido creciendo en forma desordenada, sin ajustarse a un Plan de Desarrollo Urbano y mucho menos a un plan de ordenamiento territorial, provocando asentamientos humanos irregulares, la imposibilidad de proporcionar servicios básicos a amplios sectores de la población, violaciones a la reglamentación sobre el uso del suelo, contaminación de arroyos, barrancas, mantos acuíferos e invasión de zonas de alto riesgo con fines habitacionales, entre otros significativos problemas.

Tercero. De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante períodos de tiempo comparables.

Cuarto. Las previsiones científicas más recientes indican que, en el curso del presente siglo, la temperatura promedio global de la Tierra podrá incrementarse alrededor de 3º Celsius, con un consiguiente ascenso del nivel del mar de alrededor de 1 metro (IPCC AR4 SPM),lo que impactará, adversamente, las zonas costeras, pues incrementará su vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, incrementará la humedad en la atmósfera al tiempo que reducirá la humedad en los suelos, propiciará la erosión de éstos y disminuirá la disponibilidad y la calidad del agua, con lo que se reducirá la productividad agrícola.

Quinto. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon señala que las amenazas que plantea el cambio climático, como el incremento de sequías, inundaciones y tormentas, hacen más acuciante lograr una disminución efectiva de los desastres naturales, porque, de acuerdo a cifras de la Cruz Rojas Internacional, a nivel mundial las inundaciones están aumentando más rápidamente que ningún otro desastre natural.

Sexto.En este sentido, la Comisión Nacional del Agua, subraya que las ciudades y poblaciones del país se han vuelto más vulnerables a los fenómenos hidrometeorológicos, debido al cambio climático y entre otras causas al crecimiento poblacional, que en algunos casos ha implicado la proliferación de asentamientos urbanos irregulares, la invasión de cauces y zonas inundables, agrícolas y de reserva ecológica; la deforestación de las cuencas  que genera mayores escurrimientos con erosión y arrastre de tierra, azolvamiento de cauces y presas y daños a las obras de control, aunado a una mayor intensidad y frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos.

Séptimo.Un desastre natural, tiene lugar, cuando la sociedad o una parte de ella, sufre daños severos y graves pérdidas, que impiden el cumplimiento de sus actividades normales. A pesar de esto, en ocasiones, las autoridades facultadas  para prevenir este tipo de calamidades, son complacientes, irresponsables  y omisas, confiadas en una falta de previsión  excesiva, al considerar remota la posibilidad  de que la población sufra un desastre.

Octavo. Que en este sentido, el Programa de Preparativos para Casos de Desastre de la Organización Panamericana de la Salud, expresa que “Los desastres no son meramente grandes accidentes, sino que implican la existencia de problemas sociales y de salud pública de magnitud excepcional, en un clima político y emocional, sumamente delicado”.

Noveno.La experiencia demuestra, que los desastres naturales, por cuestiones hidrometeorológicas se concentran en valles y costas. Ya el estudioso Ernesto Jáuregui, sostiene que “ninguna porción de las costas de México está libre de la llegada de un ciclón” y en buena parte de los estados del país, en los que destaca Guerrero, las trombas, los ciclones, los huracanes y las tormentas tropicales, son acontecimientos casi periódicos, por lo que las autoridades responsables, deben operar escrupulosamente, los sistemas de protección civil, para prever este tipo de emergencias naturales, máxime, cuando existe un estado de alerta que supone la adopción de medidas precautorias y que los organismos responsables, enfrenten la situación con una intervención oportuna  y esmerada, a efecto de que los daños potenciales, sean mínimos.

Décimo.El huracán Paulina fue un ciclón tropical que tocó tierra en el sur de México a principios de octubre de 1997 y fue considerado uno de los más mortíferos, destructivos y costosos, en México, durante la segunda mitad del siglo XX.

La intensa precipitación, en pocas horas, ocasionó muy severos daños, destruyendo la ciudad y puerto de Acapulco, con el desbordamiento del río Camarón, inundaciones en La Sabana, Tres Palos, el anfiteatro de la bahía, y la Costera Miguel Alemán, entre otros; dejando cientos de personas muertas, más de 300 mil personas sin hogar y daños por miles de millones de dólares, colocándolo en el décimo puesto de los desastres naturales más devastadores de México.

Undécimo. No obstante lo anterior, de manera irresponsable, en el pasado reciente de  Acapulco, se otorgaron autorizaciones para desarrollos habitacionales sobre zonas de  humedales que, eran zonas de vocación ecológica y fueron cambiadas en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2001, como zonas para desarrollos inmobiliarios, permitiendo, incluso, miles de construcciones  sobre cauces de agua, que, ahora, ponen en riesgo a miles de familias, que de buena fe adquirieron una vivienda en las zonas Llano Largo, Coloso, Diamante, que están subordinadas potencialmente a las fuerzas naturales, que cuando son devastadoras, siembran a su paso, destrucción, muerte, desesperanza y lamentación. Es del dominio público que esa zona es de humedales y, por lo tanto, no era susceptible de utilizarse para construir viviendas.

Duodécimo. Recientemente, en el año 2007, la tormenta “Henriette”, en su fase de alejamiento, tocó tierras guerrerenses y azotó de manera particular, a la ciudad y puerto de Acapulco, provocando, precisamente, inundaciones en miles de casas y poniendo en peligro la vida de sus habitantes; desde La Sabana, Cayaco, Llano Largo, San Agustín, La Glorieta de Puerto Márques y hasta la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, entre otros, lugares donde se encuentran desarrollos habitacionales , tales como Homex, Ara y Geo. Lo más grave es que el volumen de agua que cayó no ameritaba inundaciones.

Decimotercero. Estos ejemplos revelan una serie de irregularidades, que deben ser subsanadas por las autoridades correspondientes, mediante la realización de las obras de infraestructura hidráulica necesaria y urgente que, ante una eventualidad de esta naturaleza, prevenga los efectos desastrosos que pudieran causar en la población civil y en su patrimonio, tal y como ha venido ocurriendo y cada vez con mayor frecuencia, en otras zonas del país: Chalco, estado de México, Distrito Federal, Tabasco, Michoacán, etcétera.

Decimocuarto. Por lo anterior, es de vital importancia garantizar la coordinación de los tres niveles de gobierno, para que las mas de 14 mil viviendas asentadas en estas zonas habitacionales cuenten con la infraestructura mínima necesaria que les garantice la  protección a su persona y a su patrimonio, en casos de fenómenos hidrometeorológicos, como los anteriormente señalados.

Decimoquinto. De acuerdo con las facultades, responsabilidades y disponibilidad de recursos que a cada orden de gobierno le corresponde, es procedente señalar que la Comisión Nacional del Agua, como una instancia técnica y de mayores atribuciones para atender este tipo de situaciones, es el organismo indicado, para la coordinación y ejecución de los trabajos de infraestructura que se requieran, lo anterior, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, tanto en lo que respecta a protección civil como al Fondo Nacional de Desastres, Fonden.

Decimosexto. Esta honorable soberanía no puede ser omisa a la gravedad de una situación latente y potencialmente riesgosa; por lo que es obligado urgir a la Comisión Nacional del Agua, para que a la brevedad concluya los estudios técnicos que determinen las obras y los costos de la infraestructura hidráulica que se requiere para evitar una desgracia mayúscula en esta zona; y al Fonden y a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que prevea la disponibilidad de los recursos financieros, que garanticen el inicio de las obras hidráulicas requeridas, que eviten una desgracia de la que, si no actuamos a tiempo, pudiéramos lamentarnos en el futuro inmediato.

Por lo anterior, se estima pertinente someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, para que, previo el Procedimiento Legislativo correspondiente, se discuta y, en su caso, se apruebe, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta de

Acuerdo Parlamentario

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua  para que agilice los estudios y  concluya el proyecto de la obra hidraúlica que evite inundaciones en las zonas habitacionales de La Sabana, Cayaco, Llano Largo, Puerto Marques, Luis Donaldo Colosio y Diamante, de Acapulco, Guerrero.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Fonden, para que prevean la disponibilidad  de los recursos financieros necesarios  para la realización de la obra hidraulica que garantice preservar vidas  y no recoger muertos, en esta zona habitacional de más de 14 mil viviendas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del hnorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de marzo de 2010.— Diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Balfre Vargas Cortez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita información sobre las auditorías realizadas a programas federales en materia de salud y sobre la averiguación previa relativa al desvío de recursos federales en el estado de Oaxaca.

El diputado Balfre Vargas Cortez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es importante que retomemos este punto, porque en esta tribuna han pasado muchos diputados y diputadas denunciando diferentes arbitrariedades que se vienen cometiendo por funcionarios, haciendo uso indebido de los recursos que se canalizan para otros fines.

Este caso no es la excepción, en donde juzgadores de las leyes han encontrado culpables a funcionarios y algunos otros están libres. Pero como ustedes saben, todos estos llamados, estas denuncias que se han realizado en esta tribuna, muchas de ellas han quedado impunes.

Por lo cual, quiero poner a consideración en este punto de acuerdo, sobre todo para que le demos seguimiento y vayamos exigiendo a los diferentes funcionarios y actores que ejercen un presupuesto, ponerle un alto, desde esta tribuna.

Por eso pongo a consideración estos dos puntos de acuerdo:

Primero. Por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública, envíe informe detallado sobre la auditoría realizada a programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca.

Segundo. Por el que se solicita información a la Procuraduría General de la República. Rinda un informe detallado sobre la averiguación previa 008/UEIDCSP-CAJ/2007, relativa al desvío de recursos federales, contrataciones indebidas y pagos ilegales hechos por ex funcionarios, funcionarios y colaboradores del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca.

Es cuanto, diputado presidente. Solicito que se integre el documento en el Diario de los Debates de manera íntegra.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicitan al titular de la SFP un informe sobre las auditorías realizadas a programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno de Oaxaca; y a la PGR, datos respecto a la averiguación previa relativa al desvío de recursos federales cometido por funcionarios y ex funcionarios de dicha entidad, a cargo del diputado Balfre Vargas Cortez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Balfre Vargas Cortez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. En enero de 2007 la Secretaría de la Función Pública a través de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social realizó 15 auditorías a programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca, encontrando graves irregularidades en el ejercicio y la comprobación de recursos, como lo demuestra la auditoria OAX/001/07 que arrojó un desvío de recursos federales por 254 millones de pesos.

Con base en esta información –que revela la existencia de una extensa red de corrupción en Oaxaca– la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública presentó dos denuncias penales ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República en ese año 2007, a las que se les asignó el número de averiguación previa 008/UEIDCSP-CAJ/2007, por el desvío a cuentas bancarias no autorizadas recursos federales destinados originalmente al acondicionamiento de hospitales, programas de atención médica infantil, y la prevención y el control del sida, cuyo panorama epidemiológico ubica a este estado del sureste en el noveno sitio en torno al impacto de esta epidemia y que afecta principalmente a amas de casa de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud estatal, y cuyo Consejo Estatal para la Prevención y Control del sida para todo el estado de Oaxaca (Coesida), se ubica precisamente en la región de San Bartolo Coyotepec a donde iban destinados los recursos federales que se desviaron.

Segundo.El dinero en cuestión corresponde a un convenio de coordinación y reasignación de recursos, firmado el 21 de septiembre del año 2005, por la Secretaría de Salud federal y el gobierno de Oaxaca. El monto de dicho convenio ascendía a 254 millones de pesos, los cuales serían destinados para poner en funciones el hospital regional de alta especialidad, ubicado en el municipio de San Bartolo Coyotepec.

De acuerdo con las auditorías practicadas se detectó que servidores públicos oaxaqueños aplicaron discrecionalmente los recursos federales para financiar programas diversos a los autorizados, pagos irregulares, transferencias interbancarias distintas a las autorizadas, con el propósito de financiar otros programas estatales ajenos a los objetivos del convenio, como contratar obra pública no estipulada y la adquisición de instrumental médico.

Tercero.Ha pesar de que en Oaxaca aún existen enfermedades como la malaria, es uno de los estados más rezagados en materia de salud a escala nacional, incluso, sus indicadores son similares a los países más pobres de África. Sin embargo, funcionarios estatales encabezados por Ulises Ruiz Ortiz, han sido omisos y negligentes en erradicar los problemas más apremiantes y que más aquejan a los oaxaqueños, como los que corresponden en materia de salud, tal como se demuestra con el desvío millonario, del que se da cuenta, de recursos públicos en el manejo de programas federales.

En esta red de corrupción se encuentran involucrados el ex secretario de Salud estatal Juan Ramón Díaz Pimentel quien presuntamente desvió 6.5 millones de pesos de los 254 detectados, durante su gestión del 1 de diciembre del 2004 al 31 de octubre del 2005, y a quien en pasados días la juez segunda de Distrito del Reclusorio Norte, Graciela Malja, dictó formal prisión en la causa penal 110 / 2009 por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, previsto y sancionado en el artículo 217 del Código Penal Federal.

La juzgadora halló indicios de que este ex funcionario autorizó, contrató y pagó una construcción conocida como “Pabellón de Oncología”, en un principio con recursos cuyo origen es incierto, y ya luego con recursos federales, cuyo proyecto no formaba parte del señalado para el hospital de especialidades.

De la imputación se desprende que Juan Ramón Díaz Pimentel emitió un acuerdo administrativo para aplicar recursos federales al pabellón, para lo cual tuvo que signar el cheque número 019 del 20 de octubre de 2005 por 6 millones 500 mil pesos con cargo a la cuenta bancaria 00194538938 de Banorte, a nombre de “SSO Equipamiento Hospital de Especialidades.

De lo que se desprende que los recursos presupuestados de forma exclusiva para el hospital de especialidades, fueron desviados para cubrir los pasivos del pabellón de oncología.

Cuarto.También se encuentran involucrados en esta red de funcionarios corruptos, el actual titular de la Secretaría de Salud oaxaqueña, Martín Vásquez Villanueva, el cual enfrenta la indagatoria 007/UEIDCSPCAJ / 2007, por irregularidades en recursos del ramo de salud otorgados en 2006 por un monto de 75 millones de pesos.

Los demás implicados en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades son Marco Vinicio Palacios Ortiz, secretario particular del secretario de Salud; Raúl Josafat Cortés Agüero, ex subdirector de finanzas; Sonia Martínez Montiel, jefa de departamento de adquisiciones y secretaria ejecutiva del comité de adquisiciones de los servicios de salud; Adolfo Jesús López Valdez Mañón, ex secretario técnico de los servicios de salud; Miguel ángel Martínez Santiago, jefe del departamento de control presupuestal y vocal del comité de adquisiciones de los servicios de salud; Jesús Martín Mier, jefe del departamento de almacenaje y distribución; Aarón Pérez Bautista, vocal del comité de adquisiciones de los servicios de salud; Adolfo Peña Castro, vocal del comité de adquisiciones; Juan Manuel Murcia Rodríguez, vocal del comité de adquisiciones; Miguel Ángel Colmenares Martínez, vocal del comité de adquisiciones; Miguel Ángel Nakamura López, vocal del comité de adquisiciones; y Ángel Luis Rivera Hernández, director de control del ejercicio presupuestal en la Secretaría de Salud federal. Y por el delito de ejercicio indebido del servicio público Arturo Pérez Estrada, director general de desarrollo de la infraestructura física de la secretaría de salud federal.

Quinto.En Oaxaca la mayoría de la población de escasos recursos económicos no tiene acceso a los sistemas de seguridad social y se ven obligados a utilizar los servicios de los centros de asistencia social en los que por lo general escasean materiales y medicamentos, no hay duda de que la tendencia de las políticas gubernamentales van encaminadas a privatizar los servicios de salud, a la que además hay que agregarle la incompetencia y corrupción de funcionarios públicos como es el caso del que por este punto de acuerdo se denuncia y por el que se solicita a esta soberanía la creación de una comisión especial que de seguimiento al desvío, contrataciones indebidas y pagos ilegales con recursos públicos realizados por funcionarios públicos oaxaqueños, para que este caso no quede como tantos otros en la impunidad.

Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía la presente con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública envíe un informe detallado sobre las auditorias realizadas a programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca;

Segundo.Se solicita a la Procuraduría General de la República rinda un informe detallado sobre la averiguación previa 008/UEIDCSP-CAJ/2007, relativa al desvío de recursos federales, contrataciones indebidas y pagos ilegales hechos por ex funcionarios, funcionarios y ex colaboradores del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca.

Palacio Legislativo, a 18 de marzo de 2010.— Diputado Balfre Vargas Cortez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Como lo solicita, señor diputado, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México... No se encuentra en el recinto.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se recibió de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas del gobierno estatal de Tamaulipas a que realice las acciones necesarias para cubrir las plazas de maestros jubilados en el municipio de Matamoros.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas de Tamaulipas a realizar las acciones necesarias para cubrir las plazas de maestros jubilados en Matamoros, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades educativas del gobierno estatal en Tamaulipas a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen a la brevedad las acciones necesarias para cubrir las plazas de maestros jubilados en el municipio de Matamoros, debido a que las vacantes en la referida plaza se encuentran afectando la educación de un número indeterminado de alumnos, de igual modo, se exhorta a las autoridades educativas del gobierno federal a que dé el correspondiente seguimiento a las acciones emprendidas por el gobierno de Tamaulipas, hasta cubrir en su totalidad las plazas vacantes, bajo las siguientes

Consideraciones

En la actualidad nos podemos dar cuenta que existe un gran rezago dentro del ramo de la educación en nuestro país, por lo que, hoy más que nunca, en todos los niveles de gobierno de cada estado así como cada uno de los ciudadanos debemos fomentar y promover los medios necesarios para que las aulas de todas las escuelas se encuentren funcionando a su máximo cupo de alumnos, así como de maestros que tengan la debida capacitación para impartir educación que sea de calidad.

Los pasados meses de noviembre y diciembre de 2009 en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, hubo un aproximado de 300 maestros de diferentes niveles educativos que realizaron sus trámites correspondientes para su jubilación, por lo que igual número de grupos en distintas escuelas se han quedado sin instructores, encontrándose a mitad del calendario escolar, lo que provoca así un rezago mayor en la educación al que existe ya en nuestro país.

Ante dicha problemática el coordinador del magisterio en Matamoros, Naif Hamsho Ibarra, ha realizado las acciones para selección de maestros egresados de las escuelas normales tanto públicas como privadas tratando de esta manera cubrir las plazas que fueron abandonadas por el personal que se encuentra en trámites de jubilación. Sin embargo dichos esfuerzos han sido insuficientes por lo que es urgente exhortar a las autoridades educativas federales y estatales para que realicen las medidas conducentes para que se pueda satisfacer la demanda de grupos que se encuentran sin maestro en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Al no contar con personal docente para las escuelas públicas que se encuentran en el municipio de Matamoros, los padres de los alumnos que acuden a dichas instituciones educativas se han comenzado a desesperar por el tiempo que se ha perdido, ya que temen que sus menores no puedan concluir los temas dentro de los tiempos marcados en el ciclo escolar conforme a la Secretaría de Educación Pública.

Por lo que, ahora más que nunca desde autoridades y representantes ciudadanos, debemos unir esfuerzos para combatir ese rezago educativo cada vez mayor en el progreso de los centros educativos y que inevitablemente se ve reflejado en el lento progreso y desarrollo de nuestro país

Es por todo lo anterior, que se somete a la consideración de esta asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas del gobierno estatal de Tamaulipas a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen a la brevedad las acciones necesarias para cubrir las plazas de maestros jubilados en el municipio de Matamoros, debido a que las vacantes en las referidas plazas se encuentran afectando la educación de un número indeterminado de alumnos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas del gobierno federal a que dé el correspondiente seguimiento a las acciones emprendidas por el gobierno de Tamaulipas, hasta cubrir en su totalidad las plazas vacantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la desincorporación e incorporación del terreno del parque nacional El Veladero.

El diputado Alejandro Carabias Icaza:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, El Veladero es un parque nacional decretado en 1980 y se ubica en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, en Guerrero. Tiene una vegetación de selva baja caducifolia que provee servicios ambientales fundamentales para hacer viable la actividad turística de Acapulco.

Esta zona posee un gran valor ecológico e histórico, y por sus condiciones de clima reunió en su momento los requisitos favorables para el establecimiento de un parque nacional. Desafortunadamente, desde su declaratoria, el parque se ha venido invadiendo continuamente, estableciéndose diversos asentamientos humanos y llevándose a cabo actividades prohibidas que han venido degradando y erosionando el parque.

Debido a esta degradación ambiental, en el 2000 se modificó por la federación el polígono del parque, para poder desincorporar 325 hectáreas e incorporar otras 825 hectáreas. Sin embargo, a 10 años del inicio, este proceso no se ha concluido.

Los esfuerzos para conservar y proteger el parque no tendrán resultados mientras no culmine este proceso de incorporación-desincorporación, y no exista, por supuesto, un programa de manejo del parque nacional El Veladero. Esto quiere decir que tenemos un rezago de 30 años en la publicación del plan, lo cual es ya una omisión inaceptable.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde externa su profunda preocupación por la situación del parque nacional El Veladero y los graves problemas económicos, sociales y ambientales para el futuro de Acapulco y de Guerrero, si no se actúa de manera decidida.

Así pues, proponemos exhortar, primeramente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a concluir los trámites pendientes en el proceso de desincorporación e incorporación de los terrenos del parque nacional El Veladero. Y, en segundo término, proponemos exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a publicar a la brevedad el programa de manejo del parque nacional El Veladero. Por su atención, gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la desincorporación e incorporación de terrenos del parque nacional El Veladero, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM

Alejandro Carabias Icaza, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Veladero es un parque nacional decretado el 17 de julio de 1980. Se halla en Coyuya de Benítez y Acapulco de Juárez, Guerrero. Tiene una superficie de 3 mil 617 hectáreas, con una vegetación predominante de selva baja caducifolia.

El área provee servicios ambientales importantes; por ejemplo: contiene el avance de la mancha urbana de Acapulco, contribuye al control de la contaminación ambiental, conserva la flora y fauna regionales, contrarresta el fenómeno de isla de calor de la mancha urbana y mantiene un paisaje natural que forma parte de la propia oferta turística de Acapulco.

La declaratoria de parque nacional indica que la región posee valor ecológico e histórico, y que por sus condiciones de clima y variedad de vegetación subtropical, reúne requisitos favorables para el establecimiento de un parque nacional que mejore el aspecto estético e influya en el mejoramiento del hábitat de los asentamientos humanos del lugar y contribuya a su recreación.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) indica en el artículo 50 que en los parques nacionales sólo se permite la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos. Es decir, no se permiten actividades productivas, como agricultura o ganadería, ni asentamientos humanos.

La misma declaratoria del parque reconoce que los terrenos han sido ocupados en diversas áreas para usos habitacionales, lo que va en detrimento de la preservación de su flora, lo cual propicia su erosión y paulatina degradación.

La situación ha empeorado con los años, de modo que la invasión de terrenos ha favorecido la tala ilegal, la construcción de una carretera en el área protegida y la degradación de los servicios ambientales. Además, la población civil asentada en las barrancas y los cauces se encuentra en alto riesgo por los deslaves naturales.

Debido a la degradación ambiental, el 29 de noviembre de 2000 se reformó la declaratoria del parque, con la indicación de que los asentamientos humanos irregulares ocasionaron degradación de los suelos, poca o nula recarga de los mantos acuíferos, migración de la fauna y sustitución de especies vegetales nativas, lo que desnaturalizó parcialmente la función de dicha superficie como parte del área natural protegida. En consecuencia, se modificó el polígono del parque, desincorporando 325 hectáreas e incorporando 825 a las que no se dio carácter expropiatorio.

A la fecha, 2 mil 774 hectáreas del parque nacional están pendientes de pago expropiatorio, además de que no se ha concluido la desincorporación e incorporación de los terrenos. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reporta que ya finalizó el plano topográfico de áreas a de-sincorporar e incorporar. El área jurídica analiza actualmente el plano.

La delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta que 15 mil familias ocupan 400 hectáreas del parque nacional, con viviendas de concreto y madera.

Los esfuerzos para detener las invasiones han sido infructíferos. En 2009 se invirtieron 400 mil pesos para construir una cerca, pero a la fecha el parque carece de un programa de manejo, pese a que la propia LGEEPA señala –en el artículo 65– que éste debe formularse en el plazo de un año a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial. Por consiguiente, hay un retraso de casi 30 años en el cumplimiento de la disposición.

El programa de manejo resulta esencial para la conservación de cualquier área natural protegida, pues establece la participación de los habitantes, los propietarios, los poseedores, las dependencias competentes, y los gobiernos estatales y los municipales, así como las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas en la protección y el uso sustentable del lugar. Los programas de manejo ayudan en gran medida a prevenir y mitigar el deterioro ecológico.

Si no se concluyen los trámites de incorporación y desincorporación de terrenos, y si no se publica el programa de manejo, continuarán las invasiones, y el parque nacional podría desaparecer, acarreando problemas ambientales y sociales muy graves para Acapulco.

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a concluir los trámites pendientes de incorporación y desincorporación de los terrenos del parque nacional El Veladero.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar con la mayor brevedad el programa de manejo del parque nacional El Veladero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de marzo de 2010.— Diputado Alejandro Carabias Icaza (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

MIELOMA MULTIPLE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del IMSS, a incluir el medicamento Bortezomib en el cuadro básico institucional de medicamentos.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos:Con su venia, señor presidente. Le solicito que se integre el texto íntegro del punto de acuerdo en el Diario de los Debates.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna a presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a considerar la inclusión del medicamento Bortezomib (Velcade), contra el padecimiento del mieloma múltiple, dentro de su cuadro básico institucional de medicamentos.

El mieloma múltiple es una enfermedad hematológica que afecta las células plasmáticas que producen inmunoglobulina. Dichas células producen anticuerpos que nos defienden de infecciones y otras sustancias extrañas, antígenos.

Es el segundo cáncer hematológico más común. La enfermedad representa aproximadamente el 1 por ciento de todos los cánceres y el 10 por ciento de todos los cánceres hematológicos.

El mieloma actualmente es incurable y el promedio de sobrevida no excede los cuatro años con quimioterapia convencional. Afecta primordialmente a adultos mayores, aunque desafortunadamente cada vez se presenta con mayor frecuencia en gente joven en edad productiva, a partir de los 20 años.

Uno de los problemas para detectarlo en una etapa temprana es que sus síntomas no son fácilmente identificables, incluso se llegan a confundir con otros males. Si no es tratada oportunamente, la enfermedad afecta el desarrollo de células originando una acumulación anormal de células malignas dentro de la médula ósea y otros tejidos, resultando un cuadro de anemia con su sintomatología acompañante.

El tratamiento está centrado en una secuencia de terapias con el propósito de alcanzar respuestas duraderas y el tratamiento de la recaída con cursos subsecuentes de tratamiento. Los objetivos del tratamiento farmacológico han demostrado, en diversos ensayos clínicos, su alta eficacia y seguridad como alternativa para obtener una prolongación de vida, con altas tasas de respuesta de mayor duración y mejores perfiles de seguridad y menos toxicidad.

Actualmente la incidencia en México se enfoca a 4 mil casos nuevos al año, 2 mil 800 muertes al año y sólo el 25 por ciento sobrevive más de 5 años.

El pronóstico del mieloma múltiple depende del estado en que se encuentra la enfermedad y de la edad del paciente. Antes de utilizarse la quimioterapia, el promedio de supervivencia era de cerca de siete meses, pero con la introducción de la quimioterapia el pronóstico mejoró significativamente, dándose un promedio de supervivencia de 3 a 5 años y una supervivencia de 10 años en el caso de 3 por ciento de los que se presentan.

Existe también la terapia de inducción convencional para el trasplante de células madre, vincristina, adriamicina y dexametasona, pero ésta está empezando a ser reemplazada por terapias novedosas incluyendo talidomida y Bortezomib. Por ello resulta fundamental contar con acceso a fármacos modificadores de la enfermedad y terapias biológicas.

Gracias al avance de la ciencia médica hay medicamentos que reducen los síntomas de dolor, a la vez que alteran el proceso de la enfermedad, mejorando significativamente la adherencia del paciente y previniendo la destrucción ósea.

Bortezomib es comercializado en el mercado privado desde 2005 y se encuentra desde 2007 en los cuadros básicos de instituciones públicas de seguridad social como son ISSSTE, Pemex y Sedena, a excepción del IMSSS.

En México la Cofepris otorgó la licencia sanitaria correspondiente y fue por el Consejo de Salubridad General para su inclusión en el cuadro básico interinstitucional con clave 4448 en la sección de oncología.

Con el fin de atender la solicitud de pacientes derechohabientes del IMSS organizamos una reunión el primero de marzo. Los familiares, pacientes y médicos especialistas solicitan el apoyo para que se integre al Instituto Mexicano del Seguro Social este medicamento.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo:

Se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de presidente de la asamblea general del mismo, a incluir el medicamento Bortezomib (velcade) en el cuadro básico institucional de medicamentos. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS, en su carácter de presidente de la Asamblea General de éste, a incluir el Bortezomib (Velcade) en el cuadro básico institucional de medicamentos, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Pérez Ceballos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, que se fundamenta en las siguientes

Consideraciones

El mieloma múltiple es una enfermedad hematológica que afecta las células plasmáticas que producen inmunoglobulina. Éstas producen anticuerpos que defienden de infecciones y otras sustancias extrañas (antígenos). Se engloba en los cuadros denominados “gammapatías monoclonales” y es el segundo cáncer hematológico más común. La enfermedad representa aproximadamente 1 por ciento de los cánceres y 10 por ciento de los cánceres hematológicos. El mieloma es incurable actualmente, y el promedio de sobrevida no excede de cuatro años con quimioterapia convencional.

Afecta de manera primordial a adultos mayores, aunque desafortunadamente se presenta frecuencia creciente en gente joven, en edad productiva, a partir de 20 años. Uno de los problemas para detectarlo en una etapa temprana es que sus síntomas no son fácilmente identificables e incluso se llegan a confundir con los de otros males.

La incidencia del mieloma múltiple ha ido aumentando en las décadas pasadas. La base genética para el mieloma familiar se entiende muy poco. Los únicos factores de riesgo definitivos para el mieloma son el avance de la edad, sexo masculino, historia familiar o malignidad linfoide y diagnóstico de gammopatía monoclonal de relevancia indeterminada.

Si no es tratada oportunamente, la enfermedad afecta el desarrollo de células, originando una acumulación anormal de células malignas en la médula ósea y otros tejidos, resultando un cuadro de anemia con su sintomatología acompañante (cansancio, palidez, taquicardia, sofocos, etcétera), bajo conteo de glóbulos blancos y de plaquetas. También se producen intensos dolores óseos y a veces fracturas espontáneas. Como consecuencia de la presencia de una proteína anómala en la sangre, puede derivarse un daño en los riñones que desencadene una insuficiencia renal.

El tratamiento está centrado por tanto en una secuencia de terapias con el propósito de alcanzar respuestas duraderas y el tratamiento de la recaída con cursos subsecuentes de tratamiento. Los objetivos del tratamiento farmacológico han demostrado en diversos ensayos clínicos su amplia eficacia y seguridad como alternativa para obtener una prolongación de vida con altas tasas de respuesta, respuestas de mayor duración y mejores perfiles de seguridad-menor toxicidad.

Actualmente, la incidencia en México es de 4 mil casos nuevos y de 2 mil 800 muertes al año; sólo 25 por ciento sobrevive más de 5 años.

El pronóstico del mieloma múltiple depende del estado en que se encuentra la enfermedad y de la edad del paciente. Antes de utilizarse la quimioterapia, el promedio de supervivencia era de cerca de 7 meses, pero con la introducción de la quimioterapia el pronóstico mejoró significativamente, dándose un promedio de supervivencia de 3 a 5 años y una supervivencia a 10 años de 3 por ciento.

Para atacar en cierta medida esta enfermedad es necesario aprovechar la ventana de oportunidad que se deriva de una detección precoz y un tratamiento oportuno de primera línea mediante una terapia de dosis alta, seguido por trasplante de células madre hematopoyéticas autólogas, pero tal opción de tratamiento está disponible para sólo una minoría de pacientes debido a la edad, estatus de desempeño pobre o comorbilidad severa.

Hay también la terapia de inducción convencional para el trasplante de células madre, vincristina, adriamicina y dexametasona, pero empieza a ser reemplazada por terapias novedosas, incluyendo talidomida, Bortezomib.Por ello resulta fundamental contar con acceso a fármacos modificadores de la enfermedad y terapias biológicas. Gracias al avance de la ciencia médica, hay medicamentos que reducen los síntomas de dolor, a la vez que alteran el proceso de la enfermedad, mejorando significativamente la adherencia del paciente y previniendo la destrucción ósea.

El Bortezomib está aprobado por las principales entidades regulatorias, como FDA, EMEA, Japón y en los principales países de Latinoamérica. Actualmente se comercializa en 87 países. Cuenta con la recomendación de uso en las principales guías de tratamiento para mieloma múltiple a escalas nacional e internacional: guías europeas, guías mexicanas, protocolo de tratamiento en el Hospital 20 de Noviembre, Practice guideliness in oncology,NCCN.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorgó la licencia sanitaria correspondiente y fue aprobado por el Consejo de Salubridad General para su inclusión en el cuadro básico interinstitucional.

Bortezomib es comercializado en el mercado privado desde 2005 y se encuentra desde 2007 en los cuadros básicos de instituciones públicas de seguridad social, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos y la Secretaría de la Defensa Nacional, con excepción del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se considera que hay mil 193 pacientes con mieloma múltiple en el IMSS, 413 son pacientes con recaída o refractarios, por lo que son prioritariamente considerados candidatos para tratamiento con Bortezomib.

Con la evidencia científica disponible, se aprecia que el Bortezomib ha transformado la historia natural del mieloma múltiple: de ser una enfermedad mortal para muchos pacientes, se ha convertido para otros tantos en una enfermedad crónica. Sin Bortezomib y una vez que se declara la condición refractaria, la salud del paciente se deteriora progresivamente durante algunos meses, antes de su muerte. El paciente pierde las posibilidades de llevar una vida digna y socialmente aceptable. Su enfermedad también transforma de modo negativo la vida de sus familiares, considerando los grandes gastos, que acaban con su patrimonio.

A fin de atender la solicitud de pacientes derechohabientes del IMSS, el pasado 1 de marzo se llevó a cabo una reunión en la que, con la participación de legisladores, médicos especialistas del IMSS y del ISSSTE, y pacientes de mieloma múltiple y familiares, se expresó su solicitud a fin de buscar como elemental principio de justicia la posibilidad de disponer de los tratamientos más actualizados, con objeto de ampliar su sobrevida y la calidad de ésta, como sucede con derechohabientes de otras instituciones de seguridad social en el país.

En cuanto al análisis presupuestario, el estudio fármaco-económico demuestra que la compra de Bortezomib es la opción costo-efectiva más recomendable en el tratamiento del mieloma múltiple, en especial para el avanzado y el refractario.

De acuerdo con lo anterior, es recomendable que se incluya en el cuadro básico del IMSS el medicamento Bortezomib, a fin de ofrecer las mismas opciones de tratamiento a que tienen acceso los pacientes de las otras instituciones de seguridad social y procurar un trato equitativo como elemento de justicia al que siempre aspira el sistema de salud del país.

Las acciones que contribuyen a fortalecer la equidad social se distinguen por el consenso que alcanzan entre los grupos parlamentarios. El propósito de presentar este punto de acuerdo se nutre de un legítimo sentido humano que, de igual forma, anima las acciones cotidianas del IMSS.

Por lo expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de presidente de la asamblea general de éste, a incluir el medicamento Bortezomib (Velcade) en el cuadro básico institucional de medicamentos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.— Diputados: Silvia Esther Pérez Ceballos, Sergio Tolento Hernández, Miguel Angel Terrón Mendoza (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.

No habiendo quien se inscriba para hacer uso de la palabra, se considera suficientemente discutido.

Le pido a la Secretaría que en votación económica consulte a la asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Comuníquese.

Tiene la palabra el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal... No se encuentra en el recinto.

PRECIOS DE COMBUSTIBLE

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía que informen sobre el incremento en los precios de combustible.

El diputado Pedro Ávila Nevárez:Con su permiso, señor presidente. México se vuelve progresivamente más pobre. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, Coneval, de 2006 a 2008, 5.1 millones de personas pasaron a engrosar la estadística de pobreza de patrimonio. La cifra global creció de 44.7 por ciento a 50.6 por ciento millones de personas, igualmente el número de personas en pobreza alimentaria aumentó en 5.1 millones, llegando a un total de 19.5 millones en 2008.

Estos datos nos hablan de que a más de 19 millones de personas en nuestro país no les alcanza para comprar una canasta básica de alimentos, 50.6 millones de mexicanos, aunque inviertan en ello todo el ingreso del hogar, no pueden cubrir completamente el costo de una canasta alimentaria y hacer los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación.

Hoy más que nunca, la situación de nuestra patria es alarmante. Estamos al borde de un estallido social.

En diciembre del año pasado se acordó un ridículo incremento de 4.85 por ciento a las percepciones salariales para 2010, quedando en 59 pesos el salario mínimo en promedio en las tres áreas geográficas. Este aumento en nada ayuda a recuperar el poder adquisitivo de las trabajadoras mexicanas y los trabajadores mexicanos, de las clases medias, de la gente más pobre. No alcanza para vivir dignamente ni para cubrir las necesidades básicas indispensables.

Hoy todos los precios en cualquier mercado de la Ciudad de México o de la provincia, vemos que el azúcar está a más de 15 pesos, el huevo a 19, la leche a 14, el litro de aceite a 21 pesos, el tomate a 28, el arroz a 16, y así, así siguen los precios, sube y sube. Y a los pobres subiéndoles la canasta básica hasta lugares en que ellos no pueden adquirirle.

Lejos de emprender acciones que atiendan esta grave situación que padecen las familias mexicanas, el gobierno federal recrudece el castigo. El fin de semana pasado, como parte de su estrategia de deslizamiento en el precio de los combustibles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicó su tercer incremento en el año a los precios de los combustibles. El quinto en cuatro meses.

Este incremento se hizo a lo callado, sigilosamente, anunciado mediante un comunicado emitido el viernes en la noche, un gasolinazo vergonzante. A partir del sábado los particulares y transportistas de pasajeros y carga pagan 8 centavos más por cada litro de gasolina Magna y diesel.

Por eso queremos decir al presidente Felipe Calderón, desde esta tribuna de la patria y a nombre del Partido Revolucionario Institucional, que deje de aumentar los artículos de primera necesidad al pueblo de México. La gente ya no sabe qué hacer, porque no tienen qué llevar a su casa para darles de comer a sus hijos.

Por eso en este día les hacemos un llamado muy atento, porque de no tomar medidas hoy podemos lamentarlo dolorosamente mañana, ante un desbordamiento del enojo social del hambre y la desesperación de los millones de mexicanos y de mexicanas que no saben si el día de mañana podrán llevarse el pan a la boca.

Como representantes populares nos corresponde demandar de los funcionarios del Poder Ejecutivo federal acciones que ayuden a remontar esta difícil situación.

Punto de acuerdo. Único. Se solicita, respetuosamente, al secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, que remita un informe a esta soberanía nacional...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pedimos concluir, diputado.

El diputado Pedro Ávila Nevárez:Ahorita concluyo. Y también los pobres van a concluir cuando se levanten y hagan un estallido social, porque no tienen para comer. También ellos les van a pedir tiempo cuando ya no tengan ni una tortilla que llevarse a la boca.

Único. Se solicita, respetuosamente, al secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, que remita un informe a esta soberanía nacional con el calendario previsto para este año para los incrementos al precio de los combustibles, señalando con claridad las fechas y los montos de los incrementos. Y que informe sobre el destino que dan a los recursos generados en virtud de dichos incrementos, explicando con detalle en qué obras o programas invierten.

Y, el tiempo es de los pobres, es del pueblo, es del que votó por nosotros y nosotros debemos responder a ellos. No venimos aquí a jugar. Venimos a defender al pueblo de México. Gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SHCP y de la SE que informen respectivamente sobre el incremento de los combustibles y la vigilancia de los precios de productos y servicios de consumo y uso populares, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Pedro Ávila Nevárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

México, se vuelve progresivamente más pobre.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, de 2006 a 2008, 5.9 millones de personas pasaron a engrosar la estadística de pobreza de patrimonio; la cifra global creció de 44.7 a 50.6 millones de personas. Igualmente, el número de personas en pobreza alimentaria aumentó en 5.1 millones, llegando a un total de 19.5 millones en 2008.

Estos datos nos hablan de que a más de 19 millones de personas en nuestro país no les alcanza para comprar una canasta básica de alimentos.

50.6 millones de mexicanos –aunque inviertan en ello todo el ingreso del hogar– no pueden cubrir completamente el costo de una canasta alimentaria y hacer los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación.

Hoy más que nunca, la situación es alarmante.

En diciembre del año pasado se acordó un ridículo incremento de 4.85 por ciento a las percepciones salariales para 2010, quedando en 59 pesos diarios el salario mínimo en promedio en las tres áreas geográficas. Este aumento en nada ayuda a recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores mexicanos. No alcanza para vivir dignamente, ni para cubrir las necesidades básicas indispensables.

Precios del día de hoy de algunos productos de la canasta básica en un mercado popular de la ciudad de México nos hablan de la distancia entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica: azúcar, 15 pesos; huevo, 19; leche, 14.50 el litro; aceite, 21 pesos; tomate, 24; arroz, 16; atún, 9 pesos la lata, tortilla 8.50; carne de res, 86 pesos el kilo; pescado, entre 120 y 160 pesos el kilo. Muchos se alejan del alcance de las de familias. Otros, como la carne de res y pescado, se vuelven un lujo.

Lejos de emprender acciones que atiendan esta grave situación que padecen las familias mexicanas, el gobierno federal recrudece el castigo.

El fin de semana pasado, como parte de su estrategia de desliz en el precio de los combustibles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicó su tercer incremento en el año –el quinto en cuatro meses– a los precios de los combustibles.

Este incremento se hizo a la callada, sigilosamente, anunciado mediante un comunicado emitido el viernes en la noche: un gasolinazo vergonzante. A partir del sábado, los particulares y transportistas, de pasajeros y carga, pagan 8 centavos más por cada litro de gasolina Magna y diesel.

Hacienda defiende los incrementos argumentando que son medidas responsables para fortalecer las finanzas públicas y dice que, para evitar impactos abruptos en la inflación, los ajustes son graduales y periódicos.

¡Falso! Recordemos que los dos últimos incrementos del año pasado se aplicaron el 19 y el 26 de diciembre y en 2010 el primero se aplicó el 1 de enero. ¡Tres incrementos en menos una quincena!; luego, 6 de febrero, y este último, 6 de marzo, ¿cuál periodicidad? La Secretaría de Hacienda no deja claro un patrón de incremento para las gasolinas y sorprende a los usuarios con incrementos a discreción e imprevistos, anunciados en la víspera.

Todos sabemos que al incrementarse las gasolinas, se incrementan los precios de los productos. Para el transporte de carga el diesel representa hasta el 25 por ciento de sus costos. Alguien tiene que absorberlo y generalmente son los consumidores finales.

Las finanzas públicas ciertamente son un componente importante de la economía de un país, pero no lo son todo. Se mira y opera con ojos miopes al privilegiar el funcionamiento del aparato gubernamental en detrimento de amplios sectores de la población. No se puede sacrificar a la población de menores ingresos en aras de una política tarifaria de dudosas metas y resultados. La insuficiencia de los ingresos, el desempleo que no cede y la falta de resultados en las políticas para mejorar el nivel de vida de la población nos colocan ante un severo riesgo, grave y eminente: el riesgo de un estallido social.

De no tomar medidas hoy, podemos lamentarlo dolorosamente mañana ante un desbordamiento del enojo social, del hambre y la desesperación de los millones mexicanos y mexicanas que no saben si mañana podrán llevarse el pan a la boca.

Como representantes populares nos corresponde demandar de los funcionarios del Poder Ejecutivo federal acciones que ayuden a remontar esta difícil situación y eviten las medidas que afecten a la población.

Por todo lo expuesto, someto a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, maestro Ernesto Cordero Arroyo, que remita un informe a esta soberanía sobre

1) el calendario previsto para este año para los incrementos al precio de los combustibles, señalando con claridad las fechas y los montos de los incrementos;

2) informe sobre el destino que da a los recursos generados en virtud de dichos incrementos, explicando con detalle en qué obras y programas se invertirán.

Segundo.Se emite un extrañamiento al secretario de Economía, ingeniero Gerardo Ruiz Mateos, por la insuficiencia de la política de precios y se le solicita informe a esta soberanía sobre las acciones y resultados de la secretaría a su cargo para cumplir con la vigilancia de precios de productos y servicios de consumo y uso popular y para garantizar –como comprometió en enero de este año, que el alza en los combustibles no fuera una justificación para abusos contra el consumidor.

Palacio Legislativo, a 18 de marzo de 2010.— Diputado Pedro Ávila Nevárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía.

Recibimos de la Junta de Coordinación Política una comunicación.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Roberto Gil Zuarth, subcoordinador de Proceso Legislativo del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional:

• Comisión de Economía: alta de los diputados Noé Fernando Garza Flores, como integrante y Enrique Salomón Rosas Ramírez, como integrante

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Comuníquese.

DIA MUNDIAL DEL AGUA

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:De acuerdo a lo establecido en la Junta de Coordinación Política, en la Mesa Directiva y en la Conferencia, estamos en estos momentos dando paso al siguiente punto del orden del día que es la agenda política.

En tales condiciones, el primer punto inscrito para la agenda política es el relativo al Día Mundial del Agua. Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

El diputado Alejandro Carabias Icaza:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en primer término, decir que me da mucho gusto tener la oportunidad de posicionar, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, un tema que por su propia importancia el propio grupo parlamentario propuso para tratar aquí en este espacio de agenda política.

El 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el Día Mundial del Agua se celebraría el 22 de marzo de cada año a partir de 1993. Asimismo, 10 años después la misma Asamblea General proclamó el periodo comprendido entre 2005-2015, como el decenio internacional para la acción: El agua, fuente de vida.

En el escenario internacional a pesar de que el planeta es 75 por ciento agua, sólo el 1 por ciento de ésta es agua dulce para consumo humano, independientemente de su estado y calidad.

La calidad y disponibilidad del agua del mundo está disminuyendo, fundamentalmente debido a actividades humanas. Dentro de los factores fundamentales que contribuyen al deterioro de la calidad del agua se encuentra el crecimiento demográfico, los cambios en las formas de producción y consumo que han conllevado a la expansión de los procesos industriales, la minería, la agricultura y la urbanización.

La calidad del agua disponible se deteriora por muchos factores, entre ellos tenemos la falta de monitoreo sobre esta calidad del agua, así como la falta de conciencia y conocimiento acerca de los posibles efectos de contaminantes naturales y antropogénicos en el medio ambiente.

El hecho de que en muchos países la calidad del agua no se considere como algo prioritario, ha dado por resultado una insuficiente asignación de recursos y la falta de coordinación para buscar soluciones integrales a los problemas de gestión integral de este valioso recurso natural.

Actualmente, según estadísticas internacionales, México ocupa el lugar 106 de 122 en el uso y calidad del agua que consume.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el agua para la recreación, la pesca, para beber y para el hábitat de los organismos acuáticos requiere altos niveles de calidad, mientras que para otros usos como la producción de energía hidroeléctrica, las normas de calidad son mucho menos importantes.

Por tal razón la definición que se puede dar de la calidad del agua llega a ser amplia y subjetiva. Es importante señalar que después de ser utilizada, el agua suele regresar al sistema hidrológico y si no es tratada, definitivamente afecta la disponibilidad en la calidad del recurso y el medio ambiente.

Por tal motivo el tratamiento de aguas es un principio que debe ser considerado en la política nacional, e impulsado en México con mayor decisión.

Según datos de la propia Conagua al 31 de diciembre de 2008, se nos dice que se logró una cobertura nacional de redes de agua potable de 90 por ciento, sin embargo, y de acuerdo a estos datos, todavía se encuentran más de 10 millones de mexicanos que no cuentan con acceso a redes de distribución de agua potable.

A esto habría que agregar que la distribución porcentual de los sitios de monitoreo de la calidad del agua muestra que México durante 2003 tenía el 28.8 por ciento con calidad de excelente de agua, mientras que para 2007 bajó al 21.9. Esto quiere decir que el 80 por ciento del agua disponible tiene en estos momentos algún grado de contaminación.

Las mejoras en la calidad del agua en nuestro país reducirían en 31 por ciento las enfermedades diarreicas que atacan a los sectores más desprotegidos de la sociedad, es decir, los niños en condición de pobreza.

Las autoridades encargadas del agua han omitido en múltiples ocasiones recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Este organismo menciona que el invertir en agua potable, alcantarillado y saneamiento para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, tendrían beneficios económicos que se han estimado, a nivel mundial, en 7 mil millones de dólares al año, en ahorros de gasto en instituciones prestadoras de servicios de salud y 340 millones de dólares en gastos individuales.

Además especialistas han informado que en México entre el 30 y el 50 por ciento del agua de las redes de distribución se pierde en fugas, lo que genera un grave problema de desabasto y tiene que ver con una falta de cultura del cuidado y la conservación, pero, sobre todo, por una falta de decisión en la inversión, en mantenimiento de las redes de los gobiernos municipales.

Para los diputados del Partido Verde el acceso al agua debe ser una garantía constitucional. Por ello hemos presentado iniciativas en este sentido que consideran que el servicio de agua óptimo no sólo consiste en abastecer el volumen necesario a cada habitante, sino también garantizar que su calidad sea adecuada, a fin de poder evitar los mencionados daños a la salud.

Finalmente, es necesario que incorporemos en el sistema jurídico mexicano el derecho al agua como garantía estipulada en la Carta Magna. De esta manera podemos reorientar de manera más firme y decisiva las políticas generales de gestión integral del agua, tanto a nivel general como a nivel local, y poder desarrollar así acciones en materia de seguridad hídrica que garanticen para este país el poder tener acceso al agua para ésta y las futuras generaciones. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Laura Arizmendi Campos, de Convergencia, hasta por 5 minutos.

La diputada Laura Arizmendi Campos:Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias anticipadas por su atención. En el Día Mundial del Agua el deterioro progresivo de nuestro medio ambiente se ha convertido, en el curso de las últimas décadas, en una grave amenaza, no sólo para la calidad de la vida, sino para la permanencia de la misma.

Probablemente el agua sea el único recurso natural que atañe a todos los aspectos de la civilización, desde el desarrollo agrícola e industrial hasta los valores culturales arraigados en la sociedad. La vida en el planeta, que comenzó con la existencia del agua y ese nexo entre la vida y el agua sigue y seguirá intacto.

A lo largo de la historia de la humanidad, la necesidad y la demanda de agua son cruciales para poder impulsar el de-sarrollo social, económico y cultural. No es exagerado afirmar que si hay una crisis del agua habrá también una crisis de desarrollo.

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y para la salud. El derecho a acceder al agua es indispensable para vivir dignamente y debe ser suficiente y adecuado.

El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades comprenden el derecho a mantener el acceso a un suministro necesario para ejercer dicho derecho y para no ser objeto de injerencias, como sufrir despojos u obstrucciones al suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos.

Esto implica el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población igualdad de oportunidades para disfrutar de la misma.

En México, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la Comisión Nacional del Agua, se estima que entre 12.1 y 12.8 millones de personas carecen de agua potable.

De acuerdo con las mismas fuentes, en algunos estados del país con menor desarrollo socioeconómico, como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, alrededor de la tercera parte de su población no tiene agua en su vivienda o en su predio.

El agua es condición necesaria para vivir dignamente y para la realización de otros derechos. El derecho humano de acceso al agua está reconocido por el artículo 11 del párrafo primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el derecho a un nivel de vida adecuado.

En tanto, el Comité del Consejo Económico, Social y Cultural de la Organización de las Naciones Unidas define el derecho humano al agua como el derecho de todos y todas, de disponer de agua para el uso personal y doméstico en cantidad suficiente, de buena calidad, y física y económicamente accesible.

En años recientes la contaminación incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual han implicado que un número importante de personas en México carezcan de un suministro suficiente de agua y de servicios adecuados de saneamiento.

El derecho al agua debe tener como características el abastecimiento suficiente y adecuado a las necesidades vitales de cada persona, tener una calidad adecuada para el uso personal y doméstico y ser accesible en términos económicos. Es decir, asequible para cualquier persona.

Por todo lo anterior es que en Convergencia consideramos que es tiempo de establecer las políticas públicas adecuadas para dotar de sustentabilidad el desarrollo, en armonía con el medio ambiente, alcanzar los acuerdos necesarios que permitan asegurar el abasto de este vital líquido para la población, empezando por promover un programa que contenga medidas de acción que no podemos ya retrasar.

Recargar los mantos freáticos de las comunidades. Construir, mantener y rehabilitar las obras de infraestructura hidráulica. Realizar campañas educativas para concientizar a la población sobre el aprovechamiento y uso racional del agua, y dotar de facultades jurídicas y políticas a los ayuntamientos para que sean los responsables de la administración y operación de los sistemas de agua.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, hasta por 5 minutos.

El diputado Gerardo del Mazo Morales:Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, el agua es esencial para la vida, sin embargo, es escasa para millones de personas en todo el mundo. Muchos millones de niños mueren a diario por enfermedades transmitidas por el agua y la sequía azota periódicamente a algunos de los países más pobres del planeta.

La situación del agua en el mundo sigue siendo precaria y la necesidad de adoptar un enfoque integrado y sostenible para la ordenación de los recursos hídricos es tan apremiante como siempre.

Las reservas actuales de agua no pueden satisfacer la demanda como consecuencia del alto crecimiento de la población, pautas de consumo insostenibles, prácticas de ordenamientos deficientes, contaminación, inversión insuficiente en infraestructura y utilización poco eficiente del agua.

En el marco del Día Mundial del Agua instaurado por la Organización de las Naciones Unidas desde el 22 de diciembre de 1993, Nueva Alianza expresa su preocupación y compromiso por impulsar, desde el Poder Legislativo, las acciones que sean necesarias para darle viabilidad a una política sustentable de uso, distribución y cuidado de este valioso recurso. México enfrenta problemas de disponibilidad no sólo por falta de agua, sino también por la calidad deficiente.

Para Nueva Alianza representa una obligación que, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, avancemos en el reconocimiento del vital líquido, con base en las disposiciones legales que establece el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se le reconozca como sector estratégico de seguridad nacional y de desarrollo humano.

Por ello es urgente avanzar hacia una eficiente y moderna gestión integrada de los recursos hídricos del país, que sea incluyente, participativa, con una legislación actualizada que responda a la problemática que se enfrenta.

Nueva Alianza está cierto en que con sentido de unidad podremos garantizar la viabilidad y el desarrollo sustentable que México y los mexicanos nos demandan.

En este sentido y como diputado federal, he puesto a consideración de este pleno un punto de acuerdo en el que expreso mi preocupación porque el agua sea un asunto de seguridad nacional y exhortando para que se dé atención prioritaria a una de las 13 regiones hidrológicas del país. Me refiero a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que sufre el deterioro ambiental producto de la intensificación de los procesos de desarrollo urbano y económico de las últimas décadas.

Recordemos que esta cuenca se ha consolidado como una de las regiones con mayor crecimiento industrial porcícola, ganadero y agroindustrial del país, creando ciudades medianas y grandes polos económicos de corredores industriales como el de Lerma, Toluca, en el estado de México y el de Jalisco.

Lo preocupante es que a pesar de su importancia para la zona más poblada del país, los cuerpos de agua del valle se encuentran altamente contaminados, pues se generan 6.3 metros cúbicos por segundo de aguas residuales y sólo se tratan 1.2 metros cúbicos.

Por ello solicito que dentro del Programa Nacional Hídrico 2007-2012, la Comisión Nacional del Agua considere a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago dentro de los proyectos emblemáticos que maneja.

Lo anterior a fin de que en un lapso no mayor de cinco años el saneamiento, la reforestación, la modernización del riego, el tratamiento y reuso de aguas contaminadas, el suministro y abasto de agua de consumo humano y la cultura de agua con base en disposiciones legales de multas y méritos a la buena conducción y manejo del agua, sean una realidad social.

Adicionalmente se pierde alrededor de 40 por ciento en fugas por las tuberías en mal estado, un hecho que no podemos seguir tolerando ante el riesgo de la escasez. Sólo para ejemplificar basta mencionar que hace 50 años nuestra disponibilidad de agua era de cerca de 18 millones de litros por habitante al año. Hoy en día, es de sólo 4 millones, es decir, hemos perdido 400 por ciento de nuestra disponibilidad.

Un mexicano consume por día cerca de 360 litros de agua y desperdicia un promedio de 250 litros. De seguir así, para el año 2025 las nuevas generaciones dispondrán sólo de 3 millones de litros de agua.

Este patrón de consumo nos debe motivar a la reflexión, ya que de acuerdo a lo que establece el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el promedio de consumo humano debe oscilar entre los 150 y 160 litros de agua al día. En México el consumo es más del doble de la norma internacional. Los datos señalados son reales.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los invito a la reflexión. En Nueva Alianza queremos que la celebración del Día Mundial del Agua de 2010 tenga un sentido más allá de la consideración, que se vea reflejado en acciones concretas.

La problemática que presenta el tema del agua en México es deficitario, demanda la actualización y el perfeccionamiento de la legislación en la materia. La participación de la sociedad y de los tres niveles de gobierno y la dotación de recursos públicos suficientes para la generación de infraestructura hidráulica que permita suministrar el vital líquido a toda la población del país y que coadyuve al pleno desarrollo de la actividad económica, tanto del sector urbano como del rural.

Es imperativo que las autoridades correspondientes ejerzan una supervisión estricta para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso al agua potable.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos sumamos al esfuerzo de amplios sectores de la sociedad, organismos internacionales y civiles por un proyecto integral de uso, distribución y cuidado del agua. Desde los niveles básicos de la educación es urgente promover una nueva cultura en el cuidado del agua.

Por el presente y por el futuro del país, es una responsabilidad que tenemos que asumir ahora. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, esos diputados del PAN que tanto querían trabajar, ¿dónde andan? Los del PRI también...

Eso, pero faltan muchos. No hay quórum, para variar, pero así está la vida.

Compañeros, compañeras, este tema del agua es muy importante. La verdad es que debimos haber empezado con el tema de la visita de Hillary Clinton y el intervencionismo estadounidense en nuestro país.

Pero bueno, estamos con éste que es muy importante también y quiero comentar. Jaime Cárdenas y un servidor presentamos una iniciativa en torno al tema del agua. Es un tema de la mayor prioridad, porque como aquí se ha dicho, es necesaria para la vida y a pesar de ello se ha hecho del agua una mercancía. Se vende al mejor postor y se trafica con ella, haciendo negocio de manera brutal y, sobre todo, aprovechándose de las colonias populares para clientelismo político y para lucrar con las necesidades de la gente.

La verdad es que tenemos que darle marcha atrás a todo el proceso de privatización del agua que empezaron los gobiernos de derecha, pero que efectivamente también gobiernos de izquierda han venido desarrollando y que han llegado al colmo del extremo de suspender el servicio del agua a quien no puede, por cualquier razón, pagar el servicio.

No debe haber, el agua debe ser un derecho humano fundamental y no debe haber razón alguna para no dar el abastecimiento a las familias mexicanas.

Se deben, sin duda, hacer campañas de educación y conscientización para un manejo racional y una mejor utilización de este bien importantísimo para la vida y se deben retomar como parte del patrimonio nacional inalienable, no privatizable y encaminado al desarrollo y al bienestar de los seres humanos.

Me parece que hay mucho qué hacer en esta materia, porque se plantea el petate del muerto de que se nos está acabando el agua, que ya no hay, que vamos a morir sin ella, y nos inundamos. Eso acredita que hay un mal manejo del agua. No puede ser, no sólo que nos inundemos, sino que además el agua de lluvia se vaya a las aguas negras y que luego paguemos un dineral en su procesamiento para limpiarla, cuando deberíamos encontrar mecanismos. Debe haber maneras técnicas para poder rescatar el agua de lluvia y utilizarla y no tener que mandarla a las aguas negras.

Tampoco debería haber casos como el que se da en los distritos donde nosotros fuimos electos, en Iztapalapa, donde hay pobladores, hay colonias que están no racionadas, sino simplemente carecen del abasto fundamental.

Hay familias que pasan semanas enteras sin recibir este líquido vital y no es un problema de Iztapalapa solamente, es un problema de la mayoría de las colonias pobres de nuestro país.

A las colonias de la gente adinerada no les falta nunca el agua, o muy eventualmente, y las colonias modestas reciben siempre un tratamiento inadecuado, injusto, clasista, sobre este asunto.

Por todas estas razones, nosotros consideramos que deben aprobase estas iniciativas presentadas por nosotros, en el sentido de que es un derecho humano fundamental, patrimonio de la nación, que bajo ninguna circunstancia debe privatizarse. Bajo ninguna circunstancia debe restringirse por falta de pago y si efectivamente es necesario el racionamiento por problemas de abastecimiento, entonces se tendrían que tener muy claros los horarios en que hay el abasto de agua, y la gente no tendría que estar adivinando qué día va a tener agua y qué día no lo va a tener.

Me parece que éstos son hechos muy importantes, aspectos fundamentales sobre este tema.

Espero que la celebración del Día Mundial del Agua no quede solamente en pronunciamientos de nuestra parte, sino que estas iniciativas que hemos presentado, yo no conozco a detalle la del Verde, pero puedo plantearles que la que presentó el compañero Jaime Cárdenas y un servidor, que presentamos juntos, tiene estos elementos y harían una contribución muy grande para empezar a resolver el problema de un manejo responsable, de un manejo humanitario, de un manejo justo y de un manejo correcto en el abastecimiento del agua para los mexicanos y las mexicanas. Les agradezco mucho la atención, diputados y diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado César Francisco Burelo Burelo, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.

El diputado César Francisco Burelo Burelo:Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Con su permiso, señor presidente.

Cada que se conmemora el Día Mundial del Agua escuchamos la misma clase de discursos. Todos con un común denominador: la crisis del agua. Por eso, en el Día Mundial del Agua escuchamos siempre palabras de preocupación que reflejan y manifiestan la alarma prevaleciente en todos los sectores y ámbitos, por su crisis de disponibilidad, por su desafortunada distribución geográfica, por su injusta distribución social, por su irresponsable contaminación y, además, por la indolente falta de control para prevenir inundaciones.

Es así como atestiguamos y damos fe retórica en esta conmemoración de cómo una escandalosa cantidad de millones de seres humanos en México y en el mundo no tienen acceso al agua potable, ni siquiera a su saneamiento.

En México poco más de 11 millones y medio de personas no cuentan con suministro alguno de agua potable, mientras que 24 millones de mexicanos carecen de infraestructura hidráulica para el saneamiento y drenaje.

En el México de hoy, poco más de 75 por ciento de los cuerpos de agua están contaminados, y por si fuera poco, agravando el problema de la contaminación y de la disponibilidad del agua, nuestro país ocupa el cuarto lugar en el índice mundial de deforestación de bosques y de selvas.

Los datos pueden variar apenas un poco, dependiendo si se cita una fuente oficial o una fuente académica, pero en lo general son abrumadores. Insisto, son parte sustancial de todos los discursos que conmemoran el Día Mundial del Agua, y para muestra, las intervenciones de los compañeros diputados y compañeras diputadas que me antecedieron y de aquellos que van a posicionar posteriormente. Estoy seguro que todos los que prosigan van a hacer referencia a este tema, al menos manifestando la misma preocupación, porque en esta preocupación por la crisis del agua existe una incontrovertible unanimidad.

Sin embargo, el problema aquí es cómo convertir estas preocupaciones en políticas públicas que garanticen de forma efectiva la gestión integral y sustentable de este recurso vital. El asunto aquí es trascender estos discursos para legislar e incidir en el diseño de políticas públicas que contribuyan a erradicar la oprobiosa situación en la que se encuentran los recursos hídricos de nuestro país.

A ello los convoco, compañeros diputados y compañeras diputadas, a comprometerse con lo que aquí, en forma por demás vehemente se expresa, pero que al descender cada uno de nosotros por esa escalinata, sólo se dan participaciones registradas en el Diario de los Debates y nada más.

Si, por el contrario, ustedes disponen que de este debate surjan compromisos concretos, yo les propongo, por ejemplo, que impulsemos ya, pero de ya, el dictamen positivo de la iniciativa de reforma de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho humano y social al suministro de agua para consumo humano, derivada del proceso de la reforma de Estado, actualmente en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La iniciativa fue presentada por los diputados de diferentes grupos parlamentarios como el PRD, el PRI, el PT –del cual la diputada Laura Itzel guarda esta iniciativa del diputado– de Convergencia, Alternativa y Nueva Alianza, como resultado de las discusiones, negociaciones y consensos derivados de la Ley para la Reforma del Estado.

La iniciativa contó con el consenso inicial de todos los grupos parlamentarios para reformar y adicionar los artículos 4o. y 27 constitucionales en materia de derechos económicos, sociales y ambientales, garantizando el derecho constitucional de acceso al suministro de agua para consumo humano.

Al final, el PAN retiró su apoyo inicial a este acuerdo y a todos los que se lograron en el capítulo denominado garantías sociales, como una medida de presión para negociar su propuesta de reforma energética. A pesar de este desacuerdo, existe un posicionamiento público a favor de una reforma de este tipo, que ha sido expresado en distintos foros.

El estado que guarda la disponibilidad de agua en nuestro país nos obliga a actuar con seriedad y además a propiciar un cambio en nuestros hábitos de consumo, relacionados con el agua. Nos obliga también a desarrollar nuevas tecnologías y a difundir las ya existentes para un uso y explotación responsable y sustentable de recursos, pero, sobre todo, nos obliga a reorientar las políticas públicas y a adecuar el marco jurídico vigente para ajustarlo a un nuevo paradigma que ya no conciba al agua como un recurso infinito o, en el mejor de los casos, abundante, sino como un bien escaso, cuya preservación no sólo sea asunto de interés público, sino asunto de seguridad nacional y factor de estabilidad política y social. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Diputado presidente, diputadas y diputados, el Día Mundial del Agua que se celebró este lunes es un día no nada más para hablar del derecho al agua, sino para reflexionar realmente en torno a las políticas que se están siguiendo en este tema.

Me parece que si bien es cierto que los diferentes grupos parlamentarios han fijado su posición con relación a este tema, creo que eso se debería realmente de traducir en cuestiones muy concretas, que incluso aquí en esta Cámara de Diputados hay iniciativas que están congeladas en las comisiones.

Como ya lo señalaba el diputado Burelo, desde la LX Legislatura se debatió en torno a las modificaciones que se deberían hacer a la Constitución en el artículo 4o. y en el artículo 27. Sin embargo, esto se quedó en la Comisión de Puntos Constitucionales y en la Comisión de Medio Ambiente, a pesar de que había un consenso de los diferentes grupos parlamentarios. Al final el Partido Acción Nacional se echó para atrás.

Creo que la iniciativa que también se presentó por parte del diputado Jaime Cárdenas y de Gerardo Fernández Noroña, en la LXI Legislatura, habla de este mismo tema, que es un tema que está planteado desde el propio Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que ha signado nuestro país y en el número 15 del articulado se señala éste como un derecho fundamental al que debemos acceder todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por ello creo que sería pertinente que a partir de esta efeméride se tomaran cartas en el asunto y que realmente se legislara en torno a este tema y no exclusivamente por cumplir con la ronda de oradores y que ahora toca hablar del derecho al agua porque se celebra ese día. Sino qué vamos a hacer como órgano legislativo para poder garantizar el derecho que tenemos todos los seres humanos a contar con ese líquido vital, pero efectivamente de calidad, planteando desde una nueva concepción de cómo tienen que ser las propias obras hidráulicas, cómo tiene que haber un estricto respeto a lo que es éste bien.

Por ello es preocupante y quiero referirme a una denuncia que han venido haciendo los habitantes de una unidad habitacional en Puebla, La Margarita, una de las unidades habitacionales que fue símbolo de lo que debería ser en arquitectura y en urbanismo un desarrollo habitacional, que contaba con infraestructura, con áreas verdes, muy distinto a lo que ahora se promueve por parte de las empresas desarrolladoras.

Quiero denunciar que según lo documentan los habitantes de La Margarita, hay un proyecto para que Conagua dote de la infraestructura a la empresa Wal-Mart, invadiendo los predios que son propiedad comunal y que ya los habitantes de La Margarita a partir de sus créditos del Infonavit han pagado.

Ahora resulta que a pesar de que hubo una consulta, a pesar de que han dado una lucha durante ya varios años en contra de la instalación de esta empresa, y a pesar de los problemas que se tienen en Puebla con relación al agua potable, ahora Conagua va a hacer una inversión multimillonaria para dotar de infraestructura a una empresa trasnacional. Queremos hacer esta denuncia.

Además que haremos lo pertinente a partir de proponer un punto de acuerdo, porque consideramos que es fundamental que se lleve a cabo una investigación a fondo con relación al uso de estos recursos públicos para beneficiar a la iniciativa privada, en específico en este caso estamos hablando de la empresa Wal-Mart.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Silvia Isabel Monge Villalobos, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, dígame, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, para participar.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado, es que son posicionamientos de los partidos políticos.

Al final preguntaré si está suficientemente discutido y si lo considera la asamblea, abrimos un nuevo turno de oradores.

El diputado César Francisco Burelo Burelo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame usted. ¿Para qué pide la palabra?

El diputado César Francisco Burelo Burelo(desde la curul): Para alusiones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No hay alusiones en posicionamientos de agenda política, diputado.

Tiene la palabra la diputada Silvia Isabel Monge Villalobos.

La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos:Gracias, presidente, con su permiso. Yo creo que el tema del agua, como bien lo acabamos de ver hace un momento con estos carteles que portaron algunas compañeras, incluso del PAN junto con las compañeras de Nueva Alianza, es un tema que no nos debe hacer entrar en polémica, por el contrario, nos debe hacer converger en favor del vital líquido y en favor de nuestra propia vida y la vida de la humanidad y la de todos los mexicanos.

Con la resolución adoptada a partir del 22 diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 22 de marzo de cada año el Día Mundial del Agua.

De verdad que de conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, contenidas en el capítulo 17 de la Agenda 21, que da esta declaratoria, y se dio como consecuencia de que la Tierra ha entrado en una etapa de escasez y agotamiento del vital líquido, por lo que fue necesario hacer un llamado a los gobiernos internacionales y despertar conciencia para alejar la amenaza de una crisis global.

Sin embargo, a casi 17 años de haber adoptado la resolución de las Naciones Unidas, la realidad muestra un crecimiento en la problemática y en la calidad del agua y lo podemos expresar en hechos muy concretos.

De acuerdo con el mensaje con motivo del Día Mundial del Agua de este año, de la directora general de la UNESCO, tenemos datos muy concretos: más de 2 mil 500 millones de seres humanos carecen hoy de un sistema de sanitarios adecuado. Se calcula que 884 millones de personas, la mayoría de ellas de países en vías de desarrollo, no tienen acceso al agua potable. Alrededor de 1.5 millones de niños menores de cinco años mueren anualmente a causa de enfermedades transmitidas por el agua.

El deterioro de la calidad de las aguas en ríos, arroyos, lagos y mantos freáticos tiene consecuencias directas sobre los ecosistemas y la salud humana.

Esta situación, expresa en su mensaje la directora general, constituye una tragedia humana indescriptible y un obstáculo importante para el desarrollo.

Estimados compañeros legisladores y compañeras legisladoras, México es considerado como un país con baja disponibilidad de agua, de acuerdo al Sistema Nacional de Información de Agua, Sina, de la Conagua.

En su apartado Estadísticas del Agua en México, edición 2008, señala que México cuenta con 458 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable. Esto es, una disponibilidad natural media per cápita de 4 mil metros cúbicos por habitante al año en 2005. Cifra realmente alarmante frente a los 17 mil metros cúbicos por habitante al año en 1950. La disponibilidad por persona varía de manera muy importante por regiones y estaciones del año.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que entre 2007 y 2030 la población del país se incrementará en 14.9 millones de personas y el 82 por ciento de la población se ubicará en localidades urbanas. El crecimiento será diferencial en las regiones hidrológicas y, por tanto, impactará en forma diversa la disponibilidad natural de agua media per cápita regional.

Algunas regiones hidrológico-administrativas tendrán disponibilidades menores a los mil metros cúbicos habitante/año al 2030, condición considerada como de grave escasez.

Entre otros datos quisiera pasar a un dato muy concreto –hoy nos convoca la celebración del Día Mundial del Agua– cuyo mensaje es con plena conciencia. Hagamos juntos un esfuerzo adicional para realizar un cambio radical en la manera de gestionar, procurar preservar nuestros recursos naturales, particularmente el agua.

Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es indispensable que en un tema fundamental para la vida del hombre participemos ciudadanos y organizaciones, universidades, instituciones, sociedad civil y los tres órdenes de gobierno que tengan a su cargo la gestión del vital líquido. Y debo hacer aquí un paréntesis para decir, en relación a algunos compañeros que me antecedieron: la administración del agua es local, depende de los gobiernos locales.

Otro paréntesis, muchas veces se convierte en la caja chica de muchas administraciones municipales.

Como legisladores nuestro compromiso es mejorar, revisar y establecer un marco jurídico reformado, acorde con la nueva época en que vivimos, de destrucción de bosques, erosión de suelo, contaminación, carencia de sistemas de tratamiento de agua, pero, sobre todo, la falta de una cultura de agua en nuestra vida. Repito, necesitamos un marco jurídico reformado de manera integral.

Reiteramos nuestro compromiso con el presidente Felipe Calderón y con la política pública en materia de agua que se está llevando a cabo y que está contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo para hacer del problema del agua una responsabilidad común, como en su momento lo ha declarado.

Como veracruzana agradezco el nivel de importancia en el proyecto emblemático del río Blanco que se ha dado por parte del gobierno federal, como sé que hay muchos proyectos emblemáticos en toda la República.

Como miembro de la Comisión de Recursos Hidráulicos, como secretaria, les informo que el día de hoy tomó protesta el Consejo Consultivo del Agua, integrado por catedráticos altamente renombrados y preparados que habrán de asesorar –espero– no sólo a la comisión sino a todos los aquí presentes.

También es un tema importante que debemos destacar, que los recursos son insuficientes. Así fuera utilizado el total del presupuesto de 2009 sólo para cuestiones hidráulicas, es insuficiente para todo el rezago que existe.

Aquí hacen falta –y pongo un punto que tal vez más adelante haya que debatir– proyectos públicos privados, sin que eso signifique privatizar el agua –anticipo.

Cabe hacer mención que hoy está dada por parte de la Conagua la convocatoria presidencial Agenda del Agua 2030. Una muestra más del compromiso al que les invito a sumarse. Es un evento en el cual los gobernadores de la República, el presidente, la Comisión de Recursos Hidráulicos y otros participantes más habremos de estar tomando juntos decisiones a largo plazo. Proyección y planeación a 20 años por lo menos.

Concluyo diciendo lo que una compañera decía: el agua es vida y salud. Yo diría que hoy el agua también es economía.

Concluyo, compañeros y compañeras, exhortándolos a que el tema del agua sea un tema prioritario en nuestra agenda parlamentaria, pero sobre todo que sea un acuerdo de voluntades para que el agua siga siendo derecho y estando al alcance de todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del PRI, hasta por 5 minutos.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino:“Hasta aprenderlo con dolor, los hombres no sabrán del agua el valor”, dijo hace mucho tiempo Lord Byron.

Con su permiso, señor presidente. El agua es la base del desarrollo, su abundancia es fuente de riqueza, pero su escasez lo es de la mayor miseria.

Entre los espectros del medio ambiente que amenazan a la humanidad en el siglo XXI se encuentra el calentamiento global, la destrucción de los bosques tropicales, la desertificación y la excesiva pesca oceánica. Pero la escasez de agua ocupa el primer lugar en la lista, especialmente en los países en desarrollo.

Estudios de la Universidad de Oregon señalan que 261 cuencas en el mundo, que ocupan el 45 por ciento de la superficie cruzan fronteras de dos o más países. Ciento cuarenta y cinco países dependen de los sistemas fluviales compartidos para cubrir al menos una parte de sus necesidades de agua dulce.

Según el informe presentado en la reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, el agua es más que el líquido vital que nos mantiene vivos, es también la fina hebra que teje una imbricada malla en la que participan alimentos, energía, clima, crecimiento económico y seguridad humana.

En este contexto, es impensable seguir administrando este recurso como en el pasado, porque hacerlo así sería condenar al colapso a la red económica global.

El mismo informe establece que en muchas partes del mundo el agua se ha cobrado a bajo precio, favoreciéndose el desperdicio y la sobreutilización.

En los últimos 50 años muchas regiones del mundo basaron su desarrollo económico en la sobreexplotación del agua a costa del futuro. No obstante, las prioridades mundiales siguen siendo el combate al terrorismo, las pruebas nucleares o el combate a la inseguridad. Como lo demuestra la reunión binacional que inició hoy en nuestro país.

No es una problemática nueva, entre 1985 y 1991 más de mil poblaciones en nuestro país presentaron problemas de escasez. Aproximadamente 75 millones de mexicanos habitan en zonas donde ya escasea el agua. Más de 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua y 22 millones no tienen acceso al drenaje.

Sólo tenemos infraestructura para tratar 85 mil litros por segundo de los 255 mil que se generan en ese periodo. México recibe mil 528 kilómetros cúbicos de agua, pero mil 106, el 73 por ciento se evaporan. Del agua disponible equivalente a 422 kilómetros cúbicos, aproximadamente 397 escurren y 75 se infiltran al subsuelo, 247 kilómetros cúbicos se van al mar sin ningún aprovechamiento.

Hemos perdido más de la mitad del agua en los últimos 60 años. El desperdicio en el campo y la ciudad promedia el 50 por ciento. El tratamiento de agua no rebasa el 40 por ciento.

No se cuenta con suficientes programas para promover la retención de agua en el campo y el aprovechamiento de la lluvia en los centros de población. En Puebla ya hemos promovido modelos al respecto que revierten problemas de escasez y promueven desarrollo, como en el caso de la mixteca poblana.

No hemos educado a la población para tener una conciencia mínima sobre el agua. Cuando no hay agua consumimos refrescos. La cifra alcanza ya 153 mil millones de pesos anuales y el mercado del agua embotellada supera los 40 mil millones. No existe una cultura del agua y los contenidos educativos del sistema nacional no incluyen en forma suficiente los temas del agua.

Por eso un grupo de diputados federales, de todos los partidos políticos representados en esta Cámara, habíamos elaborado un punto de acuerdo para exhortar a los tres órdenes de gobierno a promover un gran acuerdo nacional para el agua, para que antes de 18 años podamos garantizar el acceso al agua a 10 millones de personas, al drenaje a 22 millones, a asegurarles agua suficiente de calidad a 72 millones de personas. Tratar la totalidad de las aguas residuales, tecnificar 5 millones de hectáreas de riego agrícola y garantizar seguridad alimentaria a 6 millones de familias pobres. De paso revertir la importación para obtener y recuperar la soberanía alimentaria en trigo, arroz, soya, carne y leche.

Estamos preocupados por nuestros hijos y nietos. Estamos urgidos de acuerdos y consensos para el desarrollo.

Para el Grupo Parlamentario del PRI las metas del Milenio no deben seguir siendo solamente nobles propósitos. El reto del agua es un reto esencialmente humano, trasciende fronteras y formas de pensamiento, es una tarea a la que todos estamos firmemente convocados en nombre de un mejor futuro para México. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias señor diputado. Han concluido el número de oradores inscritos.

Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido, si no, abriremos un nuevo turno de oradores.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Se considera suficientemente discutido.

SECUESTRO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Pasamos al siguiente punto de agenda política que es comentarios respecto al foro Alto al secuestro, organizado por la Comisión de Justicia del Senado de la República hace algunos días.

Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

La diputada Adriana Sarur Torre:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, hoy inició una jornada muy intensa de análisis, críticas y perspectivas en torno a la seguridad pública en México. Habremos de tener en los próximos días a más de 20 especialistas en materia de seguridad proponiendo soluciones a los problemas que estamos enfrentando.

Pero más allá de las actividades que tenga el grupo de alto nivel de seguimiento a la Iniciativa Mérida, quiero hablarles de los resultados positivos que tuvo el Congreso de la Unión con la celebración del foro Alto al secuestro, organizado por la Comisión de Justicia del Senado de la República en días pasados.

¿Saben ustedes que la señora Isabel Miranda de Wallace se pronunció por aplicar la pena de muerte a secuestradores, luego de criticar la propuesta de aplicación de cadena perpetua a plagiarios?

Dijo que la Constitución establece claramente que la condena debe ser proporcional al bien jurídico lesionado, y exigió a las autoridades y partidos políticos poner por encima de sus intereses la aprobación de la Ley Antisecuestro al calificar como mezquino el regatear en este tema.

El secuestro y otros delitos de alto impacto han dado lugar a que la ciudadanía haya perdido la confianza en las instituciones. Por ello, el Partido Verde, recogiendo esta demanda social de mayores penas para estos sujetos que cometen tan atroces delitos, insistió desde este foro en la propuesta de su partido, de legislar en materia de pena de muerte contra cualquier mexicano o mexicana que secuestre, mutile o mate a sus víctimas, porque debe pagar con la vida, esa vida que no perdonó.

Estamos conscientes de que los tratadistas y académicos no aprueban esta sanción porque no es acorde a los tratados suscritos por México, pero hay que recordar que estos mismos tratados no guardan congruencia con la realidad mexicana ni con el problema de inseguridad que estamos enfrentando.

Hoy la pena de muerte adquiere aceptación entre un mayor número de mexicanos como medida extrema que el Estado se ve obligado a reimplantar para la protección de la vida y seguridad de las personas.

De acuerdo con Consulta Mitofsky, el 55 por ciento de los mexicanos tiene temor al secuestro. Incluso, 7 de cada 10 mexicanos se han pronunciado a favor de la pena de muerte en delitos como el homicidio y el secuestro.

No podemos ignorar que según la Sexta Encuesta Nacional sobre Seguridad, el temor a la inseguridad ha aumentado. Hemos modificado nuestros actos, nuestros hábitos y nuestras conductas, la mitad de la población.

Incluso, el 65 por ciento de los encuestados manifestó que se siente inseguro en su estado y el 49 por ciento en su municipio. Mi grupo parlamentario insistirá, en esta legislatura, en la reinstauración de la pena de muerte, porque no es un reclamo partidista, sino un reclamo social.

Ya basta de recluir en centros de readaptación social a secuestradores y homicidas psicópatas incurables que disfrutan de la impunidad y el poder de someter, humillar y asesinar a sus víctimas sin remordimiento, y que no se van a readaptar jamás.

Ya basta de miedo, sufrimiento familiar, dolor, luto, trauma psicológico por un secuestro u homicidio. En los últimos años el tema ha sacudido al país y mantiene en vilo a miles de mexicanos.

Ya basta de mutilar, ejecutar sin derecho a víctimas inocentes que no tienen absolutamente posibilidad de defensa. Esta inseguridad que vivimos a diario en la casa, en el trabajo, en la escuela, en las calles, originó que la ciudadanía ya no confíe en las autoridades y demande acciones firmes y decididas para enfrentarla.

Ha llegado el momento de evitar que un delincuente que comete delitos del orden común haga carrera en un sistema que va desde la ineptitud policiaca hasta la profesionalización delictiva en las cárceles. No podemos seguir permitiendo que el 98 por ciento de los delitos que se cometen en este país sigan impunes. Es necesario adoptar medidas de política legislativa y criminal particulares para este segmento del fenómeno delictivo, con el propósito de revertir la espiral de secuestros e impunidad.

Por ello, pugnaremos porque en nuestro país se reimplante la pena de muerte. Es un reclamo social que exige ser atendido y respecto del cual se han pronunciado a favor numerosos actores políticos y sociales.

Continuaremos impulsando las reformas que sean necesarias, porque ninguna medida por sí sola es suficiente, sino que debe formar parte de un plan integral del Estado, y por ello creemos firmemente que la aplicación de la pena de muerte a secuestradores es definitivamente viable.

En todo caso, con las reformas que proponemos establecemos una protección al acusado de que sus garantías procesales y derechos fundamentales sean respetados. Asimismo, ante el riesgo del error judicial hemos propuesto que la pena de muerte no se aplicará cuando se trate de persecución política o cuando exista alguna duda razonable.

Lo que buscamos es no dejar abierta la posibilidad de que personas inocentes sean ejecutadas, y garantizar que sólo se aplicará la pena de muerte cuando la responsabilidad haya quedado demostrada plenamente, a través de los medios de prueba que se hayan obtenido de manera lícita, conforme a las reglas procesales aplicables.

El Partido Verde no plantea la pena de muerte como una solución definitiva, pero sí creemos que ayudará a disminuir el índice de este delito que flagela gravemente a la sociedad, ya que pone en riesgo no sólo la integridad física y la vida de la víctima, sino trasciende la tranquilidad de la familia mexicana y su patrimonio.

Finalmente, recordemos que los legisladores que integramos el Congreso de la Unión somos depositarios de la representación popular, y una de nuestras obligaciones consiste precisamente en canalizar los reclamos de la población a este Congreso.

Por tal motivo, los invito a que debatamos todos los temas hoy: la estrategia de seguridad, la pena de muerte y lo que consideremos relevante para resolver el problema de seguridad con proposiciones, sin censura, privilegiando el diálogo y las ideas, defendiendo las reformas, sin colores partidistas, que devuelvan la tranquilidad a las familias de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Diputado León, dígame usted.

El diputado José Luis Marcos León Perea(desde la curul): Queremos solicitar, diputado presidente, a la diputada Sarur, si permite que la diputación del PRI de Sonora se adhiera a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí lo admite la diputada, así que pueden manifestarlo.

Tiene la palabra el señor diputado Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, nosotros en cambio, la compañera Tere Lupe, que ahora seguramente pasará a tribuna y los miembros de la diputación del PT, y me imagino que también del PRD y de Convergencia, nos oponemos tajantemente a la pena de muerte.

La pena de muerte no es la solución para enfrentar el fenómeno del delito ni aún los delitos más graves que preocupan más a la sociedad, como el secuestro. La pena de muerte, hay que decirle a la sociedad mexicana, está proscrita en los tratados internacionales, en las convenciones sobre derechos humanos que ha suscrito y ratificado el Estado mexicano.

No es la solución la pena de muerte. Nosotros decimos no al derecho penal del enemigo, que ve en el sujeto activo de los delitos a un enemigo de la sociedad y del Estado. La pena no puede ser una venganza institucional, un desquite de parte del Estado y de la sociedad. Como sabemos, la pena debe permitir dos cosas: la reinserción del sujeto activo en la vida social y también retribuir el daño a las víctimas, a la sociedad.

Nosotros en lugar de pena de muerte proponemos una modificación al sistema penal mexicano que contemple penas sustitutorias. No necesariamente la pena privativa de libertad es la solución. Penas sustitutas, penas sustitutorias que permitan la reinserción real de los sujetos activos del delito en la vida social.

En ese sentido, la solución a los delitos de secuestro y a otros ilícitos graves, solamente consideramos que se puede resolver con una transformación de las instituciones y una consolidación real del estado de derecho, con cinco puntos muy concretos:

1. Policías profesionales que investiguen los delitos. Requerimos en México policía científica, policía investigadora que no deje los delitos en la impunidad.

2. Un Ministerio Público autónomo que persiga los delitos con independencia, con imparcialidad, más allá de filias y fobias y de intereses políticos.

3. Jueces independientes e imparciales. Que cuenten con autonomía los sistemas de tribunales superiores de Justicia y el Poder Judicial federal también. Que cuenten con la autonomía presupuestal, con la independencia judicial interna y con la independencia judicial externa. Poderes judiciales independientes que puedan realizar con plena imparcialidad el servicio de administración de justicia.

4. Penas que propendan a la reinserción social del sujeto activo del delito. Cuando se comete un delito no solamente es responsable el que lo realiza, es responsable toda la sociedad y la sociedad debe estar comprometida en volver a incorporar en su seno y en las tareas productivas de la sociedad a ese sujeto que ha cometido el delito. Para esto se requiere una visión completamente distinta del Estado, un estado de bienestar que brinde y proteja plenamente los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos.

5. Finalmente, un estado de derecho en donde los centros penitenciarios no sean escuelas del crimen, que sean escuelas para el desarrollo productivo, el desarrollo humano de los que han cometido un delito y han sido responsables del mismo.

Esta es la solución, no la pena de muerte. La pena de muerte es inhumana, es degradante. Está prohibida no solamente por los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. La pena de muerte, hay que decirlo, es contraria al artículo 22 de la Constitución General de la República.

Por su atención muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas. Muy amables.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Gracias. Lo que ha comentado ya el diputado Cárdenas creo que es bastante ilustrativo en términos de la parte jurídica.

Además de que volvemos a remarcar que el tema de la pena de muerte está proscrito en los tratados internacionales de derechos humanos, sería interesante hacer un análisis del por qué se plantea en estos momentos la pena de muerte.

Miren ustedes, en estos momentos en que el Estado, en que el gobierno federal ha claudicado y abdicado de todas sus responsabilidades, que ha llevado a una crisis profunda y contundente a este país. En estos momentos en que muchos de los medios de comunicación y, con sinceridad y en concreto, las televisoras monopólicas en este país se han dedicado a manipular el odio, a manipular el miedo, a manipular y seguir promoviendo, como ha quedado claro, temas clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos.

En estos momentos en que se está destruyendo absolutamente todo tejido social, que nos digan que el deber de los legisladores de una nación como ésta es convocar y discutir el tema de la pena de muerte sería también claudicar a la responsabilidad que tenemos.

Los legisladores en un país como éste deberíamos aportar elementos para la reconstrucción de nuestra nación. Deberíamos aportar elementos para reivindicar el derecho a la vida, y todos los derechos humanos que nos permite la continuación de la vida.

Cuando hablamos del derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, no son demandas de los pobres, son derechos humanos por la sola condición de seres humanos. En ese sentido, deberíamos estar aportando en la construcción de todos aquellos elementos que nos aseguraran esas condiciones para que la vida se pueda expresar en todos y cada uno de nosotros y en todos y en cada uno de los seres humanos que viven en este país.

Plantearnos en estos momentos la pena de muerte tomando en consideración cómo está el tema de la justicia en este país, ¿a qué es a lo que estamos aspirando? ¿Que a la gente de Atenco en lugar de haberle puesto 160 años de pena, los hubieran condenado a muerte? ¿O a las indígenas de Querétaro, hay que condenarlas a muerte? ¿O a los indígenas, a los pobres, a los enfermos, a todos los que nos molesten y estorben para construir nuestros acuerdos y proyectos nacionales, a todos ellos hay que condenarlos a la pena de muerte? Porque no vamos a condenar a la pena de muerte sólo a los secuestradores.

Miren ustedes que hay secuestradores que tienen condenas infinitamente menores que dirigentes de movimientos sociales en este país. Llamar a la pena de muerte, convocar a la sociedad a que discuta el tema de la pena de muerte y pedir que los legisladores en estos momentos, en estas circunstancias, trabajemos sobre el tema de la pena de muerte es renunciar a la responsabilidad de construir las condiciones mínimas para la vida, para las cuales fuimos electos todos. Es una vergüenza.

Es una vergüenza que se venga a plantear el tema de la pena de muerte cuando lo que tenemos que resolver son más de 18 mil muertes por una guerra infame e ilegal planteada por el gobierno federal. Cuando lo que tenemos que resolver es la situación de 7.5 millones de jóvenes en este país sin derecho al trabajo, sin derecho a la educación, sin derecho al futuro. Cuando tenemos que resolver el tema del agua, que hace rato estuvieron planteando, para que sea reconocido realmente como un derecho a la vida.

Plantearnos en estos momentos el tema de la pena de muerte es un verdadero crimen contra el pueblo mexicano. Estamos llamados a reconstruir el tejido social, a luchar por la vida, a trabajar para que las leyes en este país les sirvan a los seres humanos y no para hacer spots o comerciales que vendan muchos, pero muchos productos en sus cadenas televisoras.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano. Al final de su intervención estaré preguntando si se considera suficientemente discutido.

La diputada Adriana Sarur Torre(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputada, dígame usted. Diputada Sarur, dígame.

La diputada Adriana Sarur Torre(desde la curul): Rectificación. En el Partido Verde estamos conscientes de que la pena de muerte rompe con los tratados internacionales suscritos. Pero, desafortunadamente, la realidad que estamos viviendo actualmente ya no va como cuando se suscribieron estos tratados internacionales, por eso estamos proponiendo una reforma constitucional al artículo 22 de nuestra Carta Magna. Recordemos que nuestra Carta Magna va por encima de los tratados internacionales.

No me parece una vergüenza que se propongan soluciones, la pena de muerte no es una vergüenza. Es una vergüenza que personajes como Daniel Arizmendi estén en la cárcel, en un sistema penitenciario operando más secuestros y no hagamos nada.

Vergüenza es que suban a tribuna sin vergüenza...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputada, le recuerdo que no es tema a discusión. Son los planteamientos que cada bancada realiza sobre un tema que usted registró, que su partido registró...

La diputada Adriana Sarur Torre(desde la curul): Estoy rectificando hechos de una propuesta del Partido Verde.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:... que eran comentarios al foro Alto al Secuestro. Cualquier otro tema que sea propuesto de iniciativa, la comisión lo resolverá y en su momento y lo presentarán al pleno para su discusión con amplitud.

En este momento es agenda política, que son solamente comentarios de las bancadas con el tiempo máximo de 10 minutos y usted lo hizo en su momento, cual fue el planteamiento.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Gracias, diputado presidente...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente, le solicité la palabra antes.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No, señor diputado. Cuando indiqué que le tocaba al diputado comenté que iba a someterlo a votación después. Continúe, diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Con gusto, diputado presidente. Qué complejo es ese tema que tocó la compañera diputada del Verde Ecologista.

La izquierda y mi partido estamos a favor de la vida. Pero también estamos en contra, rotundamente, de los abusos, de los delitos, de la impunidad, y para que haya impunidad debe existir complicidad del gobierno, de los altos funcionarios del gobierno, de los poderosos económicamente hablando. Complicidad del Clero, complicidad del Ejército, complicidad de los políticos, de partidos políticos, de diputados y de senadores, si no, no existiría la impunidad.

Y da la casualidad que los delincuentes son los que conocen mejor la ley, los recovecos, las lagunas legales, y de ahí se sujetan para salvarse y seguir en la impunidad, porque son los primeros que reclaman sus derechos humanos.

Yo preguntaría: ¿qué humanidad pueden tener o qué derechos humanos pueden tener los violadores de niñas, los secuestradores, los que mutilan, los que matan, los que roban a una nación, a un pueblo, qué derechos humanos pueden tener? Y son los que reclaman y son a los que se les otorga el respeto de los derechos humanos.

Es importante que legislemos para que se termine la impunidad, pero hay que empezar con el castigo de los de arriba, de los que compran a los jueces, a los magistrados, a los ministerios públicos, porque efectivamente la mayoría de las cárceles están llenas de pobres, porque no tuvieron los 200 pesos para darle de mordida a un policía, o no tuvieron los 2 mil pesos para darlos de mordida a un Ministerio Público, o no tuvieron los 5 mil o 10 mil pesos para darle a un juez. Y los ricos, que todo mundo sabe que delinquen, compran voluntades, compran la aplicación de la ley.

Ojalá y aquí en la Cámara de Diputados de veras participemos, como en el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, para que se castigue a todos los culpables, con cargo o sin cargo, ex funcionarios o no, con dinero, mucho dinero o sin dinero.

Vamos a ver si es cierto que votamos por la aplicación de la ley para que se haga justicia. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputado.

Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Vamos a someter a votación, diputado. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Quienes estén por la negativa. Señor presidente...

A ver, si me permiten voy a volver a someter a votación el asunto, porque está difícil poder...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Repita la votación, por favor, la Secretaría.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Quienes estén por la afirmativa de que el asunto está suficientemente discutido, favor de levantar la mano. Suficientemente discutido. Gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Muy bien, vamos a abrir un siguiente turno de oradores. Le pido a la Secretaría esté atenta para aquellos que quieran registrarse.

Están registrados para esta ronda la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, la diputada Teresa del Carmen Incháustegui, el diputado Gerardo Fernández Noroña, diputado César Francisco Burelo, diputada Adriana Sarur Torre y María de Jesús Aguirre Maldonado.

¿Son todos los que solicitaron la palabra? ¿Quién más? A la lista señalada se han incorporado la diputada Paz Gutiérrez, del PAN, Teresa Guadalupe Reyes y Justino Arriaga, del PAN. Al término de esta lista volveré a preguntar a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

Tiene el uso de la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, hasta por 5 minutos. Permítame, diputada Uranga. Diputado, dígame usted.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul) Gracias, presidente. Nada más para aclarar que el tema que el día de hoy registró el Partido Verde son comentarios respecto al foro Alto al secuestro. No quisiéramos que se confundieran los temas. Estamos dispuestos a dar el otro tema, por supuesto, pero ahorita nos preocupa darle seguimiento a ese foro que con mucho trabajo hizo el Senado de la República. Quisiéramos entrar hoy a ese debate.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Así ha sido entendido por la Presidencia, diputado, y por eso lo mencioné hace unos momentos, que el tema era precisamente Alto al secuestro. Así está registrado y en esas condiciones estamos. Tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Muchas gracias, presidente. Primero que nada señalar que el Partido Verde tiene que hacerse cargo de los debates que abre y de cómo plantea los temas.

Quiero reconocer que no es el planteamiento del Verde el que particularmente me preocupa. Un partido que en sus principios está por la defensa de la vida de las lechugas y las legumbres y en contra de la vida de las personas, no amerita mayor reflexión ni ocuparse del tema.

Es tan poco serio que creo que retrata muy bien la hipocresía de un partido que se mueve en una inercia populista en la que la mayoría de la gente, en un país como el nuestro, en el que se vive la impunidad que se vive, quiere que se mate a los delincuentes.

A ver qué día nos viene a presentar el Verde aquí una iniciativa para que la mayoría de la población que está a favor de no pagar impuestos deje de pagar impuestos. Éste es el nivel del Partido Verde.

Lo que me preocupa y lo que me hace estar hoy aquí es, compañeros priistas de Sonora, su reacción. Es la primera vez que yo tenga cuenta de que el PRI hace una definición de estas características.

Mientras el Verde se mueva en la nube en la que se mueve, no hay preocupación. Pero que el PRI y además, perdón, pero...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputada. Sí, diputado Ramírez Marín.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Quiero una pregunta.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Con todo gusto.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): ¿La expresión la hizo un diputado del PRI que especificó la adhesión de su estado o la hizo la bancada del PRI?

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:La hizo puntualmente un diputado sonorense a nombre de todos los diputados priistas de Sonora. Es una muy buena noticia que no sea así. Me da muchísimo gusto. Realmente creo que resuelve una de las grandes preocupaciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputada. Diputado Ramírez Marín, dígame.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Solamente para que quede en el registro la pregunta, la respuesta y la ratificación de que fue una adhesión personal de unos diputados. Muchas gracias.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Una tranquilidad saber que la plataforma del PRI no se modifica en función de las alianzas que hace.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Continúe, diputada.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Dicen que meterían presos sólo a los culpables probados. ¿En este país, con esta crisis de impunidad que tenemos qué puede estar probado fehacientemente? Nada.

El problema en este país es la impunidad. Tenemos que ser capaces de hacer una justicia que sirva, que no sea corrupta. Agarren a los culpables de los secuestros nada más. Con que los agarren se resuelve como el 80 por ciento del problema. Luego, procésenlos correctamente, enjuícienlos. Ése es el centro donde está el problema.

El PRD en esta tribuna ha presentado propuestas responsables, que van desde que el delito de secuestro no tenga pérdida de vigencia, que se persiga por el tiempo que sea necesario hasta que se agarre a los culpables, hasta una serie de medidas que están buscando darle solución a este problema. No a partir de una salida hipócrita e inasible, electorera y funcional e irresponsable, sino a partir de comprometerse seriamente con la defensa de los derechos humanos y la reversión de la impunidad que es lo que le urge a este país.

No es con discursos demagogos como vamos a invisibilizar la realidad. En Estados Unidos, sistema al que el Verde aspira copiar, la pena de muerte, todos sabemos, no ha bajado la criminalidad. Por el contrario, está probado que se asesina a gente inocente, mal juzgada. ¿Por qué? Porque el sistema gringo padece del mismo deterioro que el nuestro, de corrupción. La pena de muerte, predominantemente en Estados Unidos, es un ejercicio racista, se mata justamente a nuestros connacionales, se mata a los negros, se mata a la pobreza.

Y ésa es la situación que está planteándose aquí, y hay que decirlo con todas sus letras, lo que nos están pidiendo es que se mate a los pobres de este país, ante la falta de herramientas para ser capaces de atrapar a los delincuentes. Es un simple parche, un simple intento de tapar el sol con un dedo, ante la ineficacia y ante la falta de imaginación para soluciones que le sirvan al país. Atrapen a los culpables, no estén inventándonos salidas fáciles, chafas y verdaderamente hipócritas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Teresa del Carmen Incháustegui, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero:Gracias, señor presidente. Buena parte de los argumentos que deben esgrimirse ante una propuesta como ésta los ha hecho ya mi compañera Enoé. Solamente quiero subrayar aquí el carácter darwinista social que tiene la propuesta que el Verde está haciendo y promoviendo desde hace un buen tiempo.

El delito de secuestro es un delito que lastima mucho a la sociedad, pero que representa solamente el 0.5 por ciento de los delitos que se cometen en el país. La victimización delictiva de los delitos patrimoniales fundamentalmente afecta a la población pobre, a la población trabajadora, y para ella esta medida que el Verde está proponiendo no está destinada.

Es decir, al Partido Verde no le preocupa la justicia para los pobres, no le preocupa la procuración de justicia para los pobres, sino le preocupa el exterminio de los delincuentes que afectan a una parte muy privilegiada de la sociedad, que por supuesto tiene derecho a la seguridad.

Pero también tienen derechos humanos los criminales, los delincuentes. También son personas y también tienen derechos. Gibrán Jalil, un poeta, paisano de la compañera Adriana Sarur, decía en uno de sus poemas que todos somos culpables del que tropieza socialmente.

Son las condiciones sociales, la impunidad, la violación a las leyes de los poderosos y de toda la sociedad lo que provoca esa gran desafección a la ley, a la norma y a la vida honrada en nuestro país.

Somos nosotros, todos, los que estamos propiciando también con políticas socialmente excluyentes, con desarrollo económico excluyente, esas huestes de parias criminales. Pero no es exterminándolas como vamos a restablecer en este país la supremacía de la ley.

¿Cómo vamos a confiar en un sistema de justicia que nunca investiga? ¿Cómo vamos a confiar en un sistema de justicia que, efectivamente, al que encarcela y al que penaliza es al que no tiene recursos?

No podemos confiar en esa clase de sistema y por eso la pena de muerte es una provocación al exterminio.

Conmino a los compañeros del Verde a que reflexionen, porque además es una contradicción a su ideología, como ya lo decía la compañera Enoé. Es como si un médico promoviera la enfermedad.

En ese sentido, su defensa a la vida, a la vida de las plantas y de los animales debe también ser consecuente a la defensa de los derechos humanos de todos los seres humanos, sean buenos o malos. Sean delincuentes de cuello blanco, de cuello verde, o de lo que sea.

En ese sentido, el PRD no está de acuerdo con esta propuesta y nosotros estamos propugnando por una reforma del sistema de justicia y por un cambio en las estructuras sociales y en las políticas de desarrollo que lleven a una justicia social y que reduzcan todas estas huestes de criminales que van creciendo en el crimen, porque no tienen otra opción. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.

El diputado Rodrigo Reina Liceaga(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí, diputado, dígame. Sí diputado Reina, dígame.

El diputado Rodrigo Reina Liceaga(desde la curul): Señor presidente, con todo respeto, pedirle rectificación de quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Para esta Presidencia existe quórum, señor diputado. Continúe diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, quiero comentar que nadie puede estar de acuerdo en el tema del secuestro y de la impunidad que existe en el país sobre esta situación, pero efectivamente, el Partido Verde –además les agradezco que hayan votado que se siguiera el debate– ha mantenido esta postura en torno a la pena de muerte para tratar de enfrentar a los secuestradores.

Quiero plantear que en éste como en otros temas hay una doble moral general. Miren, estuvo con nosotros doña Gloria Zúñiga, sus hijos, Carlos Guzmán Zúñiga y José Luis Guzmán Zúñiga, fueron secuestrados por el Ejército mexicano hace un año dos meses. Han sido desaparecidos, muy probablemente hayan sido asesinados. La señora está pidiendo que le regresen los cuerpos de sus hijos aunque sean muertos.

¿Estaría planteándose pena de muerte para el Ejército? No, porque se escudan en el fuero militar.

¿Estaría planteándose pena de muerte para García Luna, asesino y señalado de vínculos con las mafias de secuestradores? No, porque está cubierto por el poder de este país, impune ante todas las situaciones.

¿Estaría planteándose que Calderón vaya a la cárcel como responsable, criminal indirecto de toda la situación de secuestro que se ha generado en el país? No, porque está cubierto como todos los que han ejercido el gobierno en este país.

No. Lo que se está planteando es que se aplique la pena de muerte para los que siempre han sufrido la injusticia en este país: para los pobres, para los marginados, para los olvidados, para los oprimidos.

Hoy hay en Querétaro dos indígenas acusadas de secuestro, de secuestrar a policías federales. Absurdo, ridículo y ahí están, llevan más de dos años y si hubiese pena de muerte ya habrían sido asesinadas por el Estado mexicano, porque es falso que en nuestro país haya justicia, es falso que en nuestro país se respete la ley. Si alguien roba a manos llenas es un defraudador y difícilmente va a la cárcel, pero si alguien se roba una cartera en el mercado, entonces va a llenar las sobrepobladas cárceles de este país.

Entonces no estamos hablando de un asunto simple, estamos hablando de un avance de una posición reaccionaria, inhumana, brutal, racista, clasista, que quiere enfrentar de manera desesperada uno de los fenómenos más graves que este gobierno usurpador cobija, porque si ustedes recorren sus distritos la gente les va a decir dónde están las casas de seguridad. Si la gente lo sabe abajo, lo saben arriba también y están vinculados con estos negocios y con estos atropellos.

Pero además les recuerdo que en este país nadie es culpable hasta en tanto se demuestre lo contrario, aunque todo lo incrimine. Aunque todo lo incrimine, tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a la defensa, tiene derecho a defenderse hasta el último momento. En un país como el nuestro, con todo corrompido, la pena de muerte sería absolutamente asesinato a mansalva.

A los opositores políticos también se les aplicaría. Aquí ya se habló del caso emblemático de Ignacio del Valle, que tiene más de ciento y pico de años en el penal emblemático de alta seguridad.

Es verdaderamente monstruoso lo que está pasando en el país y frente a la inseguridad, frente a la violencia, frente a la pobreza, frente a la injusticia, frente al hambre, frente a la desesperanza lo único que se les ocurre, como cuando el capitalismo empezó a lanzar a millones de pobres de las ciudades al desempleo, marcarlos con hierro candente como vagabundos, porque eran producto de ese sistema, que eran desempleados y se les perseguía como si fueran delincuentes.

Este sistema genera pobres. Este sistema genera desigualdad. Este sistema genera millones de muertos de hambre. Este sistema genera una injusticia brutal y se les quiere, a las víctimas de esa injusticia –y no estoy hablando de un delincuente emblemático como Arizmendi–, no, estoy hablando del empobrecimiento generalizado y que encima de haberles cerrado toda posibilidad de una vida digna a la mayoría de los mexicanos, además se les quiera condenar a la pena de muerte.

Yo quiero decirles que la pena de muerte ya existe en nuestro país, se aplica de manera cotidiana. Al ciudadano o a la ciudadana que no se para en un retén militar, paga con pena de muerte el no detenerse. Consta en las muchísimas quejas por estos hechos que hay en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Consta la arbitrariedad con que está tratándose a los ciudadanos, se les trata como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país.

Estamos –termino compañeros diputados, compañeras diputadas– esperando a que podamos abordar con seriedad los temas que tanto agravian a nuestra sociedad, pero no serán estas salidas autoritarias, estas salidas prepotentes las que resuelvan los graves conflictos sociales, políticos y económicos que hay en el país. La gente necesita empleo, vivienda; salud, mejores condiciones de vida, educación pública gratuita y de calidad, y no que la amenacen con que la van a matar porque la acusen de algún delito como el secuestro. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra el señor diputado César Francisco Burelo, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.

El diputado César Francisco Burelo Burelo:Buenas tardes nuevamente, compañeras y compañeros diputados. Nuevamente gracias, señor presidente. El tema al que se refería la compañera diputada del Partido Verde Ecologista, que fue muy explícita al mencionar y al solicitar la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, no admite de ninguna manera ningún tipo de duda.

Aunque el tema que inscribieron es el tema del secuestro, el foro del secuestro, lo que aquí vino a plantear es un argumento, es una propuesta que han utilizado durante meses, quizá ya por años, como una estrategia publicitaria. Por tanto, yo creo que amerita esta respuesta de parte de los demás grupos parlamentarios.

Los argumentos jurídicos relacionados con este tema, los argumentos constitucionales, ya han sido abordados ampliamente aquí por el especialista, el diputado Jaime Cárdenas, en donde nos plantea cinco puntos que evidentemente tienden a fortalecer el estado de derecho en nuestro país, que es realmente en lo que tendríamos que trabajar si queremos disminuir los índices delictivos en México.

A partir de esto quisiera referirme exclusivamente a los compañeros que han planteado este tema, esta pena de muerte, respondiéndoles con una serie de cuestionamientos y de planteamientos para ellos mismos, si es que se los pueden responder.

Primeramente yo les preguntaría si de la misma manera, con la misma vehemencia que lo hacen, pedirían la pena de muerte para los curas pederastas que prácticamente matan a sus víctimas, mutilan a los niños a quienes violan, a quienes les hacen un daño para toda su vida, eternamente.

Les preguntaría si igualmente pedirían la pena de muerte para los militares mata viejitas, que luego vienen a defender aquí en esta tribuna. Para esos militares que, en el fuego cruzado, también asesinan estudiantes. Les pregunto si pedirían la pena de muerte.

Les preguntaría si en este momento en que la inseguridad y la muerte de miles de mexicanos ha causado revuelo entre la sociedad y sobre todo en la clase política, porque de-safortunadamente –también tenemos que decirlo– han muerto personas que han tenido alguna representación pública, que han tenido acceso a los medios de comunicación, como el caso del joven Martí –lamentable su muerte– y que vino a poner en el escenario político, en el escenario público estos temas tan controversiales.

Yo me preguntaría si cuando se dio la matanza de Acteal, si cuando se dio la matanza de Aguas Blancas, no se les ocurrió a los compañeros del Partido Verde Ecologista que también era pertinente aplicarles la pena de muerte a estos genocidas. Ahí queda la pregunta.

El problema del secuestro y de la inseguridad pública, compañeras y compañeros, yo creo que radica más en la incapacidad y la corrupción del sistema judicial mexicano. A los genocidas como Felipe Calderón, que han condenado a la muerte por hambre a millones de mexicanos, ¿también le aplicaríamos la pena de muerte? Pregunto.

Sólo terminaría diciéndole a nuestra compañera: no nos confundamos. De ninguna manera la sociedad mexicana reclama la pena de muerte. De ninguna manera esto es un reclamo social.

Esto sí queda claro para todos nosotros y quienes me han antecedido en la palabra lo han expresado de una manera contundente. No es más que una estrategia publicitaria vulgar, barata, que pretende manipular el miedo y la desconfianza que existe entre los ciudadanos mexicanos, por la incapacidad del gobierno para resolver este grave problema. De eso se trata el problema, compañeros. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Tiene la palabra la diputada Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista, hasta por 5 minutos.

La diputada Adriana Sarur Torre:Con su venia, señor presidente. Compañeros, si bien atendemos las expresiones de las demás fracciones parlamentarias, no vamos a permitir que otras fracciones malinterpreten nuestras ideologías.

El Partido Verde, efectivamente, sí está a favor de la vida. Por eso tiene como propuesta la pena de muerte, para evitar que una mente perversa que se atreve a secuestrar, a privar de la vida a otro ser humano, a mutilarlo e incluso asesinarlo, para detenerlo y prevenir otras vidas de una mente perversa que además va a terminar en sistemas penitenciarios donde nunca se va a readaptar. Por eso el Partido Verde propone la pena de muerte.

No es simplemente un tema partidista, porque además sabemos, conocemos, todos aquí conocemos las encuestas. Sabemos que 7 de cada 10 mexicanos están a favor de la pena de muerte. Sabemos que todos conocemos casos de secuestros, de homicidios. Por lo que la propuesta del Partido Verde es una propuesta seria, tan seria es...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputada, por favor. A ver, diputada Uranga, dígame.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Saber si la diputada me permite hacerle una pregunta.

La diputada Adriana Sarur Torre:¿Me permite concluir?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Le permite que le haga una pregunta, diputada?

La diputada Adriana Sarur Torre:Ahorita que concluya con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:No, la pregunta tendría que ser en este momento.

La diputada Adriana Sarur Torre:Sí, claro con mucho gusto, Enoé, hágame la pregunta.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Conocer si este tema, que es el que usted está argumentando, efectivamente,  porque creo que así es, fue por el que los corrieron de la Verde Internacionalista. ¿Los corrieron por impulsar un tema contrario a los verdes internacionales, verdad?

La diputada Adriana Sarur Torre:Bueno, los verdes internacionales, como sabemos, viven otra realidad. En Europa no se está viviendo la realidad que se está viviendo en México. En México estamos viviendo secuestros, homicidios. No podemos compararnos con una Europa.

Por eso nos corrieron del Partido Verde Internacional. Pero eso no nos va a detener con el tema de la pena de muerte y vamos a seguir luchando por este tema y hasta que no pase, o al menos a sensibilizar a la gente a que se hagan reformas integrales en materia de secuestro, de inseguridad, para que pasen los temas que se propusieron en este foro antisecuestro en el Senado. Por eso el Partido Verde seguirá luchando por esto. Si algunos comentan que fue un tema nada más excluido de campaña, ésta es la prueba. Ésta es la prueba de que el Partido Verde sigue en pie con este tema y seguiremos.

Por eso, ya para finalizar, solamente quiero comentar que vamos a abrir un debate, un foro, en el que todos están invitados. No se vale simplemente descalificar las propuestas de otros partidos, hay que abrir el tema, hay que abrir el debate, donde todos formulemos soluciones, que son las soluciones y las respuestas que la sociedad nos está reclamando.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Ha terminado de dar respuesta, diputada?

La diputada Adriana Sarur Torre:No.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Concluya, por favor.

La diputada Adriana Sarur Torre:Para concluir, los quería invitar a todos a nuestro foro, a nuestro debate. Quiero agradecer las expresiones que se han dado en este foro. Me desagrada un poco que no nos hemos metido a los temas específicos jurídicos, solamente se ha descalificado la propuesta. No se ha dado ni ha aportado ninguna solución, pero bueno eso ya es independiente de otros colores o de fracciones parlamentarias...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputada.

La diputada Adriana Sarur Torre:Es cuanto, señor presidente, ya concluí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputado Burelo.

¿Ha concluido?

La diputada Adriana Sarur Torre:Sí he concluido.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Ha concluido. Ni hablar. Gracias, diputada.

Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Con mucha amabilidad fueron compañeros diputados a plantear que ya que se había desviado el discurso y que en vez de tocar el tema de un foro sobre secuestros, se habían ido hacia el tema de la pena de muerte.

El planteamiento era que dejáramos aquí la discusión y que abriéramos el espacio y las condiciones correctas para abrir un foro de tipo nacional donde se toque el tema de la pena de muerte, entiendo yo que a partir de invitación, incluso, a especialistas.

Por nuestra parte, mis compañeros del Grupo Parlamentario del PT y una servidora estamos completamente de acuerdo en que es un tema que requiere un foro y que requiere un espacio y condiciones específicas, porque es un tema sumamente complejo y delicado, políticamente hablando.

Sin embargo, ante la imprudencia de algunos argumentos, es importante que los diputados y las diputadas conozcan de la historia. Porque miren ustedes, cuando alguna diputada se pone a decir que renunciemos a los tratados internacionales porque, en su opinión muy personal, son obsoletos, estaríamos renunciando a temas de política internacional y estaríamos renunciando a un proceso civilizatorio, compañeras diputadas y compañeros diputados, que surge después de la Segunda Guerra Mundial y a partir del proceso de total destrucción, donde una de las fuerzas políticas, el fascismo, planteaba precisamente el derecho del Estado a decidir sobre quién vive y quién muere, y por eso se concretó el proceso de los derechos humanos en un texto breve, pero significativo.

Si hay diputadas o diputada, en particular, que quiera renunciar al proceso civilizatorio porque no conoce la historia de dónde surgieron, la concreción de los derechos humanos, y cree que de verdad el Estado debe tener el derecho sobre la vida y la muerte, es su problema y es su vergüenza, porque eso no es para lo que estamos los legisladores...

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputada, por favor.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:... y las leyes no son para eso, sino son...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputada.

Diputado Escudero. Permítame, diputada.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:A ver, señor.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Diputado Escudero, dígame.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): ¿Puede, presidente, plantearle a la diputada si me acepta una pregunta?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Acepta una pregunta del diputado Escudero, diputada?

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Como yo soy muy amable, sí.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Sí acepta la pregunta. Adelante, diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, diputada. Creo que estamos concluyendo el debate, y yo quisiera preguntarle, porque ésa ha sido la posición de su partido, ¿usted está en contra de la pena de muerte, pero a favor del aborto, de matar bebés inocentes, verdad? Es mi única pregunta. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Adelante, conteste diputada, por favor.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Estoy en contra de la pena de muerte y estoy a favor de que a las mujeres, toda vez que somos parte de la especie humana, se nos reconozca el derecho, que incluso está reconocido internacionalmente, a decidir sobre nuestro cuerpo.

Y a ustedes que tanto les preocupa, ojalá tuvieran un mínimo de piedad para las mujeres, que en este país por hambre, por violaciones, por desesperación, por no tener trabajo, por no tener quién las ampare, por eso toman una de las decisiones más difíciles que hay en este mundo. Y sin embargo, no tienen piedad, y se amparan en un dios que tampoco parece tener piedad de ellas, por tener una doble moral. No estoy de acuerdo con sus posiciones.

Creo que las mujeres tenemos también derechos humanos. Me considero a mí misma y a las demás mujeres dentro de la especie humana y, por tanto, reivindico ese derecho. Por eso sí estoy de acuerdo en que las mujeres decidan a partir de sus circunstancias específicas, lo que corresponde y el Estado debe asegurar todas las condiciones para que su decisión no signifique la muerte de las mujeres ni su destrucción física. Bastante dolor significa tomar esta decisión como para que además el Estado las lastime todavía más y no creo que estén locas ni enfermas, por cierto.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Continúe y concluya, diputada.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Creo que en el foro que debemos desarrollar debería haber alguna clase de historia para que algunas y algunos aprendamos un poco de la historia de la humanidad y entendamos por qué los tratados internacionales sobre derechos humanos son de vital importancia para la especie.

Segundo, creo que tenemos que hacer propuestas muy concretas para que los temas de crímenes graves como el secuestro, el homicidio, etcétera, sean revisados y sean especialmente tratados a fin de lograr una justicia para quienes han sido agraviados, lastimados, ofendidos, incluso las familias de quienes han muerto y que eso no signifique más destrucción y más sangre.

Creo que es muy importante que podamos llegar a un acuerdo e invitemos a especialistas de muy diferentes ámbitos para construir un foro en el que reconozcamos que las leyes, por lo menos en este país, no pueden estar sentadas en el odio ni en la destrucción de la especie humana.

Creo que me quieren hacer otra pregunta.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Permítame, diputada. Dígame, diputado Escudero.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Estoy de acuerdo, nada más que no digan tonterías.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Dígame, diputado.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Diputada, uno, para manifestarle que...

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:¿Qué desea hacer?

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Es una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Una pregunta. ¿Acepta usted una pregunta, diputada?

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Soy sumamente amable.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Adelante.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Primero manifestarle que el Partido Verde respeta su posición respecto al aborto, no la descalificamos con insultos, somos respetuosos. Me gustaría encontrar el mismo respeto por parte de los demás, por cierto, en otros temas.

Y el otro es que justamente subió la diputada Sarur a decir que vayamos a los foros, que vayamos a la discusión con los especialistas y agradecemos de usted esa buena intención que nos tome la palabra. Hagamos los foros, demos el debate y tratemos de construir algo para este país, sin insultos, sin descalificaciones, que creo que es lo que merece este país y le agradecemos nuevamente y respetamos su posición.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Adelante, diputada.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:No fue pregunta, sin embargo su comentario me merece una respuesta. Efectivamente lo que habíamos quedado era que quien me antecedió subiría solamente a plantear la necesidad de los foros. Sin embargo fue una vez más a plantear una serie de cosas que requieren una respuesta. Entonces creo que si nos autocontrolamos y nos autodisciplinamos y somos bastante prudentes, con mucho gusto. Pongámosle fecha, lugar y lo trabajamos incluso y hacemos una lista de propuestas de invitados y de gente especialista sobre diversos temas que confluyan para definir el asunto de la pena de muerte. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Le pido a la Secretaría pregunte a la asamblea si se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Quienes están por la negativa.

Señor presidente, hay unanimidad por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña:Suficientemente discutido. Le pido a la Secretaría que dé cuenta del orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: «Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 24 de marzo de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 51 aniversario de la Represión del Movimiento Ferrocarrilero, el próximo 28 de marzo a las 10 horas.

Los asuntos no abordados y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña(17:45 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana miércoles 24 de marzo a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

————— O —————

RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 6 horas 28 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 280 diputados • Asistencia al cierre de registro:  441 diputados • Diputados que solicitan licencia: 2 • Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, aprobado: 1 • Minutos de silencio: 2 • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 • Diputadas suplentes que se incorporan: 2 • Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 0 • Oradores que participaron: 97 PRI          40 PAN        10 PRD        18 PVEM     12 PT                        19 NA          6  Conv.       2 Se recibieron o presentaron: • 8 oficios de la Junta de Coordinación Política con los que comunica cambios en la integración de las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Relaciones Exteriores; Especial de la Región Cuenca de Burgos; Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en la relación a los feminicidios registrados en México; de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Pesca; de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones; de Desarrollo Metropolitano; de Vivienda; Especial para la atención de los asuntos de la frontera sur, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de la frontera sur de México; Especial del Café; Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México; Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales; de Seguridad Social; de Fortalecimiento al Federalismo; Especial de la industria manufacturera de exportación; Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos y aeropuertos nacionales en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias adictivas; de Atención a Grupos Vulnerables; de la Función Pública; de Hacienda y Crédito Público; Especial en materia de protección civil; de Economía; en el Comité de Información, Gestoría y Quejas; el Parlamento Centroamericano; el Foro Parlamentario Asia-Pacífico; el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que cinco ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente; e informa que un ciudadano deja de prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora; • 4 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 4 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente; • 1 oficio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; • 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; • 1 oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 iniciativa con proyecto de decreto de senador del PVEM; • 2 solicitudes de senadores para que se dictaminen minutas con proyectos de decreto; • 7 iniciativas del PRI; • 1 iniciativa del PAN; • 4 iniciativas del PRD; • 2 iniciativas del PVEM; • 2 iniciativas del PT; • 1 iniciativa de Nueva Alianza; • 2 iniciativas de PRI, PRD y Nueva Alianza; • 14 proposiciones con puntos de acuerdo; • 3 proposiciones con puntos de acuerdo aprobadas; • 2 temas de agenda política Dictámenes de primera lectura: • 1 de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el inciso d) del artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; • 1 de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; • 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial; • 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa; • 1 de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Dictámenes aprobados: • 1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud; • 1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud; • 1 de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo referentes a la proposición presentada el 15 de diciembre de 2009 por la que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intensificar las acciones de vigilancia y control del uso, en niños y adolescentes de medicamentos ototóxicos