SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Con gusto, señor presidente, procedemos a pasar lista de asistencia.

(Pase de lista)

Señor presidente, hay una asistencia de 30 legisladores.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 11:54 horas): Por tanto, hay quórum y  se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Se aprueba, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer receso.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 4 de enero de 2011

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez.

Del senador José Guillermo Anaya Llamas.

De la diputada María Cristina Díaz Salazar.

Oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al cumplimiento de las obligaciones de los Concesionarios o, en su caso, permisionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Oficio de la Comisión Nacional del Agua

Con el que remite contestación a los resolutivos tercero y cuarto del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al cumplimiento del proyecto del Acueducto Independencia.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de noviembre de 2010, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de 2010.

Oficio del Gobierno del estado de Yucatán

Con el que remite contestación del Gobierno del estado de Yucatán, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los Gobiernos estatales para que determinen las medidas necesarias, a fin de que se cumpla con los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite los dictámenes de Evaluación del de-sempeño del encargo de los licenciados Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios, en los que se sustenta la propuesta de no ratificación de los mismos.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Wilhem Lee Kraft Wilpers, pueda de-sempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en la Ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, con Circunscripción Consular en el estado de Guerrero.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Martha Isabel Chávez Silva y María del Carmen Samano López, puedan prestar servicios en las Embajadas Real de Tailandia y de Brasil, en México, respectivamente e informa que el ciudadano Raymundo Guzmán Cisneros, deja de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Sergio Igor Almazán Dávila, Betsabé Álvarez Muñoz, Prana Álvarez Rivas, Mónica Buitrón Bravo, Sagra Margarita Clorio Jessel, Patricia Ytalivi Cordero Rosas, Mónica Patricia Cortina Peresola, Victoria Guadalupe Correa Delgado, María Teresa Correa Delgado, Euridice Jael Duran López, Alejandra Cristina Espinosa Mendoza, Lucia Espejel Gómez, Edgar Ignacio Fernández Montoya, Lorena Berenice González López, José Elías Guzmán Martínez, Adrian Herrera Sotelo, Maria De Lourdes Huelgas Plaza, Paola Jiménez Vázquez, Diana León Treviño, Michelle Rosalía Lezama Díaz, Edgar López Zuazua Carmona, Antonio Meléndez Adell, Irasema Mendoza Martínez, Magaly Palacios Morales, Gabriela Carolina Pereda Domínguez, Jenefer Pineda Verhoogh, Oralia Paulina Piña Reyes, Francisco Javier Ponce Castanedo, Lucero Bibiñe Oropeza Aguilar, Cynthia Ortiz Mildare, Jéssica Román Ramírez, María Abigail Sandoval Elizondo, Lizbeth Segundo Juárez, María Del Pilar Tristán Martínez, Laura Patricia Torres Limón, Isaac Álvaro Vargas Arroyo, Ariadna Cecilia Villalobos Gutiérrez, Edgar Zepeda Hernández, Roberto Centeno Blanco, Jorge Arturo García Gutiérrez, Graciela Alejandra Sandoval Maas y Beatriz Liliana Rivera Reyes, puedan prestar servicios en las Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de la República de Nicaragua y de Haíti, en México, y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Mérida, Yucatán y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Ileana Rivera Muciño, Iván Joel Adrián Espinosa Hernández, Patricia Simpson Valadez, Miriam Vera López, Alma Rosa Soto González, Patricia Frías Moreno, Cecilio Miguel Montero Marín y Juan Carlos Zúñiga Flores, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, del Reino de los Países Bajos, de la República Islámica de Irán, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Mario Alberto Ortiz Carmona, Jesús Solares Escalante, María Antonieta Castro Cosío, Salvador Villaseñor Ortega y Gabriel Navarro Pesquera, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la República Federativa de Brasil, en México, respectivamente e informa que la ciudadana Gabriela Peña Roja Macías deja de prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Marisol Peralta Pérez, Yeimi Jiménez Sánchez, Luis Felipe Andrade García, Emmanuel Greco Posadas Andrews, Erick Estrada Aguilar, Sergio Mauricio Chávez Hernández, José Luis Franco Montealvo, Ricardo Tapia Órnelas, María Cristina Navas de Torre y Dan Cristhian Isai Ríos Martínez, puedan prestar servicios en las Embajadas del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; de Kuwait y de la República de Guatemala en México y del Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, respectivamente e informa que la ciudadana Zugey Iribe Osuna deja de prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Andrea Alejandra Moreno Cabrera, Juan Mario Nava García, María de Lourdes Castellanos Martínez, Rogelio González Santillán, Pedro Joab Elizondo Morales y Jonathan Valdez Cadena, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Monterrey Nuevo León, respectivamente; e informa que los ciudadanos Chilnta Eleni Vlachopoulou, Gema Jiménez O’ Farril Tirado, Giselle Santos-Burgoa M., Graciela Torres González, Isaura Fernanda Rebeca Ortega Naredo y Adriana Guereca García, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario, para que el ciudadano Alejandro Miranda Oceguera, pueda aceptar y usar la Medalla de Servicio, que le otorga el Gobierno del Estado de Israel. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Arturo López Sosa, pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Orden Naval Almirante Padilla”, que en grado de “Comendador” le otorga el Gobierno de la República de Colombia. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Arturo López Sosa, pueda aceptar y usar la Medalla Servicios Distinguidos a la Inteligencia Naval, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia. (Turno a Comisión)

Quince, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Diecinueve, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 28 de julio de 2010.

Iniciativas

Que reforma el artículo 5° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 45 y 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por los diputados Alejandro Carabias Icaza y Rosario Brindis Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por los diputados Alejandro Mazo Maza y Diego Guerrero Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la libertad de expresión periodística, del derecho a la información y de la transparencia, así como rechazar la asfixia financiera y operativa a la que está siendo sometida la web WikiLeaks, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Segob y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, ante la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para que expliquen las acciones que han emprendido para brindar protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio, para llegar a los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación al feminicidio de la Señora Marisela Escobedo, suscrito por las diputadas Enoé Uranga Muñoz y Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Comisionado Mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, así como del Secretario de la Sección Mexicana, para que expliquen las razones y posibles consecuencias del acta 318, firmada con Estados Unidos de América el 17 de diciembre de 2010, aprobada por el Gobierno Mexicano el 20 del mismo mes, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón y suscrita por diversos senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia ante el Pleno de la Comisión Permanente del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que presente un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia delictiva e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y otros temas vinculados en materia de seguridad pública, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de Pemex, para que presente un informe sobre las condiciones técnicas y operativas que guardan los oleoductos, gasoductos, poliductos y otros ductos que transportan hidrocarburos por toda la República Mexicana, los atlas de riesgo para cada uno de los estados de la República, con la identificación geográfica de los ductos, los riesgos que estos representan para los habitantes y comunidades cercanas, así como los planes de prevención en materia de protección civil y de impacto a la ecología, suscrito por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia ante esta Soberanía del Secretario de Economía, del Gobernador del Banco de México y de los titulares de la Profeco, Cofeco e INEGI, con relación a los aumentos de precios, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SCT, un informe detallado respecto del Nuevo Sistema Satelital Mexicano, así como a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, ejerza sus facultades para que la ASF realice la auditoría correspondiente, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, y suscrita por diversos senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para que informe respecto de las medidas que están adoptando por la dependencia a su cargo para frenar los ataques y secuestros de migrantes, a cargo de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que los titulares de la Segob y de la SCT informen a esta Soberanía, el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita y la Carretera Ramal 421, municipio de La Huerta, Jalisco, suscrito por los diputados David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, promueva convenios con instituciones académicas y centros de investigación, a fin de elevar el número de profesionistas en el área meteorológica y climatológica en nuestro país, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Titular de la Sagarpa, así como a sus pares en el ámbito local, reimpulsen el extensionismo rural para incrementar el número de proyectos que eleven la actividad económica en nuestro país, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relacionado con los procesos electorales para el año 2011, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte a la asamblea, señor secretario, si se le dispensa la lectura. También está publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración, como señala el presidente, que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los señores legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el martes  veintiuno de diciembre de dos mil diez, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Salón Legisladores de la República  sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y dos legisladores, a las doce horas con trece minutos del martes veintiuno de diciembre de dos mil diez, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y enseguida al acta de la Sesión de Instalación, la que se aprueba en votación económica.

Se da cuenta con oficio de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal invita a la Ceremonia Cívica con motivo del centésimo nonagésimo quinto Aniversario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, que tendrá lugar el veintidós de diciembre. Se designa una comisión de representación.

La Secretaría da lectura al acuerdo que establece los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de la Comisión Permanente, que funcionará durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura. En votación económica se aprueba, comuníquese.

Se dan cuenta con oficios:

a) De la Secretaría de Gobernación:

• Nueve, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos:

• A la mucopolisacaridosis en todas sus versiones o tipos, especialmente los identificados como segundo y sexto. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• A plantaciones de aguacate en Michoacán. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• A los trámites de los juicios de amparo números ochocientos sesenta y tres/dos mil diez y ochocientos sesenta y cinco /dos mil diez en el Juzgado Octavo del Distrito en Sonora. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

• A la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Se remite a la Comisión de Juventud y Deporte, para su conocimiento.

• Al acueducto Independencia El Novillo-Hermosillo, Sonora. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

• A los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y a los proyectos de granjas acuícolas. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Al derrame petrolero de la plataforma de perforación Deepwater Horizon. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Al Programa Estratégico Forestal para México dos mil veinticinco. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Al estado de salud y conservación de la población de totoaba en el alto Golfo de California. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Quince, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.

b) De la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Humedal Tembladeras, en el Estado de Veracruz. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

c) De la Cámara de Senadores, con el que remite el Informe Final de la Séptima Asamblea Plenaria Foro Interparlamentario de las Américas. Se remite a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

d) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de noviembre de dos mil diez, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de dos mil nueve. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los legisladores:

• Diputado Leobardo Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos noventa y cuatro, noventa y cinco y noventa y seis  de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

• Diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo once de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

• Diputados Alejandro Carabias Icaza, Diego Guerrero Rubio y Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos noveno y sesenta y seis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.

• Diputado Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

• Diputada Caritina Saénz Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos noveno de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y cuarto de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a las Comisiones Unidas de  Hacienda y Crédito Público y de Justicia de la Cámara de Diputados.

Para fijar posición de sus respectivos grupos parlamentarios, con relación a la liberación del licenciado Diego Fernández de Cevallos, intervienen los legisladores: diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo; senador Dante Delgado Rannauro, de Convergencia; senador Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México; senador René Arce Círigo, del Partido de la Revolución Democrática; senador José Alejandro Zapata Perogordo, del Partido Acción Nacional; y diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de sus dependencias, obligue a las personas que importen definitivamente camiones de procedencia extranjera a nuestro país, a que cumplan con el requisito de presentación del certificado de origen establecido en el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, y de igual forma, que las mismas unidades acrediten el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana cero cuarenta y cuatro, sobre emisiones contaminantes. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se coordinen a fin de fortalecer la política de fomento del llamado Turismo de Naturaleza y Ecoturismo, en todas las regiones y comunidades del país. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, a reforzar las medidas de prevención y protección a los mexicanos que radican en el extranjero que visitan territorio nacional por las fiestas de fin de año, así como a los migrantes que utilizan nuestro país como paso para llegar a sus lugares de origen. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Jaime Sánchez Vélez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que emita un acuerdo para que los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México al término de su mandato, así como reducir sus pensiones, los apoyos de personal y de seguridad, y suspender sus seguros de gastos médico mayores, entre otros. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Guerrero, restituya a las trescientas familias de la Colonia Ampliación Puerto Marqués, la posesión y disfrute de sus predios, se reparen daños y hurtos de que fueron víctimas, así como sancionar a los responsables. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputados Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Seguridad Pública, se haga una revisión salarial, que incluya las prestaciones laborales y los seguros de vida y de riesgo del personal de la Policía Federal. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, relativo a los daños causados a los Manglares de la Laguna de Cuyutlán. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que decrete el quince de febrero de cada año, como Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que concluya el treinta y uno de diciembre de dos mil diez los contratos firmados para la aplicación del Programa Enciclomedia y que los recursos presupuestados para dos mil once, sean transferidos a las Secretarías Estatales de Educación para aplicarlos en operación y mantenimiento de los equipos de cómputo existentes, así como para que la Secretaría de Educación Pública responda a las observaciones formuladas por la Auditoria Superior de la Federación respecto de los recursos ejercidos entre dos mil cuatro y dos mil ocho, dentro del citado Programa. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputado Héctor Franco López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Titular de Petróleos Mexicanos, reubique de manera inmediata la terminal de almacenamiento y reparto, ubicada en Saltillo, Coahuila. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

A las trece horas con diecinueve minutos el Presidente declara un

RECESO

A las trece horas con cincuenta minutos se reanuda la sesión.

Se da cuenta con acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, sobre la integración de las Comisiones de Trabajo para el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura. En votación económica se aprueba, comuníquese.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Mesa Relativa en relación al Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento al tema relacionado con el Sindicato Mexicano de Electricistas. En votación económica se aprueba, comuníquese a los órganos respectivos.

El Presidente invita a la Asamblea a guardar un minuto de silencio por las víctimas de los acontecimientos en San Martín Texmelucan Puebla y el fallecimiento de la activista Marisela Escobedo Ortiz.

Se da cuenta con proposiciones con puntos de acuerdo:

• Para citar a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente en relación a los recientes eventos suscitados en San Martín Texmelucan, Puebla. Sin discusión, en votación económica se aprueba, comuníquese.

• De la Comisión Permanente relativo a la muerte de la ciudadana Maricela Escobedo Ortiz. Sin discusión, en votación económica se aprueba, comuníquese.

• Del Senador René Arce, del Partido de la Revolución Democrática, con relación a la exclusión del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad en la elaboración de la encuesta Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• De la Senadora María del Socorro García Quiroz y suscrita por senadores del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a al titular del Poder Ejecutivo Federal de abstenerse a emitir algún nuevo acuerdo de equivalencia a las normas oficiales, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva la controversia 66/2010, interpuesta por esta soberanía contra los acuerdos de equivalencia emitidos por la Secretaría de Economía publicados en el Diario Oficial el diecisiete de agosto de dos mil diez, y por lo cual se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Economía y de Salud. Se turna a la Tercera Comisión.

• De la Senadora María del Socorro García Quiroz, y suscrita por los senadores Cleominio Zoreda Novelo y Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que el Senado de la República, Exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, explique a esta soberanía las causas del subejercicio en su dependencia, así como el atraso en los trabajos de construcción y modernización en la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y otras obras carreteras en el estado de Guerrero. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente clausura la sesión a las catorce horas con diez minutos y cita para la que tendrá lugar el martes cuatro de enero de dos mil once, a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, ponga a votación de inmediato si se aprueba el acta.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Se pone a su consideración el acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría con comunicaciones.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:«Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Muy distinguido presidente de la Comisión Permanente:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con relación a lo dispuesto por la fracción VIII del segundo párrafo del artículo 78 de la propia ley fundamental de la república, por su digno conducto, me permito solicitar a esa honorable Comisión Permanente que me conceda licencia para separarme del cargo de diputado federal a la LXI Legislatura Federal con efectos a partir del 1 de enero de 2011.

Con mi agradecimiento por la atención y trámite parlamentario que se sirva dar a la presente, le reitero las seguridades de mi consideración más distinguida.

Muy atentamente

Victoria, Tamaulipas, a 21 de diciembre de 2010.— Morelos Jaime Canseco Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia ponga, por favor, a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el V Distrito del estado de Tamaulipas, a partir del 1 de enero del año en curso.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada en esos términos. Comuníquese.Adelante, señora secretaria.

SENADOR QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXI Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Estimado diputado Ramírez Marín:

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción XIII, 11, 12, 13, 14 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República; el suscrito, José Guillermo Anaya Llamas, Senador de la República por el Estado de Coahuila de Zaragoza, integrante de esta LXI Legislatura, solicita atentamente que se le conceda licencia para separarse de su responsabilidad como senador de la república, por tiempo indefinido, a partir del día 5 de enero del presente año 2011.

En tal virtud, mucho le estimaré que amablemente se sirva dar trámite a la presente solicitud, aprovechando la ocasión para agradecer a usted y a todos mis compañeros senadores sus atenciones y deferencia hacia mi persona.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo, reiterándole la seguridad de mi más respetuosa y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 4 de enero de 2011.— Senador José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo propuesto por el senador Guillermo Anaya.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al senador José Guillermo Anaya Llamas para separarse de sus funciones como senador electo por el estado de Coahuila a partir del 5 de enero del año en curso.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado. Comuníquese en esos términos.Adelante, señora secretaria.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Respetable diputado presidente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto me permito solicitar, a esa honorable Comisión Permanente, me sea concedida licencia para separarme del cargo de diputada federal a la LXI Legislatura, con efectos a partir de ésta fecha.

Agradeciendo el trámite parlamentario que se sirva dar a la presente, le reitero las seguridades de mi consideración más distinguida.

Atentamente

México, DF, a 4 de enero de 2011.— Diputada María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, ponga a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada María Cristina Díaz Salazar para separarse de sus funciones como diputada federal electa por el XI distrito del estado de Nuevo León, a partir de esta fecha.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobadoy desde aquí le mandamos un fraternal abrazo a nuestra querida amiga, la diputada aquí presente, deseándole lo mejor en el futuro. Muchas gracias, Cristi. Queda aprobado y se comunica.

Adelante con los cambios de integrantes en las comisiones de trabajo de la Permanente.

COMISIONES DE TRABAJO

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente

Por este medio le pido atentamente que se atiendan los siguientes movimientos en la integración de la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente, conforme a lo solicitado por el Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Héctor Franco López pase de integrante a secretario.

• Que se incorpore como integrante al diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa.

Sin otro particular, le reitero mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2011.—Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), coordinador.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.

Por este medio le pido atentamente que se atiendan los siguientes movimientos en la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, conforme a lo solicitado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Alta: Diputado Arturo Zamora Jiménez, integrante.

Baja: Diputada Beatriz Paredes Rangel, integrante.

Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública

Alta: Diputada Beatriz Paredes Rangel, integrante.

Baja: Diputado Arturo Zamora Jiménez, integrante.

Sin otro particular, le reitero mi más alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2011.—Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), coordinador.»

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan aprobados. Comuníquense.

ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del ciudadano Patricio Patrón Laviada, procurador federal de Protección al Ambiente, en atención a su oficio número D.G.P.L. 61-11-4-643, expediente número 2153, de fecha 14 de octubre de 2010, y recibido en Oficialía de Partes de esta Procuraduría el 15 del mismo mes y año, mediante el cual hace de nuestro conocimiento del punto de acuerdo que a la letra señala:

“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a intensificar las acciones de inspección y vigilancia en la zona federal marítimo terrestre a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios permisionarios de esa zona, particularmente respecto de la obligación de permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dicha zona.”

Al respecto, amablemente me permito exponerle las siguientes consideraciones:

I. Atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en materia de zona federal marítimo terrestre (Zofemat)

Como bien se señala en el dictamen materia del punto de acuerdo en cuestión, al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, le corresponde ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, Zofemat y terrenos ganados al mar; otorgar concesiones, permisos y autorizaciones (artículo 32 Bis, fracciones VIII y XXXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal). Asimismo, le compete realizar, mantener, actualizar y, en su caso, autorizar los trabajos técnicos necesarios para el levantamiento topográfico, deslinde y amojonamiento de la Zofemat y de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas; la integración del inventario y catálogo de dichos bienes nacionales, así como del registro o padrón de los destinatarios, concesionarios, permisionarios ocupantes, todo lo anterior de conformidad con los artículos 119, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales; 14, 15 y 16 del Reglamento de Zofemat; y 30, fracciones VII VIII y IX, del Reglamento Interior de la Semarnat.

Por lo que respecta a las acciones de inspección y vigilancia en la Zofemat, son facultades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través de la Subprocuraduría de Recursos Naturales, por conducto de esta Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre, cuyas atribuciones que confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, en materia de Zofemat:

Artículo 127. La Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre tendrá las atribuciones siguientes:

Fracción I. Formular y conducir la política de inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas y programas ambientales en materia de ordenamiento ecológico del territorio de competencia federal, del uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, así como en materia de impacto ambiental, cuando las obras o actividades puedan afectar o afecten los recursos naturales competencia de la secretaría;

Fracción VIII. Inspeccionar, vigilar y verificar que la ocupación, uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, de playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, de cayos y arrecifes, se efectúe al empero de los títulos de concesión, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino, así como verificar que tal uso o aprovechamiento se realice en los términos del título o acuerdo correspondiente;

Fracción IX. Vigilar y verificar el cumplimiento de las acciones de administración, protección y restauración que se dicten en materia de zona federal marítimo terrestre, de playas marítimas, terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marines, así como brindar los elementos informativos necesarios en las acciones de recuperación de los bienes señalados;

Asimismo, esta Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre tiene además atribuciones genéricas que le confiere el artículo 131 del mismo ordenamiento, entre otras, las siguientes:

Fracción I. Programar, ordenar y realizar las visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las normas jurídicas aplicables, así como para requerir la presentación de documentación e información que requieran, y hacer las recomendaciones respectivas;

Fracción II. Sustanciar el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia;

Fracción III. Determinar las infracciones a las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables;

Fracción V. Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes al procedimiento de inspección y vigilancia, imponiendo las sanciones y medidas técnicas que, en su caso, procedan, y dar seguimiento al cumplimiento de éstas;

Fracción VIII. Solicitar, en su caso, ante las autoridades competentes, la revocación o suspensión de autorizaciones, permisos, asignaciones, licencias o concesiones, conforme a la legislación aplicable a la materia;

Fracción XVI. Ejecutar los operativos en las zonas críticas, prioritarias o de interés en materia de su competencia, bajo la coordinación de quien designe el Procurador, en cualquier parte del territorio nacional.

Con base en lo anterior, las acciones de inspección y vigilancia en materia de Zofemat que realiza esta Dirección General y las delegaciones federales de la Profepa de los 17 estados costeros, se encaminan a verificar que la ocupación de la Zofemat se efectúe al amparo de algún título de concesión, permiso o autorización; constatar el cumplimiento de las bases y condiciones de dichos instrumentos, así como de la debida observancia a la normatividad aplicable a la materia. En ese tenor, los procedimientos administrativos sustanciados por esta Dirección General revisten formalidades que todo procedimiento seguido en forma de juicio debe cumplir; dichas formalidades son de inicio la orden y la visita de inspección de la cual se levanta el acta respectiva, en la que se asientan los hechos y omisiones presentados durante dicha diligencia; asimismo, tenemos las etapas de defensas del inspeccionado, el cual tiene derecho a manifestarse en el acta de inspección o dentro de los 5 días siguientes al cierre del acta respectiva, posteriormente, en caso de que se considere que existan probables infracciones, se debe emplazar al inspeccionado para que manifieste lo que su derecho convenga y ofrezca pruebas con relación a los hechos y omisiones asentados en el acta de inspección y respecto a las probables infracciones imputadas en el acuerdo respectivo y, por último, debo otorgarse el derecho de formular alegatos; por otra parte, la autoridad tiene la facultad de allegarse en cualquier etapa de la sustanciación del procedimiento, de todos los elementos probatorios que considere necesarios a efecto de mejor proveer en el expediente en que se actúe, mismos que pueden consistir en dictámenes u opiniones de otras autoridades, ordenar la formulación de peritajes, obtención de planos, actos y resoluciones de autoridades administrativas o judiciales distintas.

II. Resultados de las acciones de inspección y vigilancia en Zofemat

En 2009, la Profepa realizó en materia de Zofemat 2 mil 242 acciones de inspección y vigilancia en los bienes de la nación en los 17 estados costeros, en las que se detectaron que más del 65 por ciento de las ocupaciones son irregulares y menos del 35 por ciento cumplen con la normatividad para el uso, goce o aprovechamiento lícitos. Acciones que también consideraron inspecciones en áreas naturales protegidas (ANP) situadas en 12 estados costeros, destacando las realizadas en los estados de Campeche, donde el 54 por ciento de las inspecciones se realizaron en la Zofemat situada en ANP, Veracruz el 36 por ciento, Sinaloa el 20 por ciento y el 13 por ciento en Baja California Sur. Asimismo, del total de los recorridos de vigilancia, del orden de un 85 por ciento se sitúan en los estados de Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Veracruz. El monto a que ascendieron las multas por ocupación ilícita de la zona federal marítimo terrestre fue de 2.3 millones de pesos.

El siguiente cuadro ilustrará los resultados de las actuaciones de la PROFEPA del periodo comprendido de 2007 a 2009:*

Fuente: Sistema integral de Información Estratégica de la PROFEPA (SIIE).

* Para mayores datos y referencias sobre los resultados, consultar el Informe Anual Propfepa 2009, disponible en http://www.profepa.gob. mx/innovaportal/file/3423/Inforrne por ciento20anual por ciento 20 Profepa por ciento202009.pdf

Operativos realizados en Zofemat

Durante 2009, se instrumentaron 24 operativos especiales de inspección y vigilancia en zonas turísticas de ambientes costeros en los estados de Baja California, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, a fin de promover el libre acceso y tránsito en la playas de mayor afluencia turística, de ellos más del 80 por ciento fueron implementados durante los periodos vacacional es de semana santa y de verano, con acciones llevadas a cabo en coordinación con autoridades Municipales y campañas de difusión, dirigidas a autoridades locales, prestadores de servicios y turistas, con una cobertura de 45 municipios, y dando como resultado un total de 282 acciones de inspección y vigilancia, así como de 49 operativos en sitios prioritarios principalmente en áreas naturales protegidas en donde existe Zofemat.

Con la orientación de acciones de inspección y vigilancia se ha intensificado la presencia de la Procuraduría en materia de Zofemat, al encausar a la legalidad la actividad de los gobernados de estos bienes de la nación, principalmente en aquellas áreas costera s en donde el nivel de incumplimiento es alto.

III. Atención al punto de acuerdo

En cuanto al planteamiento precisado en el punto de acuerdo de mérito, de “verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios o permisionarios do esa zona, particularmente respecto de la obligación de permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dicha zona”, es de señalarse lo siguiente:

a) De conformidad con el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, todas aquellas personas físicas o morales que sean titulares de alguna concesión o permiso que tenga por objeto usar, ocupar y aprovechar los bienes nacionales de forma especial como la Zofemat, deben de cumplir con las bases y condiciones sobre las cuales se otorgó dicha concesión, y respetar lo estipulado por la legislación aplicable (artículo 29). En este sentido, para el caso del libre acceso, el mismo ordenamiento jurídico establece en su artículo 74, fracción VI, que constituye una infracción el obstruir o impedir el libre acceso o tránsito a las playas marítimas en contravención a lo establecido por dicho reglamento; asimismo, en su artículo 47, fracción VII, establece como una de causales de revocación de la concesión, autorización o permiso otorgado, el impedir el concesionario o permisionario, sus familiares o empleados, el libre acceso a las playas marítimas, por lugares que para tal efecto señale la secretaría en términos del artículo 17 del citado reglamento.

En razón de lo anterior, esta Dirección General al verificar, primero, que el inspeccionado cuente con título de concesión, autorización o permiso vigente expedido por la autoridad competente que ampare la ocupación legal de la Zofemat; segundo, que el visitado cumpla con todas y cada una de las bases y condiciones establecidas en el titulo de respectivo, así como de la debida observancia a la legislación aplicable; y tercero, que en virtud que la obligación de permitir el libre acceso a la Zofemat, es una de las condicionantes establecidas en los títulos de concesión, autorización o permiso de que se trate, esta Dirección General siempre verifica que se cumpla dicha obligación, y en caso de que el inspeccionado no cumpla con ello, se hace constar dicha situación en el acta que al efecto se levante, sustanciando con ello el procedimiento administrativo correspondiente, sancionando por dicho incumplimiento.

Ahora bien, es menester señalar que si bien existe una obligación de los concesionarios o permisionarios de permitir el libre acceso a la Zofemat y a las playas marítimas, dicha obligación no es la misma a la que refiere el artículo 17 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, como se interpreta en el dictamen que dio origen al punto de acuerdo.

Para demostrar lo anterior analicemos lo que estipula dicho artículo:

Artículo 17. Los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, deberán permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dichos bie-nes, por lugares que para tal efecto convenga la secretaría con los propietarios, teniendo el derecho al pago de la compensación que fije la secretaría con base en la justipreciación que formule la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

En caso de negativa por parte del propietario colindante, la secretaría solicitará la intervención de la Procuraduría General de la República para que por su conducto se inicie el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de servidumbre de paso.

El precepto citado hace alusión a los propietarios colindantes con la Zofemat, no a los concesionarios o permisionarios. Dicha diferencia es importante de destacar, en razón de que no todos los concesionarios o permisionarios son propietarios de los de los terrenos colindantes con la Zofemat, ni todos los propietarios colindantes con la Zofemat son concesionarios o permisionarios de la misma. En segundo lugar, y en relación a lo anterior, la obligación de los concesionarios o permisionarios se acota a permitir el acceso a la superficie de Zofemat que les fue concesionada, permitiendo dicho acceso, la cual dependiendo de la superficie en concesión no pudiere exceder de la faja de 20 metros de ancho de tierra firme contigua a la línea de la pleamar máxima de la playa (faja que constituye la Zofemat) y no más allá de dicha superficie, ya que como se planteó líneas atrás, el concesionario no necesariamente es el propietario del terreno colindante a la Zofemat, por lo que resultaría incorrecto exigirle el libre de acceso más allá de la superficie concesionada si el concesionario o permisionario no tuviera poder sobre el predio colindante, así como esta Unidad Administrativa no tiene facultades para hacer exigible a los propietarios de tales predios que permitan el libre acceso si éste no es señalado o establecido por la Semarnat en un título de concesión, tanto es así, que las visitas de inspección en materia de Zofemat tienen como lugar o sitio a inspeccionar la superficie en concesión y no los predios colindantes, salvo aquellos que hayan sido señalados como accesos públicos a la Zofemat (la demanda tiene que hacerla la Procuraduría General de la República –PGR–, en caso de negativa).

En ese tenor, esta Dirección General considera que el deber de permitir el libre acceso a que refiere el artículo 17 del Reglamento en comento, está dirigida a los propietarios de los predios colindantes a la Zofemat, en virtud de que la única forma en que se podría acceder a ésta desde alguna vía pública es a través de tales predios (salvo que haya un predio baldío), y la forma de garantizar el goce de dicho bien de uso común para toda persona es conseguir los accesos necesarios para ello. Ahora bien, este “deber” por parte de los propietarios de los terrenos colindantes, es una cuestión que el mismo precepto citado establece la manera en que debe llevarse a cabo, que de forma sistemática pudiera exponerse de la siguiente manera:

1. El deber opera cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello.

2. El acceso se llevará a cabo por lugares que para tal efecto convenga la secretaría con los propietarios, teniendo derecho al pago de la compensación que fije la secretaría.

3. Que en caso de negativa por parte del propietario colindante, la secretaría solicitará la intervención de la PGR, para que inicie el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de servidumbre de paso.

Como puede observarse, el conseguir y establecer los accesos necesarios a la Zofemat cuando éstos no existan, es una tarea que le compete a la Semarnat, y en ciertos casos (cuando hay negativa por parte del propietario colindante) con la intervención de la PGR a petición de la secretaría; que además son cuestiones que tienen relación con los planes de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial de cada uno de los estado costeros y sus municipios, ámbito competencial que esta procuraduría no tiene facultades para intervenir, como tampoco en la negociación directa con los propietarios de los predios colindantes a la Zofemat. Sin embargo, no se descartan las atribuciones de esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de vigilar y verificar que se respete el pleno ejercicio de este derecho por los accesos públicos existentes y señalados por la Semarnat.

En ese tenor, hacemos de su conocimiento que esta Dirección General ha girado sus instrucciones para que las delegaciones de la Profepa en los 17 estados cesteros, tomen en consideración la inquietud señalada en el punto de acuerdo de referencia en la integración de las actividades que se programen en un futuro, y se intensifiquen las acciones do inspección y vigilancia, a fin de promover y garantizar el libre acceso y tránsito por la Zofemat.

Hago de su amable conocimiento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reitera que se mantendrá vigilante y actuante en la tarea de mantener bajo buen resguardo el medio ambiente  y los recursos naturales y refrenda su compromiso de procurar la justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la ley.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para manifestarle las seguridades de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 19 de noviembre de 2010.— Licenciado Raziel Villegas Núñez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE SONORA

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente; diputada María Guadalupe García Almanza, secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Poder Legislativo Federal de la Cámara de Diputados.— Presentes.

En relación a su oficio número D.G.P.L.61-II-9-2221 de fecha 28 de octubre de 2010, recibido por la Conagua Organismo de Cuenca Noroeste con fecha 8 de noviembre de 2010, respecto de los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el jueves 28 de octubre del presente año, en el que se solicita información relacionada con el proyecto del Acueducto Independencia El Novillo-Hermosillo, me permito dar respuesta a los puntos tercero y cuarto.

Respuesta al punto de acuerdo tercero:

Respecto al proyecto ejecutivo que solicita, se comunica que en los archivos de este Organismo de Cuenca Noroeste no se cuenta con él, ya que no forma parte de los requisitos establecidos en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales para el trámite de asignación de volúmenes de aguas nacionales, gestionado en relación al Acueducto que nos ocupa; dicho documento es parte del proceso de licitación denominado por la Comisión Estatal del Agua Proyecto Integral para el Diseño y Construcción ,del Acueducto Independencia, incluye obra de toma y acueducto de la presa Plutarco Elías Calles a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, por lo que en su caso tendrá que solicitarse la información a dicha instancia.

En lo que hace al estudio de impacto ambiental, se adjunta copia certificada de la manifestación en materia de impacto ambiental, que obra en el expediente del trámite de asignación de aguas nacionales, promovido por la Comisión Estatal del Agua de Sonora, ante este Organismo de Cuenca.

En cuanto a “otros estudios relacionados”, se informa que se registró en la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el estudio de análisis costo-beneficio social del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Acueducto Independencia, para Hermosillo, Sonora, con la clave de cartera Número 1016B040002, el cual se encuentra disponible en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el siguiente enlace: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sistema cartera inversion/index.html

Respuesta al punto de acuerdo cuarto:

La asignación otorgada a la Comisión Estatal del Agua de 41 millones de metros cúbicos, derivaron de la disponibilidad resultante de la cuenca, al extinguirse los títulos de concesión a nombre de las Unidades de Riego de Huásabas y Granadas, por no haberse solicitado prórroga de su vigencia, que amparaban un volumen total de 50 millones 999 mil 951.60 metros cúbicos.

Respecto de los documentos generados en el proceso administrativo para el otorgamiento de la asignación de poco más de 41 millones de metros cúbicos anuales para la Comisión Estatal del Agua en Sonora, me permito anexar a la presente, copias certificadas de los siguientes documentos:

Expediente número CNA-01-003- SON-O-0658-14-05-10 (con 553 fajas foliadas) que dio origen al título de asignación número 02SON150083/09HBDA 10 emitido a nombre de Comisión Estatal del Agua. Dicho expediente contiene los requisitos para el caso de nuevas concesiones de aguas superficiales (CNA-01-003 Modalidad B) que establece el acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y  formatos que aplica la Comisión Nacional del Agua, publicado en Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2009 y, en general, todos los documentos generados con el proceso relacionado con el otorgamiento del Título de Asignación antes mencionado.

En cuanto a los pagos de derechos por el uso de los volúmenes otorgados a las Unidades de Riego de Huásabas y Granadas, me permito informarles que de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en su artículo 224 fracción IV, que en la parte que interesa a la letra dice: No se pagará el derecho al que se refiere este capítulo, en los siguientes casos... Por usos agropecuarios, incluyendo a los distritos y unidades de riego, así como a las juntas de agua, con excepción de las usadas en la agroindustrias hasta por la dotación autorizada a los distritos de riego por la Comisión Nacional del Agua o, en su caso, hasta por el volumen concesionado..., dichas unidades se encuentran exentas del pago de derechos.

En relación al “contrato de cesión de derechos o del que se haya utilizado para el traspaso de tales derechos”, le informo que para el proceso de asignación de aguas nacionales a la Comisión Estatal del Agua, no aplicó dicha figura, por tratarse de una nueva asignación de derechos a través de volúmenes disponibles tal y como se explica en líneas anteriores del presente oficio.

Atentamente

Hermosillo, Sonora, a 20 de diciembre de 2010.— Ingeniero Florencio Díaz Armenta (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en el mes de noviembre de 2010 únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2010.— Licenciado Oliver Arredondo Gálvez (rúbrica), administrador de Destino de Bienes “1”

En suplencia, por ausencia del administrador central de Destino de Bienes, con fundamento en los artículos 2o. penúltimo párrafo, 8o., cuarto párrafo, 28, numeral 9, inciso a), y 29, apartado G, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, expedido por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, en vigor a partir del 23 de diciembre del mismo año, modificado por decreto publicado en dicho órgano informativo el 29 de abril de 2010.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de 2010.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2009.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para noviembre de 2010. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 30 de diciembre de 2010.— Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores para su conocimiento.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo.— Unidad Jurídica.— Secretaría General de Gobierno.— Gobierno del Estado de Yucatán.

Diputado Amador Monroy Estrada y Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, Presidente y Secretaria respectivamente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Por este conducto, y en alcance a su atento oficio número D.G.P.L.61-II-7-527, fechado el 28 de septiembre del año en curso, me permito comunicarle que la Dirección de Transporte del estado, a través de sus inspectores, realiza funciones de vigilancia permanente a efecto de hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley de Transporte del estado y su reglamento, que en caso de violación conlleva la imposición de sanciones a los infractores y, en su caso, evitar que se preste el servicio de transporte en vehículos que, por su capacidad y demás características, no resulten adecuados para su objeto. Acompaño al presente, copia del oficio entregado a esta Unidad Jurídica por la Dirección de Transporte del Estado, cumplimentando la instrucción girada en relación con este asunto para los efectos pertinentes.

Sin más por el momento, en espera de que esta información satisfaga el objeto del punto de acuerdo inserto en su atento oficio, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y aprovecho la oportunidad para expresarles mi respeto y consideración.

Atentamente

Mérida, Yucatán, a 3 de diciembre de 2010.— Maestro Víctor Manuel Ricalde Salazar (rúbrica), jefe de la Unidad Jurídica.»

«Escudo.— Unidad Jurídica.— Secretaría General de Gobierno.— Gobierno del Estado de Yucatán.

Maestro Víctor Manuel Ricalde Salazar, Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría General de Gobierno.— Presente.

En relación con su oficio número SGG/UJ/TAI/050-10, de fecha 11 de noviembre del presente año, con el cual anexa un punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente al cumplimiento de los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes en las áreas de jurisdicción estatal, me permito hacer de su conocimiento que las disposiciones contenidas en la Ley de Transporte del estado y su reglamento establecen las medidas para regular el servicio de transporte tanto público como particular en sus diferentes tipos y los servicios auxiliares de éstos en todas las vías del estado de Yucatán, en cumplimiento a ello, los inspectores adscritos a esta dirección están facultados y realizan inspecciones permanentes para vigilar lo contenido en la ley de la materia e imponer las sanciones procedentes por violaciones a sus disposiciones y en su caso, evitar que se preste el servicio de transporte en vehículos que por su capacidad y demás características no resulten adecuados para su objeto.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 2, 4, 9, 11, fracción IV, 13, fracción III, 15, fracciones VI y XII, de la Ley de Transporte del estado, así como 1, 9, fracciones V y VIII, 10, 11, fracciones III, IV, VII y IX, de su reglamento.

Atentamente

Mérida, Yucatán, a 30 de noviembre de 2010.— Licenciado Henry Arón Sosa Marrufo (rúbrica), director general de Transporte del Estado.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes

Por este conducto y con fundamento en el artículo 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde al Titular del Ejecutivo Federal proponer la no ratificación como Magistrados de los CC. Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, a efecto de que sean presentados ante esa instancia legislativa, a quien corresponde resolver en definitiva sobre la ratificación de los Magistrados señalados.

Por lo anterior, me permito remitir:

1. Copia certificada del oficio por el que se notificó al Magistrado el inicio del procedimiento del 4 de octubre de 2010 y copia de las constancias de notificación respectivas.

2. Original del expediente profesional del Magistrado que comprende la información y reportes remitidos por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, mediante los oficios 131/2010 del 17 de agosto de 2010 y 154/2010 del 6 de septiembre de 2010.

3. Escrito de alegatos y pruebas presentado por el Magistrado ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de diciembre de 2010.— El subsecretario, licenciado Julián Hernández Santillán (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde al Ejecutivo Federal proponer a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y en los recesos de ésta a la Comisión Permanente, la designación de los magistrados agrarios.

En ejercicio de dicha facultad y en cumplimiento a lo ordenado por la ejecutoria correspondiente al Amparo en Revisión 452/2009 dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el dos de junio de 2010, derivada del Juicio de Amparo 1830/2004, por este conducto se presenta a la consideración de ese órgano legislativo el dictamen y propuesta relativos a la ratificación de Heriberto Arriaga Garza como magistrado de Tribunal Unitario Agrario, conforme a los antecedentes y consideraciones siguientes:

Antecedentes

Mediante comunicación de fecha 1º de noviembre de 2004, y en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 456/2004, relativa al juicio de amparo 1695/2002, el entonces Presidente de la República propuso la no ratificación como Magistrados Agrarios de los quejosos Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, fundando dicho planteamiento en los dictámenes de evaluación elaborados con los expedientes que en su momento fueron turnados por el Tribunal Superior Agrario.

Mediante Decreto aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 14 de diciembre de 2004, la instancia legislativa aprobó los nombramientos de los CC. José Jesús Rodríguez Tovar y José Martín López Zamora como Magistrados de los Tribunales Agrarios por un periodo de 6 años, acto que tuvo por efectos la no ratificación de los CC. Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez.

Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez impugnaron esa determinación mediante juicio de garantías. Agotadas las instancias del proceso, el 2 de junio de 2010 el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió sentencia que resolvió el amparo en revisión 452/2009 derivado del juicio de amparo 1830/2004, en la que se ordenó por lo que hace al titular del Ejecutivo Federal, lo siguiente:

“1) El Presidente de la República debe dejar insubsistente la propuesta de no ratificación de los quejosos Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, en su cargo de Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, de uno de noviembre de 2004.

2) El Presidente de la República debe otorgar a los quejosos Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, un término prudente para que puedan ofrecer las pruebas que estimen pertinentes y al mismo tiempo aleguen lo que a su derecho corresponda.

3) Hecho lo anterior, con fundamento en los artículos 27- fracción XIX, segundo párrafo de la Constitución Federal, 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 121 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aplicados supletoriamente a este asunto, el Presidente de la República, en un plazo no mayor de 30 días naturales y siguiendo, los lineamientos de esta ejecutoria, esto es, respetando previamente a los quejosos la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, deberá elaborar, con plenitud de facultades, un dictamen en el cual evalúe la conducta y desempeño de los magistrados Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez. Hecho lo anterior, formule la propuesta de ratificación o no ratificación de los magistrados citados.”

En este tenor, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria en comento, mediante comunicación del suscrito dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores de fecha 26 de agosto de 2010, se dejó sin efectos la propuesta de no ratificación de los servidores públicos en comento, de fecha 1 de noviembre de 2004, al tenor del fallo referido. Asimismo, toda vez que la información relevante para efectos de la adecuada evaluación del desempeño del Magistrado Arriaga Garza se encuentra en poder del Tribunal Agrario, el Ejecutivo Federal a mi cargo instruyó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal obtener del Tribunal la información relacionada con la función jurisdiccional y ejercicio profesional del magistrado, a efecto de evaluar la conducta y el desempeño de dicho servidor público.

Mediante oficio 131/2010 de fecha 17 de agosto de 2010, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario remitió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, información relacionada con la conducta y el desempeño de los CC. Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, acompañando a dicha información, el pronunciamiento del Tribunal Superior Agrario sobre la posible ratificación de dichos servidores públicos. Posteriormente, mediante oficio 154/2010 de fecha 6 de septiembre de 2010, suscrito igualmente por el Presidente del Tribunal Superior Agrario, se remitió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, un alcance que complementa la información consignada en el oficio 131/2010 ya mencionado, respecto a los mismos quejosos.

En cumplimiento a la ejecutoria referida, el Ejecutivo Federal a mi cargo instruyó la notificación formal al Magistrado Heriberto Arriaga Garza del inicio del procedimiento respecto a su ratificación, a efecto de que ofreciera las pruebas que estimara pertinentes, y al mismo tiempo alegara “lo que a su derecho corresponda, en términos de la ejecutoria del amparo en revisión 452/2009, misma que tuvo verificativo el día 10 de noviembre del año 2010, anexando para ello, copia certificada de la documentación que compone su expediente profesional, consistente en información y reportes remitidos por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, mediante los oficios 131/2010 del 17 de agosto de 2010 y 154/2010 del 6 de septiembre de 2010.

Con fecha 26 de noviembre de 2010, el C. Heriberto Arriaga Garza presentó ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, escrito de alegatos y ofrecimiento de pruebas respecto a su procedimiento de ratificación como Magistrado Agrario, fechado el 22 del mismo mes.

Consideraciones

Evaluación del desempeño y conducta del Magistrado

La ratificación de los funcionarios jurisdiccionales, en aquellos casos en que está prevista, constituye una garantía de la sociedad en el sentido de que debe evaluarse que los juzgadores sean servidores públicos idóneos, que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en los términos indicados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es menester analizar el desempeño del funcionario de que se trate, para proveer lo conducente respecto de su ratificación.

A este respecto, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, si bien prevé la figura de la ratificación, es omisa respecto de los criterios que deben orientarla. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional 9/2003, estableció que dada la potestad jurisdiccional de estos Tribunales, la evaluación que se efectúe de los magistrados para efectos de su ratificación debe tomar en consideración su esencia jurisdiccional, por lo que debe analizarse la alta capacidad y honorabilidad que califiquen al servidor jurisdiccional para seguir ocupando el cargo, con base en criterios objetivos y en atención al contenido del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de aplicación supletoria de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, como se advierte en la tesis de jurisprudencia número P./J.92/2004, de rubro “MAGISTRADOS AGRARIOS. LA EVALUACIÓN PARA EFECTOS DE SU RATIFICACIÓN DEBE PRODUCIRSE Y CONSTAR EN DICTÁMENES ESCRITOS EN LOS CUALES SE PRECISEN LAS RAZONES DE LA DETERMINACIÓN TOMADA.”

En términos de lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la ratificación de magistrados de circuito y jueces de distrito, deberá tomarse en consideración el desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; los resultados de las visitas de inspección; el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; no haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, y los demás que se estimen pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de ratificación, situación esta última no aplicable a los magistrados agrarios, en tanto que en su procedimiento de ratificación sólo concurren el Ejecutivo Federal, con la facultad de propuesta, y la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, con la facultad de ratificación.

Conforme a lo anterior, del análisis de la documentación remitida por el Tribunal Superior Agrario sobre la actuación del Magistrado Heriberto Arriaga Garza, se desprende lo siguiente:

I. Desempeño en el ejercicio de sus funciones

Congruente con el orden establecido por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en primer lugar se analizó el desempeño del Magistrado Heriberto Arriaga Garza en el ejercicio de su función jurisdiccional, utilizando la información que proporcionó la Presidencia del Tribunal Superior Agrario, de la que se desprende lo siguiente, con respecto a la emisión de resoluciones, recursos de revisión, juicios de amparos promovidos en contra de las resoluciones de dicho servidor público, productividad, excitativas de justicia y jornadas de justicia itinerante.

El Tribunal Superior Agrario reportó que el licenciado Heriberto Arriaga estuvo en funciones jurisdiccionales del 20 de junio de 1996 al 18 de junio de 2002, y un periodo extraordinario del 18 de octubre de 2004 al 10 de enero de 2005, en un total de 7 adscripciones:

1. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 26, Culiacán, Sinaloa, del 20 de junio de 1996 al 30 de septiembre de 1997.

2. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, Torreón, Coahuila, y su sede alterna en Gómez Palacio, Durango, del 1º de octubre de 1997 al 31 de agosto de 1998.

3. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, Gómez Palacio, Durango, del 1º de septiembre de 1998 al 8 de julio de 1999.

4. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 26, Culiacán, Sinaloa, del 12 de julio de 1999 al 8 de febrero de 2000.

5. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, Gómez Palacio, Durango, del 9 de febrero de 2000 al 15 de abril de 2000.

6. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, Huejutla de Reyes, Hidalgo, del 16 de abril de 2000 al 18 de junio de 2002.

7. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, Huejutla de Reyes, Hidalgo, del 8 de octubre de 2004 al 10 de enero de 2005.

a) Recursos de revisión y juicios de amparo

I.1. En el periodo del 20 de junio de 1996 al 30 de septiembre de 1997 en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 26, Culiacán, Sinaloa, el Magistrado evaluado emitió un total de 553 resoluciones, de las que en recurso de revisión fueron impugnadas 3; en los tres casos fue revocada la sentencia revisada.

El Tribunal Superior Agrario reportó que fueron promovidos 155 juicios de amparo en contra de las resoluciones emitidas en el mismo periodo que se evalúa, de los cuales 48 fueron negados, 50 sobreseídos, 5 desechados, en 2 se declaró incompetencia y en 50 se concedió la protección de la justicia Federal. Es decir, del total de los juicios de amparo, casi una tercera parte fueron concedidos en favor de los justiciables por vicios o defectos constitucionales en contra de las garantías de los promoventes.

I.2. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, Torreón, Coahuila, (y la sede alterna de Gómez Palacio) el Magistrado pronunció un total de 494 resoluciones, de las que en recurso de revisión se controvirtieron 21. Todos los recursos interpuestos tuvieron como resultado la revocación de las sentencias impugnadas.

En el rubro de juicios de amparo promovidos en contra de las resoluciones emitidas en las mismas sedes, se interpusieron 49 juicios de amparo, de los que 19 fueron negados, 15 sobreseídos, 1 desechado, 5 se encontraron pendientes de resolución al término de ese periodo y en 9 se concedió la protección de la justicia Federal.

I.3.El periodo en el que estuvo adscrito en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, en Gómez Palacio, Durango, el Magistrado emitió 179 resoluciones, de las cuales 4 fueron impugnadas mediante recurso de revisión; los 4 recursos resultaron improcedentes.

En el rubro de juicios de amparo promovidos en contra de las resoluciones emitidas en el Tribunal de Gómez Palacio, se promovieron 31 juicios de amparo, de los cuales 5 fueron negados, 4 sobreseídos, 1 desechado, 19 se encontraban pendientes de resolución a la fecha de término del periodo y en 2 se concedió la protección de la justicia Federal.

I.4. En el periodo del 12 de julio de 1999 al 8 de febrero de 2000 en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 26, Culiacán, Sinaloa, el Magistrado dictó un total de 208 resoluciones; 3 de éstas fueron controvertidas mediante recurso de revisión, de las cuales en un caso se revocó la sentencia, en otro se confirmó y en otro se desechó el recurso. En el tema de amparos se reporta que durante su encargo en esta adscripción, se promovieron 36 juicios de amparo, 2 fueron negados, 2 sobreseídos, 1 desechado, 30 quedaron pendientes de resolución al término de su encargo y en 2 se concedió la protección de la justicia Federal.

I.5. Durante el periodo de adscripción en el Tribunal Unitario del Distrito 44, Gómez Palacio, Durango, el Magistrado Arriaga Garza emitió 49 resoluciones; se interpuso un recurso de revisión y este recurso revocó la sentencia. En el rubro de juicios de amparo, en dicho periodo fueron interpuestos 7, de los cuales en 3 casos se concedió la protección de la justicia Federal.

I.6. Durante el periodo de adscripción en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43, Huejutla de Reyes, Hidalgo, se emitieron 1255 resoluciones, de las cuales 10 fueron controvertidas en recurso de revisión y sólo uno tuvo por efectos la modificación de la sentencia. En el rubro de juicios de amparo fueron interpuestos 156 juicios, 20 fueron negados, 36 sobreseídos, 19 desechados, en 9 se declaró incompetencia, 78 quedaron pendientes de resolución a la fecha de conclusión del periodo y en 4 se concedió la protección de la justicia Federal.

I.7. Durante el periodo de adscripción en el Tribunal Unitario del Distrito 43, Huejutla de Reyes, Hidalgo, se emitieron 188 resoluciones, se interpuso un recurso de revisión y éste resultó improcedente. En el rubro de juicios de amparo se promovió 1 juicio de amparo, mismo que fue concedido.

Analizados en su conjunto los datos relativos a los recursos de revisión interpuestos en contra de las resoluciones dictadas durante la gestión del Magistrado Arriaga Garza de 1996 a 2002, se desprende que en total se interpusieron 42 recursos de revisión, de los cuales en 26 casos se revocó la sentencia (62%), en uno se modificó (2%), en 8 fueron improcedentes (19%), en 5 se confirmó (12%) y 2 de ellos resultaron extemporáneos (5%).

De lo anterior se desprende que el porcentaje de efectividad de los recursos de revisión presentados es muy alto, pues 6 de cada 10 recursos de revisión interpuestos tuvieron por efecto la revocación del fallo. Como se puede notar, el número de recursos de revisión interpuestos que tuvieron por efecto la revocación del fallo (26) es más de cinco veces el número de aquéllos que tuvieron por efecto su confirmación (5).

Al confrontar las cifras y porcentajes obtenidos por Heriberto Arriaga frente a los obtenidos por los demás Tribunales Unitarios Agrarios de 1996 al año 2002 en el rubro de recursos de revisión, tenemos los siguientes resultados. De 1996 al año 2002 fueron interpuestos contra todos los Tribunales Unitarios Agrarios 2938 recursos de revisión, de los cuales tuvieron resolución revocatoria 926, que representa el 31.51% del total, mientras que para Heriberto Arriaga el porcentaje total de resoluciones revocatorias en revisión fue como ya se mencionó del 62%, prácticamente el doble del porcentaje de todos los Tribunales Unitarios Agrarios en los mismos años de gestión jurisdiccional. En lo que respecta a la cantidad de resoluciones que confirmaron sentencia en recursos de revisión, de los 2938 recursos interpuestos en contra de todos los tribunales, se confirmó la resolución emitida en 806 casos, un 27.43%, mientras que el porcentaje de sentencias confirmadas a Heriberto Arriaga en recurso de revisión fue de sólo el 11.9%, es decir, menos de la mitad del porcentaje de confirmaciones obtenidas por todos los tribunales unitarios.

Lo anterior refleja que, por lo que hace a las resoluciones revisadas mediante el recurso de revisión, las del Magistrado Heriberto Arriaga inciden negativamente en el de-sempeño general del tribunal.

Por lo que hace a los juicios de amparo interpuestos, del total de 435 juicios sustanciados durante la gestión del Magistrado Arriaga de 1996 al 2002, en 72 casos se concedió la protección de la justicia federal (16.5%), 97 fueron negados (22.3%), 111 sobreseídos (25.5%), 16 desechados (3.6%), en 12 se declaró incompetencia (2.7%), y 132 quedaron pendientes de resolución a la fecha en que concluyeron sus cargos (30%).

b) Productividad

En el rubro de productividad, la información estadística que presentó la Secretaría General de Acuerdos de los Tribunales Agrarios señala que el Magistrado Heriberto Arriaga Garza reflejó un desempeño desfavorable en prácticamente todas las adscripciones que le fueron asignadas

Como puede observarse, al evaluar en forma general el tema de la productividad y abatimiento de cargas de trabajo, se puede verificar que de las 7 adscripciones que le fueron asignadas, en 6 el Magistrado Arriaga Garza dejó cargas de trabajo mayores a las recibidas. Así, tomando en consideración el inicio y conclusión de cada cargo desempeñado, de un total de 2304 asuntos en trámite al iniciar funciones, entregó 3163 asuntos al concluirlas, es decir, 859 asuntos adicionales sin resolver, lo que significa un 37.28% de incremento en el número de asuntos en trámite y que pone de manifiesto baja productividad en el desempeño.

Sirvan como referencia los resultados obtenidos por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 7 en Durango, Dgo., que en octubre de 1993 inició con 139 asuntos en trámite y en enero de 1996 tenía 95 expedientes en trámite lo que representa un 32% de abatimiento en el rezago de asuntos, en tanto que el magistrado Arriaga durante su gestión en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 en Huejutla de Reyes, Hidalgo, por un periodo similar, registró un incremento en las cargas de trabajo del 65%; así, comparativamente se tiene que la productividad del Magistrado Arriaga no es satisfactoria.

c) Excitativas de justicia

En este tema, fueron promovidas en contra del Magistrado Heriberto Arriaga Garza un total de 6 excitativas de justicia, de las cuales 5 resultaron infundadas y una resultó improcedente.

d) Justicia itinerante

Durante su desempeño como magistrado en los Tribunales Unitarios de los Distritos 26 y 43 en Culiacán, Sinaloa, y Huejutla de Reyes, Hidalgo, respectivamente, el Magistrado Arriaga programó un total de 24 jornadas de Justicia Itinerante, sin embargo sólo 15 fueron realmente cumplidas (62.5%).

Adicionalmente se reporta que durante sus funciones jurisdiccionales en los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 6 y 44, correspondientes a Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango, no se programó ni desahogó ninguna jornada de justicia itinerante en los más de 23 meses que duró su adscripción en dichos Tribunales Unitarios, incumpliendo con la obligación prevista en el artículo 56 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios que establece que: “Cada magistrado de los tribunales unitarios deberá presentar un programa trimestral de justicia itinerante, señalando los municipios, poblados y tipo de asuntos a cuyo conocimiento se avocará de conformidad con sus atribuciones y ámbito de su competencia, así como la calendarización de las visitas, las actividades a desarrollar y las circunstancias o particularidades que aquéllas representen... Este programa deberá difundirse con anticipación en los lugares señalados en el mismo, a la vez que notificar el contenido sustancial de dicho programa a los órganos de representación de los poblados correspondientes, con la finalidad de lograr una efectiva, pronta y expedita administración de la justicia agraria... Al término de cada recorrido, el magistrado del tribunal unitario deberá informar al Tribunal Superior sobre sus resultados”

Ese incumplimiento se considera de especial relevancia, ya que el acceso a la justicia en el caso específico de la agraria, puede darse en muchas ocasiones únicamente a través de las itinerancias de los juzgadores, si se toman en cuenta las circunstancias socioeconómicas de los justiciables y las dificultades que enfrentan para trasladarse a la sede del Tribunal.

De hecho, en el acta de visita de inspección del 25 de mayo de 1999, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 en Gómez Palacio, Durango, el Magistrado Visitador observó que consideraba necesario desarrollar un programa más intenso de itinerancias.

II. Visitas de inspección

De los documentos que obran en el expediente remitido por el Tribunal Superior Agrario, se advierte que durante su adscripción en los distintos Tribunales Unitarios le fueron realizadas 10 visitas de inspección. De éstas, 3 visitas concluyeron sin observaciones ni recomendaciones, en tanto que en las 7 restantes, las visitas arrojaron resultados positivos.

En atención a lo anterior, puede concluirse con base en los resultados de las visitas, que los Tribunales a cargo del magistrado Arriaga Garza, se encontraron en condiciones adecuadas en cuanto a su organización y funcionamiento, resaltando únicamente la recomendación de requerir al Registro Agrario Nacional informe del cumplimiento (inscripción) que haya dado de las sentencias remitidas por el Tribunal (acta de la visita del 29 de septiembre de 1999, Distrito 26, Culiacán, Sinaloa), así como la necesidad de tener una mayor coordinación con otras dependencias que sean de la Procuraduría Agraria y desarrollar un más intenso programa de itinerancias (acta de la visita del 25 de mayo de 1999, Distrito 44, Gómez Palacio, Durango); esto último fue materia de valoración en el presente dictamen en el apartado I, inciso d).

III. Grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente.

La fracción III del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece como otro elemento de análisis para determinar la ratificación, el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente. La ratio legis de esta disposición se encuentra precisamente en la necesidad de que los juzgadores se mantengan actualizados y adquieran las herramientas necesarias para resolver los diferentes retos y problemas que se le plantean al juzgador cotidianamente, en beneficio de los justiciables. Así, se trata claramente de un requisito aplicable a cualquier profesión, pero especialmente, a quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.

A este respecto, de la documentación remitida por el Tribunal Superior Agrario, se pudo constatar que el Magistrado Heriberto Arriaga reportó en declaraciones de carácter patrimonial haber cursado tres Diplomados: uno en Estudios Políticos, otro en Organización Judicial y Técnica de Amparo, y uno en Partidos Políticos de México, Estados Unidos de América, Canadá y América Latina. Sin embargo, no fueron acreditados con ninguna constancia oficial dichos estudios.

Como puede apreciarse, no reporta estudios de grado posterior a los de licenciatura en Derecho, que es el requisito mínimo que exige la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios para poder ser Magistrado, ni acredita fehacientemente otros relacionados directamente con la materia agraria, que es precisamente la materia sobre la cual tiene la obligación de impartir justicia, por lo que este aspecto de la evaluación se considera insatisfactoria.

IV. Sanciones por falta grave, quejas administrativas y auditoria.

Respecto al criterio de evaluación que establece el artículo 121, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativo a que el servidor público que se evalúa no haya sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, el expediente de Heriberto Arriaga menciona que le fueron promovidas 5 quejas y todas ellas se desecharon por improcedentes.

Al no existir constancia alguna que establezca que el Magistrado Arriaga haya sido sancionado por alguna falta grave con motivo de alguna queja o denuncia administrativa, no existen mayores elementos o indicadores que influyan en este rubro de la evaluación.

Sin embargo, el Tribunal Superior Agrario reportó que fueron formulados por los Jueces Séptimo y Octavo de Distrito en Jalapa, Veracruz, 36 apercibimientos severos al Magistrado en cuestión, razón por la que el Tribunal actuando en pleno ejercicio de su potestad jurisdiccional, en sesión de 19 de febrero del 2002 impuso al Magistrado la amonestación contenida en el Acuerdo Plenario de esa misma fecha, consistente en un apercibimiento, como medida disciplinaria en términos del artículo 54 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.

La corrección disciplinaria de mérito, impugnada por el Magistrado Arriaga quedó firme por unanimidad de votos mediante resolución del recurso de revocación 1/2002, dictada por el Tribunal Superior Agrario el 17 de mayo de 2002, y atendió a que el Magistrado Arriaga incurrió en una conducta ofensiva, hacia los titulares de los órganos de control constitucional mencionados.

En lo que aquí interesa se destaca que el Tribunal al resolver el recurso, consideró que “... el apercibimiento formulado al Magistrado... corresponde a una corrección disciplinaria... como medida de mando y buen gobierno ante la conducta irrespetuosa del Magistrado Heriberto Arriaga Garza, ante los Jueces Federales mencionados, toda vez que aun cuando parece no darse cuenta con algunas expresiones con que se dirige a dicha autoridad federal, si denosta su persona y la propia función de los multicitados Jueces de Distrito, pues en los escritos dirigidos ante esos jueces atribuye .. .improperios...” por lo que en el resolutivo TERCERO lo conminó a abstenerse de reincidir en conductas que se tradujeran en faltas de respeto y consideración debida que debe guardar a los Jueces, Magistrados y Ministros en términos del Código procesal supletorio referido con antelación.

No pasa inadvertido que el Lic. Arriaga posteriormente presentó una queja en contra de los Magistrados del Pleno del Tribunal Superior Agrario ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin que por ello dejen de subsistir la utilización de expresiones irrespetuosas y desconsideradas que a juicio del Ejecutivo Federal a mi cargo, son un referente negativo de conducta que se ha verificado por el superior jerárquico del aquí evaluado y que no puede pasar desapercibido en la evaluación de la idoneidad de la persona para seguir desempeñando el cargo de impartidor de justicia agraria.

En efecto, como lo ha reconocido el Poder Judicial de la Federación en diversos criterios aplicables por analogía al presente caso, la buena reputación y la buena fama en el concepto público tienen plena vigencia para el acto de ratificación y significa la exigencia de que el presente dictamen debe basarse no sólo en la ausencia de conductas negativas por parte del funcionario cuya actuación se evalúa, sino, en la alta capacidad y honorabilidad que lo califiquen como la persona idónea para seguir ocupando el cargo, ello ante el interés de la sociedad de conocer a ciencia cierta, la actuación ética y profesional del Magistrado evaluado.

El buen comportamiento de todos los servidores públicos es especialmente exigible a aquéllos que tienen la alta responsabilidad de impartir justicia. Es por ello que el artículo 12, fracción IV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios exige como uno de los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado Agrario, el gozar de buena reputación, mismo que debe analizarse al valorar la posible ratificación del magistrado, sobre todo si con ella adquiere la inamovilidad en el cargo.

En tal virtud, la gran cantidad de apercibimientos severos formulados a Heriberto Arriaga (36) por dos juzgadores federales profesionales, evidencian que el comportamiento en funciones de este servidor público, no corresponde a la rectitud, decoro, dignidad y excelente conducta, exigibles a todos los servidores públicos, especialmente a quienes se les ha encomendado la alta y noble tarea de impartir justicia agraria.

En abono a lo anterior, no puede pasar inadvertido para efectos evaluatorios que en opinión expresa del propio Tribunal: “... el Licenciado Heriberto Arriaga Garza, ha demostrado rigorismo en la administración de la Justicia Agraria y que tanto en su desempeño como Magistrado de los Tribunales Unitarios Agrarios, como en el trámite de los amparos que interpuso en contra de su no ratificación como Magistrado de los Tribunales Unitarios Agrarios, ha tenido una actitud protagónica, con ausencia de sensibilidad, respeto y formas ante los Jueces y Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, ya que utiliza un lenguaje rebuscado pero ofensivo en todas sus actuaciones. Se considera que aun cuando su desempeño en la actividad jurisdiccional pudiera ser satisfactorio, la actitud irreverente y prepotente no corresponde a la investidura de Magistrado en una Materia de índole social como lo es la Agraria”.

Es importante señalar a ese órgano legislativo que después de que le fueron impuestos a Heriberto Arriaga los severos apercibimientos por parte de los Jueces de Distrito ofendidos, éste reportó mediante oficio a la Presidencia del Tribunal Superior Agrario dicha situación, en la que expuso que dichos juzgadores asumen una “actitud fundamentalista y represora a una crítica objetiva de su parte”, señalando además que “la epidermis de los apuntados jueces del Poder Judicial de la Federación es sumamente delicada e hipersensible”. Lo que revela del servidor público evaluado, una actitud indispuesta a la sana rectificación o ejercicio autocrítico de la conducta, después de la gran cantidad de medidas correctivas impuestas por los Jueces de Distrito, y posteriormente por la propia institución pública en la que desempeña sus funciones jurisdiccionales.

Del análisis de los anteriores elementos objetivos, el Ejecutivo Federal a mi cargo estima que el C. Heriberto Arriaga no cumple con el requisito de buena reputación exigible para la ratificación.

Audiencia al Magistrado Arriaga Garza

Los elementos conforme a los cuales se ha evaluado el de-sempeño del Magistrado Arriaga, obran en su expediente personal, cuya copia certificada le fue entregada con la notificación del inicio de su procedimiento de ratificación en términos de la ejecutoria que le otorgó el amparo, concediéndole un término de diez días para que alegara lo que a su derecho conviniera y presentara pruebas.

Otorgada la garantía de audiencia de conformidad con el artículo 14 constitucional, el C. Heriberto Arriaga formuló alegatos y ofreció pruebas, mediante escrito de fecha 22 de noviembre que fue presentado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el 26 de noviembre. No obstante que su escrito fue presentado extemporáneamente, su contenido fue debidamente analizado y valorado. En esencia, en el escrito referido se alega lo siguiente:

1) Que para el presente procedimiento era necesario que existieran instrucciones del Ejecutivo Federal y que la información requerida al Tribunal Superior Agrario debió estar comprendida en un Reglamento ad hoc para nombramientos y ratificaciones.

2) Que la solicitud de información hecha al Tribunal sobre el desempeño del magistrado carece de fundamento legal.

3) Que no existe fundamento legal para que el Tribunal recopile y envíe la información solicitada por la Consejería Jurídica en el presente procedimiento.

4) Que no existen reglamentos ni acuerdos específicos con efectos generales que establezcan parámetros o indicadores para los casos de evaluación de magistrados sujetos a ratificación, que los indicadores del Tribunal no han sido generados bajo la supervisión del Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica y que es un hecho público y notorio que las estadísticas del Tribunal Superior Agrario se confeccionan por consigna, a la orden y que son de nula credibilidad.

5) Que las actas de visita jamás revelaron un problema de rezago y que un buen número de años trabajó en condiciones precarias en cuanto a equipamiento, plantilla de personal y presupuesto autorizado.

6) Respecto del alto número de revocaciones de las sentencias dictadas, que supuestamente denota falta de apego a la legalidad, señaló que es falso, y que también lo es que no haya cumplido con los programas de justicia itinerante.

7) Respecto de su actitud hacia jueces de distrito, señala que el único roce que tuvo fue con dos jueces de distrito en el Estado de Veracruz que desencadenaron en su contra una auténtica escalada de terrorismo judicial para amedrentarlo por el hecho de cuestionar sus arbitrarias determinaciones.

8) Manifiesta que no hubo irregularidades en su gestión y sustenta su dicho en las actas de las visitas de inspección que le fueron realizadas, en las que no hubo recomendaciones específicas, salvo algunas menores.

9) Señala que existe la intención de perjudicarlo y que se ha puesto de manifiesto una conspiración política para dejarlo sin derecho a ratificación.

10) Manifiesta bajo protesta de decir verdad que ha cumplido hasta el límite de sus capacidades con el deber de impartir justicia pronta, expedita, completa e imparcial de manera honesta y que no es inepto ni corrupto, y acusa persecución política.

En principio debe señalarse que por lo que hace al procedimiento de ratificación, el Ejecutivo Federal a mi cargo instruyó el inicio del procedimiento siguiendo los lineamientos previstos en la sentencia que resolvió el amparo en revisión 452/2009 derivado del juicio de amparo 1830/2004, conforme a los cuales debe evaluarse la conducta y desempeño del magistrado Arriaga, atendiendo a lo dispuesto, entre otros, por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. A este respecto, como lo ha reconocido el Poder Judicial de la Federación en múltiples criterios, la evaluación debe realizarse con base en elementos objetivos.

Si bien no se trata de un procedimiento reglado, el cumplimiento cabal de la ejecutoria referida implica necesariamente allegarse de los elementos objetivos que permitan la evaluación de la conducta y desempeño; elementos que sólo se encuentran en poder del Tribunal en el que el magistrado ha desempeñado sus funciones. En atención a ello, dichos elementos fueron solicitados al Tribunal Superior Agrario a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, dependencia de la administración pública federal con la atribución de brindar apoyo técnico jurídico al Ejecutivo Federal y recibir e integrar la información y documentación necesaria para someter a su consideración los proyectos de nombramientos y ratificaciones en los que intervenga.

Así, la evaluación contenida en el presente escrito parte de las constancias proporcionadas por el Tribunal Superior Agrario, elementos objetivos relacionados con el desempeño del magistrado, mismas que fueron valoradas en sus méritos y respecto de las cuales no corresponde al Ejecutivo Federal cuestionar su legalidad.

Ahora bien, frente a dichas constancias, en el escrito de alegatos se hacen afirmaciones en el sentido de que la información contenida en ellas es falsa, sin que se desvirtúe en forma alguna su contenido más allá de dichas afirmaciones, como es el caso específico del alto número de revocaciones a las sentencias pronunciadas por el magistrado y a los incumplimientos relacionados con la justicia itinerante.

En relación con la conducta mostrada por el magistrado frente a los jueces de Distrito que le hicieron merecedor de 36 apercibimientos severos se afirma en el escrito de alegatos que se trató de actos frente a dos jueces de distrito que desencadenaron en su contra una auténtica escalada de terrorismo judicial para amedrentarlo por el hecho de cuestionar sus arbitrarias determinaciones, no obstante que no obra en el expediente, ni se acompañó a los alegatos alguna prueba de ese dicho. Sobre este particular, tampoco se desvirtúa la resolución del Tribunal Superior Agrario en la que se le conminó a abstenerse de reincidir en conductas que se tradujeran en faltas de respeto y consideración debida que debe guardar a los Jueces, Magistrados y Ministros.

Por lo que hace al rezago durante su gestión como magistrado, si bien es cierto como se afirma en el escrito de alegatos que las actas levantadas con motivo de las visitas que se le practicaron no revelaron este problema, no se desvirtúan las documentales que obran en el expediente en las que constan que, salvo durante la gestión en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 de Gómez Palacio, Durango, en todos los demás cargos desempeñados, siempre se concluyó la gestión con un número de asuntos mucho mayor a aquél con el que se inició, y que dichos incrementos fueron en cinco ocasiones del 60% o más, y en una de ellas, de más del 250%. Por el contrario, se justifica en que un buen número de años se trabajó en condiciones precarias en cuanto a equipamiento, plantilla de personal y presupuesto autorizado; sin embargo, dicho argumento resulta insuficiente si se considera que esta falta de productividad fue una constante en seis de las siete adscripciones que tuvo como magistrado agrario.

Finalmente, a lo largo del escrito de alegatos se vierten afirmaciones dogmáticas que no desvirtúan por sí mismas, ni adminiculadas con lo expuesto en el resto del escrito, las documentales que obran en el expediente remitido por el Tribunal Superior Agrario sobre su desempeño y conducta.

Por lo que se refiere a las pruebas aportadas en el escrito de alegatos, se trata de elementos que no controvierten o desvirtúan la información específica que obra en las documentales que integran el expediente, cuya copia certificada tuvo a la vista el Magistrado Arriaga, ni fueron estrechamente vinculadas a alguno de los elementos objetivos con los que se contó para hacer la evaluación correspondiente.

A mayor abundamiento, es de señalarse que del análisis y valoración de las pruebas que aportó el Magistrado Heriberto Arriaga Garza, éstas carecen de alcance demostrativo que permita invalidar la información remitida por el Tribunal Superior Agrario pues consistieron principalmente en copias simples de diversos documentos, entre los que destacan:

1) Copia simple del oficio TUA/M/2102-01 del 7 de noviembre de 2001, suscrito por Heriberto Arriaga en el que se informa al Director de Centros de Estudios de Justicia Agraria, Humberto Quintana Miranda, sobre las jornadas de educación continua de servidores públicos en temas de Indigenismo y Derecho Agrario, entre los que no se encuentra el servidor público evaluado.

2) Dos ejemplares del Periódico ZU-NOTICIA, de fechas 10 de mayo y 11 de septiembre de 2001.

3) Cinco copias de recortes del periódico ZU-NOTICIA de Huejutla, Hidalgo, de fecha 15 de agosto de 2001, y 10 recortes de los periódicos Reforma, La Jornada, El Universal y ZU-NOTICIA.

4) Copia simple de oficio suscrito por el Presidente Municipal de Platón Sánchez, Veracruz, José Guillermo Sánchez Lugo de fecha 28 de enero de 2002, en el que se hace constar que las comunidades La Crinolina, Tepetatipan, Chiatitla y Apachitempa se encuentran registradas en dicho Municipalidad.

5) Sobre con 15 fotografías de diversos exteriores y personas que no es posible identificar.

6) Ejemplar del Boletín Judicial Agrario correspondiente al mes de diciembre de 2001, emitido por el Tribunal Superior Agrario.

7) Copias simples de escritos dirigidos por Heriberto Arriaga Garza a los Jueces Séptimo y Octavo de Distrito en el estado de Veracruz, relativos a los Juicios de Amparo 856/2001 y 869/2001, respectivamente.

8) Copias de memorándums suscritos por Heriberto Arriaga de fecha 25 y 26 de febrero del año 2002, en los que comunica a los servidores públicos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 de Huejutla de Reyes, Hidalgo, instrucciones para el ahorro de papel y tinta.

9) Copia simple de escrito queja dirigido al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Distrito con relación al Juicio de Amparo 869/2001.

10) Copia del oficio OM/00557/2004, suscrito por el Oficial Mayor del Tribunal Superior Agrario, Alberto Rebora González en los que se comunica el acuerdo de reinstalación de Heriberto Arriaga Garza en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 en Huejutla de Reyes, Hidalgo.

11) Copia simple de escrito dirigido por Heriberto Arriaga Garza al Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa por el que ofrece pruebas relacionadas con el Juicio de Amparo 1830/2004.

En efecto, al tratarse en su mayoría de copias fotostáticas, éstas carecen de valor probatorio, pues no se apoyan en algún otro medio de prueba, además de que con ellas no se acreditaron en forma efectiva los extremos contenidos en el escrito de alegatos del servidor público evaluado, a que se refieren los numerales 5), 6), 7) 8), 9) y 10) que se citan con anterioridad, respecto de los puntos que se evalúan en el presente dictamen.

Ahora bien, es importante destacar que el Magistrado ofreció la totalidad de las pruebas aportadas en los juicios de amparo 1695/2002, 1830/2004 y 1958/2002, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; sin embargo, dichas pruebas no fueron acompañadas al escrito de alegatos en el presente procedimiento y no puede inferirse la obligación del Ejecutivo Federal a mi cargo de recabarlas del lugar donde se encuentren, por el sólo hecho de ser parte en dichos juicios.

Por todo lo anterior, se advierte que los elementos probatorios aportados por el Magistrado, a juicio del Ejecutivo Federal, no son aptos para desvirtuar los hechos que constan en las documentales materia de este procedimiento, por no estar vinculados estrechamente a ellos y atendiendo a su propio contenido.

No obstante lo expuesto, al ser ese órgano legislativo el titular de la potestad de designar a los magistrados y ratificarlos, le corresponderá en ejercicio de sus atribuciones constitucionales valorar en sus méritos las documentales que conforman el expediente del magistrado Heriberto Arriaga Garza, así como los alegatos y pruebas presentadas por éste para resolver en definitiva sobre su ratificación o no ratificación en el cargo de magistrado agrario.

Propuesta

El análisis y valoración del expediente del Magistrado expuso resultados negativos, pues su ejercicio jurisdiccional y administrativo no se ha llevado a cabo en apego a los principios de excelencia profesional y diligencia que deben rigen la impartición de justicia en México, acorde a lo expuesto y razonado en los numerales I, II, III y IV del presente. Fundamentalmente por lo que hace a los rubros relativos a los recursos de revisión, productividad, deficiente realización de las jornadas de justicia itinerante, grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente, así como por su conducta, por las razones expuestas en el presente escrito, que llevan a la conclusión del Ejecutivo Federal de que el Lic. Heriberto Arriaga Garza no es la persona idónea para desempeñar el cargo de magistrado agrario.

La baja productividad en la atención de asuntos y nulo abatimiento del rezago, así como el alto número de resoluciones que fueron modificadas mediante recursos de revisión, han sido elementos medulares para proponer la no ratificación de Heriberto Arriaga Garza.

A este respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Revisión Administrativa 2/97, que dio lugar a la tesis del rubro “JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. SU RATIFICACIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”, señaló que para decidir la no ratificación en el cargo de Magistrado, resulta suficiente que se actualice el aspecto negativo de alguno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que ello determinará la estimación de un mal desempeño en la labor encomendada y que se sostenga que el juzgador no respetó alguno de los principios que rigen la carrera judicial, sin que lo anterior implique, desde luego, que en caso de actualizarse el aspecto negativo de diversos elementos, la resolución de no ratificación se apoye en todos ellos a efecto de dar mayores fundamentos al dictamen relativo. En cambio, para la emisión de una decisión de ratificación en el cargo de Magistrado, sí resulta indispensable que se actualicen los aspectos positivos de todos y cada uno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que de ello se pueda determinar que el administrador de la Justicia Federal en su actuación diaria respetó los principios que rigen la carrera judicial.

Los criterios contenidos en la resolución referida, aprobada por unanimidad de votos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicables por analogía al presente procedimiento, llevan al Ejecutivo Federal a mi cargo a la convicción de que al actualizarse aspectos negativos en los rubros evaluados sobre el desempeño del Magistrado Heriberto Arriaga Garza, como se ha expuesto en el presente, no es la persona idónea para seguir desempeñando el cargo a través de la ratificación, por lo que con fundamento en los artículos 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, 12, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de aplicación supletoria al caso, se propone su no ratificación como Magistrado de Tribunal Unitario Agrario.

Corresponderá a esa instancia legislativa resolver en definitiva sobre la ratificación del Magistrado Arriaga, por lo que para el análisis y valoración respectiva, acompaño toda la documentación que he tenido a la vista, tanto la remitida por el Tribunal Superior Agrario, como la presentada por el propio Magistrado evaluado, y que sirvió de base para el presente, convencido de que la colaboración entre los Poderes de la Unión contribuye de manera decidida a fortalecer y consolidar las instituciones del Estado, entre ellas la de los órganos jurisdiccionales que imparten la justicia agraria.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil diez.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde al Ejecutivo federal proponer a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y en los recesos de la Comisión Permanente, la designación de los magistrados agrarios.

En ejercicio de dicha facultad y en cumplimiento a lo ordenado por la ejecutoria correspondiente al Amparo en Revisión 452/2009 dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el dos de junio de 2010, derivada del Juicio de Amparo 1830/2004, por este conducto se presenta a la consideración de ese órgano legislativo el dictamen y propuesta relativos a la ratificación de Sergio Agustín Sánchez Martínez como magistrado de Tribunal Unitario Agrario, conforme a los antecedentes y consideraciones siguientes:

Antecedentes

Mediante comunicación de fecha 1 de noviembre de 2004, y en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 456/2004, relativo al juicio de amparo 1695/2002, el entonces Presidente de la República propuso la no ratificación como Magistrados Agrarios de los quejosos Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, fundando dicho planteamiento en los dictámenes de evaluación elaborados con los expedientes que en su momento fueron turnados por el Tribunal Superior Agrario.

Mediante Decreto aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el 14 de diciembre de 2004, la instancia legislativa aprobó los nombramientos de los CC. José Jesús Rodríguez Tovar y José Martín López Zamora como Magistrados de los Tribunales Agrarios por un periodo de 6 años, acto que tuvo por efectos la no ratificación de Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez.

Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez impugnaron esa determinación mediante juicio de garantías. Agotadas las instancias del proceso, el 2 de junio de 2010 el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió sentencia que resolvió el amparo en revisión 452/2009 derivado del juicio de amparo 1830/2004, en la que se ordenó por lo que hace al titular del Ejecutivo Federal, lo siguiente:

“1) El presidente de la República debe dejar insubsistente la propuesta de no ratificación de los quejosos Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, en su cargo de Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, de uno de noviembre de 2004.

2) El presidente de la República debe otorgar a los quejosos Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, un· término prudente para que puedan ofrecer las pruebas que estimen pertinentes y al mismo tiempo aleguen lo que a su derecho corresponda.

3) Hecho lo anterior, con fundamento en los artículos 27- fracción XIX, segundo párrafo de la Constitución Federal, 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 121 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aplicados supletoriamente a este asunto, el Presidente de la República, en un plazo no mayor a 30 días naturales y siguiendo, los lineamientos de esta ejecutoria, esto es, respetando previamente a los quejosos la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, deberá elaborar, con plenitud de facultades, un dictamen en el cual evalúe la conducta y desempeño de los magistrados Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez. Hecho lo anterior, formule la propuesta de ratificación o no ratificación de los magistrados citados.”

En este tenor, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria en comento, mediante comunicación del suscrito dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores de fecha 26 de agosto de 2010, se dejó sin efectos la propuesta de no ratificación de los servidores públicos en comento, de fecha 1 de noviembre de 2004, al tenor del fallo referido. Asimismo, toda vez que la información relevante para efectos de la adecuada evaluación del desempeño del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez se encuentra en poder del Tribunal Agrario, el Ejecutivo Federal a mi cargo instruyó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal obtener del Tribunal la información relacionada con la función jurisdiccional y ejercicio profesional del magistrado, a efecto de evaluar la conducta y el desempeño de dicho servidor público.

Mediante oficio 131/2010 de fecha 17 de agosto de 2010, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario remitió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, información relacionada con la conducta y el desempeño de los CC. Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez, acompañando a dicha información, el pronunciamiento del Tribunal Superior Agrario sobre la posible ratificación de dichos servidores públicos. Posteriormente, mediante oficio 154/2010 de fecha 6 de septiembre de 2010, suscrito igualmente por el Presidente del Tribunal Superior Agrario, se remitió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, un alcance que complementa la información consignada en el oficio 131/2010 ya mencionado, respecto a los mismos quejosos.

En cumplimiento a la ejecutoria referida, el Ejecutivo Federal a mi cargo instruyó la notificación formal al Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez del inicio del procedimiento respecto a su ratificación, a efecto de que ofreciera las pruebas que estimara pertinentes, y al mismo tiempo alegara lo que a su derecho corresponda, en términos de la ejecutoria del amparo en revisión 452/2009, misma que tuvo verificativo el día 10 de noviembre del año 2010, anexando para ello, copia certificada de la documentación que compone su expediente profesional, consistente en información y reportes remitidos por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, mediante los oficios 131/201 del 17 de agosto de 2010 y 154/2010 del 6 de septiembre de2010.

Con fecha 24 de noviembre de 2010, el C. Sergio Agustín Sánchez Martínez presentó ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, escrito de alegatos y ofrecimiento de pruebas respecto a su procedimiento de ratificación como Magistrado Agrario, fechado el 22 del mismo mes.

Consideraciones

Evaluación del desempeño y conducta del Magistrado

La ratificación de los funcionarios jurisdiccionales, en aquellos casos en que está prevista, constituye una garantía de la sociedad en el sentido de que debe evaluarse que los juzgadores sean servidores públicos idóneos, que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en los términos indicados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es menester analizar el desempeño del funcionario de que se trate, para proveer lo conducente respecto de su ratificación.

A este respecto, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, si bien prevé la figura de la ratificación, es omisa respecto de los criterios que deben orientarla. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Controversia Constitucional 9/2003, estableció que dada la potestad jurisdiccional de estos Tribunales, la evaluación que se efectúe de los magistrados para efectos de su ratificación debe tomar en consideración su esencia jurisdiccional, por lo que debe analizarse la alta capacidad y honorabilidad que califiquen al servidor jurisdiccional para seguir ocupando el cargo, con base en criterios objetivos y en atención al contenido del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de aplicación supletoria de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, como se advierte en la tesis de jurisprudencia número. P./J.92/2004, de rubro “MAGISTRADOS AGRARIOS. LA EVALUACIÓN PARA EFECTOS DE SU RATIFICACIÓN DEBE PRODUCIRSEY CONSTAR EN DICTÁMENES ESCRITOS EN LOS CUALES SE PRECISEN LAS RAZONES DE LA DETERMINACIÓN TOMADA.”

En términos de lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la ratificación de magistrados de circuito y jueces de distrito, deberá tomarse en consideración el desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; los resultados de las visitas de inspección; el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; no haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, y los demás que se estimen pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de ratificación, situación esta última no aplicable a los magistrados agrarios, en tanto que en su procedimiento de ratificación sólo concurren el Ejecutivo Federal, con la facultad de propuesta, y la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, con la facultad de ratificación.

Conforme a lo anterior, del análisis de la documentación remitida por el Tribunal Superior Agrario sobre la actuación del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez, se desprende lo siguiente:

I. Desempeño en el ejercicio de sus funciones

Congruente con el orden establecido por el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en primer lugar se analizó el desempeño del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez en el ejercicio de su función jurisdiccional, utilizando la información que proporcionó la Presidencia del Tribunal Superior Agrario, de la que se desprende lo siguiente, con respecto a la emisión de resoluciones, recursos de revisión, juicios de amparos promovidos en contra de las resoluciones de dicho servidor público, productividad, excitativas de justicia y jornadas de justicia itinerante:

El Tribunal Superior Agrario reportó que el licenciado Sergio Agustín Sánchez estuvo en funciones jurisdiccionales del 20 de junio de 1996 al 20 de junio de 2002, y un periodo extraordinario del 8 de octubre de 2004 al 10 de enero de 2005, en un total de 5 adscripciones:

1. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua, Chihuahua, del 20 de junio de 1996 al 15de diciembre de 1998.

2. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec, Oaxaca, del 16 de diciembre de 1998 al 22 de octubre de 2001.

3. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, Crudad Victoria, Tamaulipas, del 23 de octubre de 2001 al 31 de diciembre de 2001.

4. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, Ciudad Valles, San Luis Potosí, del 10 de enero de 2002 al 20 de junio de 2002.

5. Tribunal Unitario del Distrito 45, Ciudad Valles, San Luis Potosí, del 8 de octubre de 2004 al 10 de enero de 2005.

a) Recursos de revisión y juicios de amparo

I.1. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua, Chihuahua, el Magistrado Sánchez Martínez emitió un total de 2234 resoluciones; 27 de éstas fueron impugnadas mediante recurso de revisión, de los cuales en 12 casos se revocó la sentencia revisada.

Por lo que hace a los juicios de amparo promovidos en contra de las resoluciones emitidas, el Tribunal Superior Agrario reportó que fueron interpuestos 271 juicios, de los cuales 53 fueron negados, 92 sobreseídos, 14 desechados, en 14 se declaró incompetencia y en 98 se concedió la protección de la Justicia Federal.

I.2. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec, Oaxaca, pronunció un total de 2089 resoluciones; 23 de éstas fueron controvertidas mediante recurso de revisión, de los cuales en 10 casos se revocaron las sentencias y en uno se modificó.

Por lo que hace a juicios de garantías promovidos en contra de los fallos emitidos, se promovieron 179 juicios de amparo, de los que 75 fueron negados, 56 sobreseídos, 5 desechados, en 7 se declaró la incompetencia, 8 quedaron pendientes de resolución al término del cargo y en 28 casos se concedió la protección de la Justicia Federal.

I.3. Durante el periodo en el que estuvo adscrito en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30 de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el Magistrado emitió 147 resoluciones, de las cuales 8 fueron impugnadas mediante recurso de revisión, mismos que llevaron a la revocación de 3 sentencias.

Asimismo, se promovieron 27 juicios de amparo en contra de sus resoluciones, de los cuales 7 fueron negados, 7 sobreseídos, 7 se encontraron pendientes de resolución al término del encargo, en 3 se declaró incompetencia y en 3 se concedió la protección constitucional.

I.4. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, de Ciudad Valles, San Luis Potosí, el Magistrado emitió un total de 337 resoluciones; se interpusieron 7 recursos de revisión y sólo 2 revocaron los fallos revisados. En el rubro de juicios constitucionales, se informó que durante su encargo en esta adscripción se promovieron 24 amparos, de los cuales uno fue negado, 4 sobreseídos, uno desechado, 16 quedaron pendientes de resolución y en 2 de ellos se concedió la protección de garantías.

I.5. Durante el periodo de adscripción en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, de Ciudad Valles, San Luis Potosí, el Magistrado evaluado emitió 88 sentencias, de las cuales 2 fueron impugnadas mediante revisión y ninguno tuvo por efectos la revocación del fallo. En el mismo periodo fueron interpuestos 25 juicios de amparo; 3 fueron negados, 4 sobreseídos, 2 desechados, 9 quedaron pendientes de resolución y en 7 se concedió la protección constitucional.

Al valorar en forma global los resultados obtenidos respecto la totalidad de recursos de revisión interpuestos, resultó que durante su gestión como magistrado de 1996 a 2002 le fueron interpuestos un total de 65 recursos, de los cuales, en 27 casos se revocó la sentencia (42%), 18 fueron improcedentes (28%), en 14 casos se confirmó la sentencia (22%), en 3 se modificó la sentencia (4%) y 3 fueron extemporáneos (4%).

De lo anterior se desprende que 4 de cada 10 recursos de revisión que le fueron interpuestos tuvieron por efecto la revocación del fallo decisorio y sólo en 2 de cada 10 se confirmaron las resoluciones. Como se puede notar, el número de recursos de revisión interpuestos que tuvieron por efecto la revocación del fallo (27) es prácticamente el doble de aquéllos que tuvieron por efecto su confirmación (14).

Al confrontar las cifras y porcentajes obtenidos por el Magistrado Sánchez frente a los obtenidos por los demás Tribunales Unitarios de 1996 al año 2002, en el rubro de recursos de revisión tenemos los siguientes resultados. De 1996 al año 2002 fueron interpuestos contra todos los Tribunales Unitarios Agrarios 2938 recursos, de los cuales tuvieron resolución revocatoria 926, que representa el 31.51% del total, en tanto que a Sergio Agustín Sánchez Martínez le fueron revocadas el 42% de sus resoluciones, porcentaje claramente mayor al de los Tribunales Agrarios en su conjunto.

En lo que respecta a los recursos de revisión que confirmaron la resolución, de los 2938 recursos interpuestos en contra de todos los Tribunales se confirmó la resolución emitida en 806 casos, un 27.43%, mientras que el porcentaje de sentencias confirmadas a Sergio Agustín Sánchez Martínez en recurso de revisión fue del 22%.

Por lo que hace a los juicios de amparo interpuestos, del total de 526 juicios sustanciados durante la gestión del magistrado Sánchez de 1996 a 2002, en 138 se concedió la protección constitucional (26.2%), 139 fueron negados (26.42%), 163 sobreseídos (30.98%), 22 desechados (4.18%), en 24 se declaró incompetencia (4.56%) y 40 quedaron pendientes de resolver a la fecha de conclusión de sus encargos (7.6%).

b) Productividad

En el rubro de productividad, la información estadística que presentó la Secretaría General de Acuerdos de los Tribunales Agrarios señala que el Magistrado Sergio Agustín Sánchez obtuvo los resultados siguientes:

Como puede observarse, en el rubro de la productividad y abatimiento de cargas de trabajo, se aprecia que en 3 adscripciones de 5, el Magistrado Sergio Sánchez obtuvo resultados positivos en el abatimiento del rezago al concluir su gestión con menor carga de trabajo a la recibida al inicio de la misma. Sin embargo, en las dos adscripciones restantes dejó cargas de trabajo mayores a las recibidas.

En términos generales, tomando en consideración el inicio y conclusión de cada cargo desempeñado, de un total de 2236 asuntos en trámite al iniciar funciones, entregó 2640 asuntos al concluirlas, es decir, 404 asuntos adicionales sin resolver, que significa un 18% de incremento en el número de asuntos en trámite.

e) Excitativas de justicia

En este rubro se tiene que fueron promovidas en contra del Magistrado Sergio Agustín Sánchez tres excitativas de justicia, de las cuales una fue improcedente, otra quedó sin materia y una resultó fundada; esta última en virtud de no haberse practicado notificación de sentencia.

d) Justicia itinerante

En este rubro se reporta que el Magistrado Sánchez programó en los 6 años de gestión 62 jornadas de Justicia Itinerante; sin embargo sólo 30 jornadas fueron realmente atendidas y ejecutadas, lo que representa un 48.3%.

Adicionalmente se reporta que durante sus funciones jurisdiccionales en el Tribunal Unitario Agrario del Distritos 30 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no se programó ni de- sahogó ninguna jornada de justicia itinerante incumpliendo con la obligación prevista en el artículo 56 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios que establece que: “Cada magistrado de los tribunales unitarios deberá presentar un programa trimestral de justicia itinerante, señalando los municipios, poblados y tipo de asuntos a cuyo conocimiento se avocará de conformidad con sus atribuciones y ámbito de su competencia, así como la calendarización de las visitas, las actividades a desarrollar y las circunstancias o particularidades que aquéllas representen. Este programa deberá difundirse con anticipación en los lugares señalados en el mismo, a la vez que notificar el contenido sustancial de dicho programa a los órganos de representación de los poblados correspondientes, con la finalidad de lograr una efectiva, pronta y expedita administración de la justicia agraria... Al término de cada recorrido, el magistrado del tribunal unitario deberá informar al Tribunal Superior sobre sus resultados”.

La no atención de la justicia itinerante se considera de especial relevancia, ya que el acceso a la justicia, en el caso específico de la agraria, puede darse en muchas ocasiones únicamente a través de las itinerancias de los juzgadores, si se toman en cuenta las circunstancias socioeconómicas de los justiciables y las dificultades que enfrentan su traslado a la sede del Tribunal.

II. Visitas de inspección

De los documentos que obran en el expediente remitido por la Presidencia del Tribunal Superior Agrario se advierte que durante su adscripción en los distintos Tribunales Unitarios Agrarios le fueron realizadas 12 visitas de inspección, de las que derivaron las siguientes recomendaciones y observaciones:

1. Visita del 12 de agosto de 1996, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua: “Actualizar libro de gobierno. Verificar las razones de por qué es tan alto el número de amparos concedidos (50% aproximadamente), por lo que se requiere dedicarle más tiempo de atención a los informes justificados. Solicitar que se habiliten a los Secretarios de Estudio y Cuenta como Secretarios de Acuerdos B.”

2. Visita del 10 de febrero de 1997, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua: “PRIMERA. Se sugiere que tratándose de jurisdicciones voluntarias para el reconocimiento de ejidatarios, además de citar a los integrantes del Comisariado Ejidal y a los colindantes, se fije cédula común notificatoria en los lugares más visibles del poblado, para todos aquellos que se consideren con derechos, en razón de que de existir estos, se variaría la litis por la vía contenciosa. SEGUNDA. Que se actualice el libro de gobierno, para lo cual se sugiere adscribir los más pronto posible al responsable de control de procesos, asimismo se sugiere, motivar más las sentencias que se emitan.”

3. Visita del 17 de julio de 1997, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua: “Como consecuencia de la inspección y evaluación que se practicó con motivo de esta visita, se recomienda al Magistrado Titular de Tribunal visitado que en términos de la fracción VII del artículo 41 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, se mantenga la eficiencia y calidad del servicio que se ha otorgado a los justiciables en este tribunal, mismas que se desprenden de los datos reportados en el periodo, así como se propicie la buena y cordial relación entre el personal”.

4. Visita del 19 de junio de 1998, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, Gómez Palacio: “No hay recomendaciones ni observaciones”.

5. Visita del 16 de noviembre de 1998, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Chihuahua: “... El esfuerzo organizativo que se constata es aún insuficiente para subsanar deficiencias en el control de procesos y en el control de los expedientes. Falta una mayor integración como equipo de trabajo con procedimientos internos más supervisados y una dirección más precisa del Magistrado. Recomendaciones: Deberá ponerse más cuidado en integrar la totalidad de registros en el Libro de Gobierno que permita en el plazo de un mes natural, contado a partir de la fecha de visita, actualizar la información en relación con la naturaleza de los asuntos que se encontraban en trámite al momento de la visita anterior... Deberá garantizarse un efectivo registro del control de expedientes...”

6. Visita del 28 de abril de 1999, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec: “Con motivo de las ejecuciones pendientes de asuntos relativos al rezago agrario, resueltos tanto por el Tribunal Superior Agrario, como por el Tribunal Unitario Agrario visitado, se requirió a la Brigada de Ejecuciones adscrita al Tribunal, la elaboración de un programa calendarizado de ejecuciones, que permita saber en qué periodos se llevarán a cabo la ejecución de las sentencias correspondientes.”

7. Visita del 3 de marzo de 2000, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec: “mantener el clima interno de trabajo, el control de procesos para hacer más ágil el trámite de los expedientes”.

8. Visita del 21 de octubre de 2000, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec: “Mantener el clima interno de trabajo, mejorando la eficacia procesal para hacer más ágil el trámite de los expedientes”.

9. Visita del 4 de diciembre de 2000, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec: “I.- Otorgar atención preferente a los asuntos de 1992-1997, 58 en total, con el objeto de que en menor tiempo posible sean resueltos, ya que estos constituyen su rezago agrario. II.- Precisar las anotaciones en los libros de control que nos permitan dar la información requerida con mayor agilidad, instrumentando en la computadora el programa adecuado para ello. III.- Diligenciar en el menor tiempo posible los despachos enviados por el Tribunal Superior Agrario, dando atención preferente a los cumplimientos de ejecutoria. IV.- Vigilar que el área de Actuaria realice las notificaciones y emplazamientos dentro de los plazos señalados por la Ley, con el objeto de evitar quejas.”

10. Visita del 20 de junio de 2001, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec: “I.- Otorgar atención preferente a los asuntos de 1992-1998, 51 en total, con el objeto de que en menor tiempo posible sean resueltos, ya que estos constituyen su rezago agrario. II.- Diligenciar en el menor tiempo posible los despachos enviados por el Tribunal Superior Agrario, dando atención preferente a los cumplimientos de ejecutoria. III.- Observar las disposiciones que rigen el procedimiento agrario, con el objeto de evitar la interposición de amparos e integrar correctamente los expedientes. IV.- Revisar los expedientes antes de turnarlos a la Secretaria de Estudio y Cuenta, con el objeto de evitar acuerdos para mejor proveer, que retardan la solución de los juicios agrarios; en el periodo se dictaron 56.”

11. Visita del 25 de septiembre de 200, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, Tuxtepec: “No hubo observaciones ni recomendaciones.”

12. Visita del 29 de noviembre de 2001, al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, Ciudad Victoria: “1.- Instrumentar un procedimiento entre la Secretaría de Acuerdos, la Unidad de Control de Procesos y de Actuaría a fin de evitar en lo posible el diferimiento o suspensión de audiencias por falta de emplazamientos, inclusive prever el señalamiento de audiencias en tiempos prudentes para que la Unidad de Actuarios esté en posibilidad de realizar su actividad en tiempo. 2.- En los casos en que se presentan al Tribunal demandas por personas diferentes contra el mismo demandado y aparentemente por el mismo acto, se sugiere considerar la posible acumulación de los asuntos. 3.- Evitar en lo posible la reiterativa suspensión de audiencia por la falta de asesoría legal, para ello se sugiere proporcionar el domicilio de la Procuraduría Agraria en los acuerdos de admisión, apercibiendo a la parte demandada que en la audiencia deberá apersonarse acompañado de un asesor legal. 4.- Considerar la posibilidad de entrevistarse con el Delegado de la Procuraduría Agraria, para los efectos anteriores, además de considerar la falta de acuse de recibo en los oficios en los que se solicita designación de abogado. 5.- Agilizar las ejecuciones de sentencias del propio tribunal.”

Del análisis de las actas correspondientes, se desprende que se detectaron deficiencias administrativas y jurisdiccionales advertidas in situ por los Magistrados inspectores, mismas que motivaron diversas observaciones y recomendaciones formuladas al trabajo jurisdiccional y administrativo del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez.

Por lo que hace a las funciones jurisdiccionales, resaltan por su importancia las observaciones formuladas en el sentido de dedicar más tiempo a los informes justificados, dado el alto número de amparos concedidos (12 de agosto de 1996); motivar más las sentencias que se emitan (10 de febrero de 1997); mejorar la eficacia procesal para hacer más ágil el trámite de los expedientes (21 de octubre de 2000); observar las disposiciones que rigen el procedimiento agrario, con el objeto de evitar la interposición de amparos e integrar correctamente los expedientes y revisar los expedientes antes de turnarlo a la Secretaria de Estudio y Cuenta, con el objeto de evitar acuerdos para mejor proveer, que retardan la solución de los juicios agrarios (20 de junio de 2001), y agilizar las ejecuciones de sentencias del Tribunal (29 de noviembre de 2001).

Como puede apreciarse, se trata en todos los casos de observaciones sobre la forma de impartir justicia que atañen directamente al responsable del Tribunal, es decir, al Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez y que revelan deficiencias y falta de diligencia que repercuten directamente en los justiciables.

De entre estas observaciones, se considera especialmente relevante la formulada en el sentido de observar sus disposiciones que rigen el procedimiento agrario, cuyo conocimiento y aplicación son la premisa básica de cualquier juzgador en esta materia. Respecto de este último punto es importante señalar que en el acta de visita correspondiente no consta manifestación alguna del magistrado visitado sobre el particular.

Adicionalmente, de la revisión de las actas derivadas de las visitas de inspección, se desprende que existen recomendaciones reiteradas por lo que hace al rezago agrario. Así, en la visita practicada el 4 de diciembre de 2000, se formuló la de “otorgar atención preferente a los asuntos de 1992-1997, 58 en total, con el objeto de que en menor tiempo posible sean resueltos, ya que estos constituyen su rezago agrario”; no obstante, seis meses después, en la visita practicada el 20 de junio de 2001 se recomendó al mismo tribunal “otorgar atención preferente a los asuntos de 1992-1998, 51 en total, con el objeto de que en menor tiempo posible sean resueltos, ya que estos constituyen su rezago agrario”.

Lo anterior pone de manifiesto no sólo la falta de diligencia debida en la atención del rezago agrario, sino además, la inobservancia de la recomendación formulada por el magistrado visitador en diciembre de 2000, en perjuicio de la justicia agraria.

Por otra parte, se advierte que se formularon múltiples observaciones relacionadas con la organización y funcionamiento del Tribunal. A este respecto debe tenerse presente que el cargo de magistrado no sólo exige calidad en las funciones jurisdiccionales, lo que sería exigible también a los secretarios, actuarios y demás personal vinculado con estas funciones, sino que además, implica la alta responsabilidad de dirigir la labor de los servidores públicos que integran el Tribunal, velando por el adecuado funcionamiento del mismo, ya que ello impacta necesariamente en la impartición de justicia.

En este sentido, las actas derivadas del las visitas de inspección ponen de manifiesto el impacto negativo en la función jurisdiccional por problemas de funcionamiento del Tribunal, como es el caso de las; recomendaciones formuladas en las visitas del 16 de noviembre de 1998, en la que se indica que el esfuerzo organizativo es insuficiente para subsanar deficiencias en el control de procesos y expedientes; del 4 de diciembre de 2000, en la que se recomienda vigilar que el área de Actuaría realice las notificaciones y emplazamientos dentro de los plazos señalados por la Ley, con el objeto de evitar quejas, y del 29 de noviembre de 2001, en la que se recomendó instrumentar un procedimiento entre la Secretaría de Acuerdos, la Unidad de Control de Procesos y de Actuaría a fin de evitar en lo posible el diferimiento o suspensión de audiencias por falta de emplazamientos, e inclusive, prever el señalamiento de audiencias en tiempos prudentes para que la Unidad de Actuarios esté en posibilidad de realizar su actividad en tiempo.

La naturaleza de las observaciones formuladas en las visitas de inspección revelan deficiencias y la falta de diligencia debida que repercuten negativamente en la impartición de justica agraria, por lo que, a juicio del Ejecutivo Federal, la evaluación de este rubro arroja resultados no satisfactorios.

III. Grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente.

La fracción III del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece como otro elemento de análisis para determinar la ratificación, el grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente. La ratio legis de esta disposición se encuentra precisamente en la necesidad de que los juzgadores se mantengan actualizados y adquieran las herramientas necesarias para resolver los diferentes retos y problemas que se le plantean al juzgador cotidianamente, en beneficio de los justiciables. Así, se trata claramente de un requisito aplicable a cualquier profesión, pero especialmente, a quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.

En la documentación que obra en el expediente del Magistrado Sergio Agustín Sánchez, no existen constancias que acrediten que haya realizado durante el tiempo de su encargo, cursos de actualización o especialización, lo que además fue confirmado por el propio Magistrado Sánchez en su escrito de alegatos, como se refiere en el apartado correspondiente de este escrito.

Como puede apreciarse, no reporta estudios de grado posterior a los de licenciatura en Derecho, que es el requisito mínimo que exige la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios para poder ser magistrado, ni otros relacionados directamente con la materia agraria, que es precisamente sobre la cual tiene la obligación de impartir de justicia, por lo que este aspecto de la evaluación arroja resultados no satisfactorios.

IV. Sanciones por falta grave, quejas administrativas y auditoría.

Respecto al criterio de evaluación que establece el artículo 121, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativo a que el servidor público que se evalúa no haya sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, del expediente del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez se advierte que le fueron promovidas 2 quejas, una de ellas se archivó por falta de elementos y la otra resultó improcedente.

Por lo que hace a las auditorías practicadas a los Tribunales Unitarios a los que estuvo adscrito, la Contraloría del Tribunal reporta que le fueron practicadas 5 auditorías y en ninguna de ellas le fueron formuladas observaciones que solventar o que hubieren implicado algún tipo de responsabilidad directa para el Magistrado Sergio Sánchez.

Audiencia al Magistrado Sánchez Martínez

Los elementos conforme a las cuales se ha evaluado el de-sempeño del Magistrado Sánchez, obran en su expediente personal, cuya copia certificada le fue entregada con la notificación del inicio de su procedimiento de ratificación en términos de la ejecutoria que le otorgó el amparo, concediéndole un término de diez días para que alegara lo que a su derecho conviniera y presentara pruebas.

Otorgada la garantía de audiencia de conformidad con el artículo 14 constitucional, el C. Sergio Agustín Sánchez Martínez formuló alegatos, mediante escrito de fecha 22 de noviembre que fue presentado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el 24 de noviembre. En esencia, en el escrito referido se alega lo siguiente.

En la primera parte se hacen afirmaciones tendentes a desvirtuar el contenido del dictamen de fecha 1 de noviembre de 2004, que sustentó la propuesta de no ratificación formulada anteriormente respecto del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez, no obstante que éste se dejó insubsistente por el Ejecutivo Federal, mediante escrito presentado al Presidente de la Cámara de Senadores de fecha 26 de agosto de 2010, en términos de la ejecutoria que le concedió el amparo, citada en el apartado de antecedentes.

Así, toda vez que los alegatos referidos se encuentran encaminados a desvirtuar el dictamen que ha quedado insubsistente, y no se refieren a las documentales que integran el expediente del presente procedimiento de ratificación, son inoperantes para desvirtuar los elementos objetivos proporcionados por el Tribunal Superior Agrario para la presente evaluación.

Por lo que hace a los demás alegatos, en lo relativo a las cargas de trabajo, se indica que hubo un incremento importante, señalándose el número de asuntos ingresados y atendidos, lo que arrojó el número de asuntos que se encontraban en trámite al momento de la conclusión de los cargos. Respecto de la excitativa de justicia que se declaró fundada, se señala que no correspondió al periodo de actuación del magistrado, dado que su incorporación al Tribunal del Distrito 22 ocurrió el 2 de enero de 1999, en tanto que la excitativa fue resuelta el 23 de enero.

En relación con los resultados de las visitas de inspección, el Magistrado señaló que se refieren a omisiones que acontecen en todo quehacer humano que, sin tratar de minimizarlas, se admiten y se subsanan y se afirma que jamás fueron significativas o trascendentes en la actuación del tribunal y que se debieron las más de las veces a la carencia del personal y se atendieron. No obstante lo alegado, a juicio del Ejecutivo Federal a mi cargo, las recomendaciones y observaciones que le fueron formuladas no pueden considerarse insignificantes o intrascendentes por su impacto directo en la impartición de justicia, por las razones expuestas en el apartado correspondiente de este escrito. Asimismo, la afirmación hecha de que las observaciones se admiten y se subsanan, se contrapone con las actas que derivaron de las actas de visita, en las que consta, por lo que hace al rezago agrario, que le fue reiterada la recomendación de abatirlo seis meses después de habérsele formulado originalmente.

Respecto de las itinerancias, se alega que es falso que las programadas en el Distrito 45 no se hayan realizado, ya que se llevaron a cabo las dos programadas y se acompaña copia simple del libro de gobierno del Tribunal para demostrar su dicho. No obstante, nada se dice respecto de las demás jornadas programadas y no efectuadas, que constan en el expediente proporcionado por el Tribunal Superior Agrario.

Finalmente, se señala en el escrito de alegatos que el magistrado no asistió a cursos de actualización o especialización porque el propio Tribunal no los tiene establecidos y los impartidos por instituciones de enseñanza superior en los lugares en donde le tocó fungir, sólo hubiese sido posible en Chihuahua, aunque no se impartían actualizaciones en materia agraria ni acordes a la función jurisdiccional de los Tribunales agrarios, además de que el trabajo absorbente de los magistrados agrarios impide tener tiempo para esas actividades. Sobre este particular, a juicio del Ejecutivo Federal son insuficientes los argumentos referidos para justificar la falta de cursos de actualización o especialización, ya que al ser uno de los requisitos que deben considerarse en la evaluación para la ratificación, debe entenderse que es deber de cada magistrado procurarse los medios idóneos de actualización o especialización, independientemente de las cargas de trabajo y restricciones de otra índole, máxime, cuando el periodo que se evalúa fue de 6 años.

Por lo que se refiere a las pruebas aportadas en el escrito de alegatos, se trata de elementos que no controvierten o desvirtúan la información especifica que obra en las documentales que integran el expediente, cuya copia certificada tuvo a la vista el Magistrado Sánchez, ni fueron estrechamente vinculadas a alguno de los elementos objetivos con los que se contó para hacer la evaluación correspondiente.

Es de señalarse que del análisis y valoración de las pruebas que aportó el Magistrado Sergio Agustín Sánchez, éstas carecen de alcance demostrativo que permita invalidar la información remitida por el Tribunal Superior Agrario, pues consistieron en copias simples de los siguientes documentos:

1. Copia simple de las fojas 009 y 011 del Libro de Gobierno del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45 con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, acompañadas de una certificación presentada en copia simple de fecha 26 de octubre de 2004, suscrita por la Licenciada Argelia Griselda Lío Eng, Secretaria de Acuerdos de dicho tribunal, en las que aparecen registrados 7 asuntos en los rubros de fecha de entrada; número de juicio; antecedentes; promovente/actor; demandado; materia; prevención; auto de radicación, admisión o desechamiento; emplazamiento o notificación; información que con independencia de su veracidad, notoriamente carece de fuerza para demostrar cuestiones adicionales a los hechos ahí consignados y que resulta insuficiente para desvirtuar las documentales que tuvo a la vista el Magistrado evaluado.

2. Cinco fojas presentadas en copias simples . que contienen diversa información respecto a los Tribunales Unitarios en las que ha estado adscrito el magistrado Sergio Sánchez, mismas que registran los siguientes rubros; asuntos ingresados y resueltos, impugnaciones a resoluciones, excitativas de justicia, quejas, itinerancia y juicios de amparo. Del análisis realizado a dicha información, se desprende que las primeras 3 fojas están foliadas de la página 3 a la 5, y las últimas dos páginas no contienen folio numérico alguno. Por otra parte, la totalidad de las documentales presentadas carecen de nombre y firma que permitan identificar al servidor público que expidió dicha información.

Al tratarse de copias fotostáticas, éstas carecen de valor probatorio, pues no se apoyan en algún otro medio de prueba, además de que con ellas no se acreditaron en forma efectiva los extremos contenidos en el escrito de alegatos del servidor público evaluado, respecto de los puntos que se evalúan en el presente dictamen.

Ahora bien, es importante destacar que el Magistrado ofreció también como pruebas, lo actuado en el expediente relativo al juicio de amparo 1830/2004, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y en la página 4 de su escrito de alegatos, hace referencia al diverso 1695/2002, radicado en el mismo Juzgado, sin embargo, dichas pruebas no fueron acompañadas al escrito de alegatos en el presente procedimiento y no puede inferirse la obligación del Ejecutivo Federal de recabarlas del lugar donde se encuentren, por el sólo hecho de ser parte en dichos juicios.

Por todo lo anterior, se advierte que los elementos probatorios aportados por el Magistrado, a juicio del Ejecutivo Federal, no son aptos para desvirtuar los hechos que constan en las documentales materia de este procedimiento, por no estar vinculados estrechamente a ellos y atendiendo a su propio contenido.

No obstante lo expuesto, al ser ese órgano legislativo el titular de la potestad de designar a los magistrados y ratificarlos, le corresponderá en ejercicio de sus atribuciones constitucionales valorar en sus méritos las documentales que conforman el expediente del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez, así como los alegatos y pruebas presentadas por éste para resolver en definitiva sobre su ratificación o no ratificación en el cargo de magistrado agrario.

Propuesta

El análisis y valoración del expediente del Magistrado expuso resultados negativos, pues su ejercicio jurisdiccional y administrativo no se ha llevado a cabo en apego a los principios de excelencia profesional y diligencia que deben regir la impartición de justicia en México, acorde a lo expuesto y razonado en los numerales I, II, III y IV del presente. Fundamentalmente por lo que hace a los resultados obtenidos en los rubros concernientes a visitas de inspección y grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente, recursos de revisión, productividad, deficiente realización de las jornadas de justicia itinerante, como por las razones expuestas en el presente escrito, que llevan a la conclusión del Ejecutivo Federal de que el Lic. Sergio Agustín Sánchez Martínez no es la persona idónea para desempeñar el cargo de magistrado agrario.

A este respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Revisión Administrativa 2/97, que dio lugar a la tesis del rubro “JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. SU RATIFICACIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”, señaló que para decidir la no ratificación en el cargo de Magistrado, resulta suficiente que se actualice el aspecto negativo de alguno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que ello determinará la estimación de un mal desempeño en la labor encomendada y que se sostenga que el juzgador no respetó alguno de los principios que rigen la carrera judicial, sin que lo anterior implique, desde luego, que en caso de actualizarse el aspecto negativo de diversos elementos, la resolución de no ratificación se apoye en todos ellos a efecto de dar mayores fundamentos al dictamen relativo. En cambio, para la emisión de una decisión de ratificación en el cargo de Magistrado, sí resulta indispensable que se actualicen los aspectos positivos de todos y cada uno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que de ello se pueda determinar que el administrador de la Justicia Federal en su actuación diaria respetó los principios que rigen la carrera judicial.

Los criterios contenidos en la resolución referida, aprobada por unanimidad de votos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplicables por analogía al presente procedimiento, llevan al Ejecutivo Federal a mi cargo a la convicción de que al actualizarse aspectos negativos en los rubros evaluados sobre el desempeño del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez, como se ha expuesto en el presente, no es la persona idónea para seguir desempeñando el cargo a través de la ratificación, por lo que con fundamento en los artículos 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de aplicación supletoria al caso, se propone su no ratificación como Magistrado de Tribunal Unitario Agrario.

Corresponderá a esa instancia legislativa resolver en definitiva sobre la ratificación del Magistrado Sánchez Martínez, por lo que para el análisis y valoración respectiva, acompaño toda la documentación que he tenido a la vista, tanto la remitida por el Tribunal Superior Agrario, como la presentada por el propio Magistrado evaluado, y que sirvió de base para el presente, convencido de que la colaboración entre los Poderes de la Unión contribuye de manera decidida a fortalecer y consolidar las instituciones del Estado, entre ellas la de los órganos jurisdiccionales que imparten la justicia agraria.

Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil diez.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número PRO- 15089, el Consejero Hugo Juárez Carrillo, director de Acreditación e Inmunidades, encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que Wilhelm Lee Kraft Wilpers pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemania en la ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, con circunscripción consular en el estado de Guerrero.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y de la constancia de residencia; copia certificada de la carta de naturalización mexicana de dicha persona; así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento, formulada por la Embajada de la República Federal de Alemania.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-01749/10, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Martha Isabel Chávez Silva.

Puesto:Asistente.

Lugar de trabajo:Embajada Real de Tailandia en México.

Nombre:María del Carmen Samano López.

Puesto:Auxiliar administrativo.

Lugar de trabajo:Embajada de Brasil en México.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre:Raymundo Guzmán Cisneros.

Puesto:Supervisor de grupo de choferes.

Lugar de trabajo:Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 8 de noviembre de 2010.— Licenciado Julián Hernández Santillán (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-·01799/10, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Graciela Alejandra Sandoval Maas.

Puesto: Operador de teléfono.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Nombre: Beatriz Liliana Rivera Reyes.

Puesto: Asistente de Visas.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Roberto Centeno Blanco.

Puesto: Conductor.

Lugar de trabajo:Embajada de la República de Nicaragua en México.

Nombre: Jorge Arturo García Gutiérrez.

Puesto: Chofer/mensajero.

Lugar de trabajo:Embajada de la República de Haití en México.

Nombre: Sergio Igor Almazán Dávila.

Puesto: Oficial de Prensa.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Betsabé Álvarez Muñoz.

Puesto: Gerente de Recursos Humanos y oficial adjunta de Administración.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Prana Álvarez Rivas.

Puesto: Asistente de Servicios Corporativos.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre:Mónica Buitrón Bravo.

Puesto: Oficial de Proyectos.

Lugar de trabajo: Embajada del Re no Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Sagra Margarita Clorio Jessel.

Puesto: Agregado adjunto de Comercio e Inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Patricia Ytalivi Cordero Rosas.

Puesto: Oficial de Prensa y Comunicación.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Mónica Patricia Cortina Peresola.

Puesto: Asistente de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Victoria Guadalupe Correa Delgado.

Puesto: Personal de limpieza.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: María Teresa Correa Delgado.

Puesto: Personal de limpieza.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Eurídice Jael Durán López.

Puesto: Oficial consular regional.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Alejandra Cristina Espinosa Mendoza.

Puesto: Agregado de Comercio e Inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Lucía Espejel Gómez.

Puesto: Gerente de Proyectos.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Édgar Ignacio Fernández Montoya.

Puesto: Asistente consular.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Lorena Berenice González López.

Puesto: Oficial de Política de Cambio Climático.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: José Elías Guzmán Martínez.

Puesto: Jardinero y asistente de Mantenimiento.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Adrián Herrera Sotelo.

Puesto: Agregado adjunto de Inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: María de Lourdes Huelgas Plaza.

Puesto: Agregado adjunto de Comercio e Inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Paola Jiménez Vázquez.

Puesto: Agregado adjunta de Comercio e Inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Diana León Treviño.

Puesto: Oficial de Comercio e Inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Michelle Rosalía Lezama Díaz.

Puesto: Asistente de Contabilidad.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Edgar López Zuazua Carmona.

Puesto: Administrador de Sistemas.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Antonio Meléndez Adell.

Puesto: Asistente de Prensa y Comunicación.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Irasema Mendoza Martínez.

Puesto: Agregado de Comercio e Inversión.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Magaly Palacios Morales.

Puesto: Gerente de Internet.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Gabriela Carolina Pereda Domínguez.

Puesto: Oficial de Cambio Climático.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Jenefer Pineda Verhoogh.

Puesto: Oficial de Cambio Climático.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Oralia Paulina Piña Reyes.

Puesto: Gerente de Bases de Datos y Apoyo Administrativo.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Francisco Javier Ponce Castanedo.

Puesto: Encargado de Diseño y Mercadotecnia.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Lucero Bibiñe Oropeza Aguilar.

Puesto: Empleado.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Cynthia Ortiz Mildare.

Puesto: Asistente personal.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Jéssica Román Ramírez.

Puesto: Oficial administrativo del Dialogo de Desarrollo Sustentable.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: María Abigail Sandoval Elizondo.

Puesto: Asistente Personal de la Embajadora

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Lizbeth Segundo Juárez.

Puesto: Recamarera para la residencia de la embajadora.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: María del Pilar Tristán Martínez.

Puesto: Asistente Personal

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Laura Patricia Torres Limón.

Puesto: Asistente de Visas.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Isaac Álvaro Vargas Arroyo.

Puesto: Director de Inversiones.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Ariadna Cecilia Villalobos Gutiérrez.

Puesto: Asistente de Logística

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Édgar Zepeda Hernández

Puesto: Contador.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento y cartas de naturalización que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 18 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-1844/10, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Patricia Frías Moreno.

Puesto: Secretaria y asistente del embajador.

Lugar de Trabajo: Embajada de la República Islámica de Irán.

Nombre: Ileana Rivera Muciño.

Puesto: Asistente del Programa de Seguridad Portuaria y Fronteriza.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Cecilio Miguel Montero Marín.

Puesto: Empleado de mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Juan Carlos Zúñiga Flores.

Puesto: Guardia en la Oficina Regional de Seguridad.

Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Iván Joel Adrián Espinosa Hernández.

Puesto: Asesor senior en asuntos políticos, prensa y cultura.

Lugar de Trabajo: Embajada del Reino de los Países Bajos en México.

Nombre: Patricia Simpson Valadez.

Puesto: Asesora económica.

Lugar de Trabajo: Embajada del Reino de los Países Bajos en México.

Nombre: Miriam Vera López.

Puesto: Asistente ejecutiva.

Lugar de Trabajo: Embajada del Reino de los Países Bajos en México.

Nombre: Alma Rosa Soto González.

Puesto: Asesora Comercial.

Lugar de Trabajo: Embajada del Reino de los Países Bajos en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los cuales solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1918/10, Amparo Solano Garrido, directora general adjunta, encargada de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Salvador Villaseñor Ortega.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo:Embajada de la República Federativa de Brasil en México.

Nombre: Gabriel Navarro Pesquera.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Embajada de la República Federativa de Brasil en México.

Nombre: Jesús Solares Escalante

Puesto: Personal de limpieza.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: María Antonieta Castro Cosío.

Puesto: Líder de proyecto desarrollo sustentable.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Mario Alberto Ortiz Carmona.

Puesto: Operador telefónico.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Gabriela Peña Roja Macías

Puesto: Oficial de Mercadotecnia y Comunicación.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), ttular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1941/10, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: María Cristina Navas de Torre.

Puesto: Agregada cultural ad honorem.

Lugar de trabajo: Embajada de la República de Guatemala en México.

Nombre: Sergio Mauricio Chávez Hernández.

Puesto: Encargado de relaciones públicas.

Lugar de Trabajo: Embajada de Kuwait en México.

Nombre: José Luis Franco Montealvo.

Puesto: Empleado de relaciones públicas.

Lugar de trabajo: Embajada de Kuwait en México.

Nombre: Ricardo Tapia Órnelas.

Puesto: Ayudante administrativo.

Lugar de Trabajo: Embajada de Kuwait en México.

Nombre: Dan Cristhian Isai Ríos Martínez.

Puesto: Auxiliar en la agencia consular.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: Marisol Peralta Pérez.

Puesto: Chef.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Yeimi Jiménez Sánchez.

Puesto: Recamarera.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Luis Felipe Andrade García.

Puesto: Jardinero.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Emmanuel Greco Posadas Andrews.

Puesto: Economista.

Lugar de Trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Érick Estrada Aguilar.

Puesto: Mayordomo-chef.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se mal icen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Zugey Iribe Osuna.

Puesto: Empleada de visas temporales.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1972/10, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre:Andrea Alejandra Moreno Cabrera.

Puesto:Asistente de contabilidad.

Lugar de trabajo:Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Nombre:Juan Mario Nava García.

Puesto:Chofer.

Lugar de trabajo:Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Nombre:Rogelio González Santillán.

Puesto:Técnico electricista.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Nombre:Pedro Joab Elizondo Morales.

Puesto:Empleado de seguridad.

Lugar de trabajo:Consulado General de Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

Nombre:Jonathan Valdez Cadena.

Puesto:Coordinador de vigilancia.

Lugar de trabajo:Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre:María de Lourdes Castellanos Martínez.

Puesto:Supervisor motor pool.

Lugar de trabajo:Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Chilnta Eleni Vlachopoulou.

Puesto:Asistente de asuntos culturales.

Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Nombre:Isaura Fernanda Rebeca Ortega Naredo.

Puesto:Empleada.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.

Nombre: Adriana Guereca García.

Puesto:Visa clerk.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre:Gema Jiménez O' Farril Tirado.

Puesto: Participant training specialist.

Lugar de trabajo:Embajada de Estado Unidos de América, en México.

Nombre:Giselle Santos-Burgoa M.

Puesto:Health program management assistant.

Lugar de trabajo:Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Nombre:Graciela Torres González.

Puesto:Asistente administrativo.

Lugar de trabajo:Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 15662, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Alejandro Miranda Oceguera pueda aceptar y usar la Medalla de Servicio que le otorga el gobierno del Estado de Israel.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 15663, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Arturo López Sosa pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Naval Almirante Padilla que, en grado de Comendador, le otorga el gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 15664, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Arturo López Sosa, pueda aceptar y usar la Medalla Servicios Distinguidos a la Inteligencia Naval, que le otorga el gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0671, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/2518/10, suscrito por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los derechos humanos de los inculpados ex funcionarios públicos michoacanos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuradurá General de la República.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/3317/10, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta al Procurador General de la República y al Secretario de Seguridad Pública Federal a cumplir con el marco jurídico en materia de derechos humanos en relación con los inculpados, ex funcionarios públicos michoacanos detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y exhorta a ambos funcionarios a que den cumplimiento efectivo a la recomendación número 72/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en especial con los aspectos relacionados con la reparación del daño. Al respecto, me permito comentarle que esta Institución está dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 10 de noviembre de 2010.— Érika Santoyo Morales (rúbrica), directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0639, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCIN/2758/10 suscrito por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los sucesos ocurridos en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad con sede en Ixtepec, Oaxaca, el 23 de marzo de 2009.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuradurá General de la República.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/31.34/10, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que exhorta a las autoridades competentes para que, en el proceso penal que se sigue en contra de diversos usuarios del servicio público de energía eléctrica, con motivo de los sucesos de fecha 23 de marzo de 2009, en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad con sede en Ixtepec, Oaxaca, se realicen los diversos actos de autoridad en estricto apego y respeto a todas y cada una de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que dichas personas tengan acceso a una justicia pronta y expedita.

Al respecto, me permito comentarle que sobre los hechos que nos ocupan, el 6 de septiembre del año en curso de dictó sentencia por parte del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

México, DF, a 29 de noviembre de 2010.— Érika Santoyo Morales (rúbrica), directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

PRECIOS DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-61-II-2-626, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349.A. 1190, suscrito por Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al precio de fertilizantes para la producción agropecuaria e instrumentar de manera inmediata programas que contemplen precios fijos para los insumos de esta industria.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Hago referencia a su oficio número SEL/UEL/311/3117/10, de fecha 29 de septiembre de 2010, dirigido al Dr. Ignacio Quezada Morales, Coordinador de asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de La Unión:

Primero. Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de las Secretaría s de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a detener el aumento del precio de fertilizantes para la producción agropecuaria, e instrumentar de manera inmediata, programas en apoyo a los productores agropecuarios nacionales que regulen el mercado de estos insumos. Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informen 3 esta Soberanía sobre las acciones que realicen para detener el aumento de los precios de los insumos para la producción agro pecuaria”

Durante 2008, el precio del amoniaco registró alzas significativas. Ante ese escenario, se incorporó en la Ley de Pemex un apartado con el fin de promover la producción de ese insumo y buscar que llegara con precios fijos al agricultor, ya que la paraestatal es la única proveedora de ese fertilizante amoniaco en el país.

En noviembre de 2008 entró en vigor la nueva Ley de Pemex, donde se establece que la empresa debe ofrecer un precio fijo y accesible a los industriales, quienes trasladarían el beneficio él los agricultores.

Los objetivos del marco legal son que se recupere la producción nacional, ya que hoya aproximadamente 21 por ciento del consumo presente de amoniaco se debe cubrir con importaciones, y que los precios al agricultor sean accesibles y fijos pese a su volatilidad internacional.

Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios instrumentaron un esquema para ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco de aplicación directa como insumo en la producción agropecuaria un suministro estable y contratos a largo plazo, que contemplen precios fijos para los insumos de esta industria.

Para ello, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios utilizarán los mecanismos disponibles de coberturas de precios de gas natural, a los que se incorporará únicamente el costo de transformación del gas natural en amoniaco, así como el costo de manejo y entrega de amoniaco y del anhídrido carbónico.

A este esquema únicamente podrán acceder aquellos productores de fertilizantes o consumidores de amoniaco destinado a la producción agropecuaria que se adhieran a los lineamientos de operación que emita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

La ley define como responsables de este esquema a Pemex y Sagarpa, los cuales actualmente están revisando los esquemas para cumplir con los objetivos de apoyo al sector agropecuario.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Juan Manuel Pérez Porrúa (rúbrica), jefe de la Unidad.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

MINA PASTA DE CONCHOS

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-616, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/2517/10, suscrito por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la recomendación número 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa al caso de la mina Pasta de Conchos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/3319/10, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta al Procurador General de la República a aceptar la recomendación número 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa al caso de la mina Pasta de Conchos, me permito comentarle que el 21 de noviembre de 2008, esta institución brindó respuesta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de que no se aceptaba la recomendación, en virtud de que derivado de las investigaciones, los servidores públicos de esta Procuraduría no cometieron ninguna violación a los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, en lo relativo al ingreso a la mina 1a para determinar las causas de la explosión, esto no fue posible porque implicaba riesgos para la integridad física y la vida de quienes realizarían tal diligencia, razón por la cual no pudo continuarse con la integración de la indagatoria.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 1 de noviembre de 2010.— Érika Santoyo Morales (rúbrica), directora General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

ESTADO DE NAYARIT

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-846 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 353.A. 1489, suscrito por el doctor Francisco L. de Rosenzweig Mendialdua, director general Jurídico de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al proyecto de protección longitudinal del bordo en ambas márgenes del río San Pedro en la zona urbana de Tuxpan, Nayarit.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de diciembre de 2010.— José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

Hago referencia al oficio SEL/UEL/311/3011/10 de fecha 24 de septiembre de 2010, mediante el cual da a conocer al doctor Ignacio Quezada Morales, coordinador de asesores del secretario de Hacienda y Crédito Público, un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 23 de septiembre del presente año, referente a la “ Solicitud al Ejecutivo federal de realizar, mediante la Comisión Nacional del Agua, las obras de protección longitudinal del bordo en ambas márgenes del río San Pedro, en la zona urbana de Tuxpan, Nayarit”.

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 65-B del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adjunto se servirá encontrar la respuesta que, con base en el artículo 61 del citado ordenamiento, emitió la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos, respecte, del mencionado punto de acuerdo.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 17 de diciembre de 2010.— Doctor Francisco L. de Rosenzweig Mendialdua (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Rafael Fernández de Lara y Olivares, direcctor general adjunto de Análisis Jurídico

Hago referencia a la nota ejecutiva número 88, de fecha 20 de octubre del presente año mediante la cual, hizo del conocimiento de esta unidad administrativa el punto de acuerdo por el que “la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua y su Gerencia de Distritos de Temporal Tecnificado, a efecto de que con la mayor brevedad posible se concluya, valide y registre en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el proyecto de protección longitudinal del bordo en ambos márgenes del río San Pedro en la zona urbana de Tuxpan, Nayarit y se liberen los recursos para la ejecución urgente de las obras de construcción correspondientes, dado el alto riesgo de inundaciones que presenta la zona urbana de Tuxpan, y el consecuente peligro que corren sus habitantes”.

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 45 de su Reglamento y 61 del Reglamento Interior de ésta Secretaría, se informa que al día de hoy, la Unidad de Inversiones no ha recibido por parte de la Comisión Nacional del Agua, ninguna solicitud de registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (Cartera) correspondiente al “Proyecto de protección longitudinal del bordo en ambos márgenes del río San Pedro en la zona urbana de Tuxpan, Nayarit” con un monto total de inversión de 218 millones de pesos (proyecto).

No obstante lo anterior, se reitera el compromiso de esta unidad administrativa para que, una vez presentada la solicitud de registro en la cartera con el análisis costo y beneficio correspondiente al proyecto, ésta sea atendida dentro del término establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de octubre de 2010.— Héctor López Leal (rúbrica), director general adjunto de Proyectos de Inversión B de la Unidad de Inversiones.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

TRATA DE PERSONAS

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-1930, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/2555/10 suscrito por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al delito de trata de personas a través de medios de comunicación impresos, electrónicos y cibernéticos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio SEL//UEL/311/3025/10, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a que, en coordinación con las autoridades de procuración de justicia busquen mecanismos que, sin vulnerar los derechos constitucionales, permitan examinar los contenidos de anuncios en medios de comunicación impresos, electrónicos y cibernéticos que promuevan servicios sexuales y de otro tipo, que pudieran ser vehículo para contactar posibles víctimas para la comisión del delito de trata de personas y demás delitos relacionados.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento, que en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres, se iniciaron investigaciones penales relacionadas particularmente con la promoción del comercio sexual en medios impresos de comunicación que pudieran vincular hechos de violencia contra las mujeres o trata de personas.

Igualmente, le informo que en seguimiento a las acciones que implican la investigación de esta clase de delitos, se participó en la reunión 240 del pleno de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de le Secretaría de Gobernación, en donde se expusieron cuáles han sido los medios de contacto o enganche utilizados por los delincuentes, a través de los anuncios y clasificados que aparecen en los medios impresos, tales como periódicos y revistas, en los que se ofrecen, entre otros, oportunidades de trabajo con ganancias engañosas, acompañamientos y masajes, mismos que han sido detectados a través de las investigaciones ministeriales conducente.

Asimismo, se solicitó a la mencionada Comisión Calificadora, apoyo para establecer mecanismos de control sobre estos anuncios, que permitan identificar plenamente a los contratantes de tales espacios. Por otra parte, se exhortó a que se publiquen “alertas” o “leyendas” que adviertan a los lectores de los posibles delitos de los que podrían ser víctimas; sobre este aspecto, se aportaron diversas ideas para establecer las alertas en las publicaciones, así como para la identificación de casos probablemente delictivos en el contrato del anuncio.

Los integrantes de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas e invitados de la Asociación Mexicana, de Editores de Periódicos, A.C., manifestaron su preocupación por este fenómeno y su total disposición de colaborar con la Procuraduría para buscar los mecanismos de control para la publicación de estos tipos de anuncios.

Derivado de esta reunión, se acordó

• Apoyo de los medios impresos a la fiscalía para combatir este delito.

• Generar reuniones con organizaciones, empresas, asociaciones civiles, e instancias gubernamentales vinculadas con el tema, para sensibilizar sobre la trata de personas. Entre estas posibles reuniones la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, AC, extendió invitación a un representante de Fevimtra para participar en su reunión nacional (noviembre 2010).

• Reuniones de trabajo con la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas y Dirección General de Medios Impresos, ambas de la Secretaría de Gobernación para la detección de posibles de casos de trata de personas.

Como se aprecia, esta representación social está avocada a la investigación de hechos relacionados con la promoción de actos de índole sexual en medios de comunicación impresos y electrónicos, además de que existe coordinación entre los actores públicos involucrados en el diseño e implementación de mecanismos que faciliten la alerta en la promoción de anuncios en medios de comunicación escritos y electrónicos, que pudieran ser vínculo cara la ejecución de delitos del orden federal, particularmente de trata de personas o conexos, así como acciones de prevención en la contratación de esa clase de anuncios.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 9 de noviembre de 2010.—Érika Santoyo Morales (rúbrica), directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

JUAN RANULFO MARTINEZ PEREZ

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-2163, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/2763/10 suscrito por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al caso de Juan Ranulfo Martínez Pérez.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/3485/10, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Poder Judicial Federal, a revisar y resolver en estricto cumplimiento del derecho, el caso de Juan Ranulfo Martínez Pérez.

Sobre el particular, me permito comentarle que el asunto se encuentra radicado bajo la causa penal 86/2005 en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, instruida por el delito de violación a la Ley General de Población, en la que se ha declarado cerrada la etapa de instrucción y se está en la espera de la formulación de las conclusiones correspondientes, acto procesal, inmediatamente anterior, al pronunciamiento de sentencia.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 30 de noviembre de 2010.— Érika Santoyo Morales (rúbrica), directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

AGUACATE

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-534, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112/ 00005987, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, en alcance a nuestro diverso número 112/5616, en el que se exhorta a esta secretaría a aplicar acciones integrales de fomento y protección de los ecosistemas forestales en y fuera de las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, con objeto de detener el cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales, en especial por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán; anexo al presente copia del oficio número CGPP-1230/10, suscrito por maestro en ciencias Sergio Humberto Graf Montero, coordinador general de Producción y Productividad de la Comisión Nacional Forestal, a través del cual, en el ámbito de su competencia, da respuesta al punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 23 de diciembre de 2010.— Licenciada Raquel Ramírez Parra (rúbrica), directora.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciada Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Adjunta de Legislación y Consulta.— Presente.

Hago referencia a su oficio número 112/00004692, de fecha 25 de octubre de 2010, mediante el cual hace del conocimiento sobre el exhorto de la Cámara de Diputados referente a la aplicación de acciones integrales de fomento y protección de los ecosistemas forestales dentro y fuera de las áreas naturales protegidas (ANP) de jurisdicción federal, con objeto de detener el cambio ilegal de uso de suelo en terrenos forestales, por lo que me permito informar de las acciones que se están aplicando:

1. Mediante el Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) se están protegiendo y conservando a nivel nacional un total de 2.2 millones de hectáreas dentro y fuera de las áreas naturales protegidas, lo anterior considerando el periodo de 2007 a 2010.

2. Bajo el esquema de fondos concurrentes de PSA y con el apoyo de las contrapartes se han logrado incorporar en el mismo periodo 151 mil 538.73 hectáreas, de las cuales 60 mil hectáreas están dentro del 15 ANP.

3. Se está operando el Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas, apoyando 28.5 mil hectáreas que se ubican dentro y fuera de áreas naturales protegidas.

4. Con el recurso proveniente del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, la meta es incorporar 460 mil hectáreas para la conservación y protección de los ecosistemas forestales.

5. Se están programando acciones especiales en 10 zonas prioritarias para la conservación y restauración de 4.3 millones de hectáreas, de las cuales 1.2 se distribuyen en 36 ANP y sus zonas de influencia.

6. Por último, en lo que se refiere a las plantaciones de aguacate en Michoacán, le informo que en dicha entidad federativa se están protegiendo y conservando mediante el esquema de pago por servicios ambientales 46 mil hectáreas.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Zapopan, Jalisco, a 8 de diciembre de 2010.— Sergio H. Graf Montero (rúbrica), coordinador general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

PROGRAMAS TELEVISIVOS

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-618 signado por los Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SG/SNM/CAJ/72/2010, suscrito por la licenciada Griselda Guadalupe Gutiérrez Mora, coordinadora de asesores en materia jurídica de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los horarios de las transmisiones televisivas, a fin de que no atenten contra el desarrollo bio-psicosocial de las niñas, niños y adolescentes del país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/3374/10, a través del cual remite para nuestro conocimiento el oficio número D.G.P.L. 61-II-4-618, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por medio del que comunican el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el pasado 12 de octubre.

Al respecto, me permito informar que mediante similar número DG/10854/010-01, que se agrega en copia para pronta referencia, el director general de Radio, Televisión y Cinematografía, da respuesta al punto de acuerdo en comento.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de diciembre de 2010.— Licenciada Griselda Guadalupe Gutiérrez Mora (rúbrica), coordinadora de asesores en Materia Jurídica.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Héctor Villarreal Ordoñez, Subsecretaría de Normatividad de Medios.— Presente.

Me refiero al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-618, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que comunican a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el pasado 12 de octubre, en el sentido siguiente:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios y de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía vigile y verifique que los programas y las transmisiones televisivas se mantengan en cumplimiento de los horarios a fin de que éstos no atenten contra el sano desarrollo bio-psicosocial de las niñas, los niños y adolescentes del país”.

Sobre el particular y en alcance al correo electrónico de fecha 3 de diciembre, nos permitimos hacer de su conocimiento que tomamos debida nota del valioso contenido del acuerdo de esa soberanía y en estricta observancia de las atribuciones legales conferidas a esta dependencia del Ejecutivo federal estaremos atentos del cumplimiento a la normatividad aplicable por parte de las con cesionarias y permisionarias de televisión por lo que hace al respeto de las clasificaciones de programas que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía otorgue en ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias que tiene conferidas e iniciando las acciones legales que en su caso sean procedentes.

Lo anterior se hace de su conocimiento para que por su amable conducto, se informe a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la atención del exhorto hecho en el acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de diciembre de 2010.— Licenciado Álvaro Luis Lozano González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Gobernación, para su conocimiento.

COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2391, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1162 suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la reactivación de la Compañía Mexicana de Aviación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/4072/10 con el que hizo llegar el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobado en la sesión del 7 de los corrientes, mediante el cual se solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y del Trabajo y Previsión Social, información relativa al proceso de reactivación de Compañía Mexicana de Aviación (Mexicana) y a la oferta presentada por PC Capital, además de exhortar a dichas autoridades para que actúen con transparencia e imparcialidad.

Al respecto, se toma conocimiento de dicha exhortación y por lo que hace al ámbito de competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se informa lo siguiente:

Como se sabe, ante la compleja situación financiera de Mexicana, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el DF, aceptó la solicitud de concurso mercantil de ésta y sigue en curso dicho procedimiento jurisdiccional, lo que ha permitido abrir una etapa para conciliar con los acreedores el pago de los pasivos correspondientes y evitar así la quiebra, con todas sus implicaciones jurídicas, económicas y sociales.

En este sentido, la STPS ha mantenido múltiples reuniones de trabajo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA); la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA); el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS); el administrador de Mexicana; el conciliador del concurso mercantil de la aerolínea; los representantes de algunos grupos de inversionistas, y con diversas dependencias del gobierno federal.

El propósito de las reuniones ha sido coordinar los esfuerzos en la búsqueda de alternativas de solución a la problemática de la empresa, con la participación de nuevos inversionistas bajo un nuevo plan de negocios que permita la reestructura y viabilidad de la empresa, a fin de que ésta reinicie operaciones y se conserven las fuentes de empleo, en la medida de lo posible.

Desde un principio, la STPS promovió buscar objetivos comunes para lograr un diálogo franco y directo en el que se identificaran las coincidencias y se dejaran de lado las diferencias. Particularmente, se insistió en que cualquier acuerdo que se pretendiera alcanzar entre la administración de la empresa con los sindicatos, debía apegarse en todo momento a la legislación laboral vigente, por lo que se rechazó la posibilidad de que los trabajadores fueran liquidados en términos inferiores a los establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Como parte de las negociaciones con los posibles inversionistas en las que ha participado la STPS y la Secretaría de Comunicaciones Transportes, los sindicatos implicados mostraron amplia disposición para suscribir nuevos contratos colectivos de trabajo a fin de lograr la competitividad necesaria, incluso estuvieron de acuerdo en llevar a cabo el ajuste de personal necesario con el objeto de adecuarse a una nueva empresa sensiblemente menor en tamaño y en costos.

En este tenor, el 10 de noviembre pasado, el conciliador designado y el administrador de Mexicana comunicaron públicamente que entre las propuestas para reestructurar a la empresa, consideraron la de PC Capital como la más viable, la cual fue aceptada posteriormente por los sindicatos involucrados.

Conforme a lo anterior, el 8 de diciembre de 2010 se llevó a cabo una reunión en la STPS, presidida por el Titular de la propia Dependencia, en la que, conforme al plan de negocios de PC Capital, las representaciones de los sindicatos ASSA, ASPA y SNTTTASS rubricaron los acuerdos y otros documentos que servirán de base para que, en su momento, se establezca formalmente una nueva relación laboral colectiva en Mexicana, los cuales fueron puestos a resguardo de la STPS. Se emitió el boletín de prensa número 186 de la STPS (www.stps.gob.mx).

Con todo ello y gracias al esfuerzo de los trabajadores de los tres gremios, que mostraron una gran actitud para sacar adelante la negociación, a sabiendas de los enormes sacrificios que representaban, la problemática laboral en este asunto ha quedado prácticamente superada, de manera que se da certidumbre a los nuevos inversionistas para facilitar los avances en el resto de las negociaciones que sobre otros rubros se llevan a cabo y poder así reactivar la operación de la aerolínea y evitar su quiebra.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 21 de diciembre de 2010.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Transportes, de Comunicaciones y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

EMPLEO

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-581, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1163, suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los cursos de acción para reactivar los programas productivos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3129/10, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del 28 de septiembre del presente año, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales a reestructurar los cursos de acción para impulsar y reactivar los programas productivos, incorporando a los profesionistas que siendo titulados no tienen empleo.

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar las acciones que en torno al tema en comento, ha realizado esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto con apego al contenido del Programa Sectorial 2007-2012, como a las competencias del Sistema Nacional de Empleo:

A) Programa Sectorial del Trabajo y Previsión Social 2007-2012.

Objetivo 4: Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal.

Estrategia: Fomentar la inserción laboral de los jóvenes estudiantes y egresados de educación media y superior, a través de las líneas de acción:

1. Promover la adopción de un Modelo de Vinculación Educación-Empresa desarrollado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en las instituciones de educación media y superior; y

2. Conformar órganos plurales e incluyentes que fortalezcan la relación educación-empresa.

Bajo este tenor, las acciones instrumentadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, son:

1. Acciones de vinculación: Articulan la oferta educativa con la demanda laboral y facilitan el tránsito de los jóvenes de la escuela al trabajo. Para ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha instalado y opera las comisiones de vinculación educación-empresa, en cada entidad federativa, que son espacios de diálogo permanentes entre las instituciones educativas y las empresas, para apoyar las necesidades y demandas de los sectores educativo y productivo.

El trabajo de estas comisiones se orienta a

• Fomentar el flujo de información, conocimientos y herramientas tecnológicas pertinentes a las necesidades del sector productivo;

• Dotar a las futuras generaciones de competencias laborales que les faciliten el ingreso, la permanencia y promoción en un empleo, así como ser generadores de empleo; y

• Favorecer las condiciones de competitividad local, regional y nacional protegiendo los derechos de los trabajadores.

2. Fomento de la Empleabilidad de los egresados: Apoya el trabajo de las comisiones a partir de un modelo de vinculación educación-empresa, que permite identificar las necesidades del sector productivo en materia de formación de capital humano, a través de la determinación de las carreras críticas acordes al entorno productivo local.

Asimismo, el modelo logra una mayor y mejor empleabilidad de los egresados a través de diversos mecanismos como pasantías, prácticas profesionales, incubadoras de empresas, entre otras.

Con estas acciones las jóvenes y los jóvenes egresados de educación media y superior tienen más competencias profesionales para ingresar al mercado de trabajo, o en su caso, iniciar una empresa con bases sólidas.

B) Servicio Nacional de Empleo

Asimismo, a través de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, que opera el Servicio Nacional de Empleo (SNE), brinda a la población servicios de información, vinculación y orientación ocupacional, así como apoyos económicos y de capacitación e Instrumenta estrategias de movilidad laboral Interna y externa.

Así, mediante el SNE se ofrece un catálogo diverso de modalidades de apoyos, para la población en general, destacando en la atención a jóvenes, principalmente recién egresados, los siguientes:

a) Bolsa de trabajo: proporciona orientación laboral para analizar las posibilidades de la postulación de los solicitantes a las vacantes registradas y apoya a las empresas para llevar a cabo un adecuado proceso de reclutamiento y selección del personal. El 56 por ciento de los solicitantes atendidos en la Bolsa de Trabajo del SNE son jóvenes de entre 19 y 29 años de edad, mientras que el 30 por ciento de las vacantes registradas corresponden a ese rango de edad.

b) Portal del Empleo: es la bolsa de trabajo electrónica más grande de México (www.empleo.gob.mx) que concentra la oferta y demanda laboral existente en el país. El 52 por ciento de las vacantes publicadas están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 29 años de edad, mientras que el 71  por ciento de los candidatos registrados se encuentran en este mismo rango. De igual forma cabe destacar en este punto que, gracias a la coordinación que se tiene con el Instituto Mexicano de la Juventud, se han publicado en el Portal del Empleo, más de 19,000 vacantes dirigidas específica mente a jóvenes.

c) Ferias de empleo: Es un mecanismo directo, ágil y oportuno para propiciar el encuentro entre oferentes y demandantes de empleo, el cual reduce costos y tiempo en el proceso de búsqueda de empleo y reclutamiento, buscando vincular prioritariamente con el sector productivo a jóvenes profesionistas y técnicos. El 60 por ciento de la población atendida a través de este esquema son jóvenes de entre 19 y 29 años de edad.

d) Programa de Becas a la Capacitación: es un subprograma que ofrece apoyos para la capacitación en y para el trabajo por parte de los buscadores de empleo, con la finalidad de que mejoren sus capacidades productivas y logren vincularse al mercado de trabajo. Más del 60 por ciento de las personas atendidas a través de este esquema son jóvenes de entre 16 y 30 años de edad, particularmente recién egresados.

e) Observatorio Laboral Mexicano: es un instrumento diseñado específicamente para jóvenes, el cual se encarga de la difusión de información laboral y orientación ocupacional, a fin de promover una adecuada transición escuela-trabajo y facilitar la inserción de los jóvenes a empleos dignos y con mayor productividad.

Finalmente cabe mencionar que, la iniciativa de reforma laboral fomenta el empleo de los jóvenes, especialmente quienes incursionan por primera vez al mercado laboral, a través de nuevas modalidades de contratación, trabajo por hora y prestaciones de seguridad social, la inclusión de productividad como objetivo de las empresas, la eliminación del escalafón ciego, la multihabilidad obligatoria, la prohibición de la exigencia de certificados médicos de ingravidez por parte de los patrones, así como la sanción del despido por embarazo, cambio de estado civil o por tener al cuidado hijos menores, y la tipificación como delito de la contratación de menores de 14 años fuera del círculo familiar, entre otros.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2010.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

ESTADO DE YUCATAN

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2237, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 511.2/4181, suscrito por Jesús Antonio Berumen Preciado, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la implantación del proyecto “rehabilitación y recuperación de playas en franja costera de Chuburna Puerto- Yucalpeten, en el municipio de Progreso, Yucatán”.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Asunto:Hago referencia al oficio número SEL/UEL/311/ 3626/10, mediante el cual la unidad a su digno cargo informa a esta dirección general que mediante oficio número D.G.P.L.61-11-9-2237, la honorable Cámara de Diputados comunicó a esa secretaría el punto de acuerdo aprobado en el pleno de ese órgano legislativo en el que señala: Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se empleen recursos de los subejercicios del Presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, en el ramo 16, para la implantación del proyecto “rehabilitación y recuperación de playas de la franja costera de la Chuburna Puerto-Yucalpeten, en el municipio de Progreso, Yucatán”, el cual tiene un costo de ejecución de cincuenta y un millones ochenta mil pesos.

Fundamento:Artículo 7, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como artículo 34, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Solicitud:Al respecto, y de conformidad con el oficio circular número 307.A.- 6516, referente a los lineamientos complementarios para el cierre del ejercicio presupuestario de 2010, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, me permito informarle que no es posible dar atención al planteamiento realizado por la honorable Cámara de Diputados, en virtud de que en el citado documento la dependencia globalizadora señala en su numeral 7 que “a partir del 13 de diciembre, las dependencias y entidades sólo podrán tramitar adecuaciones presupuestarias para regularizar acuerdos de ministración o para rectificación del ejercicio de los recursos. No procederán las adecuaciones de reasignación presupuestaria”.

De antemano, agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de diciembre de 2010.— Jesús Antonio Berumen Preciado (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

EXPLOTACION LABORAL INFANTIL

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-627, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pineda Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1161 suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la explotación laboral infantil en los campos agrícolas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Maestro Julián Hernández Santillán, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3122/10, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del 28 de septiembre del presente año, relativo a salvaguardar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en los campos agrícolas, fortalecer las acciones para la prohibición de la explotación laboral infantil en todas sus formas, así como atender las causas estructurales que originan el fenómeno migratorio temporal y periódico de la población indígena y campesina y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los mismos, incluyendo la prohibición de explotación laboral infantil.

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido Punto de Acuerdo, siendo importante resaltar los siguientes aspectos:

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 indica en el eje 2, “Economía competitiva y generadora de empleos” ,específicamente en la estrategia 4.2, que “se otorgará atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad a partir de políticas focalizadas, particularmente en materia del trabajo temporal en el campo de grupos migratorios”.

Por su parte, el objetivo sectorial 7 del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007- 2012 señala que “es necesario instrumentar estrategias para la atención integral de los jornaleros agrícolas y sus familias, en atención a lo dispuesto en el eje rector 2, objetivo 4 de PND, el cual menciona que se fortalecerá la coordinación interinstitucional y la sinergia de programas gubernamentales para garantizar el acceso de la población jornalera agrícola a un trabajo digno; respeto a los derechos laborales y de seguridad y previsión social, y en condiciones de equidad, justicia y legalidad que permita el desarrollo individual, familiar y comunitario en sus lugares de origen, destino y en tránsito”.

Por lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instrumenta la política para la prevención del trabajo infantil y la protección de menores trabajadores en edad permisible, que contempla tres ejes:

1. Generar información estadística en forma periódica

Se ha considerado de vital importancia la generación de estadísticas periódicas en torno a la ocupación infantil en México. Con base en ello, se diseñó un módulo de trabajo infantil anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante 2007 y 2009, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el fin de medir la ocupación infantil de 5 a 17 años y con ello mejorar la focalización de las políticas públicas en la materia.

Con la aplicación de dicho Módulo, nuestro país cuenta por primera vez con datos comparables.

Los resultados entre 2007 y 2009 son los siguientes:

1. La población infantil de 5 a 17 años disminuyó -3.3 por ciento al pasar de 29.2 a 28.2 millones de 2007 a 2009.

2. El total de niños y niñas ocupadas en este rango de edad registró un descenso del-17.3 por ciento, pasando de 3.6 a 3 millones en el mismo periodo. La mayor disminución fue en los ocupados de 5 a 13 años con -23.1 por ciento, mientras que en el grupo de 14 a 17 años la caída fue de -14.8 por ciento.

3. Los niños ocupados que no asistían a la escuela también disminuyeron al registrar un descenso de -21 por ciento, frente a un decremento de -14.8 por ciento en los que asistían a la escuela.

4. De los poco más de 630 mil niños y niñas que dejaron de realizar actividades económicas en el periodo, 26 por ciento laboraba en las actividades agropecuarias, 30.3 por ciento en la industria, 19 por ciento en el comercio, 23.2 por ciento en los servicios, y el resto no especificó el sector de actividad económica.

5. Los niños y niñas que desempeñaban quehaceres domésticos sin remuneración en sus propios hogares registraron un ligero descenso al pasar de 19.3 a 19 millones, es decir, un decremento de -1.4 por ciento.

6. La tasa de ocupación infantil bajó de 12.5 por ciento en 2007 a 10.7 por ciento en 2009, porcentaje que en los niños pasó de 16.6 por ciento a 14.1 por ciento y en las niñas de 8.3 por ciento a 7.2 por ciento en el periodo.

7. La tasa de hogares con niños y niñas ocupadas de 18.4 por ciento descendió a 15.8 por ciento entre 2007 y 2009, en tanto que la tasa de hogares monoparentales con niños ocupados de 20.9 por ciento en 2007 pasó a 17.9 por ciento en 2009.

Los indicadores en general muestran importantes avances en la lucha contra el trabajo infantil en el periodo analizado, pues cada vez menos niños y niñas participan en las actividades económicas.

2. Impulsar mecanismos de coordinación interinstitucional

Se colabora con los sectores público, social y privado para promover buenas prácticas en materia de trabajo infantil, retomando los resultados de los respectivos módulos de trabajo infantil 2007 y 2009, como insumo para la instrumentación de políticas públicas más eficientes.

A la fecha se han realizado 22 foros-taller La participación intersectorial en la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección de menores trabajadores en edad permisible, realizados en Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.

Como producto de dichos foros-taller, se han firmado 19 cartas compromiso intersectorial para la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección de menores trabajadores en edad permisible, en los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. En el caso de Michoacán, se han firmado 142 Compromisos voluntarios para erradicar la explotación laboral infantil con actores clave de gobierno y sociedad, 110 de ellos han sido firmados con municipios, de un total de 113 que conforman el estado.

3. Prevenir y erradicar el trabajo infantil en el sector agrícola

En el marco de la Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha evidenciado la necesidad de fortalecer la inspección del trabajo en los campos agrícolas, especialmente en las entidades federativas que se han caracterizado como receptoras de trabajadores agrícolas temporales.

• Durante el 2010, se otorgó el distintivo “Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”, a 21 empresas agrícolas de los estados de Baja California, Jalisco, Sinaloa y Sonora, por haber adoptado una política de cuidado y protección infantil; con lo cual se convierten en los primeros centros laborales del país que contratan jornaleros agrícolas, en ser reconocidos por su práctica de responsabilidad social dirigida a la no contratación ni utilización de mano de obra infantil, además de establecer procesos para el desarrollo integral de las familias de los trabajadores, con particular atención en las niñas y niños.

• El Gobierno de México solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la realización de una tercera fase del Proyecto de Cooperación Técnica IPEC-OIT (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil), así como su apoyo para iniciar un nuevo programa específico en relación con el trabajo infantil de los jornaleros agrícolas. Se autorizó la ejecución del proyecto “Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura”, con un presupuesto de 4 millones 750 mil dólares estadounidenses, con el objetivo fortalecer las estrategias nacionales y las políticas públicas para la atención del trabajo infantil agrícola, resultante de la migración interna y de la población infantil indígena.

Por otro lado, para la atención de las causas que originan la migración, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el marco de la Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familia, a partir de noviembre de 2007 instaló el Grupo de Coordinación Interinstitucional, el cual está integrado por más de 13 dependencias del Gobierno Federal, organizándose en 5 grupos de trabajo para atender la diversidad de problemáticas de la población:

• Normatividad e inspección.

• Seguridad y previsión social.

• Educación.

• Promoción del desarrollo.

• Integración de la información.

El grupo de promoción atiende las condiciones de la población migrante desde sus comunidades de origen ampliando las capacidades de esta población. Particularmente se cuenta con las siguientes estrategias:

•La estrategia “Enlaza”, que conjunta servicios y apoyos para establecer un vínculo de atención integral para la población jornalera agrícola, cuenta con cinco módulos. Se está integrando una base de datos con 176 regiones de atención en 27 estados que identifican a más de 1.7 millones de jornaleros, los cuales representan el 83 por ciento de la población potencial.

• En la Semana Nacional de Migración, celebrada durante octubre de 2010, cuyo propósito fue el promover una conciencia social y solidaria respecto del fenómeno migratorio en la mayor parte del territorio nacional, fue incluido el tema de la migración interna como parte importante del fenómeno migratorio, a través de la realización de Foros de discusión sobre el tema de los jornaleros agrícolas migrantes.

• Se realizó la Cruzada nacional por los derechos de los jornaleros agrícolas y sus familias, que desarrolló acciones directas de promoción de los derechos de los jornaleros en los campos agrícolas de manera simultánea en 21 estados de la república.

• El proyecto de acreditación de habilidades y certificación de competencias laborales para los jornaleros agrícolas se ejecuta en coordinación con el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA-Rural), asociación de participación estatal mayoritaria sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

• Con esta asociación estratégica se han tenido los siguientes avances:

• En 2008 se certificó a 973 jornaleros agrícolas a través de 40 talleres de capacitación en la norma técnica de competencia laboral “cosecha de hortalizas”, en 16 empresas agrícolas de Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Sinaloa.

• En 2009 resultaron competentes en la misma norma mil 599 jornaleros agrícolas en cinco entidades federativas, Colima, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Sonora.

• En el 2010 se han acreditado 5 mil 20 jornaleros agrícolas en habilidades laborales en cosecha de hortalizas de los estados de Baja California, Coahuila, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Estos mismos jornaleros son candidatos a ser certificados en la norma técnica de competencia laboral en “cosecha de hortalizas”.

Por lo que toca a la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección Federal del Trabajo y las Delegaciones Federales del Trabajo, como instancias normativa y operativa respectivamente, en los términos de lo dispuesto por los artículos 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 540 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), y de conformidad con la distribución de competencias, prevista en los artículos 123, Apartado “A”, fracción XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527, 527-A y 529 de la LFT, realizan visitas de inspección en materia de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento, prestando especial atención en la salvaguarda de las prerrogativas aplicables al trabajo de menores, llevando su actuación a las ramas industriales, actividades económicas donde se presume que existe un alto índice de trabajo infantil.

Durante 2009 se practicaron un total de 42 mil 502 visitas de inspección, de las cuales 10 mil 512 corresponden a la materia de condiciones generales de trabajo (CGT); asimismo, en lo que va de 2010 a noviembre, se han realizado un total de 46 mil 656 inspecciones, en las que 10 mil 910 se refieren a la materia de CGT.

Dicha materia aborda invariablemente la revisión del tema de trabajo de menores, en el marco de lo dispuesto por el titulo quinto Bis de la Ley Federal del Trabajo.

A su vez se realizaron operativos especiales, como lo fueron a campos agrícolas, minas subterráneas de carbón e industria de la construcción, por ser consideradas de interés en el tema por la Organización Internacional del Trabajo, obteniendo los siguientes resultados:

En el caso de los menores detectados en los citados operativos especiales, se dio parte a la autoridad laboral local para que procediera conforme a sus facultades, toda vez, que la actividad agrícola no se contempla en las ramas industriales y actividades económicas de competencia federal respecto a la vigilancia en materia de condiciones generales de trabajo.

Es de hacer mención que la estadística presentada se obtuvo como parte de la información general recabada en los centros de trabajo visitados, misma que forma parte del alcance de las inspecciones que en materia de Seguridad e Higiene se realizaron a campos agrícolas, minas subterráneas de carbón e industria de la construcción.

Asimismo, dentro de las disposiciones que en materia de seguridad e higiene fueron verificadas, destacan por su importancia:

• Prohibir que se realice carga manual de materiales con pesos de más de 35 kilogramos a trabajadores varones menores de 18 años.

• Prohibir que se realice carga manual de materiales a mujeres con pesos de más de 20 kilogramos.

• Prohibir que los menores realicen actividades con plaguicidas.

• Prohibir que menores de 18 años laboren en el interior de las minas subterráneas de carbón.

• Servicios al personal.

• Servicios preventivos de medicina.

Por otra parte y de conformidad con el artículo 23 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra señala:

“Artículo 23. Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de catorce y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo o de la autoridad política.”

Fueron otorgadas en el ejercicio de dicha facultad durante 2009 un total de 153 autorizaciones a mayores de 14 años pero menores de 16 años, y se dieron un total de 537 asesorías a menores con interés en incursionar en el ámbito laboral; siendo las cifras de noviembre de 2010 de 24 autorizaciones y 314 asesorías.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-644, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/3/8C.17.5/0383-10, suscrito por la ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández, subprocuradora de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la contaminación lumínica que pudiera generar el proyecto del puerto multimodal de Punta Colonet en Ensenada, Baja California.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Julián Hernández Santillán, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3148/10, de fecha 29 de septiembre de 2010, recibido en esta Subprocuraduría de Inspección Industrial el 17 de noviembre de 2010, a través del cual el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo a su digno cargo tuvo a bien informar al licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que mediante oficio número D.G.P.L.61-II-3-0644, de fecha 28 de septiembre de 2010, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, informaron al titular de la Secretaría de Gobernación sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el mismo 28 de septiembre del año en curso, que en su punto primero a la letra dice:

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarias de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales exija las medidas técnicas y ambientales necesarias a las empresas encargadas de la construcción y posterior operación del puerto multimodal de Punta Colonet en Ensenada, Baja California, a fin de prevenir la contaminación lumínica que pudiera generar dicho proyecto con las consecuentes afectaciones para la operación del observatorio nacional de San Pedro Mártir.”

Sobre el particular, por instrucciones superiores, aprovecho este medio para acusar recibo del referido oficio, y hacer de su conocimiento que en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llevará a cabo las visitas de inspección a que haya lugar, con el objeto de verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones ambientales por parte de las empresas encargadas de la construcción y posterior operación del puerto multimodal de Punta Colonet, que presuntamente se pretende ubicar en el municipio de Ensenada, Baja California.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

México, DF, a 10 de diciembre de 2010.— Ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández (rúbrica), subprocuradora.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2303 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 099001050010/908/10, suscrito por Juan Lozano Tovar, titular de la Unidad de Vinculación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en formato impreso y medio magnético, mediante el cual responde el punto de acuerdo presentado por el diputado César Augusto Santiago Ramírez, el jueves 11 de noviembre de 2010.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Unidad de Vinculación.

Licenciado Julián Hernández Santillán, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado subsecretario

En atención a su oficio SEL/300/724/10, a través del cual hace del conocimiento de este Instituto el Punto de Acuerdo aprobado el jueves 11 de noviembre de 2010 por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual se formulan diversos planteamientos al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, me permito remitir puntual respuesta a las solicitudes de información previstas en el citado documento.

1. Cantidades que se hubieren canalizado a la adquisición de valores no gubernamentales, incluidos 105 emitidos por sociedades financieras de objeto múltiple, empresas relacionadas con los sectores de comunicaciones, construcción, alimentos o finanzas entre 2006 y 2010

Al cierre de octubre de 2010, el IMSS mantiene inversiones por 94 mil 601 millones de pesos en deuda bancaria. Desde 2006, se han realizado inversiones en este tipo de instrumentos que, en promedio diario, han fluctuado entre 16 mil 666 y 27 mil 119 millones de pesos. Las inversiones por año son superiores a la posición actual debido a que incluyen renovaciones de posiciones que vencen a diario o, en general, en corto plazo.

En cuanto a deuda corporativa, al concluir octubre del presente, el instituto tenía inversiones por 15 mil 579 millones de pesos. El promedio diario de inversiones en papel corporativo desde 2006 ha fluctuado entre 5 y 152 millones de pesos. También se apunta que las inversiones anuales son mayores que la posición actual pues incluyen renovaciones de posiciones que vencen a diario o en general en corto plazo.

2. Cantidades que se hubieran transferido entre las reservas del organismo entre 2006 y 2010, señalando monto o deficiente de las reservas que hubieren originado tal traspaso, así como el servidor público que hubiere autorizado dichos traspasos

A continuación se desglosan los montos que se transfirieron entre las reservas del 2006 al 2010, cuya autorización corresponde al honorable Consejo Técnico.

3. Dictámenes periciales, actuariales o contables del estado de las reservas, emitidos por auditoría externa, interna o por consultores contratados por el organismo, referentes al lapso 2006-2010

Los estados financieros dictaminados por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008 y 2009, contienen información de la inversión y provisiones de las reservas financieras y actuariales, mismas que hacernos referencia a las notas de los estados financieros, como sigue:

Se anexan los estados financieros comparativos del 2006-2005, 2007-2006, 2008-2007 y 2009-2008, para mayor detalle de las referencias que se describen.

4. Monto de penas convencionales, intereses moratorios o cualquier otra sanción convencional cubierta al organismo por contratistas o proveedores y lista de los casos en que las adquisiciones o construcciones hubieran sido adjudicadas al segundo o ulterior lugar por incumplimiento total o parcial del ganador de licitación o proceso cerrado. Todo, respecto al periodo 2006-2010

De acuerdo con la información de la Dirección de Administración de Evaluación de Delegaciones, del Instituto Mexicano del Seguro Social, los montos de las penas convencionales para el periodo 2006-2010 son los siguientes:

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2010.— Juan Lozano Tovar (rúbrica), titular de la Unidad de Vinculación.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-1209, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DNU- 007716, suscrito por Juan Sandoval Mendiolea, encargado de la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la inscripción de San Cristóbal de las Casas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.México, DF, a 3 de enero de 2011.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-3356, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número B00. 001311, suscrito por el médico veterinario zootecnista Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al control fitosanitario de las importaciones de granos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-2816, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 101222, suscrito por el general de brigada D.E.M. Édgar Luis Villegas Meléndez, subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la empresa Servicio Panamericano de Protección, SA de CV.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-3354, signado por el senador Ricardo García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.-902 /2010, suscrito por el ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las afectaciones al sector agroalimentario del país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-1493 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00005994, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al impacto ambiental de los proyectos “Grand Coral Riviera Maya” y “Campo de Golf Urbano Grand Coral Riviera Maya”, en el rancho Moxche, municipio Solidaridad, Quintana Roo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-3556, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00005988, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al derrame petrolero causado por la explosión y hundimiento de la plataforma de perforación petrolífera Deepwater Horizon.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-1913 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00005989, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al parque nacional La Malinche.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-3573, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00005990, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los anexos que en éste se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la organización productiva e integración de especies animales de vida silvestre de importancia económica.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-2274, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00005991, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 sobre la recategorización de las especies Rhizophora mangle (mangle rojo); Avicennia germinans(mangle negro); Laguncularia racemosa (mangle blanco); y Conocarpus erectus(mangle botoncillo), como amenazadas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-834, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPC/V/ 2756/10, suscrito por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la violación de las comunicaciones privadas de que fueron objeto ciudadanos del estado de Quintana Roo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-3357, signado por el senador Ricardo García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/ DGAVS/1765/2010, suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a campañas informativas y de sensibilización sobre la enfermedad de Alzheimer.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-2281, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 315-A-6344, suscrito por Nicolás Kubli, director general de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-2293, signado por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0550/10, suscrito por el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar un sistema estandarizado de evaluación para la asignatura de Educación Física en los niveles de Educación Básica.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A. -2799, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112/ 00005791, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora general Adjunta de Legislación y Consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la vigilancia en las playas donde anidan las siete especies de tortuga marina que se encuentran en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-1916, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112/ 00005770, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los anexos que en el mismo se mencionan, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la prevención de la contaminación atmosférica por buques.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-947, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112/ 00005769, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la elaboración de un atlas de riesgos que permita al país estar informado sobre posibles eventos catastróficos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-2812, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/ DGAVS/1786/2010, suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la ingesta de los alimentos que contienen aditivos que pueden provocar riesgos a la salud.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2E1A.-645, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCINI2807/10, suscrito por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al cambio de adscripción con nivel de Subprocuraduría a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-1656, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/ 2764/10, suscrito por Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los hechos ocurridos en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, el 8 de septiembre de 2010.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Cámara de Senadores.

PROGRAMA ESCUELA SEGURA

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/2379/10, mediante el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al maestro Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, que proporcione un informe detallado de los resultados obtenidos por el Programa Escuela Segura, con toda atención envío el informe de resultados del Programa Escuela Segura 2007-2010, en el que se exponen las consideraciones que dieron origen del programa, los elementos conceptuales sobre las que descansa el fortalecimiento de la seguridad escolar como política pública, así como los procedimientos metodológicos en los que se basa la operación del Programa Escuela Segura.

Asimismo, se hace un recuento cronológico que engloba datos nacionales de las principales acciones que se han llevado a cabo en las 32 entidades federativas por los equipos técnicos responsables de la operación del programa, en beneficio de las niñas, los niños y los jóvenes que cursan educación básica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 16 de diciembre de 2010.— Maestro José Aguirre Vázquez (rúbrica), coordinador Nacional del Programa Escuela Segura.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se remite a la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y a petición del propio senador.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta:«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador de la república en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de acuerdo a los siguientes

Considerandos

Las formas delictivas que ha asumido la usurpación de funciones, atribuciones y títulos tradicionalmente se ha asociado con expresiones de falsedad. Nos referimos a conductas sancionadas desde la época del derecho romano bajo el nombre de crimen falsi lo que, posteriormente, se propagó y llegó a los códigos penales españoles de los siglos XIX y XX. A diferencia de esos ordenamientos, en los códigos penales franceses e italianos estos delitos se catalogaron en contra de la administración pública o la función pública.

Lo anterior se menciona toda vez que en muchos de los recientes hechos de violencia en nuestro país nos han permitido percatarnos que la usurpación de funciones públicas, a través del uso de uniformes, insignias, vehículos y demás elementos –falsos o genuinos– otorga una ventaja decisiva a los criminales en la comisión de diversos delitos, por lo que es imperioso tomar medidas al respecto, sobre todo en aquellos ilícitos que se relacionan con la delincuencia organizada.

Se afirma lo anterior, toda vez que para nadie es un secreto que los delincuentes, al hacerse pasar por autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, logran confundir a sus víctimas y, en no pocas ocasiones, a los propios agentes del orden.

El reiterado uso indebido de uniformes, falsos o verdaderos, por parte de los delincuentes para cometer sus crímenes ha motivado la necesidad de legislar con el propósito de combatir la usurpación de funciones, y muestra de ello lo es la iniciativa presentada en mayo de 2007 por el entonces senador Carlos Lozano de la Torre.

Si bien en México estos delitos se encuentran ubicados y sancionados en el título decimotercero del Código Penal Federal, relativo a la falsedad, cuyo capítulo VII se refiere a la “usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas insignias y siglas”. Cobra importancia revisar las sanciones, el texto del articulado, ante el tipo de casos observados y su relación con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de que los delincuentes en la medida de lo posible tengan menos incentivos para cometer los actos encuadrados en los artículos 250, 250 Bis y 250 Bis 1 como medio de otro delito mayor.

A la letra, el Código Penal Federal indica lo siguiente:

Artículo 250. Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien

I.Al que sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal;

IV. Al que usare credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su duración y cuantía, cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de alguna corporación policial.

Artículo 250 Bis.Al que cometa el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa.

Comete el delito de falsificación de uniformes y divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública, el que sin autorización de la institución correspondiente fabrique, confeccione, produzca, imprima o pinte, cualquiera de los uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados en dichas instituciones.

Se entiende por uniformes, divisas o insignias para los efectos de este artículo, los señalados en las disposiciones aplicables de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública.

Artículo 250 Bis 1.Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa a quien:

I. Almacene, distribuya, posea o introduzca al territorio nacional uniformes o divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública falsificadas;

II. Adquiera, enajene o use por cualquier medio o título, uniformes, divisas, balizaje, credenciales de identificación o insignias de las fuerzas armadas o cualquier institución de seguridad pública, falsificadas;

III. Obtenga, conserve, facilite o enajene sin autorización los verdaderos uniformes o divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública;

IV. Cuando se utilicen vehículos con balizaje, colores, equipamiento, originales, falsificados o con apariencia tal que se asemejen a los vehículos utilizados por las fuerzas armadas o instituciones de seguridad pública; y

V. Al que utilice uniformes, balizaje, insignias, credenciales de identificación y divisas con tamaño similar o igual al reglamentario de las fuerzas armadas o de instituciones de seguridad pública, cuando dichas piezas, sin ser copia del original, presenten algunas de las imágenes o elementos de los contenidos en aquellos, resultando con ello objetos o piezas con apariencia similar, confundibles con los emitidos legalmente, con el objeto de hacerse pasar por servidor público.

Se impondrá de cinco a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa a quien realice alguna de las conductas previstas en este artículo con el propósito de cometer algún delito o bien cuando el sujeto activo sea o haya sido servidor público de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública.

Para los efectos de este artículo, se entiende por uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes siglas u otros elementos utilizados en instituciones de las fuerzas armadas o de seguridad pública o procuración de justicia, los señalados en las disposiciones aplicables de dichas instituciones y sólo se considerarán auténticos los que sean adquiridos, distribuidos o enajenados por personas autorizadas para ello o a quienes se les haya adjudicado el contrato respectivo por la institución competente, conforme a las disposiciones aplicables.

De lo anterior se desprende que, aunque nuestras leyes tipifican de manera adecuada, en los tres artículos arriba mencionados, el uso indebido de uniformes e insignias, hace falta la concatenación de tales descripciones típicas con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Lo anterior resultaría de enorme utilidad, ya que al reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuando un delito se cometiera bajo las hipótesis a que se refiere el artículo 250 Bis 1, sería posible aumentar a los delincuentes hasta la mitad de la pena originalmente prevista.

De esta forma, la presente propuesta se presenta como una suerte de agravante. Además, en cuanto a la posibilidad de concurrencia de delitos, se debe entender que de acuerdo al Código Penal Federal nos encontraríamos frente a un concurso real, ya que cada una de las acciones descritas en dicho artículo constituye un delito diferente.

De conformidad con lo anterior, este proyecto propone relacionar el Código Penal Federal con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en lo que se refiere a los delitos catalogados como de “usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas insignias y siglas”, para que cuando con la base de estos delitos se cometan otros que encuadren con los tipificados como propios de delincuencia organizada, de mayor gravedad como son secuestro, homicidios, acopio de armas de fuego, etcétera, se castigue a los criminales con mayor rigurosidad.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Único.Se reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:

Artículo 5o.Las penas a las que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad cuando

I. Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos ;

II. Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a  que se refiere esta ley; y

III. Quienes para la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada, incurran en los supuestos previstos por las fracciones I, II, III, IV o V del artículo 250 Bis 1 del Código Penal Federal.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 De acuerdo a diccionarios legales estos son crímenes de la ley civil y se consideran

a) Perjudiciales, en tanto afectan la administración de la justicia por la introducción de una falsedad o fraude.

b) O bien, una alteración fraudulenta para ocultar o alterar la realidad en perjuicio de otra. Se puede cometer de tres maneras: por falsificación; por falsedad de declaraciones falso testimonio o perjurio; y por actos que alteren pesos y medidas, moneda corriente u otro.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de enero  de 2011.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 45 y 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por los diputados Alejandro Carabias Icaza y Rosario Brindis Álvarez.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta:«Iniciativa que reforma los artículos 45 y 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por los diputados Alejandro Carabias Icaza y Rosario Brindis Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Alejandro Carabias Icaza y Rosario Brindis Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente proyecto de decreto con base a la siguiente

Exposición de Motivos

La diversidad de los recursos forestales de México es resultado y, al mismo tiempo, causa de la gran variabilidad ambiental y biológica que exhibe el país. Estos recursos, a nivel general, han representado a través de la historia fuentes de riquezas y de bienes y servicios, en donde el hombre ha encontrado protección, sustento y posibilidades para su crecimiento demográfico, apertura de nuevas tierras al cultivo, producción u obtención de diversos insumos o materias primas para su industria.

Los ecosistemas forestales son el hábitat de una importante diversidad biológica y proporcionan servicios ambientales como la regulación del ciclo hidrológico, captura y almacenamiento de agua, captura de bióxido de carbono; la regeneración de la fertilidad del suelo, la producción y mantenimiento de la biodiversidad, etcétera. Se estima que la superficie arbolada tiene un potencial de captura de agua de más de 48 mil millones de metros cúbicos anuales.

Desafortunadamente, los sistemas forestales están en riego por los efectos del cambio climático. De acuerdo con la cuarta comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los efectos directos del cambio climático al sector forestal son los siguientes:

• Potencial aumento de la evapotranspiración, lo que genera estrés hídrico;

• Mayor incidencia de plagas y enfermedades;

• Aumento en el potencial de incendios forestales; y

• Disminución en la polinización.

Así como la combustión del petróleo es un factor de gran relevancia para calentamiento global, la deforestación emite de 25 a 30 por ciento de los gases que crean el efecto invernadero.

Los árboles están compuestos de carbono en un 50 por ciento, y una vez talados, ese carbono que almacenan regresa a la atmósfera. Según cifras de la FAO, todos los años se pierden unos 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, la mayor parte en las zonas tropicales. En África, América Latina y el sudeste asiático sigue existiendo un elevado índice de deforestación.

Como podemos ver, los Bosques y selvas, son un potencial para proveer servicios ambientales globales y nacionales, y con ellos podemos generar medidas para atender el cambio climático.

En la presente iniciativa, se busca que los actuales sistemas de información que tiene la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en materia forestal, sirvan como un insumo para apoyar las gestiones en materia del cambio climático.

Actualmente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) debe integrar el inventario nacional forestal y de suelos, el cual deberá relacionar de manera organizada y sistemática los datos estadísticos y contables de los bienes y servicios ambientales y debe contener la siguiente información:

• La superficie y localización de terrenos forestales y preferentemente forestales con que cuenta el país, con el propósito de integrar su información estadística y elaborar su cartografía, en sus distintos niveles de ordenación y manejo;

• Los terrenos forestales temporales, su superficie y localización;

• Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la degradación, así como las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas hidrológicas forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales permanentes y las áreas naturales protegidas;

• La dinámica de cambio de la vegetación forestal del país, que permita conocer y evaluar las tasas de deforestación y las tasas de degradación y disturbio, registrando sus causas principales;

• La cuantificación de los recursos forestales, que incluya la valoración de los bienes y servicios ambientales que generen los ecosistemas forestales, así como los impactos que se ocasionen en éstos;

• Los criterios e indicadores de sustentabilidad y degradación de los ecosistemas forestales;

• Los inventarios sobre la infraestructura forestal existente; y

• Los demás datos que señale el Reglamento de esta ley.

Estos datos son la base para:

• La formulación, ejecución, control y seguimiento de programas y acciones en materia forestal;

• El cálculo del volumen de madera o biomasa forestal en pie, su incremento y el volumen de corta o aprovechamiento potencial;

• La integración de la zonificación forestal, la ordenación forestal y el ordenamiento ecológico del territorio; y

• La evaluación y seguimiento de los planes a largo, mediano y corto plazo.

Por lo anterior el inventario nacional forestal y de suelos es una  herramienta que platea estrategias concretas para el manejo forestal. Asimismo, este documento puede utilizarse para generar acciones que mitiguen la generación de gases efecto invernadero y conocer las zonas de mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Sin embargo en el documento antes citado, no existe información respecto al grado de afectación forestal por el cambio climático y las áreas con mayor susceptibilidad generada por los efectos de este fenómeno.

Es importante reconocer que la cuarta comunicación nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, elaborada por México, se registra que por el cambio de uso de suelo y la silvicultura se emitieron 70,202.8 de CO2eq.

Asimismo, en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) se establece que con su cabal cumplimiento podría alcanzar una reducción total de emisiones anuales en 2012 de alrededor de 51 millones de toneladas de CO2e, y como resultado de acciones desarrolladas en los sectores relacionados con la generación y uso de energía, agricultura, bosques y otros usos del suelo, y desechos.

Entre las acciones y categorías que incidirán en la mayor reducción de gases efecto invernadero son, entre otras, las siguientes:

• Proyecto piloto de incentivos para reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD);

• Incorporación de 2.95 millones de hectáreas al manejo forestal sustentable;

• Incorporación de 2.175 millones de hectáreas a esquemas de pago por servicios ambientales;

• Incorporación de 750 mil ha de ecosistemas forestales a áreas naturales protegidas; y

• Incorporación de 170 mil has de plantaciones forestales comerciales.

Con la cuarta comunicación y con las metas establecidas en el PECC para 2012 podemos detectar cuáles son las acciones que requiere el gobierno para reducir las emisiones en el sector forestal; sin embargo éstas no están vinculadas con el inventario nacional forestal y de suelos. Asimismo, en la cuarta comunicación especifica del sector forestal se concluye que diversas especies forestales presentan mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, pero las áreas y zonas más susceptibles a ellos, no están establecidas.

Por tal razón, es necesario que las herramientas ambientales con las que cuenta el gobierno federal sean utilizadas para el mejor entendimiento a las consecuencias del cambio climático, las acciones para abatirlo y las zonas de mayor vulnerabilidad ante sus efectos.

Es por ello que la presente iniciativa busca establecer en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que el inventario nacional forestal y de suelos contenga información respecto al grado de afectación forestal por el cambio climático así como las áreas forestales con mayor vulnerabilidad a los efectos de  este fenómeno.

En atención a lo expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona las fracciones VII y IX, recorriéndose la subsiguiente del artículo 45, y la fracción V del artículo 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único. Se adicionan las fracciones VII y IX, recorriéndose la subsiguiente del artículo 45, y la fracción V del artículo 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 45. ...

I a la VI. ...

VII. El grado de afectación forestal por los efectos de cambio climático.

VIII. Las áreas forestales con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

IX. Los demás datos que señale el reglamento de esta ley.

Artículo 46. ...

I. a IV. ...

V. La elaboración de programas y estrategias para mitigar los gases efecto invernadero en los procesos de reforestación y deforestación.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguienteal de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Conafor, 2001. Programa Estratégico Forestal 2025. Comisión Nacional Forestal. México.

2 El estrés hídrico es la primera respuesta de las plantas al impacto del estrés por temperatura alta y se traduce en una reducción en la duración de todas las etapas de desarrollo, además de causar reducciones en el tamaño de sus órganos y finalmente disminuir el rendimiento (Shpiler y Blum, 1986; Hall, 1992). Las plantas sólo pueden desarrollarse entre sus umbrales térmicos o temperaturas mínimas y máximas, variando según la especie, y se maximiza cuando se presentan temperaturas óptimas (Ortiz, 1987).

3 http://www.fao.org/newsroom/es/news/2006/1000385/index.html

4 Artículo 45 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

5 Artículo 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

6 Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, Semarnat. http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclimatico/Pag es/pecc.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, en el primer receso del segundo año de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de enero de 2011.— Diputados: Alejandro Carabias Icaza, Rosario Brindis Álvarez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por los diputados Alejandro del Mazo Maza y Diego Guerrero Rubio.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta:«Iniciativa que reforma el artículo 89 de la Ley General de Vida Silvestre, suscrita por los diputados Alejandro del Mazo Maza y Diego Guerrero Rubio, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los diputados Alejandro del Mazo Maza y Diego Guerrero Rubio, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización de las Naciones Unidas, declaró el 2010 como el Año Internacional de la Biodiversidad (IYB). En donde se organizarán innumerables iniciativas para difundir información, promover la protección de la diversidad biológica y alentar a las organizaciones, instituciones, empresas y público en general a tomar medidas directas para reducir la pérdida constante de la diversidad biológica global.

En este contexto, México al ser un país megadiverso debe trabajar para promover la protección de la diversidad biológica y para reducir su pérdida constante.

Recordemos que la riqueza de especies de flora y fauna silvestre ha sido victima de la captura, caza y extracción en el medio silvestre para el comercio, constituyendo la segunda amenaza de las especies de fauna y flora, seguida de la destrucción de su hábitat. A nivel mundial, el tráfico de animales silvestres es el tercer lugar en comercio ilegal del mundo, superado sólo por el tráfico de drogas y armas.

Lamentablemente, a este comercio se suma el impacto del comercio ilícito, cuyo efecto sobre las especies dependerá de la cantidad de animales extraídos y del estado de conservación en que se encuentren a nivel local y mundial.

Como una forma de revertir esta situación, algunos países han prohibido la extracción y el ingreso de especies exóticas y otros han decidido mantener el comercio legal, controlado y restringido a especies no amenazadas.

En nuestro país, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde 1997, estableció el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Suma) el cual es el registro de predios e instalaciones que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares de vida silvestre que ahí se distribuyen. Este sistema actualmente está integrado por 9 mil 503 UMA que representan una extensión del 16.85 por ciento del territorio nacional.

Con estas UMA, se han otorgado diversos permisos de aprovechamiento extractivo de especies. Es importante destacar que las UMA no sólo se realiza el aprovechamiento de especies, también se les exige, promover esquemas alternativos de producción compatible con el cuidado del medio ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro ambiental.

Por lo cual, a través de esta figura, los propietarios y legítimos poseedores de terrenos, por medio de un programa de manejo autorizado por la Semarnat, tienen derecho al aprovechamiento y la exigencia de la preservación del hábitat y las especies que habitan en sus terrenos. Lo anterior, siempre que dicho programa garantice la conservación de los ecosistemas, de sus elementos y la viabilidad de las poblaciones de especies existentes.

Con esta situación, nuestro país tiene la oportunidad de realizar el aprovechamiento extractivo de flora y fauna silvestre, entendiéndose al aprovechamiento como una herramienta de captación de recursos económicos, sin poner en riesgo a las poblaciones de vida silvestre.

Sin embargo, seguimos con la misma incidencia de pérdida de poblaciones de especies nativas en nuestro país, ya que cada vez aumenta el número de especies en peligro de extinción, derivado del comercio ilegal que existe en gran medida por traficantes de especies.

Si bien es cierto que el aprovechamiento de vida silvestre en México a través de las UMA, ha permitido que los propietarios de terrenos estén interesados en conservar la riqueza biológica de sus predios, también lo es, que en los lugares donde no se cuenta con la vigilancia de los propietarios de terrenos, se observe la perdida de poblaciones importantes de flora y fauna silvestre.

Ante esta situación, nos hemos dado a la tarea de realizar un análisis a la legislación, que da oportunidad de autorizar los aprovechamientos extractivos.

La Ley general de Vida Silvestre en sus artículos 82 y tercer párrafo del 89, se menciona:

Artículo 82.Solamente se podrá realizar aprovechamiento extractivo de la vida silvestre, en las condiciones de sustentabilidad prescritas en los siguientes artículos.

Artículo 89. ...

...

Cuando los predios sean propiedad federal, la Secretaría podrá otorgar la autorización para llevar a cabo el aprovechamiento sustentable en dichos predios y normar su ejercicio, cumpliendo con las obligaciones establecidas para autorizar y desarrollar el aprovechamiento sustentable.

...

...

Si analizamos el tercer párrafo del artículo 89, se permite autorizar a la Semarnat el aprovechamiento en predios federales, siempre y cuando se cumpla con las obligaciones establecidas para autorizar y desarrollar el aprovechamiento sustentable. Por lo cual se entiende que la autorización de aprovechamiento extractivo en predios federales debe estar basada en los estudios que menciona el artículo 84 de la Ley General de Vida Silvestre, que a la letra dice:

Artículo 84.Al solicitar la autorización para llevar a cabo el aprovechamiento extractivo sobre especies silvestres que se distribuyen de manera natural en el territorio nacional, los interesados deberán demostrar:

a)Que las tasas solicitadas son menores a la de renovación natural de las poblaciones sujetas a aprovechamiento, en el caso de ejemplares de especies silvestres en vida libre.

b)Que son producto de reproducción controlada, en el caso de ejemplares de la vida silvestre en confinamiento.

c)Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones y no modificará el ciclo de vida del ejemplar, en el caso de aprovechamiento de partes de ejemplares.

d)Que éste no tendrá efectos negativos sobre las poblaciones, ni existirá manipulación que dañe permanentemente al ejemplar, en el caso de derivados de ejemplares.

La autorización para el aprovechamiento de ejemplares, incluirá el aprovechamiento de sus partes y derivados, de conformidad con lo establecido en el reglamento y las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan.

Si analizamos con detenimiento podemos observar que para el caso de aprovechamientos extractivos que no tengan que ver con investigación científica o con objetos de conservación de especies, este artículo no se cumple, toda vez que no se demostraría en el caso de ejemplares de especies silvestres en vida libre que las tasas de aprovechamiento solicitados son menores a la de renovación natural de las poblaciones sujetas a aprovechamiento. Dado que en nuestro país las autoridades no realizan un monitoreo poblacional de especies de flora y fauna silvestre en predios federales que permita el aprovechamiento sustentable de las especies.

Es extraño ver que la Ley General de Vida Silvestre, permite el aprovechamiento extractivo de vida silvestre en predios federales cuando existen especies que se localizan en algún estatus de riesgo, tanto en las normas nacionales como internacionales.

México tiene clasificadas a las especies que se encuentran en algún estatus de riesgo, en la NOM-059-SEMARNAT-2001, y participa activamente desde 1991, en la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres (Cites), la cual regula el comercio de especies, productos y subproductos de flora y fauna silvestres, nacionales y exóticas en cualquier estatus de riesgo.

En este sentido, es importante dar a conocer que dentro del análisis realizado para la elaboración de la presente iniciativa, se destaca que el artículo 238 de la Ley Federal de Derechos, indica que para el aprovechamiento extractivo de vida silvestre en predios federales y zonas federales, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas:

I.Borrego cimarrón......... 368 mil 837.77 pesos

II.Venado Bura en Sonora o Cola Blanca texano                         35 mil 478.14 pesos

III. Puma........................... 13 mil 660.64 pesos

IV.Venado Bura Cola Blanca en el resto del país y Temazate      10 mil 928.51 pesos

V. Faisán de Collar............. 6 mil 830.32 pesos

VI.Patos, palomas, codornices, cercetas, gansos, perdiz, tinamú, branta negra del pacífico y otras aves, por lote........................................... 20 mil 104.28 pesos

VII.Guajolote silvestre y pavo Ocelado...........                 4 mil 98.18 pesos

VIII.-Zorra gris y otros pequeños mamíferos...                 4 mil 98.18 pesos

IX.Gato montés.................. 2 mil 732.12 pesos

X.Jabalí (de collar, labios blancos, europeo).....                 2 mil 732.12 pesos

XI. Borrego Audat o Berberisco. 683.02 pesos

XII.(Se deroga).

XIII.(Se deroga).

Con lo anterior es importante destacar, que el borrego cimarrón es una especie clasificada en protección especial al igual que algunas aves entre palomas y codornices, la situación se torna más complicada al ver que el venado bura algunos patos, palomas, codornices, gansos y cercetas se encuentran como especies amenazadas o en peligro de extinción y en casos extremos algunas aves ya se consideran extintas en medio silvestre, de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2001.

Asimismo, los aprovechamientos extractivos en predios federales resultan contradictorios con los programas prioritarios de conservación de especies, publicados por la Semarnat para la conservación y en su caso el aprovechamiento de las especies, estos definen las problemáticas ecológicas, técnicas-científicas, social y legal de especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2001.

Es por ello, que considero necesario que para dar congruencia con los programas de conservación de especies y con las acciones para el adecuado aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres, el aprovechamiento extractivo en predios federales, solo debe autorizarse para actividades de investigación científica, para proyectos de repoblación o reintroducción, o como medidas de manejo o control.

De manera adicional, durante las temporadas de caza de 2006-2007 y 2007-2008 se otorgaron 19 y 21 autorizaciones de aprovechamiento extractivo respectivamente, en predios federales de las cuales fueron especies consideradas en la fracción VI del artículo 238 de la Ley Federal de Derechos.

Con la información antes citada, podemos destacar que los ingresos obtenidos por el aprovechamiento extractivo en predios federales fue sólo de:

Artículo: 238

Temporada de caza:2006-2007

Autorizaciones: 19

Monto Recuperado: 345 mil 990 pesos

Artículo: 238

Temporada de caza: 2007-2008

Monto Recuperado: 382 mil 410 pesos238

Para esta iniciativa también se solicitó a través del SISI, información a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual informó que esa dependencia no cuenta con información de inspecciones a predios federales.

Por lo anterior, y debido a que los ingresos obtenidos a la federación por este pago de derechos es mínimo a comparación de los costos de extinción de nuestra fauna, considero que es primordial que se especifique en la Ley General de Vida Silvestre que solo se permitirán los aprovechamientos extractivos de flora y fauna silvestre en predios federales cuando las actividades extractivas se realicen con la autorización de la autoridad competente para la investigación científica, para proyectos de repoblación o reintroducción, o como medidas de manejo o control.

Es importante destacar que los legisladores del Partido Verde, no estamos en contra del aprovechamiento, pero si nos oponemos a la extinción de nuestras especies de vida silvestre que han dado valor a nuestro país.

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 89 de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Único. Se reforman los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 89, de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue:

Artículo 89. ..

...

Sólo se permitirá el aprovechamiento extractivo de flora y fauna silvestre en predios federales cuando las actividades extractivas se realicen con la autorización de la autoridad competente, para la investigación científica, para proyectos de repoblación o reintroducción, o como medidas de manejo o control.

Al otorgar las autorizaciones para llevar a cabo el aprovechamiento en predios de propiedad municipal y estatal, se tendrán en consideración los beneficios que se pueden derivar de ellas para las comunidades rurales.

Los ingresos que obtengan los municipios y las entidades federativas del aprovechamiento extractivo de vida silvestre en predios de su propiedad, o en aquellos en los que cuenten con el consentimiento del propietario o poseedor legítimo, los destinarán, de acuerdo a las disposiciones aplicables, al desarrollo de programas, proyectos y actividades vinculados con la restauración, conservación y recuperación de especies y poblaciones, así como a la difusión, capacitación y vigilancia.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguientealde su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con la entrada en vigor del presente decreto, el Poder Ejecutivo federal deberá revisar y modificar el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, en relación con los artículos que reglamenten las disposiciones de aprovechamiento extractivo en predios federales, en un plazo no mayor a 60 días naturales una vez que entre en vigor la presente iniciativa.

Notas:

1 http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/vidasilvestre/Pages/sistemadeunidad esdemanejo.aspx

2 Información obtenida mediante solicitud de información a Semarnat, a través de SISI.

Dado en salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2011.— Diputados: Alejandro del Mazo Maza, Diego Guerrero Rubio (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Rubén Fernando Velázquez López, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD. Tiene la palabra, señor senador, hasta por 5 minutos.

El senador Rubén Fernando Velázquez López:Gracias, diputado presidente. Es una oportunidad para saludar a todos mis compañeros y compañeras y desearles un feliz año, y que logren todos sus propósitos y objetivos.

Esta iniciativa que presentamos al artículo 89 tiene el propósito de dejar escrito en nuestra Carta Magna el compromiso y obligación del presidente de la República de promover la integración regional e impulsar la constitución de una comunidad de América Latina y el Caribe para constituir un espacio común, con el propósito de lograr la integración política, económica, social y cultural de la región para la promoción del desarrollo en el marco de unidad, democracia, respeto a los derechos humanos, solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política.

Consideramos que es conveniente que esta obligación del Ejecutivo esté en la Carta Magna a efecto de darle tránsito, darle viabilidad a esta vocación que tiene México por todo el mundo de hacer una tarea internacional de conjuntar esfuerzos para un mejor desarrollo de la comunidad. Pero, en particular, de la región de donde nosotros estamos enclavados.

Necesitamos, lógicamente, hablar y hacer, construir lo que se llama la patria grande, la concepción de América Latina como una sola nación. Esto tiene sus raíces en el origen mismo de la república.

Los principales hombres de la Independencia la proclamaron como objetivo fundamental. Bolívar intentó hacerla realidad en el Congreso de Panamá, de 1926, mientras que en la primera mitad del siglo XX los proyectos de integración renacen durante las primeras guerras mundiales y forman parte de la agenda regional en la postguerra, dentro del marco de los organismos internacionales y regionales.

Pero ahora, con esta lucha que se tiene con el intercambio de productos, de mercancías de un lado a otro, necesitamos que haya un orden, un mejor orden, un nuevo orden, un moderno orden mundial entre las naciones.

Si consideramos esto como una prioridad para el desarrollo de México ante la firma de tratados de libre comercio por diversas partes del mundo con muchos países, y particularmente con países latinoamericanos, es conveniente que esta actividad quede enclavada como una obligación constitucional del Ejecutivo de México.

Ésa es la iniciativa y espero que sea turnada a comisiones para ser calificada. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben,Rubén Velázquez López y José Luis García Zalvidea, senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosde conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Tanto en America Latina como en Europa occidental, los orígenes teóricos de los procesos de integraciónson más remotos a la época en que pudieran ponerse en práctica. Los proyectos más sólidos al respecto son en el caso europeo, la idea impulsada por el conde Richard Coudenhove-Kalergi, quien publicó el 17 de noviembre de 1922 un artículo donde propuso la creación de un movimiento europeo, con la finalidad explícita de lograr una unión europea plena, capaz de integrar los ideales visionarios previos y defender sus valores en el nuevo siglo, lo que habría de permitirle conservar su liderazgo y evitar la conquista por Rusia y por la dominación de Estados Unidos de América.

Por otra parte, “la concepción de América Latina como una sola nación –La Patria Grande – echa raíces en el origen mismo de las repúblicas. Los principales hombres de la independencia la proclamaron como objetivo fundamental, de Monteagudo a Artigas, y luego Bolívar intentó hacerla realidad en el Congreso de Panamá en 1826. A mediados del siglo XIX, aquel proyecto parecía ya un sueño irrealizable pues las presiones foráneas y la acción disociadora de las burguesías compradoras de los puertos habían roto los viejos vínculos, creando países hacia afuera, fomentando rivalidades absurdas, insertando cuñas hasta crear un incontenible mosaico de imposibilidades históricas, en vez de formar una sola nación, como lo hicieron las colonias anglosajonas que se separaron de Inglaterra, estaban divididas en veinte países diferentes y a veces hostiles entre sí”.

Luego de la frustración del proyecto unificador de San Martín y de Bolívar, desde diversos lugares de América Latina se alzaron voces reivindicando la necesidad de una sola Patria Grande, libre y unida. Entre otros, el chileno Francisco Bilbao, el cubano José Martí y el venezolano Rufino Blanco Bombona levantaron esta convocatoria. Ya en la primera mitad del siglo XX los proyectos de integración renacen durante las guerras mundiales y forman parte de la agenda regional en la posguerra dentro del marco de los organismos internacionales y regionales.

Durante las décadas de los años cincuenta y sesenta se amplió la acción integracionista impulsada principalmente por los gobiernos, teniendo como objetivos la integración económica. Más tarde, en los años setenta y ochenta, los conflictos políticos, los golpes militares y las guerras civiles mantuvieron el tema de la integración a bajo perfil, haciéndose énfasis en la seguridad regional, aquí surgen los procesos de concertación política, en el terreno económico las crisis recurrentes del petróleo y la deuda externa colocaron a la Región en una situación de debilidad extrema e ingobernabilidad democrática. A fines de los ochenta se reinicia la restauración de los regímenes elegidos por medios democráticos y por consiguiente tuvieron prioridad los temas de la agenda política y la gobernabilidad democrática.

Recordemos que a fines de los ochenta y principios de los noventa, se retoma el tema de la integración económica. Es en esta fase donde se inscribe el proyecto político para impulsar la comunidad latinoamericana de naciones para conjuntar los esfuerzos y experiencias de integración de la región, como un horizonte nuevo para las relaciones internacionales en la coyuntura actual y en el siglo venidero.

No olvidemos que la reordenación sistémica que vivimos, es resultado de la acumulación de factores de cambio en los sectores económicos, políticos, científicos, culturales y sociales. La coyuntura expresa el fin de un orden global y el surgimiento lento, de otro que está por definirse, con ello se abre paso a una nueva época.

Hoy son múltiples las interpretaciones y enfoques que nutren el estudio de las relaciones internacionales en todos los órdenes de intercambios. Los pensadores contemporáneos coinciden que las distancias y los tiempos de transmisión de mensajes en el mundo dan la impresión que éste se ha hecho más pequeño gracias a los avances en las comunicaciones. Hoy somos una  aldea global.  Sin embargo, debemos estar conscientes de los límites físicos del hombre y su interacción de la naturaleza lo cual pone en entredicho la idea del progreso como proceso ascendente, ordenado e infinito que oriento a todas las sociedades occidentales cuyos signos de modernidad se pretenden como universales.

Hay que señalar que todas las experiencias históricas de integración constituyen procesos sociales y políticos, cuyo objetivo fundamental es la consolidación de espacios de exclusividad jurídico política, tal es el caso de la integración nacional, federal, o confederada y está presente en los casos de la consolidación de regiones multinacionales o supraestatales. Estas últimas son el producto histórico de vinculaciones transfronterizas derivadas de dinámica de competencia, la complementariedad de intereses, o la contigüidad geográfica, cuyo objetivo final es potenciar las capacidades y potencialidades económicas o articular espacios, donde la prioridad última es el lugar estratégico territorial dentro de una jerarquía de poder.

Por otra parte, no dejamos de observar que “la realidad ha impuesto un comercio administrado entre bloques cuya interdependencia expresa la forma jerarquizada y excluyente de la internacionalización del capitalismo en los espacios económicos mundiales, la expresión más acabada de esta situación lo demuestran las tareas del Grupo de las siete potencias más industrializadas y Rusia, las negociaciones para la liberalización completa del comercio mundial dentro de la OMC y la negociación en el seno de la OCDE, del acuerdo multilateral de inversiones (AMI) cuya negociación se ha mantenido en forma discreta, por no decir secreta, pretende crear un régimen de liberalización y apertura para las inversiones globales transnacionales privadas. En estos esquemas de intereses privados, el papel de los Estados Nacionales sin capacidad de poder propio es irrelevante, solamente cuentan las potencias y los grupos de países o regiones”.

Por otra parte, en América Latina a partir de los noventa coinciden las transformaciones políticas después del desgaste socio político de los regímenes militares, la disminución de los conflictos bélicos subregionales, como el centroamericano y la ampliación de las políticas de ajuste estructural.

A consecuencia de ello, se pierde la capacidad independiente de negociación frente al exterior, se deja de impulsar la industrialización substitutiva de importaciones, ni se le percibe como un instrumento de defensa colectiva de los mercados latinoamericanos frente a la competencia del exterior; se ve a la cooperación como una palanca para estimular la participación de las exportaciones regionales en los mercados mundiales, basándose en la desregulación y apertura generalizada, aunada a políticas económicas “amistosas” con el capital extranjero colocado en inversiones de cartera o directas.

Hoy resulta conveniente hacer examen sobre la integración regional, en el marco de la “normalidad” democrática y en un clima de distensión sobre la base del fin del conflicto bipolar. En este sentido, es de trascendencia la participación de Cuba en las cumbres iberoamericanas. Las viejas organizaciones regionales se han reanimado, al tiempo que surgen nuevas vertientes, donde destacan a nivel subregional, el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela), la renovación del Pacto Andino, la reactivación del Mercado Común Centroamericano y la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la multiplicidad de acuerdos bilaterales donde destacan, entre otros, el de Chile con México, y en ciernes el de Brasil con México.

En el plano de la integración política, en América se pueden identificar tres grandes proyectos históricos, con diferentes perfiles y objetivos:

1. El latinoamericano que retoma el principio bolivariano de unirse sin la concurrencia de los Estados Unidos y Canadá, ni alguna otra potencia extranjera, entre las instituciones que la impulsan están algunos sectores de organismos internacionales como la Cepal o el Parlamento Latinoamericano;

2. El panamericanismo, que impulsa la tutela de Estados Unidos de América sobre los países de la región y es la base del actual sistema interamericano, tales como la OEA; y

3. El iberoamericano, impulsado desde 1991 por España y Portugal, a fin de recuperar su influencia en la región y que se reúne anualmente en las cumbres iberoamericanas que agrupan a la mayoría de los países de Latinoamérica incluyendo a Cuba.

Sin embargo, actualmente la definición de las regiones o el regionalismo van más allá del plano económico comercial y comprende, en un sentido amplio, diversos planos como: la cohesión social –etnícidad, raza, lenguaje, religión, cultura, historia, conciencia de un pasado común–; cohesión económica –patrones de complementariedad económica, comercio–; cohesión política –tipos de régimen político, ideología, valores políticos–; y cohesión organizacional –institucionalidad regional.

Debo destacar que el regionalismo contemporáneo a nivel global incluye las dimensiones geopolíticas, geoeconómicas y geoculturales en dimensiones nuevas de mayor grado de profundidad:

1. Regionalización o integración social producto de la interacción económica social;

2. Conciencia regional o identidad. Se basan en el discurso que establece mapas mentales que enfatizan lo que se incluye y lo que se excluye, asumido a nivel subestatal o supranacional: cultura, historia, religión comunes que pueden amalgamar una región por ejemplo lo europeo de lo no europeo;

3. Integración económica regional. Expresión de la cooperación regional de mercados y estructuras económicas, se manifiestan en políticas tendientes a reducir o remover barreras mutuas para consagrar las cuatro libertades de la integración económica, libre movilidad de: bienes, servicios, capitales y personas.

4. Cohesión regional. Se refiere a la cohesión social en la combinación de las categorías anteriores tendientes a la creación de una unidad regional consolidada o cohesionada que lleva a las distintas modalidades del regionalismo supranacional en las relaciones internacionales.

Por otra parte hay que destacar que propuesta o iniciativa política de la Comunidad Latinoamericana de Naciones (CLAN) se inició en los contactos entre jefes de estado y de gobierno propiciados durante la celebración de la primera reunión de la Cumbre Iberoamericana de Guadalajara en 1991, como una respuesta propia de los países latinoamericanos a los procesos de integración y rediseño del orden internacional emergente de la posguerra fría.

Busca rescatar los esfuerzos de integración desarrollados a lo largo de la historia de nuestros países y conducirlos a estadios de integración profunda que involucren temas, no solamente económicos o comerciales y que rescate la indemnidad cultural, para que se transforme en el proyecto político regional para el siglo XXI.

Más tarde, esta iniciativa continúa como una prioridad de la actividad diplomática del Parlamento Latinoamericano, logra el aval de los países integrantes del Grupo de Río y la acción política internacional conjunta del Grupo Latinoamericano y del Caribe de la ONU (Grulac). El primer paso que se planteó es cambiar las constituciones para integrar jurídicamente el objetivo de la creación de la comunidad latinoamericana de naciones como una prioridad de la política exterior de los países de la región; en éste sentido, se logran cambios constitucionales en las leyes supremas de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, para apoyar esta iniciativa integradora. El Parlatino y el grupo de trabajo del Grupo de Río elaboraron el acta de intención para la constitución de la comunidad latinoamericana de naciones en 1995, la cual fue revisada y aprobada por los jefes de estado del Grupo de Río y se continúa avanzando en este esfuerzo regional.

Así, en las cartas fundamentales de Venezuela, Uruguay, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana y Bolivia contienen preceptos para promover y constituir la comunidad latinoamericana de naciones.

La Constitución de Venezuela, en el artículo 153, señala lo siguiente:

“La república promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región.”

Por otra parte, la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece en el artículo 6 que “la república procurará la integración social y económica de los Estados latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de sus servicios públicos”.

Asimismo, la carta fundamental del Perú, en el artículo 44, se precisa lo siguiente:

“Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación.”

Asimismo, “es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y  promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior”

Por su lado, la carta política del Ecuador, capítulo tercero, “Integración latinoamericana”, artículo 423, establece:

Artículo 423. La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a lo siguiente:

1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado.

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el de-sarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria.

3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de progresividad y de no regresividad.

4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales.

5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio.

6. Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región.

7. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter supranacional conformadas por Estados de América Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados y otros instrumentos internacionales de integración regional.

Igualmente, la Constitución del Brasil de 1988, artículo 4, párrafo único, precisa:

“La República Federativa del Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones”.

Así, la carta fundamental de Colombia, en el artículo 227, señala:

“El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano”.

Además, la Constitución Cubana en el artículo 12, inciso c), declara:

Artículo 12. La República de Cuba hace suyos los principios antimperialistas e internacionalistas; y

c) Reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y del Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica de avanzar juntos hacia la integración económica y política para lograr la verdadera independencia, nos permitiría alcanzar el lugar que nos corresponde en el mundo;

Por su parte, la Constitución de la República Dominicana, artículo 26, incisos 5 y 6, establece:

Artículo 26. Relaciones internacionales y derecho internacional. La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia:

5. La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones que defienda los intereses de la región. El Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales las competencias requeridas para participar en procesos de integración;

6. Se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre los países de América y apoya toda iniciativa en defensa de sus productos básicos, materias primas y biodiversidad.

La nueva Constitución de Bolivia en su capítulo tercero, “Integración”, artículo 266, fracción I, señala:

Artículo 266

I. El Estado promoverá, sobre los principios de una relación justa, equitativa y con reconocimiento de las asimetrías, las relaciones de integración social, política, cultural y económica con los demás estados, naciones y pueblos del mundo y, en particular, promoverá la integración latinoamericana.

En el caso de México, en el Congreso de la Unión se han presentado dos iniciativas para impulsar y construir una comunidad latinoamericana de naciones: una por el PAN, presentada el 20 de diciembre de 1992 por los entonces diputados panistas Luis Felipe Bravo Mena y Enrique Caballero Peraza; y otra, por el PRD, presentada el 29 de septiembre de 1999 en por el senador del PRD, Jorge Calderón.

Por otro lado, en el plano político se propone ir más allá de la concertación política y crear, inclusive, un Parlamento Latinoamericano elegido directamente, con atribuciones legislativas para conducir el proceso integrador, similar a lo que acontece en Europa y complementario con los Parlamentos subregionales existentes –Parlamento Andino o Parlamento Centroamericano.

El Parlatino tiene claro que de ninguna manera dicho empeño ha de contar con la creación de nuevos organismos burocráticos, máxime tomando en consideración que América Latina ya cuenta con importantes instrumentos de integración. Lo que se requiere ahora es la voluntad política para conformar con ellos la comunidad latinoamericana de naciones. Y tiene claro también que esa voluntad política debe reflejarse en propuestas institucionales concretas que atiendan simultáneamente los intereses comunitarios y los legítimos intereses nacionales de cada país.

La iniciativa de la CLAN estuvo presente en las declaraciones de Cartagena (diciembre de 1991), de Buenos Aires (diciembre de 1992) y de Santiago de Chile (diciembre de 1993), donde los jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río destacaron “la importancia de los trabajos e iniciativas del Parlamento Latinoamericano, al tomar con especial interés su propuesta sobre una comunidad latinoamericana de naciones”. En esa oportunidad, decidieron instruir a sus ministros de Relaciones Exteriores a efectuar la evaluación conjunta durante 1993, de esa iniciativa, así como seguir estudiando esta propuesta, a cuyos afectos resolvió constituir un grupo técnico de trabajo entre sus respectivas cancillerías.

Este grupo técnico tuvo su primera reunión en la sede permanente del Parlatino en Sao Paulo, el 7 de noviembre de 1994, en donde resolvió, según consta en actas, que “el Parlamento Latinoamericano redacte un borrador del acta de intención constitutiva de la comunidad latinoamericana de naciones y lo presente a discusión del grupo técnico de trabajo, para que sea sometido a la consideración de los cancilleres y posteriormente de los jefes de estado y de gobierno del Grupo de Río, para proponer en coordinación con el grupo técnico las diversas líneas de acción prioritarias.

En el mes de febrero de 1995, en la ciudad de Quito, Ecuador, el Parlamento Latinoamericano entregó formalmente a los coordinadores nacionales y a la secretaría pro témpore del Grupo de Río, el proyecto de borrador del acta de intención constitutiva de la comunidad latinoamericana de naciones. Documento que fue ampliamente analizado en la reunión del grupo técnico de trabajo del Grupo de Río, que se realizó en la sede permanente del Parlatino, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, el 25 de abril de 1995. En aquella ocasión, se llegó a una propuesta final de texto que fue aprobado por unanimidad y que fue sometido a conocimiento de los cancilleres del Grupo de Río.

Paralelamente, las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno también han apoyado la iniciativa de la comunidad latinoamericana de naciones, tal y como se demuestra en la declaración de Bariloche (1995): “los mandatarios latinoamericanos encomendamos a nuestros cancilleres que establezcan un comité de alto nivel que, en colaboración con el parlamento latinoamericano, proponga un cronograma de trabajo y promueva a los estudios necesarios para la constitución de la comunidad latinoamericana de naciones y su vinculación con la comunidad iberoamericana”.

A fin de dar cumplimiento al mandato de la declaración de Bariloche, antes mencionada, el Grupo de Río resolvió constituir el comité de alto nivel para que, conjuntamente con el Parlatino proponga un cronograma de trabajo y promuevan estudios sobre la creación de la CLAN.

Dicho comité se instaló en la sede permanente del Parlamento Latinoamericano el 2 de abril de 1996 y está integrado por los representantes de las respectivas cancillerías. Se trazaron objetivos a corto plazo, en los que se destacan la necesidad de estudiar proyectos específicos de coordinación y compatibilización en diversas materias.

El Parlamento Latinoamericano se haya impulsando varios proyectos, destinados a dar base y promover la CLAN. Entre dichos proyectos pueden mencionarse los siguientes: educación para la integración en colaboración con la UNESCO; salud en colaboración con la OMS/OPS; medio ambiente en colaboración con PNUMA; narcotráfico en colaboración con la OEA; seguridad alimentaria en colaboración con la FAO; defensa del consumidor en colaboración con Consumers International; micro, mediana y pequeña empresa en colaboración con el Programa Bolívar del BID y otros organismos; deuda externa; legislación y políticas anticorrupción; y defensa de la seguridad pública, que son prioritarios en la acción constitucional.

Asimismo, el proyecto político de la Comunidad Latinoamericana de Naciones cuenta con el apoyo de diversas instancias como el Mercosur, el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano, El Grupo de los Tres, el Grupo de Río y muchas organizaciones de la Sociedad Civil entre las que destacan las universidades e instituciones de enseñanza superior a través de la UDUAL (agrupa a 167), confederaciones sindicales latinoamericanas de diferentes tendencias (CLAT celebrará en noviembre de 1998 en México una reunión sobre la CLAN), cámaras industriales regionales, la Federación Latinoamericana de Bancos, las iglesias, las católicas a través de la Celam, o de organizaciones cristianas evangélicas regionales, entre otras.

A manera de reflexión, debo señalar que es precisamente en el contexto de la era de la globalidad y de los procesos de integración regional en donde se abre una ventana de oportunidad, y por supuestos de retos, para el resurgimiento de América Latina. Ésta es, sin duda, una tarea compleja pero indispensable para actuar en la conformación de un mapa mundial político, económico y cultural donde se redistribuyen los espacios geográficos de poder en nuevas dimensiones espacio-regionales.

Por ello resulta conveniente concitar a la reconstrucción de la identidad de América Latina y el Caribe ante el reconocimiento de canales adecuados que faciliten la cohesión entre y al interior de los países. Es claro que esta situación se agrava frente a la definición clara de objetivos comunes y la dispersión de los centros de decisión. En ello, la propuesta del Parlamento Latinoamericano para impulsar el proyecto político de la comunidad latinoamericana de naciones (CLAN) resulta acertada  porque busca la región sea la que determine los factores y el programa que impulsen su unidad, y que su inserción en la globalidad no sean determinados desde fuera del área.

Sin duda, al interior de los países, las diferencias económicas, culturales y políticas, regionales fronterizas, urbanas o rurales, también son múltiples y muestran mosaicos sociales complejos en la mayoría de los países, haciéndose más evidentes entre los de mayor extensión.

Sin embargo, “a pesar de las diferencias abismales entre cada parte de la región, compartimos raíces históricas que se remontan a la Colonia y un tronco lingüístico común lo cual nos hace diferentes a la América anglosajona. Para otras regiones somos una entidad con características propias que nos distinguen de las demás, así por ejemplo los europeos, asiáticos, africanos e inclusive los norteamericanos anglosajones nos ven como los otros, los distintos y por tanto, con una identidad diferente o propia que no todos los latinoamericanos logramos identificar y asumir”.

Para los países latinoamericanos, la integración regional puede traer beneficios que van más allá del fomento al comercio. Una integración bien lograda genera nuevas oportunidades en el ámbito de la reforma institucional, y para los países latinoamericanos la integración regional puede traer beneficios que van más allá del fomento al comercio. Una integración bien lograda genera nuevas oportunidades en el ámbito de la reforma institucional y de la gestión de políticas; fomenta la modernización de las infraestructuras y la promoción de sistemas productivos integrados. En términos generales, la integración regional permite a los países mejorar su capacidad de adaptación a os requerimientos de una economía de mercado globalizada. Además, puede contribuir a la estabilización de las políticas exteriores y a la consolidación democrática.

Sin embargo, estos beneficios no se presentan de forma automática. Para lograr una buena integración regional, no sólo es necesario que los respectivos intereses nacionales sean tomados en cuenta en las negociaciones; mucho más importante aún, los países tienen que adaptar sus políticas domésticas y elevar sus capacidades de gestión pública.

La propuesta del Parlamento Latinoamericano para impulsar el proyecto político de la comunidad latinoamericana de naciones (como alternativa política, busca que la región sea la que determine los factores y el programa que impulsen su unidad, y que su inserción en la globalidad y convertirnos en actores en el nuevo orden internacional.

Los países de la región afrontan nuevos desafíos en lo político, medioambiental, social y económico ante la un mundo más interdependiente y globalizado.

El tercer milenio debe significar para los pueblos latinoamericanos un impulso firme al desarrollo, para lo cual hemos de aceptar que la comunidad latinoamericana de naciones habrá de ser el mejor instrumento de propulsión para la vida económica integrada, más allá del aislamiento, para que ampliando los mercados y la actividad cultural, sea posible deparar a estos pueblos nuestros una era de anhelado desarrollo y consolidación democrática.

La comunidad latinoamericana de naciones ha de ser un propósito común, y que a su logro hemos de contribuir para que la dimensión geopolítica que significamos pueda superar diversos obstáculos para dar esplendor a las iniciativas tendentes a la integración.

Hoy, resulta necesario encontrar mecanismos de cooperación internacional, como lo estamos viendo en otras latitudes del mundo, y estar convencido de que pueden traducirse en oportunidades y no amenazas. Es por ello que el esfuerzo en favor de las instituciones multilaterales debe ser fortalecido constantemente. Además, los problemas avasallan a las entidades nacionales aisladas. Son aquellos referidos al narcotráfico, la democracia, los derechos humanos o el medio ambiente que va más allá de las líneas fronterizas, que ya no han de reputarse con rayas separadoras sino como espacios integradores.

Recordemos que todo proceso de integración va a depender fundamentalmente de los esfuerzos internos de cada país, de los espacios que generen para establecer las reformas o acciones inmediatas en su derecho interno así como de la efectividad de sus políticas nacionales. En otras palabras el proceso de integración avanza en la medida de lo que hacen los países y de la correlación de fuerzas políticas que se hallen comprometidas en una visión integracionista. Será pues una América Latina unida más latina, más americana.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89...

I. a IX...

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre éstos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; promover la integración regional e impulsar la constitución de una comunidad de América Latina y del Caribe para constituir un espacio común de con el propósito de lograr la integración política, económica, social y cultural de la región para la promoción del desarrollo en el marco de unidad, democracia, respeto a los derechos humanos, solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política.

XI a XX...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Norberto Galazo, Manuel Ugarte (1875-1951) y la lucha por la unidad latinoamericana, Biografía de; Editorial Corregidor, Buenos Aires, 2001  (5 de julio de 2010: http://www.feps-europe.eu/fileadmin/ downloads/globalprogressive/0912_FEPS_Delbo_Latam_ES.pdf)

2 Ejemplos son  Contadora o Grupo de Río.

3 Denominada como la “Década perdida para muchos países de América Latina”.

4 Véase a  Hobsbown, Historia del siglo XX, Editorial Crítica Grijalbo, Barcelona, 1996, y Vid. Lanni Octavio: Teorías de la globalización, UNAM-Siglo XXI, México. 1996.

5 Luis Miguel Valdivia Santa María, La comunidad latinoamericana de naciones: un proyecto para la globalidad, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (5 de julio de 2010: http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Comunidad%20latinoamericana%20de%20n aciones%20cono%20proyecto.pdf)

6 La iniciativa del PAN presentada en la Cámara Baja proponía la adición de un segundo párrafo al artículo 40 de Constitución Federal en los términos siguientes:

Art. 40...

Los Estados Unidos Mexicanos favorecerán todo esfuerzo encaminado a fortalecer y desarrollar la integración cultural, política y económica de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones.

Por otra parte, la iniciativa del PRD presentada en el Senado en 1999 proponía lo siguiente:

Artículo 89...

I. a IX...

X. ...

...promover la creación de la Comunidad Latinoamericana de Naciones con instituciones democráticas y representativas.

7 Op. Cit  Valdivia Santa María.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2011.— Diputados: Rubén Velázquez López (rúbrica), José Luis García Zalvidea.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

WIKILEAKS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Asimismo, recibimos del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie a favor de la libertad de expresión periodística del derecho de la información y de la transparencia.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta:«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la libertad de expresión periodística, del derecho a la información y de la transparencia, y en contra de la asfixia financiera y operativa a que está siendo sometido el sitio web WikiLeaks, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador René Arce Círigo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Wikileaks es una página web que nació en 2006 y se autodefinió como un servicio público cuyo propósito es transparentar lo que gobiernos, bancos, organizaciones religiosas, corporativos y multinacionales se esfuerzan en mantener oculto con respecto a acciones y operaciones no necesariamente éticas o lícitas. Esta web funciona a base de filtraciones que surgen desde las entrañas de las propias instituciones y organismos oficiales, quedando a salvo el anonimato de informantes, periodistas y activistas que así logran dar a la luz información sensible que, como queda demostrado por los cientos de miles de documentos que circulan en Internet provenientes de WikiLeaks, son en verdad de interés público. Con ello se ejerce la libertad de expresión periodística, se presta un gran servicio a la transparencia y así también, se da sentido pleno a la palabra democracia y el derecho a la  información que ésta presupone.

El sitio WikiLeaks dispone más de un millón de documentos oficiales y secretos.

En julio de 2010 se publicaron más de 92 mil documentos sobre la guerra en Afganistán y el sitio recibió una serie de ataques cibernéticos que pretendieron sacarlo de circulación. El 28 de noviembre pasado WikiLeaks sacó a la luz más de 250 mil documentos con información diplomática. Como anteriormente, dicha web fue atacada por medios cibernéticos, pero lo más terrible es que se desató una furiosa ofensiva de diversos gobiernos que busca la asfixia económica y operativa de WikiLeaks.

Así, al tiempo que se desarrolla un proceso legal contra Julián Assange, fundador de WikiLeaks, diversas corporaciones han dejado de prestar servicios a su web: Paypal, Mastercard, Visa, EveryDNS, Amazon y el banco suizo PostFinance, entre otras. De esta forma, el portal que revolucionó el periodismo financiándose con donaciones diversas, tiene cortadas sus cuentas y ve anuladas sus capacidades operativas.

En las democracias, el siglo XXI se caracteriza por la transparencia y el acceso a la información. Toda información generada en las esferas gubernamentales es de interés público. Es por ello que resulta sumamente preocupante que se tienda un cerco en acciones orquestadas oficialmente para suprimir el portal WikiLeaks utilizando para ello no la Ley, sino la razón de Estado y la referencia insostenible a una presunta vulneración de la seguridad nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Al rechazar la asfixia financiera y operativa a la que está siendo sometida la web WikiLeaks, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la libertad de expresión periodística, del derecho a la información y de la transparencia.

Dado en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2011.— Senador René Arce Círigo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

PROTECCION Y SEGURIDAD A MIGRANTES EXTRANJEROS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia de los titulares de Gobernación y del comisionado del Instituto Nacional de Migración ante la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:Con su permiso, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, Amnistía Internacional con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que en 2010 fueron secuestrados en México alrededor de 20 mil migrantes extranjeros, principalmente centroamericanos.

Hace sólo una semana, el 27 de diciembre del año pasado, el comisionado del Instituto Nacional de Migración reconoció explícitamente este fenómeno al dar a conocer que durante el último año fueron reportados por sujetos asegurados por ese órgano, 222 secuestros de migrantes centroamericanos en territorio mexicano.

Esas cifras son fiel reflejo de la enorme inseguridad que se vive en nuestro país, de la nula protección que debiera darse a quienes con el propósito de llegar a Estados Unidos para obtener trabajo y una vida digna cruzan nuestro territorio, y de la corrupción imperante en los cuerpos policiales de todos los órdenes de gobierno a lo largo de las rutas migratorias mexicanas.

Engloban también casos de amplio impacto social, como el de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto pasado, y el de los 40 ó 50 desaparecidos en Chahuites, Oaxaca el 16 de diciembre anterior.

Del primer caso que conmovió a todos y suscitó la reprobación de la comunidad internacional, muy pobres han sido hasta ahora los resultados relativos a la persecución y sanción de sus autores intelectuales y materiales. Éstos hasta la fecha permanecen impunes.

Respecto del segundo caso, el del secuestro de migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en Chahuites, Oaxaca, no obstante que han transcurrido casi 3 semanas de que se dio a conocer, tampoco es mucho lo que se sabe, lo que el gobierno federal ha logrado para esclarecerlo.

Hasta hoy, tanto el gobierno federal como el gobierno de Oaxaca no han atinado a dar a conocer el paradero de las víctimas, menos a lograr su liberación y mucho menos a poner a disposición del Poder Judicial a los secuestradores.

La opinión pública mexicana, los legisladores federales, los gobiernos de Guatemala, el Salvador y Honduras, las familias de los secuestrados aún esperan certidumbres que no llegan y que no se tienen. El gobierno federal debe explicar qué ha hecho en relación con estos casos, qué avances tiene, qué resultados concretos entregará, pero fundamentalmente es ocasión propicia para analizar la política migratoria de nuestro país en la frontera sur.

Corresponde, pues, al titular de la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal, explicar estas acciones y responder a los cuestionamientos existentes en el tema de la migración y de los indocumentados extranjeros en nuestro país. Asimismo, al comisionado del Instituto Nacional de Migración como responsable de realizar una gestión migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el pleno respeto a la dignidad humana. Y también cabe y es oportuno citar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como encargado de la implementación de políticas públicas para la prevención social del delito y la coordinación interinstitucional en la materia. Toca decirnos qué hacen y qué harán para enfrentar satisfactoriamente estos problemas que ponen en muy mala posición al país en el concierto de las naciones amigas y centroamericanas.

En razón de ello, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, no sin antes decirles a los señores legisladores y a nuestras compañeras diputadas y senadoras, que he considerado pertinente que el asunto se turne a la comisión para su análisis pertinente. No he querido solicitarlo de urgente u obvia resolución porque me parece que todas las fuerzas políticas debemos estar de acuerdo en el mecanismo, en el trámite y en el procedimiento para analizar con toda seriedad este asunto ante las más altas autoridades del gobierno federal responsables del tema y de la materia.

El punto de acuerdo que propongo es el siguiente:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a comparecer a los ciudadanos: secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal; comisionado del Instituto Nacional de Migración y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ante la Primera Comisión de esta Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que expliquen detalladamente las acciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, han emprendido para brindar la debida protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio para llegar a los Estados Unidos de América, para prevenir la comisión de delitos en contra de estos migrantes, y específicamente sobre los avances que tengan en relación con el secuestro de alrededor de 40 migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, ocurridos el 16 de diciembre de 2010 en Chahuites, Oaxaca, luego de un operativo policial respecto del tren que los transportaba, para que nos informen de los acuerdos y estrategias que se han tomado al respecto, sus avances y la implementación.

En este sentido, la Primera Comisión acordará, con la intervención que corresponda a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el formato, la fecha que deberá programarse antes del 15 de enero de 2011, y demás modalidades para el desarrollo de las comparecencias indicadas.

El tema es apremiante. Urge una posición unificada de esta Comisión Permanente para que comparezcan las más altas autoridades del país, porque este asunto no debe soslayarse. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Segob y del comisionado del Instituto Nacional de Migración ante la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente a fin de que expliquen las acciones que han emprendido para brindar protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio para llegar a Estados Unidos de América, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ustedes la proposición con punto de acuerdo siguiente:

Consideraciones

Amnistía Internacional, con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó que en 2010 fueron secuestrados en México alrededor de 20 mil migrantes extranjeros, principalmente centroamericanos.

Conforme a testimonios de víctimas de este delito, en la mayoría de casos, las autoridades encargadas de dar seguridad y procurar el respeto de las garantías individuales de los migrantes –como policías y agentes migratorios– actuaron, contradictoriamente, coludidos, en complicidad, con los autores de sus secuestros.

Hace solo una semana, el 27 de diciembre de 2010, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, reconoció explícitamente este fenómeno, al dar a conocer que durante el último año fueron reportados, por sujetos asegurados por ese órgano, 222 secuestros de migrantes centroamericanos, en territorio mexicano.

Esas cifras, tanto la de migrantes secuestrados como la del número de secuestros denunciados, son fiel reflejo de la enorme inseguridad que se vive en nuestro país; de la nula protección que debiera darse a quienes, con el propósito de llegar a los Estados Unidos para obtener trabajo y una vida digna, cruzan nuestro territorio; y de la corrupción imperante en los cuerpos policiales de todos los órdenes de gobierno, a lo largo de las rutas migratorias mexicanas.

Estas cifras engloban también casos de amplio impacto social, como el de los setenta y dos migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto pasado, y el de los cuarenta o cincuenta desaparecidos en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre anterior.

Hechos éstos, documentados y plenamente probados, según cuenta de las autoridades mexicanas, gobiernos extranjeros, organismos no gubernamentales y medios de comunicación.

Del primer caso, que conmovió a todos y suscitó la reprobación de la comunidad internacional, muy pobres han sido, hasta ahora, los resultados relativos a la persecución y sanción de sus autores intelectuales y materiales. Éstos, hasta la fecha, permanecen impunes.

El gobierno federal, como en la gran mayoría de casos en los que se reportan ilícitos cometidos por la delincuencia organizada, poco sabe, poco avanza o poco informa.

Respecto al segundo caso, el del secuestro de migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, en Chahuites, Oaxaca, no obstante que han transcurrido casi tres semanas de que se dio a conocer, tampoco es mucho lo que se sabe, lo que el gobierno federal ha logrado para esclarecerlo.

Hasta hoy, la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, el gobierno del estado de Oaxaca, no han atinado a dar a conocer el paradero de las víctimas, menos a lograr su liberación y mucho menos a poner a disposición del Poder Judicial a sus secuestradores.

Como sabemos, el gobierno federal, primero negó los hechos, luego los reconoció. Redactó comunicados, ofreció investigar, lamentó lo sucedido, se confundió, enredó, contradijo, declaró, leyó discursos, condenó, pero hasta ahora, en resultados, cero, nada.

La opinión pública mexicana, los legisladores federales, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, las familias de los secuestrados, aún esperan certidumbres, que no llegan, que no se tienen.

Cuarenta o cincuenta personas desaparecieron como el humo. Los órganos de inteligencia e investigación federales y estatales o ignoran que ha pasado con ellas u ocultan la información que poseen, pese a la transparencia de la que se ufanan.

El gobierno federal debe explicar que ha hecho en relación con estos casos, que avances tiene, que resultados concretos entregará; cual fue su participación en el operativo policial previo al secuestro de Chahuites; como evitará nuevos secuestros de migrantes extranjeros; como protegerá a quienes desde otros países cruzan nuestro territorio; como reorientará políticas públicas en materia de migración, para hacer efectivos los derechos humanos de los migrantes; como coordina acciones en la materia con autoridades estatales y municipales, qué planes tiene para depurar al personal operativo del Instituto Nacional de Migración y paliar la corrupción que en éste priva; como protegerá y dará seguridad en nuestras rutas migratorias; como evitará que trenes cargueros mexicanos sean usados como medio de transporte por los migrantes extranjeros, entre otros aspectos.

Corresponde al titular de la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal explicar esas acciones y responder a los cuestionamientos existentes en el tema de la migración y de los indocumentados extranjeros en nuestro país, ya que es éste quien, normativa y operativamente, es el responsable de conducir la política de población y de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales.

Asimismo, al comisionado del Instituto Nacional de Migración como responsable de realizar una gestión migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el pleno respeto a la dignidad humana, toca decirnos que hace y que hará para enfrentar satisfactoriamente estos problemas.

La importancia del tema migratorio, hacia nuestro territorio, amerita que ambos servidores públicos sean llamados a informar a esta Comisión Permanente, sobre los hechos narrados.

En razón a ello, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, solicitando se tramite como de urgente u obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a comparecer a los ciudadanos secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal y comisionado del Instituto Nacional de Migración, ante la Primera Comisión de esta Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que expliquen detalladamente las acciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, han emprendido para brindar la debida protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio, para llegar a los Estados Unidos de América, y específicamente sobre los avances que tengan en relación con el secuestro de alrededor de cuarenta migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, ocurrido el 16 de diciembre de 2010, en Chahuites, Oaxaca, luego de un operativo policial respecto al tren que los transportaba.

La Primera Comisión acordará con la intervención que corresponda a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el formato, fecha y demás modalidades para el desarrollo de las comparecencias indicadas.

Palacio Legislativo, a 4 de enero de 2011.— Diputado Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias a usted, señor diputado, y con mucho agradecimiento a la de buscar un consenso en la comisión que usted preside.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

MARISELA ESCOBEDO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Magdalena Torres Abarca, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación al feminicidio de la señora Maricela Escobedo, suscrito por las diputadas Enoé Uranga Muñoz y Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca:Con su permiso, diputado presidente. A 17 días de acontecido el caso del asesinato a mansalva de Marisela Escobedo a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, se tornó cada vez turbio e indignante ante tanta impunidad y una cadena  subsecuente de crímenes que no se detiene.

La insostenible y vergonzosa impunidad de los homicidios de su hija Rubí Marisol Frayre, y de Maricela Escobedo, lo cual aconteció el 16 de diciembre del 2010 en circunstancias tan previsibles que la propia víctima la descubrió antes de ser ejecutada y que sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades responsables, la persecución y amenazas a los familiares de las víctimas, incendio de la maderería de su pareja y el asesinato de Manuel Monge Amparán, cuñado de Maricela Escobedo, horas después de que fuera levantado por un comando.

El 21 de diciembre, es decir, el mismo día que esta Comisión Permanente presentaba un punto de acuerdo respecto del caso en el que hacía la condena el Congreso de la Unión por el asesinato, exigía a las autoridades el total y pronto esclarecimiento, así como la aplicación de la ley contra los responsables y el exhorto a las autoridades locales y federales, para la inmediata protección de familiares y activistas relacionados con el caso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado mexicano a investigar el asesinato de Maricela Escobedo para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen y adoptar las medidas necesarias con el fin de ejecutar la sentencia dictada contra el responsable del homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre, cuyo asesinato confesó Rafael Barraza.

Pese a ser condenado a 50 años de cárcel permanece prófugo, debido a la actitud corrupta de los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudid Jurado y la negligente actitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua.

Por lo anterior y dado que el punto de acuerdo aprobado el día 21 de diciembre del 2010 no ha rendido resultados a la fecha y antes al contrario la situación en torno al caso empeora, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Primero. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua fijar plazas para dar avances en las investigaciones de ambos asesinatos y que informe a esta soberanía sobre la falta de resultados hasta la fecha.

Segundo. La Comisión Permanente solicita al Consejo de la Judicatura del estado la investigación y sanción a los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudid Jurado, que fueron omisos y negligentes al emitir sentencia absolutoria en el caso del asesinato de Rubí Frayre Escobedo, así como a los agentes del Ministerio Público y policías judiciales que permitieron la huída de Sergio Barraza Bocanegra.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua a que en el ámbito de su competencia y en colaboración con el Poder Judicial de aquella entidad admitan públicamente la responsabilidad que tienen respecto del asesinato de la activista Marisela Escobedo y reparen el daño a las víctimas de dicho homicidio, incluyendo en dicha reparación el lucro cesante de las víctimas directas, la atención terapéutica para todos los familiares involucrados y el pago de una pensión alimenticia vitalicia hasta que cumpla la mayoría de edad u obtenga una profesión u oficio la hija de Rubí Marisol Frayre, quien apenas cuenta con dos años de edad.

Cuarto. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría General de la República haga una evaluación muy seria respecto del desempeño de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que tiene como objetivo ser una instancia modelo en el ámbito nacional e informe sobre las limitaciones que le impiden conducir una investigación ministerial de los delitos de violencia contra las mujeres que, como sabemos, debe estar centrada en la atención integral de las víctimas que concluyan resoluciones solidariamente sustentadas y por su interlocución con otras instituciones públicas y con la sociedad civil para la construcción corresponsable de una cultura que propicie el ejercicio igualitario del derecho a una vida libre de violencia y combata la impunidad.

Quinto. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que otorgue todo el apoyo necesario a los familiares de Marisela ante las autoridades de los Estados Unidos para que puedan recibir asilo por temer por su vida en su país de origen, de conformidad con las leyes aplicables en ese país, en particular su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo.

Sexto. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Seguridad Pública federal que brinde todas las medidas de protección a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los familiares y amistades cercanas a la familia de Marisela Escobedo.

Séptimo. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades estatales para que acaten la demanda urgente de implementar el protocolo de protección al derecho  humanista en el estado.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, en relación con el feminicidio de la señora Marisela Escobedo, suscrito por las diputadas Enoé Uranga Muñoz y Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

Las diputadas Enoé Uranga Muñoz, Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca y los suscritos, senadores y diputados ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

A 17 días de acontecido el caso del asesinato a mansalva de Marisela Escobedo a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, se torna cada vez más turbio e indignante entre tanta impunidad y una cadena subsecuente de crímenes que no se detienen. La insostenible y vergonzosa impunidad de los feminicidios de su hija Rubí Marisol Frayre y el de Marisela Escobedo, el cual aconteció 16 de diciembre de 2010, en circunstancias tan previsibles que la propia víctima las describió antes de ser ejecutada y que sin embargo fueron ignoradas por las autoridades responsables, la persecución y amenazas a los familiares de las víctimas, incendio de la maderería de su pareja, el asesinato de Manuel Monge Amparán, cuñado de Marisela Escobedo, horas después de que fuera “levantado” por un comando.

Estamos viviendo momentos muy graves que ponen en riesgo la paz y la seguridad interior de la nación, mientras en este país el Ejecutivo sólo parece tener capacidad para “condenar el asesinato”, mientras en otras latitudes, gobiernos y organizaciones exigen tomar acciones más drásticas y contundentes sobre el caso.

El martes 21 de diciembre, es decir, el mismo día que la Comisión Permanente presentaba un punto de acuerdo respecto al caso en el que hacía la condena del Congreso de la Unión por el asesinato, exigía a las autoridades el total y pronto esclarecimiento, así como la aplicación de la ley contra los responsables y el exhorto a las autoridades locales y federales para la inmediata protección de familiares y activistas relacionados con el caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado mexicano a investigar el asesinato de Marisela Escobedo para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, y a adoptar las medidas necesarias con el fin de ejecutar la sentencia dictada contra el responsable del homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre, cuyo asesino confeso Rafael Barraza, pese haber sido condenado a 50 años de cárcel, permanece prófugo, debido a la actitud corrupta de los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudit Jurado, y la negligente actitud de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua.

El miércoles 22 de diciembre la Unión Europea se pronunció a través de un a comunicado de la delegación diplomática de la UE en México sobre el asesinato de la activista mexicana expresando que “luchaba para exigir justicia en el caso del asesinato de su hija Rubí Marisol y en contra de la impunidad en casos de asesinatos de mujeres en Chihuahua”, condenó además el crimen e hizo un llamamiento a las autoridades para “esclarecer los hechos e identificar y llevar a juicio a los responsables de este asesinato”.

La mirada internacional al respecto y la de los defensores de derechos humanos en el país no dan crédito a la inmovilidad institucional y la falta de resultados positivos respecto del caso. La situación que rodea el asesinato de hija y madre sólo parece empeorar.

Ante la falta de garantías y la ya probada incapacidad o indolencia de quienes son responsables de salvaguardar las vidas de los habitantes del país, los hijos de Marisela Escobedo, quienes ven amenazada su vida en nuestro país, fueron escoltados por autoridades del gobierno de Chihuahua hasta uno de los puentes que hacen frontera con EUA.

La secretaria de Gobierno de Chihuahua, Graciela Ortiz, confirmó que cuatro familiares de la activista social, Marisela Escobedo, huyeron de México y se refugiaron en EUA, por las amenazas de muerte que han recibido. Sin embargo, su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo fue detenido por las autoridades migratorias de EUA, país al que acudió en busca de asilo y está custodiado desde el 19 de diciembre en el Centro de Detención y Remoción de El Paso, Texas.

Toda esta desgracia que deshonra a la nación, nació el día en que quienes eran encargados de hacer justicia en el caso del asesinato de Rubí Marisol Frayre, le fallaron a la sociedad y creció por una cadena de errores, corrupción, complicidad, ineficiencias, indiferencia institucionales. Es decir, por el trato y la atención que las diferentes instituciones responsables de cada tramo; investigación, procuración y seguridad, le han dado a los feminicidios.

En una carta abierta con relación a los asesinatos de Marisela y Rubí, dirigida al presidente Calderón, la ex titular de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la PGR, hoy Fevimtra, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, denunciaba la ineficiencia y corrupción de nuestra justicia, su incapacidad de juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos, así como el desperdicio de energía y de recursos que ministros, ministras, magistrados y magistradas, juezas y jueces, canalizan a garantizar la solidez del fideicomiso para su jubilación, en vez de utilizarlos para simplemente hacer justicia.

Sumado a lo anterior, cabe destacar que en el transcurso del año pasado se llevaron a cabo múltiples foros de consulta, debate y opinión en colaboración con la Secretaría de Gobierno, respecto de la necesidad apremiante de hacer una revisión exhaustiva al sistema penal acusatorio que ya opera desde hace mucho tiempo en Chihuahua, así como la urgencia de proteger cada vez más a las víctimas u ofendidos de un delito, dada la impunidad y corrupción que permea en aquella entidad y en otras tantas, y a la fecha nada pasa.

Ante la inoperancia de los responsables de la seguridad del país, se ha abierto una peligrosísima puerta falsa hacia la punición malsana, para la que el gobierno ha mostrado la sorprendente pasividad, misma que hace emergente reaccionar desde esta soberanía: nos referimos, desde luego, a los grupos de la delincuencia organizada que se autodeclaran paladines de la venganza y hoy, por medio de comunicados públicos, ofrecen hacer el trabajo que no hace justicia en Juárez y prometen castigar a los asesinos de la activista Marisela Escobedo sin importar a qué grupo del crimen organizado pertenezcan, pues afirman que el gobierno del estado es quién protege a estos grupos criminales. Es decir ante la falta de justicia tenemos a un cartel ungiéndose como salvador de la patria, mismo que además apunta su solidaridad “con los familiares de la activista y con el pueblo chihuahuense”.

Resulta toral exigir a las autoridades correspondientes que se responsabilicen y éste crimen se esclarezca y se castigue a todos los culpables de éste y de los demás crímenes “colaterales” a él. Advertimos el riesgo palpable de que, al ser el crimen organizado el que ilegalmente “castigue a los culpables” como ha amenazado, lleguemos a extremos que nos convertirán en territorio sin ley y la credibilidad en la justicia caerá a un atascadero impensable en este siglo y lucrativo para la inseguridad en el país.

Es evidente que el asesinato de Marisela Escobedo es consecuencia de un contexto de violencia contra las mujeres en general y las luchadoras sociales contra la violencia de género en particular, por lo que además de otras medidas debemos insistir en la exigencia a las autoridades para cumplir con la sentencia del Campo Algodonero emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para prevenir, investigar y sancionar debidamente la violencia sexual y las desapariciones y homicidios de mujeres.

Por lo anterior, y dado que el punto de acuerdo aprobado el día 21 de diciembre del 2010 no ha rendido resultados a la fecha, y antes al contrario la situación en torno al caso empeora, sometemos a la consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, fijar plazos para dar avances en las investigaciones de ambos asesinatos y que informe a esta Soberanía sobre la falta de resultados hasta la fecha.

Segundo. La Comisión Permanente solicita al Consejo de la Judicatura del Estado la investigación y sanción a los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudit Jurado que fueron omisos y negligentes al emitir sentencia absolutoria en el caso del asesinato de Rubí Frayre Escobedo, así como a los agentes del Ministerio Público y policías judiciales que permitieron la huida de Sergio Barraza Bocanegra.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua a que en el ámbito de su competencia y en colaboración con el Poder Judicial de aquella entidad, admitan públicamente la responsabilidad que tienen respecto del asesinato de la activista Marisela Escobedo y reparen el daño a las víctimas de dicho homicidio, incluyendo en dicha reparación el lucro cesante de las víctimas directas, la atención terepeútica para todos los familiares involucrados y el pago de una pensión alimenticia vitalicia, hasta que cumpla la mayoría de edad y/o obtenga una profesión u oficio, a la hija de Rubí Marisol Frayre quien apenas cuenta con dos años de edad.

Cuarto. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría General de la República haga una evaluación muy seria respecto del desempeño de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas que tiene como objetivo ser una instancia modelo en el ámbito nacional e informe sobre las limitaciones que le impiden conducir una investigación ministerial de los delitos de violencia contra las mujeres, que como sabemos debe estar centrada en la atención integral de las víctimas que concluya en resoluciones sólidamente sustentadas; y por su interlocución con otras instituciones públicas y con la sociedad civil, para la construcción corresponsable de una cultura que propicie el ejercicio igualitario del derecho a una vida libre de violencia y combata la impunidad.

Quinto. La Comisión Permanente solicita a la secretaria de Relaciones Exteriores que otorgue todo el apoyo necesario a los familiares de Marisela ante las autoridades de Estados Unidos de América para que puedan recibir asilo por temor a su vida en su país de origen, de conformidad con las leyes aplicables en ese país, en particular su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo.

Sexto.La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que brinde todas las medidas de protección a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los familiares y amistades cercanas a la familia de Marisela Escobedo.

Séptimo. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades estatales para que acaten la demanda urgente de implantar el protocolo de protección a Derecho-Humanistas en el estado.

Dado a los cuatro días del mes de enero de dos mil once, Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS ENTRE MEXICO-ESTADOS UNIDOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Adolfo Toledo Infanzón para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México  Estados Unidos, así como del secretario de la Sección Mexicana, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El senador Adolfo Toledo Infanzón:Gracias, presidente. Señores legisladores, legisladoras: la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos se reunió en las oficinas de la sección estadounidense en la ciudad del Paso, Texas, el pasado 17 de diciembre, para discutir el ajuste de calendario de entregas de agua del Río Colorado a México, en el periodo comprendido de 2010 a 2013, con motivo de los daños en la infraestructura del distrito de riego 14 del Río Colorado, ocasionados por los sismos ocurridos en el valle de Mexicali, en abril de 2010.

En dicha reunión el comisionado mexicano refirió que durante los sismos mencionados resultó seriamente dañada la red hidráulica del distrito de riego 14, en una longitud de 640 kilómetros en la red de canales, y que también fue afectada una superficie de alrededor de 60 mil hectáreas, por lo que nuestro país está enfrentando dificultades para recibir a través de su infraestructura hidroagrícola todo el volumen de agua que se le asigna anualmente a través del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.

El comisionado mexicano hizo mención entonces a las instrucciones del gobierno federal en el sentido de explorar, en el seno de la comisión, la opción de ajustar el calendario de entregas de agua al Río Colorado.

El comisionado estadounidense observó que las autoridades competentes de su país han sido informadas de los daños sufridos por la infraestructura de este distrito de riego como resultado de los sismos registrados en abril del 2010, y han expresado su disposición para apoyar a México a fin de ajustar los calendarios de entrega de agua de su asignación anual durante el periodo comprendido de 2010 a 2013 debido a los problemas derivados de estos daños.

En este contexto los comisionados observaron la preferencia de ajustar el calendario de entregas de las aguas asignadas a México durante el periodo de 2010 a 2013, a fin de atender inmediatamente los problemas derivados de los daños generados por los sismos en la infraestructura de riego en nuestro país, tomando en cuenta las pérdidas por evaporación asociadas con este cambio en el calendario de entregas y el potencial de impacto en el diferencial de salinidad entre la presa Imperial y el Lindero Internacional Norte.

Ahora bien, durante todo el año pasado Baja California enfrentó diversos sucesos, tanto naturales como el sismo del 4 de abril y eventos también de carácter político como las restricciones al uso de dólares en efectivo, resultando afectada de manera importante la economía y la calidad de vida de sus habitantes.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con datos de la Secretaría del Interior estadounidense se estima que las reservas de la cuenca del Río Bravo, principal fuente de agua para el estado de Baja California, han caído en un 55 por ciento desde el 2010. Es por esto que en este orden de ideas proponemos citar a comparecer ante esta Comisión Permanente al doctor Roberto Salmón Castelo, comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, a fin de que explique a detalle las razones y posibles consecuencias que el Acta 318, firmada con Estados Unidos puede significar para nuestro país.

Es por eso que a nombre del senador Fernando Castro Trenti y de quien hace uso de la voz, presentamos el siguiente punto de acuerdo, el cual pedimos que se le dé turno a la comisión correspondiente de esta Comisión Permanente, para que por ese conducto la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cite a comparecer al comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en nuestro país, entre México y Estados Unidos, al doctor Roberto Salmón Castelo y al secretario de la sección mexicana, licenciado José Luévano Grano, a fin de que expliquen a detalle las razones y posibles consecuencias de esta acta 318 firmada con Estados Unidos el 17 de diciembre de 2010 y aprobada por los gobiernos mexicano y estadounidense el 20 de diciembre de 2010. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del representante mexicano en la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, así como del secretario de la sección mexicana de ésta a fin de que expliquen las razones y posibles consecuencias del acta 318, firmada con Estados Unidos de América el 17 de diciembre de 2010, aprobada por el gobierno mexicano el 20 del mismo mes, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón y suscrita por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Fernando Castro Trenti, legislador integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos se reunió en las oficinas de la Sección Estadounidense en la ciudad de El Paso, Texas, el pasado 17 de diciembre de 2010, para discutir el ajuste del calendario de entregas de agua del río Colorado a México en el período comprendido de 2010 a 2013, con motivo de los daños en la infraestructura del distrito de riego 014, río Colorado, ocasionados por los sismos ocurridos en el Valle de Mexicali, Baja California, en abril de 2010.

En dicha reunión, el comisionado mexicano refirió que durante los sismos referidos, resultó seriamente dañada la red hidráulica del distrito de riego 014, río Colorado, en una longitud de 640 kilómetros (398 millas) de la red de canales y también fue afectada una superficie de alrededor de 60,000 hectáreas (148,000 acres), por lo que México está enfrentando dificultades para recibir a través de su infraestructura hidroagrícola, todo el volumen de agua que le asigna anualmente el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y Los Estados Unidos de América, firmado el 3 de febrero de 1944, de conformidad con lo siguiente:

“Artículo 4

Las aguas del río Bravo (Grande) entre Fort Quitman, Texas, y el Golfo de México se asignan a los dos países de la siguiente manera:

A. A México:

a) La totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del río Bravo (Grande), de los ríos San Juan y Álamo; comprendiendo los retornos procedentes de los terrenos que rieguen estos dos últimos ríos.

b) La mitad del escurrimiento del cauce principal del río Bravo (Grande) abajo de la presa inferior principal internacional de almacenamiento, siempre que dicho escurrimiento no esté asignado expresamente en este Tratado a alguno de los dos países.

c) Las dos terceras partes del caudal que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado y Arroyo de Las Vacas, en concordancia con lo establecido en el inciso c) del párrafo B de este artículo.

d) La mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del río Bravo (Grande), no asignado específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos los afluentes no aforados -que son aquellos no denominados en este artículo- entre Fort Quitman y la presa inferior principal internacional.

B. A Estados Unidos:

a) La totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedentes de los ríos Pecos, Devils, manantial Goodenough y arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto.

b) La mitad del escurrimiento del cauce principal del río Bravo (Grande) abajo de la presa inferior principal internacional de almacenamiento, siempre que dicho escurrimiento no esté asignado expresamente en este Tratado a alguno de los dos países.

c) Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de Las Vacas; tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de 431.721,000 metros cúbicos (350,000 acres pies) anuales. Los Estados Unidos no adquirirán ningún derecho por el uso de las aguas de los afluentes mencionados en este inciso en exceso de los citados 431 721 000 metros cúbicos (350 000 acres pies), salvo el derecho a usar de la tercera parte del escurrimiento que llegue al río Bravo (Grande) de dichos afluentes, aunque ella exceda del volumen aludido.

d) La mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del río Bravo (Grande), no asignado específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos los afluentes no aforados -que son aquellos no denominados en este artículo- entre Fort Quitman y la presa inferior principal internacional.

En casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos aforados que hagan difícil para México dejar escurrir los 431.721,000 metros cúbicos (350,000 acres pies) anuales que se asignan a los Estados Unidos como aportación mínima de los citados afluentes mexicanos, en el inciso c) del párrafo B de este artículo, los faltantes que existieren al final del ciclo aludido de cinco años se repondrán en el ciclo siguiente con agua procedente de los mismos tributarios.

Siempre que la capacidad útil asignada a los Estados Unidos de por lo menos dos de las presas internacionales principales, incluyendo la localizada más aguas arriba, se llene con aguas pertenecientes a los Estados Unidos, se considerará terminando un ciclo de cinco años y todos los débitos totalmente pagados, iniciándose, a partir de ese momento, un nuevo ciclo.”

El comisionado mexicano hizo mención entonces a las instrucciones del gobierno en el sentido de explorar en el seno de la Comisión, la opción de ajustar el calendario de entregas de agua del río Colorado, reconociendo los volúmenes de agua que México no pueda utilizar en el período comprendido de 2010 a 2013 a causa de los daños ocasionados por el sismo del 4 de abril del 2010, y el deseo de que dichos volúmenes sean entregados a México cuando pueda utilizarlos, según el avance en la reconstrucción de la infraestructura dañada. En este contexto, mencionó que un volumen estimado de 320 millones de metros cúbicos (260,000 acres-pie) pudieran no ser utilizados en el periodo comprendido de 2010 a 2013.

El comisionado estadounidense observó que las autoridades competentes de su país, han sido informadas de los daños sufridos por la infraestructura del distrito de riego 014 como resultado de los sismos registrados en abril de 2010, y han expresado su disposición para apoyar a México a fin de ajustar los calendarios de entrega de agua de su asignación anual durante el período comprendido de 2010 a 2013, debido a los problemas derivados de los daños mencionados.

En este contexto, los comisionados observaron la procedencia de ajustar el calendario de entregas de las aguas asignadas a México durante el período comprendido de 2010 a 2013, a fin de atender inmediatamente los problemas derivados de los daños generados por los sismos en la infraestructura de riego en México, tomando en cuenta las pérdidas por evaporación asociadas con este cambio en el calendario de entregas y el potencial impacto en el diferencial de salinidad entre la presa Imperial y el lindero internacional norte.

Con base en lo anterior, el acta 318 contiene las siguientes resoluciones:

“1. Tomando en cuenta los daños en infraestructura causados por los sismos de abril de 2010 en el Valle de Mexicali, Baja California, y con el propósito de asegurar que únicamente se programe la entrega durante el período comprendido de 2010 a 2013 de aquellos volúmenes que México pueda utilizar en dicho período, a solicitud de México, el calendario para la entrega anual a México de sus asignaciones correspondientes al Artículo 10(a) del Tratado de Aguas de 1944, se podrá ajustar reduciéndola en la forma siguiente:

Desde la fecha en que esta acta entre en vigor, hasta el 31 de diciembre de 2013, por un máximo de 320 millones de metros cúbicos  (260, 000 acre-pie).

2. Cualquier solicitud de ajuste de reducción para los años 2010 hasta 2013, a que se refiere la resolución 1 anterior, será comunicada por el comisionado mexicano a través de una notificación oportuna al comisionado estadounidense, mediante un escrito indicando los volúmenes afectados por este cambio en el calendario de entregas y los meses a los que dichos volúmenes corresponden.

3. Tomando en cuenta las pérdidas por evaporación asociadas con el ajuste del calendario de entregas, iniciando en 2011, el 31 de diciembre de cada año en el que los volúmenes mencionados en la resolución 2 anterior o una parte de ellos no hayan sido aun entregados a México, se cargará un 3 por ciento de evaporación anual, el cual se deducirá de los volúmenes pendientes de entregar. Este porcentaje no se aplicará en un año dado en el que los volúmenes mencionados en la resolución 2 de esta acta, no puedan ser entregados a México por problemas operativos en Estados Unidos.

4. Tomando en cuenta el impacto potencial que el ajuste al calendario de entregas de agua a México en el período comprendido de 2010 a 2013, pueda tener en el diferencial de salinidad entre presa Imperial y el lindero internacional norte descrito en la resolución 1.a del acta 242, “Solución permanente y definitiva del problema internacional de la salinidad del río Colorado”, del 30 de agosto de 1973, el citado diferencial de salinidad se calculará como si el volumen de agua mencionado en la resolución 2 anterior se hubiera entregado de la presa Imperial en el lindero internacional norte, en congruencia con el monitoreo de las entregas de agua adoptado en la enmienda al Informe Común de los Ingenieros Principales que forma parte del acta 314, “Ampliación de las entregas temporales de emergencia de aguas del río Colorado para su uso en Tijuana, Baja California”, del 14 de noviembre de 2008. Los ajustes al calendario de entregas se realizarán, en cuanto sea práctico, de manera que minimicen los impactos en la salinidad en el lindero internacional norte, reconociendo que México y las organizaciones no gubernamentales podrán conducir agua hacia el Estero de Santa Clara, a través del dren Wellton-Mohawk, en el marco del acta 316 “uso del dren de desvío del Wellton Mohawk y de la Infraestructura necesaria en Estados Unidos, para la conducción de agua de México y las organizaciones no gubernamentales de ambos países, hacia el estero de Santa Clara, durante la prueba piloto de la planta desaladora de Yuma”, de fecha 16 de abril de 2010, acción que tendrá un impacto favorable en la salinidad en el lindero internacional norte.

5. Serán aplicables las limitaciones en lo que se refiere a los gastos de las entregas especificados en el artículo 15 del Tratado de 1944.

6. Se considerará que Estados Unidos haya cumplido con sus obligaciones de entrega estipuladas en el Tratado de Aguas de 1944 para los años 2010 a 2013, independientemente del ajuste del programa de entregas que se realice en el marco de esta acta.

7. En el marco del acta 317, “marco conceptual para las conversaciones México-Estados Unidos, relativas a las acciones de cooperación sobre el río Colorado”, de fecha 17 de junio de 2010, deberán continuar las discusiones sobre las acciones de cooperación conjunta en el río Colorado que pudieran beneficiar a ambos países, particularmente reconociendo la necesidad de minimizar los impactos de potenciales condiciones de escasez en la cuenca del río Colorado, y ante el creciente reconocimiento sobre los potenciales efectos adversos del cambio climático, México y los Estados Unidos reconocen que es crítico para el interés de ambos países, continuar con sus esfuerzos para atenuar los impactos referidos, conforme se estableció en el acta 317.

8. Los volúmenes referidos en la resolución 2 anterior, serán entregados a México a partir de 2014, sujetos a reconsideración dependiendo de los avances en los esfuerzos de reconstrucción por parte de México, y en función de las oportunidades de cooperación que se identifiquen en el marco del punto 10 de esta acta. La entrega del agua mencionada se realizará dentro de los calendarios de entrega contenidos en el artículo 15 del Tratado de Aguas de 1944, sin exceder un volumen de entrega total anual de 2097 millones de metros cúbicos  (1.7 millones de acre-pie), y sin exceder los límites de salinidad estipulados en el acta 242. Para obtener esta entrega, el comisionado mexicano remitirá la solicitud correspondiente al comisionado estadounidense, indicando los volúmenes que serán entregados y los meses a los que dichos volúmenes corresponden, al menos seis meses antes de la primera entrega de dichos volúmenes de agua. El comisionado estadounidense, al recibir la solicitud, es responsable de revisar las condiciones del sistema del río Colorado y aprobar la solicitud, sujeto a los aspectos operativos identificados en la revisión de las condiciones del sistema del río Colorado, tomando en consideración el deseo de ambos países de programar la entrega de esta agua, de manera que no se detonen o agraven potenciales condiciones de recortes en los Estados Unidos.

9. Las estipulaciones de la presente acta no deberán ser consideradas como precedente para entregar en el futuro agua del río Colorado adicional a la asignada anualmente a México, conforme al artículo 10 del Tratado de Aguas de 1944, ni para manejar en el futuro la salinidad mediante el esquema descrito en el punto cuatro anterior.

10. Las discusiones que se llevan a cabo en seguimiento del acta 317, como se menciona en la resolución 7 anterior, podrán considerar otras acciones de cooperación conjunta relacionadas con la entrega de los volúmenes referidos en la resolución 2 anterior, tomando en consideración los beneficios potenciales para ambos países, así como el avance logrado en la reconstrucción de la infraestructura dañada en México.

11. La entrega de agua a que se refiere la resolución 8 anterior, no impide la implementación, si las condiciones así lo ameritan, de las estipulaciones del Artículo 10 (b) del Tratado de Aguas de 1944, en lo relativo a la reducción de agua asignada a México bajo el artículo 10 (a) del tratado.

12. Que esta acta deberá entrar en vigor cuando el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, hayan notificado su aprobación a la misma, a través de la correspondiente sección de la comisión.”

Durante todo el 2010, Baja California enfrentó diversos sucesos, tanto naturales, como el sismo del 4 de abril, y políticos, como las restricciones al uso de dólares en efectivo, resultando afectada, de manera importante, la economía y la calidad de vida de sus habitantes.

El Valle de Mexicali sigue sufriendo las consecuencias del terremoto y, como se mencionó anteriormente, todavía no se ha podido restaurar la infraestructura hidroagrícola de la zona, lo que significa pérdidas para todos los productores agrícolas mexicalenses, quienes no pueden continuar con sus actividades debido, en gran medida, a la falta de abastecimiento de agua para riego.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con datos de la Secretaría del Interior estadounidense, se estima que las reservas de la cuenca del Río Bravo, principal fuente de agua para el estado de Baja California, han caído a 55 por ciento de su capacidad desde el 2000 y los pasados 11 años han sido los más secos en un siglo, por lo que es menester llevar a cabo un profundo análisis de este pacto bilateral ya que la restricción de más de 300 millones de metros cúbicos de agua correspondientes al Estado mexicano, puede resultar en otro fuerte golpe a la de por sí menoscabada economía de los estados fronterizos, en especial la de Baja California.

En este orden de ideas, es que se propone citar a comparecer ante esta Comisión Permanente al doctor Roberto Fernando Salmón Castelo, comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, a fin de que explique a detalle las razones y posibles consecuencias que el acta 318, firmada con Estados Unidos, puede significar para el país.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer, al comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, doctor Roberto Fernando Salmón Castelo, y al secretario de la sección mexicana, licenciado José de Jesús Luévano Grano, a fin de que expliquen, a detalle, las razones y posibles consecuencias del acta 318, firmada con Estados Unidos el 17 de diciembre de 2010, aprobada por los gobierno mexicano y estadounidense el 20 del mismo mes.

Notas:

1 Resolución 1.a del acta 242, “Solución permanente y definitiva del problema internacional de la salinidad del río Colorado”, del 30 de agosto de 1973

2  “Artículo 10. De las aguas del río Colorado, cualquiera que sea su fuente, se asignan a México:

a) Un volumen garantizado de 1,850,234,000 metros cúbicos (1.500,000 acres pies) cada año, que se entregará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de este tratado.”

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2011.— Senadores: Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Ricardo Fidel Pacheco, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleomino Zoreda Novelo (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador. Se turna su punto de acuerdo a la Segunda Comisión de Trabajo.

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora la palabra el senador René Arce Círigo del Grupo Parlamentario del PRD para presentar proposición con punto de acuerdo que solicita la comparecencia ante el pleno de la Comisión Permanente del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El senador René Arce Círigo:Compañeras y compañeros senadores, hemos iniciado este año en una cuestión delicada, porque lo vivido durante el 2010 empieza a repetirse desde los primeros días del 2011: asesinatos, secuestros, asaltos, en fin, todo lo que vivimos durante el 2010.

Hoy inicia nuevamente su larga cadena y la sociedad espera de sus representantes que les podamos decir qué es lo que aprendimos del 2010 y qué es lo que podemos hacer en el 2011 para darles una esperanza de que las cosas van a mejorar en esta materia tan delicada como es la seguridad pública.

Existe un Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe una ley al respecto, y en esa ley plantea que este sistema es el encargado de formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad; proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos, regular los procedimientos de selección, de ingreso, de formación, de capacitación, determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización, determinar la participación de la comunidad e instituciones académicas, entre otras de sus funciones.

En este sistema nos tendría que decir, ¿qué ha pasado con los más de 80 mil millones de pesos que se han invertido en los últimos 15 años? Más de 5 mil millones en promedio por año. Nos tendría que decir, ¿por qué hay subejercicios en un asunto tan delicado como es la seguridad pública? Y nos tendría que decir, fundamentalmente, si lo que ellos tienen como estrategia realmente ha dado resultados a partir de evaluaciones. Si esto ha generado mejores condiciones para la sociedad, y creo que sería interesante que todos nosotros pudiéramos tener aquí toda esa información de manera formal, porque desafortunadamente cada quien da sus opiniones sobre esto.

De repente han surgido una gran cantidad de expertos en seguridad pública y nacional que opinan, que dan cifras. Y la parte oficial, que debería ser este sistema y su responsable, debería venir aquí a platicar con nosotros a informarnos y a responder al Congreso, a esta Permanente, realmente todas las dudas que la sociedad tiene pero que también nosotros como legisladores, tenemos.

En la Comisión de Seguridad del Senado habíamos planteado la posibilidad de que fuera el secretario a la comisión: por razones de tiempo y otras no pudo ir. Pero me parece que a esta Permanente sería conveniente que viniera el secretario a estar con nosotros, a darnos el informe de lo que sucedió en el 2010 y de las estrategias que se implementaron, a decirnos cuál es su evaluación, y a decirnos si han modificado la estrategia o es la misma.

Pero me parece que ésta es una discusión que tenemos que dar aquí. No podríamos, nosotros, como legisladores, omitir esa discusión. Creo que todo mundo está esperando que les digamos con certeza qué pueden esperar del 2011. ¿Habrá otras decenas de miles más de muertos en lo que termina este mandato presidencial? ¿Seguirá habiendo subejercicios? ¿Se seguirán tardando como dice en su página, la propia Secretaría, más de 20 años en certificar a las policías?

Todo esto creo que es importante que aquí lo discutamos y que en este recinto podamos realmente entablar un diálogo constructivo, pero crítico, con el secretario.

Por eso me permito hacer la proposición, y en esto coincidimos, aunque por un asunto de migrantes, porque me parece que es un tema que también habría que plantear con el anterior senador que planteó la necesidad de que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, licenciado Miguel Alcántara Soria, se presente ante este pleno para que dé un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales sobre la prevención del delito, la incidencia delictiva, índice de violencia, certificación, acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y todos los otros temas que están relacionados con la seguridad pública.

Señor presidente, yo pediría que este punto se enviara a la comisión para que esta Comisión lo más pronto posible se reúna y tuviera a bien aprobar esta petición de que el secretario comparezca ante este pleno. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante el Pleno de la Comisión Permanente del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que presente un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia de éste e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y otros temas vinculados con la seguridad pública, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador René Arce Círigo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sistema Nacional de Seguridad Pública surge, con sus actuales características, de la reforma al artículo 21 constitucional contenida en la Reforma al Sistema de Justicia Penal y de Seguridad que entró en vigor el 18 de junio de 2008 y de su nueva Ley Reglamentaria emitida el 2 de enero de 2009, hace ya dos largos años.

Entre sus responsabilidades, según consigna la página web del secretario ejecutivo del sistema, se encuentran:

• Formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública.

• Proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia.

• Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.

• Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública.

• Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.

La Secretaría Ejecutiva del Nacional de Seguridad Pública tiene como misión declarada reforzar y consolidar la estrategia nacional de seguridad, y nos interesa sobremanera conocer: ¿cuáles son las características de la estrategia que hay que reforzar y consolidar y qué han hecho para ello? Sobre todo a la luz del crecimiento exponencial de la violencia criminal que nuestro país vive desde que surgió este nuevo sistema de seguridad pública, que aunque se constituyó hace aproximadamente quince años, fue rediseñado a través de la reforma constitucional hace dos.

Según un balance de los quince años de existencia del sistema que nos ofrece el secretario ejecutivo del sistema, se han invertido en el mismo 83 mil millones de pesos, es decir, un promedio de 5, 533 millones de pesos al año con sus altas y bajas conforme las prioridades; el presupuesto de 2000 se correspondía con esta cifra, sin embargo, en los primeros cuatro años del gobierno de Vicente Fox, éste se redujo a un poco más de 2 mil millones hasta que en el 2005/2006 se inició un proceso ascendente en el presupuesto en materia de seguridad pública, sin contar con lo que se destina a las Secretarías de la Defensa y de Marina, que sin sustento legal realizan tareas de seguridad pública. Por lo que nos gustaría conocer una evaluación de costos contra resultados.

En el 2009, los recursos del financiamiento conjunto federación/estados fue de 8, 975 millones de pesos, de los cuales 4, 383 millones de pesos, el 48.8%, se dedicó al rubro de alineamiento de las capacidades del Estado mexicano contra la delincuencia, pero el subejercicio fue de 1, 282 millones de pesos; mientras que el subejercicio total fue de 2, 591 millones de pesos, por lo que nos gustaría saber cuál es la razón de que en la preocupación ciudadana más sensible, que ha provocado en amplios territorios un escenario bélico con más de 30 mil muertos en tan sólo cuatro años y que tiene al país sumido en la desesperanza y la violencia, se puede dar el lujo el Sistema Nacional de Seguridad Pública de tener subejercicio presupuestal.

Cifras sobre la incidencia delictiva, la prevención del delito, el éxito o fracaso de la Estrategia Nacional de Seguridad, del cumplimiento de las instancias federales y estatales de seguridad pública, de los gobernadores y de los miembros del gabinete federal de seguridad pública, van y vienen, queremos un informe oficial y los elementos para que las comisiones de ambas cámaras del Congreso de la Unión tengan los elementos para discutir y dictaminar las propuestas legislativas que se encuentran asentadas en cada comisión.

En particular, en el Congreso se encuentra la iniciativa del Ejecutivo federal para crear el mando único policial, sin embargo, las y los legisladores desconocemos el avance, no sólo de la implementación de la reforma penal, en lo que a proceso acusatorio y oral adversarial se refiere, sino importantemente desconocemos el avance de la certificación y acreditación de las instancias de policía federal, estatal y municipal que le corresponde al sistema nacional que coordina los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.

Esta información es sustantiva para la discusión pues incluso es mandato constitucional la evaluación, certificación y acreditación de los elementos de las instancias de seguridad pública: policías municipales, estatales y federales y de los agentes del Ministerio Público y de las policías ministeriales estatales y federal.

Requerimos las cifras y datos precisos de dicho avance pues los representantes del secretario ejecutivo del sistema han planteado que, con los recursos actuales, el proceso para evaluar, certificar y acreditar a las policías todas tardaría aproximadamente 20 años, y entonces de cara a esta realidad analizar cómo se insertan las iniciativas del ejecutivo federal en un contexto nacional de crisis de la seguridad del Estado en donde grupos criminales le disputan el monopolio del uso de la fuerza, controlan amplios territorios, se pierden vidas ya sea de presuntos delincuentes, agentes del Estado y civiles, se incrementa la violencia, el sistema de justicia sigue degradándose, se violentan derechos humanos, el miedo modifica patrones culturales y de vida de las comunidades, se usa a las fuerzas armadas sin base constitucional ni legal, y en cada delito de alto impacto nos encontramos que están involucrados policías federales, estatales y municipales, e incluso integrantes del ejército y la marina.

La rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales de la democracia y la construcción de políticas públicas, por ello, el Congreso de la Unión necesita saber, conocer y analizar los datos, las cifras, la realidad de cómo está funcionando, a dos años de su surgimiento, el cumplimiento de las tareas encomendadas al nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, licenciado Miguel Alcántara Soria, a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente para que presente ante el pleno de esta soberanía un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia delictiva e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y otros temas vinculados en materia de seguridad pública.

Dado en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2011.— Senador René Arce Círigo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor senador, el presidente de la Primera Comisión planteó en su intervención hacer una comparecencia conjunta. Su expresión es en esos términos, así lo registra esta Mesa Directiva. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al director general de Pemex a presentar informe sobre las condiciones técnicas y operativas que guardan los oleoductos, gaseoductos y otros ductos que transportan hidrocarburos por toda la República Mexicana. Todos son de la familia de los ductos.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Muchas gracias, señor presidente. Con motivo de los trágicos acontecimientos del pasado 19 de diciembre de 2010, ocurridos en el municipio de San Martín Texmelucan, es necesario modificar los métodos de control y prevención en la operación de los ductos del país, propiedad de Petróleos Mexicanos, o también de particulares para el caso de la conducción de gas natural y de gas LP.

Es evidente la vulnerabilidad en la que se encuentra la población civil, expuesta a explosiones o incendios en estos ductos. Sobre todo por el fenómeno de las tomas clandestinas que en el periodo de enero a octubre de 2010 se informa que se han detectado 614 puntos de tomas clandestinas de hidrocarburos.

Estos números son alarmantes porque estas tomas clandestinas que se han detectado suponen la existencia de 2 por día durante el año anterior y este panorama, por supuesto, a nadie nos puede parecer una situación que debamos omitir para evitar los accidentes que puedan seguir ocurriendo en las redes de los ductos del país.

Ésa es la razón por la cual estamos muy interesados en solicitarle a Petróleos Mexicanos, quien tiene una red de 37 mil 621 kilómetros de instalaciones de este tipo, que nos informe sobre las instalaciones, las redes que se encuentran diseminadas en el país, las que están en uso, las que están en desuso. Qué tipo de elementos están transportándose en estos lugares.

Sobre todo porque el 26 de marzo del año pasado, en rueda de prensa desde aquí, de la Cámara de Diputados, le hicimos saber a Petróleos Mexicanos el grave riesgo que estaba pasando el país en el tema del robo de hidrocarburos y los puntos de venta clandestinos en este lugar, que no solamente estaban compitiendo contra la economía formal de los establecimientos que pagan impuestos y cubren todos sus requisitos, sino también con el consabido gran problema del riesgo de explosiones en zonas donde se vende esta gasolina, por la propia clandestinidad.

Esto, por supuesto, fue denunciado. Hablábamos en ese momento de un daño patrimonial a Petróleos Mexicanos de 20 mil millones de pesos anuales y, sin embargo, no se recibió ninguna respuesta de la paraestatal.

Ésa es la razón por la que finalmente estamos planteando lo siguiente, a petición de la propia población. Porque hay miedo, hay temor de que puedan ocurrir este tipo de cosas de nueva cuenta en los ductos y poliductos.

Por tanto, estamos solicitando a Petróleos Mexicanos que nos informe la ubicación física de la red de oleoductos, gasoductos y poliductos que están en la República Mexicana. Así como, también, los que corresponden a la conducción de gas y que son de particulares.

Que nos informen sobre las condiciones operativas de la red de oleoductos, gasoductos y poliductos, así como las condiciones de seguridad que se tienen en este momento. El mapa de riesgos de las principales poblaciones del país. El plan de emergencia que en materia de protección civil debe tenerse para las principales poblaciones donde se localizan estas redes.

Que se haga un reporte sobre los siniestros ocurridos en la red de ductos y poliductos, y sobre todo, que se haga énfasis en la pérdida de vidas humanas que han ocurrido, las personas que han resultado lesionadas, los daños que se han causado, las principales causas que han ocasionado este tipo de fenómenos, las pérdidas materiales y económicas, las medidas que han adoptado para sustituir el suministro de productos a través de la red de ductos tradicional, el impacto económico que esto puede generar. Así como, también, el impacto ecológico que se ha generado con motivo de estos siniestros.

Por otro lado, también es importante se autorice que se pregunte a Petróleos Mexicanos, ¿cuál es el número de tomas clandestinas que ellos han detectado en las redes durante los últimos 5 años? Cuáles son las medidas judiciales y las medidas de seguridad que han adoptado, y en cuántas de estas tomas clandestinas. ¿Cuál es el personal de Petróleos Mexicanos que ha resultado involucrado? ¿Cuál es el resultado también del combate al mercado ilícito de combustibles que ha realizado Petróleos Mexicanos desde el año 2006 a la fecha?

Identificar, si es que lo tienen o no, los diferentes puntos de reventa de petrolíferos que se hacen de manera clandestina. En síntesis, plantearle a Petróleos Mexicanos la necesidad urgente de tener esta información, para evitar que ocurran de nueva cuenta desgracias como la ocurrida el 19 de noviembre. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a presentar un informe sobre las condiciones técnicas y operativas de los ductos que transportan hidrocarburos por toda la República Mexicana, los atlas de riesgo para cada una de las entidades, con la identificación geográfica de los ductos, los riesgos para los habitantes y comunidades cercanas, así como los planes de prevención en materia de protección civil y de impacto en la ecología, suscrito por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, diputado federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en los siguientes:

Antecedentes

Con motivo de los trágicos acontecimientos del pasado 19 de diciembre de 2010 ocurridos en el municipio de San Martín Texmelucan del estado de Puebla, con la explosión del oleoducto de Nuevo Teapa-Venta de Carpio, en el tramo de San Martín Texmelucan, que transportaba petróleo crudo y que privó de la vida a 29 habitantes de esa zona, es necesario modificar los métodos de control y prevención en la operación de los ductos en el país, propiedad de Petróleos Mexicanos o de particulares, para el caso del gas natural y gas LP, porque resulta evidente que los sistemas implementados en ese importante ducto Teapa-Venta de Carpio, fallaron.

Es evidente la vulnerabilidad en la que se encuentra la población civil, expuesta a explosiones en los ductos, por tomas clandestinas que en el periodo de enero a octubre de 2010, según información de Pemex, en cuanto a la evaluación de tomas clandestinas y volumen, es de 614, prácticamente se han duplicado desde 2008 a la fecha.

Son números alarmantes, de casi dos tomas clandestinas de hidrocarburos por cada día. Ante este panorama, nadie puede asegurar que los accidentes en la red nacional de ductos del país, se vuelvan a presentar con explosiones y la pérdida de más vidas humanas.

Para captar con mayor realidad éstos sucesos, considero oportuno recordar como antecedente de esta clase de siniestros, la tragedia del 19 de noviembre de 1984, cuando explotó la planta de Petróleos Mexicanos en la localidad de San Juan Ixhuatepec en el municipio de Tlalnepantla, del estado de México, donde perdieron la vida más de 500 personas. Así como la tragedia del 22 de abril de 1992 en la zona de Analco en Guadalajara Jalisco, que provocó la destrucción de 12 kilómetros de calles y que costó la vida a más de 150 personas. Explosiones provocadas por la presencia de gasolinas en los colectores del Sector Reforma de esa ciudad de Guadalajara.

Consideraciones

La red nacional de ductos de Petróleos Mexicanos, reporta la empresa paraestatal hasta el momento, es de 12,295 kilómetros de oleoductos que transportan petróleo crudo, 8,381 kilómetros de poliductos que transportan hidrocarburos refinados como gasolinas y diesel, 16,945 gasoductos de gas natural y gas LP. Sin embargo las autoridades municipales y estados de la república, donde se han instalado estos ductos, no cuentan con Atlas de Riesgo, planos de identificación de los mismos y programas que prevención, mitigación y de contingencia ante el caso de un siniestro.

Los informes presentados por Petróleos Mexicanos sobre las acciones emprendidas contra el mercado ilícito de combustibles, son solamente de resultados parciales, no reflejan el contexto real del riesgo y la tragedia. En el caso de San Martín Texmelucan del estado de Puebla, fue evidente la falta de previsión y coordinación de Petróleos Mexicanos con las autoridades locales y federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profepa, la Secretaría de Energía, Sener, Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Sistema Nacional de Protección Civil y otras más.

En este siniestro, Petróleos Mexicanos falló en la implementación de métodos con estándares de seguridad aplicables a todos los municipios del país, que tengan la presencia de ductos, oleoductos, gasoductos o poliductos. No se implementaron los más elementales sistemas de prevención para la protección de vidas humanas y los consecuentes daños materiales, así como el impacto a la ecología por la cercanía del río Atoyac. El hidrocarburo fluyó por las redes de drenaje de la población, sin que se tuvieran planes preventivos por el riego latente que representa el oleoducto.

El 26 de marzo de 2010, conociendo de los riesgos manifestados por diversos agentes económicos en materia energética del país, que nos presentaron quejas sobre los riesgos que representaba el mercado ilícito de combustibles, para los habitantes de muchos estados, entre ellos Yucatán que contaba en ese momento con 350 puntos de venta clandestinos de gasolina y diesel producto del robo de combustibles a los poliductos de Petróleos Mexicanos, mientras que las gasolineras adheridas a la franquicia Pemex son cerca de 120 expendios autorizados, es decir la venta clandestina duplicaba en puntos de venta al comercio formal.

Denuncié a todos los medios, el robo de 20 mil millones de pesos anuales, de gasolinas y diesel sustraída de los ductos de Petróleos Mexicanos y aseguré “Que de no atenderse el robo de combustibles a los ductos de Pemex se podría generar una situación que escaparía de las manos de las autoridades del país”, sostuve que en esas actividades están involucradas bandas del crimen organizado.

La denuncia fue para exigir a Petróleos Mexicanos y a las autoridades competentes, hacer uso de las herramientas jurídicas para detener el problema del robo de combustibles. Solicité a la Procuraduría General de la República, PGR, la investigación así como el inicio de operativos en los sitios donde se comercia el combustible robado.

Petróleos Mexicanos no contestó nada, ignoró la denuncia realizada por esta Cámara de Diputados, como ha ignorado otras invitaciones más a solucionar la problemática a fondo del mercado ilícito de los combustibles en México. Lamentablemente las denuncias sobre los graves riesgos, no fueron escuchadas por Pemex y los hechos del 19 de diciembre en las explosiones del oleoducto de Pemex en el tramo de San Martín Texmelucan, estado de Puebla, demuestran la negligencia en la que incurrió el director general de Petróleos Mexicanos.

Pemex debe informar a esta soberanía de la Cámara de Diputados, así como a todas las autoridades competentes en la regulación del transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos, gasoductos y otros duetos, la información a detalle de lo siguiente:

Red de Oleoductos, Gasoductos, Poliductos y otros ductos de Petróleos Mexicanos

1. Definir la ubicación física de la red de oleoductos, gasoductos y poliductos en la República Mexicana propiedad de Petróleos Mexicanos y/o organismos subsidiarios:

a. Origen y destino del oleoducto, poliducto o gasoducto.

b. Diámetro del oleoducto, poliducto o gasoducto.

c. Longitud del oleoducto, poliducto o gasoducto

d. Productos que transporta (gasolinas, diesel, combustóleo, gas licuado, gas propano, gas natural).

e. Instalaciones accesorias del oleoducto, poliducto o gasoducto.

2. Ubicación física de la red de oleoductos, gasoductos y poliductos en la República Mexicana propiedad de particulares:

a. Origen y destino del oleoducto, poliducto o gasoducto.

b. Diámetro del oleoducto, poliducto o gasoducto.

c. Longitud del oleoducto, poliducto o gasoducto.

d. Productos que transporta (gasolinas, diesel, combustóleo, gas licuado, gas propano, gas natural).

e. Instalaciones accesorias del oleoducto, poliducto o gasoducto.

3. Condiciones operativas de la red de oleoductos, gasoductos y poliductos:

a. Capacidad de diseño nominal del ducto.

b. Capacidad operativa real del ducto.

c. Programa de mantenimiento del ducto.

I. Fecha de programa.

II. Características del mantenimiento programado.

III. Costo estimado del programa de mantenimiento.

d. Mantenimiento real proporcionado al ducto.

I. Fecha de los trabajos realizados.

II. Características de los trabajos de mantenimiento realizado.

III. Costo real de los trabajos de mantenimiento realizado.

IV. Empresas que proporcionaron los trabajos de mantenimiento.

4. Condiciones de seguridad de la red de oleoductos, gasoductos y poliductos:

a. Mapa de riesgos de las principales poblaciones del país en donde se localiza la red de oleoductos, gasoductos y poliductos.

b. Plan de emergencia de protección civil para las principales poblaciones en donde se localiza la red de oleoductos, gasoductos y poliductos.

5. Siniestros ocurridos en la red de oleoductos, gasoductos y poliductos del país:

a. Pérdidas humanas ocurridas.

b. Causas principales que los ocasionaron.

c. Pérdidas materiales y económicas ocasionadas.

d. Medidas adoptadas para sustituir el suministro de productos a través de la red de duetos, impacto económico y duración de las mismas.

e. Impacto ecológico de los siniestros ocurridos y medidas de remediación.

6. Tomas clandestinas a la red de oleoductos, gasoductos y poliductos:

a. Número de tomas clandestinas ocurridas en la red de ductos en los últimos cinco años. (anual)

b. Pérdidas estimadas (económicas y vidas humanas) por las tomas clandestinas.

c. Medidas judiciales adoptadas por Petróleos Mexicanos y/o autoridades competentes.

d. Personal de Pemex involucrado en las tomas clandestinas.

7. Resultados del combate al mercado ilícito de combustibles realizado por Petróleos Mexicanos de 2006 a la fecha:

a. Informe de los resultados del Programa de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles consiste en dotar a la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación con la infraestructura propia y con los elementos necesarios para combatir el robo, la adulteración y el contrabando de combustibles destilados en el mercado nacional. A que se refiere su Memoria de Labores.

b. Incluyendo el informe de resultados del Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA), avance de instalación en todos los oleoductos y poliductos propiedad de Petróleos Mexicanos, así como el Sistema Integral de Medición y Control de Operaciones en las 77 terminales de almacenamiento y reparto propiedad de Pemex.

8. Tomas clandestinas de petróleo y refinados:

a. Identificar los principales puntos de reventa de petrolíferos obtenidos como producto del robo de esos combustibles a través de tomas clandestinas. Tanto en México como en el extranjero.

b. Informe de las denuncias conocidas

c. Razones de las inequidades comerciales que regulan la venta de productos petrolíferos a través de los canales de mayoreo y menudeo (Distribuidores de petrolíferos vs. Estaciones de servicio de la franquicia Pemex).

d. Informe de los métodos y resultados de la supervisión de puntos de venta en los canales de comercialización por parte de Petróleos Mexicanos y/o autoridades competentes en todos los puntos de distribución y comercialización de petrolíferos.

e. Informar las medidas de control, supervisión y resultados, que ha implementado Petróleos Mexicanos y/o autoridades competentes para evitar la reventa de productos petrolíferos obtenidos del robo de combustibles en las tomas clandestinas a oleoductos, gasoductos, poliductos y a las instalaciones de Pemex.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, a efecto de que a la brevedad informe a esta soberanía sobre los puntos mencionados en el cuerpo del presente texto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2011.— Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Le pregunto a usted si estaría de acuerdo que en lugar de que turnáramos este punto a la Tercera Comisión, aumentando su carga de trabajo, simplemente se anexara a la temática de la comparecencia del director de Pemex, si así lo tiene a bien la asamblea.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Sí, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En esos términos, se anexa la proposición del diputado Arturo Zamora, que es la solicitud de un informe, al tema de la comparecencia del señor director de Petróleos Mexicanos.

AUMENTOS DE PRECIOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo que solicita la comparecencia del secretario de Economía, el gobernador del Banco de México y los titulares de la Profeco, Cofeco e INEGI en relación con los aumentos de precios.

La diputada Esthela Damián Peralta:A inicios de 2009, el salario mínimo general recibió un aumento de sólo 3.2 por ciento, equivalente a 2 pesos. Para el año 2010 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un aumento de 2.6. A partir del 1 de enero de 2011 la percepción mínima para el área geográfica A será de 59.80 pesos diarios, mientras que para el área geográfica B llegará a los 58.10 pesos por día, y para el área geográfica C ascenderá a 56.75 pesos diarios.

En promedio, el salario mínimo en el país será de 58.22 pesos diarios, sin embargo el salario se incrementa una sola vez en todo el año, mientras que los precios se han elevado constantemente.

De acuerdo con un análisis elaborado por el Tec de Monterrey, el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído 75 por ciento d 1976 a 2010, debido a que los precios tienen un mayor crecimiento, a diferencia de la remuneración que reciben los trabajadores. El estudio Fortalecimiento del mercado interno, un proyecto de nación, destaca que esta situación representa el retraso de 3 décadas de desarrollo potencial y una reducción real del bienestar de las familias, ya que los precios tuvieron una evolución de 26 por ciento, mientras que el salario mínimo nominal creció 21 por ciento en promedio anual.

Cabe recordar que un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM indica que cerca de 18 millones de mexicanos no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. También señala que si una persona antes invertía 13 horas de trabajo, ahora tiene la necesidad de invertir más de 19 horas para poder adquirir los productos de la canasta básica.

Es importante señalar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ubicó a México en la categoría de ingreso bajo, por debajo de Eslovaquia, Estonia, Polonia, Croacia, Lituania, y por arriba de Rusia, Bulgaria, Rumania y Turquía.

Por otra parte, los efectos de la crisis global afectaron gravemente a la población que vive en condiciones de pobreza en los últimos años, por lo que la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha señalado que la presión alcista de los productos básicos, particularmente los agrícolas, afecta a personas que viven en pobreza, además de que el precio del petróleo a nivel internacional ha ido en aumento, agravando aún más la situación de los pobres.

Mientras que los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2008, indican que 50.6 millones de mexicanos se encontraban en condición de pobreza de patrimonio, es decir, tenían un ingreso menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, educación, transporte público, y el número de personas en pobreza alimentaria o extrema ascendió a 19.5 millones.

Con base en la información de dicha encuesta se destaca que entre los años 2006 a 2008 el porcentaje de personas en condiciones de pobreza alimentaria a nivel nacional aumentó, de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento, en tanto que de acuerdo a las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, difundidas por el Banco de México, para el próximo año mejorará el crecimiento económico y se mantienen sin cambio las correspondientes a la inflación, de manera que para el cierre de 2010 los consultores estiman en promedio que la inflación, de manera que para el cierre de 2010 los consultores estiman en promedio que la inflación general anual será de 4.40 por ciento, mientras que para el cierre 2011 será de 3.82 por ciento.

Recientemente la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México señaló que se espera un incremento en el precio del pan a partir de febrero próximo, principios de marzo. Se desconoce el porcentaje del incremento, ya que dependerá del anuncio que den los principales países productores del trigo.

El pasado 12 de diciembre, la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías planteaba que se han visto en la necesidad de incrementar en cuatro pesos el precio de la tortilla ante el incremento de los costos de producción, en específico de maíz. Luego de acusar que el mercado nacional padece de especulación de empresas que aprovechan el entorno internacional y la falta de protección a la alimentación y a la economía para esconder el maíz, esa situación ha provocado la quiebra de miles de pequeños industriales y con ello la pérdida de empleos y patrimonios.

Por lo anterior expuesto, se propone el siguiente punto de acuerdo.

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de Bruno Ferrari, secretario de Economía; de Agustín Cárstens, gobernador del Banco de México; así como del procurador Antonio Morales de la Peña, titular de la Profeco; de Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco); y de Eduardo Sojo Garza, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para que expliquen ante esta soberanía el estado que guarda la situación de los precios y la inflación en México.

Segundo. Asimismo, la Comisión Permanente solicita a Banxico, a la Cofeco, a la Profeco y al INEGI, procedan a realizar un informe sobre el aumento de los precios en el país, particularmente de la situación que priva en las diferentes ramas y sectores de la economía mexicana, así como su impacto en la inflación y que dicho estudio se entregue por escrito a las Comisiones de Economía y de Comercio y Fomento Industrial de esta soberanía.

Tercero –y último. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a que la Secretaría de Economía considere las opiniones de Banxico, de Profeco, de Cofeco y de INEGI y con esta opinión tome las medidas que le competan para contribuir a dar respuesta a las demandas de la sociedad.

Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante esta soberanía del secretario de Economía, del gobernador del Banco de México y de los titulares de la Profeco, la Cofeco y el Inegi, con relación a los aumentos de precios, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita legisladora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A inicios de 2009, el salario mínimo general recibió un aumento de sólo 3.2 por ciento, equivalente a dos pesos. Para el año 2010, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un aumento de 2.6 pesos. A partir del 1 de enero de 2011, la percepción mínima para el área geográfica A será de 59.80 pesos diarios; mientras que para el área geográfica B llegará a los 58.10 pesos por día y para el área geográfica C ascenderá a 56.75 pesos diarios. En promedio, el salario mínimo en el país será de 58.22 pesos diarios. Sin embargo, el salario se incrementa una sola vez en todo el año, mientras que los precios se han elevado constantemente.

De acuerdo con un análisis elaborado por el Tecnológico de Monterrey, el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído 75 por ciento, de 1976 al 2010, debido a que los precios tienen un mayor crecimiento a diferencia de la remuneración que reciben los trabajadores. El estudio “Fortalecimiento del mercado interno. Un proyecto de nación”, destaca que esta situación representa el retraso de tres décadas de desarrollo potencial y una reducción real del bie-nestar de las familias, ya que los precios tuvieron una evolución de 26 por ciento, mientras que el salario mínimo nominal creció 21 por ciento en promedio anual.

Cabe recordar que en un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM se indica que cerca de 18 millones de mexicanos no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica; también señala que si una persona antes invertía 13 horas de trabajo, ahora tiene la necesidad de invertir más de 19 horas para poder adquirir los productos de la canasta básica.

Es importante señalar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ubicó a México en la categoría de “ingreso bajo”, por debajo de Eslovaquia, Estonia, Polonia, Croacia, Lituania y Letonia y por arriba de Rusia, Bulgaria, Rumania, Turquía y Macedonia. Por otra parte, los efectos de la crisis global afectaron gravemente a la población que vive en condiciones de pobreza en los últimos años, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha señalado que la presión alcista de los productos básicos, particularmente los agrícolas, afecta a las personas que viven en pobreza, además de que, el precio del petróleo a nivel internacional ha ido en aumento, agravando aún más la situación de los pobres.

Mientras que datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2008 indican que 50.6 millones de mexicanos se encontraban en condición de pobreza de patrimonio, es decir, tenían un ingreso menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, educación y transporte público; y el número de personas en pobreza alimentaria o extrema ascendió a 19.5 millones.

Con base a la información de dicha encuesta, se destaca que entre los años de 2006 a 2008, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza alimentaría a nivel nacional aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento.

En tanto que, de acuerdo con las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, difundidas por el Banco de México (Banxico), para el próximo año mejorará el crecimiento económico y se mantienen sin cambio las correspondientes a la inflación. De manera que para el cierre de 2010, los consultores estiman en promedio que la inflación general anual será de 4.40 por ciento, mientras que para el cierre de 2011 será de 3.82 por ciento.

Desde que el gobierno federal puso fin al congelamiento del precio de la gasolina, que había sido implementado en 2009, los precios tuvieron incrementos graduales para la gasolina Magna, Premium y para el diesel. Así como también el precio del gas licuado de petróleo, el combustible de mayor consumo en los hogares de México, aumentó, lo que se sumó a las alzas en alimentos básicos, transporte e impuestos, entre otros. Para 2011, el aumento de gasolinas, electricidad, gas, cigarros, cervezas, peajes carreteros, derechos por trámites como agua, predial, y transporte entre otros rubros afectarán al grueso de la población.

Recientemente, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa) señaló que se espera un incremento en el precio del pan a partir de febrero próximo o a más tardar a principios de marzo. La Canainpa aún desconoce el porcentaje del incremento ya que dependerá del anuncio que den los principales países productores de trigo, como Rusia, China, Estados Unidos, Canadá y Argentina, sobre cómo vendrán las cosechas de ese grano.

El pasado 12 de diciembre, la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías planteaba que se han visto en la necesidad de incrementar en cuatro pesos el precio de la tortilla, ante el incremento en los costos de producción, en específico el maíz. Luego de acusar que el mercado nacional padece la especulación de empresas que aprovechan el entorno internacional y la falta de protección a la alimentación y a la economía para esconder el maíz, esa situación ha provocado la quiebra de miles de pequeños industriales y con ello la pérdida de empleos y patrimonios.

En este sentido el pasado 20 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el extracto del acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia inició una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de nixtamal y tortilla de maíz en el territorio nacional. De manera que, el monitoreo de los mercados cobra relevancia ante la escalada de precios de productos de la canasta básica, además de que la falta de control por parte de las autoridades repercute en perjuicio de todos, particularmente de los más pobres.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar la comparecencia de Bruno Ferrari, secretario de Economía; de Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico); así como del procurador Antonio Morales de la Peña, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); de Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC); y de Eduardo Sojo Garza Aldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a fin de que expliquen ante esta soberanía el estado que guarda la situación de los precios y la inflación en México.

Segundo. Asimismo, la Comisión Permanente solicita al Banxico, a la CFC, a la Profeco, y al Inegi que procedan a realizar un informe sobre el aumento de los precios en el país, particularmente de la situación que priva en las diferentes ramas y sectores de la economía mexicana, así como su impacto en la inflación, y que dicho estudio se entregue por escrito a las Comisiones de Economía, y Comercio y Fomento Industrial de esta Soberanía.

Tercero. También, la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a que la Secretaría de Economía, considere las opiniones del Banxico, de la Profeco, de la CFC y del Inegi y que con esta opinión tome las medidas que le competen para contribuir a dar respuesta a las demandas de la sociedad.

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2011.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SISTEMA SATELITAL MEXICANO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la senadora María del Socorro García Quiroz, para presentar proposición con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado del nuevo Sistema Satelital Mexicano, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La senadora María del Socorro García Quiroz:Con permiso, presidente. Un satélite es todo cuerpo artificial o natural que gira alrededor de otro mayor atrapado por su gravitación. Los principales ejemplos de los planetas. A estos satélites naturales también se les llama lunas.

Los satélites naturales se distinguen de los artificiales en que éstos son naves espaciales puestas en órbita alrededor de la tierra, la luna, otro planeta o de los puntos del Agnés.

Los satélites, por su utilización y aplicaciones pueden ser científicos, meteorológicos, de navegación, de teledetección, de observación de la tierra, de comunicaciones y militares.

El primer satélite artificial puesto en órbita terrestre fue producto del arduo trabajo de la Unión Soviética en el año de 1957.

De acuerdo con la información proporcionada por la profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, María Cristina Rosas, en un ensayo publicado en la revista Etcétera, en el 2008, alrededor de 846 satélites artificiales orbitan la tierra.

De ellos, 431 eran estadounidenses, 90 rusos, 37 japoneses, 36 chinos, 18 de la India, 12 de Luxemburgo, 10 de Francia, 10 de la Agencia Espacial Europea, 10 de Canadá y 9 del Reino Unido. Para el 2010 Estados Unidos aumentó a 438 satélites, Rusia a 97 y China a 60. El crecimiento de China es formidable, en sólo dos años creció un 60 por ciento.

En América Latina sólo cuatro países cuentan con satélites propios: Brasil, Argentina, México y Venezuela, y próximamente Colombia y Bolivia.

En el caso de México, en 1968, con motivo de los Juegos Olímpicos, nuestro país ingresó a la era satelital a través del ATS-III, propiedad de la Agencia Nacional Aeroespacial de los Estados Unidos, captando las señales del sistema Intelsat.

Para 1985 México adquirió su propio sistema satelital y se puso en órbita el satélite Morelos I, el 17 de junio y para el 17 de noviembre se lanzó el Morelos II.

El costo del sistema Morelos fue de 92 millones de dólares. Ambos satélites tenían una vida útil de nueve años. La vida útil del Morelos I terminó en 1993 y la del Morelos II, en el 94. Es así que sus funciones las tomó la nueva generación de satélites Solidaridad I y II, lanzados en el 93 y en el 94, los cuales contaban con el doble de capacidad de los Morelos, siendo su vida útil hasta el 2007 y 2008.

Sin embargo, por una falla en el Solidaridad I, éste dejó de funcionar en 1998, lo que afectó de manera importante a las telecomunicaciones del país.

Hoy el Solidaridad II, al que fueron transferidas las tareas del Solidaridad I, opera en órbita inclinada, lo que le permite una vida útil hasta el 2003 y se emplea exclusivamente para tareas de seguridad nacional y no está asegurado bajo el argumento de que no opera con fines comerciales y si se llegare a averiar, sus tareas se le transferirán a otro satélite.

El satélite mexicano Satmex V o Morelos 2R, fue puesto en órbita en 1998 con una vida útil de 15 años, pero a principios del 2010 presentó fallas, una de las cuales es en el sistema de propulsión y no son cubiertas por el seguro de satélites. Debido a que estas fallas son graves se estima que este satélite seguirá funcionando hasta el 2013.

El Satmex VI, lanzado en el 2006, se proyecta que tiene una vida útil aproximadamente hasta el 2021, sin embargo, ha presentado diversas fallas técnicas.

El programa de trabajo del 2010 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expresa que las acciones que debería realizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el corto plazo para contribuir con los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definirán el desempeño de las dependencias y de los organismos federales que pertenecen a este sector, en cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, planteado por el ciudadano presidente de la República, incluye como el objetivo 10.1 el incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país, para lo cual se establecen diversas estrategias, dentro de las cuales en el tema de comunicaciones satelitales están:

Impulsar el desarrollo y expansión de redes y servicios de comunicaciones con el objeto de que se proporcionen los servicios a aquellas zonas geográficas que actualmente no son cubiertas, con la finalidad de integrar económica, social y culturalmente a una mayor población del país.

Otra estrategia señalada es utilizar de manera óptima la infraestructura de comunicaciones instalada en el país, con la finalidad de hacer frente a las diferentes necesidades que tiene México en diversos sectores de la economía.

A partir de lo anterior se denota el papel que el sector satelital tiene en las comunicaciones del país y todas las acciones que a muy corto plazo fueron planteadas para dar un mínimo avance que nos aleje del rezago, de acuerdo a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Igualmente, a partir de lo anterior se aprecian los lineamientos que en esta materia se impuso el gobierno federal, los cuales como mínimo deben ser cumplidos dentro del periodo anual 2010.

El 26 de junio del 97 se constituye la empresa satelital Satmex, siendo propiedad del Estado. Con proposiciones orbitales, geoestacionales del servicio fijo banda C y KU, es el principal proveedor de capacidad fija de servicios satelitales de México.

En octubre del 2066 Satmex salió del concurso mercantil; sin embargo, aún mantiene un alto nivel de aplazamiento.

Por todo lo expuesto en todos los programas satelitales que se tienen y que están dentro de la gaceta que fue repartida y de todos los antecedentes que se presentan, la suscrita y los que suscriben el punto de acuerdo solicitamos: primero, que se exhorte al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que rinda informe detallado acerca del nuevo sistema satelital mexicano.

Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turne a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, a fin de que dicha comisión mandate a la Auditoría Superior de la Federación a que realice, en los términos del artículo 79, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una auditoría, de conformidad con lo establecido en el artículo doce transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2011. Muchas gracias, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT un informe detallado respecto del nuevo Sistema Satelital Mexicano; y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que ejerza sus facultades para que la ASF realice la revisión correspondiente, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, y suscrita por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón y Fernando Jorge Castro Trenti, integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, se permiten someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita el informe detallado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del nuevo Sistema Satelital Mexicano, y respetuosamente se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ejerza sus facultades en materia de auditoría, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Antecedentes del sistema satelital

Un satélite es todo cuerpo, artificial o natural, que gira alrededor de otro mayor atrapado por su gravitación. Los principales ejemplos de un satélite son los que naturalmente giran alrededor de los planetas, a estos satélites naturales también se les llama lunas. Los satélites naturales se distinguen de los artificiales en que éstos son naves espaciales puestas en órbita alrededor de la Tierra, la Luna, otro planeta o de los puntos de Lagrange. Los satélites, por su utilización y aplicaciones, pueden ser científicos, meteorológicos, de navegación, de teledetección, de observación de la tierra, de comunicaciones y militares. El primer satélite artificial puesto en la órbita terrestre fue producto del arduo trabajo de la Unión Soviética en el año 1957.

Los satélites de comunicaciones son los más utilizados y rentables ya que a través de ellos se pueden prestar servicios de radio, televisión, telefonía, y en general para las comunicaciones de la vida moderna.

De acuerdo con la información proporcionada por la profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, María Cristina Rosas, en un ensayo publicado en la revista Etcétera, en 2008 alrededor de 846 satélites artificiales orbitaban la tierra, de ellos 431 eran estadounidenses, 90 rusos, 37 japoneses, 36 de China, 18 de India, 12 de Luxemburgo, 10 de Francia, 10 de la Agencia Espacial Europea, 10 de Canadá y 9 del Reino Unido. Para el 2010 Estados Unidos aumentó a 438 satélites, Rusia a 97 y China a 60 (el crecimiento de China es formidable, en sólo dos años creció en 60 por ciento). En América Latina sólo cuatro países cuentan con satélites propios: Brasil, Argentina, México y Venezuela; y próximamente Colombia y Bolivia.

En el caso de México, en 1968, con motivo de los juegos olímpicos, nuestro país ingresó a la era satelital a través del ATS-3, propiedad de la Agencia Nacional Aeroespacial de los Estados Unidos, captando las señales del Sistema Intelsat.

Para 1985 México adquirió su propio sistema satelital, y se puso en órbita el Satélite Morelos I el 17 de junio, y para el 17 de noviembre se lanzó el Morelos II. El costo del sistema Morelos fue de 92 millones de dólares. Ambos satélites tenían una vida útil de nueve años. La vida útil del Morelos I terminó en 1993, y la del Morelos II en 1994, es así que sus funciones las tomaron la nueva generación de satélites “Solidaridad I y II” lanzados en 1993 y 1994, los cuales contaban con el doble de capacidad de los Morelos, siendo su vida útil hasta el 2007 y 2008.

Sin embargo, por una falla en el Solidaridad I, éste dejó de funcionar en 1998, con lo que afectó de manera importante a las telecomunicaciones del país. Hoy el Solidaridad II (al que fueron transferidas las tareas del Solidaridad I) opera en órbita inclinada, lo que le permite una vida útil hasta el 2013 y se emplea exclusivamente para tareas de seguridad nacional, y no está asegurado bajo el argumento de que no opera con fines comerciales y si se llegara a averiar, sus tareas se le transferirían a otro satélite.

El satélite mexicano Satmex V o Morelos 2R fue puesto en órbita en 1998, con vida útil de 15 años, pero a principios del 2010 presentó fallas, unas de las cuales son en el sistema de propulsión y no son cubiertas por el seguro del satélite, debido a que estas fallas son graves se estima que este satélite seguirá funcionando hasta el 2013. El Satmex VI, lanzado en 2006, se proyecta que tiene una vida útil aproximada hasta el 2021, sin embargo, ha presentado diversas fallas técnicas.

Los proyectos Satmex VII y VIII fueron anunciados en 2008 y en 2010 respectivamente. El satélite Satmex VII, se construiría por Space Systems/Loral y estaba previsto su lanzamiento para el año 2011, pero debido a la gran deuda que tiene la empresa Satélites Mexicanos, el mismo no se construyó y únicamente quedó como un acuerdo de contrato que no se concluyó por falta de financiamiento para su creación.

Política gubernamental en materia satelital

En el programa de trabajo 2010 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual expresa “las acciones que deberá realizar la SCT en el corto plazo para contribuir con los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definirán el desempeño de las dependencias y de los organismos federales que pertenecen a este sector, en cumplimiento con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), planteado por el C. Presidente de la República” incluye como el objetivo 10.1, el “Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país.” Para lo cual se establecen diversas estrategias, dentro de las cuales, en el tema de comunicaciones satelitales están:

• Estrategia 1: “Impulsar el desarrollo y expansión de redes y servicios de comunicaciones con el objeto de que se proporcionen los servicios a aquellas zonas geográficas que actualmente no son cubiertas con la finalidad de integrar económica, social y culturalmente a una mayor población del país.” Y como una línea de acción para su cumplimiento se encuentra el “Atender y dar seguimiento a los procedimientos de coordinación internacional en materia satelital que resulten necesarios para la adecuada operación de los satélites mexicanos, así como para la ocupación y explotación de posiciones orbitales geoestacionarias”.

• Otra estrategia señalada es “Utilizar de manera óptima la infraestructura de comunicaciones instalada en el país, con la finalidad de hacer frente a las diferentes necesidades que tiene México en diversos sectores de la economía”. Y como líneas de acción de los Servicios Satelitales proporcionados por Telecommse encuentran:

– Aumentar la comercialización de los servicios de televisión ocasional con estaciones terrenas transportables digitales, para llegar a 6 redes permanentes y 1,643 servicios ocasionales.

– Asegurar la comunicación telefónica rural por satélite en comunidades de 60 a 499 habitantes, para atender a 1.2 millones de personas en el medio rural.

– Instrumentar el plan de contingencia a mediano plazo para cubrir los requerimientos operativos de las redes satelitales en banda “L” y realizar los estudios que permitan la continuidad de los servicios.

– Garantizar la prestación de los servicios satelitales en “banda L”, mediante la instrumentación del Plan de Contingencia y el Plan de Continuidad, para prestar los servicios de voz y datos para las instituciones nacionales de seguridad y de telefonía por satélite a las comunidades rurales de entre 60 a 499 habitantes.

– Garantizar las comunicaciones de las redes Movisat a través de su modernización y un óptimo monitoreo del segmento.

– Instalar, reubicar y dar mantenimiento a las terminales telefónicas satelitales (TTS), en banda “L” y “Ku” propiedad de la SCT y Gobiernos de los Estados.

– Prestar los servicios de comunicación satelital en los Centros Comunitarios Digitales (CCD), para la consulta y acceso a Internet.

– Instalar y operar las redes del sistema del conocimiento y la información (e-México).

– Garantizar la continuidad de los servicios de radiocomunicación para la salvaguarda de la vida humana en el mar, en el ámbito de seguridad.

– Incrementar el número de redes permanentes de televisión y de enlaces ocasionales.

– Fortalecer la infraestructura de estaciones terrenas transportables y de telepuertos y la actualización del codificador/compresor para servicios gubernamentales.

– Operar y mantener la red de comunicaciones móviles por satélite en banda “L” y el Centro de Control Satelital conforme a la vida útil del satélite Solidaridad 2.

– Instalar, operar y mantener las redes de la sociedad del conocimiento y la información (e- México) bajo la coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

A partir de lo anterior, se denota el papel que el sector satelital tiene en las comunicaciones del país y todas las acciones que, a muy corto plazo, fueron planteadas para dar un mínimo avance que nos aleje del rezago de acuerdo a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Igualmente, a partir de lo anterior, se aprecian los lineamientos en esta materia se impuso el gobierno federal, los cuales, como mínimo, deben ser cumplidos dentro del periodo anual (2010).

Satélites Mexicanos, SA DE CV

El 26 de junio de 1997 se constituye la empresa Satélites Mexicanos, SA de CV (Satmex), siendo propiedad del Estado. En octubre del mismo año, después de realizarse una licitación pública, la alianza entre Principia y Loral Space & Communications (Loral Space and Communications y Sergio Autrey) adquiere 75 por ciento de Satmex, pagaron al gobierno 659 millones de dólares (MDD) por la compañía en un proceso de privatización, fueron los únicos postores en la subasta. Al día siguiente de ganar la asignación, Satmex se quedó con una deuda por 645 MDD para pagarle al gobierno. El gobierno retiene una participación de 25 por ciento, sin derecho a voto.

Con posiciones orbitales geoestacionarias del servicio fijo (banda C y Ku), es el principal proveedor de capacidad fija de servicios satelitales en México. La compañía provee servicios para cadenas de televisión públicas y privadas, programadores de televisión por cable y operadoras públicas y privadas de redes de telecomunicaciones.

En octubre de 2006, Satmex salió del concurso mercantil, sin embargo aún mantiene un alto nivel de apalancamiento que representa una fuerte carga para la empresa. Satmex cuenta con tres satélites: Solidaridad II, Satmex V y Satmex VI, que tienen una capacidad ocupada de alrededor de 85 por ciento. Los tenedores del capital de la empresa están interesados en capitalizar la empresa y sustituir en tres o cuatro años el Solidaridad II por un nuevo satélite, el Satmex VII, lo cual no se consolidó por falta de capital.

Los dueños actuales de la empresa son los tenedores de bonos que aceptaron capitalizar su deuda con un 78 por ciento, el gobierno con 20 por ciento y los dueños originales, Sergio Autrey y Loral Space and Communications, con el 2 por ciento restante. A junio 2009 el total de la deuda en bonos ascendía a 413 millones de dólares.

El 26 de febrero del 2010, MVS y EchoStar anunciaron que pagarían 374 millones de dólares por Satmex (267 millones en efectivo y 107 millones dependerán del balance general de Satmex al cierre). El 16 de marzo de 2010, Satélites Mexicanos suspendió su proceso de venta, ya que EchoStar y MVS rescindieron el contrato de compra-venta de acciones debido a que no obtuvieron el consentimiento de los tenedores de más del 50 por ciento de las notas senior. Derivado de la cancelación de la compra por parte de EchoStar Satellite Adquisition LLC y MVS –que juntas integran Dish México– representa un riesgo para su existencia y se estima que de quererla rescatar el gobierno tendría que invertir cerca de 250 millones de dólares en el reemplazo de satélites.

Se ha considerado que con base en el antecedente del 2007, en donde se intentó su venta con un precio mínimo de 500 millones de dólares, es de esperar que una propuesta financiera similar sea lo único aceptable para los tenedores de notas.

Nuevo programa satelital mexicano

Mediante un comunicado de fecha 20 de diciembre del presente año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó su nuevo programa satelital mexicano, a través del cual se informa que:

• Colocará en órbita tres satélites entre 2012 y 2014 para dar servicios de seguridad nacional, protección civil y conectividad social.

• Se dará una inversión de 12 mil 907 MDP, la más importante en materia de telecomunicaciones en los últimos 20 años.

• La dependencia firmó con Boeing Defense un contrato por 12 mil 907 millones de pesos para la fabricación de los artefactos.

• Los satélites se pondrán en órbita en 2012, 2013 y 2014 y darán servicios de comunicaciones en todo el territorio nacional.

• Se tiene por objeto dotar a las entidades de seguridad nacional de una nueva plataforma de comunicaciones, comunicar a las poblaciones más aisladas del país con los servicios de telefonía y banda ancha así como atender a la población e instituciones de gobiernos en situaciones de desastres naturales.

• Los cuerpos de emergencia y fuerzas armadas tendrán a su disposición vías de comunicación que no dependen de infraestructura terrestre y que es susceptible a daños por desastres naturales.

• El primer satélite se pondrá en órbita entre octubre y noviembre de 2012 y dará servicio de comunicación fija. El segundo artefacto se colocará en el espacio en el cuarto trimestre de 2013 y estará dedicado a las comunicaciones móviles. El tercer satélite será lanzado en el tercer trimestre de 2014 y también brindará servicios móviles.

El secretario de Comunicaciones y Transportes señaló que el Sistema Satelital Mexicano que conforma el proyecto (Mexsat) será operado por Telecom y no existe una nueva empresa. Este sistema se compone de tres satélites, dos de servicio móvil y uno de servicio fijo. Igualmente ha sido expresado por el Secretario del ramo que existen recursos para el lanzamiento al espacio de estos satélites ya que existe un programa multianual autorizado por la Cámara de Diputados, y aclaró que lo que se firmó es el contrato que incluye esas partes, pero falta por determinar los seguros.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011

De conformidad con el artículo 55 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “asegurará, en coordinación con las dependencias involucradas, la disponibilidad de capacidad satelital suficiente y adecuada para redes de seguridad nacional y para prestar servicios de carácter social”; además, de que el artículo 28 constitucional considera a la comunicación satelital como un área prioritaria para el desarrollo nacional.

Con base en lo anterior, el artículo décimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, establece que

“El destino y ejercicio de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones deberá reportarse por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los Informes Trimestrales, incluyendo el destino y el monto ejercido durante el periodo correspondiente y el saldo disponible.

”La Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus atribuciones, dará puntual seguimiento al desa-rrollo del Sistema Satelital, en su caso, realizará las auditorías especiales que disponga la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.”

Con motivo de que en el comunicado de prensa y demás declaraciones del Secretario del ramo no se detallan los alcances del Nuevo Sistema Satelital Mexicano, limitándose a señalar lo que en este punto de acuerdo se citó; y de que como se vio con anterioridad, el sistema satelital nacional es una rama estratégica para el desarrollo de nuestro país, se considera conveniente que la autoridad responsable del mismo dé a conocer de manera detallada las acciones que se van a llevar a cabo en esta materia, específicamente con el nuevo desarrollo de infraestructura en materia satelital, y si a partir de ellas se cumple con los requerimientos que en materia de telecomunicaciones satelitales se tienen a nivel nacional. Igualmente, se considera de suma importancia que se tenga el conocimiento y control total sobre el uso y manejo del presupuesto que para estos fines fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que rinda informe detallado acerca del Nuevo Sistema Satelital Mexicano.

Segundo. Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turne a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, a fin de que dicha comisión mandate a la Auditoria Superior de la Federación para realizar, en los términos del artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una auditoria de conformidad con lo establecido en el artículo décimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Notas:

1 Los puntos de Lagrange, también denominados puntos L o puntos de libración, son las cinco posiciones en un sistema orbital donde un objeto pequeño, sólo afectado por la gravedad, puede estar teóricamente estacionario respecto a dos objetos más grandes, como es el caso de un satélite artificial con respecto a la Tierra y la Luna.

2 México: ¿Fuera de órbita? Octubre del 2010, número 119.

3 Telecomunicaciones de México tiene como función principal brindar el servicio público de telégrafos y de remesas de dinero internacionales y nacionales, así como los servicios de telepuertos y de comunicación móvil y rural satelital en banda de frecuencia L y la comercialización de servicios satelitales de consorcios internacionales como Compañía de Satélites para las Comunicaciones Intercontinentales (Intelsat, por sus siglas en inglés), LTD y Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (Inmarsat, por sus siglas en inglés).

Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el día 4 del mes de enero de 2011.— Senadores: María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Fernando Jorge Castro Trenti (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A usted, señora senadora. El primer resolutivo se turna a la Tercera Comisión de trabajo y el segundo resolutivo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

SECUESTROS DE MIGRANTES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo. La senadora solicita que se turne a la Primera Comisión de trabajo. Es un punto de acuerdo que solicita la comparecencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración a fin de que informe respecto de las medidas que está adoptando la dependencia a su cargo para frenar los secuestros de migrantes y los ataques a éstos, a cargo de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Claudia Sofía Corichi García, senadora integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el artículo primero de la Constitución se dispone que

“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”

Conforme al artículo 7o. de la Ley General de Población, a la Secretaría de Gobernación corresponde organizar y coordinar los distintos servicios migratorios. El mismo numeral dispone que “En el ejercicio de estas facultades, la Secretaría de Gobernación velará por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar de los sujetos a esta ley.”

A su vez, el artículo 56 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación prescribe que “El Instituto Nacional de Migración ejercerá las facultades que, sobre asuntos migratorios, confieren a la Secretaría de Gobernación la Ley General de Población y su Reglamento y las que de manera expresa le estén atribuidas por otras leyes y reglamentos, así como los decretos, acuerdos y demás disposiciones del Ejecutivo federal.”

Es el caso que los migrantes centro y sudamericanos que cruzan por nuestro país, sujetos a la Ley General de Población, ven continuamente violados sus derechos humanos, al ser víctimas de atentados en contra de su libertad, su patrimonio, e inclusive, su vida, sin que las autoridades mexicanas les otorguen la protección a la que constitucionalmente tienen derecho. Algunos de los secuestrados y sobre todo de las secuestradas, son privados de su libertad con fines de trata de personas, convirtiéndolas en esclavas a las que explotan sexualmente.

El director adjunto de Amnistía Internacional, Alberto Herrera Aragón, comentó el 16 de noviembre que se calcula que unos 20 mil migrantes en México son víctimas de secuestro en el país al año –la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dado cifras parecidas– y seis de cada diez mujeres que llegan a albergues han sufrido violación sexual. Las autoridades mexicanas, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), sólo reconocen 222 denuncias de secuestros de migrantes centroamericanos en el país a lo largo del 2010.

En uno de los casos más recientes, el ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador denunció qué el 16 de diciembre del pasado año, un grupo de hombres armados pararon un tren de carga en la localidad de Chahuites (Oaxaca) y se llevaron por la fuerza con rumbo desconocido a unas 50 personas de diversas nacionalidades que viajaban en el ferrocarril. La primera reacción de las autoridades federales mexicanas fue negar el hecho, para después, ante el alud de pruebas y la demanda internacional de aclarar ese delito, iniciar las investigaciones y pareciera que se quiere negar la realidad.

El pasado 2 de diciembre, la cancillería de El Salvador solicitó mediante nota verbal a México tomar acciones para investigar el secuestro de otros 20 migrantes centroamericanos en la localidad de Medias Aguas en Veracruz, hecho ocurrido el 3 de noviembre.

El 2010 fue un año especialmente malo para los migrantes, siendo el caso más grave detectado en su contra, el ocurrido el 24 de agosto en San Fernando, Tamaulipas, donde 72 indocumentados, 58 hombres y 14 mujeres, provenientes de Centro y Sudamérica fueron asesinados. El desinterés, y finalmente la incompetencia del gobierno mexicano para proteger a esos seres humanos vulnerables son del todo reprochables y quita autoridad moral para reclamar ante otros gobiernos la protección de nuestros connacionales más allá de nuestras fronteras.

México debe proteger eficazmente a los transmigrantes que cruzan por nuestro territorio. Es, además de una obligación internacional, un deber moral.

Ante la gravedad y el número creciente de violaciones a los derechos de los migrantes indocumentados en nuestro país, el gobierno federal debe de implementar un programa efectivo de protección para esos nacionales de otros países, de paso por nuestro territorio.

Por las razones vertidas, se somete a consideración del pleno, con carácter de urgente resolución, de urgent y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río Madrid, para que informe que medidas urgentes se están adoptando por la dependencia a su cargo para frenar los ataques y secuestros de migrantes.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2011.— Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunto a la senadora, ¿quiere que se integre a la discusión de los otros puntos que solicitan prácticamente el mismo sentido? Así es. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió de los diputados David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera, proposición con punto de acuerdo para que los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes informen a esta soberanía el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero, de Tenacatita, y la carretera ramal 421, ambos del municipio de La Huerta, Jalisco.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que los titulares de la Segob y de la SCT informen a esta soberanía sobre el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita y en la carretera ramal 421, del municipio de La Huerta, Jalisco, suscrito por los diputados David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que la Cámara de Diputados convoque a los titulares de las Secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes para que informen a esta soberanía, de manera inmediata, el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 7 de septiembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación del Grupo Plural de Trabajo para dar seguimiento al desarrollo y solución de la problemática existente en el predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, ante la urgente necesidad de integrar mesas de trabajo entre las autoridades federales, estatales, ejidatarios, comerciantes, inversionistas y demás involucrados en el conflicto en el municipio de La Huerta, Jalisco.

A partir de esa fecha, se estableció comunicación con autoridades federales y estatales, con el fin de poder reunirnos con los titulares de las diversas dependencias involucradas en la problemática.

Desafortunadamente y ante la magnitud que está adquiriendo el conflicto, no hemos tenido respuesta de los principales funcionarios claves en la solución, lo que es muy preocupante.

Entendemos los graves problemas que han surgido a lo largo y ancho del país, pero insistimos en convocar a una reunión urgente con los responsables que cuentan con el poder de decisión, como son los titulares de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, así como del gobierno del estado de Jalisco.

Reconocemos y agradecemos a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de la Reforma Agraria, su disposición de participar y por sus apoyos en la solución de un problema que está poniendo en riesgo cada vez más la paz social, uno más en Jalisco.

La Semarnat nos proporcionó copia de la resolución administrativa que emitió por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Costeros, mediante la cual revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, que abarca una superficie de 266,473.23 m2 de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en el Divisadero de Tenacatita.

Asimismo, a través de este resolutivo, se apercibió a la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, a no ocupar la zona federal concesionada y de lo contrario, se haría acreedora a las sanciones correspondientes.

Además de la revocación, la Semarnat no liberó a la empresa en mención de pagar los adeudos por la falta de pago de la concesión, destacando los derechos del municipio de La Huerta de ejercer las acciones legales para el cobro de adeudos.

Por su parte, la Dirección en Jefe del Registro Agrario Nacional, informó que en relación con la “Acción de ampliación del ejido “El Rebalse de Apazulco”, municipio de La Huerta, concretamente al plano definitivo en la que se representara la exclusión de una superficie de 42.00-00 has., concedida en el amparo que promovió la presunta afectada, no se localizó en sus archivos documento alguno que sirviese de base para la ubicación física de las hectáreas mencionadas, por lo que solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Dirección General Técnico Operativo, los antecedentes que se tuvieran sobre la zona descrita.

El 14 de septiembre pasado, se entregó una carpeta del ejido “El Rebalse de Apazulco” a la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, así como el plano definitivo de la ampliación, acta de posesión y deslinde de los terrenos concedidos en ampliación al ejido; acta de posesión de las 42.00.00 has., para cumplimentar el juicio de amparo, así como un plano descriptivo de los trabajos técnicos realizados por la Dirección General de Catastro, en los que se plasman las diversas versiones técnicas sobre la ubicación de las hectáreas citadas.

El Registro Agrario Nacional agregó que hasta la fecha, no se tiene respuesta de la Reforma Agraria en el sentido de que sólo obran planos proyecto de localización, sin que éstos expresen a detalle los vértices que permitan una localización exacta de la superficie en conflicto.

En un nuevo intento de reunirnos con los funcionarios federales, el Grupo Plural de Trabajo invitó, mediante oficio, el día 14 de octubre, a una reunión de trabajo, en las oficinas de la Coordinación de Jalisco del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados federal, a funcionarios de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria, para encontrar una solución al conflicto.

A esta reunión, sólo asistieron representantes de Semarnat y de la Reforma Agraria, sin obtener respuesta, o con la molestia de haber sido citados de manera inmediata, por lo que no podían atender la convocatoria, sin importar la urgencia del asunto, de la Segob y de SCT.

El licenciado José Luis Gutiérrez Miranda, director general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat, se refirió a la revocación que hizo esa secretaría a la Inmobiliaria Rodenas, SA de CV; y a que dicha inmobiliaria había solicitado la concesión, independientemente de que estuviera ocupada por ejidatarios.

Fue enfático al mencionar que con utilizar u ocupar la zona federal no se adquieren derechos. Agregó, que el ayuntamiento de La Huerta inició el proceso de revocación por falta de pago, el cual fue notificado a la inmobiliaria en mayo pasado.

Dicha inmobiliaria contestó en contra de la revocación, argumentando que no estaba obligada al pago, porque no ocupaban la zona. Sin embargo, exhibieron pagos parciales realizados, por lo que asumieron su responsabilidad.

Ahora, la inmobiliaria tendrá que impugnar la revocación a través del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Un objetivo, es que se le otorgue la concesión al ayuntamiento de La Huerta.

Por su parte, el licenciado Luis Camacho Mancilla, director general de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria, señaló que será imperativo cerciorarse de quiénes son los verdaderos propietarios, por medio de instancias judiciales, para establecer si están en regla los certificados parcelarios, así como la importancia de haber sido informados los ejidatarios.

Con esos elementos y seguramente ya de conocimiento de la Delegación Federal de la Semarnat en Jalisco, de la inmobiliaria, de la autoridad municipal y muy posible, de dominio de las autoridades estatales, no se ha actuado para solucionar el conflicto. Por el contrario, aún siguen bloqueados los accesos a las playas de esa localidad y la carretera a Tenacatita.

Sumado a lo anterior, se ha hecho caso omiso a la determinación de la Semarnat, y se derrumbaron edificios, comercios y casas con total impunidad por parte de las autoridades.

Se tuvo una reunión el día 7 de diciembre de 2010, con el licenciado Carlos Armando Reynoso Nuño, jefe de unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación con representantes de la cooperativa de pescadores, representantes de los ejidatarios y representantes de los comerciantes, en esta reunión se propuso un convenio, en el que se establece la apertura de la carretera y la playa para este periodo vacacional de fin de año, sin que hasta el momento se haya concretado dicho acuerdo y la empresa Rodenas SA de CV, desconoce que sí exista tal posibilidad de convenio, lo que hace que la desesperación de la gente derive en la realización de actos violentos por parte de los afectados, por ello se hace prioritario se cumpla con lo acordado para dar una solución a cientos de familias afectadas.

La molestia, incapacidad, abandono, y abuso contra los ejidatarios, pobladores, comerciantes del municipio de La Huerta, puede tomar dimensiones que después lamentaremos.

Problemas similares se comienzan a presentar en otros ejidos de Jalisco, como Campo Acosta, José María Morelos y Chalacatepec, municipio de Tomatlán, y en el ayuntamiento de Cabo Corrientes.

Es el momento de iniciar los diálogos con todos los involucrados que tengan la capacidad, autoridad y disposición de solucionar el conflicto.

Una vez estableciendo los acuerdos políticos y el respeto de los derechos de los afectados, iniciaremos con la solicitud de documentos, a nivel federal y local, que contribuyan a la delimitación y solución del problema y que, en su caso, se solicite realizar los trabajos técnicos que se requieran a quien corresponda.

La preocupación de los diputados solicitantes, es que se genere un conflicto social que adquiera dimensiones lamentables ante el poco interés de las autoridades federales y estatales.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado de y , el siguiente punto de acuerdo para que se convoque a los funcionarios públicos en mención, con base en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice en su segundo párrafo:

Artículo 93. ...

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Punto de Acuerdo

Único.Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a los titulares de las Secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, para que informen, de manera inmediata, a esta soberanía, el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita, de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, y la carretera Ramal 421 municipio de La Huerta, Jalisco, sobre todo después de la resolución administrativa que emitió por conducto de la Dirección General de Zona Federal Marítima, Terrestre y Ambientes Costeros, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la cual revocó la concesión a la empresa Inmobiliaria Rodenas, SA de CV, de una superficie de 266 mil 473.23 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos de propiedad federal, en el Divisadero de Tenacatita.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 4 de enero de 2011.— Diputados David Hernández Pérez (rúbrica), Salvador Caro Cabrera.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Primera Comisión de trabajo.

PROFESIONISTAS EN AREA METEOROLOGICA Y CLIMATOLOGICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: También se recibió del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a promover convenios con instituciones académicas y centros de investigación, a fin de elevar el número de profesionistas en el área meteorológica y climatológica en nuestro país.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover convenios con instituciones académicas y centros de investigación a fin de elevar el número de profesionistas en el área meteorológica y climatológica en nuestro país, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Adolfo Toledo Infanzón, senador integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La meteorología es la ciencia que se ocupa del estudio de los fenómenos que ocurren a corto plazo en las capas bajas de la atmósfera, es decir, donde se desarrolla la vida de plantas y animales. Estudia los cambios atmosféricos que se producen a cada momento, utilizando parámetros como la temperatura del aire, su humedad, la presión atmosférica, el viento o las precipitaciones. El objetivo de la meteorología es predecir el tiempo que va a hacer en 24 o 48 horas y, en menor medida, elaborar un pronóstico del tiempo a medio plazo.

Por otro lado, la climatología es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del tiempo. Aunque utiliza los mismos parámetros que la meteorología, su objetivo es distinto, ya que no pretende hacer previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a largo plazo.

Sin duda, estas dos ciencias, han cobrado en la actualidad una vital importancia, particularmente debido a los fenómenos de cambio climático que se desarrollan en el planeta y  que está teniendo fuertes consecuencias: aumento del nivel del mar, lluvias abundantes, inundaciones, huracanes más intensos, al tiempo que también se producen sequías extremas y olas de calor más frecuentes, mismas que afectan sin excepción a todos los países del mundo.

En nuestro país, es cada vez más recurrente que fenómenos meteorológicos como huracanes, lluvias, tormentas se presenten de manera más intensa provocando alteraciones y daños severos a los bienes, servicios y medio ambiente de las personas, de ahí la importancia de contar con personal humano capacitado en estas áreas de estudio e investigación.

Ante la creciente importancia que ha adquirido la meteorología y la climatología en la toma de decisiones, tanto de las autoridades como de la vida cotidiana de las personas, cobra relevancia la declaración que hiciera en días pasados el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Felipe Adrián Vázquez Gálvez, al referirse que existe un déficit de profesionistas que se dediquen a estudiar los fenómenos climatológicos en nuestro país.

Así, dice, en México sólo existe una universidad que forma especialistas en la materia, de la cual egresan alrededor de 15 licenciados al año, sin embargo, esto no alcanzará a cubrir la demanda, ya que se calcula que el Servicio Meteorológico necesita incorporar al sistema a 300 nuevos meteorólogos y climatólogos en los próximos 10 años.

Por lo anterior, es indispensable que se tomen acciones para revertir esta situación e incorporar a jóvenes en las áreas de especialización antes mencionadas. En tal virtud, es que el día de hoy proponemos a esta soberanía un exhorto para que el Ejecutivo federal, a través de las autoridades correspondientes, promueva convenios con las instituciones académicas y los centros de investigación del país, a fin de que se incentive este tipo de profesiones y podamos contar con los recursos humanos con conocimientos suficientes para hacer frente a esta realidad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las dependencias correspondientes, promueva convenios con instituciones académicas y centros de investigación, a fin de elevar el número de profesionistas en el área meteorológica y climatológica en nuestro país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 4 de enero de 2011.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Segunda Comisión de trabajo.

SECTOR RURAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del propio senador Adolfo Toledo Infanzón se recibió proposición con punto de acuerdo que solicita al titular de la Sagarpa, así como a sus pares en el ámbito local, reimpulsar el extensionismo rural para incrementar el número de proyectos que eleven la actividad económica en nuestro país.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Sagarpa, así como a sus pares en el ámbito local que reimpulsen el extensionismo rural a fin de incrementar el número de proyectos para aumentar la actividad económica, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón,  senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Es por todos conocido la delicada situación por la que atraviesa el campo mexicano, que ha generado en ocasiones el desabasto de alimentos, su encarecimiento, el abandono de tierras, el desempleo, el incremento de la migración del campo a la ciudad, y el deterioramiento de las calidad de vida los trabajadores y de su familia, al no contar con las herramientas indispensables para afrontar los retos de la vida cotidiana de las grandes urbes.

A lo anterior debemos agregarle los efectos que está generando en las cosechas el cambio climático, situación que hace indispensable la tecnificación del campo para obtener éxito en los proyectos productivos que se realicen.

El extensionismo rural tiene por objeto difundir y transferir innovaciones productivas y tecnológicas a los productores, que eleven el capital humano de los agentes económicos rurales por medio de la capacitación, de gran éxito en nuestro país a mediados de los años noventa.

De conformidad con los datos de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), la asistencia técnica representa 31 por ciento del éxito de los proyectos productivos y es punto de partida para impulsar las actividades económicas en México.

Sin embargo y como consecuencia en el cambio de las políticas públicas el extensionismo rural ha quedado relegado, ocasionando la pérdida de proyectos productivos que impulsan un importante número de actividades comerciales en el país, que garantizaban la seguridad y autonomía alimentaria, hoy con un déficit considerable.

En la edición del 27 de diciembre de 2010, el periódico La Jornada publicó un artículo en el que  el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) reveló que 40 por ciento de los agrónomos de este país están desempleados.

Al respecto, la actual administración se comprometió a reimpulsar está política, sin que a la fecha se tengan resultados que respalden dicha propuesta, en virtud de que a pesar de que se otorgan apoyos económicos, éstos no se emplean correctamente.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación presentó en la fecha antes mencionada el proyecto para la creación de la Red de Innovación y Extensionismo Rural, con el cual se vinculará a productores con las instituciones académicas y de investigación en México, sin tomar en consideración las distintas realidades socioculturales que existen en las diferentes entidades de nuestro país.

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a sus pares en el ámbito local, reimpulsar el extensionismo rural para incrementar el número de proyectos que eleven la actividad económica en nuestro país, disminuir las tasas de desempleo que enfrentan los trabajadores del campo, en particular los agrónomos, y elevar la calidad de vida de este sector de la población.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2011.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Este punto se turna a la Tercera Comisión de trabajo.

PROCESOS ELECTORALES DE 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez para presentar proposición con punto de acuerdo relacionado con los procesos electorales para el año 2011.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, estamos viviendo los primeros días de 2011 y en los mensajes de la cúpula del gobierno panista se respiran buenos deseos y optimismo desbordado. Mensajes falsos y mentirosos que pretenden engañar a la mayoría de los mexicanos. Tenemos que señalar con toda firmeza y convicción que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

Los legisladores del Partido del Trabajo estamos convencidos de que este año y el próximo, 2012, son claves para consolidar el proyecto alternativo de nación que hemos enarbolado desde el 2006.

Es urgente que la sociedad continúe interesándose por los temas políticos y sociales que le rodean. Una sociedad informada, organizada y participativa es una sociedad que podrá definir de manera clara cuál es el destino que quiere darse.

México requiere a todas luces la reorientación del modelo neoliberal que abarca todo el entorno de la vida nacional, la esperanza de una vida mejor es lo que nos da aliento para luchar porque la democracia sea una realidad en nuestro país.

Este 2011, en lo político se llevarán a cabo varios procesos electorales locales en los estados de Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, estado de México, Nayarit y Michoacán, todos ellos son importantes, pues son la antesala para el proceso federal electoral del 2012.

Tenemos que vigilar entonces, que dichos procesos se realicen con estricto apego a las leyes que los regulan, evitando injerencias indebidas que afecten el resultado final. El PRI y el PAN tienen que abandonar las prácticas electorales clientelares y de coacción del voto para que tengamos elecciones legales, transparentes, democráticas y sin injerencia de los poderes fácticos, principalmente del duopolio televisivo.

Asimismo, es imprescindible que los órganos electorales se conduzcan con imparcialidad, apegados a derecho y con la premisa de que el voto ciudadano tiene que ser respetado y contado.

Es necesario que la comisión encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales creados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en marzo de 2010 y que tiene vigencia durante toda esta Legislatura, de manera inmediata se aplique en los procesos electorales citados, para garantizar la limpieza de los mismos y que no se desvíen recursos públicos para estos fines.

Ante la problemática que enfrenta el país, para nosotros cobra mayor vigencia el proyecto alternativo de nación propuesto por el presidente legítimo, licenciado Andrés Manuel López Obrador. En dicho proyecto se incluyen propuestas claras de solución a los grandes problemas de la nación a favor de los más necesitados, el carácter social, incluyente y plural de esta propuesta de nación permitirá mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos.

Estamos convencidos de que otorgar becas a los jóvenes para que sigan estudiando, apoyar a las madres solteras y personas con capacidades diferentes, proporcionar pensión universal a los adultos mayores, apoyar con créditos a las microempresas y cooperativas son acciones claras y contundentes para mejorar la vida de los mexicanos.

Los recursos para financiar estas medidas deben provenir de los empresarios que no pagan impuestos en nuestro país, de los especuladores financieros y la reducción de salarios y prestaciones que percibe la alta burocracia federal.

Sólo con una amplia participación popular con la que la gente apoya a sus gobernantes y con la que los gobernantes atiendan las necesidades de la ciudadanía se podrá superar la gran desesperanza que ahora agobia a los mexicanos.

Estamos firmemente convencidos de que la sabiduría popular sabrá distinguir la mejor propuesta de gobierno para superar las desigualdades de nuestro pueblo.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Comisión encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales de la Cámara de Diputados, a que reinicie de manera inmediata los trabajos relativos a vigilar el correcto uso de los recursos públicos en los procesos electorales locales que se llevarán a cabo en el año 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los cuatro días del mes de enero de dos mil once. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, en relación con los procesos electorales de 2011, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

Estamos viviendo los primeros días del 2011 y en los mensajes de la cúpula del gobierno panista se respiran buenos deseos y optimismo desbordado. Mensajes falsos y mentirosos que pretenden engañar a la mayoría de los mexicanos.

Tenemos que señalar con toda firmeza y convicción que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

Los legisladores del Partido del Trabajo estamos convencidos de que este año y el próximo, 2012, son claves para consolidar el proyecto alternativo de nación que hemos enarbolado desde el año 2006.

Es urgente que la sociedad continúe interesándose por los temas políticos y sociales que le rodean. Una sociedad informada, organizada y participativa es una sociedad que podrá definir de manera clara, cuál es el destino que quiere darse.

México requiere, a todas luces, la reorientación del modelo neoliberal, que abarca todo el entorno de la vida nacional.

La esperanza de una vida mejor es lo que nos da aliento para luchar porque la democracia pase de una utopía a una realidad para todos los mexicanos.

Este 2011, en lo político, se llevarán a cabo varios procesos electorales locales en los estados de Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Michoacán. Todos ellos son importantes, son la antesala para el proceso electoral federal de 2012.

Tenemos, debemos, que vigilar que dichos procesos electorales se realicen con estricto seguimiento de las leyes que los regulan, evitando injerencias indebidas que afecten el resultado final.

El PRI y el PAN tienen que abandonar las prácticas electorales clientelares y de coacción del voto para que tengamos elecciones legales, transparentes, democráticas y sin injerencia de los poderes fácticos y, principalmente, del duopolio televisivo.

Asimismo, es imprescindible que los órganos electorales se conduzcan con imparcialidad, conforme a derecho y con la premisa de que el voto ciudadano tiene que ser respetado.

Es necesario que la Comisión Encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, creada por la Cámara de Diputados en marzo de 2010, de manera inmediata se aplique en los procesos electorales citados, para garantizar la limpieza de los mismos y que no se desvíen recursos públicos para esos fines.

Ante la problemática que enfrenta el país cobra más vigencia, el proyecto alternativo de nación propuesto por el presidente legítimo, licenciado Andrés Manuel López Obrador.

En dicho proyecto se insertan propuestas claras de solución a los grandes problemas de la nación a favor de los más necesitados. El carácter social, incluyente y plural de esta propuesta de nación, permitirá mejorar el nivel de vida de los mexicanos.

Estamos convencidos que otorgar becas a los jóvenes para que sigan estudiando, apoyar a las madres solteras y personas con capacidades diferentes, proporcionar pensión universal a los adultos mayores, apoyar con créditos a las microempresas y a las cooperativas, son acciones claras y contundentes para mejorar la vida de los mexicanos.

Los recursos para financiar estas medidas deben provenir de los empresarios ricos que no pagan impuestos en nuestro país, de los especuladores financieros y de la reducción de salarios y prestaciones que percibe la alta burocracia.

Sólo con una amplia participación popular con la que la gente apoye a sus gobernantes y con la que los gobernantes atiendan las necesidades de la ciudadanía se podrá superar la gran desesperanza que ahora agobia a los mexicanos.

Estamos firmemente convencidos de que la sabiduría popular sabrá distinguir la mejor propuesta para superar las desigualdades de nuestro pueblo.

Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, de la Cámara de Diputados a reiniciar de inmediato los trabajos relativos a vigilar el correcto uso de los recursos públicos en los procesos electorales locales que se llevarán a cabo en el 2011.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2011.— Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado Ríos. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer receso.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 12 de enero de 2011

Lectura del acta de la sesión anterior.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (13:08 horas) Muchas gracias, señor secretario. Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 12 de enero de 2011, a las 11 horas.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 1 hora  14 minutos • Quórum a la  apertura de sesión: 30 legisladores • Diputados que solicitan licencia: 2 • Senador que solicita licencia: 1 • Oradores que participaron: 18 PRI                                  8PRD                                   6PVEM                                4 Se recibió o presentó: • 2 comunicaciones por los que se comunica cambios de integrantes en la Segunda y Primera Comisión de Trabajo, respectivamente; • 1 oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Comisión Nacional del Agua; • 2 oficios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; • 1 oficio del Gobierno del estado de Yucatán con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite los dictámenes de evaluación del desempeño del encargo de los licenciados Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez en los que se sustenta la propuesta de no ratificarlos como magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadano pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario; • 3 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que 73 ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México, respectivamente, y se informa que 9 ciudadanos han dejado de prestar servicios; • 6 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que tres ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros, respectivamente; • 14 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 19 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente; • 1 iniciativa del PRI; • 1 iniciativa del PRD; • 2 iniciativas del PVEM; • 13 proposiciones con puntos de acuerdo