SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a pasar la lista de asistencia.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Por instrucciones de la Presidencia se procede al pase de asistencia de la tercera sesión de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura.

(Lista de asistencia)

Señor presidente, se encuentran 29 legisladores presentes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 11:58 horas): Por tanto, hay quórum. Por tanto, se abre la sesión

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, ya que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 12 de enero de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Roberto Gil Zuarth.

De la diputada María Cristina Díaz Salazar.

Dirigidas a la Cámara de Senadores, relativas a seis acuerdos de los congresos de los estados de Chihuahua, México, Michoacán, Morelos, Querétaro y Tabasco y once memoriales de particulares.

Iniciativa del Congreso del Estado de Chihuahua

Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Oficio de la Coordinación General de Protección Civil

Con el que remite las Nuevas Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.

Oficio de la Comisión Federal de Electricidad

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a diversos cuestionamientos a los titulares de la PGR, de la CFE y del IMSS, en el marco de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite, en ocho tomos, el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2011, en cumplimiento del artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el nombramiento de los ciudadanos Gerardo Rodríguez Regordosa, Carlos Montaño Fernández, Alejandro Díaz de León Carrillo y Gerardo Perdomo Sanciprian, como empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario, para que los ciudadanos Miguel Ángel Aguirre Lara y José Guillermo Lira Hernández, puedan aceptar y usar la Medalla Monja Blanca de Segunda Clase, que les otorga el Gobierno de la República de Guatemala. (Turno a Comisión)

Quince, por los que solicita el permiso constitucional necesario, para que los ciudadanos Alan Ventura Marín, Francisco Heber Aguilera Nevarez, Carlos Muñoz Espejel, Ángel Diego Aquino Picazo, David Sánchez Romero, Miguel Ángel Sánchez Benito, Juan Joel Sánchez González, Fredy Rodríguez Carreño, Germán Portilla Figueroa, Isaías Aguirre Dublan, Jesús Hermógenes de León de León, Jorge de Jesús Pérez Barrios, José Luis García Martínez, Valentín Arriaga Palomeque y Fermín Cortez Limón, puedan aceptar y usar la Condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que les otorga el Gobierno de la República de Guatemala. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alder Rendón Fuentes, pueda aceptar y usar las Condecoraciones, que le otorgan Diversos Gobiernos Extranjeros. (Turno a Comisión)

Nueve, por los que solicita el permiso constitucional necesario, para que los ciudadanos Luis Andrés Gutiérrez Garnica, Ricardo Reynoso Lagunas, Jorge Juan Tapia Padilla, José Martín Salinas Muñoz, Juan José Gómez Ruiz, Juan de Dios José Bolaños Vázquez, Alejandro Gómez Vargas, César Cuauhtémoc Menchaca Campos y Luis Vicente Domínguez Ramírez, puedan aceptar y usar diversas Condecoraciones y Medallas, que les otorgan los Gobiernos de los Estados Unidos de América, de la República Francesa, de la República de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela. (Turno a Comisión)

Cinco, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Seis, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Con el que remite contestación a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados, relativos a la NOM-059-SEMARNAT-2001.

Iniciativas

Que reforma los artículos 76, 89 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juventino Víctor Castro y Castro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 27 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por las diputadas María Araceli Vázquez Camacho y Lorena Corona Valdés, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 43 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto, que concede el permiso constitucional necesario al Ciudadano Wilhem Lee Kraft Wilpers, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en la Ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, con Circunscripción Consular en el Estado de Guerrero. (Dispensa de Segunda Lectura, Discusión y Votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos: Sergio Igor Almazán Dávila, Betsabé Álvarez Muñoz, Prana Álvarez Rivas, Mónica Buitrón Bravo, Sagra Margarita Clorio Jessel, Patricia Ytalivi Cordero Rosas, Mónica Patricia Cortina Peresola, Victoria Guadalupe Correa Delgado, María Teresa Correa Delgado, Euridice Jael Duran López, Alejandra Cristina Espinosa Mendoza, Lucia Espejel Gómez, Edgar Ignacio Fernández Montoya, Lorena Berenice González López, José Elías Guzmán Martínez, Adrian Herrera Sotelo, Maria De Lourdes Huelgas Plaza, Paola Jiménez Vázquez, Diana León Treviño, Michelle Rosalía Lezama Díaz, Edgar López Zuazua Carmona, Antonio Meléndez Adell, Irasema Mendoza Martínez, Magaly Palacios Morales, Gabriela Carolina Pereda Domínguez, Jenefer Pineda Verhoogh, Oralia Paulina Piña Reyes, Francisco Javier Ponce Castanedo, Lucero Bibiñe Oropeza Aguilar, Cynthia Ortiz Mildare, Jéssica Román Ramírez, María Abigail Sandoval Elizondo, Lizbeth Segundo Juárez, María Del Pilar Tristán Martínez, Laura Patricia Torres Limón, Isaac Álvaro Vargas Arroyo, Ariadna Cecilia Villalobos Gutiérrez y Edgar Zepeda Hernández, para prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México. (Dispensa de Segunda Lectura, Discusión y Votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos: Martha Isabel Chávez Silva, María del Carmen Samano López, Roberto Centeno Blanco, Jorge Arturo García Gutiérrez, Graciela Alejandra Sandoval Maas y Beatriz Liliana Rivera Reyes, para prestar servicios en las Embajadas Real de Tailandia, de Brasil, de la República de Nicaragua y de Haití, en México, y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Mérida, Yucatán y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Dispensa de Segunda Lectura, Discusión y Votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos: Marisol Peralta Pérez, Yeimi Jiménez Sánchez, Luis Felipe Andrade García, Emmanuel Greco Posadas Andrews, Erick Estrada Aguilar, Jesús Solares Escalante, María Antonieta Castro Cosío, Andrea Alejandra Moreno Cabrera, Juan Mario Nava García, María de Lourdes Castellanos Martínez, Mario Alberto Ortiz Carmona, Sergio Mauricio Chávez Hernández, José Luis Franco Montealvo, Ricardo Tapia Órnelas, Salvador Villaseñor Ortega, Gabriel Navarro Pesquera, María Cristina Navas de Torres, Pedro Joab Elizondo Morales, Jonathan Valdez Cadena, Rogelio González Santillán y Dan Cristhian Isai Ríos Martínez, para prestar servicios en las Embajadas del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de los Estados Unidos de América, de Kuwait, de la República Federativa de Brasil y de la República de Guatemala en México, y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León, en Tijuana, Baja California y en Guadalajara, Jalisco, respectivamente. (Dispensa de Segunda Lectura, Discusión y Votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos: Ileana Rivera Muciño, Iván Joel Adrián Espinosa Hernández, Patricia Simpson Valadez, Miriam Vera López, Alma Rosa Soto González, Patricia Frías Moreno, Cecilio Miguel Montero Marín y Juan Carlos Zúñiga Flores, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, del Reino de los Países Bajos, de la República Islámica de Irán, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, respectivamente. (Dispensa de Segunda Lectura, Discusión y Votación)

De la Primera Comisión, por el que concede permiso a los ciudadanos: Alejandro Miranda Oceguera y Arturo López Sosa, para aceptar y usar las Condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los Gobiernos del Estado de Israel y de la República de Colombia, respectivamente. (Dispensa de Segunda Lectura, Discusión y Votación)

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Gobernador del estado de Guerrero, restituya a las 300 familias de la Colonia Ampliación Puerto Marqués, la posesión y disfrute de sus predios, se reparen daños y hurtos de que fueron víctimas, así como sancionar a los responsables.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Segob y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, ante la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para que expliquen las acciones que han emprendido para brindar protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio, para llegar a los Estados Unidos de América.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que decrete el 15 de febrero de cada año, como Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP y de la SSP, se haga una revisión salarial, que incluya las prestaciones laborales y los seguros de vida y de riesgo del personal de la Policía Federal.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo a los daños causados a los manglares de la Laguna de Cuyutlán.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de sus dependencias, obligue a las personas que importen definitivamente camiones de procedencia extranjera a nuestro país, cumplan con el requisito de presentación del certificado de origen establecido en el TLCAN.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT, un informe detallado respecto del Nuevo Sistema Satelital Mexicano, así como a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, ejerza sus facultades para que la ASF realice la auditoría correspondiente.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la SCT, para que explique a esta Soberanía las causas del subejercicio en su dependencia, así como el atraso en los trabajos de construcción y modernización en la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y otras obras carreteras en el estado de Guerrero.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur y a la Semarnat, se coordinen a fin de fortalecer la política de fomento del llamado Turismo de Naturaleza y Ecoturismo, en todas las regiones y comunidades del país.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, por el que se solicita al Titular de la Sagarpa, así como a sus pares en el ámbito local, reimpulsen el extensionismo rural para incrementar el número de proyectos que eleven la actividad económica en nuestro país.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del Comisionado Mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, así como del Secretario de la Sección Mexicana, para que expliquen las razones y posibles consecuencias del acta 318, firmada con Estados Unidos de América el 17 de diciembre de 2010.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, promueva convenios con instituciones académicas y centros de investigación, a fin de elevar el número de profesionistas en el área meteorológica y climatológica en nuestro país.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública, a resolver e informar sobre diversos asuntos relacionados con la operatividad del programa enciclomedia.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, para que en coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes, establezca las medidas necesarias para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores e instalaciones, en las clínicas y hospitales públicos de diversas entidades de nuestro país, suscrita por el diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Segob se cuide que los perfiles de los funcionarios que serán nombrados en el INM sean los óptimos, en aras de evitar cualquier tipo de corrupción y mejorar las funciones que se desarrollan en nuestro sector migratorio, suscrito por el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, para que en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, realice la traducción y difusión en lenguas indígenas de los programas sociales, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF, investigue, realice las auditorías necesarias e informe a esta Soberanía sobre la transparencia en los procesos de licitación en la compra de medicamentos y equipo médico en las instituciones de salud del sector público, realizados durante la presente administración federal; en el caso de encontrar presuntos actos de corrupción, realice las acciones correspondientes a fin de sancionar a los responsables, suscrito por los senadores Ramiro Hernández García y María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se conmina al Titular del Ejecutivo Federal a respetar el contenido del artículo 20, fracción VI del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en materia de comunicación para personas sordas, suscrito por la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal al otorgamiento de recursos extraordinarios para el Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa, suscrito por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al proceso que se le sigue a expolicías municipales y estatales de Hidalgo, detenidos desde junio y septiembre de 2009, suscrito por los senadores José Luis García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, y la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la SFP y de la ASF, respecto de la correcta aplicación de los recursos públicos federales en el estado de Hidalgo, suscrito por las diputadas Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a los Gobiernos de los Estados para que lleven a cabo la elaboración e implementación de políticas públicas tendientes a eliminar la participación de menores en el crimen organizado, suscrito por la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la contaminación ambiental y los estragos a la salud de la población en el municipio de Apaxco, que genera la firma Ecoltec, S.A. de C.V., a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Gobernadora de Yucatán y al Congreso del Estado, reconsideren el alza del 50% al Impuesto al Hospedaje y del 25% al Impuesto de Nóminas, aprobados el pasado mes de diciembre a propuesta del Gobierno del Estado, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del DF, para que detenga la obra del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente de la Ciudad de México, conocido como Supervía Poniente y se exhorta a la CDHDF, a que emita la recomendación correspondiente al Jefe de Gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de Magdalena Contreras, suscrito por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas, para que presenten informes detallados sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos, y a los 31 congresos estatales y a la ALDF, para que instruyan a sus órganos de fiscalización, realicen auditorías a las haciendas públicas, suscrito por el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y del Secretario de Seguridad Pública, para que informen respecto a la situación del crimen organizado en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y Guerrero, suscrito por las diputadas Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la Regasificadora Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V., suscrito por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la SEDENA, para que envíe un informe detallado sobre el número y rango de la deserción de efectivos del ejército en el periodo 2006-2010, así como las causas de las mismas, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SRE, a la SENER y a PEMEX, informen a esta Soberanía la decisión del Gobierno Mexicano respecto a los compromisos establecidos en el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que expida y publique el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrito por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena enérgicamente el lamentable incidente acaecido el 8 de enero, en la ciudad de Tucson, Arizona, Estados Unidos de América, en el cual 19 personas fueron alcanzadas por disparos y seis fallecieron, entre ellas el Juez Federal John M. Roll. Asimismo, expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas, al Congreso, al igual que al pueblo Estadounidense y desea la pronta recuperación de las personas heridas, así como de la Congresista Gabrielle Giffords, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, y suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que implemente de manera urgente, a nivel nacional, las medidas necesarias de verificación, vigilancia y control para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con el fin de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, suscrito por diversos senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares del Gabinete de Seguridad, para que expongan el panorama real en materia de seguridad pública, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a la Profepa, para que adopten medidas y envíen informes a esta Soberanía, relativos al problema de contaminación de los ríos en el estado de Oaxaca, suscrita por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los acontecimientos ocurridos en el Estado Norteamericano de Arizona el 8 de enero pasado, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de punto por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses, sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de los migrantes indocumentados, así como la aprobación de iniciativas que atenten en contra de los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y su situación jurídica, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en el municipio de Acapulco, Guerrero, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al incremento en el precio de los energéticos y de los productos de la canasta básica, así como en los servicios básicos, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, destine los recursos necesarios para llevar a cabo un programa emergente para el saneamiento de la Bahía de Acapulco, así como para apoyar la ampliación del “Maxitúnel” de la Autopista del Sol, a cargo del senador Fernando Jorge Castro Trenti y suscrito por diversos senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades estatales a coordinarse con los esfuerzos que ya emprende la autoridad federal, para proteger a los migrantes que se trasladan a lo largo y ancho de la República Mexicana, a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que en apoyo a la policía estatal y a las municipales del estado de Guerrero, libere los recursos extraordinarios necesarios para aumentar sustancialmente las prestaciones y sueldos de las policías, modernizar el equipamiento con el que cuentan y capacitarlos adecuadamente para que puedan hacer frente al crimen organizado en la entidad, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz y suscrita por diversos senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Sagarpa se implementen políticas públicas destinadas a evitar los estragos que pueda provocar en la población más vulnerable el incremento de precios de los alimentos en el mundo y se desarrolle la autosuficiencia alimentaria, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativa

A la Comisión de Justicia, a solicitud de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios relativos a la situación económica y social del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos al inicio del proceso electoral en el Estado de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios relativos a la aplicación de las medidas para prevenir la obesidad de los educandos en los planteles escolares de educación básica, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación política del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto es la lectura del acta de la sesión anterior. Pida y consulte si se dispensa, tomando en consideración que está publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el martes  cuatro de enero de dos mil once, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Salón Legisladores de la República  sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta legisladores, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del martes cuatro de enero de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas se dispensan la lectura al orden del día y del Acta de la sesión anterior, la que se aprueba de la misma manera.

Se da cuenta con comunicaciones de los legisladores:

• Del diputado Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, con el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Quinto Distrito del estado de Tamaulipas, a partir del primero de enero de dos mil once.

• Del senador José Guillermo Anaya Lamas, con el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como senador electo por el estado de Coa-huila, a partir del cinco de enero de dos mil once.

• De la diputada María Cristina Díaz Salazar, con el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputada federal del Décimo Primer Distrito del estado del estado de Nuevo León, a partir del cuatro de enero de dos mil once.

En sendas votaciones económicas se aprueban, comuníquense.

Se da cuenta con comunicaciones con relación a cambios de integrantes en las Comisiones:

a) La Segunda Comisión de Trabajo; Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, los diputados:

• Héctor Franco López, pase de integrante a secretario.

• Felipe Amadeo Flores Espinosa, alta como integrante.

• Beatriz Elena Paredes Rangel, alta como integrante.

• Arturo Zamora Jiménez, baja como integrante.

b) Primera Comisión de Trabajo; Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, los diputados:

• Arturo Zamora Jiménez, alta como integrante.

• Beatriz Paredes Rangel, baja como integrante.

En votación económica se aprueban, comuníquense.

Se da cuenta con oficios:

a) De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el que remite contestación a punto de acuerdo por la Cámara de Diputados, relativo al cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios o, en sus casos permisionarios de la Zona federal Marítimo Terrestre. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

b) De la Comisión Nacional del Agua, con el que remite contestación a los resolutivos tercero y cuarto del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al cumplimiento del Proyecto del Acueducto Independencia. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Por el que informa que en el mes de noviembre de dos mil diez, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y  Enajenación de Bienes (SAE). Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de dos mil diez. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

d) Del Gobierno del estado de Yucatán, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los Gobiernos Estatales para que determinen las medidas necesarias, a fin de que se cumpla con los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción. Se remite a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

e) De Secretaría de Gobernación:

• Con el que remite los dictámenes de Evaluación del desempeño del encargo de los Licenciados Heriberto Arriaga Garza y Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios, en los que se sustenta la propuesta de no ratificación de los mismos. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:

– Wilhem Lee Kraft Wilpers, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal de Alemania en la Ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, con Circunscripción Consular en el Estado de Guerrero.

– Martha Isabel Chávez Silva y María del Carmen Samano López, puedan prestar servicios en las Embajadas Real de Tailandia y de Brasil, en México, respectivamente e informa que el ciudadano Raymundo Guzmán Cisneros, deja de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

– Sergio Igor Almazán Dávila, Betsabé Álvarez Muñoz, Prana Álvarez Rivas, Mónica Buitrón Bravo, Sagra Margarita Clorio Jessel, Patricia Ytalivi Cordero Rosas, Mónica Patricia Cortina Peresola, Victoria Guadalupe Correa Delgado, María Teresa Correa Delgado, Euridice Jael Duran López, Alejandra Cristina Espinosa Mendoza, Lucia Espejel Gómez, Edgar Ignacio Fernández Montoya, Lorena Berenice González López, José Elías Guzmán Martínez, Adrian Herrera Sotelo, María De Lourdes Huelgas Plaza, Paola Jiménez Vázquez, Diana León Treviño, Michelle Rosalía Lezama Díaz, Edgar López Zuazua Carmona, Antonio Meléndez Adell, Irasema Mendoza Martínez, Magaly Palacios Morales, Gabriela Carolina Pereda Domínguez, Jenefer Pineda Verhoogh, Oralia Paulina Piña Reyes, Francisco Javier Ponce Castanedo, Lucero Bibiñe Oropeza Aguilar, Cynthia Ortiz Mildare, Jéssica Román Ramírez, María Abigail Sandoval Elizondo, Lizbeth Segundo Juárez, María Del Pilar Tristán Martínez, Laura Patricia Torres Limón, Isaac Álvaro Vargas Arroyo, Ariadna Cecilia Villalobos Gutiérrez, Edgar Zepeda Hernández, Roberto Centeno Blanco, Jorge Arturo García Gutiérrez, Graciela Alejandra Sandoval Maas y Beatriz Liliana Rivera Reyes, puedan prestar servicios en las Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de la República de Nicaragua y de Haití, en México, y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Mérida, Yucatán y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

– Ileana Rivera Muciño, Iván Joel Adrián Espinosa Hernández, Patricia Simpson Valadez, Miriam Vera López, Alma Rosa Soto González, Patricia Frías Moreno, Cecilio Miguel Montero Marín y Juan Carlos Zúñiga Flores, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, del Reino de los Países Bajos, de la República Islámica de Irán, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

– Mario Alberto Ortiz Carmona, Jesús Solares Escalante, María Antonieta Castro Cosío, Salvador Villaseñor Ortega y Gabriel Navarro Pesquera, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la República Federativa de Brasil, en México, respectivamente e informa que la ciudadana Gabriela Peña Roja Macías deja de prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

– Marisol Peralta Pérez, Yeimi Jiménez Sánchez, Luis Felipe Andrade García, Emmanuel Greco Posadas Andrews, Erick Estrada Aguilar, Sergio Mauricio Chávez Hernández, José Luis Franco Montealvo, Ricardo Tapia Órnelas, María Cristina Navas de Torre y Dan Cristhian Isai Ríos Martínez, puedan prestar servicios en las Embajadas del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; de Kuwait y de la República de Guatemala en México y del Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, respectivamente e informa que la ciudadana Zugey Iribe Osuna deja de prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

– Andrea Alejandra Moreno Cabrera, Juan Mario Nava García, María de Lourdes Castellanos Martínez, Rogelio González Santillán, Pedro Joab Elizondo Morales y Jonathan Valdez Cadena, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Monterrey Nuevo León, respectivamente; e informa que los ciudadanos Chilnta Eleni Vlachopoulou, Gema Jiménez O’ Farril Tirado, Giselle Santos-Burgoa M., Graciela Torres González, Isaura Fernanda Rebeca Ortega Naredo y Adriana Guereca García, han dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

– Alejandro Miranda Oceguera, pueda aceptar y usar la Medalla de Servicio, que le otorga el Gobierno del Estado de Israel.

– Arturo López Sosa, pueda aceptar y usar la Condecoración de la “Orden Naval Almirante Padilla”, que en grado de “Comendador” le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

– Arturo López Sosa, pueda aceptar y usar la Medalla Servicios Distinguidos a la Inteligencia Naval, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

Las solicitudes de permiso se turnan a la Primera Comisión de Trabajo, por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, se remiten a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Quince, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Por el que se exhorta al Procurador General de la República y al Secretario de Seguridad Pública Federal a cumplir con el marco jurídico en materia de derechos humanos en relación con los inculpados, ex funcionarios públicos michoacanos detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y exhorta a ambos funcionarios a que den cumplimiento efectivo a la recomendación número 72/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en especial con los aspectos relacionados con la reparación del daño. Al respecto, me permito comentarle que esta Institución está dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos.

– Por el que exhorta a las autoridades competentes para que, en el proceso penal que se sigue en contra de diversos usuarios del servicio público de energía eléctrica, con motivo de los sucesos de fecha veintitrés de marzo de dos mil nueve, en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad con sede en Ixtepec, Oaxaca, se realicen los diversos actos de autoridad en estricto apego y respeto a todas y cada una de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que dichas personas tengan acceso a una justicia pronta y expedita. Se remite a la Comisión de Energía.

– Relativo al precio de fertilizantes para la producción agropecuaria e instrumentar de manera inmediata programas que contemplen precios fijos para los insumos de esta industria. Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

– Por el que se exhorta al Procurador General de la República a aceptar la recomendación número 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa al caso de la mina Pasta de Conchos, me permito comentarle que el veintiuno de noviembre de dos mil ocho, esta institución brindó respuesta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de que no se aceptaba la recomendación, en virtud de que derivado de las investigaciones, los servidores públicos de esta Procuraduría no cometieron ninguna violación a los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, en lo relativo al ingreso a la mina 1a para determinar las causas de la explosión, esto no fue posible porque implicaba riesgos para la integridad física y la vida de quienes realizarían tal diligencia, razón por la cual no pudo continuarse con la integración de la indagatoria. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos.

– Referente a la “Solicitud al Ejecutivo federal de realizar, mediante la Comisión Nacional del Agua, las obras de protección longitudinal del bordo en ambas márgenes del río San Pedro, en la zona urbana de Tuxpan, Nayarit”. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

– Por el que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a que, en coordinación con las autoridades de procuración de justicia busquen mecanismos que, sin vulnerar los derechos constitucionales, permitan examinar los contenidos de anuncios en medios de comunicación impresos, electrónicos y cibernéticos que promuevan servicios sexuales y de otro tipo, que pudieran ser vehículo para contactar posibles víctimas para la comisión del delito de trata de personas y demás delitos relacionados. Se remite a la Comisión de Gobernación.

– Por el que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Poder Judicial Federal, a revisar y resolver en estricto cumplimiento del derecho, el caso de Juan Ranulfo Martínez Pérez. Se remite a la Junta de Coordinación Política.

– Relativo al cambio ilegal del uso de suelo de terrenos forestales por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

– Relativo a los horarios de las transmisiones televisivas, a fin de que no atenten contra el desarrollo bio-psicosocial de las niñas, niños y adolescentes del país. Se remite a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Gobernación.

– Por el que se solicita a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y del Trabajo y Previsión Social, información relativa al proceso de reactivación de Compañía Mexicana de Aviación (Mexicana) y a la oferta presentada por PC Capital, además de exhortar a dichas autoridades para que actúen con transparencia e imparcialidad. Se remite a las Comisiones de Transportes, de Comunicaciones y de Trabajo y Previsión Social.

– Por el que se exhorta a los gobiernos federales, estatales y municipales a reestructurar los cursos de acción para impulsar y reactivar los programas productivos, incorporando a los profesionistas que siendo titulados no tienen empleo. Se remite a la Comisión de Economía.

– Relativo a la implantación del proyecto “rehabilitación y recuperación de playas en franja costera de Chuburna Puerto- Yucalpeten, en el municipio de Progreso, Yucatán”. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

– Relativo a la explotación laboral infantil en los campos agrícolas. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

– Relativo a la contaminación lumínica que pudiera generar el proyecto del puerto multimodal de Punta Colonet en Ensenada, Baja California. Se remite a las Comisiones de Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

– Mediante el cual se formulan diversos planteamientos al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, me permito remitir puntual respuesta a las solicitudes de información previstas en el citado documento. Se remite a la Junta de Coordinación Política.

• Diecinueve, con los que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

• Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el veintiocho de julio de dos mil diez.

Se remiten a la Cámara de Senadores.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los legisladores:

• Del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo quinto de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

• De los diputados Alejandro Carabias Icaza y Rosario Brindis Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

• De los diputados Alejandro Mazo Maza y Diego Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ochenta y nueve de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra al senador Rubén Fernando Velázquez López, a nombre propio y del senador José Luis Máximo García Zalvidea, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Senadores.

Se recibe del senador René Arce Círigo, del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la libertad de expresión periodística, del derecho a la información y de la transparencia, así como rechazar la asfixia financiera y operativa a la que está siendo sometida la web WikiLeaks. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los legisladores:

• Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, ante la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para que expliquen las acciones que han emprendido para brindar protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio, para llegar a los Estados Unidos de América.  Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputada Magdalena Torres Abarca, a nombre propio y de las diputadas Enoé Uranga Muñoz y Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el feminicidio de la Señora Marisela Escobedo. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Adolfo Toledo Infanzón, a nombre propio y de diversos senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la comparecencia del Comisionado Mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, así como del Secretario de la Sección Mexicana, para que expliquen las razones y posibles consecuencias del acta trescientos dieciocho, firmada con Estados Unidos de América el diecisiete de diciembre de dos mil diez, aprobada por el Gobierno Mexicano el veinte del mismo mes. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo

• Senador René Arce Círigo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la comparecencia ante el Pleno de la Comisión Permanente del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que presente un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia delictiva e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y otros temas vinculados en materia de seguridad pública. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Director General de Pemex, para que presente un informe sobre las condiciones técnicas y operativas que guardan los oleoductos, gasoductos, poliductos y otros ductos que transportan hidrocarburos por toda la República Mexicana, los atlas de riesgo para cada uno de los estados de la República, con la identificación geográfica de los ductos, los riesgos que estos representan para los habitantes y comunidades cercanas, así como los planes de prevención en materia de protección civil y de impacto a la ecología. Se anexa la proposición aprobada sobre la comparecencia del Director de Petróleos Mexicanos.

• Diputada Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la comparecencia ante esta Soberanía del Secretario de Economía, del Gobernador del Banco de México y de los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, Comisión Federal de Competencia e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con relación con los aumentos de precios. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora María del Socorro García Quiroz, a nombre propio y de diversos senadores del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un informe detallado respecto del Nuevo Sistema Satelital Mexicano, así como a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, ejerza sus facultades para que la Auditoria Superior de la Federación realice la auditoría correspondiente. El primer resolutivo se turna a la Tercera Comisión de Trabajo y el segundo resolutivo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

• Senadora Claudia Sofía Corichi García, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para que informe respecto de las medidas que están adoptando por la dependencia a su cargo para frenar los ataques y secuestros de migrantes. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado David Hernández Pérez, a nombre propio y del diputado Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, para que los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Comunicaciones y transportes  informen a esta Soberanía, el estado que guarda la problemática en el predio El Divisadero de Tenacatita y la Carretera Ramal cuatrocientos veintiuno, municipio de La Huerta, Jalisco. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, promueva convenios con instituciones académicas y centros de investigación, a fin de elevar el número de profesionistas en el área meteorológica y climatológica en nuestro país. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a sus pares en el ámbito local, reimpulsen el extensionismo rural para incrementar el número de proyectos que eleven la actividad económica en nuestro país. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, relacionado con los procesos electorales para el año dos mil once. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente clausura la sesión a las trece horas con ocho minutos y cita para la que tendrá lugar el miércoles doce de enero de dos mil once, a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ponga a discusión el acta, señora secretaria.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado.

SUSANA CHAVEZ - ROSA MARIA ACEVES DE CHAUDON - PETRUCA RUMILLA FAYAD - OFELIA VIVERO ESQUIVEL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Antes de dar inicio al desarrollo puntual del orden del día y conforme me ha sido ordenado por la Mesa Directiva, quisiera externarle a toda esta Comisión que en su nombre, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta el fallecimiento de la ciudadana Susana Chávez, escritora, poetisa, activista conocida por su lucha en contra de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua y creadora de la frase: ni una muerta más.

De la misma manera, externamos nuestra más amplia solidaridad a nuestros compañeros legisladores, senador Carlos Aceves del Olmo, por el fallecimiento de su señora hermana, doña Rosa María Aceves de Chaudón; al diputado Jorge Juraidini Rumilla por el sensible deceso de su señora madre, Petruca Rumilla Fayad; a nuestro amigo el diputado Roberto Rebollo Vivero por la pérdida de su señora madre, doña Ofelia Vivero Esquivel.

Reciban todos ellos nuestras condolencias y las de todos los integrantes de la Comisión Permanente. Para honrar la memoria de nuestros compañeros y del impulso y causa de la señora Susana Chávez, pido a todos ustedes ponernos de pie y guardar respetuosamente un minuto de silencio.

Muchas gracias.

Adelante con las comunicaciones, señor secretario.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente

Distinguido Presidente:

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del segundo párrafo del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, me permito solicitar se me conceda licencia para separarme del cargo de diputado federal a la LXI Legislatura a partir del día de hoy y por tiempo indefinido.

Agradezco a usted la atención y trámite parlamentario que se sirva dar a la presente y le reitero las seguridades de mi consideración más distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 7 de enero de 2011.— Diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ponga por favor a discusión y votación el punto de acuerdo que conlleva la solicitud del diputado Gil Zuarth.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Roberto Gil Zuarth, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la tercera circunscripción plurinominal a partir del 7 de enero del año en curso.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado, comuníquese en esos términos y le deseamos la mejor de las suertes a quien ha sido un extraordinario legislador y un gran constructor de acuerdos en este Congreso, y esperamos que siga haciendo lo mismo en la encomienda que tiene ahora, lo mejor para usted, señor ex diputado, don Roberto Gil Zuarth.

Adelante con las comunicaciones.

DIPUTADA QUE SE REINCORPORA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente

La que suscribe, María Cristina Díaz Salazar, diputada federal con licencia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito mi reincorporación a las actividades del Poder Legislativo federal, a partir del próximo miércoles 12 de enero de 2011.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que sirva a la presente, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2011.— Diputada María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estamos todos enterados. Comuníquese.

ESTADO DE CHIHUAHUA

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo.— LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua.

Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del diputado Enrique Serrano Escobar, presidente del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, y en alcance al oficio número 116-2/10 I P.O., de fecha 11 de noviembre del año en curso, me permito reenviarle copia del acuerdo número 25/2010 I P.O., emitido por la Sexagésima Tercera Legislatura; lo anterior, en virtud de que por una omisión involuntaria, en el citado documento se menciona el término “horario de verano”, siendo lo correcto “horario de invierno”.

Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 23 de noviembre de 2010. — La secretaria del honorable Congreso del Estado, diputada Liz Aguilera García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura del Estado de México.

Secretarios de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto, nos permitimos comunicar a ustedes que la honorable LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, en sesión de esta fecha, tuvo a bien aprobar acuerdo que en su parte conducente refiere lo siguiente:

“Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a dictaminar la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de marzo de 2006.”

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes.

Se acompaña al presente el citado acuerdo.

Sin otro particular, les expresamos nuestra elevada consideración.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 14 de diciembre de 2010.— Diputados Francisco Javier Funtanet Mange, Horacio Enrique Jiménez López (rúbricas), secretarios.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo.— Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, por este conducto nos permitimos remitir a usted el acuerdo número 355, aprobado por la Septuagésima Primera Legislatura. Lo anterior, para su conocimiento y efectos procedentes.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 9 de diciembre de 2010.— La Mesa Directiva del  Congreso de Michoacán de Ocampo, diputado Iván Madero Narango (rúbrica), presidente; diputado Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), primer secretario; diputado Epigmenio Jiménez Rojas (rúbrica), segundo secretario; diputado Arturo Guzmán Ábrego (rúbrica), tercer secretario.»

«Escudo.— Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

El congreso del estado, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo 355

Primero. La LXXI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo exhorta al Congreso de la Unión a analizar y resolver dentro de sus facultades y atribuciones la propuesta presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sobre las modificaciones de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica a fin de que se dote de presupuesto y personalidad jurídica a un nuevo organismo que supla las funciones de Luz y Fuerza del Centro y asuma el contrato colectivo de trabajo que tenía firmado con los trabajadores afiliados al SME.

Segundo. Diríjase comunicación a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de que se sumen a él.

Tercero. Envírese comunicación al titular del Ejecutivo federal para su conocimiento y fines correspondientes.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a nueve de diciembre de dos mil diez.— La Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, diputado Iván Madero Naranjo (rúbrica), presidente; diputado Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), primer secretario; diputado Epigmenio Jiménez Rojas (rúbrica), segundo secretario; Diputado Arturo Guzmán Ábrego (rúbrica), tercer secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE MORELOS

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo.— Poder Legislativo.— LI Legislatura.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, me permito remitirles en copia certificada el decreto numero ochocientos ochenta y ocho, expedido por este Congreso en sesión de esta misma fecha, por el que se inscriben con letras doradas en el Muro de Honor del Congreso del Estado de Morelos, la leyenda “Morelos, cuna de la revolución social de México”, y se solicita al Senado de la Republica que declare al estado de Morelos cuna de la revolución social en México.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección.”

Cuernavaca, Morelos, a 7 de diciembre de 2010.— Secretario general del Congreso, licenciado Tomás Osorio Avilés (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE QUERETARO

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo.— Querétaro.— Poder Legislativo.

Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126, fracciones V y XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Querétaro, en sesión del pleno de la LVI Legislatura del estado de Querétaro, celebrada el 20 de octubre de 2010, se aprobó el acuerdo por el que la LVI Legislatura local hace un respetuoso exhorto al honorable Congreso de la Unión, a efecto de que solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que expida las reglas de operación del decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de junio de 2010, remitiéndole un ejemplar del mismo para su adhesión al presente.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre de 2010.— LVI Legislatura del estado de Querétaro, Mesa Directiva, diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), presidente; diputado Juan José Jiménez Yáñez (rúbrica), primer secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE TABASCO

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  LX Legislatura del honorable Congreso del Estado de Tabasco.

Por acuerdo del presidente de la Mesa Directiva, por diciembre del presente año, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Legislatura, tengo a bien comunicar a usted que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco emitió el punto de acuerdo número 079 del que remito un tanto para la atención que corresponda.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección.”

Villahermosa, Tabasco, a 1o. de diciembre de 2010. — El Oficial Mayor del honorable Congreso del estado de Tabasco, Licenciado Remedio Cerino Gómez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  LX Legislatura del honorable Congreso del Estado de Tabasco.

La Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y con base en lo siguiente:

Antecedentes

1. En el presente año, pese a que es sólo el inicio de la temporada de lluvias, nuestra entidad federativa ya ha sufrido severas inundaciones por el desbordamiento de los ríos Grijalva, Usumacinta, Mezcalapa, Samaria y Carrizal, lo que es agravado por el comportamiento inusual de lluvias que en el último trimestre ha alcanzado niveles históricos, situando las aportaciones como las segundas más importantes en 60 años de registro, resultado esto de los efectos del cambio climático, según declaraciones del presidente de la Republica vertidas en el marco de la reunión de evaluación de daños del 7 de septiembre próximo pasado.

2. En la previamente citada reunión de evaluación de daños, el titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco presentó seis planteamientos de atención urgente por parte del gobierno federal para evitar que la entidad viva en incertidumbre permanente.

3. En sesión pública del pleno del honorable Congreso, celebrada el 15 de septiembre del presente año, la Mesa Directiva turnó a la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos, mediante el memorándum HCE/OM/3196/2010, una propuesta de punto de acuerdo relativa a la solicitud presentada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política en uso de las facultades conferidas por los artículos 52 y 53, fracciones I, II y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo por la que la LX Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se suma a la petición realizada por el gobernador del estado, el 7 de septiembre del presente año, al titular del Poder Ejecutivo Federal y, en consecuencia, sin demérito de las acciones que se han realizado en beneficio del pueblo de Tabasco, que se reconocen; solicita al presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, que por lo expuesto en la parte considerativa, se resuelvan de manera favorable las peticiones pendientes de atender, consistentes en lo siguiente: 1. Declarar la aprobación de los recursos federales emergentes para afrontar la contingencia, cuyos efectos se reflejan en 14 municipios del estado; 2. Establecer una política de inversión con incentivos para reactivar las cadenas productivas totalmente devastadas; 3. Revisar la normatividad aplicable en la materia para que en casos como el que nos ocupa, se exima al gobierno estatal y a los municipios de los paripassu establecidos para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales cuando por la magnitud de las afectaciones sufridas no cuenten con recursos disponibles para ello; 4. Bajar los niveles de la curva guía de cada presa; 5. Realizar los estudios, programas y acciones pertinentes para la ejecución de obras, que eviten que las poblaciones afectadas se sigan inundando constantemente, pues la situación de riesgo que actualmente se vive, se seguirá presentando según se ha pronosticado.

4. En la sesión plenaria del 15 de septiembre de los corrientes, fue propuesta por el diputado Juan José Peralta Fócil la adición de los puntos sexto y séptimo al texto de la propuesta del acuerdo presentada por la Junta de Coordinación Política, que a la letra dicen: 6. Exigir al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los responsables de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, la publicación del denominado Plan Hídrico para Tabasco, con objeto de que surta sus efectos legales y sea un documento público con plena validez y vigencia, de conformidad con lo establecido por el artículo segundo de la Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales, que a la letra señala que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedido por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente; 7. Los integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso del Estado de Tabasco ratificamos nuestro compromiso con el pueblo que nos dio su confianza y su voto para convertirnos en representantes populares. Por ello, exigimos, en los términos que establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se indemnice a las mujeres y hombres que resultaron afectados en sus viviendas, muebles, enseres domésticos, cosechas agrícolas, animales de crianza o domésticos, así como de cualquier otra pérdida patrimonial derivada de las presentes inun-daciones. Recordemos que el artículo de la mencionada Ley Federal, establece que tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho de indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Por ello, sería injusto permitir que un mal manejo del sistema de presas del Alto Grijalva se traduzca en pérdidas irreparables para el patrimonio de miles de tabasqueños de escasos recursos.

Considerando

Primero. Que los motivos por los que fue integrada la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos el 27 de enero del año en curso son un reflejo fiel de la preocupación de todas las fracciones parlamentarias que integran la LX Legislatura, en relación con inundaciones y otros fenómenos hidrológicos que ponen en riesgo la vida y patrimonio de las familias tabasqueñas.

Segundo. Que la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos tiene como objetivo sustantivo la generación de instrumentos normativos cuyo propósito sea proporcionar la mayor seguridad posible a la vida y patrimonio de las familias tabasqueñas, teniendo siempre presente que se ha agudizado la problemática de los desastres naturales, tanto por el cambio climático cuanto por la presión demográfica que generan los asentamientos humanos en zonas inundables.

Tercero. Que a partir de 2007, Tabasco ha sido objeto de diversas inundaciones motivadas por fenómenos hidrometeorolóqicos, así como por el desfogue de las presas que se localizan en lo que se denomina la cuenca del Alto Grijalva, y conforme a las declaraciones del propio presidente de la República vertidas en el marco de la reunión de evaluación de daños del 7 de septiembre próximo pasado, implica que en lo sucesivo estaremos expuestos a afrontar este tipo de contingencias.

Cuarto. Que tras una revisión exhaustiva y consultas diversas, se encontró que en el Diario Oficial de la Federación, conforme al propio texto y espíritu de la ley que lo rige, son publicados los “instrumentos normativos”, mas no “los documentos operativos”, del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto. Que el espíritu original del punto de acuerdo es el de brindar respaldo a una solicitud del Ejecutivo estatal, acotado por circunstancias de coyuntura, no así un exhorto al cumplimiento de obligaciones legales del Ejecutivo federal.

Sexto. Que en virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución local, para aprobar los puntos de acuerdos que propongan a la legislatura los diputados o las fracciones parlamentarias, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña, ha tenido a bien emitir el siguiente

Punto de Acuerdo 079

Único. La LX Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco se suma a la petición realizada por el gobernador del estado, el 7 de septiembre del presente año, al titular del Poder Ejecutivo federal y, en consecuencia, sin demérito de las acciones que se han realizado en beneficio del pueblo de Tabasco, que se reconocen, solicita al presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, que por lo expuesto en la parte considerativa, se resuelvan de manera favorable las peticiones pendientes de atender, consistentes en: 1. Declarar le aprobación de los recursos federales emergentes para afrontar la contingencia, cuyos efectos se reflejan en 14 municipios del estado; 2. Establecer una política de inversión con incentivos para reactivar las cadenas productivas totalmente devastadas; 3. Revisar la normatividad aplicable en la materia, para que en casos como el que nos ocupa, se exima al gobierno estatal y a los municipios de los paripassu establecidos para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales cuando por la magnitud de las afectaciones sufridas no cuenten con recursos disponibles para ello; 4. Bajar los niveles de la curva guía de cada presa; 5. Realizar los estudios, programas y acciones pertinentes para la ejecución de obras, que eviten que las poblaciones afectadas se sigan inundando constantemente, pues la situación de riesgo que actualmente se vive se seguirá presentando según se ha pronosticado.

Transitorios

Primero. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites correspondientes para hacer llegar a sus destinatarios el presente exhorto.

Segundo. Remítase un tanto del presente punto de acuerdo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión para los efectos de que de considerarlo pertinente, se sumen a éste, remitiéndole copia a los senadores y diputados federales que representan a nuestra entidad solicitándose su apoyo al respecto.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección.”

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del Estado, ciudad de Villahermosa, capital Tabasco, a 1o. de diciembre de 2010.— Honorable Congreso del estado, diputada Marcela de Jesús González García (rúbrica), presidenta; diputado Agustín Somellera Pulido (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Cámara de Senadores.

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo.— LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua.

Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión

Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 39/2010 I P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del estado envía a esa alta representación iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular de momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 25 de noviembre de 2010.— Diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Presidente del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Chihuahua.— Secretaría.

Acuerdo número 39/2010 I P.O.

La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Artículo Único. Enviar al honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus apartados A y B, específicamente en la fracción V del apartado A, y en la fracción XI, inciso c), del apartado B, a fin de que las madres trabajadoras que adopten un hijo menor de un año de edad tengan derecho a disfrutar de un periodo de descanso de seis semanas posteriores a la fecha en que reciban a su hijo, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 123, apartado A, en su fracción V, para quedar redactado de la siguiente manera:

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación: gozarán forzosamente de un .descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

En el caso de las madres por adopción de menores de un año de edad, disfrutarán del periodo de descanso posnatal referido en los términos del párrafo anterior, a partir de que formalmente les sea entregado su hijo o hija adoptiva.

Durante el periodo de lactancia del menor de edad tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, o bien, a opción de la trabajadora, reducir su jornada de trabajo, una hora diaria.

Artículo 123, apartado B, en su fracción XI, inciso c), para quedar redactado de la siguiente manera:

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro poro su salud en relación con la gestación: gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

En el caso de las madres por adopción de menores de un año de edad, disfrutarán del periodo de descanso posnatal referido en los términos del párrafo anterior, a partir de que formalmente les sea entregado su hijo o hija adoptiva.

Durante el periodo de lactancia del menor de edad tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, o bien, a opción de la trabajadora, reducir su jornada de trabajo, una hora diaria.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a 25 de noviembre de 2010.— Diputados: Enrique Serrano Escobar, Raúl García Ruiz, Liz Aguilera García (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

DESASTRES NATURALES

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Tengo el gusto de referirme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, este 23 de diciembre de 2010, del acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Reglas Fopreden), cuyo inicio de vigencia después de un proceso de casi tres años, da forma definitiva a la serie de opiniones e ideas expresadas por los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil en diferentes foros y comunicaciones, a propósito del cuestionamiento fundamental sobre el rumbo hacia donde debía reorientarse la vocación preventiva y, por lo tanto, las acciones que este instrumento apoye.

Hay que hacer notar que con esta publicación, a diferencia de su antecedente inmediato que giraba alrededor del equilibrio entre la acción preventiva y la reactiva, se fortalece la intervención gubernamental en todos sus órdenes y sectores con una visión más avanzada del universo que comprende el quehacer de la protección civil: la gestión integral del riesgo.

Con la gestión integral del riesgo se rompe en forma paulatina con aquel paradigma ya obsoleto en el que prepondera el desastre y sus consecuencias como centro de todos los esfuerzos, colocando en ese mismo lugar al riesgo, sobre el que se admite sin cortapisas que es construido socialmente, y respecto del cual se conviene que su gestión debe iniciar justo desde el momento en que empiezan a aparecer los distintos elementos que propiciarán su formación y nacimiento, siguiendo por el conjunto de fases de maduración que desembocan, en su caso, en la materialización de la emergencia y el desastre, para finalizar con las etapas que comprenden la recuperación y reconstrucción.

En suma, este nuevo instrumento tiene como objetivo revitalizar las iniciativas dirigidas a prevenir los desastres, buscando desde luego eficientar el aprovechamiento de los recursos financieros disponibles y magnificar los resultados ligados principalmente a la preservación de la vida e integridad física de las personas, así como la de los servicios e infraestructura pública y el medio ambiente.

Para ello, se mencionan a continuación algunas de las divisas novedosas que nos ofrecen las Reglas Fopreden:

• Se fusionan en un solo instrumento financiero de gestión preventiva del riesgo, el Programa Fondo para la Prevención de los Desastres Naturales del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal y el Fideicomiso Preventivo. De tal forma que se retoman sus ventajas y virtudes y, en paralelo, se eliminan aquellas peculiaridades que con el tiempo habían perdido ya su valía.

• Se propone un esquema de coparticipación variable, que permite a los solicitantes escalar los montos por encima de la vieja fórmula 70-30 por ciento, y de acuerdo a parámetros establecidos con absoluta certeza, y que apuntan a favorecer aquellos proyectos preventivos que beneficien a una población mayor, más expuesta y vulnerable.

• Se amplía la base de solicitantes, de tal manera que junto a las entidades y dependencias de la administración pública federal y las entidades federativas, pueden acceder a los recursos del Fopreden cualquier instancia pública de orden federal, los municipios (con arreglo en una norma de jurisdicción local) y, señaladamente, las instituciones académicas o de investigación.

• El proceso de recepción de solicitudes y proyectos preventivos se abre, de tal manera que éstos puedan ser recibidos y tramitados en cualquier día del año, eliminando por ende la enorme limitante anterior que sólo autorizaba su presentación del 1 de enero al 15 de marzo de cada ejercicio fiscal, lo cual facilita que los proyectos preventivos puedan madurarse en el tiempo con base en el acompañamiento y asesoría permanente de los órganos colegiados del nuevo Fopreden.

• Igualmente, el nuevo Fopreden deja atrás la programabilidad presupuestal que identificaba al viejo instrumento, de manera que un Proyecto Preventivo podrá ahora ser cofinanciado incluso dentro del mismo ejercicio fiscal en que fue presentado y autorizado, y no tener que esperar a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal para poder recibir los recursos autorizados.

• Se da mayor certidumbre al proceso de autorización para acceder a los recursos del Fopreden, al establecer como requisito de las solicitudes, que los Proyectos Preventivos que se postulan, vengan acompañados desde un principio de un dictamen u opinión de la instancia técnica federal que corresponda al riesgo o los riesgos involucrados, y que en ese documento se valide la existencia del riesgo o riesgos, y que la solución preventiva que se propone es idónea y viable en términos de sus marcos normativos, además de sus estándares y expertise.

Los preceptos que conforman al nuevo Fopreden se enfocan hacia una efectiva reducción de los riesgos y su impacto, al mismo tiempo que procuran un país cada vez más resiliente, es decir, apto para desarrollar capacidades al nivel de las instituciones federales, así como de los estados, municipios, comunidades, regiones o de la misma sociedad en pleno, para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de manera eficiente, de los efectos negativos de los desastres y emergencias, a través de una mejor protección y mejorando las medidas de reducción de la vulnerabilidad.

Es entonces que, mediante el presente le hacemos una atenta invitación para que se conozca este instrumento y, por lo tanto, los aspectos que lo configuran y que despliegan sin duda un panorama vasto de posibilidades en el ámbito del diseño de proyectos preventivos, para la realización de acciones preventivas que apunten a lo siguiente:

• Un mayor conocimiento sobre el origen de los riesgos;

• La identificación de peligros, vulnerabilidades, riesgos y sus escenarios;

• El análisis y evaluación de los posibles efectos;

• Acciones y mecanismos para la prevención y reducción de riesgos y la mitigación de impactos;

• El desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y

• El fortalecimiento de la capacidad de resiliencia del gobierno y de la sociedad civil.

En esa virtud, se espera que esta normativa contribuya abundantemente ante la realidad presente y las perspectivas que se avizoran para nuestro país, sobre todo, en un mundo cambiante sobre el que se cierne un proceso galopante de cambio climático, y que plantea la necesidad urgente de encontrar medidas que respondan con rigor y precisión, sobre todo ante el incremento de la población amenazada y sus grados de vulnerabilidad.

No obstante, se advierte la necesidad de continuar perfeccionando este nuevo instrumento así como promoviendo para que la gestión integral de riesgos se eleve a una política pública prioritaria y transversal que incida en la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial, así como un proceso que permita la previsión, reducción y control permanente de los riesgos.

Quedo desde luego, a sus órdenes y atentos a cualquier duda o cuestionamiento que hubiere que aclarar o resolver respecto del nuevo Fopreden y sus Reglas de Operación, por lo que adjunto encontrará un disco compacto con las reglas publicadas, sus anexos, los distintos formatos de la documentación e información requerida, así como una presentación del procedimiento de acceso a los recursos, misma información que ya se encuentra disponible en la página de Internet www.proteccioncivil.gob.mx.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección.”

México, DF, a 27 de diciembre de 2010.— La Coordinadora General, licenciada Laura Gurza Jaidar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Electricidad.— Una empresa de clase mundial.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero a su oficio D.G.P.L. 61-II-9-2305, recibido el 26 de noviembre de 2010, de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, mediante el cual amablemente solicita que se dé respuesta a las preguntas contenidas en dicho documento.

Al respecto, adjunto se servirá encontrar dos ejemplares y discos compactos con la información relacionada al punto de acuerdo presentado en la Junta de Coordinación Política por el diputado Federal César Augusto Santiago Ramírez.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de diciembre de 2010.— Alfredo Elías Ayub (rúbrica), Director General.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (ley), se entrega el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal de 2011, conforme a lo siguiente:

Tomo I, “Información global y específica”.

Tomo II, “Ramos autónomos”.

Tomo III, “Ramos administrativos”.

Tomo IV, “Ramos generales”.

Tomo V, “Entidades de control directo”.

Tomo VI, “Entidades de control indirecto”.

Tomo VII, “Programas y proyectos de inversión”.

Tomo VIII, “Analítico de plazas y remuneraciones”.

Asimismo, se entrega disco compacto con la información de los tomos y una presentación complementaria a nivel sectorial, información que estará disponible en la página de la secretaria a partir de esta fecha, en la siguiente dirección electrónica: www.hacienda.gob.mx

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 44 de la ley, el pasado 21 de diciembre se comunicó a las dependencias y a las entidades la distribución de sus presupuestos aprobados y sus calendarios de presupuesto autorizados para 2011 mediante el oficio circular número 307-A.-7070, del cual se turnó copia a ese órgano legislativo a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el propio artículo 44 de la ley.

El oficio circular en comento, del cual se anexa copia, se encuentra disponible en la dirección htlp://lwww.apartados.hacienda.gob.mxlpresupuesto/temas/comunicacion/2011

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de diciembre de 2010.— Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione (rúbrica), Subsecretario de Egresos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Oficiales Mayores y Equivalentes en las Dependencias de la Administración Pública Federal.— Director General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional y Titular de la Unidad de Crédito Público.— Presentes.

Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3, 6, 23 y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (ley); 22 de su reglamento; y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y con base en los numerales 37,38 y 39 de los lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal de 2011, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, y modificaciones de sus metas (lineamientos), emitidos mediante el oficio circular número 307-A.- 60S0, de fecha 6 de diciembre, la Unidad de Política y Control Presupuestario emite la

Comunicación oficial del PEF y calendarios para el ejercicio fiscal de 2011

1. En cumplimiento de los artículos 23, cuarto párrafo, y 44, primer párrafo, de la ley, se comunican la distribución del presupuesto aprobado y los calendarios de presupuesto autorizados para 2011 de las dependencias y las entidades de la administración pública federal, conforme a los siguientes anexos:

a) Gasto neto total en clasificación administrativa;

b) Calendario del gasto neto en clasificación administrativa;

c) Distribución del gasto por unidad administrativa y a nivel de desagregación económica por capítulos y concepto de gasto;

d) Calendario mensual de presupuesto autorizado por unidad responsable (ramos); y

e) Calendario mensual de presupuesto autorizado por unidad responsable (entidades).

2. Las dependencias y las entidades de control directo, en términos de lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 23 y en el párrafo segundo del artículo 44 de la ley, deberán comunicar la distribución de sus presupuestos aprobados y los calendarios de presupuesto correspondientes a sus respectivas unidades responsables, así como, en el caso específico de los calendarios de presupuesto, publicarlos en el Diario Oficial de la Federación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la emisión del presente oficio circular. Para efectos de la publicación se deberá respetar la distribución de los calendarios de presupuesto autorizados que se reflejan en los anexos referidos en el presente oficio.

3. La totalidad de los reportes del PEF de 2011 estará disponible a más tardar el 27 de diciembre de 2010 en el portal de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la dirección electrónica http://www.hadenda.gob.mx

Esos reportes reflejan la distribución administrativa, funcional, programática y económica del gasto, desa-gregada por dependencia y entidad, función, subfunción, actividad institucional, programa presupuestario y unidad responsable.

4. Los analíticos de claves del presupuesto aprobado y de los calendarios autorizados para 2011 pueden ser consultados y descargados a través del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), ciclo 2011.

5. En cumplimiento del procedimiento de comunicación de los calendarios de las entidades de control indirecto previsto en el numeral 39 de los lineamientos, estos calendarios se encuentran disponibles para su consulta y descarga en el módulo de calendarios del PIPP.

6. El presente oficio circular, incluidos sus anexos, se comunica oficialmente a través del portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público situado en la dirección electrónica siguiente:

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/comunic acion/2011/index.html

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 21 de diciembre de 2010.— Alfonso Medina y Medina (rúbrica), titular de la Unidad de Política y Control.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y se remite también a la Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis, para consulta de los señores diputados.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VII, y 89, fracciones IV y XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que confieren al titular del Ejecutivo federal la facultad para nombrar a los empleados superiores de Hacienda, con la ratificación de ese órgano legislativo, el presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ha tenido a bien nombrar a

• Gerardo Rodríguez Regordosa como subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

• Carlos Montaño Fernández como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

• Alejandro Díaz de León Carrillo como titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

• Gerardo Perdomo Sanciprián como administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anterior, me permito remitir la propuesta original signada por el titular del Ejecutivo federal, así como los datos curriculares de los interesados.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2011.— Licenciado Julián Hernández Santillán (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 89, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 7 de enero realicé diversos nombramientos de secretarios de Estado, que recayeron en servidores públicos que venían desempeñándose en la administración pública federal.

Como consecuencia de los movimientos anteriores, con fundamento en el precepto constitucional señalado he procedido a realizar otras designaciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas designaciones corresponden a servidores públicos que son considerados empleados superiores de Hacienda y, por tanto, sujetos a ratificación del Senado de la República o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, conforme a lo dispuesto en la Constitución.

En tal virtud, me permito someter a consideración de ese órgano legislativo el nombramiento del maestro Gerardo Rodríguez Regordosa como subsecretario de Hacienda y Crédito Público. El maestro Rodríguez Regordosa es licenciado en economía por la Universidad de las Américas y realizó maestría en ingeniería económica e investigación de operaciones en la Universidad de Stanford, Estados Unidos de América. Además de diversos cargos en el sector privado, Gerardo Rodríguez Regordosa tiene amplia carrera en el sector público, fundamentalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que ha servido por más de 11 años, en los que se ha desempeñado como subdirector de Administración de Riesgos, director general adjunto de Crédito Interno y, desde 2005, titular de la Unidad de Crédito Público, siendo encargado del manejo de la deuda pública interna y externa del gobierno federal, de las coberturas de ingresos petroleros del país y de la relación con los organismos financieros internacionales, entre otras importantes actividades.

Por otra parte, someto a consideración de la Comisión Permanente el nombramiento del maestro Carlos Montaño Fernández como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Carlos Montaño es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Igualmente, ha dedicado la mayor parte de su ejercicio profesional al sector público ya que, entre otros cargos, ha sido director general de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación en Veracruz y, en el gobierno federal, asesor del secretario de Energía, director general de Planeación Estratégica de esa dependencia y, desde 2007, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, unidad encargada de realizar el diagnóstico y, en su caso, registro de los principales proyectos de inversión del gobierno federal, a fin de asegurar el equilibrio entre el costo y el beneficio del gasto público.

Para cubrir la vacante que dejaría Gerardo Rodríguez Regordosa, he tenido a bien designar como titular de la Unidad de Crédito Público de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público a Alejandro Díaz de León Carrillo, quien es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En esa institución ha fungido además como profesor de opciones y futuros. Asimismo, obtuvo el grado de maestría en administración pública y privada, en la Escuela de Administración de Yale, Estados Unidos de América. Cuenta con larga trayectoria en el Banco de México, donde inició en 1991 como analista en la Subgerencia de Estudios del Mercado de Valores, ocupando a partir de entonces, entre otros cargos, la Subgerencia de Análisis del Sistema Financiero, la Gerencia de Análisis Macrofinanciero, la Dirección de Análisis Macroeconómico y la Dirección de Estudios Económicos. A partir de 2007 y hasta la fecha se ha desempeñado como vocal ejecutivo del Fondo de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, o Pensionissste, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Finalmente, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente el nombramiento de Gerardo Perdomo Sanciprián como administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria. Gerardo Perdomo es licenciado en derecho por la Universidad del Nuevo Mundo e, igual que los servidores públicos referidos, tiene amplia carrera en la administración pública federal. Se de-sempeñó como director general de Información y Estudios Energéticos en la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Energía y fue coordinador general de Entidades Sectorizadas en la Secretaría de Desarrollo Social. En el sector hacendario se ha desempeñado como subdirector jurídico de Crédito Externo en la Dirección General de Crédito Público, director de Estudios Económicos en la Unidad de Planeación del Desarrollo y coordinador jurídico de Prevención y Protección al Ahorro en la Dirección General de Banca y Ahorro, todos éstos en la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, ha sido coordinador de la Secretaría Ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, director general de Órganos de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y secretario técnico de las Comisiones Intersecretariales de Gasto Financiamiento y de Desincorporación en la Subsecretaría de Egresos. Actualmente funge como administrador general de Planeación en el propio Servicio de Administración Tributaria.

Señores legisladores:

Como podrán ustedes apreciar –y corroborar con la documentación que se anexa al presente escrito–, los nombramientos de los empleados superiores de Hacienda que por este conducto se someten a consideración de la Comisión Permanente, en términos de lo dispuesto en los artículos 78, fracción VII, y 89, fracciones IV y XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están orientados por criterios de capacidad, probidad y experiencia.

Los servidores públicos designados son todos ellos profesionistas de larga trayectoria que han aportado su dedicación y su esfuerzo a los órganos del Estado, buscando siempre el mejor cumplimiento de las funciones y atribuciones encargadas a las instituciones en que han servido. Confío en que, de merecer la ratificación de esa soberanía, el gobierno federal continuará aprovechando su trabajo y esfuerzo en beneficio de todos los mexicanos.

Reitero a usted, señor presidente, mi consideración distinguida.

México, Distrito Federal, a 10 de enero de 2011.— Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14011, la cónsul Aureny Aguirre O. Sunza, directora general adjunta para las Misiones Extranjeras, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Miguel Ángel Aguirre Lara, pueda aceptar y usar la Medalla Monja Blanca de Segunda Clase, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Medalla de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14012, la cónsul Aureny Aguirre O. Sunza, directora general adjunta para las Misiones Extranjeras, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que José Guillermo Lira Hernández, pueda aceptar y usar la Medalla Monja Blanca de Segunda Clase, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la Medalla de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14402, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Alan Ventura Marín, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14394, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Francisco Heber Aguilera Nevarez, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14389, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Carlos Muñoz Espejel, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14395, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Ángel Diego Aquino Picazo, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14391, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que David Sánchez Romero, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14393, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Miguel Ángel Sánchez Benito, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14392, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Juan Joel Sánchez González, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14401, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Fredy Rodríguez Carreno, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14396, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Germán Portilla Figueroa, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14495, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Isaías Aguirre Dublan, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14397, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Jesús Hermógenes de León de León, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14399, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Jorge de Jesús Pérez Barrios, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14390, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que José Luis García Martínez, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14400, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Valentín Arriaga Palomeque, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14398, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Fermín Cortez Limón, pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de las Fuerzas de Aire, que le otorga el gobierno de la República de Guatemala.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro, particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficios números PRO- 14372, 14373 y 14374, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Alder Rendón Fuentes pueda aceptar y usar las siguientes

Condecoraciones

1. Medalla Libertador General Bernardo O’Higgins Escuela Naval, que le otorga el gobierno de la República de Chile.

2. Barra Honor al Mérito, en su única clase, que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

3. Medalla al Servicio Distinguido, que le otorga el gobierno de la República de Cuba.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, originales de las solicitudes del interesado dirigidas al honorable Congreso de la Unión para la obtención de los permisos respectivos, copias certificadas del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de las notificaciones en las que se le comunica la intención de otorgarle las condecoraciones referidas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 14014, la consejera Aureny Aguirre O. Sunza, directora general adjunta para las Misiones Extranjeras, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Luis Andrés Gutiérrez Garnica, pueda aceptar y usar la Medalla Reconocimiento del Ejército, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la medalla de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 14015, la consejera Aureny Aguirre O. Sunza, directora general adjunta para las Misiones Extranjeras, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Ricardo Reynoso Lagunas, pueda aceptar y usar la Medalla Reconocimiento del Ejército, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la medalla de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 14016, la consejera Aureny Aguirre O. Sunza, directora general adjunta para las Misiones Extranjeras, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Jorge Juan Tapia Padilla, pueda aceptar y usar la Medalla al Servicio Meritorio, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así corno copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la medalla de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 14496, el embajador Jorge Castro Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que José Martín Salinas Muñoz, pueda aceptar y usar la condecoración Placa de la Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14008, la cónsul Aureny Aguirre O. Sunza, directora general adjunta para las Misiones Extranjeras, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Juan José Gómez Ruiz, pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la medalla de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14009, la cónsul Aureny Aguirre O. Sunza, directora general adjunta para las Misiones Extranjeras, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Juan de Dios José Bolaños Vázquez, pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la medalla de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14010, la cónsul Aureny Aguirre O. Sunza, directora general adjunta para las Misiones Extranjeras, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Alejandro Gómez Vargas, pueda aceptar y usar la Medalla de la Defensa Nacional, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la medalla de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14013, la cónsul Aureny Aguirre O. Sunza, directora general adjunta para las Misiones Extranjeras, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Luis Vicente Domínguez Ramírez, pueda aceptar y usar la Medalla Naval Almirante Sebastián Francisco de Miranda, en grado Único, que le otorga el gobierno de la República Boliviariana de Venezuela.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la medalla de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-14007, la cónsul Aureny Aguirre O. Sunza, directora general adjunta para las Misiones Extranjeras, encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que César Cuauhtémoc Menchaca Campos, pueda aceptar y usar la Medalla Fraternidad Combativa, que le otorga el gobierno de la República de Cuba.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la medalla de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se encuentran enlistados en la Gaceta Parlamentaria para consulta de los señores legisladores. Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo.

SEGURIDAD EN CARRETERAS

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-2439 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CEE.2 número 1169/10, suscrito por el almirante CG DEM Jorge Humberto Pastor Gómez, jefe de Estado Mayor General de la Armada de la Secretaría de Marina, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la seguridad en las carreteras del país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Marina.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, jefe de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Ciudad.

Esta jefatura de Estado Mayor General, tiene el agrado de dirigirse a usted en relación con su atento oficio número SEL/UEL/311/4272/10 del jueves 16 del actual, mediante el cual hace saber que en oficio DGPL-II-9-2439, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Herón Escobar García, presidente y secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, le comunicaron el punto de acuerdo aprobado por el pleno del mencionado órgano legislativo en la sesión celebrada el 9 de diciembre, del cual se desprende en su parte relativa lo siguiente:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que, en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, establezcan rutas de seguridad en carreteras del país, con el fin de garantizar la seguridad para visitantes y paisanos provenientes de Estados Unidos de América y Canadá que ingresen a México, así como difundir por todos los medios de comunicación su trazo y operación.”

Con relación a lo antes mencionado, la Secretaría de Marina giró instrucciones a todos los mandos navales, para que en su área jurisdiccional establezcan procedimientos de coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, a fin de establecer rutas seguras en carreteras del país para garantizar la seguridad de visitantes y paisanos provenientes de Estados Unidos de América y Canadá; asimismo, en su ámbito de competencia implantar acciones tendentes a fortalecer las medidas preventivas que eviten la realización de actos de extorsión hacia los connacionales durante su regreso al territorio nacional –con motivo de las fiestas decembrinas– por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.

Atentamente

México, DF, a 29 de diciembre de 2010.— Jorge Humberto Pastor Gómez (rúbrica), almirante CGDEM Jefe de Estado Mayor General de la Armada.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

PROGRAMA DE FORMACION Y DESARROLLO DE COROS JUVENILES

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0863, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCE/343/2010 suscrito por el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo relativo al Proyecto para la formación y desarrollo de grupos corales en escuelas primarias y secundarias.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio sin número, de fecha 28 de noviembre, signado por la diputada Beatriz Paredes Rangel, en el que remite punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer un programa de formación y desarrollo de coros juveniles, al respecto me permito informarle que la secretaría ha implementado un proyecto para la formación y desarrollo de grupos corales en escuelas primarias y secundarias, el cual se anexa a esta comunicación y en el que se especifican los avances, características, ubicación y metas de dicho proyecto.

Lo anterior para efectos de la comunicación respectiva a la honorable Cámara de Diputados.

Agradezco su fina atención.

México, DF, a 14 de diciembre de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP.

« Proyecto para la formación y el desarrollo de grupos corales en escuelas primarias y secundarias

Diciembre 2010

Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a establecer un programa de formación y desarrollo de coros juveniles

•Se instruye a la Secretaría de Educación Pública para que, con motivo de las conmemoraciones del inicio del bicentenario y el centenario de la Independencia y de la Revolución, establezcan in programa de formación y desarrollo de coros juveniles, que provean a los adolescentes de educación musical y propicien el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana.

Avances en la integración de grupos corales en el marco del Programa Escuela Segura

•6,746 grupos corales en 30 entidades

• 236,110 alumnos integran los coros

• Coro monumental 500 Voces del Bicentenario

Grupos corales por entidadEscuela Segura

Número      Entidad                             Avance

1                  Aguascalientes                            30

2                  Baja California                          393

3                  Baja California Sur                     70

4                  Campeche                                   70

5                  Chiapas                                     130

6                  Chihuahua                                 220

7                  Coahuila                                    397

8                  Colima                                        55

9                  Distrito Federal                         100

10                Durango                                    175

11                Guanajuato                                 45

12                Guerrero                                    134

13                Hidalgo                                       10

14                México                                      491

15                Michoacán                                181

16                Morelos                                     183

17                Nayarit                                        48

18                Nuevo León                              315

19                Puebla                                         90

20                Querétaro                                    54

21                Quinara Roo                             279

22                San Luis Potos                          50

23                Sinaloa|                                  1,144

24                Sonora                                       474

25                Tabasco                                     260

26                Tamaulipas                                573

27                Tlaxcala                                       20

28                Veracruz                                   192

29                Yucatán                                      83

30                Zacatecas                                  480

Total                                                          6,746

Materiales de apoyo y formación de directores corales

Escuela Segura

• Libro de música mexicana en la escuela: 10 mil

• Capacitación a 180 directores corales

• 7,200 docentes

Concurso Bicentenario,himno o canción escolar

Coros: 45,933

688,995 niños

Eliminatorias regionales

Fina nacional

Proyecto para la formación y el desarrollo de grupos corales en escuelas primarias y secundarias

Metas2011-2012 y 2012-2013

35 mil grupos corales

1 millón 225 mil niños

1,500 directores corales

35 mil maestros capacitados

50 mil materiales de enseñanza musical

Acuerdo

• Las Autoridades Educativas Estatales integrantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas acuerdan llevar a cabo las acciones necesarias para implementar el Proyecto para la Formación de Grupos Corales en escuelas primarias y secundarias públicas con el propósito de favorecer la integración de la comunidad escolar, fomentar la convivencia y el sentimiento de pertenencia a la escuela, así como estimular el gusto por las actividades artísticas y culturales, atendiendo el exhorto que hizo la Cámara de Diputados el 25 de noviembre de 2010.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

VENTA DE ANTIBIOTICOS

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-739, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/1746/2010 suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la venta y dispensación de antibióticos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al punto de acuerdo presentado el 7 de octubre de los corrientes por los secretarios de la Comisión de Salud de la LXI Legislatura, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un acuerdo modificatorio del “acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos”, para que no se retengan las recetas a los pacientes y, en cambio, les sellen la receta médica, señalando que ésta ha sido surtida totalmente o, en caso de que sean más de un medicamento, que se selle especificando cual de los medicamentos se surtió; se simplifique la disposición que obliga a las farmacias a llevar un registro de cada antibiótico que se vende y que la campaña de orientación a la población con relación a la venta y dispensación de antibióticos sea más clara e intensa para que las personas que necesitan comprar un medicamento identifiquen cuáles sí y cuáles no necesitan de receta médica.

Al respecto, me permito acompañar oficio COS/1/UE/ 000591/2010, suscrito por el doctor Lucio Galileo Lastra Marín, comisionado de Operación Sanitaría de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de diciembre de 2010.— Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director General Adjunto de Vinculación Social de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

En referencia al oficio 170/UCVPS/DGAVS/1328/2010 de fecha 7 de octubre de 2010, con respecto al punto de acuerdo de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 7 de octubre del presente año.

El control de los microorganismos multirresistentes ha tenido un éxito bien documentado en muchos países, y las medidas bien conocidas de prevención y control de las infecciones existentes en la actualidad son eficaces para reducir la transmisión de dichos microorganismos cuando se aplican de forma rigurosa y sistemática, por su parte y en referencia a lo anteriormente citado la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, han iniciado dichas acciones con la publicación del acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibiótico.

Primero. La receta médica debe ser retenida por dos razones, contar con un documento que avale la venta y/o dispensación del antibiótico por el establecimiento, en apego a lo establecido en el artículo 226, fracción IV, de la Ley General de Salud y segundo, realizar un control respecto a los datos que el médico establece en la receta médica misma que debe estar elaborada de conformidad a lo establecido en la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y al Suplemento de la Farmacopea de Estados Unidos Mexicanos para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás in su nos para la salud, cuarta edición.

Segundo. El control que realizan las farmacias es muy sencillo debido a que la actividad que realizan es el llevar un registro de control de entradas y salidas, con los datos que establece el acuerdo y éstos deben ser recabados con los datos contenidos en la receta médica, cuando uno de éstos datos falta, la receta médica incumple con la ley y por lo tanto, el medicamento no debe ser dispensado. No existe un formato establecido de manera que el establecimiento puede contar con formato de libre diseño que contenga los datos establecidos en el acuerdo, sin llevar a cabo un gasto exorbitante.

Tercero. Respecto a la campaña de orientación a la población, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cuenta con tres videos y tres folletos publicados en la página electrónica, que han sido distribuidos en todas las entidades federativas con la finalidad de ser difundidos a través de las farmacias, con la finalidad de que el público en general, los dependientes de farmacias y médicos estén enterados y puedan dar cumplimiento al acuerdo publicado.

Cuarto. La campaña de capacitación se ha iniciado desde el mes de julio, mediante la cual se ha capacitado a asociaciones de farmacias, con pláticas dirigidas a dependientes de farmacias y representantes médicos de diferentes laboratorios, con la finalidad de que a su vez éstos repliquen la información con el personal de salud, asimismo se han llevado a cabo talleres de capacitación dirigidos a los responsables de Regulación Sanitaria en las entidades federativas, con la finalidad de capacitarlos para la correcta aplicación en el ámbito de verificación sanitaria, en cumplimiento del acuerdo.

Sin otro particular, le envío un saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 8 de diciembre de 2010.— Doctor Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-7-743, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número CEE.2 no. 003/11, suscrito por el almirante CG DEM Jorge Humberto Pastor Gómez, jefe de Estado Mayor General de la Armada de la Secretaría de Marina, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la delincuencia organizada en las zonas fronterizas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Marina.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, jefe de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Ciudad.

La Jefatura de Estado Mayor General tiene el agrado de dirigirse a usted con relación a su atento oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4300/ 10, del 20 de diciembre de 2010, mediante el cual nos hace saber que en el oficio número DGPL 61-II-7-743 los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le comunicó el punto de acuerdo aprobado por el pleno del mencionado órgano legislativo en la sesión celebrada el 15 de diciembre próximo pasado, del cual se desprende en su parte relativa lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Defensa, y de Marina, así como a la Procuraduría General de la República, a implantar y fortalecer políticas públicas, estrategias y programas que garanticen la seguridad en las zonas fronterizas para combatir la delincuencia organizada y los delitos conexos.

Con relación al punto de acuerdo señalado, la Semar tiene implantadas las siguientes acciones:

En la frontera norte se mantienen operaciones permanentes de alto impacto, particularmente en Tijuana, Baja California, y en Tamaulipas; asimismo, en la frontera sur se mantienen operaciones permanentes de alto impacto con sus tres componentes, Río Alto Usumacinta, Río Suchiate y Río Hondo, con el establecimiento de diez estaciones navales avanzadas.

Con lo anterior se contribuye a la seguridad en las zonas fronterizas para combatir la delincuencia organizada y delitos conexos.

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Almirante CGDEM Jorge Humberto Pastor Gómez (rúbrica), jefe de Estado Mayor General de la Armada (S-7026986).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-1-0692, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la contaminación de las aguas del río Santiago en El Salto y Juanacatlán, Jalisco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, doy respuesta a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 3424/ 10, mediante el cual hace del conocimiento, para la atención de esta secretaría, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 14 de octubre del presente año, relativo a la contaminación del río Santiago en El Salto y Juanacatlán, Jalisco.

Sobre el particular, sírvase encontrar anexa al presente copia del oficio número BOO. 00. R09. 05. 2.- 0145, signado por el ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez, director general en el organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, por el que se da respuesta en el ámbito de la competencia de dicha comisión al punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 5 de enero de 2011.— Licenciada Raquel Ramírez Parra (rúbrica), directora de Legislación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.— México, DF

Hago referencia a su oficio número 112/ 00004787, de fecha 26 de octubre del presente, mediante el cual solicita información respecto a las acciones que se han realizado para contrarrestar la contaminación del río Santiago en El Salto y Juanacatlán.

Al respecto, me permito comunicar a usted que la responsabilidad directa para el saneamiento de las aguas residuales generadas por El Salto es del ayuntamiento mismo. Sin embargo, este órgano administrativo desconcentrado en su función como “institución normativa” y con relación a las descargas de aguas residuales municipales en la cuenca alta del río Santiago, la Comisión Nacional del Agua promueve la coordinación de acciones con el gobierno del estado en el ámbito de sus atribuciones, para realizar obras y prestar servicios hidráulicos, mediante la formalización de convenios de coordinación y sus anexos de ejecución y técnicos, a través del Programa Federalizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu) para localidades mayores de 2 mil 500 habitantes, el Programa de la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales para localidades menores de 2 mil 500 habitantes, de los cuales el ejecutor es la Comisión Estatal del Agua en Jalisco (CEA), y el programa Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales, en cuya vertiente de apoyos para la operación y el mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales los recursos federales se otorgan siempre que la descarga cumpla la calidad establecida en la normativa vigente.

A través de esos instrumentos, la Conagua realiza gestiones para aplicar el apoyo con recursos federales para el saneamiento de las descargas municipales.

La planta de tratamiento de aguas residuales de El Salto fue construida en 1990. A partir de ahí se han desarrollado diversas acciones para incrementar, mantener o mejorar las condiciones de operación de las plantas de ese tipo.

Para el saneamiento de la cuenca alta del río Santiago entre Ocotlán y Tonalá en el periodo 2003-2004, dentro del programa Apazu, se rehabilitaron y ampliaron las plantas de tratamiento de Ocotlán, Poncitlán, Atequiza-Atotonilquillo, Juanacatlán y El Salto, donde se mejoraron 122 litros por segundo y se incrementaron 7 litros por segundo nuevos; en la cuenca del río Zula se aplicaron acciones de construcción, rehabilitación o ampliación de plantas en las localidades de Cuitzeo y en la cabecera municipal de Poncitlán, en Labor Vieja y Cabecera municipal de Ocotlán, en El Nacimiento y en la cabecera municipal de Atotonilco el Alto, en Tototlán y Arandas, donde se mejoraron 130 lps y se incrementaron al saneamiento 323 lps nuevos.

En la zona conurbada de Guadalajara se desarrolla un programa integral de manejo y tratamiento de las aguas residuales; en forma coordinada, la Conagua, el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y la CEA realizan acciones con objeto de sanear las aguas generadas en esta ciudad. En ese contexto, se construye la planta de tratamiento El Ahogado, para 2 mil 250 lps, la que a la fecha cuenta con un avance aproximado de 43 por ciento; el proceso para iniciar la planta Agua Prieta, para 8 mil 500 lps, se está en espera del contrato de crédito directo por la empresa, y se continúa el seguimiento de la gestión ante el ayuntamiento de Zapopan para obtener el permiso de construcción.

Se siguen otorgando apoyos para elaborar proyectos ejecutivos, a fin de continuar la construcción de plantas de tratamiento para localidades donde se carece de este proceso.

Si otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P2A.- 3556, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número COLERE 277/2011, suscrito por el almirante CG DEM Jorge Humberto Pastor Gómez, jefe de Estado Mayor General de la Armada de la Secretaría de Marina, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al petróleo derramado por la explosión y el hundimiento de la plataforma de perforación Deepwater Horizon.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL- 1P2A.- 4566, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número CEE.2 no. 1168/10, suscrito por el almirante CG DEM Jorge Humberto Pastor Gómez, jefe de Estado Mayor General de la Armada de la Secretaría de Marina, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al flujo ilegal de armas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-4554, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CEE.2 No. 1167/10, suscrito por el almirante CG DEM Jorge Humberto Pastor Gómez, jefe de Estado Mayor General de la Armada de la Secretaría de Marina, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a combatir la captura ilegal del pepino de mar en las costas del sureste del país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-2801, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CNyAJ/1523/ 10, suscrito por María Trinidad González Salinas, subdirectora consultiva y encargada del despacho de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Festival Olímpico Bicentenario, llevado a cabo el 9 y el 10 de octubre sobre Paseo de la Reforma.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-2111 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CGPC-D/1719/10, suscrito por la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a establecer un mecanismo de interacción entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América, que permita optimizar el destino de los recursos reservados a los desastres naturales, el cruce de personal y equipo para el manejo y prevención de fenómenos perturbadores de origen natural.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-1922, signado por el senador José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0563/10, suscrito por el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como los anexos que en éstos se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la integración de los problemas que afectan a los jóvenes en el programa Escuela Segura 2007-2010.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Cámara de Senadores.

MANGLARES

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta a los oficios números DGPL-1P2A.-2274 y D.G.P.L. 61-II-8-669, signados por el senador Arturo Núñez Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ambos del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1121 00000022, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el se menciona, en medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la NOM­059-SEMARNAT-2001.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Cámara de Senadores y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ARTICULOS 76, 89 Y 96 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos al capítulo de iniciativas. Esta Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 76, 89 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juventino Castro y Castro, del Grupo Parlamentario del PRD.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Iniciativa que reforma los artículos 76, 89 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juventino Víctor Castro y Castro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito Juventino Víctor Castro y Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura y en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 78, fracción III y 71, fracción II, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la iniciativa que reforma el artículo 76, fracción VIII; deroga la fracción XVIII del artículo 89 y se reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano en el ejercicio de la democracia, ha llegado a un punto en el que no puede permitir un retroceso en su actuación, los poderes en el ejercicio de las funciones que les fueron encomendadas, deben actuar de conformidad como el estado de derecho lo prevea.

En una democracia, la actuación de las instituciones del estado debe mantenerse en continuo perfeccionamiento, con el objeto de alcanzar la plenitud de su actuación como instituciones democráticas al servicio del estado.

Nuestro tribunal constitucional, no puede ni debe ser la excepción, para lo cual, en general, debe continuar fortaleciendo su actuación en todos los sentidos, y en particular, como garante del correcto desempeño de los demás poderes.

Por otra parte, la actuación de nuestro tribunal constitucional no debe limitarse a los asuntos que impliquen exceso o abuso de facultades de los demás poderes, sino también comprender la revisión de una autonomía en las decisiones internas de su composición.

Con lo anterior, se demuestra la trascendencia de los actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que la afirmación reconocería plenamente la autonomía de un poder soberano.

En la actualidad el presidencialismo mexicano afecta al esquema general del Poder Judicial. Jorge Carpizo al analizar el sentido de las sentencias de amparo conocidas por el Poder Judicial federal en un tiempo determinado, llega a la conclusión de que la Suprema Corte mexicana posee cierta independencia frente al Poder Ejecutivo, pero, afirma, salvo los casos en que el Ejecutivo está interesado políticamente en la resolución.

En este sentido, se ha concebido la expresión “presidencialismo” como el exceso o abuso de las atribuciones constitucionales y prácticas extralegales por parte del Ejecutivo federal.

Durante mucho tiempo la intervención del presidente de la República en la vida interna del Poder Judicial se ha hecho patente, al grado de que algún sector de la doctrina considera a este poder como una dependencia más del Ejecutivo.

En suma, uno de los aspectos del Poder Ejecutivo al Judicial, que empañan su autonomía, es sin duda; Proceso de selección, remoción y licencia de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El procedimiento de selección y nombramiento de los altos funcionarios judiciales constituye, para algunos, uno de los presupuestos básicos en la prevención de la dependencia del órgano jurisdiccional de otros órganos del poder público.

En este sentido, se han expresado diversos doctrinarios. Así a manera de ejemplo cabe citar a Néstor Pedro Sagués, quien sostiene que el sistema de designación y nombramiento de los miembros de la judicatura contiene un carácter representativo de la función que desempeñan los órganos judiciales de la nación y del estado que guardan frente al resto de los “poderes públicos”.

Así a través de la historia el sistema de designación y nombramiento de los integrantes de la magistratura ha experimentado las más diversas manifestaciones, oscilando desde la corriente que establecía la supremacía absoluta de la voluntad popular, instituyendo la elección por sufragio de los jueces y magistrados, hasta la que contempló su designación directa por el titular de una de las ramas del poder (Congreso o presidente). Ahora se ha optado por unir dos poderes de origen popular, para integrar al tercero.

Ha sido este renglón, por tanto, objeto de innumerables discusiones, y podemos decir que en este punto no ha sido posible obtener, a pesar de los más de dos siglos de evolución política, una solución que brinde la seguridad, cuando menos teórica, de que el Poder Judicial no esté comprometido con el ente político que le otorgó su investidura, pero que al mismo tiempo garantice que esta investidura la porten los individuos más capacitados técnica y moralmente para el efecto.

Emilio Rabasa, analizó ampliamente el tema y se opuso al sistema de elección popular de ministros vigente en su época, rechazándolo categóricamente: “... la elección popular, no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar a los Poderes Públicos funcionarios que representen a las mayorías, y los Magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie ni expresar ni seguir voluntad ajena ni propia”.

Asimismo, manifiesta su desacuerdo con el hecho de que en el proceso de elección, los magistrados pudieran asumir la posición de propaganda política, adquiriendo, en ese caso de triunfo, compromisos para con el credo del partido o plataforma aceptada; compromisos incompatibles con la imparcialidad que debe tener un juez.

Del mismo modo, Rabasa critica con vehemencia el sistema de designación de jueces por los otros órganos del estado, destacando los compromisos que pudiesen acarrear dichos nombramientos:

“El que da, obliga; el que puede volver a dar, dociliza por la esperanza; el que puede quitar (o dejar de dar), intimida por el temor”.

En este sentido también se manifiesta el autor argentino Néstor Sagués, manifestando que no resulta acertado ni idóneo el que sean órganos del estado los que designen a los integrantes de la magistratura, siendo que la actuación de aquéllos quedará sujeta a la revisión de estos últimos.

Al entrar en vigor la Constitución de 1917, de conformidad con el artículo 96 de este ordenamiento legal, los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran electos por el Congreso de la Unión en funciones de Colegio Electoral, con la concurrencia de cuando menos dos terceras partes del número total de diputados y senadores, la elección se hacía en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos. Los candidatos eran propuestos, uno por cada legislatura de los estados, en la forma que disponía la ley local respectiva; cuando no se obtenía mayoría absoluta en la primera votación, se repetía entre los dos candidatos que hubieran obtenido más votos.

Esta disposición fue reformada el 20 de agosto de 1928 y pasó de elección del Congreso a nombramiento del presidente de la República, con la aprobación del Senado hasta la reciente reforma del 31 de diciembre de 1994.

El nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa en manos del presidente de la República, quien somete una terna a consideración del Senado, el cual previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante.

La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva terna en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República.

Es evidente que en todos los casos, el nombramiento de ministro recae en una persona propuesta por el presidente de la República. En condiciones democráticas, sin dominio del presidente, sería un mecanismo atenuado de nombramiento, sin embargo, no es un secreto que por el sistema electoral coincidente, que prevalece en el Senado, el presidente contará con mayoría en ambas cámaras, y por lo tanto, la decisión respecto de la terna para designar ministro no será muy confiable al haber alguna sugerencia o línea del titular del Ejecutivo.

José Luis Soberanes expone su desacuerdo con el sistema de ternar, por dos motivos: “... o puede ser una farsa al poner junto con un candidato viable a dos no idóneos o, como hasta ahora, el presidente de la República y la mayoría de los senadores pertenecen al mismo partido. El método de ternas es una mera formalidad, y se somete a una severa humillación a dos ciudadanos mexicanos, al ser “reprobados” por el Senado, como señaló en enero de 1995 un periódico de cobertura nacional, aun cuando se trate inclusive, de gente muy calificada”.

La humillación que aquí se denuncia no solamente será padecida por los dos candidatos, puesto que los tres deberán comparecer ante el Senado, que en los últimos tiempos a causa de una apertura democrática y plural en su conformación, ausente de reglas confiables de orden y respecto interno, vaticina que cualquiera de ellos se expondrá al descrédito injustificado en su persona.

Cuando la falta de un ministro exceda de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado, en los mismos términos que los señalados en los casos anteriores. Si falta un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado.

De igual forma, las renuncias de los ministros que proceden solamente por causas graves, son sometidas al Ejecutivo, y si éste las acepta, las envía para su aprobación al Senado. Las licencias de los ministros que excedan de un mes podrán concederse por el presidente de la República con la aprobación del Senado.

Se argumenta que el proceso de selección, remoción y licencia de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es congruente con las prácticas de otros países de-sarrollados, pero olvidan decir que en esos países prevalecen otras condiciones, donde el control entre los tres poderes es auténtico y resulta confiable.

En este contexto, es viable pensar que uno de los mecanismos más acertados para el nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe derivar de las propuestas provenientes de las instituciones educativas, el foro y judicatura, tomando en cuenta que sus miembros son peritos en derecho e intérpretes de la ley, además de que para su postulación se contaría con transparencia y buena fama, ante la sociedad mexicana.

Por ello, es necesario extirpar la dependencia del Poder Ejecutivo, pues la función jurisdiccional no debe comprenderse dentro de sus integrantes con la improvisación y menos aún con la procedencia de cúpulas partidistas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Que reforma el artículo 76, fracción VIII; deroga la fracción XVIII del artículo 89; se reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el artículo 76, fracción VIII; se deroga la fracción XVIII del artículo 89; se reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 76....

I a la VII....

VIII. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someterá a su consideración la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su presidente, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario.

IX a la XII.....

Artículo 89....

I a la XVII....

XVIII. (se deroga)

XIX a la XX......

Artículo 96. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno de la Suprema Corte someterá una terna a la consideración del Senado de la República, previa comparecencia de los candidatos llamados por el propio pleno para examinar los conceptos constitucionales que se les formulen y analizar previamente las propuestas del foro, la judicatura y las instituciones educativas que seleccione el pleno.

El Senado de la República previa comparecencia de las personas propuestas ante él, designará al ministro que deba cubrir la vacante de entre la terna presentada por la Suprema Corte.

La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado de la República no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el pleno de la Suprema Corte.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su presidente, someterá una nueva terna en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de la mencionada terna designe el pleno de la Suprema Corte, como máximo órgano del Poder Judicial.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.— Diputado Juventino Víctor Castro y Castro (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADESADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Iniciativa que reforma los artículos 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (para regular la protesta de decir verdad de los servidores públicos que comparecen ante las Cámaras del Congreso de la Unión), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 15 de agosto de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se modificó el formato del informe presidencial, surgiendo las figuras de la “protesta de decir verdad” y la denominada “pregunta parlamentaria” como una facultades de control del Congreso de la Unión.

Dicho decreto por lo que hace al texto del artículo 69 constitucional dispone:

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante preguntas por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Por lo que hace al artículo 93 se estableció en su segundo párrafo:

Artículo 93....

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

...

...

...

Como podemos observar esta nueva disposición constitucional establece un nuevo formato relativo al informe presidencial y para el desahogo de la glosa del mismo, de ahí que es necesario realizar las adecuaciones correspondientes reformas a la Ley Orgánica del Congreso General.

Por lo tanto, ante la ausencia de tales reformas ha sido a través de acuerdos parlamentarios como se ha venido de-sahogando el procedimiento para la recepción y el trámite del Informe de Gobierno y la correspondiente comparecencia de los servidores públicos ante las Cámaras del Congreso de la Unión.

Si bien es cierto que las reformas y adiciones introducidas por el Constituyente Permanente a los artículos 69 y 93 constitucional modificaron sustancialmente el régimen concerniente a la forma y a los términos en que los funcionarios públicos pueden comparecer ante las Cámaras bajo protesta de decir verdad, lo cierto es que en los hechos estas comparecencias se realizan mediante formatos muy cerrados en el que por una parte los legisladores cuentan con muy poco tiempo para argumentar sus cuestionamientos o replicas y el funcionario puede llegar al extremo de no contestar los cuestionamientos que le son incómodos, sin que medie sanción alguna.

Por tanto nos pronunciamos por fortalecer las facultades de control propias del Congreso de la Unión, de ahí que la iniciativa que sometemos a la consideración de esta Soberanía va encaminada a establecer un diálogo responsable y serio entre las Cámaras del Congreso de la Unión y los funcionarios públicos que comparecen ante las mismas, en donde se confronten las posturas e ideas sobre la política de la dependencia u organismo a la que pertenece el servidor público citado e incluso sobre aspectos de coyuntura política u otros aspectos que son de interés de la ciudadanía.

De ahí que la iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía, propone reformas a la Ley Orgánica del Congreso General  y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para poder fijar las reglas que debe seguir el procedimiento de las comparecencias de los servidores públicos de manera clara, con los candado necesarios que garanticen el pleno derecho de los legisladores a ser informados de manera veraz y oportuna, y con ello poder estar en posibilidad de fincar  la responsabilidad correspondiente a quien haya incurrido en falsedad.

El mecanismo que proponemos es que sea mediante un debate abierto y plural de preguntas directas o interpelaciones de los legisladores a los comparecientes, lo cual le permite al Congreso de la Unión hacer uso de sus atribuciones de control político.

No es lo mismo que los servidores públicos acudan a la glosa del informe a desahogar un formato rígido, cerrado, pactado y obsoleto en el que no se informa nada, a que la Cámaras desahoguen en el pleno sesiones tal vez menos solemnes pero si más operativas y eficientes en el que se debata públicamente los asuntos que son trascendentales para la vida política del país.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Artículo Primero. Se adicionan los numerales 6, 7, 8 y 9 al artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Articulo 7o.

1. a 5. ...

6. Para los casos a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 69 y el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:

Una vez que ingrese al salón de sesiones el Servidor Público compareciente, el Presidente de la Cámara procederá a tomarle  protesta correspondiente de decir verdad y le hará saber las responsabilidades en que incurren los servidores públicos que incurran en falsedad.

Posteriormente el Presidente de la Cámara correspondiente le otorgará el uso de la voz para dirigir un mensaje sobre el tema o los temas para los que fue citado.

Posteriormente hará uso de la palabra un legislador por cada uno de los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso.

Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del número de legisladores de cada Grupo Parlamentario y cada una de ellas no excederá de diez minutos.

7. En el caso de que existan cuestionamientos o interpelaciones al servidor público compareciente, el Presidente de la Cámara le preguntará si desea responder a la misma en ese momento o al final de su intervención.

8. A continuación los legisladores podrán formular sus preguntas de manera directa al servidor público compareciente.

Al final de cada una de ellas, el servidor público citado hará uso de la palabra para dar respuesta a cada una de ellas.

9. Una vez finalizados los cuestionamientos el servidor público compareciente emitirá un mensaje final, acto seguido el Presidente de la Cámara correspondiente hará uso de la palabra para un mensaje final sobre el tema o los temas para los que fue citado servidor en términos concisos y generales.

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción XXV al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. a XXIV. ...

XXV. Comparecer bajo protesta de decir verdad ante las Cámaras del Congreso de la Unión en los términos de la Ley respectiva cuando sea citado para ello, e informar verazmente lo concerniente a sus respectivas actividades, así como responder las interpelaciones o preguntas que se le hagan.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.— Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la Función Pública de la Cámara de Diputados.

CODIGO CIVIL FEDERAL - LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el ramo del petróleo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, y de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan Gerardo Flores Ramírez, Alejandro Carabias Icaza, Caritina Sáenz Vargas y Diego Guerrero Rubio, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones X y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto con base a la siguiente

Exposición de Motivos

El 20 de abril de 2010, la plataforma petrolera semisumergible Deepwater Horizon, operada por la empresa British Petroleum (BP), que extraía 8 mil barriles diarios, sufrió un accidente y se hundió en el Golfo de México, a 67 kilómetros de la costa de Louisiana, Estados Unidos de América.

El gobierno de Estados Unidos de América calcula que hasta el 15 de julio, fecha en que se logró contener el derrame, se derramó un total de entre 50 y 150 millones de galones de crudo. Además, la mancha de hidrocarburos se extendió a las costas de los estados de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida, provocando serias afectaciones económicas y ambientales.

Gracias al reclamo ciudadano, el gobierno de Estados Unidos y la empresa BP emprendieron diversas acciones para contener el derrame; entre ellas, se estableció un fondo de 20 mil millones de dólares para pagar los daños a terceros, derivados del accidente.

El sitio del derrame se encuentra a 920 kilómetros de la playa más cercana en Tamaulipas y a 793 kilómetros de la playa más cercana en Yucatán. Hasta el momento no se puede asegurar que las costas mexicanas serán afectadas, pero es una posibilidad que depende de varios factores como las corrientes marinas, la presencia de huracanes y, sobre todo, que no se produzcan nuevos derrames en el sitio.

En caso de que México se viera afectado por esta eventualidad, se implantaría el Plan Nacional de Contingencias para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas en el Mar (PNC) y el Plan Conjunto de Contingencia entre México y Estados Unidos de América sobre Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en el Mar (Mexus).

En este contexto, la Secretaría de Marina (Semar) sería la autoridad rectora nacional y las siguientes dependencias actuarían de manera sectorial: Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Salud (SSA) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Adicionalmente, el PNC también prevé la colaboración con organismos internacionales y con la sociedad civil.

Cabe destacar que Pemex, por la naturaleza de sus operaciones, cuenta con personal entrenado y maquinaria disponible para responder ante una emergencia de este tipo. La paraestatal cuenta con 20 grupos regionales de atención y manejo a emergencias (GRAME) distribuidos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial, los cuales le permiten actuar de manera coordinada ante incidentes de afectación interna, local o regional.

Ante el actual derrame petrolero, las acciones preventivas realizadas hasta el momento por Pemex incluyen:

Monitoreo permanente del desplazamiento de la mancha de petróleo;

Envío a BP de sistemas de control de derrames;

Sobrevuelos para detección de derrames en la sonda de Campeche;

Activación de los Centros de Respuesta y Atención de Emergencias;

Simulacro binacional del Plan Mexus Gulf con aplicación del manual de manejo de incidentes; y

Auditorías a las instalaciones de perforación durante 2008, 2009 y 2010.

A pesar de la sólida coordinación de Pemex, tanto internamente como con las autoridades nacionales para hacer frente al derrame, existe el riesgo de que el responsable (BP) quede exento de pagar los daños al mar mexicano debido a los vacíos existentes en nuestra legislación.

Esta situación fue explicada a detalle por la doctora María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dentro del seminario taller Océanos mexicanos: amenazas y legislación,organizado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados el 15 y el 16 de junio de 2010.

La doctora Carmona explicó que BP, como cualquier empresa petrolera, opera en instalaciones que cuentan con seguros limitados, de manera que en el actual incidente, la empresa pagará a quienes demanden primero, y en caso de que se acabe la responsabilidad debido a que el seguro es limitado, nadie pagará el daño potencial a las aguas de los mares territoriales mexicanos, que son propiedad de la nación, de acuerdo con el artículo 27, párrafo quinto, de la Carta Magna, y son un bien nacional, de acuerdo con el artículo 3o., fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales.

En este contexto, el Código Civil Federal señala en el artículo 12 que las leyes mexicanas rigen los hechos ocurridos en territorio nacional, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero, además de lo previsto en los tratados y convenciones de los que México sea parte. Esto nos remite a los tratados internacionales que ha firmado México en materia ambiental.

Así pues, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972) estableció en el Principio 21 que los Estados tienen “la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros Estados”.

Esto indica que Estados Unidos compartirían la responsabilidad con BP en caso de afectación al mar mexicano.

Asimismo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) definió en el Principio 13 que “los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales”.

En este aspecto, cabe resaltar que las disposiciones del Código Civil Federal en esta materia son muy generales y dejan a voluntad del ofendido el mecanismo de reparación del daño, como se observa a continuación:

Artículo 1913. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

Artículo 1915. La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios [...].

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que la federación atenderá los daños ambientales originados en otros países, y que la política ambiental buscará no afectar el equilibrio ecológico de otros países; sin embargo, no establece nada recíproco, como se puede observar en lo siguiente:

Artículo 5o. Son facultades de la federación:

III. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado.

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará los siguientes principios:

XVII. Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción internacional;

Por último, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo indica que Pemex prevendrá y reparará los daños ambientales derivados de sus actividades, pero no indica lo mismo para otras empresas que resulten responsables por un daño similar:

Artículo 7o. Bis. Petróleos Mexicanos ejecutará las acciones de prevención y de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera y está obligado a sufragar sus costos, cuando sea declarado responsable por resolución de la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables.

Como consecuencia de lo anterior, nuestro país es responsable de su propia vulnerabilidad en materia de responsabilidad e indemnización por daño ambiental, puesto que no hemos desarrollado un marco legislativo integral en esta materia.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es consciente de esta situación, y por ello hemos impulsado desde la LVIII Legislatura la creación de una Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental, con objeto de regular el régimen de responsabilidad civil derivado del ejercicio de las actividades con incidencia ambiental, incluyendo la industria petrolera, con la finalidad de reparar los daños a las personas o el deterioro medioambiental que pudieran ocasionarse como consecuencia de dicho ejercicio.

De manera complementaria, en la presente iniciativa buscamos subsanar los vacíos legislativos antes señalados en el Código Civil Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, de manera que nuestro país pueda contar con un soporte legislativo adecuado para exigir el derecho a las indemnizaciones que le corresponderían, tanto a la nación como a los ciudadanos, por los daños ambientales derivados del actual derrame petrolero, y de otras posibles contingencias futuras que tuvieran su origen en otros países, con afectación al territorio nacional.

Por lo expuesto, los legisladores que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

Artículo Primero. Se reforman la fracción II del artículo 15 y el párrafo primero del artículo 1915 del Código Civil Federal para quedar como sigue:

Artículo 15. No se aplicará el derecho extranjero:

I...

II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación causen daños y perjuicios a los bienes nacionales, o sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano.

Artículo 1915. La reparación del daño causado por actos lícitos o ilícitos referidos en el presente capítulo, debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o bien, en el pago de daños y perjuicios a los ofendidos.

...

...

...

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XVII Bis al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I. a XVII. ...

XVII Bis. Es interés de la nación vigilar que las actividades que se lleven a cabo fuera del territorio nacional, no afecten el equilibrio ecológico de la nación y, en caso de una afectación, exigir la reparación del daño;

XVIII. a XX. ...

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 7o. Bis y se adiciona un párrafo segundo al mismo artículo de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para quedar como sigue:

Artículo 7o. Bis. Petróleos Mexicanos ejecutará las acciones de prevención y de reparación de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico de la nación a causa de las obras u operaciones de la industria petrolera y está obligado a sufragar sus costos, cuando sea declarado responsable por resolución de la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables.

Tendrá las mismas obligaciones la persona que resulte responsable de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico de la Nación, a causa de obras, operaciones o accidentes, relacionados con actividades de la industria petrolera realizadas fuera del territorio nacional.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 New York Times. Consultado el 19 de julio de 2010. http://www.nytimes.com/interactive/2010/05/01/us/20100501-oil-spill-tracker.htm l

2 BP. Gulf of Mexico Response. Consultado el 19 de julio de 2010. http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=40&contentId= 7061813

3 http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/010_comisioneslxi/001_ordinar ias/026_medio_ambiente_y_recursos_naturales/009_eventos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente en el primer receso del segundo año de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 12 de enero de 2011.— Diputados: Juan Gerardo Flores Ramírez, Alejandro Carabias Icaza, Caritina Sáenz Vargas, Diego Guerrero Rubio (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía de la Cámara de Diputados.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 27 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Iniciativa que adiciona el artículo 27 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma el artículo 11 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Kahwagi Macari, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 27 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Con la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado Mexicano asumió el compromiso de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella. Uno de los principios fundamentales que sustentan los demás derechos señalados en la Convención es el del “interés superior del niño”, mediante el cual se establece que:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Acorde con este principio y en cumplimiento de los compromisos contraídos en la Convención, en el año 1999 se reformó en nuestro país el artículo cuarto de la Constitución Política, quedando establecido que los niños y niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Asimismo, quedo señalado que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos y que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos otorgando facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

En el año 2000, el Congreso de la Unión, aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como objeto, garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Según la ley, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo brindarles un desarrollo pleno e integral, que implica la oportunidad de formarse física, mental emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

A pesar de que el Estado Mexicano, tiene la obligación de asegurar el bienestar de la infancia y adolescencia, especialmente de aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad, riesgo o abandono, y de crear las normas para el funcionamiento de las instituciones, los servicios y los establecimientos dedicados a su cuidado y protección, las niñas y niños en situación de calle están lejos de disfrutar de estos derechos y continúan siendo uno de los sectores con mayor marginación y una de las manifestaciones más claras de la desigualdad que impera en nuestro país.

Según datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia existen, en el país, alrededor de 94 mil 795 niños. El incremento de la violencia y la inseguridad en los últimos años ha provocado que niños y adolescentes en situación de calle, además de ser víctimas de extorsiones policiacas, ahora lo sean de narcomenudistas y bandas de delincuencia organizada. De acuerdo a declaraciones hechas por la directora general de Protección a la Infancia de dicho organismo, es muy común que a estos niños se les acerquen bandas de delincuentes que les ofrecen hasta 500 pesos diarios si realizan diversos ilícitos como prostitución, venta y traslado de drogas.

Cifras de la organización Casa Alianza en México muestran que en el país existen 100 mil niños y niñas en situación de abandono en el país, circunstancia que los hace vulnerables a agresiones físicas, emocionales y sexuales lo que los acerca a la explotación sexual, laboral, al padecimiento de enfermedades y a la drogadicción. La directora nacional de este asociación precisó que en la actualidad el número de embarazos es muy alto y el panorama para los bebés es desolador, ya que al provenir de una mujer en situación de calle, difícilmente conocerán lo que es vivir en una casa, asistir a la escuela, jugar y disfrutar de los beneficios que vive una familia, lo que se traduce en un círculo vicioso.

De acuerdo al documento “Población de Calle. Taller de autoestima y grupo de autoayuda” de la Secretaría de Seguridad Pública, el aumento en el país de niños y adolescentes en espacios públicos como avenidas, puentes vehiculares, parques, coladeras, estaciones del metro, terminales de autobuses y lotes baldíos ha estado caracterizado por la indiferencia, ocultamiento y estigmatización de la sociedad en general.

Provenientes de familias que viven en extrema pobreza y zonas marginadas, estos niños convierten a la calle en una opción para sobrevivir mediante diferentes actividades ya sea licitas o ilícitas que están ligadas al comercio. Lo alarmante según el documento de la Secretaría, es que cada una de las actividades que llegan a efectuar, pone en riesgo su integridad física y emocional; además, comienzan a de-sarrollar un arraigo a la calle que los lleva, generalmente; al desarrollo de adicciones.

Según la Secretaría de Seguridad Pública, la edad promedio de los chicos de calle es de los 7 a 16 años, en las niñas es de los 10 a los 14 años. Los trabajos más frecuentes para niñas y niños de la calle están relacionados con la venta de bolsas de plástico, llaveros, chicles, caramelos, flores, bebidas, helados, lotería, cigarrillos, encendedores, periódicos, comida preparada, boleros, malabaristas, faquires (acostarse en vidrios), lavacoches, diableros (cargadores), burreros (venta de droga), explotación sexual, etcétera.

El estudio reporta que en los últimos años, una variante que se ha dado en su actuar es la organización de tres o cuatro menores que durante el día generan los recursos económicos suficientes para rentar un cuarto de hotel en el cual pasan la noche y se dedican al consumo de droga, prácticas sexuales, así como prostitución.

El uso de sustancias tóxicas forma parte fundamental de su vida al consumirlas para evadir su dolorosa realidad, contrarrestar el estrés, combatir el dolor, el sufrimiento y las adversidades climáticas, o simplemente por recreación. Predomina el consumo de tabaco e inhalantes (activo y cloruro de polivinil PVC) seguidos por la piedra o crack y las bebidas alcohólicas (cerveza y mezcal).

En términos generales podemos concluir que las niñas, niños y adolescentes en situación de calle se enfrentan a la explotación laboral y sexual, sufren constantes atropellamientos vehiculares, consumen drogas o está involucrados en el tráfico; y en el caso de las niñas y adolescentes enfrentan embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, y el mayor problema es que no cuentan con acceso a los servicios de salud. Derivado de todas estas situaciones, las violaciones de los derechos más frecuentes, según el listado de la Secretaría son a:

La vida, la supervivencia y el desarrollo.

Beneficiarse de la seguridad social.

La libertad de expresión, de asociación y reunión.

La libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Disfrutar del más alto nivel posible de salud y de los servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación.

Tener un nombre y una nacionalidad. Conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. Preservar su identidad.

Ser colocados en adopción cuando de acuerdo a las leyes y atendiendo a las situaciones del menor esta proceda.

El respeto a su vida privada y a su familia.

El respeto a su dignidad, a su honra y a su reputación.

Una alimentación nutritiva e higiénica.

Descanso y esparcimiento, el juego y las actividades recreativas propias de su edad, así como participar libremente en la vida cultural y en las artes.

Ser protegido contra toda forma de abuso físico o mental, (incluyendo malos tratos, abuso y explotación sexual).

Disfrutar y que se respete su vida cultural cuando pertenecen a grupos étnicos.

Recibir asistencia y cuidados especiales en caso de discapacidad, debiéndose garantizar a su favor el efectivo acceso a todos los servicios y el goce de todos sus derechos, con el objeto de que el niño logre su integración social y el desarrollo individual en la máxima medida posible.

Ser protegido contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como impedir que se utilice a niños en la producción y tráfico de estas sustancias.

Ser protegido contra toda clase de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Ser protegido contra toda clase de explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social; por ello, los Estados deben fijar la edad mínima para poder trabajar.

No ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente; en caso de que se alegue que un niño ha infringido las leyes penales, deben ser los establecimientos especializados quienes conozcan de ello, con base en las leyes aplicables a los menores y con las formas que al efecto se establezcan.

La educación, encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, así como inculcarle el respeto de los derechos humanos, el respeto a sus padres, el cuidado y la conservación de su identidad cultural, de su lengua, sus valores, del medio ambiente y el amor por su patria, con el fin de que asuma una vida responsable en una sociedad libre.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza los responsables del desarrollo de los niños y niñas son la familia, la sociedad y el Estado. La familia es la responsable directa de brindar las condiciones necesarias para su desarrollo; la sociedad brinda a través de su organización seguridad, recreación, protección, solidaridad y un ambiente sano; y por último, el Estado debe proveer lo necesario para propiciar el respeto a su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos. Para dar cumplimiento a este propósito se han establecido normas internacionales y nacionales que consagran los derechos de la niñez.

La vigencia de estos derechos se logra a través de propuestas legislativas que vayan encaminadas a brindarles mayores herramientas para su atención, y por medio de la instrumentación de políticas públicas y planes de desarrollo.

Es necesario que se tomen acciones a favor de los niños y niñas en situación de calle. De ello depende la posibilidad de transformar las condiciones de vida de uno de los sectores más marginados de nuestro país y así prevenir situaciones extremas como la presencia de más niños y niñas viviendo en la calle.

Es en este sentido que proponemos adicionar un artículo 27 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de establecer la obligación de las autoridades de impulsar programas para la atención, rehabilitación e inserción social de las niñas niños y adolescente que vivan en situación de calle. Para ello, las autoridades podrán establecer convenios de colaboración con las instituciones del sector privado y social con el objeto brindarles a través de programas compensatorios.

Asimismo se adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el fin de que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, lleven a cabo como una medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de oportunidades la de instrumentar programas para garantizar la protección y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que por alguna situación de vulnerabilidad social se encuentran en riesgo, abandono o situación de calle.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 27 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Primero. Se adiciona un artículo 27 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

“Artículo 27 Bis. Cuando una niña, un niño, un o una adolescente se vean privados de su familia y se encuentren en situación de calle, las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones impulsarán programas para su atención, rehabilitación e inserción social.

Las autoridades podrán celebrar convenios de colaboración con las instituciones del sector privado y social a efecto de realizar acciones conjuntas para brindarles, a través de programas compensatorios, las medidas que garanticen el peno respeto y ejercicio de sus derechos.”

Segundo. Se adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

“Artículo 11. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños:

I.  a IX. ...

X. Instrumentar programas para garantizar la protección y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que por alguna situación de vulnerabilidad social se encuentran en riesgo, abandono o situación de calle.”

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 11 de enero de 2011.— Diputado Jorge kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Paz Gutiérrez Cortina, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta. La iniciativa está suscrita por las diputadas María Araceli Vázquez Camacho y Lorena Corona Valdés, de los Grupo Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista, respectivamente, hasta por 5 minutos, diputada.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina: Las que suscribimos, Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de esta Legislatura, nos permitimos presentarles a ustedes esta iniciativa que se somete a la consideración del pleno para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objeto de establecer estímulos fiscales de promoción a la inversión educativa para evitar el rezago y la deserción escolar, bajo la siguiente exposición de motivos.

La educación, de acuerdo con lo que establece el artículo 3o. de nuestra Carta Magna, será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural.

De lo anterior podemos señalar que la educación se instituye como el proceso social de mayor relevancia para impulsar el desarrollo humano integral y promover el progreso individual y de la sociedad en su conjunto.

Es por ello que nuestro país tiene el enorme reto de contribuir a crear las condiciones necesarias que nos permitan adecuarnos a las nuevas realidades y parámetros internacionales en materia educativa y por tanto, es necesario redoblar esfuerzos en los tres niveles y órdenes de gobierno, con la finalidad de combatir el rezago y la deserción escolar que tanto se agrava, principalmente a partir de la educación media.

Por ello debemos establecer estímulos fiscales que coadyuven a promocionar la inversión educativa por parte de la iniciativa privada, toda vez que los altos índices de deserción escolar y el rezago educativo han desfavorecido la competitividad y la productividad del país, ocasionando de esta manera que México pierda una oportunidad histórica de contar en este momento con 35 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad, por lo que es necesario realizar un esfuerzo y un llamado a los distintos órdenes y niveles de gobierno y también al sector empresarial y a la sociedad civil en su conjunto, con la finalidad de establecer una estrategia integral que asegure la incorporación y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo nacional.

Los retos que enfrentamos hoy en día en materia educativa son múltiples y las dificultades muy grandes. Prueba de ello son los índices de deserción o los indicadores en materia de rezago que ahora se registran. La deserción escolar en educación media se está convirtiendo en un grave problema para el Estado mexicano si consideramos que cada 25 segundos un estudiante de educación media superior deja la escuela de manera definitiva, derivándose entonces otro problema social mayor: un 65.6 por ciento de estos adolescentes jóvenes pueden acabar incorporándose a redes de delincuencia.

Es por esto que ante tan enormes retos debemos, como ya lo he señalado, unir esfuerzos para combatir este problema.

El estímulo fiscal que ahora proponemos consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto en el ejercicio fiscal de que se trate, que aporten las personas morales a proyectos de apoyo a la educción contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito.

Al acreditar contra el ISR del ejercicio las aportaciones de los contribuyentes, se promoverá la continuidad de dichas aportaciones, lo que fortalecerá el proyecto de estímulos educativos. En ningún caso el estímulo podrá exceder al 10 por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Se propone que cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarlo.

Se considera también muy importante que dichos estímulos sólo se darán cuando los proyectos emprendidos impacten directamente en aquellas zonas rurales y urbanas cuya población se ubique dentro de los rangos de media, alta y muy alta marginación.

Tomando en cuenta que este estímulo retoma los principios bajo los cuales fueron aprobados los estímulos al cine y a la producción teatral es que se propone que inicialmente el monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio no exceda a los mil millones de pesos por cada ejercicio fiscal, ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de apoyo a la educación.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objeto de establecer estímulos fiscales de promoción a la inversión educativa para abatir el rezago y la deserción escolar, para que, si se estima conveniente, se apruebe en esos términos.

Artículo único. Se adiciona a la Ley del Impuesto sobre la Renta con el objeto de establecer estos estímulos fiscales.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del PAN, y suscrita por las diputadas María Araceli Vázquez Camacho y Lorena Corona Valdés, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PVEM, respectivamente

Las que suscriben, Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México; diputadas integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del primer receso del segundo año de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objeto de establecer estímulos fiscales de promoción a la inversión educativa para abatir el rezago y la deserción escolar, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La educación de acuerdo con lo que establece el artículo 3o. de la Carta Magna, “Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural”. De lo anterior, podamos señalar que la educación se instituye como el proceso social de mayor relevancia para impulsar el desarrollo humano integral y promover el progreso individual y de la sociedad en su conjunto.

Es por ello, que nuestro país tiene el enorme reto de contribuir a crear las condiciones necesarias que nos permitan adecuarnos a las nuevas realidades y parámetros internacionales en materia educativa, es necesario redoblar esfuerzos en los tres niveles y órdenes de gobierno con la finalidad de combatir el rezago y la deserción escolar que se agrava principalmente a partir de la educación media; por ello debemos establecer estímulos fiscales que coadyuven a promocionar la inversión educativa por parte de la iniciativa privada, toda vez que los altos índices de deserción escolar y rezago educativo han desfavorecido la competitividad y productividad del país, ocasionando que México pierda la oportunidad histórica de contar con 35 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad, por lo que es necesario realizar un llamado no sólo en los distintos órdenes y niveles de gobierno, sino también al sector empresarial y a la sociedad civil con la finalidad de establecer una estrategia integral que asegure la incorporación y permanencia de estudiantes en un sistema educativo integral.

Los retos que hoy en día enfrentamos en materia educativa son múltiples y las dificultades muy grandes, prueba de ello son los indicadores en materia de rezago y deserción escolar que registran:

• Que de 98 de cada 100 niños que ingresan oportunamente al primero de primaria, sólo 62 de ellos terminarán en tiempo y forma la secundaria. De ellos, 46 ingresarán al bachillerato y solamente terminarán 25.

• Por efectos de reprobación, extra-edad y deserción escolar, de cada generación de mexicanos de 15 años poco menos del 50 por ciento llega al bachillerato. Apenas 13 concluirán una licenciatura en plazo normativo y sólo 2 o 3 alcanzarán un posgrado.

• De la mitad de los mexicanos de 15 años que siguen en la escuela, el dominio del lenguaje y las matemáticas no llegan a lo elemental. De esta manera, sólo 1 de cada 4 mexicanos de 15 años cuenta con una educación que le permita seguir aprendiendo; para 75 por ciento de la generación joven no se está cumpliendo de hecho el derecho a una educación de calidad.

• Que 33 millones de adultos mexicanos están en algún tipo de rezago educativo. Es decir, 1 de cada 3 mexicanos no ha concluido su educación básica o no sabe leer ni escribir o no tienen la primaria o la secundaria.

La deserción escolar en educación media se está convirtiendo en un grave problema para el Estado mexicano si consideramos que cada 25 segundos un estudiante de educación media superior deja la escuela de manera definitiva, derivándose, entonces, otro problema social mayor. Un 65.6 por ciento de estos adolescentes jóvenes, puede acabar incorporándose a redes de delincuencia.

Es por esto que ante tan enormes retos debemos, como ya lo he señalado, unir esfuerzos para disminuir el rezago educativo y la deserción escolar, impulsando la participación del sector empresarial y la sociedad civil, mediante el otorgamiento de un estímulo fiscal a los contribuyentes del ISR; ya que con ello estimularemos la inversión en proyectos educativos.

Dicho estímulo fiscal consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten las personas morales a proyectos de apoyo a la educación, contra el impuesto sobre la renta, que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. Al acreditar contra el ISR del ejercicio las aportaciones de los contribuyentes, se promoverá la continuidad de dichas aportaciones, lo que fortalecerá el proyecto de estímulos educativos.

En ningún caso el estímulo podrá exceder del 10 por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Se propone que cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarlo.

Se consideran como proyectos de apoyo a la educación, los gastos e inversiones en territorio nacional destinados a abatir el rezago y la deserción escolar que sustentados en programas y políticas públicas, se destinen a abatir el rezago educativo y la deserción escolar, por el otorgamiento de becas educacionales para estudios en instituciones de educación básica, media y superior con reconocimiento de validez oficial de estudios; el desarrollo de programas de educación para la salud y de fomento de actividades y la inserción laboral para alumnos de educación básica, media y superior; implantación de sistemas de información educativa para la identificación temprana de la deserción escolar; impulso de programas para capacitación, evaluación y certificación de maestros, así como de participación y acompañamiento de los padres de familia, de conformidad con las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional.

Dichos estímulos sólo se darán cuando los proyectos emprendidos impacten directamente en aquellas zonas rurales y urbanas cuya población se ubique dentro de los rangos de media, alta y muy alta marginación.

Igualmente, se prevé que para la aplicación del estímulo fiscal propuesto sea creado un Comité Interinstitucional que estará formado por 1 representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1 representante de la Secretaría de Educación Pública, 1 representante del sector empresarial y 2 representantes de organizaciones no gubernamentales de reconocido prestigio en el campo de la educación.

Asimismo, se plantea que los contribuyentes beneficiados con los recursos del presente estímulo, deberán ser designados por el Comité Interinstitucional de acuerdo a las reglas que el propio establezca asegurándose la transparencia, en el entendido de que las becas se asignarán de acuerdo a este criterio. De esta manera se asegura el cumplimiento del objetivo prioritario de esta reforma que es la participación del sector empresarial y de la sociedad civil en la disminución del rezago educativo y la deserción escolar en beneficio de los sectores más necesitados de México, así como el de elevar la competitividad y la productividad del país.

Tomando en cuenta que este estímulo retoma los principios bajo los cuales fueron aprobados los estímulos al cine y a la producción teatral, es que se propone que, inicialmente, el monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio no exceda de mil millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de apoyo a la educación.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objeto de establecer estímulos fiscales de promoción a la inversión educativa para abatir el rezago y la deserción escolar, para que si se estima conveniente se apruebe en sus términos:

Artículo Único. Se adiciona un artículo 229 a la Ley del Impuesto sobre la Renta con el objeto de establecer estímulos fiscales de promoción a la inversión educativa para abatir el rezago y la deserción escolar.

Artículo 229. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a proyectos de apoyo a la educación, contra el impuesto sobre la renta, que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10 por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia actualizada que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarlos.

Para los efectos de este artículo se considera como proyectos de apoyo a la educación, los gastos e inversiones en territorio nacional destinados a abatir el rezago y la deserción escolar que sustentados en programas y políticas públicas, se destinen a abatir el rezago educativo y la deserción escolar, por el otorgamiento de becas educacionales para estudios en instituciones de educación básica, media y superior con reconocimiento de validez oficial de estudios; el desarrollo de programas de educación para la salud y de fomento de actividades empresariales y la inserción laboral para alumnos de educación básica, media y superior; implementación de sistemas de información educativa para la identificación temprana de la deserción escolar; impulso de programas para capacitación, evaluación y certificación de maestros, así como de participación y acompañamiento de los padres de familia, de conformidad con las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional.

Dichos estímulos sólo se darán cuando los proyectos emprendidos impacten directamente en aquéllas zonas rurales y urbanas cuya población se ubique dentro de los rangos de media, alta y muy alta marginación.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Educación Pública, el sector empresarial y organizaciones no gubernamentales en materia de educación.

II.Los contribuyentes beneficiados con los recursos del presente estímulo deberán ser designados por el Comité Interinstitucional, de acuerdo a las reglas que el propio comité establezca y publique, debiendo establecerse que las becas se asignarán de acuerdo al mismo criterio.

III.El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, inicialmente no excederá de mil millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de apoyo a la educación.

IV.El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales fueron merecedores de este beneficio.

V. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.— Diputados: Paz Gutiérrez Cortina, Rosa Adriana Díaz Lizama, Esthela Damián Peralta, Arturo García Portillo, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Mario Alberto Becerra Pocoroba; senadores Jesús Dueñas Llerenas, Luis Maldonado Venegas, Alegandro Zapata Perogordo, Humberto Aguilar Coronado (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Se turna su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

El senador Luis Maldonado Venegas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Senador.

El senador Luis Maldonado Venegas (desde la curul): Solicitar mi adhesión a la iniciativa de la diputada.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina:Con mucho gusto, señor senador.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tal como lo ha solicitado, queda adherido el senador a la iniciativa de la diputada Paz Gutiérrez Cortina.

ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Florentina Rosario Morales, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Florentina Rosario Morales:Con su venia, señor presidente.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General, por el que se modifica el procedimiento de designación de los consejeros electorales.

El Instituto Federal Electoral (IFE), como órgano constitucional autónomo, es el encargado de organizar las elecciones federales. Por tanto, su contribución a la democracia es fundamental y requiere contar con la solidez y la credibilidad suficiente para continuar con la encomiable labor de realizar elecciones periódicas, claras y transparentes.

Actualmente, para su integración intervienen y participan la Cámara de Diputados, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. Sin embargo, su composición es eminentemente ciudadana y apartidista, la cual recae en los ciudadanos que son designados como consejeros electorales.

Sin embargo, actualmente el proceso de ciudadanización del IFE se encuentra en riesgo, porque hasta el momento la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no ha logrado los consensos para el nombramiento de tres consejeros electorales, lo que ha llevado a que el nombramiento de éstos se traslade al terreno de las cuotas partidarias, lo que resta credibilidad al nombramiento de los mismos y la propia la integración del Consejo General del IFE.

Ante la dificultad de la Junta de Coordinación Política de destrabar este procedimiento, se está violando la Constitución, justificándose con argumentos triviales como el decir que en la ley no hay plazo fatal para designar nuevos integrantes.

Si bien la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados emitió la convocatoria correspondiente, realizó un proceso de comparecencias y entrevistas de los ciudadanos que aspiran a ser consejeros electorales y entregó una lista de 17 profesionistas para que la Junta de Coordinación Política presente al pleno la terna correspondiente para su designación.

Lo cierto es de que este proceso no ha concluido, ya que éste al ser un órgano eminentemente político e integrado por los coordinadores de los grupos parlamentarios, al entrar en debate de qué ciudadanos que cumplen todos los requisitos para ser consejeros deben ser presentados al pleno, politiza su designación, lo cual resulta riesgoso para nuestra democracia, ya que el criterio que prevalece es el de las cuotas partidarias, que no privilegia ni los méritos ni las trayectorias de los aspirantes en una decisión transversal para la vida del país.

Por tanto, la iniciativa que pongo a la consideración de esta soberanía va encaminada a establecer un nuevo mecanismo de designación para los ciudadanos que aspiran a consejeros electorales.

Al principio de cuentas proponemos eliminar la facultad de que los consejeros electorales sean elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y a propuesta de los grupos parlamentarios, para dar paso a un proceso de elección mediante insaculaciones.

Este mismo mecanismo permite que el número de ciudadanos que ya ha pasado por cada una de las etapas que realiza la Comisión de Gobernación, como son: la entrevista, la presentación de un ensayo, la evaluación y que además han cumplido con todos y cada uno de los requerimientos, puedan acceder al cargo en igualdad de condiciones que sus pares y permite, además, eliminar la politización o la permanencia que de alguna manera algún grupo parlamentario asume de tal o cual aspirante.

Cabe señalar que la insaculación es un procedimiento de elección que permite elegir poniendo en una urna las cédulas en donde figuren los nombres de las personas que han pasado por cada una de las etapas y que a juicio de la Comisión de Gobernación cumplen con los requisitos para acceder al cargo.

Estas cédulas se mezclan y se sacan al azar, a la cantidad de cargo a elegir. Los nombres que resulten de ese procedimiento son los que asumirán el cargo de consejeros electorales.

Por otra parte, proponemos establecer en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el mecanismo para el nombramiento del consejero presidente y los consejeros electorales, el cual por principio de cuentas plantea convocar a organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones públicas de educación superior, así como a profesionistas e individuos para que presenten sus propuestas, ya que ante la ausencia de una regulación adecuada en la que se establezcan los mecanismos de selección de la propuesta, es que la participación de la sociedad civil ha sido hasta el momento testimonial.

Por tanto, para que la autonomía de la función del Consejo General del IFE tenga en los hechos el sentido de ser un órgano colegiado cuya autoridad provenga de su carácter ciudadano e independiente, con calidad moral en sus integrantes, es que proponemos establecer en la ley el procedimiento para que en el nombramiento de los integrantes del Consejo General, puedan ser escuchados todos los grupos sociales que legítimamente persiguen el fortalecimiento de la democracia.

Consideramos necesario que las personas que han sido propuestas y cumplan con los requisitos de ley para ser consejeros electorales tengan garantizado plenamente su derecho a ser escuchados, compareciendo ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, la cual decidirá en consecuencia a quienes someter al pleno y no la Junta de Coordinación Política, como sucede actualmente, lo cual permite despolitizar su designación.

Por la brevedad del tiempo, solicito sea insertada en su totalidad en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Florentina Rosario Morales, diputada a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y en el artículo 78 de la Constitución Política, así como en el 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General, para modificar el procedimiento de designación de los consejeros electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Instituto Federal Electoral (IFE), como órgano constitucional autónomo, es el encargado de organizar las elecciones federales. Por tanto, su contribución a la democracia es fundamental y requiere contar con la solidez y la credibilidad suficiente para continuar su encomiable labor de realizar elecciones periódicas, claras y transparentes.

Actualmente, para su integración intervienen y participan la Cámara de Diputados, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. Sin embargo, su composición es eminentemente ciudadana y apartidista, la cual recae en los ciudadanos que son designados como consejeros electorales.

Sin embargo, actualmente el proceso de ciudadanización del IFE se encuentra en riesgo porque hasta el momento la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no ha logrado los consensos para el nombramiento de tres consejeros electorales, lo que ha llevado a que el nombramiento de éstos se traslade al terreno de las cuotas partidarias, lo que resta credibilidad al nombramiento y la propia la integración del Consejo General del IFE.

Ante la dificultad de la Junta de Coordinación Política de destrabar el procedimiento, se viola la Constitución, justificándose con argumentos triviales como el decir que la ley no hay plazo fatal para designar nuevos integrantes.

Si bien la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados emitió la convocatoria correspondiente, realizó un proceso de comparecencias y entrevistas de los ciudadanos que aspiran a consejeros electorales y entregó una lista de 17 profesionistas para que la Junta de Coordinación Política presente al pleno la terna correspondiente para su designación, el proceso no ha concluido porque ésta, como es un órgano eminentemente político e integrado por los coordinadores de los grupos parlamentarios, al entrar en un debate de qué ciudadanos (que cumplen todos los requisitos para ser consejeros) deben ser presentados al pleno, politiza su designación, lo cual resulta arriesgado para la democracia, ya que el criterio que prevalece es el de las cuotas partidarias, que no privilegia los méritos ni las trayectorias de los aspirantes en una decisión trascendental para la vida del país.

Por tanto, la iniciativa que pongo a consideración de esta soberanía va encaminada a establecer un nuevo procedimiento de designación para los ciudadanos que aspiran a consejeros electorales.

Por principio de cuentas, proponemos eliminar la facultad de que los consejeros electorales sean elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y a propuesta de los grupos parlamentarios, para dar paso a un proceso de selección mediante insaculación.

Este procedimiento permite que el número de ciudadanos que ya ha pasado por cada una de las etapas que realiza la Comisión de Gobernación, como la entrevista, la presentación de un ensayo, la evaluación y que además han cumplido los requerimientos puedan acceder al cargo en igualdad de condiciones que sus pares y permite además eliminar la politización o la pertenencia que de alguna manera algún grupo parlamentario asume de tal o cual aspirante.

La insaculación es un procedimiento de elección que permite elegir poniendo en una urna las cédulas donde figuren los nombres de las personas que han pasado por cada una de las etapas y que a juicio de la Comisión de Gobernación cumplen los requisitos para tener acceso al encargo.

Estas cédulas se mezclan y se sacan al azar en la cantidad de cargos por elegir. Los que resulten de ese procedimiento asumirán el cargo de consejeros electorales.

Por otra parte, proponemos establecer en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el procedimiento para el nombramiento de los consejeros presidente y electorales, el cual por principio de cuentas plantea convocar a organismos no gubernamentales y asociaciones e instituciones públicas de educación superior, así como a profesionales en lo individual para que presenten sus propuestas, ya que ante la ausencia de una regulación adecuada en que se establezcan los mecanismos de selección de las propuestas la participación de la sociedad civil ha sido hasta el momento testimonial.

Para que la autonomía de las funciones del Consejo General del IFE tenga en los hechos el sentido de ser un órgano colegiado cuya autoridad provenga de su carácter ciudadano e independiente con calidad moral en sus integrantes, proponemos establecer en la ley el procedimiento para el nombramiento de los integrantes del Consejo General en el que puedan ser escuchados todos los grupos sociales que legítimamente persiguen el fortalecimiento de la democracia.

Consideramos necesario que las personas que han sido propuestas y cumplan los requisitos de ley para ser consejeros electorales tengan garantizado plenamente su derecho a ser escuchadas compareciendo ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, la cual decidirá en consecuencia a quiénes someter al pleno y no a la Junta de Coordinación Política, como sucede actualmente, lo cual permitirá despolitizar su designación.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se reforma el tercer párrafo de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ..

...

I. a IV. ...

V. ......

El consejero presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente mediante insaculación que realicela Cámara de Diputados, previa realización de una amplia consulta a la sociedad. De darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo del vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

...........................

VI. ...

Artículo Segundo.Se adicionan un segundo párrafo y las bases A a F del numeral 5 del artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 110

1. a 4. ...

5. Los consejeros electorales serán elegidos por insaculación que realice la Cámara de Diputados, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.

El procedimiento para el nombramiento del consejero presidente y de los consejeros electorales se sujetará a lo siguiente:

A. Cuando falten cuarenta y cinco días para la conclusión del periodo para el que fueron nombrados las y los consejeros electorales o el presidente del Consejo General, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados convocará a organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones públicas de educación superior y a los ciudadanos para que presenten sus propuestas.

B. La recepción de propuestas se hará en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se haga pública la convocatoria respectiva.

C. Cumplido dicho plazo, las propuestas recibidas se mandarán publicar en al menos dos de los diarios de mayor circulación nacional.

D. Después de cinco días de publicadas las propuestas se cerrará la recepción de opiniones, y la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados fijará fecha y citará a comparecer a los ciudadanos que cumplan los requisitos de elegibilidad y satisfagan los requisitos de la convocatoria respectiva.

E. Fijadas las fechas de comparecencia de los candidatos a cubrir las vacantes de las o los consejeros electorales o del presidente del Consejo General, su desarrollo se llevará a cabo ante la Comisión de Gobernación, con el siguiente formato:

a) Cada aspirante tendrá derecho a exponer sus ideas y argumentos relacionados con la materia electoral, hasta por un máximo de 10 minutos.

b) Expondrán los principales aspectos de la función que ejercerán durante el periodo del encargo, en caso de ser designados.

c) Una vez concluida la presentación de sus ideas, propuestas y argumentos, se abrirá un espacio de preguntas por los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación en el orden y el tiempo que acuerden para tal efecto.

d) El aspirante deberá contestar en un tiempo no mayor de tres minutos cada pregunta que se le formule.

e) Los diputados tendrán derecho de réplica.

F. Después de siete días de haber concluido el periodo de comparecencias de las y los candidatos propuestos, la Comisión de Gobernación deberá emitir un dictamen en el que integre la lista de candidatos que hayan reunido las mejores cualidades en términos de experiencia y formación electoral, así como el perfil académico y que cubren los requisitos para ser considerados consejeros electorales, el cual será remitido a la Presidencia de la Mesa Directiva para que lo someta al pleno.

En la sesión correspondiente de la Cámara de Diputados se dará a conocer el dictamen a que se refiere el párrafo anterior y se procederá a la insaculación de los candidatos, mediante una urna que contenga en papeletas el nombre de cada uno de los aspirantes a que se refiere el párrafo anterior.

Acto seguido se mezclarán las papeletas y se procederá a sacar tantas papeletas como número de consejeros por designar.

Serán designados consejeros electorales los ciudadanos cuyo nombre aparezca en la papeleta sustraída de la urna.

6. a 10. ...

Artículo Tercero.Se reformanel inciso b) y la fracción I del numeral 1 del artículo 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 34 Bis.

La convocatoria para la designación del consejero presidente, de los consejeros electorales y del contralor general del Instituto Federal Electoral, por lo menos, deberá contener

a)...

b)Las reglas y los plazos para consultar, según el caso, a la ciudadanía o a los organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones públicas de educación superior;

c) a d) ...

e)Tratándose de la designación de los consejeros presidente y electorales:

I.El órgano o la comisión que se encargará de la recepción de documentos e integración de los expedientes, su revisión, e integración de la lista que contenga los aspirantes que cumplan los requisitos establecidos para que los organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones públicas de educación superior formulen sus propuestas con base en ella.

II.Presentadas las propuestas, el órgano o comisión encargado de entrevistar y evaluar a los ciudadanos propuestos por los grupos parlamentarios, así como de formular el dictamen respectivo que consagre los resultados, para los efectos conducentes.

f)Los criterios específicos con que se evaluará a los aspirantes.

2. En el proceso de designación de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral se procurará la inclusión paritaria de hombres y de mujeres.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.— Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

LEY DE PLANEACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Partiendo de la base de que toda persona tiene derecho a participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social implantados por el gobierno federal, así como el que tienen los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, para recibir atención y apoyos tendentes a disminuir esa situación de marginación, los municipios, gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo federal formularán y aplicarán programas sociales con oportunidades de desarrollo productivo en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación vulnerable, de acuerdo con el artículo 6o. de la Ley de Planeación en vigor.

Con el objetivo principal de fortalecer la verdadera y real aplicación de los recursos implantados en todos y cada uno de los programas sociales encaminados a combatir la falta de desarrollo económico y, por ende, de desarrollo social de las regiones del país, se crearon condiciones para que las 125 zonas identificadas como más pobres del país puedan alcanzar su desarrollo y así mismo superar la miseria y pobreza extrema en la que están inmersos.

Es de vital importancia que la población que representa el objetivo de la ley en comento, reciba los beneficios de estos programas, en su justa y en su real dimensión estas acciones, que no son asistenciales sino subsidiarias deberán permitir disminuir la existencia de zonas marginadas y de alta marginación.

Lo antes descrito se encuentra fundamentado en el artículo 16 de la Ley General de Desarrollo Social, que a la letra dice: “Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal harán del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la población”; y en el párrafo tercero del artículo 20 de la Ley de Planeacion, donde se establece: “Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente al desarrollo de sus pueblos y comunidades”.

El objetivo de la presente propuesta no es solo el de fortalecer los sistemas de supervisión y vigilancia o el de implantar parámetros para las reglas de operación, porque esas normas ya han sido instrumentadas, sino el que se apliquen los parámetros establecidos, de tal manera que sea palpable la  consecución de las metas.

La Secretaría de Desarrollo Social, dependencia encargada de ejecutar los programas sociales encaminados al desarrollo social, tuvo para el año fiscal de 2010 una asignación presupuestal de más de 80 mil millones de pesos, en tanto, paradójicamente, los mexicanos en pobreza alimentaria ascendieron a más de 26 millones, que se vieron incrementados en 2009 en 6 millones de personas.

Es menester mencionar que los programas sociales que maneja la Unidad Administrativa de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social, que concurren para el desa-rrollo de microrregiones son los siguientes: Estrategias 100 X 100, Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y Programa 3 X 1 para Migrantes; ejerciendo un presupuesto de casi 16 mil millones de pesos, desde 2008 y hasta el 30 de junio del 2010.

El problema toral de la aplicación de estos programas es el de que la población no percibe los alcances de las partidas presupuestales asignadas, derivado de la falta de transparencia en el manejo de las partidas respectivas.

En esas circunstancias se hace indispensable que la aplicación de los recursos etiquetados para el fin señalado, sean manejados con escrupulosa eficacia y eficiencia, con el objeto de que los niveles de marginalidad de la población se abatan.

De lo antes expuesto se concluye la necesidad de verificar in situ los logros de los objetivos y avances de las metas en la aplicación de los recursos asignados; recursos que no pueden ni deben pasar desapercibidos por la población objetivo de los multicitados programas ni por la sociedad en general.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que con la presentación de esta iniciativa al pleno de esta soberanía está contribuyendo a que el desarrollo económico y social de las microrregiones del país sea más equilibrado y palpable in situ de la población objetivo.

Lo anterior se inserta en que históricamente y de derecho les corresponde disfrutar de un mejor nivel de vida, participando de una vida digna,  resolviendo sus problemas de educación, de salud, de alimentación, de vivienda, de un medio ambiente sano, de trabajo, de seguridad social y los relativos a la no discriminación, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por las consideraciones expuestas en el presente, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea las siguientes modificaciones y adiciones a la Ley de Planeacion, en materia de aplicación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, para quedar como sigue:

Artículos

Artículo Primero.Se modifica el segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

Mediante la planeación se fijaran objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignaran recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinaran acciones y se evaluaran resultados, debiendo verificar in situ la aplicación de los recursos asignados y/o ejercidos, identificando los resultados obtenidos de los programas sociales implementados por el gobierno federal.

Artículo Segundo.Se modifica la fracción VII del artículo 14 de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I. a VI. ...

VII. Verificar in situ periódicamente cada tres meses, remitiendo a la Cámara de Diputados los resultados obtenidos en la aplicación de los recursos asignados y/o ejercidos en los programas y presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, con los objetivos y prioridades del Plan y los programas regionales y especiales a que se refiere esta ley, adoptando las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, el plan y los programas respectivos.

Artículo Tercero. Se modifica la fracción VIII del artículo 16 de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

I. a VII. ...

VIII. Verificar in situ periódicamente, remitiendo cada tres meses a la entidad paraestatal que agrupe su sector, los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos asignados y/o ejercidos en los programas y presupuestos de las entidades paraestatales del sector que coordinan, con los objetivos y prioridades de los programas sectoriales, adoptando las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los programas respectivos.

Artículo Cuarto. Se modifica la fracción VI del artículo 17 de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

I. a V. ...

VI. Verificar in situ periódicamente, remitiendo cada tres meses a la dependencia coordinadora del sector, los resultados obtenidos en la aplicación de los recursos asignados y/o ejercidos, con los objetivos y prioridades del programa institucional, adoptando las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los programas respectivos.

Artículo Quinto. Se modifica el artículo 43 de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 43. Las responsabilidades a que se refiere la presente ley son independientes de las de orden civil, penal u oficial que se puedan derivar de los mismos hechos; y serán sancionadas conforme a lo que dispone el artículo 7 y el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.— Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pide el diputado que sea turnada directamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

ARTICULOS 43 Y 48 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo que se le concede la palabra al senador Luis Maldonado Venegas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 43 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, senador.

El senador Luis Maldonado Venegas:Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hago uso de la tribuna para someter a la consideración de ustedes una iniciativa con proyecto de decreto que tiene como propósito el que se reconozca en el texto constitucional al gobierno del territorio insular mexicano y se cree por tanto, la figura del gobernador insular, que sería el gobierno número 33 de la federación.

Lo digo, en principio, con el antecedente de haberme tocado como director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación administrar ese territorio insular, que hasta la fecha está a cargo de una subdirección administrativa de la propia Secretaría de Gobernación.

Hay que recordar que a partir de la reforma constitucional, generada mediante iniciativa del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, en el año de 1975, se adicionó el párrafo octavo del artículo 27 constitucional y México prácticamente duplicó su extensión territorial al agregarse como zona económica exclusiva 3 millones 832 mil 488 kilómetros cuadrados, frente a los 1.9 millones de kilómetros cuadrados que conformaban el macizo continental.

Fueron precisamente las islas mexicanas los linderos para hacer factible este importante incremento de nuestro territorio nacional. Las posesiones insulares mexicanas abarcan una superficie territorial calculada en 5 mil 364 kilómetros cuadrados, área similar a la del estado de Colima.

Expertos de la Universidad de San Diego han considerado que México cuenta con mil 644 islas dentro de su territorio marítimo, que poseen una riqueza en flora, fauna, recursos minerales y energéticos que deben ser aprovechados para revertir el estado de abandono que guardan en la actualidad las islas mexicanas.

Muchas de ellas podrían ser asiento de proyectos turísticos, de proyectos pesqueros, de proyectos productivos y, eventualmente, en el Plan de Asignación y Desarrollo Integral del Territorio Insular Mexicano podría establecerse incluso la posibilidad de ceder a gobiernos estatales, que hoy no tienen salida al mar, la posibilidad de tener una extensión territorial precisamente en esta zona.

Imaginémonos a Nuevo León, Coahuila, Tlaxcala o a Puebla con una posibilidad de extender su territorio y con posibilidades evidentemente de tutelar un proyecto de verdadero desarrollo en cada una de esas islas.

Recordemos que el inventario insular realizado en 1899, adicionado por don Antonio García Cubas, no ha sido superado y que no ha existido preocupación de la federación por detallar el régimen jurídico, administrativo y fiscal aplicable a la multitud de islas que poseen en los mares adyacentes para atender asuntos tan importantes como el régimen de propiedad privada insular, su protección frente al cambio climático, la construcción de islas artificiales, la instrumentación de procesos de investigación científica y tecnológica marina o el impacto jurídico con relación a extranjeros, entre otros.

En síntesis, propongo en principio, en esta iniciativa que someto a la consideración de todos ustedes, compañeros legisladores, la modificación del artículo 43 de la Constitución política para que se reconozca como parte integrante de la federación al territorio insular mexicano. Y proponga también adicionar el artículo 48 con un párrafo a través del cual se faculte al titular del Ejecutivo federal para proponer al Senado de la República al gobernador del territorio insular mexicano, precisamente como jefe político del mismo y que sería el responsable de poder realizar un proyecto integral de desarrollo.

Es poco común en la práctica de nosotros como legisladores dar testimonio o referirnos a quienes nos asisten técnicamente en la presentación de nuestras iniciativas.

Hoy, rompo esa tradición y quiero agradecer la asesoría técnica y la asistencia que me ha brindado Elías Cárdenas, ex legislador, ex diputado federal, que ha tenido un seguimiento muy puntual a estos aspectos relacionados con el desarrollo insular.

Muchas gracias por su atención, y le ruego al señor presidente que se inscriba, desde luego, en la memoria de esta Comisión Permanente nuestra iniciativa, para someterla a la consideración y valoración de todos mis compañeros legisladores. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 43 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Luis Maldonado Venegas, senador de la LXI Legislatura, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 43 y 48 de la Constitución General de la República, con el propósito de adicionar a las partes integrantes de la federación el territorio insular y crear la figura jurídica de gobernador insular, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El constituyente de l9l7 estableció en el artículo 48 de nuestra Carta Magna que “Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del gobierno de la federación, con excepción de aquellas islas que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados”.

Por su parte el artículo 27 de nuestro código fundamental otorga a la nación el dominio originario de su territorio –tierras y aguas–, y el dominio directo sobre todos los recursos naturales de la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas y el subsuelo. Lo anterior es confirmado por el artículo 42 de la propia Constitución, al enumerar como partes integrantes del territorio nacional “las islas, incluyendo los arrecifes y los cayos de los mares adyacentes”, “las islas de Guadalupe y Revillagigedo situadas en el océano Pacífico”, “la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes”, “el mar territorial y las aguas marítimas interiores “, así como el espacio aéreo.

Asimismo, el párrafo octavo del artículo 27 constitucional dispone que “La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial (188 millas náuticas) y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso.”

Vale también señalar en esta justificación, que a partir de la reforma constitucional generada mediante iniciativa enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Senadores, el seis de noviembre de l975, para adicionar el párrafo octavo del artículo 27 constitucional, México casi duplicó su extensión, al agregarse con la zona económica exclusiva 3,832, 488 kilómetros cuadrados, distribuidos 2, 859,115 en las costas del Pacífico y 978,737 en el Golfo de México y el Caribe, frente a los 1, 972,547 kilómetros cuadrados  que conforman el macizo continental. Y es digno de tomar en consideración que las islas mexicanas fueron los linderos para hacer posible este gran incremento de nuestro territorio nacional, privilegiado por ser un país oceánico con más de diez mil kilómetros de costas marinas internas y externas.

Dentro de este entorno se han creado condiciones para valorar la importancia que actualmente tienen las posesiones insulares mexicanas. Su superficie territorial está calculada en 5,364 kilómetros cuadrados, un territorio similar al del estado de Colima, con un gran potencial económico y que representa un futuro de incalculable valor si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico de México y los recursos alimentarios de su flora y fauna, creación de empleos y explotación de los recursos minerales y energéticos.

Expertos de la Universidad de San Diego han calculado que México cuenta con 1, 644 islas dentro de su territorio marítimo, cifra que será confirmada este año cuando se concluya  un catálogo que actualmente preparan varias instituciones federales y académicas coordinadas por la Secretaría de Gobernación, cuyo adelanto fue presentado en el Encuentro Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de las Islas de México celebrado en Ensenada, Baja California, en el año de 2009.

Sin embargo, no debemos soslayar la falta de interés que la federación ha mostrado frente a la situación de abandono que guardan las islas mexicanas. Baste señalar que el inventario insular realizado en l899 y adicionado en l905, por Don Antonio García Cubas, no ha sido superado por ninguno de los menguados esfuerzos que con ese fin se han efectuado hasta la fecha. Asimismo no ha existido la preocupación por detallar el régimen jurídico, administrativo y fiscal aplicable a la multitud de islas que poseemos en los mares adyacentes, que darían respuesta a múltiples cuestiones e interrogantes que surgen, como son, entre otras el régimen de la propiedad privada insular pasando por la protección frente al cambio climático, construcción de islas artificiales, los procesos de investigación científica y tecnológica marina, impactos jurídicos en relación con los extranjeros, etcétera.

A esto habría que agregar un programa nacional para el estudio, el desarrollo y el aprovechamiento de nuestras islas .El futuro de México está en sus islas y mares y en una población con conciencia madura que los sepa cuidar, administrar y proteger.

Los diecisiete estados litorales que cuentan con islas requieren también del apoyo federal, porque si bien es cierto que el constituyente de 1917, dejó para algunos la administración de los territorios isleños, también es cierto que salvo excepciones, ninguno ha mostrado disposición en impulsarlas como fuentes productivas para el turismo, el comercio, la industria o algunas otras actividades provechosas para la población y para las propias entidades ribereñas. Es necesario señalar que los antiguos territorios federales que eran los hoy estados de Quintana Roo y Baja California Sur, serían motivo de un análisis político y jurídico serio, para regular su situación frente a lo determinado por los principios constitucionales que rigen en el tiempo y el espacio.

Por todo lo anterior es necesario cambiar la política de apatía y omisión que ha prevalecido frente a la situación que guardan los territorios insulares, creando un poder gubernamental que sea responsable del presente y futuro de las islas mexicanas, y no supeditarlo a las funciones que otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la Secretaría de Gobernación, de “Administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya administración corresponda, por disposición de la ley, a otra dependencia o entidad de la administración pública federal”.

En la actualidad es necesario crear el gobierno insular, administrándolo como en su momento se hizo con los territorios de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, designando un gobernador a propuesta del Ejecutivo federal y dotado del apoyo económico y político suficiente para hacer de los territorios insulares una entidad que se incorpore a las políticas de desarrollo nacional, ya que sin atención a las islas mexicanas, no puede haber un desarrollo integral como país.

Por las razones expuestas en la presente iniciativa es que se somete a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 43 y se adiciona un párrafo al artículo 48, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 43. Las partes integrantes de la federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, el Distrito Federal y el territorio insular.

Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del gobierno de la federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados.

El Ejecutivo federal propondrá un gobernador insular, que atenderá las necesidades, el aprovechamiento y la organización de las islas bajo jurisdicción federal, a través de una terna que someterá al Senado de la República, el cual por mayoría calificada elegirá de entre los propuestos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.— Senador Luis Maldonado Venegas. diputado Paz Gutiérrez Cortina (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda inscrita, como usted lo solicita, con el reconocimiento correspondiente al señor Elías Cárdenas en la confección de esta iniciativa que presenta el diputado, el senador Luis Maldonado Venegas y que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.Diputada Paz Gutiérrez.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): Presidente, ¿puede solicitarle al senador Maldonado si me puedo adherir a su iniciativa?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Paz Gutiérrez, senador Maldonado, le solicita adherirse a su iniciativa. El senador ha concedido, queda usted adherida a la iniciativa del diputado, del senador. Insisto en hacerlo diputado, espero que lo recompense.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El senador Luis Alberto Villarreal García:Muchas gracias, presidente. Por obvio de tiempo voy a solicitarle se inscriba íntegra la iniciativa y plantearé algo de lo que estamos proponiendo.

Estoy convencido de que la reforma que permitió la garantía de voto de los mexicanos en el exterior, en el proceso electoral de 2006, al margen de la escasa participación, significó un triunfo para las instituciones electorales de este país, pero particularmente para quienes viven fuera del territorio nacional.

Creo que es conveniente que podamos ir a una reforma de segunda generación que facilite, que dé certidumbre y que promueva la participación de quienes viven afuera de nuestras fronteras y puedan participar de manera decidida y copiosa en 2012.

Estamos buscando con esta iniciativa aprovechar el uso de medios electrónicos para el proceso de registro, validación, capacitación, sufragio y cómputo. De esta forma buscaríamos aumentar la proporción de votantes extraterritoriales, así como mejorar y facilitar el proceso de voto.

La reforma busca que la comunidad migrante mejore los medios para formar parte del proceso de toma de decisiones en nuestro país. En este país en el cual contribuye de manera decidida con su esfuerzo y con su trabajo desde el exterior, y por lo cual debemos no solamente garantizar que pueda votar, sino que participe de manera más práctica, segura y sencilla.

Por otro lado, estamos proponiendo una alternativa distinta a los problemas que constituye credencializar u organizar elecciones en el extranjero. Realizar esta tarea en el exterior conlleva una logística complicada para el Instituto Federal Electoral, por asuntos y razones de recursos humanos, filtros de seguridad que se tienen que aplicar para evitar que otros migrantes quieran hacer de este documento la posibilidad de mexicanizarse.

Las elecciones en otros países requieren logísticas de acuerdos bilaterales con otros países, con estados, con condados para la instalación física de urnas y la necesaria seguridad para el resguardo de las boletas. Por ello nosotros creemos que emitir el voto a través de medios electrónicos como el Internet, facilita todos estos mecanismos, pero además en estos momentos en donde se ha incrementado la xenofobia y los ataques en contra de los mexicanos, particularmente en los Estados Unidos, este método de voto a través de Internet evitaría también, para nuestros migrantes, estos problemas de poder ser atacados u ofendidos por estos grupos xenofóbicos.

Buscamos que la matrícula consular, que es un documento que está reconocido por la Convención de Viena y que cada vez tiene más candados de seguridad, que es reconocido en la mayoría de los estados de la Unión Americana, pueda convertirse en este documento que identifique al mexicano y que le permita poder emitir su voto desde el exterior, por la vía de Internet.

Anteriormente el proceso para poder emitir el voto desde el exterior, hoy vigente, era un mecanismo complejo, que no permitió ni generó incentivos para que los mexicanos se registraran y salieran a votar, porque había que registrarte en el listado nominal desde el exterior, porque tenías que enviar un paquete con tu registro y luego esperar a que te llegara una boleta electoral a través de un correo certificado, que tenía, además, que pagar el mexicano que vive en el exterior para poderlo...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor senador.

El senador Luis Alberto Villarreal García:...mandar de regreso.

Por esto y por otras razones, pero sobre todo porque consideramos que hay un número importante de mexicanos que viven afuera de nuestro territorio, que contribuyen y que merecen el reconocimiento a través de poder participar en la toma de decisiones, es que proponemos esta iniciativa de la que se da cuenta y que, como solicité al inicio, pido que sea registrada de manera íntegra. Muchas gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

Él que suscribe, senador Luis Alberto Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para facilitar el voto de los mexicanos en el exterior y que éste se lleve a cabo de forma electrónica.

Exposición de Motivos

La migración es un fenómeno complejo que se presenta a nivel mundial por una diversidad de razones, las más comunes son de carácter económico, laboral o como resultado de conflictos armados.

Nuestra vecindad con el país más poderoso del mundo ha dado lugar a uno de los fenómenos migratorios más complejos y dinámicos. Compartir una frontera de más de 3 mil kilómetros hace geográficamente inevitable que se dé un movimiento migratorio intenso entre México y Estados Unidos, sin embargo este aspecto sólo es uno de los diversos factores que dan origen a la migración desde nuestro país, cuyo principal motor es lamentablemente la pobreza y la falta de oportunidades de empleos estables y bien remunerados, así como una estrecha visión de las políticas en la producción agrícola que durante años fue sólo utilizada para generar votos. Las constantes crisis económicas en los años 80 y 90 contribuyeron de manera importante al aumento de dicho fenómeno.

Las cifras de mexicanos que viven en Estados Unidos son imprecisas y variables, ya que la emigración no es permanente, según datos del Instituto Nacional de Migración durante 2010 se dieron 439 mil 898 eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos. Esto nos demuestra que si bien el problema migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos es constante, también es una realidad que la ausencia de ninguna manera rompe el vínculo con el país, los mexicanos que viven el exterior se preocupan de lo que sucede en México y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, no sólo por medio del envío de remesas –que sólo compite con la producción petrolera– sino por el interés manifiesto en la situación de sus familias y sus comunidades.

El reclamo del sufragio para los mexicanos que se encuentran fuera del territorio nacional data de principios de siglo XX, cuando la situación revolucionaria impulsó a algunos nacionales a cruzar la frontera en busca de refugio y de trabajo. En su formulación se hace explícito el deseo de continuar participando en los destinos de su país de origen. La demanda tomó nuevos bríos al término del Programa Bracero (1942 – 1964) de ahí numerosas organizaciones y líderes “chicanos” continuaron solicitando la posibilidad de participar en los comicios electorales de México. Entre 1988 y 1994, se incrementaron los contactos gubernamentales con asociaciones empresariales mexicanas – norteamericanas, se fomentó la organización de “clubes de oriundos”, se crearon programas de apoyo a los migrantes y nuevos consulares.

Todos estos esfuerzos tuvieron su recompensa con la reforma de 1996 que eliminó los obstáculos constitucionales que impedían el voto fuera del territorio nacional y la reforma del Cofipe en 2005 que norma el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero; se consiguió que por primera vez en los comicios de 2006, los mexicanos que habitan fuera del país pudieron ejercer su voto.

Resulta obvia e indubitable la importancia que los mexicanos que residen fuera del territorio nacional tienen en nuestro país, tan sólo en materia económica, hasta noviembre de 2010 el total acumulado de remesas enviadas desde Estados Unidos fue de 19 mil 506.04 millones de dólares. Esto implica una enorme fuente de divisas para un país, con el que nuestros compatriotas aún comparten un vínculo, mismo que fue reconocido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sólo hasta junio del año 2005.

Según cifras publicadas por el Pew Hispanic Center los mexicanos son la población más grande de origen hispano en los Estados Unidos, conformando cerca de dos tercios de la población hispana viviendo en Estados Unidos en el 2008. La misma fuente indica que la mayoría de inmigrantes mexicanos (63.4 por ciento) llegó a los Estados Unidos en 1990 o después. Dos de cada diez inmigrantes mexicanos (22.0 por ciento) son ciudadanos estadounidenses.

La importancia y el vínculo que mantienen los migrantes en Estados Unidos con nuestro país es tal, que desde 1986 se creó un acuerdo que, entre otros objetivos, pretendía otorgar mayor seguridad al público usuario, la simplificación administrativa, la difusión de los derechos y obligaciones de los usuarios y el fomento de sistemas de quejas y denuncias; este acuerdo se conoce como Programa Paisano y ha cobrado mayor importancia con el tiempo ya que busca dignificar el trabajo de los mexicanos en el extranjero; que los connacionales al retornar recibieran un trato justo, orientación adecuada y respeto a sus derechos humanos y bienes; así como reconocer la importancia de afianzar los vínculos culturales y nexos sociales y económicos de las personas con raíces mexicanas en EUA y Canadá; posteriormente, dicho programa se integró a los programas estratégicos del Instituto Nacional de Migración contando con representaciones en Texas, California e Illinois.

Tan sólo durante el periodo de Verano de 2010 el “Operativo de Verano 2010” del Programa Paisano, aseveró haber atendido a alrededor de 650,000 connacionales, esto incluye servicios de aduana, mediante un “cotizador” con la finalidad de que los connacionales pudieran calcular el pago del impuesto relativo a la importación definitiva de vehículos; la SHCP igualó la franquicia terrestre de 75 dólares a la aérea de 300 dólares; y se establecen operativos de seguridad pública para su protección, las cifras del operativo de verano aún no están disponibles pero se prevé serán aún mayores debido a la importancia de las fiestas de fin de año para los connacionales.

Del mismo modo, la Secretaria de Desarrollo Social cuenta con un programa que consiste en apoyar iniciativas de migrantes organizados residentes en el extranjero para concretar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de sus comunidades de origen; así, el programa 3x1 se financia con recursos de los 3 órdenes de gobierno, así como de los migrantes o ciudadanos organizados. Este es sólo un ejemplo del impacto que tiene en las comunidades los recursos que se reciben del exterior, no sólo en lo que a remesas se refiere, sino la preocupación de los migrantes por mejorar el nivel de vida de sus comunidades, contribuyendo directamente a resolver carencias en materia de infraestructura básica, servicios y generar fuentes de empleo, ocupación e ingreso de la población.

Resulta innegable la trascendencia que la migración tiene en el desarrollo de nuestro país, razón por la cual se consiguió que a partir de 2006, quienes tuvieran credencial para votar con fotografía y se inscribieran en el Listado Nominal de Electores en el Extranjero (Lnere) podrían participar, emitiendo su sufragio por correo certificado, únicamente para la elección del Ejecutivo federal.

Según cifras de la Oficina de Vinculación Electoral de los Mexicanos en el Extranjero, en el proceso electoral de 2006, la participación de ciudadanos en el extranjero fue de un 79.80 por ciento del listado nominal. Sin embargo a pesar de esa nutrida participación, la cantidad de mexicanos que participaron no es ni el 10 por ciento de la cantidad aproximada de mexicanos que radican sólo en los Estados Unidos; esto quiere decir que a pesar de que se estima que entre 10 y 12 millones de mexicanos viven en el extranjero, sólo una minoría cuenta con matrícula consular o documentos que acrediten su domicilio, lo anterior se da por diversas razones.

Las modificaciones al Cofipe generaron grandes expectativas en torno a la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero. El problema de percepción radica en que la participación dependía de varios factores, uno de ellos, era contar con documentos para corroborar un domicilio en los Estados Unidos y lo difícil que resultó poner en práctica una costosa maquinaria electoral por medio del correo tradicional. Así, del universo de posibles votantes, apenas 54,780 solicitaron su registro en el Lnere; y 13,904 solicitudes fueron rechazadas. Al final, de los 40,876 ciudadanos registrados, completaron el proceso satisfactoriamente 32,632.

Estimaciones publicadas por el Pew Hispanic Center en 2005 afirmaban que 42 por ciento de los mexicanos en Estados Unidos llevaban consigo su credencial del IFE, es decir, unos 4 millones 700 mil, pero no existe cifra oficial. Derivado de estas aproximaciones cerca de 4,2 millones estarían inscritos en la lista nominal de electores del IFE. Sin embargo, como mencionamos con antelación, sólo quienes contaran con credencial para votar con fotografía, además de comprobante de domicilio podrían solicitar participar en los comicios.

El Libro Sexto del Cofipe detalla con precisión el procedimiento que deben seguir los ciudadanos para solicitar su inscripción en el Lnere y el que debe aplicar el Instituto Federal Electoral para el procesamiento de las solicitudes.

Se establece un plazo de 107 días en el que los ciudadanos pueden obtener el formato para solicitar su inscripción en el Lnere y enviarlo –una vez requisitado y firmado– por correo certificado al IFE, así como un periodo adicional de 30 días para que se reciba la pieza postal correspondiente.

El periodo de envío de solicitudes corrió del 1 de octubre de 2005 al 15 de enero de 2006 y el periodo de recepción de solicitudes: del 1 de octubre de 2005 al 15 de febrero de 2006.

El Cofipe señala los documentos que se deben anexar a la solicitud, para que el Instituto esté en posibilidad de validar la información contenida en la misma:

• Fotocopia legible del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía. El elector debe firmar la fotocopia o, en su caso, colocar su huella digital.

• Documento en el que conste el domicilio que el elector manifiesta tener en el extranjero.

De la experiencia que se tuvo en el proceso electoral lleva a concluir que la logística implementada resultó por demás complicada y por lo mismo desincentivó la participación ciudadana.

Según datos del IFE para la elección de 2006, se remitió un total de 1 millón  646 mil 900 formatos a las embajadas y consulados, así como los instrumentos necesarios para su adecuada exhibición. Adicionalmente, se enviaron 917,200 formatos a distintos puntos en territorio nacional y 2,435,900 a los centros de distribución en el extranjero distintos de las representaciones diplomáticas. La impresión, producción y transporte de todo este material electoral, implica costos muy elevados, de hecho en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005 fueron destinados 200 millones de pesos para la implementación del voto de mexicanos en el exterior.

La complejidad del mecanismo de participación no propició los incentivos para registrarse y salir a votar. A fin de ser registrado en el Lnere, los potenciales votantes debían enviar por correo certificado su solicitud, asumiendo los costos del envío. Posteriormente, el IFE enviaría a aquellos solicitantes aceptados un paquete con la boleta electoral, la cual debía ser marcada y remitida de vuelta por correo certificado, aunque los gastos en esta ocasión corrían a cargo del IFE. No obstante, nada garantizaba que el paquete llegaría a su destino a tiempo para ser tomado en cuenta en la contabilización final de los votos.

De lo anterior se deduce que el procedimiento y los mecanismos para votar en el extranjero son perfectibles y pueden ser renovados a fin de obtener mejores resultados y sobre todo una mayor participación en el proceso electoral federal de 2012.

Si bien, las características del proceso electoral desde el extranjero y su instrumentación garantizaron la confiabilidad, legalidad, seguridad y el secreto del voto, la participación total fue muy baja, poco representativa, y las expectativas no quedaron satisfechas. Por ello, los cambios y las mejoras que se proponen en la presente iniciativa a las regulaciones del voto de los mexicanos en el exterior resultan necesarias para su implementación en el próximo proceso electoral.

Bajo este panorama se ha reabierto el debate sobre “credencializar” u organizar elecciones en el extranjero. Esta iniciativa representa una alternativa para solucionar los problemas que dichas acciones representan:

a) “Credencializar” en el exterior conlleva necesariamente una logística complicada para el Instituto por razones de recursos humanos y de filtros de seguridad para evitar que otros migrantes quieran hacerse de un documento que los “mexicanice”.

b) Organizar elecciones en otros países, requiere de una logística de acuerdos bilaterales con países, estados o condados para la instalación física de urnas y la necesaria seguridad para el resguardo de las boletas.

c) Ambos procesos representan una carga económica que no resuelve totalmente el proceso electoral, sino que lo hace de manera parcial (se “credencializa” para en un paso posterior organizar la elección –ya sea en el exterior o con base al modelo vigente).

d) Adicionalmente, la organización de ambos procesos podría en algunos casos implicar riesgos personales y para la seguridad de los mexicanos en el exterior, especialmente cuando existen actitudes xenófobas y discursos antiinmigrantes entre sectores de la población local.

En este sentido, la presente propuesta parte de aprovechar el uso de medios electrónicos para el proceso de registro, validación, capacitación, sufragio y cómputo. Para conseguir aumentar la proporción de votantes extraterritoriales es necesario, mejorar y facilitar el proceso, considerando la posibilidad de modalidades de voto alternativas; priorizando las posibilidades que otorga la tecnología y el voto por medios electrónicos.

La presente reforma se enfoca en proporcionar a la comunidad emigrante mejores medios para formar parte del proceso de toma de decisiones de su país, al cual contribuyen enormemente con su esfuerzo y trabajo desde el exterior y con el cual, en la mayoría de los casos, guardan una estrecha relación.

La logística de la propuesta se basa en dos puntos: primero, el uso de la matrícula consular, como documento que permita la identificación y ubicación del individuo; segundo, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para agilizar los procesos de promoción, registro, validación, sufragio y cómputo.

El uso de la matrícula consular, como documento base preserva la seguridad en cuanto al elector, pues además la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá corroborar con la sección consular correspondiente la autenticidad de los datos enviados por medios electrónicos.

La emisión de estos documentos es reconocida en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Los Consulados mexicanos han otorgado estos certificados a sus nacionales desde 1871. Es un documento exclusivo para mexicanos. Además de servir como registro oficial, la matrícula consular mexicana se utiliza como documento de identificación para los mexicanos en el exterior, por ejemplo, ante oficinas de gobiernos estatales y departamentos de policía; para abrir cuentas bancarias e inscribirse en bibliotecas públicas; y en algunos estados, para tramitar la licencia de manejo.

Asimismo, es un mecanismo útil para mantener la comunicación a través del Consulado, entre el mexicano que vive en el exterior y su familia que reside en México.

Por otro lado, la iniciativa señala la obligación de la propia dirección de conservar el archivo electrónico que contenga la solicitud de registro hasta la conclusión del proceso electoral; eliminando la conservación de documentación que resulta poco útil.

Se elimina también la obligación de la Dirección de reinscribir a los ciudadanos registrados en la lista nominal de electores de la sección electoral que les corresponda por su domicilio en México; estableciéndose únicamente que concluido el proceso electoral, cesará la vigencia de las listas nominales de electores residentes en el extranjero. Así, para los siguientes procesos electorales, los ciudadanos que votaron desde el extranjero tendrán la obligación de actualizar su ubicación, ya fuese para reincorporarse a la lista nominal nacional o para registrarse nuevamente como elector residente en el extranjero.

Con la elaboración y envío de la documentación electrónica instructiva y necesaria para el sufragio se puede garantizar la seguridad del proceso electoral y se disminuyen los costos que origina la elección por medio de correo certificado, así como el ocasionado por impresión de boletas electorales; pudiendo dedicar esos recursos a una campaña más eficaz de promoción del voto.

En el aspecto de la seguridad se establece que el ciudadano tendrá acceso, previa validación de los candados de seguridad establecidos, por una sola ocasión a la boleta electoral electrónica el día previo a la jornada electoral. Asimismo, y para evitar suspicacias, la propuesta señala que a las cero horas del día de la jornada electoral el mecanismo electrónico para que los mexicanos que residan en el extranjero será bloqueado de manera que no puedan emitirse más votos. Con las modificaciones propuestas y la eliminación del voto por correo certificado, se facilita además el conteo de votos mismo que se llevará a cabo acorde al el mecanismo electrónico necesario que el Consejo General determine.

Se elimina también el conteo o computo de votos por distrito electoral, facilitando la labor, que se llevará a cabo por país.

La oportunidad de utilizar los mecanismos electrónicos y con ello disminuir el costo de la elección extraterritorial, contribuirá a la eficacia de la labor electoral en el extranjero, pudiendo distribuir de una forma más eficiente los recursos que se destinan para este fin, y fortalecer así la participación de los mexicanos que a pesar de radicar fuera del país contribuyen a su desarrollo y tienen un vínculo innegable con su patria.

En virtud de lo expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 6, 298, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 y 337; y se derogan los artículos 326 y 338 todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 6

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos que residan en el país deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos:

a) ...; y

b) ...

2. ...

3. Los ciudadanos que residan en el extranjero deberán contar con la matrícula consular a que se refiere el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad y cubrir los requisitos establecidos en el Libro sexto de este Código para el ejercicio del voto.

Artículo 298

1. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se sujetará al procedimiento siguiente:

a) ...;

b) ...;

c) ...;

d) El resultado obtenido se asentará en el acta correspondiente a esta elección;

e) ...; y

f) ...

Libro sextoDel voto de los mexicanos residentes en el extranjero

Título único

Artículo 314

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija el Artículo 34 de la Constitución y el señalado en el párrafo 3 del Artículo 6 de este Código, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en el formato electrónico aprobado por el Consejo General, su inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero;

b) Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, el correo electrónico al que se le hará llegar, en su caso, la documentación electoral; y

c) ...

Artículo 315

1. ...

2. La solicitud será enviada a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por los medios electrónicos aprobados por el Consejo General, la cual deberá contener, cuando menos, la siguiente información:

a) Nombres y apellidos de la persona interesada;

b) Matrícula consular;

c) Fecha de expedición;

d) Consulado que la expidió;

e) Domicilio señalado;

f) Fecha de nacimiento;

g) Número de credencial de elector vigente, en su caso; y

h) Dirección de correo electrónico para recibir documentación electoral.

3. Para efectos de verificación del cumplimiento del plazo de envío señalado en el párrafo 1 de este artículo, se tomará como elemento de prueba la fecha de expedición del acuse de recibo electrónico enviado al solicitante, mismo que el sistema generará de manera automática.

4. A ninguna solicitud enviada por el ciudadano después del 15 de enero del año de la elección se le dará trámite. Para tal fin, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se encargará de mantener deshabilitado el formato electrónico después de esta fecha y hasta el inicio del siguiente proceso electoral a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo.

5. ...

Artículo 316

1. La solicitud de inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjerotendrá efectos legales de notificación al Instituto de la decisión del ciudadano de votar en el país donde residen en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

...

...

a) ...;

b) Solicito votar por medio electrónico en la próxima elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

c) Autorizo al Instituto Federal Electoral, verificado el cumplimiento de los requisitos legales, para ser inscrito en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, y darme de baja, en su caso, de la lista correspondiente a la sección electoral que aparece en mi credencial para votar; y

d) Solicito que me sea enviada a mi dirección de correo electrónico la documentación electoral correspondiente.

Artículo 317

1. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral que cuentan con su matrícula consular, que residen en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas listas.

2. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero serán de carácter temporal, con validez únicamente para un proceso electoral, y se utilizarán, exclusivamente, para los fines establecidos en este Libro.

3. ...

4. ...

5. ...

Artículo 318

1. A partir del 1 de octubre del año previo al de la elección presidencial y hasta el 15 de enero del año de la elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de los interesados el formato electrónico de solicitud de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, mediante acuerdo de la Junta General Ejecutiva, y a través de la página electrónica del Instituto.

2. Las sedes diplomáticas de México en el extranjero contarán con la información correspondiente a que se refiere el párrafo anterior para que esté a disposición de los ciudadanos mexicanos. El Instituto celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.

Artículo 319

1. Las solicitudes de inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero serán atendidas en el orden cronológico de su recepción, debiéndose llevar un registro de la fecha de las mismas.

2. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a corroborar con la sección consular correspondiente la autenticidad de la matrícula consular del solicitante y los datos personales que con ella se relacionan.

3. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a la inscripción del solicitante en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, dándolo de baja, en su caso, de la lista nominal de electores correspondiente a la sección del domicilio asentado en su credencial para votar.

4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores conservará el archivo electrónico que contenga la solicitud de registro hasta la conclusión del proceso electoral.

5. Concluido el proceso electoral, cesará la vigencia de las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

6. Para fines de estadística y archivo, el Instituto conservará copia, en medios digitales, por un periodo de siete años, de las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

Artículo 320

1. Concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores procederá a elaborar las listas nominales de electores residentes en el extranjero.

2. Las listas se elaborarán conforme al criterio de l país de domicilio en el extranjero de los ciudadanos, ordenados alfabéticamente.

3. ...

4. ...

Artículo 322

1. ...

2. ...

3. ...

4. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el informe a que se refiere el párrafo anterior. La impugnación se sujetará a lo establecido, en lo conducente, en el párrafo 4 del Artículo 194 de este Código y en la ley de la materia.

5. ...

Artículo 323

1. La Junta General Ejecutiva deberá ordenar la elaboración y envío de la documentación electrónica instructiva y necesaria para el sufragio al ciudadano residente en el extranjero, cuidando en todo momento realizarlo bajo los más altos estándares de seguridad.

2. Para los efectos del párrafo anterior a más tardar el 31 de enero del año de la elección, el Consejo General del Instituto aprobará el formato de boleta electoral electrónicapara la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que será utilizada por los ciudadanos residentes en el extranjero, los protocolos de seguridad yel instructivo para su uso, así como los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales.

3. Serán aplicables, en lo conducente, respecto a la boleta electoral electrónica, las disposiciones del Artículo 252 de este Código. La boleta electoral electrónica que será utilizada en el extranjero contendrá la leyenda “Mexicano residente en el extranjero” y deberá contener entre las opciones a marcar la de voto nulo.

4. El número de boletas electorales electrónicasque serán creadaspara el voto en el extranjero será igual al número de electores inscritos en las listas nominales correspondientes.

Artículo 324

1. ...

2. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores pondrá a disposición de la Junta General Ejecutiva las listas nominales conforme a la modalidad establecida en el párrafo 2 del artículo 320 de este código.

3. La Junta General Ejecutiva realizará los actos necesarios para enviar, a cada ciudadano, por medio electrónicocon acuse de recibo, la documentación y demás material necesario para el ejercicio del voto.

4. El envío de la documentación y material electoral instructivos antes señalados concluirá, a más tardar, el 20 de mayo del año de la elección.

Artículo 325

1. El ciudadano tendrá acceso, previa validación de los candados de seguridad establecidos, por una sola ocasión a la boleta electoral electrónica el día previo a la jornada electoral ydeberá ejercer su derecho al voto, de manera libre, secreta y directa, marcando la opciónque corresponda a su preferencia, siguiendo las instrucciones enviadas previamente, que hayan sido acordadas y validadas por el Consejo General.

2. ...

Artículo 326

Se deroga

Artículo 327

1. La Junta General Ejecutiva dispondrá lo necesario para establecer el mecanismo electrónico necesario para hacer el cómputo y escrutinio de los votos de los mexicanos que residan en el extranjero, acordado por el Consejo General.

Artículo 328

1. Serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el Instituto hasta las veintitrés cincuenta y nueve horas del día previo a la jornada electoral , tiempo de la Ciudad de México.

2. A las cero horas del día de la jornada electoral el mecanismo electrónico para que los mexicanos que residan en el extranjero será bloqueado de manera que no puedan emitirse más votos.

3. El día de la jornada electoral el secretario ejecutivo rendirá al Consejo General del Instituto un informe previo sobre el número de votos emitidos por ciudadanos residentes en el extranjero, clasificado por país de residencia de los electores.

Artículo 329

1. Con base en las listas nominales de electores residentes en el extranjero el Consejo General determinará el mecanismo electrónico necesario para hacer el cómputo y escrutinio de los votos de los mexicanos que residan en el extranjero.

2. Los partidos políticos designarán un representante general para el cómputo extraterritorial de la votación emitida por los mexicanos que residen en el extranjero.

Artículo 330

1. El Consejo General iniciará el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero a las dieciocho horas del día de la jornada electoral, a través del mecanismo electrónico predispuesto.

2. El Consejo General podrá determinar el uso de medios electrónicos para la elaboración de actas e informes relativos al voto de los electores residentes en el extranjero. En todo caso, los documentos así elaborados deberán contar con firma.

Artículo 331

1. Para el escrutinio y cómputo electrónico de los votos emitidos en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo General se estará a lo siguiente:

a) Verificará que cuenta con el listado nominal de electores residentes en el extranjero que le corresponde, y sumará los que en dicho listado tienen marcada la palabra “votó”;

b) Acto seguido, procederá a dar cuenta de los archivos que contienen las boletas electorales electrónicas y verificarán que el resultado sea igual a la suma de electores marcados con la palabra “votó” que señala el inciso anterior;

c) Verificado lo anterior, procederá a abrir el archivo y verificará la boleta electoral electrónica, para, sin mayor trámite, y

e) Dar inicio el escrutinio y cómputo, aplicándose, en lo conducente, las reglas establecidas en los incisos c) al f) del párrafo 1 del Artículo 276 y 280 de este Código.

Artículo 332

1. Las actas de escrutinio y cómputo serán agrupadas conforme al país que corresponda.

2. El personal del Instituto designado previamente por la Junta General Ejecutiva, procederá, en presencia de los representantes generales de los partidos políticos, a realizar la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las respectivas mesas para obtener el resultado de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que será asentado en el acta de cómputo correspondiente a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, lo anterior podrá hacerse utilizando medios electrónicos.

3. Las actas de cómputo extraterritorial serán firmadas por el funcionario responsable y por el representante general de cada partido político designado para el efecto.

4. Los actos señalados en los párrafos anteriores de este artículo serán realizados en presencia de los representantes generales de los partidos políticos para el cómputo extraterritorial de la votación emitida en el extranjero.

Artículo 333

1. Concluido en su totalidad el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, y después de que el presidente del Consejo General haya dado a conocer los resultados de los estudios a que se refiere el inciso l) del párrafo 1 del artículo 119 de este Código, el secretario ejecutivo informará al Consejo General los resultados, por partido, de la votación emitida en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El secretario ejecutivo hará entrega a los integrantes del Consejo General del informe que contenga los resultados, por país, de la votación recibida del extranjero y ordenará su inclusión, por distrito electoral y mesa de escrutinio y cómputo, en el sistema de resultados electorales preliminares.

Artículo 334

1. La Junta General Ejecutiva, por los medios que resulten idóneos, antes del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, entregará, al Consejo General, copia del acta de cómputo extraterritorial a que se refiere el artículo 332 de este Código.

2. ...

3. Las boletas electorales electrónicas, los originales de las actas de escrutinio y del cómputo por país, así como el informe circunstanciado que elabore la Junta General Ejecutiva, respecto de la votación emitida en el extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, serán integrados en un paquete electoral que será remitido, antes del domingo siguiente al de la jornada electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para los efectos legales conducentes.

Artículo 335

1. Realizados los actos a que se refiere el artículo 298 de este Código, en el Consejo Generalel presidente del mismo informará a sus integrantes del resultado consignado en la copia del acta por paísde cómputo de los votos emitidos en el extranjero para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que sean sumados a los obtenidos de los cómputos distritales.

Artículo 337

1. Para el cumplimiento de las atribuciones y tareas que este Libro otorga al Instituto Federal Electoral, la Junta General Ejecutiva propondrá al Consejo General, en el año anterior al de la elección presidencial, la creación de las unidades administrativas y ciudadanasque se requieran, indicando los recursos necesarios para cubrir sus tareas durante el proceso electoral.

Artículo 338

Se deroga.

Transitorios

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Antes del mes de agosto de 2011, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral deberá formular y presentar, para su aprobación, al Consejo General, el programa que contenga las actividades relevantes y el proyecto de asignaciones presupuestarias en el ejercicio fiscal de 2011, las previsiones para el ejercicio fiscal de 2012 y, en su caso, la solicitud de ampliación del presupuesto 2011, para hacer posible el cumplimiento de las responsabilidades y tareas asignadas al Instituto por el Libro Sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se reforma con el presente decreto.

Artículo Tercero. Se autoriza al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para, en su caso, realizar las ampliaciones presupuestarias que resulten necesarias para proveer, en el ejercicio fiscal de 2011, al Instituto Federal Electoral, los recursos que solicite conforme al Artículo transitorio anterior. En su caso, esta autorización se entenderá otorgada al Ejecutivo federal respecto de otros entes públicos que tengan participación directa en la aplicación de lo dispuesto por las adiciones al Libro Sexto que corresponden al presente decreto.

Artículo Cuarto.El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará a la Cámara de Diputados de las ampliaciones presupuestarias realizadas a favor del Instituto Federal Electoral en el ejercicio fiscal de 2011.

Artículo Quinto. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, y hasta la conclusión del proceso electoral federal ordinario inmediato siguiente, se autoriza a la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral para adjudicar en forma directa a los proveedores idóneos, tanto en México como en el extranjero, los contratos de adquisición de bienes, servicios y arrendamientos de inmuebles, cuando tal procedimiento sea necesario para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones adicionadas en el Libro Sexto que es materia de reforma del presente decreto. Para tal efecto, los procedimientos para la adjudicación directa se sujetarán a lo establecido por el Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin que resulten aplicables los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2011 y 2012. La Junta General Ejecutiva informará al Consejo General de las resoluciones que adopte.

El Instituto Federal Electoral rendirá un informe de las adjudicaciones directas autorizadas conforme el presente Artículo al rendir las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2011 y 2012.

Notas:

1 Instituto Nacional de Migración. Estadísticas.

2 Lomelí Meillon, Luz. El voto de los mexicanos en el extranjero. Breve historia de un derecho.

3 Banco de México.

4 Pew Hispanic Center, Hispanos de origen mexicano en Estados Unidos, 2008

5 Instituto Nacional de Migración. Programa Paisano.

6 Fuente: IFE

7 “El voto de los mexicanos en el extranjero: un proceso perfectible”. Papeles para la reflexión. Septiembre de 2008 Año I, número XXXVII. Fundación Rafael Preciado Hernández.

8 PEF 2005.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.— Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), diputados: Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Sixto Alfonso Zetina Soto, Justino Arriaga Rojas, Laura Viviana Agúndiz Pérez, Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Será registrada de manera íntegra como usted lo solicita.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, diputada Ruth Esperanza Lugo.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (desde la curul): Solicito mi adhesión a la iniciativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le solicita la diputada Ruth Esperanza Lugo si acepta usted su adhesión a la iniciativa.

El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La acepta. Tome nota Servicios Parlamentarios. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 76, 77 y 77-Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El senador Ricardo Monreal Ávila:Ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, ciudadano presidente. De conformidad con el artículo 71, fracción II de la Constitución, y del 51 del Reglamento interno del Congreso mexicano, me permito solicitar se inscriba de manera íntegra esta iniciativa con proyecto de decreto, que contiene diversas propuestas de modificación a tres artículos fundamentalmente. Tres artículos de la Ley de Medios de Impugnación.

¿A qué se refiere esta propuesta? Como todos sabemos, en los últimos 20 años México ha tenido nueva reglamentación electoral, las más importantes: a partir de 1997-98 a las últimas reformas electorales de 2007. Sin embargo, hoy han cambiado los escenarios.

En materia electoral se han modernizado las prácticas irregulares. En materia electoral hay nuevos tópicos y nuevas hipótesis jurídicas que no están contempladas en la ley.

Y en el 2007 el Constituyente Permanente y el legislador ordinario dejaron pendiente un tema clave, el relativo a las nulidades.

En la práctica vemos que cualquier candidato puede cometer tropelías, el candidato o su partido. Y en la práctica jurisdiccional no sucede absolutamente nada, porque el tema de las nulidades quedó pendiente y hasta la fecha no tenemos un catálogo de nulidades o de causales de nulidad.

Por eso es que estoy planteando propuestas de modificación a diversos artículos de la Ley de Medios de Impugnación.

Tampoco podemos estar ajenos a que la presencia de dinero ilícito o a la presencia de dinero proveniente de actividades ilícitas o incluso siendo lícitas estén prohibidas por la ley en materia de financiamiento para campañas.

El Constituyente Permanente y el legislador ordinario no han previsto ninguna causa de nulidad por este tipo de circunstancias. Presencia de dinero ilícito, presencia de dinero proveniente de actividades ilícitas o presencia de dinero proveniente de actividades lícitas, en el caso de empresarios, pero que están prohibidas por la ley.

Por eso estos tres artículos, ciudadanos legisladores, consisten, el primero de ellos, en agregar a causas de nulidad, precisamente cuando el candidato que resulte ganador hubiese excedido el monto establecido como tope al gasto de campaña por el Instituto Electoral. Asimismo, cuando hubiese habido desviación de recursos económicos provenientes del sector público, es decir, de los gobiernos. Pero también cuando el candidato acepte y quede demostrado que recibió, su partido o él, dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico, secuestro, robo o cualquier otro delito.

Y por último también, para todo aquel que recibiendo dinero de actividades lícitas, como de cualquier empresario, financie campañas de manera indebida, aunque sean lícitos sus recursos.

Son cuatro nuevas hipótesis jurídicas que me permito someter a la consideración de esta Permanente, porque...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor senador.

El senador Ricardo Monreal Ávila: En seguida. Este tema ha quedado pendiente. En este momento está sub júdice el tema de Hidalgo. Es la única legislación del país que tiene una causa de nulidad. Cuando los topes de campaña rebasen el 5 por ciento es causa de nulidad, y está en el tribunal electoral.

Pero a nivel federal no existe ninguna hipótesis para la nulidad y se van a presentar, se están presentando en Guerrero y en muchas partes, verdaderas estrategias modernas ilegales, llenas de artificios y de subterfugios. Por eso es mi planteamiento. Gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 76, 77 y 77 Bis de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El régimen democrático es el conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los ciudadanos interesados en la toma de decisiones y en la distribución del poder. Todo ello mediante un principio legal, el cual consiste en que un adecuado desempeño del régimen democrático solamente va a ser posible con el llamado gobierno de las leyes.

La democracia representativa es un orden político donde un consenso social amplio se expresa a través del sufragio de los ciudadanos. A través de un proceso electoral se elige a la autoridad gubernamental mediante el voto emitido en elecciones libres, transparentes, regular y equitativa –en cuanto a recursos financieros, materiales y humanos.

Sin embargo, aquí no se pretende sólo un planteamiento adecuado para la ortodoxia jurídica, porque consideramos que nuestro análisis debe ir más allá de las leyes o cuestiones institucionales, por ende, debemos considerar otro punto de suma relevancia y que en su mayoría es soslayado por los juristas, y éste es el del régimen como producto de las estructuras sociales de dominación y de su respectiva cultura, es decir, las bases sociales y la representación de intereses de éstas.

La teoría liberal democrática (nos referimos a la democracia representativa) nació como contrapeso al poder absoluto del monarca, por ende para alcanzar la equidad, la justicia y el “buen” gobierno depositó su confianza en el voto libre, el ejercicio de las libertades civiles, el equilibrio de poderes, la libre competencia, la rendición de cuentas y la alternancia en el poder entre partidos políticos.

No obstante, una característica propia de cualquier régimen democrático es ser dinámico, es decir, que se halla en constante transformación, esto produce una gran diferencia entre la democracia ideal, tal y como la percibieron los clásicos o padres fundadores, y la democracia real –la que cotidianamente está en nuestras vidas.

Esto resulta, aparte de interesante, de gran relevancia. Porque el Estado democrático, tal como lo conocemos hoy, ha dado origen a que los grupos diversos que compiten por el poder o que habitan en el seno de la misma sociedad tengan cabida amplia y se vuelvan sujetos políticamente notables.

Pero no sólo los sujetos, sino también las asociaciones de la más diferente naturaleza, los diversos sindicatos, las distintas fuerzas sociales, los partidos políticos, las elites, y aunque cada vez en menor medida los individuos, todos ellos asumen un rol determinante como entes activos en la política.

De cualquier modo, lo principal de la democracia es que permite que todos los grupos de diversas ideologías, estratos económicos, percepciones socioculturales y políticas diferentes tengan representación y compitan por el poder en el seno de la sociedad.

Pero a partir de esto, que se dice tan fácil y que sin embargo, ha costado siglos construir, el problema de la equidad, de la justicia y de la marcha del buen gobierno no depende ya de la buena legislación o de tener instituciones pulcras en la letra, pues en la realidad mexicana éstas se encuentran muertas; ahora lo que se necesita es de equilibrios reales entre representaciones efectivas.

México es claramente ilustrativo, pues aún hoy se considera que la Constitución de 1917 tiene cuestiones esencialmente avanzadas. Además también se cuenta con un sistema institucional relativamente estable y legítimo, aunado a que tiene una vasta amplitud para el ejercicio del gobierno representativo. Pero, en materia de democratización se tiene una gran deuda, y a ello habría que agregar que el abuso del poder muestra que la operación institucional es muy defectuosa. Y es que el problema no sólo se queda al nivel institucional, sino que también son muy considerables los atrasos que tenemos en materia de cultura política, claro está, sin despreciar los notables avances que hemos tenido en la maduración de la sociedad civil.

En consecuencia, si se quiere atender de manera adecuada una reforma institucional que posibilite la buena marcha de la democracia tenemos que encarar los problemas institucionales sin dejar de lado las cuestiones sociales. Pues debe quedar claro, el problema principal no es sólo legal-institucional, sino que también es un asunto de conductas, de valores, de prácticas individuales y colectivas, de agregación de intereses sociales y desde luego muy cuestionados pero no por ello se deben dejar de lado, los intereses económicos. Por lo tanto, al lado de una profunda reforma institucional se requiere una gran reforma social y cultural.

Esto parecería a primera vista obvio, pero el detalle está en que no se ha querido ver, o se ha visto puesto que no se hace nada al respecto, y gracias a ello la democracia mexicana enfrenta dilemas muy serios, entre éstos encontramos que en una sociedad compuesta por grupos diversos relativamente autónomos, que luchan por la supremacía para hacer valer sus intereses en contra de otros grupos, o incluso en contra de los de la mayoría de la sociedad, muchas veces se puede caer en el caso de que no hay criterios generales que permitan distinguir y canalizar el interés de cada grupo con el de la sociedad y por ende se cae en problemas para responder a las demandas en pugna.

Aunado a esto hay que añadir la presencia de oligarquías en el poder, éstas defienden sus intereses y chocan con los de la sociedad, aunque también se da el caso de que las elites confluyen en cierta parcialidad sus anhelos con los deseos de las bases sociales, sin embrago, son contados los casos. Y esta cuestión de las elites la mencionamos porque a pesar de que somos de la idea de que las elites económicas en México obstaculizan el bienestar muchas veces de los más desprotegidos por  defender sus propios intereses, ello no es motivo suficiente para negar la presencia  de ellas en el poder, es más, la confluencia de las elites no borra la diferencia entre regímenes democráticos y autocráticos. Pues las diversas formas de gobierno se distinguen por su diferente formación y organización. El mismo Joseph Schumpeter sostuvo que la característica de un gobierno democrático no es la ausencia de elites, sino la presencia de muchas que compiten entre ellas por la conquista del voto popular.

Pero así como estamos reconociendo la presencia de elites es digno señalar que cuando se desea conocer si se ha dado un desarrollo de la democracia en un determinado país, se debería investigar no si aumentó o no el número de quienes tienen derecho a participar en las decisiones que les atañen, sino los espacios en los que puedan ejercer los derechos civiles básicos. Por eso, hasta que los dos grandes bloques de poder que existen en lo alto de las sociedades avanzadas, la empresa y el aparato administrativo, no sean afectados en el proceso de democratización, el proceso de democratización no podrá considerarse realizado plenamente. Agregaríamos además que también ello implica profundas modificaciones en los partidos políticos, en los sindicatos, en los medios de comunicación y, en general, en los diversos grupos sociales, pero también y, sobre todo, en la modificación de los patrones y valores de los individuos ante la vida democrática.

Pues la democracia es ante todo una forma de vida basada en el diálogo, el respeto a la pluralidad, la tolerancia, la imparcialidad, el conocimiento y el interés sobre los asuntos públicos.

El obstáculo pareciera estar relacionado con el tema del rendimiento del régimen democrático en su conjunto, y sí, en parte tiene que ver mucho con el desempeño del régimen democrático, sin embargo, también debemos considerar que el Estado liberal democrático contribuyó a emancipar a la sociedad civil del poder absoluto. Y ahora, para el caso mexicano, corresponde abordar una cuestión cultural que de ella depende liberar a la sociedad mexicana de viejas prácticas políticas tan nocivas para el buen funcionamiento de la democracia.

Si se ignora esto, pareciera que simplemente entendemos a la democracia como un método político y un arreglo institucional que permite hacerse y tomar decisiones de gobierno. Éste método, siendo más específico, consistiría en que los individuos elijan, mediante el voto, entre elites que se disputan su preferencia. Dicho con crudeza, la democracia sólo serviría para que ejerzan el poder las elites y no los ciudadanos.

Admitir esto sería una total incredulidad y una aberración abismal para quienes nos decimos representantes populares. Por consiguiente, tenemos que atender de manera profunda esta cuestión de suma relevancia.

Para ello los invito a reflexionar sobre un momento en México, específicamente cuando se tenía en su apogeo el “estatismo” del siglo XX –aunque fuera autoritario, el cual se diluyó con la maduración y pluralidad de la sociedad civil, acompañado de las sucesivas reformas políticas electorales que se iniciaron a partir de 1977– el Estado tuvo gran sustento social, y con ello legitimidad, fortaleza y capacidad de acción.

Desde luego que en la época a la que me estoy refiriendo los medios organizativos en que se tenía a la sociedad no eran los más adecuados, pues el corporativismo; el partido hegemónico que aglutinaba a las masas, y otras prácticas clientelares (relaciones de amistad, de parentesco,  compadrazgo, influyentismo, etcétera) eran muy cuestionables y nocivas para ensayar la vida democrática.

El motivo no es un asunto menor, pues debemos reconocer que un partido político es todo grupo identificado mediante un membrete oficial que acude a elecciones, libres o no del gobierno, y mediante éstas presenta candidatos a los cargos públicos. Pero muchas, sino es que la mayoría de las ocasiones, para obtener el voto de los ciudadanos se lucra con la necesidad de la gente, o bien, se coacciona su voto mediante recursos públicos distribuidos a través de despensas, de dinero en efectivo, o de la amenaza de privar de un programa social –cuando se es portador de éste–, todo ello es un medio para ganar las elecciones a todos los niveles por parte de los institutos que se supone deberían ser intermediarios entre Estado y sociedad; los partidos políticos.

Por estos motivos expuestos, la democracia debe plantearse para todos y en todos los niveles sociales, pues la democracia política –si es que no es meramente formal sino efectiva– debe extenderse para abarcar la educación y la cultura de los miembros de la sociedad, y para conseguir esto proponemos desterrar las prácticas clientelares, corporativas y patrimoniales que son tan frecuentes en tiempos de elecciones.

¿Cómo lo haremos?, pues muy fácil, haciendo valer los principios rectores del derecho electoral, tales como: legalidad, equidad, certeza, imparcialidad, independencia y objetividad. Pues éstos tienen como objetivo que se puedan llevar a cabo elecciones libres y democráticas en nuestro país y, de este modo, garantizar el voto libre de los ciudadanos mexicanos.

Porque si bien, con las sucesivas reformas político-electorales en el país a partir de 1977 y que culminaron con la pasada reforma del 2007, así como con la sucesiva maduración de nuestra sociedad civil en este largo proceso, se han podido minar prácticas fraudulentas y clientelares que acontecían el día de la elección, por ejemplo, el llamado embarazo de urnas, el carrusel, la tamalada, ratón loco, etcétera.

Sin embargo, y esto es algo que se dejó de lado en la última reforma al COFIPE, hoy en día las violaciones a los principios rectores ya no suceden el día de la jornada electoral ni en casilla como en otros tiempos, sino que acontecen durante todo el proceso electoral con la entrega de despensas, de tinacos, materiales para la construcción, programas sociales, compra del voto, el rebase de los gastos de campaña y declaraciones e intervenciones de los gobiernos estatal y federal, así como de otras autoridades que debieran mantenerse al margen de este proceso.

Por otra parte, es necesario tener en consideración el tiempo en el que estamos, ya que, es el momento oportuno para realizar los cambios en la legislación. Recordemos que en los próximos meses da inicio el año electoral, y es imprescindible tener los instrumentos claramente definidos para garantizar una justa elección.

No olvidemos que la legislación federal, muchas veces sirve de modelo para las leyes estatales, por lo que las señales a las entidades federativas, para adecuar sus normas internas de la materia, podrían coadyuvar en la democratización de los procesos electorales locales.

Principalmente, el objetivo de esta iniciativa es otorgar validez y certeza a las elecciones del 2012 y tener en cuenta que esta Ley operará para todos, por lo que, en resumen, se trata de adicionar 3 artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que contenga estas causales.

Por lo expuesto, someto a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifican los artículos 76, 77, y 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral

Único. Se modifican los artículos 76, 77, y 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 76

1. Son causales de nulidad de una elección de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal, cualesquiera de las siguientes:

a) Cuando el candidato que resultase ganador hubiese excedido el monto establecido como tope de gastos de campaña por el Instituto Federal Electoral; o

b) Cuando hubiese existido desvío de recursos públicos en favor del candidato que resultase ganador; o

c) Cuando hubiese existido injerencia por parte de funcionarios públicos del ámbito municipal, estatal o federal a favor del candidato que resultase ganador; o

d) Cuando alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el distrito de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; o

e) Cuando no se instale el veinte por ciento o más de las casillas en el distrito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; o

f) Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles.

Artículo 77.

1. Son causales de nulidad de una elección de senadores en una entidad federativa, cualquiera de las siguientes:

a) Cuando el candidato que resultase ganador hubiese excedido el monto establecido como tope de gastos de campaña por el Instituto Federal Electoral, o

b) Cuando hubiese existido desvío de recursos públicos en favor del candidato que resultase ganador, o

c) Cuando hubiese existido injerencia por parte de funcionarios públicos del ámbito municipal, estatal o federal a favor del candidato que resultase ganador, o

d) Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de esta ley, se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en la entidad de que se trate y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos, o

e) Cuando no se instale el veinte por ciento o más de las casillas en la entidad de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida, o

f) Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría fueren inelegibles. En este caso, la nulidad afectará a la elección únicamente por lo que hace a la fórmula o fórmulas de candidatos que resultaren inelegibles.

Artículo 77 Bis.

1. Son causales de nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos cualquiera  de las siguientes:

a) Cuando el candidato que resultase ganador hubiese excedido el monto establecido como tope de gastos de campaña por el Instituto Federal Electoral, o

b) Cuando hubiese existido desvío de recursos públicos en favor del candidato que resultase ganador, o

c) Cuando hubiese existido injerencia por parte de funcionarios públicos del ámbito municipal, estatal o federal a favor del candidato que resultase ganador, o

..

..

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente reforma.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, senador. Su iniciativa será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación de la Cámara de Senadores.Senador Zapata.

El senador Alejandro Zapata Perogordo (desde la curul): Regularmente se turna a la Comisión de Justicia y en este caso podría ser de Estudios Legislativos Segunda, que es codictaminadora de todas las comisiones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entonces rectifico el turno y queda turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.Si nos ilustran.

El senador Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente, en el caso del Senado no sólo existe la disposición jurídica sino la tradición parlamentaria de que para dictaminar siempre se acompaña con una de las secciones de Estudios Legislativos, Primera, Segunda o Tercera.

El senador solicita que se turne a la Segunda y yo no tengo inconveniente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda turnado entonces a las Comisiones Unidas de Justicia y Segunda de Estudios Legislativos. No se preocupe, cuando sea senador sabré todo eso.

PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de seis dictámenes con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo que concede permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario, prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados otorgan diversos gobiernos extranjeros En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, mayoría por la afirmativa «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente Honorable Asamblea: La Primera Comisión de trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen: Antecedentes En sesión celebrada el día 4 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el Ciudadano Wilhelm Lee Kraft Wilpers pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemania en la ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, con circunscripción consular en el estado de Guerrero, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo Consideraciones De la revisión del expediente se desprende que el peticionario acreditó su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de la carta de naturalización mexicana; la residencia en la circunscripción consular, con la constancia de residencia y el nombramiento, con la nota formulada por la Embajada de la República Federal de Alemania en México La Primera Comisión de trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción IV del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política, se somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente Proyecto de Decreto Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Wilhelm Lee Kraft Wilpers, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemania en la ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, con circunscripción consular en el estado de Guerrero Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 11 de enero de 2011 Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica), diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica),diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Fernando Jorge Castro Trenti, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador Marco Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), senador René Arce (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.» PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente Honorable Asamblea: La Primera Comisión de trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente el siguiente dictamen: Antecedentes En sesión celebrada el 4 de enero del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Sergio Igor Almazán Dávila, Betsabé Álvarez Muñoz, Prana Álvarez Rivas, Mónica Buitrón Bravo, Sagra Margarita Clorio Jessel, Patricia Ytalivi Cordero Rosas, Mónica Patricia Cortina Peresola, Victoria Guadalupe Correa Delgado, María Teresa Correa Delgado, Euridice Jael Durán López, Alejandra Cristina Espinosa Mendoza, Lucía Espejel Gómez, Édgar Ignacio Fernández Montoya, Lorena Berenice González López, José Elías Guzmán Martínez, Adrián Herrera Sotelo, María de Lourdes Huelgas Plaza, Paola Jiménez Vázquez, Diana León Treviño, Michelle Rosalía Lezama Díaz, Édgar López Zuazua Carmona, Antonio Meléndez Adell, Irasema Mendoza Martínez, Magaly Palacios Morales, Gabriela Carolina Pereda Domínguez, Jenefer Pineda Verhoogh, Oralia Paulina Piña Reyes, Francisco Javier Ponce Castanedo, Lucero Bibiñe Oropeza Aguilar, Cynthia Ortiz Mildare Jéssica Román Ramírez, María Abigail Sandoval Elizondo, Lizbeth Segundo Juárez, María del Pilar Tristán Martínez, Laura Patricia Torres Limón, Isaac Álvaro Vargas Arroyo, Ariadna Cecilia Villa lobos Gutiérrez y Édgar Zepeda Hernández puedan prestar servicios de carácter administrativo a gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo Consideraciones De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento La Primera Comisión de trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Sergio Igor Almazán Dávila para prestar servicios como oficial de prensa en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Betsabé Álvarez Muñoz para prestar servicios como gerente de Recursos Humanos y oficial adjunta de Administración, en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Prana Álvarez Rivas para prestar servicios como asistente de servicios corporativos en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Buitrón Bravo para prestar servicios como oficial de proyectos en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Sagra Margarita Clorio Jessel para prestar servicios como agregada adjunta de comercio e inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Ytalivi Cordero Rosas para prestar servicios como oficial de prensa y comunicación en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Patricia Cortina Peresola para prestar servicios como asistente de recursos humanos en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Victoria Guadalupe Correa Delgado para prestar servicios como personal de limpieza en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana María Teresa Correa Delgado para prestar servicios como personal de limpieza en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Décimo. Se concede permiso a la ciudadana Euridice Jael Durán López para prestar servicios como oficial consular regional en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Décimo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Alejandra Cristina Espinosa Mendoza para prestar servicios como agregado de comercio e inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Décimo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Lucía Espejel Gómez para prestar servicios como gerente de proyectos en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Décimo Tercero.Se concede permiso al ciudadano Édgar Ignacio Fernández Montoya para prestar servicios como asistente consular en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Décimo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Lorena Berenice González López para prestar servicios como Oficial de Política de Cambio Climático en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Décimo Quinto. Se concede permiso al ciudadano José Elías Guzmán Martínez para prestar servicios como jardinero y asistente de mantenimiento en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Décimo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Adrián Herrera Sotelo para prestar servicios como agregado adjunto de inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Décimo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Huelgas Plaza para prestar servicios como agregada adjunta de comercio e inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Décimo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Paola Jiménez Vázquez para prestar servicios como agregada adjunta de comercio e inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Décimo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana Diana León Treviño para prestar servicios como oficial de comercio e inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Vigésimo. Se concede permiso a la ciudadana Michelle Rosalía Lezama Díaz para prestar servicios como m en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Vigésimo Primero. Se concede permiso al ciudadano Édgar López Zuazua Carmona para prestar servicios como administrador de sistemas en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Vigésimo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Antonio Meléndez Adell para prestar servicios como Asistente de Prensa y Comunicación en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Vigésimo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Irasema Mendoza Martínez para prestar servicios como agregado de comercio e inversión en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Vigésimo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Magaly Palacios Morales para prestar servicios como gerente de Internet en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Vigésimo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Carolina Pereda Domínguez para prestar servicios como oficial de cambio climático en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Vigésimo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Jenefer Pineda Verhoogh para prestar servicios como Oficial de Cambio Climático en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Vigésimo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Oralia Paulina Piña Reyes para prestar servicios como gerente de bases de datos y apoyo administrativo en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Vigésimo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Ponce Castanedo para prestar servicios como encargado de diseño y mercadotecnia en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Vigésimo Noveno. Se concede permiso a la ciudadana Lucero Bibiñe Oropeza Aguilar para prestar servicios como empleada en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Trigésimo. Se concede permiso a la ciudadana Cynthia Ortiz Mildare para prestar servicios como asistente personal en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Trigésimo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Jéssica Román Ramírez para prestar servicios como oficial administrativo del diálogo de desarrollo sustentable en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Trigésimo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Abigail Sandoval Elizondo para prestar servicios como asistente personal de la embajadora del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Trigésimo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Lizbeth Segundo Juárez para prestar servicios como recamarera para la residencia de la embajadora del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Trigésimo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana María del Pilar Tristán Martínez para prestar servicios como asistente personal en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Trigésimo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Laura Patricia Torres Limón para prestar servicios como asistente de visas en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Trigésimo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Isaac Álvaro Vargas Arroyo para prestar servicios como director de inversiones en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Trigésimo Séptimo.Se concede permiso a la ciudadana Ariadna Cecilia Villalobos Gutiérrez para prestar servicios como asistente de logística en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Trigésimo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Édgar Zepeda Hernández para prestar servicios como contador en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 11 de enero de 2011 Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica), diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica),diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Fernando Jorge Castro Trenti, senador Marco Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente Honorable Asamblea: La Primera Comisión de trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen: Antecedentes En sesión celebrada el 4 de enero del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Martha Isabel Chávez Silva, María del Carmen Sámano López, Roberto Centeno Blanco, Jorge Arturo García Gutiérrez, Graciela Alejandra Sandoval Maas y Beatriz Lilana Rivera Reyes puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas Real de Tailandia, de Brasil, de la República de Nicaragua y de Haití en México, y en el Consulado de Estados Unidos de América, en Mérida, Yucatán y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo Consideraciones De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento La Primera Comisión de trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Martha Isabel Chávez Silva para prestar servicios como asistente en la Embajada Real de Tailandia en México Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Sámano López para prestar servicios como Auxiliar Administrativo en la Embajada de Brasil en México Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Roberto Centeno Blanco para prestar servicios como Conductor en la Embajada de la República de Nicaragua en México Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Jorge Arturo García Gutiérrez para prestar servicios como Chofer/mensajero en la Embajada de la República de Haití en México Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Graciela Alejandra Sandoval Maas para prestar servicios como Operador de Teléfono, en el Consulado de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Beatriz Liliana Rivera Reyes para prestar servicios como asistente de visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 11 de enero de 2011 Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica), diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica),diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Fernando Jorge Castro Trenti, senador Marco Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente Honorable Asamblea: La Primera Comisión de trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente el siguiente dictamen: Antecedentes En sesión celebrada el 4 de enero del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Marisol Peralta Pérez, Yeimi Jiménez Sánchez, Luis Felipe Andrade García, Emmanuel Greco Posadas Andrews, Erick Estrada Aguilar, Jesús Solares Escalante, María Antonieta Castro Cosío, Andrea Alejandra Moreno Cabrera, Juan Mario Nava García, María de Lourdes Castellanos Martínez, Mario Alberto Ortiz Carmona, Sergio Mauricio Chávez Hernández, José Luis Franco Montealvo, Ricardo Tapia Ornelas, Salvador Villaseñor Ortega, Gabriel Navarro Pesquera, María Cristina Navas de Torres, Pedro Joab Elizondo Morales, Jonathan Valdez Cadena, Rogelio González Santillán y Dan Cristhian Isaí Ríos Martínez puedan prestar sus servicios en las Embajadas del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de Estados Unidos de América, de Kuwait, de la República Federativa de Brasil y de la República de Guatemala en México, y en los Consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; Tijuana, Baja California; y Guadalajara, Jalisco, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo Consideraciones De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento La Primera Comisión de trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Marisol Peralta Pérez para prestar servicios como chef en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Yeimi Jiménez Sánchez para prestar servicios como Recamarera en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Luis Felipe Andrade García para prestar servicios como Jardinero en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Emmanuel Greco Posadas Andrews para prestar servicios como Economista en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Erick Estrada Aguilar para prestar servicios como mayordomo/chef en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Jesús Solares Escalante para prestar servicios como personal de limpieza en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana María Antonieta Castro Cosío para prestar servicios como líder de proyecto desarrollo sustentable en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana Andrea Alejandra Moreno Cabrera para prestar servicios como asistente de vontabilidad en la Embajada de Estados Unidos de América en México Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano Juan Mario Nava García para prestar servicios como chofer en la Embajada de Estados Unidos de América en México Artículo Décimo. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Castellanos Martínez para prestar servicios como supervisor motor pool en la Embajada de Estados Unidos de América en México Artículo Décimo Primero. Se concede permiso al ciudadano Mario Alberto Ortiz Carmona para prestar servicios como operador telefónico en la Embajada de Estados Unidos de América en México Artículo Décimo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Sergio Mauricio Chávez Hernández para prestar servicios como encargado de relaciones públicas en la Embajada de Kuwait en México Artículo Décimo Tercero. Se concede permiso al ciudadano José Luis Franco Montealvo para prestar servicios como empleado de relaciones públicas en la Embajada de Kuwait en México Artículo Décimo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Tapia Ornelas para prestar servicios como ayudante administrativo en la Embajada de Kuwait en México Artículo Décimo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Salvador Villaseñor Ortega para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Federativa de Brasil en México Artículo Décimo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Gabriel Navarro pesquera para prestar servicios como chofer en la Embajada de la República Federativa de Brasil en México Artículo Décimo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana María Cristina Navas de Torres para prestar servicios como agregada cultural ad honorem en la Embajada de la República de Guatemala en México Artículo Décimo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Pedro Joab Elizondo Morales para prestar servicios como empleado de seguridad en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León Artículo Décimo Noveno.Se concede permiso al ciudadano Jonathan Valdez Cadena para prestar servicios como coordinador de vigilancia en el Consulado General de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León Artículo Vigésimo. Se concede permiso al ciudadano Rogelio González Santillán para prestar servicios como técnico electricista en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California Artículo Vigésimo Primero. Se concede permiso al ciudadano Dan Cristhian Isaí Ríos Martínez para prestar servicios como auxiliar en la agencia consular en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 11 de enero de 2011 Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica), diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica),diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Fernando Jorge Castro Trenti, senador Marco Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente Honorable Asamblea: La Primera Comisión de trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen: Antecedentes En sesión celebrada el 4 de enero del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ileana Rivera Muciño, Iván Joel Adrián Espinosa Hernández, Patricia Simpson Valadez, Miriam Vera López, Alma Rosa Soto González, Patricia Frías Moreno, Cecilio Miguel Montero Marín y Juan Carlos Zúñiga Flores puedan prestar sus servicios en las Embajadas de de Estados Unidos de América, del Reino de los Países Bajos, de la República Islámica de Irán en México y en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo Consideraciones De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de sus actas de nacimiento La Primera Comisión de trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional, y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Ileana Rivera Muciño para prestar servicios como asistente del Programa de Seguridad Portuaria y Fronteriza en la Embajada de Estados Unidos de América en México Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Iván Joel Adrián Espinosa Hernández para prestar servicios como asesor senior en asuntos políticos, prensa y cultura en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Simpson Valadez para prestar servicios como asesor económico en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Miriam Vera López para prestar servicios como asistente Ejecutiva en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Alma Rosa Soto González para prestar servicios como asesora comercial en la Embajada del Reino de los Países Bajos en México Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Frías Moreno para prestar servicios como secretaria y asistente del embajador de la República Islámica de Irán en México Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Cecilio Miguel Montero Marín para prestar servicios como empleado de mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Zúñiga Flores para prestar servicios como guardia de seguridad en la Oficina Regional de Seguridad, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 11 de enero de 2011 Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica), diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica),diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Fernando Jorge Castro Trenti, senador Marco Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.» PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente Honorable Asamblea: La Primera Comisión de trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente el siguiente dictamen: Antecedentes En sesión celebrada el 4 de enero del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alejandro Miranda Oceguera y Arturo López Sosa puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos del Estado de Israel y de la República de Colombia, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo Consideraciones De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento La Primera Comisión de trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Miranda Oceguera para aceptar y usar la Medalla de Servicio que le otorga el gobierno del Estado de Israel Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Arturo López Sosa para aceptar y usar la condecoración de la Orden Naval Almirante Padilla, que en grado de Comendador le otorga el gobierno de la República de Colombia Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Arturo López Sosa para aceptar y usar la Medalla Servicios Distinguidos a la Inteligencia Naval que le otorga el gobierno de la República de Colombia Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 11 de enero de 2011 Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador José Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo (rúbrica), diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica),diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Fernando Jorge Castro Trenti, senador Marco Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce Círigo (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta, consulte por favor la Secretaría si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, mayoría por la afirmativa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan de segunda lectura. En consecuencia, dé cuenta la Secretaría de los proyectos de decreto La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario al ciudadano Wilhem Lee Kraft Wilpers para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemania en la ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, con circunscripción consular en el estado de Guerrero Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos enlistados en la Gaceta Parlamentaria, para prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos enlistados en la Gaceta Parlamentaria, para prestar servicios en las Embajadas Real de Tailandia, de Brasil, de la República de Nicaragua y de Haití, en México, y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán, y en Ciudad Juárez, Chihuahua Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos enlistados en la Gaceta Parlamentaria, para prestar servicios en las Embajadas del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de los Estados Unidos de América, de Kuwait, de la República Federativa de Brasil y de la República de Guatemala en México; y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; en Tijuana, Baja California, y en Guadalajara, Jalisco Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos enlistados en la Gaceta Parlamentaria, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, del Reino de los Países Bajos, de la República Islámica de Irán en México, y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos enlistados en la Gaceta Parlamentaria, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos del Estado de Israel y de la República de Colombia El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Están a discusión los dictámenes en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular En virtud de que no ha habido ninguna reserva, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, de los proyectos de decreto en un solo acto La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior (Votación) El senador Sebastián Calderón Centeno(desde la curul): Afirmativo El diputado Francisco Javier Orduño Valdez(desde la curul): Afirmativo El senador José Alejandro Zapata Perogordo(desde la curul): Afirmativo El diputado Arturo García Portillo(desde la curul): Afirmativo El diputado Héctor Guevara Ramírez(desde la curul): Afirmativo El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): Afirmativo El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez(desde la curul): Afirmativo El senador Jorge Legorreta Ordorica(desde la curul): Afirmativo El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Abstención La diputada Florentina Rosario Morales (desde la curul): Afirmativo El senador Rubén Fernando Velázquez López(desde la curul): Afirmativo La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (desde la curul): Afirmativo El senador René Arce(desde la curul): Afirmativo El diputado Cruz López Aguilar(desde la curul): Afirmativo El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (desde la curul): Afirmativo El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Sí El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Afirmativo El senador Adolfo Toledo Infanzón(desde la curul): Sí La senadora María del Socorro García Quiroz(desde la curul): Sí El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (desde la curul): Afirmativo El diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa (desde la curul): Sí El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (desde la curul): Sí La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (desde la curul): A favor El senador Marco Humberto Aguilar Coronado(desde la curul): Sí El senador Jesús Dueñas Llerenas (desde la curul): A favor El senador Héctor Pérez Plazola (desde la curul): Sí La diputada Paula Angélica Hernández Olmos (desde la curul):  Afirmativo El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul):  No La Vicepresidenta senadora Ruth Esperanza Lugo Martínez(desde la curul): Sí La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez(desde la curul): Sí La Vicepresidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): Afirmativo El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): A favor La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:¿Falta algún legislador de emitir su voto? Señor presidente, se emitieron 31 votos en pro y 1 en abstención El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Aprobados en lo general y en lo particular por 31 votos los proyectos de decreto que pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales ESTADO DE GUERRERO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es el dictamen de puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que sólo se dé lectura los encabezados de los puntos de acuerdo La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Por la negativa sírvanse manifestarlo Mayoría por la afirmativa, señor presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se autoriza. Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobernador de Guerrero a restituir a las 300 familias de la colonia Ampliación Puerto Marqués la posesión y disfrute de sus predios, reparar daños y hurtos de que fueron víctimas, y sancionar a los responsables Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a restituir a las 300 familias de la colonia Ampliación Puerto Marqués la posesión y el disfrute de sus predios, a reparar los daños y hurtos de que fueron víctimas, y a sancionar a los responsables, suscrita por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente: Dictamen Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2010 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. En el presente caso, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Antecedentes, Consideraciones y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan: “Consideraciones Se debe poner fin a la desfachatez hacia los derechos humanos que se extiende entre las autoridades del país. La arbitrariedad cruel y cómplice de los gobiernos en desconocimiento de la justicia y los derechos humanos hace que los gobiernos pierdan toda razón de ser, impulsando el camino de la justicia por propia mano El 10 de noviembre de 2010, las más de 300 familias poseedoras y habitantes de la colonia Ampliación Puerto Marqués, en Acapulco, Guerrero, fueron desalojadas con lujo de violencia por policías del gobierno estatal, que encabeza el señor Zeferino Torreblanca Galindo, resultando lesionados niños, jóvenes, ancianos, embarazadas, hombres. Una de las mujeres abortó a causa de la golpiza que le fue propinada. Les fueron quemadas y destruidas sus viviendas, robados sus muebles y enseres, que con tanto sacrificio habían logrado construir y adquirir a lo largo de los años Esas 300 familias viven a la intemperie, sólo cobijadas por lonas, mantas, sufriendo las inclemencias del tiempo, sin la más elemental higiene, siendo víctimas, especialmente los niños, de diversas enfermedades, como infecciones gastrointestinales y de garganta o gripes. Frente a sus reclamos, sólo han recibido la indiferencia del gobierno estatal Estos hechos, que yahumanamente son absolutamente indignantes, son aún más reprobables desde el momento en que estos niños, mujeres y hombresfueron desalojados de un predio expropiado a su favor que no estaba en litigio; por tanto, sin previo proceso judicial, y sin mandamiento legal proveniente de autoridad jurisdiccional competente; todo, para satisfacer los intereses innombrables de la empresa Residencial Marqués, SA de CV, y otros potentados, frente a los que el gobierno estatal actúa servilmente, violando su primer deber de respeto del estado de derecho, y considerando a los mexicanos de escasos recursos como estorbos para sus negocios turísticos, como si estos mexicanos humildes no tuvieran derecho a disfrutar de las tierras que pertenecen originalmente a la nación para satisfacer sus derechos humanos a la vida, salud y vivienda digna y decorosa Los colonos en comento, encabezados por Andrés Hernández Cuevas y Aurelio García Camacho, habitaban en terrenos expropiados en su beneficio, como consecuencia de los decretos expropiatorios publicados en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero del 14 y 17 de marzo de 1995, inscritos en el folio real número 104711, con fecha 12 de junio de 1995, en la sección primera del distrito de Tabares. La expropiación se hizo en favor de Promotora Turística de Guerrero, organismo público descentralizado del gobierno de Guerrero, haciendo valer como causa de utilidad pública de esta expropiación el beneficio de los colonos tan arbitrariamente desalojados, para lo que transcribimos la parte conducente de los decretos referidos: Que ... (en) ... Acapulco Diamante... se localiza uno de los asentamientos humanos más tradicionales, el poblado de Puerto Marqués... donde se encuentran asentadas... 600 familias.. Que año con año, durante el periodo de lluvias, un buen número de viviendas de este poblado se ven afectadas gravemente por inundaciones, debido principalmente al hecho de encontrarse éstas asentadas dos metros abajo del nivel (de la Laguna Negra... por lo que se localizó... un bien raíz que reuniera las características idóneas para reubicar a la población afectada, brindándole la oportunidad de obtener una vivienda digna y decorosa, además de servicios públicos como energía eléctrica, agua potable y drenaje, principalmente Que Promotora Turística de Guerrero, una vez que reciba la posesión material del inmueble por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, lo destinará oportunamente a las causas de utilidad pública previstas en el presente decreto, procurando que se oferte vivienda con créditos blandos a los marquesanos que más han sufrido las inclemencias de la naturaleza en Puerto Marqués, quienes mediante los mecanismos jurídicos idóneos que instauren el gobierno del estado y Promotora Turística de Guerrero podrán ser objeto de asignación de vivienda.. Ahora bien, tres peritajes, incluido uno del gobierno de Guerrero, dictaminan que las 300 familias desalojadas habitaban en el perímetro expropiado mediante los decretos precisados. Se confirma la absoluta arbitrariedad de los actos violencia de Estado de que fueron víctimas Esas 300 familias se han constituido en el Comité de la Ampliación Puerto Marqués y viven actualmente en total hacinamiento en un pequeño espacio de los terrenos materia de la apropiación de 1995, que ante la oposición de algunos vecinos no fue desalojado Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Guerrero para que en respeto de los decretos de expropiación publicados en el Periódico Oficial del Estado el 14 y 17 de marzo de 1995, y en tutela de los derechos humanos, restituya de inmediato a las más de 300 familias de la colonia Ampliación Puerto Marqués, en la posesión y disfrute de sus predios comprensivos de 113 mil 700 metros cuadrados, y se le reparen los daños y hurtos de que fueron víctimas, como consecuencia del ilegal e inhumano desa-lojo de que fueron víctimas el 10 de noviembre de 2010 por las fuerzas policiales del estado, tomando medidas provisionales necesarias e inmediatas para evitar en lo posible los sufrimientos y las enfermedades que padecen estas 300 familias al estar viviendo en la intemperie, abandonadas a sus propios y escasos recursos Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Guerrero para que en cumplimiento de los decretos de expropiación publicados en el Periódico Oficial del Estado el 14 y 17 de marzo de 1995, adicionalmente a la restitución de los predios de mención, impulse los programas necesarios para regularizar la propiedad de éstos en favor de las familias, se les otorguen créditos blandos para que tengan acceso a viviendas con los servicios públicos necesarios, y en general la colonia Ampliación Puerto Marqués se dignifique, “creando parques y jardines públicos apropiados”, y demás infraestructura pública necesaria, como también ordena el decreto tantas veces mencionado Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República para que ante la gravedad de los hechos atraigan la investigación de éstos, en el marco de sus atribuciones, hasta su total esclarecimiento y, en el caso de la procuraduría, hasta que se castigue con firmeza a los responsables. Esto, con fundamento en los artículos 3, párrafo tercero, en relación con el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 73 constitucional, fracción XXI, y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, respectivamente.” II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora estiman que este es uno de los casos en que no se aporta información suficiente para normar un criterio y determinar el sentido en que debe pronunciarse la Comisión Permanente, toda vez que no se identifica la situación de la supuestas víctimas, ni la autoridad responsable, ni la mención de los ilícitos que se imputan y que eventualmente motivaron la privación de los predios de las víctimas respecto a las que se solicita su protección El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” En el caso, como lo reconoce expresamente el autor de la Proposición que se dictamina, se trata de un asunto de la competencia directa del gobierno del estado de Guerrero, consecuentemente, tomando en cuenta exclusivamente los ámbitos territoriales en los que se reseña acontecieron los hechos, la Comisión Permanente considera que, en el caso, con el propósito de dar atención y seguimiento a la proposición que se dictamina, se estima prudente que en lugar de exhorto, se remita el asunto al gobernador del estado de Guerrero, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su respectiva competencia En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno el siguiente: Punto de Acuerdo Primero. Remítase el expediente al C. Gobernador, para su conocimiento y efectos en el ámbito de sus respectivas competencias Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de los poderes exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República para que ante la gravedad de los hechos atraigan la investigación de éstos, en el marco de sus atribuciones, hasta su total esclarecimiento y, en el caso de la procuraduría, hasta que se castigue con firmeza a los responsables. Esto, con fundamento en los artículos 3, párrafo tercero, en relación con el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 73 constitucional, fracción XXI, y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, respectivamente.” Tercero. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Primera Comisión: diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo, diputado Arturo García Portillo, diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senador Marco Humberto Aguilar Coronado, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, senador Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Están a discusión los puntos de acuerdo. No hay registrados oradores, por tanto, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto PROTECCION Y SEGURIDAD A MIGRANTES EXTRANJEROS La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Segob y del Instituto Nacional de Migración ante ese órgano legislativo a fin de que expliquen las acciones que han emprendido para brindar protección a los migrantes extranjeros que se internan temporalmente en nuestro territorio para llegar a Estados Unidos de América Honorable Asamblea: Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente: Dictamen Antecedentes A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 1. Por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Segob y del comisionado del Instituto Nacional de Migración, ante la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para que expliquen las acciones que han emprendido para brindar protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio, para llegar a los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el4 de enero de 2011 2. Por el que se solicita la comparecencia ante el Pleno de la Comisión Permanente del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que presente un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia de éste e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y otros temas vinculados con la seguridad pública, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el4 de enero de 2011 3. Por el que se solicita la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración a fin de que informe respecto de las medidas que está adoptando la dependencia a su cargo para frenar los secuestros de migrantes y los ataques a éstos, a cargo de la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 4 de enero de 2011 4. Por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal, a reforzar las medidas de prevención y protección a los mexicanos que radican en el extranjero que visitan territorio nacional por las fiestas de fin de año, así como a los migrantes que utilizan nuestro país como paso para llegar a sus lugares de origen, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 21 de diciembre de 2010 5. Relativo a la exclusión del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC, en la elaboración de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, a cargo del senador René Arce, del Grupo Parlamentario PRD, presentada el 21 de diciembre de 2010 Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de las cinco proposiciones referidas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Consideraciones I. En el contenido de la primera proposición con punto de acuerdo, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta que Amnistía Internacional, con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó que en 2010 fueron secuestrados en México alrededor de 20 mil migrantes extranjeros, principalmente centroamericanos y que hace solo una semana, el 27 de diciembre de 2010, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, reconoció explícitamente este fenómeno, al dar a conocer que durante el último año fueron reportados, por sujetos asegurados por ese órgano, 222 secuestros de migrantes centroamericanos, en territorio mexicano Continúa señalando que esas cifras, son reflejo de la inseguridad que se vive en nuestro país; de la nula protección que debiera darse a quienes, con el propósito de llegar a los Estados Unidos para obtener trabajo y una vida digna, cruzan nuestro territorio; y de la corrupción imperante en los cuerpos policiales de todos los órdenes de gobierno, a lo largo de las rutas migratorias mexicanas y que esas cifras engloban también casos de amplio impacto social, como el de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto pasado, y el de los cuarenta o cincuenta de-saparecidos en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre anterior El proponente indica que hasta hoy, tanto el gobierno federal como el gobierno de Oaxaca no han dado a conocer el paradero de las víctimas, menos han logrado su liberación y mucho menos puesto a disposición del poder judicial a sus secuestradores y que el gobierno federal debe explicar que ha hecho en relación con estos casos, que avances tiene, que resultados concretos entregará Finalmente manifiesta que corresponde al titular de la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal explicar esas acciones y responder a los cuestionamientos existentes en el tema de la migración y de los indocumentados extranjeros en nuestro país y, asimismo, al comisionado del Instituto Nacional de Migración como responsable de realizar una gestión migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el pleno respeto a la dignidad humana, y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como encargado de la implementación de políticas públicas para la prevención social del delito y la coordinación interinstitucional en la materia, toca decir que hacen y que harán para enfrentar satisfactoriamente estos problemas, por lo que formula el siguiente: “Punto de Acuerdo Único: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a comparecer a los ciudadanos secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal, comisionado del Instituto Nacional de Migración y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ante la Primera Comisión de esta Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que expliquen detalladamente las acciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, han emprendido para brindar la debida protección y seguridad a los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en nuestro territorio, para llegar a los Estados Unidos de América, para prevenir la comisión de delitos en contra de estos migrantes, y específicamente sobre los avances que tengan en relación con el secuestro de alrededor de cuarenta migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, ocurrido el 16 de diciembre de 2010, en Chahuites, Oaxaca, luego de un operativo policial respecto al tren que los transportaba La Primera Comisión acordará con la intervención que corresponda a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el formato; la fecha, que deberá programarse antes del 15 de enero de 2011; y demás modalidades para el desarrollo de las comparecencias indicadas.” II. Por lo que se refiere al contenido de la segunda proposición con punto de acuerdo, presentada por el senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se establece que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como misión declarada reforzar y consolidar la estrategia nacional de seguridad, e interesa sobremanera conocer: ¿cuáles son las características de la estrategia que hay que reforzar y consolidar y qué han hecho para ello? sobre todo a la luz del crecimiento exponencial de la violencia criminal que nuestro país vive desde que surgió este nuevo sistema de seguridad pública, que aunque se constituyó hace aproximadamente quince años, fue rediseñado a través de la reforma constitucional hace dos Asimismo, indica el proponente que según un balance de los quince años de existencia del sistema que nos ofrece el secretario ejecutivo, se han invertido en el mismo 83 mil millones de pesos, es decir, un promedio de 5,533 millones de pesos al año con sus altas y bajas conforme las prioridades; el presupuesto de 2000 se correspondía con esta cifra, sin embargo, en los primeros cuatro años del gobierno de Vicente Fox, éste se redujo a un poco más de 2 mil millones hasta que en el 2005/2006 se inició un proceso ascendente en el presupuesto en materia de seguridad pública, sin contar con lo que se destina a las Secretarías de la Defensa y de Marina, que sin sustento legal realizan tareas de seguridad pública. por lo que nos gustaría conocer una evaluación de costos contra resultados y que en el 2009, los recursos del financiamiento conjunto federación/estados fue de 8,975 millones de pesos, de los cuales 4,383 millones de pesos, el 48.8%, se dedicó al rubro de alineamiento de las capacidades del Estado mexicano contra la delincuencia, pero el subejercicio fue de 1,282 millones de pesos; mientras que el subejercicio total fue de 2,591 millones de pesos, por lo que nos gustaría saber cuál es la razón de que en la preocupación ciudadana más sensible, que ha provocado en amplios territorios un escenario bélico con más de 30 mil muertos en tan sólo cuatro años y que tiene al país sumido en la desesperanza y la violencia, se puede dar el lujo el sistema nacional de seguridad pública de tener subejercicio presupuestal Señala también que se quiere un informe oficial y los elementos para que las comisiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión tengan los elementos para discutir y dictaminar las propuestas legislativas que se encuentran asentadas en cada comisión, en particular, en el Congreso se encuentra la iniciativa del Ejecutivo federal para crear el mando único policial, sin embargo, las y los legisladores desconocemos el avance, no sólo de la implementación de la reforma penal, en lo que a proceso acusatorio y oral adversarial se refiere, sino importantemente desconocemos el avance de la certificación y acreditación de las instancias de Policía Federal, estatal y municipal que le corresponde al Sistema Nacional que coordina los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública El proponente refiere a que se requieren las cifras y datos precisos de dicho avance pues los representantes del secretario ejecutivo del Sistema han planteado que, con los recursos actuales, el proceso para evaluar, certificar y acreditar a las policías todas tardaría aproximadamente 20 años, y entonces de cara a esta realidad analizar cómo se insertan las iniciativas del Ejecutivo federal en un contexto nacional de crisis de la seguridad del estado en donde grupos criminales le disputan el monopolio del uso de la fuerza, controlan amplios territorios, se pierden vidas ya sea de presuntos delincuentes, agentes del estado y civiles, se incrementa la violencia, el sistema de justicia sigue degradándose, se violentan derechos humanos, el miedo modifica patrones culturales y de vida de las comunidades, se usa a las fuerzas armadas sin base constitucional ni legal, y en cada delito de alto impacto nos encontramos que están involucrados policías federales, estatales y municipales, e incluso integrantes del Ejército y la Marina Por último, establece que la rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales de la democracia y la construcción de políticas públicas, por ello, el Congreso de la Unión necesita saber, conocer y analizar los datos, las cifras, la realidad de cómo está funcionando, a dos años de su surgimiento, el cumplimiento de las tareas encomendadas al nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que formula el siguiente: “Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, licenciado Miguel Alcántara Soria, a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente para que presente ante el pleno de esta soberanía un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia delictiva e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y otros temas vinculados en materia de seguridad pública.” III. Por su parte, la senadora Claudia Sofía Corichi García en el contenido de su proposición con punto de acuerdo transcribe el texto íntegro del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras disposiciones establece que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece y, asimismo, invoca y transcribe el artículo 70 de la Ley General de Población, el cual dispone que a la Secretaría de Gobernación corresponde organizar y coordinar los distintos servicios migratorios. El mismo numeral dispone que “en el ejercicio de estas facultades, la Secretaría de Gobernación velará por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar de los sujetos a esta ley”, y dice que a su vez, el artículo 56 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación prescribe que “el Instituto Nacional de Migración ejercerá las facultades que, sobre asuntos migratorios, confieren a la Secretaría de Gobernación la Ley General de Población y su Reglamento y las que de manera expresa le estén atribuidas por otras leyes y reglamentos, así como los decretos, acuerdos y demás disposiciones del Ejecutivo Federal” La proponente también señala que es el caso que los migrantes centro y sudamericanos que cruzan por nuestro país, sujetos a la Ley General de Población, ven continuamente violados sus derechos humanos, al ser víctimas de atentados en contra de su libertad, su patrimonio, e inclusive, su vida, sin que las autoridades mexicanas les otorguen la protección a la que constitucionalmente tienen derecho. Algunos de los secuestrados y sobre todo de las secuestradas, son privados de su libertad con fines de trata de personas, convirtiéndolas en esclavas a las que explotan sexualmente. También indica que el director adjunto de Amnistía Internacional, Alberto Herrera Aragón, comentó el 16 de noviembre que se calcula que unos 20 mil migrantes en México son víctimas de secuestro en el país al año –la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dado cifras parecidas– y seis de cada diez mujeres que llegan a albergues han sufrido violación sexual. Las autoridades mexicanas, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), sólo reconocen 222 denuncias de secuestros de migrantes centroamericanos en el país a lo largo del 2010 La legisladora proponente continúa señalando que en uno de los casos más recientes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador denunció que el 16 de diciembre del pasado año, un grupo de hombres armados pararon un tren de carga en la localidad de Chahuites (Oaxaca) y se llevaron por la fuerza con rumbo desconocido a unas 50 personas de diversas nacionalidades que viajaban en el ferrocarril. La primera reacción de las autoridades federales mexicanas fue negar el hecho, para después, ante el alud de pruebas y la demanda internacional de aclarar ese delito, iniciar las investigaciones y pareciera que se quiere negar la realidad; que el pasado 2 de diciembre, la cancillería de El Salvador solicitó mediante nota verbal a México tomar acciones para investigar el secuestro de otros 20 migrantes centroamericanos en la localidad de Medias Aguas en Veracruz, hecho ocurrido el 3 de noviembre La proponente finaliza indicando que el 2010 fue un año especialmente malo para los migrantes, siendo el caso más grave detectado en su contra, el ocurrido el 24 de agosto en San Fernando, Tamaulipas, donde 72 indocumentados, 58 hombres y 14 mujeres, provenientes de Centro y Sudamérica fueron asesinados. El desinterés, y finalmente la incompetencia del gobierno mexicano para proteger a esos seres humanos vulnerables son del todo reprochables y quita autoridad moral para reclamar ante otros gobiernos la protección de nuestros con nacionales más allá de nuestras fronteras; que México debe proteger eficazmente a los transmigrantes que cruzan por nuestro territorio. Es, además de una obligación internacional, un deber moral; y que ante la gravedad y el número creciente de violaciones a los derechos de los migrantes indocumentados en nuestro país, el gobierno federal debe de implementar un programa efectivo de protección para esos nacionales de otros países, de paso por nuestro territorio; por lo que formula el siguiente: “Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río Madrid, para que informe que medidas urgentes se están adoptando por la dependencia a su cargo para frenar los ataques y secuestros de migrantes.” IV. Por lo que hace a la cuarta proposición, señala la proponente que al iniciar el periodo de las fiestas decembrinas, miles de connacionales regresan a nuestro país, para festejar con su familia las fiestas de fin de año. Periodo en el que, lamentablemente, son frecuentes de violaciones que nuestros connacionales son objeto tanto en su persona, en sus bienes como a su familia Que desde 1989 se creó el “Programa Paisano” como un instrumento para frenar los abusos tanto de autoridades de los diversos ordenes de gobierno, como por civiles que aprovechando la ocasión los asaltan, los extorsionan, así como violentan sus derechos humanos. A pesar de que durante su vigencia, el programa se ha visto fortalecido, en sus diversas vertientes, la falta de información, ha sido una de las causas que no permite identificar y evaluar con objetividad sus resultados en cuanto a efectividad, eficiencia y transparencia Continúa la proponente señalando que en razón de la situación que vive actualmente el país en materia de inseguridad es necesario que se garantice a estos mexicanos su estancia en México, así como, de aquellos migrantes que ingresen al territorio nacional en su recorrido a sus ciudades de origen y de regreso a Estados Unidos Afirma la proponente que“son diversos ejemplos en los cuales se han documentado de un gran número de asaltos y violaciones que se han registrado en las carreteras del país, a través de ataques y falsos retenes, al grado de observar cómo se han lastimado a menores de edad. Por tal motivo, es trascendental reforzar las medidas de seguridad en toda la red carretera del país, en las fronteras, y aeropuertos internacionales.” Termina la proponente señalando que esta necesidad de establecer, enriquecer, fortalecer y reforzar los mecanismos que garanticen el respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes, es y ha sido un tema preponderante a raíz del incremento de los flujos masivos de población, manteniéndose vigente las demandas de erradicar los altos índices de extorsiones, abusos, violencia y corrupción ejercida por parte de los grupos criminales y autoridades Y que ante el clima de inseguridad que vive el país, la sociedad reclama a sus representantes y gobernantes a trabajar arduamente por la protección y seguridad de todos, tarea que el Congreso debe asumir con responsabilidad y como un tema de alta prioridad, por lo que formula los siguientes: “Puntos de Acuerdo Primero:La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión, respetuosamente, exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Publica, de Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría General de la República, para que se coordinen a fin de fortalecer las medidas de seguridad en las carreteras, en las fronteras, en las centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año. En el entendido que dichas medidas, estén vinculadas directamente al Programa Paisano, que se implementa del 1 de noviembre de 2010 al 10 de enero de 2011 Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Procuraduría General de la Republica, a agilizar los trámites de denuncias por parte de los mexicanos que visitan nuestro país, así como de aquellos migrantes que transitan nuestro para llegar a sus lugares de origen Asimismo, fortalezcan las campañas de denuncias y difundan los sitios y módulos disponibles para tal efecto, de igual manera, establezcan personal necesario para el funcionamiento de dichos sitios o modulas para la atención las 24 horas, durante el periodo que establece el Programa Paisano, mejorando la calidad de los servicios migratorios Tercero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración; refuerce los mecanismos y medidas de seguridad, a fin de prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes que por motivo de las fiestas de fin de año, transitan nuestro territorio para llegar a sus lugares de origen. Asimismo, fortalezca la difusión de los derechos que tiene por el sólo hecho de estar en nuestro país, así como los diversos mecanismos de denuncia por violaciones o discriminaciones cometidas por los servidores públicos o civiles, asegurando un trato digno, de protección y respeto de los derechos humanos de las personas que ingresan, transitan de manera temporal, o salen de nuestro país V. En la quinta proposición con punto de acuerdo, que se dictamina se manifiesta sustancialmente lo siguiente: Que en marzo de 2002, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC (ICESI), elaboró la primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad. Los objetivos de la encuesta fueron: 1. Estimar los hechos delictivos denunciados y no denunciados en cada una de las entidades federativas; 2. Registrar tipos de delitos cometidos, lugares en que se cometieron, monto de pérdidas, edad de los delincuentes; y 3. Medir la percepción ciudadana sobre la inseguridad en los estados de la república Desde entonces, el ICESI era responsable de realizar esta encuesta anual con la colaboración de diversas instituciones académicas y de la sociedad civil Que el pasado 16 de junio del 2010 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su vigésima octava sesión celebrada el 3 de junio y definió que el Inegi sería el órgano encargado de elaborar la encuesta sobre inseguridad en las 32 entidades federativas en 2010 y en años subsecuentes Señala el proponente que “las cifras poco confiables que resultaron de la encuesta 2010 y la denuncia que el propio ICESI realizó acerca de la opacidad que representó la exclusión de un organismo de la sociedad civil en su elaboración e instrumentación, generó el rechazó del ICESI y de diversas organizaciones ciudadanas como México SOS, Transparencia Mexicana, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, Insyde y Asociación Alto al Secuestro.” Afirma el proponente que“la arbitraria decisión del Ejecutivo federal, de los gobernadores de los estados y del jefe del gobierno del Distrito Federal, todos en su calidad de integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no solamente implica la exclusión de la sociedad civil en la medición de los índices de criminalidad, sino también que gobiernos, en un acto que reitera la opacidad y la falta de transparencia, se evalúen a sí mismos, como juez y parte, en su desempeño en el combate a la delincuencia, lo que constituye un insulto a la ciudadanía cuya exigencia central es la de recuperar la seguridad y la profesionalización y certificación de las acciones de las instancias de seguridad, a través de controles ciudadanos, rendición de cuentas y transparencia.” Continúa el proponente señalando que el Ejecutivo federal durante la primera jornada de los Diálogos de la Seguridad, dio instrucciones para que se ideara la fórmula de institucionalizar la participación del ICESI en las encuestas. Y que la instrucción del Ejecutivo fue cumplida en el sentido contrario Finalmente concluye el proponente señalando que comparte la indignación de las diversas organizaciones no gubernamentales por la exclusión de la sociedad civil en la medición de la criminalidad, por lo que formula el siguiente: “Punto de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión formula un extrañamiento al Consejo Nacional de Seguridad Pública por la exclusión de la sociedad civil en la medición de la criminalidad a través de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, y externa su preocupación por la posible manipulación y uso político de dicho instrumento a través del Inegi Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a garantizar la rectoría de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, de manera que se preserve y asegure la transparencia en su elaboración y en la difusión de sus resultados, además de su eficiencia como un instrumento de evaluación ciudadana, de rendición de cuentas y transparencia.” VI. La comisión dictaminadora considera que por la coincidencia de fondo en la materia, en cuanto a que las cinco proposiciones tienen por objeto referirse al tema de la protección de los derechos humanos y la seguridad de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano, así como a los resultados en el combate a la delincuencia organizada, que afecta a todos los individuos que permanente o transitoriamente se ubican en nuestro país, entre ellos los migrantes de otras nacionalidades, es pertinente por racionalidad práctica y economía procesal parlamentaria, atenderlas en un mismo dictamen, pues aún cuando algunas se constriñen a una parte del problema o a un producto o productos en particular, lo hacen en el contexto de la seguridad nacional, protección de derechos y seguridad de personas La comisión dictaminadora coincide en la urgente necesidad que el Estado tiene en dar una debida protección a los derechos humanos y garantías individuales de toda persona que se encuentre en nuestro territorio, entre ellas a los migrantes extranjeros y ofrecer resultados concretos y palpables en el combate a la delincuencia organizada que socaba la seguridad pública y daña a instituciones y personas, mejorando la eficacia con políticas públicas integrales en esas materias En este sentido, la comisión dictaminadora señala que el fundamento constitucional de la protección de los derechos humanos, garantías individuales y la seguridad pública, especialmente de los migrantes extranjeros, se encuentra fundamentalmente en los artículos 1, 11, 15 y 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en lo conducente textualmente señalan: “Artículo 1. En los Estados unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.. Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta constitución para el hombre y el ciudadano Artículo 21. .. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución Por ello, esta comisión dictaminadora concuerda con los legisladores proponentes en el sentido de que es necesario que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión conozca de las acciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, los ciudadanos secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal, comisionado del Instituto Nacional de Migración y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han emprendido para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y la debida protección y seguridad personal de los migrantes extranjeros que temporalmente se internan en territorio mexicano; lo que institucionalmente hacen para prevenir la comisión de delitos en contra de dichos migrantes; los programas que instrumentan para concretar una eficiente coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, como principio de orden y paz públicos; y para que, específicamente, este órgano legislativo actualice su información respecto a los avances que el gobierno federal, a través de su gabinete de seguridad, tenga en relación con el secuestro de alrededor de cuarenta migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, ocurrido el 16 de diciembre de 2010, en Chahuites, Oaxaca, luego de un operativo policial respecto al tren que los transportaba De la misma forma, para esta comisión dictaminadora resulta impostergable que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, realice un replanteamiento de sus políticas y programas en materia de seguridad pública, de tal forma que los derechos y garantías de igualdad, libertad, libre tránsito, debido proceso, de todo individuo que se encuentre físicamente en territorio nacional, sean plenamente respetadas; y que, de manera particular, la integridad personal de los extranjeros que por diversas circunstancias, con o sin documentos, transiten o residan en el país sea protegida. Esta comisión considera que México, a través de sus autoridades competentes, debe otorgar a sus visitantes el mismo trato, de dignidad y decoro, que para sus nacionales demanda a otras naciones, con independencia de su estatus migratorio. Asimismo, esta Primera Comisión de Trabajo aspira a que pueda informarse, con el detalle necesario, a la opinión pública, a los gobiernos de países que así lo solicitan y a las familias de quienes presumiblemente fueron secuestrados o retenidos en Chahuites, Oaxaca, sobre los avances que reporten las correspondientes averiguaciones Por lo anterior, se considera conveniente, urgente y procedente, para conocer dicha información, utilizar el mecanismo de colaboración de poderes, que es el de comparecencia, y convocar o citar a los ciudadanos secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal, comisionado del Instituto Nacional de Migración y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de que informen ante el pleno de esta Primera Comisión de la Comisión Permanente –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– respecto a las acciones que el gobierno federal realiza para proteger los derechos humanos de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano y para prevenir la comisión de delitos en contra de ellos La comisión dictaminadora, como en casos similares o análogos precedentes, manifiesta que cada órgano del Estado mexicano debe cumplir con las tareas explícitas e implícitas que en el marco de la colaboración de poderes señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Por ello, en los asuntos a que refieren las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen, esta Comisión también considera que el gobierno federal, por conducto de los servidores públicos antes citados, debe explicar cuál fue su participación en el operativo policial previo al secuestro de Chahuites, Oaxaca; como evitará nuevos secuestros de migrantes extranjeros; como reorientará políticas públicas en materia de migración, para hacer efectivos los derechos humanos de los migrantes; como coordina acciones en la materia con autoridades estatales y municipales; qué planes tiene para instrumentar controles de confianza sobre el personal operativo del Instituto Nacional de Migración; como protegerá y dará seguridad en nuestras rutas migratorias; como evitará que ferrocarriles mexicanos sean usados como medio de transporte por los migrantes extranjeros, entre otros aspectos, o como protegerá el tránsito de unos y otros Se destaca que los proponentes, diputado Heliodoro Díaz Escárrga, y senadora Claudia Sofía Corichi García, coinciden sustancialmente en las propuestas anteriores, al solicitar que se cite a comparecer a los funcionarios públicos con responsabilidades relacionadas con la migración La diputada María del Carmen Izaguirre Francos, sobre los mismos temas, propone que se exhorte a diversas dependencias de la administración pública federal, a reforzar las medidas de prevención y protección a los mexicanos que radican en el extranjero que visitan territorio nacional por las fiestas de fin de año, así como a los migrantes que utilizan nuestro país como paso para llegar a sus lugares de origen. Los objetivos implícitos en esta propuesta deberán ser considerados por esta comisión de trabajo al proponer el formato de la reunión con los comparecientes Y el senador René Arce Círigo, por una parte solicita la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de que presente un informe minucioso sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia de éste e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y otros temas vinculados con la seguridad pública Y por otra, formula un extrañamiento al Consejo Nacional de Seguridad Pública por la exclusión del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC, en la elaboración de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, así como un exhorto para que el Consejo Nacional de Seguridad Pública garantice la rectoría de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad. Los objetivos implícitos en estas propuestas deberán ser considerados por esta comisión de trabajo al proponer el formato de la reunión con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca al titular del Instituto Nacional de Migración, así como al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a que comparezcan ante el pleno de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, informen sobre las acciones que el gobierno federal realiza para proteger los derechos humanos de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano y para prevenir la comisión de delitos en contra de éstos Asimismo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá informar sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia de éste e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y temas vinculados con la seguridad pública, así como lo referente a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública La Primera Comisión de Trabajo realizará los actos preparatorios para dicha comparecencia, entre los que estará la instalación y operación de mesas de trabajo antes del veinte de enero de 2011, en las que participen legisladores integrantes de este órgano de apoyo legislativo y los titulares de las subsecretarías de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para abordar detalles relativos al presunto secuestro de alrededor de cuarenta migrantes centroamericanos en Chahuites, Oaxaca; infraestructura migratoria; iniciativas de ley sobre población y migración presentadas por el Ejecutivo; coordinación institucional en seguridad pública; controles de confianza sobre agentes migratorios y policías; y planes y programas de protección a migrantes; entre otros aspecto establecerá el formato de la misma y con la intervención del presidente de la Comisión Permanente determinará la fecha y hará la invitación correspondiente para la realización de la misma Una vez realizadas las reuniones de trabajo con los anteriores servidores públicos, el pleno de la Primera Comisión, valorará la pertinencia de invitar a una reunión al secretario de Gobernación, analizando previamente el formato y términos de la misma Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Primera Comisión:diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo, diputado Arturo García Portillo, diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), senador Humberto Aguilar Coronado, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, senador Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estando a discusión el punto de acuerdo no se ha registrado ningún orador y se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto DIA DEL COMBATE A LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar el 15 de febrero como Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar el 15 de febrero como Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo, suscrita por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del PVEM Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente: Dictamen Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2010 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Consideraciones y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan: “Considerandos Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo, la que se manifiesta por el abuso emocional, físico, económico o sexual De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007, elaborada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), 15.5 por ciento de los mexicanos de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja ha sido víctima de violencia física; 75.8 por ciento ha sufrido agresiones psicológicas y 16.5 por ciento ha vivido al menos una experiencia de ataque sexual En la clasificación por tipo de violencia física se destaca que en la considerada “leve” –empujones, arañazos, jalones de cabello y mordidas– los hombres son los más afectados, con 48 por ciento de los casos, contra 32.1 de las mujeres, cifra que se incrementa si se trata de violencia física “media”, donde 61.4 por ciento de los casos afecta a mujeres que sufren bofetadas, golpes, agresiones con objetos pesados, patadas o que rompan sus objetos personales, a lo que se suma la considerada “severa”, que incluye el riesgo de quemaduras, intentos de estrangulamiento y amenazas con cuchillo, navaja u otras armas Como vemos la violencia en el noviazgo se ejerce tanto por hombres como por mujeres aunque los casos mayoritarios y más graves los sufren las últimas La violencia en los adolescentes tiene características muy especiales, los roles de género que han visto en la casa, en los medios de comunicación o en algunos casos en la escuela, se ven reflejados en esta relación, cabe destacar que la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo advirtió que en el 21.3 por ciento de los hogares de los jóvenes había insultos y en el 9 por ciento había golpes (55 por ciento eran propinados por hombres y 44 por ciento por mujeres) La encuesta permite observar que la transmisión de la cultura de una generación a otra, es quizá el aspecto más importante que caracteriza a la violencia en las relaciones de noviazgo, el maltrato hacia los niños y niñas, es una de las causas que en la vida adulta genera violencia, misma que es vista como algo natural Un joven que quiera ver reflejado su rol masculino tradicional y heredado por los roles que se dan aún en las familias, sin duda será propenso a la violencia, el será quien través de actos agresivos y dureza tome las decisiones en la relación de pareja; dominar y controlar los comportamientos de ella, comprobar que él es el “hombre” a través de actos agresivos y dureza Las consecuencias de la violencia en el noviazgo pueden ser depresión, aislamiento, fracaso escolar, bajo rendimiento laboral, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual o intentos de suicidio, pero lo más alarmante es que un noviazgo violento puede ser el inicio de una vida en pareja o una familia marcada por la violencia en la cual las conductas agresivas se seguirían observando por los hijos A pesar de la evolución que hemos tenido como sociedad aun no hemos podido o querido reconocer los diferentes rostros de la violencia entre los novios. La mayoría de las veces esta conducta no es percibida como tal por las víctimas ni por quienes la ejercen, pues se esconde bajo una máscara de interés o amor La violencia disfrazada de amor es casi invisible para la mayoría de la población, pero sus consecuencias pueden desembocar en situaciones trágicas, por ello es necesario difundir y concientizar a adolescentes y jóvenes de los riesgos y el daño de la violencia en el noviazgo Necesitamos que el gobierno federal implemente acciones que nos permitan concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer y atacar el problema de la violencia en el noviazgo La violencia parte de los estereotipos de género, es cultural, tiene que ver con los roles sociales y la educación, por tanto si la violencia ha sido parte del aprendizaje, es posible que se desaprenda, para ello debemos desacostumbrar los ojos de la sociedad a ver conductas que son consideradas normales para reconocer que se es víctima de agresiones y violencia Sin duda una forma de visibilizar y dejar de ver la violencia como algo común es a través del establecimiento de campañas informativas, con la colaboración de medios de comunicación y la participación activa de los diferentes niveles gobierno, mismas que podrían darse masivamente en el marco de una fecha dedicada a hacer conciencia de la violencia en el noviazgo Por lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía que se exhorte al Ejecutivo federal a decretar el 15 de febrero como el Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo, para visibilizar la importancia de reconocer y combatir este tipo de violencia Punto de Acuerdo Único. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo federal a decretar el 15 de febrero de cada año como el Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo.” II. Los integrantes de la comisión dictaminadora, se dieron a la tarea de analizar la información que se aporta para normar un criterio y determinar el sentido en que debe pronunciarse la Comisión Permanente Que en efecto, el Instituto Mexicano de la Juventud elaboró la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007, de la cual podemos desprender los siguientes datos: • Se consideró aquellos jóvenes entre 15 y 24 años y que en su mayoría 41 por ciento tenían al menos el nivel de escolaridad de secundaria. El 51.8 por ciento de las personas entre 15 y 24 años tuvo al menos una relación de noviazgo durante 2007 • La encuesta detectó que en las relaciones de noviazgo hay expresiones de violencia de muy distinto tipo y en diferentes grados. Se detectaron tres tipos de violencia, la física, la psicológica y la sexual • El 15 por ciento de las y los jóvenes han experimentado al menos un incidente de violencia física en la relación de noviazgo que tenían al momento de la encuesta, el 76 por ciento han sido víctimas de la violencia psicológica y el 16.5 por ciento de las jóvenes entrevistadas señaló haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja Como conclusiones, se señaló que la violencia cubierta bajo el “amor” resulta casi invisible para el grueso de la población que mantiene una relación sentimental. Los efectos y síntomas del maltrato durante el noviazgo son desconocidos para gran parte de las y los jóvenes mexicanos quienes, al carecer de información certera sobre la violencia y sus diferentes vertientes, confunden con muestras de afecto conductas que agravan la desigualdad de género Asimismo, que los resultados arrojados en la encuesta comprometen a las instituciones responsables, bajo el esquema de transversalidad, a diseñar instrumentos y acciones para la identificación, prevención y combate a la violencia en sus distintas formas, física, psicológica y sexual, evitando que el noviazgo pueda convertirse en una oportunidad para fomentar actitudes violentas dirigidas, sobre todo, hacia las mujeres Además de lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas considera a la juventud como el grupo poblacional entre 15 y 24 años de edad que debe ser reconocido dado su papel tan importante en el desarrollo de sus países. Por tal motivo se creó el Programa de Juventud de las Naciones Unidas, que tiene como propósito incrementar el conocimiento de la situación global de la juventud y aumentar el reconocimiento y aspiraciones de los jóvenes México forma parte de la Organización Iberoamericana de Juventud, organismo internacional de carácter gubernamental creado para promover el diálogo y la cooperación en materia de juventud entre los países iberoamericanos. Entre sus objetivos se encuentra el de propiciar e impulsar esfuerzos que realicen los estados miembros, dirigidos a mejorar la calidad de vida de los jóvenes en la región El 11 de octubre de 2005, se firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, tratado internacional que reconoce a los y las jóvenes como sujetos de derechos, como actores estratégicos del desarrollo de cada país y como personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos. También brinda soporte jurídico a los gobiernos iberoamericanos para el desarrollo de políticas públicas destinadas a la juventud El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el eje 3, “Igualdad de oportunidades, 3.7, Familia, niños y jóvenes”, establece como objetivo 19 instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes El 6 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, la ley faculta al Instituto Mexicano de la Juventud, como organismo público descentralizado, a llevar a cabo la tarea mencionada en el numeral anterior, y establece que su propósito será definir y aplicar una política nacional de Juventud e incorporarla plenamente al desarrollo del país en cuanto a organización, salud, empleo, capacitación, prevención de adicciones entre otras La violencia entre los jóvenes es, sin duda, uno de los temas que deben abordarse de forma prioritaria por parte del Instituto Mexicano de la Juventud en ejercicio de sus facultades Los integrantes de la comisión dictaminadora, hacen suyos los planteamientos de la autora de la proposición con punto de acuerdo, por lo que consideramos necesario que el gobierno federal implemente acciones que nos permitan concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer y atacar el problema de la violencia en el noviazgo La violencia parte de los estereotipos de género, es cultural, tiene que ver con los roles sociales y la educación, por tanto si la violencia ha sido parte del aprendizaje, es posible que se desaprenda, para ello debemos desacostumbrar los ojos de la sociedad a ver conductas que son consideradas normales para reconocer que se es víctima de agresiones y violencia Sin duda una forma de visibilizar y dejar de ver la violencia como algo común es a través del establecimiento de campañas informativas, con la colaboración de medios de comunicación y la participación activa de los diferentes niveles gobierno, mismas que podrían darse masivamente en el marco de una fecha dedicada a hacer conciencia de la violencia en el noviazgo Esta comisión dictaminadora quiere resaltar que no obstante los avances que en materia de combate a la violencia se han dado, todavía existen una serie de demandas estructurales, que se requieren satisfacer para lograr un mejoramiento en las condiciones de vida de las y los jóvenes mexicanos Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen que la juventud es un sector importante de la población mexicana, si no es que es el más importante, ya que este grupo es la población que de forma directa influye en la trasformación de nuestro país, es una sociedad activa en todos los ámbitos, llena de ideas frescas e innovadoras que al trasmitirlas y transformarlas en una realidad le permiten a nuestro país seguir evolucionando en este mundo globalizado al que pertenecemos. La juventud es el sector de la sociedad al que como servidores públicos debemos cuidar como nuestra materia prima mejor capitalizada La comisión dictaminadora coincide en que declarar un Día Nacional del Combate a la Violencia en el Noviazgo ayudará a generar mayor conciencia y difusión sobre la importancia de atacar la problemática de la violencia en el noviazgo En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno el siguiente: Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a que evalúe la pertinencia de decretar el 15 de febrero de cada año como el Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Primera Comisión: diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senador José Alejandro Zapata Perogordo, diputado Arturo García Portillo (rúbrica), diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), senador Humberto Aguilar Coronado, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No registró oradores el punto, considérese.. El senador Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente... ¿Cuál dictamen? El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Violencia en el Noviazgo. El senador Monreal reserva el tema de Violencia en el Noviazgo El senador Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Me distrajo el senador Cleominio y era el segundo dictamen El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El senador Zoreda entretiene al senador Monreal No hay reservas en el punto de acuerdo. Considérese suficientemente discutido y pasa a su votación en conjunto El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Señor Presidente, es que es el anterior, es el 2 El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría POLICIA FEDERAL La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efectuar por la SHCP y la SSP una revisión salarial que incluya las prestaciones laborales y los seguros de vida y de riesgo del personal de la Policía Federal Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP y de la SSP se haga una revisión salarial, que incluya las prestaciones laborales y los seguros de vida y de riesgo del personal de la Policía Federal, suscrito por el diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y la diputada Esthela Damián Peralta, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen Antecedentes La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2010, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. En el capítulo de consideraciones los autores del presente punto de acuerdo refieren que, frente a los fenómenos de inseguridad y violencia creciente, y con el propósito de mejorar el resguardo y la protección de los ciudadanos que finalmente son obligaciones y potestades constitucionales del Estado, se creó al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, como órgano desconcentrado, la Policía Federal, fusionando a varios cuerpos policíacos, entre otros a la ex Policía Federal de Caminos y Puertos que dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Policía Federal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Como señalan los proponentes, la Policía Federal tiene por misión principal garantizar la integridad y derechos de las personas, prevenir delitos, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en zonas consideradas de jurisdicción federal, así como edificios del gobierno federal, zonas arqueológicas, ríos, lagos, presas, lagunas, etcétera, y en las zonas urbanas cuando así lo solicite la autoridad local Los que proponen mencionan que los sueldos de algunos de estos servidores públicos, principalmente los de los policías y cabos, no son superiores a los diez mil pesos mensuales, lo que representa un ingreso muy bajo para ser sostén de una familia, y por demás injusto tomando en cuenta los riesgos y el estrés emocional al que se ven sometidos todos los elementos de esta corporación, y resaltan, que los seguros de vida y riesgo con el que cuentan los elementos de esta corporación en caso de fallecimiento, resulta insuficiente, ya que deja en total desamparo a las familias en caso de fallecimiento del servidor público en cumplimiento de su deber Manifiestan que recientemente el titular de Poder Ejecutivo federal, anunció el creciente número de elementos a esta corporación, sin embargo, aseguran que no lo está haciendo en aras del progreso de dicha corporación, ya que no ha planteado mejoras laborales que son urgentes para los elementos de la Policía Federal Consideran como una medida urgente mejorar los ingresos y las condiciones laborales del personal de la Policía Federal, de tal forma que sea equitativa y congruente con el nivel de riesgo que enfrentan las fuerzas de seguridad. Por lo anterior formulan la siguiente proposición con punto de acuerdo: Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Seguridad Pública, para realizar una revisión urgente de las condiciones laborales y salariales de los elementos de la Policía Federal, que derive en el incremento salarial y las mejoras de las prestaciones laborales del personal de tropa de más bajos ingresos II. Esta comisión dictaminadora considera que las tareas que realizan los elementos de la Policía Federal de manera cotidiana son de altísimo riesgo en el entorno nacional que hemos descrito y si bien los riesgos son inherentes a la naturaleza de su trabajo, las actuales condiciones laborales y el riesgo que las actividades desarrolladas representan no resultan equitativas Asimismo, la Comisión que dictamina destaca que, la Policía Federal es un cuerpo de policía federal mexicana, el cual fue creado el 13 de diciembre de 1998 como brazo operativo en la lucha contra la delincuencia organizada. Bajo el mandato del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se fusionaron la Policía Federal de Caminos, Policía Fiscal y además se le integró personal proveniente de la Armada de México La creación de la Policía Federal se fundamenta en un cambio de fondo en lo relativo a seguridad pública con el propósito que la federación mexicana cumpla debidamente con su responsabilidad constitucional en lo referente a la prevención del delito y mejorar funcionalmente los servicios de seguridad pública a su cargo. Sin embargo, para poder cumplir de manera cabal con su mandato, es necesario que el Estado les proporcione a sus miembros las condiciones adecuadas para el sustento de sus familias La comisión que dictamina considera de la mayor importancia, el valorar las condiciones en que puede caer sus familias en caso de alguna eventualidad de los miembros de dicha agrupación, por lo que dicha comisión, comparte la preocupación de los proponentes de que sean valoradas las condiciones laborales y salariales de los miembros de la Policía Federal que tengan los salarios más bajos En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Seguridad Pública realicen un estudio y evaluación de las condiciones salariales y laborales en que se encuentran los miembros de la Policía Federal, a fin de determinar la posibilidad de mejorar sus ingresos y prestaciones, que garanticen la prosperidad de sus familias en caso de alguna eventualidad en cumplimiento con su deber Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que solicite a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Seguridad Pública rindan un informe a esta soberanía sobre las medidas tomadas Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Tercera Comisión: Diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal. Salarios y Seguros de Vida para el Personal de la Policía Federal El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Este punto de acuerdo me parece trascendente porque está encerrado en un entorno en el que el país está viviendo, que es el clima de violencia de inseguridad y de crimen que está aconteciendo en el país Hoy mismo acabamos de recibir una noticia en Guerrero, que recibió una golpiza criminal y salvaje el representante del Instituto Electoral del PRD, de la Alianza, por haber reclamado que estaban descolgando propaganda política del candidato de la Alianza Pero ése es un solo ejemplo de lo que está aconteciendo en el país. La guerra prolongada, todos lo sabemos, es una guerra perdida Algunos de ustedes, que lo han leído, recordarán a Sun Tzu, El arte de la guerra, que decía: hace dos mil 500 años, que todas aquellas guerras que se prolongaban estaban destinadas al fracaso. Una guerra sin legitimación, sin apoyo social es particularmente para el país muy grave Por eso este tema de la mejoría de salarios y de prestaciones para los policías honestos es muy importante No se puede continuar una guerra sin la depuración policíaca y no se puede prolongar una guerra sin legitimación y apoyo popular. Por eso esta guerra contra el crimen organizado, declarada de manera unilateral, ha provocado un océano de sangre Tienen razón los caricaturistas y moneros e intelectuales que han promovido el inicio de esta campaña: “No más violencia, no más sangre” Por esto esa es una de las medidas que pudieran plantearse en el corto plazo para depurar al mismo tiempo las corporaciones policíacas; si no les ofreces a los policías, a los oficiales del Ejército, a la Armada, a los agentes federales, a los policías municipales y preventivos, mejores niveles de desarrollo y bienestar personal y económico, no podrá funcionar esta guerra. Ése es el tema de fondo Por eso en la Comisión el día de ayer presentamos nuestro punto de vista y nuestro voto a favor de este dictamen, que contiene precisamente la mejoría en las prestaciones sociales, personales y económicas de los cuerpos de seguridad pública Pareciera ser que está pasando sin ninguna consecuencia esta guerra. Está logrando tocar la indiferencia ciudadana, y la inercia de la muerte pareciera apoderarse de las mentes de los mexicanos y tomarlo como una cosa cotidiana y normal El sábado pasado 28 muertos en Guerrero, en Acapulco; 15 decapitados, 15; y 13 más asesinados incluyendo a 2 menores. Yo he planteado la Comisión de la Verdad, tarde que temprano tendrá que hacerse Díaz Ordaz fue juzgado como genocida por la historia cuando dijo: “ni más de 20 ni menos de 12”; 38 aceptó oficialmente Qué dirán las futuras generaciones cuando digan 50 mil muertos a la fosa común. Más de 90 por ciento sin averiguación, más de 90 por ciento sin saber si eran o no delincuentes. Ése es el tema de fondo El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor senador El senador Ricardo Monreal Ávila: Es el tema de fondo. Y por eso estamos a favor, presidente y legisladores, en este punto de acuerdo, pero está incompleto. Sin embargo, como decía mi abuela: “peor es nada”. En algo ayudará. Muchas gracias El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No habiéndose registrado oradores en contra, se reserva para su votación económica en conjunto ESTADO DE COLIMA La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a los daños causados a los manglares de la laguna de Cuyutlán Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a los daños causados a los manglares de la laguna de Cuyutlán, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen Antecedentes La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2010, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. En el capítulo de consideraciones el senador Javier Orozco Gómez refiere que, las lagunas costeras están consideradas como los recursos acuáticos más valiosos de nuestro país, debido a sus especiales mecanismos ecológicos y flujos de energía. De ahí que el conocimiento de la biodiversidad y la importancia que ésta tiene en la ecología litoral, se constituya en una pieza fundamental para la mejor comprensión en el manejo y planificación de estos recursos naturales El proponente enfatiza sobre la destrucción ambiental de la cual está siendo objeto la zona costera de Colima, particularmente de la laguna de Cuyutlán, en la cual se sitúa casi toda la extensión estuarica de dicho estado, y que cuenta con gran riqueza natural, por la gran cantidad de biodiversidad y endemismos que allí se localizan, representando uno de los ecosistemas lagunares más importantes del estado. Además de que se encuentra permanente comunicada al mar a través del túnel próximo al puerto de Manzanillo y una toma de agua para la Comisión Federal de Electricidad Refiere que, dicha laguna se encuentra bajo fuertes índices de deterioro ambiental derivados de una serie de autorizaciones por cambio de uso de suelo, así como, de impacto ambiental, para la ejecución de diversos proyectos dentro del cuerpo de la laguna y en sus alrededores, por lo que para dar una idea a los que dictaminan, el promovente numera algunas de las autorizaciones que han afectado la situación de la mencionada laguna, y éstas son: 1. El cambio de uso de suelo autorizado por la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Colima, referente a 98.05 hectáreas de manglar, incluyendo 30 hectáreas de manglar para la ejecución del proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito, misma que presuntamente contó con diversas irregularidades jurídicas de origen, ya que dicha autorización fue sustentada en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cuando por la naturaleza de estos ecosistemas los mismos se rigen por la Ley General de Vida Silvestre, además de que no fue tomada en cuenta en ese momento la NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar 2. El otorgamiento antijurídico de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de una prórroga para la presentación de información adicional, sobre la manifestación de impacto ambiental presentada por la administración portuaria integral de Manzanillo ante esa dependencia 3. La autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la instalación de la planta regasificadora gas LP de la empresa Z Gas del Pacifico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán Argumenta  el proponente en el punto de acuerdo a dictaminar que, la ejecución de este tipo de proyectos ha alterado el balance hidrológico de la laguna por obras de infraestructura, como el relleno al poniente de la laguna, la estanquería rústica en la laguna y los 4 terraplenes (para ferrocarril, tuberías de dragado o agua potable y para el estanque de la salinera), que aíslan la laguna transversalmente, y que este tipo de proyectos traen consigo la destrucción de los ecosistemas costeros y de las especies de vida silvestre que en ellos habita, así como de la destrucción y desplazamientos de las actividades productivas de pesca artesanal, de pequeños ramaderos turísticos y de los residentes históricos de la laguna Aunado a esto, señala que la laguna de Cuyutlán se encuentra gravemente impactada como consecuencia del crecimiento no regulado de actividades primarias, la agroindustria, los asentamientos urbanos, la minería y particularmente la industria eléctrica y petrolera. El vertimiento de aguas residuales municipales, ha reducido significativamente su capacidad de autodepuración, reduciendo el potencial de uso, incluyendo todos los cursos de agua como el río Armería Manifiesta que el proyecto de la terminal de gas natural licuado se encuentra ubicado sobre nueve unidades de gestión ambiental, que según el ordenamiento deberían ser destinadas a otras actividades diferentes a la industrial, y que la unidades de gestión ambiental que serían afectadas por el proyecto son la Ent8, Ent15, Ff17, Ag26, Ac31, If36, Ent39, Ent40, Ff43, en las que sólo se permiten actividades de turismo de bajo impacto, pecuario, acuacultura y agricultura, además de que en la mayoría de ellas se establecen políticas de protección, conservación y restauración por la existencia en algunos casos de dunas costeras y sitios de desove de tortugas marinas Hay que recalcar que, según el proponente, los humedales, en especial los manglares, son el tipo de ecosistema en mayor riesgo de desaparecer en el mundo, pues más de 18 millones de hectáreas han sido destruidos, con el consecuente impacto en las comunidades locales, la diversidad biológica y la degradación de costas, y señalan que las consecuencias del proyecto de la planta de gas natural destruiría parte del patrimonio natural del pueblo de México y violaría las leyes mexicanas, pero a pesar de que esto ha sido denunciado insistentemente por diversas organizaciones locales, no ha habido hasta ahora respuesta del gobierno federal Enfatiza el hecho de que las leyes ambientales mexicanas prohíben la construcción de complejos industriales de alto impacto en ecosistemas protegidos por programas de ordenamiento territorial, algunas autoridades están tratando de modificar ese estatus de la laguna para eliminar esas restricciones Ahora bien cabe señalar, que de acuerdo al proponente, dentro de las prohibiciones que marca el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán se encuentran, entre otras, deforestar, destruir, desecar o rellenar humedales, manglares, esteros o pantanos; modificar la línea de costa o modificar de alguna forma playas arenosas o rocosas y dunas costeras; realizar actividades de dragado o de cualquier otra naturaleza que generen la suspensión de sedimentos o provoquen áreas con aguas fangosas o limosas dentro del área protegida o en zonas aledañas, sin antes haber realizado estudios técnicos pertinentes, así como instalar plataformas o infraestructura de cualquier otra índole. Por ello, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo: Primero. Que esta soberanía cite a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca con el fin de que explique por qué se autorizó la instalación y operación de la planta regasificadora de gas LP de la empresa Z Gas del Pacífico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán Segundo. Que esta soberanía cite a comparecer al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca con el fin de que explique porque se autorizó el cambio de uso de suelo autorizado referente a 98.05 ha de manglar, incluyendo 30 hectáreas de manglar para la ejecución del proyecto de ampliación portuaria del puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito Tercero. Que esta soberanía solicite que se anulen, revoquen, cancelen o, en su caso, se suspendan, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron a la empresa Z Gas del Pacífico para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado Cuarto. Que esta soberanía solicite que se anulen, revoquen, cancelen o en su caso suspendan, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron al proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado II. Esta comisión dictaminadora considera oportuno precisar que la laguna Cuyutlán, ubicada en las costas de Manzanillo, Colima, es considerada el cuarto humedal más grande del Pacífico mexicano y constituye el medio de subsistencia de cientos de familias de pescadores y salineros artesanales. Y, que hoy en día la laguna está en agonía debido a los proyectos de generación de energía y a últimas fechas por la Terminal de Gas Natural Licuado Asimismo, los hábitat acuáticos y costeros completan la extraordinaria riqueza ambiental del país, ya que cuentan con ricos ecosistemas lagunares y una gran biodiversidad marina. Arrecifes, lagunas, pantanos y manglares configuran complicados sistemas ribereños, que no sólo representan a los ambientes de mayor productividad biológica, sino que vierten además importantes volúmenes de nutrientes a los océanos, dando lugar a diversas cadenas tróficas marinas Por otro lado, esta comisión dictaminadora coincide con el proponente en que los ecosistemas lagunares costeros, no sólo sustentan elevadas concentraciones de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces y especies invertebradas, sino que también concentran un alto grado de endemismos y generalmente también son importantes lugares de almacenamiento de material genético vegetal Así, estos ecosistemas son los mecanismos más importantes de productividad primaria neta, la cual, se debe principalmente a la generación de biomasa directamente relacionada con el aprovechamiento de la energía solar, la disponibilidad de nutrientes que aportan los ríos y escurrimientos terrestres, a la presencia de diferentes fuentes de energía provenientes de diversos productores primarios, así como también a un eficiente intercambio de materiales con el mar y los ríos a través del efecto combinado de corrientes, vientos y mareas Aunado a esto los productores primarios que ahí habitan mantienen un flujo elevado y constante de energía que es exportada a la zona costera adyacente y la cantidad de nutrientes que estos aportan a las cadenas tróficas, es la mayor en comparación con los otros ecosistemas del mundo. Por ello, las lagunas costeras, estuarios y ecosistemas de manglar están ampliamente reconocidos como los ecosistemas más productivos de la biosfera Asimismo, esta Comisión considera importante resaltar que, efectivamente representan una importante fuente de agua dulce para las poblaciones adyacentes, ya que se encargan de drenar sus aguas recargando los mantos freáticos, éstos ecosistemas presentan intervalos de distribución muy pequeños, y se encuentran cercanamente asociados a condiciones ambientales muy restringidas, como pisos altitudinales, niveles de inundación o patrones climáticos muy particulares; lo cual, los hace particularmente vulnerables a las fuerzas acumulativas de las transformaciones globales de deforestación, sobre pastoreo, desertificación y es muy posible que su vulnerabilidad aumente en el futuro Ahora bien, los humedales figuran entre los medios más productivos del mundo, son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir, dan sustento a altas concentraciones de especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados Los humedales son también importantes depósitos de material genético vegetal; el arroz, por ejemplo, una especie común de los humedales, es el principal alimento de más de la mitad de la humanidad Las múltiples funciones de los ecosistemas de humedales y su valor para la humanidad se han llegado a comprender y documentar en grado creciente en los últimos años. Esto se ha traducido en gastos ingentes para restablecer las funciones hidrológicas y biológicas degradadas o interrumpidas de los humedales En efecto, algunos ambientalistas consideran que los humedales costeros, en especial los manglares, son el tipo de ecosistema en mayor riesgo de desaparecer en el mundo, pues más de 18 millones de hectáreas han sido destruidos, con el consecuente impacto en las comunidades locales, la diversidad biológica y la degradación de costas Esta comisión dictaminadora considera que de acuerdo con los datos proporcionados por el proponente, sí existe la posibilidad de que las mil 500 hectáreas de esa vegetación en Cuyutlán estén en riesgo con la operación de esa planta y la termoeléctrica que ya funciona en la misma laguna El artículo 60 de la Ley general de Vida Silvestre, claramente señala: “Artículo 60. La Secretaría promoverá e impulsará la conservación y protección de las especies y poblaciones en riesgo, por medio del desarrollo de proyectos de conservación y recuperación, el establecimiento de medidas especiales de manejo y conservación de hábitat críticos y de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, la coordinación de programas de muestreo y seguimiento permanente, así como de certificación del aprovechamiento sustentable, con la participación en su caso de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados.” En efecto, el programa de certificación deberá seguir los lineamientos establecidos en el reglamento y, en su caso, en las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se elaboren La secretaría suscribirá convenios y acuerdos de concertación y coordinación con el fin de promover la recuperación y conservación de especies y poblaciones en riesgo Dicho lo anterior, es evidente que, el manglar está protegido por el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre y, está autorización, si no se encuentra debidamente sustentada estaría violando dicha regulación Efectivamente, al ampliar el canal de Tepalcates, harán un dragado de aproximadamente 16 metros de profundidad, y con ello “no sólo se dará paso a la entrada de agua salina, lo cual podría afectar los manglares, sino que al momento de modificar la estructura se cambia el ecosistema”, por lo que esta comisión tendrá que analizar los informes que en su momento envíe la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para corroborar la forma en que la apertura del canal de Tepalcates incidirá en el flujo hidrológico hacia los cuatro vasos de la laguna de Cuyutlán, y los beneficios ambientales que representarían Por otro lado en relación con la proposición de que se anulen, revoquen, cancelen o, en su caso, se suspendan, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron a la empresa Z Gas del Pacífico para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, así como la proposición de que se anulen, revoquen, cancelen o, en su caso, se suspendan, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las autorizaciones al proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, ésta Comisión considera prudente que se anulen, revoquen, cancelen o, en su caso, se suspendan, por parte de la Semarnat, las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron a la empresa Z Gas del Pacífico para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado. Por otro lado ésta comisión dictaminadora considera de gran importancia, y en atención a lo expuesto en párrafos anteriores, que se anulen, revoquen, cancelen o en su caso suspendan, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron al proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente Punto de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, con el fin de que explique por qué se autorizó la instalación y operación de la planta regasificadora de gas LP de la empresa Z Gas del Pacífico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, con el fin de que explique por qué se autorizó el cambio de uso de suelo autorizado referente a 98.05 ha de manglar, incluyendo 30 hectáreas de manglar para la ejecución del proyecto de ampliación portuaria del puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita que se anulen, revoquen, cancelen o, en su caso, se suspendan, por parte de la Semarnat, las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron a la empresa Z Gas del Pacífico para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita que se anulen, revoquen, cancelen o en su caso suspendan, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron al proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado Quinto. La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por conducto de su Presidente, y con la participación que corresponda de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, determinará la fecha y hora en que se llevará a cabo la comparecencia señalada en el punto anterior. Los términos y modalidades para el desarrollo de dicha comparecencia serán determinados por la mesa directiva de la Tercera Comisión Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Tercera Comisión:diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores registrados. El senador Monreal para hablar de los daños causados a los manglares de la laguna de Cuyutlán El senador Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, es el tema que discutimos allá en la Tercera Comisión. Yo nada más llamo la atención de la Comisión, que quiero solicitarle aclare la resolución de este punto de acuerdo, porque el punto de acuerdo que se aprobó fue la comparecencia del secretario del ramo y no aparece Le voy a leer, a la Comisión, textualmente lo que dice: Punto de acuerdo relativo a los daños causados de los manglares de la laguna de Cuyutlán. No, esto no aprobamos El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, senador. Sea tan amable la Secretaría de leer el resolutivo que está poniéndose a discusión. Solamente el resolutivo, si es tan amable la Secretaría El senador Ricardo Monreal Ávila:Al menos nos lo deberían dar por cortesía. Nadie lo conoce La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Señor presidente, doy lectura, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria Punto de acuerdo. Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, con el fin de que explique por qué se autorizó la instalación y operación de la planta regasificadora de gas LP de la empresa Z Gas del Pacífico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, con el fin de que explique porque se autorizó el cambio de uso de suelo autorizado referente a 98.05 hectáreas de manglar, incluyendo 30 hectáreas de manglar para la ejecución del proyecto de ampliación portuaria del puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito Tercero. La Comisión Peramente del Congreso de la Unión solicita que se anulen, revoquen, cancelen o, en su caso, se suspendan, por parte de la Semarnat, las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron a la empresa Z Gas del Pacífico, para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita que se anulen, revoquen, cancelen o en su caso suspendan por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron al proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado Quinto. La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por conducto de su presidente, determinará la fecha y hora en que se llevará a cabo la comparecencia señalada en el punto anterior. Los términos y modalidades para el desarrollo de dicha comparecencia serán determinados por la Mesa Directiva de la Tercera Comisión. Es cuanto, señor presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Eso es lo que discutimos, señor senador El senador Ricardo Monreal Ávila:De acuerdo, presidente. Pero nadie sabe qué estamos discutiendo, se lo aseguro, porque en el orden del día no se establece y lo mínimo que debió haber dicho, usted, es poner a consideración y leer el punto de acuerdo que se va a discutir El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdone usted, lo primero que dije fue: se encuentra publicado en la Gaceta.. El senador Ricardo Monreal Ávila: Sí, pero no.. El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y aquí está, en la página 20 del Anexo IV.. El senador Ricardo Monreal Ávila:Pero no pierde nada en que se lea, como siempre se acostumbra leer el punto de acuerdo a discusión. Además está incompleto, porque lo que aprobamos ayer, presidente, fue que antes de los ocho días debería comparecer el secretario del ramo y lo que autorizamos fue que el día de ayer tomaría contacto el presidente de la comisión, para que ahora este día nos dijera qué día comparecería y ésa es una omisión No sabemos cuándo va a comparecer. Por esa razón llamo la atención y ojalá en el transcurso de la Sesión Permanente conozcamos la hora y el día de la comparecencia. Hay un mandato de la Comisión de decir, antes de los ocho días deberá comparecer y antes de los ocho días se cumplen el martes de la semana próxima, espero se cumpla el mandato de la Comisión El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Correcto. En lo subsiguiente, otorgándole razón al senador en cuanto a la necesidad de que se conozca el punto que se está votando, la Secretaría leerá en cada caso el resolutivo, independientemente de la extensión que tenga No obstante, llamo la atención a los señores legisladores de que precisamente para eso es la Gaceta Parlamentaria. Es decir, que cuando alguien pasa a discutir un tema lo menos que puede suponerse es que leyó la Gaceta Parlamentaria, pero el senador tiene razón y en lo subsiguiente esta Presidencia ordena que sea leído cada punto de acuerdo que sea puesto a discusión, el resolutivo El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, solamente para una rectificación El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Moción del senador Monreal. Adelante El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Una rectificación al presidente Mire, presidente. Yo llegué puntualmente a la sesión, como siempre acostumbro hacerlo, llegué 10 minutos antes de las 11. No conocía la Gaceta ni el orden del día, me entregaron la Gaceta a las 11:20 y el orden del día más tarde. No tengo tanta capacidad para que en unos minutos lea toda la Gaceta y todo el orden del día Si usted ordena que nos la den más temprano, a las 8 o 9 de la mañana o 10, a más tardar, nos da tiempo y su resolución me parece correcta, de leer en cada punto aunque nos tardemos. No pasa nada, ésa es nuestra obligación y es nuestro trabajo El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Eso haremos Instruyo a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que procure que la Gaceta y el orden del día estén a las 10 de la mañana en la curul de los señores legisladores, por tanto, las sesiones de la Mesa Directiva a la que concurren todos los grupos parlamentarios, para enterarse del orden del día, se llevará  a cabo a partir de las 8:30 de la mañana Continúe la Secretaría. Adelante, Secretaría, el punto de acuerdo para que los camiones de procedencia extranjera.. EMISIONES CONTAMINANTES La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a obligar a través de sus dependencias a las personas que importen definitivamente camiones a cumplir el requisito de presentación del certificado de origen establecido en el TLCAN Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de sus dependencias, obliguen a las personas que importen definitivamente camiones de procedencia extranjera a nuestro país para que cumplan con el requisito de presentación del certificado de origen establecido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y de igual forma que las mismas unidades acrediten el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 044, sobre emisiones contaminantes; suscrito por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, integrante del Grupo Parlamentario del PRI Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen Antecedentes La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2010, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. En el capítulo de consideraciones del presente punto de acuerdo, el diputado Melchor Sánchez de la Fuente refiere que la industria de vehículos de autotransporte en nuestro país representa cerca del 4 por ciento del producto interno bruto manufacturero y es una de las más competitivas, pues ocupa el lugar noveno  a nivel mundial y tercer lugar en el Continente Americano De igual manera, el diputado proponente señala que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado entre México, Estados Unidos y Canadá se previó la eliminación de aranceles en materia de exportación, importación de vehículos y automotores, incluidos camiones. Así, el artículo 501 de la Sección A del Capítulo V de Procedimientos Aduaneros, establecieron las condiciones sobre el requisito de “certificado de origen” mismo que sirve para confirmar que un bien que se exporte de territorio de una parte a territorio de otra parte, califica como originario u por tanto dentro amparo del TLCAN El proponente menciona que el mencionado acuerdo en conjunto con la Norma Oficial Mexicana 044, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos Por otro lado, el diputado proponente menciona que entre los meses de enero y octubre del presente año se han importado desde Estados Unidos un total de 5,898 camiones usados con más de 10 años de antigüedad al amparo del TLCAN. Sin embargo, refiere que estas unidades no han presentado el certificado de origen que los valide como originarios de un territorio miembro de la zona del TLCAN Siendo lo anterior alarmante, debido a que las importaciones definitivas en estos 10 meses del año, que no cumplen con el requisito mencionado en el párrafo anterior, representan 25 por ciento de la venta total  de vehículos pesados nuevos en el territorio nacional. Por ello, y dado que las unidades importadas no están cumpliendo con la obligación de presentar el certificado de origen que los valida como vehículos elegibles a importación exportación entre los países miembros del TLCAN, ni están cumpliendo las normas ambientales y de seguridad que se exigen a vehículos ensamblados en nuestro país, formula la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a exigir por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las personas físicas o a las morales que realicen el trámite de importación definitiva de vehículos pesados el “certificado de origen” como requisito indispensable para que se compruebe que el vehículo por importar fue ensamblado en Estados Unidos o Canadá conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio con esos países para poder proceder a la importación Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a exigir por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la las personas físicas o a las morales que realicen el trámite de importación definitiva de vehículos pesados el comprobante de cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 044; y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a ofrecer en los puntos fronterizos las inspecciones de los vehículos pesados que tiene la intención de realizar el procedimiento de importación definitiva II. Esta Comisión considera prudente mencionar que el 11 de Enero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación “decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados”, el cual estuvo en vigor del 1o. de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010, mismo que abrogó las disposiciones emitidas el 22 de agosto de 2005 para la importación de autos usados, así como las del 26 de abril de 2006, que establecieron las condiciones para el ingreso de vehículos destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país Esta comisión dictaminadora coincide con el proponente en que, para que no se afecte al desarrollo y competitividad en el país, las importaciones definitivas de vehículos pesados deben seguir presentando el certificado de origen, así como el comprobante cumplimento de la Norma Oficial Mexicana 044 como requisitos indispensable Aunado a lo anterior, esta dictaminadora estima que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-044-ECOL-1003, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y no la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la presente, debe ofrecer en los puntos fronterizos las inspecciones de los vehículos pesados que tiene la intención de realizar el procedimiento de importación definitiva Esta comisión dictaminadora considera que la propuesta se encuentra debidamente sustentada de acuerdo a las previsiones del TLCAN y de la Norma Oficial Mexicana NOM-044-ECOL-1003 En mérito de lo expuesto, los miembros de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– sometemos a la consideración del pleno el siguiente Punto de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a exigir de las personas físicas o morales que realicen el trámite de importación definitiva de vehículos pesados, el “certificado de origen” como requisito indispensable para que se compruebe que el vehículo por importar fue ensamblado en Estados Unidos o Canadá conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio con esos países para poder proceder a la importación Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a exigir de las personas físicas o morales que realicen el trámite de importación definitiva de vehículos pesados, el comprobante de cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-044-ECOL-1003; y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a ofrecer en los puntos fronterizos las inspecciones de los vehículos pesados que tiene la intención de realizar el procedimiento de importación definitiva Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Tercera Comisión:diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se han registrado oradores en este punto, se reserva para su votación económica en conjunto SISTEMA SATELITAL MEXICANO La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la SCT un informe detallado respecto del nuevo Sistema Satelital Mexicano; y a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que ejerza sus facultades para que la ASF realice la fiscalización correspondiente Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir a ésta soberanía un informe detallado del nuevo sistema satelital mexicano, a cargo de los senadores María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, y Fernando Jorge Castro Trenti Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen Antecedentes La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2010, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. De conformidad con los autores del punto de acuerdo en estudio, refieren que México, en 1968, con motivo de los juegos olímpicos, ingresó a la era satelital a través del ATS-3, propiedad de la Agencia Nacional Aeroespacial de los Estados Unidos, captando las señales del Sistema Intelsat Comentan los autores que, para 1985 México adquirió su propio sistema satelital, y se puso en órbita el satélite Morelos I el 17 de junio, y para el 17 de noviembre se lanzó el Morelos II. El costo del sistema Morelos fue de 92 millones de dólares. Ambos satélites tenían una vida útil de nueve años. La vida útil del Morelos I terminó en 1993, y la del Morelos II en 1994, es así que sus funciones las tomaron la nueva generación de satélites Solidaridad I y II lanzados en 1993 y 1994, los cuales contaban con el doble de capacidad de los Morelos, siendo su vida útil hasta el 2007 y 2008 Refieren que el satélite mexicano Satmex V o Morelos 2R fue puesto en órbita en 1998, con vida útil de 15 años, pero a principios del 2010 presentó fallas, unas de las cuales son en el sistema de propulsión y no son cubiertas por el seguro del satélite, debido a que estas fallas son graves se estima que este satélite seguirá funcionando hasta el 2013. El Satmex VI, lanzado en 2006, se proyecta que tiene una vida útil aproximada hasta el 2021, sin embargo, ha presentado diversas fallas técnicas Los proyectos Satmex VII y VIII fueron anunciados en 2008 y en 2010 respectivamente. El satélite Satmex VII, se construiría por Space Systems/Loral y estaba previsto su lanzamiento para el año 2011, pero debido a la gran deuda que tiene la empresa Satélites Mexicanos, el mismo no se construyó y únicamente quedó como un acuerdo de contrato que no se concluyó por falta de financiamiento para su creación Manifiestan que en el programa de trabajo 2010 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye como el objetivo 10.1, el “Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país...”, para lo cual se establecen diversas estrategias, dentro de las cuales, en el tema de comunicaciones satelitales están: • Estrategia 1: “Impulsar el desarrollo y expansión de redes y servicios de comunicaciones con el objeto de que se proporcionen los servicios a aquellas zonas geográficas que actualmente no son cubiertas con la finalidad de integrar económica, social y culturalmente a una mayor población del país.” Y como una línea de acción para su cumplimiento se encuentra el “Atender y dar seguimiento a los procedimientos de coordinación internacional en materia satelital que resulten necesarios para la adecuada operación de los satélites mexicanos, así como para la ocupación y explotación de posiciones orbitales geoestacionarias” • Otra estrategia señalada es “Utilizar de manera óptima la infraestructura de comunicaciones instalada en el país, con la finalidad de hacer frente a las diferentes necesidades que tiene México en diversos sectores de la economía”. Y como líneas de acción de los Servicios Satelitales proporcionados por Telecomm se encuentran: – Aumentar la comercialización de los servicios de televisión ocasional con estaciones terrenas transportables digitales, para llegar a 6 redes permanentes y 1,643 servicios ocasionales – Asegurar la comunicación telefónica rural por satélite en comunidades de 60 a 499 habitantes, para atender a 1.2 millones de personas en el medio rural – Instrumentar el plan de contingencia a mediano plazo para cubrir los requerimientos operativos de las redes satelitales en banda “L” y realizar los estudios que permitan la continuidad de los servicios – Garantizar la prestación de los servicios satelitales en “banda L”, mediante la instrumentación del Plan de Contingencia y el Plan de Continuidad, para prestar los servicios de voz y datos para las instituciones nacionales de seguridad y de telefonía por satélite a las comunidades rurales de entre 60 a 499 habitantes – Garantizar las comunicaciones de las redes Movisat a través de su modernización y un óptimo monitoreo del segmento – Instalar, reubicar y dar mantenimiento a las terminales telefónicas satelitales (TTS), en banda “L” y “Ku” propiedad de la SCT y Gobiernos de los Estados – Prestar los servicios de comunicación satelital en los Centros Comunitarios Digitales (CCD), para la consulta y acceso a Internet – Instalar y operar las redes del sistema del conocimiento y la información (e-México) – Garantizar la continuidad de los servicios de radiocomunicación para la salvaguarda de la vida humana en el mar, en el ámbito de seguridad – Incrementar el número de redes permanentes de televisión y de enlaces ocasionales – Fortalecer la infraestructura de estaciones terrenas transportables y de telepuertos y la actualización del codificador/compresor para servicios gubernamentales – Operar y mantener la red de comunicaciones móviles por satélite en banda “L” y el Centro de Control Satelital conforme a la vida útil del satélite Solidaridad 2 – Instalar, operar y mantener las redes de la sociedad del conocimiento y la información (e- México) bajo la coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Argumentan que, se denota el papel que el sector satelital tiene en las comunicaciones del país y todas las acciones que, a muy corto plazo, fueron planteadas para dar un mínimo avance que nos aleje del rezago de acuerdo a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Igualmente, a partir de lo anterior, se aprecian los lineamientos que en esta materia impuso el gobierno federal, los cuales, como mínimo, deben ser cumplidos dentro del periodo anual (2010) Subrayan los autores del Punto de Acuerdo en estudio que, mediante un comunicado de fecha 20 de diciembre de 2010, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó su nuevo programa satelital mexicano, a través del cual se informa que: • Colocará en órbita tres satélites entre 2012 y 2014 para dar servicios de seguridad nacional, protección civil y conectividad social • Se dará una inversión de 12 mil 907 millones de pesos, la más importante en materia de telecomunicaciones en los últimos 20 años • La dependencia firmó con Boeing Defense un contrato por 12 mil 907 millones de pesos para la fabricación de los artefactos • Los satélites se pondrán en órbita en 2012, 2013 y 2014 y darán servicios de comunicaciones en todo el territorio nacional • Se tiene por objeto dotar a las entidades de seguridad nacional de una nueva plataforma de comunicaciones, comunicar a las poblaciones más aisladas del país con los servicios de telefonía y banda ancha así como atender a la población e instituciones de gobiernos en situaciones de desastres naturales • Los cuerpos de emergencia y fuerzas armadas tendrán a su disposición vías de comunicación que no dependen de infraestructura terrestre y que es susceptible a daños por desastres naturales • El primer satélite se pondrá en órbita entre octubre y noviembre de 2012 y dará servicio de comunicación fija. El segundo artefacto se colocará en el espacio en el cuarto trimestre de 2013 y estará dedicado a las comunicaciones móviles. El tercer satélite será lanzado en el tercer trimestre de 2014 y también brindará servicios móviles Refieren que el secretario de Comunicaciones y Transportes señaló que el Sistema Satelital Mexicano que conforma el proyecto (Mexsat) será operado por Telecom y no existe una nueva empresa. Este sistema se compone de tres satélites, dos de servicio móvil y uno de servicio fijo. Igualmente ha sido expresado por el Secretario del ramo que existen recursos para el lanzamiento al espacio de estos satélites ya que existe un programa multianual autorizado por la Cámara de Diputados, y aclaró que lo que se firmó es el contrato que incluye esas partes, pero falta por determinar los seguros En efecto, tal como lo señalan los autores, de conformidad con el artículo 55 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “asegurará, en coordinación con las dependencias involucradas, la disponibilidad de capacidad satelital suficiente y adecuada para redes de seguridad nacional y para prestar servicios de carácter social”; además, de que el artículo 28 constitucional considera a la comunicación satelital como un área prioritaria para el desarrollo nacional Los proponentes consideran que, tal y como está plasmado en el artículo 28 constitucional, es prioridad del Estado la comunicación satelital como área prioritaria para el desa-rrollo nacional, por lo que formulan la siguiente proposición con punto de acuerdo: Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que rinda informe detallado acerca del nuevo Sistema Satelital* Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, a fin de que dicha comisión mandate a la Auditoría Superior de la Federación para realizar, en los términos del artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una auditoría de conformidad con lo establecido en el artículo décimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011. (Turnado por la mesa directiva a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados) II. Esta comisión dictaminadora considera acertada la propuesta hecha en punto de acuerdo en estudio, toda vez que hasta el momento no existe informe alguno por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde se detallen los alcances del nuevo Sistema Satelital Mexicano, por lo que ésta Comisión comparte la preocupación de los Senadores proponentes y consideran De igual manera, conveniente que la autoridad responsable del mismo dé a conocer de manera detallada las acciones que se van a llevar a cabo en esta materia, específicamente con el nuevo desarrollo de infraestructura en materia satelital, y si a partir de ellas se cumple con los requerimientos que en materia de telecomunicaciones satelitales se tienen a nivel nacional En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe a esta Soberanía la situación que guarda el nuevo Sistema Satelital Mexicano Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Tercera Comisión: diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No habiéndose registrado oradores en este punto de acuerdo, se reserva para su votación económica en conjunto SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT a explicar a esta soberanía las causas del subejercicio en la dependencia, así como el atraso en la construcción y modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y otras obras carreteras en Guerrero Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a explicar a esta soberanía las causas del subejercicio en esa dependencia, así como el atraso de la construcción y modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y de otras obras carreteras en Guerrero, a cargo de los senadores María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón y Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen Antecedentes La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2010, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. De conformidad con los autores del punto de acuerdo en estudio, para el ejercicio 2010 se asignó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un presupuesto superior a los 80 mil millones de pesos, el cual para el ejercicio fiscal 2011 presenta un incremento alcanzando la cifra de 86 mil 392 millones de pesos Refieren que, de acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del tercer trimestre de 2010, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presenta un subejercicio de 2 mil 517 millones de pesos que equivale al 19.35 del gasto programado. Asimismo, argumentan que lamentablemente, lo anterior, se traduce en retrasos en la construcción y modernización de importantes obras carreteras que tienen un fuerte impacto en la población Los proponentes ejemplifican dicha situación con los trabajos de construcción de 2 viaductos en el kilómetro 5+600 y 5+900 del tramo Mozimba-Pie de la Cuesta, en el Estado de Guerrero, que tienen una asignación presupuestal de 40 millones 129 mil pesos y que hasta el día de hoy presenta un avance físico del 55 por ciento, aún y cuando se tenía programado su terminación el pasado 30 de noviembre, así como los trabajos de modernización del tramo Mozimba-Pie de la Cuesta, del kilómetro 8+580 al kilómetro 10+400 también programada para terminar el 30 de noviembre pasado, y que tiene un avance del 85 por ciento; este tramo, además, incluye la construcción de 2 estructuras viaducto, una en el kilómetro 9+160 y otra en el kilómetro 9+540 de la carretera de Acapulco-Zihuatanejo Señalan que de igual manera se presenta la misma situación con la construcción del entronque Cayaco, de la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, con un presupuesto de 105 millones 169 mil pesos y un avance de tan sólo 28 por ciento Los proponentes consideran que son obras primordiales para la modernización de Acapulco, que elevarán la calidad de vida de miles de familias, generando empleos y derrama económica en tan importante zona turística Por lo anterior formulan la siguiente proposición con punto de acuerdo: Único. El Senado de la República exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, a explicar a esta soberanía las causas del subejercicio en su dependencia, así como el atraso en los trabajos de construcción y modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y otras obras carreteras, en el estado de Guerrero II. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina y considera procedente que esta soberanía exhorte al titular de la SCT sobre el tema materia de la proposición que se dictamina, al tenor de las siguientes consideraciones Efectivamente, y tal como se refiere en el punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión dictaminadora considera que las tareas que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en relación a la obra pública en materia carretera, destacan por su importancia al ser un medio indispensable para la detonación económica de la región beneficiada Asimismo, las vías de comunicación constituyen una de las formas del capital, extienden el cambio, activan la circulación e influyen por lo tanto de un modo muy eficaz en la producción y el consumo de la riqueza, por lo que deben ser procurados por el Estado Esta comisión dictaminadora considera que es menester resaltar, que una de las funciones del Estado radica en el suministro de los servicios públicos, y que éstos, deben ser prontos y eficientes. Por ello, es indudable que en México las carreteras son el principal medio de desplazamiento de viajeros, y la vía principal de mercancías al conectar a las comunidades con las grandes ciudades, y fortalecer la integración del país Así, la importancia de las carreteras se ha incrementado notablemente, convirtiéndose en verdaderas vías que impulsan la competitividad de la economía y el desarrollo social. En consecuencia, es indispensable contar con infraestructura de carreteras que aseguren la circulación segura cómoda y fluida Habiendo reconocido la importancia de las carreteras, resulta obligado reconocer igualmente que en este rubro no puede justificarse el subejercicio presupuestal, pues siendo tan escasos los recursos del erario federal, todas las dependencia de la administración pública federal involucradas, deberán realizar su mejor esfuerzo para la oportuna aplicación de los recursos aprobados anualmente En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar por escrito en un plazo de cinco días hábiles a esta soberanía las causas del subejercicio presupuestal en esa dependencia, así como el atraso en los trabajos de construcción y modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y otras obras carreteras, en el Estado de Guerrero que presenten un atraso en su construcción Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Tercera Comisión: diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» xEl senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿A favor o en contra, senador? El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se inscribe el senador Monreal, a favor El senador Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, estoy a favor de este punto de acuerdo, pero con una adición que la someto a la aprobación de esta Comisión Permanente Es correcto solicitar información sobre el subejercicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero además de algunas obras carreteras en el estado de Guerrero Sin embargo, ciudadanos legisladores, no es exclusivo del estado de Guerrero el subejercicio, es en todo el país, desde noviembre, diciembre, que la Tesofe no generó los recursos suficientes o los recursos convenientes para cubrir el pago de obras o el pago de contratos provenientes de licitaciones públicas que se hicieron el año retropróximo Luego entonces, mi propuesta concreta es que no se limite el punto de acuerdo al estado de Guerrero, sino que sea en el territorio nacional La explicación de por qué el subejercicio, pero las obras están pendientes de liquidar o bien las obras que están pendientes de hacer y de construir. Ésta es la adición concreta que propongo, porque he recibido de muchos estados del país quejas del subejercicio que ha generado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Y en este punto planteamos hace un día, ayer, planteamos que fueran cinco días hábiles para la información correspondiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Por eso, presidente, le plantearía someter a la consideración de la asamblea si aceptan la adición de que no se circunscriba el punto de acuerdo al estado de Guerrero, que se incluya al estado de Guerrero pero que nos explique y nos informe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el subejercicio en todo el país, porque en todo el país hay obras importantes paradas o terminadas pero no pagadas. Ésa es mi propuesta concreta a la asamblea de esta Comisión Permanente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En términos del artículo 58, toda proposición debe ser presentada por su autor por escrito, para que tengamos una redacción. Sin embargo, creo que lo sencillo de la redacción me permite preguntarle a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el senador Ricardo Monreal. Pregunto a la asamblea si se acepta a discusión la modificación propuesta por el senador Ricardo Monreal, para añadirse al texto de la propuesta original de la Comisión. Pregunte la Secretaría por quienes estén por la afirmativa y por la negativa La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Por la negativa, favor de manifestarlo Mayoría por la afirmativa, señor presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por consiguiente, el punto de acuerdo que se reserva para su votación económica en conjunto incluiría las causas de subejercicio de la dependencia, así como el atraso de los trabajos de construcción de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y otras obras en el estado de Guerrero y en el resto de la república. Continúe la Secretaría TURISMO DE NATURALEZA Y ECOTURISMO La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur y a la Semarnat a coordinarse para fortalecer la política de fomento del “turismo de naturaleza” y del ecoturismo en el país Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a coordinarse a fin de fortalecer la políticas de fomento del llamado turismo de naturaleza y ecoturismo, en todas las regiones y comunidades del país, suscrito por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, integrante del Grupo Parlamentario del PRI Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen Antecedentes La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2010, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. En el capítulo de consideraciones del presente punto de acuerdo la diputada María del Carmen Izaguirre Francos refiere que, así como se demostró en los trabajos del Foro Mundial sobre Cambio climático (COP 16), México debe asumir el compromiso de continuar fortaleciendo su política de conservación y preservación de las zonas naturales así como promover la política de fomento del turismo de naturaleza y ecoturismo con el fin de atraer inversiones que se traducirán en competitividad, beneficios económicos turismo, y proyección internacional de las regiones y comunidades Como bien señalan la proponente, de acuerdo la Organización Mundial de Turismo, México se encuentra entre los primeros diez países en la clasificación de países de destino. Sin embargo, resulta necesario incrementar la competitividad cuidando que los visitantes puedan tanto interactuar y preservar el medio ambiente y como conocer las distintas expresiones culturales de cada región o comunidad En el mismo orden de ideas, la que propone menciona que, si bien es cierto que Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Jalisco, Baja California Sur e Hidalgo son las principales Entidades Federativas que tiene esta oferta turística, también lo es que resulta necesario difundir y promocionar a nivel nacional e internacional este tipo el turismo que permita aprovechar los inmensos recursos naturales con los que cuenta México, y así colocarlo como un país estratégico en materia turística Por tanto, considera importante que las instancias encargadas del Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, se coordinen para desarrollar políticas públicas encaminadas a enriquecer y fortalecer el fomento al turismo de naturaleza y ecoturismo, a fin de que México pueda competir a nivel internacional, procurando con ello, la conservación y preservación de los ecosistemas Lo anterior, dado que el reto para los siguientes años, de acuerdo con lo observado en la Cumbre del cambio climático, será consolidar la diversidad y mejorar los mecanismos e instrumentos enfocados a combatir los efectos que dañan el ecosistema. Por consiguiente, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo: Único.La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al a las Secretarías de Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se coordinen a través de un instrumento de colaboración para el desarrollo del turismo de naturaleza y ecoturismo, a fin de impulsar acciones de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, encaminando y orientado a desarrollar a las comunidades rurales e indígenas, así como, el fomento, desarrollo, difusión, y promoción de los destinos, actividades y proyectos turísticos en esta modalidad, permitiendo elevar la competitividad y generación de oportunidades para el desarrollo económico, social y cultural de las regiones y comunidades Asimismo, se diseñen y formulen mecanismos, estrategias e instrumentos de planeación, con la finalidad de integrar las propuestas interinstitucionales e intersectoriales encaminadas a impulsar el desarrollo del turismo de naturaleza y ecoturismo II. Tal como se refiere en el punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión dictaminadora considera que el llamado turismo de naturaleza y ecoturismo se ha convertido en un sector estratégico a nivel mundial no sólo por sus enormes beneficios en materia económica, sino también porque una de las consecuencias de su fomento, es que se favorece al desarrollo y progreso de las regiones que cuentan con este tipo de turismo Asimismo, es de reconocer que; la actividad turística es fundamental para la economía nacional dado que su dinamismo es una fuente de generación de ingresos, fuentes de trabajo y proyectos de inversión que son de suma importancia para el desarrollo del país De la misma manera, esta comisión dictaminadora considera importante señalar que la Secretaría de Turismo ha dividido el turismo de naturaleza en tres grandes segmentos, cada uno compuesto por diversas actividades: ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. En tal sintonía, también es importante mencionar que el 4 de octubre de 2004 se firmó el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el Desarrollo del Ecoturismo, Turismo Rural y demás Actividades de Turismo de Naturaleza en México, mediante el cual se llevó a cabo un programa interinstitucional, por el que se desarrollaron proyectos y acciones coordinadas para el fomento de ese segmento turístico. Dicho convenio estuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2006 En tal virtud, y reconociendo las oportunidades ambientales, sociales y económicas, que representa el turismo de naturaleza para México y dados los resultados obtenidos a favor del desarrollo de este segmento de turismo, por la coordinación interinstitucional que se estableció en las bases y el convenio general de colaboración antes citados; las dependencias y entidades de la administración pública federal, formalizaron acciones en la misma materia, a través del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el desarrollo del Turismo de Naturaleza en México 2007-2012 Dicho convenio fue signado el 16 de agosto de 2007, no sólo por las Secretarías de Turismo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales sino también por las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Social, de Economía, de la Reforma Agraria y por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Áreas Rurales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Financiera Rural, Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciaria del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Consejo de Promoción Turística de México, y el Fideicomiso de Riesgo Compartido Asimismo, el citato instrumento tiene por objetivo que los signantes “dentro del ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la legislación y normatividad que les sea aplicable, a fin de propiciar su coordinación para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación conjunta de programas específicos que privilegien la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, el desarrollo y participación directa de las comunidades rurales e indígenas, la generación y conservación de empleos formales, la rentabilidad de las actividades empresariales a través del fomento, desarrollo, capacitación, difusión y promoción de las diversas modalidades del Turismo de Naturaleza, dentro de un marco de sustentabilidad, competitividad y equidad, tomando en todo momento las medidas necesarias para la protección del patrimonio natural y cultural de la Nación” Para ello, el Convenio establece los lineamientos, estrategias, un Programa Estratégico de Turismo de Naturaleza, anexos de ejecución y un grupo de trabajo operativo con la finalidad de cumplir con el objetivo planteado en el mismo Así, entre los principales lineamientos que se contemplan se establece: • Fomentar el desarrollo del turismo de naturaleza, bajo los criterios de sustentabilidad, competitividad, equidad y con la participación de los beneficiados • Difundir métodos y técnicas de planeación, gestión y seguimiento de las políticas de desarrollo del turismo de naturaleza, que garanticen su sustentabilidad y competitividad • Promover el intercambio continuo de experiencias positivas en el campo de este segmento, y; fomentar el incremento de oportunidades de comercialización y promoción eficientes de las empresas, productos y destinos de turismo de naturaleza, en el mercado nacional e internacional • Promover, fomentar y desarrollar el turismo de naturaleza, en comunidades rurales e indígenas, en zonas de atención prioritaria denominadas microrregiones, micro cuencas; así como en regiones prioritarias para la conservación, Áreas Naturales Protegidas y aquellas que cuentan con el potencial turístico; lo anterior bajo el pleno respeto a las comunidades y culturas indígenas, cuidando y preservando su patrimonio cultural, así como el medio ambiente y los recursos naturales • Promover la protección, restauración y conservación, de los ecosistemas y recursos naturales, en donde se desarrolle el turismo de naturaleza en el país De la misma manera, entre las principales estrategias del citado instrumento se encuentran: • Establecer sitios y regiones de interés común, en el Programa Estratégico de turismo de naturaleza, a donde se orientarán esfuerzos y recursos para potenciar y consolidar el desarrollo del mismo y la participación de los beneficiarios • Fortalecer los mecanismos de apoyo institucionales para fomentar el desarrollo de proyectos viables de turismo de naturaleza, así como para fortalecer las empresas de este segmento, que se localicen en los sitios, circuitos y regiones de interés prioritario o que cuenten o hayan contado con el apoyo institucional correspondiente • Editar material técnico y de difusión, así como la organización y participación en eventos de formación y fortalecimiento, orientados a facilitar y apoyar el desa-rrollo de proyectos de turismo de naturaleza, en un marco de sustentabilidad, competitividad y equidad • Desarrollar, impulsar y apoyar la realización de un Programa Integral de Capacitación, que atienda las necesidades de los diferentes actores que intervienen en el desarrollo y prestación de servicios turísticos relacionados con el turismo de naturaleza, que permita desarrollar competencias en aspectos relacionados con la planeación, gestión y educación ambiental, equidad, operación, calidad y seguridad en los servicios, normatividad, administración, comercialización y desarrollo humano y empresarial, con la participación directa y activa de los beneficiarios • Creará el Sistema Nacional de Información de turismo de naturaleza, conforme a lo previsto en los ordenamientos legales aplicables, mismo que se desarrollará en coordinación con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, y el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable • Desarrollar los indicadores para evaluar y difundir los impactos sociales, económicos y ambientales, generados por el turismo de naturaleza, destacando aquellos originados a través de los programas y proyectos impulsados por los signantes Aunado a lo anterior, el mencionado instrumento establece que se difundirán los objetivos y alcances del presente instrumento, así como las acciones que se llevarán a cabo, a fin de fomentar la participación de otras dependencias y entidades de la administración pública federal; así como de los gobiernos estatales, municipales, organismos de los sectores social, privado y académico, nacionales e internacionales y otras instituciones y asociaciones, interesadas en la protección, conservación, preservación, recuperación, difusión y promoción del patrimonio natural y cultural mexicano, con interés en el turismo de naturaleza, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia Consecuentemente, esta comisión dictaminadora, estima que en el caso procede considerar que la Proposición materia de este dictamen ha sido debidamente atendida a través del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el desarrollo del Turismo de Naturaleza en México 2007-2012. Sin embargo, esta dictaminadora considera oportuno solicitar un informe de las fórmulas de cooperación y coordinación que se han generado a partir del convenio En mérito de lo antes expuesto, los miembros de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– sometemos a la consideración del pleno los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se coordinen a través de un instrumento de colaboración para el de-sarrollo del turismo de naturaleza y ecoturismo, a fin de impulsar acciones de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, encaminando y orientado a desarrollar a las comunidades rurales e indígenas, así como, el fomento, desarrollo, difusión, y promoción de los destinos, actividades y proyectos turísticos en esta modalidad, permitiendo elevar la competitividad y generación de oportunidades para el desarrollo económico, social y cultural de las regiones y comunidades. Así mismo, se diseñen y formulen mecanismos, estrategias e instrumentos de planeación, con la finalidad de integrar las propuestas interinstitucionales e intersectoriales encaminadas a impulsar el desarrollo del turismo de naturaleza y Ecoturismo, en razón de que el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el desarrollo del Turismo de Naturaleza en México 2007-2012 firmado el 16 de agosto de 2007 atiende el tema materia del presente punto de acuerdo Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, solicita a los titulares de las Secretarías de Turismo y Medio Ambiente un informe de las fórmulas de cooperación y coordinación que se han generado a partir de la firma del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el desarrollo del Turismo de Naturaleza en México 2007-2012 Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Tercera Comisión:diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No ha habido reservas en este punto de acuerdo, por lo que se reserva para su votación en conjunto SECTOR RURAL La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Sagarpa y a sus pares en el ámbito local a reimpulsar el extensionismo rural para incrementar el número de proyectos que eleven la actividad económica en el país Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a sus pares en el ámbito local, A reimpulsar el extensionismo rural para incrementar el número de proyectos que eleven la actividad económica en nuestro país, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón del grupo parlamentario del PRI Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen Antecedentes La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. El autor del presente punto de acuerdo refiere que la situación que atraviesa el campo mexicano, como son el de-sabasto de alimentos, su encarecimiento, el abandono de tierras, el desempleo, el incremento de la migración del campo a la ciudad, y el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores y de su familia, se debe a que no cuenta con las herramientas indispensables para afrontar los retos de la vida cotidiana en las grandes urbes Además, agrega los efectos que está generando en las cosechas el cambio climático, situación que hace indispensable la tecnificación del campo para obtener éxito en los proyectos productivos que se realicen El proponente señala que el extensionismo rural tiene por objeto difundir y transferir innovaciones productivas y tecnológicas a los productores, que eleven el capital humano de los agentes económicos rurales por medio de la capacitación Asimismo, manifiesta que de acuerdo con los datos de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, la asistencia técnica representa el 31 por ciento del éxito de los proyectos productivos y es punto de partida para impulsar las actividades económicas También, señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presentó en la fecha antes mencionada, el proyecto para la creación de la Red de Innovación y Extensionismo Rural, con el cual se vinculará a productores con las instituciones académicas y de investigación en México, sin tomar en consideración las distintas realidades socioculturales que existen en las diferentes entidades de nuestro país Por lo anterior formula la siguiente proposición con punto de acuerdo: Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a sus pares en el ámbito local a reimpulsar el extensionismo rural para incrementar el número de proyectos que eleven la actividad económica en nuestro país, disminuir las tasas de desempleo que enfrentan los trabajadores del campo, en particular los agrónomos, y elevar la calidad de vida de este sector de la población II. Efectivamente, y tal como se refiere en el punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión dictaminadora considera indispensable el uso de políticas públicas que generen proyectos productivos que impulsen un importante número de actividades comerciales en el país, que garanticen la seguridad y autonomía alimentaria Por tanto, los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina y consideran procedente y conveniente que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a reimpulsar el extensionismo rural junto con sus pares en ámbito local, en el marco de los convenios de colaboración suscritos con entre la Sagarpa y los estados En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación rinda un informe sobre la situación en la que se encuentran los programas de promoción e impulso al extensionismo rural, así como los lineamientos de las reglas de operación del programa, dentro de un plazo de cinco días hábiles, incluyendo la información general relativa a los convenios de colaboración suscritos con las entidades federativas, exhortándole a que gire instrucciones a efecto de que se reactiven y fortalezcan los esfuerzos para desarrollar el mencionado extensionismo Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Tercera Comisión: diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cruz López El diputado Cruz López Aguilar(desde la curul): Nada más para aclarar que hicimos una precisión sobre todo porque nos interesa que informe con toda claridad lo relacionado con las reglas de operación del programa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿No está incluido? El señor presidente de la Comisión, si es tan amable. Micrófono al diputado Orduño El diputado Francisco Javier Orduño Valdez(desde la curul): Se acordó y está incluido ya en el dictamen que mandamos aquí a la Mesa Directiva El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pero al parecer los diputados dicen que no se refleja en el resolutivo Repita el resolutivo, si es tan amable la diputada Hernández, fungiendo como secretaria La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a rendir un informe sobre la situación en la que se encuentran los programas de promoción e impulso al extensionismo rural, así como los lineamientos de las reglas de operación del programa, dentro de un plazo de cinco días hábiles, incluyendo la información general relativa a los convenios de colaboración suscritos con las entidades federativas, exhortándole a que gire instrucciones a efecto de que se reactiven y fortalezcan los esfuerzos para desarrollar el mencionado extensionismo El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada secretaria. Senador Monreal El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Permítame El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Correcto. No hay oradores registrados en este punto de acuerdo, por lo que está suficientemente discutido y se reserva para ser votado económicamente en conjunto. Continúe la Secretaría El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A sus órdenes El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, dado que éste fue el último de los dictámenes que presentó la Tercera Comisión y que están reservados para su votación en conjunto, le preguntaría a la Presidencia y a la Comisión, por qué razón no está incluida la comparecencia del director de Pemex, que fue otro tema que se aprobó en la Comisión por mayoría de votos, la comparecencia para el día de mañana a las 10 de la mañana Sólo desearía que se aclare si se mantiene lo que se acordó en la Comisión, y por qué razón se excluyó y no se presentó en el conjunto de dictámenes aprobados por la Tercera Comisión, a someterlo a consideración del pleno de esta Comisión Permanente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, senador. Le informo yo: porque ése no es un dictamen de la Comisión. Ésa proposición fue resuelta por el pleno y acordada por el pleno. Lo único que hizo la Comisión fue fijar la fecha, que le confirmo, es mañana a las 10 de la mañana PROGRAMA ENCICLOMEDIA La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Educación Pública a resolver e informar sobre diversos asuntos relacionados con la operatividad del programa Enciclomedia Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que los contratos con particulares que en su momento se firmaron para la adquisición de bienes y servicios relacionados con el programa Enciclomedia, concluyan el 31 de diciembre de 2010 tal y como está establecido; asimismo, que los recursos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011 correspondientes al citado programa, sean transferidos a las secretarías estatales de Educación para aplicarlos en la operación y mantenimiento de los equipos de cómputo existentes, y que la SEP responda a la brevedad a las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los más de 11 mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008 dentro del programa Enciclomedia, presentada por el diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizamos el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y de más aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes: Antecedentes I. El pasado 21 de diciembre de 2010, el diputado José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo relativo a la operatividad del programa Enciclomedia II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que el citado punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes Consideraciones I. El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al Pleno de esta Soberanía en los siguientes argumentos: a) La educación es el pilar que sustenta a una nación, dándole a la población la oportunidad de alcanzar un mayor nivel de desarrollo y contar con mayores potencialidades para enfrentar los retos de la vida diaria, cotidiana y profesional b) Frente a ello, deben coincidir diversos componentes incluyendo los de índole personal y aquellos de tipo tecnológico. En consecuencia, la administración del Presidente Vicente Fox diseñó un esquema que permitió incorporar el uso de tecnologías al sistema de educación básica denominado programa de Enciclomedia c) Dicho programa ha sido cuestionado con relación a los procesos de diseño, licitación, implementación y funcionamiento. Incluso se presume que existieron conductas constitutivas de delito, sin que a la fecha se hayan deslindado las responsabilidades correspondientes d) El programa Enciclomedia recibió 24 mil 827 millones de pesos, de 2004 a 2008. En dicho período, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones por 11 mil 333 millones de pesos –equivalente al 45.6% del presupuesto asignado–, en virtud de que casi la mitad del presupuesto total asignado se utilizó para el pago de nómina u otros rubros no relacionados con los fines del programa.’ e) A la fecha, la Secretaría de Educación Pública no ha respondido con suficiencia a las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación, respecto a los más de 11 mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008 f) Otra de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública se relaciona con la firma de contratos multianuales. Por tanto, se señala la necesidad de realizar una investigación sobre los motivos que determinaron la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al efecto g) Asimismo, la firma de tales contratos fue durante septiembre de 2005, para la adquisición de 125 mil 562 equipos, con un costo aproximado de 18 mil millones de pesos. Obligando por tanto a la presente administración a asumir la responsabilidad de programar y destinar los recursos necesarios para atender el compromiso con las empresas proveedoras del programa Enciclomedia hasta los años 2010 y 2011 h) Por otro lado, de acuerdo con los planteamientos vertidos por la Secretaría de Educación Pública, durante el presente año se dará una etapa de transición del programa Enciclomedia al programa Habilidades Digitales para Todos. Se informa que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignaron 596 millones de pesos a Enciclomedia –reducción superior al 90% en comparación del año anterior–, mientras que para el Programa HDT se destinaron 4 mil 903 millones de pesos i) En este sentido, no se considera pertinente que se prorroguen los contratos correspondientes a un programa en el que se ha observado tal opacidad en el uso de los recursos públicos y no hay claridad por parte de la dependencia federal sobre la partida presupuestal que sería afectada para cubrir la prórroga de los contratos, una vez señalado dicho período de transición Por todo ello, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo: Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que: Primero. Se concluya con los contratos que en su momento se firmaron para la aplicación del Programa Enciclomedia, tal como está establecido en los mismos Segundo. Se transfiera a los estados los recursos presupuestados en el ejercicio fiscal 2011 dirigidos al programa Encliclomedia, para que sean aplicados en la operación y mantenimiento de los equipos existentes Tercero. A la mayor brevedad, la SEP responda íntegramente a las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los más de 11 mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008 dentro del programa Enciclomedia II. Cabe decir que esta representación soberana ha corroborado los datos expuestos en las consideraciones de la proposición con Punto de acuerdo en estudio, destacando particularmente las evaluaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Según los Informes del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 y 2008 –referentes a la evaluación del programa Enciclomedia– se pueden constatar las irregularidades relacionadas con el Programa en comento; sin embargo, en el presente dictamen se citan importantes observaciones relacionadas con el punto de acuerdo en comento: a) El manual de procedimientos de la Dirección General de Materiales Educativos no considera políticas específicas de operación para las aulas ASA, que son parte del programa Enciclomedia. Incumple lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria b) No se suscribieron los contratos con los gobiernos de los Entidades Federativas y el Distrito Federal, para la recepción de los equipos, con objeto de instalarlos y destinarlos única y exclusivamente para su operación. Incumple la cláusula cuarta, inciso f, de los Convenios de Coordinación del Programa.1 c) La SEP no notificó a la Mesa de Servicios y Control de Calidad (Topel, S de RL de CV, empresa encargada de recibir llamadas telefónicas por incidente, proporcionar asesoría básica por desperfecto de los equipos) sobre el siniestro de 54 aulas afectadas por inundaciones, por lo que se efectúo un pago improcedente por 2.4 miles de pesos d) La SEP no realizó dicho trámite de reclamación correspondiente de las aulas siniestradas y robadas ante la compañía asegurada, cuyo valor es de 2,892.4 miles de pesos y 369.5 miles de pesos, respectivamente; y e) El probable daño o perjuicio o ambos al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, por un monto de 3,264,279,13 pesos Por otra parte, cabe destacar que en el estudio denominado “informe de evaluación del programa Enciclomedia 2008” realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señaló deficiencias en el diseño y operatividad del mismo. Asimismo, se precisa que dicho programa no cuenta con un diagnóstico actualizado y adecuado; el fin y el propósito no se encuentran claramente definidos, y los requerimientos de presupuesto no están explícitamente ligados al cumplimiento de las metas de desempeño Cabe señalar que por tal motivo la Auditoría Superior de la Federación realizó siete observaciones sobre las irregularidades en la operación de dicho Programa, y de las cuales correspondieron siete recomendaciones, un pliego de observaciones y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. En los citados informes, se solicita al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para fincar responsabilidades que deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos encargados de la gestión Por todo lo anterior, los integrantes de esta comisión consideramos la procedencia de los resolutivos planteados en el punto de acuerdo en estudio; asimismo, compartimos la preocupación del legislador promovente para que se concluyan los contratos que en su momento se firmaron para la aplicación del programa Enciclomedia Esta comisión destaca que resulta de interés público que el Ejecutivo federal atienda total y satisfactoriamente las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de cumplir con los principios de transparencia y la rendición de cuentas previstos en la Carta Fundamental Es preciso señalar que el uso de los recursos públicos siempre debe redundar a favor de los gobernados, y por ende, mejoren la calidad de vida de los mexicanos sin distingo ni discriminaciones Por ello, las propuestas vertidas en el punto de acuerdo en estudio, resultan razonables a efecto de que la educación cumpla con los propósitos previstos en la Constitución Federal, cuente con los recursos presupuestales suficientes, así como de políticas y programas públicos que mejoren la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje Por lo antes expuesto, los integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, consideran que existen los elementos necesarios para someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que a la brevedad, se: a) Concluyan, conforme a lo que a derecho proceda, los contratos que se firmaron en el marco del programa Enciclomedia; b) Lleve a cabo un proceso de transición de dicho programa al programa Habilidades Digitales para Todos de manera transparente, en los términos en que fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011; y c) Informe sobre el estado que guardan las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación, con relación a los recursos públicos destinados al programa Enciclomedia, respecto a los 11 mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008 del programa Enciclomedia, el cual deberá entregarse a esta soberanía en un plazo no mayor a ocho días naturales Nota: 1 Como resultado de la instalación de las 21,434 aulas ASA en las entidades federativas y en el Distrito Federal 82005), a la fecha de la auditoría (octubre de 2008) Sala de comisiones, salón D del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Héctor Franco López (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), secretarios; senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senadora Claudia Sofía Corichi García, diputado Isaías González Cuevas, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), diputado Tereso Medina Ramírez, diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se inscribieron oradores ni a favor ni en contra de este punto, queda suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría PROFESIONISTAS EN AREA METEOROLOGICA Y CLIMATOLOGICA La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a promover convenios con instituciones académicas y centros de investigación a fin de elevar el número de profesionistas en las áreas meteorológica y climatológica en el país Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a promover convenios de investigación a fin de elevar el número de profesionistas en el área meteorológica y climatológica en nuestro país, presentada por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizamos el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y de más aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes: Antecedentes I. La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública En el capítulo de consideraciones el autor de la proposición que se dictamina, se refiere a la relevancia e importancia que actualmente tiene el estudio de los fenómenos que ocurren a corto plazo en las capas bajas de la atmosfera, es decir, donde se desarrolla la vida de plantas y animales. Fundamentalmente estudia los cambios atmosféricos que se producen a cada momento, utilizando los parámetros como la temperatura del aire, su humedad, la presión atmosférica, el viento o las precipitaciones. Finalmente el objetivo de la meteorología es predecir el tiempo que transitará de 24 a 48 horas y, en menor medida elaborar un pronóstico del tiempo a mediano plazo III. Por otro lado, el estudio del clima y sus variaciones a lo largo del tiempo es materia de investigación de la climatología. Apoyándose en los mismos parámetros que la meteorología, su finalidad es distinta, ya que no pretende hacer predicciones inmediatas, si no estudiar las características climáticas a largo plazo IV. Las consecuencias que actualmente sufre el planeta tierra, debido a los cambios climáticos tales como aumentos del nivel del mar, lluvias abundantes, inundaciones, huracanes más intensos, sequías y olas de calor intensos cada año y más frecuentes, afectan sin excepción a todos los países del mundo. En México, año con año, la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos aumenta en medida des proporcionada en relación a los huracanes, lluvias, tormentas, inundaciones etcétera; por tal motivo se requiere de personal humano capacitado en estas áreas de estudio e investigación V. Concluye el promover el siguiente punto de acuerdo: “Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a promover convenios con instituciones académicas y centros de investigación, a fin de elevar el número de profesionistas en el área de meteorológica y climatológica en nuestro país.” Consideraciones I. En este contexto, y derivado de las investigaciones de la presente comisión dictaminadora, cobran relevancia e interés, las recientes declaraciones del Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, ciudadano Felipe Adrián Vázquez Gálvez, al referirse que existe actualmente un déficit de profesionistas que se dediquen a estudiar los fenómenos climatológicos en nuestro país II. Coincidimos plenamente con el legislador promovente, al afirmar que el cambio climático es una realidad presente para nuestro país y el resto del mundo, y que se requiere de medidas concretas para prever, mitigar y adaptar nuestra forma de vida a los peores efectos que genere este fenómeno III. Ante los retos que representa el fenómeno social, político y económico que es el cambio climático, nuestro país ha suscrito una serie de compromisos a nivel regional e internacional. Fue así, que durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, por su especial interés sobre el particular fungió como sede de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático IV. Durante las mesas de diálogo y debate de la COP16 se insistió en que los expertos y científicos asistieran con voz y voto en las reuniones de la Comisión intersecretarial, o en su defecto, mantuvieran una participación activa en los gabinetes de gobierno de cada nación que ha suscrito acuerdos internacionales referentes al cambio climático V. Lamentablemente, México mantiene una estrategia débil y poco efectiva en cuanto a la promoción de programas de estudios y capacitación para el personal en materia meteorológica y climatológica, entre otras ramas de estudio que se relacionan con el tema VI. Por lo anterior es pertinente señalar que, en lugar de solicitar al Poder Ejecutivo promover convenios con instituciones académicas y centros de investigación, a fin de elevar el número de profesionistas en el área de meteorológica y climatológica, se requiera la información materia del presente punto de acuerdo relacionada a los convenios con dichas instituciones, con el propósito de que esta soberanía cuente con la información necesaria para normar debidamente su criterio VII. Finalmente, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta oportuno solicitar al Poder Ejecutivo, por conducto del titular de la Secretaría de Educación Pública, la información relativa a los convenios con instituciones en esta materia VIII. Cabe destacar que el precepto Constitucional, en el artículo 3, señala: (...) (...) “V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.” Asimismo, es menester enfatizar que es el mismo Estado, quien fomentará modelos y esquemas educativos tendientes a desarrollar, investigar e implementar soluciones para las diversas problemáticas que presenta el país. Actualmente existen avances en diversos rubros tecnológicos relacionados con los fenómenos climatológicos por lo que resulta indispensable fomentar la profesionalización en esta materia En mérito de lo expuesto, la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– somete a la consideración del pleno, el siguiente Punto de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita al poder Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Educación Pública, que remita la información relacionada a los convenios con instituciones académicas y centros de investigación, así como con el número de profesionistas en el área de meteorológica y climatológica en nuestro país, y exhortarles para que intensifiquen sus esfuerzos en el desarrollo de los convenios de referencia Segundo. Se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública que el informe señalado en el resolutivo primero del presente acuerdo, se remita a ésta soberanía en el término de ocho días hábiles Sala de comisiones, salón D del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública,senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Héctor Franco López (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), secretarios; senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senadora Claudia Sofía Corichi García, diputado Isaías González Cuevas, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), diputado Tereso Medina Ramírez, diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica)..» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. No hay oradores inscritos en este punto, por lo que está suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS ENTRE MEXICO-ESTADOS UNIDOS La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del representante de nuestro país en la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, así como del secretario de la sección mexicana para que expliquen las razones y posibles consecuencias del acta 318, firmada con Estados Unidos de América el 17 de diciembre de 2010 Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada una proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del representante mexicano en la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, así como del secretario de la sección mexicana de ésta a fin de que expliquen las razones y posibles consecuencias del acta 318, firmada con Estados Unidos de América el 17 de diciembre de 2010, aprobada por el gobierno mexicano el 20 del mismo mes, presentada por los senadores Adolfo Toledo Infanzón, Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Ricardo Fidel Pacheco y Renán Cleomino Zoreda Novelo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizamos el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y de más aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes: Antecedentes I. El 4 de enero de 2011, los senadores Adolfo Toledo Infanzón, Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Ricardo Fidel Pacheco y Renán Cleomino Zoreda Novelo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del representante mexicano en la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, así como del secretario de la sección mexicana de ésta a fin de que expliquen las razones y posibles consecuencias del acta 318, firmada con Estados Unidos de América el 17 de diciembre de 2010, aprobada por el gobierno mexicano el 20 del mismo mes II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que el citado punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes Consideraciones I. Los senadores promoventes justifican la presentación de dicho punto de acuerdo con base en los siguientes argumentos: a) La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos se reunió en las oficinas de la Sección Estadounidense en la ciudad de El Paso, Texas, el pasado 17 de diciembre de 2010, para discutir el ajuste del calendario de entregas de agua del río Colorado a México en el periodo comprendido de 2010 a 2013, con motivo de los daños en la infraestructura del distrito de riego 014, río Colorado, ocasionados por los sismos ocurridos en el Valle de Mexicali, Baja California, en abril de 2010 b) En tal reunión trascendió que el comisionado mexicano señaló que durante los sismos referidos, resultó seriamente dañada la red hidráulica del distrito de riego 014, río Colorado, en una longitud de 640 kilómetros (398 millas) de la red de canales y también fue afectada una superficie de alrededor de 60,000 hectáreas (148,000 acres), por lo que México está enfrentando dificultades para recibir a través de su infraestructura hidroagrícola, todo el volumen de agua que le asigna anualmente el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y Los Estados Unidos de América, firmado el 3 de febrero de 1944, todo ello de conformidad a lo que establece el Artículo 4 de dicho instrumento internacional.1 c) El comisionado mexicano hizo mención entonces a las instrucciones del gobierno en el sentido de explorar en el seno de la comisión, la opción de ajustar el calendario de entregas de agua del río Colorado, reconociendo los volúmenes de agua que México no pueda utilizar en el periodo comprendido de 2010 a 2013 a causa de los daños ocasionados por el sismo del 4 de abril del 2010, y el deseo de que dichos volúmenes sean entregados a México cuando pueda utilizarlos, según el avance en la reconstrucción de la infraestructura dañada. En este contexto, mencionó que un volumen estimado de 320 millones de metros cúbicos (260,000 acres-pie) pudieran no ser utilizados en el periodo comprendido de 2010 a 2013 d) El comisionado estadounidense observó que las autoridades competentes de su país, han sido informadas de los daños sufridos por la infraestructura del distrito de riego 014 como resultado de los sismos registrados en abril de 2010, y han expresado su disposición para apoyar a México a fin de ajustar los calendarios de entrega de agua de su asignación anual durante el periodo comprendido de 2010 a 2013, debido a los problemas derivados de los daños mencionados e) Los comisionados observaron la procedencia de ajustar el calendario de entregas de las aguas asignadas a México durante el periodo comprendido de 2010 a 2013, a fin de atender inmediatamente los problemas derivados de los daños generados por los sismos en la infraestructura de riego en México, tomando en cuenta las pérdidas por evaporación asociadas con este cambio en el calendario de entregas y el potencial impacto en el diferencial de salinidad entre la presa Imperial y el lindero internacional norte.2 f) Durante el 2010, Baja California resultó afectada en su economía y en la calidad de vida de sus habitantes a causa del sismo del 4 de abril así como de las restricciones al uso de dólares en efectivo. Asimismo, no se ha podido restaurar la infraestructura hidroagrícola de la zona, lo que significa pérdidas para todos los productores agrícolas de la región, quienes no pueden continuar con su actividad debido a la falta de abastecimiento de agua para riego g) Cabe destacar que la Secretaría del Interior estadounidense, estima que las reservas de la cuenca del río Colorado, principal fuente de agua para el estado de Baja California, han caído a 55 por ciento de su capacidad desde el 2000 y los pasados 11 años han sido los más secos en un siglo, por lo que es procedente hacer una prospectiva de la suscripción del acuerdo bilateral en comento, ya que la restricción de más de 300 millones de metros cúbicos de agua correspondientes al Estado mexicano, puede resultar puede resultar perjudicial a región, en especial la de Baja California Por todo ello, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo: Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer, al comisionado mexicano de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, doctor Roberto Fernando Salmón Castelo, y al secretario de la sección mexicana, licenciado José de Jesús Luévano Grano, a fin de que expliquen, a detalle, las razones y posibles consecuencias del acta 318, firmada con Estados Unidos el 17 de diciembre de 2010, aprobada por los gobierno mexicano y estadounidense el 20 del mismo mes II. Esta comisión precisa resaltar que durante más de 100 años, México y Estados Unidos han encomendado a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) la vigilancia y aplicación de los Tratados Internacionales sobre límites yaguas, así como regular y ejercer los derechos y obligaciones asumidos bajo dichos Tratados, a efecto de dirimir las diferencias que puedan surgir como consecuencia de la aplicación de los instrumentos internacionales Cabe destacar que CILA ejerce esta responsabilidad a lo largo de su zona jurisdiccional fronteriza de 3 mil 141 kilómetros, en aras de lograr el entendimiento muta entre los dos países, mejorar la convivencia internacional y lograr el bienestar de los habitantes dentro de la zona fronteriza Recordemos que la CILA se ha constituido en un organismo binacional, que asiste a ambos gobiernos en la mejoría y conservación del medio ambiente de la frontera México-Estados Unidos, enfocando su acción en el desarrollo de soluciones internacionales consistentes en proyectos de infraestructura sanitaria así como de control, conservación y utilización de agua, diseñados de manera conjunta y construidos y operados por los dos países bajo la supervisión de la CILA Ahora bien, desde 1930, la CILA ha desarrollado programas de observación de la calidad de las aguas fronterizas y construido proyectos internacionales de manejo y tratamiento de aguas residuales, incluyendo las relativas a las poblaciones de Tijuana, Baja California/San Ysidro, California (1938), Nogales, sonora/Nogales, Arizona (1952), Agua Prieta, Sonora/Douglas, Arizona (1948), Nuevo Laredo, Tamaulipas/Laredo, Texas/1989 Todo esto ha permitido mejorar tanto el manejo de las aguas de abastecimiento para uso doméstico como la disposición final de las aguas residuales, con el objetivo permanente de hacer de la frontera un mejor sitio para vivir Por otra parte, la CILA además de llevar a cabo investigaciones elabora recomendaciones a los dos países para la solución de problemas dentro de su jurisdicción. Estas recomendaciones son regularmente presentadas en forma de Informes Conjuntos en español e inglés por los Ingenieros Principales, para ser considerados por los Comisionados. Posteriormente, la CILA documenta su decisión formal mediante la firma de un Acta en ambos idiomas y son atestiguadas por los Secretarios respectivos de la Comisión. Dentro de un periodo de tres días posteriores a su firma, el Acta es enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, y al Departamento de Estado en Washington, para su aprobación, lo cual deberá ocurrir dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la firma. Una vez aprobada por ambos gobiernos, el Acta de la CILA se convierte en una obligación para cada país, siendo éstos responsables de su implementación, ya sea directamente o por medio de dependencias de un país o del otro, bajo la supervisión de la CILA No olvidemos que a la fecha la CILA cuenta con 184 actas del año de 1889 a 1919 y 138 actas de 1922 a12010 III. Como resultado de la investigación realizada por el cuerpo técnico de la comisión dictaminadora, se señala que en los datos de la Secretaría del interior estadounidense se estima que las reservas del río Colorado, principal fuente del estado de Baja California, han caído 55% desde el 2000 y los pasados 11 años han sido los más secos en un siglo, por lo que es menester llevar a cabo un profundo análisis, de este pacto bilateral, ya que la restricción de 300 millones de metros cúbicos de agua correspondiente al Estado mexicano, puede resultar un fuerte impacto negativo a la ya deteriorada economía en los estados fronterizos, es especial la de Baja California No obstante y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 17 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, es un órgano adscrito a la Subsecretaría de América del Norte, por lo que es competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de su titular, entregar la información relacionada con la materia del presente dictamen Por otro lado, la Constitución Federal, en su artículo 27 establece: “Artículo 27. La propiedad de las tierras yaguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada (...) (...) Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y estero que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; (...) Atendiendo el mandato constitucional, resulta imprescindible que esta soberanía conozca sobre el alcance de los convenios suscritos entre México y Estados Unidos en materia de aguas, elemento indispensable para la vida y el desarrollo de la franja fronteriza En tal sentido, con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, se justifica, a juicio de esta comisión dictaminadora, la realización de una reunión de trabajo con los funcionarios competentes con el objeto de que informen a esta Soberanía sobre el alcance de la denominada Acta 318, suscrita y aprobada en diciembre de 2010 Por lo expuesto, los integrantes de la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– consideran que existen los elementos necesarios para someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer, en el seno de la Segunda Comisión, al Comisionado Mexicano integrante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, así como al secretario de la sección mexicana, con el objeto de que presenten un informe detallado sobre las razones y consecuencias del acta 318, suscrita con Estados Unidos el 17 de diciembre de 2010, y aprobada por los gobiernos mexicano y estadounidense el día 20 del mismo mes y año Notas: 1 “Artículo 4 Las aguas del río Bravo (Grande) entre Fort Quitman, Texas, y el Golfo de México se asignan a los dos países de la siguiente manera: A. A México: a) La totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del río Bravo (Grande), de los ríos San Juan y Álamo; comprendiendo los retornos procedentes de los terrenos que rieguen estos dos últimos ríos b) La mitad del escurrimiento del cauce principal del río Bravo (Grande) abajo de la presa inferior principal internacional de almacenamiento, siempre que dicho escurrimiento no esté asignado expresamente en este Tratado a alguno de los dos países c) Las dos terceras partes del caudal que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchas, San Diego, San Rodriga, Escondido y Salado y Arroyo de Las Vacas, en concordancia con lo establecido en el inciso c) del párrafo B de este artículo d) La mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del río Bravo (Grande), no asignado específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos los afluentes no aforados –que son aquellos no denominados en este artículo– entre Fort Quitman y la presa inferior principal internacional B. A Estados Unidos: a) La totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedentes de los ríos Pecas, Devils, manantial Goodenough y arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto b) La mitad del escurrimiento del cauce principal del río Bravo (Grande) abajo de la presa inferior principal internacional de almacenamiento, siempre que dicho escurrimiento no esté asignado expresamente en este Tratado a alguno de los dos países c) Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchas, San Diego, San Rodriga, Escondido, Salado y Arroyo de Las Vacas; tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de 431.721,000 metros cúbicos (350,000 acres pies) anuales. Los Estados Unidos no adquirirán ningún derecho por el uso de las aguas de los afluentes mencionados en este inciso en exceso de los citados 431 721 000 metros cúbicos (350 000 acres pies), salvo el derecho a usar de la tercera palie del escurrimiento que llegue al río Bravo (Grande) de dichos afluentes, aunque ella exceda del volumen aludido d) La mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del río Bravo (Grande), no asignado específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos los afluentes no aforados –que son aquellos no denominados en este artículo– entre Fort Quitman y la presa inferior principal internacional En casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos aforados que hagan difícil para México dejar escurrir los 431.721,000 metros cúbicos (350,000 acres pies) anuales que se asignan a los Estados Unidos como aportación mínima de los citados afluentes mexicanos, en el inciso e) del párrafo B de este artículo, los faltantes que existieren al final del ciclo aludido de cinco años se repondrán en el ciclo siguiente con agua procedente de los mismos tributarios Siempre que la capacidad útil asignada a los Estados Unidos de por lo menos dos de las presas internacionales principales, incluyendo la localizada más aguas arriba, se llene con aguas pertenecientes a los Estados Unidos, se considerará terminando un ciclo de cinco años y todos los débitos totalmente pagados, iniciándose, a partir de ese momento, un nuevo ciclo.” 2 El acta 318 contiene las siguientes resoluciones: “1. Tomando en cuenta los daños en infraestructura causados por los sismos de abril de 2010 en el Valle de Mexicali, Baja California, y con el propósito de asegurar que únicamente se programe la entrega durante el periodo comprendido de 2010 a 2013 de aquellos volúmenes que México pueda utilizar en dicho periodo, a solicitud de México, el calendario para la entrega anual a México de sus asignaciones correspondientes al Artículo 10(a) 2 del Tratado de Aguas de 1944, se podrá ajustar reduciéndola en la forma siguiente: Desde la fecha en que esta acta entre en vigor, hasta el 31 de diciembre de 2013, por un máximo de 320 millones de metros cúbicos (260, 000 acre-pie) 2. Cualquier solicitud de ajuste de reducción para los años 2010 hasta 2013, a que se refiere la resolución 1 anterior, será comunicada por el comisionado mexicano a través de una notificación oportuna al comisionado estadounidense, mediante un escrito indicando los volúmenes afectados por este cambio en el calendario de entregas y los meses a los que dichos volúmenes corresponden 3. Tomando en cuenta las pérdidas por evaporación asociadas con el ajuste del calendario de entregas, iniciando en 2011, el 31 de diciembre de cada año en el que los volúmenes mencionados en la resolución 2 anterior o una parte de ellos no hayan sido aun entregados a México, se cargará un 3 por ciento de evaporación anual, el cual se deducirá de los volúmenes pendientes de entregar. Este porcentaje no se aplicará en un año dado en el que los volúmenes mencionados en la resolución 2 de esta acta, no puedan ser entregados a México por problemas operativos en Estados Unidos 4. Tomando en cuenta el impacto potencial que el ajuste al calendario de entregas de agua a México en el periodo comprendido de 2010 a 2013, pueda tener en el diferencial de salinidad entre presa Imperial y el lindero internacional norte descrito en la resolución 1.a del acta 242, “Solución permanente y definitiva del problema internacional de la salinidad del río Colorado”, del 30 de agosto de 1973, el citado diferencial de salinidad se calculará como si el volumen de agua mencionado en la resolución 2 anterior se hubiera entregado de la presa Imperial en el lindero internacional norte, en congruencia con el monitoreo de las entregas de agua adoptado en la enmienda al Informe Común de los Ingenieros Principales que forma parte del acta 314, “Ampliación de las entregas temporales de emergencia de aguas del río Colorado para su uso en Tijuana, Baja California”, del 14 de noviembre de 2008. Los ajustes al calendario de entregas se realizarán, en cuanto sea práctico, de manera que minimicen los impactos en la salinidad en el lindero internacional norte, reconociendo que México y las organizaciones no gubernamentales podrán conducir agua hacia el Estero de Santa Clara, a través del dren Wellton-Mohawk, en el marco del acta 316 “uso del dren de desvío del Wellton Mohawk y de la Infraestructura necesaria en Estados Unidos, para la conducción de agua de México y las organizaciones no gubernamentales de ambos países, hacia el estero de Santa Clara, durante la prueba piloto de la planta desaladora de Yuma”, de fecha 16 de abril de 2010, acción que tendrá un impacto favorable en la salinidad en el lindero internacional norte 5. Serán aplicables las limitaciones en lo que se refiere a los gastos de las entregas especificados en el artículo 15 del Tratado de 1944 6. Se considerará que Estados Unidos haya cumplido con sus obligaciones de entrega estipuladas en el Tratado de Aguas de 1944 para los años 2010 a 2013, independientemente del ajuste del programa de entregas que se realice en el marco de esta acta 7. En el marco del acta 317, “marco conceptual para las conversaciones México-Estados Unidos, relativas a las acciones de cooperación sobre el río Colorado”, de fecha 17 de junio de 2010, deberán continuar las discusiones sobre las acciones de cooperación conjunta en el río Colorado que pudieran beneficiar a ambos países, particularmente reconociendo la necesidad de minimizar los impactos de potenciales condiciones de escasez en la cuenca del río Colorado, y ante el creciente reconocimiento sobre los potenciales efectos adversos del cambio climático, México y los Estados Unidos reconocen que es crítico para el interés de ambos países, continuar con sus esfuerzos para atenuar los impactos referidos, conforme se estableció en el acta 317 8. Los volúmenes referidos en la resolución 2 anterior, serán entregados a México a partir de 2014, sujetos a reconsideración dependiendo de los avances en los esfuerzos de reconstrucción por parte de México, y en función de las oportunidades de cooperación que se identifiquen en el marco del punto 10 de esta acta. La entrega del agua mencionada se realizará dentro de los calendarios de entrega contenidos en el artículo 15 del Tratado de Aguas de 1944, sin exceder un volumen de entrega total anual de 2097 millones de metros cúbicos (1.7 millones de acre-pie), y sin exceder los límites de salinidad estipulados en el acta 242. Para obtener esta entrega, el comisionado mexicano remitirá la solicitud correspondiente al comisionado estadounidense, indicando los volúmenes que serán entregados y los meses a los que dichos volúmenes corresponden, al menos seis meses antes de la primera entrega de dichos volúmenes de agua El comisionado estadounidense, al recibir la solicitud, es responsable de revisar las condiciones del sistema del río Colorado y aprobar la solicitud, sujeto a los aspectos operativos identificados en la revisión de las condiciones del sistema del río Colorado, tomando en consideración el deseo de ambos países de programar la entrega de esta agua, de manera que no se detonen o agraven potenciales condiciones de recortes en los Estados Unidos 9. Las estipulaciones de la presente acta no deberán ser consideradas como precedente para entregar en el futuro agua del río Colorado adicional a la asignada anualmente a México, conforme al artículo 10 del Tratado de Aguas de 1944, ni para manejar en el futuro la salinidad mediante el esquema descrito en el punto cuatro anterior 10. Las discusiones que se llevan a cabo en seguimiento del acta 317, como se menciona en la resolución 7 anterior, podrán considerar otras acciones de cooperación conjunta relacionadas con la entrega de los volúmenes referidos en la resolución 2 anterior, tomando en consideración los beneficios potenciales para ambos países, así como el avance logrado en la reconstrucción de la infraestructura dañada en México 11. La entrega de agua a que se refiere la resolución 8 anterior, no impide la implementación, si las condiciones así lo ameritan, de las estipulaciones del Artículo 10 (b) del Tratado de Aguas de 1944, en lo relativo a la reducción de agua asignada a México bajo el artículo 10 (a) del tratado 12. Que esta acta deberá entrar en vigor cuando el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, hayan notificado su aprobación a la misma, a través de la correspondiente sección de la comisión.” Sala de comisiones, salón D del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública,senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Héctor Franco López (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), secretarios; senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senadora Claudia Sofía Corichi García, diputado Isaías González Cuevas, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), diputado Tereso Medina Ramírez, diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos en este punto de acuerdo, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto SECRETARIAS DE ECONOMIA Y DE SALUD La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, con punto de acuerdo relativo a los acuerdos de equivalencia y la controversia constitucional número 66/2010 Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a abstenerse de emitir algún nuevo acuerdo de equivalencia a las normas oficiales en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva la controversia 66/2010, interpuesta por esta soberanía contra los acuerdos de equivalencia emitidos por la Secretaria de Economía publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2010, y por el cual se cita a comparecer a los titulares de la Secretarias de Economía y de Salud, suscrito por la senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen: Antecedentes La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. En el capítulo de consideraciones del presente punto de acuerdo la senadora María del Socorro García Quiroz refiere que, el 30 de septiembre de 2010, la Cámara de Senadores presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional contra el Ejecutivo federal en razón de los denominados “acuerdos de equivalencia” que emitió el secretario de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2010, los cuales tienen por propósito de equiparar tres Normas Oficiales Mexicanas con los reglamentos técnicos y de resultados de Estados Unidos de América y Canadá, en materia de aparatos eléctricos y procesamiento de datos Asimismo, la que propone menciona que a pesar de que el Senado de la República interpuso una controversia constitucional contra las disposiciones emitidas por el secretario de Economía, el 30 de septiembre de 2010, y que el 5 de octubre del mismo año la SCJN consideró que hay elementos para admitir a análisis constitucional dichas disposiciones; el Ejecutivo federal persistió en la emisión de nuevos acuerdos de equivalencia, pese a que el máximo tribunal de nación aún se encuentra deliberando a quien le corresponde desarrollar las obligaciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (al Ejecutivo federal o ésta soberanía), y si se ha violentado la normatividad vigente, establecida por el legislador, y su procedimiento de creación modificación y derogación, contenidos en la Ley Federal de Metrología y Normalización Así, señala la proponente que las Secretarías de Economía, y de Salud emitieron el pasado 26 de octubre de 2010 un acuerdo de equivalencia en materia de dispositivos médicos con el fin de que los mexicanos tengamos acceso a los equipos dispositivos médicos con los últimos avances tecnológicos de la forma más rápida posible. Así, la proponente refiere que el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano señaló que, con esas medidas de equivalencia se avanza en la simplificación administrativa, ya que el reconocimiento de los documentos emitidos en el extranjero para los dispositivos médicos se reducirá a 30 días Por otra parte, la senadora proponente menciona que la Secretaría de Economía informó a solicitud de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República que independiente del proceso de análisis constitucional que en estos momentos tiene lugar en la SCJN, y de acuerdo a la propia interpretación de la misma, el Ejecutivo está facultado para emitir este tipo de acuerdos y anunció que seguirán adelante con esta medida de reconocimiento de normas Asimismo, señala que la Secretaria de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de diciembre un acuerdo más para seguir adelante con el proceso de equiparación de normas nacionales y extranjeras en materia de dispositivos médicos Por último, la proponente hace referencia a la seguridad e integridad de los consumidores mexicanos, así como las condiciones desventajosas en que procuran situar a la industria médica nacional con la entrada en vigor del reciente Acuerdo de Equivalencia, en materia de dispositivos médicos. Por consiguiente, formula la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de emitir algún nuevo acuerdo por el cual se reconozcan como equivalente a las normas oficiales mexicanas o a cualquier otra disposición jurídica nacional, a alguna norma extranjera, reglamento técnico, requisito o procedimiento para la evaluación de la conformidad, expedidos por las autoridades o personas morales extranjeras, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva la controversia constitucional 66/2010, interpuesta por esta Cámara contra los siguientes acuerdos emitidos por el secretario de Economía, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2010: I. Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-001-SCFI-1993, Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica –requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación tipo, y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá II. Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-016-SCFI-1993, Aparatos electrónicos-aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica –requisitos de seguridad y métodos de prueba y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá III. Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de procesamiento de datos y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de Estados Unidos de América y de Canadá IV.La “vigésima modificación al acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior” Lo anterior, en virtud de que el máximo tribunal del país está deliberando precisamente respecto a si el Ejecutivo federal está facultado para emitir acuerdos de dicha naturaleza y, en consecuencia, la constitucionalidad de éstos Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta soberanía a los titulares de las Secretarías de Economía, y de Salud, los ciudadanos Bruno Ferrari García de Alba y José Ángel Córdova Villalobos, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que rindan cuentas de los motivos, la evaluación técnica, jurídica, operativa y económica, así como de los objetivos que persigue el Ejecutivo federal con la publicación de los denominados “acuerdos de equivalencia” en materia de aparatos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos, así como de dispositivos médicos, publicado el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2010 II. Esta comisión dictaminadora estima conveniente señalar que efectivamente el Senado de la República presentó la demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 30 de septiembre de 2010. Asimismo, el 5 de octubre de 2010, por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se admitió la demanda y se notificó a los demandados para que contestaran ésta En relación con lo expuesto en el párrafo anterior, cabe señalar que se presentó recurso de reclamación contra el auto que niega la suspensión de las normas impugnadas, el cual fue admitido el 15 de octubre con el número de recurso de reclamación 33/2010-CA, pendiente aún de resolución Ahora bien, respecto al primer resolutivo del punto de acuerdo, esta comisión dictaminadora coincide en que el Ejecutivo federal espere a que la SCJN determine, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, si el Ejecutivo federal está facultado, o no, antes de emitir nuevos “acuerdos de equivalencia” en materia de dispositivos médicos. Lo anterior a fin de no vulnerar el estado de derecho Por otra parte, esta comisión dictaminadora considera oportuno, en términos de lo solicitado, citar comparecer a los titulares de las Secretarías de Economía, y de Salud, para que rindan cuenta de los motivos, la evaluación técnica, jurídica, operativa y económica, así como los objetivos que persigue el Ejecutivo federal con la publicación de los denominados “acuerdos de equivalencia” en materia de aparatos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos, así como de dispositivos médicos En mérito de lo antes expuesto, los miembros de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas– de la Permanente sometemos a consideración del pleno los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de emitir algún nuevo acuerdo por el cual se reconozca como equivalente a las normas oficiales mexicanas o a cualquier otra disposición jurídica nacional, a alguna norma extranjera, reglamento técnico, requisito o procedimiento para la evaluación de la conformidad, expedidos por las autoridades o personas morales extranjeras, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva la controversia constitucional 66/2010, interpuesta por esta Cámara contra los siguientes acuerdos emitidos por el secretario de Economía, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2010: I. Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-001-SCFI­1993, Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación tipo, y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de  Estados Unidos de América y de Canadá II. Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-016-SCFI­1993, Aparatos electrónicos-aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-requisitos de seguridad y métodos de prueba y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de Estados Unidos de América y de Canadá III. Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-019-SCFI-1998. Seguridad de equipo de procesamiento de datos y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de Estados Unidos de América y de Canadá IV. La “vigésima modificación al acuerdo .por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior” Lo anterior, en virtud de que el máximo tribunal del país está deliberando precisamente respecto a si el Ejecutivo federal está facultado para emitir acuerdos de dicha naturaleza y, en consecuencia, la constitucionalidad de los mismos Segundo. La Tercera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta soberanía a los titulares de las Secretarías de Economía, y de Salud, los ciudadanos Bruno Ferrari García de Alba y José Ángel Córdova Villalobos, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que rinda cuenta de los motivos, la evaluación técnica, jurídica, operativa y económica, así como de los objetivos que persigue el Ejecutivo federal con la publicación de los denominados “acuerdos de equivalencia” en materia de aparatos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos, así como en materia de dispositivos médicos, publicado el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2010 Tercero. La Tercera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por conducto de su presidente, determinará la fecha y hora en que se llevará a cabo la comparecencia señalada en el punto anterior. Los términos y modalidades para el desarrollo de dicha comparecencia serán determinados por la mesa directiva de la Tercera Comisión Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2011 La Tercera Comisión: diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica en contra), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica en contra), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica en contra), senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» Presidencia de la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:En virtud de que no se ha registrado orador alguno, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo . Por la negativa sírvanse manifestarlo Mayoría por la afirmativa, señor presidente Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Por tanto, quedan aprobados los puntos de acuerdo.Comuníquense RAMSES BARRON TORRES El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento de la Comisión Permanente respecto del asesinato de Ramsés Barrón Torres, presuntamente por un agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Sonora, pronunciamiento que hace esta Comisión por acuerdo de su Mesa Directiva a solicitud de la presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios «Pronunciamiento de la Comisión Permanente, respecto al asesinato de Ramsés Barrón Torres, presuntamente cometido por un agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Sonora Esta Comisión Permanente hace una enérgica condena del asesinato de Ramsés Barrón Torres, de 17 años, quien murió en la frontera entre México y Estados Unidos de América, a causa de un balazo que le perforó el pulmón, presuntamente disparado por un agente de la Patrulla Fronteriza. Como a todos en el país, este crimen nos impacienta, nos indigna y nos lacera Desde esta tribuna enviamos un mensaje de respaldo y solidaridad a los familiares de la víctima. Además, exigimos el pronto esclarecimiento de estos hechos y urgimos a las autoridades, mexicanas y estadounidenses a dar con los responsables y juzgarlos con todo el peso de la ley A este atroz crimen, sumamos el de Anastasio Hernández, quien murió tras ser torturado por agentes de la patrulla fronteriza (a pesar de haber vivido más de 20 años en San Diego) y el de Sergio Adrián Hernández, de 14 años, quien recibió una descarga letal aun cuando estaba en el lado mexicano de la frontera (¡como consta en un trágico video!). Y así, el de por lo menos otros 35 mexicanos que en los últimos tres años murieron por agresiones de la Patrulla Fronteriza, de los cuales sólo uno concluyó con sentencia condenatoria La Comisión Permanente, como representante del Congreso de la Unión, se suma al pesar de la familia Barrón Torres y exhorta al gobierno federal a efecto de que mediante los canales diplomáticos que correspondan, se solicite a las autoridades competentes en Estados Unidos de América acciones punitivas, correctivas y preventivas para evitar que estos hechos –que son cada vez más frecuentes– se vuelvan a presentar Desde el Congreso, además de la condena a estos hechos, reiteramos nuestro compromiso por el respeto de los derechos humanos de los mexicanos que han decidido emigrar; de los extranjeros que cruzan por nuestro país e, incluso, los que se deciden establecer en él. Además, trabajamos a diario por mejorar las condiciones de vida en nuestro país, para que cada vez sean menos los que deciden emigrar por razones económicas Nuestro esfuerzo es elevar la calidad de vida de esa frontera por la que pasa todo, pero en la que nada pasa Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente de la Comisión Permanente;diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), vicepresidenta;diputada Ruth E. Lugo Martínez (rúbrica), vicepresidenta;diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), secretaria;senador Luis A. Villarreal García (rúbrica), secretario;senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, secretario;diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica), secretaria.» Consígnese en el Diario de los Debates CLINICAS Y HOSPITALES PUBLICOS El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo que solicita al Ejecutivo federal, para que en coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes establezcan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores e instalaciones en las clínicas y hospitales públicos de diversas entidades de nuestro país, suscrita por el diputado Marco Antonio García Ayala La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que establezca con las autoridades estatales y las municipales correspondientes las medidas necesarias para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores e instalaciones en las clínicas y los hospitales públicos de diversas entidades, suscrita por el diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI El que suscribe, Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos de los citados ordenamientos, somete a consideración de la Comisión Permanente de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones Antecedentes El grave estado de inseguridad pública y violencia delincuencial que padece nuestro país ha impactado lamentablemente en todos los ámbitos de convivencia social, particularmente en algunas entidades federativas. A pesar de que algunas autoridades insisten en señalar que el problema no es algo que se halla generalizado o que sus afectaciones, para el grueso de la población civil, en términos de vidas humanas, incertidumbre y temor, sean costos “inevitables” que se deben asumir, como lo ha señalado equivocadamente el propio presidente de la República, los sucesos cotidianos y la acumulación de todos ellos, revelan un estado verdaderamente lamentable, con un horizonte claro, que de seguir las cosas como hasta la fecha, los costos que se revelan son indeseables e injustificables desde cualquier punto de vista El combate a la criminalidad, particularmente dedicada al tráfico y comercialización de enervantes, que comenzó, como ha sido diagnosticado por expertos y especialistas, por parte del gobierno federal sin un programa bien definido ni planificado y sin contar con los mejores elementos para la realización adecuada y oportuna de sus acciones, no ha dado resultados en materia de tranquilidad social y de justicia, sino por el contrario, parece ser que el número de delincuentes es infinito, mientras que la paciencia, confianza y tolerancia de la población se derrumban al verse afectada, cada vez más y de forma directa por actos deleznables de violencia, intimidación y terrorismo, llamados, cómoda y absurdamente como “daños colaterales” El año de 2010 que recién concluyó, ha revelado el agudizamiento de una faceta de estos daños colaterales con implicaciones muy graves para la población y para la propia existencia de las instituciones nacionales, con la lamentable confirmación de casos de profesionistas y trabajadores de la salud que han sido asesinados, secuestrados o amenazados por la delincuencia, así como por situaciones terribles provocadas por la irrupción de criminales en las unidades de atención médica En ciudades como Monterrey y Ciudad Juárez, han sido asesinados por lo menos cinco médicos en los últimos meses, algunos de ellos secuestrados previamente y privados de su vida a pesar del pago del rescate exigido. Un conjunto mayor de los que todavía permanecen en esos lugares, recibe cotidianamente la exigencia de pago de una cuota para poder preservar la vida, la libertad y el ejercicio de su profesión. Otros tantos, particularmente del ámbito médico privado, antes estos hechos y la situación insoportable que generan, literalmente han huido hacia otras poblaciones del país o hacia otros países. Sin embargo, los profesionistas de la salud que son públicos, no pueden tomar la decisión de cambiar de residencia porque su condición laboral no se los permite El secuestro de profesionales de la salud también se ha venido incrementando, como se ha señalado, de tal forma que, por ejemplo, en estados como Chihuahua, datos de la Procuraduría estatal informan de por lo menos 15 sucesos ocurridos contra igual número de médicos, lo que ha provocado que la mitad de los 2 mil galenos registrados en Ciudad Juárez, haya abandonado la ciudad. No por menos las propias autoridades de esa entidad del norte del país han declarado como “zonas de alto riesgo” a los lugares de atención médica, situación que se ha comenzando a replicar en diversos puntos del país Por otra parte, en diversas entidades se han presentado graves sucesos en los cuales, criminales, por lo regular en grupos, han invadido consultorios, clínicas y hospitales, muchos de ellos de carácter público, para culminar el asesinato de rivales heridos o para amenazar al personal de salud por la realización o no de actos médicos que afectan sus intereses, como el sucedido en la Cruz Roja de Ciudad Juárez, hace unas semanas, durante el cual, un comando terminó de acribillar a una persona herida que se dice pertenecía a una banda rival y con ella a una persona que lo acompañaba. Casos similares han ocurrido en Apatzingán, Michoacán; en Tabasco, Tamaulipas y Baja California El hecho es que, en un número creciente de estados, entre los que lamentablemente debemos apuntar, a Tamaulipas, Morelos, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Guerrero, Jalisco, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Zacatecas, entre otras, el ejercicio de las más nobles de las profesiones, como son todas aquellas relacionadas al cuidado de la salud se ha convertido en un agudo y adicional riesgo, provocado por sujetos dedicados a la delincuencia, pero también, por la falta de seguridad en clínicas y hospitales, particularmente de carácter público ubicadas en zonas peligrosas, así como del incumplimiento del Estado mexicano de garantizar la vida y la libertad de sus habitantes Debido a los sucesos violentos contra personal, pacientes e instalaciones médicas ocurridos en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, se dispuso un mecanismo especial de vigilancia policiaca entre autoridades federales, estatales y municipales, de determinadas unidades hospitalarias, la cual, a apenas algunos meses de su aplicación, a decir de los propios habitantes de esa ciudad, o en nuestro caso, de la opinión de los propios profesionistas de la salud, no ha cumplido con las expectativas con la cuales se anunció, pero mucho menos con las necesidades de seguridad que se reclaman El Comité de Médicos y Ciudadanos por la Seguridad de Ciudad Juárez, constituido en 2008 para exigir el retorno de la tranquilidad y la permanencia de niveles adecuados de seguridad, ha declarado recientemente, a principios de este mismo mes que el programa de vigilancia especial ha sido letra muerta, lo que ha provocado que la comunidad médica, pacientes y familiares continúen en situación de riesgo y vulnerabilidad Esta propia Cámara de Diputados, particularmente a través de su Comisión de Salud, ha recibido recientemente denuncias y exigencias claras y justas de profesionistas de la salud, así como información relevante sobre los hechos referidos. Las instituciones públicas como Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tienen registros sobre diversos eventos delincuenciales que afectan gravemente la prestación de los servicios, así como de un número creciente de peticiones, de las cuales obviamente los Sindicatos de Trabajadores respectivos han sido enterados, acerca de cambios de adscripción de diversas unidades laborales que se consideran peligrosas a otros sitios más tranquilos Sin embargo, las probables consecuencias de la acción criminal sobre el gremio médico no se limitan solamente a aspectos meramente laborales, sino que, las afectaciones pudieran tener visos más graves, como ya ha ocurrido o ha sido planteado en el caso de Ciudad Juárez o de Apatzingán, en donde las unidades de atención cierren sus puertas para la atención de pacientes, que se establezca la posibilidad de dejar sin atención a heridos de bala o que médicos militares atiendan en los sitios de mayor peligrosidad, lo cual, simplemente ante un escenario de demanda de atención con los niveles existentes, se vuelve absurdo por inviable, desde el punto de vista legal y de la disponibilidad de este tipo de galenos Ante estos lamentables hechos es necesario que esta Cámara de Diputados se pronuncie de manera urgente con claridad y energía a fin de exigir a las autoridades federales involucradas, particularmente Secretarías de Salud, de Seguridad Pública y de Gobernación, así como la Procuraduría General de la República, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, dispongan todo lo necesario, a fin de que se implementen mecanismos específicos y probados de vigilancia y salvaguarda del personal médico que labora en instituciones públicas de salud, de pacientes y de las propias instalaciones médicas En razón de lo anteriormente fundamentado, solicito a esta Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, la aprobación de la siguiente proposición con Punto de Acuerdo De urgente resolución Único.La Comisión Permanente de la Cámara de Diputados solicita firmemente al titular del Poder Ejecutivo federal, establezca las medidas que sean necesarias, a través de las dependencias federales involucradas y en coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes, para garantizar la seguridad de trabajadores, pacientes e instalaciones de clínicas y hospitales públicos del país, particularmente en situación de vulnerabilidad y riesgo ante la delincuencia Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.— Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Primera Comisión de Trabajo SECTOR MIGRATORIO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación cuide que los perfiles de los funcionarios que serán nombrados en el Instituto Nacional de Migración sean los óptimos, suscrito por el senador Francisco Herrera León La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cuidar por la Segob que los perfiles de los funcionarios que se nombrarán en el INM sean los idóneos para evitar cualquier tipo de corrupción y mejorar las funciones en el sector migratorio, suscrita por el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del PRI El suscrito Francisco Herrera León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente Exposición de Motivos Hace algunos meses cuando desafortunadamente acaeció la matanza de 72 migrantes en el norte del país, el tema migratorio volvió a cobrar la importancia debida y se estipularon nuevas líneas de acción desde la Secretaría de Gobernación La matanza, también trajo consigo el cambio de la titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y un sinnúmero de expectativas para que los integrantes del mismo instituto actúen de mejor manera para asegurar no sólo que acontecimientos como el mencionado vuelvan a ocurrir, sino que también las violaciones a los derechos de los migrantes cesen y la óptica de que no por ser indocumentados, los migrantes son criminales En esta tesitura, la manera de proceder del Poder Ejecutivo federal nos parece atinada. No obstante, la manera en cómo se van a realizar los cambios de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración y el cómo se va a elegir a los nuevos miembros, debe realizarse bajo estricta vigilancia para los que resulten elegidos para ocupar las posiciones en el INM tengan las mayores capacidades y mejores cualidades Así pues, el objeto del presente es solicitar que se cuide el perfil de los nuevos funcionarios del INM para que en conjunto con la iniciativa de Ley de Migración y las nuevas directrices en materia migratoria se pueda, efectivamente, mejorar el sector migratorio y salvaguardar los derechos de los migrantes al tiempo que se proteja su integridad; ello, tal y como lo ha venido haciendo el Ejecutivo federal Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado de urgente resolución el siguiente Punto de Acuerdo Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se cuide que los perfiles de los funcionarios que serán nombrados en el Instituto Nacional de Migración sean los óptimos, en aras de evitar cualquier tipo de corrupción y mejorar las funciones que se desarrollan en nuestro sector migratorio Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.— Senador Francisco Herrera León (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Primera Comisión de Trabajo INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del senador Adolfo Toledo Infanzón, se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Sedesol, para que en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas realice la traducción y difusión en lenguas indígenas de los programas sociales La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a traducir y difundir en lenguas indígenas, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, los programas sociales, a cargo del senador Alfonso Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI El que suscribe, Adolfo Toledo Infanzón, senador integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes Consideraciones En México, el nivel de pobreza y marginación es muy preocupante y en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante. Las cifras son de todos conocidas. Hoy, 50.6 millones de mexicanos no cuentan con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas como son las de salud, vivienda, educación, vestido y transporte. Y peor aún, 19.5 millones de mexicanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos Esta situación se acentúa en las comunidades aisladas y de población indígena, donde al parecer no hemos podido generar los  recursos que requiere un individuo con escasos recursos, para salir exitosamente del círculo “pobreza-de-sempleo-falta de ingreso y otra vez pobreza” La población indígena en México representa cuando menos el 10 por ciento del total del país y alrededor de 80 por ciento está concentrada en los estados del centro-sur-sureste. El 65 por ciento de los hablantes de lengua indígena se ubican en localidades menores de 2,500 habitantes. Sin duda que las condiciones de marginación y pobreza se acentúan mucho más en este sector de la población, basta ver algunas cifras: la esperanza de vida de la población indígena es de 69 años, en comparación con el resto de la población que es de 76; el 43.4 por ciento de la población ocupada lo hace en actividades del sector primario; 25 por ciento de la población ocupada no recibe ingresos y el 56 por ciento gana menos de dos salarios mínimos Además muestran los menores índices de desarrollo humano: uno de cada cuatro adultos indígenas no saben leer ni escribir, casi tres veces más que el resto de la población; el promedio de años de escolaridad en los hogares indígenas es de 5.3 años, en el caso de hogares no indígenas es 8.2, sólo 20 por ciento de los indígenas están afiliados al Seguro Popular; 99 por ciento de las localidades indígenas (con más de 70 por ciento de población) tienen niveles de marginación alto o muy alto Sin lugar a duda, es en estas regiones del país donde son más necesarios los programas sociales a fin romper con el ciclo generacional de la pobreza extrema. Es indispensable, tomar acciones contundentes que permitan incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas, favoreciendo el desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición Para ello, es imprescindible que las comunidades indígenas tengan acceso a la información necesaria sobre los programas sociales y los apoyos que pueden obtener en su propia lengua. De esto, ya se han hecho algunos ejercicios exitosos, por ejemplo en la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual difundió en 23 lenguas indígenas las bases y beneficios de los proyectos productivos impulsados por esta dependencia Creemos que este esfuerzo debe extenderse a los principales programas manejados por le Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo de que los pueblos y comunidades indígenas conozcan como puede acceder a los programas, los montos de apoyo que existen, así como sus derechos y obligaciones en su propia lengua Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, realicen la traducción y difusión en lenguas indígenas de los programas sociales, a fin de que las comunidades indígenas más apartadas puedan tener mayor información sobre éstos en su propia lengua Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.— Senadores: Adolfo Toledo Infanzón, Cleominio Zoreda Novelo (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo LICITACIONES DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación que investigue, realice las auditorías necesarias e informe a esta soberanía sobre la transparencia en los procesos de licitación en la compra de medicamentos y equipo médico en las instituciones del sector salud, suscrito por los senadores Ramiro Hernández García y María del Socorro García Quiroz La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que investigue, practique las auditorías necesarias e informe a esta soberanía sobre la transparencia de las licitaciones de medicamentos y equipo médico en las instituciones de salud del sector público realizadas en la presente administración federal; y que, de encontrar presuntos actos de corrupción, efectúe las acciones correspondientes para sancionar a los responsables, suscrita por los senadores Ramiro Hernández García y María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI Los que suscriben, Ramiro Hernández García y María del Socorro García Quiroz, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito someter la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones De acuerdo con la organización Transparencia Internacional, cada año, se gastan más de 3 billones de dólares en servicios de salud en el mundo, en su mayor parte pagados con nuestros impuestos. Dichas cantidades son un atractivo para cometer abusos y actos de corrupción Las dependencias gubernamentales de salud compran medicamentos, adquieren equipos sumamente caros, administran millonarios seguros, millones de pesos en contratos a discreción, licitaciones amañadas, e incluso, invierten en empresas privadas. Como ejemplo de esto último, tenemos el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que durante el presente sexenio ha invertido 13 mil 183 millones de pesos provenientes de los fondos del mismo instituto para invertir en siete empresas privadas, dos de ellas hipotecarias en graves problemas económicos y de liquidez. En fin, todo un catálogo para el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empresarios En México, el sector salud no es la instancia más corrupta del país, pero sí son varios los expedientes que engrosan la lista de corruptelas El último –al menos en apariencia– lo conocimos hace poco tiempo, cuando en un noticiario se transmitieron grabaciones en las que se escucha a un supuesto funcionario del IMSS, negociar la compra de medicamentos por 80 millones de pesos, con un representante de un laboratorio farmacéutico Tuvo alguien que interceptar llamadas telefónicas para que el país supiera que un alto funcionario del IMSS negociaba con un directivo de un laboratorio la compra ilegal de medicamentos. Este, como muchos otros, es un caso que debió detectar la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, la dependencia ha sido incapaz de evitar los niveles de impunidad que colocaron a México en el lugar 98 de 180 en el Índice Percepción de la Corrupción 2010 de Transparencia Internacional, por debajo de Ghana y Ruanda De igual manera, nada hizo el contralor interno del IMSS para detectar dicha irregularidad antes de que lo hiciera una grabación ilegal. Contralor interno que obedece a la Secretaría de la Función Pública (SFP), como todos los de los órganos internos de control de dependencias y entidades Según datos de la Secretaría de Salud, la compra de medicamentos por parte de los hospitales públicos, desde los del IMSS hasta los del ISSSTE pasando por el Militar y el Seguro Popular, llegan a ser compras del orden de los 50 mil millones de pesos. Suma que representa un gran atractivo para cometer ilícitos Cabe mencionar que estos temas de escándalo no son recientes, desde 2006, cuando era director del Seguro Social, el hasta hace algunos días, Secretario de Comunicaciones y Transportes, el IMSS junto con la Comisión Federal de Competencia (CFC), llevaron adelante una investigación donde quedó claro que cuatro laboratorios se ponían de acuerdo para ganar las licitaciones: una vez se la llevaba uno, otra vez el otro Como podemos observar, el tema de la corrupción continúa y las acciones emprendidas no han sido suficientes En nuestro país existen dos instancias públicas encargadas de la fiscalización de los recursos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ésta última, tiene como tarea revisar la cuenta pública y elaborar un informe que es presentado ante la Cámara de Diputados. Como resultado de esta revisión, la ASF contribuye, a través de la emisión de acciones correctivas y preventivas, a combatir la corrupción en el sentido más amplio del concepto La ASF está facultada para efectuar revisiones a los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales También, le corresponden atribuciones en materia de sanciones y fincamiento de responsabilidades cuando se determinen daños patrimoniales a la Hacienda Pública Federal La ASF puede emitir las acciones correctivas siguientes 1. Promoción de sanciones administrativas ante los órganos de control interno correspondientes 2. Fincamiento de responsabilidades resarcitorias, que implican la devolución al erario público de los recursos empleados incorrectamente 3. Presentación de denuncias penales o de hechos ante el Ministerio Público Ante estos nuevos hechos de corrupción se requiere que las instancias fiscalizadoras inspeccionen y vigilen que las dependencias y entidades del sector salud, de la Administración Pública Federal, cumplan con las normas y disposiciones en la compra de medicamentos y de equipo médico Asimismo, vigilar el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras. Así como, investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Por lo anteriormente expuesto, ponemos a la consideración de esta asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), para que en el ámbito de sus responsabilidades, investigue, realice las auditorias necesarias, e informe a esta soberanía, sobre la transparencia en los procesos de licitación en la compra de medicamentos y equipo médico en las instituciones de salud del sector público, realizados durante la presente administración federal; en el caso de encontrar presuntos actos de corrupción, realice las acciones correspondientes a fin de sancionar a los funcionarios públicos responsables de dichos ilícitos Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.— Senadores: Ramiro Hernández García, María del Socorro García Quiroz (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados PERSONAS SORDAS El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo que conmina al titular del Ejecutivo federal a respetar el contenido del artículo 2o, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, suscrito por la diputada Claudia Edith Anaya Mota La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se conmina al titular del Ejecutivo federal a respetar el contenido del artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en materia de comunicación para personas sordas, suscrita por la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD Quien suscribe, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión conmina al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el contenido del artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, con base en las siguientes Consideraciones Primera. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación  el martes 7 de diciembre de 2010. En la fracción VI del artículo 20, el Presupuesto establece: “VI. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades harán uso de la Lengua de Señas Mexicanas por medio de un intérprete, o en su caso tecnologías que permitan el acceso a los contenidos a las personas con discapacidad auditiva cuando se trate de campañas en televisión.” Segunda. El artículo  primero transitorio del decreto señala que “el presente decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2011”. Por lo que la disposición del artículo 20, fracción VI, es vigente, y por lo tanto obligatoria para los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades Tercera. El actual titular del Poder Ejecutivo federal, el día primero de diciembre de 2006 realizó la toma de protesta juramentando, como lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 128, que dispone: “Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.” Por ello estimamos que el Presidente está faltando al juramento de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen Cuarta. La Constitución señala en el artículo 70 que “toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: ‘El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)’. Por lo que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2011 dimana de la voluntad de la Cámara de Diputados a iniciativa del Presidente de la República Quinta. El asunto en cuestión no es la primera vez que se aborda en esta Comisión Permanente, en el inmediato anterior periodo de sesiones de esta representación popular se aprobó un punto de acuerdo que establecía: “La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través del Secretario de Gobernación, instruya al Centro de Producción de Programas Informativos Especiales a que en todos los programas especiales, cortes informativos y cadenas nacionales del presidente de la república se incluya un recuadro con un intérprete de lengua de señas mexicanas o el sistema de subtítulos oclose caption.” De dicho asunto aprobado, no se tuvo noticias de su cumplimiento, ya que en los mensajes sucesivos del Presidente no se contó con ningún mecanismo de apoyo para las personas sordas Sexta. Esta representación nacional ha establecido el criterio de considerar que las personas sordas tienen derecho a acceder a la información que el Presidente difunda para todos los mexicanos mediante mensajes en televisión, y que es obligación del Presidente salvaguardar el derecho a la información pública a todos los mexicanos, sin distingo de su condición Séptima. El Ejecutivo federal es el “primer mandatario” de la ley, y en consecuencia, de disponer de lo que sea necesario para cumplirla. Como ya se señalo el PEF se publicó en el Diario Oficial de la Federación el martes 7 de diciembre de 2010, es decir hace 27 días; tiempo suficiente para disponer de cualquier tecnología para que se cumpla la ley Por lo expuesto, se somete a la honorable asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión conmina al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el contenido del artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en materia de comunicación para personas sordas; asimismo le exhorta a subsanar la falta a la brevedad posible Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo EDUCACION ESPECIAL El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo con exhorto al Ejecutivo federal con exhorto al Ejecutivo federal, relativo a los recursos extraordinarios del Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial, de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar recursos extraordinarios para el Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD La suscrita Mary Telma Guajardo Villarreal, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones La educación a niños y adolescentes con capacidades diferentes en lo intelectual o motriz, en caso de autismo o en los de déficit de atención, sordera, ceguera representan un sector de cerca de 170 mil 550 personas con necesidades de ser atendidos por el estado El artículo 41 de la Ley General de Educación establece la obligación de promover la integración de las niñas y niños con discapacidad a las aulas y escuelas generales, de tal modo que desarrollen al máximo sus potencialidades y satisfagan sus necesidades básicas de aprendizaje, como base para su integración social De ahí que la Secretaría de Educación Pública haya implementado desde el año de 1995 el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, con la finalidad de fortalecer los servicios de educación especial y el proceso de integración para que los alumnos con necesidades educativas especiales reciban la atención que requieran y puedan tener acceso a una mejor calidad de vida La integración educativa es el proceso que implica educar a niños con necesidades educativas especiales en el aula regular, con el apoyo diferenciado necesario El trabajo educativo con los niños que presentan necesidades educativas especiales implica la realización de adecuaciones en los contenidos, las formas y los recursos de enseñanza para que alcancen los propósitos educativos y desarrollen todas sus potencialidades como seres humanos Recientemente la Secretaría de Educación Pública manifestó que cerca de 170 mil 523 entre niños y adolescentes están en riesgo de quedar fuera de las escuelas  y de no ser atendidos este año debido al recorte presupuestal de más del 28.3% al Programa de Integración Educativa. Se trata de un recorte de más de 78 millones 523 mil pesos a dicho programa, por lo que resulta urgente canalizar los recursos necesarios para atender a este sector de la población Por lo antes expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Educación Pública para que formule a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta de partida extraordinaria, con el propósito de aumentar los recursos destinados al Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.— Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo ESTADO DE HIDALGO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo relativa a los procesos que se sigue a ex policías municipales y estatales en Hidalgo, suscrita por los senadores José Luis García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López y la diputada Gloria Romero León La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, relativo al proceso que se sigue a ex policías municipales y estatales de Hidalgo detenidos desde junio y septiembre de 2009, suscrita por los senadores José Luis García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, y la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del PRD Los senadores José Luis García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, y la diputada Gloria Romero León, integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presentan ante la honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo con relación al proceso que se le sigue a ex policías municipales y estatales de Hidalgo, detenidos desde junio y septiembre de 2009, de conformidad con las siguientes Consideraciones Un grupo de cerca de 140 policías, integrantes de las Policías Municipal de Pachuca de Soto y de Mineral de la Reforma, Estatal Preventiva, y Ministerial del estado de Hidalgo, fueron localizados y detenidos en junio y  septiembre de 2009 en operativos realizados por elementos de la Policía Federal Preventiva. Dichos operativos fueron ordenados dentro de  la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/150/2009 de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) Asimismo, después de 60 y 80 días de arraigo, los ex policías fueron trasladados a diferentes Ceresos, Cepresos y Ceferesos situados en Veracruz, Toluca, Morelos y Tabasco, lo que repercutió severamente en lo económico, emocional y físico de los familiares de los procesados Por ejemplo, cabe señalar que para el 4 de septiembre de 2009, el agente del Ministerio Público de la Federación, licenciado Humberto Salmerón Najera, ejerció acción penal en contra de los detenidos, radicándose la causa penal 464/2009 del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales de Tepic, Nayarit, habiendo solicitado la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue librada el 5 de septiembre de 2009 y entregada en manos del referido agente del Ministerio Publico alrededor de las 8:30 de la mañana del mismo día, por lo que debió  poner sin demora a los inculpados a disposición del juez, cosa que no aconteció, sino que fue hasta la noche del 14 y la madrugada del martes 15 de septiembre de 2009 cuando los detenidos fueron trasladados de las instalaciones del Distrito Federal al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí al centro federal de readaptación social oriente 5 situado en Villa Aldama, Veracruz, donde llegaron en la madrugada del martes 15 de septiembre, quedando en este momento a disposición del juez, es decir, diez días después de librada y entregada la orden de aprehensión. Esta dilación violó lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Constitución Federal que establece lo siguiente: La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilatación alguna bajo su más estricta responsabilidad. La  contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal Hay que advertir al respecto que abogados y familiares de los procesados han señalado reiteradamente que desde la detención se han generaron irregularidades, vejaciones, humillaciones y malos tratos que pasan por encima de sus derechos de los detenidos. Se asegura, además, que durante su traslado al aeropuerto, en el traslado aéreo y posteriormente durante la trayectoria al centro de penitenciario de Veracruz, la mayoría de ellos fueron golpeados por parte de los elementos de la Policía Federal y del Ejército, dejando a la mayoría con golpes múltiples en el cuerpo lo que ocasionó que muchos de ellos tuvieran consecuencias notorias Asimismo, los abogados y familiares de los detenidos aseveran que cuando arribaron a esta penitenciaria, los ex policías fueron golpeados por los custodios y a partir de ese momento comenzaron violaciones a sus derechos por parte del director del penal federal Por otra parte, se afirma que a los detenidos no se les ha brindado adecuadamente la atención médica. Muchos casos mal diagnosticados y, en otros, no se cuentan con el medicamento prescrito y suficiente Hasta el momento, los abogados de los procesados han interpuesto diversos recursos legales que se encuentran radicadas en tribunales federales ubicados en entidades del centro y norte del país, lo que dificulta la defensa y la vuelve altamente costosa para los procesados. Asimismo, los abogados han solicitado formalmente la declinación de la jurisdicción del juez de Nayarit a favor de jueces federales en Hidalgo, en aras de garantizar una defensa adecuada y oportuna Hay que resaltar que con motivo de la violación de los derechos humanos, el 24 de septiembre de 2009 se inició la queja CNDH/lll/2009/4405/Q ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual se ha comprobado por  los visitadores de la CNDH en todo este tiempo Por otra parte, los familiares de los detenidos han señalado que para realizar las visitas tienen que hacer largos trayectos y onerosos. Como consecuencia de ello, se han generado infinidad de tragedias, como la muerte de la esposa de un elemento de la coordinación de investigación, quien fue víctima de un accidente automovilístico en el trayecto al Cefereso de Veracruz, así como el aborto espontáneo de dos esposas de los procesados, así como un alumbramiento dentro del centro penitenciario de Tabasco No obsta decir que este caso contiene denominadores comunes con el llamado “michoacanazo”, y en cual se pudo comprobar que las imputaciones hechas por testigos protegidos y las demás pruebas circunstanciales que aportó la fiscalía no fueron suficientes para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad penal de los ex funcionarios. Los informes de las comisiones plurales que se constituyeron al afecto, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, pueden corroborar que las deficiencias en la integración de la averiguación previa, las contradicciones en las declaraciones de los testigos protegidos, así como la falta de elementos probatorios aportados por el fiscal permitieron la exoneración de toda responsabilidad penal de los exfuncionarios michoacanos. Por tal motivo, y ante el evidentemodus operandi de las autoridades involucradas, debe examinarse con detenimiento, estudio y cuidado el caso de los ex policías de Hidalgo a luz del derecho y la justicia, así del estricto respeto a sus garantías penales y derechos humanos Ante esta situación, los familiares de los ex policías consideran que es fundamental solicitar a las autoridades de los gobiernos de Hidalgo y de la federación para que  intervengan con toda prontitud, para que la causa penal sea radicada en juzgados federales en Hidalgo y para que los procesados sean trasladados de inmediato a las instalaciones del centro penitenciario de Pachuca Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,doctor Raúl Plascencia Villanueva, que presente, con la brevedad posible, un informe sobre la situación que guardan los derechos humanos con relación al desarrollo del proceso penal y de las condiciones físicas y psicológicas de los ex policías de Hidalgo detenidos en junio y septiembre de 2009 Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Hidalgo, al Consejo de la Judicatura Federal, al titular del Juzgado Segundo de los Procesos Penales de Tepic, Nayarit, así como a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que con relación al proceso penal federal de los ex policías de Hidalgo, detenidos en junio y septiembre de 2009, y de conformidad a la esfera de su competencia, estimen la procedencia de lo siguiente: a) La declinación de la jurisdicción de la causa radicada en el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales de Tepic, Nayarit, a la jurisdicción de jueces penales federales en el estado de Hidalgo; y b) El traslado de los procesados a centros de readaptación social en el estado de Hidalgo Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta alministroJuan Silva Mezaa efecto de que en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instruya al titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación para que redoble sus esfuerzos a efecto de orientar, auxiliar o representar a los ex policías de Hidalgo que soliciten o necesiten en el servicio de defensa penal de manera oportuna, profesional y adecuada Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.— Senadores: Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), José Luis García Zalvidea. Diputado Gloria Romero León.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Primera Comisión de Trabajo ESTADO DE HIDALGO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición que solicita la intervención de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior respecto de la aplicación de recursos en el estado de Hidalgo, suscrita por la diputada Esthela Damián Peralta y Obdulia Magdalena Torres Abarca La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SFP y de la ASF respecto a la correcta aplicación de los recursos públicos federales en Hidalgo, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD Las suscritas legisladoras, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones El pasado 5 de enero, un periódico de circulación nacional, publicó parte de un convenio firmado entre Miguel Osorio Chong, gobernador de Hidalgo, y la empresa Televisa, para grabar la telenovela “Soy tu Dueña” en haciendas hidalguenses, con todos los gastos pagados, a cuenta del erario estatal, a cambio de que las autoridades locales aparecieran en la telenovela De acuerdo con la publicación, el documento, fue firmado el 23 de febrero de 2010, entre Mirna Cristina López Manilla, directora general de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, Alejandro Quintero Íñiguez y Jorge Lutteroth Echegoyen representantes de Televisa y Delia Lozada Romero, propietaria de 50 por ciento de una de las haciendas En el convenio, el gobierno y Televisa acordaron llevar a cabo las grabaciones en las haciendas Santiago Tetlapayac y Minthó, que en la novela se llamaron Los Cascabeles y Montesinos, así como la casa de la familia Macotela, la tienda Horacio, el Centro de Salud, el Banco Regional y la presidencia municipal del poblado de Nopala. Televisa, de acuerdo con el texto suscrito, hizo compromisos, incluida la aparición de funcionarios estatales en algunos eventos relacionados con la grabación, que se llevaría a cabo del 1 de marzo al 30 de octubre de 2010 Dicho contrato establece que el gobierno del estado cubrirá las siguientes erogaciones que se generen por la grabación de la telenovela: gastos para hospedaje, alimentación, transporte y otros , los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: a) total de hospedaje; b) total de administración; c) renta de transporte; d) total de otros gastos; e) transportación en vehículos terrestres a completa disposición, incluyendo conductor y combustible. Según el convenio, Televisa se comprometió, a hacer una invitación a las autoridades del estado a la presentación de la telenovela, con presencia de medios nacionales. También a insertar créditos de agradecimiento al gobierno estatal al final de cada capítulo Por su parte, Ricardo Negrete Granados, propietario de otro 50 por ciento de la hacienda Santiago Tetlapayac, demandó tanto a Televisa como al gobierno de Hidalgo, alegando que la firma del convenio para grabar Soy tu Dueña, se hizo a sus espaldas. En la demanda, Televisa reconoció haber suscrito el convenio civil con el gobierno de Osorio Chong, pero las autoridades estatales negaron la existencia de ese documento Recientemente, otro medio de comunicación hizo un recuento de otras novelas apoyadas por gobiernos estatales entre las que se encuentran Sortilegio, grabada en locaciones de Yucatán, con el apoyo de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco; y de Corazón Salvaje, con el apoyo logístico del, en ese entonces, gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Otras novelas fueron Mar de Amor, financiada por el gobernador de Campeche; Fernando Ortega Bernés; en tanto que el mandatario chiapaneco Jaime Sabines, apoyó la producción de Pasión Morena, telenovela de TV Azteca. En tanto que La fea más bella, contó con la participación de Natividad González Parás, entonces gobernador de Nuevo León Todas las grabaciones de las telenovelas tienen una característica: el apoyo de un gobierno estatal, y la opacidad en el manejo de los recursos del presupuesto público, que no son fiscalizados. Además de que reflejan la impunidad con la que se ejercen dichos recursos públicos Por otra parte, cabe recordar que en 2007, el órgano de fiscalización superior del estado de Hidalgo reportó que el Poder Ejecutivo de la entidad no había podido comprobar 267 millones 318 mil 984 pesos, 1.26 por ciento del presupuesto ejercido en ese año, que fue de 21 mil 157 millones 309 mil 812 pesos, 27. 55 por ciento más de lo presupuestado originalmente. No obstante, no hubo sanciones a los funcionarios responsables por el mal manejo del erario, ya que el Congreso del estado aprobó la cuenta respectiva sin observación También en un informe denominado Estado que guardan las cuentas públicas municipales ejercicio fiscal 2007, y presentado al Congreso, el órgano de fiscalización superior, dio a conocer 45 ayuntamientos, más de la mitad de los municipios hidalguenses, que no han podido solventar las cuentas públicas de 2007 Mientras que, entre las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al gobierno de Hidalgo se encuentran: el subejercicio del presupuesto federal en seguridad y obras públicas; el desvió de recursos en salud y educación, y el mal manejo de los presupuestos municipales y las metas y objetivos sin cumplir Asimismo en 2007, el gobierno de Hidalgo recibió recursos adicionales por concepto de excedentes petroleros, los cuales son transferidos a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, sin embargo, el gobierno de la entidad, no ejerció más de 50 por ciento de los recursos asignados a obras públicas, por lo que de acuerdo a la normatividad existente deberían regresarlos a la Tesorería de la Federación. Situación que no ocurrió Es importante señalar que según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), del año 2007, el último trabajo verificativo elaborado por Transparencia Mexicana, capítulo México de Transparencia Internacional, el estado de Hidalgo se ubicaba como la cuarta entidad donde mayor corrupción política existe. De manera que en 2007, Hidalgo se ubicó con un índice de 7.1 Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Función Pública, así como a la Auditoría Superior de la Federación, y de manera respetuosa a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, verifiquen en el marco de sus atribuciones la correcta aplicación de los recursos federales ejercidos en el año 2010 y en su momento los que se ejerzan en el año 2011 por el estado de Hidalgo y de manera directa por el gobernador del mismo Segundo.Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar a la Secretaría de la Función Pública que proceda a realizar una investigación de las irregularidades detectadas en el estado de Hidalgo, y en su caso proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda. Una vez concluida la investigación, que sus conclusiones se entreguen a las Comisiones de la Función Pública y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados Tercero. Se acuerda solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que proceda a realizar una auditoría especial sobre aportaciones y participaciones federales transferidas al gobierno del estado de Hidalgo Cuarto. También se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado para que se apoye en la realización de las auditorías, con lo cual se estaría contribuyendo en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales que recibe la entidad Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.— Diputadas. Esthela Damián Peralta, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Florentina Rosario Morales (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turnan los resolutivos 1, 2 y 4 a la Tercera Comisión; y el 3 a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior CRIMEN ORGANIZADO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición que exhorta al gobierno federal y a gobiernos estatales para implementar políticas para eliminar la participación de menores en el crimen organizado, suscrita por la diputada Adriana Sarur Torre La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales a elaborar e implantar políticas tendentes a eliminar la participación de menores en el crimen organizado, suscrita por la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del PVEM Adriana Sarur Torre, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente Exposición de Motivos Antecedentes La sociedad se encuentra cada día más expuesta a la inseguridad pública, y la delincuencia se ha convertido en uno de los problemas de mayor efecto social. Lo más alarmante es que, de acuerdo con especialistas, “1 de cada 90 menores de 18 años pertenece a algún grupo de delincuentes infanto-juveniles y 35 por ciento de los detenidos por narcotráfico es menor de edad” El origen del fenómeno de la implicación e incremento de jóvenes menores de edad en la delincuencia organizada es multifactorial, pero parece haberse potenciado por la evidente falta de oportunidades de empleo, educación, trabajo, cultura y deporte que actualmente viven los jóvenes Muestra de ello son los 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, que no tienen futuro y que han visto la delincuencia organizada como una opción de vida. Todo eso, resultado de la incapacidad de los gobiernos para ofrecer oportunidades de educación y de empleo Cuando se presentan casos, lamentablemente cada vez más comunes, como el del Ponchis, casi de inmediato se recurre a la condena, a la implantación de políticas centradas en la represión y al impulso de reformas legales orientadas a incrementar la severidad de las penas, así como a reducir la edad para ser penalmente responsable, a una mayor presencia y apoyo tecnológico de la policía. Sin embargo, se ha dejado de lado concentrar esfuerzos en la prevención Es importante que los gobiernos estatales y el federal diseñen e implanten políticas tendentes a generar oportunidades de desarrollo social y económico. Estas políticas públicas y programas gubernamentales deben atacar las causas verdaderas de la implicación de jóvenes con el crimen. Deberán rebasar las posiciones simplistas que aseguran que endureciendo las penas carcelarias o reduciendo la edad penal se resolverá el problema Debemos avanzar como sociedad en la construcción de opciones viables para contrarrestar la barbarie que cada día avanza más desde la delincuencia organizada que copa al país En tal virtud, y por ser un problema que demanda la atención urgente y decidida de la Comisión Permanente, se propone que sea votada a favor la presente proposición con Punto de Acuerdo Único.Se exhorta al gobierno federal y a los de los estados a elaborar e implantar en el ámbito de sus respectivas competencias políticas públicas dirigidas a eliminar la tendencia delictiva de menores de edad y su participación en bandas de delincuencia organizada Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 12 de enero de 2011.— Diputada Adriana Sarur Torre (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Primera Comisión de Trabajo ESTADO DE MEXICO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del senador Ricardo Monreal Ávila proposición con punto de acuerdo relativo a la contaminación ambiental en el municipio de Apaxco La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la contaminación ambiental y a los estragos en la salud de la población de Apaxco generados por Ecoltec, SA de CV, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT Exposición de Motivos Al parecer, una vez más el “escándalo nuestro de cada día” es que las disposiciones legales se pasan por “el arco del triunfo”. En esta ocasión, el audaz sujeto que se atreve a ello es Ecoltec, una sociedad anónima de capital variable que se presume es subsidiaria de Holcim Apasco –empresa dedicada a la producción e industrialización de cemento El objeto social con que se constituyó la empresa, hace más de 15 años, era manejar de forma clara los residuos, y así contribuir a reducir la contaminación ambiental y promover el desarrollo sustentable del país En 2002 se instaló en Apaxco, México, e inició operaciones en mayo de 2003, pero hasta 2005 la sociedad civil organizada y los habitantes de la región no se percataron del doble rostro y del siniestro modus operandi de la empresa, pues los graves daños del ambiente y de la salud que ocasiona su funcionamiento empiezan a ser una constante Entre los estragos de la salud de los habitantes de aquella región, muchos de ellos irreversibles, están dolores de cabeza, irritación faríngea, desmayos, irritación ocular, fatiga, alergias, enfermedades de las vías respiratorias, deterioro del sistema nervioso central, trastornos de la memoria, daños hepáticos y renales, y cáncer; incluso, cierta información refiere que la población más afectada en este último rubro es la niñez La empresa en comento recibe toda clase de residuos industriales sólidos y líquidos peligrosos, pues son sumamente tóxicos, los cuales tritura y mezcla para producir combustible alterno en sustitución del gas o combustóleo. También procesa aceites y grasas usados, pinturas lacas y acrílicas, solventes, llantas, desechos de artículos de limpieza y belleza, juguetes de plástico contaminados con plomo, aparatos electrodomésticos con componentes electrónicos, residuos derivados del petróleo, medicamentos caducos y basura. En todo el proceso de mezcla de residuos peligrosos se liberan gases y vapores, denominados “compuestos orgánicos volátiles” De acuerdo con el doctor Jorge Arturo de León, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por el manejo de residuos de muy variada composición química, así como por contar con gente no conocedora de estos procesos, y ante la falta de equipos tecnológicos que permitan procesar sin peligro estas sustancias, suceden incidentes donde las emisiones de contaminantes superan lo permitido en la normatividad ambiental Dicho de otro modo, se violan las disposiciones legales en la materia, como las Leyes Generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como sus respectivos reglamentos Por si ello fuera poco, incluso se presume que en un drenaje clandestino la empresa vierte desechos tóxicos, transgrediendo toda norma ambiental y eludiendo el marco de actuación de autoridades municipales, estatales y federales Otro suceso sobresaliente por la total indolencia de las autoridades es la muerte de 11 personas en El Refugio, perteneciente a Atotonilco de Tula y que está a 3.5 kilómetros de Apaxco: el 21 de marzo de 2009, campesinos que realizaban labores de limpieza e inspección en un pozo perdieron la vida por la exposición a sustancias tóxicas en el agua del contenedor La respuesta fue inmediata; incluso se recibió el apoyo del gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, indemnizando con la mayor brevedad a las familias. Sin embargo, la versión de las autoridades para dar solución respecto a la muerte de estas personas no fue esclarecida. En el dictamen pericial realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo se argumenta que las 11 muertes se dieron a causa de asfixia por inmersión La gente de Apaxco está cierta de que las muertes fueron producto de los contaminantes vertidos por Ecoltec que, como dije líneas arriba, presumiblemente tiene un drenaje clandestino Baste señalar que Ecoltec quema un promedio de 2 millones de llantas y 6 millones de residuos industriales peligrosos, los cuales generan grandes afectaciones en el ambiente, por las emisiones tóxicas que se vierten a la atmósfera El doctor Jorge Arturo de León afirma que con base en estudios toxicológicos realizados por él y un grupo de investigadores de la UNAM, se ha detectado la presencia en el ambiente de sustancias tóxicas por demás peligrosas para la salud, como mercurio, acrilato de metilo, plomo, dioxinas, furanos y metales pesados La contaminación que la fábrica produce por la incineración de residuos peligrosos se extiende a 4 kilómetros a la redonda: afecta no sólo a Apaxco, México, sino a localidades aledañas en Hidalgo En lugar de que las autoridades del gobierno, que en teoría deberían proteger y procurar el bienestar de la población, los organismos civiles como Greenpeace México y los mismos vecinos de la colonia, organizados a través del movimiento ambientalista Prosalud, han asumido el papel de defensores de la salud de los pobladores y el cuidado del ambiente Sin embargo, ha salido a relucir la parcialidad hacia el alto capital en el asunto, ¿Por qué? Porque el combustible alterno producido por Ecoltec es utilizado por Holcim Apasco, el cual es incinerado en los hornos cementeros, liberando sustancias tóxicas como dioxina, furano y metales pesados. Es decir, a Ecoltec la protege Holcim Apasco Por citar un caso, a fin de sustentar el argumento anterior, menciono que el 2 de septiembre de 2009 los vecinos presentaron una denuncia ante la Profepa, a la cual Greenpeace México dio seguimiento, donde se hizo hincapié en las afectaciones de la salud y del ambiente que genera Ecoltec Después de las visitas de inspección a la empresa el 14 y 15 de septiembre de 2009, el dictamen preliminar determinó que no había elementos suficientes para gestionar contra Ecoltec Derivado de lo anterior, se someten a consideración de esta honorable asamblea los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, al gobierno de Hidalgo, al gobierno del estado de México y al presidente municipal de Apaxco a revisar e informar a la Comisión Permanente sobre la legalidad de las autorizaciones y licencias expedidas en favor de Ecoltec, SA de CV Segundo. Que esta soberanía solicite a la Secretaría de Salud que elabore estudios toxicológicos y epidemiológicos para determinar si las enfermedades agudas y crónicas generadas entre la población en Apaxco, México, se relacionan con los desechos tóxicos producidos por Ecoltec, SA de CV Tercero. Que esta soberanía exhorte al procurador general de Justicia de Hidalgo, por conducto del gobernador del estado, Miguel Ángel Osorio Chong, a revisar minuciosamente el expediente que se refiere a la tragedia donde murieron 11 campesinos el 21 de marzo de 2009 y, en su caso, a reabrir las investigaciones pertinentes a fin de deslindar responsabilidades jurídicas a los responsables de tan siniestro suceso Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo ESTADO DE YUCATAN El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, proposición con exhorto al gobierno de Yucatán y al Congreso del estado para reconsiderar diversas alzas de impuestos La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la gobernadora y al Congreso de Yucatán a reconsiderar el alza de 50 por ciento del impuesto al hospedaje y de 25 del de nóminas aprobada en diciembre pasado a propuesta de la administración estatal, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN La suscrita Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco y al Congreso de esa entidad federativa a reconsiderar el alza de 50 por ciento al impuesto al hospedaje y de 25 por ciento al impuesto de nóminas, aprobados el pasado mes de diciembre en Yucatán a propuesta del gobierno del estado, al tenor de las siguientes Consideraciones En uso de sus atribuciones constitucionales, la gobernadora de la entidad, Ivonne Ortega Pacheco, envió al Congreso del estado las Iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la entidad para el año 2011; en la Ley de Ingresos propuso un alza a diversos gravámenes locales, específicamente los impuestos locales de hospedaje y de nóminas, el primero de los cuales se elevaría en 50 por ciento, pasando de una tasa de 2 al 3 por ciento general, en tanto que el segundo se incrementaría en 25 por ciento, pasando de una tasa de 2 al 2.5 por ciento La actitud de la gobernadora contrasta con el paquete económico 2011 del gobierno federal, en el cual, como recordarán los diputados y senadores, no se propuso incremento alguno en las tasas de los impuestos federales, a pesar de que todos coinciden en la necesidad de obtener recursos adicionales para cubrir programas sociales prioritarios e impulsar el desarrollo del país con el sólido cimiento de tener un esquema de finanzas públicas sanas Sabemos bien que este Congreso ha asumido en los últimos años un alto sentido de responsabilidad en materia fiscal, y el propio Ejecutivo sabe que no es posible que transiten en las Cámaras alzas desmedidas de impuestos, sobre todo, aquellos que afectan la situación del país y sus regiones en materia de empleo o que pongan en riesgo la operación de la planta productiva Sin embargo, no vemos ese mismo grado de responsabilidad en las decisiones tomadas, ni por la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, ni por la mayoría priísta del Congreso del estado, al haber aprobado las alzas anteriormente apuntadas adoptando un afán claramente recaudatorio y sin importar las exigencias y reclamos que distintos sectores de la sociedad yucateca elevaron al respecto Fueron ignorados en todo momento los reclamos de organismos como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Confederación Patronal de la República Mexicana, delegación Yucatán, de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido de Yucatán, así como de diversos prestadores de servicios turísticos al margen del Congreso Empresarial Turístico. Estas voces lo único que pedían era revisar la aplicación del impuesto y que el gobierno trabajara mejor en la ampliación de la base de contribuyentes, sin elevar la carga a los causantes que siempre contribuyen puntualmente y que lejos de ser premiados por su pago, se les aumentan desproporcionadamente las obligaciones fiscales Y por si fuera poco, en Yucatán también se elevaron de dos a tres veces las multas y sanciones contenidas en el reglamento de tránsito, las sanciones a los propietarios de lotes baldíos y otras infracciones a reglamentos municipales. La única buena noticia fue la eliminación parcial de la tenencia vehicular, a la cual se opuso siempre la mayoría priísta y que se hizo realidad merced a la exigencia ciudadana y la insistencia de los diputados locales del Partido Acción Nacional Por lo anteriormente descrito, los legisladores federales del Partido Acción Nacional nos pronunciamos en contra de las determinaciones tomadas en el estado de Yucatán en las últimas semanas, que elevan injustificadamente diversas cargas fiscales en aquella entidad Estamos seguros que este exhorto será respaldado por todos los grupos parlamentarios, porque fue justamente al inicio de la presente legislatura cuando diputados federales del PRI expresaron con la voz en alto la inviabilidad de elevar impuestos en tiempos de crisis, porque lo que se debería hacer para responder a una situación difícil era ofrecer reducciones impositivas e incentivos. Si eso era entonces, con mayor razón se debe revalorar el alza de impuestos en Yucatán que eleva en 25 por ciento la carga a los empleadores creadores de nuevas fuentes de trabajo empleos, que suma un alza de 50 por ciento del impuesto local al ajuste inflacionario de los prestadores de servicios turísticos, que encarecerá el costo del hospedaje o reducirá los márgenes de operación de los hoteleros locales y por tanto el mantenimiento y la reinversión en mejores instalaciones que reducirá la competitividad de la industria turística en Yucatán Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco y al honorable Congreso del estado a reconsiderar el alza aprobada de 50 por ciento al impuesto al hospedaje y de 25 por ciento al impuesto de nóminas Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.— Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo DISTRITO FEDERAL El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para detener la obra del sistema de puentes, túneles y distribuidores sur-poniente de la Ciudad de México, suscrito por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a detener la obra del sistema vial de puentes, túneles y distribuidores sur-poniente de la Ciudad de México, conocido como “Supervía Poniente”; y a la CDHDF, a emitir la recomendación correspondiente a dicho servidor público por la violación de los derechos de los habitantes de La Magdalena Contreras, suscrita por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PRI María de la Paz Quiñones Cornejo, diputada federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al jefe de gobierno a que detenga la obra del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente de la Ciudad de México, conocido como Supervía Poniente, y exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a emitir la recomendación correspondiente al jefe de gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de La Magdalena Contreras Exposición de Motivos La sociedad le confirió al jefe de gobierno la responsabilidad y el poder para defender sus derechos, para vigilar la legalidad y para promover su desarrollo y el de las comunidades, pero siempre con una visión que integre los intereses, preocupaciones y necesidades de toda la población Es su obligación velar por la vigencia de los derechos de los habitantes del Distrito Federal, actuar siempre dentro del marco de la ley y promover acciones que consideren siempre la opinión de todos, mayorías y minorías Es su deber informar clara, amplia y oportunamente a los ciudadanos de su ejercicio, las obras y los proyectos que su gobierno realice, es su obligación consultar e integrar las opiniones de los ciudadanos y sus comunidades en estos proyectos Cuando se utiliza a la fuerza pública para imponer obras y proyectos el gobierno está incumpliendo con sus principales responsabilidades, está violando los derechos básicos de los ciudadanos y está realizando proyectos que no satisfacen las expectativas de todos los habitantes de esta capital, cancelándoles a muchos de ellos la oportunidad de realizar su proyecto de vida Para evitar la imposición debe prevalecer el diálogo, el cual debe estar enmarcado dentro del respeto a los derechos de los ciudadanos y con una clara intención de consultar e integrar la opinión y preocupaciones de la comunidad, para definir la viabilidad de los proyectos y su legalidad, y no como una estrategia dilatoria para impulsar proyectos que sólo beneficiarán a unos cuantos Como somos testigos, las obras que realiza el jefe de gobierno las ha tenido que imponer con el uso de la fuerza. En el caso del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente, quienes violan la ley son el titular del Ejecutivo local y la empresa concesionaria; la violan al pasar por encima de los derechos que la Constitución, el Estatuto de Gobierno y otras leyes establecen La empresa concesionaria Controladora Vía Rápida Poetas, por su parte, incumple desde lo más básico que son los permisos para la demolición, hasta la inejecución de las condicionantes que le fueron establecidas en materia de impacto ambiental. En ello el gobierno del Distrito Federal es omiso, puesto que dicha autorización debió de haber sido revocada ante el incumplimiento de la mayoría de dichas condicionantes por parte de la empresa concesionaria en los tiempos que le señalaron. Por lo demás, y como ha sido mencionado por innumerables personas, expertos en materia ambiental y urbanismo, esta obra afectará gravemente el entorno, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón El uso de la fuerza pública sólo se justifica cuando se viola la Ley, cuando se pone en riesgo la paz pública o cuando se comprometen los derechos ciudadanos Esta obra se realiza en la ilegalidad, compromete los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo la paz social. Es entonces al gobierno y a la empresa concesionaria a quienes deberían de aplicarle la fuerza pública y no a la comunidad; el mundo al revés Por otra parte, si bien es importante buscar los caminos que conduzcan al diálogo entre sociedad y gobierno, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tiene como función principal la defensa de los derechos de los habitantes del Distrito Federal y para ello cuenta con un elemento institucional que es fundamental, la emisión de recomendaciones, por lo que su función primera es servirse de dicho instrumento para apoyar a los habitantes del Distrito Federal en la defensa y protección de sus derechos, más aún cuando cuenta con los elementos suficientes para cumplir con sus responsabilidades Por lo expuesto, se someten a discusión y aprobación por el pleno de esta asamblea los presentes Puntos de Acuerdo Primero.Se exhorta al jefe de gobierno a detener la obra del Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente de la Ciudad de México, conocido como Supervía Poniente, hasta en tanto la empresa no cumpla con la ley, se den por concluidos los procesos jurisdiccionales en proceso de resolución, sean resarcidos los derechos de los ciudadanos de La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, informando con veracidad, y consultando e integrando su opinión para definir la viabilidad de esta obra Segundo.Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a cumplir con sus atribuciones y emita la recomendación correspondiente al jefe de gobierno por la violación de los derechos de los habitantes de La Magdalena Contreras inconformes con la obra Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.— Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Primera Comisión de Trabajo ENDEUDAMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Juan Bueno Torio para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a presentar informes detallados sobre su situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos El senador Juan Bueno Torio: Gracias, presidente. Con su permiso. Le solicito que el texto íntegro de este punto de acuerdo se integre al Diario de los Debates Desde hace mucho tiempo, los senadores y legisladores en general del Partido Acción Nacional, a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, hemos planteado importantes reformas a ordenamientos legales para dotar al Estado mexicano de mejores instrumentos jurídicos que obliguen al gobierno federal a transparentar sus operaciones, a informar y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos La falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales es verdaderamente grave. No es posible que los ciudadanos al día de hoy sigamos sin poder conocer el destino de los recursos públicos estatales, ya sea de aquellos que reciben por participaciones federales, por recaudación propia o por el endeudamiento que últimamente están generando En la actualidad la mayoría de los gobiernos estatales siguen sin tener obligación jurídica sólida para reportar cómo gastan los dineros. Esta situación de irresponsabilidad económica viene acompañada, también, de oportunismo político y están siendo utilizados estos recursos, como lo hemos visto, para pagar campañas electorales como fue el caso particular en la pasada elección en mi estado de Veracruz En fechas recientes, en la renovación de gobiernos estatales, se detectó que las administraciones salientes heredaron a los gobiernos que entran preocupantes niveles de pasivo que ponen en riesgo la ejecución de proyectos de obra pública y de desarrollo social, lo cual podría significar un incuantificable desastre financiero, y que dada su magnitud, en algunos casos por la insolvencia a que puedan llegar, buscarán apoyos extraordinarios ante las instancias federales y será responsabilidad de esta Cámara de Diputados atenderlas Son notorios los casos de las entidades federativas en donde el endeudamiento público ha excedido la capacidad de pago de sus propias haciendas. Casos como el de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz Es el caso que el gobierno saliente de Chihuahua heredó a su sucesor una deuda histórica por 13 mil 260 millones de pesos, 869 por ciento, superior a la que tenía cuando inició su mandato Nuevo León, igualmente, con una deuda de 27 mil millones de pesos, 193 por ciento superior a la que recibió en el año de 2004 En Veracruz, el gobierno estatal saliente le había entregado a su sucesor una deuda de más de 9 mil 200 millones de pesos, 163 por ciento superior a la que recibió en 2004. Además, en los últimos meses, por decir, en los últimos días del mes de noviembre, antes de cambiar gobierno el 1 de diciembre, se generó un desconcierto, ya que se contrató deuda que no sabemos por cuánto y que presumiblemente es hasta por 10 mil millones de pesos adicionales Independientemente de esto, que no ha sido clarificado, hay una deuda muy importante con prestadores de servicio, con proveedores y contratistas Asimismo, nuestro estado de Veracruz se encuentra por debajo en el promedio nacional en cuanto a la captación de ingresos generados por el estado respecto de sus ingresos federales. Es decir, apenas los ingresos propios que genera Veracruz son de 5 por ciento de su recaudación o de sus ingresos totales Este pobre desempeño estatal en generación y captación de recursos propios obedece a una aplicación errónea de políticas fiscales, ineficiente manejo de la administración, esquemas de corrupción exacerbados y principalmente, la falta de transparencia en el ejercicio del gasto público Como ya es del dominio público, el gobierno de Veracruz incrementó el gasto operativo en una proporción mucho mayor a sus ingresos, provocando un déficit en las finanzas públicas del estado, situación que también le ha venido a afectar la calificación crediticia y el encarecimiento de su deuda Sonora incrementó su pasivo en 107 por ciento respecto de 2004. Tamaulipas incrementó en 580 por ciento. Coahuila ha incrementado su deuda en más de 500 por ciento. En reiteradas ocasiones hemos insistido en.. El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor senador El senador Juan Bueno Torio:Con mucho gusto, señor presidente En reiteradas ocasiones hemos insistido en hacer una reforma hacendaria que limite el endeudamiento de los gobiernos estatales, por eso traemos hoy este punto de acuerdo que someto a su consideración y que voy a resumir Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pida informe, y del gobierno del Distrito Federal, solicite informe a las legislaturas locales sobre la sostenibilidad financiera de los endeudamientos contratados. Que también esta Comisión pida a los gobiernos y a las legislaturas locales, instruyan a sus organismos de fiscalización a que realicen auditorías sobre la situación financiera de las  haciendas públicas de los estados y del Distrito Federal, y que esta Comisión Permanente también exhorte a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a generar un grupo de trabajo que estará integrado proporcional y pluralmente por todos los grupos parlamentarios representados, para hacer una investigación y dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos presupuestales que tienen los estados de la república Por su atención muchas gracias, y por su tolerancia, señor presidente, muy amable. Gracias «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes detallados sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos; y a los 31 congresos estatales y a la ALDF, a instruir a sus órganos de fiscalización para auditar las haciendas públicas, suscrita por el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN El suscrito, Juan Bueno Torio, senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los Ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes detallados sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos; y a los 31 congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a instruir a sus órganos de fiscalización para auditar las haciendas públicas, al tenor de las siguientes Consideraciones En la última década, el gobierno federal ha emprendido importantes reformas en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, se fundó el Instituto Federal de Acceso a la Información, se impulsó la adecuación de diversos ordenamientos para dotar al Estado de mejores instrumentos jurídicos y, en general, se mejoró la manera en que las autoridades federales informan y rinden cuentas sobre el uso de los recursos públicos Sin embargo, esos indudables avances han sido primordialmente concentrados en el orden federal, sin que se hayan logrado replicar satisfactoriamente en las entidades federativas y los municipios. La falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas estatales es particularmente grave. En el documentoÍndice de competitividad estatal 2010. La caja negra del gasto público, el Instituto Mexicano de la Competitividad señala con referencia a la situación imperante en las entidades federativas que en la actualidad “es imposible saber de qué tamaño es la burocracia estatal y cuáles son sus salarios”. En términos generales, el panorama es de una marcada opacidad por la que ciudadanos y autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sean obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento Que los gobernantes locales no estén obligados jurídicamente a reportar cómo gastan propicia ineficiencia y dispendio, con el resultante incremento irresponsable del gasto público. Eso ha llevado a varias autoridades a contratar mayores montos de deuda. Tal situación de endeudamiento acelerado e insostenible en las entidades federativas es particularmente preocupante. De acuerdo con el reporteObligaciones financieras de las entidades federativas y municipios, dado a conocer recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,se demuestra que en varias entidades federativas el endeudamiento público ha excedido la capacidad de pago de las haciendas públicas, lo cual a la postre las llevaría a un desastre financiero Tal situación de irresponsabilidad económica viene acompañada de oportunismo político, pues es notoria la presencia de motivaciones electorales para ciertos actores. Baste observar que de las administraciones estatales que renovaron autoridades en 2010, la gran mayoría legó a los gobiernos entrantes niveles de pasivos que ponen en riesgo la ejecución de proyectos de obra pública y desarrollo social Mientras que el gobierno saliente de Tlaxcala es ejemplo de responsabilidad, pues no dejó deuda al sucesor, en el extremo contrario son particularmente notorios los casos de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Así, el gobierno saliente de Chihuahua legó al sucesor la mayor deuda en la historia de la entidad: 13 mil 261 millones de pesos en septiembre de 2010, que en términos nominales es 869 por ciento superior a la que se tenía en 2004 Por otra parte, al cierre de 2009 el actual Ejecutivo de Nuevo León tenía compromisos fiscales por más de 27 mil 70 millones de pesos, monto 193 por ciento superior al que había en 2004. En Veracruz, la situación no es diferente: con datos actualizados a septiembre de 2010, el saliente gobierno estatal habría entregado al sucesor una deuda de 9 mil 289 millones de pesos, 163 por ciento superior en términos nominales a la que había en 2004 Además, hay desconcierto porque en los últimos días del gobierno se contrató deuda, que no ha sido clarificada. En cuanto a Sonora, el gobierno estatal saliente dejó al sucesor pasivos por 11 mil 258 millones de pesos, lo que implica un incremento de 107 por ciento respecto a la deuda de 2004. En el caso de Tamaulipas, el gobierno local, que el 31 de diciembre pasado dejó las funciones, tenía pasivos financieros por 9 mil 165 millones de pesos en septiembre de 2010, 580 por ciento mayores de los que había al cierre de 2004 Los datos también muestran que esa preocupante situación se volverá a observar en 2011. Por ejemplo, al cierre de 2009 el gobierno de Coahuila tenía una deuda de mil 561 millones de pesos, cuando en 2004 era de 273 millones; es decir, ha habido un incremento en términos nominales de 472 por ciento Los legisladores federales del PAN se han caracterizado por presentar numerosas iniciativas de ley y proposiciones de punto de acuerdo que buscan obligar a los gobiernos de las entidades federativas a transparentar y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos También, en reiteradas ocasiones, los diputados y los senadores del PAN hemos convocado al resto de las fuerzas políticas a aprobar una reforma hacendaria integral que, al tiempo que aumente la recaudación, eficiente el gasto y promueva la competitividad y equidad en el país, considere medidas que impidan a los gobiernos de los estados endeudarse sin control. Sin duda, una reforma en este sentido obligaría a los gobiernos locales a una mayor responsabilidad fiscal y, en consecuencia, a generar recursos propios para cubrir los gastos y pasivos financieros Al tenor de lo anterior, la finalidad de estos puntos de acuerdo es exhortar, por una parte, a los Ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes sobre la situación que guardan las haciendas públicas a su cargo, con especial atención en la sostenibilidad de las deudas contratadas; y, por la otra, a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a instruir a los órganos de fiscalización para auditar la situación de las finanzas públicas de las respectivas entidades federativas De igual manera, se propone crear en el Senado de la República, órgano de representación de los estados y del Distrito Federal, un grupo de trabajo que dé seguimiento a la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados a las entidades federativas del país El grupo de trabajo estará integrado de manera plural por senadores de todos los grupos parlamentarios representados en la actual legislatura Por lo expuesto, el suscrito somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de los 31 estados de la república y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a presentar informes detallados de la situación que guardan las haciendas públicas a su cargo, con especial hincapié en la sostenibilidad financiera de los endeudamientos contratados Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los congresos de los 31 estados de la república y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a instruir a los órganos de fiscalización a su cargo para auditar sobre la situación financiera de las haciendas públicas de los estados y el Distrito Federal Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a formar un grupo de trabajo para dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados a las entidades federativas. Dicho grupo de trabajo estará integrado proporcional y pluralmente por todos los grupos parlamentarios representados en la actual legislatura Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.— Senador Juan Bueno Torio, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, senador. Se recibió la proposición del senador Bueno Torio. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.Diputada La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): Para preguntar al senador si me permite adherirme a su propuesta El diputado Juan Bueno Torio(desde la curul): Sí, con mucho gusto El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adherida queda la diputada a la propuesta del senador Bueno Torio REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo federal a que expida y publique el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por la senadora María Elena Orantes López La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a expedir y publicar el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI La suscrita, María Elena Orantes López, senadora por el estado de Chiapas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que conferida en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea puntos de acuerdo al tenor de la siguiente Exposición de Motivos En el 10 por ciento de los hogares mexicanos existe al menos una persona con discapacidad y, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población con algún tipo de discapacidad en México alcanza los 14 millones de personas No cabe duda de que durante los últimos años hemos experimentado transformaciones económicas, políticas y sociales, que nos han permitido alcanzar resultados y avances importantes en materia de desarrollo social y en el combate a la pobreza, atendiendo con prioridad a los grupos sociales más vulnerables, en particular, a las personas con algún tipo de discapacidad Sin embargo, resulta necesario hacer viables resultados más notables en lo que se refiere a la atención a las personas con discapacidad. Es momento de que las personas con discapacidad sean consideradas un grupo de atención prioritario que requiere de programas y apoyos que respondan a sus necesidades, a la construcción de espacios y oportunidades que generen su inclusión, formación, participación y disfrute de mejoras en sus condiciones sociales y económicas En México mucho hemos avanzado al contar con una legislación para las personas con discapacidad, tal es el caso de la Ley General para las Personas con Discapacidad, con la que el Congreso de la Unión demostró voluntad y compromiso  para dar respuesta a un reclamo social que han planteado durante muchos años  las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil que las representan La Ley General para las Personas con Discapacidad contiene un conjunto de preceptos que de ser adecuadamente aplicados, podrían remediar la enorme brecha de injusticia social que hasta el momento ha privado hacia las personas con discapacidad, expresada en desempleo, pobreza, analfabetismo y una enorme marginación El Estado mexicano está obligado a asumir su responsabilidad en esta materia a través de políticas públicas o de impacto social, toda vez que la ley busca promover políticas públicas de Estado y, sobre todo, un cambio en la cultura para atender a la discapacidad desde el ámbito social Considerando que la ley en comento fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2005, podemos constatar que ha pasado más de un lustro sin que el Ejecutivo federal expida el reglamento para las personas con discapacidad, cuando la propia ley establecía un plazo de 180 días para su elaboración, contados a partir de la entrada en vigor de ésta Los reglamentos que emite el Ejecutivo federal son normas de carácter general, abstractas e impersonales expedidas por el titular del Poder Ejecutivo, con la finalidad de lograr la aplicación de una ley previa. La facultad reglamentaria contenida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encomienda al presidente de la República proveer en la esfera administrativa la exacta observancia para promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión En este contexto, aun y cuando la cultura de respeto y reconocimiento a los derechos humanos de las personas con discapacidad se encuentra en pleno desarrollo, no debemos olvidar que existen aún espacios en el ámbito educativo, laboral, urbano y deportivo, entre otros, en donde la exclusión, la desigualdad y la inequidad, se manifiesta con actitudes de intolerancia, incomprensión, falta de reconocimiento y aceptación a la pluralidad y a la diferencia de este grupo de la población Es por todo ello que resulta indispensable la expedición del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, ya que de esta forma se logrará la aplicación plena de la Ley General para las Personas con Discapacidad en la República Mexicana En este contexto, creemos que la Comisión Permanente debe exhortar al Poder Ejecutivo Federal a materializar la publicación del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad en el Diario Oficial de la Federación, pero, además, es indispensable solicitar a los gobiernos de cada una de las entidades federativas, el reconocimiento y aplicación de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, “Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-especificaciones de seguridad”, como parte de la regulación para lograr brindar mayor justicia social a las personas con discapacidad, al tiempo de  enfrentar con mayor solidaridad una serie de obstáculos tanto físicos como culturales, que les impiden recibir educación, conseguir empleo, obtener atención de salud adecuada y contar con las condiciones de accesibilidad en todos los espacios públicos y privados Lo anterior, nos permitirá contar con una mejor infraestructura urbana pública y privada, que tome en cuenta los accesos y las facilidades arquitectónicas y urbanísticas para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad en los espacios laborales, educativos, comerciales, deportivos y recreativos, entre otros Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo De urgente y obvia resolución Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal que, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida y publique, con la brevedad posible, el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a los gobiernos de cada una de las entidades federativas, el reconocimiento y aplicación de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, “Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-especificaciones de seguridad”, como parte de la regulación para brindar mayor justicia social a las personas con discapacidad y enfrentar con una visión solidaria una serie de obstáculos tanto físicos como culturales, que les impiden recibir educación, conseguir empleo, obtener atención de salud adecuada y contar con las condiciones de accesibilidad en todos los espacios públicos y privados Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.— Senadora María Elena Orantes López (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: También se recibió proposición con punto de acuerdo que solicita la comparecencia del secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad y del Secretario de Seguridad Pública, suscrito por las diputadas Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y del secretario de Seguridad Pública para que informen respecto a la situación del crimen organizado en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y Guerrero, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD La suscritas, legisladoras Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, diputadas a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones El pasado fin de semana –segundo del año–, fuimos testigos, una vez más, de hechos de violencia sin límites, en los que perdieron la vida 51 personas, de las cuales sólo 32 encontraron su muerte en la ciudad de Acapulco en el estado de Guerrero. Asimismo, información pública señala el incremento exponencial del número de personas que han sido ilegalmente privados de la libertad por grupos delictivos presuntamente vinculados al crimen organizado, lo cual violenta gravemente el Estado de derecho en esa entidad. En estas condiciones, resulta indispensable hacer explícito nuestro más profundo rechazo y la más grande de las condenas para quienes, a través de la violencia, buscan sustituir a las instituciones democráticas que los mexicanos hemos construido a través de doscientos años de vida independiente Lo anterior resulta paradójico después de que el pasado mes de noviembre, el doctor Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, aseguraba que los índices de violencia en el estado de Tamaulipas, se encontraban a la baja y que, en adelante, íbamos a poder observar una disminución en el número de ejecuciones, presuntamente cometidas por el crimen organizado Esta situación, repetida en múltiples ocasiones, ha llevado a México, a ser considerado, en el Barómetro de Conflictos 2010 elaborado por la Universidad de Heildelberg, Alemania, como uno de los seis países más violentos del planeta, junto con Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán; todos países con guerras declaradas En las condiciones actuales, debemos realizar un efectivo análisis de las políticas implementadas en materia de seguridad y reconocer que, en este país, el crimen organizado no constituye más un problema de seguridad pública, sino un problema de seguridad nacional que amenaza con la destrucción de las instituciones democráticas que hemos forjado y la integridad de nuestra población, al infiltrar instituciones fundamentales como los gobiernos municipales, estatales e, incluso, el federal, como hemos podido ver en otras ocasiones La distinción no resulta banal. Un problema de seguridad pública indudablemente afecta a todos los ciudadanos, pero en la actualidad lo que se encuentra en juego es la viabilidad democrática de nuestro país, como queda claramente demostrado en el caso de Guerrero. Los acontecimientos de los cuales nos ocupamos el día de hoy, se enmarcan dentro de un proceso electoral que culminará dentro de tres semanas y que puede verse seriamente comprometido, de continuar esta oleada de violencia. Por lo anterior, hacemos un respetuoso llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus propias responsabilidades, garanticen a la población el ejercicio del derecho al libre sufragio en las próximas elecciones, a realizarse el próximo domingo 30 de enero Por lo anterior, desde esta tribuna, hacemos un llamado al presidente Felipe Calderón para que, en el marco del diseño e instrumentación de una correcta estrategia, reconozca que lo que vivimos hoy en día, no constituye más una crisis de seguridad pública, sino un problema de seguridad nacional, cuya resolución no corresponde únicamente a los poderes municipales y estatales, sino al Estado en su conjunto, por lo cual, legisladores y gobernantes, debemos actuar conjuntamente En este sentido, resulta indispensable que el Congreso de la Unión, a través de esta Comisión Permanente, inicie un diálogo corresponsable e informado con el Consejo de Seguridad Nacional, a fin de que éste rinda un informe respecto a la situación del crimen organizado en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y, de manera especial, Guerrero Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, doctor Alejandro Poiré Romero, y al secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna, para que informe respecto a la situación del crimen organizado en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y, especialmente, Guerrero Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.— Diputadas: Esthela Damián Peralta, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Florentina Rosario Morales (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Primera Comisión de Trabajo EJERCITO MEXICANO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del senador Ricardo Monreal Ávila, proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Sedena a que envíe un informe detallado sobre el número y rango de la deserción de efectivos del Ejército en el periodo 2006-2010 La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedena a enviar un informe detallado sobre el número, el rango y las causas de la deserción de militares en el periodo 2006-2010, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, sobre la deserción de miembros del Ejército Nacional, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El Ejército es por excelencia la institución que salvaguarda la Seguridad Nacional, y si se establece como dogma universal que el narcotráfico es un asunto de seguridad nacional por parte de las autoridades mexicanas, pues entonces se deriva el corolario lógico de la presencia militar activa en la erradicación de esta amenaza El presidente Ronald Reagan firmó en 1986 la National Security Decision Directive 221, ahí se consignaba por primera vez que el tráfico ilegal de drogas era una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos de América. Desde entonces surgió el interés por intervenir con mayor fuerza en el diseño de la política sobre drogas en otros países y en sus mecanismos de funcionamiento A raíz de ello, como si hubiera sido una especie de reacción por parte de las autoridades mexicanas, el presidente Miguel de la Madrid descubre que la tesis de Reagan también es válida para nuestro caso, integrándose así el tráfico de drogas ilegales en la agenda de seguridad nacional, y con ello se reforzó la presencia de militares en estas tareas. De ahí a la fecha ello ha sido una constante, dándose con mayor intensidad en la presente administración federal que preside Felipe Calderón La guerra contra las drogas no es una guerra convencional, las operaciones antidrogas están entre las seis áreas principales que forman parte del esquema de “guerra de baja intensidad”, que se diseñó para contrarrestar los brotes de insurgencia revolucionaria, y el tráfico de drogas en el tercer mundo El Ejército mexicano es una institución heroica para el país y con un legado histórico popular invaluable; su misión es tutelar la soberanía y la independencia del país. Ninguna otra institución del Estado tiene esa encomienda, por eso su actuación se debe caracterizar por el respeto a la ley y a la contribución de un sentimiento público de seguridad y confianza Lamentablemente desde hace más de dos décadas y media los presidentes de la República, en su calidad de comandantes supremos de las fuerzas armadas, han usado al Ejército en tareas de orden civil so pretexto de enfrentar el narcotráfico De este modo se ha sometido a esta institución a un desgaste innecesario, ya que por un lado se le pone en una posición de vulnerabilidad al ser expuesto a la violación de los derechos humanos –producto, a su vez, de su preparación para la guerra- y, por el otro lado, a que con los cañonazos de dinero del hampa pueda ser penetrado y corrompido Para las autoridades federales un tema que resulta incómodo, pero a la vez de suma trascendencia, es el presunto vínculo que existe entre las organizaciones de traficantes mexicanos y grupos paramilitares privados Al respecto conviene recordar que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) alertó, en su momento, sobre el fenómeno del “mercenarismo” que se daría en Centroamérica con la pacificación de Guatemala, ya que este país redujo más de 60 por ciento su ejército.1 El propio ex secretario de la Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, en una reunión con senadores dijo que “No los quería alarmar, pero que parecía ser que un grupo de ex kaibiles querían ser invitados a formar parte de los Zetas y estarían operando en la frontera sur de México, en los límites con Guatemala”.2 Sabemos que en el sexenio de Vicente Fox desertaron del Ejército mexicano alrededor de 100 mil efectivos3 con diversos rangos dentro de la institución. Pero en el presente sexenio no se sabe cuántos desertores del Ejército hay, ni qué jerarquía ocupaban, mucho menos los motivos que propiciaron su salida Es muy grave que no haya un interés y seguimiento puntual de lo que hacen los desertores. En el mejor de los casos puede que muchos hayan regresado a la vida civil y se dediquen a actividades lícitas, pero también es posible que muchos otros se dediquen a actividades ilícitas Es precisamente en ese aspecto donde hay que poner especial atención, porque la preparación militar y el conocimiento y manejo de armas implica una mayor capacidad ofensiva de los grupos de traficantes que cuentan con ellos4, y un recrudecimiento de la violencia Podría pensarse que la mayor frecuencia en el uso de armas de alto calibre en tiempos recientes tenga que ver con esta hipótesis, y el mejor conocimiento de las fuentes de aprovisionamiento del material bélico, también existe la posibilidad de que los ex militares [de élite] estén formando a más gente con una preparación similar a la que ellos obtuvieron en la filas del Ejército Aunque no se puede descartar el hecho de que las armas empleadas últimamente hayan sido adquiridas por los traficantes de drogas de origen civil simplemente, ya que los controles para su venta son cada vez menos eficaces y los traficantes de armas se han vuelto más activos ante el incremento del negocio de las drogas, fenómeno que aumenta la demanda del material bélico Por ello es indispensable que la administración federal informe detalladamente cuántos han sido los desertores del Ejército y el puesto o jerarquía que ocupaban dentro de la institución. Puede ser que varios elementos hayan sido militares de élite y que estén entrenando a gente que enfrentará a las fuerzas del orden La burocracia gubernamental de la administración de Calderón ha hecho de “la guerra contra el narcotráfico” su razón de ser; hoy más que nunca es necesario desterrar las tentaciones autoritarias desde el poder y cambiar el enfoque punitivo que prevalece en esta cruzada y disminuir los daños colaterales como el que nos ocupa en estas líneas Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente resolución el siguiente Punto de Acuerdo Único. Que esta soberanía exhorte al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, a que envíe un informe detallado sobre el número y rango de la deserción de efectivos del Ejército en el período 2006-2010, así como las causas de las mismas Notas: 1. http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=24544&tabla=primera 2. Astorga, Luis. “Seguridad, Traficantes y Militares. El poder y la sombra”, Editorial Tusquets, México, pp. 167 3. “Alarmante deserción en el Ejército; casi 100 mil durante este sexenio”, La Jornada, 7 de agosto de 2005. Ver también el análisis del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C., a cargo del Equipo Centro Prodh, titulado “¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón” 4. Astorga, Luis. Óp. Cit, pp. 166 Salón Legislativo de Xicoténcatl, a 11 días de enero del 2011.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo PLATAFORMA CONTINENTAL El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora la palabra el senador Luis Maldonado Venegas, para presentar proposición con punto de acuerdo relativa a los compromisos establecidos en el tratado de los gobiernos de Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE, a la Sener y a Pemex que informen a esta soberanía acerca de la decisión oficial respecto a los compromisos establecidos en el tratado suscrito con el gobierno de Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia El que suscribe, senador Luis Maldonado Venegas, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, de conformidad al artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo a través de la cual se solicita a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Energía, y a Petróleos Mexicanos que informen a esta soberanía la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos en el tratado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, al tenor de las siguientes Consideraciones El 9 de junio de 2000, en la ciudad de Washington, el presidente de México firmó ad referéndum el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas con el gobierno de Estados Unidos de América Dicho tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores el 28 de noviembre de 2000, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 2001, efectuándose el canje de instrumentos de ratificación previsto en el artículo IX del tratado en la Ciudad de México el 17 de enero de 2001, promulgándose el respectivo decreto presidencial el 13 de febrero de 2001 La parte medular del tratado indica que se establecerá una colaboración de ambas partes sobre la información que se obtenga de los posibles yacimientos transfronterizos, mediante reuniones periódicas con el fin de identificar, localizar y determinar las características geológicas y geofísicas de dichos yacimientos Aparte de la cooperación y las consultas periódicas indicadas, en el artículo III se dejó establecido que los gobiernos de ambos países “no reclamarán ni ejercerán para ningún propósito derechos de soberanía o jurisdicción sobre el fondo marino y el subsuelo” Al propio tiempo, en el artículo IV, numeral 1, se dispuso que “en virtud de la posible existencia de yacimientos de petróleo o gas natural que pueden extenderse a través del límite establecido en el artículo I, las partes, durante un periodo que terminará 10 años después de la entrada en vigor de este tratado, no autorizarán ni permitirán la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas (1.4) del límite establecido en el artículo I El 15 de enero de 2011 se cumplirá el término de 10 años establecido en el tratado y, de conformidad a su artículo V, inciso a), una parte deberá informar a la otra parte de sus decisiones para alquilar, otorgar licencias, dar concesiones o, en cualquier otra forma, poner a disposición partes del área para la exploración o explotación de petróleo o de gas natural; asimismo, informará a la otra parte cuando vaya a comenzar la producción de recursos petroleros o de gas natural Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente Punto de Acuerdo Único.Se solicita a la Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Energía, así como a Petróleos Mexicanos, que informen a esta soberanía la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos en el tratado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, y de Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas Dado en el recinto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.— Senador Luis Maldonado Venegas (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:No se encuentra el senador Maldonado Venegas. Su propuestase turna a la Segunda Comisión de Trabajo ESTADOS UNIDOS DE AMERICA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Luis Alberto Villarreal García, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte y condene enérgicamente el lamentable accidente acaecido el 8 de enero en la ciudad de Tucson, Arizona, en el cual 19 personas fueron alcanzadas por disparos y 6 fallecieron, entre ellas el juez federal John Roll El senador Luis Alberto Villarreal García:Gracias, presidente. Efectivamente, con gran desconcierto conocimos el pasado 8 de enero que en la ciudad de Tucson, Arizona, en los Estados Unidos, un poco después de las 10 horas locales, en el marco de un programa llamado El Congreso en tu esquina se suscitó un tiroteo, en el cual 19 personas fueron heridas y lamentablemente 6 de ellas perdieron la vida Para todas las familias y para todo el pueblo de esa ciudad, de ese estado y de la Unión Americana, nuestra más solidaria y sensible condolencia Entre las personas que fallecieron se encuentra una niña de nueve años y también el juez federal John Roll que casualmente iba caminando por la zona donde se llevó a cabo el atroz incidente, en donde además quedó herida de gravedad la congresista Gabrielle Giffords, que siempre ha sido amiga y ha participado en las distintas interparlamentarias de México con Estados Unidos, para ella nuestro más sincero abrazo y esperamos que pronto podamos volver a participar y a seguir trabajando con ella en causas comunes como la de los migrantes En este sentido es que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, debe reafirmar el compromiso del Poder Legislativo mexicano de combatir la intolerancia, los actos de violencia en todas sus formas y en todas las manifestaciones, independientemente del lugar en que se produzcan y de quienes la cometan Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la presente soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, y quisiera solicitar que pudiese ser, independientemente de que no estaba así anunciada en el orden del día, como de obvia o urgente resolución Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el lamentable incidente acaecido el pasado 8 de enero en la ciudad de Tucson, Arizona, Estados Unidos, en el cual 19 personas fueron alcanzadas por disparos; 6 fallecieron, entre ellas el juez federal John M. Roll Asimismo, expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas, al Congreso, al igual que al pueblo estadounidense y desea la pronta recuperación de las personas heridas, así como de la congresista Gabrielle Giffords. Es cuanto, señor presidente «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el lamentable incidente acaecido el 8 de enero en Tucson, Arizona, Estados Unidos de América, en el cual 19 personas fueron alcanzadas por disparos y 6 fallecieron, entre ellas el juez federal John M. Roll; expresa condolencias a los familiares de las víctimas, y al Congreso y al pueblo estadounidenses; y desea la pronta recuperación de los heridos y de la congresista Gabrielle Giffords, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García y suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN Luis Alberto Villarreal García, Jaime Rafael Díaz Ochoa y Lázara Nelly González Aguilar, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el lamentable incidente acaecido el 8 de enero en Tucson, Arizona, Estados Unidos, en el cual 19 personas fueron alcanzadas por disparos y 6 fallecieron, entre ellas el juez federal John M. Roll; expresa condolencias a los familiares de las víctimas, y al Congreso y al pueblo estadounidenses; y desea la pronta recuperación de los heridos y de la congresista Gabrielle Giffords, de conformidad con la siguiente Exposición de Motivos El 8 de enero, en Tucson, Arizona, Estados Unidos, poco después de las 10:00 horas locales, en el marco del acto público denominadoEl Congreso en tu esquina se suscitó un tiroteo, en el cual 19 personas fueron heridas y 6 perdieron la vida Entre los fallecidos se encuentran una niña de 9 años y el juez federal John Roll. En el lamentable incidente resultó herida la congresista Gabrielle Giffords El mismo 8 de enero, el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, Barack Obama y Joe Biden, condenaron los hechos y los calificaron como una tragedia para Arizona y el país. Señalaron que hasta ese momento se desconocía la motivación de los tiros. Afirmaron que no hay justificación ni razones para un acto de violencia sin sentido y atroz La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reafirma el compromiso del Poder Legislativo mexicano de combatir la intolerancia y los actos de violencia en todas sus formas y manifestaciones, independientemente del lugar en que se produzcan y de quién los cometa Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el lamentable incidente acaecido el 8 de enero en Tucson, Arizona, Estados Unidos, en el cual 19 personas fueron alcanzadas por disparos y 6 fallecieron, entre ellas el juez federal John M. Roll; expresa condolencias a los familiares de las víctimas, y al Congreso y al pueblo estadounidenses; y desea la pronta recuperación de los heridos y de la congresista Gabrielle Giffords Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.— Senadores: Luis Alberto Villarreal García, Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador. No voy a poder obsequiar su solicitud de la urgente resolución, toda vez que no fue presentado así, tampoco fue anunciado así en la sesión de la Mesa Directiva y otro grupo parlamentario inscribió como de urgente resolución un tema relacionado sobre el mismo y tendríamos que desahogar ese tema en primer lugar, por urgente resolución. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo REGASIFICADORA ENERGIA COSTA AZUL El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Jorge Legorreta Ordorica, para presentar punto de acuerdo relativo a la regasificadora de energía Costa Azul. Una disculpa, senador por haberle brincado el turno El senador Jorge Legorreta Ordorica:No se preocupe. Muchas gracias, presidente. Cuando una institución no cumple debidamente con sus atribuciones es lamentable. Cuando este incumplimiento puede ocasionar perjuicios a la ciudadana es todavía más lamentable Cuando la institución no cumple su misión y viola las normas y sus propias disposiciones, permite el daño a la ecología y biodiversidad marina y pone en riesgo vidas humanas. Esto es muy grave y debe ser motivo para fincar responsabilidades administrativas y en su caso penales Una situación de esta naturaleza está sucediendo en este momento en nuestro país por la colusión existente entre la empresa regasificadora Energía Costa Azul, construida por Sempra Energy, en Ensenada, Baja California y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Sempra ha violentado la legalidad no sólo corrompiendo, sino mintiendo, manipulando y ocultando información, pagando servicios a extranjeros para espiar e investigar a instituciones y a ciudadanos mexicanos, incluyendo a funcionarios del Poder Judicial Esta empresa ha venido enfrentando una serie de denuncias en los Estados Unidos y es motivo de investigaciones públicas sobre su participación durante la crisis de precios y suministros de gas natural y electricidad de California como uno de los posibles agentes que manipularon al mercado y limitaron la disponibilidad de gas natural, provocando un alza artificial de los precios de gas natural y electricidad y una restricción en el suministro de ambos energéticos Es importante destacar que en todos los países en los que existen plantas regasificadoras existen normas que determinan que haya una o varias zonas de seguridad llamadas con distintas denominaciones, cuyo fin es proteger instalaciones o edificaciones aledañas o centros de población Las distancias y áreas de seguridad o salvaguarda varían de país a país. No obstante, existen normas internacionales que regulan las distancias y existen fórmulas para determinar las mismas del centro de las instalaciones al perímetro de la planta y aun más allá. Estas zonas, vale aclararlo, se establecieron para escenarios de accidentes provocados por fugas de gas natural licuado y roturas en tuberías, y no consideran derrames mayores provocados por explosiones, acciones terroristas como caída de aviones o acciones bélicas, en cuyo caso las distancias habrían de ser significativamente mayores En todos los países, tan importante como los metros a los que debe establecerse el perímetro de seguridad es que exista el cumplimiento de las normas establecidas y se apliquen las fórmulas contenidas en las mismas Por lo que se refiere a la norma oficial mexicana, se señala que la ubicación de la terminal de almacenamiento de gas natural debe sujetarse a las especificaciones generales que resulten del análisis de riesgos del capítulo 106 de la propia norma y de las obligaciones que establezcan otras normas oficiales mexicanas y disposiciones jurídicas aplicables, competencia de otras autoridades Según esta NOM, el predio debe tener la configuración y dimensiones adecuadas para cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo 107 de la propia norma. Este capítulo contiene una fórmula que indica la distancia que debe existir entre el borde del área de retención de un tanque de gas natural y el límite del predio Existe una grave responsabilidad y el funcionario de la Semarnat que permitió la omisión de la condicionante quinta, hasta ahora ha quedado impune Como la regulación norteamericana le impidió instalarse en su país, Sempra Energy buscó y encontró en Baja California un santuario regulatorio que le permite instalar una planta regasificadora e introducir gas y electricidad en el mercado del sur de California Así, instalándose en México, logró evadir la inamovible legislación norteamericana que prácticamente le prohibió realizar sus actividades en territorio estadounidense. Pero aquí, con una evidente relación de complicidad entre las autoridades federales y estatales del sexenio anterior y algunas del actual, logró construir su planta con la justificación de contribuir a la integración y desarrollo económico La actividad de Sempra Energy ha tenido múltiples consecuencias, entre otras que no se observan las disposiciones constitucionales establecidas para la conservación del medio ambiente, que haya solicitado la ampliación de la planta y, al mismo tiempo, la exención de la manifestación de impacto ambiental Que nuestro país incumpla con tratados y convenciones internacionales en materia de protección al ambiente. Que se agudice la amenaza y el peligro de extinción para especies únicas en el mundo y que habitan en el entorno terrestre y marino de la planta regasificadora.  Que se compromete con ello el futuro de las siguientes generaciones Que también, por supuesto, se pierde la belleza natural de ese estado en aras de un malentendido progreso y modernidad. Que se afecte el potencial pesquero y turístico de toda la región. Que se corrompa a las instituciones a fin de que éstas otorguen permisos y licencias de operación aún a sabiendas de que existe incumplimiento de las normas ambientales. Que se daña el turismo; disminución del valor de la propiedad y daño económico No es posible que se permita que al amparo del poder y a las espaldas de la ley que se realicen impunemente toda una serie de turbias maniobras que lesionan el interés nacional y afrentan el imperio de la ley y el Estado de derecho La lucha contra las plantas regasificadoras de Sempra Energy no es nueva.. El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor senador El senador Jorge Legorreta Ordorica:Concluyo, presidente. Gracias Durante varios años muy diversos grupos de bajacalifornianos se han opuesto mediante denuncias, foros y marchas, a que se instalen plantas regasificadoras en la costa de Baja California. La regasificadora Sempra Energy violó la Constitución, pisoteó los derechos de los ciudadanos bajacalifornianos y afrentó a los Poderes Judicial, Legislativo y por supuesto, corrompió al Ejecutivo Por todo lo anteriormente expuesto, el Partido Verde Ecologista de México respetuosamente solicita a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión que se analice la presente proposición y se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables. Por su atención, muchas gracias «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la regasificadora Energía Costa Azul, S de RL de CV, suscrita por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del PVEM El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes: Exposición de Motivos Cuando una institución no cumple debidamente con sus atribuciones es lamentable. Cuando ese incumplimiento puede ocasionar perjuicios a la ciudadanía es más lamentable. Cuando la institución no cumple su misión, viola las normas y sus propias disposiciones, permite el daño a la ecología y biodiversidad marina y pone en riesgo vidas humanas, esto es muy grave y debe ser motivo para fincar responsabilidades administrativas y en su caso penales Una situación de esta naturaleza está sucediendo en este momento en nuestro país por la colusión existente entre la empresa regasificadora Energía Costa Azul, construida por Sempra Energy en Ensenada Baja California y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales La serie “Estudios de caso” de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, publicó en noviembre de 2006, un documento intituladoCaso 4 Terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado: Energía Costa Azul El documento presenta una cronología de hechos, señalando en el punto 6.1.7 Emisión del Resolutivo, con fecha 8 de abril de 2003, lo siguiente: “Con fundamento en las disposiciones jurídicas aplicables, con sustento en las disposiciones y ordenamientos invocados durante el proceso y dada su aplicación en este caso y para este proyecto, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones, determinó que el proyecto, objeto de la evaluación y que se dictaminó con sustento al procedimiento establecido para el efecto, era ambientalmente viable y, por lo tanto resolvióautorizarlo de manera condicionada por medio del oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03. Esta resolución quedó sujeta a las siguientes condicionantes: Quinta: Garantizar la seguridad de las zonas residenciales y asentamientos humanos diversos, ubicados al norte del sitio del proyecto, estableciendo una zona intermedia de amortiguamiento, esto se realizará llevando a cabo lacompra adicional de terrenos aledaños en igual superficie a la que se verá afectada por la instalación de la terminal y sus equipos auxiliares, los cuales serán destinados y mantenidos para la conservación y protección de las especies de flora y fauna que habitan en los mismos.” Hasta aquí la cita Sempra intentó el que se modificara la mencionada condicionante número 5; sin embargo, mediante oficio o resolución identificada como S. G. P. A./DGIRA. DEI. 0120.03 de fecha 13 de agosto de 2003, esta misma autoridad negó la modificación a dicha condicionante, basándose esencialmente en la posibilidad de eventos graves de riesgo y en consecuencia daños irreparables en virtud de su proximidad a los centros de población aledaños, previendo las tendencias de expansión y la creación de nuevos asentamientos en la zona En la citada negativa se concluye, textualmente que “... en un radio de 300 metros lineales a partir de los límites del predio en donde se pretende realizar el proyecto, el nivel de riesgo no es aceptable en zonas en donde se pretenden de-sarrollar actividades no compatibles, como es el caso del área donde se realizará el “proyecto”, la cual está tipificada como turística de baja densidad No obstante, es importante señalar que utilizando el criterio de aceptación de riesgos establecidos en los países bajos, el radio de nivel de riesgo denominado como aceptable para las zonas vulnerables (asentamientos humanos, áreas naturales protegidas, servicios, entre otros) se encuentra fuera de los mil 30 metros contados a partir de los limites donde se pretende desarrollar el proyecto, es decir, que no deberán desarrollarse actividades no compatibles en el sitio y área de influencia del proyecto que involucre a dicho radio.” Ante esta negativa de la Semarnat y con el fin de cumplir con sus disposiciones, la empresa dio inicio, por un lado, a la adquisición de los terrenos aledaños, mientras por otro lado, comenzó una callada, pero efectiva labor para convencer –por medios presumiblemente deshonestos–, a los funcionarios de esa secretaría responsables del establecimiento y cumplimiento de las condicionantes, de que suprimieran u omitieran el cumplimiento de la quinta condicionante previamente citada En su desesperación por adquirir los predios circundantes, necesarios como área de amortiguamiento a su planta regasificadora, Sempra se valió de todos los medios, legales e ilegales para obtener los terrenos. Contando con la complicidad de las autoridades estatales, despojó de su propiedad a un ciudadano, simulando una operación de compra-venta de su terreno; sólo que cometió el grave error de haber simulado la adquisición a una persona fallecida dos años antes Sin ningún miramiento ni contemplación respaldados en esa supuesta operación de compra-venta, los cuerpos policíacos de Baja California desalojaron del terreno a su legítimo propietario, el ciudadano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, acusándolo de despojo de su propio terreno, mediante una operación orquestada desde el gobierno del estado por el secretario general del Gobierno anterior, Bernardo Martínez, quien actualmente es empleado de Sempra Energy La colusión de Sempra y la administración del entonces gobernador del estado Eugenio Elorduy Walther para perjudicar y emitir una orden de aprehensión en contra de Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, ha sido plenamente asumida por el ex contralor de Sempra empresa, Rodolfo Michelón, quien al ser despedido injustamente por esta empresa manifestó haber entregado en el año 2006, 8 mil 200 dólares al ejecutivo de Sempra México Alex Ríos, para realizar el pago en efectivo y sobornar con ello a funcionarios del gobierno de Baja California, previamente al desa-lojo de Sánchez Ritchie de su predio No obstante el reconocimiento de haber adquirido (ilegalmente) esta área como “zona de amortiguamiento” para cumplir con las normas mexicanas y ante la evidencia y posibilidad real de que el terreno de marras pudiera ser regresado a su dueño legítimo, los directivos de Sempra optan por contratar a la empresa Lloyd Germánico de México S de RL, de CV, catalogada según la Comisión Reguladora de Energía como especialista para la verificación y emisión de dictámenes técnicos relativos a terminales de almacenamiento de gas natural licuado, para que le realice un dictamen a modo, con el propósito de eludir lo ineludible, es decir la insustituible “zona de amortiguamiento” Desconocemos cuales sean en realidad el tipo de relaciones que esta empresa tenga con Semarnat, pero de lo que no existe duda es acerca de que para Sempra, el papel que esta empresa desempeña es la de ayudar a violentar la leyes mexicanas, al amparo de relaciones inconfesables con las autoridades mexicanas del medio ambiente De esto da cuenta Bill Keller, vicepresidente de Ingeniería y Construcción Mundial de Sempra Energy, cuando en forma apurada le comunica a Mark Fisher lo siguiente: “Mark, necesitamos hacer pagos a Lloyd Germánico lo antes posible. Aun cuando nosotros pagamos por sus servicios, ellos en realidad se reportan con Semarnat, la agencia responsable de otorgar los permisos para ECA. Ya tenemos el permiso pero apenas empezamos el proyecto de nitrógeno, el cual creo que también Lloyd Germánico proveerá verificación a Semarnat. No creo que sea en nuestro mejor interés molestar a Lloyd Germánico o Semarnat al demorar el pago aún más. Es obvio que no manejamos el contrato con Lloyd Germánico apropiadamente. No sé si comprenda todo lo forense, pero creo que presenta la oportunidad de revisar el proceso de administración de contratos, particularmente como se relacionan a nuestro trabajo en México. Mónica a sugerido trabajemos con Mike Kelsey para hacer esto. John Barta, Mark Bruning y Julio Henao de E&C participaran en el equipo. John trabajara con Mike para poner esto en marcha” En este documento queda claro que en lugar de cumplir con las leyes mexicanas, lo que buscan los directivos de Sempra es violentar las leyes mexicanas, por la vía de la intervención de empresas que se prestan a ese tipo de acciones vergonzantes Esto se produce tiempo después (30 de julio del 2008) de que con urgencia se le había solicitado al Sr. Fisher el pago de facturas pendientes a la empresa Lloyd Germánico de México S de RL, de CV, por un monto de 641 mil 548.34 dólares de EUA Sin embargo para no dejar duda del propósito de evadir la legalidad mexicana, en un texto en uno de los correos, enviado por Melanie Eder, fechado el 5 de febrero de 2009 y considerado como de alta importancia, se presenta un informe en el quese destina la cantidad de 35 mil 306 dólares para remover el área de amortiguamiento. Lo que no indica el correo es a quien o quienes se pagó dicha cantidad, siendo un hecho que se otorgó el permiso a Sempra, aún cuando no cumplió con lo estipulado en la quinta condicionante que mencionamos con anterioridad, relacionada precisamente con la zona de amortiguamiento que debe tener la planta regasificadora, para cumplir con las normas mexicanas relativas a instalaciones de gas natural licuado Cabe preguntarse ¿Si el terreno no se requería como área de amortiguamiento para la operación de la planta porqué Sempra cometió un fraude y atropelló los derechos de un ciudadano y su familia para obtenerlo? Sempra violentó la legalidad no sólo corrompiendo, sino mintiendo, manipulando y ocultando información, y pagando servicios a extranjeros para espiar e investigar a instituciones y a ciudadanos mexicanos, incluyendo a funcionarios del Poder Judicial. De esto existen como pruebas documentales, las relaciones de servicios prestados y los cheques número 132532, 133709 y 137361 mediante los que Sempra Energy paga las labores de espionaje ordenadas por esa empresa extranjera a ciudadanos e instituciones mexicanas En su denuncia, Michelón presenta documentos internos de Sempra, en los que intervienen directivos de esa empresa; y en donde consta el día de la entrega del dinero a funcionarios mexicanos. Esa noche, la policía desalojó por la fuerza a Sánchez Ritchie y a su familia de su propiedad. Otros correos internos de Sempra, muestran que se aprobó un bono de 22 mil dólares para financiar las vacaciones de Ríos en los días posteriores al desalojo, seguramente como recompensa. Michelón afirma que su intervención en el caso fue involuntaria, porque se le dijo que el dinero era para pagar una fianza En su demanda contra Sempra, Michelón también manifiesta que su despido se debió a que él cuestionaba y realizaba muchas preguntas en relación con las prácticas comerciales de los ejecutivos de la empresa en México, y sobre una mansión de súper lujo, llamada la Casa Azul, construida en un terreno contiguo a la regasificadora y valuada en más de 17 millones de dólares, que cuenta con 14 habitaciones, y para la que se adquirieron un sistema de cine en casa de 56 mil dólares, colchones por 60 mil dólares, juegos de cama por 55 mil dólares, una mesa de comedor de 25 mil dólares y un bar de 55 mil dólares; la casa tiene patios de azulejos, fuentes ornamentales, amplios y bien cuidados jardines, obras de muralistas destacados y una impresionante vista al mar; así como una bodega de vino completamente surtida según los medios de comunicación locales El tema de Sempra fue tratado previamente en un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por parte del diputado José Narro Céspedes y en otro del Partido Verde Ecologista de México, de los cuales retomamos algunos aspectos considerando el interés nacional, particularmente de quienes viven en Baja California y han resultado afectados por la acción de esa empresa La empresa ha venido enfrentando una serie de denuncias en Estados Unidos y es motivo de investigaciones públicas sobre su participación durante la crisis de precios y suministro de gas natural y electricidad de California, como uno de los posibles agentes que manipularon el mercado y limitaron la disponibilidad de gas natural, provocando un alza artificial de los precios de gas natural y electricidad, y una restricción en el suministro de ambos energéticos La regulación estadounidense para la instalación de plantas regasificadoras, sobre todo en las costas es muy estricta y compleja; y participan varias agencias y departamentos de Estados Unidos, los cuales se basan, además de especificaciones técnicas en una norma especial de carácter federal, la norma NFPA 59A, “Norma para la Producción, el Almacenamiento y Manejo de Gas Natural Licuado”; en la cual se exige que las instalaciones cuenten con un área de salvaguarda o exclusión En todos los países en los que existen plantas regasificadoras existen normas que determinan que haya una o varias zonas de seguridad llamadas con distintas denominaciones, cuyo fin es proteger instalaciones o edificaciones aledañas o centros de población Las distancias y áreas de seguridad o salvaguarda varían de país a país; no obstante existen normas internacionales que regulan las distancias y existen fórmulas para determinar las mismas, del centro de las instalaciones al perímetro de la planta y aún más allá. Por ejemplo, en el caso de una planta de Australia, hay una zona de exclusión de 1,000 hectáreas y una zona de amortiguamiento de 3 mil hectáreas a su alrededor Algunas de las zonas de exclusión que se tienen actualmente en plantas de gas natural licuado en varios países son las siguientes: Cacouna Energy (Canadá): Mil metros Corpus Christy (EUA): 837 metros Cove Point (EUA): Mil 145 metros Elba Island (EUA): Mil 40 metros Freeport (EUA): 500 metros Irving Canaport (Canadá): 750 metros McNab Creek (Canadá): 565 metros Montoir-de-Bretagne (Francia): 550 metros Estas zonas, vale aclararlo, se establecieron para escenarios de accidentes provocados por fugas de gas natural licuado (GNL) y roturas en tuberías y no consideran derrames mayores provocados por explosiones, acciones terroristas caída de aviones o acciones bélicas en cuyos casos las distancias habrían de ser significativamente  mayores Para determinar la denominada área de exclusión pueden considerarse muchos factores como  la velocidad del viento y la cantidad de metros cúbicos de gas almacenado en los tanques. Además de la norma norteamericana previamente citada, existe la norma europea UNE-EN 1473, misma que tiene que ser observada por todos los países integrantes de la Unión Europea En todos los países, tan importante como los metros a los que debe establecerse el perímetro de seguridad, es el que exista el cumplimiento de las normas establecidas y se apliquen las fórmulas contenidas en las mismas Por lo que se refiere a la  Norma Oficial Mexicana (NOM) ésta establece los requisitos mínimos de seguridad relativos al diseño, construcción, operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de Gas Natural Licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y entrega de gas natural Dicha NOM señala que la ubicación de la terminal de almacenamiento de GNL deberá sujetarse a las especificaciones generales que resulten del análisis de riesgos del capítulo 106 de la propia NOM y de las obligaciones que establezcan otras normas oficiales mexicanas y disposiciones jurídicas aplicables, competencia de otras autoridades Según esta NOM el predio debe tener la configuración y dimensiones adecuadas para cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo 107 de la propia Norma Oficial Mexicana. Este capítulo contiene una fórmula que indica la distancia que debe existir entre el borde del área de retención de un tanque de GNL y el límite del predio La propia NOM  en su capítulo 201.2.1 determina que  debe establecerse una zona de exclusión para actividades de terceras personas no relacionadas con las actividades de la terminal de almacenamiento de GNL con una distancia mínima del centro de la instalación de GNL determinada mediante un análisis de riesgo realizado de acuerdo con la metodología del capítulo 106 de esta NOM Entre las leyes mexicanas que se violan con la operación de la empresa en estas condiciones se encuentra la Ley General del Equilibrio Ecológico, que en su artículo 2o., fracción IV, establece que se considera de utilidad públicael establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas Por su parte, el artículo 172 de dicha ley se establece que “cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción.” Al ver que en todo el mundo se aplican estas fórmulas y se respetan las normas surgen otras preguntas ¿Qué pasó en México? ¿Cómo logró Sempra evadir el cumplimiento de la ley? Aquí existe una grave responsabilidad y el funcionario de la Semarnat que permitió la omisión de la condicionante quinta hasta ahora ha quedado impune. Como la regulación estadounidense le impidió instalarse en su país, Sempra Energy buscó y encontró en Baja California, un “santuario regulatorio”, que le permitió instalar una planta regasificadora e introducir gas y electricidad en el mercado del sur de California Así, instalándose en México, logró evadir la inamovible legislación estadounidense, que prácticamente le prohibió realizar sus actividades en territorio estadounidense, pero aquí, con una evidente relación de complicidad entre las autoridades federales y estatales del sexenio anterior y algunas del actual logró construir su planta con la justificación de contribuir a la  integración y desarrollo económico Estas complicidades, compañeras y compañeros, también debieran llamarse crimen organizado y tipificarse como tales, con mayores penas, por tratarse de funcionarios públicos Daño medioambiental La península de Baja California es un lugar privilegiado por la naturaleza. Rodeada por el Golfo de California y el océano Pacífico, alberga una rica biodiversidad y un hábitat de flora y fauna de especies endémicas únicas en el mundo, algunas de las cuales se encuentran seriamente amenazada e incluso en peligro de extinción por el deterioro ambiental y la contaminación de la tierra, del aire, de ríos, lagunas y mares En Baja California, la operación de Sempra Energy, está contribuyendo a pasos agigantados a acelerar el daño al medio ambiente, particularmente de las costas y las aguas cercanas a su planta regasificadora Dicha empresa, está violando lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reglamentaria de la Constitución en materia ambiental, al contaminar el mar por verter cantidades industriales de cloro y otros desechos y materias, pero sobre todo, por enfriar sensiblemente las aguas en el proceso de regasificación, lo cual afecta a todas las especies marinas de la zona Al respecto, el artículo 170, de dicha ley, menciona que “cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes” Otra pregunta que surge es ¿Por qué las autoridades ambientales, tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como la Semarnat no han procedido en contra de Sempra aun con el daño que la empresa causó al lecho marino para instalar los diques, muelles y rompeolas y sigue causando con la clorificación y enfriamiento de las aguas? El artículo 188 de la citada ley determina que “las leyes de las entidades federativas establecerán las sanciones penales y administrativas por violaciones en materia ambiental del orden local”; en tanto que el artículo 203 especifica que “sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados” Cabe hacer notar que previamente a la instalación de Sempra Energy, un estudio denominado:Evaluación de riesgos potenciales asociados con la ubicación de una planta de GNL aledaña a Bajamar y opciones alternas viables, ya había señalado que: “Las plantas de recepción terrestre de GNL presentan dos importantes motivos de preocupación en el caso de los sitios propuestos en Baja California: 1) La transformación de su prístina costa en una zona de grandes instalaciones industriales pesadas, con la consecuente disminución de su valor ecológico y turístico, y 2) El peligro que representa un accidente catastrófico o el sabotaje en una planta de GNL para los habitantes que residen en áreas adyacentes.” Es importante que esta soberanía conozca que en la manifestación de impacto ambiental que Sempra Energy sometió a las autoridades para su aprobación, omitió mañosa y dolosamente el hecho de que el proceso de regasificación se haría calentando el gas líquido con el agua de mar, haciendo suponer que su proceso no tendría injerencia con el medio oceánico También omitió señalar que su proceso enfriaría el agua los grados suficientes para provocar la alteración mortal del entorno, para los seres vivos que en ella han habitado, e igualmente omitieron señalar que el cloro contenido en el agua que retorna al mar después de su proceso de regasificación, es en realidad un veneno que acabará, por si el frío no lo hace, con las especies de ese hábitat tan rico y tan variado, que constituye un verdadero bastión de la diversidad en esa zona del México y del Mundo.” En otros países en que han operado regasificadoras como ésta, la vida a su alrededor se ha visto severamente afectada En síntesis, la actividad de Sempra Energy ha tenido múltiples consecuencias, entre otras: • Que no se observen las disposiciones constitucionales establecidas para la conservación del medio ambiente • Que haya solicitado la ampliación de la Planta y al mismo tiempo la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental • Que nuestro país incumpla con tratados y convenciones internacionales en materia de protección al ambiente • Que se agudice la amenaza y el peligro de extinción para especies únicas en el mundo y que habitan en el entorno terrestre y marino de la planta regasificadoras • Que se comprometa, con ello, el futuro de las siguientes generaciones • Que se pierda la belleza natural de ese estado en aras de un mal entendido progreso y modernidad • Que se afecte el potencial pesquero y turístico de toda la región • Que se corrompa a las instituciones a fin de que éstas otorguen permisos y licencias de operación, aún a sabiendas que existe incumplimiento de las normas ambientales • Que las leyes y reglamentos tanto federales como estatales en la materia sean letra muerta para el caso específico de Sempra Energy • Que se dañe al turismo, disminución del valor de la propiedad y daño económico El gobierno de Ernesto Ruffo declaró en su oportunidad la zona de Tijuana-Rosarito-Ensenada como un recurso natural y turístico, según el programa regional de desarrollo “Cocotren” (corredor costero turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada) Se tenían grandes expectativas a este respecto. Sin embargo, al aprobar el siguiente gobierno, el de Eugenio Elorduy la instalación de Sempra Energy, se limitó seriamente el desarrollo turístico futuro y se afectó el patrimonio de quienes habían invertido en desarrollos vacacionales y de retiro, al disminuir el valor de la propiedad en tales desarrollos Otro aspecto importante para el presente punto de acuerdo, es el considerar que gracias a las alianzas estratégicas realizadas por Sempra Energy, tiene prácticamente el monopolio de la distribución de gas en Baja California Cabría asimismo preguntar ¿porqué si los distintos proyectos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía para Baja California pueden generar utilidades de alrededor de 600 millones de dólares al año este negocio tan rentable fue entregado a manos extranjeras y no a Pemex o a la CFE? Desviación de recursos fiscales Uno de los mayores daños que se ha hecho a la nación, es la corrupción existente en la asignación y edificación de obras públicas, las cuales, en incontables ocasiones, han representado ganancias millonarias para los responsables de tomar las decisiones en relación con las autorizaciones y contrataciones. Es también común, que las obras se construyan a la medida de personas que tienen intereses económicos, como predios colindantes o cercanos, quienes resultan enormemente beneficiados por el incremento en la plusvalía de sus propiedades Independientemente del daño económico, el mal manejo de los recursos públicos disminuye la credibilidad ciudadana en un gobierno y lesiona su legitimidad democrática. El exceso de discrecionalidad, dificulta una clara rendición de cuentas y trastoca la eficacia y eficiencia administrativa y operativa del Estado. Algunos servidores públicos son astutos y conocen los recovecos para obtener recursos para sus proyectos de obra, en los que de antemano, llevan ya ganancia Algo que se ha documentado pública y ampliamente, son las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el abierto tráfico de influencias realizados durante el gobierno de Eugenio Elorduy Walter, ex gobernador de Baja California, para la creación de un proyecto de suministro energético a Estados Unidos desde territorio bajacaliforniano, operado a través de Sempra Energy, pasando por encima de disposiciones constitucionales, legales y financieras de nuestro país Independientemente de la evidente corrupción y tráfico de influencias del caso que nos ocupa, una violación más que incluso involucra al Poder Legislativo, es el hecho de que durante sexenio de Eugenio Elorduy Walther, la obra más importante y divulgada es la que se conoció como Corredor 2000, que fue una vía carretera de cuatro carriles, la cual se construyó con recursos públicos federales y estatales Sin embargo, lo que nunca se dijo, fue que su propósito oculto, fue cruzar tres municipios (Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana) y cientos de predios de particulares y ejidales, con el propósito –desconocido para el Congreso del estado y para todo mundo– de llevar en medio de la carretera (soterradamente), el ducto de gas de la planta de Sempra Energy, desde la estación de descarga en Ensenada hasta el territorio de Estados Unidos de América En una astuta e indebida maniobra para favorecer a Sempra Energy el gobierno del estado expropió, en marzo del año 2004, los terrenos en los cuales se instalaría, en un sitio de alta plusvalía conocido como “El Monumento”, en playas de Tijuana, una planta regasificadora de la empresa Marathon Oil, competidora de Sempra Energy El caso incluso, llegó a la Corte de San Diego, en Estados Unidos, a través de la denuncia presentada por un particular de nombre Osvaldo Castillo, ciudadano estadounidense residente de Chula Vista y dos empresas, la empresa tijuanense Construvisión 2000, SA de CV, y la compañía Casas, Departamentos y Oficinas, con sede en la Ciudad de México, quienes declararon haber sido afectados al haber dejado de recibir 33 millones de dólares, en las operaciones de compraventa de los terrenos, al cancelarse el proyecto de Marathon Oil en los terrenos expropiados El recurso judicial señala a Sempra Energy como responsable de presuntos sobornos al ex gobernador bajacaliforniano para llevar a cabo la expropiación de terrenos legítimos, de los cuales más de 300 hectáreas habían sido tratadas para el proyecto principal de Marathon Oil, empresa rival de Sempra a la cual aventajaba en los trámites de permisos, habiendo tenido Marathon Oil que desistir debido al claro favoritismo y protección del gobierno estatal para con Sempra, empresa a la cual dio todas las facilidades y con la cual incluso se asoció por medio de su hija Erika Elorduy Blackaller Según la denuncia, Francisco Molina Robles, consultor de negocios mexicalenses y socio en muchos negocios del ex gobernador de Baja California, pagó una cantidad no revelada a Eugenio Elorduy Walther, que afirman fue depositada en las Islas Caimán. En ese entonces, el jefe de Prensa del gobierno del estado, declaró que “cualquiera puede ir a una corte para acusar a alguien, pero lo importante es que lo comprueben”; incluso mencionó la posibilidad de presentar una demanda por difamación. Posteriormente las empresas desistirían de la denuncia No debe pasarse por alto que dicha obra pública es una clara muestra de abuso de poder; nadie se la solicitó a Elorduy cuando fue candidato y menos ofreció construirla; sin embargo, ya siendo socio –por medio de su hija– la hizo para favorecer los intereses de la citada empresa. Por la prensa nos enteramos que la obra costaría inicialmente 650 millones de pesos; poco tiempo después se informó que había aumentado a 850 millones. Cuando ya se habían erogado más de mil 200 millones de pesos, se dijo que se estaba a un 15 por ciento de su terminación. Sin haberla concluido, se informó que se elevaron los costos a cerca de los 2 mil millones de pesos y posteriormente, cuando la inauguró el presidente Fox, finalmente se aceptó que la carretera había costado 2 mil 400 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo programado inicialmente La construcción del gasoducto representa una abierta violación a la soberanía nacional, al Congreso del estado y al Poder Judicial de Baja California; es también una afrenta al pueblo de México que demanda una investigación a fondo, por parte de la entidad de fiscalización superior de la federación –por haber sido sufragada con fondos del erario, tanto estatales como federales– la cual está facultada parafiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación también está facultada, según la fracción III del mencionado artículo 79, a “Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales,”; y según la fracción IV del citado artículo, “Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.” El recurso judicial señala a Sempra Energy como responsable de presuntos sobornos al ex gobernador bajacaliforniano para llevar a cabo la expropiación de terrenos legítimos, de los cuales más de 300 hectáreas habían sido tratadas para el proyecto principal de Marathon Oil, empresa rival de Sempra a la cual aventajaba en los trámites de permisos, habiendo tenido Marathon Oil que desistir debido al claro favoritismo y protección del gobierno estatal para con Sempra, empresa a la cual dio todas las facilidades y con la cual incluso se asoció por medio de su hija Erika Elorduy Blackaller Dicho sea de paso, la obra se construyó tan torpemente que es, a la fecha, el tramo carretero que más accidentes vehiculares ha tenido, a grado tal, que los automovilistas y transportistas de carga la utilizan muy poco. Tan es así, que ahora se ha convertido en uno de los sitios preferidos por los sicarios para ir a arrojar los cadáveres de sus víctimas No es posible que se permita que al amparo del poder y a espaldas de la ley se realicen impunemente toda una serie de turbias maniobras que lesionan el interés nacional y afrentan el imperio de la ley y el estado de derecho La lucha contra las plantas regasificadoras de Sempra Energy no es nueva. Durante varios años muy diversos grupos de bajacalifornianos se han opuesto mediante denuncias, foros y marchas a que se instalen plantas regasificadoras en la costa de Baja California. De acuerdo con la investigación que realizamos, desde su inicio se ha cuestionado la presencia de Sempra Energy en ese estado Sempra Energy contó con la complicidad y apoyo del gobernador Elorduy, cuya ambición lo impulsó a violentar la probidad y la institucionalidad La regasificadora Sempra Energy (Energía Costa Azul) violó la Constitución, pisoteó los derechos del ciudadano mexicano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, afrentó a los Poderes Judicial y Legislativo y corrompió al Ejecutivo; además de haber realizado acciones de espionaje que caen en el ámbito de seguridad nacional y que deben ser investigados por la dependencia correspondiente Sempra Energy desea aprovecharse de nuestra tierra y costas, sin importarles la vida silvestre, marina o la humana. No exagero, créanme, en que la vida marina de la costa bajacaliforniana y de miles de conciudadanos está en riesgo de permitirse que Sempra Energy siga operando impunemente No le importó a Sempra afectar a inversionistas en la zona costera e incluso planes estatales para desarrollar la zona, con tal verse favorecida. Sempra logró acaparar la distribución de gas en el estado y cuestionan porqué un negocio tan redituable no lo tienen empresas del estado lo cual produciría enormes beneficios en esta época de crisis El que se le hayan dado facilidades a la empresa Energía Costa Azul para no contar con la zona de amortiguamiento que señala la ley y el que en esto esté involucrada una hermana de la ex secretaria de Energía, es un asunto de interés público que debe investigarse por esta soberanía Por lo expuesto y fundamentado, quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente solicito a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se analice la presente proposición y se tome los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Que esta Comisión Permanente cite a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de que explique porque se autorizó la operación de la empresa Energía Costa Azul en Ensenada. Baja California, aun cuando ésta no cumplió lo dispuesto por la quinta condicionante que le indicó la Semarnat en el oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03 del 8 de abril de 2003, para autorizar su operación; así como tampoco con las disposiciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2002 Segundo. Que el servidor público mencionado en el punto anterior, explique a la Comisión las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la operación de la empresa que apliquen e informe si con base en las fórmulas de la misma para calcular las zonas de exclusión, la empresa Energía Costas Azul está cumpliendo éstas Tercero. Se solicite se anulen, revoquen, cancelen o en su caso suspendan, por parte de la Semarnat, las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron a la Empresa Energía Costa Azul S de RL, de CV, para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, hasta en tanto cumpla con lo dispuesto en las condicionantes que le fijó esa dependencia Cuarto. Que el gobierno federal suspenda la operación de Sempra Energy, en Ensenada, Baja California, para investigar, con fundamento en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los relativos de la Ley Federal de Competencia Económica; si las acciones que realizó para no tener competencia y asociada con una empresa mexicana, sus actividades presuntamente constituyen un monopolio en las distribución del gas en Baja California Quinto. Se considere como otro elemento por parte de las autoridades federales para proceder a la clausura y cancelación de la concesión de la planta regasificadora de Sempra Energy mencionada, la importancia y urgente necesidad de detener el visible daño ecológico; hasta en tanto se realizan las verificaciones, estudios e investigaciones a mayor profundidad que determinen si es factible que continúe operando y lo que habría de realizar para tal efecto. Lo anterior, considerando que existen suficientes argumentos legales para ello, entre otros, cuando la solicitud correspondiente contenga datos falsos o presentados de manera que se oculte información necesaria para la correcta apreciación de la solicitud; cuando exista riesgo inminente de de-sequilibrio ecológico; o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación peligrosos para los ecosistemas Sexto.Se solicite respetuosamente a la entidad de fiscalización superior de la federación de la Cámara de Diputados, se abra una investigación, con carácter de auditoría, que revise detenidamente todos los aspectos relativos a la obra denominada Boulevard 2000, ubicada en Ensenada y municipios vecinos de Baja California, desde las licitaciones de obra y estimaciones, hasta la entrega recepción de la misma; y particularmente el aspecto financiero; lo anterior considerando que bajo este Boulevard se colocó tubería de Sempra para abastecer a Estados Unidos Séptimo. Se investiguen asimismo, todos los aspectos contables, fiscales y financieros, y se determine con precisión el importe de los recursos federales, estatales y de otra índole que hubieran sido erogados en la citada obra. Lo anterior, para identificar el porqué costó casi cuatro veces el costo inicialmente programado y para determinar si existió desvío de fondos federales o estatales o ambos, realizado por diversos servidores públicos y particulares, entre ellos el ex gobernador Eugenio Elorduy Walther Octavo. Por tratarse de un asunto de carácter internacional, que involucra la operación de la multicitada empresa en ambos lados de la frontera, se haga llegar el presente punto de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras, con el fin de que produzcan una nota a sus homólogos del gobierno y del Congreso de Estados Unidos de América, en la que sedenuncia que la empresa Sempra Energy presuntamente cometió violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, (Foreign Corrupt Practices Act) para que las autoridades de dicho país, investiguen lo conducente desde el ámbito de su propia soberanía Noveno. Se solicite a expertos en la materia, investigadores, biólogos marinos y ambientalistas, una evaluación documentada de las consecuencias que a corto, mediano y largo plazo está teniendo la construcción y tendrá la operación de la regasificadora mencionada sobre el medio ambiente, y la flora y fauna terrestre y marina de su área de influencia y de la región Décimo.Se requiera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales y en su caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la manifestación de impacto ambiental que se presentó en su oportunidad y su autorización para llevar a cabo la construcción y operación de la planta regasificadora previamente citada Undécimo. Se solicite a las autoridades estatales que hayan intervenido, en caso de existir la aprobación de la manifestación del impacto ambiental una copia de la misma, así como las bases, los criterios y documentos, sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de citada empresa en el municipio de Ensenada Duodécimo. Se haga llegar el presente punto de acuerdo al Poder Judicial de Baja California, al Congreso del Estado y a los órganos de fiscalización de Baja California, solicitándoles respetuosamente, se enteren del caso, a fin de que realicen las acciones que consideren pertinentes Decimotercero. Se realice un exhorto al XX ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus facultades legales, revise y analice los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la Empresa Energía Costa Azul para el funcionamiento de la terminal de Gas Natural Licuado, con el propósito de que, conforme a la leyes estatales y a las violaciones a la Norma Oficial Mexicana, se proceda a la clausura de dicha terminal; y se finquen responsabilidades a quienes, haciendo mal uso de sus atribuciones, violentaron la ley y han puesto en riesgo a la población y atropellado los derechos ciudadanos Decimocuarto. Se haga llegar el presente punto de acuerdo a la Comisión de Ecología o su equivalente de la Cámara de Representantes del estado de California, en Estados Unidos de América, con el fin de que lo analicen y en su caso realicen las acciones a que haya lugar en el ámbito de su soberanía, considerando la cercanía de la frontera y la afectación medioambiental regional Decimoquinto. Se haga llegar el presente punto de acuerdo a la supervisora del segundo distrito de la Mesa de Supervisores del Condado de San Diego, Dianne Jacob, con el fin de que cuente con mayores elementos de información en relación con Sempra Energy y su filial Energía Costa Azul, relativa a la terminal de gas natural licuado que opera en el municipio de Ensenada, Baja California Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2011.— Senador Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, senador Legorreta. Su proposiciónse turna a la Tercera Comisión Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila para.. El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): No, presidente. Me corresponde.. El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No diputado Martel, siga usted su orden del día. Estamos en el punto de acuerdo 20 El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): Eso estamos haciendo, presidente ESTADOS UNIDOS DE AMERICA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado José Ramón Martel López para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a los acontecimientos ocurridos en el estado norteamericano de Arizona, el 8 de enero pasado. Suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI El diputado José Ramón Martel López:Honorable asamblea. Indudablemente lo que venimos a tratar a esta tribuna tiene puntos de coincidencia con lo expresado por el senador Villarreal. Sin embargo, la propuesta que venimos a hacer ante esta soberanía para que se manifieste de urgente u obvia resolución, queremos razonarla conjuntamente con ustedes Los grupos parlamentarios del PRI, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo y de Convergencia, y esperamos en unos minutos más se pueda sumar también el Partido Acción Nacional, condenan de manera enérgica los hechos criminales acontecidos el pasado 8 de enero en Tucson, Arizona, como resultado de los cuales fue asesinado -como ya se dijo- un juez federal de apellido Roll, junto con otras cuatro personas y lamentablemente una niña, una menor, Christina Taylor Green, de sólo nueve años de edad En el que además, como ya sabemos todos, ha resultado herida una representante del Partido Demócrata, Gabrielle Giffords y otros tres ciudadanos norteamericanos. También expresamos nosotros nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y hacemos votos para la pronta y total recuperación de la congresista Gabrielle Giffords y los heridos en este lamentable suceso Jamás, y ése es el tema, en el debate de las ideas y de las propuestas políticas, la violencia será el mecanismo para lograr lo que la capacidad de convencimiento y la construcción de consensos sea incapaz de lograr. Es cierto que el mundo en su conjunto vive severas presiones económicas que llevan al análisis y debate de los fenómenos migratorios, llegando un punto en el cual las posiciones se radicalizan de manera preocupante, pero ello no justifica actos criminales dirigidos a quienes se esfuerzan de manera destacada en la defensa y promoción de los derechos sociales y humanos Los grupos parlamentarios, el nuestro en lo particular, ha dado seguimiento a los planteamientos que en materia de política migratoria se han realizado en los últimos meses en Estados Unidos de América y es por ello que destacamos la labor de la congresista Gabrielle Giffords a favor de las libertades y derechos sociales, y en especial su alta sensibilidad para con el tema de las minorías y los fenómenos migratorios Ciertamente, su conocimiento y sensibilidad no son ajenos a su estancia académica de varios años en el estado de Chihuahua y de su amplio conocimiento de la América Latina. En consecuencia, acudimos ante esta soberanía para presentar el siguiente pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los hechos ocurridos en el pasado 8 de enero en la ciudad de Tucson, Arizona La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos: Primero. Expresa al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, a la Cámara de Representantes y al Poder Judicial de aquella nación, sus más profundas condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas del ataque ocurrido en el estado de Arizona el pasado 8 de enero Segundo. Lamenta el fallecimiento del Juez Federal Roll, la menor Christina Taylor y otros cuatro ciudadanos norteamericanos Tercero. Manifiesta su más amplia solidaridad y reconocimiento a la representante Gabrielle Giffords, por su labor legislativa y trabajo para con las minorías migrantes, de-seándole una pronta recuperación Cuarto. Expresa su más profunda preocupación ante el incremento de actitudes violentas, racistas y xenofóbicas que afectan los esfuerzos por lograr avances sustanciales en la atención de problemas de la agenda binacional entre México y Estados Unidos, particularmente el fenómeno migratorio, y que han comenzado a manifestarse de forma violenta en contra de legisladores, funcionarios y ciudadanos estadounidenses que conociendo el tema lo han tratado de abordar para encontrar soluciones Quinto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a garantizar el cuidado, protección y asesoría legal y humanitaria a nuestros connacionales y a ejercer a cabalidad los instrumentos diplomáticos necesarios para promover un clima de respeto a sus garantías individuales a través de una sólida y más dinámica acción consular Intensificar los esfuerzos con el gobierno de Estados Unidos a efecto de lograr una mayor comprensión del fenómeno migratorio en la sociedad norteamericana desde una perspectiva amplia y equilibrada que considere adecuadamente la diversa y compleja realidad económica, social y cultural que la origina, procurando reducir y atemperar las actitudes y visiones racistas, xenofóbicas e intolerantes de grupos extremistas que dificultan la posibilidad de una solución amplia, comprensiva e integral sobre el tema Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro por las fracciones parlamentarias del PRD, René Arce; del Grupo Parlamentario del Verde, Alberto Cinta; del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal; de Convergencia Luis Maldonado y por el Grupo Parlamentario del PRI, su servidor Reitero, esperamos que a este punto de urgente u obvia resolución que será puesto a su consideración, se sume también el partido en el gobierno. Es cuanto «Pronunciamiento de la Comisión Permanente, en relación con lo ocurrido el pasado 8 de enero en Tucson, Arizona La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Mexicanos Estados Unidos Mexicanos I. Expresa al gobierno de Estados Unidos de América, a la Cámara de Representantes y al Poder Judicial de esa nación, sus más profundas condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas del ataque ocurrido en el estado de Arizona el pasado 8 de enero; II. Lamenta el fallecimiento del juez federal John Roll, la menor Christina Taylor Green, de 9 años, y otros cinco ciudadanos estadounidenses; III. Manifiesta su más amplia solidaridad y reconocimiento a la representante Gabrielle Giffords, por su labor legislativa y trabajo para con las minorías y migrantes, deseándole una pronta recuperación; IV. Expresa su más profunda preocupación ante el incremento de actitudes violentas, racistas y xenofóbicas que afectan los esfuerzos por lograr avances sustanciales en la atención de problemas de la agenda binacional entre México y Estados Unidos, particularmente el fenómeno migratorio y que han comenzado a manifestarse de forma violenta en contra de legisladores, funcionarios y ciudadanos estadounidenses que conociendo el tema lo han tratado de abordar para buscar soluciones; V. Exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores a • Garantizar el cuidado, protección y asesoría legal y humanitaria a nuestros connacionales y a ejercer a cabalidad los instrumentos diplomáticos necesarios para promover un clima de respeto que garantice sus garantías individuales a través de una solida acción consular • Intensificar los esfuerzos con el gobierno de Estados Unidos a efecto de lograr una mayor comprensión del fenómeno migratorio en la sociedad norteamericana, desde una perspectiva amplia y equilibrada que considere adecuadamente la diversa y compleja realidad económica, social y cultural que la origina, procurando reducir y atemperar las actitudes y visiones racistas, xenófobas e intolerantes de grupos extremistas que dificultan la posibilidad de una solución amplia, comprensiva e integral sobre el tema Atentamente Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.— Diputado José Ramón Martel López (rúbrica), Grupo Parlamentario del PRI; senador René Arce Círigo (rúbrica), Grupo Parlamentario del PRD; diputado Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Grupo Parlamentario del PVEM; senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Grupo Parlamentario del PT; senador Luis Maldonado Venegas (rúbrica), Grupo Parlamentario de Convergencia.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría si se considera de urgente resolución El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, secretario, resalte usted la unanimidad de la votación El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:Hay unanimidad, pero la ley.. El diputado José Ramón Martel López (desde la curul): Señor diputado, al menos de Acción Nacional, por eso es importante El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:Por supuesto El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:Hay más de dos terceras partes, por haber unanimidad. Consecuentemente, se considera El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se considera de urgente resolución. Por tanto, está a discusión. Están inscritos el senador Ricardo Monreal y el senador Luis Alberto Villarreal Pregunto a la asamblea si hay algún otro orador que quiera hacer uso de la palabra El senador René Arce (desde la curul): Presidente, René Arce El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El senador René Arce, el diputado Sebastián Lerdo. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal El senador Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, soy uno de los suscribientes, de los que suscriben este punto de acuerdo de obvia o urgente resolución y creo que la motivación expresada por el diputado Martel y por el senador Villarreal son atendibles: se complementan La indignación que escuché en voz del senador Villarreal me parece justificada, y la actitud del diputado Martel me parece razonable. Sin embargo, no dejo de pensar en que muchos de los que nos escuchan o nos ven pudieran calificarnos como candil de la calle, obscuridad de la casa Nos indignamos y lo hacemos con razón por el asesinato de personas en los Estados Unidos: un congresista herido, un juez, una menor de edad Nadie levanta la voz por los cientos de muertos que diario se registran en México. ¿Quién ha levantado la voz por los 28 muertos, 15 decapitados en Guerrero? ¿Quién levanta la voz por Susana o por Maricela? ¿Qué voz oficial lamenta y qué voz oficial exige se actúe de inmediato frente al asesinato, la masacre, el baño de sangre, el océano de sangre que vive el país? No sólo los 31 mil muertos, hablo de los casi 8 mil desa-parecidos. Y se atreve el secretario de Gobernación y el Ejecutivo, de Seguridad Pública a decir: “no son ciertas las cifras, vamos ganando la batalla” En el mundo ya nos ubican en el barómetro de conflictos del 2010 en el sexto lugar de los países más violentos del planeta, según la Universidad Heidelberg, con niveles de inseguridad similares a Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán, y a pesar del silencio del Congreso, a pesar del silencio de los legisladores ya hay protestas en la calle Hay protestas en Juárez, en Tamaulipas, en Monterrey. Hay protestas en Sinaloa. Hay protestas de intelectuales, de caricaturistas. Hay protestas de la sociedad civil que no es escuchada dentro de las paredes y de los muros del Congreso mexicano Ésa es la paradoja. Destinamos más tiempo en la discusión, logramos más acuerdos. Aquí, por unanimidad, decía el presidente, se resalta; y el presidente lo dijo, insistiendo: “registre secretario que es por unanimidad” Y afuera, en nuestro país, ¿dónde está la unanimidad en este Congreso, para condenar el baño de sangre, la guerra unilateral que desde nuestro punto de vista, desde hace cuatro años, hemos insistido es un fracaso? ¿Dónde está la exigencia del Congreso mexicano, para rectificar la estrategia fallida contra el crimen organizado? ¿Dónde están las voces enérgicas de este Congreso, para condenar los asesinatos diarios, diarios, diarios, mañana 30, pasado 80, 50, 20, 30 que importan los que sean, el número que sean? Lo que nos importa es condenar que en Estados Unidos han fallecido por ataques arteros y cobardes un grupo de personas.. El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, senador El senador Ricardo Moneral Ávila: Concluyo, presidente. No hay duda: candil de la calle, obscuridad de la casa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador René Arce El senador René Arce: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, suscribimos por supuesto este punto de acuerdo, porque nos parece importante que los legisladores mexicanos podamos rechazar este atentado que se comete contra una colega legisladora norteamericana y que causa víctimas en algunas personas que estaban cerca de ella Pero, el problema de fondo es qué es lo que provoca que se empiece a golpear, a atacar de esta manera a quienes de alguna u otra forma han estado ligadas a la lucha del derecho de los migrantes El asunto tiene que ver, fundamentalmente, con toda una ola conservadora que recorre a Estados Unidos y que recientemente acaba de darle el triunfo a un partido en cuyo seno se enquista una ola muy conservadora y que hizo de su campaña un eje fundamental: fuera migrantes de Estados Unidos No podemos dejar de lado la ley que recientemente se ve aprobada, impulsada por una gobernadora. Ni tampoco toda campaña hecha por una de las líderes, fundamentalmente, de una nueva corriente que se ha gestado al interior del Partido Republicano y que hace precisamente de la lucha contra los migrantes una de las cuestiones que llaman de la población a sacar lo peor que el ser humano puede tener a su interior, que es precisamente evitarle al otro la posibilidad de tener una oportunidad de ganarse de manera honesta una manera de vivir Y eso es lo que está sucediendo en los Estados Unidos hoy y eso que a veces se traduce en palabras, en discursos, en acciones, termina atrayendo a sectores de la población que plantean que entonces lo correspondiente es eliminar a todos aquellos que se oponen a este tipo de políticas Esto ya lo hemos vivido, lo hemos vivido en la lucha que dieron los pueblos por su independencia en el mundo en contra del colonialismo, en contra del apartheid, en contra de una serie de cuestiones que lesionaban sobre todo a la naturaleza humana. Y en Estados Unidos eso es lo que estamos hoy viendo; que esta corriente va ganando cada vez más adeptos entre la sociedad, a la cual le dicen: la culpa de que nuestra economía no se desarrolle, no crezca, de que tú no tengas empleo, es porque te vienen a quitar su lugar esos mexicanos, esos guatemaltecos, esos salvadoreños que vienen aquí a quitarte el espacio que a ti te corresponde. Por tanto, hagamos una política expulsarlos del país Por tanto, a aquellos que se atrevan a defenderlos, hay que castigarlos. A unos castiguémoslos no dándoles votos porque tienen una política blanda, pero a otros se les puede castigar de otra manera. Y éste es el problema fundamental que estamos viviendo quienes desde diferentes trincheras defendemos el derecho que tienen los migrantes a tener un empleo en un país como los Estados Unidos Efectivamente, como se decía aquí, la mejor manera de hacer esta protesta es nosotros, en nuestro país, tener una actitud diferente con los migrantes que pasan por nuestro país o que llegan a nuestro país a buscar también una oportunidad Recientemente el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio una cifra sobre el número de migrantes que han sido secuestrados en nuestro país, y en lugar de que los encargados de brindar la seguridad a estos migrantes actuaran de una manera tranquila diciendo: vamos a investigar qué está sucediendo con esos migrantes, se refuta al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los datos que ha dado Eso me parece delicado, me parece grave porque entonces difícilmente podríamos entender cómo reclamarles a los norteamericanos que atacan a los migrantes, si fácilmente nos pueden contestar: pero ustedes en su país hacen cosas que a cualquiera avergonzarían Entonces por eso creo que una muestra de ser, aquí y fuera de nuestro país, congruentes es, sí, exigiendo que se respete el derecho de los migrantes en los Estados Unidos, condenando la agresión a esta legisladora.. El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, senador El senador René Arce: Pero también en nuestro país, tratando adecuadamente a los migrantes, exigiendo respeto a sus derechos y castigando a aquellos que se han atrevido a violarlos en lo más importante que puede tener una persona, que son sus derechos humanos. Muchas gracias El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Luis Alberto Villarreal García El senador Luis Alberto Villarreal García: Muchas gracias, presidente. Por supuesto que para el Partido de Acción Nacional ésta es una propuesta que celebramos y que acompañamos La celebramos y la acompañamos, porque el fondo va más allá de los propios resolutivos. Es básicamente lo que decía el senador Arce, lo que se ha empezado a construir en la sociedad norteamericana es más allá de una descomposición, un retroceso para un país que se jacta de ser democrático Un principio básico y pilar de la democracia es la tolerancia. En una sociedad donde no hay tolerancia, donde el discurso de los políticos se basa en la descalificación, en el odio que promueve, el racismo, la xenofobia, el voto mentiroso, la propuesta electorera, es precisamente lo que lleva, entre muchas otras cosas, a consecuencias como las que se llevaron a cabo el 8 de enero en Tucson Promoción de leyes como la SB1070, discursos incendiarios como los que promueve la ex candidata a la vicepresidencia del Partido Republicano y otros que todos los días siembran odio y rencor, lo que empiezan a cosechar es precisamente violencia y actos sangrientos y detestables como los que se vivieron ahí Nosotros, por supuesto, creemos que es tarea no solamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores promover políticas para la comprensión del fenómeno migratorio, debe ser parte del espíritu de este Congreso de la Unión promoverlas en el país para que haya comprensión al fenómeno, para que no corramos el riesgo de que se siembre el odio y el rencor que se ha sembrado en otras comunidades Paradójicamente ha sido el hijo de un migrante mexicano el que, hasta el día de hoy, tiene con vida a la congresista Gabrielle Giffords, Daniel Hernández, hijo de un mexicano del estado de Sonora, migrante, parte importante de un país que en su composición social se funda básicamente de la migración de diferentes lugares del mundo, es el que puso su vida y su cuerpo de por medio, y dio la atención inmediata a nuestra colega legisladora federal de Tucson, Arizona El PAN reitera sus condolencias a todos los habitantes de nuestro vecino país, de los Estados Unidos, porque todos son víctimas cuando suceden actos barbáricos como los que allá se vivieron el 8 de enero Promovemos y reiteramos nuestra solidaridad con los familiares de quienes perdieron la vida en este atroz acontecimiento, y por supuesto también con quienes están aún luchando por mantenerse con vida. Reiteramos nuestro abrazo y nuestros votos por la pronta recuperación de quienes siguen heridos. Es cuanto, señor presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador. Al terminar la intervención del diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias preguntaremos si está suficientemente discutido. Tiene usted la palabra, señor diputado. Desde su lugar, diputado El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde la curul): Gracias, señor presidente. En virtud de que el partido del gobierno se ha sumado a la propuesta que el diputado Martel ha dado a conocer a la asamblea, declino mi participación y reconocemos a la fracción de Acción Nacional El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Por lo tanto pregunte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido La Secretaria diputada Paula Ángélica Hernández Olmos:En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo). Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, unanimidad por la afirmativa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tome usted el sentido de la votación de los señores legisladores La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, unanimidad por la afirmativa ESTADOS UNIDOS DE AMERICA El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Quisiera, presidente, solicitar, como promovente del turno anterior respecto al tema de Arizona, que el mismo se retire y quede sin efecto, toda vez que básicamente los resolutivos están en el mismo sentido, me parecería ocioso para la Segunda Comisión de Trabajo tener que revisar un tema que ha sido ya votado por la asamblea de la Comisión Permanente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se retira del registro y le agradecemos al señor senador su consideración ALZA DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, con una disculpa de esta Mesa Directiva, el señor senador don Rubén Velázquez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que implemente de manera urgente, a nivel nacional, las medidas necesarias para verificar, vigilar y controlar el alza de precios de los productos de la canasta básica El anterior asunto queda aprobado y se comunica en sus términos El senador Rubén Fernando Velázquez López:Gracias, presidente. No hay por qué disculparse; entiendo la dinámica de la reunión Yo quisiera que se registrara que también por las causas nacionales levantamos las voces varios de nosotros. No solamente en temas con este carácter usamos la tribuna, como acaba de ocurrir. Hay preocupación por algunos de nuestros compañeros legisladores en el sentido de ver por qué hay acciones o sucesos en el país que no retomamos en la tribuna o en el Senado Pero del mismo tamaño en importancia que la inseguridad en el país, que la ola de muertos que tenemos, avalancha de muertos que tenemos en varias regiones que ahora se ha situado en Guerrero o el tema de los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país para ir en busca de mejores horizontes, igual de importante, señoras y señores legisladores, es el incremento de precios no sólo de la canasta básica, conocida por nosotros, sino en general La semana pasada la diputada Esthela Damián presentó un punto de acuerdo con respecto a este tema, fue turnado a comisión, creo que a la Tercera, y no se tocó el tema en la sesión de ayer. Ahora yo presento este otro punto de acuerdo dirigido al Presidente de la República, dirigido al secretario de Economía y al director de Profeco para que tomen acciones urgentes por el incremento de los precios en la canasta básica Hay estudios serios que dicen que para que una familia mexicana pueda comprar los productos que integran esta canasta básica con el salario mínimo tendría que trabajar alrededor de 20 horas diarias para poder obtener ese ingreso y comprar los productos que se enlistan en la canasta básica. Evidentemente es imposible que esto llegara a ocurrir Los precios, estamos viendo que están subiendo sin ningún control. El incremento en los precios de la gasolina y del diesel son el pretexto adecuado, perfecto, para que los industriales o los comerciantes estén reetiquetando, como hace algunos años, lo recordamos nosotros, allá en los ochenta, que se reetiquetaban de la mañana a la tarde varios productos, con aquellas inflaciones del 200 por ciento, del 180 por ciento. Varios de nosotros somos testigos de aquello, lo vivimos. Ya tenemos algunos años de vida y por tanto tenemos aquella experiencia Ahora se dice que tenemos una inflación de 3.8, de 4 por ciento, pero los precios suben y suben y suben. Hay el de-safío —que yo quiero presentar— a que procuremos vivir un día o una semana o una quincena con el salario mínimo: con 58 pesos que creo que es el salario mínimo, por ahí va. Que tratemos de obtener comida, medicina, vivienda, transporte, y verdaderamente sabemos bien que es imposible, que no lo vamos a conseguir Por eso yo estoy subiendo este tema, apartándome un poco de las líneas discursivas porque están llenas de datos técnicos con los que no quiero aburrir porque creo que los conocen, para volver a poner el dedo en esa llaga y este tema se retome a la comisión a donde el presidente o la Mesa Directiva envió este punto, que espero que sea a la misma comisión a la que envió el punto de Esthela Damián, la semana pasada Y también, exhortar a esta comisión, que es la Tercera Comisión, de la que yo formo parte, a que trate el asunto, a que se tomen los acuerdos necesarios para que el Ejecutivo federal y los que tienen el encargo concreto de este tema, que es Economía, y es Profeco, hagan las acciones que tienen que hacer, controlen los precios, que Profeco vigile, que se le den recursos a Profeco para que haga la tarea que igual que Profepa, que es otra procuraduría, son dependencias verdaderamente escasas de recursos y de personal para hacer la tarea que tienen que hacer El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor senador El senador Rubén Fernando Velázquez López:Tengo todavía dos segundos, diputado. Porque todavía necesito convocar a que atendamos con la seriedad que tiene el tema, porque está afectando a los bolsillos de millones de familias en este país. Muchas más familias que las que están siendo afectadas por el crimen, que aquí nos ha preocupado durante esta mañana Es importante que el gobierno mexicano ponga atención en este tema. Y por la atención prestada y por la benevolencia del señor presidente, muchísimas gracias «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar de manera urgente a escala nacional medidas de verificación, vigilancia y control para evitar la injustificada alza de los productos de la canasta básica, proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRD Los suscritos, senadores Rubén Fernando Velázquez López, Francisco Javier Castellón Fonseca, Silvano Aureoles Conejo y José Luis Máximo García Zalvidea, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar de manera urgente a nivel nacional las medidas necesarias de verificación, vigilancia y control para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con el fin de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, a tenor de las siguientes Consideraciones La realidad económica y social en que viven actualmente las familias mexicanas desmiente el discurso oficial de recuperación económica difundido por el gobierno federal En los últimos 12 meses, los niveles de bienestar de la mayoría de los mexicanos se redujeron, se profundizó el de-sempleo, la pobreza y la brecha de la desigualdad. Además de que el constante aumento en los precios de los productos y servicios de consumo generalizado ha afectado el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y de la población en general La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer que la canasta básica1 de 40 alimentos, que incluye –por ejemplo– leche, tortilla, pan, aceite, jitomate, cebolla, chile, pollo, bistec, atún y salchicha, se encareció 13 por ciento entre la primera y la última quincena de 2010 A finales del pasado diciembre, la Profeco informó que la canasta básica costaba 818.30 pesos a principio de 2010 y al final del año, los mismos productos, en igual cantidad, presentación y marca, se vendieron en 921 pesos, lo que significa un incremento de 106.70 pesos Es importante señalar que dicha canasta básica está compuesta únicamente por alimentos, no incluye todos los artículos que especialistas y autoridades consideran que deben integrar una canasta básica, como los de higiene personal y limpieza del hogar, la renta o gastos de mantenimiento, servicios de gas, electricidad o agua para la casa, así como gastos de transporte Sólo en gasolinas y diesel, los ajustes mensuales impuestos por el gobierno federal implicaron un alza de 13.47 por ciento en la gasolina Magna, 5.50 por ciento en la Premium y 12 por ciento en el diesel.2 En tanto, el alza en el gas LP, que es utilizado en 80 por ciento de los hogares, elevó su precio a más de diez pesos por kilo en el centro del país Así entonces, sin tomar en cuenta todo lo que deben gastar los mexicanos en otros productos y servicios, el aumento registrado en la canasta de 40 alimentos cuadriplica la inflación general de 3.8 por ciento, según datos del Banco de México Los aumentos más drásticos y alarmantes han sido en productos de amplio consumo popular, como la tortilla, el bolillo, el arroz, el azúcar y el frijol A principios del 2010, el kilo de tortilla podía comprarse en 5.90 pesos, por lo que con un salario mínimo (de 57.46 pesos) alcanzaba para 9.7 kilos, pero debido al reciente anuncio del aumento de aproximadamente 50 por ciento, por parte de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, actualmente en muchas partes del país se vende la tortilla a un precio promedio por kilo de 12 pesos, lo que implica que ahora con un salario mínimo únicamente se podrán comprar 4.8 kilos Por su parte, el precio de la harina de trigo ha aumentado alrededor de 40 por ciento en el 2010. No obviamos mencionar que la Tortilla el principal alimento de los mexicanos ha tenido un alza en su precio tan sólo en lo que va de esta administración Además de que la especulación en los mercados internacionales del trigo amenaza con impactar en los precios del bolillo y del pan dulce, que en los primeros meses de 2011 podrían aumentar 50 centavos al consumidor final, según informes de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora Y lo más grave es que las importaciones de maíz suman en promedio 10 millones de toneladas al año y en el caso del trigo, la producción nacional alcanza apenas para satisfacer 40 por ciento de la demanda interna, mientras el 60 por ciento restante se tiene que importar Como nos podemos dar cuenta, las constantes alzas de los precios de los alimentos no guardan ninguna proporción con el ínfimo aumento de los salarios mínimos En promedio, el salario mínimo para el 2011 será de 58 pesos con 22 centavos al día El “aumento” a los salarios mínimos en México, anunciado en diciembre de 2010, de sólo 4.1 por ciento, no compensa, ni fortalece el ingreso real de las familias trabajadoras, ya que este aumento es sólo inercial y pretende, sin lograrlo, sólo compensar el incremento de la inflación general de 2010 que seguramente será mayor a 4.32 por ciento El aumento de 4.1 por ciento al salario mínimo (equivalente a 2 pesos con 30 centavos, promedio) no es suficiente para comprar, por ejemplo, un boleto del Metro (que cuesta tres pesos) o para dos bolillos (el costo unitario de este producto es de un peso con 50 centavos) Tampoco alcanza para un viaje en autobús del transporte público de la ciudad de México –que es de cinco pesos– y mucho menos para un litro de leche que está por encima de los 12 pesos De acuerdo con cifras oficiales, 410 mil trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social perciben el salario mínimo. Sin embargo, especialistas señalan que son más de un millón los que perciben este magro salario En días pasados, la Organización Internacional del Trabajo alertó acerca de la constante pérdida del poder adquisitivo del salario en México, con incrementos menores a países como Nicaragua y Bolivia. México es uno de los países de América Latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años Para frenar el deterioro del poder adquisitivo del salario se requiere un aumento de por lo menos el 13 por ciento, para compensar el aumento de los precios de los alimentos básicos de finales del 2010 El artículo 123 constitucional señala que el salario mínimo “deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.” En este estado de cosas, el mandato constitucional se convierte en una utopía En el país hay al menos 50 millones de personas en condición de pobreza, de las cuales 19 millones sufren “pobreza alimentaria” –que quiere decir que sus ingresos son insuficientes para comprar comida–, aunque especialistas afirman que en realidad son 23 millones El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM indicó que cerca de 18 millones de mexicanos no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica; también señala que si una persona antes invertía 13 horas de trabajo, ahora tiene la necesidad de invertir debe ser más de 19 horas para poder adquirir los productos de la canasta básica Esta preocupante situación de pobreza seguirá presente durante 2011, con el agravante de que el desempleo sigue creciendo y la dependencia económica del exterior amenaza la soberanía alimentaria De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de desocupación se ubica por arriba del 5 por ciento de la población económicamente activa. Entre enero del 2007 y 2010 el universo de desocupados se elevó de un millón 600 mil a 2 millones 650 mil personas que buscan infructuosamente empleo Los altos niveles de desempleo son consecuencia de los problemas estructurales derivados del modelo económico que tiene abandonado nuestro mercado interno y fomenta la concentración del ingreso en unos cuantos. En este sentido, debe adoptarse una política económica más equilibrada que abone en la justicia social, particularmente, en beneficio de asalariados y trabajadores Por tanto, el gobierno federal debe ejercer plenamente las atribuciones que le concede la ley para intervenir y regular el mercado a efecto de garantizar seguridad alimentaria y el bienestar de los mexicanos En este sentido, con el objeto de que el alza de precios afecte a las familias mexicanas más vulnerables, es indispensable y urgente que el Estado, y en particular el Ejecutivo federal cumpla con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Recordemos que el párrafo tercero del artículo 28 de la Constitucional Federal señala que: “Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.” Por ello, y ante el cumplimiento del precepto constitucional, resulta necesario que las autoridades competentes ejerzan sus respetivas atribuciones para evitar las alzas indiscriminadas a los artículos de consumo popular Así, el Ejecutivo federal, y a través de la Secretaría de Economía, de la Comisión Federal de Competencia y de la Procuraduría Federal del Consumidor, y con base en el en su artículo 7° de la Ley Federal de Competencia Económica, establece el procedimiento para fijar y regular los precios de productos y servicios necesarios para la economía y el consumo popular. El citado artículo precisa: “Artículo 7o. Para la imposición, en los términos del artículo 28 constitucional, de precios a los productos y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente: ”I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva ”II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto ”La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia ”La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor” Resulta procedente que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, debe aplicar un estricto control de precios a los artículos de la canasta básica, porque no hay otra manera de frenar el alza de los precios y la especulación De igual manera, la Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, debe cumplir con sus responsabilidades de inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen y sancionar los abusos en contra de los consumidores En tal sentido, es urgente que el Gobierno Federal proteja el ingreso de los mexicanos y adopte medidas que alienten la generación de empleos con salarios dignos y suficientes que permitan la adquisición de los productos de la canasta básica Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos someten a consideración de esta asamblea los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con base en el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Federal y el artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica, solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, inicie el procedimiento para fijar y controlar los precios de los productos que integran la Canasta Básica, a efecto de compensar el alza de precios y el incremento de la Inflación Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional de Competencia y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, implementen de manera urgente a nivel nacional las medidas necesarias de verificación, vigilancia y sanción para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con el objeto de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, así como al Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un informe pormenorizado sobre el aumento de los precios en los productos de la canasta básica, y su relación con la inflación y la pobreza, correspondiente al periodo diciembre 2006 a enero de 2011 Notas 1 La canasta básica es un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del índice nacional de precios al consumidor (INPC). Los bienes y servicios que conforman la canasta básica fueron seleccionados por los representantes de los sectores firmantes del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico a finales de 1988. El objetivo de conocer el comportamiento de los precios de los bienes y servicios que conformaron la mencionada canasta era garantizar el cumplimiento de los acuerdos que sobre los precios de bienes y servicios del sector público y privado los participantes del pacto iban estableciendo. La canasta básica considera 80 conceptos genéricos del INPC. El Banco de México recibió la encomienda de medir y publicar este indicador. La canasta mencionada está integrada, básicamente, por genéricos de alimentos elaborados, bienes administrados y concertados y medicamentos 2 Datos del Banco de México Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.— Senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Total y absoluta, señor senador. Su proposición se turna a la Tercera Comisión de Trabajo GABINETE DE SEGURIDAD El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El senador Ricardo Monreal envió a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo que solicita la comparecencia de los titulares del gabinete de seguridad, para que expongan el panorama real en materia de seguridad La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares del gabinete de seguridad para que expongan el panorama real en la materia, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, en torno a la inseguridad pública, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El pasado fin de semana dimos cuenta de otra terrible tragedia que involucró el asesinato de 30 personas en Acapulco, Guerrero, sin dejar de mencionar los recientes hechos violentos en Nuevo León El secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, justificó la estrategia anticrimen del gobierno federal, al afirmar de manera incongruente e insensible, que se está debilitando como nunca a todas las organizaciones criminales del país Sin embargo, resulta totalmente equivocada la percepción de la realidad propia del gobierno federal, y por tanto, es del mismo modo equivocada la estrategia para combatir el problema de la inseguridad, que a estas instancias más bien podría definirse como anomia, en su acepción más funesta Para colmo de males,  esta serie de medidas represivas, policiacas y militares, no han reportado resultados positivos en modo alguno; no se observan avances ni aun de manera marginal, en la tarea para restablecer el orden, la seguridad y la paz social, en aquellas zonas que han sido azotadas por los efectos relacionados con la llamada guerra contra el narco Contradictoriamente, no obstante la total ausencia de resultados, la LXI Legislatura, sin muchos miramientos, aprobó en el Presupuesto de Egresos para 2011 la cantidad de 117 mil 555.6 millones de pesos en materia de seguridad pública; 18 mil 576.8 millones de pesos más que el presupuesto aprobado para 2010, lo que representa un cuantioso incremento de 15.8 por ciento. Asimismo, las Secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Defensa (Sedena), de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) tendrán además acceso a una partida por mil 519 millones de pesos para crear plazas De hecho, no solo no se han reportado avances en materia de seguridad, sino que contrariamente, el año próximo pasado fue el más violento, en lo que va de la actual administración. La mayoría de las fuentes arrojan una cifra de más de 10 mil ejecutados durante el año 2010; y por otro lado, a esto hay que sumarle la igualmente lamentable cifra de 10 mil migrantes secuestrados,  tan solo en el periodo que abarca de abril a septiembre de ese mismo año, según lo sostenido por la CNDH. Se cuentan tristemente hasta el momento, más de 30 mil ejecutados, como resultado de la mal llamada guerra contra el narco El narcotráfico es un fenómeno que se ha vuelto un problema no sólo de seguridad, sino económico, político y social, y entre muchas otras consecuencias negativas, trae desintegración familiar y destrucción física y mental de los individuos. Además, es uno de los principales participes y generadores de las redes de corrupción, teniendo como principal ventaja el poder económico que mueve a países, autoridades y a ciudadanos Este poder económico ha demostrado ser abrumador; cerca del 80 por ciento del sector de la economía formal está infiltrado, por el dinero generado por este fenómeno delincuencial La actual administración ha demostrado ser ineficaz en todos los flancos, ya no digamos para combatir a la delincuencia organizada, sino en la tarea misma de defender la gobernabilidad, la institucionalidad, y por la tanto, al Estado mismo. No se ha logrado desactivar o controlar sus redes financieras, no se ha conseguido mermar sus rutas de trasiego y, en consecuencia, no se ha podido evitar que se armen o se empoderen de algún  otro modo Es tal el nivel de degradación social, que las redes del narcotráfico secuestran y asesinan con total impunidad; las ejecuciones y los “levantones” son cosa de todos los días. No hay lugar de la república que esté exento de sus operaciones y sus atrocidades.  El gobierno mismo ha sido víctima de sus tropelías; presidentes municipales, ex gobernadores, diputados, senadores e, incluso, un ex candidato presidencial, han dado cuenta de ello La delincuencia organizada se ha convertido prácticamente en un Estado paralelo; tiene a su servicio diferentes fuerzas de seguridad, ostenta el control político de varias regiones y hasta cobra sus propios impuestos Intelectuales y artistas, han visto con buenos ojos la campaña “¡Basta de sangre!”, encabezada por el caricaturista Eduardo del Río (Rius) y el periodista Julio Scherer, que protesta contra la violencia en el país, y que evidencia el sesgo cada vez más grande, entre la verdad “oficial” y la que la mayoría de nosotros percibimos Se ha mencionado que la crónica desigualdad social auspiciada por la adopción de un modelo económico totalmente inadecuado, y la plutocracia instalada en el Poder Ejecutivo, son algunos de los principales factores de descomposición del tejido social y del fortalecimiento del Estado paralelo. Y en ese sentido, el uso de la fuerza pública para combatir tan solo los efectos de estos factores, no ha servido ni como paliativo; muy por el contrario, ha generado “daños colaterales” que solo han contribuido a agravar la situación En consecuencia, esta situación demanda un compromiso serio, principalmente de parte de los titulares de las Secretarías que integran el gabinete de seguridad de nuestro país. Resulta indispensable dejar de lado la política de simulación, encubrimiento, y de parapeto mediático Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente Punto de Acuerdo Único. Se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación ante esta soberanía, con el propósito de que expongan el panorama real en materia de seguridad pública Dado en el salón legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Primera Comisión de Trabajo ESTADO DE OAXACA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos, también, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a la Profepa para que adopten medidas y envíen informes a esta soberanía, relativos al problema de contaminación de los ríos en el estado de Oaxaca, suscrito por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a la Profepa a adoptar medidas y enviar a esta soberanía informes relativos a la contaminación de los ríos en Oaxaca, suscrita por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia El suscrito, Ericel Gómez Nucamendi, senador del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a adoptar diversas medidas y enviar informes a esta soberanía en relación con el problema de contaminación de los ríos en Oaxaca, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El uso adecuado y racional de los recursos naturales es un aspecto crucial en el desarrollo económico y social. Por el contrario, la contaminación del ambiente y la sobreexplotación de dichos recursos, además de dañar los ecosistemas, impiden que se potencien las capacidades productivas, se genere bienestar social y oportunidades de progreso para las personas y las comunidades De acuerdo con lo anterior, es imprescindible asegurar un desarrollo sustentable, capaz de conciliar los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para satisfacer las necesidades humanas básicas de la población, es preciso un ambiente saludable La contaminación de los mares, ríos y lagos representa una parte considerable del deterioro ambiental, que agudiza distintos problemas, desde el relativo a la insuficiencia en el abasto de agua y el rezago socioeconómico hasta la generación de graves riesgos para la salud de la población Una realidad lamentable en el territorio nacional es la gran cantidad de ríos convertidos en sucias cloacas, cargadas de productos químicos, espumas y toda clase de contaminantes. También es común que las empresas inunden las aguas de los ríos con desechos tóxicos. Oaxaca no es ajena a esa situación De acuerdo con el Instituto de Naturaleza y Sociedad en Oaxaca (INSO), la mayoría de los ríos del estado tiene un alto grado de contaminación; entre los más afectados figuran el Papaloapan, Atoyac, Salado y Los Perros, en la región del istmo Son tres tipos básicos de desechos que se vierten en los ríos: primero, los industriales. Al respecto, el Papaloapan sufre problemas muy serios. Los segundos serían los de-sechos humanos y jabonosos que se vierten en los cauces, lo cual causa problemas de salud a los habitantes, como el que se encuentra en los ríos Atoyac y Salado. Y el último, los residuos agrícolas que contienen pesticidas y fertilizantes agroindustriales, como es el caso observado en Los Perros, en la región istmeña (entrevista con Juan José Consejo, director del INSO para el diarioDespertar de Oaxaca, 6 de diciembre de 2009) Un caso significativo es del río Salado que, en opinión de algunos especialistas, se ha convertido en uno de los más contaminados del país, ante la indiferencia y la falta de actuación de las autoridades La contaminación en este caso ha sido constatada por los integrantes del Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca, organismo creado por mandato de la Ley de Aguas Nacionales, que sirve como instancia de coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, los usuarios del agua y organizaciones no gubernamentales Como muestra de la gravedad del asunto, baste mencionar que durante un recorrido de supervisión que realizara el mencionado Consejo de Cuenca, en el paraje Zompantle, a 10 kilómetros de Mitla, en los límites con San Lorenzo Albarradas, se encontró un basurero en plenas márgenes del río Por otro lado, integrantes del organismo dieron cuenta de que la planta tratadora de aguas negras de Mitla, inaugurada en 2007, nunca funcionó, por lo cual como llegan las aguas residuales se vierten al mismo río. Constataron también el grave deterioro de la presa de Xaaga Para enfrentar el grave problema de contaminación, en especial el que deriva de la descarga de aguas residuales y la utilización de cauces de arroyos y ríos como depósitos de basura, el grupo de seguimiento y evaluación del Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca implantó el Programa de Rescate y Manejo de las Cuencas del Río Salado De igual forma, se integró un comité de cuenca, especialmente para el río Salado, entre cuyas primeras observaciones se señaló la erosión presente en las partes altas de las microcuencas como consecuencia del uso inadecuado de sistemas de explotación forestal y agropecuarias, infraestructura ociosa de plantas de tratamiento, obras inconclusas y plantas que no operan Se detectó que hay insuficiente o deteriorada infraestructura hidroagrícola; deficiente uso del agua en los diferentes usos; abatimiento del nivel freático en acuíferos; alta incidencia de enfermedades gastrointestinales asociadas con el consumo de agua; y crecimiento desordenado de los centros de población e invasión de zonas federales, así como insuficiente cultura ambiental de la población Entre otras acciones para el saneamiento del río Salado, el comité ha informado de la construcción del colector de Santa Cruz Amilpas, margen derecha del río; la construcción del colector El Rosario, margen izquierda; la interconexión del cruce Jalatlaco y la construcción de obras complementarias en la cuenca del río No obstante las acciones descritas, en el caso del río Salado, como en otros de Oaxaca, el deterioro y la contaminación, la deforestación, el uso incontrolado de plaguicidas y la actuación irresponsable de ciertas empresas, nacionales o transnacionales, han rebasado por mucho a las autoridades locales y a las federales, si se toma en cuenta la trascendencia del problema Consideramos que no debe por ningún motivo ponerse en riesgo la salud de la población. De igual forma, en virtud de la grave situación de atraso y de marginación que enfrenta el estado, no debemos permitir que se afecten las actividades que generan empleos, como la agricultura, la pesca, y la producción industrial y de servicios ni, mucho menos, que se destruyan los recursos naturales En tal virtud, es preciso contar con un diagnóstico de la calidad del agua en los ríos de la entidad, evaluar la magnitud de la contaminación y tomar medidas urgentes al respecto. Es necesario revisar la regulación existente y vigilar el cumplimiento de las normas por todos los actores involucrados La Semarnat, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tiene a su cargo la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional, así como la regulación y el control de las actividades consideradas sumamente riesgosas. Asimismo, tiene entre sus atribuciones la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales (artículo 5 fracciones III y XI). Tiene también bajo su responsabilidad realizar la evaluación del impacto ambiental y establecer las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico (artículo 28). Algunas de esas atribuciones se ejercen a través de la Conagua De manera específica, a la Conagua corresponde promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considere el elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos. Así lo establece la fracción XXVI del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales La Profepa se encarga de cuidar que no se contaminen los ríos, las lagunas, los esteros, los lagos, las playas y los mares con los desechos municipales e industriales Todas esas atribuciones deben ser asumidas de manera íntegra Detener la contaminación del agua, preservar los recursos naturales y asegurar un desarrollo sustentable para el estado son asuntos de carácter prioritario, que nos atañen a todos, comunidades, gobierno, congreso, empresarios y sociedad civil Sin embargo, quienes formamos parte de las instituciones públicas tenemos un mandato que es un compromiso mayor, por el cual habremos de responder ante la sociedad oaxaqueña, por el bien de ésta y el de las futuras generaciones Por lo expuesto, se someten a consideración de esta asamblea los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que remita a esta soberanía un informe sobre las actividades por realizar en Oaxaca para promover el aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas de los ríos y evitar que se dañen los ecosistemas Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a determinar la calidad del agua y, en su caso, atender el problema de contaminación de los ríos en Oaxaca Tercero. Se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que remita a esta soberanía un informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas por la contaminación de los ríos de Oaxaca Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.— Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo MIGRANTES El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora el senador Luis Alberto Villarreal García, para presentar proposición con punto de acuerdo, y total preocupación y rechazo por parte de la Comisión Permanente, relativo al anuncio que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa contra los migrantes indocumentados El senador Luis Alberto Villarreal García:Efectivamente, presidente. Es precisamente parte de lo que platicábamos hace unos minutos Parece que la rentabilidad electoral de las propuestas racistas, antiinmigrantes, xenofóbicas, en los pasados comicios electorales de la Unión Americana, ha desatado una serie de propuestas precisamente en contra de los migrantes, no solamente mexicanos, pero sí particularmente mexicanos y migrantes hispanos, en distintos estados de la Unión Americana. Y es precisamente lo que venimos a exponer a esta tribuna Nos preocupa, lo rechazamos y hacemos un llamado a nuestros vecinos y a la clase política en Estados Unidos, para que cese este tipo de propuestas que, sin duda, van a traer consecuencias más allá de las propias legislaciones que desde luego nos preocupan Nos preocupa que se quiera legislar en contra de los migrantes indocumentados, pero también nos preocupa que se quiera seguir atentando en contra de los derechos migrantes, y que se quiera legislar para quitarles y dejar de reconocerles derechos a los hijos de migrantes indocumentados Esto, en algún otro momento de la política norteamericana existió. Por allá de 1996 fue parte, incluso, de la plataforma legislativa del partido republicano, y hoy nuevamente sale a la luz pública, emerge, está ahí y consecuentemente no podemos guardar silencio ante este tipo de propuestas que están ocurriendo en diferentes estados de la Unión Americana Por lo menos en siete estados de la Unión Americana, Carolina del Sur, Georgia, Mississippi, Nebraska, Oklahoma y Pennsylvania seguirán la campaña iniciada el año pasado en Arizona para detener la inmigración ilegal Por otra parte, hay legisladores en 14 estados de ése país: Arizona, Alabama, Delaware, Idaho, Indiana, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, Texas y Utah, que están uniendo esfuerzos para promover que sus respectivas asambleas o congresos se debatan y se cancelen derechos de ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en ese territorio Por lo anteriormente expuesto someto el siguiente punto de acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de los migrantes indocumentados, así como a la aprobación de iniciativas que atenten en contra de los derechos migrantes, independientemente de su condición migratoria y su situación jurídica Es cuanto, señor presidente «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio que un grupo de legisladores estadounidenses llevó a cabo sobre el inicio de una campaña legislativa contra indocumentados, y a la aprobación de iniciativas que atenten contra los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y su situación jurídica, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN Luis Alberto Villarreal García, senador de la república por el estado de Guanajuato, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anunció que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de los migrantes indocumentados, así como a la aprobación de iniciativas que atenten en contra de los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y su situación jurídica, de conformidad con la siguiente: Exposición de Motivos Con el inicio de la 112 Legislatura estadounidense, un grupo de legisladores republicanos ha dado a conocer el inicio de una campaña en contra de la inmigración ilegal, misma que atenta en contra de los derechos de los migrantes indocumentados Al menos siete estados (Carolina del Sur, Georgia, Mississippi, Nebraska, Oklahoma y Pennsylvania) seguirán la campaña iniciada el año pasado en Arizona para detener la inmigración ilegal. Por otra parte, legisladores de 14 estados (Arizona, Alabama, Delaware, Idaho, Indiana, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, Texas y Utah) están uniendo esfuerzos para promover que sus respectivas asambleas o congresos debatan y cancelen el derecho de ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en territorio estadounidense Los legisladores republicanos que apoyan esas medidas han declarado que esta cooperación responde al fracaso de Washington en sus esfuerzos por asegurar la frontera con México. El representante Randy Terrill (R-Oklahoma) señaló que: “el gobierno federal ha fracasado absoluta, total y completamente en su responsabilidad de proteger las fronteras de nuestra nación” Al respecto, el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y diversas organizaciones a favor de los derechos de los migrantes expresaron su preocupación y rechazo a estas medidas por considerarlas inconstitucionales. Expusieron que ese tipo de iniciativas y acciones no contribuyen a solucionar el problema de los 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos Los legisladores estatales promotores de las iniciativas señalaron que no buscan eliminar la 14 enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que otorga la ciudadanía de manera automática a toda persona nacida en territorio estadounidense, sino que buscan interpretarla de tal forma que cada estado de la federación decida su aplicación Por lo expuesto, me permito someter a la presente soberanía la siguiente proposición con: Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anunció que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de los migrantes indocumentados, así como a la aprobación de iniciativas que atenten en contra de los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y su situación jurídica Dado en el salón Legisladores de la República, a 12 de enero de 2011.— Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, senador. Su proposiciónse turna a la Segunda Comisión de Trabajo ESTADO DE GUERRERO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora la palara la diputada Florentina Rosario Morales, para presentar  proposición con punto de acuerdo relativa a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en Acapulco, Guerrero La diputada Florentina Rosario Morales:Punto de acuerdo relativo a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en el municipio de Acapulco, Guerrero El pasado 28 de abril se aprobó en asamblea la construcción de la hidroeléctrica La Parota, que impulsa la Comisión Federal de Electricidad con el voto de mil 200 asistentes registrados, tras una malla ciclónica y con el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, negando el acceso a dicha reunión a los opositores a La Parota Alrededor de la construcción de la hidroeléctrica ha habido un fuerte bloqueo de la información por parte de las autoridades, acompañado de una ola de represión que ya ha dejado seis miembros del Cecop asesinados, encarcelamientos y desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad, por parte del Estado y de la Comisión Federal de Electricidad, violando los derechos humanos de los comuneros indígenas, además de la autonomía de los núcleos ejidatarios, según el artículo 27 constitucional, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Salud, entre las principales No hay que olvidar que la conducción de las represas en el mundo provocó que durante el siglo XX el 50 por ciento de las humedades en el mundo se hayan extinguido y que al menos el 20 por ciento de los peses están en peligro de extinción Para la Red Internacional de Ríos, IRN por sus siglas en inglés, hasta el año 2003 se han construido 47 mil grandes represas en todo el mundo y más de 800 mil pequeñas represas a nivel mundial El 67 por ciento del agua es usada para la agricultura, sector que más ha depreciado el líquido y el 19 lo ocupa la industria altamente contaminante En el caso específico de la energía que producen las grandes represas, el 36 por ciento han sido construidas para irrigación y el 20 para generar energía, el 17 por ciento para el abastecimiento del agua, el 12 para controlar las inundaciones, el 9 por ciento para la recreación y el 6 por ciento para otros usos La Parota significa un grave deterioro ambiental, con la deforestación, además de acelerar la desaparición de los mantos freáticos que abastecen el agua del puerto de Acapulco. La Comisión Federal de Electricidad oculta información y evita la consulta con la población que será afectada y a quienes aseguran que los estudios de impacto ambiental, elaborados por la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México, parten de parámetros sesgados para hacer el estudio Con la crisis del campo, con el crecimiento de la población, ¿a dónde irán más de 25 mil personas? ¿A los Estados Unidos? En ese sentido, la opinión internacional ha sido contundente de oposición a dicho proyecto, pues se han pronunciado en su contra el relator de Pueblos Indígenas de la ONU y el Alto Comisionado de Derechos Humanos El Secop presentó el caso al Tribunal Latinoamericano del Agua el 17 de marzo de 2006. Éste falla a favor de la cancelación de la construcción del proyecto La Parota, debido a que el costo en materia social y ambiental es muy alto, por lo que exhorto a los gobiernos federales, estatales y municipales que reparen los daños por las violaciones a los derechos humanos Ante esto, el Estado mexicano debiera cancelar dicho proyecto, que va en contra de la determinación de los pueblos en defensa de sus recursos naturales y no ignorar la opinión internacional, como ignoró el caso de San Salvador Atenco, dejando a nuestro país como un Estado fallido en materia de derechos humanos Es por ello que se lleva a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Luis Luege Tamargo, a que en base a la oposición de los pobladores de La Parota y las recomendaciones internacionales en contra de dicho proyecto, se dé por concluido el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, Rodrigo Blake Mora, a que atienda una comisión opositora al proyecto de La Parota en el municipio de Acapulco del estado de Guerrero. Gracias «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en Acapulco, Guerrero, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD La suscrita, diputada federal a LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes Consideraciones El pasado 28 de abril se aprobó en asamblea la construcción de la hidroeléctrica La Parota, que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el voto de 1.200 asistentes registrados tras una malla ciclónica y con el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, negando el acceso a dicha reunión a los opositores del proyecto Alrededor de la construcción de la hidroeléctrica ha habido un fuerte bloqueo de la información por parte de las autoridades, acompañado de una ola de represión que ya ha dejado 6 miembros del Cecop asesinados, encarcelamientos y desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad, por parte del Estado y de la CFE, violando los derechos humanos de los comuneros indígenas, además de la autonomía de los núcleos ejidales (artículo 27 constitucional), la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Salud, entre las principales Con todo esto La Parota es calificado por la CFE como “una alternativa viable para contribuir a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el área Central del país”, y estaría ubicado en la cuenca del río Papagayo a 350 kilómetros al sur de la Ciudad de México y a menos de 50 kilómetros del puerto de Acapulco La altura de la cortina que represaría el río sería de 162 metros de altura y se uniría a las más de 45 mil represas que se han construido en todo el mundo, según el Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, y que han represando más del 60 por ciento de los ríos del planeta. Sus 765 Megavatios de potencia instalable nuevamente se centran en el modelo de desarrollo neoliberal, en el marco del Plan Puebla-Panamá y con el objetivo de proporcionar energía a las maquiladoras, los grandes centros turísticos, a las ciudades y la industria de extracción, entre otras, pero no para el desarrollo y las necesidades de los pueblos Los megaproyectos hidroeléctricos pretenden también abastecer la energía eléctrica del sur de los Estados Unidos y unirse a la red eléctrica nacional y centroamericana No hay que olvidar que la construcción de represas en el mundo provocó que durante el siglo XX el 50 por ciento de los humedales en el mundo se hayan extinguido, y que al menos el 20 por ciento de los peces están en peligro de extinción. Para la Red Internacional de Ríos hasta el año 2003 se han construido 47 mil grandes represas en todo el mundo y más de 800 mil pequeñas represas. A nivel mundial, el 67 por ciento del agua es usado por la agricultura, sector que más desperdicia el líquido; y el 19 por ciento lo ocupa la industria altamente contaminante En el caso específico de la energía que producen las grandes represas, el 36 por ciento han sido construidas para la irrigación; el 20 por ciento para generar energía; el 17 por ciento para abastecimiento de agua; el 12 por ciento para controlar las inundaciones; el 9 por ciento para la recreación y el 6 por ciento para otros usos La Parota significará un grave deterioro ambiental con la deforestación además de acelerar la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco. Por ello los pobladores manifestaron que “defenderemos nuestras tierras porque es nuestro patrimonio y no lo entregaremos a la Comisión Federal de Electricidad” La CFE oculta información y evita la consulta con la población que será afectada y quienes aseguran que los estudios de impacto ambiental elaborados por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) parten de parámetros sesgados para hacer el estudio. Con la crisis del campo, con el crecimiento de la población, ¿a dónde irán más de 20 mil personas? ¿A los Estados Unidos? En ese sentido  la opinión internacional ha sido contundente de oposición a dicho proyecto, el Cecop presentó el caso en el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) el 17 de marzo de 2006. Éste falló a favor de la cancelación de la construcción del proyecto de La Parota, debido a que “el costo en materia social y ambiental es muy alto” por lo que exhortó a los gobiernos federales, estatales y municipales que reparen los daños por las violaciones a los derechos humanos El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Amerigó Incalcaterra, antes de su expulsión del país, después de haberse reunido con ambas partes del conflicto, también se pronunció ante el desacato del gobierno estatal y la CFE, por seguir con la construcción aún cuando el poder judicial ya había fallado en su contra También el relator sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, confirmó los abusos y violaciones contra campesinos. Lo mismo ha hecho el relator especial sobre una vivienda adecuada, centrando su preocupación en los derechos económicos, sociales y culturales violados. Y ambos dijeron al gobierno que era necesario suspender el proyecto Ante esto el Estado mexicano debiera cancelar dicho proyecto que va en contra de la determinación de los pueblos de defender sus recursos naturales, y  no ignorar la opinión internacional como la ignoro en el caso de San Salvador Atenco, dejando a nuestro país como un Estado Fallido en Materia de Derechos Humanos, es por ello que se lleva a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la CFE Luis Luege Tamargo, con base en la oposición de los pobladores de La Parota y las recomendaciones internacionales en contra de dicho proyecto, a dar por concluido el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a atender a una comisión opositora al proyecto La Parota, en el municipio de Acapulco, estado de Guerrero Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Su proposiciónse turna a la Tercera Comisión de Trabajo PRECIO DE ENERGETICOS Y PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al incremento en el precio de los energéticos y de los productos de la canasta básica. Proposición que se presenta como de urgente u obvia resolución El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, presidente. Así como se obsequió la urgente u obvia resolución para la condena de los hechos acontecidos en Tucson, Arizona, en detrimento de personas, legisladores, ciudadanos de aquel país, yo conmino a esta Comisión Permanente para que pueda reflexionarse en torno a esta propuesta, que solicito al presidente se plasme íntegra, y que he solicitado se considere de urgente u obvia resolución, porque se trata del aumento de los energéticos, del diesel, la gasolina, la energía eléctrica, los productos de la canasta básica y las tarifas de bienes y servicios ¿Qué es lo que propongo? En el documento que pido se integre al Diario de los Debates, analizo de manera puntual los incrementos que sufrieron el diesel y la gasolina en sus distintas modalidades, con el deslizamiento que a partir del 2009, diciembre, ocurrió mes con mes. Aumento o deslizamiento que ocurrió en detrimento de la economía popular y de la economía de los sectores transportistas agrícolas y de servicios Apenas el día 10, hace dos días, aquí en la Ciudad de México casi medio millón de transportistas pararon la ciudad en protesta por el aumento al diesel y al aumento a los energéticos Por eso, es importante que el Congreso diga un ya basta y pueda reunirse de manera urgente, en sus Cámaras respectivas, para frenar de manera enérgica el abuso que se está cometiendo contra millones de mexicanos que se están yendo a la quiebra por la falta de costeabilidad de sus empresas, transportes, tierras, ranchos, campos y que están generando un problema serio en la gobernabilidad y en la estabilidad política y social Por eso, estoy planteando en este punto de acuerdo, se exhorte al Ejecutivo a que cesen los aumentos en los precios, a que cese el aumento al diesel que retorne a sus originales precios, porque es truculento y perverso el argumento de que el diesel y la gasolina están subsidiados y de que es más barato en México que en cualquier país del mundo, es falso Lo demuestro con los documentos que he preparado, y que adjunto, para demostrarles que en el caso de la gasolina Premium es el mismo costo, en el caso del diesel, del gas y de la energía eléctrica, incluso los precios y las tarifas son más altos en México que en cualquier otro país del mundo Pero no se puede comparar, con simetrías absurdas, el salario mínimo de aquel país, que es de 8 dólares mínimo, con el de 56 pesos en nuestro país. Ellos tienen un poder adquisitivo superior. Por eso es que tenemos que hacer un análisis puntual, serio, y por eso estoy convocando a que se revise, se analice cómo podemos detener, frenar en el Poder Legislativo esta inmoderada alza de los precios de las tarifas y servicios y de la canasta básica Se está generando un problema severo en el país, percibo que la élite política no está actuando con sensibilidad. Percibo que la élite política en la que nos encontramos, llenos de privilegios, no estamos actuando en consecuencia y con sensibilidad.. El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor senador El senador Ricardo Monreal Ávila:Y percibo que puede generarse una espiral de violencia y provocarse una inestabilidad social y política. Por eso, mi propuesta concreta obedece a cuatro puntos Que esta soberanía exhorte al Ejecutivo federal para que congele la tarifa de combustibles, así como los productos que integran la canasta básica Que exhorte al Ejecutivo para que decrete un aumento salarial de emergencia, para compensar los incrementos de inicio del año Y que esta soberanía exhorte al Ejecutivo federal para que otorgue subsidio a pequeños y medianos productores agrícolas y de transporte Y, por último, que esta soberanía convoque urgentemente a un periodo extraordinario de Congreso General, para tratar el tema del aumento de los energéticos y de los productos de la canasta básica, así como de los servicios básicos Éstos son los cuatro puntos que estoy planteando. Ojalá obtenga su anuencia positiva. No fallen a los mexicanos «Proposición con punto de acuerdo, relativo al incremento del precio de los energéticos, de los productos de la canasta básica y de los servicios básicos, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, en torno al incremento del diesel y otros energéticos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos Al momento de estar redactando estas líneas los incrementos en los energéticos como la gasolina, el gas y el diesel, está aparejado con el alza en los precios de los bienes y servicios básicos que millones de mexicanos consumen a diario Justamente el 10 de enero de este naciente 2011, casi medio millón de transportistas bloquearon algunas de las principales arterias vehiculares de la Ciudad de México, lo que provocó un paro respiratorio vial en la capital del país, y otras zonas del país también corrieron con la misma suerte. Este acto de protesta no es más que la clara muestra del repudio social a la política energética seguida por el gobierno federal, incluso los transportistas enviaron unidades a la residencia oficial de Los Pinos, y a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes El asunto no es menor, pues no sólo se lesiona a los transportistas sino también a los pequeños y medianos empresarios y agricultores, quienes tienen que mover sus productos usando diesel. Anteriormente el costo por litro de este energético oscilaba los 6 pesos, actualmente ya alcanza casi los 10 pesos, sin considerar que cada mes aumentará su costo Esta embestida antipopular de incrementar los energéticos se inició en diciembre de 2009, cuando los círculos oficiales dijeron que ya no era viable el subsidio a éstos porque “la crisis ya había terminado” y si mantenían congelados los precios de los energéticos iría en contra de la regla del libre mercado del “dejar hacer dejar pasar” Han argumentado, además, que la gasolina en el país es mucho más barata que en Estados Unidos de América. Lo cual es un argumento tramposo y truculento, veamos por qué: De diciembre de 2009 a diciembre de 2010 se dieron 12 deslizamientos mensuales para la gasolina premium, la magna y el diesel. La gasolina premium pasó de 9.57 a 10.10 pesos por litro, la gasolina magna de 7.77 a 8.76 pesos por litro, mientras que el diesel de 8.16 a 9.12 pesos por litro.1 Con estos incrementos la relación de precios entre México y Estados Unidos en materia de gasolinas y diesel sería, con datos de diciembre de 2010, la siguiente: premium es la única que cuesta lo mismo en ambos países, en los otros dos productos hay diferencias que varían en función de los deslizamientos Pero el detalle está en que no se puede comparar de tajo las circunstancias entre ambos países. Baste decir que aquí el salario mínimo que puede percibir al día una persona es de entre 56 y 59 pesos, según el área geográfica. Mientras que en Estados Unidos de América el salario mínimo es de 7.25 dólares por hora, si se consideran 8 horas de trabajo al día, se trata de 59.2 dólares diarios Es decir, en México el trabajo es escaso, el salario mal pagado y además éste ha perdido poder adquisitivo. Mientras que en EUA el poder adquisitivo de un trabajador es mayor que el de un mexicano, teniendo más capacidad para adquirir los energéticos Hay quienes dicen que los aumentos son mínimos, sin embargo, hemos visto incrementarse de manera sustanciosa productos de la canasta básica, la luz y los combustibles. Todo ello en su conjunto es una dura carga que se dejará sentir con crudeza también en los hogares. Las amas de casa vivirán momentos angustiantes, ya que con el poco ingreso familiar no podrán hacer frente al aumento durante los próximos meses Haciendo un comparativo de los precios, a manera de ejemplificar las alzas, en el caso del diesel supongamos que tenemos un tanque de 50 galones (equivalente a 189.2 litros) y el precio de este energético en 2009 fue de 7.33 pesos por litro, por lo tanto se requería de mil 387.2 pesos para llenarlo, pero ahora en 2011 el precio del diesel es de 9.20 pesos por litro, por lo que para llenar el mismo tanque se requiere la cantidad de mil 740.64 pesos, una diferencia de casi 400 pesos Por lo anterior, proponemos la intervención del Congreso General ante las instancias competentes para lograr las siguientes medidas económicas de emergencia: 1. Congelamiento de la tarifa de combustibles, así como de los productos que integran la canasta básica; 2. Aumento salarial de emergencia para compensar los incrementos de inicio de año, más los que se registrarán a lo largo del 2011; 3. Que se otorgue un subsidio a pequeños y medianos productores agrícolas; 4. Que se convoque urgentemente a un periodo extraordinario del Congreso General para tratar el tema del aumento de los energéticos, de los productos de la canasta básica, así como en los servicios básicos Por otro lado, quisiera no dejar pasar otro tema que se está descuidando y, precisamente, está en función de los incrementos de los energéticos es el que tiene que ver con la refinería “bicentenario” de Tula, Hidalgo Se ha repetido hasta el cansancio que nuestra economía se encuentra petrolizada, que 1 de cada 3 pesos de las finanzas públicas proviene del petróleo. Este régimen fiscal arbitrario que se le impuso a la paraestatal no sólo ha privado a Pemex de recursos propios que bien le podrían servir para su modernización, sino que también nos ha llevado a ser cada vez más vulnerables a los embates de los volátiles precios del crudo a nivel internacional Felipe Calderón anunció con bombo y platillo la construcción de una refinería en Tula, Hidalgo, que incluso se le denominó en los círculos oficiales como “refinería bicentenario” porque se argumentó que estaría en el 2010 para conmemorar los 200 años de la Independencia y los 100 años de la Revolución Ahora nos enteramos que eso no fue más que una tomada de pelo y una farsa, pues los retrasos de la obra no se han hecho esperar y han estado a la orden del día; en el Cuarto Informe de Gobierno la administración federal decía que estaría lista en 2015 Sin embargo, a través de un informe de Pemex nos enteramos que la primera licitación para construirla se emitirá el primer trimestre de 2012, y entrará en operación en 2016, puesto que el proyecto está en la fase de planeación, en la que su prioridad reside en garantizar que los propósitos comerciales y de negocio de la nueva refinería se traduzcan, en el medio plazo, en rentabilidad. (Excélsior 11-enero- 2011) Si insistimos en el tema de la refinería es porque urge que el país sea autosuficiente en la producción de energéticos con mayor valor agregado, como la gasolina y el diesel, y no meramente un exportador de crudo Por ende el secretario de Energía y el director general de Pemex deben dar una explicación detallada del estado que guarda la construcción de la refinería bicentenario en Tula, Hidalgo, a su vez deben explicar con lujo de detalle el porqué de los retrasos de esta obra Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente y obvia resolución los siguientes Puntos de Acuerdo Primero.Que esta soberanía exhorte al Ejecutivo federal para que congele la tarifa de combustibles, así como de los productos que integran la canasta básica Segundo.Que esta soberanía exhorte al Ejecutivo federal para que decrete un aumento salarial de emergencia, para compensar los incrementos de inicio de año, más los que se registrarán a lo largo del 2011 Tercero.Que esta soberanía exhorte al Ejecutivo federal a que otorgue un subsidio a pequeños y medianos productores agrícolas Cuarto.Que esta soberanía convoque urgentemente a un periodo extraordinario de Congreso General, para tratar el tema del aumento a los energéticos y a los productos de la canasta básica, así como en los servicios básicos Nota: 1. Ver http://www.laexplosiva.com/principal/index.php/2011/01/estimacion-de-precios-de-gasolinas-y-diesel-en-mexico-para-2011/ Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero del 2011.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera el punto como de urgente resolución La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, mayoría por la negativa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No son las dos terceras partes para conceder la urgente resolución, por lo tanto,se turna a la Tercera Comisión ESTADO DE GUERRERO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Cleominio Zoreda para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal, destine los recursos necesarios para llevar a cabo un programa emergente para el saneamiento de la bahía de Acapulco, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, Acapulco es una de las playas más cercanas a la capital del país, lo que la convierte en uno de los atractivos turísticos más importantes de México Es innegable que en los últimos años la bahía de Acapulco es visitada por cantidades exorbitantes de turistas, tanto nacionales como internacionales. Este importante destino turístico cuenta con innumerables hoteles ubicados a las orillas de la bahía, generando contaminación El lanzamiento de aguas residuales o negras a la bahía de Acapulco representa  un gran riesgo para la salud y la industria turística del país por mermar la calidad de las mismas, generando además descontento entre turistas y residentes Es de suma importancia darle una verdadera sustentabilidad a la actividad turística del puerto de Acapulco, pues de esta actividad depende la mayoría de la sociedad acapulqueña y de seguir así acabaremos con tan importante recurso, del que dependen tantas y tantas familias La experiencia de los países desarrollados nos habla del gran esfuerzo económico que se requiere para lograr preservar la calidad del agua que utilizamos. El reto es mayor para nosotros, enfrentados al dilema del desarrollo y de la preservación del medio ambiente con escasos recursos. La situación no es difícil de entender. Las soluciones sí Nos enfrentamos a una situación con recursos económicos limitados y con restricciones técnicas, sociales y políticas. Es una situación muy conocida y estudiada por la investigación y sabemos que la solución consiste en infraestructura óptima para hacerle frente a este problema Así pues, resultan necesarios recursos federales para la puesta en marcha de un programa emergente para el saneamiento de la bahía de Acapulco, así como una detención oportuna para evitar las descargas clandestinas de residuos hacia la bahía Otro de los problemas, derivado del creciente flujo de turistas sobre todo nacionales así como del constante crecimiento poblacional de la ciudad de Acapulco, es el intenso tránsito que residentes y turistas generan. Este problema si bien ha sido atendido por autoridades locales, también necesita de la oportuna intervención del gobierno federal. Cada periodo vacacional, ya sea corto o largo, miles de turistas provenientes de diferentes estados de la república, y en especial del Distrito Federal, abarrotan las calles de la ciudad con sus automóviles, haciendo imposible un eficiente flujo vial Además, haciendo que los traslados a los diferentes atractivos turísticos de Acapulco sean largos y fastidiosos, tanto para los automovilistas residentes como también para los turistas. Esto no sólo genera tedio y fastidio entre los usuarios de las vialidades, sino que también se traduce en una deficiencia para los servicios de salud y de seguridad, puesto que dificulta el tránsito para unidades como ambulancias, seguridad pública estatal y municipal, protección civil, etcétera, servicios que son aún más necesarios durante la temporada alta El Maxitúnel de Acapulco fue inaugurado en 1996, siendo el más largo de América Latina. Su trayecto es desde la glorieta de Las Cruces a Farallón y calle Rancho Acapulco, con una longitud de 2.95 metros y cuenta con la más alta tecnología El túnel interurbano tiene una longitud de 2 mil 953 metros por una altura de 9.60 metros y un ancho de 13.60 metros, conecta con la autopista del Sol, reduciendo el tiempo de viaje entre Acapulco y la Ciudad de México por 25 minutos El túnel libera y desfoga el acceso al puerto de Acapulco y con esta obra se busca relanzar al puerto, regresándolo al estatus de ser uno de los destinos turísticos nacionales e internacionales más importantes del país. Además este túnel puede liberar el tráfico que en horas pico altera la vida del puerto, causando accidentes fatales e inhibiendo la vida turística Dada la importancia y magnitud de esta obra, y que el costo excede las capacidades del municipio, resulta necesaria la participación del gobierno federal, mediante la liberación de los recursos necesarios que permitan la ampliación del túnel, no sólo por los beneficios de los residentes, sino también el beneficio que traerá a la industria turística de la ciudad. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a destinar los recursos necesarios para llevar a cabo un programa urgente de saneamiento de la bahía de Acapulco y apoyar la ampliación del maxitúnel de la Autopista del Sol, a cargo del senador Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María del Socoro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes Exposición de Motivos Acapulco es una de las playas más cercanas a la capital del país, lo que la convierte en uno de los atractivos turísticos más importantes de México. Es innegable que en los últimos años la bahía de Acapulco es visitada por cantidades exorbitantes de turistas, tanto nacionales como internacionales. Este importante destino turístico cuenta con innumerables hoteles ubicados a las orillas de la bahía, generando contaminación. El lanzamiento de aguas residuales o negras a la bahía de Acapulco representa un grave riesgo para la salud y la industria turística del país, por mermar la calidad de las mismas generando descontento entre turistas y residentes Es de suma importancia darle una verdadera sustentabilidad a la actividad turística del puerto de Acapulco, pues de esta actividad depende la mayoría de la sociedad acapulqueña y de seguir así, acabaremos con tan importante recurso del que dependen tantas familias La experiencia de los países desarrollados nos habla del gran esfuerzo económico que se requiere para lograr preservar la calidad del agua que utilizamos. El reto es mayor para nosotros, enfrentados al dilema del desarrollo y de la preservación del medio ambiente con escasos recursos. La situación no es difícil de entender; las soluciones, sí. Nos enfrentamos a una situación con recursos económicos limitados y con restricciones técnicas, sociales y políticas. Es una situación muy conocida y estudiada por la investigación y sabemos que la solución consiste en infraestructura óptima para hacerle frente a este problema Así pues, resultan necesarios recursos federales para la puesta en marcha de un programa emergente para el saneamiento de la bahía de Acapulco y así como una detección oportuna para evitar las descargas clandestinas de residuos hacia la bahía Otro de los problemas derivados del creciente flujo de turistas, sobre todo nacionales, así como del constante crecimiento poblacional de la ciudad de Acapulco, es el intenso tránsito que residentes y turistas generan. Este problema si bien ha sido atendido por autoridades locales, también necesita de la oportuna intervención del gobierno federal Cada periodo vacacional, ya sea corto o largo, miles de turistas provenientes de diferentes estados de la república y en especial del Distrito Federal, abarrotan las calles de la ciudad con sus automóviles haciendo imposible un eficiente flujo vial, haciendo que los traslados a los diferentes atractivos turísticos sean largos y fastidiosos, tanto para los automovilistas residentes, como para los turistas. Esto no sólo genera tedio y fastidio entre los usuarios de las vialidades, sino que también se traduce en una deficiencia clara para los servicios de salud y de seguridad, puesto que dificulta el tránsito para unidades como ambulancias, seguridad pública estatal y municipal, protección civil, etcétera. Servicios que son aún más necesarios durante la temporada alta El Maxitunel de Acapulco fue inaugurado en 1996 siendo el más largo de América Latina. Su trayecto es desde la glorieta de las Cruces a Farallón y calle Rancho Acapulco. El túnel interurbano tiene una longitud de 2953 metros por una altura de 09,60 metros y un ancho de 13,60 metros. Conecta con la autopista del Sol, reduciendo el tiempo de viaje entre Acapulco y la Ciudad de México 25 minutos El túnel libera y desfoga el acceso al puerto de Acapulco. Con esta obra se busca relanzar al puerto, regresándolo al estatus de ser uno de los destinos turísticos nacionales e internacionales más importantes del país. Además, este túnel puede liberar el tráfico, que en horas pico altera la vida del puerto, causa accidentes fatales e inhibe la vida turística Dada la importancia y magnitud de esta obra y que el costo excede las capacidades del municipio, resulta necesario la participación del gobierno federal, mediante la liberación de los recursos necesarios que permitan la ampliación del túnel, no sólo por los beneficios a los residentes, sino también el beneficio que traerá a la industria turística de la ciudad Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado de urgente resolución los siguientes Acuerdos Primero. Se exhorta al gobierno federal a destinar los recursos necesarios para llevar a cabo un programa de saneamiento de la bahía de Acapulco y así evitar que aguas residuales sean lanzadas a la bahía sin el tratamiento adecuado, así como para detectar de manera oportuna descargas clandestinas de las mismas Segundo. Se exhorta al gobierno federal a destinar recursos económicos para apoyar la ampliación del Maxi Túnel de la Autopista del Sol, para mejorar la circulación hacia y desde el centro, aumentando la afluencia de turistas y mejorando la calidad vial del puerto de Acapulco Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.— Senadores: Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador. Su proposiciónse turna a la Tercera Comisión de Trabajo MIGRANTES El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Paz Gutiérrez Cortina, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades estatales a coordinarse con los esfuerzos que ya emprende la autoridad federal para proteger a los migrantes que se trasladan a lo largo y ancho de la república mexicana La diputada Paz Gutiérrez ha informado que cuenta con el apoyo de los vicecoordinadores de los grupos parlamentarios, para que esta proposición sea tratada como de urgente resolución La diputada Paz Gutiérrez Cortina:Muchas gracias, presidente. Estimados diputados, senadores, integrantes de esta Comisión Permanente. En el tenor de lo mismo que hemos venido discutiendo en estos últimos puntos, es decir, de la indignación y el repudio que existe por parte de todos nosotros a los abominables abusos que se perpetran en contra de los migrantes que transitan por el territorio nacional, quisiera hacer esta proposición como de urgente y obvia resolución, porque ya son muchos los exhortos hechos al Estado mexicano por parte incluso de derechos humanos, de Amnistía Internacional, en el sentido de que hay que hacer un esfuerzo extraordinario por coordinar esfuerzos, de manera que las acciones que se implementen por el gobierno federal y por los gobiernos estatales y municipales sean efectivas, y de veras redunden en beneficio y en la defensa de los derechos humanos de estas personas a las cuales se les violan continuamente Recientemente Amnistía Internacional presentó un informe titulado Víctimas invisibles, migrantes y movimiento en México, en el cual destacaban la necesidad de hacer acciones concretas tanto dirigidas —como les decía— al gobierno federal como a los gobiernos estatales, para que realmente no sea el discurso lo que prevalezca en esta preocupación, sino que se llegue realmente a dar solución y a defender la dignidad humana de estas personas y sus derechos Sabemos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, ha efectuado y emprendido una serie de acciones dirigidas a mejorar los procedimientos y los esquemas de protección de los migrantes, a raíz de estas penosas situaciones Esto demuestra, sin duda, un compromiso de parte de nuestro gobierno. Sin embargo no hay suficiente coordinación con los 31 estados de la república y el Distrito Federal, y muchas veces en estos estados hay nula o pocas políticas destinadas a proteger estos derechos de los migrantes que transitan por nuestro país, en su paso hacia Norteamérica, en busca de una manera más digna de vivir, cosa perfectamente justificable y defendible Frecuentemente estas policías municipales y estatales no solamente no garantizan el paso seguro de estos migrantes, sino que además en algunos casos forman parte, una parte real de extorsión y de la delincuencia en contra de estas personas, violando sus derechos De forma paralela a lo anterior, hemos visto cómo diferentes sectores de la sociedad civil, diferentes organizaciones sociales se han organizado con la finalidad de llamar la atención a las autoridades sobre estos intolerables abusos. Incluso algunas de estas agrupaciones han procedido a tomar cartas en el asunto, como lo que hemos visto recientemente en los medios con esta caravana Paso a Paso por la Paz, encabezada por el padre Solalinde, para evidenciar al mundo entero, y a nosotros en primer lugar, los abusos de los que son víctimas todas estas personas, efectuando junto con ellos esta penosa caravana y arrastrando tras de sí a la opinión pública a través de todos estos medios de comunicación Ante esta cadena de acontecimientos, los miembros de la sociedad civil, y muchas organizaciones no gubernamentales que han levantado la voz, nos han pedido que se actúe en forma inmediata para proteger no solamente a los migrantes sino también a todas aquellas personas que levantan la voz a su favor, de manera que no vayan a ser también sujetos a estos mismos ataques, como lo que vimos que sucedió en los Estados Unidos Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución Se exhorta a las autoridades estatales a coordinar los esfuerzos que ya emprende la autoridad federal con las autoridades municipales y con los esfuerzos que realizan las organizaciones no gubernamentales En tenor de lo anterior, se está proponiendo muy concretamente la creación de una red de atención al migrante, que será dada a conocer a través de los distintos medios de comunicación masiva, que contará con un 01800 y una página de Internet, de tal manera que cualquier persona que observe una violación a estos derechos, que vea una cosa rara —como lo decía el padre Solalinde últimamente en entrevista—, sea capaz de tomar el teléfono y de informar inmediatamente y las autoridades puedan actuar Creo que de esta manera estamos facilitando a las autoridades para que cumplan con su obligación, estamos motivando que la sociedad civil sea más solidaria y compasiva en esta cuestión. Muchas gracias, señor presidente «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales a coordinarse con los esfuerzos de las federales para proteger a los migrantes que se trasladan por la república, a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía propuesta con punto de acuerdo basándose en las siguientes Consideraciones 1. Que en los últimos meses ha recibido amplia difusión en los medios, tanto a nivel nacional como internacional, el tema relacionado con los inaceptables abusos e injusticias de que han sido víctimas los migrantes que atraviesan nuestro país 2. En el marco de esta lamentable atención mediática, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, remarcó, en la coyuntura del Día Internacional de los Migrantes, los abusos a los que se enfrentan los cientos de miles de migrantes que cada año atraviesan el país.  En sus declaraciones destaca que todavía deben emprenderse acciones determinantes para garantizar un adecuado nivel de protección a los migrantes Amnistía Internacional presentó un informe titulado Víctimas invisibles: Migrantes en movimiento en México, publicado por esa organización el pasado abril. Dicho informe destacó la necesidad de dirigir acciones concretas para garantizar la implementación efectiva de medidas que tiendan a combatir todo tipo de vejaciones, ya sean estas cometidas por grupos de la delincuencia organizada o por los propios funcionarios públicos. Finalmente, el informe recomendó que se recolecten y publiquen todos los datos que sirvan para tener conocimiento sobre los abusos cometidos y las acciones realizadas para impedirlos o castigarlos 3. Que el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración ha emprendido una serie de acciones dirigidas a mejorar los procedimientos y esquemas de protección a migrantes a raíz de esta penosa situación, que demuestran su compromiso con la protección de los derechos humanos y la integridad de la persona humana 4. Que los gobiernos de los 31 estados de la república y el Distrito Federal tienen pocas o nulas políticas encaminadas a proteger los derechos humanos a los migrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos de América en su paso por dichas demarcaciones 5. Que las policías municipales y estatales no sólo no garantizan el paso seguro de estos migrantes, sino que en algunos casos incluso son parte de la red de extorsión y plagio de esas personas 6. Que de forma paralela a lo anterior, diversos sectores de la sociedad civil se han organizado ya de distintas formas con la finalidad de llamar la atención de las autoridades sobre estos intolerables abusos, e incluso algunas de estas agrupaciones han procedido a tomar cartas en el asunto de motu proprio, y han solicitado el apoyo y protección de las autoridades para poder tratar de evitar que los migrantes sigan siendo vejados y maltratados por los distintos grupos de poder fácticos 7. En lo particular, han sido denunciados ciertos acontecimientos acaecidos el día 16 de diciembre en la comunidad de Chahuites, en el estado de Oaxaca. Desafortunadamente, como única respuesta, los denunciantes han encontrado, en la escala local, una cascada de amenazas por parte de grupos de delincuentes que han participado en las acciones criminales que han afectado a los migrantes 8. Ante esta cadena de acontecimientos, los miembros de la sociedad civil que han levantado la voz han pedido se actúe de forma inmediata para proteger ya no sólo a los migrantes, sino también a todos aquellos que se han organizado para ayudarlos Por todo lo expuesto, la suscrita somete a consideración de esta soberanía, a fin de que se atienda urgente e inmediatamente, la siguiente propuesta con Punto de Acuerdo Único.Se exhorta a las autoridades estatales a coordinarse con los esfuerzos que ya emprende la autoridad federal para proteger a los migrantes, articulando los distintos servicios y programas de apoyo, a fin de que éstos, o cualquier persona que se entere de abusos cometidos en contra de aquéllos, puedan acceder a las herramientas indispensables para su protección, en función de las distintas necesidades que requieran los agraviados, a través de la sistematización de la información correspondiente En tenor de lo anterior, se creará una Red de Atención al Migrante que será dada a conocer a través de los principales medios masivos de comunicación y que contará con una página de Internet, así como un número 01-800 de atención telefónica que permita el fácil acceso a las protecciones y garantías que se pondrá a disposición de los migrantes víctimas de abusos Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2011.— Diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de considerarse de urgente resolución El secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias secretario. En virtud de que no se han registrado oradores, tome usted el sentido de la votación de la asamblea El secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la propuesta. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarl Señor presidente, mayoría por la afirmativa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Aprobado. Comuníquese ESTADO DE GUERRERO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la senadora María del Socorro García Quiroz para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que, en apoyo a la policía estatal y municipal de Guerrero, libere los recursos extraordinarios necesarios para aumentar sus prestaciones y sueldos La senadora María del Socorro García Quiroz:Con su permiso, presidente. Honorable asamblea, como ya lo manifestó la diputada que me precedió, en efecto la inseguridad sigue teniendo un alza importante y éste no es un hecho que se vea disminuir en el estado de Guerrero pues se encuentra en una situación crítica y de emergencia La violencia en este estado es incontenible. Las ejecuciones por ajustes de cuentas del crimen organizado están a la orden del día. Tan sólo durante el fin de semana pasado se contabilizaron 29 homicidios relacionados con el crimen organizado en la entidad La relación de crímenes y ataques violentos es larga y no se ven las acciones tomadas por los gobiernos municipales o que se vean reforzadas de manera efectiva por el gobierno federal, y por ende, que se recupere la tranquilidad y la seguridad en el estado, que es el objetivo que se ve cada vez más lejos de alcanzar En el Índice de inseguridad ciudadana y violencia, de 2010, publicado por México Evalúa, se calificó a los estados en los que existe intensa violencia vinculada con la presencia del crimen organizado, y la consiguiente percepción de inseguridad. Guerrero se ubica en el octavo sitio entre las entidades más inseguras y violentas del país Actualmente, uno de los factores de mayor incidencia es la cantidad de homicidios intencionales. Hace más de un lustro que la violencia rural, afortunadamente en descenso, asociada con al menos uno de cada cinco homicidios intencionales en el país, el mayor número de homicidios per cápita lo tenían en el 2000, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Estos números han sido eclipsados por la violencia de la delincuencia organizada Ante esta escalada de violencia que vive Guerrero, el gran esfuerzo realizado por las autoridades de los 81 municipios del estado se ha visto superada por el crimen organizado. Lamentablemente el gobierno federal no ha brindado un apoyo efectivo para revertir esta situación. La inseguridad es un problema que envenena a la sociedad mexicana, y la de Guerrero no es la excepción Es bien sabido que el titular del Ejecutivo federal al rendir protesta manifestó que la lucha frontal contra el crimen organizado sería su lema y su plataforma política, sin embargo y a pesar de que hemos sido testigos de la implementación de planes, acciones y estrategias en todos los niveles de gobierno, la ola de violencia causada por el crimen organizado, lejos de aminorar o desaparecer, se ha ido incrementado de manera alarmante Es por esto que resulta imperativo exhortar al gobierno federal a que, en solidaridad con los guerrerenses, brinde el apoyo efectivo que se requiere para hacer frente a la inseguridad que se vive en esta entidad federativa, a través de la liberación de recursos extraordinarios, a fin de apoyar a la policía estatal y a las municipales, mejorando el sueldo de estos hombres que arriesgan su vida para proteger al ciudadano, además de otorgarles mejores herramientas para realizar su importante labor Por estas razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, en apoyo a las policías estatal y municipales del estado de Guerrero, liberen los recursos extraordinarios necesarios para aumentar sustancialmente las prestaciones y sueldos de los policías, y además modernizar el equipamiento con el que cuentan y capacitarlos adecuadamente para que puedan hacer frente al crimen organizado. Es cuanto, presidente «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a liberar, en apoyo de las policías estatal y municipales de Guerrero, los recursos extraordinarios requeridos a fin de aumentar sustancialmente las prestaciones y los sueldos del personal, modernizar el equipamiento con que cuenta y capacitarlo adecuadamente para que pueda enfrentar el crimen organizado, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz y suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI Los que suscriben, Fernando Castro Trenti, María del Socoro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten al pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes Consideraciones La inseguridad en el estado de Guerrero es crítica y se encuentra en una situación de emergencia. La violencia es incontenible, las ejecuciones por ajustes de cuentas del crimen organizado están a la orden del día. Tan sólo durante el fin de semana pasado se contabilizan 29 homicidios relacionados con el crimen organizado en la entidad Los delincuentes sin hacer distingo alguno, lo mismo ejecutan a policías municipales que estatales, a jefes policíacos, funcionarios públicos y civiles La mayoría de los ataques y crímenes se dan en contra de policías de todos los rangos y resulta preocupante que se registren atentados con granadas de fragmentación en contra de módulos de la policía estatal La relación de crímenes y ataques violentos es larga y no se ve que las acciones tomadas por los gobiernos municipales se vean reforzadas de manera efectiva por el gobierno federal y, por ende, que se recuperen la tranquilidad y la seguridad en el estado es un objetivo que se ve cada vez más lejos de alcanzar En el índice de inseguridad ciudadana y violencia 2010 publicado por México Evalúa se clasificó a los estados en los que existe intensa violencia vinculada con la presencia del crimen organizado, y la consiguiente percepción de inseguridad; Guerrero se sitúa en el octavo sitio entre las entidades más inseguras y violentas del país En Guerrero, los homicidios se incrementaron 50 por ciento en un lapso de doce meses, llegando a 45 por cada 100 mil habitantes. Lamentablemente, parece que las tendencias de la violencia en 2010 superaran sus alarmantes precedentes y desafiarán nuestra capacidad de asombro De acuerdo con datos del citado índice, durante 2010, en Guerrero hubo 4 mil 100 víctimas por cada 100 mil habitantes; 25.25 homicidios intencionales (sin ejecuciones) por cada 100 mil habitantes; 20.32 ejecuciones por cada 100 mil habitantes; y 2 mil 112 delitos a mano armada por cada 100 mil habitantes Actualmente, uno de los factores de mayor incidencia en la cantidad de homicidios intencionales es la presencia del crimen organizado. Hace más de un lustro que la violencia rural (afortunadamente en descenso) asociada con al menos uno de cada cinco homicidios intencionales en el país (el mayor número de homicidios per cápita lo tenían en 2000 Oaxaca, Guerrero y Chiapas), ha sido eclipsada por la violencia de la delincuencia organizada Ante esta escalada de la violencia que se vive en Guerrero, el gran esfuerzo realizado por autoridades de los 81 municipios del estado se han visto superadas por el crimen organizado y, lamentablemente, el gobierno federal no ha brindado un apoyo efectivo para revertir esta situación El trabajo hecho por los 81 ediles, apoyados mayormente por la heroica intervención ejército mexicano, se ve eclipsado por la falta de capacidad para continuar con las mediadas requeridas para enfrentar y prevenir la criminalidad que se vive en el estado La inseguridad es un problema que envenena a la sociedad mexicana y la de Guerrero no es la excepción Es bien sabido que desde que el titular del Ejecutivo federal rindió protesta, la lucha frontal contra el crimen organizado ha sido su lema y plataforma política, sin embargo, y a pesar de que hemos sido testigos de la implantación de planes, acciones y estrategias en todos los niveles de gobierno, la ola de violencia causada por el crimen organizado, lejos de aminorar o desaparecer, se ha ido acrecentando de manera alarmante Es por esto que resulta imperativo exhortar al gobierno federal a que, en solidaridad con los guerrerenses, brinde el apoyo efectivo que se requiere para hacer frente a la inseguridad que se vive en esta entidad federativa, a través de la liberación de recursos extraordinarios a fin de apoyar a la policía estatal y a las municipales, mejorando el sueldo de estos hombres que arriesgan su vida para proteger al ciudadano común, además de otorgarles mejores herramientas para realizar su importante labor Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, en apoyo a las policías estatal y municipales del estado de Guerrero, libere los recursos extraordinarios necesarios para aumentar sustancialmente las prestaciones y sueldos de los policías, modernizar el equipamiento con el que cuentan y capacitarlos adecuadamente para que puedan hacer frente al crimen organizado Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2011.— Senadores: Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, senadora. Su proposiciónse turna a la Tercera Comisión de Trabajo AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente turno es para el senador Adolfo Toledo Infanzón, que en un acto de extraordinaria generosidad ha decidido turnarla directamente a la comisión, su proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa se implementen políticas públicas destinadas a evitar los estragos que pueda provocar en la población más vulnerable el incremento de precios de los alimentos en el mundo El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Sagarpa políticas destinadas a evitar los estragos que pueda provocar en la población más vulnerable el incremento de precios de los alimentos en el mundo y desarrollar la autosuficiencia alimentaria, a cargo del senador Alfonso Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI El suscrito Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración urgente del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, sustentado en las siguientes Consideraciones Las perspectivas en la producción de alimentos en el mundo a corto plazo no son halagüeñas; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, señala en el documento denominado Perspectivas Alimentarias, Análisis de los mercados mundiales de noviembre del 2010, que con respecto a los cereales 1. Los fenómenos meteorológicos influyeron negativamente en las perspectivas para el suministro mundial de cereales en los primeros meses (julio-octubre) de la campaña comercial 2010/11 2. La producción mundial de cereales de este año, cifrada actualmente en 2 216 millones de toneladas, es 2 por ciento inferior al volumen del año anterior 3. La mayor parte de la revisión a la baja involucra el trigo y los cereales secundarios, debido a las mermas registradas en la producción de los principales países productores de granos de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y a los rendimientos decepcionantes obtenidos en la UE, el Canadá y los Estados Unidos 4. También contribuyeron a generar ansiedad en los mercados mundiales algunas medidas políticas, como las restricciones a la exportación, que algunos países adoptaron en respuesta al ajuste de los números relativos a la producción Ante esto, los precios internacionales aumentaron rápidamente. Como señala el documento, rara vez los mercados mundiales tienen cambios tan repentinos a corto plazo Esto ha sido motivo de preocupación para la organización que ha convocado a reuniones urgentes para valorar la situación. Como punto de comparación, y utilizando las estadísticas de la propia organización, en diciembre del 2009, el promedio del índice de precios de los cereales, (los cuales contienen 9 variedades diferentes, arroz y maíz de exportación) era de 171.1 dólares por tonelada, en diciembre del 2010 es de 237.6 Algunos países están desarrollando iniciativas para hacer frente a la crisis alimentaria. Los países del Golfo Pérsico, que son grandes productores del petróleo, han empezado a arrendar y comprar tierras de cultivo en otros países para asegurar sus suministros Nuestro país es deficitario en la producción de cereales, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2009 al 2010 la importación de cereales se incrementó en 6.7 por ciento, de 2 563 030 miles de dólares a 2 735 944 Aunque el gobierno federal festina en el cuarto informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que en el primer semestre del año, la dependencia alimentaria del extranjero se redujo en 4.9 por ciento con respecto a la observada en el mismo periodo de 2009 y se espera que la meta para el 2010, ubicaría el índice en 8 por ciento, lo cual de acuerdo a los datos del Inegi no sólo no sucedió, sino se incremento la dependencia al exterior La estrategia del gobierno de fomentar exportaciones de productos agrícolas caros e importarlos baratos es fallida, porque nuestro país se hizo más vulnerable a la volatilidad de los precios en los mercados mundiales. Se importa 76 por ciento de arroz; 96 de soya, 30 de trigo y 32 por ciento de maíz amarillo Es preocupante por qué no se ha analizado con seriedad la problemática mundial y cómo va a afectar a nuestro país, que es importador neto de cereales El fomento del autoconsumo es una solución para millones de habitantes vulnerables al incremento indiscriminado de los precios de los alimentos; por ejemplo 45 por ciento de la producción nacional de maíz lo aportaron los campesinos que tienen hasta cinco hectáreas y que están en el rango del autoconsumo Además, debemos considerar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) tuvo un subejercicio del presupuesto de 2010, de cerca de 30 mil millones de pesos, los cuales se pueden destinar para aminorar los efectos del incremento de precios Es tiempo para actuar, el peligro es real y las organizaciones internacionales han empezado a implementar políticas. La crisis alimentaria actual puede afectar a millones de habitantes que están en condiciones precarias. Por este conducto propongo el presente punto de acuerdo, para que la Sagarpa implemente políticas para hacer frente a la crisis alimentaria En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se implementen políticas públicas destinadas a evitar los estragos que puedan provocar en la población más vulnerable el incremento de precios de los alimentos en el mundo y se desarrolle la autosuficiencia alimentaria Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero del 2011.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Su propuesta se turna a la Tercera Comisión de Trabajo Esta Presidencia recibió de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados De conformidad con lo que establece el artículo 21 para la fracción del Gobierno Interior aceptamos la declinación que hace la diputada Florentina Rosario Morales. Señor secretario, proceda usted ORDEN DEL DIA El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión «Primer Receso.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura Orden del día Miércoles 19 de enero de 2011 Lectura del acta de la sesión anterior Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.» CLAUSURA Y CITATORIO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 15:14 horas): Se levanta la sesión y se cita a la próxima, que tendrá lugar el miércoles 19 de enero de 2011, a las 11 horas ————— O —————