SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a hacer al pase de lista.

(Pase de lista)

Señor presidente, hay 32 legisladores.

El Presidente diputado Jorge Carlos  Ramírez Marín(a las 12:13 horas): Por lo tanto hay quórum, y por lo tanto se abre la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Primer receso.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 21 de diciembre de 2010.

Lectura del acta de la sesión de instalación.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la Ceremonia Conmemorativa, con motivo del 195 aniversario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, que tendrá lugar el 22 de Diciembre.

Acuerdo que establece los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de la Comisión Permanente, que funcionará durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura.

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, sobre la integración de las Comisiones de Trabajo para el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Nueve, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Quince, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Oficio de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente del Estado De Veracruz

Con el que remite contestación del Secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Humedal Tembladeras, en el Estado de Veracruz.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite el Informe Final de la Séptima Asamblea Plenaria Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA)

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de noviembre de 2010, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de 2009.

Iniciativas

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, suscrita por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9° y 66 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por los diputados Alejandro Carabias Icaza, Diego Guerrero Rubio y Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9° de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 4° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, suscrita por la diputada Caritina Saénz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Posicionamiento en relación a la liberación del licenciado Diego Fernández de Cevallos, a cargo de los grupos parlamentarios.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de sus dependencias, obligue a las personas que importen definitivamente camiones de procedencia extranjera a nuestro país, a que cumplan con el requisito de presentación del certificado de origen establecido en el TLCAN, y de igual forma, que las mismas unidades acrediten el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 044, sobre emisiones contaminantes, suscrito por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur y a la Semarnat, se coordinen a fin de fortalecer la política de fomento del llamado Turismo de Naturaleza y Ecoturismo, en todas las regiones y comunidades del país, suscrito por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, a reforzar las medidas de prevención y protección a los mexicanos que radican en el extranjero que visitan territorio nacional por las fiestas de fin de año, así como a los migrantes que utilizan nuestro país como paso para llegar a sus lugares de origen, suscrito por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que emita un acuerdo para que los expresidentes de los Estados Unidos Mexicanos se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México al término de su mandato, así como reducir sus pensiones, los apoyos de personal y de seguridad, y suspender sus seguros de gastos médico mayores, entre otros, suscrito por el diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Guerrero, restituya a las 300 familias de la Colonia Ampliación Puerto Marqués, la posesión y disfrute de sus predios, se reparen daños y hurtos de que fueron víctimas, así como sancionar a los responsables, suscrito por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP y de la SSP, se haga una revisión salarial, que incluya las prestaciones laborales y los seguros de vida y de riesgo del personal de la Policía Federal, suscrito por los diputados Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los daños causados a los Manglares de la Laguna de Cuyutlán, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que decrete el 15 de febrero de cada año, como Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo, suscrito por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, para que concluya el 31 de diciembre de 2010 los contratos firmados para la aplicación del Programa Enciclomedia y que los recursos presupuestados para 2011, sean transferidos a las Secretarías Estatales de Educación para aplicarlos en operación y mantenimiento de los equipos de cómputo existentes, así como para que la SEP responda a las observaciones formuladas por la ASF respecto de los recursos ejercidos entre 2004 y 2008, dentro del citado Programa, suscrito por el diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación al Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento al tema relacionado con el Sindicato Mexicano de Electricistas, a cargo de los Grupos Parlamentarios. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo en relación con los trágicos sucesos en San Martín Texmelucan, Puebla, a cargo de los Grupos Parlamentarios. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo en relación con el asesinato de la señora Maricela Escobedo Ortiz, a cargo de los Grupos Parlamentarios. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la exclusión del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C., en la elaboración de la Encuesta Nacional de la Seguridad Pública, a cargo del senador René Arce, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Titular de Pemex, reubique de manera inmediata la terminal de almacenamiento y reparto, ubicada en Saltillo, Coahuila, suscrito por el diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que se abstenga de emitir algún acuerdo de equivalencia a las normas oficiales, en tanto la SCJN no resuelva la controversia 66/2010, interpuesta por esta Soberanía en contra de los acuerdos de equivalencia emitidos por la Secretaría de Economía, publicados en el DOF el 17 de agosto de 2010; y por el cual se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Economía y de Salud, a cargo de la senadora María Del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la SCT, para que explique a esta Soberanía las causas del subejercicio en su dependencia, así como el atraso en los trabajos de construcción y modernización en la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y otras obras carreteras en el estado de Guerrero, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto es la lectura del acta de la sesión anterior. Pida y consulte si se dispensa, tomando en consideración que está publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles  quince de diciembre de dos mil diez, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del SenadorHumberto Aguilar Coronado

Conforme lo establece el artículo ciento dieciocho de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente designa como Secretarios provisionales a los siguientes senadores Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Luis Alberto Villarreal García.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y tres legisladores, a las veintiún horas con veintisiete minutos del miércoles quince de diciembre de dos mil diez, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al artículo ciento veinte de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, En votación económica se aprueba el punto de acuerdo suscrito por los representantes de los grupos parlamentarios para elegir una vicepresidencia adicional en la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura. En seguida se procede a la elección por cédula respectiva. Realizados el escrutinio y cómputo correspondientes, se elijen por treinta y tres votos a favor, a los siguientes legisladores: diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, como Presidente; diputadas Mercedes del Carmen Guillén Vicente, y Ruth Esperanza Lugo Martínez, como Vicepresidentas; diputada Paula Angélica Hernández Olmos, senador Luis Alberto Villareal García, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, y diputada Esthela Damián Peralta, como Secretarios, quienes a invitación del Presidente toman posesión de sus cargos.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

Puestos todos de pie, el Presidente declara:

“La  Comisión Permanente que funcionará durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión se declara legalmente instalada”.

El Presidente designa comisiones protocolarias para participar la instalación de esta Comisión Permanente, al Presidente de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Presidente levanta la sesión a las veintiún horas con cuarenta minutos y cita para la que tendrá lugar el martes veintiuno de diciembre de dos mil diez a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.

Continúe con las comunicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

SECRETARIA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Legisladores Secretarios de la Comisión Permanente.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal, ha programado la ceremonia conmemorativa del 195 aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón, el miércoles 22 de diciembre a las 10:00 horas, en la Plaza de la Ciudadela, en Avenida Balderas esquina Emilio Dondé, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los legisladores de la Comisión Permanente que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para asistir en representación de esta Cámara se ha designado a las legisladoras: diputada Paz Gutiérrez Cortina y diputada Esthela Damián Peralta.

COMISION PERMANENTE

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dé lectura la Secretaría del acuerdo de la Comisión Permanente que, pregunto a los señores legisladores si, en virtud de encontrarse distribuido, puede ser obviada su lectura. Sea tan amable de preguntar la Secretaría si se obvia la lectura.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:En votación económica, se pregunta si se obvia la lectura de los lineamientos. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura

Honorable Asamblea:

El presidente de la Mesa Directiva y los representantes de los grupos parlamentarios de la Comisión Permanente que funcionará durante el primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

Considerando

I. Que para el adecuado ejercicio de las facultades y obligaciones constitucionales y legales que la Comisión Permanente tiene encomendados, es necesario contar con un instrumento normativo que sistematice, interprete y amplíe la normatividad vigente, con la finalidad de hacer más eficiente el desarrollo de sus trabajos.

II. Que si bien la normatividad existente relativa al funcionamiento de la Comisión Permanente presenta diversos aspectos no regulados, es posible integrar gran parte de ellos a través de los acuerdos parlamentarios, considerando los precedentes que rigen la organización y funcionamiento de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión.

III. Que conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es necesario definir el procedimiento para que la información producida en el ámbito del presente acuerdo pueda ser publicada y difundida con base en los criterios establecidos.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración el siguiente

Acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura

Disposiciones generales

Artículo Primero. El presente acuerdo tiene por objeto la interpretación de las normas legales y reglamentarias que rigen a la Comisión Permanente en lo relativo a la celebración de las sesiones; los registros de asistencia de las legisladoras y los legisladores; la integración, formulación y desahogo del orden del día; los procedimientos para las discusiones; el control de acceso a las sesiones y la difusión de sus trabajos.

Artículo Segundo. Los asuntos no previstos en el presente acuerdo serán interpretados y resueltos por consenso de los integrantes de la Mesa Directiva.

De la celebración de las sesiones

Artículo Tercero. La Comisión Permanente sesionará una vez por semana, preferentemente los días miércoles, de conformidad con el calendario legislativo aprobado y que se anexa al presente acuerdo. Las sesiones darán inicio a las 11 de la mañana y tendrán una duración de hasta cuatro horas. La Asamblea podrá acordar que se amplíe el tiempo cuando existan asuntos cuyo despacho sean de especial interés, o para agotar todos los puntos que integran el orden del día.

La Presidencia de la Mesa Directiva podrá convocar a sesiones extraordinarias de la Comisión Permanente notificando a sus integrantes cuando menos con 24 horas de anticipación. También, por acuerdo de la asamblea, podrán celebrarse sesiones en días u horas distintos a los programados.

De las asistencias

Artículo Cuarto. Para verificar que exista el quórum legal para el inicio de cada sesión, la Secretaría de la Mesa Directiva pasará lista de asistencia.

Por ello, y con objeto de contar con el registro correcto de asistencias y solicitudes de uso de la palabra, los representantes de los grupos parlamentarios informarán a la Secretaría de la Mesa Directiva, a más tardar al inicio de la sesión, los nombres de las legisladoras y los legisladores que sustituirán de manera indistinta en sus funciones a los titulares.

Una vez declarada abierta la sesión, las legisladoras y los legisladores que hayan pasado lista de asistencia no podrán ser sustituidos.

En caso de que algún legislador titular no pueda asistir a las reuniones de las comisiones de trabajo a las que pertenezca, el coordinador de su grupo parlamentario deberá notificarlo por escrito al Presidente de la misma, informando el nombre del legislador sustituto que cubrirá la ausencia. Dicho legislador tendrá voz y voto en la comisión de que se trate.

De la integración, formulación y desahogo del orden del día

Artículo Quinto. La Mesa Directiva sostendrá reunión previa el día de la sesión, preferentemente a las 10:00 horas, para acordar el orden del día correspondiente. Al efecto, deberá considerar las propuestas que reciba oportunamente de los representantes de los grupos parlamentarios, los dictámenes que le remitan las comisiones de trabajo y, en general, los asuntos que reciba de los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los Estados, las autoridades locales del Distrito Federal y demás organismos públicos o, en su caso, de la ciudadanía.

Después de esta reunión no se podrá registrar ningún asunto, salvo por acuerdo de la Mesa Directiva.

A esta reunión se invitará a los representantes de los grupos parlamentarios que haya designado cada Cámara.

Artículo Sexto. La legisladora o el legislador que requiera la inclusión en el orden del día de una iniciativa, proposición con punto de acuerdo, excitativa, o algún punto para la agenda política, hará llegar la solicitud a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Mesa Directiva por conducto del representante de su grupo parlamentario, hasta las 14:00 horas del día anterior a la sesión en la que se solicita que el asunto sea incorporado.

Siempre que se trate de iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y excitativas, al oficio de petición se anexará el documento en versión impresa y electrónica. El documento impreso deberá contener el nombre y la firma autógrafa o, en su caso, electrónica, de la legisladora o el legislador que la suscribe y el trámite que solicite. Los asuntos remitidos por legisladores no integrantes de la Comisión Permanente serán objeto de sólo turno a comisión, a menos que el representante del grupo parlamentario anuncie previamente qué legislador los presentaría en tribuna en su nombre.

Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de obvia o urgente resolución, así deberá de señalarse expresamente.

Artículo Séptimo. La Mesa Directiva integrará los asuntos a desahogar durante las sesiones, preferentemente de acuerdo al siguiente orden:

a. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.

b. Comunicaciones.

c. Solicitudes de licencia.

d. Iniciativas de ley o de decreto.

e. Dictámenes.

f. Proposiciones con punto de acuerdo.

g. Solicitudes de excitativa.

h. Agenda política.

Este orden podrá modificarse por acuerdo de la asamblea.

Artículo Octavo. El pleno podrá dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, siempre y cuando haya sido publicada previamente en la Gaceta Parlamentaria. En este caso y de no haber objeción que alguna legisladora o legislador se pondrá de inmediato a votación.

Artículo Noveno. Las comunicaciones se publicarán en la Gaceta Parlamentaria. Sólo se dará lectura a aquellas que deban seguir algún trámite reglamentario. En ningún caso se someterá a discusión o votación de la asamblea una comunicación.

Artículo Décimo. Cuando algún legislador o legisladora solicite licencia, deberá dirigir el oficio a la Presidencia de la Mesa Directiva, especificando la causa o motivo de la petición y el tiempo que permanecerá separado de su encargo, en los términos del artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Décimo Primero. En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social, que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Comisión Permanente, en el ámbito de su competencia, se pronuncie o resuelva lo conducente.

Toda proposición con punto de acuerdo que vaya dirigida a cualquiera de las Cámaras, o aquellas cuya materia no sea competencia explícita de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, será turnada inmediatamente por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión o comisiones ordinarias que correspondan.

Artículo Décimo Segundo. En cada sesión serán inscritas todas las proposiciones con punto de acuerdo que interesen a las o los legisladores; el número máximo que se presentarán en tribuna será conforme a la siguiente distribución; en este sentido, los grupos parlamentarios definirán el orden o prioridad en el registro para abordarse en la sesión:

Grupo Parlamentario

• PRI 6

• PAN 5

• PRD 2

• PVEM 1

• PT 1

• Convergencia 1

Artículo Décimo Tercero. La Presidencia dictará el turno a las comisiones que corresponda a aquellas proposiciones publicadas en la Gaceta Parlamentaria que no alcancen a ser abordadas en la misma sesión en que se registren, salvo que el grupo parlamentario solicite que se consideren para una subsecuente.

Artículo Décimo Cuarto. Cuando se solicite que se formule excitativa a alguna comisión legislativa, el promovente deberá remitir por medio del representante de su grupo parlamentario un oficio dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva, en el que detalle lo siguiente:

a) El autor de la iniciativa, proposición o asunto que se trate;

b) La fecha de presentación y del turno respectivo; y

c) La comisión o comisiones a las que se turnó para su estudio y dictamen.

Una vez recibido el oficio, el asunto será programado en el orden del día de la sesión para que la Presidencia de la Mesa Directiva informe en su oportunidad de la recepción de la solicitud respectiva y dicte el trámite que corresponda.

Artículo Décimo Quinto. El rubro de agenda política se desarrollará mediante debate pactado y se incorporarán aquellos temas de interés general que motivan la discusión de las legisladoras y los legisladores, pero que no entrañan una proposición con punto de acuerdo o algún otro trámite posterior.

Se destinará la última hora de cada sesión para abordar este capítulo.

Artículo Décimo Sexto. A petición de los representantes de los grupos parlamentarios, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, instruirá la publicación en la Gaceta Parlamentaria de los textos remitidos por los legisladores que tengan por objeto alguna efeméride y la Secretaría General de la Cámara de Diputados gestionará su difusión ante el Canal del Congreso.

Artículo Décimo Séptimo. El tiempo de que disponen las legisladoras y los legisladores para la presentación de los asuntos es el siguiente:

a) Iniciativas hasta por cinco minutos;

b) Proposiciones con punto de acuerdo hasta por cinco minutos; y

c) Agenda política hasta por cinco minutos tanto para el promovente como para los demás oradores.

Estos tiempos podrán reducirse, previo acuerdo entre la Mesa Directiva y los representantes de cada grupo parlamentario, con el objeto de agilizar las tareas de la asamblea.

De las discusiones

Artículo Décimo Octavo. Los dictámenes publicados podrán ser objeto de dispensa de su correspondiente lectura sólo si fueron distribuidos al menos antes de que se vayan a abordar en la sesión y previa consulta a la asamblea en votación económica. En todo caso, la publicación de los dictámenes surtirá los efectos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Artículo Décimo Noveno. En la discusión en lo general de un dictamen podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición un orador por cada grupo parlamentario hasta por cinco minutos.

Las demás reglas para la discusión de los dictámenes serán las que señala el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo la Mesa Directiva, en consenso con los representantes de los grupos parlamentarios, determinar e interpretar los términos del debate en cuanto al número de oradores y tiempo de las intervenciones.

Artículo Vigésimo. Las proposiciones cuya materia sea competencia de la Comisión Permanente serán turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión de trabajo que corresponda, sin que proceda a discusión. Sólo podrán darse dos excepciones:

a) Si hubiere objeción de alguna legisladora o legislador, en cuyo caso su admisión será discutida y votada por la asamblea, pudiendo intervenir un orador en contra y un orador en pro hasta por cinco minutos, sin que se puedan presentar intervenciones para rectificación de hechos. Si la proposición no hubiere alcanzado mayoría se considerará desechada y no podrá volver a presentarse.

b) Cuando el trámite haya sido solicitado de obvia o urgente resolución y sea calificado así por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, en cuyo caso será leída y puesta inmediatamente a discusión y votación por la Asamblea.

Artículo Vigésimo Primero. Las deliberaciones sobre los asuntos contenidos en la agenda política deberán iniciar con el grupo parlamentario que haya solicitado su registro, pudiendo anotarse hasta una ronda de oradores para cada grupo parlamentario, en el orden que se acuerde, para que fijen su posición al respecto.

La Presidencia de la Mesa Directiva podrá destinar la última hora de sesión para discutir o deliberar sobre alguno o los temas de este capítulo, acordando con los representantes de los grupos parlamentarios el tiempo destinado para la presentación de otros asuntos del orden del día.

Del control de acceso a las sesiones

Artículo Vigésimo Segundo. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 212 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sólo con permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente podrán ingresar al Salón de Sesiones personas que no sean legisladoras o legisladores. A tal efecto, los interesados deberán acreditarse previamente y no podrán portar pancartas u objetos que perturben el orden, obstruyan la visibilidad o distraigan a los legisladores; de igual forma, se deberán comprometer a observar lo dispuesto en los artículos 205, 207 y 209 del Reglamento Interior.

Artículo Vigésimo Tercero. Para apoyar el trabajo de las legisladoras y los legisladores en el interior del recinto, cada grupo parlamentario podrá contar con el número de personal de apoyo que por consenso acuerden sus representantes. Dicho personal deberá estar debidamente acreditado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados y se ubicará en las áreas que no obstruyan la visibilidad de los legisladores ni perturben el orden.

De la difusión de los trabajos de la Comisión Permanente

Artículo Vigésimo Cuarto. En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se publicará todo lo relativo al desarrollo de los trabajos de la Comisión Permanente. Invariablemente se deberá publicar lo siguiente:

a) Las actas de las sesiones públicas;

b) Las comunicaciones;

c) Las iniciativas con proyectos de ley o de decreto que se presenten en las sesiones;

d) Los dictámenes de las comisiones de trabajo y los votos particulares que sobre los mismos se presenten;

e) Los proyectos de punto de acuerdo;

f) Los acuerdos del Pleno de la Comisión Permanente y de las comisiones, en su caso;

g) Las proposiciones y acuerdos de la Mesa Directiva y de los representantes de los grupos parlamentarios;

h) Las convocatorias y el orden del día de las reuniones de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente;

i) Los documentos que disponga la Mesa Directiva y aquellos cuya publicación soliciten a ésta los representantes de los grupos parlamentarios.

Por lo que se refiere a las iniciativas con proyecto de ley o de decreto, las proposiciones con punto de acuerdo de las legisladoras y los legisladores y las solicitudes de excitativa, la Presidencia de la Mesa Directiva dictará el trámite que haya sido solicitado expresamente al momento de registro para inclusión en el orden del día, o que corresponda de conformidad con los documentos remitidos para publicación en la Gaceta Parlamentaria, según establece el artículo sexto del presente acuerdo.

Artículo Vigésimo Quinto. La Gaceta Parlamentaria se imprimirá todos los días en que sesione la Comisión Permanente. Su contenido se difundirá a través de los servicios electrónicos de información de la Cámara de Diputados.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y tendrá vigencia durante el primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura.

Salón Legisladores de la República, a 21 de diciembre de 2010.— Por la Mesa Directiva: diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente de la Comisión Permanente;diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica), PRI;senador Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), PAN;diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), PAN;senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), PRI;diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), PRD;senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), PRD;diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), PVEM;senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), PVEM;diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), PT;senador Luis Maldonado Venegas (rúbrica), Convergencia;senador Ricardo Monreal Ávila, PT.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Pregunte usted, señora secretaria, si se aprueban los lineamientos para la Comisión Permanente.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:En votación económica se pregunta si se aprueban. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado. Comuníquese.

Vamos a esperar a que se termine de distribuir el acuerdo relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo. Dé cuenta mientras tanto, señora secretaria, de los oficios de la Secretaría de Gobernación.

MUCOPOLISACARIDOSIS

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2246, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/1695/2010 suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al tratamiento de la enfermedad mucopolisacaridosis.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica) titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al acuerdo parlamentario aprobado el 4 de noviembre pasado, presentado por la Junta de Coordinación Política, en los siguientes términos:

Primero.Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte al Consejo de Salubridad General para que, de manera urgente, actualice las categorías de enfermedades, específicamente la denominada mucopolisacaridosis, en todas sus versiones y tipos, especialmente los identificados como II y VI.

Segundo.Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a la Comisión para definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, perteneciente a la Secretaría de Salud, para que actualice el catálogo correspondiente e incluya el tratamiento de reemplazo enzimático para el tratamiento de la enfermedad mucopolisacaridosis, especialmente en los tipos identificados como II y VI.

Al respecto, me permito acompañar oficio CSG/2550/ 2010, suscrito por el doctor Enrique Ruelas Barajas, secretario del Consejo de Salubridad General, quien remite sus comentarios respecto del punto de acuerdo referido.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de diciembre de 2010.— Licenciado Miguel Gutierrez Hernandez (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Consejo de Salubridad General.

Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social.— Secretaría de Salud.— Presente.

Estimado Licenciado Gutiérrez:

En respuesta a su oficio número 170/UCVPS/1503/2010 y 170/UCVPS/1535/2010 en el que manifiesta los puntos de acuerdo aprobados por los que

Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de Salubridad General para que de manera urgente actualice las categorías de enfermedades, específicamente la denominada mucopolisacaridosis, en todas sus versiones y tipos, especialmente los identificados como II y VI.

Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, perteneciente a la Secretaria de Salud, para que actualice el catalogo correspondiente e incluya tratamiento de reemplazo enzimático para el tratamiento de la enfermedad Mucopolisacaridosis, especialmente en los tipos identificados como II y VI. (sic).

Al respecto le informo que las enfermedades por deposito lisosomal están consideradas en el listado enfermedades que ocasionan gastos catastróficos en la categoría V “Rehabilitación a largo plazo” y en estas están incluidas las mucopolisacaridosis entre otras. Adicional a lo anterior debo comentarle que las actualizaciones o desarrollo de protocolos va acorde al seguimiento de las nuevas tecnologías para la salud, por lo que se han actualizado recientemente los protocolos técnicos correspondientes incluidos los de mucoponsaearíoosís II y VI, motivo de los acuerdos antes mencionados. Estos documentos fueron presentados y aprobados en la reunión de la Comisión para determinar Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Generan Gastos Catastróficos el lunes 29 de noviembre de 2010. No omito mencionar que la determinación de la cobertura financiera de las enfermedades mencionadas no es competencia de este consejo (artículo 100 del Reglamento de la LGS en Materia de Protección Social en Salud).

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de noviembre de 2010.— Doctor Enrique Ruelas Barajas (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

AGUACATE

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-11-8-534 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/ 00005616, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los anexos que en el se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, en alcance a nuestro diverso 11214844, en el que se exhorta a esta secretaría para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que establezca acciones contundentes de inspección y vigilancia forestal con el objeto de detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán, anexo al presente copia del oficio número PFPAl4.2I8C.17.4/962/10, suscrito por el biólogo Ignacio Millán Tovar, director general de Inspección y Vigilancia Forestal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través del cual da respuesta al punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2010.— Licenciada Raquel Ramírez Parra, directora.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.

Me refiero a su oficio número 112.00004694 de fecha 25 de octubre de 2010, mediante el cual remite el oficio número SEL/UEL/311/3287/10 del titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, en donde se menciona el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2010, que menciona:

“...Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, establezca acciones contundentes de inspección y vigilancia forestal con el objeto de detener el cambio ilegal del uso de suelo en terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán...”

Al respecto, le informo que la delegación de esta Procuraduría en el estado, señala a través del oficio PFPAl22.7/ 2C.28.2/01052/2010 de fecha 19 de noviembre de 2010, que en el ámbito de sus atribuciones en materia forestal, ha brindado puntual atención al asunto de referencia, con la ejecución de 2008 a la fecha, de 102 inspecciones a predios donde se detectó cambio de uso de suelo, integrándose los procedimientos administrativos correspondientes, asimismo, se han presentado 58 denuncias penales y rendido los dictámenes que la Procuraduría General de la República ha solicitado en virtud de tratarse de un delito previsto y sancionado por el Código Penal Federal.

No omito mencionar que esta Procuraduría continuará efectuando acciones de inspección, emisión de dictámenes que sean requeridos y acciones coordinadas con el Ministerio Público, a fin de inhibir el cambio de uso de suelo en el estado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de noviembre de 2010.— Biólogo Ignacio Millán Tovar (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

ESTADO DE SONORA

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-2214, signado por los Diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/2831/10, suscrito por Erika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los trámites de los juicios de amparo 863/2010 y 865/2010 en el Juzgado Octavo de Distrito, en Sonora.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/3582/10, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que

“Se exhorta al ciudadano procurador general de la República para que ordene se inicien las averiguaciones previas correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión de los delitos consistentes en violaciones a la Ley de Amparo, por quienes hayan rendido falsos informes a la juez octava de distrito en el estado de Sonora en el trámite de los juicios de amparo 863/2010 y 865/2010. Asimismo, contra quienes resulten responsables por la violación de las suspensiones provisionales decretadas por dicha juzgadora tanto en los mencionados expedientes como en el diversos 1021/2010. De la misma manera, para que se investigue la posible comisión de delitos consistentes en la simulación de actos jurídicos relacionados con la transferencia de supuestos derechos derivados de concesiones para uso de aguas superficiales del río Yaqui en Sonora, que se tradujeron en la·asignación a la Comisión Estatal del Agua de Sonora mediante los títulos correspondientes, de un volumen de 41 millones de metros cúbicos, a pesar de que tales concesiones se encontraban vencidas, y en su oportunidad y de ser lo procedente consigne las averiguaciones al juez de distrito que corresponda; y finalmente, para que investigue los actos de persecución y hostigamiento en contra de los productores agrícolas, sus dirigentes, los representantes legales de los módulos de riego quejosos, y se respete el derecho que todos ellos tienen a inconformarse con los actos que consideren violatorios de sus garantías individuales, informando detallada y puntualmente a esta soberanía.”

Al respecto, me permito informarle que en relación a los hechos expresados en el anteriormente referido punto de acuerdo, la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado de Sonora dio inicio al acta circunstanciada AC/PGR/SON/HER-II/039/2010.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 7 de diciembre de 2010.— Érika Santoyo Morales (rúbrica), directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JOVENES

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-8-583, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-1923/10, suscrito por la licenciada Amparo Solano Garrido, directora general adjunta de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.—  Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en cumplimiento de las facultades de la subsecretaría a su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 21 de octubre, el cual remitió para nuestra atención con el oficio número SEL/UEL/311/3501/10, relativo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que a continuación se describe:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, consciente de que las y los jóvenes representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desa-rrollo de cualquier sociedad, ratifica su compromiso con la juventud mexicana y se compromete a llevar a cabo las acciones que estén dentro del ámbito de su competencia tendentes a garantizar su desarrollo integral.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que explique a esta Soberanía las razones por las que no se ha remitido a la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por nuestra nación y demás países miembros de la Organización Iberoamericana de Juventud, el 11 de octubre de 2005, con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 76, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior para que por su atento y gentil conducto se haga llegar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y cuando así lo estime pertinente, el envío de la nota adjunta que contiene los elementos de respuesta.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 7 de diciembre de 2010.— Licenciada Amparo Solano Garrido (rúbrica), directora general adjunta, encargada de la Dirección General.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Elementos de respuesta a punto de acuerdo relativo a la convención iberoamericana de derechos de los jóvenes

El origen de la convención data del mes de agosto de 1998, en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, celebrada en Lisboa, Portugal, donde se aprobaron las bases conceptuales y metodológicas para la elaboración de un documento que, bajo la perspectiva de superar prejuicios y concepciones despectivas, paternalistas o utilitarias para los jóvenes, se reivindicara su condición de personas, ciudadanos plenos y sujetos reales y efectivos de derechos, se garantizara la equidad de género, su participación social, la aprobación de políticas orientadas al ejercicio de sus derechos y su reconocimiento como actores estratégicos del desarrollo de su país.

El 11 de octubre de 2005, en Badajoz, España, se adopta la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, firmada en esa misma fecha por el ciudadano Cristián Castaño Contreras, entonces director General del Instituto Mexicano de la Juventud.

No obstante la suscripción mencionada, el Ejecutivo federal ha considerado que tomando en cuenta que la Convención reproduce disposiciones en una amplia gama del quehacer de los jóvenes, su ratificación debe ser el resultado de un proceso de consulta amplio entre las diversas dependencias del Ejecutivo federal que tendrían a su cargo su aplicación, proceso que ha sido iniciado, con objeto de definir los términos en que eventualmente tendría lugar la vinculación del gobierno de México.

Debe señalarse que el proceso de armonización de la normatividad nacional con las disposiciones de la convención será un elemento imprescindible para su ratificación.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Juventud y Deporte, para su conocimiento.

ESTADO DE SONORA

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-2214, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 353.A. 1472 suscrito por el doctor Francisco L. de Rosenzweig Mendialdua, director general jurídico de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la construcción del acueducto Independencia el Novillo-Hermosillo, en el estado de Sonora.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/3581/10, del 29 de octubre de 2010, mediante el cual da a conocer al doctor Ignacio Quezada Morales, coordinador de asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público, un punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 28 de octubre del presente año, referente al “acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Sonora y a los titulares de la ASF, de la Conagua, de la SHCP y de la PGR a realizar las actividades conducentes a impedir el inicio de la construcción del acueducto Independencia, en esa entidad; y se solicita el envío a esta soberanía de un informe detallado del proceso administrativo, documental y de licitación de dicho proyecto hidrológico, así como el cumplimiento de la suspensión provisional otorgada por el juzgado octavo federal”.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 65-B del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adjunto se servirá encontrar la respuesta que, con base en el artículo 65-A del citado ordenamiento, emitió la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” respecto del mencionado punto de acuerdo.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 14 de diciembre de 2010.— Doctor Francisco L. de Rosenzweig Mendialdua (rúbrica), director general jurídico de Egresos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Rafael Fernández de Lara y Olivares, Director General Adjunto de Análisis Jurídico de la Dirección General Jurídica de Egresos, de la SHCP.— Presente

Me refiero a la nota ejecutiva número 141, enviada por la Dirección de Consulta Jurídica Presupuestaria adscrita a su Dirección General Adjunta y al oficio número SEL/UEL/ 311/3581/10, del 29 de octubre de 2010, recibido en esta área el 8 de noviembre del año indicado, signado por el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual comunica al doctor Ignacio Quesada Morales, coordinador de asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en el que se exhorta a esta secretaría para que remita a dicha soberanía informe detallado sobre el monto asignado al proyecto acueducto Independencia El Novillo-Hermosillo, que permita verificar que los recursos se ejecutarán con apego a la legalidad respetando los derechos de terceros en términos de lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales.

Sobre el particular, de acuerdo a la nota proporcionada por el ejecutor del gasto, me permito hacer los siguientes comentarios:

• El acueducto Novillo-Hermosillo forma parte del plan hidráulico Sonora Sí, que representa una solución definitiva al abasto de agua, bienestar, desarrollo y crecimiento en dicha entidad, ya que se trata de un plan que está enfocado a la construcción de una serie de obras hidráulicas y de infraestructura, entre las que destacan la construcción de cinco nuevas presas; un acueducto desde la presa El Novillo; una desaladora en Empalme; obras de saneamiento en Nogales, Hermosillo y Guaymas; y, el revestimiento de seis kilómetros de canales de riego en los valles del Yaqui y Mayo. El objetivo de dicho plan es la recuperación de 943 millones de metros cúbicos de agua.

• El plan hidráulico contempla una derrama económica total de 11 mil 246 millones de pesos, por realizarse en un plazo de 3 a 4 años, con la participación de todos los niveles de gobierno y la iniciativa privada; se prevé una inversión de 4 mil 606 millones (40.96 por ciento) de inversión privada; 3 mil 864 millones (34.36 por ciento) de inversión federal y mil 512 millones de pesos del gobierno del estado de Sonora, además de una inversión de 450 millones de pesos del municipio de Hermosillo, y en menor escala de los municipios de Nogales, Navojoa, Huatabampo, Alamos, Etchojoa, entre otros.

• El Novillo-Hermosillo tendrá una longitud de 152.4 kilómetros y será de 40 pulgadas, para trasvasar a Hermosillo un volumen de 2 mil 380 metros cúbicos por segundo, que garantizan una dotación de 75 millones de metros cúbicos.

• El Novillo-Hermosillo requerirá de una inversión estimada de 3 mil 680 millones de pesos (2 mil la planta y 1,600 millones la obra de conducción), y se planea licitar próximamente.

• La participación federal estimada asciende a una tercera parte y para el ejercicio fiscal 2011 fue programado 400.00 millones de pesos.

• La Conagua ha solicitado el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión para el acueducto con número de folio 1016B040002.

Sobre el particular, con base en los artículos 65-B, fracción VII, y 65-A, Apartado A, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se remite dichos comentarios, para los efectos procedentes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de noviembre de 2010.— Mario A. Domínguez Acosta (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

GRANJAS ACUICOLAS

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-544, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00005621, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y a los proyectos de granjas acuícolas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, en alcance a nuestro diverso número 112/4846, en el que se exhorta a esta dependencia a agilizar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, particularmente de proyectos de granjas acuícolas, resolviendo éstos en tiempo y forma, así como atendiendo las disposiciones jurídicas aplicables, anexo al presente copia del oficio número S.G.P.A./DIGIRA/DG/8016/10, suscrito por ingeniero Eduardo Enrique González Hernández, director general de Impacto y Riesgo Ambiental de esta secretaría, a través del cual da respuesta al punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2010.— Licenciada Raquel Ramírez Parra (rúbrica), directora de Legislación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.— Presente.

El presente se emite en referencia a su oficio número 112/00004705, de fecha 25 de octubre de 2010, dirigido al subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental y turnado a esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental el 27 del mismo mes y año, por medio del cual remite copia simple del oficio número SEL/UEL/311/ 3293/10, de fecha 7 de octubre de 2010, por medio del cual, el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, hace del conocimiento que mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-7-544, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a esa Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 5 de octubre de 2010, el cual refiere textualmente:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, particularmente de proyectos de granjas actuícolas, resolviendo éstos en tiempo y forma, así como atendiendo las disposiciones jurídicas aplicables.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a agilizar la emisión de su opinión en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que sea requerido.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que otorgue asesoría técnica y jurídica a los promoventes que someten acuícolas a la evaluación de impacto ambiental.

Sobre el particular, en atención a su escrito y del análisis del oficio adjunto, atendiendo el numeral primero del punto de acuerdo que nos ocupa, hago de su conocimiento que la Semarnat, a través de esta DGIRA, en el ámbito de sus facultades descritas en los artículos 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y 4 del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental (REIA), lleva a cabo el procedimiento de evaluación del impacto ambiental (PEIA) en estricto apego a derecho y es a través de este procedimiento, que se establecen las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar dese-quilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables, para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

En ese sentido, toda obra o actividad que encuadre en los supuestos señalados en los artículos 28 de-la LGEEPA y 5 del REIA, deberá someterse al PEIA, a fin de obtener la autorización en materia de impacto ambiental de esta secretaría.

Dicho lo anterior, de conformidad con el artículo 35-Bis de la LGEEPA, que a la letra refiere:

Artículo 35-Bis. La secretaría dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la recepción de la manifestación de impacto ambiental, deberá emitir la resolución correspondiente.

La secretaría podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de la manifestación de impacto ambiental que le sea presentada, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento. En ningún caso la suspensión podrá exceder el plazo de sesenta días, contados a partir de que ésta sea declarada por la secretaría, y siempre y cuando le sea entregada la información requerida.

Excepcionalmente cuando por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad, la secretaría requiera de un plazo mayor para su evaluación, éste se podrá ampliar hasta por sesenta días adicionales, siempre y cuando se justifique conforme a lo dispuesto en el reglamento de la presente ley.

La Semarnat a través esta DGIRA cuenta con un plazo de 60 días para emitir la resolución correspondiente a partir de la presentación de la MIA. En caso de que la MIA presente  insuficiencias que impidan la evaluación del proyecto, se podrá solicitar al promovente, por única vez, aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de ésta, suspendiéndose el  término para concluir el procedimiento, sin exceder dicha suspensión el plazo de 60 días contados a partir de que sea declarada la suspensión, considerando la condicionante señalada. Asimismo, por la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad, se puede ampliar dicho procedimiento hasta por 60 días adicionales.

Por lo anterior, es posible determinar que la Semarnat, a través de esta DGIRA, emite las resoluciones derivadas del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, tanto de proyectos de granjas acuícolas, como en general, en los plazos que la propia LGEEPA y su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) disponen.

Atendiendo el numeral tercero, esta DGIRA considerará las medidas pertinentes, en la medida de lo posible, para poder proporcionar asesoría técnica y jurídica a los promoventes de proyectos acuícolas.

Sin otro particular, reciba de mi parte un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 2 de diciembre de 2010.— Ingeniero Eduardo Enrique González Hernández (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

DERRAME PETROLERO EN GOLFO DE MEXICO

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-662, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/ 00005617, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al derrame petrolero de la plataforma de perforación petrolífera Deepwater Horizon.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, en alcance a nuestro diverso 112/4895, relativo a los impactos ocasionados por el derrame petrolero causado por la explosión y hundimiento de la plataforma de perforación petrolífera Deepwater Horizon en las aguas del Golfo de México, anexo al presente copia del oficio número F00.0532, suscrito por el maestro Luis Fueyo Mac Donald, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través del cual da respuesta al punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2010.— Licenciada Raquel Ramírez Parra (rúbrica), directora de Legislación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de laSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

En respuesta a su oficio número 112/00004695, de fecha 25 de octubre de 2010, referente a los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión relativos al derrame de petróleo en aguas del Golfo de México en sesión celebrada el 5 de octubre, le envío la siguiente información con el fin de que la unidad coordinadora a su digno cargo pueda emitir una respuesta:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que elabore; con carácter de urgente un plan de contingencia para atender los impactos ocasionados por el derrame petróleo causado por la explosión y hundimiento de la plataforma de perforación petrolífera Deepwater Horizon en las aguas del Golfo de México.”

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha conformado una comisión especial al interior del sector ambiental federal, encargada de formular el Plan de Acción Sectorial, que se articula con el Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en el Mar, liderado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

El plan de acción contempla, de acuerdo al ámbito de competencia de la secretaría, tres líneas de acción:

1. Seguimiento de la trayectoria de la mancha de crudo;

2. Capacitación tanto para personal del sector ambiental como de diferentes comunidades costeras del Golfo de México y organizaciones no gubernamentales que han manifestado interés de sumarse al esfuerzo del gobierno federal para atender esta contingencia; y

3. Actividades de prevención y limpieza, que se llevarán a cabo en colaboración con la Semar y Pemex.

Los principales esfuerzos del plan de acción ambiental se dirigen a la protección y atención de los ecosistemas costeros, ya que las playas, arrecifes coralinos, humedales, estuarios y lagunas costeras son hábitats vitales para muchas especies marinas. Asimismo, se monitorea la columna de agua donde habitan especies oceánicas que contribuyen al funcionamiento del ecosistema marino del que también se benefician las comunidades que habitan en las costas del país

Participan en la atención a esta contingencia el personal adscrito a las direcciones regionales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de las áreas naturales protegidas, las delegaciones federales de la Semarnat, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en los estados del Golfo de México y Caribe mexicano.

Los laboratorios del Instituto Nacional de Ecología (INE), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) están listos y certificados para identificar, determinar la procedencia y cuantificar la presencia de hidrocarburos en agua y sedimento marino, así como en distintos organismos de los ecosistemas del Golfo de México compartidos entre México y Estados Unidos.

Además de las oficinas delegacionales y de la Conanp, se cuenta con 27 centros tortugueros e instalaciones de áreas naturales protegidas a lo largo de la costa del Golfo de México y Caribe mexicano que se mantienen en alerta preventiva y que fungirán como centros de atención inmediata para la eventual atención a la fauna y los ecosistemas costeros que pudieran resultar afectados.

“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Realice una evaluación de los impactos ambientales ocasionados por el derrame petrolero causado por la explosión y hundimiento de la plataforma de perforación petrolífera Deepwater Horizon en las aguas del Golfo de México.”

La Semarnat al frente de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cimares), el 14 de mayo pasado convocó a una reunión de expertos con el objeto de analizar el derrame desde un enfoque interdisciplinario y definir desde una perspectiva técnica y científica las posibles afectaciones que este derrame de hidrocarburos puede provocar en las aguas y costas mexicanas y, de ser el caso; recomendar acciones específicas para abordar tales afectaciones en la biodiversidad y los ecosistemas. Se analizo este evento desde tres perspectivas: física (modelación de corrientes y mareas para determinar el posible comportamiento de los hidrocarburos en el golfo); biológica (para determinar 1as·posibles afectaciones a los ecosistemas y a las especies compartidas) e institucional (para conocer los planes y capacidad de respuesta ante la contingencia).

Como resultado se elaboran escenarios de posibles afectaciones que el derrame podría provocar sobre la biodiversidad y los ecosistemas compartidos, así como una simulación sobre el posible comportamiento de la mancha de petróleo, que se actualiza constantemente con base en las herramientas de percepción remota y modelación con que se cuenta para monitorear y prever su comportamiento.

Desde el pasado mes de mayo, personal de la Conanp y de la Profepa realiza recorridos sistemáticos de vigilancia en las playas de los estados costeros del Golfo de México para detectar cualquier alteración a la flora y fauna silvestres o su hábitat que pudiera estar relacionada con el derrame de petróleo del Golfo de México.

El pasado 1 de julio, derivado del Programa de monitoreo de las aguas nacionales en el golfo de - México, quedó conformado el grupo de monitoreo, coordinado por el INE y con la participación de instituciones académicas y de  gobierno con amplia experiencia y conocimiento de la zona. Lo integran el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana, la Semar, el Instituto Nacional de Pesca, el Instituto Mexicano del Petróleo, Pemex, Conanp, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Conagua.

En esa misma fecha se realizó la primera campaña oceanográfica frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, encabezada por el INE y la UNAM, a bordo de la embarcación Justo Sierra, de la UNAM, concluyó sin que hasta el momento se haya encontrado presencia de hidrocarburos provenientes del derrame de petróleo provocado por el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon frente a Luisiana, Estados Unidos. Lo anterior se determinó luego de ocho días que duró la campaña, a través de una evaluación visual, que será complementada con los resultados que arroje el análisis de las muestras obtenidas por investigadores de ambas instituciones, para tener información objetiva, cuantitativa y concluyente. El grupo de monitoreo continua implementando la estrategia de evaluación de los impactos del derrame en los ecosistemas y especies migratorias del golfo, de México en el mediano y largo plazos. El 9 de septiembre se realizó la segunda campaña oceanográfica a lo largo de la plataforma continental de la península de Yucatán, cuyos resultados se encuentran en proceso de análisis.

“Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las entidades que sea pertinente solicite al gobierno de Estados Unidos de América un informe pormenorizado del derrame petrolero en aguas del Golfo de México causado por la explosión y hundimiento de la plataforma de perforación petrolífera Deepwater Horizon.”

No corresponde atender este punto a la Semarnat-Conanp.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2010.— Luis Fueyo Mac Donald (rúbrica), comisionado nacional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

PROTECCION DE BOSQUES Y SELVAS

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-2-658, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112/ 00005618, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Programa Estratégico Forestal para México 2025.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, en alcance de nuestro diverso 112/4791, relativo al Programa Estratégico Forestal 2025, anexo al presente el copia del oficio número CGPI/601/2010, suscrito por el doctor Octavio Salvador Magaña Torres, coordinador general de Planeación e Información de la Comisión Nacional Forestal, a través del cual atiende lo solicitado en el punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2010.— Licenciada Raquel Ramírez Parra (rúbrica), directora de Legislación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.— México, DF

Hago referencia a su oficio número 112/ 00004708, del 25 de octubre de 2010, con el cual remite copia del oficio número SEL/ UEL/ 311/ 3288/ 10, del licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, así como al oficio número DGPL 61-II-2-659, del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dirigido al doctor Juan Manuel Torres Rojo, director general de la Conafor, mediante los cuales se comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 5 de octubre del presente año, y que menciona:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal a a) llevar a cebo una revisión y evaluación de las políticas públicas diseñadas e implantadas en el Programa Estratégico Forestal para México 2025 a efecto de detectar deficiencias para impulsar el desarrollo forestal sustentable del país, así como a informar a esta soberanía de los resultados obtenidos; y b) fortalecer, implantar y ampliar la cobertura de las políticas de desarrollo forestal sustentable vigentes, en beneficio de las comunidades que habitan bosques y selvas de México.

Con relación a lo anterior, por indicaciones del doctor Juan Manuel Torres Rojo, director general de la Comisión Nacional Forestal, y. con la finalidad de informarle sobre la atención del punto de acuerdo citado, se señala lo siguiente:

Inciso a) del punto de acuerdo

En el marco de la cooperación técnica entre la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Conafor, durante 2008 y 2009 se llevó a cabo el proyecto UTF/MEX/072/MEX, denominado “Segunda Revisión del Programa Estratégico Forestal 2025 y del Programa Nacional Forestal 2001-2006”, proyecto que tuvo como objetivo contribuir a la implantación de la política forestal mexicana a través de una revisión de los resultados obtenidos y medición del grado de cumplimiento en los objetivos planteados en los documentos referidos.

Derivado de lo anterior, adjuntos se envían en medio magnético 24 archivos electrónicos que contienen los resultados entregados por la FAO de la segunda revisión del Programa Estratégico Forestal para México 2025 (PEF) y al Programa Nacional Forestal 2001-2006.

Inciso b) del punto de acuerdo

Considerando los resultados obtenidos de la revisión realizada del PEF 2025, el análisis del contexto nacional e internacional y la situación actual del sector forestal en México, se ha iniciado un proceso de actualización del PEF de 2025, que se tiene previsto concluir en el segundo semestre de 2011. El proceso considera la participación de los diferentes actores del sector forestal y ambiental.

Asimismo, se informa que durante 2010 se integró un documento para reorientar y fortalecer las estrategias y líneas de acción de los programas de la Conafor, con base en la información disponible de la operación de los programas de la institución y considerando las evaluaciones externas de desempeño de cada uno de ellos, las recomendaciones de la Junta de Gobierno, así como de los consejos estatales forestales y del propio Consejo Nacional Forestal, de conformidad con las directrices señaladas en el PEF de 2025, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 y el programa sexenal de la institución, con la finalidad de mejorar la cobertura y los resultados de los programas en ejecución orientados a promover el desa-rrollo forestal sustentable en el país.

También se considera importante comentar lo siguiente:

La Comisión Nacional Forestal concluyó el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004-2009, y actualmente se lleva a cabo la actualización de dicho inventario para el periodo 2009-2014, como señala la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La actualización se debe realizar con una periodicidad de cinco años. Esta información permite obtener los principales indicadores de los recursos forestales del país.

De conformidad con la información proporcionada por la FAO en Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010, la pérdida de bosques y selvas en México ocurrida entre 1990 y 2000 fue de 354 mil hectáreas anuales en promedio; para el periodo 2000-2005, de 235 mil hectáreas por año; y para el lapso 2005-2010, de 155 mil hectáreas anuales en promedio, lo que representa una disminución de 34 por ciento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Zapopan, Jalisco, a 30 de noviembre de 2010.— Doctor Octavio Salvador Magaña Torres (rúbrica), coordinador general de Planeación e Información.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-898, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/ 00005620, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Proyecto HK050, “Estado de salud y estatus de conservación de la población de Totoaba (Totoaba macdonaldi) en el Golfo de California: una especie en peligro de extinción”.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, en respuesta a su oficio número SEL/UEL/ 311/3291/10, referente al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 5 de octubre del presente año, en el que se solicita que se informe sobre los avances y resultados del Proyecto HK050, “Estado de salud y estatus de conservación de la población de Totoaba (Totoaba macdonaldi) en el Golfo de California: una especie en peligro de extinción”, me permito anexar al presente el oficio número SGPA/DGVIS/09247/J2010, suscrito por el médico veterinario zootecnista Martín Prieto, director general de Vida Silvestre, y el oficio número CN-01794201 O, signado por el doctor José Sarukhán Kermez, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a través de los cuales, cada uno, en el ámbito de su competencia, atienden lo solicitado en el punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración;

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2010.— Licenciada Raquel Ramírez Parra (rúbrica), directora de Legislación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.— Presente.

Con relación a su oficio número 4784, de fecha 25 de octubre de 2010, en el que informa el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados donde se solicita a esta Dirección General las actividades que se realizarán en la segunda etapa del Proyecto HK050, “Estado de salud y estatus de conservación de la población de Totoaba (Totoaba macdonand)el Golfo de California: una especie en peligro de extinción”.

Al respecto, le comento que la participación de la Dirección General de Vida Silvestre en la segunda etapa del proyecto será la de facilitar y contribuir en las actividades planteadas en éste, que permitan evaluar el estatus de conservación de la especie objeto a partir de los estudios sobre la biología, dinámica y ecología de las poblaciones, sus relaciones con el ambiente, a partir de los cuales se propondrán planes de ordenamiento alternativos que prevengan la disminución critica de la abundancia, de sus poblaciones y que promuevan su conservación, recuperación y desarrollo sustentable.

Asimismo, para obtener la información necesaria e integrar la base de datos de especies listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, la cual, entre otros, considera aspectos de distribución, ambiente, historia natural de la especie, así como factores, categorías y evaluaciones de riesgo en la que se encuentra.

De manera particular, esta Dirección General de Vida Silvestre atenderá en forma oportuna la expedición de los permisos de colecta para fines de investigación considerados en el proyecto como elemento fundamental del estudio, con la que coadyuvará para alcanzar los objetivos y metas planteados en éste.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— MVZ Martín Vargas Prieto (rúbrica), director general de Vida Silvestre.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-335, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/ DGAVS/1692/2010, suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al programa integral de atención a las familias e infantes afectados por organizaciones criminales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGP-1P2A.-710 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 353.A.-1440, suscrito por el doctor Francisco L. de Rosenzweig Mendialdua, director general jurídico de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los daños ocasionados por el huracán Karl en Veracruz.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-3572, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 1150, suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al accidente ocurrido en el puente de Tonalá, municipio de Las Choapas, Veracruz.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-2281, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 353.A. 1447, suscrito por el doctor Francisco L. de Rosenzweig Mendialdua, director general jurídico de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la inclusión de recursos suficientes para el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (Pronaddis).

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-3166, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-1912/10, suscrito por la licenciada Amparo Solano Garrido, directora general adjunta de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la situación en el Sahara Occidental.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-699, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DEP-1908/10 suscrito por la licenciada Amparo Solano Garrido, directora general adjunta de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-3010, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del oficio SE/0746/2010 suscrito por la doctora María Elena Álvarez de Vicencio, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la equidad de género.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-1651 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/3/8C.17.5/0385-10, suscrito por la ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández, subprocuradora de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las empresas mineras dentro del territorio nacional.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-710 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CGPC/DGPC/1323/10, suscrito por la licenciada Ana Lucía Hill Mayoral, directora general de Protección Civil, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la población afectada por el paso del huracán Karl.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-3008, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del oficio SE/0747/2010 suscrito por la doctora María Elena Álvarez de Vicencio, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la violencia intrafamiliar.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-2275 signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00005619 suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al proyecto Restauración, Recuperación, Sostenimiento y Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-3372 signado por el senador Ricardo García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/ 1714/2010 suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la salud alimentaria.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficionúmero DGPL-1P2A.-3357 signado por el senador Ricardo García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/ 1740/2010 suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la enfermedad de Alzheimer.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-2805 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/ 1727/2010 suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los programas y acciones que se están realizando en materia de recolección final de medicamentos caducos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-2816 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/ 1705/2010 suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la mortalidad causada por mesotelioma pleural o tumores de pleura.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE VERACRUZ

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo del Estado de Veracruz.— Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.— Coordinación Estatal de Medio Ambiente.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado Balfre Vargas Cortez, Presidente y Secretario de la XLI Legislatura.— Presentes.

Respecto a su oficio número DGPL. 61-II-5-900, expediente 1577, en el cual solicita un informe sobre las gestiones para que la zona de Tembladeras, situada en el municipio de Veracruz, sea designado sitio Ramsar y decretado como área natural protegida (ANP), le comunico lo siguiente:

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desa-rrollo Social y Medio Ambiente, realiza la gestión ante la Conanp para que la citada zona sea certificada como sitio Ramsar. Estamos en la etapa de complementar la información que la Conanp requirió para continuar el proceso.

Con fecha 25 de noviembre del año en curso fue firmado el decreto de la reserva ecológica Tembladeras, la cual abarca una superficie de 228-20-44 hectáreas, con el objetivo de proteger las características biológicas, ecológicas y físicas de esta zona.

Es un decreto de uso limitativo del suelo, por lo que los terrenos que incluye quedan en posesión de sus legítimos propietarios, y la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, de acuerdo con lo que dispone la ley en la materia, orientará y promoverá las acciones necesarias y estimulará la participación de los propietarios en proyectos encaminados a la protección, a la conservación y al desarrollo de dicha área, para lograr el cumplimiento y la ejecución de los objetivos del decreto.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 30 de noviembre de 2010.— Licenciado Alonso Domínguez Ferráez (rúbrica), secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

VII ASAMBLEA PLENARIA FORO INTERPARLAMENTARIO DE LAS AMERICAS

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto me permito anexar al presente, en forma impresa y disco magnético, el asunto que se enlista a continuación:

• Informe de la senadora Adriana González Carrillo, en calidad coordinadora de la VII Asamblea Plenaria de este organismo internacional de Parlamentarios de América, la cual se llevó a cabo del 17 al 19 de noviembre del presente año en México, Distrito Federal.

Lo anterior a efecto de que sea inscrito en la sesión permanente del próximo 21 de diciembre del presente.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 2010.— El subcoordinador, senador Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»

«Informe final de la séptima asamblea plenaria Foro Interparlamentario de las Américas

Del 17 al 19 de noviembre de 2010 tuvo lugar la séptima asamblea plenaria del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA) en la Ciudad de México, dónde participaron legisladores de 11 países de las Américas, un grupo multidisciplinario de observadores así como expertos en distintas materias.

Durante la ceremonia de inauguración, el presidente del Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones Rivera, consideró que los trabajos de este foro contribuirán a reforzar los mecanismos que impulsan los congresos y gobiernos de la región para fortalecer la lucha contra el crimen.

En tanto, el senador José González Morfín, presidente de la Junta de Coordinación Política, se pronunció porque los trabajos del FIPA fortalezcan las acciones concertadas para transmitir la voluntad política que se requiere, para que la lucha contra el crimen organizado se traduzca en acciones y estrategias concretas “que acaben con este flagelo que tanto afecta a nuestras familias y países”.

En su turno, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Castellano, expresó que el mayor reto que enfrenta la región es la urgente necesidad de consolidar la democracia, para que trascienda lo electoral e incorpore prácticas cotidianas, instituciones abiertas y transparentes, a fin de asegurar la participación y el apoyo de los ciudadanos en la construcción de sociedades prosperas y justas.

A su vez, la senadora panista Adriana González Carrillo, representante de México ante el Comité Ejecutivo del FIPA, externó que con este encuentro se contribuirá en el proceso de fortalecimiento institucional de las Américas al impulsar las reformas necesarias, a efecto de fortalecer el Estado de Derecho, promover un comercio justo que impulse el desarrollo sustentable, paliar los efectos del cambio climático y de las pandemias.

El diputado priista Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Cámara de Diputados, señaló que los legisladores de la Cámara Baja están interesados en igualar políticas para impulsar el comercio internacional y la seguridad que afecta a distintas regiones del continente.

Por otro lado, el Presidente del FIPA, diputado Luiz Carlos Hauly, aseguró que el sueño del Parlamento Americano está más cercano a la realidad; “somos 35 países, mil millones de personas en el continente americano que tienen el derecho de soñar por la integración en todos los sentidos”.

Los trabajos iniciaron con una sesión plenaria en dónde se dio lectura al informe anual de los avances y logros de FIPA por parte del diputado Luiz Carlos Hauly, presidente del FIPA.

Más tarde, los participantes presenciaron la conferencia Desafíos para las Américas, dictada por el doctor Roberto Newell, presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Los desafíos sociales, ambientales y de seguridad se discutieron durante los 3 días en 3 diferentes mesas de trabajo, con el fin de establecer medidas concretas para hacer frente a estos importantes hechos.

El grupo de trabajo 1 tocó el tema “Preparación y respuesta a desastres naturales y situaciones de urgencia”, se anexa documento con las presentaciones por parte de los expertos invitados a esta mesa, así como las discusiones y las resoluciones finales expuestas por el grupo de trabajo responsable de este tema.

El grupo de trabajo 2 discutió el tema “Seguridad regional y crimen transnacional”, deliberaron sobre cuestiones específicas de tráfico de drogas y otras áreas delictivas así como subrayaron la importancia de la cooperación entre los estados, programas preventivos y correctivos, entre otros asuntos. Adjunto se incluye el documento respectivo.

“La participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia” fue el tema del grupo de trabajo 3, tanto las presentaciones, la discusión y las recomendaciones propuestas por este grupo acompañan el presente documento.

Además, en el Grupo de Mujeres Parlamentarias participaron legisladoras de 9 países de las Américas para discutir temas relacionados con la situación actual de la mujer en la política, la problemática familiar, los roles y el tema de la confianza en su capacidad y derecho siendo representantes políticas de hombres y mujeres. Sus consideraciones y recomendaciones se incluyen al presente informe.

Durante la plenaria de cierre, el Foro Interparlamentario de las Américas proclamó el caso resolutivo de la República del Ecuador repudiando los acontecimientos, atentatorios a la democracia, suscitados el pasado 30 de septiembre en ese país. Se anexa la resolución.

El señor Luiz Carlos Hauly, miembro de la Cámara de Diputados de Brasil y Presidente del FIPA, sugirió la propuesta de cambiar la denominación de FIPA por FIPA Parlaméricas, la cual fue aprobada por unanimidad. Se procedió a realizar las votaciones por las representaciones de cada subregión, siendo también aprobadas por unanimidad, quedando de la siguiente forma:

Subregiones:                                        Países

Norteamérica                     México y Canadá

América Central                                 Panamá

El Caribe                                                 Haití

América del Sur                               Colombia

Se eligió a Paraguay como sede de la octava Asamblea Plenaria de FIPA en 2011. Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad y se sugirió que Panamá sea sede de la novena Asamblea Plenaria del FIPA en 2012.

El señor Luis Carlos Hauly, Presidente de FIPA, dijo sentirse plenamente satisfecho con el trabajo realizado por cada uno de los parlamentarios dando clausura al Foro el19 de noviembre del presente año, reconociendo la hospitalidad y el cariño de México, así como los esfuerzos de la Senadora Adriana González Carrillo quién es una digna representante de México ante el Comité Ejecutivo del FIPA así como al Congreso Mexicano.

Nota:

1 Se decidió en la plenaria que México concluiría el plazo de la vacante que dejó Estados Unidos por un año.

Atentamente

Senadora Adriana González Carrillo, coordinadora de la Séptima Asamblea Plenaria Foro Interparlamentario de las Américas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento de lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a noviembre de 2010, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a noviembre de 2009.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), Secretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL - LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el diputado Leo-bardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Iniciativa que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94 a 96 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Leobardo Soto Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad  que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 123, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Consideraciones

La presente iniciativa tiene por objeto reformar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, fracción VI, y en consecuencia los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo, con relación a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que tiene como objetivo fundamental cumplir con la encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, pero dicha comisión desestima a los trabajadores del país ya que no funciona como tal ya que de acuerdo a las condiciones económicas y sociales del país, no está propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia. Y, por tanto, la propuesta ante este honorable pleno sería que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados tenga la facultad para decidir sobre la fijación de los salarios mínimos para el país.

Don Venustiano Carranza encabeza, en el Constituyente de 1917, la primera Constitución federal en America Latina, que incluye la seguridad social seriamente en los artículos 3o., 27o. y 123o.; en este último tocaba la necesidad de que el salario mínimo fuera suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un obrero y su familia. En primer término se determinó que el salario mínimo lo determinaban juntas especiales formadas en cada municipio enlazadas a cada entidad federativa vía junta central de coordinación hasta 1963.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un organismo público descentralizado creado mediante la reforma a la Fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo publicadas en el mismo diario el 31 de diciembre de ese año.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 90 que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo y deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, cosa que no es posible ya que no se protege la capacidad adquisitiva del salario y mucho menos faciliten a los trabajadores a obtención de satisfactores.

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las tres áreas geográficas para 2010 de 4.85 por ciento. Porcentaje que no ayuda en nada a los trabajadores del país, quedando los salarios mínimos legales que rigen a partir del primero de enero de 2010 son los siguientes: área geográfica A, 57.46 pesos diarios; área geográfica B, 55.84 pesos diarios; y área geográfica C, 54.47 pesos diarios.

Hace 40 años, con un salario mínimo de 27.93 pesos en promedio se podía comprar 27 boletos del metro, 19 kilos de tortilla, 11.6 litros de leche, 46 kilos de huevo o 1.46 kilos de carne.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) está por aprobar el incremento a los minisalarios que regirá a partir del 1 de enero del 2011. El salario mínimo, aún con el incremento que se apruebe para el próximo año, es una vergüenza, no alcanza ni para la subsistencia del trabajador que lo percibe, menos para mantener a su familia.

Según un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, 14 millones de trabajadores en el país ganan un salario mínimo al día, es decir, 57.46 pesos. Un trabajador de salario mínimo debe descontar de esos 57.46 pesos los gastos de transporte y comida, con lo que sus percepciones se reducen todavía más. Un trabajador necesitaría trabajar 22 horas diarias con sueldo mínimo para poder adquirir los productos de la canasta alimenticia recomendada, cuyos precios oscilan entre 413.47 y 597.00 pesos. Eso sin contar los gastos vestido y vivienda.

Las variables económicas y sociales para tomar una decisión de aumento en la Conasami, aunque es colegiada y tripartita, jamás estarán del lado del trabajador, sabemos que este salario no alcanza para todo y tampoco satisface las necesidades de los trabajadores y su familia.

Recordemos que el salario representa el costo de cada trabajador puesto que es la base de cotización para efectos del seguro social, horas extras, días de descanso, vacaciones, utilidades, aguinaldo, e incluso una posible indemnización o liquidación.

Ante tal situación se puede afirmar que la función encomendada a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a dejado de ser fundamental para los trabajadores del país, donde quedaron esos principios invocados en el Constituyente de 1917, de satisfacer las necesidades básicas del trabajador y su familia, hoy día ni para comer alcanza un salario mínimo, ¿y las otras necesidades como vivienda digna, salud y educación? Es por eso que la actual crisis nos lleva a proteger a nuestra gente, y hoy se propone que la honorable Cámara de Diputados, vía Comisión de Trabajo y Previsión Social, se asigne el salario mínimo para los trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos.

Sabemos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, al final de cuentas, ratifica la asignación de los salarios mínimos, como los propone el Ejecutivo federal, aunque entre comillas se maneja de manera tripartita dejando de lado al trabajador mexicano, por lo que pongo a consideración de este pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Primero.Se reforma la fracción VI, párrafo tercero, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos para quedar como sigue:

Artículo 123.Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán

A.Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. a V. ...

VI.Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán anualmente por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados a más tardar el 30 de noviembre.

Segundo.Se reforman los artículos 94, 95, y 96 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados a más tardar el 30 de noviembre de cada año.

Artículo 95. Derogado.

Artículo 96. La Comisión del Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados determinará la división de la república en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de diciembre de 2010.— Diputado Leobardo Soto Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, suscrita por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, misma que

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, suscrita por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Jesús María Rodríguez Hernández, Nancy González Ulloa, Alejandro Bahena Flores, Gerardo Fernández Noroña, Herón Escobar García, María Teresa Ochoa Mejía, J. Guadalupe Vera Hernández, Óscar Aguilar González, Juan José Guerra Abud y Jorge Alberto Juraidini Rumilla, integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz, de conformidad con los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

Exposición de Motivos

La fracción IV de nuestra Carta Magna establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 1 que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas y en su artículo 2 define el tipo de contribuciones que harán los ciudadanos, empezando por el pago de impuestos.

Según lo establecido por el Código Fiscal de la Federación, son considerados impuestos las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Considerando lo anterior, no existe duda de que el ciudadano que adquiera un bien determinado que se encuentre considerado dentro de una ley impositivo, estará obligado al pago del impuesto correspondiente.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor a partir del 1 de enero de 1980, durante el sexenio de José López Portillo, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer que toda aquella persona física y moral, que en territorio nacional, realicen actividades sobre enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios estarán obligados al pago de dicho impuesto.

La misma ley establece que el impuesto se calculará aplicando a los valores que señala la ley, la tasa del 16 por ciento y que ese impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. Una vez hecho el cobro, el contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios.

Considerando que un impuesto es ~n pago al Estado, de carácter obligatorio, que hacen los ciudadanos por distintas actividades, es necesario que exista certidumbre jurídica que asegure un cobro del impuesto de manera clara y justa.

La Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos fue aprobada por el Congreso de la Unión, entrando en vigor el 1 de enero de 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer la obligación de las personas físicas y morales de pagar dicho Impuesto para todos aquellos que enajenen automóviles nuevos por el ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos; y los que importen definitivamente automóviles a nuestro país, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.

En el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, establece que los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados de automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, no harán la separación del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación. Esto hace que este impuesto se encuentre contemplado en el precio total del vehículo sin desglosar el monto pagado.

Lo anterior genera un estado de incertidumbre jurídica puesto que el consumidor no puede conocer el monto del impuesto que se integró al valor del vehículo.

Más aún, el hecho de que los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados de automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, no hagan la separación del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación, genera que el cobro del impuesto al valor agregado no se haga sobre el valor del bien, sino del total que resulta de la suma del valor del bien y la suma del impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) aplicable al vehículo.

Este simple hecho causa que el monto a cobrar por concepto de IVA se haga no sobre el valor total del bien, sino que se realiza el cálculo de un impuesto sobre otro impuesto, que es a todas luces injusto e incorrecto.

Veamos lo siguiente, si tomamos como ejemplo el caso de un vehículo Volkswagen Jetta de 4 puertas del año, con un precio real sin impuestos de 200 mil 502 pesos, su correspondiente impuesto de ISAN es de 4 mil 239.66 pesos, lo que nos da un subtotal de 204,741.66 pesos, este monto, es el que aparece en la factura como valor total del vehículo, puesto que, de acuerdo con la legislación actual, no se hace el desglose de estas dos operaciones. Una vez que se tienen los 204 mil 741.66 pesos, se le aplica el 16 por ciento del IVA y el precio final del vehículo queda en 237 mil 500.00 pesos. Si se realizará el cobro de ambos impuestos de manera separada y simplemente se sumaran, el costo final del vehículo al consumidor sería de 236 mil 821.98 pesos, es decir, 678.35 pesos menos, que sería un ahorro para el contribuyente. Si consideramos que del mes de enero hasta el mes de octubre del 2010 se han vendido 31,324 unidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito público ha registrado un ingreso adicional por las ventas de este modelo 21 millones 248 mil 497.57 pesos. Todo esto, sólo por el cálculo de un impuesto sobre otro impuesto.

Si consideramos, las unidades vendidas del mes de enero hasta el mes de octubre de 2010, de los nueve vehículos más vendidos en los cinco segmentos (VW Jetta, Nissan Sentra, Honda Accord, Toyota Camry, Ford Mustang, Seat Leon, Dodge Journey, Honda CRV y Chevrolet Silverado), se puede concluir que por el hecho de no separar el impuesto ISAN del valor total del vehículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito público ha registrado un ingreso adicional de 81 millones 423 mil 655.28 pesos, que les fueron cobrados indebidamente a los compradores de vehículos.

Considerando lo anterior, es imprescindible que se modifique el tercer párrafo del artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, con la finalidad de que los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados de automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, estén obligados a hacer la separación del monto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos en el documento que ampare la enajenación, para que el cobro del ISAN y del IVA sea sobre el valor del vehículo y posteriormente se sumen ambos impuestos, por lo que me permito presentar ante esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos para quedar como sigue:

Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Artículo 11. No procederá la devolución ni compensación del impuesto establecido en esta Ley, aun cuando el automóvil se devuelva al enajenante.

I. ...

II. ...

III. Los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados de automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, estarán obligados a hacerla separación del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2010.— Diputados: José Luis Velasco Lino, Jesús María Rodríguez Hernández, Nancy González Ulloa, Alejandro Bahena Flores, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Herón Escobar García, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, J. Guadalupe Vera Hernández, Óscar Aguilar González, Juan José Guerra Abud, Melchor Sánchez de la Fuente, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o., y 66 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, suscrita por los diputados Alejandro Carabias Icaza, Diego Guerrero Rubio y Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Iniciativa que reforma los artículos 9o. y 66 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por los diputados Alejandro Carabias Icaza, Diego Guerrero Rubio y Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Alejandro Carabias Icaza, Diego Guerrero Rubio y Eduardo Ledesma Romo, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-L, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 58 de la Ley General de Vida Silvestre establece como “especies y poblaciones en riesgo” las siguientes:

• En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.

• Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.

• Sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.

En el caso de la biodiversidad marina, las especies en riesgo muchas veces interactúan con especies que son objeto de la pesca comercial. Por citar algunos ejemplos, a la pesquería del camarón están asociadas las 7 especies de tortugas marinas presentes en México, además de la vaquita marina ( Phocoena sinus) y la totoaba ( Totoaba macdonaldi). A la pesquería del atún están asociadas 13 especies de delfines, incluyendo el nariz de botella ( Tursiops truncatus). Incluso algunas especies protegidas son objeto de la pesca comercial, como es el caso del pepino de mar ( Isostichopus fuscus) y la almeja pismo ( Tivela stultorum).

Debido a estas interacciones, las especies en riesgo pueden verse afectadas por la captura incidental, tanto en pesca de altamar como ribereña, pero cabe señalar que la mayoría de las capturas incidentales ocurren en pesquerías comerciales que utilizan artes y métodos de pesca poco selectivos.

Ante esta situación, el Código de Conducta para la Pesca Responsable, emitido por la FAO, establece lo siguiente:

Artículo 6.6 Deberían continuar perfeccionándose y aplicándose, en la medida de lo posible, artes y prácticas de pesca selectivas y ambientalmente seguras a fin de mantener la biodiversidad y conservar la estructura de las poblaciones, los ecosistemas acuáticos y la calidad del pescado. Donde existan adecuados artes y prácticas de pesca selectiva y ambientalmente seguras, las mismas deberían ser reconocidas y debería asignárseles una prioridad al establecerse medidas de conservación y ordenación aplicables a las pesquerías. Los Estados y los usuarios de los ecosistemas acuáticos deberían reducir al mínimo el desperdicio de las capturas tanto de las especies que son el objeto de la pesca como de las que no lo son, de peces y otras especies así como los efectos sobre las especies asociadas o dependientes, la captura incidental de especies no utilizadas y de otros recursos vivos.

A nivel nacional, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) contiene diversas disposiciones para regular las artes, equipos y técnicas de pesca, así como para fomentar el uso de artes y métodos de pesca selectivos y de menor impacto ambiental. Asimismo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, Normas Oficiales Mexicanas como la NOM-EM-002-PESC-1996 “Por la que se establece el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas marinas en las redes de arrastre durante las operaciones de pesca de camarón en el Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California”, la NOM-029-PESC-2006 “Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento”, y otros ordenamientos, complementan el marco regulatorio en torno a las artes y métodos de pesca apropiados para evitar la captura incidental de especies en riesgo.

Sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes y la pesca incidental continúa en México, lo cual no ha pasado de-sapercibido por otros países, particularmente Estados Unidos de América, que consumen el 59 por ciento de las exportaciones de productos pesqueros mexicanos. En la década de 1990, este país impuso un embargo al atún mexicano debido a la captura incidental de delfines; en 2006 y 2008 hubo amenazas de embargo al camarón mexicano debido a la captura incidental de vaquita marina.

Por último, en marzo de 2010 Estados Unidos anunció un embargo “de facto” al camarón mexicano, por no acreditar la sección 609 de la Ley 101-162, que prohíbe la importación de camarón de aquellos países que no cuentan con medidas eficientes para proteger a las tortugas marinas durante las operaciones de pesca de arrastre de camarón silvestre.

Por consiguiente, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos necesario reforzar otras medidas para evitar la pesca incidental, en virtud de que el marco regulatorio ya existente en torno a las artes de pesca no ha sido suficiente.

En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es contabilizar las capturas incidentales de especies y poblaciones en riesgo, como excedentes de captura, sin importar su volumen. Para este efecto, pretendemos adicionar un párrafo segundo al artículo 66 de la LGPAS. Con esta adición propuesta, las capturas incidentales de especies en riesgo serán consideradas como pesca realizada sin concesión o permiso, y estarán sujetas a las sanciones que ya prevé la LGPAS para esta infracción.

De manera complementaria, proponemos reformar la fracción I del artículo 9º de la misma Ley, a efecto de que Semarnat tenga facultad para emitir recomendaciones acerca de las especies y poblaciones en riesgo que sean afectadas por la pesca incidental.

Por último, proponemos reforzar la normalización relativa a la captura principal en las principales pesquerías del país, reformando para ello el párrafo primero del artículo 66 de la LGPAS y agregando el artículo transitorio correspondiente.

Con estas propuestas, nuestro grupo parlamentario pretende dar un nuevo enfoque a los esfuerzos de conservación de delfines, tortugas marinas y demás especies marinas en riesgo, que por muchos años han sido víctimas de la captura incidental, en las pesquerías comerciales.

Por lo expuesto, los legisladores que suscriben, integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 9 y 66 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único. Se reforman la fracción I del artículo 9º y el párrafo primero del artículo 66; se adiciona un párrafo segundo al artículo 66, recorriéndose el subsiguiente, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 9o. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Semarnat se coordinará con la secretaría para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley, en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, particularmente, en los siguientes aspectos:

I. En áreas naturales protegidas, de acuerdo con la declaratoria de creación o el programa de manejo, emitir recomendaciones sustentadas, fundadas y motivadas, sobre los permisos y concesiones de pesca y acuacultura que se pretendan otorgar, así como los volúmenes , las especies y poblaciones en riesgo que sean afectadas por lapesca incidental;

II. a V. ...

Artículo 66.La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que determine la Secretaría para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca, de conformidad con lo que establezcan las normas oficiales mexicanas, la presente Ley, y demás disposiciones que de ella se deriven. Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión o permiso.

La captura incidental de especies y poblaciones en riesgo asociadas a cualquier pesquería, será contabilizada como excedente de captura, sin importar el volumen.

El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca deportivo-recreativa.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el Programa Nacional de Normalización 2011 y subsecuentes, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá contribuir con propuestas de normas oficiales mexicanas relativas a los volúmenes de captura incidental en las principales pesquerías del país.

Nota:

1 FAO. 1995. FAO. Código de conducta para la pesca responsable ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878s/v9878s00.pdf

2 FAO. 2004. Perfiles sobre la pesca y acuacultura por países: México http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_MX/es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.— Diputados: Alejandro Carabias Icaza, Diego Guerrero Rubio, Eduardo Ledesma Romo (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política y en el artículo 122 de la Ley Orgánica, así como en la fracción II del artículo 55 y en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 123, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que para fijar el salario mínimo de los trabajadores producto de una relación laboral –trabajador y patrón; prestación de un servicio personal subordinado y el pago de un salario– se establecerá por medio de una comisión nacional que se integrará por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Dicha comisión tiene la facultad de hacer consultas a otras comisiones especiales cuando lo considere necesario. Esto lo replica el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo sin cumplimentar sus facultades preponderantes ante situaciones de excepción y de crisis económica y, más aún, cuando se dirige predominantemente por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Ante la caída de los salarios mínimos, se pone en evidencia que los procedimientos establecidos para la revisión de éstos se vuelven inaplicables, parciales e ineficientes sobre todo cuando se encuentran en juego intereses ajenos a los trabajadores.

La composición tripartita de la autoridad encargada de fijar y revisar los salarios mínimos posibilita la asociación de los representantes de los patrones y del gobierno contra el voto de los representantes de los trabajadores.

Cuando de incrementar el salario mínimo se trata, otro factor ha perjudicado de manera alarmante a los trabajadores que lo reciben: los “topes salariales”, donde patrones y el gobierno se ponen de acuerdo autorizando porcentajes de incremento que en nada resuelven la situación económica de los trabajadores.

La realidad a que nos enfrentamos día tras día es que los salarios mínimos fijados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha dejado desde hace varios años de ser constitucional, el monto de éstos no es suficiente para los trabajadores que los perciben, no alcanzan siquiera para adquirir la canasta alimentaria básica, cuyos productos crecen a la par que la inflación dejando por ende excluidos satisfactores elementales como vivienda, salud, educación, vestido, calzado y cultura.

Para tener una idea más precisa de la situación en que se encuentran los trabajadores que reciben el salario mínimo, es necesario remontarnos a las cifras relativas a la caída de éste. De acuerdo con datos oficiales, entre 1977 y agosto del presente año, esta remuneración perdió 75.5 por ciento de su poder adquisitivo. Tan sólo en lo que va del presente régimen, la caída ha sido de 23.0 por ciento. El salario mínimo tendría que incrementarse 274.3 por ciento para recuperar el poder de compra que tenía en 1977 y 32.9 por ciento para volver al estado que tenía a inicios del presente régimen.

La pérdida es mayor si comparamos el mínimo con la canasta básica, pues sus bienes han aumentado más que la inflación. En 1994, con 1.6 salarios mínimos un trabajador podía obtener la canasta básica, en 1999 se necesitaban 2.3 salarios mínimos para adquirirla, y ahora se requieren por lo menos 2.8 salarios mínimos.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 64 por ciento de la población económicamente activa (PEA) recibe en promedio hasta 2 salarios mínimos, si consideramos que para adquirir la canasta básica alimentaria se requiere lo equivalente a casi 3 salarios mínimos, en consecuencia, para poder seguir sobreviviendo los trabajadores se ven orillados a incorporar a otros miembros de su familia a las labores productivas del país, originando que muchos menores no concluyan la educación obligatoria, en ocasiones, a trabajar horas extra, doblar turnos, o realizar cualquier otra actividad que le genere un mayor ingreso. Ello trae como consecuencia un desgaste físico y emocional del trabajador, y el descuido de su familia, la base de toda sociedad.

La caída de los salarios mínimos también origina que los trabajadores prefieran incorporarse al sector informal, donde pueden obtener un mejor ingreso, aunque al hacerlo se privan del derecho a cualquier prestación social. En el sector informal, de acuerdo con la STPS, labora más de 50 por ciento de la PEA.

Un incentivo real para el mercado laboral es el conducente al incremento del salario mínimo con base en el índice nacional de precios al consumidor y en los análisis estadísticos y de registro económico dados por los órganos encargados para tales funciones, como el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con objeto de no dejar al arbitrio de los representantes de los patrones y del gobierno, que en la generalidad de las veces constituyen una mayoría subrepticia que margina la representación real de los trabajadores.

Resulta necesario adicionar un párrafo cuarto a la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional para establecer que los salarios mínimos se incrementarán trimestralmente conforme al índice nacional de precios al consumidor, pues ésta es la base conforme a la cual se mide el comportamiento de la inflación.

Los salarios mínimos, de acuerdo con la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional, son generales y profesionales. Respecto a los primeros, según dicha fracción, regirán en las áreas geográficas que se determinen. El término “áreas geográficas” fue introducido en la Constitución mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1986.

Al área geográfica C corresponde el salario más bajo, y así sucesivamente hasta llegar a la A. Nada justifica que a trabajadores que realizan la misma actividad se paguen diferentes salarios. Resulta a todas luces injusta una medida de este tipo, que asigna a las zonas más pobres el salario más bajo, si la ley del trabajo se federalizó para evitar los tratos diversos que daban las leyes de los estados a trabajadores que realizaban la misma actividad, resulta también de elemental justicia desaparecer los criterios de área geográfica.

El Ejecutivo federal ha reconocido a través de sus dependencias la necesidad de homologar por la vía de los hechos las áreas geográficas. Sin embargo, los acuerdos no han trascendido más allá de simples intenciones, dejando en la incertidumbre la voluntad de una de las partes implicadas, los trabajadores. Por ello resulta imperioso considerarlo en una disposición legal de carácter obligatorio.

Para tal efecto y con base en el objeto de la presente iniciativa, se propone reformar el párrafo primero de la fracción VI del artículo 123 para suprimir el concepto de “áreas geográficas” y dar pie a la homogenización de un solo salario mínimo general con aplicabilidad en todo el territorio nacional.

Resulta apremiante dignificar las labores de quien trabaja, y una manera de hacerlo es dejar de sujetar los incrementos de los salarios mínimos a la voluntad de los propietarios de los medios de producción y del gobierno y de homogenizarlos como medio para fortalecer y estimular la producción y las relaciones laborales en México.

Por lo expuesto, y dada la complejidad económica y laboral de miles de familias mexicanas, se somete a consideración de esta honorable soberanía, en su carácter de Constituyente Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y tercero, y se adiciona uno cuarto de la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

I. a V. ...

VI. Los salarios mínimos de que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros serán homogéneos para todo el territorio nacional;los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.

...

Los salarios mínimos se fijarán con base en criterios económicos trimestrales dados por los órganos responsables del análisis estadístico y de política monetaria, y aprobadospor una comisión nacional, integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

Los salarios mínimos generales y profesionales se incrementarán trimestralmente conforme al índice nacional de precios al consumidor.

VII. a XXXI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la comisión encargada de acordar la fijación de los salarios mínimos se reunirá por lo menos tres veces al año para resolver sobre el incremento de los salarios mínimos generales y los profesionales, conforme al índice nacional de precios al consumidor.

Cuarto. El referente general que se deberá tomar como base para resolver el incremento de los salarios mínimos generales y profesionales será el asignado para las áreas geográficas A al momento de su entrada en vigor.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a veintiuno de diciembre de dos mil diez.— Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Iniciativa que reforma los artículos 9o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada federal Caritina Sáenz Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada al tenor de los siguientes

Antecedentes

Como es del conocimiento de todos nosotros, el problema de la inseguridad en nuestro país ha crecido de manera alarmante teniendo entre sus principales causas; el desempleo, la corrupción, la desintegración familiar, la drogadicción y la falta de la correcta aplicación de nuestras leyes, entre otras.

De acuerdo a los resultados de la segunda Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010, elaborada por el Inegi, el 62 por ciento de la población percibe el aumento del número de delitos ocurridos en sus respectivas entidades.

Con la finalidad de garantizar la seguridad nacional, se ha incrementado en los últimos 10 años el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, así como la crea-ción de la Ley Federal de Extinción de Dominio, con objeto de canalizar a favor del Estado los bienes decomisados al crimen organizado.

Por ello, cabe destacar que la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en mayo de 2009, no considera la asignación porcentual de los recursos destinados a las diferentes dependencias de la administración pública provenientes de los bienes confiscados al crimen organizado, por tanto, resulta de manera fundamental la reglamentación transparente y precisa de la asignación porcentual de los recursos decomisados, a fin de evitar el criterio unipersonal en base a intereses y criterios unipersonales de quienes sustenten la titularidad del Poder Ejecutivo en su respectivo turno.

Por lo anterior, cuando se dan golpes significativos al crimen organizado y al narcotráfico, en específico, el artículo 22, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la confiscación y extinción de dominio será procedente en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros, robo de vehículos y trata de personas. En este sentido, es responsabilidad del Estado prevenir que las sustancias ilegales lleguen a las manos de la ciudadanía, además de ayudar a la rehabilitación de aquellos que ya sean consumidores.

Como ejemplo de lo anterior, de los 205 millones de dólares que se decomisaron a Zhenli Ye Gon (empresario mexicano, de origen chino, acusado de comercializar con acetato de seudoefedrina ilícitamente para la fabricación de metanfetaminas), estos recursos se distribuyeron en partes iguales entre la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de Salud, de acuerdo a lo informado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Asimismo, de los casi 750 millones de pesos que correspondieron a la Secretaría de Salud, 595 millones de pesos se distribuyeron a los estados, 120 millones se destinaron al programa Limpiemos México para tareas de prevención de farmacodependencia y el resto de los recursos hacia la federación para la aplicación de programas de control de adicciones.

En este sentido, en lo que va del sexenio, de acuerdo a la Secretaría de Salud, se han puesto en marcha 310 Centros de Atención Primaria de Adicciones Nueva Vida, con la finalidad de atender, prevenir y combatir las adicciones en nuestro país.

En la pasada LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado José Francisco Melo Vázquez presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de que, de los bienes decomisados a personas u organizaciones de la delincuencia organizada, el 15 por ciento se adjudiquen al sector salud en el ámbito federal, a fin de ser utilizados para la prevención y combate a las adicciones.

Por otra parte, con la reciente aprobación de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, se autorizó la creación del Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro, con la finalidad de dotar a las autoridades de recursos para el apoyo de las víctimas y ofendidos por los delitos previstos en la ley anteriormente mencionada. Este fondo permitirá reparar los daños a las víctimas con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio.

Cabe hacer referencia que dentro de los gastos correspondientes a la reparación del daño se encuentran los gastos alimentarios, de transporte y hospedaje con motivo del procedimiento penal, así como la atención médica y psicológica de las víctimas y protección a menores en desamparo.

Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de establecer las bases legales que regulen la normatividad existente, a fin de reivindicar los daños y pérdidas de la sociedad a consecuencia de la delincuencia organizada.

Exposición de Motivos

En el transcurso de la última década, el problema de la inseguridad pública se ha agraviado de tal manera que se han reportado cifras históricas en el número de ejecuciones, asaltos, secuestros, extorsiones que están desequilibrando la estabilidad y gobernabilidad en nuestro país.

Cabe señalar que la operatividad de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico han extendido sus actividades en el territorio nacional, muestra de ello es que en los últimos años, México pasó de ser un país productor-exportador y de ruta de tráfico de drogas, a ser una Nación con altos índices de consumo y, que a pesar de los esfuerzos en contra de la venta y distribución de drogas, el consumo de éstas ha aumentado significativamente en nuestro país.

El fenómeno anterior puede explicarse por un lado, a las políticas restrictivas en la frontera norte, y por otro, a lo lucrativo que ha resultado ser el negocio de venta local de narcóticos, además de la falta de políticas públicas verdaderamente integrales que incidan no sólo en el delito de narcotráfico, sino en el tratamiento de quienes ya padecen de una adicción, así como en la efectiva prevención del consumo.

En este sentido, en 2008 el Ejecutivo federal dio un primer paso al reformar la Ley General de Salud y establecer explícitamente que no se consignaría a aquellas personas que fuesen detenidas y que se encontraran en posesión de alguna sustancia ilegal, siempre y cuando la tenencia no rebasara los límites establecidos en la misma ley (Ley General de Salud, artículo 479).

Lo anterior, mediante una iniciativa de decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Actualmente, al igual que en muchas partes del mundo, la sociedad mexicana tiene un gran problema concreto en el ámbito de la salud pública, siendo este el consumo de drogas ilegales. Este problema ha pasado a ser un elemento desestabilizador de la seguridad nacional, es decir, el consumo de drogas indirectamente ha venido afectando la seguridad nacional debido al incremento de los recursos de los distribuidores de sustancias ilegales (desde narcomenudistas hasta los narcotraficantes locales y extranjeros) los cuales, al tener conflictos propios por la disputa del control de tráfico y distribución de su “mercancía”, afectan el normal funcionamiento social.

Lo anterior, aunado a la guerra declarada por parte del Ejecutivo federal, ha dado como resultados los siguientes, entre otros:

• El constante enfrentamiento entre las fuerzas del orden público en todos sus niveles con los cárteles de narcotraficantes. Con lo cual la violencia en sitios estratégicos ha aumentado de manera muy significativa, a tal grado que según un informe entregado al Congreso por el Gabinete de Seguridad Nacional, integrado por los ministerios de Defensa, de Marina, de Gobernación y de Seguridad Pública, se habla de una cifra de casi 30 mil muertes.

• La incertidumbre de la sociedad al no contar con las herramientas, información y recursos suficientes para combatir por sus propios medios los problemas de adicción que afectan directa o indirectamente sus vidas.

• El consumo de drogas desafortunadamente se ha convertido en una verdadera patología social con implicaciones graves.

Cabe destacar que durante mucho tiempo, los consumidores de drogas sufrieron de la criminalización, una distracción en la atención de lo que en esos momentos era más un problema de salud que de seguridad. Ante estas circunstancias, las personas con problemas de adicción deben recibir en todo caso, un programa efectivo para combatir su enfermedad, aunado por supuesto, a un programa preventivo.

Cifras oficiales señalan que hasta junio de 2009, 2 millones de jóvenes habían recibido atención contra las drogas, como la aplicación de pruebas de detección temprana, servicios de consejería, terapia breve y derivación a servicios de tratamiento residencial. Por lo anterior, las implicaciones del consumo de sustancias ilegales trascienden las cifras y estadísticas, lo cual representa un daño mayor a nuestra sociedad del que se pueda calcular con números.

Como se ha señalado, el fenómeno de las adicciones en México ha venido incrementándose de manera alarmante en los años recientes, generando con ello que la sociedad busque alternativas para la atención especializada a este tipo de adicciones, las cuales van en función de su capacidad económica, social y cultural.

Por otra parte, otro grave problema que se presenta es la falta de rehabilitación de las adicciones en el interior de los centros penitenciarios de nuestro país, toda vez que la falta de atención y rehabilitación los conlleva a continuar infringiendo la ley, continuando con el círculo vicioso de delinquir, a fin de obtener los recursos que les permitan mantener el consumo de las sustancias ilícitas. Cabe señalar que la rehabilitación real de un fenómeno crónico tarda por lo menos nueve años de tratamiento, y de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, el 80 por ciento de los reos son adictos a alguna droga ilegal, además del alcohol; por ello, es de fundamental importancia brindarles un tratamiento integral que les permita su restablecimiento, así como coadyuvar con la disminución de los delitos a consecuencia de los efectos de las drogas.

Por lo anterior, se necesita que los centros penitenciarios cuenten con el personal y la infraestructura necesaria para brindar un tratamiento integral de rehabilitación contra las drogas y romper con las conductas delictivas.

Asimismo, cabe destacar que los presupuestos aprobados por esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, han apoyado al Ejecutivo federal en su lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, al autorizarle desde el 2009 un creciente monto de recursos asignados al Ramo 36 que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública en un 53.3 por ciento más a su presupuesto asignado, representando un incremento histórico, sin embargo, el número de víctimas del crimen organizado han aumentado 5 veces más, lo cual refleja que los recursos son insuficientes para el combate real al narcotráfico.

Ante estas circunstancias, se considera que el gobierno federal ha contado con mayores recursos para el combate al narcotráfico, sin embargo, hace falta destinar  un porcentaje importante de estos recursos a los programas de carácter preventivo de fundamental importancia, así como a los programas eficientes de rehabilitación.

Por otra parte, se reporta un incremento de la cifra de niños y adolescentes que han quedado en la orfandad como víctimas de esta lucha frontal contra el narcotráfico, por ello, resulta de manera urgente y elemental que se establezca un fondo destinado a brindar becas educativas a los hijos de las familias víctimas del crimen organizado, a fin de que continúen con sus estudios.

Otro aspecto importante a considerar para coadyuvar con el restablecimiento del orden social de nuestro país consiste en fortalecer con el destino de mayores recursos a los programas de prevención, atención y rehabilitación de las adicciones, toda vez que con mayor frecuencia se presentan centros de rehabilitación comúnmente denominados “anexos” o “granjas”, “centros de ayuda mutua”, “centros espirituales para ingobernables”, “centros de 24 horas” y otros, que operan en la mayoría de los casos de manera clandestina y, lo más grave, además, es que se están convirtiendo en refugios de delincuentes; y muestra de ello es el registro de un número creciente de denuncias sobre abusos y maltratos de toda índole, tanto físicos, psicológicos, sexuales, así como la trata de personas y esclavitud en menores de edad, jóvenes y personas adultas en el interior de este tipo de “centros de rehabilitación”.

Por tanto, estas circunstancias nos hacen reflexionar acerca de la evidente necesidad de la falta de recursos económicos, materiales, tecnológicos y humanos para mantener y poner en marcha la infraestructura adecuada, los programas específicos y el personal capacitado en los Centros de Apoyo y Rehabilitación, los cuales habrán de garantizar en todo momento a los pacientes una atención con pleno respeto a sus garantías individuales, a sus derechos fundamentales y procurando el respeto a la libertad y dignidad humana.

Por tanto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos profundamente necesario reglamentar el destino de los recursos decomisados de la delincuencia organizada con la finalidad de que no queden sujetos a decisiones unilaterales y circunstanciales de ningún mandatario, y con ello garantizar la transparencia de los recursos, toda vez que a través de estas reformas y con base en la Ley de Extinción de Dominio, la cual otorga facultades al Estado para hacer uso de los recursos financieros, la posesión de inmuebles y otras propiedades de las organizaciones criminales sean distribuidos de la siguiente manera:

Un 25 por ciento de estos recursos decomisados serán destinados al Poder Judicial para fortalecer los programas de rehabilitación contra las adicciones dentro de los sistemas penitenciarios de nuestro país, así como para el fondo de apoyo de la administración de justicia.

Un 25 por ciento de estos recursos decomisados serán destinados a la Procuraduría General de la República a través del Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro.

Por otra parte, a la Secretaría de Educación Pública le correspondería el 25 por ciento de los recursos, a fin de que se destinen a becas educativas para los hijos de las familias victimas de la delincuencia organizada.

El 25 por ciento restante sería aplicado al sector salud para la modernización del equipo e infraestructura, así como para la inversión en el personal capacitado de los Centros de Apoyo y Rehabilitación para la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones, toda vez que se deben revertir los daños ocasionados por el tráfico de drogas a través de la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a través de la presente propuesta, busca coadyuvar con el restablecimiento de la tranquilidad y la seguridad en nuestro país, así como alejar las drogas de nuestros niños y jóvenes, y de manera especial, reivindicar los daños ocasionados por la delincuencia organizada.

Por lo señalado, someto a consideración de esta honorable LXI Legislatura la siguiente proposición con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 9 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Primero. Se reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público para quedar como sigue:

Artículo 9o. Las armas de fuego, municiones y explosivos...

...

Los bienes que resulten del dominio público de la federación, de los estados, del Distrito Federal o de los municipios, se restituirán a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su naturaleza, a lo que dispongan las normas aplicables, y atendiendo a lo siguiente:

Un 25 por ciento de estos recursos decomisados a personas u organizaciones, que comentan alguno o algunos de los delitos contemplados en las fracciones I y II del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como los frutos o rendimientos que produzcan estos durante el tiempo que sean administrados por la SAE, serán destinados al Poder Judicial para fortalecer los programas de rehabilitación contra las adicciones dentro de los sistemas penitenciarios de nuestro país, así como para el fondo de apoyo de la administración de justicia.

A la Procuraduría General de la República le corresponderá un 25 por ciento de estos recursos decomisados para que sean destinados al Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro.

A la Secretaría de Educación Pública le correspondería el 25 por ciento de los recursos, a fin de que sean destinados a becas educativas para los hijos de las familias victimas de la delincuencia organizada.

El 25 por ciento restante le corresponderá a la Secretaría de Salud  para que los destine a la modernización del equipo e infraestructura, así como para la inversión en el personal capacitado de los Centros de Apoyo y Rehabilitación para la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones, toda vez que se deben de revertir los daños ocasionados por el tráfico de drogas a través de la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones.

Segundo. Se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

I. ...

a) y b) ...

II. ...

a) y b) ...

...

De los bienes decomisados referidos en el párrafo anterior, serán distribuidos de la siguiente manera:

Al Poder Judicial le corresponderá un 25por ciento de estos recursos decomisados para que los destine a fortalecer los programas de rehabilitación contra las adicciones dentro de los sistemas penitenciarios de nuestro país, así como para el fondo de apoyo de la administración de justicia.

A la Procuraduría General de la República le corresponderá un 25 por ciento de estos recursos decomisados para que sean destinados al Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro.

A la Secretaría de Educación Pública le correspondería el 25 por ciento de los recursos a fin de que sean destinados a becas educativas para los hijos de las familias victimas de la delincuencia organizada.

El 25 por ciento restante le corresponderá a la Secretaría de Salud  para que lo destine a la modernización del equipo e infraestructura, así como para la inversión en el personal capacitado de los Centros de Apoyo y Rehabilitación para la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones, toda vez que se deben de revertir los daños ocasionados por el tráfico de drogas a través de la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, a 21 de diciembre de 2010.— Diputada Caritina Sáenz Vargas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia de la Cámara de Diputados.

DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS RAMOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es posicionamiento de los grupos parlamentarios en relación con la liberación del licenciado Diego Fernández de Cevallos.

Para referirse a este tema tiene la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por siete minutos.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, después de siete meses de estar privado de su libertad, el día de ayer fue liberado el ciudadano Diego Fernández de Cevallos.

Su secuestro se inscribe en el marco de inseguridad en que vivimos día a día los mexicanos, donde miles de secuestros como éste han perjudicado, de manera sensible, la estabilidad y la economía de miles y miles de familias a lo largo y ancho de nuestro país.

Sin lugar a dudas este tema ha sido de los que han generado mayor atención de los medios de comunicación por tratarse de una figura controvertida. Las autoridades federales tienen la obligación de llevar a cabo una investigación puntual y transparente para esclarecer este delito y aplicar la ley a los autores del mismo. Esto por la gran polémica ciudadana provocada por este hecho y, sobre todo, por el contexto en que se da su liberación.

Diego Fernández de Cevallos ha estado desde hace mucho tiempo en el ojo del huracán. Ha sido cuestionado por aprovechar sus relaciones políticas para beneficio personal y de los intereses que como abogado ha litigado, y al grupo político al que pertenece.

Este caso particular nos acredita que, independientemente del nivel socioeconómico que se tenga, todos somos víctimas potenciales de los delincuentes. A ello no se le ha prestado la atención como al secuestro del ciudadano que nos ocupa.

Las instituciones encargadas de investigar este ilícito, como en muchos otros casos, han mostrado una total incapacidad en sus investigaciones. Queremos destacar que el Poder Legislativo ha dotado al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial de la Federación de los instrumentos legales necesarios para combatir a la delincuencia, y que pasan desde el establecimiento de la figura considerada como delito, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre muchos otros.

A este Poder Legislativo le corresponde la aprobación de las normas, y al Poder Ejecutivo la aplicación de las mismas. Esta situación de inseguridad y deterioro del patrimonio de miles de familias mexicanas no puede continuar.

Más aún, el pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país no puede permitir el clima de violencia e inseguridad que se vive, no importa que la víctima sea una figura pública o un ciudadano común y corriente. Debemos seguir trabajando en erradicar este mal que está minando la libertad de cada uno de los mexicanos.

Consideramos inadecuado e incorrecto que Felipe Calderón trate como un privilegiado al ciudadano Fernández de Cevallos, no lo ha hecho con los miles de ciudadanos, hombres y mujeres, niños y adultos mayores que han sufrido este mismo hecho.

Es el momento de que Calderón enderece el rumbo y asuma que ha sido incapaz, hasta este momento, de poder acabar con este tipo de situaciones aún. Y como lo hemos mencionado hace un momento, cuenta con todos los instrumentos legales y jurídicos para hacerlo. Es tanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Primitivo Ríos. Le pregunto al senador Delgado si hará uso de la palabra.

El senador Dante Alfonso Delgado Rannauro:Sí, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, senador.

El senador Dante Alfonso Delgado Rannauro:Señor presidente, compañeros legisladores. Estoy de acuerdo en que no tengamos representación en la Mesa Directiva, pero creo que es importante, porque llegamos con tiempo, que se nos corra traslado de los acuerdos de la Mesa Directiva para que oportunamente podamos opinar.

Creo que parte de los problemas que se dan en el país son precisamente las exclusiones, y recuerden ustedes que parte del problema de la patria es que los asuntos se pueden resolver en el Congreso, en los órganos de dirección, que son la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, en el pleno. Y lo hemos dicho nosotros, pero también se pueden resolver en la calle.

Precisamente por ello tiene especial significación el hecho de lo que programó la Mesa Directiva, que es hablar de un tema tan delicado como es el secuestro de un mexicano que tiene una gran trayectoria, que ha sido candidato a la Presidencia de la República, diputado y senador de la República, pero además, presidente del Senado de la República.

En razón de ello, reviste la mayor relevancia el que Diego Fernández de Cevallos haya recuperado la libertad. Una libertad que le fue arrebatada desde el 14 de mayo, él mismo lo explica, que tiene una profunda motivación política, independientemente de lo que se pudo haber pagado por el rescate, que por cierto, no ha sido informado a la sociedad. La transparencia nos obliga a que se sepa en qué condiciones fue el pago del rescate.

Pero lo que sí queda claro es que Diego Fernández de Cevallos nos refleja que tuvo debates intensos con sus captores, que les reconoce nivel cultural, formación y, sobre todo, principios y valores discrepantes de la forma en que él ve al país.

Ahí es donde tenemos que advertir que no todos los mexicanos están de acuerdo en que solamente a nivel partidocrático se tomen decisiones sobre la marcha del país. La exclusión de las minorías que tengan representación en el Congreso, o en cualquier organización, tiene consecuencias, pero cuando es la inmensa mayoría de la sociedad la que está siendo agraviada, porque tenemos a más de 50 millones de mexicanos que viven con dos salarios mínimos, o menos, el tema del debate sobre la pobreza, el sentido del comunicado final, el uno, el dos y el tres, que dan a conocer la Red por la Transformación Global y que tienen como lema contra la injusticia y la impunidad, ni perdón ni olvido, tienen que ser valorados de la manera más significativa.

Esto lo digo así porque entiendo el mensaje de Diego Fernández de Cevallos, lo estuve viendo directamente de la televisión y escuché varias de sus entrevistas, trae un marcado reconocimiento a la necesidad de darle un nuevo sentido a su propio trabajo político en torno a los grupos más vulnerables de la patria.

Nosotros estamos desde luego en contra de los secuestros. En contra de los secuestros que puede realizar cualquier grupo organizado para privar a una persona de su libertad y llevarlo a una casa de seguridad. Pero también estamos en contra del abuso de poder que con impunidad realiza secuestros desde el poder público. Y esos secuestros, quienes los hemos sufrido en carne propia y advertimos que son solamente por abuso de poder y no por otra circunstancia, deben de ser superados. En este momento hay miles de casos de personas que son atropelladas en sus derechos humanos.

Incluso el propio Congreso le ha dado un paraguas de impunidad a los órganos encargados de la protección de la propia sociedad. Mientras esta misma Cámara de Diputados hace un par de años manifestaba que hoy la presunción de inocencia es un derecho constitucional, a la par se aprobó por ambas Cámaras, por el Congreso, la atribución para que las autoridades puedan tener un arraigo e incluso duplicar el término, sin que tenga los elementos sustantivos para poder aplicar esta medida que, por cierto, no ha sido reglamentada por el Congreso.

Tenemos nosotros, por lo tanto, que levantar una enérgica protesta en contra de quienes piensan que se pueden hacer justicia por sus propias manos, pero yo creo que debemos darle el peso específico al mensaje y a las palabras pronunciadas por Diego Fernández de Cevallos.

Este tema creo que ha sido agendado precipitadamente. Se tiene que permitir que el propio Diego Fernández de Cevallos hable más abiertamente de los debates a los que se ha referido, que nos dé su impresión de los alcances que se tuvieron. Él ha dicho que fue enérgico en su posición, pero que al propio tiempo respeta la posición de quienes fueron sus captores, y lo más importante es que como un hombre formado en la vida política de país, reconoce que se trató de una organización que tiene profundas raíces de orden social, de orden económico y de orden político.

Eso nos debe llevar a una reflexión profunda de advertir si como nación estamos transitando por el camino correcto. O se ha insistido, independientemente de una alternancia que no ha traído frutos al país, en un proyecto económico que ha pauperizado a la población, que ha vulnerado las condiciones de vida de la mayoría de la población, que no ha dado oportunidades de empleo a las nuevas generaciones, que durante algún tiempo tuvieron la expectativa del sueño americano, que hoy, como consecuencia de la retracción económica de Estados Unidos, miles y miles de jóvenes son deportados. Se levantan bardas que impiden la migración ilegal hacia los Estados Unidos, pero la deportación es enorme.

Eso trae como consecuencia que, ante la falta de oportunidades de empleo, de recreación, de educación, los jóvenes, o muchos de ellos, sin otra esperanza tengan que incorporarse a las acciones que lastiman a la sociedad, a través de una delincuencia organizada que crece todos los días por —desde mi punto de vista— la equivocación que se dio en el combate a ese cáncer lacerante que es la delincuencia organizada, y el narcotráfico.

Que sea la reincorporación de un hombre que tiene un peso específico en la vida del país determinante, como Diego Fernández de Cevallos, para que iniciemos una profunda reflexión en torno a lo que significa la gobernabilidad del país. Porque quiérase o no reconocer, hay regiones de México donde el Ejército reconoce que son zonas de exclusión donde la delincuencia organizada tiene control absoluto de las decisiones en materia política, económica y social.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor senador.

El senador Dante Alfonso Delgado Rannauro:Eso no lo podemos permitir. El Estado fallido no puede ser el estandarte en el que nosotros, como legisladores, podamos simplemente sumarnos como coro de aplauso a medidas que son disfuncionales.

Yo convoco —para terminar— a mis amigos legisladores para que podamos dialogar con Diego Fernández de Cevallos, para que él nos diga los alcances del debate que tuvo con sus captores y al propio tiempo para que podamos definir políticas públicas que alienten la reactivación económica, hagan justicia a los grupos vulnerables y permitan que México transite hacia la grandeza a la que tiene derecho. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Reivindicando los señalamientos de derecho a la información de su grupo parlamentario, que nos ha hecho el senador Delgado, también le manifiesto que está permanentemente invitado a las sesiones de la Mesa Directiva, independientemente de la formalidad de su participación.

Tiene la palabra el senador Javier Orozco Gómez, en representación del Partido Verde Ecologista de México.

El senador Javier Orozco Gómez:Con su permiso, presidente. En primer término, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México se congratula por la liberación de Diego Fernández de Cevallos, un hombre muy importante dentro de la vida política del país, pero no podemos dejar de reconocer la connotación que tiene hoy en día en nuestro país el tema del secuestro.

Sin lugar a dudas, como lo han señalado mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, tiene una gran relación con el tema de la inseguridad. De acuerdo con cifras del propio Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, la tasa diaria de denuncias de secuestros en México pasó de 0.89 casos en 2005 a 3.72 por ciento en los primeros seis meses de 2010, lo que equivale a un crecimiento del 317 por ciento.

Además, entre 2005 y 2009 los casos de rapto conocidos por las autoridades pasaron de 325 a 1028, pese a que han crecido en 23 por ciento anual las denuncias por secuestro, sólo una parte de los delitos que padecen los ciudadanos, ya que el secuestro tiene una tasa de denuncia del 75 por ciento, lo que significa —nos dice este estudio— que por cada secuestro denunciado existen otros tres que no lo son.

No obstante, existen cálculos aún más pesimistas, ya que de acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, en 2007 se cometieron más de 6 mil 600 secuestros, lo que significaría que por cada uno de los que fueron denunciados se cometieron otros 16 más. Precisa el documento anteriormente citado.

Sin lugar a dudas, el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, independientemente del aspecto económico, lleva a una gran connotación política, sobre todo por los mensajes de sus secuestradores que fueron difundidos a través de diversos medios de comunicación, vía Internet, y que nos dieron a conocer los medios de comunicación impresos o electrónicos.

Encontramos una serie de mensajes sobre los cuales, como señalaba el senador Dante Delgado, debemos hacer una gran reflexión. Sobre todo ante los problemas que vienen padeciendo muchos sectores de la sociedad en cuanto a la injusticia social y a la desesperanza que tienen por obtener un mejor ingreso. O también, en muchos casos, las cuestiones que tienen que ver con insatisfacciones que tienen relativas a su vivienda, o también con los satisfactores mínimos que les debe ofrecer un gobierno.

Desgraciadamente, las instituciones de la República en este aspecto de la inseguridad han fallado. Pese a las medidas que se le han otorgado a través del Poder Legislativo, el gobierno federal no ha podido implementar ni siquiera un combate cierto, seguro y con rumbo respecto al tema de la inseguridad.

No obstante lo anterior no se trata, como hemos visto en los medios de comunicación, de echar culpas, si es de competencia federal o si es de competencia estatal, sino simple y llanamente cumplir a cabalidad cada uno de los términos de las disposiciones legales, para entender y resolver el problema que está aquejando hoy en día a los mexicanos y pienso en la situación que tiene que ver con la inseguridad.

No hay peor cosa en este país, o en algún otro, que se le prive a las personas de uno de sus principios elementales y que tiene que ver con la libertad y más en este caso con su libertad de poder salir, con su libertad de poder expresarse, con su libertad de poder manejarse libremente.

Desgraciadamente, este tipo de actos como los que hoy vemos, no solamente que hoy nos tocó ver en un personaje importante en la vida política de México, afectan a muchas personas más que son privadas de su libertad, pero por ellos tenemos que seguir trabajando y exigiendo al gobierno federal que cumpla con las disposiciones que ha enviado y que este Poder Legislativo ha aprobado, para poder combatir este tema tan importante que es para los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, senador. Tiene la palabra el senador René Arce Círigo, del Partido de la Revolución Democrática.

El senador René Arce Círigo:Compañeras y compañeros, quizás uno de los delitos más deleznables que pueden existir, y que viola los derechos humanos, sea el secuestro. El secuestro es una acción que priva a un ser humano de la posibilidad de gozar de uno de los derechos, que es la libertad.

En este país hay secuestros por lucro, hay secuestros por razones ideológicas y políticas, y el peor secuestro es el que hacen las instituciones del Estado, porque son las que deberían de garantizar las libertades, y también en este país hay secuestros desde las instituciones.

Pobre país que vive las tres formas más condenables del secuestro: por lucro, por razones ideológicas y políticas, y desde el Estado, por supuestas razones de Estado. En este país miles de mexicanos son sometidos diariamente al secuestro por horas, por días, por meses y en algunos casos nunca regresan.

Y por eso me parece que el tema del secuestro es una de las cosas positivas de lo que hemos vivido en el caso de Diego Fernández de Cevallos, porque nos permite discutir nuevamente este tema.

Qué hacer con el secuestro que lacera, que condena a mucha gente a vivir siempre con el miedo, con la incertidumbre, con el temor y muchas veces con lo peor, la indiferencia desde las instituciones para resolver estos problemas, y a veces con incertidumbre de qué le pasó a un ser querido que fue secuestrado y eso es lo que vive el país.

Por eso me parece muy importante que hoy tengamos entre todos que analizar qué hacer con este delito. Podemos aumentar las penas 10, 20, 30 o 40 veces, pero eso no va a impedir que siga habiendo secuestros. Lo más probable es que los secuestradores tomen la decisión de asesinar a los secuestrados para evitar el día de mañana tener quien los acuse. Tampoco podemos hacer solamente declaraciones, minutos de silencio o cosas de este tipo porque eso ya no sirve.

Hoy tendríamos, como sociedad y como políticos, que plantearnos si no ha llegado el momento de discutir seriamente que, en parte, la causa de los secuestros es obviamente el asunto económico. Quizás haya llegado ya el momento de plantearnos que en este país hagamos leyes y procedimientos para que nadie pague nada y quizás tengamos algunas víctimas al principio, pero después estos delincuentes sabrán que no habrá quien les dé dinero y que sí habrá persecución para ellos.

Quizá tengamos que discutir cómo acabar con la impunidad, donde de cada 100 secuestros quizás en uno terminen siendo juzgados estos delincuentes, pero para eso requerimos instituciones que tengan sistemas de inteligencia y capacidad para poder combatir este flagelo y esto implica toda una política de restructuración de las instituciones y que no evadan la responsabilidad que tienen por ley.

También tendremos que plantearnos que en este país el servidor público que sea cómplice o que haga del secuestro una parte de sus trabajos sea juzgado duramente, porque se violan los derechos humanos, y un servidor público debe ser el principal obligado a evitar que los derechos humanos se violen.

De esta manera empezaremos a acabar con este flagelo que hoy le ha tocado a la clase política, pero que todos los días les toca a ciudadanos en la calle y que desafortunadamente muchos de ellos no son más que anónimos, porque además ya ni siquiera denuncian porque le tienen desconfianza a las instituciones.

Y quizás ha llegado el momento de que muchos de aquéllos que han arriesgado su vida, su tiempo, para tratar de manera individual de combatir este flagelo tengan un espacio, se les dé un espacio para que organizadamente puedan evaluar si efectivamente las instituciones están haciendo su trabajo. Si nosotros los legisladores, si los que están a cargo de las instituciones de seguridad pública y de justicia están trabajando adecuadamente. Y quizás ha llegado el momento de hacerles un espacio para esa evaluación.

Quizá sí necesitemos que haya muchas señoras Wallace, muchos Martí, muchas Maricelas, y porqué no pensar que también Diego Fernández de Cevallos pueda estar ahí. Algunos dirán: no, es un hombre muy controvertido, es un hombre al cual le tenemos una serie de cosas que le podemos achacar en su pasado político. Yo solamente les recuerdo que después de un secuestro, después de estar privados de la libertad, muchos seres humanos pueden cambiar, procesar una parte de su vida y saber si le pueden ser útiles a una sociedad como en la que hoy estamos viviendo.

Estando en estas épocas, ¿por qué no recordar esa parte bíblica donde un hombre que se llamaba Saulo, después de haber sido un perseguidor de cristianos, después de haber estado aliado a los más poderosos, terminó cambiando su vida, decidió poner su vida al servicio de aquéllos a quienes una vez afectó?

También él puede cambiar, también él puede plantearse que ahora es importante luchar contra los efectos y las causas que originan. Los efectos son los delincuentes y las víctimas, las causas son la injusticia, la impunidad, la pobreza, la falta de que en este país haya acuerdos entre nosotros para que juntos podamos combatir uno de los flagelos que más dañan a los seres humanos: el secuestro.

Ojalá la discusión de este tema nos permita tomar determinaciones que el día de mañana eviten que el Estado secuestre, que los delincuentes secuestren y que aquéllos, por razones políticas, ideológicas, piensen que se puede justificar un secuestro.

Nada es justificable, nada puede ser para nosotros un asunto al que se le pueda dar una salida teórica, ideológica o política. Es un delito, y como delito tenemos la obligación de tratar de que se elimine de nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Alejandro Zapata Perogordo, por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El senador José Alejandro Zapata Perogordo:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, yo quisiera de entrada recordar el tránsito por el que hemos estado pasando. Se agotó un sistema político y todavía no terminamos de consolidar otro. Qué más quisiéramos que nuestro país fuera un país de leyes con certidumbre, que tuviéramos un modelo económico que nos posibilitara la apertura de oportunidades, que no existiera pobreza, que viviéramos en democracia plena, que hubiera respeto a las libertades y a los derechos humanos. Creo que son anhelos y esperanzas por las que tenemos que luchar.

¿Que ha ido cambiando el país? Sin duda alguna. Ahora hemos visto cómo existen más libertades y las estamos ampliando en reformas de carácter constitucional, pero hay temas aquí fundamentales que debemos tratar y debatir.

La distribución y, a veces, la redistribución de culpas y responsabilidades nos agobian y nos extraviamos. En esta ocasión, adicionalmente a los afectos y simpatías con Diego Fernández de Cevallos, no podemos dejar de reconocer que su secuestro no fue producto de una casualidad, inclusive, como bien lo manifestaron aquí, algún grupo que se ha asignado esa actuación tiene motivos filosóficos y doctrinarios para ello, independientemente de los lucrativos.

Nos congratulamos que haya regresado con vida, bien, sano, fuerte y que no se dobló. Sin embargo, cuando aquí en México hablamos del respeto a la dignidad de las personas, y hemos establecido esa posición todos los grupos parlamentarios en la tribuna, el secuestro es lo que realmente trata de pisotear a quienes piensan diferente a grupos radicales de corte fascista.

No podemos cercenar esas libertades. La seguridad pública no corresponde a una sola persona, es responsabilidad de todos, y cuando un personaje como Diego Fernández de Cevallos, que impulsa la transición mexicana, se ve capturado, privado ilegalmente de su libertad, como a muchos otros mexicanos les ha ocurrido, evidentemente que el mensaje que se pretendía mandar era diferente.

La democracia mexicana ha ido avanzando gracias a gente como Diego Fernández de Cevallos, y a muchos otros, porque aquí no podemos ni regatear ni especular, pero que todavía falta y que sin duda alguna cuando ese tipo de grupos trata de llevar a cabo impactos sociales, como los que vimos con Diego Fernández de Cevallos, es porque pretende darle a nuestra consolidación democrática que va caminando, un rumbo diferente.

No es justificable. No es permitible. No podemos dejar que ese tipo de cuestiones ocurran, independientemente que ese delito es deplorable y que muchos otros mexicanos lo han padecido.

Sí están pendientes varios rubros en ese sentido. Hace poco hicimos la Ley contra el Secuestro, impulsada por un grupo de mexicanos valiosos, pero no es suficiente. El combate contra la delincuencia organizada ha caminado y todos estamos conscientes: tampoco es suficiente. Se requiere la coordinación de todas las autoridades, y por eso tenemos pendiente todavía en la Cámara de Senadores la iniciativa de ley sobre el mando policial.

Les diría que me congratulo, no solamente porque Diego regresa con vida, sino porque también el día de ayer hubo otras 11 personas liberadas de ese nefasto delito, pero que si no nos unimos pueden ir cercenando nuestra incipiente vida democrática.

Vivimos en una situación de apanicamiento y de gran impacto social. La transformación no está solamente en los discursos de mentes que se puedan ir dando aquí, sino en la colaboración y cooperación de todos, en la concientización colectiva, para ver realmente si fortalecemos nuestro sistema, o simplemente vamos a seguir secuestrados todos mediante circunstancias que a nadie conviene, más que a unos cuantos.

Compañeros de la Comisión Permanente, el día de hoy no estamos completamente satisfechos, queda pendiente el actuar de las autoridades, y no me refiero a ninguno en particular, sino que todos son corresponsables para que en este país ya no permee ni la complicidad ni la colusión ni la corrupción y podamos entrar al imperio de la ley mediante la sanción y la convivencia tranquila y armónica entre todos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Sostenía el criminólogo, doctor Alfonso Quiroz Cuarón, que en los delitos quien más gana, y generalmente queda impune, es el autor intelectual.

En este hecho, en el secuestro de Diego Fernández de Cevallos, que por cierto nosotros como partido, el Revolucionario Institucional, nos congratulamos de su liberación, nos queda una estela de dudas, de preguntas, como a muchos mexicanos. En este hecho por supuesto, y tras 7 meses y 6 días de cautiverio, se encuentra él nuevamente con su familia, con sus amigos y en la sociedad.

Es lamentable que en nuestro país, muy lamentable, un ciudadano, cualquier ciudadano, cualquiera que sea su condición económica o social, padezca este tipo de situaciones que lastiman no solamente a la víctima, sino también a sus familiares y a la sociedad en general.

Quienes me han antecedido en la palabra, todos coincidimos que es un delito grave el secuestro y que hemos creado y generado normas para perseguirlo. Sin embargo nos damos cuenta que el gobierno federal ha hecho poco, o realmente nada, para combatir eficazmente este delito.

Esto obliga, por supuesto, a hacer una evaluación del papel que está jugando el gobierno federal en el territorio nacional en un tema tan difícil, delicado e importante que es garantizar las libertades de todos los mexicanos.

El plagio de Fernández de Cevallos es una muestra clara y evidente de que ha sido rebasado el estado de derecho. Es una muestra clara y patente de que no existe, ni siquiera en la familia de Fernández de Cevallos, confianza en el gobierno federal, porque fueron los mismos familiares quienes pidieron que no interviniera, precisamente por esa situación de la carencia de confianza.

¿Cómo se puede hablar de transición o cómo se puede hablar de consolidación de transición, o cómo se puede hablar de avance democrático, cuando el gobierno no genera confianza en sus ciudadanos, y ni siquiera la genera en los más cercanos al partido que gobierna? Las autoridades entonces han mostrado de manera permanente la incapacidad que han tenido para derrotar a la violencia y al crimen organizado en México.

Nosotros, como Poder Legislativo, lo dejamos claramente y en forma enfática, hemos obsequiado al Poder Ejecutivo todas las reformas y los instrumentos legales y los recursos económicos para revertir el fenómeno de la violencia, de la impunidad, sin embargo el gobierno federal no quiere reconocer que en sus entrañas campea la corrupción. El gobierno federal no quiere reconocer que toman malas decisiones, equivocadas decisiones que han deteriorado mucho la vida de los mexicanos.

Esta falta de confianza, que la familia de Diego Fernández tuvo ante el gobierno federal, es la misma falta de confianza que los mexicanos tenemos del gobierno federal, quien se ha dedicado a buscar culpables afuera de su casa y atribuir responsabilidades a otros Poderes del orden público, sin mirar precisamente la viga en el ojo propio.

Le hemos otorgado al gobierno todo lo que nos ha pedido, sin embargo lamentamos esta situación, que ha venido creciendo. Vivimos un problema muy fuerte de violencia en México, 31 mil muertos. Vivimos un problema muy grave de aumento del secuestro en nuestro país y sabemos todos que el 98.5 por ciento de los delitos que se comenten en nuestro país, de acuerdo con los estudios del Tecnológico de Monterrey, quedan impunes. La impunidad es una invitación a delinquir, y entonces la percepción ciudadana es que nosotros no hemos avanzado.

Que el Poder Ejecutivo no ha instrumentalizado la relación que necesita de coordinación con los tres niveles de gobierno y se dedica exclusivamente a plantear excusas, se dedica a distribuir responsabilidades lejos de asumir una responsabilidad, que es la que le corresponde al titular del Poder Ejecutivo, conducir el derecho, las libertades de los mexicanos bajo el cauce de las normas.

La administración de Felipe Calderón, no nos queda duda, está destruyendo el tejido social. La administración de Calderón tiene a México sumido en una espiral de violencia interminable. Se está llevando a México a ser un país incendiado por los cuatro costados, indudablemente.

Qué lástima que en 10 años no sepamos, como nación, tan siquiera a dónde vamos. Qué lástima que en 10 años no tenga este país rumbo definido. Por eso, señoras y señores legisladores, retomando el principio que Fernández de Cevallos comunicó al país al ser liberado en el sentido de que la causa de la causa es causa de lo causado, ese principio del derecho causal alemán de principios del siglo pasado nos permite llegar a una conclusión: en efecto, la causa de la causa es causa de lo causado y Fernández de Cevallos es víctima de todos los errores del gobierno federal, como lo están siendo muchos mexicanos todos los días. Es cuanto, señor presidente.

EMISIONES CONTAMINANTES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Esta Presidencia recibió del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias, obliguen a las personas que importen camiones de procedencia extranjera a nuestro país a cumplir con el requisito de presentación del certificado de origen, establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a obligar por sus dependencias a las personas que importen definitivamente camiones de procedencia extranjera a cumplir el requisito de presentación del certificado de origen establecido en el TLCAN y que las unidades acrediten la observancia de la Norma Oficial Mexicana 044, sobre emisiones contaminantes, suscrita por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI

Melchor Sánchez de la Fuente, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribe la presente en nombre de la Comisión Especial de la industria automotriz, conforme a lo acordado en la reunión ordinaria que ésta celebró el pasado 8 de diciembre.

De conformidad con los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta a esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a obligar por sus dependencias a las personas que importen definitivamente camiones de procedencia extranjera a cumplir el requisito de presentación del certificado de origen establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá y, de igual forma, que esas unidades acrediten el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 044, sobre emisiones contaminantes.

Exposición de Motivos

La industria manufacturera de vehículos de autotransporte en el país representa cerca de 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) manufacturero; genera 12 mil empleos directos y cientos de miles indirectos si se considera la industria de autopartes, distribuidores de vehículos, y servicios de carga y pasaje; cuenta con 13 plantas en 9 estados, una amplia red de distribuidores o concesionarios en México; tiene más de 400 puntos de venta en todo el territorio; tiene una capacidad instalada anual de producción de alrededor de 150 mil unidades; y, lo más importante, es de las más competitivas, pues ocupa el noveno lugar mundial de producción (después de China, Japón, Alemania, Estados Unidos, India, Brasil, Rusia e Indonesia) y el tercero en el continente americano.

En 1994 entró en vigor el TLC que el país firmó con Estados Unidos de América y con Canadá, mediante el cual los tres se consolidaron como un bloque comercial donde se estableció una zona de libre comercio con la finalidad de promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, proteger los derechos de propiedad intelectual, crear procedimientos para la aplicación y el cumplimiento del acuerdo, eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los firmantes, entre otros puntos.

El TLC prevé la eliminación de aranceles en materia de exportación e importación de vehículos y automotores, incluidos los camiones. Sin embargo, en el artículo 501 de la sección A del capítulo V, “De procedimientos aduaneros”, se establecen las condiciones sobre el requisito de “certificado de origen”, que “servirá para confirmar que un bien que se exporte de territorio de una parte a territorio de otra califica como originario” y, por tanto, al amparo del tratado.

El 24 de marzo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por el que se dieron a conocer las condiciones ambientales a que se sujetará la importación de vehículos usados equipados con motor de diesel y con peso bruto vehicular mayor de 3 mil 857 kilogramos.

En el acuerdo se señalaba que éste se emitía porque los vehículos fabricados o importados conforme a las disposiciones mencionadas cumplían y circulaban en el territorio nacional y que el ingreso indiscriminado, vía importación, de vehículos pesados usados en territorio nacional podría propiciar que se incorporaran al parque vehicular en circulación automotores que no hayan sido fabricados con tecnologías ambientales adecuadas que armonicen con las promovidas a escala nacional.

Lo anterior se suma a la NOM 044, que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, partículas y opacidad de humo proveniente del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3 mil 857 kilogramos, así como para unidades nuevas cuyo peso bruto vehicular mayor de 3 mil 857 kilogramos equipadas con este tipo de motores.

Es preocupante que entre enero y octubre del presente año se hayan importado de forma definitiva desde Estados Unidos 5 mil 898 camiones usados de más de 10 años de antigüedad al amparo del TLC. Sin embargo, esas unidades no han presentado el certificado de origen que las valide como originarios de un territorio miembro de la zona de libre comercio entre los tres países.

Ello es alarmante porque esa cifra de importaciones definitivas en 10 meses del año que no cumplen el requisito mencionado representa 25 por ciento de la venta total de vehículos pesados nuevos en el mercado nacional, lo que afecta directamente el desarrollo y la competitividad en el país.

Según ha manifestado el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Carlos García Fernández, esa tendencia causará un daño irreversible a los autotransportistas, a los fabricantes, a los distribuidores y a la cadena productiva. Además, generará un efecto negativo en contaminación, inseguridad e impacto en los índices de competitividad y en las oportunidades para nuestros trabajadores.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Juan Molinar Horcasitas, indicó en la pasada decimotercera muestra y exposición de transporte que se iniciará un nuevo periodo del reemplazo del servicio de carga y pasajeros federal para que sea un filtro que evite la circulación de “estas chatarras rodantes, sumamente peligrosas”.

El problema radica en que las unidades importadas no cumplen la obligación de presentar el certificado de origen que las valide como vehículos elegibles de importación-exportación entre los países miembros, ni las normas ambientales y de seguridad que se exigen a vehículos ensamblados en el país.

Por lo anterior me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al Ejecutivo federal a exigir por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las personas físicas o a las morales que realicen el trámite de importación definitiva de vehículos pesados el “certificado de origen” como requisito indispensable para que se compruebe que el vehículo por importar fue ensamblado en Estados Unidos o Canadá conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio con esos países para poder proceder a la importación.

Segundo.Se exhorta al Ejecutivo federal a exigir por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la las personas físicas o a las morales que realicen el trámite de importación definitiva de vehículos pesados el comprobante de cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 044; y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a ofrecer en los puntos fronterizos las inspecciones de los vehículos pesados que tiene la intención de realizar el procedimiento de importación definitiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2010.— Diputado Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

TURISMO DE NATURALEZA Y ECOTURISMO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Sectur y a la Semarnat se coordinen a fin de fortalecer la política de fomento del llamado turismo de naturaleza y ecoturismo, en todas las regiones y comunidades del país.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur y a la Semarnat a coordinarse para fortalecer la política de fomento del “turismo de naturaleza y ecoturismo” en todo el país, suscrita por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal, María del Carmen Izaguirre Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con Punto de Acuerdo, con el cual, se exhorta a las Secretarias de Turismo y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a coordinarse a fin de fortalecer la política de fomento del llamado Turismo de Naturaleza y Ecoturismo, en todas las regiones y comunidades del país,con base en lo siguiente:

En días pasadosconcluyeron en Cancún, Quintana Roo, los trabajos del Foro Mundial sobre Cambio Climático, COP 16, en donde –como buen anfitrión– México, demostró su riqueza natural en esa región del país, que se extiende por todo el territorio nacional. Ante los trabajos desarrollados durante la cumbre, México, debe asumir el compromiso de continuar fortaleciendo su política de conservación y preservación de las zonas naturales, así como fomentar la política de fomento del denominado turismo de naturaleza y ecoturismo, con la cual, además de atraer inversiones, competitividad y beneficios económicos, turismo, y proyección internacional de las regiones y comunidades, estaremos continuando con las acciones de preservación de los ecosistemas.

El país cuenta con 1 millón 223 mil 600 kilómetros cuadrados de territorio, en los cuales, existe una diversidad natural, cultural e histórica, creando un escenario excelente para atraer al turismo nacional e internacional. El llamado turismo de naturaleza y ecoturismo, a nivel mundial se ha convertido en un sector estratégico no sólo por los enormes beneficios en materia económica, sino porque una de las consecuencias de su fomento, es que se favorece al desarrollo y  progreso de las regiones que cuentan con este tipo de turismo.

Es importante, conocer que la actividad turística es fundamental para la economía nacional, su dinamismo, generación de ingresos y de fuentes de trabajo, así como de proyectos de inversión, son de suma importancia para el desarrollo del país. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, México, se encuentra entre los primeros lugares en la clasificación de países de destino, sin embargo, a pesar de ello, es trascendental incrementar su competitividad, principalmente el relativo a la relación con la naturaleza en donde al visitante se le permite de manera directa interactuar y preservar el medio ambiente, así como conocer las distintas expresiones culturales de cada región o comunidad. Entre las principales entidades federativas que concentran la oferta turística en esta modalidad destacan: Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, Quintana Roo e Hidalgo.

Este turismo de naturaleza o ecoturismo, es considerado como una modalidad de interrelación con la naturaleza, en donde lo fundamental es la conservación de los recursos naturales del área en donde se efectúa la actividad turística. Modalidad que en esta última década ha traído una derrama económica a nivel mundial de aproximadamente mil millones de dólares, según datos de la Organización Mundial de Turismo.

A pesar de las acciones emprendidas por la administración pública, este tipo de turismo no ha logrado consolidarse entre el turismo nacional ni internacional, en razón que el gobierno, sólo la considera como una actividad turística complementaria, es decir, no le otorga una imagen propia dentro del mercado turístico. Al grado que la política de difusión y promoción tanto a nivel nacional como internacional no es contundente, ocasionando que esta modalidad turística no esté entre las preferencias de los turistas, representando, con ello, una desventaja, ya que, se está desa-provechando el inmenso escenario natural que cuenta México, y de esa forma, colocar al país como un mercado estratégico.

Ante tal escenario se requiere que las instancias encargadas en las materias de turismo y medio ambiente y recursos naturales, se coordinen para desarrollar políticas públicas encaminadas a enriquecer y fortalecer el fomento al turismo de naturaleza y ecoturismo, a fin de que pueda competir nuestro país a nivel internacional, procurando con ello, la conservación y preservación de los ecosistemas.

El reto para los próximos años después de lo observado en la cumbre de cambio climático, es consolidar la diversidad y mejorar los mecanismos e instrumentos enfocados a combatir los efectos que ocasionan daños al ecosistema.

Por lo expresado, presento ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las Secretaríasde Turismo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se coordinen a través de un instrumento de colaboración para el desarrollo del turismo de naturaleza y ecoturismo, a fin de impulsar acciones de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, encaminado y orientado a desarrollar a las comunidades rurales e indígenas, así como, el fomento, desarrollo, difusión y promoción de los destinos, actividades y productos turísticos en esta modalidad, permitiendo elevar la competitividad y generación de oportunidades para el de-sarrollo económico, social, y cultural de las regiones y comunidades.

Asimismo, se diseñen y formulen mecanismos, estrategias e instrumentos de planeación, con la finalidad de integrar las propuestas interinstitucionales e intersectoriales encaminadas a impulsar el desarrollo del turismo de naturaleza y ecoturismo.

México, DF, a 21 de diciembre de 2010.— Diputada María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

MIGRANTES MEXICANOS QUE VISITAN TERRITORIO NACIONAL POR LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal a reforzar las medidas de prevención y protección a los mexicanos que radican en el extranjero que visitan nuestro país por las fiestas de fin de año.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal a reforzar las medidas de prevención y protección de los mexicanos radicados en el extranjero que visitan territorio nacional por las fiestas de fin de año y de los migrantes que utilizan el país como paso para llegar a sus lugares de origen, suscrita por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal, María del Carmen Izaguirre Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con el cual, se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal, a reforzar las medidas de prevención y protección a los mexicanos que radican en el extranjero que visitan nuestro país por las fiestas de fin de año, así como a los migrantes que utilizan nuestro país como paso para llegar a sus lugares de origen,con base en lo siguiente:

Es recurrente observar que cada año, al iniciar el periodo de las fiestas decembrina, miles de connacionales que por diversas razones migraron hacia Estados Unidos de América, regresan a nuestro país, para festejar con su familia las fiestas de fin de año. Periodo en el que, lamentablemente, son frecuentes de violaciones que nuestros connacionales son objeto tanto en su persona, en sus bienes como a su familia.

Desde 1989 se creó el “Programa Paisano” como un instrumento para frenar los abusos tanto de autoridades de los diversos ordenes de gobierno, como por civiles que aprovechando la ocasión los asaltan, los extorsionan, así como violentan sus derechos humanos. A pesar de que durante su vigencia, el programa se ha visto fortalecido, en sus diversas vertientes, la falta de información, ha sido una de las causas que no permite identificar y evaluar con objetividad sus resultados en cuanto a efectividad, eficiencia y transparencia.

Además, en razón de la situación que vive actualmente el país en materia de inseguridad es necesario que se garantice a estos mexicanos su estancia en México, así como, de aquellos migrantes que ingresen al territorio nacional en su recorrido a sus ciudades de origen y de regreso a Estados Unidos.

Son diversos ejemplos en los cuales se han documentado de un gran número de asaltos y violaciones que se han registrado en las carreteras del país, a través de ataques, y falsos retenes, al grado de observar cómo se han lastimado a menores de edad. Por tal motivo, es trascendental reforzar las medidas de seguridad en toda la red carretera del país, en las fronteras, y aeropuertos internacionales.

Esta necesidad de establecer, enriquecer, fortalecer y reforzar los mecanismos que garanticen el respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes, es y ha sido un tema preponderante a raíz del incremento de los flujos masivos de población, manteniéndose vigente las demandas de erradicar los altos índices de extorsiones, abusos, violencia y corrupción ejercida por parte de los grupos criminales y autoridades.

En días pasados, la coordinadora del Programa Paisano, ha señalado que existen al interior de nuestro país, varios lugares identificados donde los delincuentes han instalado retenes falsos para robar a los viajeros, en las entidades federativas de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa y Chihuahua. En este sentido, la coordinadora expreso que durante este periodo se estima que serán atendidas por el Programa Paisano 2010-2011, alrededor de 15 mil personas.

Por último, es de reconocer el trabajo que desempeña la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que desde hace varios años se une de manera activa con las autoridades migratorias para atender las demandas de los migrantes a través de las acciones del Programa Paisano.

Ante el clima de inseguridad que vive el país, la sociedad reclama a sus representantes y gobernantes a trabajar arduamente por la protección y seguridad de todos, tarea que el Congreso debe asumir con responsabilidad y como un tema de alta prioridad.

Por lo expresado, presento ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión, respetuosamente, exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Publica, de Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría General de la República, para que se coordinen a fin de fortalecer las medidas de seguridad en las carreteras, en las fronteras, en las centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año. En el entendido que dichas medidas, estén vinculadas directamente al Programa Paisano, que se implementa del 1 de noviembre de 2010 al 10 de enero de 2011.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Procuraduría General de la Republica, a agilizar los trámites de denuncias por parte de los mexicanos que visitan nuestro país, así como de aquellos migrantes que transitan nuestro para llegar a sus lugares de origen.

Asimismo, fortalezcan las campañas de denuncias y difundan los sitios y módulos disponibles para tal efecto, de igual manera, establezcan personal necesario para el funcionamiento de dichos sitios o modulas para la atención las 24 horas, durante el periodo que establece el Programa Paisano, mejorando la calidad de los servicios migratorios.

Tercero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración; refuerce los mecanismos y medidas de seguridad, a fin de prevenir y proteger los derechos humanos, de los migrantes por motivo de las fiestas de fin de año, transitan nuestro territorio para llegar a sus lugares de origen. Asimismo, fortalezca la difusión de los derechos que tiene por el sólo hecho de estar en nuestro país, así como, los diversos mecanismos de denuncia por violaciones o discriminaciones cometidas por los servidores públicos o civiles, asegurando un trato digno, de protección y respeto de los derechos humanos de las personas que ingresan, transitan de manera temporal, o salen de nuestro país.

México, DF, a 21 de diciembre de 2010.— Diputada María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

PENSIONES A EX PRESIDENTES DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal emita un acuerdo para que los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México al término de su mandato.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir un convenio para que los ex presidentes de la República se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México al término de su mandato; a reducir sus pensiones y los apoyos de personal y de seguridad; y a suspender sus seguros de gastos médicos mayores, entre otros, suscrita por el diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jaime Sánchez Vélez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al titular del Ejecutivo federal a emitir un acuerdo para que los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México al término de su mandato, así como reducir sus pensiones, los apoyos de personal y de seguridad, y suspender sus seguros de gastos médicos mayores, entre otros, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es el jefe de Estado y de gobierno de México, así como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Durante el siglo XIX, la inestabilidad política que vivió México por las invasiones española, estadunidense y francesa; las batallas para evitar la separación de Texas y Centroamérica y los conflictos entre liberales y conservadores, evitaron mantener una presidencia estable y duradera que tuviera los medios para organizar la defensa del país, al régimen, a la sociedad, formar las instituciones que se requieren para establecerse como una nación soberana, autónoma, independiente.

La pacificación y organización nacional llevada a cabo por el gobierno de Porfirio Díaz y el movimiento revolucionario lograron promulgar en 1917 la Constitución Política que rige hasta nuestros días, y que permitió la consolidación de la república. Desde entonces, el presidente de la república es el titular del Poder Ejecutivo federal.

La división de poderes y la figura presidencial se consolidaron, lo que permitió mantener no sólo la paz social, sino que se crearon las instituciones que han dado vida a México como nación.

En el artículo 80 se estableció que el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión lo ejercerá un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo y como se mencionó, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que su protección, además, es responsabilidad del Estado Mayor Presidencial, dirigido hasta ahora por un militar.

En el artículo 89, se definieron sus facultades y obligaciones, destacando las siguientes:

• Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

• Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado. • Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda, así como nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.

• Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

• Designar, con ratificación del Senado, al procurador general de la República;

• Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

• Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación.

• Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Como se observa, un presidente será siempre y en todo momento de su mandato una razón de la seguridad nacional.

Lo que no nos preguntamos, evadimos o siempre criticamos, es el papel que representan en la vida nacional los ex presidentes.

Es impresionante y preocupante que antes de que dejen de ser presidentes, se utilicen muchos filtros de seguridad, como detectores de metales, helicópteros, un considerable número de elementos militares y de la Policía Federal, miembros del Estado Mayor Presidencial, perros para cuidar la seguridad del jefe de Estado y de gobierno.

Al día siguiente, es obvio que tampoco se puede llegar con facilidad a él, pero todo el aparato de seguridad que le rodeaba, todo el interés e importancia de la conducción que realizó del país durante su administración desaparece y ya no se le da la importancia que representa.

La condición de ex presidente de una nación, la seguridad del Estado e interés nacional que representó, la información de toda índole a la que tuvo acceso durante su mandato, las relaciones nacionales e internacionales que construyó, los documentos clasificados y reservados que conoció y que él mismo elaboró, así como otros tantos hechos de gran secrecía, no terminan ni deben terminar al siguiente día de dejar su mandato, así como tampoco termina su pensión y seguridad.

Comparto la decisión de que reciban sus percepciones y el apoyo correspondiente al personal de apoyo que tengan asignado, de conformidad con las disposiciones aplicables y con sujeción a los términos de la ley. Lo que considero no solamente una falta de respeto a su pueblo y a su nación, sino a sí mismo, es que abandonen el país y se contraten en el extranjero. Esto no solamente es una fuga de cerebro, sino fuga de información, experiencia y todo lo que ello representa.

Por este motivo, debemos establecer y regular en la ley la responsabilidad y actividades que desempeñará un ex presidente durante los primeros nueve años concluidos sus mandatos.

No debemos permitir que trabajen para ninguna institución educativa extranjera, para ninguna empresa, institución, firma, negocio nacionales o internacional privados. Menos aún, residir fuera del país durante los nueve años siguientes al término de su presidencia.

Como se establece, todos los ex mandatarios tienen derecho a una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un secretario de Estado, además de seguros de vida y de gastos médicos mayores.

Asimismo, se les conceden personas de apoyo, empleados de la federación, subdirectores, coordinadores administrativos, jefes de departamento, investigador y asesor en materia jurídica, personas de apoyo, auxiliares, bibliotecaria, programadores, secretarias, archivistas, chofer, técnico de mantenimiento eléctrico-telefónico y representante de oficina.

También cuentan con miembros de las Fuerzas Armadas para su seguridad y la de su familia.

Por todo ello, los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos deberán integrarse como miembros académicos a cualquier universidad pública de México, de preferencia a la que su presencia reditúe el mayor beneficio a la educación, a la sociedad y al desarrollo nacional.

En caso de no contar con título profesional, se integrarán a alguna institución pública educativa en la que pueda participar como conferencista, panelista o alguna otra actividad que no requiera título profesional, pero que siempre se circunscriba en beneficio de la educación, de la sociedad y del desarrollo nacional.

Estas actividades las desarrollarán los ex presidentes recién terminadas sus administraciones, de tiempo completo por seis años y sin ningún pago, salvo el que se encuentre dentro del rubro de pensiones a ex presidentes.

Terminados los siguientes tres años, los ex presidentes podrán trabajar o colaborar para empresas o instituciones extranjeras, dentro y fuera del país.

Además, una vez concluidos los nueve años y que los ex presidentes generen recursos propios, se reducirá el apoyo de personal y de seguridad, y se suspenderán sus seguros de gastos médicos mayores.

Además, el cónyuge gozará de los seguros de vida y de la seguridad social. Los hijos estarán cubiertos con la seguridad social durante todo el tiempo que transcurra hasta cumplir la mayoría de edad. La prestación será suspendida si el cónyuge contrae nuevo matrimonio.

Todos sabemos que con las pensiones vitalicias que perciben los ex presidentes se podrían pagar muchos salarios mínimos mensuales, salarios de policías, construcción de viviendas, escuelas.

No obstante, el país, el Estado, la sociedad perderían más haciendo lo contrario. No veamos el pago de pensiones a ex presidentes como un mal, sino aprovechemos su experiencia y sus conocimientos. “En el caso que alguno de ellos no esté, lo cual sería muy saludable, sirviendo a una transnacional con intereses obviamente muy especificas en nuestro país o a una empresa nacional que quiera usar la experiencia y el conocimiento de un ex presidente, le valdría más y le sería mejor al gobierno y al Estado mexicanos pagarle una pensión vitalicia, a fin de evitar que suscriba compromisos con intereses distintos al país” (senador Manlio Fabio Beltrones).

La intención de esta proposición es hacer cumplir a los ex presidentes su agradecimiento al pueblo mexicano a través de la educación y de la enseñanza durante los primeros nueve años terminada su gestión, además de reducir los recursos económicos, humanos y materiales que se les destinan, respetando sus derechos de seguridad social.

Finalmente, cuando un ex presidente fuere condenado como resultado de un juicio político, por algún delito grave que merezca como pena la privación de la libertad, cuando realice algún acto que atente gravemente contra la seguridad, las autoridades o las instituciones nacionales, le serán suspendidos todos los beneficios anteriores.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Comisión Permanente exhorte al titular del Ejecutivo federal a emitir un acuerdo para que los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México, privilegiando de preferencia a las que su presencia reditúe el mayor beneficio a la educación, a la sociedad y al desarrollo nacional, quedando estrictamente prohibido involucrar su preferencia y militancia partidista con sus labores de enseñanza.

En caso de no contar con título profesional, se integrarán a alguna institución pública educativa en la que pueda participar como conferencista, panelista o alguna otra actividad que no requiera título profesional, pero que siempre se circunscriba en beneficio a la educación, de la sociedad y del desarrollo nacional.

Segundo. Que se exhorte al titular del Ejecutivo a considerar que estas actividades las desarrollen los ex presidentes, recién terminadas sus administraciones, de tiempo completo, por seis años y sin ningún pago, salvo el que se encuentre dentro del rubro de pensiones a ex presidentes. Terminados los seis años, deberá continuar con sus actividades en horarios y horas que él decida y que la institución o instituciones, públicas o privadas nacionales, le permitan, por tres años.

Terminados estos tres años, los ex presidentes podrán trabajar o colaborar para empresas o instituciones privadas mexicanas o extranjeras, dentro y fuera del país.

Concluidos los nueve años y si los ex presidentes generan recursos propios, se reducirá en un 60 por ciento su pensión.

Además, al término de este tiempo, también se reducirá en un 60 por ciento el apoyo de personal y de seguridad, y se suspenderán sus seguros de gastos médicos mayores. Sus seguros de vida y sus derechos a la seguridad social continuarán de manera vitalicia.

El cónyuge gozará de los seguros de vida y de la seguridad social. Los hijos estarán cubiertos con la seguridad social durante todo el tiempo que transcurra hasta cumplir la mayoría de edad. En caso de fallecimiento del ex presidente, su cónyuge recibirá una pensión equivalente al 60 por ciento y se reducirá en 80 por ciento el apoyo de personal y de seguridad. En caso de muerte del cónyuge, la pensión beneficiará en la misma cuantía a los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad. La prestación será suspendida si el cónyuge contrae nuevo matrimonio.

Tercero. Que se exhorte al titular del Ejecutivo a abrogar los acuerdos y todas las demás disposiciones anteriores relativas al otorgamiento de pensión y apoyos a los ciudadanos que hubiesen ocupado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. Que el acuerdo que emita el titular del Ejecutivo tenga vigencia hasta que sea aprobada una ley que establezca las bases para otorgar pensiones y prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las obligaciones que deberán cumplir una vez concluidos sus mandatos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.— Diputado Jaime Sánchez Vélez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Guerrero a restituir a las 300 familias de la colonia Ampliación de Puerto Marqués la posesión y disfrute de sus predios, y se reparen daño y hurtos de que fueron víctimas.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a restituir a las 300 familias de la colonia Ampliación Puerto Marqués la posesión y el disfrute de sus predios, a reparar los daños y hurtos de que fueron víctimas, y a sancionar a los responsables, suscrita por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Se debe poner fin a la desfachatez hacia los derechos humanos que se extiende entre las autoridades del país. La arbitrariedad cruel y cómplice de los gobiernos en desconocimiento de la justicia y los derechos humanos hace que los gobiernos pierdan toda razón de ser, impulsando el camino de la justicia por propia mano.

El 10 de noviembre de 2010, las más de 300 familias poseedoras y habitantes de la colonia Ampliación Puerto Marqués, en Acapulco, Guerrero, fueron desalojadas con lujo de violencia por policías del gobierno estatal, que encabeza el señor Zeferino Torreblanca Galindo, resultando lesionados niños, jóvenes, ancianos, embarazadas, hombres. Una de las mujeres abortó a causa de la golpiza que le fue propinada. Les fueron quemadas y destruidas sus viviendas, robados sus muebles y enseres, que con tanto sacrificio habían logrado construir y adquirir a lo largo de los años.

Esas 300 familias viven a la intemperie, sólo cobijadas por lonas, mantas, sufriendo las inclemencias del tiempo, sin la más elemental higiene, siendo víctimas, especialmente los niños, de diversas enfermedades, como infecciones gastrointestinales y de garganta o gripes. Frente a sus reclamos, sólo han recibido la indiferencia del gobierno estatal.

Estos hechos, que ya humanamente son absolutamente indignantes, son aún más reprobables desde el momento en que estos niños, mujeres y hombres fueron desalojados de un predio expropiado a su favor que no estaba en litigio; por tanto, sin previo proceso judicial, y sin mandamiento legal proveniente de autoridad jurisdiccional competente; todo, para satisfacer los intereses innombrables de la empresa Residencial Marqués, SA de CV, y otros potentados, frente a los que el gobierno estatal actúa servilmente, violando su primer deber de respeto del estado de derecho, y considerando a los mexicanos de escasos recursos como estorbos para sus negocios turísticos, como si estos mexicanos humildes no tuvieran derecho a disfrutar de las tierras que pertenecen originalmente a la nación para satisfacer sus derechos humanos a la vida, salud y vivienda digna y decorosa.

Los colonos en comento, encabezados por Andrés Hernández Cuevas y Aurelio García Camacho, habitaban en terrenos expropiados en su beneficio, como consecuencia de los decretos expropiatorios publicados en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero del 14 y 17 de marzo de 1995, inscritos en el folio real número 104711, con fecha 12 de junio de 1995, en la sección primera del distrito de Tabares. La expropiación se hizo en favor de Promotora Turística de Guerrero, organismo público descentralizado del gobierno de Guerrero, haciendo valer como causa de utilidad pública de esta expropiación el beneficio de los colonos tan arbitrariamente desalojados, para lo que transcribimos la parte conducente de los decretos referidos:

Que... (en)... Acapulco Diamante... se localiza uno de los asentamientos humanos más tradicionales, el poblado de Puerto Marqués... donde se encuentran asentadas... 600 familias...

Que año con año, durante el periodo de lluvias, un buen número de viviendas de este poblado se ven afectadas gravemente por inundaciones, debido principalmente al hecho de encontrarse éstas asentadas dos metros abajo del nivel (de la Laguna Negra... por lo que se localizó)...un bien raíz que reuniera las características idóneas para reubicar a la población afectada, brindándole la oportunidad de obtener una vivienda digna y decorosa, además de servicios públicos como energía eléctrica, agua potable y drenaje, principalmente.

Que Promotora Turística de Guerrero, una vez que reciba la posesión material del inmueble por la Secretaría de De-sarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, lo destinará oportunamente a las causas de utilidad pública previstas en el presente decreto, procurando que se oferte vivienda con créditos blandos a los marquesanos que más han sufrido las inclemencias de la naturaleza en Puerto Marqués, quienes mediante los mecanismos jurídicos idóneos que instauren el gobierno del estado y Promotora Turística de Guerrero podrán ser objeto de asignación de vivienda...

Ahora bien, tres peritajes, incluido uno del gobierno de Guerrero, dictaminan que las 300 familias desalojadas habitaban en el perímetro expropiado mediante los decretos precisados. Se confirma la absoluta arbitrariedad de los actos violencia de Estado de que fueron víctimas.

Esas 300 familias se han constituido en el Comité de la Ampliación Puerto Marqués y viven actualmente en total hacinamiento en un pequeño espacio de los terrenos materia de la apropiación de 1995, que ante la oposición de algunos vecinos no fue desalojado.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Guerrero para que en respeto de los decretos de expropiación publicados en el Periódico Oficial del Estado el 14 y 17 de marzo de 1995, y en tutela de los derechos humanos, restituya de inmediato a las más de 300 familias de la colonia Ampliación Puerto Marqués, en la posesión y disfrute de sus predios comprensivos de 113 mil 700 metros cuadrados, y se le reparen los daños y hurtos de que fueron víctimas, como consecuencia del ilegal e inhumano desalojo de que fueron víctimas el 10 de noviembre de 2010 por las fuerzas policiales del estado, tomando medidas provisionales necesarias e inmediatas para evitar en lo posible los sufrimientos y las enfermedades que padecen estas 300 familias al estar viviendo en la intemperie, abandonadas a sus propios y escasos recursos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Guerrero para que en cumplimiento de los decretos de expropiación publicados en el Periódico Oficial del Estado el 14 y 17 de marzo de 1995, adicionalmente a la restitución de los predios de mención, impulse los programas necesarios para regularizar la propiedad de éstos en favor de las familias, se les otorguen créditos blandos para que tengan acceso a viviendas con los servicios públicos necesarios, y en general la colonia Ampliación Puerto Marqués se dignifique, “creando parques y jardines públicos apropiados”, y demás infraestructura pública necesaria, como también ordena el decreto tantas veces mencionado.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República para que ante la gravedad de los hechos atraigan la investigación de éstos, en el marco de sus atribuciones, hasta su total esclarecimiento y, en el caso de la procuraduría, hasta que se castigue con firmeza a los responsables. Esto, con fundamento en los artículos 3, párrafo tercero, en relación con el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 73 constitucional, fracción XXI, y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, respectivamente.

Sede de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.— Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

POLICIA FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo relativo a una revisión salarial, que incluya las prestaciones laborales y los seguros de vida y de riesgo, del personal de la Policía Federal, suscrito por los diputados Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SHCP y la SSP una revisión salarial que incluya las prestaciones laborales y los seguros de vida y de riesgo del personal de la Policía Federal, suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez y Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Alejandro Encinas Rodríguez y Esthela Damián Peralta, legisladores de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, actualmente vivimos una violencia exacerbada, quizá nunca antes vista, que ha hecho imprescindible la existencia y el buen funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública, corporaciones policíacas y del Ejército Nacional y la Armada de México.

La violencia hoy no tiene límites, es del diario acontecer saber de enfrentamientos belicosos, agresivos, por demás crueles y sanguinarios en prácticamente toda la República Mexicana, en dónde no sólo se enfrentan las fuerzas de seguridad y los delincuentes, sino que victimizan a la población civil; niños, jóvenes, mujeres y ancianos que ven vulnerada su integridad física en todo momento.

Ya no sólo se es presa de la delincuencia “común” en asaltos, secuestros y de más delitos, ahora toda la ciudadanía tiene que estar atenta a los ataques y amenazas de la delincuencia organizada.

Frente a los fenómenos de inseguridad y violencia creciente, y con el propósito de mejorar el resguardo y la protección de los ciudadanos que finalmente son obligaciones y potestades constitucionales del Estado, se creó al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, como órgano desconcentrado, la Policía Federal, fusionando a varios cuerpos policíacos, entre otros a la ex Policía Federal de Caminos y Puertos que dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Policía Federal Preventiva (PFP), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. La Policía Federal tiene por misión principal garantizar la integridad y derechos de las personas, prevenir delitos, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en zonas consideradas de jurisdicción federal, como edificios del gobierno federal, zonas arqueológicas, ríos, lagos, presas, lagunas, etcétera, y en las zonas urbanas cuando así lo solicite la autoridad local.

Las tareas que realizan los elementos de la Policía Federal de manera cotidiana son de altísimo riesgo en el entorno nacional que hemos descritos y si bien los riesgos son inherentes a la naturaleza de su trabajo, las actuales condiciones laborales y el riesgo que las actividades desarrolladas representan no resultan equitativas.

Los sueldos de algunos de estos servidores públicos, principalmente los de los policías y cabos, no son superiores a los diez mil pesos mensuales, lo que representa un ingreso muy bajo para ser sostén de una familia, y por demás injusto tomando en cuenta los riesgos y el estrés emocional al que se ven sometidos todos los elementos de esta corporación.

Mención especial merece el hecho de que los seguros de vida y riesgo con el que cuentan los elementos de esta corporación en caso de fallecimiento, resulta insuficiente, ya que deja en total desamparo a las familias en caso de fallecimiento del servidor público en cumplimiento de su deber.

Todo esto, sin contar con la sobrecarga de estrés con la que tienen que vivir los elementos en cuestión, toda vez que adicionalmente a la carga emocional a la que se someten por el enfrentamiento con el crimen organizado y otras cuestiones propias de su labor, sufren de fuertes tensiones al pensar como complementar su ingreso económico o el que harán sus familias en caso de fallecimiento.

Sí se quiere contar con una policía honesta y totalmente alejada de la corrupción, no se podrá lograr con salarios y prestaciones como las que hemos descrito. Si bien es cierto que recientemente el titular de Poder Ejecutivo federal, anunció el creciente número de elementos a esta corporación, no lo está haciendo en aras del progreso de dicha corporación, ya que no ha planteado mejoras laborales que son urgentes para los elementos de la Policía Federal.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Seguridad Pública, para realizar una revisión urgente de las condiciones laborales y salariales de los elementos de la Policía Federal, que derive en el incremento salarial y las mejoras de las prestaciones laborales del personal de tropa de más bajos ingresos.

Sede de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.— Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE COLIMA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del senador Javier Orozco Gómez se recibió proposición con punto de acuerdo relativo a los daños causados a los manglares de la Laguna de Cuyutlán.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a los daños causados a los manglares de la laguna de Cuyutlán, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las lagunas costeras están consideradas como los recursos acuáticos más valiosos de nuestro país, debido a sus especiales mecanismos ecológicos y flujos de energía. De aquí que el conocimiento de la biodiversidad y la importancia que ésta tiene en la ecología litoral, se constituya en una pieza fundamental para la mejor comprensión en el manejo y planificación de estos recursos naturales.

Entre las características geográficas que sobresalen del territorio nacional, destacan sus extensos litorales y los variados y ricos ecosistemas costeros que en ellos se encuentran y que son conocidos como bahías, ensenadas, lagunas costeras, estuarios, pantanos, marismas y manglares, entre otros.

Las causas que originan la diversidad biológica de un sitio en particular, es un fenómeno sumamente complejo y ha sido tratado por numerosos científicos desde variadas perspectivas.

Bajo esta óptica, las lagunas costeras y ecosistemas similares se caracterizan por poseer un ambiente de cambio continuo derivado de los efectos hidrológicos ocasionados por el encuentro de dos masas de agua de diferente origen y propiedades físico-químicas, lo que en principio limitará la diversidad. En cambio y desde otra perspectiva, lo anterior trae como consecuencia la presencia espacio-temporal de diversos hábitats que permite el establecimiento de organismos, poblaciones e inclusive comunidades con diferentes requerimientos.

Las lagunas costeras de nuestro país son muy importantes desde la perspectiva de la biodiversidad. Por ejemplo, la cantidad de especies de peces por laguna varía en promedio entre 50 y 100, la de moluscos entre 20 y 90 y la de crustáceos entre 40 y 70. Por otra parte, las lagunas están estrechamente ligadas en su mayoría con bosques de manglar, que constituyen hábitats particularmente ricos para la avifauna (los manglares son áreas imprescindibles y estratégicas en la migración de aves provenientes de Canadá y Estados Unidos), reptiles y mamíferos.

La zona marítima mexicana consta de poco más de 11 mil kilómetros de litoral, de los cuales, alrededor del 68 por ciento corresponde a las costas e islas del Océano Pacífico y del Golfo de California, y 32 por ciento a las costas, islas y cayos del golfo de México y del mar Caribe. Además, esta zona marítima cuenta con 500 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental, con 16,000 kilómetros cuadrados de superficie estuarina y con más de 12,000 kilómetros cuadrados de lagunas costeras.

Los hábitats acuáticos y costeros completan la extraordinaria riqueza ambiental del país, ya que cuentan con ricos ecosistemas lagunares y una gran biodiversidad marina. Arrecifes, lagunas, pantanos y manglares configuran complicados sistemas ribereños, que no sólo representan a los ambientes de mayor productividad biológica, sino que vierten además importantes volúmenes de nutrientes a los océanos, dando lugar a diversas cadenas tróficas marinas.

Los ecosistemas lagunares costeros, no sólo sustentan elevadas concentraciones de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces y especies invertebradas, sino que concentran un alto grado de endemismos y generalmente también son importantes lugares de almacenamiento de material genético vegetal. Estos ecosistemas son los mecanismos más importantes de productividad primaria neta, la cual, se debe principalmente a la generación de biomasa directamente relacionada con el aprovechamiento de la energía solar, la disponibilidad de nutrientes que aportan los ríos y escurrimientos terrestres, a la presencia de diferentes fuentes de energía provenientes de diversos productores primarios, así como también a un eficiente intercambio de materiales con el mar y los ríos a través del efecto combinado de corrientes, vientos y mareas, aunado a esto los productores primarios que ahí habitan mantienen un flujo elevado y constante de energía que es exportada a la zona costera adyacente y la cantidad de nutrientes que estos aportan a las cadenas tróficas, es la mayor en comparación con los otros ecosistemas del mundo, es por esto que las lagunas costeras, estuarios y ecosistemas de manglar están ampliamente reconocidos como los ecosistemas más productivos de la biosfera.

Además representan una importante fuente de agua dulce para las poblaciones adyacentes, ya que se encargan de drenar sus aguas recargando los mantos freáticos.

Sin embargo estos ecosistemas presentan intervalos de distribución muy pequeños, y se encuentran cercanamente asociados a condiciones ambientales muy restringidas, como pisos altitudinales, niveles de inundación o patrones climáticos muy particulares, lo cual, los hace particularmente vulnerables, siendo afectados por las fuerzas acumulativas de las transformaciones globales de deforestación, sobre pastoreo, desertificación y es muy posible que su vulnerabilidad aumente en el futuro.

Desafortunadamente algunos ambientalistas consideran que los humedales costeros, en especial los manglares, son el tipo de ecosistema en mayor riesgo de desaparecer en el mundo, pues más de 18 millones de hectáreas han sido destruidos, con el consecuente impacto en las comunidades locales, la diversidad biológica y la degradación de costas.

El presente punto de acuerdo hace referencia a la destrucción ambiental de la cual está siendo objeto la zona costera de Colima, particularmente de la laguna de Cuyutlán, en la cual se sitúa casi toda la extensión estuarica del estado, contando con una gran riqueza natural, por la gran cantidad de biodiversidad y endemismos que allí se localizan, representando uno de los ecosistemas lagunares más importantes del estado como muestra de esto es necesario manifestar que en 1994 como consecuencia de la firma del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá auspiciaron el proyecto de un atlas de aves acuáticas y costeras en México.

“Los resultados de este trabajo mostraron que de los 98 sitios muestreados, la laguna de Cuyutlán es el segundo sitio de mayor importancia para aves acuáticas migratorias del estrecho del Pacífico mexicano, que se extiende de Culiacán, Sinaloa, hasta la frontera de Guatemala”.

La laguna de Cuyutlán se localiza al noroeste de la costa de Colima, entre los 18°57’ y 19°05’ latitud N y los 103°57’ y 104°20’ longitud O, abarca los linderos de los municipios de Tecomán y Armería, hasta la bahía de Manzanillo, ocupa un área promedio de 7,200 hectáreas, con una longitud de aproximadamente 37 kilómetros, su capacidad de almacenamiento es de 700 mil metros cúbicos con una profundidad de 0.2 a 4.4 metros; esta laguna se encuentra permanente comunicada al mar a través del túnel próximo al Puerto de Manzanillo y la toma de agua para la Comisión Federal de Electricidad llamado Canal de Ventanas, asimismo por el canal artificial Tepalcates y de manera efímera por el estero de Palo Verde.

Esta laguna se encuentra bajo fuertes índices de deterioro ambiental derivados de una serie de autorizaciones por cambio de uso de suelo, así como, de impacto ambiental, para la ejecución de diversos proyectos dentro del cuerpo de la laguna y en sus alrededores.

Algunas de estas autorizaciones han sido:

1. El cambio de uso de suelo autorizado por la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Colima, referente a 98.05 hectáreas de manglar, incluyendo 30 hectáreas de manglar para la ejecución del proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito, misma que presuntamente contó con diversas irregularidades jurídicas de origen, ya que dicha autorización fue sustentada en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cuando por la naturaleza de estos ecosistemas los mismos se rigen por la Ley General de Vida Silvestre, además de que no fue tomada en cuenta en ese momento la NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

2. El otorgamiento antijurídico de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de una prórroga para la presentación de información adicional, sobre la manifestación de impacto ambiental presentada por la administración portuaria integral de Manzanillo ante esa dependencia.

3. La autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la instalación de la planta regasificadora gas LP de la empresa Z Gas del Pacifico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán.

La ejecución de este tipo de proyectos ha alterado el balance hidrológico de la laguna por obras de infraestructura, como el relleno al poniente de la laguna, la estanquería rústica en la laguna y los 4 terraplenes (para ferrocarril, tuberías de dragado o agua potable y para el estanque de la salinera), que aíslan la laguna transversalmente.

Desafortunadamente este tipo de proyectos traen consigo la destrucción de los ecosistemas costeros y de las especies de vida silvestre que en ellos habita, así como, de la destrucción y desplazamientos de las actividades productivas de pesca artesanal, de pequeños ramaderos turísticos y de los residentes históricos de la laguna, no podemos permitir que estas empresas transnacionales incidan directamente en la destrucción de este valioso ecosistema a costa del interés público de todos los mexicanos.

Aunado a esto, la laguna de Cuyutlán se encuentra gravemente impactada como consecuencia del crecimiento no regulado de actividades primarias, la agroindustria, los asentamientos urbanos, la minería y particularmente la industria eléctrica y petrolera. El vertimiento de aguas residuales municipales, ha reducido significativamente su capacidad de autodepuración, reduciendo el potencial de uso, incluyendo todos los cursos de agua como el río Armería.

El proyecto de la terminal de gas natural licuado se encuentra ubicado sobre nueve unidades de gestión ambiental, que según el ordenamiento deberían ser destinadas a otras actividades diferentes a la industrial.

La unidades de gestión ambiental que serían afectadas por el proyecto son la Ent8, Ent15, Ff17, Ag26, Ac31, If36, Ent39, Ent40, Ff43, en las que sólo se permiten actividades de turismo de bajo impacto, pecuario, acuacultura y agricultura, además de que en la mayoría de ellas se establecen políticas de protección, conservación y restauración por la existencia en algunos casos de dunas costeras y sitios de desove de tortugas marinas.

Los humedales, en especial los manglares, son el tipo de ecosistema en mayor riesgo de desaparecer en el mundo, pues más de 18 millones de hectáreas han sido destruidos, con el consecuente impacto en las comunidades locales, la diversidad biológica y la degradación de costas.

Las consecuencias del proyecto de la planta de gas natural destruiría parte del patrimonio natural del pueblo de México y violaría las leyes mexicanas, pero a pesar de que esto ha sido denunciado insistentemente por diversas organizaciones locales, no ha habido hasta ahora respuesta del gobierno federal.

Las leyes ambientales mexicanas prohíben la construcción de complejos industriales de alto impacto en ecosistemas protegidos por programas de ordenamiento territorial, algunas autoridades están tratando de modificar ese estatus de la laguna para eliminar esas restricciones.

Dentro de las prohibiciones que marca el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán se encuentran, entre otras, deforestar, destruir, desecar o rellenar humedales, manglares, esteros o pantanos; modificar la línea de costa o modificar de alguna forma playas arenosas o rocosas y dunas costeras; realizar actividades de dragado o de cualquier otra naturaleza que generen la suspensión de sedimentos o provoquen áreas con aguas fangosas o limosas dentro del área protegida o en zonas aledañas, sin antes haber realizado estudios técnicos pertinentes, así como instalar plataformas o infraestructura de cualquier otra índole, por ello sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía cite a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca con el fin de que explique por qué se autorizó la instalación y operación de la planta regasificadora de gas LP de la empresa Z Gas del Pacífico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán.

Segundo. Que esta soberanía cite a comparecer al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca con el fin de que explique porque se autorizó el cambio de uso de suelo autorizado referente a 98.05 ha de manglar, incluyendo 30 hectáreas de manglar para la ejecución del Proyecto de Ampliación Portuaria del Puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito.

Tercero. Que esta soberanía solicite que se anulen, revoquen, cancelen o, en su caso, se suspendan, por parte de la Secretaría de EMARNAT, las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron a la empresa “Z Gas del Pacifico” para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.

Cuarto.Que esta soberanía solicite que se anulen, revoquen, cancelen o en su caso suspendan, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron al proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.

Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

DIA DEL COMBATE A LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió de la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que decrete el 15 de febrero de cada año como Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar el 15 de febrero como Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo, suscrita por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del PVEM

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo, la que se manifiesta por el abuso emocional, físico, económico o sexual.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007, elaborada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), 15.5 por ciento de los mexicanos de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja ha sido víctima de violencia física; 75.8 por ciento ha sufrido agresiones psicológicas y 16.5 por ciento ha vivido al menos una experiencia de ataque sexual.

En la clasificación por tipo de violencia física se destaca que en la considerada “leve” –empujones, arañazos, jalones de cabello y mordidas– los hombres son los más afectados, con 48 por ciento de los casos, contra 32.1 de las mujeres, cifra que se incrementa si se trata de violencia física “media”, donde 61.4 por ciento de los casos afecta a mujeres que sufren bofetadas, golpes, agresiones con objetos pesados, patadas o que rompan sus objetos personales, a lo que se suma la considerada “severa”, que incluye el riesgo de quemaduras, intentos de estrangulamiento y amenazas con cuchillo, navaja u otras armas.

Como vemos la violencia en el noviazgo se ejerce tanto por hombres como por mujeres aunque los casos mayoritarios y más graves los sufren las últimas.

La violencia en los adolescentes tiene características muy especiales, los roles de género que han visto en la casa, en los medios de comunicación o en algunos casos en la escuela, se ven reflejados en esta relación, cabe destacar que la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo advirtió que en el 21.3 por ciento de los hogares de los jóvenes había insultos y en el 9 por ciento había golpes (55 por ciento eran propinados hombres y 44 por ciento mujeres).

La Encuesta permite observar que la transmisión de la cultura de una generación a otra, es quizá el aspecto más importante que caracteriza a la violencia en las relaciones de noviazgo, el maltrato hacia los niños y niñas, es una de las causas que en la vida adulta genera violencia, misma que es vista como algo natural.

Un joven que quiera ver reflejado su rol masculino tradicional y heredado por los roles que se dan aún en las familias, sin duda será propenso a la violencia, el será quien través de actos agresivos y dureza tome las decisiones en la relación de pareja, dominar y controlar los comportamientos de ella, comprobar que él es el “hombre” a través de actos agresivos y dureza.

Las consecuencias de la violencia en el noviazgo pueden ser depresión, aislamiento, fracaso escolar, bajo rendimiento laboral, embarazos no deseado, enfermedades de transmisión sexual o intentos de suicidio, pero lo más alarmante es que un noviazgo violento puede ser el inicio de una vida en pareja o una familia marcada por la violencia en la cual las conductas agresivas se seguirían observando por los hijos.

A pesar de la evolución que hemos tenido como sociedad aun no hemos podido o querido reconocer los diferentes rostros de la violencia entre los novios. La mayoría de las veces esta conducta no es percibida como tal por las víctimas ni por quienes la ejercen, pues se esconde bajo una máscara de interés o amor.

La violencia disfrazada de amor es casi invisible para la mayoría de la población, pero sus consecuencias pueden desembocar en situaciones trágicas, por ello es necesario difundir y concientizar a adolescentes y jóvenes de los riesgos y el daño de la violencia en el noviazgo.

Necesitamos que el gobierno federal implemente acciones que nos permitan concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer y atacar el problema de la violencia en el noviazgo.

La violencia parte de los estereotipos de género, es cultural, tiene que ver con los roles sociales y la educación, por tanto si la violencia ha sido parte del aprendizaje, es posible que se desaprenda, para ello debemos desacostumbrar los ojos de la sociedad a ver conductas que son consideradas normales para reconocer que se es víctima de agresiones y violencia.

Sin duda una forma de visibilizar y dejar de ver la violencia como algo común es a través del establecimiento de campañas informativas, con la colaboración de medios de comunicación y la participación activa de los diferentes niveles gobierno, mismas que podrían darse masivamente en el marco de una fecha dedicada a hacer conciencia de la violencia en el noviazgo.

Por lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía que se exhorte al Ejecutivo federal a decretar el 15 de febrero como el Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo, para visibilizar la importancia de reconocer y combatir este tipo de violencia.

Punto de Acuerdo

Único.El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo federal a decretar el 15 de febrero de cada año como el Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo.

Recinto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de diciembre de 2010.— Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

PROGRAMA ENCICLOMEDIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado José Alberto González Morales, del PRI, proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que concluya el 31 de diciembre de 2010 los contratos firmados para la aplicación del programa Enciclomedia.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a concluir el 31 de diciembre de 2010 los contratos firmados respecto a la aplicación del programa Enciclomedia y transferir los recursos presupuestados para 2011 a las Secretarías de Educación estatales a efecto de aplicarlos en operación y mantenimiento de los equipos de cómputo existentes; y a responder a las observaciones formuladas por la ASF sobre los recursos ejercidos entre 2004 y 2008 en ese programa, suscrita por el diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que los contratos con particulares que en su momento se firmaron para la adquisición de bienes y servicios relacionados con el programa Enciclomedia, concluyan el 31 de diciembre de 2010 tal como está establecido; asimismo, que los recursos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011 correspondientes al citado programa, sean transferidos a las secretarias estatales de educación para aplicarlos en la operación y mantenimiento de los equipos de cómputo existentes; y que la SEP responda a la brevedad a las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los más de 11 mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008 dentro del programa Enciclomedia, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La educación es el pilar que sustenta a una nación dándole la oportunidad de alcanzar un mayor nivel de desarrollo, una población mejor preparada, cuenta con mayores potencialidades para enfrentar los retos de la vida diaria, cotidiana y profesional.

Para lograr lo anterior, deben coincidir diversos componentes incluyendo los de índole personal y aquellos de tipo tecnológico. En este sentido, la administración del gobierno federal anterior, diseñó un esquema que permitió incorporar el uso de tecnologías al sistema de educación básica. Así nace el programa Enciclomedia.

Desde 2004 y hasta 2008, el programa Enciclomedia  recibió 24 mil 827 millones de pesos. En el mismo periodo, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones por 11 mil 333 millones de pesos, lo cual equivale al 45.6 por ciento del presupuesto asignado al programa en esos años. De acuerdo con información de la Cuenta Pública, estos recursos –casi la mitad del presupuesto total asignado en esos años– se utilizaron en pago de nómina u otros rubros no relacionados con los fines del programa.

Enciclomedia ha sido cuestionado en cuanto a los procesos de diseño, licitación, implementación y funcionamiento, e incluso se presume que existieron conductas constitutivas de delito, sin que hasta le fecha se hayan deslindado las responsabilidades correspondientes.

A la fecha, la SEP no ha respondido con suficiencia y de manera íntegra a las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los más de 11 mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008. Por tanto, no se considera pertinente que se prorroguen los contratos correspondientes a un programa en el que se ha observado tal opacidad en el uso de los recursos públicos.

Una de las observaciones se relaciona con la firma de contratos multianuales. Tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación han señalado la necesidad de que se investiguen las razones y motivos que determinaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizara, en los años 2005 y 2006, la firma de contratos multianuales para el programa Enciclomedia, sin haber justificado que su celebración representara ventajas económicas para el Estado mexicano, tal y como lo establece la fracción I del artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 30 de la entonces vigente Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

La firma de tales contratos obligó a la presente administración a asumir la responsabilidad de programar y destinar los recursos necesarios para atender el compromiso con las empresas integradoras del programa Enciclomedia hasta los años 2010 y 2011.

Dichos contratos multianuales fueron suscritos por la SEP durante septiembre del 2005, para la adquisición de 125 mil 562 equipos que serían instalados en los salones de quinto y sexto de educación primaria, con un costo de 18 mil millones de pesos. Los contratos fueron firmados con las empresas Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, Ted Tecnología, Accesorios y Suministros Informáticos, Mainbit, Sistemas Aplicados de la Conurbación del Pánuco, Centro de Productividad Avanzada e Interconecta.

De acuerdo con información proporcionada por las entidades federativas, pese a que tales contratos han sido profusamente cuestionados, la SEP busca ahora prorrogarlos por un año más, bajo el argumento de que la Ley de Adquisiciones lo permite. Además, de acuerdo con investigaciones realizadas por algunos diarios de circulación nacional, de prorrogarse los contratos se estaría beneficiando a empresas que han obtenido previamente contratos de manera cuestionable.

Cabe aclarar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se asignan a Enciclomedia sólo 596 millones de pesos –reducción superior al 90 por ciento en comparación con el año anterior–, mientras que al programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) se destinan 4 mil 903 millones de pesos. De acuerdo con los planteamientos de la SEP, durante el siguiente año se dará una etapa de transición de un programa a otro. No hay claridad por parte de la dependencia federal sobre la partida presupuestal que sería afectada para cubrir la prórroga de los contratos multianuales, ni el monto que sería destinado a esa operación.

Es por ello que a nombre de los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, y de los sistemas de educación estatales, manifiesto nuestra inconformidad ante la posibilidad de que la SEP prorrogue los contratos del programa Enciclomedia. No se puede estar ejerciendo el poder público mediante voluntarismos.

No debemos permitir que la política educativa se encuentre atada a  compromisos personales. Como legisladores tenemos la responsabilidad de velar porque las y los habitantes de este nuestro México cuenten con los elementos fundamentales que les permitan mejorar su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus capacidades, siendo la educación uno de los elementos preponderantes para lograr dicho fin.

En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que:

Primero. Se concluya con los contratos que en su momento se firmaron para la aplicación del programa Enciclomedia tal como está establecido en los mismos.

Segundo. Se transfiera a los estados los recursos presupuestados en el ejercicio fiscal 2011 dirigidos al programa Enciclomedia, para que sean aplicados en la operación y mantenimiento de los equipos existentes.

Tercero. A la mayor brevedad, la SEP responda íntegramente a las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los más de 11 mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008 dentro del programa Enciclomedia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2010.— Diputado José Alberto González Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que solicita al titular de Pemex reubique la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en Saltillo, Coahuila.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de Pemex que reubique de inmediato la terminal de almacenamiento y reparto de Saltillo, Coahuila, suscrita por el diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Héctor Franco López, somete a discusión y, en su caso, aprobación, la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Exposición de Motivos

El pasado 19 de diciembre el pueblo del municipio de San Martin Texmelucan, Puebla fue despertado por el estruendo ocasionado por la explosión de un gasoducto, dicha explosión causó la muerte de 28 personas (12 de ellas menores de edad), dejó 52 heridos y más de 100 casas afectadas por el fuego, de las cuales 83 presentandaños parciales, mientras que 32 quedaron completamente destruidas.

Se presume que dicho percance se debió a una perforación clandestina de un ducto. Dicho ducto, propiedad de Petróleos Mexicanos, era de 32 pulgadas de diámetro y transportaba petróleo sin refinar. Se cree que el combustible fluyó hacia el río Atoyac, el cual se encuentra cercano a la comunidad y encontró un punto de difusión alrededor de las casas cercanas; sólo basto un chispazo para desencadenar la explosión.

No es el primer accidente con fatales consecuencias ocurrido en nuestro país, basta recordar las explosiones ocurridas en San Juan Ixhuatepec ubicado en Tlanepantla de Baz, estado de México en 1984 en una de las plantas de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos. Esa explosión dejó un saldo de aproximadamente 600 muertos y 2 mil heridos, la causa fue la rotura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba gas LP.

Así como estos, podríamos mencionar innumerables accidentes ocurridos, ya sea por el robo indiscriminado de combustibles, o por diversas fallas por falta de mantenimiento en los ductos de transportación.

Se estima que en los últimos años se ha multiplicado el robo de combustible de los ductos de Pemex en distintos puntos del país, llegándose a detectar en promedio uno cada tres días. Las pérdidas por este robo, se estiman en al menos 10 mil millones de pesos (unos 800 millones de dólares) anuales.

Pero aun más importante, es el peligro que se crea al instalar plantas por parte de Petróleos Mexicanos de almacenaje  de combustibles o ductos que circulan por debajo de ciudades transportando diversos combustibles, dentro o cerca de ciudades pobladas.

Caso concreto es la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila. La distribuidora de combustible se localiza en el boulevard Venustiano Carranza, columna vertebral de la ciudad, y se encuentra rodeada de  las colonias Jardines Coloniales, Privadas de Santiago y Las Brisas, cuyos habitantes viven desde hace tiempo con la incertidumbre y la inseguridad de encontrarse cerca de este depósito.

Se sabe que dicha estación tiene una capacidad de almacenaje de 23 millones 847 mil litros de distintas gasolinas y diesel, también que cuenta con una certificación internacional de seguridad, sin embargo en meses pasados fue localizada una toma clandestina ubicada en la barda posterior que rodea el inmueble por parte de las autoridades.

Es por esto que desde abril del 2008, el Gobernador Humberto Moreira Valdés, solicitó vía escrita y sostuvo diversas reuniones con el entonces director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, con el fin de solicitar que dicha planta sea reubicada fuera de la zona urbana de Saltillo.

Para dicho fin, el gobierno del Estado ha propuesto apoyar con la permuta de un terreno fuera de la zona urbana, ya sea en la carretera rumbo a Monterrey o en su defecto en la carretera rumbo a Monclova para la reubicación de dicha terminal de almacenamiento, a cambio de que en la zona que se encuentra actualmente se construya una unidad deportiva.

Hasta la fecha, el gobierno federal ha hecho caso omiso de la propuesta del gobierno estatal, pero es tiempo que dé respuesta a dicha propuesta o en su defecto, se busquen opciones para la reubicación de dicha estación, con lo cual se daría seguridad y certidumbre a los pobladores de las colonias aledañas, no esperemos a que ocurra una tragedia como la recientemente ocurrida.

Por lo expuesto someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, exhorte al director general de Petróleos Mexicanos Juan José Suárez Coppel, a que reubique de manera inmediata la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2010.— Diputado Héctor Franco López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

RECESO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 13:19 horas): Voy a decretar un receso de 3 minutos, a fin de que la Secretaría de Servicios Parlamentarios procese y tenga listos los acuerdos que serán sometidos a la consideración del pleno.

(Receso)

COMISIONES DE TRABAJO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (13:47 horas): Se reanuda la sesión.

Ruego a la Secretaría sea tan amable de procesar el Acuerdo relativo a la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Integración de comisiones de trabajo.

Secretarios de la Comisión permanente.— Presentes.

La Mesa Directiva, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 116, 123, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Congreso, así como de los artículos 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proyecto de acuerdo para la integración de las comisiones para el despacho de los negocios de su competencia, de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

Primera.Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, es el órgano constitucional que funcionará durante los recesos de éste, siendo integrado por 37 legisladores de entre los cuales 19 son diputados y 18 son senadores, mismos que representan a sus grupos parlamentarios de conformidad con la configuración con la que cuente cada Cámara.

Segunda.Que de conformidad con la Constitución federal, tiene competencia para resolver sobre diversos asuntos de orden público, para lo cual requiere el auxilio de Comisiones de trabajo, previstas en la normatividad parlamentaria.

Por lo expuesto, se propone a la consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero.Sepropone para ocupar las directivas y para integrar las correspondientes comisiones de la Permanente durante el presente receso a los siguientes legisladores.

Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Presidente

Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI)

Secretarios

Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (PRI)

Senador José Alejandro Zapata Perogordo (PAN)

Integrantes

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (PRI)

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI)

Diputado Amadeo Flores Espinosa (PRI)

Diputado Héctor Guevara Ramírez (PRI)

Senador Fernando Jorge Castro Trenti (PRI)

Senador Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN)

Diputada Paz Gutiérrez Cortina (PAN)

Senador René Arce (PRD)

Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (PT)

Senador Luis Maldonado Venegas (Convergencia)

Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública

Presidente

Senador Rubén Fernando Velázquez López (PRD)

Secretarios

Diputada Cristina Díaz Salazar (PRI)

Senador Sebastián Calderón Centeno (PAN)

Senador Javier Orozco Gómez (PVEM)

Integrantes

Diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI)

Diputado Héctor Franco López (PRI)

Diputado Isaías González Cuevas (PRI)

Diputado Tereso Medina Ramírez (PRI)

Senadora María del Socorro García Quiroz (PRI)

Senador Luis Alberto Villarreal García (PAN)

Diputada Paz Gutiérrez Cortina (PRI)

Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN)

Senadora Claudia Sofía Corichi García (PRD)

Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (PT)

Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

Presidente

Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (PAN)

Secretarios

Senadora Minerva Hernández Ramos (PAN)

Diputado Cruz López Aguilar (PRI)

Senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI)

Diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (PRD)

Integrantes

Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (PRI)

Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (PRI)

Senadora María del Socorro García Quiroz (PRI)

Senador Renán Cleomino Zoreda Novelo (PRI)

Diputado Arturo García Portillo (PAN)

Diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN)

Senador J. Jesús Dueñas Llerenas (PAN)

Senador Rubén Fernando Velázquez López (PRD)

Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM)

Senador Ricardo Monreal Ávila (PT)

Segundo.Las mesas directivas de las comisiones de la Permanente adoptarán sus decisiones por mayoría absoluta, mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos integrantes representarán tantos votos como miembros tenga su grupo parlamentario en la Comisión Permanente.

Transitorio

Único.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de diciembre de 2010.— La Mesa Directiva:Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), presidente;diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), vicepresidenta;diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), vicepresidenta;diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), secretaria;senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), secretario;senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), secretario;diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría si se aprueba.

El secretario senador Luis Alberto Villarreal García:En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.

Ponga la Secretaría a consideración el acuerdo relativo al Sindicato Mexicano de Electricistas.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Acuerdo de la Comisión Permanente, concerniente al grupo de trabajo para dar seguimiento al tema relacionado con el Sindicato Mexicano de Electricistas

Los que abajo suscriben, diputadas, diputados y senadores integrantes de la Mesa Directiva, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo al tenor de los siguientes

Acuerdos

Primero. Se insta a la Cámara de Diputados para que a través del grupo de trabajo que ha configurado a su interior pueda dar seguimiento a los planteamientos que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha realizado ante esa soberanía y pueda reunirse durante el lapso del actual periodo de receso, a efecto de que analice la propuesta de dicho sindicato, a fin de contar con mejores elementos que permitan, de ser el caso, su posible dictaminación.

Segundo. Se solicita al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que remita informe y comparezca ante la Tercera Comisión de la Permanente, sobre el uso y destino otorgado a los bienes de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y el uso que se le dio a éstos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), presidente de la Comisión Permanente;diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), vicepresidenta;diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), vicepresidenta;diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), secretaria;senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), secretario;senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), secretario;diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, ponga a votación, señora secretaria, la proposición de la Mesa Directiva.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, aprobado por mayoría.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Enterado. Aprobado. Comuníquese a los órganos respectivos.

ESTADO DE PUEBLA - MARISELA ESCOBEDO ORTIZ

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señoras y señores senadores y diputados, senadoras y diputadas, en fechas recientes el país entero se ha sacudido por hechos que no pueden ser menos que calificados como atroces. Solicito a ustedes ponernos de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del suceso acontecido en San Martín Texmelucan el pasado domingo, y en memoria de una connotada activista social asesinada en Chihuahua en días pasados.

(Minuto de silencio)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dada la gravedad de tales acontecimientos, los grupos parlamentarios, por unanimidad, solidarizándose con solicitudes expresas presentadas para el orden del día, han solicitado a esta Mesa Directiva poner a la consideración de la Comisión Permanente sendos puntos de acuerdo que señalan la gravedad de los acontecimientos y, a su vez, buscan presentar la postura de esta Comisión Permanente en representación del Congreso de la Unión.

Ruego a la Secretaría dé lectura y ponga a consideración de inmediato el primer punto de acuerdo.

ESTADO DE PUEBLA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Proposición con punto de acuerdo, para citar a comparecer al director general de Pemex ante la Tercera Comisión de la Permanente con relación a los recientes eventos suscitados en San Martín Texmelucan, Puebla, suscrita por la Mesa Directiva y presentada en la sesión de la Comisión Permanente del martes 21 de diciembre de 2010

Considerandos

El pasado 19 de diciembre de 2010, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, se produjo una serie de explosiones y un incendio de proporciones graves, en uno de los oleoductos propiedad de Petróleos Mexicanos, Pemex, provocando la pérdida de 28 vidas, según reportes recientes, la destrucción de varias casas habitación y de otros bienes materiales.

Hasta el momento se conocen reportes parciales de los daños causados por el lamentable siniestro y que servidores públicos de Pemex están atendiendo el siniestro para evitar mayores daños y hacer una evaluación de las pérdidas causadas.

En mérito de lo expuesto, se someten, a consideración del pleno de la Comisión Permanente, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su consternación ante los lamentables hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2010 en San Martín Texmelucan, Puebla, en relación con la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), y envía un mensaje de consuelo y solidaridad con los deudos de las personas fallecidas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al director general de Pemex, a fin de que gire las instrucciones y adopte todas las medidas pertinentes para proveer de seguridad a la zona afectada, atender a las víctimas, incluyendo fallecidas, lesionadas y sus familiares, así como para que proceda a la reparación de los daños sufridos por ellos, para dar debida y oportuna respuesta a sus necesidades y requerimientos.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con sustento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a comparecer al director general de Pemex, ante la Tercera Comisión, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, a efecto de que explique las causas, circunstancias y consecuencias del siniestro ocurrido en un ducto de esa empresa en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

La Tercera Comisión citada acordará, con la intervención que corresponda a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el formato, fecha y demás modalidades para el desarrollo de la comparecencia indicada.

La Mesa Directiva: Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente;diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), vicepresidenta;diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), vicepresidenta;diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), secretaria;senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), secretario;senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), secretario;diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión. Ponga a votación de inmediato el punto de acuerdo, en virtud de no haberse registrado oradores, señor senador.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado unánimemente por los grupos parlamentarios y los integrantes de esta Comisión Permanente.Notifíquese.

Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta para dar lectura, a nombre de la Secretaría, del siguiente punto de acuerdo.

MARISELA ESCOBEDO ORTIZ

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Acuerdo de la Comisión Permanente, relativo a la muerte de la ciudadana Marisela Escobedo Ortiz

Los que abajo suscriben, diputadas, diputados y senadores integrantes de la Mesa Directiva, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que en esta sesión están registrados dos puntos de acuerdo suscritos por senadores y diputados de diversos grupos parlamentarios, en relación con el homicidio de la ciudadana Marisela Escobedo Ortiz, así como una proposición del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT, en las que se condenan los hechos, se lamenta el asesinato de la activista por el derecho de las mujeres y se detenga a los autores intelectuales y materiales.

Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada frente al palacio de gobierno el pasado 16 de diciembre. Desde 2008, cuando su hija Rubí Marisol desapareció, ella empezó a exigir justicia e inició las investigaciones para dar con el paradero del asesino, quien, confeso, fue juzgado en juicio oral y dejado en libertad, para después, en segunda instancia, ser sentenciado a 50 años de prisión. Escapó, y Marisela demandaba su aprehensión.

Por lo expuesto, la Mesa Directiva se permite proponer los siguientes

Acuerdos de la Comisión Permanente relativos a la muerte de la ciudadana Marisela Escobedo Ortiz

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena el lamentable homicidio de la señora Marisela Escobedo Ortiz el pasado 16 de diciembre en la Ciudad de Chihuahua y se solidariza con sus deudos, al tiempo que rechaza este tipo de violencia inadmisible en países democráticos.

Segundo. La Comisión Permanente exige a las autoridades encargadas de las investigaciones su total y pronto esclarecimiento, la aplicación estricta de la ley contra quienes resulten responsables.

Tercero. La Comisión Permanente hace un exhorto a las autoridades del estado de Chihuahua y las federales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de manera inmediata, instrumenten acciones para la protección y seguridad de los familiares, personas cercanas y activistas que defienden su causa.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), presidente de la Comisión Permanente;diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), vicepresidenta;diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), vicepresidenta;diputada Paula Angélica Hernández olmos (rúbrica), secretaria;senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), secretario;senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), secretario;diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No habiendo quien haga uso de la palabra. Diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca(desde la curul): Señor presidente, para hacer una propuesta para una comisión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Solamente que es un acuerdo de los grupos parlamentarios que sea de la Mesa Directiva y puesto a votación de inmediato.

Tome usted la votación, diputada secretaria.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, unanimidad por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado unánimemente. Comuníquese.

Esta Mesa Directiva saluda el gesto de los señores diputados y senadores, quienes han declinado la discusión y privilegiado el acuerdo y la acción contundente de esta Comisión Permanente antes que cualquier otro tipo de acción. Muchas gracias, señores representantes de los grupos parlamentarios.

Ruego a la Secretaría dar cuenta con las proposiciones recibidas.

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la exclusión del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC, en la elaboración de la encuesta nacional de seguridad pública, a cargo del senador René Arce Islas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador René Arce Islas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Senado de la República, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En marzo de 2002, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC (ICESI), elaboró la primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad. Los resultados se dieron a conocer el 9 de mayo de ese mismo año. Los objetivos de la encuesta fueron: 1. Estimar los hechos delictivos denunciados y no denunciados en cada una de las entidades federativas; 2. Registrar tipos de delitos cometidos, lugares en que se cometieron, monto de pérdidas, edad de los delincuentes; y 3. Medir la percepción ciudadana sobre la inseguridad en los estados de la república.

Desde entonces, el ICESI era responsable de realizar esta encuesta anual con la colaboración de diversas instituciones académicas y de la sociedad civil.

2. El pasado 16 de junio del 2010 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su vigésima octava sesión celebrada el 3 de junio que, con una redacción mustia y tramposa, definió que el Inegi sería el órgano encargado de elaborar la encuesta sobre inseguridad en las 32 entidades federativas en 2010 y en años subsecuentes.

3. Las cifras poco confiables que resultaron de la encuesta 2010 y la denuncia que el propio ICESI realizó acerca de la opacidad que representó la exclusión de un organismo de la sociedad civil en su elaboración e instrumentación, generó el rechazó del ICESI y de diversas organizaciones ciudadanas como México SOS, Transparencia Mexicana, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, InsydeyAsociación Alto al Secuestro.

4. Coincidimos con ellos en el sentido de que la arbitraria decisión del Ejecutivo federal, de los gobernadores de los estados y del jefe del gobierno del Distrito Federal, todos en su calidad de integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no solamente implica la exclusión de la sociedad civil en la medición de los índices de  criminalidad, sino también que gobiernos, en un acto que reitera la opacidad y la falta de transparencia, se evalúen a sí mismos, como juez y parte, en su desempeño en el combate a la delincuencia, lo que constituye un insulto a la ciudadanía cuya exigencia central es la de recuperar la seguridad y la profesionalización y certificación de las acciones de las instancias de seguridad, a través de controles ciudadanos, rendición de cuentas y transparencia.

5. En su momento, el director general del ICESI, Luis de la Barreda Solórzano, denunció la presión ejercida por varios gobernadores para evitar la difusión de resultados sobre la delincuencia que los dejaban mal parados y señaló que durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública varios de ellos, entre los que sobresalieron el jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández; el de Baja California, José Guadalupe Osuna, entre otros, manifestaron su enojo por los resultados.

6. De la Barreda manifestó que Instituto a su cargo había sido excluido de decisiones y acciones cruciales para el levantamiento de la séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad correspondiente a 2010, pues la rectoría de la encuesta fue tomada por el Inegi, razón por la cual el ICESI no avala sus resultados, pues tampoco se permitió al ICESI la supervisión del proceso de levantamiento de campo, por lo que no fue posible que ejerciera control de calidad como lo hizo en encuestas anteriores.

El ICESI fue excluido de su propia encuesta a pesar de que durante la primera jornada de los Diálogos por la seguridad, el Ejecutivo federal se mostró receptivo ante el reclamo de las organizaciones civiles sobre la necesidad urgente de construir controles ciudadanos y mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en las políticas públicas y dio instrucciones para que se ideara la fórmula de institucionalizar la participación del ICESI en las encuestas. La instrucción del Ejecutivo fue cumplida en el sentido exactamente contrario.

7. En relación con la encuesta 2010, De la Barreda subrayó que en los resultados de esta séptima encuesta, el Inegi maquilló y ocultó cifras sobre la criminalidad en el estado de Chihuahua, situándolo en octavo lugar nacional en la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, por debajo de estados como Aguascalientes en donde la situación de inseguridad es claramente menor. El ICESI cuestionó la conclusión del Inegi en el sentido de que de 2009 a 2010 el porcentaje de personas víctimas de un delito en Chihuahua hubiera bajado de 14 a 12 por ciento, cuando tendría que haber aumentado según lo ha mostrado la propia realidad.

8. Lo más grave de este lamentable caso es, según señala el ICESI, que el Inegi ocultó información que evidenciaría el descontento de la población de Ciudad Juárez y de Chihuahua con los operativos federales en contra de la delincuencia. De manera específica reveló que se omitió publicar los resultados de la pregunta “¿considera que los operativos del gobierno federal han mejorado la seguridad pública?”, respecto de la cual la aprobación cayó de 48 a 31 por ciento en Chihuahua y de 70 a 19 por ciento en Ciudad Juárez, es decir, una baja de 51 puntos de 2009 a 2010. Cabe aclarar que tales resultados no fueron dados a conocer por el gobierno federal sino por el ICESI en su página de Internet.

9. El pasado 14 de diciembre, Notimex dio a conocer que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública envió una carta al director general del ICESI, en la que le informa que el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2011 quedará a cargo del Inegi y que el organismo civil solamente podrá participar en el análisis de los resultados de la encuesta “mediante un contrato de prestación de servicios que se ajuste a los costos del mercado y a los procedimientos legales aplicables”.

Así también le señala que el presupuesto con que cuenta el gobierno federal para la recolección de datos sobre victimización y otras materias importantes para la seguridad pública ha sido asignado a favor del Inegi para que cumpla con las atribuciones que constitucional y legalmente le son propias.La misiva fue firmada por el titular del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Rubén Alfonso Fernández Aceves.

10. Como ya lo hemos manifestado párrafos atrás, compartimos la indignación de las diversas organizaciones no gubernamentales por la exclusión de la sociedad civil en la medición de la criminalidad, así como la preocupación por la posible manipulación y uso político de un instrumento que durante los últimos años se ha convertido en un importante referente para los ciudadanos sobre la eficiencia de sus gobernantes en un tema que para todos es de toral importancia.

Por lo anterior, sometemos a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión formula un extrañamiento al Consejo Nacional de Seguridad Pública por la exclusión de la sociedad civil en la medición de la criminalidad a través de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, y externa su preocupación por la posible manipulación y uso político de dicho instrumento a través del Inegi.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a garantizar la rectoría de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, de manera que se preserve y asegure la transparencia en su elaboración y en la difusión de sus resultados, además de su eficiencia como un instrumento de evaluación ciudadana, de rendición de cuentas y transparencia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.— Senador René Arce Islas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SECRETARIAS DE ECONOMIA Y DE SALUD

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a abstenerse de emitir algún acuerdo de equivalencia a las normas oficiales, en tanto la SCJN no resuelva la controversia número 66/2010, interpuesta por esta soberanía contra los acuerdos de equivalencia emitidos por la Secretaría de Economía publicados en el DOF el 17 de agosto de 2010; y se cita a comparecer a los secretarios de Economía, y de Salud, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María del Socorro García Quiroz, senadora a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 30 de septiembre de 2010, por iniciativa de algunos senadores de diversos grupos parlamentarios, y con la aprobación del Pleno del Senado de la República, dicha soberanía presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de Controversia Constitucional contra el Ejecutivo federal.

La Controversia Constitucional se interpuso con motivo de los denominados “acuerdos de equivalencia” que emitió el secretario de Economía, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2010, los cuales tienen el propósito de equiparar tres Normas Oficiales Mexicanas con los reglamentos técnicos y de resultados de los Estados Unidos de América y Canadá, en materia de aparatos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos.

El 1 de octubre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un acuerdo por el que se designó al ministro Sergio Valls Hernández como instructor del juicio, quien a su vez, el 5 de octubre, tuvo a bien emitir otro acuerdo mediante el cual:

a) Admite a trámite la demanda de controversia constitucional presentada por el Senado;

b) Tuvo por demandado al Ejecutivo federal y descartó al secretario de Economía;

c) Ordenó emplazar al Ejecutivo para que en 30 días hábiles produjera su contestación;

d) Ordenó al Ejecutivo presentar copia certificada de los acuerdos impugnados, y;

e) Dio vista al procurador general de la República para que a su vez expresara lo que a su representación corresponde.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que hay elementos para admitir a análisis constitucional las disposiciones emitidas por el secretario de Economía y, ante ello, con el propósito de no vulnerar el Estado de derecho y dejar en indefensión a los ciudadanos, resulta fundamental esperar a que la Corte resuelva la controversia.

Ahora bien, el Ejecutivo federal persiste en la emisión de nuevos “Acuerdos de Equivalencia”, pese a que el máximo tribunal de la nación se encuentra actualmente deliberando a quién le corresponde desarrollar las obligaciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (al Ejecutivo federal o al Congreso de la Unión); pese a que precisamente está valorando en estos momentos si el Presidente de la República, a través del secretario de Economía, invadió las facultades legislativas del Congreso de la Unión, y pese a que sigue considerando si se ha violentado la normatividad vigente, establecida por el legislador, y  su procedimiento de creación, modificación y derogación contenido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Prueba de lo anterior es que el pasado 26 de octubre, las Secretarías de Economía, y de Salud publicaron en el Diario Oficial de la Federación el siguiente

• Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes a los requisitos establecidos en los artículos 179 y 180 del Reglamento de los Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro de los insumos para la salud, a que se refiere el Capítulo IX del Título Segundo del Reglamento de Insumos para la Salud, a los requisitos establecidos por las secciones 510(k) y 514 del Federal Food, Drug and Cosmetic Act y por el Título 21, Capítulo I, Subcapítulo H, del Code of Federal Regulations de los Estados Unidos de América, así como los establecidos por el Food and Drug Act, y las Medical Devices Regulations de Canadá para permitir la comercialización de dispositivos médicos en su territorio, y a las pruebas e inspecciones realizadas por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América y por Health Canada de Canadá, para permitir la comercialización de dispositivos médicos en su territorio.

Con el más reciente “acuerdo de equivalencia” en materia de dispositivos médicos, las Secretarías de Economía y de Salud procuran, supuestamente, que los mexicanos tengamos acceso a los equipos y dispositivos médicos con los últimos avances tecnológicos, de la forma más rápida posible. El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano, sostiene que con este “acuerdo de equivalencia” se avanza en la simplificación administrativa que impulsa el gobierno federal, pues el reconocimiento de los documentos emitidos en el extranjero para los dispositivos médicos se reducirá a 30 días, lo que impulsará la competitividad y el desarrollo tecnológico.

Como consecuencia del referido acuerdo, los representantes de la industria nacional de dispositivos médicos solicitaron una audiencia ante la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, la cual se concedió el pasado 10 de noviembre, y en la que expusieron ante los senadores los efectos que tendrá el reciente Acuerdo, señalando que, contrario a lo que dice Cofepris, los únicos beneficiarios de la “simplificación administrativa” que impulsa el Ejecutivo federal serán los industriales extranjeros, pues el Reglamento de Insumos para la Salud seguirá imponiendo plazos mayores para la obtención del registro sanitario a los industriales nacionales que, en promedio, superan los dos años.

Derivado de la anterior audiencia, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República acordó remitir a los titulares de las Secretarías de Salud y de Economía, así como al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, un oficio con las siguientes solicitudes, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 133 fracción V del Reglamento del Senado de la República, fechado el 11 de noviembre de 2010:

“Primero. Que no se apliquen las nuevas medidas establecidas en el artículo 161 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la demanda de Controversia Constitucional interpuesta por el Senado de la República en contra del Acuerdo expedido por el secretario de Economía por el que se aceptan como equivalentes a las NOM-0010-SCFI-1993, NOM-0016-SCFI-1993, la NOM-0019-SCFI-1998 y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2010.

”Segundo. Que se rinda un informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República sobre las razones de otorgar un trato desigual a los insumos médicos producidos en el País y a los producidos fuera del mismo y que plantee una alternativa de solución para esta inequitativa situación.

”Tercero. Se informe a esta Comisión si los productos avalados por las agencias sanitarias Food and Drug Administration de Estados Unidos de América y Health Canada de Canadá, mantienen los mismos criterios para los productos que son destinados a la comercialización en sus respectivos territorios y de aquellos que son destinados a mercados de otros países.

”Cuarto. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que resuelva todos los asuntos en trámite de registro vinculados al artículo 161 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud, en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, informando de las acciones que tome para llevar a cabo esta solicitud.”

La oficina del secretario de Economía, con fecha del 26 de noviembre, tuvo a bien responder mediante un oficio a la solicitud que le realizó la comisión. En su respuesta, además de evidenciar su determinación de transferir a particulares extranjeros las potestades y obligaciones que le son inherentes al Estado mexicano, la Secretaría de Economía tuvo el descaro de manifestar que independientemente del proceso de análisis constitucional que en estos momentos tiene lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de acuerdo a la interpretación de la propia Secretaría, el Ejecutivo está facultado para emitir este tipo de “Acuerdos”, y anunció que seguirán adelante con esta medida de “reconocimiento de normas”.

De la misma manera, no obstante el exhorto que realizara la Comisión, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de diciembre un “acuerdo” más para seguir adelante con el proceso de equiparación de normas nacionales y extranjeras en materia de dispositivos médicos, para hacerlo efectivo cuanto antes:

• Acuerdo por el que se adiciona el diverso por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado el 19 de junio de 2009.

No deja de preocupar, una vez más el desprecio que manifiesta el Ejecutivo federal en especial la Secretaría de Economía, por la seguridad e integridad de los consumidores mexicanos, así como de las condiciones desventajosas en que procuran situar a la industria médica nacional con la entrada en vigor del reciente “acuerdo de equivalencia”, en materia de dispositivos médicos.

Es fundamental que el Ejecutivo federal reconsidere su política de determinación de equivalencias entre la normatividad mexicana y la extranjera. Pero más importante aún, el Ejecutivo federal está obligado a respetar el diseño institucional existente, las atribuciones que a cada uno de los poderes le confiere nuestra Constitución Política y debe esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, si el Ejecutivo federal está facultado, o no, antes de expedir nuevos acuerdos de esa naturaleza.

El Congreso de la Unión no puede esperar hasta el comienzo del próximo periodo ordinario de sesiones para atender este importante asunto, pues el Diario Oficial de la Federación seguirá en funcionamiento, y con ello la posibilidad de publicación de más “acuerdos de equivalencia”. Esta Comisión Permanente debe hacer un enérgico exhorto y llamar a comparecer a los referidos funcionarios federales cuanto antes, pues es un asunto que no puede tolerar mayores dilaciones.

Por lo expuesto, los legisladores firmantes solicitamos se someta inmediatamente a la consideración de esta honorable asamblea por considerarse de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de emitir algún nuevo acuerdo por el cual se reconozca como equivalente a las normas oficiales mexicanas o a cualquier otra disposición jurídica nacional, a alguna norma extranjera, reglamento técnico, requisito o procedimiento para la evaluación de la conformidad, expedidos por las autoridades o personas morales extranjeras, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva la Controversia Constitucional 66/2010, interpuesta por ésta Cámara contra los siguientes acuerdos emitidos por el secretario de Economía, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2010:

I. Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-001-SCFI-1993, Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación tipo, y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá.

II. Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-016-SCFI-1993 Aparatos electrónicos-aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-requisitos de seguridad y métodos de prueba y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá.

III. Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-019-SCFI-1998 Seguridad de Equipo de Procesamiento de Datos y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá.

IV. La “vigésima modificación al acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior”.

Lo anterior, en virtud de que el máximo tribunal del país está deliberando precisamente respecto a si el Ejecutivo federal está facultado para emitir acuerdos de dicha naturaleza y, en consecuencia, la constitucionalidad de los mismos.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta soberanía a los titulares de las Secretarías de Economía, y de Salud, los ciudadanos Bruno Ferrari García de Alba y José Ángel Córdova Villalobos, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que rinda cuenta de los motivos, la evaluación técnica, jurídica, operativa y económica, así como de los objetivos que persigue el Ejecutivo federal con la publicación de los denominados “acuerdos de equivalencia” en materia de aparatos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos, así como en materia de dispositivos médicos, publicado el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2010.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21 días de diciembre de 2010.— Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a explicar a esta soberanía las causas del subejercicio en esa dependencia, así como el atraso de la construcción y modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y de otras obras carreteras en Guerrero, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, María del Socorro García Quiroz, Cleominio Zoreda Novelo y Adolfo Toledo Infanzón, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los factores que acelera el desarrollo económico y la competitividad de un país propicia un mayor bienestar social e incrementa el empleo es, sin lugar a dudas, la adecuación, construcción y modernización de la infraestructura carretera.

La red carretera no sólo sirve para transportar mercancías y personas a centros de producción y/o de consumo, sino también permite la comunicación entre diversas zonas y la integración regional, de ahí que en los últimos años, se hayan aprobado para este sector presupuestos históricos.

Así, para el ejercicio 2010 se asignó a Comunicaciones y Transportes un presupuesto superior a los 80 mil millones de pesos, mismo que para el ejercicio fiscal 2011 presenta un incremento alcanzando la cifra de 86 mil 392 millones de pesos.

No obstante lo anterior, y aun cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón se jacte de haber construido y modernizado más carreteras que en cualquier otro sexenio, el subejercicio presupuestal de esta dependencia pone en evidencia la ineficiencia en la aplicación del gasto público en el sector.

De acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del tercer trimestre de 2010, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presenta un subejercicio de 2 mil 517 millones de pesos que equivale al 19.35 del gasto programado.

Lo anterior, se traduce en lamentables retrasos en la construcción y modernización de importantes obras carreteras que tienen un fuerte impacto en la población, ante el cual no podemos permanecer impasibles.

Tal es el caso, por ejemplo de los trabajos de construcción de 2 viaductos en el kilómetro 5+600 y 5+900 del tramo Mozimba-Pie de la Cuesta, en el Estado de Guerrero, que tienen una asignación presupuestal de 40 millones 129 mil pesos y que hasta el día de hoy presenta un avance físico del 55 por ciento, aún y cuando se tenía programado su terminación el pasado 30 de noviembre.

Por otro lado, los trabajos de modernización del tramo Mozimba-Pie de la Cuesta, del kilómetro 8+580 al kilómetro 10+400 también programada para terminar el 30 de noviembre pasado, la cual tiene un avance del 85 por ciento; este tramo incluye además la construcción de 2 estructuras viaducto, una en el kilómetro 9+160 y otra en el kilómetro 9+540 de la carretera de Acapulco-Zihuatanejo.

La misma situación presenta la construcción del entronque Cayaco, de la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, con un presupuesto de 105 millones 169 mil pesos y un preocupante avance de tan sólo 28 por ciento.

Nos parece inadmisible que obras fundamentales para el desarrollo del país no se concluyan debido a que las autoridades no ejercen de manera oportuna y eficiente los recursos y mantienen subejercicios considerables, particularmente en estados y municipios que no pertenecen al partido en el gobierno, como los casos que el día de hoy traemos a esta tribuna.

Se trata de obras primordiales para la modernización de Acapulco, que elevarán la calidad de vida de miles de familias, generando empleos y derrama económica en tan importante zona turística, por lo que hacemos un puntual exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes explique las razones por las que se han presentado subejercicios en esa dependencia y de manera específica, por las que no han sido concluidos estos dos tramos carreteros que son de vital importancia para el desarrollo de este puerto turístico.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, a explicar a esta soberanía las causas del subejercicio en su dependencia, así como el atraso en los trabajos de construcción y modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y otras obras carreteras, en el estado de Guerrero.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.— Senadores: María del Socorro García Quiroz, Cleominio Zoreda Novelo, Adolfo Toledo Infanzón, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

Continúe la Secretaría. Gracias, diputada Hernández.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera y vamos a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer receso.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 12 de enero de 2011.

Lectura del acta de la sesión de instalación.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 14:10 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el martes 4 de enero de 2011 a las 11 horas.

Esta Mesa Directiva desea a todos los integrantes de la Comisión Permanente, a los representantes de los medios de comunicación; a los trabajadores de esta Cámara y al público asistente que tengan unos felices días navideños y que el próximo año esté lleno de logros y satisfacciones para nosotros y para el pueblo de México. Muchas gracias.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 1 hora  57 minutos con un receso de 31 minutos • Quórum a la  apertura de sesión: 32 legisladores • Minuto de silencio: 1 • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 • Acuerdo de la Mesa Directiva, aprobados: 5 • Oradores que participaron: 27 PRI                                  12PAN                                 1PRD                                   4PVEM                        8PT                                       1Convergencia                     1 Se recibió o presentó: • 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal; • 9 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados: • 15 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores; • 1 oficio de la Secretaría de Desarrollo Social y de Medio Ambiente del estado de Veracruz, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite informe de la senadora Adriana González Carrillo; • 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; • 2 iniciativas del PRI; • 3 iniciativas del PVEM; • 13 proposiciones con puntos de acuerdo; • 1 tema de agenda política