SUMARIO

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LEY ORGANICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: También se recibió iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 7o., de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, suscrita por las diputadas María de Lourdes Reynoso Femat y Rosa Adriana Díaz Lizama.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, suscrita por las diputadas María de Lourdes Reynoso Femat y Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN

María de Lourdes Reynoso Femat y Rosa Adriana Díaz Lizama, diputadas de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para Adicionar una Fracción XII, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El acceso a los servicios financieros de todas las personas, está relacionado con el concepto de inclusión financiera, el cual, desde una visión más aceptada, implica la penetración y el ofrecimiento de servicios de calidad a todos los segmentos de la población.

Lo anterior, significa que con el acceso a los servicios financieros, las familias y las empresas en sus distintas dimensiones pueden movilizar ahorros, recibir créditos, administrar riesgos y participar en los sistemas de pagos. Lo anterior, no es un tema menor ya que existe un consenso internacional respecto a que la inclusión financiera conlleva a una serie de beneficios sociales que incluso, contribuye a generar impactos positivos en la disminución de la pobreza.

La inclusión financiera, en este sentido, es el primer paso para generar información y construir indicadores a fin de conocer con precisión quienes tienen acceso y a qué tipo de servicios, sólo así, se podrá conocer cuáles son los costos y las razones del porqué, algunos segmentos sociales no tienen acceso a dichos servicios; además, a partir de esta información, se podrá plantear en su momento un acceso universal a dichos servicios a fin de beneficiar al total de la población en el país.

Por otro lado, será posible entender cuáles son las razones perniciosas por las que no es posible que las personas y las empresas accedan a dichos servicios y así puedan ser corregidas a tiempo a fin de garantizar dicha accesibilidad; en consecuencia, se podrá facilitar la toma de decisiones respecto a los servicios requeridos por los sectores sociales excluidos y así, incorporarlos.

La generación de cifras, su recopilación y la construcción de indicadores, permitirá comprender el uso que las familias y las empresas hacen de los servicios actualmente existentes y así, en caso de ser necesario, generar nuevos productos que permitan la adecuada aplicación de la inclusión financiera.

Sin embargo, el mero acceso a los servicios y productos financieros, no garantiza el uso de éstos, pero es importante que las personas y las empresas decidan de manera voluntaria excluirse de dichos servicios y productos, pero no por falta de información o de oportunidades si no por una decisión debidamente informada, lo que permitirá en su momento, establecer nuevos y mejores productos a los que deberá incorporarse una alta calidad a fin de dotar a la población de sucursales cerca de sus localidades o zonas habitacionales.

En éste sentido, actualmente, la Ley de Instituciones de Crédito, faculta a la banca múltiple para que realice operaciones a través de terceros y comisionistas (artículo 46 Bis 1) con la finalidad de posibilitar que un mayor número de personas tenga acceso a los servicios financieros.

Por lo anterior, en la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), se establece que ésta, es una institución de banca de desarrollo por lo que también debe poder realizar operaciones a través de terceros y comisionistas, pues es una institución que se enfoca preponderantemente al sector de ahorro y crédito popular, siendo el instrumento clave para permitir la universalización de los servicios financieros.

En este sentido, la presente reforma, permitirá que Bansefi, extienda sus servicios en todo el país; en especial, en aquellas zonas en donde la banca comercial no brinda servicios, pudiendo ser suplida dicha deficiencia por terceros de forma directa o a través de comisionistas.

Este hecho, es relevante si consideramos que, de acuerdo a la Condusef, en el 2006, casi 14 millones de mexicanos no contaban con la posibilidad física de acceder a los servicios financieros. Asimismo, es importante considerar que en ese año, sólo 719 municipios de los 2 mil 400 existentes, eran atendidos por la banca múltiple.

Así, a la luz de los argumentos anteriores, se considera conveniente, facultar a Bansefi, para que realice operaciones a través de terceros o comisionistas, y genere datos, recopile cifras y construya indicadores a través de los organismos competentes, a fin de permitir que un mayor número de personas, en especial el segmento popular, cuente con servicios financieros de alto nivel y de calidad acorde a su perfil.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual, se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para adicionar una fracción XII

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XII, al artículo 7 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional para quedar como sigue:

Capítulo IIObjetivos y operaciones

Artículo 7. La institución, con el fin de fomentar el desa-rrollo integral del sector y promover su eficiencia y competitividad, en el ejercicio de su objeto estará facultada para:

I. a XI. ...

XII. Pactar con terceros, incluyendo a otras instituciones de crédito o entidades financieras, la prestación de servicios necesarios para su operación, en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito.

La institución deberá contar con la infraestructura necesaria para la adecuada prestación de servicios y realización de operaciones, en las distintas regiones del país y en su caso, en el extranjero.

La institución recopilará información y cifras que permitan a las unidades competentes generar estadísticas y construir indicadores a fin de universalizar el acceso a los servicios financieros a las familias y las empresas de acuerdo a su perfil.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputada María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77  de la Ley General de Salud, suscrita por las diputadas María de Lourdes Reynoso Femat y Rosa Adriana Díaz Lizama.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, suscrita por las diputadas María de Lourdes Reynoso Femat y Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas María de Lourdes Reynoso Femat, y Rosa Adriana Díaz Lizama de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presentan ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los niños y las niñas en cualquiera de las etapas de su vida son altamente vulnerables debido a su dependencia de los adultos.

Por ello, nuestra legislación debe ser actualizada permanentemente para garantizar sus derechos y así mantener su esfera jurídica protegida, de tal manera que no existan razones bajo las cuales sus derechos humanos puedan ser afectados; esencialmente cuando por alguna razón durante la infancia se padece alguna una enfermedad y más aún, cuando exista una enfermedad mental debidamente diagnosticada.

En este sentido, los tratados internacionales ratificados por nuestro país son una referencia obligada para perfeccionar nuestra legislación en todo aquello que proteja en mayor medida a las personas, en este caso, la transposición en nuestra legislación de aquellos que amplían y propician la progresividad de los derechos de la niñez.

Entre los principales instrumentos, se encuentran

• La Declaración de los Derechos del Niño, conocida como Declaración de Ginebra y adoptada por la Liga de Naciones en 1924.

• La Declaración de Ginebra, revisada y ampliada en 1948;

• La Declaración de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, adoptada unánimemente por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1959 y;

• La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de la ONU, que fue aceptada unánimemente por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989.

En sus 54 artículos se definen los derechos, los principios universales y las normas para garantizar a la infancia una vida plena; a la luz de lo anterior, estamos ante el único tratado internacional de derechos humanos que abarca todo el espectro de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Incluye los derechos económicos y sociales, con el reconocimiento de que estos han de ser alcanzados progresivamente y dependen de los recursos de los que dispone el estado.

Es importante destacar que la CDN, ofrece los más altos niveles de protección y asistencia a menores en comparación con cualquier otro instrumento internacional. Lo anterior significa que sus niveles de protección van más allá de los habitual en materia de salud, educación y bienestar; además se definen aquellos derechos que se refieren a la personalidad individual del niño, su libertad de expresión, religión, asociación y asamblea, así como su derecho a la intimidad.

Cabe mencionar en este orden de ideas, que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), es el instrumento que más han ratificado los países en relación a todos los tratados existentes. Hasta marzo del 2003, por ejemplo, había sido ratificado por todos los países del mundo excepto dos: Estados Unidos, que lo ha firmado pero no ratificado; y Somalia, que no tiene un gobierno reconocido que pueda ratificarlo.

Lo anterior nos permite visualizar que todos los niños al interior de sus países deben ser protegidos por normas de la legislación internacional contra la esclavitud y el comercio de esclavos; tortura u otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante; discriminación racial sistemática o la detención arbitraria prolongada. Este último punto es importante, ya que cuando no existe claridad en la legislación sobre el tratamiento a seguir en el caso que la infancia padezca enfermedades, esta vulnerabilidad se ve agravada cuando se padecen o se presumen enfermedades mentales que de no ser adecuadamente diagnosticas o tratadas, provocan efectos secundarios y secuelas irreversibles en la personalidad, que serán determinantes para su adecuado desarrollo y vida en sociedad, independientemente de la discriminación y exclusión de la que son objeto. Por lo tanto, es importante que se genere una legislación que tienda a proteger a los niños de cualquier posibilidad que pueda afectar sus derechos humanos.

La adecuada atención debe ser garantizada por los padres, tutores, custodios o quienes ejerzan la patria potestad de los menores, por tal motivo, debe precisarse este punto ya que no puede ser una autoridad educativa, maestro o cualquier persona quien canalice o condicione a los niños respecto a la atención de su salud mental, ya que esto vulnera su esfera jurídica. La reflexión anterior plantea que es más deseable que actúen en conjunto con quienes ejercen de manera legal la patria potestad. Al respecto, para que no existan dudas sobre el particular, la Ley General de Educación, establece cuál debe ser su participación al respecto, destacando que no pueden condicionar su estancia en las escuelas, ni medicarlos o proponer su medicación, si esto no está debidamente diagnosticado y tratado.

Es así que la canalización, el condicionamiento, el confinamiento o internamiento involuntario para el tratamiento de las personas con discapacidad intelectual, puede ser contraproducente, ya que las priva del derecho a la libertad y lesiona su dignidad; más aún, porque no ha violado ley alguna, por tanto, cualquier práctica en este sentido –por su carácter discriminatorio– debe abolirse y garantizar a los niños y a las niñas el pleno goce de todos sus derechos.

Lo anterior, con base en nuestra Constitución Política que consagra el derecho a la salud menciona en su párrafo tercero del artículo 4o. lo siguiente

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Por lo anterior es de suma importancia revisar la integridad de la situación de las personas que padecen trastornos mentales, esencialmente cuando se trata de proporcionar un tratamiento y observar su adecuado desarrollo en la sociedad, comenzando por el marco regulatorio que establece la Ley General de Salud; más aún, porque en la actualidad los trastornos mentales aquejan a un gran número de personas, esencialmente a la infancia que en muchos casos es incomprendida porque ante situaciones de su comportamiento, se suele confundir con un padecimiento que requiere medicación o tratamiento y que muchas veces en vez de propiciar un mejoramiento de su situación, provoca daños irreversibles en su integridad fisiológica.

Es importante tomar en cuenta que se deben garantizar los derechos humanos, las libertades fundamentales y los derechos generales de los niños y las niñas bajo el principio que todas las personas tienen derecho a una atención disponible e integral de alta calidad en materia de salud mental. Es decir, quienes padezcan una enfermedad mental, o que estén siendo atendidas por esa causa, serán tratadas con respeto a la dignidad inherente de la persona en el marco de la doctrina de los derechos humanos.

La Declaración de Caracas, en este sentido, es un documento de gran importancia sobre la salud mental en Latinoamérica. Ha servido de referencia para defensores de los derechos humanos en el continente y con el paso del tiempo ha demostrado la necesidad de mantenerse en vigor. Por esta última razón, los convocantes de la conferencia mencionada, ratificaron lo asentado en la Declaración de Caracas, mediante los Principios de Brasilia, proclamados en el año 2005, y en los cuales se destacó lo siguiente

“Que la Declaración de Caracas consideró que el mejoramiento de la atención era posible por medio de la superación del modelo asistencial basado en el hospital psiquiátrico y su reemplazo por alternativas comunitarias de atención, y por acciones de salvaguarda de los derechos humanos e inclusión social de personas afectadas por trastornos mentales.”

Como se puede observar, los documentos emitidos y avalados por las entidades internacionales de mayor importancia en la materia, ponen un especial énfasis a la protección de los derechos fundamentales de las personas con trastornos mentales, lo que obliga a que en nuestro carácter de legisladores atendamos el tema.

El anterior documento, funge como una carta de derechos de las personas que padecen trastornos mentales y del comportamiento. Estos principios, han servido de estándar para la actividad regulatoria sobre esta materia en todo el mundo, al preceptuar los principios sobre los que se fundaron las observaciones realizadas en el estudio “Derechos Humanos y Salud Mental en México”.

Lo antes mencionado, nos lleva a concluir que es importante reformar el artículo 77, a fin de incluir el término custodia, una figura prevista en la legislación civil y que también puede aparecer en esta materia a fin de dar claridad a quienes están obligados a proveer la debida atención a los niños y niñas que se encuentran en esta situación y evitar la ambigüedad de términos como “autoridades educativas” y “cualquier persona,” ya que se puede caer en excesos que afecten los derechos de los niños y las niñas.

En esta reforma, como ya hemos mencionado, se define cuál es la obligación de los padres, tutores, custodios o quienes ejerzan la patria potestad de los menores, responsabilizándolos de su atención informada en caso de presentar enfermedades mentales y trastornos del comportamiento debidamente diagnosticados ya que esto evita la automedicación o el que se realicen diagnósticos bajo una sola opinión, sin que medie la posibilidad de acudir a otras formas de tratamiento y especialistas que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños que se encuentran bajo estas circunstancias.

Respecto a la referencia a los artículos 75 y dado el caso el 76 de la Ley General de Educación, se debe a que establecen sin ninguna duda cuál es el papel de las autoridades educativas, los maestros y las personas que tengan contacto con los niños y las niñas en los centros educativos en sus diferentes modalidades y niveles, para dejar en claro cómo deben intervenir y participar cuando algún niño se encuentre bajo estos supuestos.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el cual, se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud para quedar como sigue

Artículo Primero. Se reestructuran los párrafos del artículo 77, para quedar como sigue

Artículo 77. Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad y por ello la guarda o custodia, serán responsables de la atención informada e inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales. Quienes tengan la custodia permanente o transitoria, el personal docente y cualquier persona que esté en contacto recurrente con los menores, procurarán lo mismo.

Las autoridades educativas se encargarán de que el personal docente y administrativo cuente con la capacitación necesaria para colaborar con los padres o tutores cuando el menor haya sido diagnosticado con algún padecimiento mental, a fin de complementar su tratamiento con las actividades escolares. Lo anterior, con estricta observancia de lo que en la materia establecen las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 75 de la Ley General de Educación.

A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de enfermos mentales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputadas: María de Lourdes Reynoso Femat, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

ARTICULO 38 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Las diputadas Nancy González Ulloa y Rosa Adriana Díaz Lizama presentan y envían a esta Presidencia iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Iniciativa que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Nancy González Ulloa y Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN

Las que suscriben, Nancy González Ulloa y Rosa Adriana Díaz Lizama, diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene garantías que pueden ser suspendidas por los poderes públicos sólo en la forma y en los términos que la Carta Magna establece, de conformidad con lo previsto en los artículos 29 y 38.

El artículo 29 menciona que “en los casos de incursión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo”.

El artículo 38 considera que los derechos o las prerrogativas de los ciudadanos se suspenden en los siguientes casos:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36;

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, por contar desde la fecha del auto de formal prisión;

III. Durante la extinción de una pena corporal;

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

La suspensión de los derechos de los ciudadanos, según consta en los dos artículos mencionados, se realiza “cuando ocurra una perturbación grave de la paz o por conductas u omisiones atribuibles a los gobernados que traigan aparejada una disminución o el menoscabo en el goce de sus prerrogativas fundamentales. En el primero de los casos, la suspensión deberá ser decretada por el Ejecutivo federal con aprobación del Congreso, mientras que en el segundo por la autoridad judicial competente. El supuesto primeramente citado tiene efectos generales, en tanto que el segundo está destinado a individuos en lo particular”.

Desde la promulgación de la Constitución de 1917, la suspensión de derechos que hace referencia el artículo 29únicamente ha sido decretada en una época, cuando el país declaró la guerra a las potencias del Eje, representadas por Alemania nacionalsocialista, la Italia fascista y el imperio japonés durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Por ese motivo, su uso no ha sido motivo de mayores disputas.

Sin embargo, y dada la periodicidad con que son empleados por los jueces algunos de los supuestos contenidos en el artículo 38, éstos han provocado la atención y la disertación de múltiples y distinguidos tratadistas en materias constitucional y penal.

La actualización de las presunciones previstas en el texto del artículo 38 se hace depender de cuatro circunstancias fundamentales:

1. La emisión de un auto de formal prisión;

2. El otorgamiento de una orden de aprehensión;

3. Por sentencia ejecutoria en materia penal; o

4.Por resolución que sancione el incumplimiento de uno de los deberes contenidos en el artículo 36 o la vagancia y la ebriedad consuetudinaria.

El citado inciso D aún comprende conceptos propios de la primera mitad del siglo XX, que hoy han quedado rebasados.

Es cierto que el Constituyente y el legislador secundario consideraron necesario sancionar la vagancia y el alcoholismo, con la clara idea de favorecer el trabajo y la forma honesta de vida, pero en la práctica mientras tales normas tuvieron vigencia, al menos en el ámbito penal, su aplicación resultó escasa o, mejor expresado, nula, y, en el peor de los casos, dirigida hacia sectores y personas indefensas y de los estratos más pobres, cuyas posibilidades de defensa eran exiguas o de plano inexistentes. En la época en que fue promulgado imperaba un ambiente proclive a la “ley seca”, como posteriormente ocurrió en algunos estados de la federación; Sonora y Tabasco, por dar un ejemplo, y con resultados negativos y persecutorios.

En la actualidad, según ha establecido la ciencia médica, las víctimas del alcoholismo ya no se consideran viciosos sino enfermos que requieren la atención tanto de los sistemas de salud como del prójimo para recuperar así su desarrollo personal e integridad física.

Atrae la atención lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1991, a través de lo cual fueron derogados los artículos 255 y 256 del Código Penal Federal, que preveían como conductas ilícitas la vagancia y la malvivencia. De manera semejante han procedido diversos congresos locales. Es también claro que en la materia electoral se ha procedido de manera semejante, ya que el Instituto Federal Electoral en sus deliberaciones actuales ya no se ha ocupado de las tipificaciones de “vagancia” o “ebriedad consuetudinaria”. En el caso de la ebriedad por sí misma desde hace varios años ya no es motivo de sanción penal, sino el hecho de que ésta se traduzca en la violación de un deber, como ocurre, por ejemplo, con los que provocan daños en propiedad ajena o lesiones como producto del mal uso de las bebidas.

En la lógica de que si la legislación secundaria ha desincorporado la vagancia y la ebriedad del catálogo de conductas punibles, con mayor razón la presunción deben ser excluida de la Constitución.

Por los enunciados expuestos, se propone para aprobación el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 38. ...

I. a III. ...

IV. Derogada;

V. y VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputadas: Nancy González Ulloa, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 254 y 368 Quáter del Código Penal Federal.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Muchas gracias, señor presidente. Para nadie es desconocido el hecho recurrente del robo de hidrocarburos en el país a manos de organizaciones criminales.

Estos hechos generan grave afectación económica a Petróleos Mexicanos y se sigue poniendo en riesgo la vida y patrimonio de mexicanos que viven en zonas aledañas a las instalaciones de la paraestatal o que están expuestos por la proliferación de puntos clandestinos de venta al público de gasolinas, diesel o crudo que han sido sustraídos de las instalaciones de Pemex.

Recientemente, durante la comparecencia de Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, ofrecimos revisar la legislación penal en esta materia, habida cuenta de la falta de eficacia por parte del gobierno federal para combatir y prevenir este delito, no obstante, la tipificación actual que ofrece el Código Penal Federal al describir modelos de conducta dotados de sanción penal como son los siguientes ejemplos:

En el Código Penal Federal se contempla el delito de sabotaje, con pena de 12 a 20 años de prisión. En el mismo Código Penal Federal delitos contra la economía y consumo nacionales, con una pena que va de cuatro a 15 años de prisión. El delito de robo de hidrocarburos que, como todos sabemos, tiene una sanción de 4 a 15 años de prisión y, finalmente, también, por causarse daño a las cosas, lo prevé el 397 del Código Penal Federal con una sanción que va de los 5 a los 10 años de prisión.

Nos llama poderosamente la atención que de las detenciones que han ocurrido en materia del robo de hidrocarburos y tomando en cuenta que si se aplican las leyes del concurso de los delitos las sanciones para quienes han estado socavando las finanzas de Petróleos Mexicanos serían de 16 años como máximo y hasta 60 años de prisión, nos llama poderosamente la atención que no vemos el ejercicio de la acción penal en toda su extensión, utilizando el gobierno federal estas herramientas.

Así entonces, nosotros como partido que somos propositivos y que ofrecimos hacer una revisión a la legislación, nos hemos percatado de que en los artículos 254 y 368 del Código Penal Federal se advierte la presencia de una condición de atipicidad, habida cuenta que en esa legislación y en estos artículos solamente se contempla como modo de conducta la que se realiza en los ductos de Petróleos Mexicanos y por los ductos, todos lo sabemos, transita solamente el crudo, de tal suerte que encontramos un vacío de la norma al no contemplarse ni los gaseoductos ni los poliductos como medios causales de la realización de conducta criminal. Finalmente, debemos reconocer que desde la propia ley puede ser un elemento que promueva la impunidad.

De tal suerte que nosotros estamos presentando en este momento, a la consideración de esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adicionan los artículos 254, en su fracción VII, y 368 Quáter del Código Penal Federal, con la finalidad de cubrir precisamente ese vacío de la norma que encontramos como fruto de aquella comparecencia de la semana que acaba de pasar.

Quedaría entonces el artículo 254 en los siguientes términos:

Fracción VII. La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos, poliductos y gasoductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera, o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria.

Y el artículo 368 Quáter establecería precisamente la sanción que corresponde al delito de robo de hidrocarburos, aumentada en una mitad cuando se realice en ductos, poliductos, gasoductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera, o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria.

Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Me parece que ésta es una nueva herramienta que estamos ofreciendo nosotros, como grupo parlamentario, para que evitemos en el futuro los incidentes, los accidentes y las conductas dolosas que han dejado a muchos mexicanos sufriendo. Muchas gracias. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 254 y 368 Quáter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez,diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política  los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos –vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente–, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adicionan los artículos 254, fracción VII, y 368 Quáter del Código Penal Federal con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La industria petrolera nacional representa un logro del nacionalismo revolucionario. A lo largo de los años se ha convertido en un pilar fundamental de la economía nacional, tanto por el sustento que brinda a las finanzas públicas como por el suministro de los energéticos que mueven a nuestro país.

No obstante, desde hace algunos años se tiene conocimiento de que grupos de delincuentes han realizado afectaciones a la infraestructura petrolera con el fin de sustraer ilícitamente hidrocarburos de las instalaciones en que se depositan o los ductos que los transportan.

Este tipo de ilícitos no solamente representan un grave daño al patrimonio de Petróleos Mexicanos, y por ende, al patrimonio que detentamos todos los mexicanos, sino que para su comisión se valen de diversos mecanismos que ponen en riesgo a las poblaciones aledañas, a las instalaciones de la paraestatal y los ductos por los que se transportan los hidrocarburos.

Recientemente hemos debido lamentar la pérdida de vidas y la afectación al patrimonio de los habitantes de San Martín Texmelucan, Puebla, con motivo del incendio originado presuntamente por una toma clandestina en un ducto de Pemex, hecho que pone nuevamente de manifiesto la necesidad de combatir eficaz y eficientemente estos comportamientos, ante los graves riesgos que representan para la población.

En 1999 se reconoció la necesidad de perfeccionar la norma ya existente desde 1931 a fin de sancionar adecuadamente estos ilícitos. El Congreso Federal, a iniciativa del presidente de la República, aprobó reformas al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales y otras disposiciones diversas, a fin de fortalecer el combate a la delincuencia, las cuáles fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de ese mismo año.

La iniciativa que dio origen a dichas reformas señalaba en su exposición de motivos:

“Las conductas que se traducen en la sustracción de hidrocarburos, aparte de que afectan el patrimonio nacional, ponen en peligro la vida y la seguridad de los núcleos de población ubicados cerca de instalaciones petroleras, por ello, igualmente se someten a la consideración de esta soberanía, la modificación del régimen penal que sanciona esas conductas.

”En nuestra legislación estas conductas delictivas han sido parcialmente reguladas, sin embargo, no se prevén elementos específicos fundamentales como son la calidad del sujeto responsable de la comisión del ilícito penal, ni los elementos en los que radica la verdadera peligrosidad y gravedad de la conducta desplegada por los sujetos activos, tales como la alteración, sustracción y aprovechamiento ilegal de hidrocarburos y sus derivados, efectuada de los ductos en que se transportan.”

La aplicación, y por ende, interpretación de la norma penal es restrictiva a partir del reconocimiento del principio de legalidad adoptado desde 1917 en el artículo 14 de la norma constitucional, que señala lo siguiente:

Artículo 14. ..

...

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

...

El principio de legalidad es interpretado  de acuerdo a su significado etimológico en los siguientes términos:

Nullum poena, nullum crimen sine lege

No hay pena, no hay delito sin ley

Este principio se reconoció en su momento como principio de estricta legalidad, con la reforma de 1994 al artículo 16 de la Carta Magna que dispuso: “No podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y a la probable responsabilidad del indiciado”.

Esta reforma en su momento se vio reflejada en el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales en que se exigía a la autoridad jurisdiccional que se estableciera en la resolución correspondiente de manera precisa el tipo penal motivo del proceso, así como la forma de imputación que se hace (dolo o culpa) y la precisión sobre la forma de autoría o participación en el hecho por parte del que realiza la conducta.

Si bien la reforma penal de 1999 instituyó nuevamente el concepto de cuerpo del delito como requisito que debe ser acreditado para el libramiento de una orden de aprehensión, ambos conceptos siguen siendo elementos que forman parte de las garantías de seguridad jurídica, que deben rodear todo proceso de naturaleza penal. El cuerpo del delito hace referencia a los elementos objetivos del tipo penal, y la adaptación de la conducta a éste último deberá acreditarse plenamente en el proceso penal.

El tipo penal es una creación legislativa de conducta que puede acontecer en el mundo fáctico descrita en preceptos legales de un hecho, por tanto el tipo penal descrito en el código tiene como misión proteger bienes jurídicos y en este caso es importante cubrir la gama de acciones antijurídicas que puede ser cometidas para evitar lagunas y cumplir con el fin de la doctrina y la jurisprudencia mexicana en el sentido de que el tipo penal es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley.

Aunque lo deseable es evitar los hipotéticos casos de las conductas delictivas, en estos dos delitos el legislador acudió al casuismo al redactar los modelos hipotéticos, lo cual siempre está sujeto a interpretaciones in malam parte o bien a la aplicación del principio in dubio typus pro reo; a fin de cumplir con el principio de estricta legalidad y para no dejar lugar a dudas al intérprete de la norma es necesario perfeccionar los delitos contra el consumo y riquezas nacionales, así como el de robo tratándose de conductas realizadas en ductos o en poliductos.

Por consiguiente, al realizar una acuciosa revisión a los artículos 254, fracción VII, y 368 Quáter del Código Penal Federal, el suscrito advierte la presencia de atipicidad en torno a la falta de inclusión de un elemento descriptivo del tipo penal que en ambos casos el legislador omitió incorporar como parte del medio causal y objeto material de la conducta de autor, los poliductos y gasoductos, habida cuenta que en ambos modelos delictivos se utilizó la técnica legislativa del casuismo frente a un modelo genérico, y al utilizar sólo el término ducto, se hace necesario, para evitar que desde la norma se promueva la impunidad, cubrir el vacío de la norma positiva que se plantea.

Actualmente, el Código Penal Federal, en su capítulo referente a los delitos contra el consumo y la riqueza nacionales dispone lo siguiente:

Artículo 253. Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa, los siguientes:

I a V

Artículo 254.- Se aplicarán igualmente las sanciones del artículo 253:

I. a VI. ...

VII.Al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración a equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria, y

VIII. ...

Por otra parte, en el capítulo referente a robo se dispone:

Artículo 368 Quáter. Al que sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de quinientos a diez mil días multa.

La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria.

La ley vigente adolece de la precisión que debe caracterizar a las normas penales. Los tipos penales descritos en el artículo 254, fracción VII, y el 368 Quáter hacen referencia únicamente a un comportamiento realizado en ductos, desconociendo que actualmente la industria petrolera se vale de distintos medios para la conducción no solamente de crudo, sino de sus derivados.

El elemento que distingue al tipo penal descrito en el artículo 254, fracción VII, de otros delitos que afectan el consumo nacional, y que distingue asimismo el artículo 368 Quáter de otras modalidades del delito de robo, es precisamente el objeto material sobre el cuál recae la conducta.

El objeto material del delito se identifica con el objeto corporal o material hacia donde se realiza la acción, siendo un elemento distinto al bien jurídico que es el objeto de protección. Para el caso que nos ocupa, el objeto material son los hidrocarburos y sus derivados, así como los ductos e instalaciones de la industria petrolera de los cuáles se extraen, mientras que el bien jurídico protegido es el consumo nacional o el patrimonio, según sea el caso.

En los dos casos señalados, el objeto material específico a que se refiere la sustracción de hidrocarburos, es delictivo cuando se realiza en ductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera, motivo de la agravante de responsabilidad que se estipula en ambos ordenamientos, limitando la conducta a este sólo efecto.

Se debe señalar que el transporte de petróleo tiene dos momentos definidos: el primero es el traslado de la materia prima desde los yacimientos hasta la refinería donde finalmente será procesada para obtener los productos derivados; el siguiente momento es el de la distribución propiamente dicha, cuando los subproductos llegan hasta los centros de distribución y consumo.

De esta manera encontramos que en la industria petrolera la palabra ducto se utiliza para referirse principalmente a aquellas tuberías que transportan específicamente petróleo crudo, a través de grandes distancias, desde los yacimientos hasta las refinerías o los puertos de embarque.

Por otra parte, por gasoducto se entiende aquella tubería para el transporte de gas natural y/o productos petroleros gaseosos, desde el punto de carga hasta una terminal u otro gasoducto y que comprende las instalaciones y equipos necesarios para dicho transporte.

Finalmente, se denomina poliducto a aquél sistema de transporte que consiste en una tubería compuesta para el traslado de productos derivados del petróleo crudo desde el punto de carga hasta una terminal u otro poliducto. A diferencia de los ductos convencionales -dedicados exclusivamente al transporte de petróleo crudo-, los poliductos transportan una gran variedad de combustibles ya procesados en la refinería, tales como diesel, gasolina Magna, gasolina Premium, etcétera.

De lo anterior podemos observar que el objeto material sobre el cual pueden recaer las conductas descritas en los artículos 254, fracción VII, y 368 Quáter no son solamente ductos, sino también gasoductos y poliductos, y la falta de previsión en la norma penal promueve la impunidad debido al principio de estricta aplicación de la que es objeto el derecho penal, con motivo del mandato constitucional estipulado en el artículo 14, párrafo tercero, de la Carta Magna ya citado.

De esta manera, al ser omisa la norma penal en la descripción de las instalaciones que puede ser el medio para la extracción de hidrocarburos, hace posible que el delincuente capturado cometiendo estos ilícitos en poliductos o gasoductos, alegue la falta de tipicidad debido a que el objeto material de la conducta no se encuentra debidamente descrito.

Por tal motivo, considero necesario hacer la adición correspondiente a los artículos 254, fracción VII, y 368 Quáter a fin de incluir la existencia de poliductos y gasoductos, precisando la norma de manera que los delincuentes que afectan el patrimonio de Pemex y de todos los mexicanos, poniendo en riesgo las vidas de los pobladores aledaños a las instalaciones de la paraestatal, no se valgan de tecnicismos y la falta de precisión en la descripción de los elementos del tipo penal para evadir su responsabilidad.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por virtud del cual se adiciona los artículos 254, fracción VII, y 368 Quáter del Código Penal Federal

Único. Se adicionan los artículos 254, fracción VII, y 368 Quáter del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 254. Se aplicarán igualmente las sanciones del artículo 253:

I. a VI. ...

VII.Al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración a equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos, poliductos, gasoductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria; y

VIII. ...

Artículo 368 Quáter. Al que sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de quinientos a diez mil días multa.

La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos, poliductos, gasoductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, señor diputado. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

ARTICULO 134 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Iniciativa que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este órgano colegiado, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el párrafo tercero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de ampliar y perfeccionar los criterios para la contratación de bienes y servicios, con recursos públicos.

Exposición de Motivos

El ejercicio de los recursos públicos siempre ha tenido una gran importancia, ya que por un lado, son destinados para que el Estado, en ejercicio de sus funciones y en la realización de sus actividades, pueda satisfacer las necesidades públicas, y, por otra parte, por que normalmente se obtiene de las economías privadas de los gobernados.

Es indiscutible que las compras y las obras que realiza el sector público, constituyen aspectos trascendentales, por el volumen e importancia que representan, en los que de manera considerable se invierten grandes cantidades de fondos públicos.

Además, la contratación de bienes, arrendamientos, servicios y obras públicas, por parte del Gobierno, representa un medio jurídico con el que cuenta la Administración Pública para hacer más eficiente la actuación administrativa, ya que permite la colaboración voluntaria de los gobernados en la satisfacción de las necesidades públicas y, además ayuda al desarrollo económico, social y cultural del país.

El destino y la fuente de esos recursos económicos, son factores que han influido en la sociedad y en el Estado, para crear los instrumentos necesarios para reflejar de manera transparente el gasto público, los cuales deben apegarse a los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Tales principios han sido elevados a rango constitucional, en el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución General, conforme a los cuales debe sustentarse la aplicación de los recursos económicos de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

Dentro de este contexto, es indiscutible que la eficiencia señalada como uno de los principios en que debe orientarse la administración de los recursos públicos, consiste en alcanzar los fines que se ha propuesto el Estado, de una manera más adecuada, con los medios que se tienen, empleándolos con el mayor cuidado y dedicación. La eficacia que se encuentra vinculada a la eficiencia, constituye un concepto relativo a los resultados deseados, lo cual obviamente se traduce en la satisfacción del interés público. La honradez por su parte, significa el buen obrar de quienes manejan los recursos públicos, lo que implica adecuar la actuación a los principios de moralidad administrativa, que debe regir la conducta de todo servidor público. Por último, la transparencia entraña la necesidad de difundir el uso y destino que se ha dado a los recursos públicos, en armonía con lo previsto por el artículo 6o. de la Constitución federal.

Es importante mencionar que hasta antes de la reforma constitucional publicada el día 7 de mayo del año 2008, en el Diario Oficial de la Federación, los principios en el uso y destino de los recursos público ya señalados, únicamente obligaban a la Federación y al Distrito Federal; sin embargo, el Constituyente Permanente, consideró que era necesario que los demás órdenes de gobierno del Estado mexicano, también los cumplieran, por lo que se incorporó en el texto constitucional, tanto a los estados como a los municipios.

Este aspecto es de gran trascendencia en materia de gasto público en el Estado mexicano, toda vez la incorporación de los diversos órdenes de gobierno, como sujetos obligados a la observancia de los enunciados normativos previstos en el artículo 134 en cuestión, implica que éstos igualmente deben cumplir en materia de empleo de recursos públicos, las previsiones referentes a los mecanismos, instrumentos y criterios para la contratación de bienes y servicios.

En este sentido, debe señalarse que el tercer párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal, establece la figura jurídico administrativa de la licitación pública, como una forma ordinaria a través de la cual, debe llevarse a cabo la  selección del co contratante de los órganos públicos; figura que tiene como finalidad, la obtención de la mejor oferta de compra y de ser el caso, realización de obra pública para el Estado, no sólo en cuanto a precio, sino también en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; dentro de un marco de competitividad u oposición entre los oferentes que se hayan interesado en participar en ese procedimiento de selección.

Ahora bien, en el orden federal, la regulación de las compras del sector público se complementa con las Leyes de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, y la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como con sus respectivos reglamentos, ordenamientos que desarrollan el procedimiento de licitación pública, los requisitos que deben cumplir los diferentes oferentes, reglas de evaluación de las proposiciones presentadas y otros elementos tendientes a la obtención de la mejor oferta; asimismo, establecen las bases y reglas a que se sujetarán los casos en que se considere que no es idónea la licitación pública.

Debe mencionarse que en sucesivas reformas a los ordenamientos legales citados en el párrafo anterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los días 7 de julio del año 2005, 2 de julio del año 2008, así como 28 de mayo del año 2009, se incorporaron como criterios para llevar a cabo la contratación a través de licitación de bienes o servicios por parte de la Administración Pública Federal, además del precio, calidad, financiamiento y oportunidad, los correspondientes a: crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente.

Sin duda que estos criterios, en el uso de los recursos públicos, en materia de contratación de bienes y servicios, vienen a reconocer que no solamente debe prevalecer la tutela por parte del Estado, de un interés económico propio, sino que además, debe de orientarse también a la satisfacción de diversas necesidades sociales, que como se ha señalado, se refieren al crecimiento económico, la generación de empleo, la eficiencia energética, el uso responsable del agua, la optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección del medio ambiente.

Estos elementos que con la propuesta que someto a consideración del Poder Constituyente Permanente a través de este órgano del Congreso de la Unión, vendrían a detonar en todo el país, el fomento económico y al empleo, así como un medio ambiente sustentable, en virtud de que para la asignación de contratos vía licitación pública, se deberá de tomar en cuenta por los órganos públicos federales, de las entidades federativas y municipales, criterios ya no estrictamente de beneficio económico propio, sino de beneficio social y económico.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea integrante del Congreso de la Unión, y del Poder Constituyente Permanente, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto

Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 134. ..

...

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos,  y demás circunstancias pertinentes.

..

..

..

..

..

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los Poderes Legislativo y Judicial federales, así como el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aquellos organismos que cuentan con autonomía otorgada por las leyes, deberán adecuar sus disposiciones, a lo previsto en este decreto, a más tardar doce meses contado a partir de su entrada en vigor.

Tercero.Los órganos legislativos de las entidades federativas, deberán adecuar las constituciones y sus leyes, a lo previsto en el presente decreto, en un plazo máximo de doce meses contado a partir de la entrada en vigor del mismo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de enero de 2011.— Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES - CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Ahora tiene el uso de la palabra el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Penal Federal.

El senador Julio César Aguirre Méndez:Gracias, compañera presidenta. Buenas tardes.

Presento a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, en materia de delitos electorales, por la que se propone facultar al Instituto Federal Electoral para garantizar las condiciones mínimas de respeto y seguridad en las campañas electorales y de la jornada electoral.

La presente iniciativa es motivada por los hechos que tienen en riesgo al compañero representante de nuestra coalición en Guerrero, nuestro amigo Guillermo Sánchez Nava.

Desde hace años la entidad de Guerrero ha sufrido el incremento de la violencia, y con ella, la muerte relacionada con la lucha contra el crimen organizado, asesinatos y hostigamiento contra compañeros de los medios de comunicación.

Este clima de violencia que viven los guerrerenses no es ajeno a la clase política. El asesinato de prominentes líderes del PRD y del PT, activistas sociales, entre otros casos, ensombrecieron mucho antes de la campaña electoral el emergente espíritu de la democracia en la región.

A este clima de violencia se suma la mayor presencia de corporaciones policiacas y fuerzas armadas que generan un clima de confrontación y de guerra sucia. La semana pasada no fue la excepción en el campo electoral. En la madrugada del 12 de enero, en la ciudad de Chilpancingo, nuestro compañero Guillermo Sánchez Nava, representante del PRD ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero, fue brutalmente golpeado por integrantes del comité de campaña del candidato a la gubernatura Manuel Añorve Baños.

De acuerdo con la versión de testigos, Sánchez Nava los ubicó en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Chilpancingo, comenzó a tomarles fotografías; y en respuesta, respondieron con golpes, pedradas, patadas y garrotazos, un grupo de aproximadamente 20 jóvenes enfundados en playeras verdes y negras.

No suficiente con este acto contra la integridad física de uno de los líderes históricos de la izquierda en Guerrero, la escena del crimen fue alterada y se borraron evidencias del carro, de la víctima, con el aval de las autoridades locales en Chilpancingo, Guerrero.

La agresión contra nuestro compañero de partido no es un hecho aislado, mucho menos un accidente, fue un acto deliberado contra quien en uso de las facultades que le otorga su representación ante el órgano electoral intentó demostrar la campaña sucia en contra de la coalición Guerrero nos une.

La agresión es un acto deliberado de un partido contra la libertad política y que recuerda los años negros en nuestro estado. Un acto que, sumado a la contracampaña contra el candidato de la coalición Guerrero nos une, genera un clima de animadversión social.

El Partido de la Revolución Democrática y quienes somos amigos de la víctima, manifestamos nuestra mayor indignación por esta agresión contra la vida de Guillermo Sánchez Nava. Expresamos desde la máxima tribuna de la nación nuestra solidaridad con la familia y exigimos justicia. Bajo ninguna circunstancia callaremos nuestra voz, ni dejaremos que la arbitrariedad de las autoridades locales sea otro acto de impunidad.

Aunque se han presentado las respectivas quejas ante la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales y el Instituto Electoral del estado de Guerrero, por la destrucción de la propaganda a nuestro candidato, seguimos a la espera de que el gobierno del estado, las autoridades municipales, autoridades electorales, fuerzas políticas y las autoridades investigadoras desahoguen las pesquisas correspondientes, a fin de encontrar a los responsables que atentaron contra Guillermo Sánchez Nava, que en este momento entre la vida y la muerte, así como todas aquellas acciones que atentan contra el buen desarrollo del proceso electoral del estado de Guerrero.

Es en ese sentido que me presento para la discusión en el Congreso de la Unión, por esta reforma electoral, que amplíe las facultades del Instituto Federal Electoral para:

Suspender las campañas electorales en aquellos distritos electorales o entidades federativas donde no existen condiciones para la realización de una campaña electoral con base en los principios de equidad, respeto y seguridad.

Se faculte al IFE para establecer mecanismos de cooperación con partidos políticos, autoridades federales y estatales, medios de comunicación, autoridades electorales competentes de las entidades federativas para establecer los convenios de colaboración que tengan por objeto garantizar las condiciones de competencia y principios de respeto, equidad, libertad y seguridad de las campañas electorales y de la jornada electoral.

Es obligación del IFE supervisar que las campañas electorales se diseñen y ejecuten bajo los principios de respeto entre los competidores, la equidad, libertad política y seguridad para todos los participantes.

Se establece dentro de las causas por las que se pueden suspender las campañas electorales la falta de seguridad que ponga en riesgo a los candidatos y los electores. Todos los actos de violencia, presión, ataques y otros que limiten la plena libertad de los electores en la jornada electoral.

Ante el secuestro, desaparición o asesinato del candidato titular de cualquier fórmula de elección popular dentro de los veinte días naturales previos al día de la jornada electoral...

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Termine, señor senador.

El senador Julio César Aguirre Méndez:Y se tipifica como delito electoral y con sanción de tres mil a cinco mil días de multa, y prisión de dos a seis años a quien destruya total o parcialmente, sustituya propaganda electoral; ataque o destruya instalaciones electorales, instalaciones de partidos políticos o propiedad privada de integrantes o líderes de partidos y realice actos de intimidación, coerción, ataques, coacción contra simpatizantes o integrantes de partidos políticos o agrupación política. Muchas gracias, presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y Penal Federal, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Julio César Aguirre Méndez, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del título vigésimo cuarto del Código Penal Federal en Materia de Delitos Electorales, por la que se propone facultar al Instituto Federal Electoral para garantizar las condiciones mínimas de respeto y seguridad durante las campañas electorales y de la jornada electoral, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La transición de un régimen presidencialista a uno democrático, ha partido del fortalecimiento de la construcción de nuevo andamiaje institucional, en la que distintos actores de la sociedad y los partidos, buscan mecanismos para el establecimiento de un régimen renovado, marcado por la pluralidad y la participación ciudadana, en los preceptos de una democracia contemporánea, para los efectos de esta iniciativa entendemos a “la democracia política moderna [como] un sistema de gobiernos en el que los gobernantes son responsables  de sus acciones en el terreno público ante los ciudadanos, actuando indirectamente a través  de la competencia y la cooperación  de sus representantes electos” .

Philippe C. Schmitter y Terry Lynn Karl (1987) plantea que un régimen es “el conjunto de modelos que determina los métodos de acceso a los principales cargos públicos, las características de los actores admitidos o excluidos de ese acceso; la estrategia de los actores, y las normas que se siguen en la toma de decisiones  de compromiso público. Para funcionar adecuadamente, el conjunto  debe estar institucionalizado, los diversos modelos deben ser habitualmente aceptados y practicados por la mayoría de los actores. La institucionalización es un cuerpo escrito de leyes fundamentado en una constitución escrita.”

Para el caso mexicano, es necesario la construcción de un régimen institucional democrático, donde no sólo se concentre en los procesos electorales, sino en la participación ciudadana en la toma de decisiones, en sus distintas organizaciones sociales, privadas, universidades, movimientos sociales, que existan canales institucionalizados de participación, en este caso de la construcción de un régimen institucional donde las práctica de consensos, no puede sujetarse al Instituto Federal Electoral (IFE) y los órganos estatales electorales, un régimen, además de las instituciones, es una forma de operar  y de pensar socialmente, es un mecanismo de vida en la solución de los conflictos sociales, que exige además de un conjunto de ciudadanos, de conciencia de sus derechos y obligaciones con el estado. En este sentido, la democracia tiene que ser una forma de vida, que incluya  a los distintos sectores que han sido marginados del Estado, y como toda democracia está requiere de principios y normas que regulen la actuación de los actores políticos por la lucha del poder.

Las reformas electorales en México durante la transición política respondieron por una parte a la necesidad del viejo presidencialismo para permitir la gobernabilidad y la hegemonía de un partido en el Congreso de la Unión, pero la diversificación de las fuerzas políticas a partir de procesos electorales que por sus resultados ofrecieron un nueva geografía electoral y un cambio en la correlación de fuerzas, las reformas electorales se han enfocado fundamentalmente en la administración y en evitar la fragmentación de los partidos políticos.

Sin embargo, hoy nos enfrentamos a nueva fuerzas y condiciones que obligan a impulsar cambios al marco jurídico que regula los procesos electorales. La violencia, el crimen organizado, la filtración de recursos ilícitos a los partidos, la violencia y la guerra sucia durante las campañas electorales, incluso hasta el asesinato del virtual gobernador de Tamaulipas, miembro del Partido Revolucionario Institucional.

La construcción de un régimen democrático requiere de la discusión de las ideas en un marco de competencia regido más que por una legislación que diga lo que no debe hacerse, por principios mínimos sobre los cuales los actores puedan expresar sus ideas en un espacio público, alejarnos de principios como la equidad, la autonomía de los procesos electorales de la administración pública, el respeto a la libertad política, incluso la integridad física entre los miembros de un partido u agrupación civil con fines políticos, torna a los procesos competitivos a los que aspira la democracia a una ambiente de encono, donde la votación se encuentra sesgada desde el momento donde a partir de hechos coordinados se busca desacreditar o generar una idea negativa del competidor contrario, desde el momento en que un partido local tiene que competir contra la administración local de otro partido y contra los recursos y personal de campaña de otras entidades.

Este es el caso de Tamaulipas donde el asesinato del candidato no fue motivo para ampliar los plazos de la campaña electoral; en un escenario del voto del miedo, en una entidad donde el Estado mexicano fue incapaz de garantizar la seguridad de un candidato cómo pueden los partidos de oposición competir en igualdad de condiciones.

El otro caso se vive en Guerrero, uno de los estados más pobres de la nación, con una alta dependencia del sector turístico, vive hoy uno de los procesos electorales más competitivos de la historia por la renovación de la gubernatura; sin embargo, la operación constatada de gobernadores del partido de la revolución institucional hace una operación política desde sus administraciones estatales para incidir sobre los resultados electorales de la entidad. Lo que sucede en una elección para gobernador, sin duda se replicará dentro de los procesos de 2012 para la elección para presidente y para los integrantes del Congreso de la Unión.

Otro de los aspectos que no están regulados en la ley federal, y que son parte de esta iniciativa es cómo la violencia se está convirtiendo en un instrumento de las estrategias electorales de los partidos para posicionarse mediáticamente, en detrimento de la aspiración de un régimen democrático, la presencia del voto del miedo, la polarización del voto, no son experiencias de este proceso electoral, sino de la campaña de 2006 durante la campaña de López Obrador se inicio una campaña de terror en contra su persona, pero sobre todo contra un proyecto político distinto al actual. El voto del miedo o la polarización de la participación de los ciudadanos es un fenómeno que necesita regular el Instituto Federal Electoral.

El caso más dramático de cómo la violencia en las campañas electorales incide sobre los resultados y el ambiente de una campaña se ve en el caso de Chilpancingo, Guerrero, tras el ataque a Guillermo Sánchez Nava, líder histórico del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y representante ante el órgano electoral de la entidad, el ánimo de la población se han polarizado, la campaña se encuentra en un punto de odio y confrontación, en otras palabras, no existen condiciones para hablar de una contienda que cumpla con los principios mínimos de una contienda civilizada ni a la aspiración de un régimen democrático que vaya más allá de la jornada electoral.

En este sentido, presentó para la discusión en el Congreso de la Unión una reforma electoral para ampliar las facultades del Instituto Federal Electoral a efecto de

a) Suspender las campañas electorales en aquellos distritos electorales o entidades federativas donde no existen condiciones para la realización de una campaña electoral con base a los principios de equidad, respeto y seguridad.

b) Facultar al IFE para establecer mecanismos de cooperación con partidos políticos,  autoridades federales y estatales, medios de comunicación, autoridades electorales competentes de las entidades federativas para establecer los convenios de colaboración que tenga por objeto garantizar las condiciones de competencia y principios de respeto, equidad, libertad y seguridad de las campañas electorales y de la jornada electoral.

c) Obligar al IFE a supervisar que las campañas electorales se diseñen y ejecuten bajo los principios de respeto entre los competidores, la equidad, libertad política y seguridad para todos los participantes.

d) Establecer dentro de las causas por la que se pueden suspender las campañas electorales la falta de seguridad, que corran algún riesgo los candidatos y los electores; así como todos los actos de violencia, presión, ataques y otros que limiten la plena libertad  de los electores en la jornada electoral.

e) Ante el secuestro, desaparición o asesinato del candidato titular de cualquier fórmula de elección popular dentro de los veinte días naturales previos al día de la jornada electoral.

d) Tipificar como delito electoral  y con sanción de tres mil a cinco mil días de multa y prisión de dos a seis años a quien destruya total o parcialmente, sustituya propaganda electoral; ataque o destruya instalaciones electorales, instalaciones de partidos políticos o propiedad privada de integrantes o líderes de partidos y realice actos de intimidación, coerción, ataques, coacción contra simpatizantes o integrantes de partido político o agrupación política.

Estoy convencido que en la medida que las campañas electorales se sujeten a principios de respeto entre los actores, la aspiración de entrar en un régimen democrático como una forma de vida donde ciudadanos y partidos asumamos como requisito fundamental la discusión de las ideas con pleno respeto del contrario, es necesario frente al futuro inmediato en una sociedad plural como la sociedad mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del título vigésimo cuarto del Código Penal Federal en Materia de Delitos Electorales, por la que se propone facultar al IFE para garantizar las condiciones mínimas de respeto y seguridad durante las campañas electorales y la jornada electoral, para quedar como sigue

Decreto

Artículo Primero.Se reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue

Artículo 118

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) al z). ...

aa) Suspender las campañas en aquellos distritos electorales o entidades federativas cuando exista la “Declaratoria de condiciones no aptas de la campaña electoral” con fundamento en el inciso 6 del artículo 228 del presente código.

4. Conforme a lo que establezcan las constituciones y leyes electorales respectivas, el instituto suscribirá los convenios de colaboración con los partidos políticos, autoridades federales y estatales, medios de comunicación, autoridades electorales competentes de las entidades federativas para establecer los convenios de colaboración que tenga por objeto para garantizar las condiciones de competencia y principios de respeto, equidad, libertad y seguridad de las campañas electorales y de la jornada electoral.

Capítulo TerceroDe las campañas electorales

Artículo 228

1. La campaña electoral, para los efectos de este código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. Las campañas electorales se implementarán bajo los principios de respeto entre los competidores, la equidad, libertad política y seguridad para todos los participantes.

2. al 5. ...

6. Cuando en un distrito electoral o entidad federativa a juicio de las organizaciones de la sociedad civil, partido político y, en su caso, por la decisión de la misma junta general, no se cumplan los principios del inciso 1) del presente artículo, pueden solicitar la suspensión de campañas o de la jornada electoral, hasta que sean reinstauradas las condiciones mínimas de competencia y de seguridad.

Para los efectos de este inciso se entenderá por

a) Inequidad: cuando se demuestre la entrada de recursos, apoyos económicos, equipo, personal o cualquier forma de apoyo de la administración pública federal, estatal o municipal, distinto al lugar de la elección, cuando exista evidencia de trámites administrativos diferenciados o preferencial de la administración pública en el lugar de la elección por algún candidato o fuerza política durante la contienda electoral.

b) Inseguridad: cuando el estado no pueda garantizar las condiciones mínimas de seguridad para los candidatos de elección popular y de los electores durante los actos de campaña o jornada electoral.

c) Actos que incidan sobre el libre ejercicio del voto: todos aquellos actos de violencia, actos de presión que incidan sobre la libertad del ciudadano para ejercer en libertad plena su voto, dentro de estas causales se definen las siguientes

I.- Sustitución, alteración, destrucción total o parcial  de la propaganda electoral.

II.- Ataque o destrucción de instalaciones electorales, de partidos o propiedad privada de integrantes o líderes de partido.

III.- Actos de intimidación, ataques, coacción contra simpatizantes o integrantes de un partido u agrupación política.

IV.- Secuestro, desaparición o asesinato del candidato titular de cualquier fórmula de elección popular dentro de los veinte días naturales previos al día de la jornada electoral.

Transitorios

Primero.El consejo general establecerá de forma reglamentaria el procedimiento para establecer la “Declaratoria de condiciones no aptas para la campaña electoral”, así como los plazos y los términos de reposición de la campaña y la jornada electoral.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 406 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue

Título Vigésimo CuartoDelitos electorales y en materia de registro federal de electores

Capítulo Único

Artículo 406 Bis. Se impondrá de tres mil a cinco mil días multa y prisión de dos a seis años, al que durante las campañas políticas o la jornada electoral

I. Destruya total o parcialmente y/o sustituya propaganda electoral.

II. Ataque o destruya instalaciones electorales, instalaciones de partidos políticos o propiedad privada de integrantes o líderes de partidos.

III.- Realice actos de intimidación, coerción, ataques, coacción contra simpatizantes o integrantes de partido político o agrupación política.

Transitorios

Primero.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Notas:

1. Entendiendo por transición a la democracia como“el intervalo entre un régimen político y otro...” (O´donnelly Schmitter, 1988) donde el régimen genera contradicciones, genera una crisis interna, en lo que los grupos opositores instauran un nuevo conjunto de instituciones que den cauce legal al nuevo régimen, pero lo central de esta definición es la ausencia de reglas, otra definición menciona “Un largo proceso de entramado político para ajustar rutinas hasta alcanzar lo que se conoce por comportamiento democrático”.

2. “Entendiendo por régimen el conjunto de patrones, explícito  o no, que determinan las formas y canales de acceso a las principales posiciones gubernamentales, las características de los actores  que son admitidos y excluidos de este acceso y los recursos y estrategias que pueden usarse para tener acceso”(

Villa, 1994), en  el caso mexicano se trato de un régimen presidencialista, con un presidencialismo exacerbado, y que concentro todos los poderes del estado,  sobre la base de un sistema monopartidista y el corporativista, como elementos del Estado postrevolucionario, que carente de contrapesos, fue perdiendo legitimidad y credibilidad, que se catolizó al perder eficacia económica y garantías sociales básicas como salud y alimentación, actualmente las características que identificaron al régimen presidencialista de 1934 a 1988, han desaparecido en su mayoría, y solo de identifican en los sectores más retrasados del desarrollo nacional como el sur del país, y actualmente como este foro representa, de busca definir el modelo de democracia y del estado, que replante el pacto social y fortalezca

3. Schimitter, Philippe y Lynn Karl, Terry “Qué es... y qué no es la democracia” en Larry Diamond  y Marc Plattner  (Compiladores) El resurgimiento global de la democracia, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 1996, 1ra. Edición, Pág. 37-49.

4.Es precisamente cuando se plantea el problema de la crisis del Estado mexicano, la incapacidad de convocar y movilizar a la sociedad para la reforma fiscal, al contrario lo que se da, es un debilitamiento de la figura presidencial, cuando esta iniciativa, y aunque la argumentación de la baja recaudación es válida, parte de un problema del sistema fiscal, pero sobre todo, de que la población no encuentra un incentivo que los una con el Estado, un compromiso de ceder parte de su ingreso para financiar al gobierno, en obra pública, cuando no percibe mejoría alguna, ese pacto entre el individuo y el Estado nos referimos,  el Estado no tiene en este momento ningún compromiso social, de hecho el modelo económico, nunca habla de dar bienestar sino empleo, se habla de crecimiento pero no de desarrollo, se habla de democracia pero no de participación, es una reforma sesgada si no se integra los beneficios y obligaciones de un régimen democrático y económicos, la democracia por ende, se construye en la credibilidad de una nueva red de compromisos de los actores políticos respecto a la sociedad.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, señor senador. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Senadores.

ARTICULO 70 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Iniciativa que reforma el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Luis Maldonado Venegas, senador a la LXI Legislatura, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma  el párrafo tercero del artículo 70 de la Constitución General de la República, con el propósito de subsanar la omisión de los grupos parlamentarios del Senado de la República en el texto de la Ley Fundamental, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma política de 1977 promovió el pluralismo político al interior de la Cámara de Diputados, lo que derivó en el establecimiento en el párrafo tercero del artículo 70 constitucional de los lineamientos para la organización de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, mas no así de la Cámara de Senadores.

El texto vigente dice así: “la ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados”.

Como podemos apreciar, la reforma constitucional hace referencia a la agrupación de los diputados exclusiva y específicamente, no menciona a los senadores, puesto que fue hasta el año de 1993, que el sistema mixto de representación proporcional, mediante la figura del senador de primera minoría, se acogió en la Cámara de Senadores.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos del 25 de mayo de 1979, reformada el 28 de diciembre de 1981, en su título segundo, denominado “De la Cámara de Diputados”, capítulo III, en su sección primera, estableció disposiciones para los grupos parlamentarios; posteriormente la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1994 habría de regular los grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores, al igual que la Ley Orgánica vigente desde el 3 de septiembre de 1999, sin que previamente se hubiera modificado el artículo 70 constitucional para aludir a los grupos parlamentarios del Senado de la República.

De la lectura del espléndido ensayo de Jesús Ramírez Millán titulado Los grupos parlamentarios en el Senado. Una omisión constitucional,que me ha servido de inspiración para la redacción de la presente iniciativa, el autor se cuestiona si es una facultad metaconstitucional del legislador federal o una omisión del órgano constitucional responsable de las modificaciones a nuestra ley suprema, el que el legislador no haya considerado indispensable la reforma al artículo 70 constitucional, para legislar en la Ley secundaria acerca de los grupos parlamentarios en el senado, porque el propio dispositivo señala que: “El Congreso expedirá la ley que regula su estructura y funcionamiento interno” o es indispensable que el Constituyente de manera expresa aluda a la agrupación de los senadores, tal y como lo hizo para la agrupación de los diputados.

El trabajo de Ramírez Millán propone la modificación al texto del artículo 70 constitucional para que se integren y regulen los grupos parlamentarios del Congreso general, es decir, se incluya la agrupación de diputados y de senadores en sus respectivas cámaras, y llega a esa conclusión, tomando en consideración que “cuando el Constituyente así lo ha querido ha señalado las disposiciones en forma expresa, tal como es el caso de la disposición para la agrupación de los diputados de la misma afiliación partidista y en consecuencia debería haber también una disposición expresa para la agrupación de los senadores de una misma afiliación de partido”.

Desde mi visión como jurista y legislador, además de coordinador de un grupo parlamentario en el Senado de la República, coincido con Jesús Ramírez Millán en la necesidad de modificar el artículo 70 Constitucional para que se reconozca expresamente a los grupos parlamentarios, pero a los razonamientos políticos y jurídicos en que sustenta su propuesta, agregaría otras consideraciones que encuentran sustento precisamente en mi experiencia al frente del grupo parlamentario de Convergencia.

La primera de ellas, es que los grupos parlamentarios son también personas jurídicas morales, de derecho público.

La voz “persona” fue adoptada por la terminología jurídica para aludir al sujeto dotado de representación propia en el derecho. Así, en el ámbito jurídico hoy se entiende por persona todo ente físico o moral capaz de asumir derechos y obligaciones, por cuya razón este vocablo se utiliza lo mismo para aludir a los seres humanos que a las asociaciones de éstos, a las organizaciones que los agrupan, y a las instituciones creadas por ellas.

A la luz de la ciencia jurídica podemos distinguir las personas físicas, de las morales o jurídicas; a unas y a otras se les pueden imputar derechos y obligaciones; la persona física es un ser humano, la persona moral o jurídica, en cambio, es un ente de creación artificial, con capacidad para tener un patrimonio, adquirir derechos y contraer obligaciones.

Eduardo García Máynez, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala: “la persona moral posee derechos subjetivos y tiene obligaciones, aun cuando no pueda, por sí misma, ejercitar los primeros ni dar cumplimiento a las segundas. La persona jurídica colectiva obra por medio de sus órganos. Los actos de las personas físicas que desempeñan la función orgánica en las personas morales, no valen como actos de las primeras, sino de la persona colectiva”.

Por su parte Federico Carlos de Savigny, uno de los fundadores de la escuela histórica del derecho, para quien el alma del pueblo no es una expresión metafórica, sino una entidad real, aunque misteriosa, de la cual dimanan todos los fenómenos de cultura, sostuvo en el siglo XIX la existencia de diferentes tipos de personas morales: “Por una parte hay personas sociales (la nación) que no son un agregado de individuos, sino verdaderos seres naturales, dotados de conciencia; y, por otra, las personas jurídicas que son seres ficticios, sujetos artificialmente creados por y para el derecho positivo, pues la idea primitiva y natural de persona coincide con la de individuo.”

En México, el artículo 25 del Código Civil Federal, reconoce como personas morales:

I. La nación, los estados y  los municipios;

II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;

III. Las sociedades civiles o mercantiles;

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.

El profesor argentino Benjamín Villegas Basavilbaso, señala, respecto a la clasificación de las personas morales, que si la persona es pública sus actos son regulados por el derecho público, principalmente por el derecho administrativo, desde el punto de la forma, del contenido y de su fuerza ejecutoria, y además del control jurisdiccional. Otra consecuencia de significación es la relacionada con la posibilidad del ejercicio del poder disciplinario sobre los funcionarios y empleados de la persona pública.

Frente a la clasificación bipartita de las personas jurídicas ha surgido la clasificación tripartita que las agrupa en personas de derecho privado, personas de derecho público, y persona de derecho social.

Las clasificación tripartita predica que las personas jurídicas no son todas de la misma naturaleza, porque unas se forman en los moldes del derecho privado, como las sociedades civiles y mercantiles; otras, como los ejidos, las sociedades de producción rural y los sindicatos, se conforman en el derecho social que incluye al derecho agrario y al del trabajo; en tanto que los partidos políticos, los órganos constitucionales autónomos, los establecimientos públicos, los organismos descentralizados, los entes autárquicos y las sociedades nacionales de crédito se acuñan en los troqueles del derecho público.

En el derecho comparado, se suelen catalogar como personas de derecho público las constituidas de acuerdo con las normas del derecho constitucional y del derecho administrativo, como ocurre con el estado –en el federal, también, con sus entidades federativas, y en el central con sus provincias y regiones autónomas– con el municipio, y con el órgano constitucional autónomo; o como acontece con el establecimiento público, el ente autárquico, el organismo autónomo, el servicio descentralizado, el ente autónomo, el organismo descentralizado, la corporación pública y la sociedad nacional de crédito, entre otros.

Tomando en consideración que los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados fueron creados por decreto del constituyente permanente, éstos deben ser considerados personas de derecho público y por lo tanto considero necesaria la modificación al artículo 70 Constitucional, para incluir a los grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores.

De conformidad con el artículo 72, inciso 2, de la propia Ley Orgánica del Congreso, los grupos parlamentarios se constituyen mediante la presentación al secretario general de Servicios Parlamentarios de los siguientes documentos:

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo parlamentario, con especificación del nombre del mismo y relación de sus integrantes;

b) Nombre del coordinador y relación de los integrantes del grupo parlamentario con funciones directiva; y

c) Un ejemplar de los estatutos, o documento equivalente, que norme el funcionamiento del grupo parlamentario, debidamente aprobado por la mayoría de sus integrantes.

Por su parte, el artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La Mesa Directiva de la Cámara, conforme a las disponibilidades presupuestarias y materiales, distribuirá los recursos y proporcionará locales adecuados a cada uno de los grupos parlamentarios para el cumplimiento de sus fines, en proporción al número de sus integrantes respecto del total de la Cámara”.  El inciso a) del artículo 113 numeral 1 indica que la Contraloría Interna, tendrá entre sus atribuciones “realizar la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara. También auditará a los grupos parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por la Cámara, para lo cual deberán presentar un informe semestral”.

De lo anteriormente señalado se confirma que los grupos parlamentarios, tanto de la Cámara de Senadores, como de la Diputados, son personas jurídicas de derecho público y por lo tanto sujetos de derechos y obligaciones, ya que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano y por lo tanto, es que se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 70.

...

...

La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados y senadores, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senador Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Tiene la palabra el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 75 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El senador Adolfo Toledo Infanzón:Gracias, diputada presidenta. Las acciones discriminatorias entorpecen el proceso evolutivo en nuestra sociedad, toda vez que dichos actos son considerados como rasgos culturales que impiden el desarrollo de los ciudadanos en un ámbito de respeto, cortesía y consideración. De ahí que pugnemos por erradicar concepciones que sostienen que las discapacidades son incapacidades.

En este sentido cabe destacar la información vertida en el reciente Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que se afirmaba la urgente necesidad de un cambio cultural desde el cual la sociedad entienda que el problema no está en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de las personas, sino en el ejercicio desigual de sus derechos.

Desafortunadamente, en la actualidad las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de ejercer sus prerrogativas de la misma forma en la que lo hace el resto de la población. Ciertamente, pese al desarrollo que se ha producido en los últimos años respecto de las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidades, lo cierto es que la discriminación se hace visible en diferentes momentos de la vida de una persona, en el acceso a los bienes y servicios, en la accesibilidad universal, en la eliminación de barreras arquitectónicas, la participación política y social e incluso, en el acceso a la información oficial transmitida por televisión.

El 15 por ciento del total de la población con discapacidad en nuestro país tiene limitaciones auditivas, con lo cual el acceso a la información transmitida por televisión es en muchas ocasiones imposible.

En tal virtud, compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy sometemos a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley General de Radio y Televisión, a efecto de prever que las transmisiones gratuitas diarias a favor del gobierno federal, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social, sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva, mediante la inserción de subtítulos para su información u otros mecanismos, como una medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad auditiva en nuestro país.

Con esta propuesta de reforma legal estaremos contribuyendo a erradicar la discriminación a las personas con discapacidad auditiva.

Es manifiesta la importancia que reviste para nuestra sociedad contar con un marco legal, que verdaderamente contribuya a garantizar la integración social de su población con algún tipo de discapacidad.

De esta forma, finalmente, no resta más que afirmar el compromiso que tenemos como legisladores de prever un marco jurídico que permita garantizar la equidad de los derechos de toda nuestra sociedad. Por eso, proponemos el siguiente proyecto de decreto.

Único. Se reforma el artículo 75 de la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue:

Artículo 75. En sus transmisiones, las estaciones difusoras deberán hacer uso del idioma nacional.

La Secretaría de Gobernación podrá autorizar en casos especiales el uso de otros idiomas, siempre que a continuación se haga una versión al español, íntegra o resumida, a juicio de la propia Secretaría.

El párrafo que proponemos dice: Los concesionarios y permisionarios podrán incorporar a los programas transmitidos por televisión herramientas de comunicación visuales, adicionales, en las que se utilice el lenguaje de señas o textos para la comunicación y lectura de personas con discapacidad por deficiencia auditiva.

Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 75 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Radio y Televisión, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las acciones discriminatorias entorpecen el proceso evolutivo de nuestra sociedad, toda vez que dichos actos son considerados como rasgos culturales que impiden el sano desarrollo de los ciudadanos en un ámbito de respeto, cortesía y consideración, de ahí que pugnemos por erradicar las falaces concepciones que sostienen que la discapacidad es incapacidad o, más aún, una enfermedad, toda vez que la mayoría de las personas con discapacidades sí pueden trabajar, jugar, aprender y gozar de una vida saludable y plena.

En este sentido, cabe destacar la información vertida en el reciente informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que se afirmaba la urgente necesidad de un cambio cultural desde el cual la sociedad entienda que el problema no está en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de las personas, sino en el ejercicio desigual de sus derechos.

Desafortunadamente, en la actualidad las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de ejercer sus prerrogativas de la misma forma en la que lo hace el resto de la población, debido en buena medida a las barreras de actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, entre las que destacan las pocas o nulas oportunidades para su integración, principalmente a causa de la falta de atención en la materia por parte del gobierno.

Ciertamente, pese al desarrollo que se ha producido en los últimos años respecto a las políticas dirigidas a las personas con discapacidad, lo cierto es que la discriminación se hace visible en diferentes momentos de la vida de una persona, en el acceso a los bienes y servicios, la accesibilidad universal y eliminación de las barreras arquitectónicas, la participación política y social, e incluso en el acceso a la información oficial transmitida por televisión; pues, a guisa de ejemplo, el 15 por ciento del total de la población con discapacidad en nuestro país tiene limitaciones auditivas, con lo cual el acceso a la información transmitida por televisión es manifiestamente imposible.

En tal virtud, compañeras y compañeros senadores, el día de hoy someto a la consideración de esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley General de Radio y Televisión, a efecto de prever que las transmisiones gratuitas diarias a favor del gobierno federal, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social, sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva mediante la inserción de subtítulos para su información u otros mecanismos, como una medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad auditiva en nuestro país.

En la última década, en países como España y Chile, los medios de comunicación han implementado el lenguaje para sordomudos en los noticieros transmitidos por televisión. Aunado a ello, se han establecido políticas públicas que asignan espacios concretos en distintos medios asociados, a efecto de que cada cierto tiempo implementen esa lengua en los noticieros con el fin de romper con el cerco comunicativo que afectaba a la población sordomuda, y terminar con la discriminación en este ámbito.

En suma, con esa propuesta de reforma legal estaremos contribuyendo a erradicar la discriminación a las personas con discapacidad auditiva, pues es un acto de distinción o segregación que atenta contra la igualdad de acceso a la información televisiva.

Es manifiesta, pues, la importancia que reviste para la sociedad mexicana contar con un marco legal que verdaderamente contribuya a garantizar la integración social de su población con algún tipo de discapacidad es de suma trascendencia, pues le otorgará a los diferentes órganos de gobierno, encargados de la aplicación y ejecución de las políticas públicas destinadas a tan loable fin, un instrumento eficaz para la realización del desarrollo institucional en beneficio de las personas con discapacidad.

De esta forma, finalmente, no resta más que afirmar el profundo compromiso que tenemos como legisladores de prever un marco jurídico que permita garantizar la equidad de los derechos de toda nuestra sociedad.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 75 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 75. En sus transmisiones las estaciones difusoras deberán hacer uso del idioma nacional.

La Secretaría de Gobernación podrá autorizar, en casos especiales, el uso de otros idiomas, siempre que a continuación se haga una versión al español, íntegra o resumida, a juicio de la propia secretaría.

Los concesionarios y permisionarios podrán incorporar a los programas transmitidos por televisión, herramientas de comunicación visuales adicionales en los que se utilice el lenguaje de señas o textos, para la comunicación y lectura de personas con discapacidad por deficiencia auditiva.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal contará con un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las normas reglamentarias correspondientes.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, señor senador. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Tiene la palabra el senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El senador Sebastián Calderón Centeno:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, la Comisión Permanente es un órgano de sustitución que ejerce sus funciones en los recesos legislativos.

El artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que para el despacho de su competencia, la Comisión Permanente podrá tener hasta tres comisiones, a las cuales en la práctica se les ha denominado Primera, Segunda y Tercera Comisión.

En la práctica se ha determinado que la Primera Comisión se ocupe de los asuntos relacionados con las materias de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. La Segunda de los asuntos vinculados a Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Mientras que la Tercera a las materias referentes a Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento Industrial y Comunicaciones y Obras Públicas.

Lo anterior da cumplimiento a lo señalado en el artículo 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1934.

El artículo 175 del Reglamento en cita no corresponde a la estructura y organización que actualmente contempla la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El referido artículo hace referencia a la Comisión de Agricultura y Fomento, siendo que actualmente no existe el concepto fomento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Lo mismo sucede en el rubro de Comunicaciones y Obras Públicas, sin tomar en consideración el rubro de Transporte.

Consideramos que lo más adecuado es reformar el artículo 175 del Reglamento, con el objeto de actualizar la denominación de las comisiones y, por ende, las atribuciones legales y reglamentarias.

Se propone que la Comisión de Agricultura y Fomento se actualice: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. A la de Comunicaciones y Obras Públicas se le denomine: Comunicaciones y Transportes. A la de Guerra y Marina sea: Defensa Nacional y Marina.

En consecuencia, la denominación de la Segunda Comisión sería: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Educación Pública.

Asimismo, con esta reforma se pretende dar respaldo jurídico a las denominaciones de las comisiones, habida cuenta de que en la actualidad ningún artículo hace referencia a su integración como Primera, Segunda y Tercera, motivo por el cual también consideramos necesario reformar el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a modo que con la incorporación de la denominación de las comisiones se estaría dando a la Comisión Permanente la posibilidad jurídica de nombrarlas de acuerdo con las materias de su competencia. Por lo que proponemos el siguiente proyecto de decreto.

Primero. Se reforma el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.

Artículo 127. La Comisión Permanente para el despacho de los negocios de su competencia contará con tres comisiones, las cuales se denominarán: Primera, Segunda y Tercera Comisión. Los asuntos a cargo de las comisiones se distribuirán de la siguiente forma:

Primero. De Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.

Segunda. Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Educación Pública.

Tercera. Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Comunicaciones y Transportes.

Segundo. Se reforma el artículo 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.

Artículo 175. Para el despacho de los negocios de su competencia la Comisión Permanente nombrará, a propuesta de la mesa y por mayoría de votos en el mismo día de su instalación, las siguientes comisiones: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Gobernación, Defensa Nacional y Marina, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores.

«Iniciativa que reforma los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, y 175 delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En el artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone la existencia de la Comisión Permanente como órgano de representación del Congreso de la Unión durante los recesos legislativos y con atribuciones para el desempeño de las funciones que en forma expresa le confiere el citado artículo constitucional y demás disposiciones aplicables de la ley fundamental.

En términos del mencionado artículo, la Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución, tiene las siguientes:

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV;

II. Recibir, en su caso, la protesta del presidente de la República;

III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;

IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias;

V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del procurador general de la República, que le someta el titular del Ejecutivo federal;

VI. Conceder licencia hasta por treinta días al presidente de la República y nombrar el interino que supla esa falta;

VII. Ratificar los nombramientos que el presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

De lo anterior se desprende que la Comisión Permanente tiene las siguientes características: Es un órgano de substitución que ejerce sus funciones en los recesos legislativos; Esta sustitución se da solamente por cuanto hace a las atribuciones que la propia Carta Magna le encomienda, entre las que no se contemplan las de naturaleza materialmente legislativa, y asimismo, es competente para activar en tiempos de receso, mediante convocatoria a sesiones extraordinarias, al Congreso de la Unión, o a alguna de sus Cámaras o a ambas.

Congruente con el texto constitucional, el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que la Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de éste, desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, dispone el artículo 127 de la Ley Orgánica que para el despacho de los negocios de su competencia, la Comisión Permanente podrá tener hasta tres comisiones, las cuales en la práctica se les ha denominado Primera, Segunda y Tercera Comisión.

De igual forma, en la práctica se ha determinado que la Primera Comisión se ocupa de los asuntos relacionados con las materias de: gobernación, puntos constitucionales y de justicia; la Segunda, de los asuntos vinculados a relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública, mientras que la tercera, de las materias referentes a hacienda y crédito público; agricultura y fomento industrial; y comunicaciones y obras públicas.

Lo anterior, en cumplimiento a lo que señala el artículo 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1934, que a la letra dice:

“Artículo 175. Para el despacho de los negocios de su competencia, la Comisión Permanente, nombrará, a propuesta de la Mesa y por mayoría de votos, en el mismo día de su instalación, las siguientes comisiones:

Agricultura y Fomento,

Comunicaciones y Obras Públicas,

Educación Pública,

Gobernación, Guerra y Marina,

Hacienda y Crédito Público,

Justicia,

Puntos Constitucionales,

Relaciones Exteriores.”

Sin embargo y como es fácil advertir, el artículo 175 del Reglamento en cita, no corresponde a la estructura y organización que actualmente contempla la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En efecto, el referido artículo hace referencia a la Comisión de Agricultura y Fomento, siendo que actualmente no existe el concepto “fomento” en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Lo mismo sucede con el rubro de Comunicaciones y Obras públicas, sin tomar en consideración al rubro de transportes.

Ahora bien, vale la pena señalar que por cuanto hace a la Comisión de Guerra y Marina que se contempla en el artículo mencionado, se comprenden los ámbitos de política interior, así como lo relativo a las tareas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comprendidos en el concepto “guerra”; y a las actividades de la Secretaría de Marina-Armada de México, en el concepto “marina”.

Lo anterior tiene su razón de ser, porque desde las leyes constitucionales del 29 de diciembre de 1836 se creó el Ministerio de Guerra y Marina, hasta nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, mediante los decretos del 14 de abril y 31 de diciembre del mismo año, así como los del 6 de abril de 1934 y 31 de diciembre de 1935 que ratifican la existencia de la Secretaría de Guerra y Marina.

Es hasta el 1 de noviembre de 1937 que cambia su denominación a Secretaría de la Defensa Nacional, y por disposición jurídica del 30 de diciembre de 1939 se creó el Departamento de Marina Nacional, operando como tal hasta el año de 1940, elevándose al rango de Secretaría de Marina que es el que ostenta hasta la fecha, según decreto del 31 de diciembre de ese año, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

No obstante lo anteriormente mencionado, actualmente por acuerdo de la Comisión Permanente, se establece la Comisión de Defensa Nacional, que comprende al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ello concordante con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero excluyendo injustificadamente a la Marina-Armada de México, a pesar de que el artículo 175 del Reglamento vigente, sí contempla a Marina.

Frente a esta omisión, consideramos que lo más adecuado es reformar el artículo 175 del Reglamento, con el objeto de actualizar la denominación de las comisiones y por ende, sus atribuciones legales y reglamentarias. Se propone que la Comisión de Agricultura y Fomento se actualice a: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la deComunicaciones y Obras Públicas, se le denomine Comunicaciones y Transportes; y la de Guerra y Marina sea Defensa Nacional y Marina.

En consecuencia, la denominación de la Segunda Comisión sería:

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Educación Pública.

Asimismo, con esta reforma se pretende dar respaldo jurídico a las denominaciones de las comisiones, habida cuenta que en la actualidad, ningún artículo hace referencia a su integración como Primera, Segunda y Tercera, motivo por el cual también consideramos necesario reformar el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de modo tal que con la incorporación de la denominación de las comisiones, se estaría dando a la Comisión Permanente, la posibilidad jurídica de nombrarlas de acuerdo a las materias de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 127. La Comisión Permanente para el despacho de los negocios de su competencia contará con tres comisiones, las cuales se denominarán: Primera, Segunda y Tercera Comisión.

Los asuntos a cargo de las comisiones se distribuirán de la siguiente forma:

a. Primera: Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia;

b. Segunda: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Educación Pública; y

c. Tercera. Hacienda y Crédito Público; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y Comunicaciones y Transportes.

Segundo.Se reforma el artículo 175 delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 175. Para el despacho de los negocios de su competencia, la Comisión Permanente, nombrará, a propuesta de la Mesa y por mayoría de votos, en el mismo día de su instalación, las siguientes Comisiones:

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes,

Educación Pública,

Gobernación, Defensa Nacional y Marina,

Hacienda y Crédito Público,

Justicia,

Puntos Constitucionales,

Relaciones Exteriores.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica).»

La Presidente diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Termine, señor senador.

El senador Sebastián Calderón Centeno:Es todo, señora presidenta. Pido respetuosamente que esta iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

La Presidente diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Muy bien, señor senador. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Tiene la palabra la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 309 y 310 de la Ley General de Salud.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina:Honorable Asamblea, presento a la consideración iniciativa que reforma los artículos 309 y 310 de la Ley General de Salud, para garantizar la información clara y completa en la publicidad de preservativos para la prevención de infecciones de transmisión sexual.

El derecho fundamental a la protección de la salud establece en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la obligación del Estado de proveer información clara, objetiva y científicamente probada de medicamentos, dispositivos médicos y de prevención de enfermedades, proveyendo así las condiciones propicias para su uso responsable informado.

En este contexto la Ley General de Salud establece, en su artículo 67, que la Secretaría de Salud tiene la obligación de brindar una correcta información, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa.

Considerando los fundamentos legales anteriores, es pertinente especificar en la ley las características informativas que deben cumplir productos sanitarios de consumo generalizado para garantizar el derecho a la información y, a través de éste, a la prevención de enfermedades o contraindicaciones.

Las infecciones de transmisión sexual o ITS son consideradas por algunos especialistas como un problema endémico de salud pública. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que anualmente se presentan alrededor de 340 millones de nuevos casos de enfermedades de infecciones de transmisión sexual en el mundo, en población entre los 15 y los 49 años de edad. Es decir, afectando especialmente a la juventud.

Es importante tomar en cuenta que estas infecciones de transmisión sexual son causadas por más de 30 distintas bacterias, virus y parásitos, y que la mayoría puede conducir a enfermedades crónicas, a esterilidad, a cáncer y eventualmente la muerte, como es el caso del virus de inmunodeficiencia humana o VIH, que ha arrasado con más de 20 millones de personas  como víctimas de esta enfermedad.

En relación, el preservativo de mayor uso para prevenir este tipo de infecciones es el condón, y en relación a su finalidad de prevención es de suma importancia que aquellas personas que lo utilicen sean conscientes de que en ningún caso es 100 por ciento seguro para prevenir las infecciones de transmisión sexual, y que su efectividad varía según la consistencia en su uso y según el tipo de virus al que se esté expuesto, entre un 60 y un 80 por ciento.

Actualmente los productores y comercializadores de condones, mediando fuertes intereses económicos, publicitan sus productos a través de una información incompleta, ambigua y engañosa, poniendo en grave riesgo la salud de la población, en particular de la juventud.

Dicha publicidad de manera irresponsable intenta vender a la población la idea de que el uso del preservativo es igual a sexo seguro o a protección total, cosa absolutamente falsa, comprobada por revistas científicas de gran prestigio internacional. Sin la información completa y real al consumidor, éste seguirá siendo engañado y en consecuencia poniendo en grave riesgo su salud y la de terceros.

De acuerdo con lo anterior, la Ley General de Salud establece en el artículo 306, entre los requisitos que se deberán cumplir en la publicidad, que los productos a los cuales se refiere tendrán que decir que la información es comprobable. Asimismo, que el mensaje no deberá inducir a conductas, prácticas o hábitos nocivos para la salud física o mental, que impliquen un riesgo que atente contra la seguridad o contra la integridad física de las personas.

Además, la Secretaría de Salud determinará en qué casos la publicidad de productos debe incluir, en adición a los ya expresados, otros textos de advertencia de riesgos adicionales para la salud.

Asimismo, el artículo 306 de esta misma ley establece que tendría que decir... O sea, que está prohibido que esta publicidad induzca al error, que oculte las contraindicaciones necesarias o que exagere las características o propiedades de los productos o servicios.

Por todo lo anteriormente expuesto concluimos que en la actualidad no se cumple a cabalidad con los requisitos que establece este reglamento, y que la Ley para la Regulación de la Producción de Preservativos, que está contenida en la norma 016SSA1-1993, tiene claras inconsistencias al no advertir de manera clara, veraz y completa sobre los riesgos que implica su uso al consumidor.

En vista de lo anterior concluimos que existe una violación al derecho a la salud al no proveer de toda la información necesaria, por lo cual sugerimos las siguientes reformas.

Al artículo 309, el cual la publicidad de preservativos deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

La publicidad de preservativos no podrá establecer expresiones que puedan interpretarse como una protección 100 por ciento efectiva contra infecciones de transmisión sexual, tales como sexo seguro o protección total.

En el caso del condón se deberá explicitar en el empaque y en toda la publicidad al respecto el índice de riesgo que conlleva su uso en el contagio de enfermedades de infecciones de transmisión sexual.

En el caso de la anticoncepción deberá advertirse igualmente que las fallas oscilan entre un 12 y un 50 por ciento.

El artículo 310 deberá explicitar que la publicidad de preservativos, además de los aspectos considerados en el reglamento correspondiente y otras disposiciones aplicables, sólo podrá transmitirse conforme a lo siguiente:

En televisión y radio sólo podrá difundirse a partir de las 22 horas.

En el cine podría difundirse únicamente en películas para adultos...

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Concluya, diputada, por favor.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina:...correspondientes a sus clasificaciones.

Y en ambos casos la publicidad deberá acatar las disposiciones que establece la ley, informando con claridad y precisión sobre el índice de riesgo que implica su uso. Muchas gracias, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 309 y 310 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Paz Gutiérrez Cortina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la reforma de los artículos 309 y 310 de la Ley General de Salud para garantizar la información clara y completa sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual mediante el uso de preservativos con base en a las siguientes

Consideraciones

El derecho fundamental a la protección de la salud establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la obligación del Estado de proveer información clara, objetiva y científicamente probada a los usuarios de medicamentos, dispositivos médicos y de prevención de enfermedades, proveyendo así las condiciones propicias para su uso responsable e informado.

En congruencia con dicho mandato constitucional, el artículo 110 de la Ley General de Salud, establece como uno de sus objetivos, crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo, las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.

En el contexto de la disposición anterior, la Ley General de Salud establece en su artículo 67 que la Secretaría de Salud tiene la obligación de brindar una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa.

Considerando los fundamentos legales anteriores, es pertinente especificar en la ley, las características informativas que deben cumplir productos sanitarios de consumo generalizado, como son los preservativos, para garantizar el derecho a la información y por tanto, a la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son consideradas por algunos especialistas un problema endémico de salud pública. Las ITS  son causadas por más de 30 distintas bacterias, virus y parásitos; la mayoría pueden conducir a enfermedades crónicas, esterilidad, cáncer y eventualmente la muerte.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que anualmente se presentan alrededor de 340 millones de casos nuevos de ITS en el mundo, en población de 15 a 49 años. En México durante 2004 se notificaron 528 mil 426 casos de ITS.

Dentro de las ITS más comunes se encuentran las siguientes:

a) Clamidia. La infección por clamidia (causada por Chlamydia trachomatis) es la ITS más común en todo el mundo.

b) Gonorrea. La infección por gonorrea facilita la transmisión del VIH. Es la segunda ITS más importante; y se estima que ocurren 600 mil nuevos casos anuales tan sólo en Estados Unidos de América.

c) Sífilis. La infección por sífilis (causado por el Treponema pallidum),desde el año 2000 ha aumentado, sobre todo en hombres. Estudios indican que la sífilis e una de las infecciones transmitidas sexualmente de mayor hallazgo.

d) Virus del Papiloma Humano (VPH). Es la ITS más común transmitida entre personas menores de 24 años, específicamente en jóvenes de entre 14 y 19, y la padecen del 15 al 20 por ciento de todas las personas con ITS. La OMS estima que en 1995 se presentaron más de 30 millones de casos de VPH en el mundo. Estudios informan que casi el 17 por ciento de las mujeres mexicanas menores de 25 años presentan en VPH.

e) Herpes virus tipo 2 (VHS-2). Es una enfermedad viral incurable. El herpes es una de las ITS ulcerativas y facilita la transmisión del VIH.

f) Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Datos de la OMS afirman que en todo el planeta existen 46 millones de personas con VIH (2.5 por ciento son niños), 5 millones de infecciones anuales y que han muerto más de 20 millones de personas por la enfermedad. Datos del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida (Censida) indican que el VIH/Sida se ha convertido en un problema social y de salud pública en México, dado el acelerado incremento del número de personas que han adquirido la enfermedad.

El preservativo de mayor uso es el condón, el cual tiene dos finalidades: la prevención de infecciones de transmisión sexual y la anticoncepción.

En relación a su finalidad de prevención, es de suma importancia que aquellas personas que lo utilicen, sean conscientes de que en ningún caso es 100 por ciento seguro para prevenir ITS. Su efectividad varía según la consistencia en su uso; de entre el 60 y 80 por ciento. Además existe un porcentaje de ruptura de 12 por ciento al 35 por ciento.

Aunado a lo anterior, varias de la ITS se contagian piel con piel en áreas donde el condón no protege, como el virus del papiloma humano (VPH), el virus del herpes simple, sífilis, linfogranuloma venéreo o chancriode.

En mujeres, el uso consistente del condón protege en un 62 por ciento de gonorrea y  en 25 por ciento de clamidia.

En relación a la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) con el uso del condón, existen varios estudios que demuestra una efectividad del 69 por ciento, 87 por ciento, 90 por ciento, pero en global se considera que ésta es de 80 por ciento con uso consistente; es decir que 1 de cada 5 se infectan. Asimismo, existen estudios que han comprobado el paso del VIH por los poros de látex del condón hasta en un 33 por ciento.

En lo que respecta a su finalidad anticonceptiva, el condón tiene un elevado número de fallos para prevenir embarazos, reportándose datos del 12 por ciento, del 13 por ciento, 17 por ciento y hasta del 50 por ciento.

Existe amplia falla mecánica en el uso del condón principalmente en jóvenes (que los exponen a las ITS y embarazos no esperados), pues tienen mayor dificultad para usarlo y presentan deslizamientos y roturas en mayor proporción.

Actualmente los productores y comercializadores de condones, mediando fuertes intereses económicos, publicitan sus productos a través de una información incompleta, ambigua y frecuentemente engañosa, poniendo en grave riesgo la salud de la población - en particular de la juventud, - al propiciando así el contagio de distintas infecciones de transmisión sexual.

Dicha publicidad ambigua y tendenciosa intenta vender a la población la idea de que el uso del preservativo es igual a “sexo seguro”, a pesar del gran número de estudios científicos que demuestran dependiendo del tipo de la ITS el grado de eficiencia  de los  mismos.

Sin la información completa y real al consumidor, éste seguirá siendo engañado y en consecuencia, poniendo en riesgo su salud y la de terceros.

De acuerdo con el artículo 300 de la Ley General de Salud, es facultad de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere la misma ley, lo que incluye a los preservativo. A mayor especificidad, el artículo 306 establece los requisitos que deberá cumplir la publicidad de los productos a que se refiere la ley:

I. La información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser comprobable;

II. El mensaje deberá tener contenido orientador y educativo;

III. Los elementos que compongan el mensaje, en su caso, deberán corresponder a las características de la autorización sanitaria respectiva;

IV. El mensaje no deberá inducir a conductas, prácticas o hábitos nocivos para la salud física o mental que impliquen riesgo o atenten contra la seguridad o integridad física o dignidad de las personas, en particular de la mujer;

V. El mensaje no deberá desvirtuar ni contravenir los principios, disposiciones y ordenamientos que en materia de prevención, tratamiento de enfermedades o rehabilitación, establezca la Secretaría de Salud; y

VI. El mensaje publicitario deberá estar elaborado conforme a las disposiciones legales aplicables.

Además, la Secretaría de Salud determinará en qué casos la publicidad de productos y servicios a que se refiere esta la Ley deberá incluir, en adición de los ya expresados, otros textos de advertencia de riesgos para la salud.

Respecto a la fracción I del artículo 306 de la Ley, el Reglamento en Materia de Publicidad especifica en su artículo 9 que la publicidad no es comprobable o no corresponde a la calidad sanitaria, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo de los productos o servicios, cuando:

I. Induzca al error;

II. Oculte las contraindicaciones necesarias;

III. Exagere las características o propiedades de los productos o servicios;

En el mismo sentido el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad establece en su artículo 6 fracción I. que la publicidad debe ser congruente con las características o especificaciones que establezcan las disposiciones aplicables para los productos o servicios objeto de la misma, para lo cual no deberá  atribuirles cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitadoras, nutritivas, estimulantes o de otra índole, que no correspondan a su función o uso.

El artículo 7, facciones I y III, letras a, b y d, del reglamento establecen que  la publicidad será orientadora y educativa respecto del producto o servicio de que se trate, para lo cual deberá:

I. Referirse a las características, propiedades y empleos reales o reconocidos por la Secretaría, de los productos, servicios y actividades, en idioma español, en términos claros y fácilmente comprensibles para el público a quien va dirigida;

II. Proporcionar información sanitaria sobre el uso de los productos y la prestación de los servicios, la cual deberá corresponder, en su caso, a las finalidades señaladas en la autorización respectiva; y

III. Señalar las precauciones necesarias cuando el uso, manejo, almacenamiento, tenencia o consumo de los productos o la prestación de los servicios pueda causar riesgo o daño a la salud de las personas, de conformidad con lo siguiente:

a. Contener información sobre las especificaciones para el uso adecuado del producto o servicio de que se trate, así como de los daños que pudieran ocasionar a la salud;

b. Incorporar la información a la que se refiere el inciso anterior a la imagen gráfica del producto para evitar un error del consumidor;

c. Estar impresas en colores contrastantes y en los tamaños señalados en el artículo 10 de este reglamento;

d. Estar redactadas en formas literarias positivas, cuando se trate de dar instrucciones para el uso; y

e. Estar redactadas en formas literarias negativas cuando se trate de prevenir al consumidor sobre los riesgos que el producto pueda representar.

En el mismo sentido, el artículo 8 del reglamento enfatiza que “no se podrá realizar publicidad que propicie atentar o poner en riesgo la seguridad o integridad física o mental o dignidad de las personas”.

La administración pública federal no cumple a cabalidad los requisitos que establecen el Reglamento y la Ley para la regulación de la producción de condones, ya que la NOM-016-SSA1-1993, tiene las siguientes inconsistencias:

1. Al tratarse de un dispositivo preservativo que no es 100 por ciento eficaz, se debe prevenir al consumidor sobre el riesgo que presenta su uso, por lo tanto la leyenda debe estar redactada en una forma literaria negativa.

2. La información es escasa, no establece claramente los riesgos de contraer o transmitir alguna infección ni la eficacia real que tiene el condón.

3. La leyenda preventiva que debe establecerse en el envase, no expresa un mensaje orientador ni educativo.

4. La leyenda obligatoria, al ser un enunciado en positivo, induce a prácticas que pueden resultar nocivas a la salud física del consumidor.

5. Al no establecerse los porcentajes aproximados de eficacia del condón, se puede interpretar la atribución de cualidades preventivas que no corresponden a la realidad.

En vista de lo anterior, actualmente existe una violación al derecho a salud, al no proveer de información correcta y completa sobre dispositivos preservativos a los que la ciudadanía tiene acceso irrestricto.

En base a lo anterior se propone la reforma de los artículos 309 y 310 de la Ley General de Salud en los términos siguientes:

Artículo 309. La publicidad de preservativos deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

I.  La publicidad de preservativos no podrá establecer expresiones que puedan interpretarse como una protección 100 por ciento efectiva contra infecciones de transmisión sexual como: “sexo seguro”, “protección total”, etcétera.

II.  La publicidad de preservativos no podrá dirigirse a menores de 14 años.

III. La publicidad deberá de ir acompañada de la leyenda “la fidelidad a una pareja estable, disminuye el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual”.

IV. En el caso del condón, se deberá explicitar en el empaque y en toda la publicidad al respecto, el índice de riesgo que conlleva su uso en el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Artículo 310. La publicidad de preservativos, además de los aspectos considerados en el reglamento correspondiente y otras disposiciones aplicables, sólo podrá trasmitirse conforme a lo siguiente:

I. En televisión y radio sólo podrá difundirse a partir de las veintidós horas;

II. En cine podrá difundirse únicamente en películas para adultos, correspondientes a las clasificaciones C y D.

III. En ambos casos la publicidad deberá acatar las disposiciones que establece la ley, informando con claridad y precisión sobre el índice de riesgo que implica su uso en la transmisión de ITS y en la anticoncepción.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

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2 Gayón VE, Hernández OH, Sam SS, Lombardo AE. Efectividad del preservativo para prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual. Ginecol Obstet Mex. 2008; 76(2):88-96.

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15 Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA1-1993

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25 Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception 2004; 70(2):89-96. Parkes A, Wight D, Henderson M, Stephenson J, Strange V. Contraceptive method at first sexual intercourse and subsequent pregnancy risk: findings from a secondary analysis of 16-year old girls from the RIPPLE and SHARE studies. J Adolesc Health 2009; 44(1):55-63.

26 Weller SC. A meta-analysis of condom effectiveness in reducing sexually transmitted HIV. Soc Sci Med 1993; 36(12): 1635-44.

27 Kost K, Singh S, Vaughan B, Trussell J, Bankole A. Estimates of contraceptive failure from the 2002 National Survey of Family Growth. Contraception 2008; 77(1)10-21.

28 Gayón VE, Hernández OH, Sam SS, Lombardo AE. Efectividad del preservativo para prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual. Ginecol Obstet Mex 2008; 76(2):88-96.

29 Warner L, Clay-Warner J, Boles J, Williamson J. Assessing condom use practices: implications for evaluating method and user effectiveness. Sex Transm Dis 1998; 25(6):273–7. Genuis SJ, Genuis SK. Managing the sexually transmitted disease pandemic: A time for reevaluation. Am J Obst Gynecol 2004; 191:1103-12.

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Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA DESAPARICION FORZADA

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Entramos al punto de proposiciones. Se recibió de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición por la que se exhorta al Ejecutivo federal a que reconozca la competencia del Comité de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconocer la competencia del Comité de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la postulación de un experto, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Florentina Rosario Morales , diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En virtud de la accesión de Irak a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ésta entró en vigor el pasado 23 de noviembre de 2010.

Dicho instrumento internacional establece en su artículo 26 la constitución de un comité integrado por diez expertos de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos e independientes, que ejercerán sus funciones a título personal, los cuales serán propuestos y  elegidos por los Estados parte en votación secreta de una lista de candidatos.

Cabe señalar que hasta el momento, de los 21 países que son partes en la Convención, solamente 3 de América latina (Argentina, Chile y Uruguay) han reconocido la competencia de dicho comité. México es uno de estos países que no han reconocido la competencia del comité.

Sin embargo, dado el historial de desapariciones forzadas en nuestro país durante el periodo denominado de la guerra sucia, y las que se vienen dando a raíz de la lucha en contra del crimen organizado, es necesario que Estado mexicano participe activamente en dicho proceso, mediante la propuesta y postulación de un experto mexicano, que sea el resultado de un proceso transparente, en el que se invite a los organismos defensores de los derechos humanos a que propongan a los candidatos o candidatas que, en su opinión, resulten idóneos para ocupar dichos cargos, en atención a criterios de conocimientos, honorabilidad, experiencia y compromiso.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los términos del artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, reconozca la competencia del comité que establece dicho instrumento internacional y al hacerlo participe con la postulación de un experto mexicano, previa opinión y consulta de los organismos defensores de los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de enero de 2011.— Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

TRABAJO INFANTIL

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que sancione a los patrones que emplean niñas y niños en las labores del campo, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a sancionar a los patrones que emplean niños en las labores del campo y a hacer cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Rodolfo Lara Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), declaró en días pasados, que no ha podido sancionar a los patrones del sector rural, ya que, supuestamente, el campo está excluido de la  competencia federal.

Esto no es más que una calumnia para dejar la puerta abierta a la violación sistemática de los derechos de los trabajadores del campo, especialmente de las niñas y  niños, lo que representa una actitud indebida, calculadora y timorata, para evitar los costos políticos entre este sector empresarial. Es decir, se sacrifican los derechos humanos, en aras de los intereses económicos inmediatos de unos cuantos, sin enfocar el verdadero desarrollo económico del país con una visión más amplia y a largo plazo.

Sin embargo, contrario a lo que señala la STPS, el sector rural es de competencia federal, en materia de seguridad e higiene. A este respecto, la Ley Federal del Trabajo señala, terminantemente

Artículo 527-A. En la aplicación de las normas de trabajo referentes...a seguridad e higiene en el trabajo, las autoridades de la federación serán auxiliadas por las locales, tratándose de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, estén sujetos a la jurisdicción de estas últimas.

Artículo 529. En los casos no previstos por los artículos 527 y 528, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 527-A, las autoridades de las entidades federativas deberán

IV. Reportar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las violaciones que cometan los patrones en materia de seguridad e higiene y de capacitación y adiestramiento e intervenir en la ejecución de las medidas que se adopten para sancionar tales violaciones y para corregir las irregularidades en las empresas o establecimientos sujetos a jurisdicción local;

VII. Previa determinación general o solicitud específica de las autoridades federales, adoptar aquellas otras medidas que resulten necesarias para auxiliarlas en los aspectos concernientes a tal determinación o solicitud.

Artículo 539-C. Las autoridades laborales estatales auxiliarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para el desempeño de sus funciones, de acuerdo a lo que establecen los artículos 527-A y 529.

Por lo que hace al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio ambiente de Trabajo, señala expresamente, que su aplicación corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Por su parte, el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, establece que La Secretaría del Trabajo, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, podrán celebrar convenios para establecer  la coordinación, auxilio y unificación de criterios, programas, sistemas y procedimientos de inspección y aplicación de sanciones que permitan la adecuada vigilancia y cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo (artículo 3o. Párrafo primero).

La persistencia de niñas y niños en el sector rural, es una violación abierta a la normativa en materia de seguridad e higiene, que es competencia expresa de la Secretaría del Trabajo, y por lo que hace a la inspección, la federación debe hacer los convenios necesarios con las autoridades de las entidades federativas, de manera que se respeten los derechos de los trabajadores. Luego, la Secretaría del Trabajo, no sólo puede, sino debe sancionar a los patrones del campo que violentan las medidas de seguridad e higiene, comenzando por el indebido empleo de las niñas y niños.

El auxilio de las autoridades locales, no suprime la competencia originaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de seguridad e higiene. Auxiliar, no quiere decir, sustituir.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta Comisión Permanente, exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, para que en estricto cumplimiento a lo preceptuado por la Ley Federal del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias, sancione a los patrones que empleen niñas y niños en las labores del campo, en general, haga cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía. Celebrando con las autoridades de las entidades federativas los convenios de coordinación necesarios en materia de inspección que permitan vigilar debidamente en bien de los trabajadores del campo el debido cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

GUARDERIA ABC

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo para que el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes responda ante la ley por sus múltiples actos violatorios a nuestro Estado de derecho, suscrito por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, para que Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex titular de la SCT, responda ante la ley por sus actos violatorios del estado de derecho, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Rodolfo Lara Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Consideraciones

Los puestos públicos no debieran ser medio de corrupción; en general, instrumento privilegiado para la comisión de delitos, con el respaldo de la impunidad.

La actuación de Juan Francisco Molinar Horcasitas no debe quedar en una simple remoción, sino que ésta lleva al centro de las preocupaciones y reclamos nacionales, el que este funcionario público responda ante la ley, por sus múltiples actos violatorios a nuestro estado de derecho. Destacadamente, es llegado el momento de que la Procuraduría General de la República, atraiga el asunto relativo al incendio en la Guardería ABC y proceda a consignarlo ante las autoridades judiciales por la irresponsabilidad que se condujo al frente del instituto.

Ninguno de los hechos turbios de este funcionario deben quedar sin sanción, mucho menos la muerte de 49 niñas y niños en la Guardería ABC; y las lesiones sufridas por cientos de niños, trabajadoras y miembros de la comunidad, víctimas de este hecho.

La reparación de la violencia que azota al país exige justicia en un doble sentido, justicia social, redistribución de la riqueza, inclusión de los más al desarrollo del país; pero también justicia, como antípoda de la impunidad. La comisión de delitos debe pasar de  un acto de cinismo de los que tienen poder; para ser decisión de que se repare la dignidad y derechos de los ofendidos, incluidos la nación mexicana.

Los familiares de estas niñas y niños siguen exigiendo que se sancione con firmeza a Molinar Horcasitas, que en abierta violación a la letra y espíritu de la Ley del Seguro Social se dedicó a firmar contratos de subrogación de servicios de guarderías, sin cubrir los requisitos mínimos para la seguridad de las niñas y niños derechohabientes, dentro de un marco de anarquía y menosprecio a los derechos humanos a la vida y salud, privilegiando en todo momento el negocio, el lucro, el tráfico de influencias; manejando al IMSS, como si se tratara de una empresa de su propiedad, perdiendo la perspectiva de legalidad y servicio social.

No basta con que Molinar Horcasitas se vaya del gabinete, debe, como cualquier otro ciudadano, responder por sus corruptelas y demás delitos (licitaciones 20 y 21, inversión ilegal de las reservas del IMSS; irregularidades en torno a Mexicana de Aviación, entre otros), lo que será uno de los medios indispensables para que hechos como el crimen de la Guardería ABC no se repitan. Será un medio para atender la dignidad y la memoria de los fallecidos y la ruta para que México vea con fuerza moral al resto de los países de la comunidad internacional.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Esta Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer, con la brevedad posible, la investigación del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, a efecto de que el señor Juan Francisco Molinar Horcasitas y demás implicados en este hecho sean consignados ante las autoridades judiciales y sean sancionados con todo el peso de la ley.

Segundo. Esta Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que en el marco de sus respectivas atribuciones investiguen la gestión de Molinar Horcasitas como director general del IMSS, procediendo al deslinde de responsabilidades.

Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

RESCATE SOCIAL DEL PAIS

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a que establezcan un gran acuerdo que permita llevar a cabo el rescate social que nuestro país exige con urgencia, suscrito por el diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a establecer un gran acuerdo que permita llevar a cabo el urgente rescate social del país, haciendo eco de la propuesta formulada por el rector de la UNAM, suscrita por el diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el  artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

La esencia de una nación es su gente y el grado de desa-rrollo de toda nación está dado igualmente por el desarrollo alcanzado por su pueblo, especialmente los más humildes.

Luego es un contrasentido, aplicar una política social y económica, que se funda en arrancar el bienestar a las mayorías, para crear una plutocracia hasta el exceso más funesto, hasta un grado inadmisible hasta para los mismos ricos, que amenaza con desintegrar a la nación misma, de manera que la justa inconformidad sólo se detiene, mientras sea posible, con un uso excesivo e indebido de la fuerza.

Es de las grandes personas, y concretamente de los grandes estadistas, atreverse a ver las terribles consecuencias de una política errónea, y con moderación y objetividad, corregir;  esto no provocará debilitación del principio de autoridad, sino su afianzamiento dentro del sentido de justicia.

Y hablando de justicia, la deuda social que el Estado mexicano tiene hacia la mayoría de la población, se nos presenta como una acumulación terrible de pobreza, desempleo, enfermedad, precaria educación, falta de recreación, muerte de la esperanza y las ilusiones. Lo que necesariamente se traduce en que  el grado  de libertad y felicidad de nuestro pueblo ha llegado a un mínimo.

Es indignante vernos en los primeros lugares de los listados internacionales de la ignominia:

• Tenemos la ciudad donde más se asesina, la más peligrosa del mundo, Ciudad Juárez; no se necesita pensar mucho para comprender el dolor de las niñas, de las mujeres, de los ancianos, de los varones que la habitan. En general, somos unos de los países más violentos del mundo.

• Ocupamos el segundo lugar en corrupción.

• Estamos a la cola de los países de la OCDE en materia educativa.

• Somos primer lugar en obesidad infantil y segundo en la obesidad adulta, a lo que el secretario de la OCDE ha puesto la alerta, ya que pone en peligro la esperanza de vida, el futuro del país y la estabilidad de sus finanzas públicas.

• El desempleo que oficialmente representa más de dos y medio millones, se eleva exponencialmente, si tomamos en cuenta a los millones que se encuentran disponibles, los que no reciben  remuneración, los empleos de ficción de la informalidad, los subempleados; más aún,  si vamos a los empleados, estos son otra ficción, ya que en ellos dominan los salarios precarios, la inestabilidad de los empleos, su falta de acceso a la seguridad social, o a una seguridad social sin calidad.

• Al ocuparnos de los jubilados, vemos a personas de la tercera edad con pensiones mínimas, pero sobre todo, sin que éstas se complementen con todo el bienestar físico, mental, cultural, de recreación y social, que estas personas se merecen, por lo que la jubilación, pasa de júbilo a un verdadero infierno.

• Pero hay una mayoría, que no accede ni a tales precarias pensiones, lo que es sinónimo no sólo de absoluta pobreza, sino de despojo, de abandono, de tristeza y abusos de todo tipo.

• Nuestros jóvenes, que son el verdadero oro de una sociedad, abandonados, entre el suicidio y la delincuencia, para muchos de ellos, 7 millones se dice, son mucho más, sin respeto a su derecho a estudiar, trabajar, a la cultura, a una indispensable participación en los problemas sociales y políticos de nuestra nación.

• Los jóvenes, que tienen el privilegio de acceder a una institución educativa, o trabajar, no siempre reciben la educación con la calidad y elevación moral que se merecen.

• Los recursos para la  investigación científica se mantiene dentro de un enanismo apenas creíble, cuando ésta es palanca no sólo del conocimiento sino del desarrollo económico y social de los pueblos.

• El campo, le duele a toda la nación en su retraso, en su abandono; del que manan millones que buscan en otros países, si antes no los alcanza la muerte, el trabajo y la ilusión que su nación les niega.

• La salud, como derecho, sufre exclusiones y desigualdades inaceptables. Urge crear un sistema nacional de salud.

• Como si nuestro país fuera un campo sin autoridad, parece coto de caza de niñas y niños y adolescentes para la trata de personas, prisioneros de la comida chatarra, padecen hambre, y son víctimas de las más variadas y encarnizadas formas de violencia.

• Nuestros bosques van a la cabeza mundial en devastación, en general, nuestro entorno, nuestra agua, está en una emergencia ecológica, que niega todo futuro si seguimos por esta ruta.

• Según la fuente, 47 (Coneval) u 82 (algunos especialistas) millones de mexicanos,  vive en la pobreza, sin que las medidas asistencialistas, puedan ser su solución.

• En materia de productividad hemos caído al lugar 60, y seguimos en picada.

• La vivienda digna, que sigue siendo privilegio y no derecho, sigue como rehén del tráfico de influencias, el lucro de constructoras y financieras, y de despachos de cobranza.

En este dramático panorama, nuestro mapa se va llenando de hechos trágicos, que han conllevado la muerte inocente y grupal de mexicanos: explosión en Pasta de Conchos, incendio en la Guardería ABC, muerte por esclavitud de las trabajadoras de Coppel, muerte en San Juan Texmelucan. Muertes inmersas en el menosprecio a la vida y a la aplicación de las medidas preventivas, para evitarlas.

Por todo lo dicho, no deben quedar como palabras bonitas, sino como un programa de acción de todas las fuerzas políticas, la propuesta hecha por el  Rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, el 22 de septiembre de 2010, en sesión solemne de Congreso General, conmemorativa del centenario de la UNAM, celebrada el 22 de septiembre de 2010, de cuya trascendente intervención rescatamos los siguientes párrafos:

“Tenemos que dar el gran salto del México desigual, a un México con equidad, solidaridad y justicia social, donde la opulencia y la miseria se moderen como lo planteó Morelos hace 200 años.

”Los derechos sociales para todos los mexicanos son, hoy por hoy, una condición básica para avanzar hacia el país que todos anhelamos, pero no basta con que dichos derechos se enuncien en el texto constitucional, debemos avanzar y hacerlos exigibles.

”La agenda de México en el siglo XXI debe partir de ese reconocimiento. El nuevo curso de desarrollo debe poner en el centro de su eje a la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la enfermedad.

”Debemos reconocer que ningún proyecto vale la pena si no sirve para mejorar las condiciones de vida de la población.

”Es necesario retomar los valores intrínsecos de la política, el diálogo, la negociación, el respeto a las opiniones ajenas y la voluntad de alcanzar acuerdos.

”Ha sido posible establecer pactos políticos que en principio parecían improbables. Hoy quiero, respetuosamente, pedir a esta soberanía que las fuerzas políticas representadas en el Congreso establezcan un gran acuerdo a favor del rescate social que México demanda, del que se requiere para pagar la deuda histórica, del que necesitamos para solucionar los problemas que a Morelos, Juárez o Zapata perturbaban; de ésos que a muchos hoy nos agobian en particular.”

Así, en mi carácter de representante popular, convoco a todos las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión  a que hagamos realidad el rescate social que exige nuestra nación, para que tenga futuro, dentro de la felicidad y justicia, a lo que todos los mexicanos tienen derecho y  que todos anhelamos.

Como se ha repetido, si en su momento se han llevado a cabo rescates financieros, carreteros, de los ingenios, de empresas privadas con las reservas del IMSS, urge en equidad que se haga un Rescate Social, que ponga fin al actual desconocimiento de la justicia social; con lo cual además daremos cabal cumplimiento a lo ordenado por nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales signados por México.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta Comisión Permanente exhorta a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a establecer  un gran acuerdo que permita llevar a cabo el rescate social que nuestro país exige con urgencia. Haciéndonos así eco de la relevante propuesta hecha por el rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, en sesión solemne de Congreso General, conmemorativa del centenario de la UNAM, celebrada el 22 de septiembre de 2010.

Segundo. Esta Comisión Permanente exhorta a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a crear un grupo de trabajo que trabaje en conferencia, e integrado por senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios, para concretizar con la brevedad posible este gran acuerdo para el rescate social de nuestro país.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Diputado José María Valencia Barajas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo relativo a las recomendaciones emitidas en diciembre de 2010 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a las recomendaciones números 72/2010 y 83/2010, emitidas en diciembre de 2010 por la CNDH, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante el 2010, la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) recibió 198 quejas en contra de servidores públicos de la Secretaría de Marina, principalmente por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida.

La CNDH dirigió a la Secretaría de Marina seis recomendaciones, cifra que supera las dirigidas a esa autoridad del año 2006 al 2009, lo que muestra que el personal de esa dependencia ha multiplicado exponencialmente el número casos en que ha incurrido en hechos violatorios a derechos humanos.

De las recomendaciones emitidas en el año 2010, la Secretaría de Marina únicamente ha aceptado dos, quedando pendiente una de contestar.

En la recomendación 72/2010, la CNDH observó que la noche del 16 de diciembre de 2009, elementos de la Secretaría de Marina dispararon sus armas de fuego en la colonia Del Empleado, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y varios proyectiles alcanzaron la camioneta en que viajaba una persona, quien falleció a causa de las lesiones provocadas.

Por lo que respecta a la recomendación 83/2010, menciona que la madrugada del 11 de diciembre de 2009, servidores públicos de la Secretaría de Marina realizaron disparos de arma de fuego en contra del vehículo que conducía una mujer que salía de su domicilio en el fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, Morelos, quien perdió la vida en ese lugar.

En ambos casos, la CNDH concluyó que los elementos de la Marina “incurrieron en uso arbitrario de la fuerza pública y vulneraron en perjuicio de los agraviados los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica”.

En ambos casos ha quedado demostrado que las fuerzas armadas no respetan las garantías individuales, y que la legislación en materia de procuración de justicia militar es un obstáculo para alcanzar la verdad material e histórica, y el obvio castigo a los responsables.

Cuenta de ello son las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en tres ocasiones ha solicitado a México se modifique el fuero militar, dejando el claro que los delitos cometidos por militares sean enfrentados en tribunales civiles.

La negación explícita de la Secretaría de Marina Armada de México, de recibir dichas recomendaciones deja en claro su nulo compromiso con la protección de los derechos humanos, y su sujeción al sistema autoritario del uso de la fuerza con la población civil.

Es por ello que sometemos a la consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, a que dentro de sus facultades constitucionales acepte y acate las recomendaciones 72/2010 y 83/2010 emitidas por la CNDH.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

MIGRANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo relativo a los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y extranjeros, indocumentados en el país, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del INM, de la Policía Federal y de la PGR a investigar los secuestros y las desapariciones de migrantes nacionales y extranjeros indocumentados en el país de abril de 2010 a la fecha, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD

Silvano Aureoles Conejo, senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II del numeral 1; 76, fracción IX del numeral 1, 276 y 277 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, al titular de la Policía Federal y al titular de la Procuraduría General de la República que investiguen acerca de los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y migrantes extranjeros indocumentados en el país, de abril de 2010 a la fecha y que han ascendido a un total de 10 mil secuestros en territorio nacional de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Consideraciones

La migración de mexicanos hacia territorio norteamericano data de hace más de cien años, con o sin política migratoria, pues los lazos de sangre han resultado  más fuertes que cualquier frontera material que sea instaurada.

Sin embargo, no siempre la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos fue considerada como un problema, al contrario, la mano de obra mexicana fue necesaria precisamente para el óptimo desarrollo de la sociedad norteamericana, quien se encontraba en vías de desarrollo pero sin la cantidad requerida de hombres trabajadores.

Así es como se inicia el fenómeno migratorio de nacionales mexicanos hacia territorio norteamericano, sin embargo, dada la necesidad de implementar medidas que permitieran un control de esa migración, surgen normas para lograr dicho objetivo.

Esas normas que en lo general surgieron en los Estados Unidos resultaron perjudiciales en muchas ocasiones para los emigrantes mexicanos hacia el país del norte, sin embargo, el Estado mexicano ha dejado mucho que desear por la insipiente, por no decir nula, regulación de la emigración tanto de nacionales mexicanos que se ubican en el sureste del territorio nacional y que migran hacia el norte para cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos, como de los miles de centroamericanos que salen de su país y cruzan la frontera con México para alcanzar el mismo sueño.

Es así como en la frontera sur de nuestro país siempre se han llevado a cabo vejaciones en contra de los migrantes indocumentados centroamericanos, acciones que son efectuadas tanto por ciudadanos mexicanos que se valen de la necesidad de los migrantes y los asaltan.

Estos asaltos, hasta hace unos años, es lo que se presentaba por lo regular en el recorrido de los migrantes hacia el norte de México, junto con la violación a mujeres y niños, sin embargo, la indiferencia tanto de las autoridades como de la propia sociedad, dio pie a que estos delitos se consideraran normales; para muchos era el riesgo que debían de correr para alcanzar su sueño de estar del otro lado, es decir en los Estados Unidos.

El 7 de enero de este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mencionó que de abril a septiembre de 2010, se han presentado 10 mil secuestros de migrantes en territorio nacional, esto ya no resulta normal para la aventura y riesgo que los migrantes tanto nacionales como extranjeros debían correr en su trayecto hacia el norte del país.

Esta cifra fue dada a conocer después de los continuos casos de violación a los derechos humanos de los migrantes tanto nacionales como extranjeros que cruzan el territorio nacional con la finalidad de llegar a territorio norteamericano.

“El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, informó que la institución que encabeza tiene registrados 214 casos de secuestros colectivos de migrantes perpetrados en México durante 2010”. En cada caso fueron privadas de su libertad alrededor de 50 personas, de ahí que se hable de 10 mil casos de secuestro.

Estos casos tal y como lo señaló el ombudsman nacional deben ser investigados para conocer la identidad de las personas que les causaron daño a cada una de las personas privadas de su libertad.

Aún cuando las cifras antes mencionadas han sido negadas por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, es menester que ambas partes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por un lado, y la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, por medio de los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, informen acerca de la situación que se vive en el recorrido del tren que va de Chiapas a Oaxaca y en el cual se ha mencionado que sufren violaciones los migrantes nacionales y extranjeros.

Ello a fin de ser coherentes con un estado de derecho que debe velar en todo momento por la seguridad de todos y cada uno de sus habitantes sea cual fuere su nacionalidad o condición migratoria.

Pero además porque es nuestra obligación como legisladores y más aun como voceros de los ciudadanos, actuar frente a estos hechos y pedir su investigación correspondiente, lo cual es no sólo facultad de la autoridad sino también su obligación.

Es necesario conocer el estado en que se encuentran los extranjeros en las estaciones migratorias y con ello verificar que su detención se haya dado conforme a derecho.

Presenciar el actuar de las autoridades migratorias en las garitas de acceso a territorio nacional vía la frontera sur del país, y denunciar cualquier acto de corrupción que pudiera presentarse en las mismas o cualquier tipo de anomalía.

Por ello, es indiscutible que México necesita de una reforma integral más allá de una ley migratoria, no debemos ser el reflejo de aquello que repudiamos de los Estados Unidos en cuanto al trato a nuestros connacionales.

¿Cuánto tiempo más nos mantendremos inertes ante esta situación? ¿Cuántas personas más tendrán que desaparecer o incluso morir para que se actúe? ¿Cuándo vamos a quitarnos la venda de los ojos de que en nuestro país, todos somos iguales, y se respeta a toda persona sin importar su origen, condición social ni situación migratoria, cuando miles de personas son discriminadas? ¿Cuándo nos vamos a comprometer como sociedad para realmente tener una conciencia de grupo frente a lo que como país nos ocurre? ¿Cuándo vamos a dejar de soñar en que vivimos en el país de no pasa nada? ¿Con qué cara nuestros embajadores acreditados en el exterior, podrán cambiar la imagen de México en otros países si aquí mismo escondemos lo que ocurre en contra de nacionales y extranjeros?

Con base en lo anterior es necesario que las autoridades correspondientes investiguen sobre las desapariciones y secuestros de migrantes nacionales y extranjeros que han ocurrido en los últimos meses en territorio nacional, para no dejar nuevamente al olvido un problema que tiene años de presentarse en nuestro país, el cual padece de una bipolaridad ante el problema migratorio.

Bipolaridad que se presenta por un lado ante el rechazo de varios sectores de la sociedad mexicana, gobernantes, funcionarios públicos, legisladores y opinión pública que nos desgarramos las vestiduras ante las vejaciones que sufren nuestros connacionales indocumentados en los Estados Unidos y la discriminación atroz de la que son objeto en su estancia en aquél país; y por otro lado somos el país de “no pasa nada” en la frontera sur de México en el que se respetan los derechos de los migrantes nacionales y extranjeros, y queremos maquillar cifras o bien, esconder la realidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República realicen una investigación exhaustiva acerca de los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y migrantes extranjeros indocumentados en el  país, de abril de 2010 a la fecha y que han ascendido a un total de 10 mil secuestros en territorio nacional, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y rindan, con oportunidad, un informe a esta soberanía en los términos que resulten necesarios para no trasgredir los derechos de las víctimas y de los denunciantes.

Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que asista a una reunión de trabajo con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de que se analicen los casos de secuestros de migrantes de los cuales han tenido conocimiento a través de las visitas que dicho organismo ha realizado a las diferentes estaciones migratorias ubicadas en el país, en las que se tomaron testimonios de las víctimas.

Tercero. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración que autorice ingresar a una comisión integrada por senadores y diputados a las estaciones migratorias ubicadas en el país, así como a permitir que algún legislador visite las garitas de entrada a territorio nacional por la frontera sur del país.

Nota:

1. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/182927.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

EDUCACION LAICA

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reitera la naturaleza laica de la educación pública que imparte el Estado mexicano, consagrada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente reitera la naturaleza laica de la educación pública que imparte el Estado mexicano, consagrada en la Constitución Política, y la sujeción obligatoria a sus preceptos por las autoridades de gobierno en todo ámbito y nivel, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador René Arce Círigo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recoge principios, reglas y valores que marcan la pauta de conducta y el modelo de organización del estado mexicano.

Entre los principios históricos que se encuentra el contenido en el artículo 130 constitucional, que se identifica como “ Separación del Estado y las Iglesias” y que fue sin duda un triunfo histórico del modelo liberal impulsado por Benito Juárez y otros grandes pensadores del siglo XIX. Ellos nos legaron su determinación por una sociedad libre de dogmas religiosos y de cualquier otra índole.

Se trató de una cuestión vital que determinaba el permanecer en el atraso decimonónico o acceder a la modernidad. En efecto, mientras que en Norteamérica y en Europa la separación de los asuntos religiosos con respecto a los de gestión de Estado se habían completado, incluso desde hacía décadas posibilitando el progreso de aquellas naciones; México se ahogaba en el peso sofocante de una iglesia que no aceptaba perder fueros, privilegios e influencia política. Por ello, con las Leyes de Reforma y con la promulgación de la Constitución federal de 1857, el país se dio un marco jurídico en el cual sentaron las bases para culminar su acceso a la modernidad y las luces del pensamiento ilustrado y finalmente, científico.

Uno de los elementos más poderosos de este modelo fue el establecimiento de la educación pública laica y libre de toda influencia religiosa, tal como está hoy en día normado por el artículo 3o. constitucional. Se trata de una de las conquistas más valiosas del movimiento liberal mexicano y de la propia revolución que hace unos meses cumplió un siglo de iniciada.

Y se trata también de una decisión que superó la prueba de la historia pues en este marco se consolidó el Estado laico mexicano como un baluarte del desarrollo económico, político y cultural y sin cuyo eje sería imposible entender el tránsito de México, ciertamente difícil y asimétrico, pero tránsito al fin, hacia la democracia.

Y contra toda esta tradición y logros, el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez –a propuesta del arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago– instruyó al secretario de Educación de la entidad, Alberto Diosdado, para que revise el tema de incluir la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, pues se dijo convencido de que “los padres deben elegir la educación que quieren para sus hijos”.

Al hacerse eco de la exigencia del arzobispado de León de incluir a la religión en la educación pública, el gobernador de la entidad está reabriendo peligrosamente una cuestión que ya fue zanjada por la historia a un gran costo político, económico, social, y que además de significó la pérdida de muchas vidas ante la insensatez de conservadores y jerarquía eclesiástica que, en la oportunidad, se aferraron a posesiones y poder terrenal.

La justificación de que los padres deben elegir la educación que quieren para sus hijos está mal dirigida pues el artículo 24 de la Constitución fija que:

Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

Lo que quiere decir que, bajo la tutela de sus padres, estos pueden brindar la educación religiosa “que más les agrade”.

Por otra parte, lo que el artículo 3o. prevé es simple y directo:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación...

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

La pretensión de incorporar a la religión en la educación pública, tal como lo declaró el gobernador Oliva Ramírez, es además de un contrasentido histórico, una grave falta al deber que juró el gobernador constitucional de Guanajuato de respetar y hacer respetar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ésta emanen y es, a todas luces, un rumbo condenable que no deben tolerar las autoridades y, no desde luego, el Poder Legislativo que tiene el ineludible deber de  pronunciarse categóricamente al respecto.

Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposicióncon

Puntos de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reitera la naturaleza laica de la educación pública que imparte el Estado mexicano, consagrada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la sujeción obligatoria a sus preceptos por parte de todas las autoridades de gobierno en todo ámbito y nivel.

Segundo: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza sin rodeos la pretensión manifestada por el gobernador constitucional de Guanajuato de revisar la posible inclusión de la religión en la enseñanza pública de la entidad por ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional de Guanajuato, para que desista de llevar a cabo cualquier acción, particularmente en el ámbito de la educación pública, que debilite la naturaleza laica del Estado mexicano y le recuerda que al inicio de su mandato él juró respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ésta emanen.

Dado a los 19 días del mes de enero de dos mil once, salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro.— Senador René Arce Círigo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.

ESTADO DE TABASCO

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo relativo a las acciones de investigación para  esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, suscrito por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a agilizar las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en Jalpa de Méndez, Tabasco, donde perdieron la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román, a efecto de que se proceda al deslinde de responsabilidades, a la aplicación de las sanciones correspondientes y a la indemnización de las familias afectadas, suscrita por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Rosalinda López Hernández,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la  Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A cuatro años de que el gobierno federal decidiera poner en marcha la llamada guerra contra el narcotráfico, los efectos sobre el tejido social han sido desastrosos, porque no sólo ha traído consigo detenciones de criminales o decomisos de dinero, drogas y armas a la delincuencia organizada, sino también grados de violencia e inseguridad sin precedentes de cuyo saldo hoy se reportan más 34 mil asesinatos.

La torpe estrategia que emprendió el gobierno federal supuestamente para disminuir la inseguridad ha impuesto la restricción de los derechos humanos de la sociedad, la violación de éstos y el establecimiento de un régimen de excepción en donde en muchas ocasiones las fuerzas de seguridad encargadas de combatir el hampa no parecen distinguir entre delincuentes y civiles inocentes.

Ante ello, el Congreso del Unión se ha pronunciado sobre la necesidad de llevar un registro puntual de los decesos de civiles donde se indique la edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos, a fin de que la población conozca la dimensión real de lo que tristemente el gobierno federal denominó como “daños colaterales”.

A pesar de que esta solicitud no ha sido atendida, extraoficialmente hemos podido conocer por diversos medios de información o derivado de trabajos de investigación, que las cifras de civiles muertos, ya sea en fuego cruzado, retenes u otras acciones policíacas y militares, así como actos deliberados de las bandas delictivas, se ha incrementado de forma alarmante, lo cual para el gobierno federal no parece ser razón suficiente para optar por un cambio en la estrategia que aplica en la lucha contra la criminalidad.

Si aceptamos las afirmaciones oficiales de que del total de los muertos relacionados con el plan antinarco, sólo el 10 por ciento eran personas inocentes, entonces estaríamos hablando de que más de 3 mil 400 civiles tendrían tal condición.

Seguramente el dato real sobre los civiles asesinados nunca lo conoceremos, porque además ha sido práctica común de las autoridades  presentar a las víctimas inocentes como personas involucradas en la delincuencia, con objeto de cubrir los errores o abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, es decir, los familiares de las víctimas no sólo tienen que enfrentar el dolor de perder a un ser querido sino también deben soportar la calumnia de las autoridades que califican de sicarios a sus familiares muertos.

Un caso emblemático es el de los dos jóvenes tabasqueños Víctor Manuel Chan Javier, de 21 años de edad, y Ramón Pérez Román, de 23 años, quienes el pasado 14 de noviembre perdieran la vida en el municipio de Jalpa de Méndez en una equívoca acción conjunta de policías y militares que les acribillaron sin justificación alguna. A decir de la autoridad, los jóvenes intentaron evadir un retén de seguridad, pero otra versión, que ante la evidencia resulta más certera, asegura que se trató de un operativo de patrullaje que realizaban elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, así como de fuerzas de seguridad pública federal y del Estado.

Como ha ocurrido en casos recientes, los dos jóvenes fueron criminalizados en una primera instancia. Incluso, el propio gobernador del estado en forma aventurada relacionó a los jóvenes con el narcotráfico, cuando todo señala que eran ciudadanos dedicados al trabajo, el primero de ellos comerciante de ropa y el segundo, trabajador de Pemex, por lo cual se cree que los hoy occisos fueron asesinados sin motivo alguno.

El presente caso fue atraído para su investigación por la Procuraduría General de la República, sin embargo, a más de dos meses de esta tragedia la investigación parece estancada, no existen detenidos por los hechos y los familiares de las víctimas no han recibido por parte del Ministerio Público Federal una versión medianamente creíble de cómo ocurrieron los hechos y de la posibilidad de la consignación, lo que hace pensar que este caso se sumará a la larga lista de los casos de impunidad que aqueja al país.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al procurador general de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales agilice las acciones de investigación que lleva a cabo para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en que perdieran la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román. Lo anterior para que se proceda con la mayor celeridad al deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones correspondientes, así como a la indemnización de las familias afectadas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senadora Rosalinda López Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

BANCO DE MEXICO - INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE AHORRO BANCARIO

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal envíe al Congreso de la Unión sus propuestas para ocupar la vacante de la Junta de Gobierno del Banco de México y de dos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, suscrito por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que envíe al Congreso de la Unión sus propuestas para ocupar la vacante de la Junta de Gobierno del Banco de México y de dos vocales de la del IPAB, suscrita por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, senadora Rosalinda López Hernández, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la que se solicita al Ejecutivo federal envíe al Congreso de la Unión las propuesta para ocupar puestos claves del Banco de México y del IPAB, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reforma constitucional de 1994 separó al Banco de México de la administración pública federal y lo convirtió en un organismo con autonomía relativa y con un mandato muy específico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 constitucional, que a letra dice

“El estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.”

En correspondencia a lo que dispone el mandato constitucional, la ley otorga al Banco de México diversas funciones, entre las que destacan las siguientes: regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos; operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia; y, fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y, particularmente, financiera.

Según el artículo 38 de su ley reglamentaria, el funcionamiento y la administración del Banco de México, está a cargo de una junta de gobierno integrada por cuatro subgobernadores y un gobernador.

No obstante la relevancia de las tareas encomendadas al Banco de México, actualmente está pendiente la designación de uno de sus miembros, en virtud de que el 31 de diciembre de 2010 se abrió una vacante en su junta de gobierno, al concluir el periodo respectivo para el que fue designado el entonces subgobernador Guillermo Güemez García, quien ocupara dicho cargo desde 1995.

Dada la importancia de dicha institución monetaria para el funcionamiento del sistema financiero y para los mercados financieros, y de conformidad con lo establecido en el artículo 28 constitucional, párrafo séptimo, la Comisión Permanente está en su derecho de exhortar al Ejecutivo federal para que, a la brevedad, envíe a esta soberanía la propuesta para ocupar la vacante en la junta de gobierno del Banco de México, a fin de estar en condiciones de evaluar el perfil y capacidades de quien podría formar parte de la mencionada institución en los próximos años que seguramente serán de grandes desafíos sobre todo en materia de crecimiento económico, inflación  y crisis sistémicas.

En este mismo tenor de salvaguardar el funcionamiento de los entes reguladores, tenemos el caso del IPAB, organismo creado para proteger el ahorro bancario, y que entre otras funciones tiene a su cargo establecer los requerimientos de capital de los bancos para evitar problemas de liquidez, administrar y enajenar  los bienes asociados a programas de resoluciones bancarias, así como la administración  financiera de la deuda derivada de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.

Actualmente el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cuenta con dos vocales en funciones: Benito Solís Mendoza y Jorge Eduardo Chávez, esto debido a que Ernesto Zamarripa Morones, quien concluyó su último periodo de cuatro años el 31 de diciembre de 2009, y no ha sido sustituido. Por su parte, el vocal Jorge Chávez Presa terminó su periodo el 31 de diciembre de 2010. En este caso, el Ejecutivo lo puede proponer para un segundo periodo o proponer un candidato diferente.

El procedimiento de designación de las vacantes mencionadas, se encuentra establecido en el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que a la letra dice

“Artículo 75.- La junta de gobierno estará integrada por siete vocales: el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el presidente de la comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.”

Dada la importancia de estas instituciones reguladoras para el sistema financiero y sobre todo el bancario, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 28, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, exhorta al Poder Ejecutivo federal a enviar, a la brevedad, las propuestas para ocupar la vacante de la junta de gobierno del Banco de México y de dos vocales de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a fin de que esta soberanía evalúe y, en su caso, ratifique a dichos funcionarios con el fin de preservar el buen funcionamiento y la legalidad de las resoluciones de las mencionadas instituciones.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senadora Rosalinda López Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se propone el establecimiento de una Mesa Bicameral de Reforma del Sistema Nacional de Educación, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se propone el establecimiento de una mesa bicamaral de reforma del sistema educativo nacional, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Julio Aguirre Méndez, senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por los que se propone el establecimiento de una mesa bicamaral de reforma del sistema nacional de educación:

Consideraciones

Uno de los mayores orgullos para la familia mexicana durante lo que se conoce como “desarrollo estabilizador” fue la posibilidad de superación a partir de la educación pública. La posibilidad de terminar la universidad era garantía de superación personal, orgullo y progreso para la nación.

Sin embargo, hoy el sector educativo vive los embates de fuertes críticas sobre la calidad educativa, infraestructura, enfermedades como la obesidad, falta de agua, una planta docente que carece de instrumentos y materiales para atender grupos de 40 estudiantes, bajos ingresos... La situación de las universidades no es diferente: los continuos recortes, la elevación de costos de la investigación, la falta de oferta educativa y la contracción de mercado laboral nacional en un mundo global donde se requiere el desarrollo de las matemáticas, las ingenierías, donde nuestros egresados emigran a Estados Unidos, China, Europa, India, debe ser una advertencia clara junto con las observaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de que nuestro sistema educativo en su conjunto muestra signos de debilidad estructural que requieren cirugía mayor.

Esta reforma no sólo debe considerar la discusión del presupuesto. Debe antes que nada rediscutir el papel de la educación para la sociedad mexicana, para la integración social del Estado y el desarrollo de la capacidad de los ciudadanos. No podemos seguir con un modelo educativo donde

• 4 de cada 10 personas mayores de 15 años están en situación de “rezago educativo”. Personas que no concluyeron estudios de educación básica son analfabetas, no terminaron la primaria o la secundaria y esa situación las hace enfrentarse en condiciones de desventaja en el mercado laboral, con ingresos promedios de entre seis y ocho pesos por hora laborada, mientras que una persona que alcanza estudios universitarios logra ingresos de 56 pesos la hora, según estimaciones de la Secretaría de Educación Pública.

• El número de mexicanos con capacidades mínimas de educación se incrementó más de 3.6 millones de personas en las últimas dos décadas, al pasar de 29.7 millones a 33.4 millones, informó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

• De acuerdo con la OCDE, la calidad educativa en México retrocede de forma constante, en detrimento de la competitividad, la productividad y el bienestar de la población en el tiempo. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, pidió a senadores continuar las reformas pendientes, donde sobresale la educativa.

• De acuerdo con datos proporcionados por la SEP, en México 1 de cada 100 estudiantes termina los estudios universitarios, y está directamente ligada esta tasa de éxito al nivel de ingresos del estudiante. En otras palabras, nuestro sistema educativo ha dejado de cumplir su función social con las familias de menores recursos que quieren estudiar, pero que no pueden financiarlo.

Por ésas y otras razones es fundamental que el Congreso de la Unión establezca con la mayor brevedad una mesa de trabajo para refundar el sistema educativo, con énfasis en su papel social y las necesidad del mercado de trabajo mundial, una mesa convocada desde el Congreso con todos los actores que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sectores público y privado, para alcanzar una reforma de Estado en la materia.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a cada una de las Cámaras a impulsar la creación de una comisión bicamaral para el establecimiento de una mesa de reforma del sistema educativo nacional.

Segundo. A través de esta comisión bicamaral, el Congreso de la Unión establecerá prioritariamente una agenda de acercamiento con gobierno, universidades, sociedad civil, intelectuales, sindicatos, representantes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, a fin de establecer una reforma integral del sistema educativo.

Tercero. La comisión bicamaral se establecerá para la reforma del sistema educativo conforme al siguiente procedimiento:

I. Diagnóstico del sistema educativo nacional.

II. Presentación de propuestas.

III. Consulta pública.

IV. Negociación y construcción de acuerdos.

V. Redacción del proyecto.

VI. Aprobación, firma y presentación de iniciativa.

Los temas por tratar serán los siguientes:

I. Calidad educativa.

II. Descentralización.

III. Financiamiento de la educación en México.

IV. Transparencia y resultados del gasto público.

V. Infraestructura educativa.

VI. Desarrollo e investigación.

VII. Programas de estudio.

VIII. Becas y apoyos económicos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.

ESTADO DE SONORA

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo relativo a la desaparición del fideicomiso ferrocarrilero de Empalme, Sonora, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya a la SHCP, a la PGR y a la ASF para que realicen las investigaciones necesarias que expliquen la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Julio Aguirre Méndez, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, así como el 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la que se solicita al Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, así como a la Auditoría Superior de la Federación para realizar las investigaciones que expliquen la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de empalme, Sonora.

Consideraciones

Como parte de la reforma en 1995, al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tuvo por objeto sustituir el régimen de participación exclusiva del Estado en el servicio ferroviario, por otro que permite la participación de los particulares, se estableció la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Por la cual se privatizó al sector ferroviario nacional a través de concesiones a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. En esta ley se determinó que el proceso de reestructuración del Sistema Ferroviario Mexicano, el 19 de diciembre de 1997 se constituyó ante Nacional Financiera, SNC, un fideicomiso, que se denominó Ferronalesjub 5012-6 con una aportación inicial de 13 mil 529.75 millones de pesos. El objetivo del fideicomiso que tiene como finalidad, garantizar el pago de las rentas vitalicias de los trabajadores jubilados.

El 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica, en el que se establecen una serie de disposiciones, a través de las cuales se llevará a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.

El artículo 4o., y el Segundo Transitorio de dicho decreto, se establecen claramente los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México:

Artículo 4o. Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo aplicable y a la ley, serán respetados. En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente.

Segundo. El pago de las pensiones no podrá ser retenido por ninguna circunstancia, salvo por decisión judicial.

Sin embargo, dos hechos muestran una preocupante situación para los pensionados de la Ferrocarriles Nacionales de México. De acuerdo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación de 2003-2004, al término del sexenio de Felipe Calderón, en 2012, alrededor de 37 mil 65 ferrocarrileros jubilados se quedarán sin pensión. Para entonces, los millonarios fondos del fideicomiso Ferronalesjub -destinado al pago de sus pensiones- se habrán agotado.

De acuerdo con las proyecciones de elaboradas por la ASF, con base en las tablas de mortalidad de los jubilados, la administración federal tendrá que cubrir las pensiones hasta 2042. Así, las finanzas públicas erogarán 31 mil 180 millones 700 mil pesos de 2012 y hasta que fallezca el último pensionado de Ferrocarriles Nacionales de México.

Y es que de conformidad con el artículo cuarto del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferronales, y de la cláusula décima octava del convenio modificatorio, este adeudo será transferido al gobierno.

De acuerdo a los estudios de la ASF de 2007 advierte que para el año 2012 el universo de jubilados por atender sería aún considerable, ya que las estimaciones basadas en tablas de mortalidad indican una población de 37 mil 65 jubilados en ese año. Esta cifra representa el 64.4 por ciento de la población existente en 2000.

Añade que:

“el valor estimado de las erogaciones por nómina que quedarían pendientes de pago a partir de 2012 y hasta 2042, y que en las circunstancias descritas representarían una obligación solidaria del gobierno federal, ascenderían en términos nominales a 31 mil 180 millones 700 mil pesos y a 7 mil 715 millones 400 mil pesos a precios de 2004, descontados a una tasa del 10 por ciento. Esta última cantidad es equivalente al 59.9 por ciento de las disponibilidades al cierre de 2004”.

El Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2004 y 2007, elaborado por la ASF refiere que la gran mayoría de la población tiene entre 46 y 85 años, que representa el 94.9 por ciento del universo y a quienes se cubre el 95.7 por ciento del valor de la nómina mensual. Además las finanzas de dicha figura fiduciaria detallan que en el periodo 2001-2004, “mientras el fideicomiso eroga recursos que en promedio significaron 19 centavos de cada peso de patrimonio, sus respectivos ingresos solamente representaron 12 centavos”. Al 31 de diciembre de 2006, el Ferronalesjub resguarda 9 mil 728 millones 333 mil pesos, mientras que los pronósticos de la ASF toman como saldo 12 mil 875 millones 778 mil pesos, cantidad correspondiente a lo fideicomitido hasta el 31 de diciembre de 2004.

Una parte de la explicación del déficit se debe a que los ingresos evolucionaron a una tasa media de crecimiento negativo de 10.9 por ciento, correspondiente a la disminución de los rendimientos por intereses al aplicarse a un patrimonio cada vez menor. Además, por las nulas aportaciones del gobierno federal y la disminución de la valorización de cuentas en UDIS, como efecto del descenso en la inflación del periodo.

De acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación “la distribución de las pensiones pagadas es sumamente inequitativa, en lo que se refiere al monto. Y es que 71 por ciento de la población percibe menos de 4 mil pesos mensuales, cifra inferior a la media general de 4 mil pesos. El monto conjunto de estas pensiones representa el 57.7 por ciento del total pagado”.

La disparidad en las pensiones del Ferronalesjub es tal, que mientras 34 mil 290 ferrocarriles perciben menos de 4 mil pesos, 96 reciben más de 20 mil cada mes.

La ASF concluyó que cuando se elaboró el padrón de beneficiarios del fideicomiso no se estableció un tope razonable para aquellos que percibían salarios elevados, que les hubiese garantizado un nivel confortable de vida sin que ello implicara una carga para los fondos fideicomitidos.

A nivel particular, la otra historia del incumplimiento de las obligaciones del Estado con los trabajadores de Ferronales, son las miles de quejas de pensionados por la  corrupción en el manejo del fideicomiso, tal es el ejemplo que publica el diario Reforma el lunes 3 de enero de 2011 donde pone en evidencia como mientras los pensionados de Ferronales de Empalme, Sonora, técnicamente ha desaparecido su pensión, los lideres y administradores del fideicomiso viven más allá de los posibles ingresos que les otorga su cargo.

Los funcionarios y líderes sindica les involucrados en un presunto fraude por 400 millones de pesos del fondo ferrocarrilero de Empalme Sonora se enriquecieron inexplicablemente denunciaron los ex trabajadores Alejandro Barrientos ex representante de Ferrocarriles Nacionales en Sonora, Miguel Ángel Rodríguez Ochoa ex abogado representante del sindicato ferrocarrilero, Vicente Ríos Ulloa abogado de Ferrocarriles, y Juventino César Jiménez López ex funcionario de la Junta Federal número 23 de Conciliación y Arbitraje, todos fueron denunciados penalmente por la adquisición de autos de lujo y varias propiedades tras la desaparición del dinero del fideicomiso.

De acuerdo con la averiguación previa AP PGR SON HER 1 1180 2006, que está en manos de la fuente citada, que menciona que al desaparecer Ferronales en 1999 y crearse un fideicomiso el año siguiente se otorgó un fondo de 416 millones de pesos para los jubilados de ese municipio. Sin embargo los funcionarios encargados del fondo sólo entregaron 16 millones de pesos y a partir de 2001 comenzaron a acumular casas negocios y vehículos de lujo.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda de Hermosillo, Alejandro Barrientos adquirió una propiedad en el fraccionamiento Villa Bonita, con valor de 1 millón 234 mil 76 pesos, Juventino Jiménez compró un inmueble con valor de 1 millón 880 mil y uno más valuado en 327 mil 600 en el fraccionamiento residencial Bretaña mientras que Miguel Rodríguez Ochoa adquirió dos inmuebles con valor total de un millón 645 mil, Juventino Jiménez posee un BMW Sedan valuado en 395 mil 801 pesos, Miguel Rodríguez Ochoa quien incluso libró una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de fraude, posee una camioneta Jeep Patriot con valor de 203 mil pesos, además de un Civic Honda modelo 2007, una camioneta Explorer y un automóvil Pointer.

Los privilegios no son muy distintos en el caso de Alejandro Barrientos posee una camioneta Ford Escape valuada en 269 mil 500 pesos. La denuncia ante la PGR que fue ampliada en 2008 señala que además que Miguel Rodríguez Ochoa es dueño de un restaurante mientras que Alejandro Barrientos es dueño de un despacho de abogados.

Liliana González Arce representante legal de los ferrocarrileros explicó que los funcionarios adquirieron las propiedades en  2001 de acuerdo con la documentación de la propia Tesorería municipal de Hermosillo apenas un año después de que se signara el fideicomiso ferrocarrilero.

El otro lado de esta tragedia está en los casos de los trabajadores que destinaron toda su vida a las vías de los trenes nacionales, hoy viven condenados a vivir con ingresos entre 3 a 4 mil pesos al mes.

Es prioritario establecer en la agenda nacional atender no solo el caso de los pensionados de Ferrocarriles Nacionales, sino de todos aquellos casos donde se realizaron privatizaciones, tal como es el caso de los jubilados de Banrural, donde el Estado reivindiqué su papel en la protección de los derechos de los trabajadores, es inevitable que el Congreso de la Unión realice inyecciones de capital al fideicomiso, pero debe ser a condición de transparentar su administración y castigar a los responsables, y en la medida de lo posible recuperar, si así de demuestra,  los desvíos de recursos para uso distintos del fondo de pensiones de Ferronales.

El Congreso de la Unión debe construir su autoridad moral en este caso haciendo suya la denuncia de los pensionarios de Empalme, Sonora y solicitando a las autoridades hacendarias, y a nuestro propio órgano de investigación sancionar y resarcir los daños causados al patrimonio de los ex trabajadores ferrocarrileros.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, así como que la Auditoria Superior de la Federación para realizar las investigaciones necesarias para explicar la denuncia de actos de corrupción que han llevado a la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora.

Segundo. En concordancia con las recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación de la honorable Cámara de Diputados, a la Cuenta Pública de los ejercicios 2004-2007. Esta Cámara exhorta al Ejecutivo federal realizar una inyección de capital al Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, destinado al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, a fin de cubrir el déficit financiero cumplir con las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos laborales que garantizan el pago vitalicio de las jubilaciones y prestaciones de los pensionados en comento.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

PETROLEOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la evaluación del Atlas de Riesgo de Pemex, suscrito por los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicitan la evaluación del Atlas de Riesgo de Pemex y la implantación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica, suscrita por los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la evaluación del Atlas de Riesgo de Pemex, así como la implantación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante la pasada comparecencia del director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, se señaló que el número de tomas clandestinas en los ductos de la paraestatal aumentó de 462 en 2009 a 712 en 2010, aunque el robo de hidrocarburos se redujo de 3 millones a un millón 700 mil barriles en ese mismo periodo. Con esto, el robo de combustibles representa 0.4 por ciento del total de la producción de Pemex y 0.8 por ciento del total de ventas de la paraestatal.

Además de ello, se precisó que 69 por ciento de la toma clandestina se concentró en sólo seis entidades federativas: Veracruz, Sinaloa, estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla.

Desde 2009 trascendió en los medios de comunicación, que ha sido la delincuencia organizada quien se ha hecho del robo de combustibles en varias entidades del país. Y al ser el mercado negro de hidrocarburos generador de cuantiosas ganancias, por lo que es posible que muchos funcionarios puedan estar involucrados en el ilícito.

Cabe destacar que en los tres primeros años de la presente administración, ha perdido más de 20 mil millones de pesos por este ilícito. Por ejemplo, la información dada a conocer por Pemex en el boletín de prensa 149/2009 destaca que, “en 2008, el robo de combustibles ascendió a 9 mil 300 millones de pesos”.

La injerencia de delincuencia organizada en el robo de combustibles está creciendo de manera desmesurada por su rentabilidad. Sin duda, hubo un cambio significativo cuando el pequeño robo de algún trabajador o ex trabajador pasó a la delincuencia organizada. Las consecuencias del actual fenómeno tienen implicaciones mucho más graves que requieren de una enorme coordinación de la paraestatal con las fuerzas armadas, la Policía federal, el Ministerio Público federal y los gobiernos locales.

Ahora comandos armados protegen la toma clandestina y utilizan cada vez más recursos para la ordeña de combustible, tales como la clonación de pipas autorizadas, estanques con mayor capacidad para almacenar y mejores equipos para el bombeo.

Hay que resaltar que el asunto del robo de combustible no es nuevo. El robo de combustibles en la paraestatal más importante de México es considerado una de las más importantes fallas en seguridad industrial, según se desprende del acta de sesión 780.

Para mediados de 2007, el consejo de administración de Pemex tenía como principal preocupación la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas no asociado más grande de México que se ubica entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y que se divide en bloques concesionados a las trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum. En este sentido, de acuerdo con lo dicho por Jesús Reyes Heroles en aquella sesión del consejo, el robo de combustibles en esa zona es un “fenómeno de mucha preocupación para el consejo”, pues a diario se extraían ilícitamente 8 mil barriles de condensado de gas, con un valor anual estimado entonces en 1 mil 600 millones de pesos.

De acuerdo con la copia del acta 780, Georgina Kessel solicitó entonces al director de la paraestatal le explicara por qué “no había ninguna persona o auto particular involucrados”.

Al respecto debo señalar que para a finales de 2010 –y después de la tragedia en San Martín Texmelucan, Puebla– el titular del Ejecutivo federal señaló en entrevista que “se han planteado tres alternativas para acabar con el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos: una técnica, una legislativa y una administrativa”. En materia técnica “se está colocando un sistema automático en ductos de la paraestatal que ya está en las instalaciones de gas y se hace en las de gasolina y que al detectar una presión baja se bloqueará”. De este modo, resulta imprescindible la instauración de un programa técnico, con tecnología de punta y asesoría científica, que permita detectar oportunamente la toma clandestina, y evitar y reducir así, el robo de combustibles a la paraestatal.

Por otra parte, recordemos que el 9 de diciembre de 2010, el Senado de la República aprobó reformas penales para tipificar este tipo de sustracciones como grave y en ese sentido aumentar las penas, por tratarse de un elemento de propiedad federal. Además de ello, las personas que sean acusadas de robo de hidrocarburos serán considerados como miembros de la delincuencia organizada. Igualmente, a quien altere los instrumentos de medición utilizados para enajenar o suministrar hidrocarburos refinados, proceso o sus derivados, será castigado de 3 a 10 años de prisión y de 200 a mil días multa, aumentando la multa al doble cuando se trate de un trabajador o servidor público.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al director de Petróleos Mexicanos para que presente a esta soberanía, en un plazo no mayor a ocho días naturales, para que con base en el Atlas de Riesgo del Sistema Nacional de Gasoductos y en el Sistema de Identificación de Instalaciones y Activos, presente un informe sobre el proceso de evaluación y administración de riesgo, para conocer

a) Los tramos con niveles de riesgo intolerable;

b) Las tendencias de riesgo de falla;

c) Los factores de riesgo críticos de acuerdo a estadísticas de incidentes;

d) El mantenimiento y la atención en tramos de riesgo;

e) Las áreas de población y ambientales altamente vulnerables, y

f) La evaluación en la toma de decisiones por parte de la paraestatal con relación a los riesgos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos, para que de conformidad a la esfera de sus competencias, y con auxilio de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, se proceda urgentemente al diseño, constitución e implementación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica.

Notas:

1. Entrevista con Fortuna el ahora exadministrador corporativo de Pemex, Rosendo Villarreal, septiembre de 2009.

2. http://www.petroleumworldmexico.com/extramx09081001.htm

3. Entrevista con Ezra Shabot del 21 de diciembre de 2010, en elhttp://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1014304/Robo+de+combustible+causo+l a+explosion+afirma+Calderon.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senadores: Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea (rúbricas).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE GUERRERO

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las fuerzas políticas del estado de Guerrero a que preserven un ambiente de respeto que garantice la libre manifestación de las ideas políticas, suscrito por los senadores Julio César Aguirre Méndez y Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fuerzas políticas de Guerrero a preservar un ambiente que garantice la libre manifestación de ideas, y el respeto y la integridad de los ciudadanos y del proceso electoral, suscrita por los senadores Julio César Aguirre Méndez y Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, senadores Julio César Aguirre Méndez y Fernando Velázquez López, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a las fuerzas políticas del estado de Guerrero a preservar un ambiente de respeto que garantice la libre manifestación de las ideas políticas a fin se de garantizar el respeto y la integridad de los ciudadanos y el proceso electoral.

Consideraciones

Desde hace años la entidad de Guerrero ha sufrido el incremento de la violencia, y con ella la muerte relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, asesinatos y hostigamiento contra compañeros de los medios de comunicación, este clima de violencia que vive la familia guerrerense, no es ajena para la clase política, el asesinato de prominentes líderes del PRD y del PT, activistas sociales, entre otros casos  ensombrecieron mucho antes de la campaña electoral el emergente espíritu de la democracia en la región.

A este clima de violencia se suma la mayor presencia de corporaciones policíacas y fuerzas armadas que generan un clima de confrontación y de guerra sucia. La semana pasada no fue la excepción en el campo electoral, en la madrugada del 12 de enero, en la ciudad de Chilpancingo nuestro compañero Guillermo Sánchez Nava –representante del PRD ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero– fue brutalmente golpeado por integrantes del Comité de Campaña del candidato a la gubernatura  Manuel Añorve Baños. De acuerdo con la versión de testigos Sánchez Nava los ubicó en las inmediaciones del palacio de gobierno en Chilpancingo, comenzó a tomarles fotografías y en respuesta los priístas respondieron con golpes, pedradas, patadas y garrotazos, por un grupo de aproximadamente 20 jóvenes enfundados en playeras verdes y negras, con la M de Manuel Añorve, candidato de la coalición PRI, PVEM y el PANAL “Tiempos Mejores para Guerrero”.

No fue suficiente con este acto contra la integridad física de uno de los líderes históricos de la izquierda en Guerrero la escena del crimen fue alterada y se borraron evidencias del carro de la víctima con el aval de las autoridades locales.

La agresión contra nuestro compañero de partido no es un hecho aislado, mucho menos un accidente, fue un acto deliberado contra quien en uso de las facultades que le otorga su representación ante el órgano electoral intentó demostrar la campaña sucia de integrantes del Revolucionario Institucional en contra de la propaganda de la coalición Guerrero nos Une. La agresión es un acto deliberado de un partido contra la libertad política, y que recuerda los años negros en nuestro estado, un acto que sumando a la contracampaña contra el candidato de la coalición Guerrero nos Une genera un clima de animadversión social.

Como representantes populares ante el Congreso de la Unión exigimos a las autoridades estatales y municipales, así como a los partidos que forman parte de la contienda electoral, conducirse en el marco de una competencia electoral que respete la integridad física de los ciudadanos, garantizar la libre expresión de las ideas y dejar a un lado aquellas actitudes que exacerban el clima de violencia días previos a la elección en el estado de Guerrero.

El Partido de la Revolución Democrática y quienes somos amigos de la victima manifestamos nuestra mayor indignación por esta agresión contra el vida de Guillermo Sánchez Nava, expresamos desde la máxima tribuna de la nación nuestra solidaridad con la familia, y exigiremos justicia; bajo ninguna circunstancia callaremos nuestra voz, ni dejáramos en la arbitrariedad de las autoridades locales otro acto de impunidad.

Aunque se han presentado las respectivas quejas ante la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero por la destrucción de la propaganda de nuestro candidato, solicitamos que esta Comisión Permanente se pronuncie por exhortar al gobierno del estado, a las autoridades municipales, autoridades electorales, fuerzas políticas y las autoridades investigadoras desahogar las pesquisas correspondientes a fin de encontrar a los responsables que atentaron contra Guillermo Sánchez Nava, que en este momento lucha entre la vida y la muerte, así como todas aquellas acciones que atentan contra el buen desarrollo del proceso electoral del estado de guerrero.

Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los partidos políticos que participan en el proceso electoral por la renovación del gobernador del estado de Guerrero a conducir las campañas en el marco de respeto y libertad de expresión que garanticen un proceso electoral democrático en paz.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Partido Revolucionario Institucional del estado de Guerrero a coadyuvar con las autoridades para  localizar a los individuos que cometieron el ataque y sean presentados ante las autoridades ministeriales.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta al gobierno del estado, a las autoridades municipales y demás autoridades responsables a priorizar las investigaciones para consignar a los responsables del ataque contra Guillermo Sánchez Nava, a fin de contener los efectos de un ambiente de confrontación electoral en el municipio de Chilpancingo, Guerrero.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senadores: Julio César Aguirre Méndez, Rubén Fernando Velázquez López (rúbricas).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo para inhibir la actividad minera tóxica en el estado de Baja California Sur, suscrita por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, para inhibir la actividad minera tóxica en Baja California Sur, suscrita por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Eduardo Ledesma Romo, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Cuando se habla de minería se involucra en todo momento a diversos impactos ambientales, puesto que esta actividad implica la extracción física de materiales de la corteza terrestre, con frecuencia en grandes cantidades para recuperar sólo pequeños volúmenes del producto deseado.

La minería puede realizarse por cuatro métodos, minas de superficie, que son aquellas a cielo abierto u otras excavaciones abiertas, y que incluyen la gran mayoría de las minas a nivel mundial; las minas subterráneas, aquellas a través de túneles; las de pozos de perforación, para la recuperación de minerales y combustibles y las submarina o dragado, las que aproximadamente podría extenderse a la minería profunda de océanos

La minería a cielo abierto, es una actividad de alto impacto ambiental, debido a que se remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral.

Las actividades para una mina superficial o de cielo abierto son:

• Desmonte: remoción total de la vegetación en la zona a minar

• Despalme, se distingue como la operación de retirar el suelo, con frecuencia el suelo se retira junto con las rocas.

• Barrenación: Es una operación de perforación de las rocas.

• Voladura: La operación utilizada para fragmentar las rocas mediante explosivos.

• Rompimiento: Operación de fragmentación de las rocas poco o no consolidadas sin el uso de explosivos.

• Carga o excavación: Las rocas fragmentadas son excavadas y cargadas al medio de transporte.

• Acarreo: Cuando se trata de la mena, es el transporte de las rocas cargadas hacia la planta de beneficio o de procesamiento; cuando se trata de las rocas del descapote, es el trasporte hacia el área de terreros.

Cada una de estas actividades genera un impacto ambiental específico que pueden incrementarse de acuerdo con la extensión de la zona a minar, del material a utilizar y del mineral a extraer.

En el desmonte y despalme se habla de la eliminación de las capas más externas: la vegetación y el suelo, por lo cual se pierden áreas de alimentación, anidación y refugio de la fauna, lo que origina el desplazamiento de especies hacia otras zonas. Si el proyecto es de gran dimensión, la biodiversidad puede verse afectada puesto que puede eliminarse ecosistemas completos.

Con la barrenación, en caso de utilizar explosivos, se producen impactos por ruido, polvo, vibraciones en el suelo que dañan estructuras cercanas y la contaminación del aire ocasionada por los vapores de las voladuras. Dependiendo de la profundidad, tipo de roca a detonar, la cantidad y frecuencia del explosivo, es la magnitud de los impactos.

Derivado de la voladura y la extracción de rocas, existen afectaciones al agua subterránea en su calidad y cantidad. En muchos casos se hace necesario bajar el nivel de las aguas subterráneas para evitar que éstas penetren en la mina. Esto se logra mediante pozos abiertos, ubicados dentro y alrededor de la explotación, los cuales hacen descender el nivel de agua por debajo del piso inferior de la mina; ello permite explotar la mina en seco. Por lo general, el agua de los pozos no está contaminada y puede evacuarse directamente en las aguas superficiales, no obstante las consecuencias de la reducción del nivel freático son significativas: desecación de pozos en los alrededores, hundimientos del terreno, alteración parcial o total de la vegetación en el área adyacente por cambios en el nivel freático.

En el caso de la minería como de otras industrias, se reconoce que el desarrollo de sus actividades impacta al ambiente; sin embargo, pocas veces se admiten las repercusiones económicas y sociales que se derivan de los impactos ambientales.

La degradación en conjunto provoca la pérdida de la productividad real o potencial en la zona de extracción minera y repercute en el aspecto económico de la población afectada. Ejemplo de ello, son los cambios en la cantidad y calidad del agua se reflejan en una menor disponibilidad para riego de cultivos o para el consumo humano y del ganado. La consecuencia económica es un incremento en los costos debidos a las obras necesarias para obtener agua, y/ o pérdidas agropecuarios debidas a la escasez.

Otro ejemplo es la afectación sobre la calidad del agua superficial y subterránea. Esta se puede alterar principalmente por la contaminación proveniente de las sustancias empleadas en la voladura (nitratos y amonio), por el uso de sustancias peligrosas durante el beneficio (mercurio, cianuro, ácidos orgánicos entre otros) o por la liberación del drenaje ácido. La manifestación más desfavorable de la contaminación es sobre la salud humana y es una expresión clara de cómo la modificación del ambiente repercute en la sociedad.

Al igual que los acuíferos y aguas superficiales contaminadas no son adecuados para uso doméstico y agropecuario, el suelo contaminado por metales pesados queda inhabilitado para la siembra de cultivos, y puede bajar el rendimiento de las cosechas. La contaminación del suelo significa la pérdida de recursos naturales básicos para el desarrollo de la sociedad, principalmente para las localidades. El tratamiento del suelo y agua puede ser muy costoso o difícil de implementar.

Todos estos impactos, pueden ser minimizados o revertidos, si se realiza una evaluación de los mismos, con detenimiento y profundidad.

El desarrollo económico del estado de Baja California Sur, se ha basado entre otros en la explotación de los recursos mineros, actividad que ha representado por muchos años una fuente de vida para diversas comunidades de Baja California Sur como Guerrero Negro, Santa Rosalía e Isla de San Marcos, situación que ha permitido el desarrollo de las comunidades que ahí habitan, sin embargo, en el estado han existido diversos proyectos para la generación de nuevas mineras a cielo abierto para la extracción de oro, mismas que utilizan de manera intensiva, grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material removido. Para desarrollar todo este proceso, se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad.

Asimismo, los nuevos proyectos mineros en el Estado, han buscado iniciarse en áreas naturales, en donde afortunadamente el Gobierno Federal ha logrado frenar su instalación, tal es el caso de proyecto minero Concordia, el cual no se considero viable su operación por la cercanía a la costa, además de la afectación que tendría a la biodiversidad de la zona. De manera adicional, destaco que la zona en donde se pretendía ubicar este proyecto, será dedicada única y exclusivamente a la conservación.

Es por ello, que este tipo de extracción minera no se considera por ningún motivo viable, por lo cual, no se debe permitir la instalación de cualquier tipo de minería tóxica que atente contra el medio ambiente y contra la calidad de vida de los ciudadanos.

Por lo anterior, es necesario que los tres niveles de gobierno apoyen la actividad económica minera, sin poner en riesgo la calidad de vida de los habitantes a través de las autorizaciones de extracción minera de proyectos de alta peligrosidad tóxica, que pudieran contaminar entre otros, los mantos acuíferos.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al gobierno federal y al del estado de Baja California Sur, a celebrar convenios de coordinación o colaboración, para que se establezca bases que permitan regular la actividad minera y prohibir toda extracción toxica para las comunidades de la entidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 19 de enero de 2011.— Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

CONSUMO DE ALIMENTOS EN PLANTELES DE EDUCACION BASICA

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de acuerdo relativa a los alimentos y bebidas en establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar medidas que garanticen el cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio o la distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

El pasado lunes 10 de enero, regresaron a clases poco más de 27 millones de niños y jóvenes a continuar con sus estudios de educación básica. El asunto novedoso en este regreso a clases es que se empezaron a aplicar los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar y cooperativas  de los planteles de educación básica.

Es decir, a partir de  esta fecha, los planteles escolares deberán contar con alimentos y bebidas con alto valor nutricional y no el contenido exhibido en los empaques que sustituyen los nutrimentos necesarios para complementar la dieta diaria de nuestros infantes.

Debemos recordar que esta ha sido una lucha que distintos sectores de la sociedad han emprendido, que viene de la alarma provocada por el incremento de la obesidad infantil y enfermedades crónico-degenerativas a muy corta edad, como la diabetes infantil y los cada vez más numerosos problemas de hipertensión.

En este sentido, ambas Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron reformas  a la ley General de Salud y a la Ley General de Educación para prever en ellas una serie de disposiciones para fomentar una vida sana partiendo del entorno escolar, entre las niñas y los niños mexicanos.

Este tipo de acciones provocaron que las empresas productoras mostraran una férrea resistencia a que los productos que elaboran y venden fueran regulados y prohibido su consumo dentro de los planteles escolares. Presiones a las que fuimos sometidos legisladores y funcionarios del gobierno federal.

Los poderes fácticos iniciaron una campaña para denostando al Congreso pretendiendo obstaculizar la aprobación de los cambios en las leyes y después para que se aprobaran unos lineamientos a modo para dichas industrias.

Es por ello que el Ejecutivo Federal tuvo que doblar las manos y permitir que las reformas originalmente planteadas, fueran sólo el matiz de este grave problema y así seguir sirviendo a los intereses económicos de los empresarios.

El negocio del que estamos hablando no es menor. La estimación que se hace que se obtienen utilidades por 40 mil millones derivada de la venta de los productos en las cooperativas escolares.

Vemos con mucha preocupación que los lineamientos dados a conocer por la SEP el año pasado y que están publicados en el Diario Oficial de la Federación desde el 23 de agosto de 2010, son sólo un paliativo, una medida parcial al problema de fondo, que es modificar los hábitos alimenticios de la niñez mexicana.

A pesar de ello, los funcionarios de la SEP se ufanan en señalar que, gracias a sus esfuerzos las empresas productores de alimentos y bebidas que se venden en las escuelas mostraron voluntad y disposición para modificar sus productos, que incluso estuvieran abiertas a instrumentar convenios para implementar programas de vida saludable en las escuelas.

Empresas como Grupo Bimbo, Coca-Cola y Pepsico, señalan en su publicidad que los productos que ahora comercializan en las escuelas están avalados por la Secretaría de Educación Pública y son los recomendados para su consumo en la población infantil.

Como medida, ahora las empresas comercializan sus productos no necesariamente con una modificación a los contenidos nutrimentales de lo que ofrecen, sino sencillamente, surten para su venta productos con menores cantidades de envasado.

No comprendemos como los lineamientos aun permiten la venta de galletas, pastelitos, confites y postres de hasta 140 kilocalorías y bebidas con edulcorantes, cuando se ha demostrado que este tipo de productos son los que provocan obesidad y sobrepeso en los niños.

No se trata de ahora poner a disposición de los alumnos porciones pequeñas de los mismos productos que les pueden provocar obesidad. ¿Qué va a suceder si consumen varias de estas porciones? El resultado será el mismo, las niñas y los niños estarán consumiendo la misma comida basura.

Compañeras y compañeros legisladores: los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que se deben tomar medidas de fondo para atender el problema del sobrepeso y la obesidad infantil.

Nuestro grupo parlamentario ha hecho una serie de propuestas que permitirían ir resolviendo este problema de salud pública.

Una de las propuestas que hemos realizado es la relativa a instaurar en los planteles escolares públicos, las áreas de comedores, donde los alumnos puedan recibir una alimentación lo mejor balanceada posible y que sea garantía de proporcionar en los niños, los micro y neuronutrientes necesarios para el desarrollo físico y mental de ellos.

Una segunda propuesta, radica en que en dichos comedores escolares, puedan intervenir directamente los padres en la elaboración, el control y la supervisión del suministro de los alimentos para los educandos, además de ser los encargados de coordinar las mesas de trabajo para complementar la composición alimentaria de las comidas, con personal profesional y especializado en el área nutricional.

Finalmente, hemos de decir que esta propuesta es noble, toda vez que no tratamos de desproteger a las industrias productoras de los alimentos procesados, sino de garantizar que la alimentación de los niños sea lo más completa y balanceada posible, donde pueda incluir la posibilidad de ofrecer desde uno de estos alimentos, hasta complementos alimenticos de origen naturista.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las medidas correspondientes para garantizar el efectivo cumplimiento de los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil once.— Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.

ESTADO DE PUEBLA

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo relativo al pago de indemnizaciones debido al incendio provocado por el derrame ocurrido en el ducto de la paraestatal, localizado en San Martín Texmelucan, Puebla, suscrita por los senadores Leticia Jasso Valencia y Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a cumplir el pago justo y oportuno de las indemnizaciones para los afectados por el incendio que provocó el derrame de un ducto de la paraestatal en San Martín Texmelucan, Puebla, suscrita por los senadores Leticia Jasso Valencia y Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Leticia Jasso Valenciay Luis Maldonado Venegas,senadores de la república por Nueva Alianza y Convergencia, respectivamente, en  la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a cumplir con el pago justo y oportuno de las indemnizaciones para las personas afectadas debido al incendio provocado por el derrame ocurrido en el ducto de la paraestatal localizado en San Martín Texmelucan, Puebla, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 19 de diciembre de 2010, el municipio de San Martín Texmelucan, estado de Puebla, fue escenario de un lamentable incidente en el ducto de la paraestatal, lo que causó un incendio provocando la pérdida de cuando menos 30 vidas, 52 personas heridas o lesionadas, así como la destrucción y afectación de construcciones destinadas para casa habitación y dañando gravemente parte de la  zona agrícola.

Las primeras investigaciones sobre este suceso indican que la tragedia fue ocasionada por la llamada “ordeña ilegal” en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), pesquisa que está en curso y que tendrá que llegarse al fondo para señalar a los responsables.

Las consecuencias de este caso rebasaron el lucro ilícito para convertirse en un crimen atroz que cobró la vida de hombres, mujeres y niños totalmente ajenos a la actividad de Pemex.

No obstante lo anterior y aceptando la responsabilidad que pudiera corresponderle, las autoridades de  Pemex asumieron su compromiso para atender el siniestro de manera conjunta con el gobierno municipal y estatal que ya se encontraban en el lugar de los hechos con acciones que evitaron la propagación del incendio, realizando las maniobras necesarias para mantener el control de la situación

Asimismo, los representantes de la empresa petrolera, en conferencia de prensa realizada el miércoles 22 de diciembre de 2010, con la participación de su director general, doctor Juan José Suárez Coppel, expreso lo siguiente: “Desde el punto de vista presupuestal, Pemex ha hecho ya las reservas pertinentes para poder enfrentar esta contingencia [...] Originalmente habíamos destinado para los primeros gastos, 30 millones de pesos, al día de hoy hemos crecido ese monto a 85 millones de pesos [...] Ya contabilizando los bienes públicos, que también están ahí, la reconstrucción de los puentes, de la calle y demás, se puede llegar probablemente a más de 200 millones de pesos, probablemente cerca de 300, que con el seguro y las pólizas que tenemos, más la reserva que estamos haciendo, tenemos suficiente capacidad de liquidez para enfrentar esta contingencia”.

Sin embargo, se hace necesario que esta soberanía cuente con los elementos fidedignos para vigilar el cabal cumplimento a los compromisos contraídos por los representantes de Pemex y se restituya de manera justa y oportuna a los habitantes de San Martin correspondiente a los deudos por la pérdida irreparable de sus familiares, así como aquellos que sufrieron daño patrimonial y  quienes perdieron su actividad laboral a causa de las afectaciones en las áreas destinadas al sector agrícola.

De la misma manera, a este Poder Legislativo se le tendrá que rendir un informe pormenorizado del resultado de las investigaciones realizadas y las medidas adoptadas para que no vuelva a ocurrir una tragedia de esas dimensiones.

En mérito de lo expuesto, y debido a la comparecencia que presentó el director general de Petróleos Mexicanos ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se concluyó que a la fecha existen reportes parciales del peritaje ofrecido por la paraestatal, en la que se insiste que aparentemente se debió a una toma clandestina, sin embargo, y de acuerdo a sus propias conclusiones, faltan por realizar el estudio metalográfico, mecánico, y fractográfico para entonces presentar la conclusión final de la causa del origen del siniestro.

Por otra parte, es necesario que se tenga un reporte pormenorizado y sustentado de los ciudadanos a quienes se hayan indemnizado debidamente en lo particular o a sus beneficiarios, así como a quienes aún no han recibido lo correspondiente, igualmente aquellos que perdieron bienes muebles e inmuebles y precisar el mecanismo implementado para resarcir los daños.

Por lo expuesto con antelación, se somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al director general de Petróleos Mexicanos un informe detallado y sustentado sobre el pago de las indemnizaciones para los ciudadanos afectados en la pérdida irreparable de sus familiares, así como aquellos quienes fueron dañados en sus bienes muebles e inmuebles por el incendio en un ducto de Pemex en San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla.

Segundo. Se informe sobre la totalidad de terrenos de cultivo siniestrados, las reclamaciones de los afectados, el monto de las indemnizaciones a sus poseedores o propietarios y los pendientes de cubrir especificando la fecha en que se reparará el daño en su totalidad de igual forma exponer las acciones programadas para aquellos, quienes a razón de esta desgracia perdieron su actividad laboral en la zona agrícola y las medidas para que esta recupere su productividad.

Tercero.Se informe a esta soberanía las acciones emergentes tomadas para realizar una verificación y control total de los ductos en toda la República Mexicana para prevenir y evitar accidentes propios de su funcionamiento o causados por factores externos.

Cuarto.Presentar por escrito las acciones programadas para rendir el informe respectivo de los avances en el estudio metalográfico, mecánico y fractográfico por periodos de quince días hasta la conclusión del dictamen.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senadores: Luis Maldonado Venegas, Leticia Jasso Valencia (rúbricas).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que implemente un programa nacional de prevención y detención temprana de la insuficiencia renal crónica, suscrita por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica, y a estimular la formación de especialistas en nefrología, suscrita por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que implemente un programa nacional de prevención y detención temprana de la insuficiencia renal crónica, asimismo a que se incentive la formación de especialistas en nefrología, al tenor de las  siguientes

Consideraciones

Con la evolución del conocimiento científico y los enormes avances tecnológicos las expectativas de vida de los seres humanos se han incrementado considerablemente. Por ejemplo, la longevidad de la población latinoamericana pasó de 70.5 años en el 2000  a 75.7 en el 2006.

Los mexicanos, en las dos últimas décadas han aumentado el promedio de vida en 5 años, llegando a 78 años para las mujeres y 73 para los hombres.

Sin duda, estas cifras son indicativas del envejecimiento de la población mundial, tendencia que continuará en ascenso en los próximos años.

Sin embargo, más años de vida no necesariamente significa mayor calidad y mucho menos, salud plena.

En los últimos tiempos hemos sido testigos del incremento de  padecimientos y enfermedades que generalmente acompañan al envejecimiento de los individuos, pero que también se presentan en etapas tempranas derivadas no sólo de la genética o males congénitos, sino de los hábitos alimenticios y el sedentarismo característico de la época actual.

La diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, entre otras, son algunas de las enfermedades crónico degenerativas que están tomando proporciones  pandémicas a nivel  mundial.

Estas enfermedades representan una grave carga para los sistemas de salud nacionales, pues demanda mayores recursos y capacidad de infraestructura para atenerlas.

Sin embargo la atención de estas enfermedades presenta grandes diferencias entre los países desarrollados y los no desarrollados, pues mientras los primeros centran sus esfuerzos en la prevención y detención temprana, en los segundos apenas se está concretando la transición epidemiológica y por ende atender las etapas terminales.

La insuficiencia renal crónica es una enfermedad silenciosa que por ser asintomática tienen una alta influencia sobre la morbilidad y mortalidad de la población mundial. Existe un gran número de personas que sin saberlo presentan algún deterioro en los riñones y que generalmente se detecta en etapas avanzadas, cuando las únicas opciones de tratamiento son la diálisis peritoneal o el trasplante.

A diferencia de lo que ocurre con otras enfermedades crónicas, se ha minimizado su potencialidad epidemiológica entre la comunidad médica, las autoridades y sobre todo a la población en general.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad renal crónica provoca alrededor de 60 por ciento de las muertes a nivel mundial.

México no es ajeno a esta situación. La enfermedad renal crónica representa la tercera causa de muerte hospitalaria en el país, por lo que debe ser considerada como un problema de salud pública.

Esta enfermedad causa grandes cambios en la vida de los pacientes y de sus familias, pues requiere de tratamientos permanentes que en gran mayoría de los casos incapacita a los enfermos afectando severamente el núcleo familiar y las finanzas personales.

La insuficiencia renal crónica afecta alrededor de 128 mil mexicanos, de los cuales 50 por ciento son atendidos por el sistema de seguridad social, sin embargo el restante 50 por ciento no tienen servicios médicos.

Estos últimos, se ven forzados a recurrir a los servicios de salud pública o acudir a médicos particulares.

El gobierno federal ha tenido como objetivos fundamentales en materia de salud, lograr una cobertura universal hacia el 2012, hasta el momento ha afiliado alrededor de 35 millones de mexicanos sin embargo, desde el año 2003 en que se puso en marcha el programa, el catálogo de las enfermedades ha incrementado gradualmente su cobertura, sobre todo de aquellas que representan altos costos en su tratamiento.

Pese a que el Seguro Popular, cubre 266 enfermedades, deja afuera aquellas que han incrementado su incidencia en la población mexicana, tales como cánceres de próstata y pulmón, hepatitis C, e insuficiencia renal crónica, entre otras que representan un fuerte desembolso para las familias.

Además de que los afiliados se enfrentan a una pésima atención medica, deficiente estructura, falta de medicamentos y de especialistas, así como condiciones insalubres para realizar las diálisis. Todo ello representa para el enfermo invertir más de 32 horas a la semana, pues tiene que realizarse la diálisis tres veces a la semana, y enormes de-sembolsos monetarios.

Por lo que es necesario que el Sistema de Protección Social en Salud fortalezca la calidad de atención en los afiliados, así como que se amplíe el catálogo de enfermedades que cubre.

Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la reducida plantilla de especialistas que hay en el país. Tan sólo hay 500 nefrólogos para atender a los 128 mil enfermos renales crónicos. Por lo que para asegurar la óptima atención de los pacientes se debe incentivar el incremento en el número de médicos especializados.

Aunado a ello está la falta de una cultura de donación de órganos. En México se realizan tan sólo dos mil trasplantes anuales.

Por todo ello es necesario que se implemente una campaña permanente para prevenir y alertar a la población sobre la enfermedad renal y las formas de prevención a fin de que sean detectadas y atendidas a tiempo.

Sólo así se promoverá el auto cuidado de la salud, incidiendo en la prevención y detección oportuna de la enfermedad renal crónica y los problemas de salud asociados a estos.

Asimismo, es menester hacer una revisión de las políticas públicas de salud preventiva y educación en la materia, pues permitiría ahorrar hasta 500 veces en gastos por intervenciones médicas.

En suma, la insuficiencia renal crónica debe ser considerada un problema de salud pública que requiere de un plan de acción de prevención y control por parte de las autoridades de salud.

Lo cierto es que la insuficiencia renal crónica es de rápido desenlace, por lo que el tratamiento debe iniciarse de inmediato una vez detectada.

No olvidemos que una población saludable representa un potencial de desarrollo para los países.

Por lo expuesto con antelación, se somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud a revisar las políticas públicas destinadas a prevenir las enfermedades crónicodegenerativas, asimismo a que se implemente un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica; en donde se contemplen estrategias para incentivar la formación de especialistas en nefrología.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que incluya en el catalogo de cobertura de enfermedades catastróficas del Seguro Popular, la atención de la insuficiencia renal.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo al rezago del país en investigación científica y tecnológica.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al rezago del país en investigación científica y tecnológica, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Según el Estado de la Ciencia 2010, que la UNESCO elabora cada cinco años, nuestro país es uno de los que menos invierten en este rubro, lo cual se ha traducido en una baja producción científica y escasa formación de investigadores, además de la expulsión de profesionistas con nivel de doctorado a otros países.

En contraste, según el diagnóstico, naciones emergentes como Brasil, India, China y Rusia han tenido avances significativos en esta materia.

Mientras Brasil y Rusia destinan uno por ciento de su producto interno bruto (PIB) en investigación y desarrollo, México dedica a ello 0.4 por ciento, aún y cuando la Ley de Ciencia y Tecnología determina desde 2006 que se le debe otorgar un porcentaje mayor (1 por ciento).

La inversión del País está incluso por debajo de India que destina 0.8 por ciento de su PIB. Mientras que China invierte 1.4 e Israel 5 por ciento.

Del total de investigadores en el mundo, apenas 0.5 por ciento son mexicanos, Brasil e India aportan 2 por ciento, cada uno; Rusia, 7; China 14, y Estados Unidos, 20. Además, en Brasil y Argentina, de cada 100 doctores, 3 y 5 respectivamente, emigran a otros países, mientras que de México se van 14 por año.

La investigación científica en México está totalmente de-satendida, sobre todo la ciencia básica, con lo que se ha convertido en una nación “científicamente analfabeta”.

El sistema científico mexicano se encuentra en una situación alarmante ante la falta de inversión, proyección e ino-peratividad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Tenemos un Conacyt que no cubre las expectativas del país, es inoperante, únicamente mantiene los centros públicos de investigación y otorga becas, pero no fomenta una política científica.

Otros países como Brasil con el ex presidente Luiz Inácio Lula establecieron una política de Estado para los biocombustibles, y el día de hoy se han convertido en una potencia en materia aeronáutica.

En México la política de Estado sobre la ciencia es que no hay una política de Estado y nos hemos convertido en una nación que no invierte en esta área, destinando a las futuras generaciones a buscar empleo en otros países.

El Conacyt ha tenido retrasos en la publicación de las convocatorias para financiar los proyectos de ciencia básica, ejemplo de ello, fueron las convocatorias del 2008, las cuales se dieron a conocer 20 meses después y los de la convocatoria ciencia básica SEP-Conacyt 2009 fueron publicados 13 meses después, es decir el pasado 18 de diciembre.

Es una pena que no atendamos el rubro de la investigación. Es inaceptable que organismos internacionales como la UNESCO nos lo hagan saber.

Debemos apostar a una mayor inversión en los rubros de: ciencia, tecnología y educación; y a partir de ellos podremos solucionar otros problemas que tanto nos aquejan en nuestro país.

En México reprobaron casi el 90 por ciento de los docentes de educación básica en las áreas de Ciencias; esto es un indicador que nos invita a tomar decisiones urgentes.

Por todo lo anteriormente aquí expuesto y fundamentado, quien suscribe integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México respetuosamente solicito a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se analice la presente proposición y se tome los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus atribuciones y funciones, gire instrucciones a la Dirección General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fin de que rinda un informe detallado respecto a los programas que se otorgan para el apoyo del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el uso de sus atribuciones y funciones gire instrucciones a la Dirección General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a fin de que rinda un informe detallado sobre los retrasos en las publicaciones de las convocatorias para financiar los proyectos de ciencia básica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente en el primer receso del segundo año de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.— Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.

CONSUMIDORES

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del diputado Alfonso Primitivo Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a que implemente las medidas correspondientes para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y servicios que realicen prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a implantar medidas para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y de servicios que incurran en prácticas abusivas, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal a la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en  el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes

Consideraciones

La política económica impuesta por la tecnocracia neoliberal desde hace casi 30 años ha sido profundamente lesiva para las familias mexicanas.

Muestra de lo anterior es la más reciente escalada de precios que se ha dado a lo largo de 2010 y que seguirá vigente para el presente año.

Desde finales del año pasado fueron anunciados incrementos en productos y servicios que tienen un alto impacto en la canasta básica como son la gasolina, la electricidad y el gas. Dicho incremento se tiene proyectado entre un 2 y 3 por ciento.

Para la población este tipo de aumentos no son nuevos. A lo largo de 2010 vivimos una política de incremento de los precios en diversos artículos de consumo diario, lo que provocó que el índice nacional de precios al consumidor (INPC) se incrementará en 4.40 por ciento, el índice especifico de la canasta básica de 4.19 por ciento, y el índice nacional de precios al productor (INPP) aumentó 3.70 por ciento, de acuerdo a cifras oficiales.

La carestía ha afectado a productos de consumo básico, que son parte fundamental de la dieta de los mexicanos. Por ejemplo, la tortilla ha acumulado un incremento en su precio del 46.7 por ciento de 2006 a 2010, lo que quiere decir que su precio prácticamente se ha duplicado. El pan de caja ha sufrido un incremento similar, es decir, de 53.3 por ciento; el huevo, de 57.1 por ciento; el pollo entero, 52 por ciento; y el arroz, 61por ciento.

Empresas de consultoría señalan que la principal presión a los precios provendrá de los bienes y servicios públicos proporcionados por el gobierno federal. El Ejecutivo sigue empecinado en una política de precios que distorsiona el mercado interno en su afán de equilibrar los precios de estos bienes y servicios a los de referencia de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América.

El incremento en los combustibles genera que el transporte busque ajustar sus tarifas al alza para no absorber dicho costo de su margen de utilidad, lo que termina impactando en el bolsillo del consumidor final.

El precio de los alimentos se ha convertido en un dolor de cabeza para las amas de casa de nuestro país. El incremento sostenido de los principales granos en el mercado mundial ha afectado negativamente el nivel de precios en México. La Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación calcula que a nivel mundial el precio de los alimentos se incremento durante 2010 en 21.8 por ciento con relación a los niveles de 2009.

El panorama en este tema para 2011 no es positivo, ya que se estima que habrá una reducción en la oferta de 1.4 por ciento y países emergentes como China demandarán mayor cantidad de insumos agrícolas.

Pero no sólo factores externos han incidido en el precio de los alimentos y lo granos en nuestro país. Situaciones de contingencia climatológica  y la especulación también han presionado a la alza los precios.

A pesar de todos estos aumentos en los precios de bienes y servicios a la largo de 2010, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos decretó a finales del año pasado un incremento general al salario mínimo de 4.1 por ciento, una decima abajo del incremento de la canasta básica (4.2 por ciento) y tres decimas abajo del INPC (4.4 por ciento). Con ello, entre 2000 y 2010 los precios de la canasta básica acumulan un incremento de 76.1por ciento y el salario mínimo de 65.3 por ciento, esto es, una pérdida adquisitiva de 10.8 puntos o de 14.2 por ciento.

Los datos que hemos señalado no admiten debate alguno.

La política económica de la presenta administración es totalmente ineficaz para garantizar el nivel de vida de los mexicanos y ya está poniendo en riesgo la estabilidad social y política de nuestro país.

Es preciso que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto y modifiquemos las leyes necesarias para dar un nuevo rumbo a México y a los mexicanos.

La proposición que sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente para que exhortar de manera urgente a la Secretaría de Economía a que tome medidas urgentes para impedir abusos con los precios de la canasta básica.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Economía a implantar las medidas correspondientes para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y servicios que realicen prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

SALARIOS MINIMOS

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo relativo a instrumentar las medidas necesarias para proteger el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición conn punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Secretaría de Economía, de la STPS, de la Comisión Federal de Competencia y de la Profeco a instaurar medidas para proteger el creciente deterioro de los salarios mínimos recién aprobados, suscrita por la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados, exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de que instrumenten todas las medidas necesarias y suficientes para proteger el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados.

Consideraciones

El Banco de México reporta a través del Índice Nacional de Precios, que la inflación del mes de diciembre de 2010 fue de 0.5 por ciento, por lo que la inflación anual fue de 4.4 por ciento.

Esto, según el Banco de México, es consecuencia de importantes aumentos en los precios de energía, electricidad, así como de diversos productos básicos importantes en la dieta de la mayoría de la población, así como de frutas y verduras que en promedio aumentaron durante el periodo más de 30 por ciento.

Adicionalmente, se han autorizado aumentos de 8 centavos al precio del diesel y la gasolina magna y 4 centavos a la gasolina premium, estos aumentos entraron en vigor el sábado 8 de enero. Con estos nuevos precios, la gasolina magna cuesta 8.84 pesos el litro, la premium 10.14 y el diesel  9.20.

De mantenerse estos aumentos a lo largo del año, el precio de la gasolina premium aumentará 4.75 por ciento respecto a diciembre, la magna 10.9 por ciento y el diesel 10.5 por ciento.

También es muy posible que aumenten las tarifas eléctricas, de acuerdo al secretario de Hacienda, estos aumentos, son para dar continuidad a algunos ajustes que van del 2.8 por ciento al 6.6 por ciento.

Adicionalmente se han incrementado el precio del gas, peajes carreteros y pago de derechos como agua, predial y transporte.

Este incremento de los precios, es resultado del incremento sobre todo de los bienes y servicios administrados y concertados, lo que implica necesariamente pérdida del poder de compra del Salario Mínimo General, situación que vulnera a la mayoría de la población ocupada ya que al tercer trimestre de 2010, el 56.72 por ciento de la población ocupada ganaba hasta tres salarios mínimos.

El efecto de la inflación sobre los salarios mínimos es devastador. Esto lo reconoce la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Canasami), en el informe anual de la comisión técnica.

Este efecto inflacionario, deteriora el poder adquisitivo del salario. Recordemos que la inflación opera como un impuesto muy costoso para la clase trabajadora al pulverizar sus bajos salarios.

Esta realidad debe reconocerse y compensarse, no sólo porque afecta seriamente el nivel de ingreso de la población, sino porque deteriora el consumo y debilita el mercado interno.

Como se puede ver, México no cuenta con una política de empleo, ni salarial que compense el creciente deterioro del ingreso de los trabajadores, proceso que se hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por el creciente incremento de los precios.

En adelante, las expectativas no son mejores, el incremento de los precios continuarán repercutiendo negativamente en los bolsillos de los mexicanos.

El incremento de 4.1 por ciento a los salarios mínimos para 2011, dado a conocer el 23 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación, es absolutamente insuficiente para atender las necesidades de una familia. A partir del 1 de enero de 2011 el salario mínimo para el área geográfica A será de 59.82 pesos diarios; para la área geográfica B, 58.13 pesos por día y para el área geográfica C, 56.70 pesos diarios.

A pesar de esto, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, dice que con este incremento de 4.1 por ciento a los salarios, se pretende reparar la pérdida del poder adquisitivo en los salarios, dar certeza y seguridad en el empleo, ofrecer confianza a la inversión y evitar que los trabajadores sigan perdiendo capacidad de compra.

Lo más grave y contradictorio es que por un lado el gobierno federal pretende alcanzar una baja inflación y por otro, toma medidas que atentan contra este objetivo, como son la instrumentación de aumentos administrados de los precios de algunos energéticos producidos y distribuidos por  empresas públicas, como son las gasolinas, el diesel, y la electricidad, productos y precios clave, que necesariamente impactan todas las cadenas productivas y de distribución de la economía nacional.

Estas contradicciones de la política pública deben corregirse urgentemente. Las instituciones responsables deben hacer algo para compensar el impacto negativo que estas alzas tienen en el ingreso de la gente.

Todas estas medidas impactan seriamente la dinámica de los precios, generando inflación real e inercial, afectando y deteriorando severamente el nivel de ingreso de los trabajadores.

Adicionalmente a esto, debemos de admitir que el aumento a los salarios mínimos en México, de sólo 4.1 por ciento, no compensa, ni fortalece el ingreso real de las familias de la clase trabajadora, ya que este aumento es sólo inercial y pretende, sin lograrlo, sólo compensar el incremento de la inflación de 2010. Recordemos que el incremento nominal fue de sólo 2.36 pesos.

Diferentes estudios demuestran que los salarios mínimos han caído sistemáticamente, en especial en los últimos quince años han caído 75 por ciento.

Esta política salarial tan regresiva, es reconocida por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, cuando argumenta que México es uno de los países de América Latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años. Por lo que podemos afirmar que nuestro país presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios.

En este contexto el Estado mexicano está obligado a compensar, proteger y sobre todo, detener el deterioro del ingreso de los trabajadores, creando expectativas económicas que le den estabilidad, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable a los trabajadores.

Esperando siempre una respuesta pronta y positiva de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaria de Economía y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de que instrumenten todas las medidas necesarias y suficientes para evitar y/o detener el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados.

Segundo. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

PETROLEOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del diputado Alfonso Primitivo Ríos proposición con punto de acuerdo con el que se requiere información sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Pemex el 24 de noviembre de 2010 y suscrito por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se requiere información sobre los acuerdos y las resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Pemex el 24 de noviembre de 2010, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y suscrita por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT

Laura Itzel Castillo Juárez, diputada federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, que se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones:

1. El pasado 24 de noviembre el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tomó acuerdos relacionados con el modelo de contratos que entre otras cosas plantea como remuneración de los contratistas una tarifa por barril.

2. La defensa del patrimonio nacional contiene antecedentes histórico-jurídicos que surgen desde la Constitución de 1917 con la propiedad nacional de los hidrocarburos, la expropiación petrolera de 1938 y la reforma constitucional de 1960 que prohibió los contratos y concesiones en la materia.

3. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre una controversia planteada por esta soberanía en contra del Reglamento de la Ley de Pemex. En su resolución fijó algunos criterios, tales como:

a) Aclaró durante la discusión de la sentencia correspondiente, que si el Consejo de Administración va más allá de las prohibiciones legales en sus contratos o disposiciones administrativas, eso sería un problema de aplicación indebida del reglamento, que podía ser litigado por separado;

b) la Corte dejó asentado que el Reglamento impugnado por los diputados es constitucional siempre que al celebrarse contratos "se pague en efectivo, no conlleve un porcentaje de producción, no conlleve un valor de la venta de hidrocarburos o no esté amarrado a la utilidad de la entidad contratada".

4. Es necesario conocer con claridad qué aprobó el Consejo de Administración de Pemex el pasado 24 de noviembre de 2010.

5. Del sitio de Internet de la paraestatal se desprende que lo aprobado por el Consejo de Administración son los documentos ejecutivos de los contratos de los campos de Magallanes, Santuario y Carrizo.

6. Los “términos y condiciones (que) no podrán ser modificados”, que conforme al propio artículo 10 de las disposiciones administrativas de contratación una vez aprobados por el Consejo de Administración ya no podrían sufrir cambios ni en la licitación ni en la firma del contrato.

7. Los términos y condiciones que no pueden modificarse, así como los contratos aprobados, que constan en los anexos I, II y III de acuerdo del Consejo de Administración del corporativo de Pemex, CA-131/2010, no fueron publicados en el sitio de Internet de Pemex, debido a que fueron considerados como información reservada. Toda vez que esta Comisión Permanente tiene facultades constitucionales como la de promover controversias constitucionales, procede requerir esta información para que este órgano legislativo pueda resolver si impugna la constitucionalidad de dicho acuerdo.

8. Cabe señalar que el modelo de contrato no es un documento aprobado por el Consejo de Administración conforme al artículo 10 de las disposiciones administrativas de contratación, puede o no acompañarse a la convocatoria para la licitación que se realice, conforme al 57, fracción II, del Reglamento de la Ley de Pemex.

9. Igualmente se desconoce si las reglas de las licitaciones fueron sometidas a la aprobación del Consejo de Administración, y/o si son obligatorias.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 93 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se requiere información amplia y detallada sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 24 de noviembre de 2010, en particular lo siguiente:

A. Los términos y condiciones que no pueden modificarse, así como los contratos aprobados, que constan en los anexos I, II y III de acuerdo del Consejo de Administración del corporativo de Pemex, con número CA-131/2010,

B. La naturaleza jurídica las reglas de las licitaciones, así como el documento oficial que las contiene.

Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente, el 19 de enero de 2011.— Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE CHIAPAS

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de acuerdo relativo a la necesidad de atender las peticiones de la comunidad Lacanjá Chansayab, del municipio de Ocosingo, Chiapas.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de atender las peticiones de la comunidad Lacanjá Chansayab, de Ocosingo, Chiapas, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo sobre la necesidad de atender las peticiones de la comunidad chiapaneca de Lacanja Chansayab.

Exposición de Motivos

México es un país compuesto de diferentes culturas que conviven diariamente dentro del territorio nacional; por ello se le puede denominar como multicultural, pues alberga diferentes cosmologías y maneras de ver el mundo; por tal motivo, es necesario que el Poder Legislativo tenga la voluntad de velar por el bienestar de todas y cada una de estas culturas.

En México la existencia de una multiculturalidad se debe fundamentalmente a los restos de sociedades precolombinas que lograron sobrevivir al exterminio que tuvo lugar durante la colonización y la época virreinal en nuestro país. Estas sociedades precolombinas sobrevivieron a partir de la apropiación de elementos culturales, así como de la nueva significación de elementos tanto propios como ajenos, dando paso a la conformación de las sociedades que tenemos actualmente.

Lo anterior se puede apreciar en la existencia de las diferentes comunidades indígenas que hay a lo largo y ancho de todo el territorio que aún conservan su lengua original, que tienen una organización social propia, la cual les permite contar con mecanismos políticos, económicos y sociales autónomos, para tomar las decisiones más viables según sus propios criterios, que deriven en el bienestar social de la comunidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2 del capítulo I, “De las Garantías Individuales”, párrafo VII del inciso B, dice lo siguiente:

“Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos [...] La incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización...” (consultado en http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/3.htm?s= el 16 de diciembre de 2010).

La Carta Magna promueve, al mismo tiempo que protege, el desarrollo igualitario de las poblaciones indígenas para que entre otras cosas cuenten con las mismas oportunidades ofertadas en las grandes urbes del país, así como en las demás poblaciones cosmopolitas.

Esto implica que el Estado está obligado a proveer de los medios necesarios para que las poblaciones indígenas cuenten con todos los servicios básicos –agua, luz, drenaje, salud, educación, etcétera–, los cuales son necesarios para el desarrollo pleno y competitivo de estas comunidades, en el contexto económico, político y social que estamos viviendo en el inicio de este siglo XXI.

Sin la oportuna intervención del Estado en materia de conflictos y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, se estaría condenando a estos grupos que componen el conglomerado social de México, al atraso y a la marginación. Es obligación de quienes ocupamos puestos de elección popular atender de manera oportuna y eficaz a los problemas sociales que surjan, para darles una pronta solución que sea benéfica y equitativa, que es una de las razones fundamentales para ocupar estos cargos.

En días pasados, su servidor recibió una petición de ayuda por parte de una comunidad situada en el estado de Chiapas. La comunidad de nombre Lacanja Chansayab, situada en el municipio de Ocosingo, está solicitando ayuda al Poder Legislativo, debido a que los cobros que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) efectúa para brindar el servicio de energía eléctrica, a la comunidad mencionada, resultan excesivos y difíciles de pagar.

Debido a esta situación se han presentado ya, conflictos entre los habitantes de la comunidad y empleados de la paraestatal. El 28 y el 29  de noviembre del año próximo pasado, los roces entre las partes derivaron en la supuesta privación ilegal de la libertad de 4 empleados de la CFE, según expresó la mencionada paraestatal, en un oficio enviado el 1 de diciembre de 2010 al comisariado de Bienes Comunales de dicha comunidad.

Por su parte, en un oficio dirigido al gobernador de Chiapas, licenciado Juan Sabines Guerrero, el 29 de noviembre, los miembros de la comunidad dieron cuenta de la prepotencia con la que trabajadores de la CFE –los cuales operaban sin la debida identificación– se dirigieron a los miembros de la comunidad. Esto, aunado a las leoninas y extenuantes tarifas, derivó en los incidentes relacionados con los 4 trabajadores ya mencionados, el 28 y el 29 de noviembre.

De conformidad a lo expuesto en el artículo constitucional citado anteriormente, es que se plantea una rápida y eficaz intervención por parte de este órgano legislativo, a fin de poder atender y dar solución a la petición hecha por parte de la comunidad, consistente en que las tarifas de la CFE por otorgar el servicio de energía eléctrica tengan un tope de por recibo.

De esta manera se resguardaría la economía de las familias indígenas que habitan en esta zona de Chiapas, se fomentaría la productividad de estos núcleos poblacionales y se estaría velando por el respeto del orden constitucional de forma práctica. Por otra parte, se considera indispensable la intervención de este órgano legislativo, para prevenir futuros altercados entre la comunidad y los empleados de la CFE que a la postre, producirían consecuencias aún más lamentables.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se solicita atentamente a la Comisión Federal de Electricidad que lleve a cabo un reajuste de la tarifa por el servicio de luz eléctrica proporcionado en la comunidad Lacanja Chansayab, de modo que no se cobre más allá de 20 pesos por recibo.

Segundo.Se solicita la intervención directa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Desarrollo Social  a fin de que realicen las acciones pertinentes para que se garantice el desarrollo integral de la comunidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió de la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública para que tomen el control de la seguridad interna en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la SCT, de la Sedena y de la SSP para que tomen el control de la seguridad interna en las instalaciones del AICM, y organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria nacional, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Elena Orantes López, senadora por el estado de Chiapas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 7 de diciembre, la Policía Nacional de España decomisó 140 kilos de cocaína contenida en el equipaje de tres sobrecargos de Aeroméxico en el aeropuerto de Barajas en Madrid.

Los empleados de la aerolínea mexicana arribaron al aeropuerto de Barajas en el vuelo 001 que procedía de nuestro país. El Ministerio del Interior de España informó que se trató de la mayor cantidad de cocaína decomisada en el aeropuerto de Madrid.

Ante la gravedad de los hechos, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, reconoció en conferencia de prensa que los aeropuertos pudieran estar convirtiéndose en una puerta abierta al tráfico de drogas, y que el hecho de la introducción de drogas por parte de empleados de Aeroméxico se debió a actos de complicidad humana.

Asimismo, mostró su preocupación y aseguró que las redes del narcotráfico operan de manera permanente tratando de encontrar la manera de burlar la seguridad del aeropuerto de la Ciudad de México.

Por otra parte, al realizarse las primeras investigaciones sobre lo ocurridos el pasado 6 de diciembre en el aeropuerto de la Ciudad de México, se encontró que varios empleados de la empresa encargada de la seguridad en las instalaciones del aeropuerto estaban involucrados, uno de ellos declaró que al menos cinco compañeros suyos recibieron un soborno de 10 mil pesos.

Lo anterior nos habla de la inadecuada decisión de contratar a una empresa privada de seguridad, ya que bajo este esquema no se garantiza una vigilancia estricta en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México como punto nodal de la seguridad en el combate al narcotráfico.

Ahora bien, según información de algunos diarios nacionales publicada el pasado 6 de enero, la Procuraduría General de la República dio a conocer que la red delictiva encargada de introducir cocaína a España en complicidad con personal de Aeroméxico, se denomina “Cártel de Galis”, y estaría integrada por personal de seguridad de la empresa Eulen, pilotos, sobrecargos, algunas personas responsables de asignar vuelos y agentes de la policía federal. Asimismo, se considera que esta estructura delictiva tenía operando aproximadamente tres años desde la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de  México.

Informaron también que entre sobrecargos y civiles hacían una o dos entregas al mes y que podrían haber realizado hasta 36 viajes, mientras que cada uno de los integrantes del grupo criminal era recompensado con cerca de 600 mil pesos por cada cargamento entregado.

Se indica asimismo, que las maletas viajaban llenas de cocaína a España y regresaban a México con el pago del cargamento, por lo que habrían sido elementos de la policía federal quienes les dieran rutas de salida para evadir la revisión aduanal.

Ahora bien, sabemos que es muy probable que haya más personal de las áreas administrativas, de aduanas o de migración en el aeropuerto, que pudieran estar coludidos o, incluso, presionados por bandas del narcotráfico.

Lo anterior no se descarta, pues en los alrededores de la terminal aérea de la Ciudad de México, se han suscitado hechos que muy probablemente tienen que ver con la operación de bandas del narcotráfico.

Cabe mencionar lo ocurrido entre diciembre de 2007 y enero de 2008, cuando aparecieron abandonadas 4 cabezas humanas pertenecientes a personal de una empresa de aduanas, presuntamente ultimados en venganza por el decomiso de media tonelada de cocaína en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2007.

Por ello, y debido a la magnitud de los graves hechos ocurridos en la periferia del aeropuerto y el que tiene que ver con bandas bien organizadas dentro de sus instalaciones, consideramos que resulta irresponsable dejar la vigilancia del aeropuerto en manos de empresas de seguridad privada, ya que éstas, no cuentan con la infraestructura y la capacidad organizativa y operativa como ocurre con aquellas corporaciones policiacas encargadas de la seguridad pública.

Para ello, se propone que todo aquel personal que labora en áreas estratégicas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pase por un Centro de Control de Confianza con base a las políticas y medidas que decida la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que pueda servir como una instancia para certificar a dicho personal en la realización de sus labores cotidianas y como un requisito para ser contratados por los concesionarios que operan en dicha terminal aérea, haciéndose extensivo de manera paulatina a aquellos aeropuertos con vuelos internacionales que así lo requieran.

En este mismo sentido, los legisladores sabemos, pues así nos lo han informado las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en reuniones de trabajo sostenidas en el Senado de la República, que la seguridad aeronáutica tiene como tarea fundamental vigilar el espacio aéreo para evitar el transporte de inmigrantes ilegales, drogas y dinero, entre otras tareas no menos importantes en los 84 aeropuertos comerciales y en los mil 600 aeródromos que controla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.

Es por ello, que consideramos que la seguridad en los aeropuertos debe ser diseñada a partir de una mejor estrategia de coordinación en sus instalaciones tomando en cuenta aspectos de seguridad nacional, para ello, es fundamental que el operador del aeropuerto y que los concesionarios de los diversos servicios que se brindan en las terminales aéreas, mantengan una coordinación permanente en la contratación de personal y en la administración del inmueble y las pistas, pero donde la seguridad esté a cargo en todo momento del Estado mexicano y no así de empresas de seguridad privadas.

La seguridad nacional no puede verse vulnerada por la presencia de bandas de narcotráfico, ladrones y secuestradores operando en el interior y los alrededores de los complejos aeroportuarios.

Por todo lo anterior, y ante los hechos que demuestran la irresponsabilidad con que se maneja la seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), consideramos necesario solicitar al gobierno federal que tome el control de la seguridad interna en el aeropuerto y coloque de inmediato destacamentos de efectivos federales en las áreas estratégicas de la terminal aérea que tengan injerencia sobre los efectivos de seguridad privada, así como la operación inmediata de un centro de control de confianza manejado por la Secretaría de Seguridad Pública, que sea capaz de emitir periódicamente certificaciones al personal que labora en dicha terminal, toda vez que al tratarse de una zona federal, el asunto debe ser considerado como un tema de seguridad nacional.

Asimismo, para que paulatinamente se reestructure de forma similar la seguridad en todos los aeropuertos del país comenzando por los más importantes, con el propósito de evitar que, en el futuro, se vulnere nuevamente la capacidad operativa de la seguridad aeronáutica que debe hacer prevalecer el Estado en el territorio nacional.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública, a tomar el control de la seguridad interna en las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria en la República Mexicana, en virtud de tratarse de un tema de seguridad nacional.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública, se implementen las acciones necesarias para que todo aquel empleado que trabaja en aéreas estratégicas y de seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pase por un centro de control de confianza con base a las políticas y medidas que decidan las autoridades encargadas de la seguridad pública, con el objeto de que pueda servir como una instancia para certificar a dicho personal en la realización de sus labores cotidianas y como un requisito para ser contratados por los concesionarios que operan en dicha terminal aérea, haciéndose extensivo de manera paulatina a aquellos aeropuertos con vuelos internacionales que así lo requieran.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senadora María Elena Orantes López (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE MORELOS

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que coadyuve en las investigaciones de los asesinatos y ataques en contra de presidentes municipales y funcionarios públicos de los ayuntamientos y exhortar al gobernador del estado de Morelos a que solicite el apoyo de las fuerzas militares y federales para garantizar la seguridad en la entidad.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coadyuvar en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra alcaldes y servidores públicos de los ayuntamientos, y a destinar mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a las localidades que lo requieren urgentemente; y al gobernador de Morelos, a solicitar el apoyo de las fuerzas militares y federales para garantizar la seguridad en la entidad, e intensificar las investigaciones del homicidio del presidente municipal de Temoac, suscrita por el diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jaime Sánchez Vélez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 58, 59 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal coadyuvar en las investigaciones de los asesinatos y ataques en contra de presidentes municipales y funcionarios públicos de los ayuntamientos; para que destine mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad, de manera inmediata, a los municipios y localidades que lo requieren urgentemente; para que, en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, se establezcan rutas de vigilancia en los municipios y localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad y se les brinde mayor seguridad y protección a sus funcionarios públicos municipales y; para que se exhorte al gobernador del estado de Morelos, solicite el apoyo de las fuerzas militares y federales para garantizar la seguridad en la entidad, así como intensificar las investigaciones del asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El aumento considerable de los índices de criminalidad en todo el país ha provocado una polémica sobre el verdadero nivel del problema de inseguridad pública que enfrentamos.

Las cifras oficiales confirman el importante aumento de la delincuencia en México durante los últimos años, además de la falta de un sistema de administración de justicia confiable que desinhibe a la sociedad a denunciar los delitos ante las autoridades.

El alarmante grado de delincuencia, junto con las pérdidas económicas que conlleva, nos debe obligar a reflexionar sobre su impacto en el bienestar social y en el desarrollo económico. La delincuencia deteriora el progreso del país y, por consiguiente, impide el mejoramiento de la calidad de vida de la población, además de atentar en contra del estado de derecho.

Las actividades delictivas han crecido rápidamente porque son una opción muy rentable. La impunidad ha permitido que éstas sean sustitutas de actividades legales como fuentes de ingreso. De no controlarse la delincuencia y criminalidad, sus efectos afectarán gravemente el crecimiento económico y el combate a la pobreza, al generarse un ambiente desfavorable para la inversión y la generación de empleos.

La seguridad pública debe ser suministrada por el estado para proteger a todos sus ciudadanos, y garantizar un estado de derecho. La existencia de éste permite desarrollar las actividades productivas de la sociedad y las empresas, fomentar su adecuado funcionamiento y asegurar un mayor bienestar social.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), mediante su análisis semanal, señaló que el costo de la inseguridad en México sobrepasa 15 por ciento del PIB, gasto equivalente a más del doble de lo que el país gasta en educación en un año.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2008 el gasto público en educación alcanzó 6.3 por ciento del PIB, mientras que en 2009 las participaciones federales a estados y municipios apenas alcanzaron 3.2 por ciento del producto.

Desafortunadamente, cada año grandes cantidades de recursos son destinados a prevenir y combatir los efectos negativos de la delincuencia, en lugar de ser canalizados a actividades productivas, obstaculizando de esta forma el desarrollo y el crecimiento económico.

Según estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública realizadas con base en el déficit salarial con que operan las corporaciones, los recursos derramados a las mafias policiacas involucradas en el negocio del narcotráfico, es de mil 277.27 millones de pesos, déficit salarial que no se paga y, por tanto, se convierte en corrupción, ya que es financiado por el crimen organizado.

En general, la policía trabaja ganando alrededor de dos a tres mil pesos mensuales. Asimismo, alrededor de 40 por ciento de los más de 165 mil policías municipales del país gana entre mil y cuatro mil pesos; el 20 por ciento se ve en la necesidad de trabajar hasta por mil pesos de salario.

Sumado a lo anterior, muchos de los policías que combaten a la delincuencia, esencialmente los municipales y estatales, lo hacen con recursos limitados y armas inapropiadas. 91.3 por ciento de las instituciones policiales del país, estatales y municipales, apenas han adquirido armamento suficiente para dotar a 20 por ciento de sus más de 390 mil elementos. Sin armas, con bajos salarios, con preparación mínima, las policías del país están en serios problemas.

En agosto del año pasado, la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores presentó un estudio sobre el narcotráfico en México intitulado Ayuntamientos y crimen organizado, en el que se destacó que las principales organizaciones dedicadas al tráfico de drogas mantienen bajo su control 71 por ciento del territorio nacional.

Según este estudio, los cárteles de la droga tienen absoluta presencia y control en aproximadamente 195 municipios e influyen de alguna forma en otros mil quinientos, a través del narcomenudeo, cultivo y tráfico de drogas, secuestro y extorsión, entre otros; esto es, controlan ocho por ciento de las 2,440 alcaldías del país.

El nivel de gobierno más cercano a la población, el municipio, es el que cuenta con menos recursos y menos atribuciones, en contrapartida con el estatal y el federal (este último es el que tiene más recursos y más atribuciones), motivo por el cual han sido presa fácil para las operaciones de narcomenudeo, para construir infraestructura y conseguir apoyo político y complicidad por parte de integrantes de los cárteles.

Es cierto lo expresado en el estudio, en el sentido de que a gran parte de los ayuntamientos les falta presupuesto, no cuentan con políticas económicas y sociales sostenibles y en muchas ocasiones son abandonados por los gobiernos estatales y federal.

Es claro que el gobierno federal, con toda la estructura y recursos humanos, materiales, de inteligencia que tiene, no ha podido contrarrestar las acciones de la delincuencia, entonces, ¿qué esperamos de los municipios que en muchas ocasiones, no tienen siquiera para pagar las nóminas de sus empleados y menos, para la obtención de armamento, patrullas y equipo de seguridad para enfrentar al crimen organizado?

El gobierno federal, con todo el Ejército y la Marina y con más de 35 mil policías federales, no ha logrado frenar al crimen organizado.

Desafortunadamente, las señales que dan las autoridades en todos sus niveles son que los cárteles han entendido que los ayuntamientos son el nivel de gobierno más cercano a la gente, por lo que es necesario estar presentes y tener a la sociedad de su lado.

Un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública federal, dio a conocer que más de 400 municipios carecen de policías, y en 1029 sólo trabajan no más de 15 agentes en cada uno. En términos generales, 88.5 por ciento de los municipios tienen menos de 100 policías. Donde hay más, se llega a 30 elementos máximo por turno; por el contrario, en donde menos existe personal de seguridad, hay hasta uno, quien cubre los tres turnos, los días de descanso y las vacaciones.

A lo anterior, habría que añadir que 93 por ciento de los delitos son del fuero común, y que de estos, casi 80 por ciento son de algún tipo de robo. Esto da una percepción nacional de inseguridad, acompañada por el abandono político de los municipios, lo que ha abierto la puerta para crear círculos corrompidos.

Ni la federación, ni los estados destinan los suficientes recursos a los municipios, cuyos alcaldes en muchas ocasiones son rebasados por los narcotraficantes del área, que son quienes construyen los espacios públicos y hasta crean empleos indirectos a la comunidad.

Esta situación es difícil para las autoridades municipales, ya que la sociedad demuestra una lealtad a la delincuencia organizada generada principalmente por cuestiones de sobrevivencia y temor. Además, muchos ediles o integrantes de cabildos se han visto forzados a aceptar las reglas de los capos o en caso contrario, han sido objetos de atentados en su contra o de su familia.

En los últimos tres años han sido asesinados más de cuarenta funcionarios municipales, entre alcaldes, ex ediles, regidores, secretarios de ayuntamientos y candidatos a alcaldes, además de varias decenas de policías locales y federales y militares.

El asesinato de alcaldes se ha realizado en ocho estados, algunos con problemas de disputa entre grupos delictivos, como Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, y otros donde la presencia del narcotráfico se suma a la descomposición social, como Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Los presidentes municipales en funciones o electos asesinados de 2008 a 2011, han sido 23; tres en lo que va de 2011.

1. Junio de 2008. Marcelo Ibarra Villa, Villa Madero, Michoacán.

2. Septiembre de 2008. Homero Lorenzo Ríos, Ayutla, Guerrero.

3. Octubre de 2008. Salvador Vergara Cruz, Ixtapan de la Sal, Estado de México.

4. Febrero de 2009. Claudio Reyes Núñez, Otáez, Durango

5. Febrero de 2009. Octavio Manuel Carrillo, Vistahermosa, Michoacán.

6. Junio de 2009. Luis Carlos Ramírez López, Ocampo, Durango.

7. Junio de 2009. Héctor Manuel Meixuerio, Nimiquipa, Chihuahua.

8. Febrero de 2010. Ramón Mendívil Sotelo, Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

9. Febrero de 2010. Manuel Estrada Escalante, Mezquital, Durango.

10. Abril de 2010. José Santiago Agustino, Zapotitlán Tablas, Guerrero.

11. Junio de 2010. Jesús Manuel Lara Rodríguez, Guadalupe Distrito Bravos, Chihuahua.

12. Junio de 2010. Óscar Venancio Rivera, San José del Progreso, Oaxaca.

13. Junio de 2010. Nicolás García Ambrosio, Santo Domingo, Oaxaca

14. Agosto de 2010. Edelmiro Cavazos Leal, Santiago, Nuevo León.

15. Agosto de 2010. Marco Antonio Leal García, Hidalgo, Tamaulipas.

16. Septiembre de 2010. Alexander López García, El Naranjo, San Luis Potosí.

17. Septiembre de 2010. Prisciliano Rodríguez Salinas, Doctor González, Nuevo León.

18. Octubre de 2010. Antonio Jiménez Baños, alcalde electo de Mártires de Tacubaya, Oaxaca.

19. Noviembre de 2010. Gregorio Barradas Miravete, alcalde electo de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.

20. Noviembre de 2010. Gustavo Sánchez Cervantes, Tancítaro, Michoacán.

21. Enero de 2011. Saúl Vara Rivera, Zaragoza, Coahuila.

22. Enero de 2011. Abraham Ortiz Rosales, Temoac, Morelos.

23. Enero de 2011. Luis Jiménez Mata Santiago, Santiago Amoltepec, Oaxaca.

Asimismo, en mayo de 2010, José Mario Guajardo Varela, candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas, fue atacado con armas de fuego, después de que su partido denunciara amenazas del narcotráfico contra sus candidatos.

A menos de una semana de los comicios locales, el 28 de junio, el candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, murió acribillado en la carretera a Soto La Marina en Ciudad Victoria.

Del mismo modo, fue acribillado el ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, el 21 de noviembre, en las afueras de su residencia.

Algunos alcaldes asesinados fueron muertos por sus propios policías, quienes fueron despedidos o cambiados de sus tareas.

Cuestionado sobre las acciones adoptadas para proteger a las potenciales víctimas del crimen organizado, tras los asesinatos de presidentes municipales y otros servidores públicos y actores políticos, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, reconoció la preocupación del gobierno federal por estos hechos, y afirmó que se trabaja en una estrategia sobre el tema. Sin embargo, ya fueron asesinados tres alcaldes en menos de 15 días y los actos delictivos no parecen disminuir, por el contrario, todos los días son de asesinatos y atentados.

En el caso particular de Morelos, esta entidad se ha visto afectada por diversos acontecimientos de gran preocupación. Recordemos que el 16 de diciembre de 2009, durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, resultó muerto el jefe del cártel de los Beltrán Leyva, Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas” o “El Botas Blancas”.

Asimismo, el día 11 del mismo mes, autoridades federales detuvieron a los músicos Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, los Cadetes de Linares y Torrente Musical, quienes fueron investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En Morelos la temporada vacacional de semana santa de 2010 fue muy violenta, ya que dejó como saldo nueve decapitados y diez asesinatos relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Asimismo, fueron colocados en diversos puntos de la ciudad de Cuernavaca los llamados “narcomensajes”, lo que generó gran alerta y preocupación entre la sociedad.

Al expresar su amplio reconocimiento a las instituciones federales que intervinieron en el operativo realizado el pasado 30 de agosto de 2010, que tuvo como resultado la captura de Edgar Valdéz Villarreal, alias la “Barbie”, el gobernador Marco Antonio Adame subrayó que Morelos, junto con otras entidades de la región centro del país, participaron en el establecimiento de cercos perimetrales definidos por la Procuraduría General de la República, lo que demuestra que en la entidad operan con libertad los integrantes de bandas delictivas.

El 6 de diciembre de 2010, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación especializada en Delitos Federales (Siedo), entregó a las autoridades judiciales de Morelos al menor Edgard Jiménez Lugo, alias “El Ponchis”, acusado de homicidio y de vínculos con la delincuencia organizada.

La Procuraduría General de la República expuso que al no existir leyes federales para procesarlo y al haber cometido sus delitos en Morelos, el presunto delincuente quedó a disposición de la autoridad local, donde sí existen esos procedimientos penales. El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, precisó que el adolescente de 14 años está acusado de delitos tipificados como graves, por lo que la Siedo determinó consignarlo ante una autoridad competente en el caso.

El presunto sicario fue puesto a disposición de un tribunal unitario del fuero común para justicia de adolescentes de Morelos, que le dictó vinculación a juicio por delincuencia organizada y homicidio.

Según la Ley de Justicia Penal para Adolescentes de Morelos, “El Ponchis” puede ser procesado, por lo que un magistrado le dictó auto de vinculación a proceso, lo que en el sistema de justicia tradicional, aún a nivel federal, sería el auto de formal prisión.

Aunque las leyes de Morelos señalan que la pena máxima para menores de edad sea del nivel que sea el delito que hayan cometido, es de cinco años de prisión; en este caso, el detenido no podrá obtener la libertad bajo caución ni por otras figuras de libertad anticipada.

El ahora procesado está acusado de delincuencia organizada y se le vincula con decenas de homicidios, desde una célula de sicarios vinculados con la organización de los hermanos Beltrán Leyva en Morelos.

Ante todos estos hechos, el estado de Morelos se ha convertido en el principal centro de operación de esta organización, además de presentarse otros actos que han puesto en riesgo incluso, la estabilidad de la entidad, al grado de acusar a gobernadores de estar relacionados con actividades ilícitas.

Recordemos que en marzo de 2008, en Temixco, el presidente de la república inauguró el edificio de seguridad pública del estado de Morelos, y anunció el inicio del programa “Limpiemos México, Zona en Recuperación”, de carácter social y vinculado a la seguridad.

Los objetivos que señaló el primer mandatario sobre la estrategia de su gobierno para hacer frente a la delincuencia organizada, son

• Garantizar la seguridad pública es la función esencial de todo gobierno, es uno de los deberes más altos de cualquier autoridad y también es uno de los retos mayores de la nación; es, a su vez, en este momento, la mayor exigencia de los ciudadanos.

• Uno de mis mayores compromisos como presidente de la república, es impulsar el progreso del país por la vía de la paz, de la legalidad y del orden.

• La estrategia nacional de seguridad tiene, básicamente, dos grandes grupos de componentes.

• Para ganar la guerra contra la delincuencia se requiere la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno. Sin la participación responsable de las autoridades federales, estatales y municipales, no será posible tener un completo éxito.

Asimismo, se informó de la existencia de programas para fortalecer las capacidades policiacas, de armamento, tecnología y de control de confianza de los municipios mayores y más críticos en materia de seguridad en el estado de Morelos, a través del mencionado programa y del Fondo de Seguridad Municipal.

Sin embargo, las estrategias y las acciones no han sido suficientes o adecuadas, ya que el estado de Morelos sigue siendo una zona insegura y de operaciones del crimen organizado.

Como ya se mencionó, el pasado 10 de enero el alcalde de Temoac, Abraham Ortiz Rosales, fue interceptado por un grupo armado que le disparó cuando viajaba con su esposa, sus tres hijos y su escolta, en el ingreso a la comunidad de Amilcingo, a las 19:30 hrs.

El municipio de Temoac es una de las localidades más apartadas de la capital del estado; se localiza en la zona oriente de Morelos, cerca de la división con Puebla. El gobierno municipal se elige y gobierna mediante el método de usos y costumbres.

En el resto de la entidad se vive y se percibe un ambiente de inseguridad, de desconfianza, de incertidumbre, de desprotección por parte de las autoridades. Es el momento de poner mayor atención al clima que se presenta en Morelos, sobre todo por la posición geográfica que representa.

Es urgente diseñar y adecuar políticas y acciones que fortalezcan la administración de las alcaldías no solamente de Morelos, sino de todo el país, con el fin de contrarrestar los efectos de la delincuencia organizada y así, cumplir con el compromiso del estado de garantizar seguridad en todo sentido a la población, como se establece en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del de-sarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.”

Mientras no se incluya una estrategia de desarrollo social y económico de mediano y largo plazos, no se logrará avanzar hacia un mejor bienestar de la sociedad.

Participemos con las autoridades para no permitir la destrucción del capital o tejido social que hace posible la convivencia ciudadana y el desarrollo económico del país.

Hemos visto cómo se comienzan a cerrar empresas o se cancelan inversiones debido a la inseguridad, trayendo consigo importantes costos sociales para el país. Es necesario redoblar esfuerzos para proteger la integridad física de las personas y la propiedad de sus bienes, para alcanzar los beneficios sociales de un ambiente de seguridad que permita la realización de un mayor desarrollo económico y social.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a coadyuvar en las investigaciones con las autoridades locales de las entidades federativas en donde se han perpetrado asesinatos y ataques en contra de presidentes municipales y funcionarios públicos de los ayuntamientos, para encontrar a los responsables y ser juzgados.

Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal para que destine mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad, de manera inmediata, a los municipios y localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo de ingobernabilidad.

Tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal para que, en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, se establezcan rutas de vigilancia en los municipios y localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad para la población, así como brindar mayor seguridad y protección a sus funcionarios públicos municipales.

Cuarto. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al gobernador del estado de Morelos, solicite al titular del Ejecutivo federal el apoyo de las fuerzas militares y federales de seguridad pública para garantizar la seguridad en la entidad, así como intensificar las investigaciones del asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputado Jaime Sánchez Vélez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió de la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría General de la República, envíe un informe detallado al Congreso de la Unión con relación a los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a enviar por la PGR un informe detallado al Congreso de la Unión sobre los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Elena Orantes López, senadora por Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 12 de enero, en el marco de los Diálogos por la Seguridad, Alejandro Poiré, vocero del gabinete de seguridad nacional, informó que tan solo en el año 2010, hubo 15 mil 273 crímenes relacionados con el crimen organizado en el país.

La mayor parte de estos crímenes han permanecido en la impunidad, es por ello que cabe preguntarse por qué a más de cuatro años de que el gobierno federal iniciara la batalla contra el crimen organizado, el Ministerio Público federal no ha presentado un avance de las investigaciones sobre los presuntos homicidios relacionados con la delincuencia organizada.

Asimismo, informó que de 2006 a 2010 son 85 municipios los que concentran el 70 por ciento de los homicidios de este tipo. En 2007 fueron 90 municipios; en 2008 fueron 59 municipios; en 2009 un total de 70 municipios y, en el 2010, sumaron 73 municipios.

Subrayó también que los datos presentados no sustituyen a la estadística oficial de homicidios totales ni de homicidios dolosos que recopila de manera sistemática el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sino solamente se refiere a aquellos casos presumiblemente relacionados con el crimen organizado.

Estos datos hacen evidente que la Procuraduría General de la República ha fallado en la investigación y resolución de los delitos vinculados con el crimen organizado.

Las autoridades, una y otra vez, han menospreciado las miles de muertes mediante declaraciones superficiales a los medios de comunicación para justificar su inoperancia. Se han encargado sistemáticamente de decir que estas muertes fueron resultado de enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes o ajuste de cuentas de grupos delictivos, sin contar con referencias documentales obtenidas de las averiguaciones previas correspondientes.

El Estado mexicano tiene la obligación de perseguir el delito y esclarecer los asesinatos para poder, en el marco de un Estado de derecho, detener, juzgar y encarcelar conforme a la ley, a todo aquel responsable de una muerte.

La incapacidad de los ministerios públicos y jueces para integrar y enjuiciar a los criminales raya en la desesperación ciudadana y contribuye a la descomposición social.

Las más de 34 mil muertes registradas en todo el país a causa de la estrategia gubernamental para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, son muestra clara del fracaso y el descrédito de la política contra la inseguridad que mantiene el gobierno del país.

Víctimas inocentes como migrantes y transmigrantes, niños, jóvenes y mujeres, han muerto por ser confundidos o por encontrarse en zonas de combate al ser alcanzados por las balas, ya sea por integrantes del crimen organizado o por la propia policía o miembros de las fuerzas armadas.

Aun así, más del 95 por ciento de esas muertes no se han investigado y sólo el 1 por ciento de los crímenes llegan a ser procesados penalmente ante un juzgado.

Es en este sentido, creemos necesario solicitar un informe detallado sobre el trabajo de la Procuraduría General de la República en relación a los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país desde el 2006 a la fecha.

El Congreso de la Unión debe contar con información detallada que explique las causas por las cuales, no se ha avanzado en las investigaciones para aclarar las miles de muertes en el marco de la estrategia gubernamental de combate al narcotráfico y el crimen organizado.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que –a través de la Procuraduría General de la República– envíe un informe detallado al Congreso de la Unión en relación con los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país, al tiempo de explicar el por qué de los escasos resultados de las autoridades federales en la investigación de los homicidios ocurridos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país, desde inicios de 2006 a la fecha.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senadora María Elena Orantes López (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

MATERIA DE SEGURIDAD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: También se recibió del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Gobernación se rinda un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto del 2010.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rendir por la SSP y la Segob un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto a 2010, a cargo del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

No es una solución lanzarnos a criticar la política que se ha estado llevando en materia de seguridad, ante la gravedad de la situación nacional, debemos replantearnos qué podemos hacer para que la cruenta violencia por la que atravesamos cese.

Es alarmante que a raíz de los 12 mil 905 ejecutados en 2010, México ya sea considerado dentro del grupo de los seis países más inseguros en el mundo. Ello se traduce en que actualmente se tienen niveles de inseguridad comparables con Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán.

Según los parámetros internacionales, en México se libra una guerra, en virtud de que en nuestro país se vive un conflicto en el cual la fuerza violenta es organizada y sistemática, además de que las partes involucradas emprenden medidas amplias en donde la destrucción es masiva y de amplia duración.

De conformidad con un estudio realizado por la Universidad de Heidelberg en Alemania, en México murieron más personas el año pasado, incluso, que las que fenecieron debido a los conflictos contra los talibanes que ocurren en Afganistán y Pakistán.

Pero sin duda, el énfasis que debemos hacer se enfoca al hecho de que el estudio augura que la tasa de asesinatos continuará incrementándose durante años, lo cual, no sólo como legisladores, sino como mexicanos, no podemos permitirnos.

Al respecto,  aun cuando ya se ha solicitado la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, para que presente un informe sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia delictiva e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y otros temas vinculados en materia de seguridad pública, también es necesario que las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública, en tanto integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisen las expectativas que se tienen en cuanto a la posibilidad de disminuir el número de muertos. En suma, se le pedirá a dichos funcionarios un pronóstico de seguridad para este año que comienza.

No obstante lo anterior, es de vital importancia saber, al menos en un aproximado, qué es lo que debemos esperar los mexicanos para 2011, ya que tal parece que lo único que se ha conseguido es aumentar el número de muertos a la par del número de declaraciones provenientes del Poder Ejecutivo federal.

Así pues, en suma, lo que pretendemos a través de esta solicitud es que se replanteen las políticas en seguridad y se estudien nuevas posibilidades para frenar la violencia, misma que llegó el año pasado a un nivel sin precedente en nuestro país. De esta manera es claro que esperamos cambios en la manera de proceder del Ejecutivo federal en consecuencia de todos los muertos que se cuentan, para que otros ciudadanos dejen de sufrir y se haga justicia a los que ya han padecido los efectos de esta “guerra”.

Por lo expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado, de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretarías de Seguridad Pública, y de Gobernación se rinda un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto de 2010, el año más violento en nuestra historia, y de lo que los mexicanos debemos esperar en 2011 en cuanto a la tasa de asesinatos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 19 de enero de 2011.— Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

Honorable asamblea. El orden del día de esta sesión tiene registradas cinco proposiciones referentes al mismo tema:

La proposición del diputado Arturo Zamora Jiménez, con relación a la implementación de la cédula de identidad ciudadana para menores de edad.

El punto de acuerdo relativo a la activación del proyecto de cédula de identidad suscrito por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente y el diputado Canek Vázquez Góngora.

Del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, por el que solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación ante el pleno de la Comisión Permanente.

De la diputada Yolanda de la Torre Valdez, que solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación en relación a la cédula de identidad.

De la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a desistir en la instrumentación y aplicación de la herramienta de identificación denominada cédula de identidad personal o ciudadana.

CEDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia ha sido enterada de que los grupos parlamentarios han llegado a un consenso con relación a estas proposiciones. Por tanto, se concede la palabra a la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente para dar lectura a la propuesta que presentan en consenso los grupos parlamentarios que forman parte de esta Comisión Permanente.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Con su venia, señor presidente. En junio de 2009 el presidente Calderón anunció la activación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana. La falta de claridad sobre aspectos esenciales de esta iniciativa generó de inmediato diversas inquietudes por parte del Poder Legislativo, órganos autónomos, partidos políticos y sociedad civil.

Se afirma desde entonces, con razón, que la medida desconocía la nueva realidad política del país implicando una innecesaria e inexplicable duplicidad de esfuerzos, recursos y experiencia con el de otras instituciones y que evidenciaba una discrecional y poco entendible urgencia por agilizar el proyecto.

El Congreso de la Unión siendo sensible a la expresión de estas inquietudes generó sendos exhortos para que el gobierno federal retuviera la implementación de esta iniciativa.

Más aún. El pleno de la Cámara de Diputados decidió la constitución de un grupo plural de trabajo, a efecto de escuchar todas las posturas sobre el tema y de esta forma impulsar los cambios legislativos pertinentes.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación anunció en días recientes que el proyecto de emisión de la cédula de identidad personal es un proyecto autorizado, en proceso de ejecución, y que en el plazo más breve iniciará su emisión.

Anunció también que cuenta con un presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 que le habrá de permitir la emisión, en una primera etapa, de la cédula de identidad para los menores de entre 4 y 16 años.

Este anuncio ha generado serias dudas en amplios sectores sociales. El proyecto de cédula de identidad personal es, en efecto, una atribución que la Ley General de Población, desde sus reformas de 1994, encomendó a la Secretaría de Gobernación y que esta atribución no se ha podido ejercer ante la problemática social que representa el garantizar el manejo confidencial de la información de este registro que, sin duda, será el más importante en el país.

Los instrumentos de identificación personal con los que hasta el momento cuenta ahora el país son múltiples y se han generado y evolucionado de una manera desorganizada y carentes de instrumentos, de coordinación y unicidad de metas y objetivos. Iniciar un nuevo registro poblacional debe considerar los avances y problemas que enfrentan otros registros de similar naturaleza, objetivos y efectos, como son los registros civiles, de competencia local, los registros de vacunación, los registros de extranjeros, el Registro Único de Población, los registros de la Cancillería y el Registro Federal de Electores, entre otros.

A modo de ejemplo, baste decir que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ha hecho públicos una serie de argumentos que subrayan los riesgos de avanzar en la línea propuesta en este programa gubernamental.

Por lo que se refiere al Instituto Federal Electoral, su situación es similar respecto de la cédula de identidad personal. Al IFE le preocupan varios temas y así lo han externado, y no pueden dejarse de lado, como son: la duplicidad de esa cédula con la credencial de elector para votar con fotografía. El doble gasto que implicaría la emisión de una nueva herramienta de identificación personal y la preocupación porque la nueva cédula pueda desplazar la importancia de la credencial de elector, afectar el padrón de nacional de electores y, desde luego, el impacto que en materia de ejercicio de sus derechos políticos pueda tener la cédula para los ciudadanos.

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación ha anunciado que el costo aproximado de la expedición de la cédula para menores de edad será poco más de 300 millones de pesos. Esto último llama poderosamente nuestra atención, pues en el Presupuesto de Egresos para este año, los diputados federales no aprobamos dichos recursos.

Desde el 2010 en el marco de análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, los diputados reasignamos los recursos que el gobierno federal proponía originalmente para el proyecto de la cédula.

El Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, reitera que este tema debe pasar por una integral, profunda, razonada y responsable deliberación centrada en los aspectos vinculados con el ejercicio de las funciones del Estado y la distribución competencial que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de ellas.

Reiteramos nuestra coincidencia plena con la necesidad de fortalecer los documentos de identificación. Sin embargo, insistimos en la necesidad de no incurrir en conductas unilaterales que conduzcan a la improvisación y que arrastren a una implementación irresponsable de uno de los proyectos más importantes para el Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, para que se abstenga de implementar, instrumentar y aplicar cualquier medida tendente a la puesta en marcha del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, hasta en tanto no haga llegar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión toda información técnica, jurídica, económica y administrativa necesaria sobre el tema, incluyendo las proyecciones de impacto social presupuestal y jurídico.

Segundo. Cita a comparecer al ciudadano licenciado Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, ante la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión, para que informe a esta soberanía sobre los avances, alcances, fases de implementación y en general, respecto de todo aspecto social jurídico y técnico relacionado con la implementación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana.

Suscriben el presente punto de acuerdo los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, PRD, Partido Verde y Partido del Trabajo.

Por lo anterior, señor presidente, con fundamento en el artículo 59, solicito y le ruego ponga a consideración del pleno que este punto de acuerdo sea despachado como de urgente u obvia resolución.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la cédula de identidad ciudadana, suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios y presentada en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 19 de enero de 2011

En junio de 2009, el presidente Felipe Calderón anunció la activación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana.

La falta de claridad sobre aspectos esenciales de esta iniciativa, generaron de inmediato, diversas inquietudes por parte del Poder Legislativo, órganos autónomos, partidos políticos y sociedad civil.

Se afirma desde entonces, con razón, que la medida desconocía la nueva realidad política del país, implicando una innecesaria e inexplicable duplicidad de esfuerzos, recursos y experiencia con el de otras instituciones y que evidenciaba una discrecional y poco entendible urgencia por agilizar el proyecto.

El Congreso de la Unión, siendo sensible a la expresión de inquietudes y entendiendo su responsabilidad en la construcción del marco jurídico que permitiera la implantación de esta iniciativa en la nueva realidad política que garantiza el desarrollo y fortalecimiento de la democracia en nuestro país, generó sendos exhortos para que el gobierno federal detuviera la implementación de esta iniciativa.

Más aún, el pleno de la Cámara de Diputados, reconociendo que estas discrepancias eran políticas y jurídicas y que un proyecto de esta magnitud e implicaciones debía ser promovido y consensado como un propósito de Estado, más que de un gobierno en turno, decidió la constitución de un Grupo Plural de trabajo para revisar el desarrollo del proyecto de la cédula de identidad ciudadana a efecto de escuchar todas las posturas sobre el tema y, de esta forma, impulsar los cambios legislativos pertinentes.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, por conducto de su titular, ha anunciado en días recientes que el proyecto de emisión de la cédula de identidad personal es un proyecto autorizado, en proceso de ejecución y que en el plazo más breve iniciará a emitir los primeros ejemplares.

Anunció asimismo que la secretaría cuenta con un presupuesto autorizado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, que le habrá de permitir la emisión, en una primera etapa, la cédula de identidad para los menores de entre cuatro y diecisiete años.

El proyecto de cédula de identidad personal es, en efecto, una atribución que la Ley General de población, desde sus reformas de 1994, encomendó a la Secretaría de Gobernación y que esta atribución no se ha podido ejercer, ante la problemática social que representa el garantizar el manejo confidencial de la información de este registro que, sin duda será el más importante en el país.

Este proyecto ha enfrentado, cada vez que se retama, férreas, salidas y fundadas criticas de amplios sectores de la sociedad civil que han manifestado su preocupación porque, con él se abran las puertas para la posibilidad de violentar, de diversas y graves maneras, las garantías individuales.

Los instrumentos de identificación personal, con los que, hasta el momento cuenta ahora el país son múltiples y se han generado y evolucionado de una manera desorganizada y carentes de instrumentos de coordinación y unicidad de metas y objetivos, por la que iniciar un nuevo registro poblacional debe considerar los avances y problemas que enfrentan otros registros de similar naturaleza, objetivos y efectos, como son los registros civiles, de competencia local, los registros de vacunación, los registros de extranjeros, el registro único de población, los registros de la cancillería y el Registro Federal de Electores, entre otros.

Esta soberanía aprobó las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, publicadas el pasado 5 de julio de 2010, a fin de facultar al instituto del ramo para proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades, y es justamente este instituto el que ha, con fundamento en sus atribuciones legales, llamado la atención con respecto a la necesidad de que en los trabajos, en curso, se ofrezcan las garantías y mecanismos, suficientes y necesarios, a fin de asegurar que la información que se recabe, con motivo de la expedición de la cédula de identidad personal, a que se refiere el artículo 87 de la Ley General de Población, reúna los elementos de transparencia, confidencialidad, buen uso y seguridad que se requieren a fin de no generar posibles violaciones a las garantías individuales que consagra nuestra Constitución.

El referido artículo 87 de la Ley de Población mandata al Registro Nacional de Población para inscribir a los menores de edad, sin distinción alguna, mientras que el anuncio hecho por la dependencia del Ejecutivo federal, se refiere exclusivamente a un sector de este grupo de población -al de entre cuatro y diecisiete años- cuando la mayor urgencia y necesidad de contar con una identificación nacional se ubica entre la población de los recién nacidos, que carece de un instrumento de las características anunciadas y que la falta de identificación propicia la comisión de innúmeros y graves delitos en agravio de la población de menor edad, que ahora se ve excluida de este programa.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ha hecho públicos una serie de argumentos que subrayan los riesgos de avanzar en la línea propuesta en este programa gubernamental, por lo que resulta, de la mayor urgencia e importancia, convocar al titular de la Secretaría de Gobernación a fin de que informe sobre los avances de este proyecto y las respuestas institucionales que esa dependencia del Ejecutivo federal ha dado al Instituto Federal de Acceso a la Información, a fin de asegurar que sus preocupaciones, queden a salvo.

Por lo que se refiere al Instituto Federal Electoral, su situación es similar con respecto a la cédula de identidad personal. A este instituto le preocupan varios temas, que no pueden dejarse de lado, como son: la duplicidad de esa cédula, con la credencial de elector para votar con fotografía; el doble gasto que implicaría la emisión de una nueva herramienta de identificación personal, pero más de fondo se encuentra su preocupación por que la nueva cédula pueda desplazar la importancia de la Credencial de Elector, afectar el Padrón de Nacional de Electores y, desde luego el impacto que, en materia de ejercicio de sus derechos políticos, pueda tener la cédula, para los Ciudadanos.

La Secretaría de gobernación (Segob) deja de nueva cuenta serias dudas sobre aspectos centrales que deben ser observados.

La activación del registro de menores de 18 años puede implicar una medida encubierta para crear la infraestructura necesaria para su registro, no sólo en la circunstancia durante la minoría de edad sino también, en la mayoría de ésta.

Contando con esta plataforma, ¿qué va a impedir a la Segob dar inicio con el registro de los mayores de 18 años?

¿Qué va a pasar entonces con la credencial para votar con fotografía?

Parece que la Segob insiste en una inexplicable e innecesaria duplicidad de esfuerzos y recursos al omitir deliberadamente la experiencia y efectividad del Instituto Federal Electoral, que ha permitido a la sociedad mexicana contar con el documento que no sólo garantiza la certeza de la participación ciudadana en los comicios sino que, en razón de su seguridad, es el principal documento de identificación para los mexicanos.

Con ello, el gobierno federal estaría trasgrediendo claramente lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a los servidores públicos a administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Por otro lado, la Segob no precisa como se va a garantizar el blindaje de los datos a efecto de evitar su filtración.

No se ha aclarado qué medidas se estarían adoptando para evitar el acceso de la delincuencia como ocurrió en abril del año pasado cuando se descubrió que por cierta cantidad se podían obtener diversas bases de datos.

De la misma forma es necesario cuestionar los criterios del gobierno federal que es necesario registrar las 10 huellas digitales y el iris de los ojos.

¿Cuáles serán los controles de confianza para el personal que realice los registros y administre la información?

¿Cómo se va a garantizar lo establecido en el artículo 16 de la Constitución en cuanto al derecho a la protección de datos personales, a su acceso, rectificación y cancelación, así como al derecho de manifestar la oposición respectiva?

Estas son preocupaciones planteadas no sólo por los legisladores sino también por el Instituto Federal de Acceso a la Información.

Por otro lado, la Segob ha anunciado que el costo aproximado de la expedición de la cédula para menores de edad será de poco más de 300 millones de pesos.

Esto último llama poderosamente nuestra atención pues en el presupuesto de egresos para este año los diputados federales no aprobamos dichos recursos.

En efecto, desde el 2010, en el marco del análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año los diputados reasignamos los recursos que el gobierno federal proponía originalmente para el proyecto de la cédula.

Para 2011 la Cámara de Diputados mantuvo su decisión y no aprobó recursos específicos para el referido proyecto.

Esta decisión de los diputados se enmarca en la fracción IV, del artículo 74 de la Constitución que establece que los diputados federales tiene la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo.

Por tanto, el anuncio del gobierno federal evidencia que la Segob desatendieron una decisión colegiada, que la Segob no reparó en anular.

El Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, reitera que este tema debe pasar por una integral, profunda, razonada y responsable deliberación, centrada en los aspectos vinculados con el ejercicio de las funciones del Estado y la distribución competencial que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de ellas. La protección de datos personales de los ciudadanos, el uso y confluencia de las bases de datos en poder de diferentes órganos del Estado, los pretendidos elementos exigibles para acreditar la identidad de los ciudadanos y la construcción el registro correspondiente.

Reiteramos nuestra coincidencia plena con la necesidad de fortalecer los documentos de identificación, sin embargo, insistimos en la necesidad de no incurrir en conductas unilaterales que conduzcan a la improvisación y que arrastren a una implementación irresponsable de uno de los proyectos más importantes para el Estado mexicano.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión:

Primero. Exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación para que se abstenga de implantar, instrumentar y aplicar cualquier medida tendente a la puesta en marcha del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, hasta en tanto no haga llegar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión toda la información técnica, jurídica, económica y administrativa necesaria sobre el tema, incluyendo las proyecciones de impacto social, presupuestal y jurídico de dicha iniciativa.

Segundo.Cita a comparecer al licenciado Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, ante la Primera Comisión de trabajo de esta Comisión Permanente, para que informe a esta soberanía, sobre los avances, alcances, fases de implantación y, en general, respecto a todo aspecto social, jurídico, técnico y presupuestal relacionado con la implementación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de enero de 2011.— Diputados: José Ramón Martel López, por el Grupo Parlamentario del PRI; Francisco Javier Orduño Valdez, por el Grupo Parlamentario del PAN; René Arce Islas, por el Grupo Parlamentario del PRD; Alberto Emiliano Cinta Martínez, por el Grupo Parlamentario del PVEM; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, por el Grupo Parlamentario del PT (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras parte por las afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se considera de urgente resolución, y por tanto, está a discusión. No habiéndose registrado oradores en este punto tome la Secretaría la votación de la asamblea.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.  Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor  presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada.Por tanto, comuníquese la proposición.

DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que se reúna con funcionarios de la propia Secretaría, y secretarios de Finanzas de los gobiernos estatales, a fin de revisar la situación de la deuda pública de las entidades federativas, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama:Con el permiso de la Mesa Directiva. Muy buenas tardes, señores legisladores.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es motivo de gran preocupación la situación de las finanzas públicas en las entidades de la República, particularmente en lo que se refiere a su deuda pública.

Hemos sido testigos de cómo año con año la deuda en las entidades ha mostrado un incremento, cuya garantía son las participaciones federales.

Los ingresos locales representan en promedio menos de 18 por ciento de los ingresos federales. Entre 2004 y 2009 el gasto corriente en los estados creció a una tasa promedio anual de 5.7 por ciento. Las obligaciones financieras pasaron de representar el 50.3 por ciento de las participaciones en 2001 a 61 por ciento en junio de 2010.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de septiembre de 2010 el total de las obligaciones financieras adquiridas por las 32 entidades federativas del país ascendió a 278 mil 960.5 millones de pesos, superior en 14 mil 703.7 millones de pesos reales, respecto del ejercicio 2009. Es decir, se observa un incremento y crecimiento de la deuda de 5.2 por ciento en términos reales.

Existen casos de entidades en donde la deuda adquirida se ha mantenido dentro de los límites de viabilidad de las finanzas públicas. Es importante destacar que a septiembre de 2010 la única entidad que no había contratado deuda fue Tlaxcala. Sin embargo, existen otras, como el caso de Coahuila, en donde la deuda pública se incrementó de manera considerable, al pasar de un mil 561.6 millones de pesos, en el 2009, a 7 mil 636.7 millones de pesos en septiembre de 2010.

De la misma forma, el estado de Yucatán ha incrementado el monto de su deuda en más del doble en estos 2 últimos años, respecto de la que tenía contratada en el 2008 y anteriores, al pasar de 730.9 millones de pesos a 2076.1 millones de pesos en 2009 y un mil 898 millones de pesos en 2010.

Otras entidades que registraron un mayor monto de endeudamiento fueron el Distrito Federal, el estado de México y Nuevo León.

Además del crecimiento de la deuda, esta problemática a nivel local se acrecienta año con año, si le añadimos los compromisos inmediatos y a futuro para cubrir los incrementos de gasto corriente, entre los que se incluye el pago de pensiones, la falta de generación de ingresos propios y la propia transparencia en fiscalización en el gasto y uso de los recursos públicos, que consolidan la hipótesis de la detonación de una posible crisis fiscal local que asfixie las finanzas nacionales.

Es por lo anteriormente expuesto que exhortamos a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que a la brevedad sostenga reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda federal y con los secretarios de Finanzas de los estados, con el fin de contar con un diagnóstico preciso respecto de la situación financiera de las entidades y encontrar soluciones o alternativas conjuntas que permitan racionalizar el incremento de la deuda, eficientar y transparentar el gasto público y de esta forma mejorar la situación de las finanzas públicas a nivel local, buscando en todo momento su sustentabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente punto de acuerdo.

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que se reúna con funcionarios de la Secretaría de Hacienda federal y secretarios de finanzas de los gobiernos estatales, a fin de revisar la situación de la deuda pública de las entidades federativas. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para que se reúna con funcionarios de la SHCP y secretarios de finanzas de los gobiernos estatales, a fin de revisar la situación de la deuda pública de las entidades federativas, a cargo de la diputada. Rosa Adriana Díaz Lizama del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que se reúna con los secretarios de Finanzas de los gobiernos estatales a fin de revisar la situación de la deuda pública de las entidades federativas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es motivo de gran preocupación la situación de las finanzas públicas de las entidades de la República, particularmente en lo que se refiere a su deuda pública.

Hemos sido testigos de como, año con año, la deuda se ha mostrado un incremento promedio del aproximadamente un 15 por ciento, cuya garantía son las participaciones federales.

Actualmente las agencias calificadoras que dan seguimiento a la deuda de la gran mayoría de las entidades federativas han afirmado que todos los estados de la República poseen calificaciones que se mantienen en el grado de "inversión" (relativamente seguras). No obstante, el acelerado crecimiento de la deuda de la mayoría de los estados, en algunos casos, los vencimientos a corto plazo, ponen en entredicho la estabilidad en las finanzas públicas locales.

Y las cifras así lo muestran: En términos reales, la deuda sub-nacional se duplicó respecto al saldo observado a finales del año 2000. El mayor crecimiento durante este periodo fue el observado durante los últimos 18 meses (enero 2009 - junio 2010) con un incremento real por encima del 26 por ciento. Ello implicó que el crecimiento agregado de la deuda a nivel estatal ha pasado de representar el 1.6 por ciento del PIB en 2006 al 2.1 por ciento en junio de 2010 (alrededor de 270 mil mdp).

Los ingresos locales representan en promedio menos del 18 por ciento de los ingresos federales. Entre 2004 y 2009 el gasto corriente en los estados creció a una tasa promedio anual de 5.7 por ciento. Las obligaciones financieras pasaron de representar el 50.3 por ciento de las participaciones en 2001 a 61 por ciento en junio de 2010.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de septiembre de 2010, el total de obligaciones financieras adquiridas por las 32 entidades federativas del país ascendió a 278 mil 960.5 millones de pesos (mdp), superior en 14 mil 703.7 mdp reales respecto al ejercicio 2009. Es decir, se observa un crecimiento de la deuda de 5.2 por ciento en términos reales.

Existen casos de entidades en donde la deuda adquirida se ha mantenido dentro de los límites de viabilidad de las finanzas públicas. Es importante destacar que a septiembre de 2010 la única entidad que no había contratado deuda fue Tlaxcala, mientras que el gobierno del estado de Campeche mantuvo un manejo eficiente de sus obligaciones financieras al contratar sólo 116.6 mdp.

Sin embargo, existen otras como el caso de Coahuila, en donde la deuda pública se incrementó de manera considerable al pasar de mil 561.6 mdp en 2009 a 7 mil 636.7 mdp en septiembre de 2010. De la misma forma, Yucatán ha incrementado el monto de su deuda en más del doble en estos dos últimos años respecto a la que tenía contratada en el 2008 y anteriores al pasar de 730.9 mdp a 2 mil 76.1 en 2009 y mil 898 mdp en 2010.

Otras entidades que registraron un mayor monto de endeudamiento fueron el Distrito Federal con 49 mil 096.1 mdp (17.6 por ciento del total); el estado de México con 37 mil 356.2 mdp (13.4 por ciento del total) y Nuevo León con 32 mil 288.2 mdp (11.6 por ciento del total).

Estos datos hacen evidente la falta de congruencia que las autoridades hacendarias locales han denotado en el manejo de sus finanzas, ya que mientras que a nivel federal los gobernadores se oponen a la construcción de una reforma fiscal integral federalista y recurren a la deuda pública como mecanismo rápido de acceso al financiamiento a corto plazo, pero sin considerar las implicaciones económicas y financieras que esto trae a mediano y largo plazo.

Además del crecimiento de la deuda, esta problemática a nivel local se acrecienta año con año si le añadimos los compromisos inmediatos y a futuro para cubrir los incrementos de gasto corriente entre los que se incluye el pago pensiones, la falta de generación de ingresos propios y la poca transparencia y fiscalización en el gasto y el uso de los recursos públicos consolidan la hipótesis de la detonación de una posible crisis fiscal local que asfixie las finanzas nacionales.

Es por lo expuesto que exhortamos a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, a la brevedad, sostenga reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda federal y con los secretarios de Finanzas de los estados con el fin de contar con un diagnóstico más preciso respecto a su situación financiera, y para encontrar soluciones o alternativas conjuntas que permitan racionalizar el incremento de la deuda, eficientar y transparentar el gasto público y, de esta forma, mejorar la situación de las finanzas públicas a nivel local, buscando, en todo momento, su sustentabilidad.

Por lo anterior se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que se reúna con funcionarios de la Secretaría de Hacienda Federal y secretarios de Finanzas de los gobiernos estatales a fin de revisar la situación de la deuda pública de las entidades federativas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de enero de 2011.— Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. La proposición que usted hace se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Florentina Rosario Morales, para presentar punto de acuerdo en relación a la agresión perpetrada en contra de Guillermo Sánchez Nava.

La diputada Florentina Rosario Morales:Con su venia, diputado presidente y Mesa Directiva.

Punto de acuerdo relativo a la agresión perpetrada en contra de Guillermo Sánchez Nava, representante, ante el Instituto Electoral del estado de Guerrero, de la coalición Guerrero nos une.

La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes consideraciones.

Si bien es cierto que el país está sumergido en una espiral de violencia y en ese sentido los comicios electorales ya se han visto empapados en sangre, como en el caso de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, no debe seguir siendo eso un hecho que para muchos pueden ser montajes con fines políticos.

La agresión realizada a Sánchez Nava en el estado de Guerrero abre la puerta a que en el día de la elección se puedan suscitar actos de violencia contra los militantes de todos los partidos políticos que contiendan por la gubernatura y de la misma forma de la población civil.

Un estado en donde los índices de delincuencia e impunidad están por los cielos desde hace más de 50 años, eso seguirá siendo la mayor muestra del Estado fallido en procuración de justicia y respeto a los derechos humanos.

Las declaraciones del senador Castro, del PRI, de que dicha agresión es un montaje con fines políticos, genera un encono y un rencor hacia ese instituto, ya que consta en averiguación previa y en los documentos de ingreso al hospital del ciudadano, su estado delicado de salud.

Es por ello que dichas declaraciones no sólo faltan a la verdad y a la objetividad de un asunto tan delicado como es la vida de un ciudadano. Si bien yo no quiero ser irresponsable y culpar a alguien en específico de dicha acción, Sería necesario que todos y cada uno de los involucrados buscáramos el esclarecimiento y que las investigaciones se lleven conforme a derecho, pues la vida de un ser humano está en juego y eso es más importante que cualquier elección.

Es por ello que creemos firmemente que debe caber la cordura y la mesura en dicho acto, pero hay una preocupación fundada ante la inacción de la Procuraduría estatal en resolver e investigar este caso.

Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente al pleno de la Comisión Permanente se apruebe el siguiente punto de acuerdo.

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con todo respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, a David Augusto Sotelo Rosa, a que envíe un informe sobre las investigaciones y acciones en torno al caso de Guillermo Sánchez Nava. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la agresión perpetrada contra Guillermo Sánchez Nava, representante ante el IEEG de la Coalición Guerrero nos Une, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Si bien el país está sumergido en una espiral de violencia, y en ese sentido los comicios ya han sido empapados de sangre, como en el caso de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y demás, no debe seguir siendo esto un hecho que para muchos puedan ser montajes con fines políticos.

La agresión proferida a Sánchez Nava en Guerrero abre la puerta a que el día de la elección se puedan suscitar actos de violencia contra los militantes de todos los partidos políticos que contienden por la gubernatura, y de la misma forma a la población civil.

Y en ese estado, donde los índices de delincuencia e impunidad están por los cielos desde hace más de 50 años, esto seguiría siendo la mayor muestra del estado fallido en procuración de justicia, y respeto de los derechos humanos.

Las declaraciones del senador Castro, del PRI, de que dicha agresión es un montaje con fines políticos genera un encono y un rencor hacia ese instituto, ya que consta en la averiguación previa y en los documentos de ingreso del ciudadano su estado delicado de salud. Por ello, dichas declaraciones faltan a la verdad y a la objetividad en un asunto tan delicado como la vida de un ciudadano.

Si bien no quiero también ser irresponsable y culpar a alguien en específico de dicha acción, sería necesario que todos los involucrados buscáramos el esclarecimiento y que las investigaciones se lleven conforme a derecho, pues la vida de un ser humano está en juego, y eso es más grande que cualquier elección.

Por ello creemos firmemente que deben caber la cordura y la mesura en dicho acto, pero hay una preocupación fundada ante la inacción de la procuraduría estatal en resolver e investigar el caso.

Por lo expuesto solicito respetuosamente al pleno de la Comisión Permanente que se aprueben, de urgente u obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta al procurador general de Justicia del Estado de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas, a enviar un informe sobre las investigaciones y acciones en torno del caso de Guillermo Sánchez Nava.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta a los partidos políticos que contienden en Guerrero a conducirse conforme a derecho en la jornada electoral del 30 de enero de 2011.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta al gobernador constitucional de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, a dar garantías de seguridad durante lo que queda del proceso electoral, hasta la conclusión de éste, a los involucrados en él.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se considera de urgente resolución. Tiene la palabra el señor senador Castro Trenti.

El senador Fernando Jorge Castro Trenti:Con el permiso de la Mesa Directiva. En relación al documento que se nos ha dado a conocer, desde hace varios días hemos fijado nuestra posición en relación a este incidente, lo hemos hecho a favor de la legalidad; lo hemos hecho a favor de que exista transparencia y se acabe con la opacidad y con un manejo perverso electoral en relación a un incidente que pudiese tener visos dramáticos.

Un hecho fundamental que nos parece conveniente retomar de este punto de acuerdo -por el cual voté a favor de la urgente u obvia, y anuncio que votaremos a favor de su contenido-, es el gran rezago que tiene Guerrero. Tenemos que acabar con ese enfrentamiento que existe.

No es un caso aislado. El caso de Armando Chavarría es un asunto que todos enormemente lamentamos. No sólo ése, está en cautiverio un ex rector de la universidad. Muchos temas más que rodean a ese hermoso, generoso estado de Guerrero, al cual debe haber un llamado de unidad nacional para sacar adelante a Guerrero.

¿Cuánto cuesta la paz de Guerrero? Nos preguntamos todos. ¿Cuánto cuesta sacar del rezago y del atraso social y cultural al estado de Guerrero? ¿Cinco mil millones de pesos, 10 mil millones de pesos? Un esfuerzo extraordinario de la nación que implique darle las condiciones mínimas de progreso que se requiere para una vida que genere el respeto y la convivencia armónica.

Estamos en contra por supuesto del manejo político, partidario, perverso a un hecho dramático. Nos parece que la falta de transparencia de las supuestas investigaciones que lleva la Procuraduría General de Justicia del estado genera todo tipo de especulaciones. Las preguntas que nosotros nos hacíamos y ya tienen respuesta, es ¿por qué no había alrededor de este suceso el certificado médico esencial del Ministerio Público? ¿Por qué no había ni siquiera una posición en relación al tema de la Procuraduría?

¿Por qué todo ha sido una serie de especulaciones y de señalamientos, atrevidos señalamientos para inculpar y utilizar este elemento como un aspecto estratégico de política electoral? Me parece que nada más humano el que cerremos filas todos para apoyar a Guerrero y a la familia de la persona lesionada. Nada más generoso que la actitud que podamos tomar el Congreso y la Comisión Permanente, no solamente hacer un llamado a cesar la violencia en Guerrero; hacer un llamado a la reconciliación, pero hacer un compromiso de la Comisión Permanente, de un esfuerzo extraordinario, unidad nacional por Guerrero.

Quién no recuerda la capital del amor mundial que es Acapulco, y que hoy lamentablemente cuesta enorme dificultad acceder del aeropuerto y de la carretera, acceder a Acapulco. ¿Cuánto vale el mega túnel que no se ha podido hacer, una inversión de 2 o 3 mil millones de pesos?, ¿cuánto vale sanear la bahía para sacar las aguas negras, que están cayendo a cielo abierto los desechos orgánicos humanos? ¿Cuánto vale darles zapatos y educación a los indígenas?

Es hora de Guerrero. Nosotros nos sumamos a este hecho y quiero ser enfático en mi posición de carácter personal. Respeto enormemente el hecho y el suceso, exijo y exigí en el pasado públicamente al procurador general de Justicia que haga una declaración pública sobre el suceso, explique el alcance de las investigaciones que está llevando, y un llamado a todos para que no se lucre.

Hay que separar del hecho el 30 de enero, que el ciudadano vote el 30 de enero por el partido que le represente paz, prosperidad y progreso; que le represente relanzar hacia el mundo nuevamente a los guerrerenses, pero que no vote por aquél que quiera utilizar como un arma estratégica electoral en el marco de las acusaciones, para usar ese lamentable incidente que tiene –entiendo– postrado en una situación enormemente delicada un guerrerense, a un mexicano.

De tal suerte que nos sumamos al llamado, lo hacemos en tales términos y agregamos la exigencia a la Procuraduría General de Justicia del estado para que sea transparente públicamente y acabe con la opacidad de la investigación.

Que se lleve la averiguación penal previa, que se ejercite la acción penal contra los presuntos responsables, sea el que sea, y también que sean citados a declarar todos aquellos a los que les corresponda conforme a la averiguación, la citación correspondiente.

Que nos sumemos a la familia y que junto con el punto de acuerdo que continuará, esta Comisión Permanente esté muy pendiente y muy atenta al crear un grupo de trabajo, para que pluralmente estemos todos pendientes de que haya paz el próximo 30 de enero.

Lo exigen los mexicanos, lo demandan los guerrerenses, todos lo reclamamos. Me sumo a su punto de acuerdo. Con su permiso.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Aguirre.

El senador Julio César Aguirre Méndez:Muchas gracias, diputado presidente. Para sumarme igual a la propuesta de la compañera diputada, y para hacer el mismo llamado, pero con congruencia, que hace el senador Castro.

En Guerrero desde hace mucho tiempo y se han venido diciendo, y en esta tribuna se repitió hace rato en la iniciativa que presenté, momentos muy desagradables en la vida política y social: crímenes, impunidad, hechos violentos, el crimen organizado, y hasta la fecha no conocemos, los guerrerenses, la forma en cómo se habrán de resolver éstos.

No es parándonos en esta tribuna y llamar a agendas de gobierno. En Guerrero hay una campaña electoral y quien fue con saña agredido, el compañero Guillermo Sánchez Nava, era el representante de la coalición Guerrero nos une.

Se ha demostrado y hay videos donde se han querido quitar de ahí los elementos para una buena investigación por parte de las autoridades locales priistas de Chilpancingo. Se han querido modificar las versiones y se ha ido, por parte de varios actores políticos, al estado a querer tender una cortina de humo diciendo que Guillermo Sánchez Nava no estaba en el hospital. Se ha demostrado con conferencias de prensa.

La visita del senador Castro en nuestro estado fue posterior a que se dijo en los medios de comunicación dónde se encontraba el compañero. Eso no ayuda a la unidad de los guerrerenses.

Nos vamos a sumar, cómo no, a la propuesta que viene de integrar una comisión de legisladores para darle seguimiento a este proceso, y lo vamos a hacer como guerrerenses. Soy guerrerense y me preocupa que actores de fuera del estado en vez de llegar a coadyuvar con discursos como los que hace un momento escuchamos del senador, vayan y enturbien el proceso en el estado. Esto tiene un fondo, es una estrategia previamente elaborada que los guerrerenses no vamos a permitir, y le vamos a dar seguimiento.

Por eso hago el exhorto a los actores políticos y a los aquí presentes, a diputados y senadores y al gobierno del estado, a que le abonemos a la tranquilidad.

Tenemos informes médicos, tenemos conferencias de prensa. Por eso a lo dicho en el estado de Guerrero por varios actores de que éste era un autosecuestro, de que nuestra coalición lo tenía escondido, desde un inicio se dijo dónde estaba y se les ha invitado.

Pido mesura, pido altura de miras en los discursos que vayan dirigidos hacia el proceso del estado, porque efectivamente si el estado de Guerrero está convulsionado desde hace años, hoy con las declaraciones irresponsables que se han ido a hacer al estado, que distan mucho de lo que se dice en tribuna, no le abonamos en absoluto al crecimiento social, político y económico de nuestra entidad. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No habiendo más oradores inscritos sobre este tema, consulte la Secretaría el sentido de la votación.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Con gusto, señor presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado. Comuníquese.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, para presentar proposición con punto de acuerdo que propone la creación de una comisión especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales en los estados de Guerrero y Baja California Sur. Esta proposición viene suscrita por diversos senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, este año se llevarán a cabo varios procesos electorales locales en los estados de Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, estado de México, Nayarit y Michoacán.

Derivado de los resultados en los procesos del año 2010, el clima político en el que se desarrollarán las elecciones locales este año, se ha visto enrarecido por diversas circunstancias, lo que repercutirá, sin duda, en el sano ejercicio de la democracia en dichos estados.

Es importante vigilar que dichos procesos electorales se realicen con estricto apego a las leyes, evitando cualquier posibilidad de que se afecten los resultados finales.

Los órganos electorales deben conducirse con imparcialidad, conforme a derecho y con la premisa de que el voto ciudadano tiene que ser respetado.

De la misma manera es menester que esta soberanía lleve a cabo un seguimiento puntual de estos procesos para revisar que dichas elecciones se lleven a cabo dentro del marco legal, así como para verificar la actividad de las autoridades electorales locales.

Ya en el Poder Legislativo lo hemos venido haciendo a través de comisiones plurales en ambas cámaras. Las primeras elecciones del calendario son las del estado de Guerrero, mismas que se llevarán a cabo el próximo día 30 de enero, por lo que la acción pronta por parte del Congreso de la Unión es indispensable y necesaria. Todo esto para revertir el enrarecimiento del ambiente político electoral de la entidad y lograr que las elecciones se lleven a cabo en paz y garantizar al guerrerense que sus derechos serán respetados.

Nosotros como legisladores tenemos la obligación de velar por el respeto a los derechos político-electorales de la sociedad y no podemos quedar impasibles ante la posibilidad de que se transgredan esos derechos.

El Poder Legislativo hoy se encuentra representado por esta Comisión Permanente, integrada por los legisladores de ambas cámaras y por esto hoy se propone que esta Comisión Permanente tome un papel activo en el calendario electoral del 2011 y, mediante un grupo de trabajo conformado pluralmente, considerando a todos los grupos parlamentarios que participan en el Congreso de la Unión le dé seguimiento al proceso electoral que se desarrolla en el estado de Guerrero, buscando en todo momento salvaguardar la legalidad de dichas elecciones y verificando que no se cometan atropellos en contra de los ciudadanos que participen en las mismas.

Ciudadano presidente, en virtud de que el punto de acuerdo original ha tenido algunas modificaciones, le agradecería me permita incorporar el que le voy a entregar en este momento.

Una segunda súplica. Por consenso con los grupos parlamentarios, se llegó a la conclusión de la posible designación de las personas que integrarían esta comisión. Si usted me lo permite, le daría lectura a la propuesta que viene dentro del punto de acuerdo para que integren este grupo plural para las elecciones del estado de Guerrero.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es decir, que al votar los señores legisladores quedaría conformado el grupo de trabajo con los nombres que se someterán a consideración de la asamblea.

El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Efectivamente, señor presidente, ésa es la intención, mostrando una vez más el interés de este órgano legislativo para que en el estado de Guerrero podamos participar como Comisión Permanente y poder de esta forma garantizar la vigilancia en estos procesos.

Esta comisión se integraría por la diputada Rosario Morales, el senador Julio César Aguirre, ambos del Partido de la Revolución Democrática. El senador Fernando Castro Trenti y la senadora María del Socorro García Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Francisco Javier Orduño Valdez y el diputado García Portillo, ambos del Partido Acción Nacional. El diputado Rafael Pacchiano, del Partido Verde, y el senador Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo.

Es cuanto, señor presidente, apelando a su benevolencia para que este asunto sea considerado de urgente resolución.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales en Guerrero y Baja California Sur, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Este año se llevarán a cabo varios procesos electorales locales en Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, estado de México, Nayarit y Michoacán.

Derivado de los resultados en los procesos del 2010, el clima político en el que se desarrollarán las elecciones locales este año se ha visto enrarecido por diversas circunstancias, lo que repercutirá, sin duda, en el sano ejercicio de la democracia en dichos estados.

Es importante vigilar que dichos procesos electorales se realicen con estricto apego a las leyes, evitando cualquier posibilidad de que se afecten los resultados finales.

Los órganos electorales deben conducirse con imparcialidad, conforme a derecho y con la premisa de que el voto ciudadano tiene que ser respetado.

De la misma manera, es menester que esta soberanía lleve a cabo un seguimiento puntual de estos procesos, para revisar que dichas elecciones se lleven a cabo dentro del marco legal, así como para verificar la actividad de las autoridades electorales locales.

Las primeras elecciones del calendario son las de Guerrero, que se llevarán a cabo el próximo 30 de enero, y las de Baja California Sur, a realizarse el 6 de febrero, por lo que la acción pronta por parte del Congreso de la Unión es necesaria, para revertir el enrarecimiento del ambiente político electoral de la entidad y lograr que las elecciones se lleven a cabo en paz y garantizar al guerrerense que sus derechos serán respetados.

Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de velar por el respeto a los derechos político electorales de la sociedad y no podemos quedar impasibles ante la posibilidad de que se trasgredan estos derechos.

Hoy se propone que la Comisión Permanente tome un papel activo en el calendario electoral de 2011 y, mediante una comisión especial formada pluralmente considerando a todos los grupos parlamentarios que participan en el Congreso de la Unión, le dé seguimiento al proceso electoral que se desarrolla en Guerrero y Baja California Sur, buscando en todo momento salvaguardar la legalidad de dichas elecciones y verificando que no se cometan atropellos en contra de los ciudadanos que participen en éstas.

Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado de urgente resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales locales de 2011 en Guerrero y Baja California Sur, a fin de salvaguardar la legalidad de dichas elecciones y verificar que no se cometan atropellos en contra de los ciudadanos que participen en éstas.

Dicha comisión especial deberá estar formada pluralmente, con un integrante de cada grupo parlamentario que participan en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senadores: Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si es considerado de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente u obvia resolución. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados...

El senador Julio César Aguirre Méndez(desde la curul): Señor presidente, para una adición.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El senador Aguirre solicita hacer una adición al punto de acuerdo. Le pregunto al proponente si está consensuada la adición.

Adelante, senador. Lo que pasa es que ya sometimos a votación el punto de acuerdo, en los términos. A ver, adelante, señor senador.

El senador Julio César Aguirre Méndez:Totalmente de acuerdo. Únicamente quisiera hacer un agregado, nada más, ahorita que estamos en este proceso, para ponerle fecha y lugar a la instalación de esta comisión.

Yo propongo que sea en Chilpancingo, Guerrero, en el Instituto Estatal Electoral. Puede ser el próximo viernes, de esta semana, pasado mañana; hay que ponerle hora. En Chilpancingo, en el Instituto Estatal Electoral, a las 2 de la tarde.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ésa es la primera cita del grupo de trabajo, porque el grupo queda instalado a partir de ahora.

El senador Julio César Aguirre Méndez:Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tome por favor el sentido de la votación, señora secretaria, con la adición propuesta por el senador Aguirre para que la primera reunión de este grupo de trabajo sea en el Instituto Estatal Electoral, de Chilpancingo, Guerrero, el próximo viernes a partir de las 14 horas.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición con la adición realizada por el senador Aguirre. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora el senador Sebastián Calderón Centeno, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la renovación de la flota de Petróleos Mexicanos.

El senador Sebastián Calderón Centeno:Con su permiso, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, senador.

El senador Sebastián Calderón Centeno:Petróleos Mexicanos (Pemex) requiere de buques con el tonelaje necesario para almacenar y transportar el producto petrolífero.

La flota actual de Pemex es la siguiente: 8 barcos propios, 7 arrendados a casco desnudo y 4 buques tanque fletados.

Para solucionar la falta de buques tanque, el 6 de junio de 2010 Pemex Refinación presentó a la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo la necesidad de adquirir de 5 a 6 buques tanque.

Con fecha 29 de julio del 2010 Pemex Refinación realizó la licitación pública internacional abierta a la participación de cualquier interesado y bajo la cobertura de los capítulos o títulos de compras del sector público contemplados por los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la adquisición de hasta 5 buques tanque de doble casco con año de terminación de construcción de 2007 a 2010, de un porte mínimo de 40,000 toneladas de peso muerto a precio fijo. Dicha licitación se declaró desierta debido al exceso de requisitos técnicos y a que las condiciones de la licitación eran diferentes a las utilizadas a nivel internacional.

Dado que Pemex Refinación transporta alrededor de 450 mil barriles diarios y que la tendencia del consumo de petrolíferos tiende a la alza, estimamos que la necesidad de transporte no va a disminuir, por lo que el requerimiento de 20 buques tanque va a persistir.

Esta situación es preocupante, porque en el 2014 concluye el periodo de contratación del segundo paquete de buques tanque rentados a casco desnudo, además de que Pemex Refinación va a retirar paulatinamente del 2011 al 2014, 4 buques tanque.

Por tanto, Pemex Refinación sólo contará a largo plazo con los 4 buques tanque de arrendamiento financiero y a mediano plazo con los 3 buques tanque de arrendamiento a casco desnudo, por lo que se necesita substituir o rentar, por lo menos, 13 buques tanque en el futuro.

Como solución a largo plazo para esta problemática, está la posibilidad de adquirir barcos de nueva construcción, cuyos precios están en un promedio de 37 millones de dólares, de acuerdo a reportes del mercado internacional, con las ventajas que se mencionan:

a) Los buques serán de propiedad mexicana, enarbolando el pabellón mexicano.

b) Las características de los buques se podrán construir de acuerdo a las necesidades específicas de Pemex.

c) El mantenimiento se facilita y es más económico.

d) Los buques modernos tienen menor consumo de combustible.

e) Se prolonga el periodo de vida promedio de los buques que le prestan servicio a Pemex.

f) La adquisición de buques de nueva construcción representa un ahorro a largo plazo y mayor eficiencia a corto plazo.

Cabe mencionar que los marinos mexicanos cuentan con el reconocimiento internacional como marinos altamente preparados.

Pemex cuenta con un centro de reparaciones navales en Tampico, que es necesario aprovechar su infraestructura.

La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la SCT, cuenta con el personal profesionista, técnico y capacitado para proporcionar asesoría en construcción naval, navegación y puertos.

Por tal motivo, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos a realizar un estudio que deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde señale cuáles son los astilleros que ofrecen las mejores condiciones, tanto técnicas como financieras en la construcción de los buques.

Una vez liberados los recursos deberá realizar los trámites necesarios ante las dependencias correspondientes.

Segundo. Se formula atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos necesarios para ordenar la construcción de 10 buques tanque con los requerimientos específicos que señale Pemex, en el astillero que apruebe esa dependencia.

Pido respetuosamente, señor presidente, que el presente punto de acuerdo se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la renovación de la flota de Petróleos Mexicanos, suscrita por el senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, senador de la República del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276 del Reglamento del Senado de la República, pone a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Mucho se ha comentado sobre la situación por la que atraviesa la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y que la misma enfrenta una serie de restricciones derivadas del marco jurídico que le aplica, en especial en materia de adquisiciones y contratación de obra pública.

Se ha señalado asimismo, la ingente necesidad de modificar las disposiciones legales correspondientes, así como la de realizar acciones efectivas para actualizar su esquema de fiscalización y control que permita reforzar la lucha contra la corrupción, con el fin de otorgarle viabilidad a la renta petrolera.

A este respecto, considero que uno de los temas urgentes que no debemos soslayar es el de proporcionarle a Pemex instrumentos de operación que le permitan fortalecer sus actividades. Este tema lo es el del transporte marítimo de hidrocarburo, toda vez que es en el mar donde nuestro país realiza fundamentalmente las actividades de exploración, extracción y transporte del mismo.

En la sonda de Campeche se genera la mayor producción de hidrocarburo, ya que aporta más del 80 por ciento del total de la producción nacional; no obstante que Cantarell ha ido decayendo en su producción, continúa siendo un área importante para la extracción del petróleo crudo del país.

Es indudable que para su transportación la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) requiere de buques con el tonelaje necesario para almacenar y transportar el producto petrolífero.

Al respecto cabe señalar que la flota actual de Pemex es la siguiente:

Ocho barcos propios: Chicontepec, Burgos, Bicentenario, Tampico, Nuevo Pemex I, Nuevo Pemex II, Nuevo Pemex III y Nuevo Pemex IV.

Los 4 Nuevo Pemex saldrán de circulación del 2012 al 2014

Siete arrendados a casco desnudo: Faja de Oro II, Potrero del Llano II, Choapas II, Amatlán II, Tajín, El Pípila e Insurgentes. Los 4 primeros terminaron su contrato en diciembre de 2010.

Cuatro buques tanque fletados: Angimar, Tulum, Tula y Overseas Sifnos.

Diez buques tanque estuvieron fuera de servicio por la regla 13 G de Marpol25: Vicente Guerrero, F.J. Mújica, Chac, 18 de Marzo, Sebastián Lerdo de Tejada, Independencia, Tolteca, Quetzalcóatl, Bacab y Lázaro Cárdenas II, retirado este último en el segundo semestre del año. Los 7 primeros están en proceso de análisis y actualización de documentación a fin de celebrar las licitaciones correspondientes para su desincorporación.

Para solucionar la falta de buques tanque, el 6 de junio de 2010, Pemex Refinación presentó a la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo la necesidad de adquirir de 5 a 6 buques tanque con el fin de almacenar y transportar el hidrocarburo y sus derivados.

Con fecha 29 de julio del 2010, Pemex Refinación realizó la licitación pública internacional abierta a la participación de cualquier interesado y bajo la cobertura de los capítulos o títulos de compras del sector público contemplados por los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, consistente en:

Adquisición de hasta 5 buques tanque de doble casco con año de terminación de construcción de 2007 o 2008 o 2009 o 2010, de un porte mínimo de 40,000 toneladas de peso muerto, a precio fijo.

Dicha licitación se declaró desierta debido al exceso de requisitos técnicos y a que las condiciones de la licitación eran diferentes a las utilizadas a nivel internacional.

Respecto al movimiento de petrolíferos en las costas del país, la capacidad de transporte marítimo se constituye de una flota fija y una variable. La fija está dada por lo buques propios que aún se encuentran en servicio, los buques en adquisición por arrendamiento financiero y los contratos a largo plazo en casco desnudo. La capacidad variable la representan las contrataciones en el fletamento por tiempo para cubrir requerimientos estacionales de corto plazo.

Dado que Pemex Refinación transporta alrededor de 450 mil barriles diarios y que la tendencia del consumo de petrolíferos tiende a la alza, estimamos que la necesidad de transporte no va a disminuir, por lo que el requerimiento de 20 buques tanque va a persistir.

Esta situación es preocupante, porque en el año 2014 concluye el período de contratación del segundo paquete de buques tanque rentados a casco desnudo, además de que Pemex Refinación va a retirar paulatinamente del año 2011 al 2014 cuatro buques tanque: Nuevo Pemex I, Nuevo Pemex II, Nuevo Pemex III y Nuevo Pemex IV.

Por lo tanto, Pemex Refinación sólo contará a largo plazo con los cuatro buques tanque de arrendamiento financiero: Burgos, Bicentenario, Tampico y Chicontepec, y a mediano plazo con los tres buques de arrendamiento a casco desnudo – bare boats– Tajín, El Pípila e Insurgentes, por lo que necesitará sustituir o rentar por lo menos 13 buques en un futuro.

Como solución a largo plazo para esta problemática, está la posibilidad de adquirir barcos de nueva construcción, cuyos precios están en un promedio de 37 millones de dólares, de acuerdo a reportes del mercado internacional, con las ventajas que enseguida se mencionan:

a) Los buques serán de propiedad mexicana, enarbolando el pabellón mexicano.

b) Las características de los buques se podrán construir de acuerdo a las necesidades específicas de Pemex Refinación.

c) El mantenimiento se facilita y es más económico, debido a la economía en escala y la flexibilidad de la logística.

d) Los buques modernos actualmente tienen menor consumo de combustibles y lo reflejan en una operación más económica y eficiente.

e) Su prolonga el periodo de vida promedio de los buques que le prestan servicio a Pemex.

f) La adquisición de buques de nueva construcción representaría un ahorro a largo plazo y mayor eficiencia en un corto plazo.

g) Al ser el transporte de hidrocarburos, una actividad de suministro de energéticos, el contar con una flota propia y eficiente, se cubriría un aspecto de soberanía nacional.

En el caso de una empresa como Pemex Refinación la cual utilizaría un nuevo buque para el transporte de sus productos, un primer enfoque de análisis debe considerar el ahorro total que implicaría adquirir un buque versus la opción de rentarlo en tiempo. Por otro lado, hoy en día la gestión náutica es un factor importante en el análisis económico pertinente a la adquisición/renta en tiempo de un buque.

Las principales compañías petroleras del mundo delegan la gestión náutica de sus buques a empresas especializadas para evitar responsabilidades financieras.

De acuerdo con la fracción primera del artículo 113 de la ley de Navegación y Comercio Marítimos Vigente, la gestión náutica se define como “...todas las actividades necesarias para garantizar la navegación segura, para el buen gobierno y funcionamiento técnico de la embarcación”.

La estructura de costos de dicha gestión es por lo general de la siguiente forma:

• 40 por ciento         Tripulación

• 35 por ciento         Mantenimiento

• 12 por ciento         Lubricantes / Vituallas

• 7 por ciento                       Seguros

• 6 por ciento           Certificación / Administración

Es necesario notar que históricamente el componente de más peso en los incrementos de los costos de gestión ha sido el aumento en los costos de tripulación.

Debido a la incertidumbre en la estabilidad de los costos de tripulación, los armadores de buques no suelen ofrecer una tarifa de largo plazo para un buque en tiempo (Time Charter) y de hacerlo suelen requerir del fletador niveles mucho más altos que los ofrecidos para buques rentados por periodos más cortos.

Pemex Refinación tiene la obligación de pagar salarios a su tripulación independientemente de si ésta se encuentra en activo u ociosa, la contratación de un buque en tiempo (time charter) en la práctica estaría duplicando el pago de los costos de tripulación. Por un lado sería necesario pagar salarios de trabajadores no ocupados y por otro se pagaría una renta por buque en tiempo que incluiría un costo por tripulación muy probablemente por arriba de la referencia de mercado.

Por lo anterior, un contrato de gestión náutica que permitiera utilizar la tripulación de Pemex Refinación podría beneficiarse de la eficacia de la administración realizada por una empresa especializada sin tener que sustituir a los trabajadores Mexicanos por tripulación extranjera.

Cabe mencionar que los marinos mexicanos cuentan con el reconocimiento internacional como marinos altamente preparados.

Es conveniente mencionar que Pemex cuenta con un centro de reparaciones navales en Tampico, por lo tanto es necesario aprovechar la infraestructura con que se cuenta actualmente y así generar mayores divisas para el país.

Asimismo, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, mediante la Dirección General de Marina Mercante; dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuentan con el personal profesionista, técnico y capacitado para proporcionar asesoría en construcción naval, navegación y puertos, como apoyo permanente a la flota naval de Petróleos Mexicanos.

En virtud de lo anterior, consideramos que Pemex Refinación debe ordenar la construcción de 10 buques a 12 buques tanque, previo estudio de los astilleros de mayor reputación y con las mejores condiciones.

En virtud de los comentarios vertidos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos a realizar un estudio que deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde señale cuáles son los astilleros que ofrecen las mejores condiciones, tanto técnicas como financieras para la construcción de buques con los requerimientos de la paraestatal.

Una vez liberados los recursos, deberá realizar los trámites necesarios ante las dependencias correspondientes para ordenar la construcción ante el astillero que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente abanderar como mexicanos los buques.

Segundo. Se formula atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos necesarios para ordenar la construcción de 10 buques con los requerimientos específicos que señale Pemex, en el astillero que apruebe esa dependencia.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de enero de 2011.— Senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se hará como usted lo ha solicitado y se turna su propuesta a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que actúen en el ámbito de sus competencias, a fin de fincar responsabilidades y dar pronta solución respecto de los actos de proselitismo político-electoral en el estado de Baja California Sur, por parte del partido político nacional Nueva Alianza.

La diputada Esthela Damián Peralta:Gracias, diputado presidente. Este lunes 17 de enero diversos medios de comunicación impresos y electrónicos a nivel nacional dieron cuenta de que en nuestro país se estaba dando un fenómeno en materia político-electoral, caracterizada por la ilegalidad concretamente en la entidad de Baja California Sur del partido político Nueva Alianza.

Ha estado haciendo uso de la infraestructura y del personal adscrito a la Secretaría de Educación Pública a través de la estructura sindical del magisterio para hacer proselitismo electoral.

Cabe destacar que en esta entidad se llevarán a cabo elecciones estatales donde se elegirá al gobernador, además de 5 ayuntamientos, 16 diputados de mayoría relativa y 5 diputados de representación proporcional.

A mayor abundamiento, la plantilla de maestros, así como personal del partido político en mención, ha repartido a los alumnos de las diferentes escuelas públicas del país, quienes van desde los 13 a los 15 años de edad cuadernillos, loncheras y mochilas que contienen propaganda electoral.

Además, evidencia fotográfica publicada en diferentes diarios de circulación nacional, entre ellos La Jornada, da fe de los materiales repartidos entre los distintos alumnos de la entidad.

Al respecto, distintos especialistas como pedagogos y politólogos han manifestado lo grave de esta situación, ya que al hacer uso tanto del personal que labora en las instalaciones escolares como de los menores de edad, a manera de vehículos para enviar un mensaje político a los padres, se está cometiendo un abuso y lo que es más, un atentado educativo.

Lo anterior, toda vez que se está violentando de facto la confianza del alumnado, que por su edad se encuentra en un estado de vulnerabilidad ideológica, ya que las instituciones educativas representan su segundo lugar y por ende, todo lo emanado de ella se considera como positivo e incluso, como una obligación.

Por otro lado, diversas disposiciones en la materia establecen sanciones que apuntan tanto a la pérdida del registro del partido político hasta penas de cárcel, que deben ser aplicadas de comprobarse que efectivamente se está incurriendo en las faltas que se señalan.

Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El artículo 134 del mismo ordenamiento, apunta que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos.

El artículo 407 del Código Penal establece que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 1 a 9 años al servidor público que, entre otras acciones, destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado o proporcione apoyo, o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos a través de sus subordinados, usando el tiempo correspondiente a sus labores de manera ilegal.

Lo que resulta aún más preocupante es que la SEP puede estar incurriendo directa o indirectamente en un acto de complicidad, ya que ha dado lugar a que este lamentable suceso se esté llevando a cabo.

Por lo anterior solicito que se exhorte al Instituto Federal Electoral, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que actúen en el ámbito de sus competencias, a fin de fincar responsabilidades y dar pronta solución respecto de los actos de proselitismo político electoral en el estado de Baja California Sur, por parte del partido político Nueva Alianza, toda vez que son flagrantemente violatorios de diversos ordenamientos que ya señalé, al emplear la infraestructura y el personal adscrito a la Secretaría de Educación Pública, a través de la estructura sindical del magisterio, para hacer proselitismo electoral con los alumnos de las instituciones de educación pública en la entidad. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a actuar en el ámbito de sus competencias a efecto de fincar responsabilidades y dar pronta solución respecto a los actos de proselitismo político-electoral de Nueva Alianza en Baja California Sur, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal Electoral, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, actúen en el ámbito de sus competencias a fin de fincar responsabilidades y dar pronta solución respecto a los actos de proselitismo político-electoral en Baja California Sur por parte del partido político nacional Nueva Alianza, toda vez que son flagrantemente violatorios de diversos ordenamientos legales en la materia, al emplear la infraestructura y el personal adscrito a la Secretaría de Educación Pública, a través de la estructura sindical del magisterio para hacer proselitismo electoral con los alumnos de las instituciones de educación pública de la entidad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 19 días del mes de enero de 2011.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Damián Peralta. Consulte la Secretaría si es considerado de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Mayoría calificada. No habiendo oradores inscritos para... El senador René Arce.

El senador René Arce:Vengo a esta tribuna a apoyar el punto que ha presentado la diputada Esthela Damián, porque creo que todos deberíamos reflexionar sobre los peligros que la educación en este país está teniendo.

Todos sabemos el lamentable lugar que ocupa la educación en este país, donde de las naciones en desarrollo somos de los más atrasados en términos de aprovechamiento y en donde estamos realmente en un problema delicado cuando nuestros jóvenes salen de las escuelas, de las universidades, aquéllos que llegan a las universidades y no encuentran la posibilidad de desarrollar sus conocimientos porque, los mismos, se encuentran en relación a otros países con un sumo atraso de años.

Así lo revelan estadísticas que se han estado haciendo a nivel mundial, y si a eso agregamos que actualmente se atenta contra la educación cuando no se respeta ese precepto constitucional que plantea que la educación debe ser laica, y aquéllos que deberían defenderla, por el contrario, hacen de la educación un instrumento para cuestiones de orden político.

Por un lado tenemos gobernadores que aceptan planteamientos de la jerarquía católica para ver si se discute la posibilidad de que en las escuelas se pueda dar enseñanza religiosa, como es el caso del gobernador de Guanajuato y, por otro lado, tenemos a profesores que en lugar de estar planteando cómo elevar el nivel educativo, cómo lograr que en este país los niños fundamentalmente puedan tener conocimientos para enfrentar los retos que la modernidad nos plantea, más bien están pensando en cómo desarrollar estructuras políticas o cómo apoyar campañas.

Qué amenaza para la educación de este país. La educación de este país nos está mandando una alerta, nos está mandando un SOS para que nosotros los legisladores podamos plantearnos con mucha firmeza que la educación de este país hay que levantarla, hay que darle calidad, hay que evaluar en todo caso a aquéllos que tibiamente están en los puestos más altos del sistema educativo y que por tibieza o por interés son incapaces de frenar a unos o a otros.

Que son incapaces de levantar la voz para defender el estado de la educación y se callan frente a aquéllos que plantean la posibilidad de hacer de la educación una instancia donde se puedan plantear problemas de fe. Y también se callan frente a aquéllos que utilizan a las escuelas o utilizan a los profesores para acciones que no son las que directamente deben hacerse en el magisterio, como es prepararse para educar.

Por eso a mí me parece que el punto que hoy plantea la diputada Damián lo tenemos que ver en ese contexto y decirles a aquellos religiosos o gobernadores, a los cuales les respetamos su fe, que no se les olvide que son servidores públicos y que plantearon que defenderían la Constitución y que la acatarían, que cumplan.

Pero también a aquellos líderes sindicales que no han entendido también que su principal tarea es, efectivamente, cuidar de que sus agremiados gocen de buenos salarios, gocen de buenas prestaciones, pero que fundamentalmente tienen que cuidar esto que tanto le costó a esta nación: que la educación sea laica; que la educación no sea botín ni de religiosos ni de partidos políticos.

Eso es lo que hará que el día mañana México pueda enfrentar sus retos, pueda realmente ser una nación en desa-rrollo, con prosperidad. Si la educación no sale adelante, difícilmente el país saldrá. Por eso, votemos a favor de la propuesta de la diputada Esthela Damián. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No habiendo más oradores inscritos, le suplico a la Secretaría tome la votación de la asamblea.

El Secretario diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:En votación económica se pregunta...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, señor senador. Diputada Gutiérrez.

La diputada Paz Gutiérrez Cortina(desde la curul): ¿Nos podría aclarar el sentido del voto?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A favor significa votar por la proposición presentada por la diputada Esthela Damián. En contra significa desecharla.

El Secretario diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se desecha la proposición.

GILBERTO BOSQUES SALDIVAR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Alejandro González Yáñez, para proponer que se nombre una plaza pública o una calle en honor de don Gilberto Bosques Saldívar.

El senador Alejandro González Yáñez:Con la venia de la Presidencia. Legisladoras y legisladores de la República, a nombre del senador Ricardo Monreal Ávila, de los legisladores del Partido del Trabajo y del mío propio, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

El 2 de septiembre del año 2010 la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió un acuerdo que establece que el Senado de la República celebrará el día 27 de enero de cada año, a partir del año 2011, una ceremonia conmemorativa con motivo del Día internacional de la conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto y en recuerdo de don Gilberto Bosques Saldívar.

Don Gilberto Bosques Saldívar vivió 103 años, fue revolucionario, congresista, educador,  periodista, escritor, diplomático y sobre todo humanista y patriota. Participó en la rebelión de Aquiles Serdán en 1910, tras el triunfo de la Revolución se hizo político.

En 1934, como diputado y presidente del Congreso de la  Unión respondió el Primer Informe de Gobierno de don Lázaro Cárdenas del Río. En 1939, cuando la República Española caía ante el embate franquista y la guerra se cernía sobre el resto de Europa, el presidente Cárdenas lo nombró cónsul general en  París. Su misión real era convertirse en un enviado personal del presidente de México en Europa.

Su primera preocupación y ocupación fue defender a los mexicanos residentes en la Francia no ocupada, pero pronto protegió también a otros grupos. Apoyó a libaneses con pasaporte mexicano y a refugiados españoles que buscaban huir de los nazis. De hecho, se cree que él fue quien convenció al presidente Lázaro Cárdenas para abrir las puertas de México a los republicanos españoles.

Era tan grande la afluencia de refugiados que buscaban una visa mexicana, que Bosques alquiló dos castillos para convertirlos en centros de asilo mientras arreglaba su salida hacia México. Entre 800 u 850 fueron alojados en uno, mientras que en el otro quedaron 500 niños y mujeres.

En 1939 fue designado representante diplomático en Francia, cuando la Guerra Civil en España había concluido. Cientos de españoles que apoyaban a la república huyeron de su país, y uno de los principales destinos fue Francia. Así, la instrucción del gobierno mexicano fue ayudar a estos refugiados a salir de Europa. Incluso para transportar a los exiliados el consulado mexicano fletó varios buques y consiguió espacio en otros.

Por esta razón, Gilberto Bosques, su familia y colaboradores fueron detenidos por el ejército alemán, que los trasladó cerca de la ciudad de Bonn, donde permanecieron un año. En algunos lugares ha recibido homenajes e incluso en Viena hay una calle que lleva su nombre.

El Congreso mexicano no puede ser menos en el rendimiento de un justo homenaje a un mexicano cuya conducta nacional en los tiempos de las grandes transformaciones sociales en México y su conducta como diplomático mexicano en el ámbito internacional no sólo ha sido digna y ejemplar, sino que significó la protección de la integridad física y la vida de más de 40 mil niños, mujeres y hombres de muy diversas nacionalidades, credos políticos y religiosos que huían de la persecución y la amenaza de muerte en la Segunda Guerra Mundial.

Con base en lo anteriormente expuesto nos permitimos poner a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al jefe del Gobierno del Distrito Federal, para que el nombre de don Gilberto Bosques Saldívar quede inscrito en una plaza pública de la Ciudad de México, en honor de la valiosa labor que desempeñó.

Solicito respetuosamente que el texto íntegro de esta propuesta se integre al Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para proponer que se nombre una plaza pública o una calle en honor de don Gilberto Bosques Saldívar, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Ricardo Monreal Ávila y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 2 de septiembre del año 2010, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió un acuerdo que establece “que el Senado de la República celebrará el día 27 de enero de cada año, a partir del año 2011, una ceremonia conmemorativa con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, y en recuerdo de don Gilberto Bosques Saldívar...”

Don Gilberto Bosques Saldívar nació en 1892 en Chiautla de Tapia, Puebla. Vivió 103 años. Fue revolucionario, congresista, educador, periodista, escritor, diplomático y, sobre todo, humanista y patriota. Participó en la rebelión de Aquiles Serdán en 1910. Tras el triunfo de la revolución se hizo político. En 1934, como diputado y presidente del Congreso de la Unión respondió el primer informe de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.

En 1939, cuando la República Española caía ante el embate franquista y la guerra se cernía sobre el resto de Europa, el presidente Cárdenas lo nombró cónsul general en París. Su misión real era convertirse en un enviado personal del presidente de México en Europa.

Bosques salió de París cuando la ciudad estaba a punto de ser tomada por los alemanes. Con amplias instrucciones para establecer el consulado donde le conviniera, viajó primero al sur y después a la costa norte. Restableció el consulado general primero en Bayonne, pero cuando los alemanes ocuparon la zona se trasladó con su familia y el consulado entero a Marsella, en el Mediterráneo, dentro de la zona del gobierno francés de Vichy, nominalmente independiente de los alemanes.

Su primera preocupación fue defender a los mexicanos residentes en la Francia no ocupada, pero pronto protegió también a otros grupos. Apoyó a libaneses con pasaporte mexicano y a refugiados españoles que buscaban huir de los nazis. De hecho, se cree que fue él quien convenció al presidente Lázaro Cárdenas de abrir las puertas de México a los republicanos españoles. Era tan grande la afluencia de refugiados que buscaban una visa mexicana que Bosques alquiló dos castillos (el de Reynarde y el de Montgrand) para convertirlos en centros de asilo mientras se arreglaba su salida hacia México. Entre 800 u 850 fueron alojados en uno de los castillos, mientras que en el otro quedaron 500 niños y mujeres. Poco a poco fueron saliendo los exiliados, a los cuales el gobierno mexicano les ofreció la nacionalidad mexicana de inmediato en caso de que quisieran adoptarla.

Desde Marsella el embajador mexicano también tuvo que hacer frente al hostigamiento de las autoridades pro alemanas francesas, al espionaje de la Gestapo, del gobierno de Franco y de la representación diplomática japonesa, que tenía sus oficinas en el mismo edificio de la delegación mexicana.

El cónsul no quedó satisfecho, sin embargo, y amplió su apoyo a los refugiados anti nazis y antifascistas. Al concedérseles visas mexicanas, las autoridades francesas los dejaban salir del país porque consideraban que ya no serían un problema político para ellas. Más complicado fue el caso de los judíos. El consulado ocultó, documentó y les dio visas a numerosos judíos, pero era mucho más difícil sacarlos de Francia.

Finalmente México rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno de Vichy. Gilberto Bosques presentó la nota de ruptura. Poco después el consulado fue tomado por tropas de la Gestapo, que confiscaron ilegalmente el dinero que la oficina mantenía para su operación. Bosques, su familia (su esposa María Luisa Manjarrez y sus tres hijos: Laura María, María Teresa y Gilberto Froylán; entonces de 17, 16 y 14 años, respectivamente) y el personal del consulado, 43 personas en total, fueron trasladados hasta la comunidad de Amélie-les-Bains. Después, violando las normas diplomáticas, se les llevó a Alemania, al pueblo Bad Godesberg, y se les recluyó en un hotel-prisión. Allí destacó la actitud de Bosques ante un funcionario alemán:

Le manifesté que todo el personal mexicano se sometería al reglamento que acababa de leernos, porque México estaba en guerra con Alemania y por ello éramos prisioneros de guerra. Que podía estar seguro de que no pediríamos ninguna excepción, ninguna gracia sobre esas disposiciones, pero que tampoco aceptaríamos ningún trato vejatorio, como acostumbraban ellos con los prisioneros.

Bosques llegaría a organizar conferencias e incluso una ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre. Después de poco más de un año, los mexicanos de Bad Godesberg serían canjeados por prisioneros alemanes.

Bosques regresó a México en abril de 1944. Miles de refugiados españoles lo esperaban en la estación de ferrocarril de la capital para recibirlo, una crónica periodística de la época narró estos hechos.

La historia de Bosques es poco conocida, incluso en México.

En 1939 fue designado representante diplomático en Francia, cuando la guerra civil en España había concluido.

Cientos de españoles que apoyaban a la República huyeron de su país, y uno de los principales destinos fue Francia. Así, la instrucción del gobierno mexicano fue ayudar a estos refugiados a salir de Europa.

Pero, al estallar la guerra mundial, aumentaron los exiliados y con ello las tareas de Bosques, según documentó en sus memorias que fueron divulgadas por la cancillería mexicana.

“La asistencia para los perseguidos israelitas tomó la dimensión de un deber de carácter humano. No había tomado México una actitud franca, pero el drama estaba ahí. Nuestra ayuda consistió en la ocultación de ciertas personas, en documentar otras, darles facilidades, llevarlas a la posibilidad de una salida de Francia, que era muy difícil”.

Para transportar a los exiliados, el consulado mexicano fletó varios buques, y consiguió espacio en otros.

La mayoría escapó por el puerto de Marsella, a donde se trasladó el consulado mexicano tras la ocupación de Francia.

Uno de los momentos más difíciles fue sacar del país a los combatientes de la Brigada Internacional que combatió en España.

Prisioneros de guerra

México mantuvo un estado de guerra contra los países que formaron el Eje durante la Segunda Guerra Mundial.

Incluso un escuadrón de pilotos combatió en Japón, como parte de las fuerzas multinacionales que participaron en el conflicto.

Por esa razón, Gilberto Bosques, su familia y colaboradores fueron detenidos por el ejército alemán, que los trasladó a Bad Godesberg, una población cercana a Bonn. Allí permanecieron un año. En algunos lugares ha recibido homenajes; una calle de Viena lleva su nombre y la Casa Phillipe Ollé-Laprune estableció la Cátedra Gilberto Bosques.

El Congreso mexicano no puede ser menos en el rendimiento de un justo homenaje a un mexicano cuya conducta nacional, en los tiempos de las grandes transformaciones sociales de México, y su conducta como diplomático en el ámbito internacional, no sólo ha sido digna y ejemplar, sino que significó la protección de la integridad física y la vida de más de cuarenta mil hombres, mujeres y niños de muy diversas nacionalidades, credos políticos y religiosos que huían de la persecución y la amenaza de muerte durante la Segunda Guerra Mundial.

Cabe destacar, al respecto, que don Gilberto Bosques Saldívar llevó sus esfuerzos y su compromiso con la protección de las personas más allá de lo que su responsabilidad profesional estrictamente le exigía, con lo que dio a la institución del asilo político una connotación humanista que se adelantó por algunos años, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por las Naciones Unidas.

Con base en lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal, así como al jefe de gobierno del Distrito Federal, para que el nombre de don Gilberto Bosques Saldívar, quede inscrito en una plaza pública y/o en una calle de la Ciudad de México, en su honor por la valiosa labor que desempeñó durante el Holocausto.

Salón Legislativo de Xicoténcatl, a 19 de enero del 2011.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Respetable asamblea, dada la obviedad de este punto, le pregunto si estaría de acuerdo en que fuera discutido y sometido a votación de inmediato. Consulte la Secretaría si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Se consulta a la asamblea si la proposición se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Tome usted el sentido de la votación toda vez que no hay ningún orador inscrito.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias al proponente. Sirva este hecho como un brevísimo y pequeñísimo homenaje a un hombre extraordinario. Muchas gracias a la asamblea.

ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga para presentar proposición con punto de acuerdo que solicita al gobierno del estado de Oaxaca que informe a esta Comisión sobre las acciones que está ejecutando para investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad. Sonido, por favor.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:Y el reloj, señor presidente. A mes y medio que lleva de ejercicio la administración de Gabino Cué, en Oaxaca, hay hechos que preocupan y deben ocuparnos.

El secuestro sistemático de migrantes centroamericanos en tierras oaxaqueñas y que tienen su origen en la presencia organizada del crimen en el Istmo de Tehuantepéc, los homicidios arteros de Miguel Cruz, dirigente de Antorcha Campesina, en la mixteca, el pasado 24 de diciembre y el de Luis Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero pasado, por probables causas, por cuestiones políticas que además son áreas que pertenecen al distrito que represento.

La falta de avances en la investigación del crimen del líder del MUL Heriberto Pasos, se suma a la elevada tasa de impunidad que se presenta en Oaxaca como en todo el país.

Esto incita a personas que en otras épocas no resolverían sus diferencias mediante el delito y el asesinato, a correr el riesgo porque saben que no serán castigados, perciben un estado minado en sus capacidades para el combate a la ilegalidad.

Cerca de 40 municipios iniciaron el año sin gobierno, en medio de toma de palacios municipales y conflictos. Un número importante. Permanece así evidenciando que el gobierno no logra ni aplicar la ley ni conciliar para establecer la paz y la tranquilidad pública, recurriendo, con frecuencia, a buscar responsables con señalamientos, como si todavía siguiera en campaña e incluso acusa a autoridades y tribunales electorales de los problemas políticos en los municipios que no puede resolver.

Los oaxaqueños y en particular el de la voz, entendemos que la actual administración es una administración de transición, que además tiene la disfuncionalidad de sustentarse en diferentes y contradictorias posiciones políticas y partidistas respecto de los problemas que la entidad enfrenta y como consecuencia, la manera en que deben solucionarlos.

Sin embargo, es apremiante y sumamente conveniente que algo efectivo, más allá de promesas y buenos discursos, se haga para detener esa tendencia y los riesgos de graves problemas a la gobernabilidad que nadie quiere y menos para quienes pensamos que Oaxaca está para los oaxaqueños, por encima de todo.

Preocupan los diferentes que parecen ir en aumento, entre los maestros de la Sección XXII y quienes se dicen forman parte de la LIX, que transita ya de los señalamientos y las agresiones verbales a los balazos.

Hasta hoy no hay avances para esclarecer el homicidio del líder del MUL, Heriberto Pasos, acaecido el pasado 23 de octubre.

Los señalamientos del Multi, en el sentido de que el gobierno no aplica las medidas cautelares que lo protejan y permitan regresar a su lugar de origen, y acciones policiacas echándole leña a la lumbre cuando demandan espacios comerciales para realizar sus ventas, pero lejos de aplicar el diálogo se les detiene y se les consigna. Delincuentes se tirotean con la policía en calles céntricas de la capital, mientras la mayoría de los cuerpos policiacos se dedican a cuidar que nadie haga manifestaciones en el Zócalo de la ciudad o a cuidar bodas de alta alcurnia en el famoso templo de Santo Domingo.

Por todo lo anterior es importante mitigar diferendos, decirles a algunas de las fuerzas políticas que apoyaron la alianza que la campaña ya terminó, y que es hora de gobernar para todos y dejar de aplicar ineficiencias con señalamientos al pasado.

Es hora de mitigar diferendos, de incluir con pleno respeto a todas las fuerzas políticas en el esfuerzo que hay que hacer en el beneficio colectivo. Es hora de que el gobierno deje de seguir siendo trinchera partidista o plataforma para objetivos políticos personales. Es hora, en suma, de un discurso y su acreditación en los hechos por la reconciliación y no, como pudiera estar ocurriendo, para mitigar diferendos y no exacerbarlos.

Por todo lo anterior propongo a esta alta soberanía el siguiente punto de acuerdo para que se ocupe de un tema de la mayor importancia en el estado de Oaxaca.

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobierno del estado de Oaxaca informe a esta Comisión Permanente sobre las acciones que está ejecutando para investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad, y reciba en audiencia a diputados integrantes del grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero, planteamiento que hemos formulado para que sea acordado por esta alta representación. Muchas gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de Oaxaca que informe a la Comisión Permanente de las acciones que ejecuta a fin de investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos delitos ocurridos recientemente en la entidad, y que reciba en audiencia a diputados integrantes del grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en Guerrero, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ustedes la proposición con punto de acuerdo siguiente:

Consideraciones

Durante el mes y medio que lleva de ejercicio el gobierno del licenciado Gabino Cué Monteagudo, en el estado de Oaxaca, han ocurrido varios hechos delictivos de alto impacto social.

Uno de estos, el secuestro de migrantes centroamericanos, en Chahuites, tiene, posiblemente, su origen en la delincuencia organizada que opera en la zona del istmo de Tehuantepec.

Otros, como los homicidios de Miguel Cruz José, dirigente de Antorcha Campesina en la Mixteca, ocurrido el 24 diciembre de 2010, y el de Luis Jiménez Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero de este año, tienen su probable causa en cuestiones de carácter político.

La elevada tasa de impunidad que se presenta en Oaxaca, similar a la de todo el país, invita a personas que en otras épocas no resolverían sus diferencias mediante el delito, y muchos menos a través del asesinato, a correr el riesgo. Saben que sus posibilidades de ser sancionados son ínfimas.

Consciente o inconscientemente, perciben un Estado minado en sus capacidades para el combate a la ilegalidad en general y a la delincuencia en particular.

Organizados o no, los delincuentes actúan a sus anchas socavando los andamiajes de la ley y el estado de derecho.

La falta de políticas públicas para prevenir, evitar, perseguir y castigar la violencia, anima el desorden, fomenta el crimen, alienta la autocomposición de los conflictos.

En Oaxaca, hasta ahora nada se sabe, y tal vez nunca se sabrá, de investigaciones y menos de detenciones o consignaciones de los autores materiales e intelectuales de los delitos antes descritos.

Por ello, la violencia, antítesis de la política, sienta sus rea-les en el estado.

La civilidad, el respeto a la ley y a la autoridad, la tolerancia, la discusión serena y objetiva de las ideas, se pierden gradualmente en la entidad. No hay día en que la gente de la capital oaxaqueña y de otras ciudades pueda transitar libremente, llegar puntualmente a su trabajo, educarse cómo es debido.

Unas pocas personas son suficientes para bloquear vialidades, impedir el acceso a oficinas y escuelas, hacerse de palacios municipales, dañar propiedades.

Cuarenta y un municipios oaxaqueños iniciaron el año sin gobierno. A la fecha, la mayoría de ellos permanecen así. Las posturas de los grupos inconformes se radicalizan. El gobierno estatal no logra conciliar, aplicar la ley, poner orden, restablecer la paz y tranquilidad públicas. El deterioro político y social de Oaxaca avanza.

Los oaxaqueños entendemos que la actual administración es de transición; que tiene diferentes posiciones políticas y partidistas respecto a los problemas que la entidad enfrenta; y que resolver rezagos y subculturas, como la del desorden y el delito, no es simple ni puede lograrse de la noche a la mañana.

Sin embargo, algo tiene que hacer para detener la escalada de violencia e ingobernabilidad. Es necesario revierta las tendencias que atentan contra la armonía social y el desa-rrollo económico que requiere Oaxaca.

Sería hora de mitigar diferendos y no, como lamentablemente ocurre, de multiplicarlos y exacerbarlos. Por ejemplo: Los conflictos internos entre maestros de la Sección XXII del SNTE y de los que se dicen de la Sección LIX, han transitado de las agresiones verbales a los balazos; hasta hoy no se reportan avances en el esclarecimiento del homicidio del dirigente del MULT, Heriberto Pazos, acaecido el 23 de octubre de 2010; los señalamientos del MULT en el sentido de que el gobierno no aplica medidas cautelares que protejan a sus miembros y permitan su retorno a su lugar de origen, siguen sin respuesta; la policía, echando leña al fuego, detiene a comerciantes que militan en la APPO; delincuentes se tirotean en calles del centro de la capital, mientras los cuerpos policiales del Estado y Municipio cuidan bodas de alcurnia en el templo de Santo Domingo; etcétera.

Así, los delincuentes gozan, tranquilos, de una libertad que no merecen, y quienes desestabilizan y afectan con sus actos arbitrarios al conjunto de la sociedad, negocian y toman la medida a unas autoridades, que no informan ni transparentan sus acciones para resolver delitos y conflictos políticos.

En razón de ello, someto a consideración de esta Comisión Permanente los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al gobierno del estado de Oaxaca que informe a esta Comisión Permanente sobre las acciones que está ejecutando para investigar, perseguir y sancionar a los autores del secuestro de migrantes centroamericanos, ocurrido en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre de 2010, y a los de los homicidios cometidos en contra de Miguel Cruz José, dirigente de Antorcha Campesina en la Mixteca, ocurrido el 24 diciembre de 2010 y el Luis Jiménez Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero de este año.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca que reciba en audiencia a diputados integrantes del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y Sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero, creado por el Pleno de la Cámara de Diputados, para actualizar información respecto a los avances que reporte la negociación política que el gobierno del estado sostiene con organizaciones, autoridades y ciudadanos de la región y las prospectivas que se tengan sobre el arreglo de los conflictos más relevantes existentes entre organizaciones y comunidades, como mecanismo para prevenir actos de violencia entre ellas.

Palacio Legislativo, a 19 de enero de 2011.— Diputado Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado proponente. El senador Adolfo Toledo solicita sumarse a su punto de acuerdo.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:Porque sé que coincidimos, senador, en la preocupación sobre los hechos que están sucediendo en nuestro estado y por ese espíritu de reconciliación que debe haber con todas las fuerzas políticas, bienvenido su apoyo a este punto de acuerdo. Gracias, senador Toledo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE COLIMA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la senadora Minerva Hernández para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Colima a que promueva y fortalezca medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabaje en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal, propuesta que suscribe la senadora Martha Leticia Sosa Govea.

La senadora Minerva Hernández Ramos:Con su permiso, compañero diputado presidente. Apreciables compañeros legisladores: a nombre propio y de la senadora Martha Sosa Govea, quiero decirles que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada hace más de tres años, es hoy un instrumento jurídico que ha sido rebasado, pues en la actualidad observamos con preocupación el sinnúmero de casos de violencia física que afrontan las mujeres en diversas entidades federativas de nuestro México.

Datos en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares revelan que el estado de Colima se ubica dentro de los cinco primeros lugares en violencia. Tan sólo en lo que va de este año se suman ya diversos ataques de índole sexual cometidos cerca de la capital del estado, respecto de los cuales los medios de comunicación han dado cuenta, además de su incremento, y varios que no han sido denunciados que se mantienen en el anonimato y sin protección jurídica.

Esta situación nos conduce a manifestar el riesgo que nos coloca en la antesala de una alerta de feminicidio, por lo que debe atenderse de inmediato para evitar que Colima se sume a la lista en la que ya se encuentran Chihuahua y el estado de México, donde ha venido creciendo este lamentable fenómeno.

Por lo que, desde esta soberanía, hacemos un llamado al gobernador de Colima para que de inmediato ejecute y ponga en marcha una intensa campaña en contra de la violencia hacia las mujeres, pues no basta la habilitación de áreas recreativas con vigilancia policiaca, donde se permite incluso el ingreso a jóvenes con bebidas embriagantes, dando lugar a que se cometan ilícitos que especialmente han venido lastimando a las mujeres.

Por estas consideraciones expuestas someto al pleno de esta honorable soberanía los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador constitucional de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabajar en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal. A promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres, y trabajar en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador constitucional de Colima a informar a esta soberanía de las acciones y políticas públicas implementadas en la atención de este punto de acuerdo, así como de los avances en la procuración de justicia a las recientes víctimas de violencia sexual. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para proteger a las mujeres y a trabajar en la erradicación de la violencia de género en el estado, suscrita por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Martha Leticia Sosa Govea, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabajar en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal, al tenor de los siguientes

Considerandos

La seguridad jurídica, que el texto constitucional ha consagrado en su parte dogmática, es la expresión del máximo valor que la sociedad presta a la procuración del respeto y la equidad de los seres humanos sin distinción. La violación de ella, a través de los atentados a la integridad y dignidad humanas, representa la más humillante forma de corrupción del contrato social.

Esa violación se materializa por la violencia, que se desa-rrolla de forma física, a través de lesiones de diversa magnitud y que pueden conducir a la muerte, así como psicológica, la cual se dirige a coartar la libertad de conciencia de sus receptores. Si bien la Carta Magna, en unión con las leyes penales emanadas de ella, prohíbe esas conductas, hechos lamentables ocurridos en últimas fechas en el país señalan a la mujer como la mayor de sus víctimas.

El esfuerzo legislativo por prevenir y, sobre todo, erradicar de la sociedad la práctica de esas conductas, contrarias a la dignidad de la mujer, se ha hecho notar con todo vigor a través de la adopción de tratados internacionales que consideran y condenan tales circunstancias y que, a su vez, han servido como marco para el desarrollo de una ley de gran avanzada en la actual generación de los derechos humanos: la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada hace poco más de tres años y que se ha centrado en las acciones en favor de las mujeres en un ámbito de certidumbre jurídica y social, independientemente de cuáles sean sus condiciones de vida o a qué estamento social pertenezcan.

La mujer es víctima de la violencia no sólo en el hogar, toda vez que los mayores índices contra su dignidad son cometidos en los hogares, centros educativos y actividades laborales por personas directamente relacionadas con ellas y en la vía pública y por agresores desconocidos.

La mayor proporción de personas receptoras de violencia física en México son las mujeres, con 61.4 por ciento de los casos, en un margen de edad comprendido entre 5 y 44 años, especialmente por conducto de los padres y las parejas sentimentales, según reportó la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo para 2007. Destacan entre los tipos de violencia más comunes la emocional, con 34.8 por ciento; la económica, con 29.3; la física, con 9.3; y la sexual, con 7.8.

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares permiten confirmar que además de los recurrentes episodios de violencia, no hay clara conciencia de la magnitud del problema por sus víctimas. Basta mencionar que sólo 35 por ciento de las entrevistadas se atrevió a recurrir a alguna autoridad para denunciar la agresión; mientras que para 34.2 por ciento de ellas, estos actos violatorios de su dignidad humana representaron sucesos sin importancia, 31.8 no denunció cuando sufrió violencia sexual por conducto de sus hijos, y 12 por ciento omitió expresar lo acaecido por desconfianza hacia las autoridades y el sistema de justicia penal.

La encuesta mencionada demuestra que Colima se mantiene entre los cinco primeros lugares de violencia. Es el caso de la emocional, donde Jalisco, estado de México y Colima reflejan los más altos porcentajes, con 47.3, 47.1 y 45.0, respectivamente, frente a la media nacional de 37.5. En violencia económica, Jalisco arroja 30.5 por ciento, estado de México 29.6 y Colima 27.2, frente a la media nacional de 23.4. En violencia sexual, nuevamente Jalisco, Colima y el estado de México se disparan con los más altos porcentajes: 11.6, 11.1 y 11.0, en ese orden, cuando la media nacional es de 9.0.

En Colima, en 2010 fueron detectados 106 casos de mujeres violentadas, según datos de la Dirección Jurídica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia ha reportado el incremento de estos actos violentos en todo el territorio estatal, pero con mayor número en Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez.

A los hechos que componen estas cifras se suman los dos ataques de índole sexual cometidos cerca de la capital del estado en la primera quincena del presente mes, en el que los medios de comunicación han dado cuenta no sólo de estas denuncias presentadas, sino que hacen referencia a un número mayor de estos ilícitos que no han sido denunciados y, por tanto, se mantienen en el anonimato y sin protección jurídica.

Lo anterior nos conduce a manifestar preocupación porque podemos encontramos en la antesala de una alerta de feticidio. Por ello, esas agresiones y sus circunstancias deben atenderse con políticas eficaces y eficientes para frenar cualquier posible escalada como la que viven Ciudad Juárez, Chihuahua, y el estado de México. El llamado por mí realizado como colimense consternada y ocupada en garantizar el respeto de la dignidad de los habitantes de esta entidad federativa, busca hacer eco para conducir a un control exhaustivo no sólo visible en el incremento de efectivos de fuerzas policiales en las calles para la vigilancia de la ciudadanía, sino en la instauración de una sostenible y permanente campaña de alerta y concienciación contra la violencia hacia las mujeres, siendo esta obligación de carácter primordial del gobierno estatal en primer lugar, así como de los ayuntamientos constitucionales de los municipios que integran Colima.

No basta la habilitación de supuestas áreas recreativas con vigilancia policiaca, donde se permita el ingreso a los jóvenes con bebidas embriagantes para protegerlos de nuevos ataques de encapuchados contra hombres y especialmente mujeres, tal como el gobernador del estado ha procedido a ordenar. Ante esto, la primera y más importante medida que el gobernador debe ejecutar, el arranque y mantenimiento de una intensa campaña de concienciación ciudadana, paralelamente al ordenamiento a la Policía Estatal Preventiva, a fin de procurar y fortalecer la protección de los espacios públicos, al mismo tiempo que la Procuraduría de Justicia del Estado proceda al cumplimiento de sus obligación como protectora de la ciudadanía y perseguidora de los delitos que se presentan, resolviendo de manera clara, contundente y ajustada a derecho.

Con estas urgentes demandas, reitero mi compromiso asumido con la ciudadanía colimense de trabajar a su favor, al mismo tiempo que reconozco y me sumo a la manifestación realizada por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Roberto Chapula de la Mora, solicitando a la administración pública estatal la emisión de una alerta general para frenar esta serie de violaciones de mujeres.

Olvidémonos de flaquezas e indecisiones; debemos reconocer con urgencia que la seguridad pública de los ciudadanos de Colima y la dinámica social libre de violencia para hombres y mujeres es necesaria para el desarrollo integral de la entidad federativa y, por ende, del país en su conjunto. Debemos preocuparnos de trabajar para castigar a quienes han cometido los ilícitos expresados de viva voz y proceder a erradicar toda señal de agresión y violaciones contra la mujer. No esperemos ver elevada la cifra de mujeres víctimas para dictar una alerta de feminicidios.

Por las consideraciones expuestas, se someten a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabajar en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a informar a esta soberanía acerca de las acciones y políticas implantadas en la atención de este punto de acuerdo, así como de los avances en la procuración de justicia para las recientes víctimas de violencia sexual.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, senadora. La proposición se turna a la Primera Comisión.

ESTADO DE DURANGO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos del senador Andrés Galván Rivas una proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Durango, para que informen sobre las medidas que han implementado para ayudar a los indígenas tepehuanos del poblado de Tierra Colorada, del municipio del Mezquital, Durango.

La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Durango a informar sobre las medidas implantadas para ayudar a los indígenas tepehuanos de Tierras Coloradas, en El Mezquital, tras el ataque perpetrado por un grupo de delincuentes, así como el curso de las investigaciones para esclarecer el caso, suscrita por el senador Andrés Galván Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Andrés Galván Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Durango para que informen sobre las medidas que se han implantado para ayudar a los indígenas tepehuanos del poblado de Tierras Coloradas del Municipio Del Mezquital en Durango, tras el ataque perpetrado por un grupo de delincuentes, así como el curso de las investigaciones para esclarecer el caso, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los indígenas tepehuanos del poblado de Tierras Coloradas, en el municipio de El Mezquital, Durango, fueron víctimas de una terrible agresión que tuvo origen el 26 de diciembre, cuando una decena de hombres encapuchados quemaron prácticamente todo el pueblo. Las autoridades reportaron entre 30 y 40 casas incendiadas, una veintena de autos, la escuela, una tienda de Diconsa y algunos otros inmuebles. Por fortuna los pobladores habían abandonado horas antes el pueblo y se refugiaron en la sierra, pues unos días antes hubo un ataque en el que murió un delincuente, por lo que los indígenas temían por sus vidas y huyeron.

Es indignante conocer que todo un poblado sea víctima de la delincuencia organizada, pero más indignante aún que no se haga lo necesario para brindarles seguridad, protección y sobre todo justicia.

Por ello, es indispensable conocer oficialmente qué medidas están implantando tanto el gobierno federal como el gobierno del estado, en sus respectivas competencias para ayudar a los habitantes del poblado de Tierras Coloradas pero sobre todo para esclarecer el terrible hecho.

No podemos permitir que el ataque a estos indígenas tepehuanos quede impune y que además de lo vivido puedan ser víctimas de un desplazamiento forzado por miedo o por falta de apoyo y protección, pero sobre todo no podemos permitir que no se haga lo correspondiente para esclarecer el caso.

Ya todos conocemos la larga lista de acontecimientos violentos perpetrados contra indígenas, recordemos la matanza Acteal, la de aguas blancas, entre muchas otras, que han dejado terribles secuelas en la sociedad, pues son hechos infames en los que mueren personas inocentes y que han forzado a muchos de los pobladores de dichos lugares a huir y dejar atrás sus comunidades, sus familias, su cultura.

Si bien el ataque a los pobladores de Tierras Coloradas no dejo víctimas mortales que lamentar, si ha dejado a un sin número de personas que perdieron todo lo que tenían, pero lo más lamentable es que hayan perdido la tranquilidad y que vivan con el miedo constante de ser atacados nuevamente o de caer en mayor pobreza pues se siente a merced de delincuentes.

Por eso hoy el Senado de la República repudia los hechos ocurridos en el municipio de El Mezquital en Durango por el ataque perpetrado contra indígenas tepehuanos, pero sobre todo, como representantes populares queremos conocer las acciones de las autoridades ante tan lamentable hecho.

Es por los argumentos anteriores que el suscrito somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Durango para que –dentro sus facultades correspondientes– informen  sobre las acciones implantadas para proteger y apoyar a las familias afectadas evitando su desplazamiento, así como las medidas y el curso de las investigaciones que correspondan a efecto de esclarecer el caso y encontrar a los culpables.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senador Andrés Galván Rivas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna su propuesta a la Primera Comisión.

PRECIOS DE GASOLINAS Y DIESEL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y diesel en lo que resta del 2011, para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Con el permiso de la Mesa Directiva.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo tiene usted.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:En México, los precios de las gasolinas y el diesel los regula y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque es el Ejecutivo federal quien tiene la facultad de establecerlos conforme a la ley y de acuerdo a los criterios de eficiencia económica y condiciones del mercado.

Desafortunadamente, al no estar regulada la metodología de fijación de los precios de energéticos en nuestro país, se ha caído en excesos y abusos en perjuicio del público consumidor, por lo que es urgente rectificar dicha atribución en beneficio de la economía del país y de todos los mexicanos.

La Secretaría de Hacienda mensual o semanalmente autoriza a Pemex los precios al público de las gasolinas y el diesel. La gestión de la actual administración en esta materia ha sido errónea al provocar desigualdades entre los diversos sectores productivos del país y lesionar la economía de todos los mexicanos.

La arbitrariedad con que se han dado estos aumentos se refleja en 71 incrementos que se han realizado a las gasolinas durante la administración de Felipe Calderón.

De acuerdo con el Banco de México el acumulado de la inflación durante los cuatro años de este gobierno es de 19.51 por ciento. Sin embargo, los aumentos de las gasolinas son por mucho superiores. Así, por ejemplo, el diesel al 1 de diciembre de 2006 tenía un precio de 5.70 pesos por litro. Para el 31 de diciembre de 2010 su costo fue de 9.12 pesos por litro, lo que significa que en cuatro años aumentó 3 pesos con 42 centavos cada litro de diesel, lo cual representa un aumento de 60 por ciento contra el 19.51 de la inflación reportada.

La gasolina magna al inicio de esta administración tenía un precio de 6.74. Su valor a finales de 2010 fue de 8.76, lo que significa un incremento de 2 pesos con 2 centavos, representando un aumento de 30 por ciento contra el 19 ya referido de la inflación.

La gasolina más cara, que es la Premium, tenía un precio de 8.29 por litro y cerró el 2010 con un costo de 10.10, aumentando 1 peso con 81 centavos, lo cual representa un incremento del 22 por ciento.

En los tres casos expuestos los aumentos son por mucho superiores a los referenciados en los índices de inflación anualizada, reportados por el Banco de México, y que predicen supuestos impactos inflacionarios serios a la economía de nuestro país. Si a esto le agregamos que el salario mínimo en este año aumentó en 2 pesos y que parece por la previsión que se da y por la percepción en la población que es muy poco este aumento, pues nos da la impresión de que estamos hablando de la política de La Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos.

Y, finalmente con el aumento que se ha dado a las gasolinas, nosotros encontramos también un referente muy importante en el sentido de que a los trabajadores de Notimex se les ofrece aumentar su salario sólo en un 3 por ciento.

Bajo estas condiciones y en virtud de que no hay un control a la metodología para regular los precios de las gasolinas y el diesel, cuyos aumentos están provocando un alza generalizada de precios en todo el país, pongo a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, a fin de que se exhorte al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y el diesel en lo que resta de 2011, con la finalidad de atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público consumidor en general. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política; y 58 a 60, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general por el uso de sus automotores, evitando confrontaciones que pongan en riesgo la economía del país.

Ante las múltiples manifestaciones de rechazo y repudio de la sociedad en su conjunto por los constantes incrementos de los precios de las gasolinas y del diesel, es necesario conocer el comportamiento que éstos han tenido desde el 1 de diciembre de 2006. Con el Ejecutivo federal, Felipe Calderón, a cuatro años de distancia, se refleja una anarquía en los métodos y procedimientos para fijar estos precios oficiales al consumidor, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Marco jurídico

Precios de combustibles

En México, los precios al público de las gasolinas y del diesel los regula y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque el Ejecutivo federal tiene la facultad de establecer dichos precios, con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que dicha dependencia se la encarga de tales funciones atendiendo los criterios de eficiencia económica y condiciones del mercado.

Lamentablemente, por no estar regulada la metodología de fijación de los precios de energéticos en el país, se ha caído en excesos y abusos en perjuicio del público consumidor, que es urgente rectificar en beneficio de la economía del país y de las clases populares.

La SHCP mensual o semanalmente autoriza a Petróleos Mexicanos (Pemex) los precios al público de las gasolinas Magna y Prémium, así como del diesel comercializado por Pemex Refinación, que a través de la Gerencia de Políticas y Desarrollo Comercial, Subgerencia de Estrategia de Precios, se transmitan para su comercialización.

Precios de gasolinas y de diesel en 2007

El 1 de diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón asumió el encargo, el precio de la gasolina Magna era de 6.74 pesos. La Prémium costaba 8.29 y el diesel 5.70, por litro. La política de incrementos consistía en incrementar de 2 a 4 centavos por litro, cada primero de mes, buscando equiparar el impacto inflacionario decretado por el Banco de México (Banxico), equilibrando los factores económicos por el uso de los energéticos.

En septiembre de 2007, el presidente Calderón anunció la congelación de precios de la gasolina Magna y el diesel, medida populista “para evitar daños a la economía de las familias con menores ingresos”. No subieron la Magna ni el diesel, pero la Prémium continuó con aumentos mensuales.

En resumen, en 2007 la Magna de 6.74 pesos el litro, subió 27 centavos para quedar en 7.01, incremento de 4 por ciento. Mientras, la Prémium, de 8.29 el litro, subió 44 centavos y quedó en 8.73, lo que representó 5.3 por ciento de incremento. El diesel, con precio de 5.70 el litro, subió 23 centavos y quedó en 5.93, un aumento de 4 por ciento.

Si comparamos esos incrementos con la inflación general de que informó el Banxico en 2007, que fue de 3.76 por ciento., se observa una política aceptable en ese primer año de gestión del presidente Calderón.

Precios de gasolinas y de diesel en 2008

Para 2008, la metodología aplicada por la SHCP en la fijación de los precios de las gasolinas y el diesel fue de excesos: 33 incrementos en el año, los primeros 6 meses continuaron subiendo los precios de estos combustibles cada día primero.

Para julio, los aumentos fueron semanales, con la única idea de desorientar al público consumidor, con incrementos de 2 a 5 centavos por litro semana a semana.

El diesel inició con un precio de 5.93 pesos por litro, se incrementó en 1.40 para quedar en 7.33. El efecto inflacionario fue brutal para los automotores que mueven la economía del país, la carga pesada de comestibles, bienes y personas. El incremento fue de 23.61 por ciento en un solo año, con módicos 33 incrementos programados por el Ejecutivo federal.

Pese a que la inflación de 2008 anunciada por el Banxico fue de 6.53 por ciento, la más alta en 8 años, los incrementos del precio del diesel representaron 3 veces más que ésta, un exceso de 17 por ciento que afectó negativamente la economía del país, pues el transporte público, entre otras actividades que tienen precios oficiales, no pudo asimilar el aumento de sus costos de operación con las consecuencias ya conocidas de paros escalonados, incendio de automotores y camiones en las carreteras de todo el país, como protesta por los incrementos del diesel.

La gasolina Magna inició 2008 con un precio de 7.01 pesos, subió 69 centavos para quedar en 7.70. El incremento significó 9.84 por ciento, muy por encima de la inflación anual anunciada por el Banxico.

En la misma proporción, la gasolina Prémium, que arrancó con un precio de 8.73 pesos, subió 84 centavos para quedar en 9.57; es decir, casi 10 por ciento de incremento.

En 2008 entró en vigor la modificación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007. La fracción II del artículo 2o.-A de dicho ordenamiento estableció cuotas para la gasolina Magna de 36 centavos por litro, gasolina Prémium de 43.92 centavos por litro y del diesel de 29.88 centavos por litro, para que Pemex y sus organismos subsidiarios, las estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados que realicen ventas de combustibles al público en general trasladen dicha cuota en el precio final al público.

El aumento fue gradual de 2 centavos por mes, durante 18 meses, hasta llegar a la cuota arriba mencionada para cada producto. Lo negativo de los incrementos de los precios de las gasolinas y del diesel es que los aumentos fueron hasta de 25 centavos mensuales, 10 veces más de la cuota del IEPS autorizada por la Cámara de Diputados. Es decir, hubo un libertinaje al amparo de la autorización de esta cuota que se entrega mensualmente a los gobiernos estatales y que representan una aportación de 22 mil millones de pesos anuales.

Precios de gasolinas y de diesel en 2009

Ante el rechazo generalizado de los sectores productivos del país por los 33 incrementos de los precios de los combustibles líquidos tenidos en el año anterior, el presidente Calderón dio un cambio en sus decisiones, al anunciar el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, ya cuando el daño estaba hecho, aumentando hasta la cuarta parte del precio de los combustibles, como fue el caso del diesel, rebasando toda proporción económica entre los factores de producción y consumo del país.

Los precios de las gasolinas Magna y Prémium se congelaron hasta el 18 de diciembre de 2009. No respetó su palabra y pacto, y volvió a haber incrementos semanales en estos combustibles. La Magna inició en 7.70 el litro, subió 10 centavos para quedar en 7.80, tuvo un efecto de sólo 1.3 por ciento, mientras que la Prémium se congeló en 9.57 todo el año.

En el caso del diesel no se respetó ese acuerdo y el presidente Calderón autorizó 18 incrementos: inició con un costo de 7.33 el litro, subió 83 centavos para finalizar en 8.16. El incremento representó 11.32 por ciento en un combustible que mueve al país, que utilizan los automotores pesados con la carga de bienes, comestibles y de personas. Si se compara con la inflación decretada por el Banxico para 2009, de 3.57 por ciento, el aumento del diesel fue 3 veces mayor.

Precios de gasolinas y de diesel en 2010

En 2010, los precios de la Magna, de la Prémium y del diesel fueron incrementados en 12 ocasiones, el segundo sábado de cada mes, sin oficio, sin metodología y con el único afán de desorientar al público consumidor. La Magna arrancó con 7.80, subió 96 centavos para quedar en 8.76. El efecto fue de 12.3 por ciento, muy superior a la inflación anual, de 4.40, reportada por el Banxico.

La gasolina Prémium inició con un precio de 9.57 el litro, subió 53 centavos para terminar en 10.10, un efecto de 5.5 por ciento, mientras que el diesel costó al arranque del 2010 8.16 el litro, subió 96 centavos para finalizar en 9.12, lo cual refleja 11.8 por ciento de incremento.

En el caso de la gasolina Magna y del diesel, que representan 95 por ciento de los combustibles que se consumen en el país, el efecto inflacionario fue de 12 por ciento en números cerrados, 3 veces más que la inflación oficial del Banxico. Los precios fueron desfasados respecto a la realidad económica de los sectores de la producción y el servicio del país.

Conclusiones

La gestión del presidente Calderón en materia de fijación de precios de energéticos en las gasolinas y el diesel ha sido errónea, pues ha provocado desigualdades entre los sectores productivos del país: hasta los particulares que sin tener la posibilidad usar automóvil propio pagan excesivo costo de los combustibles en todo lo que se consuma por efecto del pago en transporte que llega a niveles muy superiores a la realidad de la economía del país.

71 aumentos en 4 años

La arbitrariedad con que se dieron estos aumentos se refleja en los 9 incrementos de 2007, 33 en 2008, 17 en 2009 y 12 en 2010. Las gasolinas en México han subido en 71 ocasiones en los 4 años de gobierno de Felipe Calderón.

El diesel inició el 1 de diciembre de 2006 con un precio de 5.70 el litro, y al 31 de diciembre de 2010 su precio era de 9.12. Se ha incrementado 3.42 pesos cada litro, lo que representa un aumento de 60 por ciento.

La gasolina Magna inició el 1 de diciembre de 2006 con 6.74, al 31 de diciembre de 2010 el precio por litro era de 8.76. En cuatro años ha subido 2 pesos con 2 centavos, que significa un aumento de 30 por ciento.

La gasolina más cara es la Prémium, que representa sólo 5 por ciento de los combustibles vendidos en el país, con precios prohibitivos, en varias ocasiones, superiores a los que rigen en Estados Unidos, como marco de referencia del mercado internacional de los combustibles. Inició la gestión del presidente Calderón con un precio de 8.29, subió 1.81 pesos para quedar el 31 de diciembre de 2010 en 10.10, teniendo el efecto de 22 por ciento.

Todos estos aumentos, muy superiores a los referenciados a los índices de inflación anualizada reportada por el Banxico y que predicen efectos inflacionarios serios en la economía del país.

La política señalada por la SHCP no sólo rebasa los factores económicos de la economía, en materia de costos energéticos, sino pretende homologar los precios internos con los internacionales de los combustibles, referenciados a los que rigen en el mercado de Estados Unidos de América.

Hay iniquidades sustantivas por señalar en esta equívoca pretensión de la SHCP:

a) La capacidad de compra de los ciudadanos estadounidenses es muy superior a la que rige aquí: mientras que un trabajador en México gana 59.82 pesos de salario por día, en el país del norte un trabajador los gana en una hora. Por tanto, puede adquirir sin problema los combustibles a esos precios.

b) La calidad de las gasolinas y del diesel en el país no es la misma con que se vende en Estados Unidos de América: la gasolina regular equiparada con la Magna de México, de 87 octanos, ni la Prémium, con el mismo nombre en el país del norte, que tiene las características de 92 octanos, son de distinta especificación técnica en cuanto a las partes por millón de azufre, que rigen las normas internacionales y la aplicable en México, que es la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental”.

c) Sólo la gasolina Prémium en México cumple las 15 partes por millón de azufre, que establece como parámetro internacional en calidad de gasolinas.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general por el uso de sus automotores, evitando confrontaciones que pongan en riesgo la economía del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Su proposición se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora el senador Adolfo Toledo Infanzón, para presentar proposición con punto de acuerdo que solicita al titular de la Conagua que informe a esta soberanía respecto de las acciones y obras programadas para el 2011 en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que se presenten en el país.

El senador Adolfo Toledo Infanzón:Gracias, diputado presidente. Señores legisladores y señoras legisladores, el agua reviste una significativa importancia al ser un recurso estratégico para las personas y  para las actividades que ellas realizan en todos los ámbitos.

De ser un recurso abundante y puro ha pasado en los últimos años a ser un recurso escaso y contaminado, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional para todas las naciones.

Hoy de los 653 acuíferos existentes en el país, 101 se encuentran sobreexplotados y 69 cercanos a la sobreexplotación. Además, el 36 por ciento de los ríos y lagos del país se encuentran contaminados.

Como resultado del crecimiento demográfico y la expansión y diversificación productiva, los recursos hídricos se han visto seriamente afectados tanto en su cantidad como en su calidad. En casi 60 años la disponibilidad del agua por habitante disminuyó en 4 veces.

A todo ello se suman las consecuencias del cambio climático que han hecho que las ciudades y poblaciones se vuelvan cada vez más vulnerables ante estos fenómenos. Siendo esto una de nuestras principales preocupaciones, particularmente por las intensas lluvias que se han presentado en los últimos años en diversas regiones del país, y que han ocasionado severos daños a la población.

La Comisión Nacional del Agua ha reportado que las lluvias atípicas y los huracanes del año pasado evidenciaron la vulnerabilidad nacional ante los fenómenos meteorológicos extremos, que además se ven agravados año con año por el cambio climático.

Consecuencia de lo anterior reportaron que el número de municipios el año pasado, con declaratorias de emergencias, se incrementó más del doble, pasando de 110 en 2009 a 367 en 2010.

En este sentido, y dado que se prevé que los fenómenos meteorológicos atípicos derivados del cambio climático se sigan presentando, es indispensable tomar previsiones y acciones con oportunidad para evitar los cuantiosos daños sociales y económicos que año con año se repiten.

Por ello, consideramos que este es el momento oportuno para hacer un llamado a la Comisión Nacional del Agua para que informe cuáles son las medidas de prevención y control que pondrán en marcha este año, las zonas de riesgos que tienen ubicadas, las obras de infraestructura en marcha, a fin de evitar que nos enfrentemos nuevamente a acciones tardías, improvisadas y que sólo reaccionen ante hechos consumados en la materia.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua informe a esta soberanía cuáles son las acciones y obras programadas para este 2011, en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que año con año se presentan en el país.

Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Conagua que informe a esta soberanía respecto a las acciones y obras programadas para 2011 en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que se presenten en el país, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Adolfo Toledo Infanzón, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El agua reviste una significativa importancia al ser un recurso estratégico para las personas y para las actividades que ellas realizan, en todos los ámbitos.

De ser un recurso abundante y puro, ha pasado en los últimos años a ser un recurso escaso y contaminado, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional para todas las naciones, México no es la excepción.

Hoy de los 653 acuíferos existentes en el país, 101 se encuentran sobreexplotados y 69 cercanos a la sobreexplotación. Además, 36 por ciento de los ríos y lagos del país se encuentran contaminados.

Como resultado del crecimiento demográfico y la expansión y diversificación productiva, los recursos hídricos se han visto seriamente afectados, tanto en su cantidad como en su calidad. En casi 60 años, la disponibilidad del agua por habitante disminuyó en 4 veces.

A todo ello, se suman las consecuencias del cambio climático que han hecho que las ciudades y poblaciones se vuelvan cada vez más vulnerables ante los fenómenos hidrometereológicos. Siendo esto, una de nuestras principales preocupaciones, particularmente por las intensas lluvias que se han presentado en los últimos años en diversas regiones del país, y que han ocasionado severos daños a la población.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reportado que las lluvias atípicas y los huracanes del año pasado evidenciaron la vulnerabilidad nacional ante los fenómenos hidrometereológicos extremos, que además se ven agravados año con año por el cambio climático y afectan particularmente a las poblaciones ubicadas en sitios de riesgo que, en muchas ocasiones, también son las más pobres.

Consecuencia de lo anterior, reportaron que el número de municipios el año pasado con declaratorias de emergencias se incrementó más del doble,  pasando de 110 en 2009 a 367 en 2010. De igual forma, los municipios con declaratoria de desastre natural casi se cuadruplicaron, pasando de 118 en 2009 a 586 en 2010.

En este sentido, y dado que se prevé que los fenómenos meteorológicos atípicos derivados del cambio climático se sigan presentando, es indispensable tomar previsiones y acciones con oportunidad para evitar los cuantiosos daños sociales y económicos que año con año se repiten.

Por ello, consideramos que este es el momento oportuno para hacer un llamado a la Comisión Nacional del Agua para que informe cuáles son las medidas de prevención y control que pondrán en marcha este año, las zonas de riesgos que tienen ubicadas, obras de infraestructura en marcha, a fin de evitar, nos enfrentemos nuevamente a acciones tardías, improvisadas y que sólo reaccionan ante hechos consumados en la materia.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua que informe a esta soberanía cuáles son las acciones y obras programadas para este 2011 en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que año con año se presentan en el país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador. Su proposición se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La senadora María del Socorro García Quiroz presenta proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que informe sobre el número de mexicanos afectados por el consumo de drogas, alcohol y tabaco, así como el número de muertos por el consumo de drogas en nuestro país de 2005 a la fecha, las medidas de prevención y atención que se han aplicado para disminuir esta tendencia.

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre el número de mexicanos afectados por el consumo de drogas, alcohol y tabaco, el de muertos por el uso de éstas de 2005 a la fecha, y las medidas de prevención y atención aplicadas para disminuir la tendencia, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María del Socorro García Quiroz, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La atención que el Estado, la familia y sociedad, en general, proporcionen a la niñez y juventud mexicana será fundamental para lograr una estabilidad económica, política y social en nuestro país en los próximos años.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad ha aumentado de un 5 por ciento observado en 2002 a un 5.7 por ciento en este periodo. Las drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas) aumentaron de 4.6 a 5.2 por ciento.

Los datos de la encuesta indican que los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen más probabilidad de usar drogas cuando están expuestos a la oportunidad de hacerlo. Asimismo, el inicio en el consumo de tabaco y de alcohol anterior de los 18 años incrementa la probabilidad de usar otras drogas.

De igual forma, existe la probabilidad de que una persona se involucre en el consumo de drogas, tabaco o alcohol si algún miembro del núcleo familiar lo hace, y la probabilidad es aún mayor cuando se trata de un amigo.

Dada la importante relación entre el consumo de alcohol y el de drogas, es importante realizar programas de prevención integrados, que incluyan todos los tipos de sustancias, ya que el consumo es considerado uno de los factores que exacerba las conductas suicidas.

En este sentido, resulta importante mencionar que por parte del gobierno federal existe una nula atención a los programas enfocados a los jóvenes y en particular la prevención del consumo de drogas, según cifras de la secretaría de gobernación respecto a los gastos ejercidos en materia de publicidad gubernamental, se han dejado de privilegiar la promoción a este tipo de programas, por ejemplo los Centros de Integración Juvenil, AC, asociación incorporada a la Secretaría de Salud, desde 1969, que tiene como objetivo atender y prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes, del 2006 al 2010 la publicidad gubernamental ejercida para este programa es de 0.00, solamente en el 2008 se ejerció 114 mil 54 pesos.

Estas cifras contrastan con los discursos de combate al narcotráfico, utilizados por el Ejecutivo federal, que inicio bajo el argumento “para que las drogas no se acerquen a tus hijos”,pero paradójicamente hoy el miedo invade a nuestros hijos que han sido víctimas de la violencia, debido a una mala estrategia por parte del gobierno federal en el combate al narcotráfico.

Siendo así, el panorama para nuestros jóvenes y niños hoy es desolador, un gobierno que no se preocupa por generar fuentes de empleos, por privilegiar la educación y por prevenir el consumo de drogas, con lo cual hacen incrementar el índice de suicidios. La Organización Mundial de la Salud estima que la tasa mundial de mortalidad por suicidio es de aproximadamente un millón al año, por lo que hizo un llamado para incrementar las redes de apoyo social y las relaciones sociales, especialmente en aquellas personas que presentan un mayor aislamiento social.

Sin incluir las necesidades de tratamiento para tabaco y alcohol, existen 428 mil 819 personas que requieren de atención especializada y 3 millones 869 mil 93 que requieren de intervenciones breves.

No obstante, sólo el 16 por ciento de la población acude a tratamiento y no se tiene información referente al porcentaje de personas que lo terminan satisfactoriamente.

Por otro lado, es importante mencionar que el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública en México, según lo señala Guilherme Borjes, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”, quien explicó que de 1970 a 2007 el suicidio creció de manera alarmante en 275 por ciento y se incremento de manera vertiginosa en el grupo de edad de 15 a los 29 años. Este porcentaje ubica a nuestro país con una problemática aguda por arriba de naciones como Japón, Estados Unidos, Brasil y la India.

El estudio “Conducta suicida en adolescentes y adultos jóvenes en la Encuesta Nacional de Adicciones 2008” realizado por varias instituciones entre ellas el Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Mexicano de la Juventud, el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes menores de 15 años. En más de la mitad de los casos se detectó que el suicida había ingerido algún tipo de sustancia tóxica.

En este contexto, resulta de la mayor relevancia que el gobierno federal y el Sistema Nacional de Salud, den a conocer información completa sobre la situación que enfrenta México en este rubro, así como las acciones y resultados que se han registrado para el combate del abuso de drogas y alcohol.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que ninguna lucha contra el narcotráfico puede tener resultados exitosos, si no se atiende el grave problema del consumo y las adicciones, que se generan por fenómenos sociales complejos; dando pie al constante incremento de la demanda, que fortalece a los criminales a costa de las familias mexicanas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, remita un informe detallado sobre las medidas y resultados de los programas prevención y atención que se han aplicado para disminuir el consumo de drogas así como el número de muertes por sobredosis; exhortándola a fortalecer y actualizar los mismos a las necesidades de los distintos sectores de la población.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación en colaboración con la Secretaria de Salud, se realicen campañas constantes de prevención, promoción y atención, al consumo de drogas en los distintos medios de comunicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 19 de enero de 2011.— Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pero la senadora García Quiroz, considerada como es siempre, ha decidido que se turne directamente a la Comisión. Después de turnarlo a la Primera Comisión de Trabajo.

Slicito a la Secretaría dé lectura a los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DIA

El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura del orden del día de la siguiente sesión.

«Primer receso.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 26 de enero de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Presentación del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 14:56 horas): Recuerdo a los señores legisladores que la próxima sesión de la Comisión Permanente será su última sesión de trabajo, puesto que la siguiente será el primero de febrero, exclusivamente para rendir informes y clausura.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 14:56 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles, 26 de enero de 2011, a las 11 horas.

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LEY ORGANICA DEL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: También se recibió iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 7o., de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, suscrita por las diputadas María de Lourdes Reynoso Femat y Rosa Adriana Díaz Lizama La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, suscrita por las diputadas María de Lourdes Reynoso Femat y Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN María de Lourdes Reynoso Femat y Rosa Adriana Díaz Lizama, diputadas de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para Adicionar una Fracción XII, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El acceso a los servicios financieros de todas las personas, está relacionado con el concepto de inclusión financiera, el cual, desde una visión más aceptada, implica la penetración y el ofrecimiento de servicios de calidad a todos los segmentos de la población Lo anterior, significa que con el acceso a los servicios financieros, las familias y las empresas en sus distintas dimensiones pueden movilizar ahorros, recibir créditos, administrar riesgos y participar en los sistemas de pagos. Lo anterior, no es un tema menor ya que existe un consenso internacional respecto a que la inclusión financiera conlleva a una serie de beneficios sociales que incluso, contribuye a generar impactos positivos en la disminución de la pobreza La inclusión financiera, en este sentido, es el primer paso para generar información y construir indicadores a fin de conocer con precisión quienes tienen acceso y a qué tipo de servicios, sólo así, se podrá conocer cuáles son los costos y las razones del porqué, algunos segmentos sociales no tienen acceso a dichos servicios; además, a partir de esta información, se podrá plantear en su momento un acceso universal a dichos servicios a fin de beneficiar al total de la población en el país Por otro lado, será posible entender cuáles son las razones perniciosas por las que no es posible que las personas y las empresas accedan a dichos servicios y así puedan ser corregidas a tiempo a fin de garantizar dicha accesibilidad; en consecuencia, se podrá facilitar la toma de decisiones respecto a los servicios requeridos por los sectores sociales excluidos y así, incorporarlos La generación de cifras, su recopilación y la construcción de indicadores, permitirá comprender el uso que las familias y las empresas hacen de los servicios actualmente existentes y así, en caso de ser necesario, generar nuevos productos que permitan la adecuada aplicación de la inclusión financiera Sin embargo, el mero acceso a los servicios y productos financieros, no garantiza el uso de éstos, pero es importante que las personas y las empresas decidan de manera voluntaria excluirse de dichos servicios y productos, pero no por falta de información o de oportunidades si no por una decisión debidamente informada, lo que permitirá en su momento, establecer nuevos y mejores productos a los que deberá incorporarse una alta calidad a fin de dotar a la población de sucursales cerca de sus localidades o zonas habitacionales En éste sentido, actualmente, la Ley de Instituciones de Crédito, faculta a la banca múltiple para que realice operaciones a través de terceros y comisionistas (artículo 46 Bis 1) con la finalidad de posibilitar que un mayor número de personas tenga acceso a los servicios financieros Por lo anterior, en la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), se establece que ésta, es una institución de banca de desarrollo por lo que también debe poder realizar operaciones a través de terceros y comisionistas, pues es una institución que se enfoca preponderantemente al sector de ahorro y crédito popular, siendo el instrumento clave para permitir la universalización de los servicios financieros En este sentido, la presente reforma, permitirá que Bansefi, extienda sus servicios en todo el país; en especial, en aquellas zonas en donde la banca comercial no brinda servicios, pudiendo ser suplida dicha deficiencia por terceros de forma directa o a través de comisionistas Este hecho, es relevante si consideramos que, de acuerdo a la Condusef, en el 2006, casi 14 millones de mexicanos no contaban con la posibilidad física de acceder a los servicios financieros. Asimismo, es importante considerar que en ese año, sólo 719 municipios de los 2 mil 400 existentes, eran atendidos por la banca múltiple Así, a la luz de los argumentos anteriores, se considera conveniente, facultar a Bansefi, para que realice operaciones a través de terceros o comisionistas, y genere datos, recopile cifras y construya indicadores a través de los organismos competentes, a fin de permitir que un mayor número de personas, en especial el segmento popular, cuente con servicios financieros de alto nivel y de calidad acorde a su perfil Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual, se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para adicionar una fracción XII Artículo Primero. Se adiciona una fracción XII, al artículo 7 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional para quedar como sigue: Capítulo IIObjetivos y operaciones Artículo 7. La institución, con el fin de fomentar el desa-rrollo integral del sector y promover su eficiencia y competitividad, en el ejercicio de su objeto estará facultada para: I. a XI. .. XII. Pactar con terceros, incluyendo a otras instituciones de crédito o entidades financieras, la prestación de servicios necesarios para su operación, en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito La institución deberá contar con la infraestructura necesaria para la adecuada prestación de servicios y realización de operaciones, en las distintas regiones del país y en su caso, en el extranjero La institución recopilará información y cifras que permitan a las unidades competentes generar estadísticas y construir indicadores a fin de universalizar el acceso a los servicios financieros a las familias y las empresas de acuerdo a su perfil Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputada María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados LEY GENERAL DE SALUD El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77  de la Ley General de Salud, suscrita por las diputadas María de Lourdes Reynoso Femat y Rosa Adriana Díaz Lizama La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, suscrita por las diputadas María de Lourdes Reynoso Femat y Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN Las diputadas María de Lourdes Reynoso Femat, y Rosa Adriana Díaz Lizama de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presentan ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos Los niños y las niñas en cualquiera de las etapas de su vida son altamente vulnerables debido a su dependencia de los adultos Por ello, nuestra legislación debe ser actualizada permanentemente para garantizar sus derechos y así mantener su esfera jurídica protegida, de tal manera que no existan razones bajo las cuales sus derechos humanos puedan ser afectados; esencialmente cuando por alguna razón durante la infancia se padece alguna una enfermedad y más aún, cuando exista una enfermedad mental debidamente diagnosticada En este sentido, los tratados internacionales ratificados por nuestro país son una referencia obligada para perfeccionar nuestra legislación en todo aquello que proteja en mayor medida a las personas, en este caso, la transposición en nuestra legislación de aquellos que amplían y propician la progresividad de los derechos de la niñez Entre los principales instrumentos, se encuentran • La Declaración de los Derechos del Niño, conocida como Declaración de Ginebra y adoptada por la Liga de Naciones en 1924 • La Declaración de Ginebra, revisada y ampliada en 1948; • La Declaración de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas, adoptada unánimemente por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1959 y; • La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de la ONU, que fue aceptada unánimemente por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989 En sus 54 artículos se definen los derechos, los principios universales y las normas para garantizar a la infancia una vida plena; a la luz de lo anterior, estamos ante el único tratado internacional de derechos humanos que abarca todo el espectro de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Incluye los derechos económicos y sociales, con el reconocimiento de que estos han de ser alcanzados progresivamente y dependen de los recursos de los que dispone el estado Es importante destacar que la CDN, ofrece los más altos niveles de protección y asistencia a menores en comparación con cualquier otro instrumento internacional. Lo anterior significa que sus niveles de protección van más allá de los habitual en materia de salud, educación y bienestar; además se definen aquellos derechos que se refieren a la personalidad individual del niño, su libertad de expresión, religión, asociación y asamblea, así como su derecho a la intimidad Cabe mencionar en este orden de ideas, que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), es el instrumento que más han ratificado los países en relación a todos los tratados existentes. Hasta marzo del 2003, por ejemplo, había sido ratificado por todos los países del mundo excepto dos: Estados Unidos, que lo ha firmado pero no ratificado; y Somalia, que no tiene un gobierno reconocido que pueda ratificarlo Lo anterior nos permite visualizar que todos los niños al interior de sus países deben ser protegidos por normas de la legislación internacional contra la esclavitud y el comercio de esclavos; tortura u otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante; discriminación racial sistemática o la detención arbitraria prolongada. Este último punto es importante, ya que cuando no existe claridad en la legislación sobre el tratamiento a seguir en el caso que la infancia padezca enfermedades, esta vulnerabilidad se ve agravada cuando se padecen o se presumen enfermedades mentales que de no ser adecuadamente diagnosticas o tratadas, provocan efectos secundarios y secuelas irreversibles en la personalidad, que serán determinantes para su adecuado desarrollo y vida en sociedad, independientemente de la discriminación y exclusión de la que son objeto. Por lo tanto, es importante que se genere una legislación que tienda a proteger a los niños de cualquier posibilidad que pueda afectar sus derechos humanos La adecuada atención debe ser garantizada por los padres, tutores, custodios o quienes ejerzan la patria potestad de los menores, por tal motivo, debe precisarse este punto ya que no puede ser una autoridad educativa, maestro o cualquier persona quien canalice o condicione a los niños respecto a la atención de su salud mental, ya que esto vulnera su esfera jurídica. La reflexión anterior plantea que es más deseable que actúen en conjunto con quienes ejercen de manera legal la patria potestad. Al respecto, para que no existan dudas sobre el particular, la Ley General de Educación, establece cuál debe ser su participación al respecto, destacando que no pueden condicionar su estancia en las escuelas, ni medicarlos o proponer su medicación, si esto no está debidamente diagnosticado y tratado Es así que la canalización, el condicionamiento, el confinamiento o internamiento involuntario para el tratamiento de las personas con discapacidad intelectual, puede ser contraproducente, ya que las priva del derecho a la libertad y lesiona su dignidad; más aún, porque no ha violado ley alguna, por tanto, cualquier práctica en este sentido –por su carácter discriminatorio– debe abolirse y garantizar a los niños y a las niñas el pleno goce de todos sus derechos Lo anterior, con base en nuestra Constitución Política que consagra el derecho a la salud menciona en su párrafo tercero del artículo 4o. lo siguiente “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” Por lo anterior es de suma importancia revisar la integridad de la situación de las personas que padecen trastornos mentales, esencialmente cuando se trata de proporcionar un tratamiento y observar su adecuado desarrollo en la sociedad, comenzando por el marco regulatorio que establece la Ley General de Salud; más aún, porque en la actualidad los trastornos mentales aquejan a un gran número de personas, esencialmente a la infancia que en muchos casos es incomprendida porque ante situaciones de su comportamiento, se suele confundir con un padecimiento que requiere medicación o tratamiento y que muchas veces en vez de propiciar un mejoramiento de su situación, provoca daños irreversibles en su integridad fisiológica Es importante tomar en cuenta que se deben garantizar los derechos humanos, las libertades fundamentales y los derechos generales de los niños y las niñas bajo el principio que todas las personas tienen derecho a una atención disponible e integral de alta calidad en materia de salud mental. Es decir, quienes padezcan una enfermedad mental, o que estén siendo atendidas por esa causa, serán tratadas con respeto a la dignidad inherente de la persona en el marco de la doctrina de los derechos humanos La Declaración de Caracas, en este sentido, es un documento de gran importancia sobre la salud mental en Latinoamérica. Ha servido de referencia para defensores de los derechos humanos en el continente y con el paso del tiempo ha demostrado la necesidad de mantenerse en vigor. Por esta última razón, los convocantes de la conferencia mencionada, ratificaron lo asentado en la Declaración de Caracas, mediante los Principios de Brasilia, proclamados en el año 2005, y en los cuales se destacó lo siguiente “Que la Declaración de Caracas consideró que el mejoramiento de la atención era posible por medio de la superación del modelo asistencial basado en el hospital psiquiátrico y su reemplazo por alternativas comunitarias de atención, y por acciones de salvaguarda de los derechos humanos e inclusión social de personas afectadas por trastornos mentales.” Como se puede observar, los documentos emitidos y avalados por las entidades internacionales de mayor importancia en la materia, ponen un especial énfasis a la protección de los derechos fundamentales de las personas con trastornos mentales, lo que obliga a que en nuestro carácter de legisladores atendamos el tema El anterior documento, funge como una carta de derechos de las personas que padecen trastornos mentales y del comportamiento. Estos principios, han servido de estándar para la actividad regulatoria sobre esta materia en todo el mundo, al preceptuar los principios sobre los que se fundaron las observaciones realizadas en el estudio “Derechos Humanos y Salud Mental en México” Lo antes mencionado, nos lleva a concluir que es importante reformar el artículo 77, a fin de incluir el término custodia, una figura prevista en la legislación civil y que también puede aparecer en esta materia a fin de dar claridad a quienes están obligados a proveer la debida atención a los niños y niñas que se encuentran en esta situación y evitar la ambigüedad de términos como “autoridades educativas” y “cualquier persona,” ya que se puede caer en excesos que afecten los derechos de los niños y las niñas En esta reforma, como ya hemos mencionado, se define cuál es la obligación de los padres, tutores, custodios o quienes ejerzan la patria potestad de los menores, responsabilizándolos de su atención informada en caso de presentar enfermedades mentales y trastornos del comportamiento debidamente diagnosticados ya que esto evita la automedicación o el que se realicen diagnósticos bajo una sola opinión, sin que medie la posibilidad de acudir a otras formas de tratamiento y especialistas que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños que se encuentran bajo estas circunstancias Respecto a la referencia a los artículos 75 y dado el caso el 76 de la Ley General de Educación, se debe a que establecen sin ninguna duda cuál es el papel de las autoridades educativas, los maestros y las personas que tengan contacto con los niños y las niñas en los centros educativos en sus diferentes modalidades y niveles, para dejar en claro cómo deben intervenir y participar cuando algún niño se encuentre bajo estos supuestos Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto Por el cual, se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud para quedar como sigue Artículo Primero. Se reestructuran los párrafos del artículo 77, para quedar como sigue Artículo 77. Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad y por ello la guarda o custodia, serán responsables de la atención informada e inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales. Quienes tengan la custodia permanente o transitoria, el personal docente y cualquier persona que esté en contacto recurrente con los menores, procurarán lo mismo Las autoridades educativas se encargarán de que el personal docente y administrativo cuente con la capacitación necesaria para colaborar con los padres o tutores cuando el menor haya sido diagnosticado con algún padecimiento mental, a fin de complementar su tratamiento con las actividades escolares. Lo anterior, con estricta observancia de lo que en la materia establecen las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 75 de la Ley General de Educación A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de enfermos mentales Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputadas: María de Lourdes Reynoso Femat, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados ARTICULO 38 CONSTITUCIONAL El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Las diputadas Nancy González Ulloa y Rosa Adriana Díaz Lizama presentan y envían a esta Presidencia iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Iniciativa que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Nancy González Ulloa y Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN Las que suscriben, Nancy González Ulloa y Rosa Adriana Díaz Lizama, diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente Exposición de Motivos La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contienegarantías que pueden ser suspendidas por los poderes públicos sólo en la forma y en los términos que la Carta Magna establece, de conformidad con lo previsto en los artículos 29 y 38 El artículo 29 menciona que “en los casos de incursión,perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo” El artículo 38 considera que los derechos o las prerrogativas de los ciudadanos se suspenden en los siguientes casos: I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36; II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, por contar desde la fecha del auto de formal prisión; III. Durante la extinción de una pena corporal; IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión La suspensión de los derechos de los ciudadanos, según consta en los dos artículos mencionados, se realiza “cuando ocurra una perturbación grave de la paz o por conductas u omisiones atribuibles a los gobernados que traigan aparejada una disminución o el menoscabo en el goce de sus prerrogativas fundamentales. En el primero de los casos, la suspensión deberá ser decretada por el Ejecutivo federal con aprobación del Congreso, mientras que en el segundo por la autoridad judicial competente. El supuesto primeramente citado tiene efectos generales, en tanto que el segundo está destinado a individuos en lo particular” Desde la promulgación de la Constitución de 1917, la suspensión de derechos que hace referencia el artículo29únicamente ha sido decretada en una época, cuando el país declaró la guerra a las potencias del Eje, representadas por Alemania nacionalsocialista, la Italia fascista y el imperio japonés durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Por ese motivo, su uso no ha sido motivo de mayores disputas Sin embargo, y dada la periodicidad con que son empleados por los jueces algunos de los supuestos contenidos en el artículo 38, éstos han provocado la atención y la disertación de múltiples y distinguidos tratadistas en materias constitucional y penal La actualización de las presunciones previstas en el texto del artículo 38 se hace depender de cuatro circunstancias fundamentales: 1. La emisión de un auto de formal prisión; 2. El otorgamiento de una orden de aprehensión; 3. Por sentencia ejecutoria en materia penal; o 4.Por resolución que sancione el incumplimiento de uno de los deberes contenidos en el artículo 36 o la vagancia y la ebriedad consuetudinaria El citado incisoD aún comprende conceptos propios de la primera mitad del siglo XX, que hoy han quedado rebasados Es cierto que el Constituyente y el legislador secundario consideraron necesariosancionar la vagancia y el alcoholismo, con la clara idea de favorecer el trabajo y la forma honesta de vida, pero en la práctica mientras talesnormas tuvieron vigencia, al menos en el ámbito penal, su aplicación resultó escasa o, mejor expresado, nula, y, en el peor de los casos, dirigida hacia sectores y personas indefensas y de los estratos más pobres, cuyas posibilidades de defensa eran exiguas o de plano inexistentes. En la época en que fue promulgado imperaba un ambiente proclive a la “ley seca”, como posteriormente ocurrió en algunos estados de la federación; Sonora y Tabasco, por dar un ejemplo, y con resultados negativos y persecutorios En la actualidad, según ha establecido la ciencia médica, lasvíctimas del alcoholismo ya no se consideran viciosos sinoenfermos que requieren la atención tanto de los sistemas de salud como del prójimo para recuperar así su desarrollo personal e integridad física Atrae la atención lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1991, a través de lo cual fueron derogados los artículos 255 y 256 del Código Penal Federal, que preveían como conductas ilícitas la vagancia y la malvivencia. De manera semejante han procedido diversos congresos locales. Es también claro que en la materia electoral se ha procedido de manera semejante, ya que el Instituto Federal Electoral en sus deliberaciones actuales ya no se ha ocupado de las tipificaciones de “vagancia” o “ebriedad consuetudinaria”. En el caso de la ebriedadpor sí misma desde hace varios años ya no es motivo de sanción penal, sino el hecho de que ésta se traduzca en la violación de undeber, como ocurre, por ejemplo, con los que provocan daños en propiedad ajena o lesiones como producto del mal uso de las bebidas En la lógica de que si la legislación secundaria ha desincorporado la vagancia y la ebriedad del catálogo de conductas punibles, con mayor razón la presunción deben ser excluida de la Constitución Por los enunciados expuestos, se propone para aprobación el siguiente proyecto de Decreto Único. Se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 38. .. I. a III. .. IV.Derogada; V. y VI. .. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputadas: Nancy González Ulloa, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados CODIGO PENAL FEDERAL El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 254 y 368 Quáter del Código Penal Federal El diputado Arturo Zamora Jiménez:Muchas gracias, señor presidente. Para nadie es desconocido el hecho recurrente del robo de hidrocarburos en el país a manos de organizaciones criminales Estos hechos generan grave afectación económica a Petróleos Mexicanos y se sigue poniendo en riesgo la vida y patrimonio de mexicanos que viven en zonas aledañas a las instalaciones de la paraestatal o que están expuestos por la proliferación de puntos clandestinos de venta al público de gasolinas, diesel o crudo que han sido sustraídos de las instalaciones de Pemex Recientemente, durante la comparecencia de Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, ofrecimos revisar la legislación penal en esta materia, habida cuenta de la falta de eficacia por parte del gobierno federal para combatir y prevenir este delito, no obstante, la tipificación actual que ofrece el Código Penal Federal al describir modelos de conducta dotados de sanción penal como son los siguientes ejemplos: En el Código Penal Federal se contempla el delito de sabotaje, con pena de 12 a 20 años de prisión. En el mismo Código Penal Federal delitos contra la economía y consumo nacionales, con una pena que va de cuatro a 15 años de prisión. El delito de robo de hidrocarburos que, como todos sabemos, tiene una sanción de 4 a 15 años de prisión y, finalmente, también, por causarse daño a las cosas, lo prevé el 397 del Código Penal Federal con una sanción que va de los 5 a los 10 años de prisión Nos llama poderosamente la atención que de las detenciones que han ocurrido en materia del robo de hidrocarburos y tomando en cuenta que si se aplican las leyes del concurso de los delitos las sanciones para quienes han estado socavando las finanzas de Petróleos Mexicanos serían de 16 años como máximo y hasta 60 años de prisión, nos llama poderosamente la atención que no vemos el ejercicio de la acción penal en toda su extensión, utilizando el gobierno federal estas herramientas Así entonces, nosotros como partido que somos propositivos y que ofrecimos hacer una revisión a la legislación, nos hemos percatado de que en los artículos 254 y 368 del Código Penal Federal se advierte la presencia de una condición de atipicidad, habida cuenta que en esa legislación y en estos artículos solamente se contempla como modo de conducta la que se realiza en los ductos de Petróleos Mexicanos y por los ductos, todos lo sabemos, transita solamente el crudo, de tal suerte que encontramos un vacío de la norma al no contemplarse ni los gaseoductos ni los poliductos como medios causales de la realización de conducta criminal. Finalmente, debemos reconocer que desde la propia ley puede ser un elemento que promueva la impunidad De tal suerte que nosotros estamos presentando en este momento, a la consideración de esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adicionan los artículos 254, en su fracción VII, y 368 Quáter del Código Penal Federal, con la finalidad de cubrir precisamente ese vacío de la norma que encontramos como fruto de aquella comparecencia de la semana que acaba de pasar Quedaría entonces el artículo 254 en los siguientes términos: Fracción VII. La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos, poliductos y gasoductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera, o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria Y el artículo 368 Quáter establecería precisamente la sanción que corresponde al delito de robo de hidrocarburos, aumentada en una mitad cuando se realice en ductos, poliductos, gasoductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera, o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Me parece que ésta es una nueva herramienta que estamos ofreciendo nosotros, como grupo parlamentario, para que evitemos en el futuro los incidentes, los accidentes y las conductas dolosas que han dejado a muchos mexicanos sufriendo. Muchas gracias. Es cuanto «Iniciativa que reforma los artículos 254 y 368 Quáter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI Arturo Zamora Jiménez,diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política  los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos –vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente–, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adicionan los artículos 254, fracción VII, y 368 Quáter del Código Penal Federal con base en la siguiente Exposición de Motivos La industria petrolera nacional representa un logro del nacionalismo revolucionario. A lo largo de los años se ha convertido en un pilar fundamental de la economía nacional, tanto por el sustento que brinda a las finanzas públicas como por el suministro de los energéticos que mueven a nuestro país No obstante, desde hace algunos años se tiene conocimiento de que grupos de delincuentes han realizado afectaciones a la infraestructura petrolera con el fin de sustraer ilícitamente hidrocarburos de las instalaciones en que se depositan o los ductos que los transportan Este tipo de ilícitos no solamente representan un grave daño al patrimonio de Petróleos Mexicanos, y por ende, al patrimonio que detentamos todos los mexicanos, sino que para su comisión se valen de diversos mecanismos que ponen en riesgo a las poblaciones aledañas, a las instalaciones de la paraestatal y los ductos por los que se transportan los hidrocarburos Recientemente hemos debido lamentar la pérdida de vidas y la afectación al patrimonio de los habitantes de San Martín Texmelucan, Puebla, con motivo del incendio originado presuntamente por una toma clandestina en un ducto de Pemex, hecho que pone nuevamente de manifiesto la necesidad de combatir eficaz y eficientemente estos comportamientos, ante los graves riesgos que representan para la población En 1999 se reconoció la necesidad de perfeccionar la norma ya existente desde 1931 a fin de sancionar adecuadamente estos ilícitos. El Congreso Federal, a iniciativa del presidente de la República, aprobó reformas al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales y otras disposiciones diversas, a fin de fortalecer el combate a la delincuencia, las cuáles fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de ese mismo año La iniciativa que dio origen a dichas reformas señalaba en su exposición de motivos: “Las conductas que se traducen en la sustracción de hidrocarburos, aparte de que afectan el patrimonio nacional, ponen en peligro la vida y la seguridad de los núcleos de población ubicados cerca de instalaciones petroleras, por ello, igualmente se someten a la consideración de esta soberanía, la modificación del régimen penal que sanciona esas conductas ”En nuestra legislación estas conductas delictivas han sido parcialmente reguladas, sin embargo, no se prevén elementos específicos fundamentales como son la calidad del sujeto responsable de la comisión del ilícito penal, ni los elementos en los que radica la verdadera peligrosidad y gravedad de la conducta desplegada por los sujetos activos, tales como la alteración, sustracción y aprovechamiento ilegal de hidrocarburos y sus derivados, efectuada de los ductos en que se transportan.” La aplicación, y por ende, interpretación de la norma penal es restrictiva a partir del reconocimiento del principio de legalidad adoptado desde 1917 en el artículo 14 de la norma constitucional, que señala lo siguiente: Artículo 14. .. .. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata .. El principio de legalidad es interpretado  de acuerdo a su significado etimológico en los siguientes términos: Nullum poena, nullum crimen sine lege No hay pena, no hay delito sin ley Este principio se reconoció en su momento como principio de estricta legalidad, con la reforma de 1994 al artículo 16 de la Carta Magna que dispuso: “No podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y a la probable responsabilidad del indiciado” Esta reforma en su momento se vio reflejada en el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales en que se exigía a la autoridad jurisdiccional que se estableciera en la resolución correspondiente de manera precisa el tipo penal motivo del proceso, así como la forma de imputación que se hace (dolo o culpa) y la precisión sobre la forma de autoría o participación en el hecho por parte del que realiza la conducta Si bien la reforma penal de 1999 instituyó nuevamente el concepto de cuerpo del delito como requisito que debe ser acreditado para el libramiento de una orden de aprehensión, ambos conceptos siguen siendo elementos que forman parte de las garantías de seguridad jurídica, que deben rodear todo proceso de naturaleza penal. El cuerpo del delito hace referencia a los elementos objetivos del tipo penal, y la adaptación de la conducta a éste último deberá acreditarse plenamente en el proceso penal El tipo penal es una creación legislativa de conducta que puede acontecer en el mundo fáctico descrita en preceptos legales de un hecho, por tanto el tipo penal descrito en el código tiene como misión proteger bienes jurídicos y en este caso es importante cubrir la gama de acciones antijurídicas que puede ser cometidas para evitar lagunas y cumplir con el fin de la doctrina y la jurisprudencia mexicana en el sentido de que el tipo penal es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley Aunque lo deseable es evitar los hipotéticos casos de las conductas delictivas, en estos dos delitos el legislador acudió al casuismo al redactar los modelos hipotéticos, lo cual siempre está sujeto a interpretacionesin malam parte o bien a la aplicación del principioin dubio typus pro reo; a fin de cumplir con el principio de estricta legalidad y para no dejar lugar a dudas al intérprete de la norma es necesario perfeccionar los delitos contra el consumo y riquezas nacionales, así como el de robo tratándose de conductas realizadas en ductos o en poliductos Por consiguiente, al realizar una acuciosa revisión a los artículos 254, fracción VII, y 368 Quáter del Código Penal Federal, el suscrito advierte la presencia de atipicidad en torno a la falta de inclusión de un elemento descriptivo del tipo penal que en ambos casos el legislador omitió incorporar como parte del medio causal y objeto material de la conducta de autor, los poliductos y gasoductos, habida cuenta que en ambos modelos delictivos se utilizó la técnica legislativa del casuismo frente a un modelo genérico, y al utilizar sólo el término ducto, se hace necesario, para evitar que desde la norma se promueva la impunidad, cubrir el vacío de la norma positiva que se plantea Actualmente, el Código Penal Federal, en su capítulo referente a los delitos contra el consumo y la riqueza nacionales dispone lo siguiente: Artículo 253. Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa, los siguientes: I a V Artículo 254.- Se aplicarán igualmente las sanciones del artículo 253: I. a VI. .. VII.Al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración a equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria, y VIII. .. Por otra parte, en el capítulo referente a robo se dispone: Artículo 368 Quáter. Al que sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de quinientos a diez mil días multa La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria La ley vigente adolece de la precisión que debe caracterizar a las normas penales. Los tipos penales descritos en el artículo 254, fracción VII, y el 368 Quáter hacen referencia únicamente a un comportamiento realizado en ductos, desconociendo que actualmente la industria petrolera se vale de distintos medios para la conducción no solamente de crudo, sino de sus derivados El elemento que distingue al tipo penal descrito en el artículo 254, fracción VII, de otros delitos que afectan el consumo nacional, y que distingue asimismo el artículo 368 Quáter de otras modalidades del delito de robo, es precisamente el objeto material sobre el cuál recae la conducta El objeto material del delito se identifica con el objeto corporal o material hacia donde se realiza la acción, siendo un elemento distinto al bien jurídico que es el objeto de protección. Para el caso que nos ocupa, el objeto material son los hidrocarburos y sus derivados, así como los ductos e instalaciones de la industria petrolera de los cuáles se extraen, mientras que el bien jurídico protegido es el consumo nacional o el patrimonio, según sea el caso En los dos casos señalados, el objeto material específico a que se refiere la sustracción de hidrocarburos, es delictivo cuando se realiza en ductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera, motivo de la agravante de responsabilidad que se estipula en ambos ordenamientos, limitando la conducta a este sólo efecto Se debe señalar que el transporte de petróleo tiene dos momentos definidos: el primero es el traslado de la materia prima desde los yacimientos hasta la refinería donde finalmente será procesada para obtener los productos derivados; el siguiente momento es el de la distribución propiamente dicha, cuando los subproductos llegan hasta los centros de distribución y consumo De esta manera encontramos que en la industria petrolera la palabra ducto se utiliza para referirse principalmente a aquellas tuberías que transportan específicamente petróleo crudo, a través de grandes distancias, desde los yacimientos hasta las refinerías o los puertos de embarque Por otra parte, por gasoducto se entiende aquella tubería para el transporte de gas natural y/o productos petroleros gaseosos, desde el punto de carga hasta una terminal u otro gasoducto y que comprende las instalaciones y equipos necesarios para dicho transporte Finalmente, se denomina poliducto a aquél sistema de transporte que consiste en una tubería compuesta para el traslado de productos derivados del petróleo crudo desde el punto de carga hasta una terminal u otro poliducto. A diferencia de los ductos convencionales -dedicados exclusivamente al transporte de petróleo crudo-, los poliductos transportan una gran variedad de combustibles ya procesados en la refinería, tales como diesel, gasolina Magna, gasolina Premium, etcétera De lo anterior podemos observar que el objeto material sobre el cual pueden recaer las conductas descritas en los artículos 254, fracción VII, y 368 Quáter no son solamente ductos, sino también gasoductos y poliductos, y la falta de previsión en la norma penal promueve la impunidad debido al principio de estricta aplicación de la que es objeto el derecho penal, con motivo del mandato constitucional estipulado en el artículo 14, párrafo tercero, de la Carta Magna ya citado De esta manera, al ser omisa la norma penal en la descripción de las instalaciones que puede ser el medio para la extracción de hidrocarburos, hace posible que el delincuente capturado cometiendo estos ilícitos en poliductos o gasoductos, alegue la falta de tipicidad debido a que el objeto material de la conducta no se encuentra debidamente descrito Por tal motivo, considero necesario hacer la adición correspondiente a los artículos 254, fracción VII, y 368 Quáter a fin de incluir la existencia de poliductos y gasoductos, precisando la norma de manera que los delincuentes que afectan el patrimonio de Pemex y de todos los mexicanos, poniendo en riesgo las vidas de los pobladores aledaños a las instalaciones de la paraestatal, no se valgan de tecnicismos y la falta de precisión en la descripción de los elementos del tipo penal para evadir su responsabilidad En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por virtud del cual se adiciona los artículos 254, fracción VII, y 368 Quáter del Código Penal Federal Único. Se adicionan los artículos 254, fracción VII, y 368 Quáter del Código Penal Federal para quedar como sigue: Artículo 254. Se aplicarán igualmente las sanciones del artículo 253: I. a VI. .. VII.Al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración a equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos,poliductos, gasoductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria; y VIII. .. Artículo 368 Quáter. Al que sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de quinientos a diez mil días multa La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos,poliductos, gasoductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria Transitorios Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).» Presidencia de la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, señor diputado.Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ARTICULO 134 CONSTITUCIONAL La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Iniciativa que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN La suscrita, diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este órgano colegiado, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el párrafo tercero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de ampliar y perfeccionar los criterios para la contratación de bienes y servicios, con recursos públicos Exposición de Motivos El ejercicio de los recursos públicos siempre ha tenido una gran importancia, ya que por un lado, son destinados para que el Estado, en ejercicio de sus funciones y en la realización de sus actividades, pueda satisfacer las necesidades públicas, y, por otra parte, por que normalmente se obtiene de las economías privadas de los gobernados Es indiscutible que las compras y las obras que realiza el sector público, constituyen aspectos trascendentales, por el volumen e importancia que representan, en los que de manera considerable se invierten grandes cantidades de fondos públicos Además, la contratación de bienes, arrendamientos, servicios y obras públicas, por parte del Gobierno, representa un medio jurídico con el que cuenta la Administración Pública para hacer más eficiente la actuación administrativa, ya que permite la colaboración voluntaria de los gobernados en la satisfacción de las necesidades públicas y, además ayuda al desarrollo económico, social y cultural del país El destino y la fuente de esos recursos económicos, son factores que han influido en la sociedad y en el Estado, para crear los instrumentos necesarios para reflejar de manera transparente el gasto público, los cuales deben apegarse a los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados Tales principios han sido elevados a rango constitucional, en el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución General, conforme a los cuales debe sustentarse la aplicación de los recursos económicos de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales Dentro de este contexto, es indiscutible que la eficiencia señalada como uno de los principios en que debe orientarse la administración de los recursos públicos, consiste en alcanzar los fines que se ha propuesto el Estado, de una manera más adecuada, con los medios que se tienen, empleándolos con el mayor cuidado y dedicación. La eficacia que se encuentra vinculada a la eficiencia, constituye un concepto relativo a los resultados deseados, lo cual obviamente se traduce en la satisfacción del interés público. La honradez por su parte, significa el buen obrar de quienes manejan los recursos públicos, lo que implica adecuar la actuación a los principios de moralidad administrativa, que debe regir la conducta de todo servidor público. Por último, la transparencia entraña la necesidad de difundir el uso y destino que se ha dado a los recursos públicos, en armonía con lo previsto por el artículo 6o. de la Constitución federal Es importante mencionar que hasta antes de la reforma constitucional publicada el día 7 de mayo del año 2008, en el Diario Oficial de la Federación, los principios en el uso y destino de los recursos público ya señalados, únicamente obligaban a la Federación y al Distrito Federal; sin embargo, el Constituyente Permanente, consideró que era necesario que los demás órdenes de gobierno del Estado mexicano, también los cumplieran, por lo que se incorporó en el texto constitucional, tanto a los estados como a los municipios Este aspecto es de gran trascendencia en materia de gasto público en el Estado mexicano, toda vez la incorporación de los diversos órdenes de gobierno, como sujetos obligados a la observancia de los enunciados normativos previstos en el artículo 134 en cuestión, implica que éstos igualmente deben cumplir en materia de empleo de recursos públicos, las previsiones referentes a los mecanismos, instrumentos y criterios para la contratación de bienes y servicios En este sentido, debe señalarse que el tercer párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal, establece la figura jurídico administrativa de la licitación pública, como una forma ordinaria a través de la cual, debe llevarse a cabo la  selección del co contratante de los órganos públicos; figura que tiene como finalidad, la obtención de la mejor oferta de compra y de ser el caso, realización de obra pública para el Estado, no sólo en cuanto a precio, sino también en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; dentro de un marco de competitividad u oposición entre los oferentes que se hayan interesado en participar en ese procedimiento de selección Ahora bien, en el orden federal, la regulación de las compras del sector público se complementa con las Leyes de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, y la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como con sus respectivos reglamentos, ordenamientos que desarrollan el procedimiento de licitación pública, los requisitos que deben cumplir los diferentes oferentes, reglas de evaluación de las proposiciones presentadas y otros elementos tendientes a la obtención de la mejor oferta; asimismo, establecen las bases y reglas a que se sujetarán los casos en que se considere que no es idónea la licitación pública Debe mencionarse que en sucesivas reformas a los ordenamientos legales citados en el párrafo anterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los días 7 de julio del año 2005, 2 de julio del año 2008, así como 28 de mayo del año 2009, se incorporaron como criterios para llevar a cabo la contratación a través de licitación de bienes o servicios por parte de la Administración Pública Federal, además del precio, calidad, financiamiento y oportunidad, los correspondientes a: crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente Sin duda que estos criterios, en el uso de los recursos públicos, en materia de contratación de bienes y servicios, vienen a reconocer que no solamente debe prevalecer la tutela por parte del Estado, de un interés económico propio, sino que además, debe de orientarse también a la satisfacción de diversas necesidades sociales, que como se ha señalado, se refieren al crecimiento económico, la generación de empleo, la eficiencia energética, el uso responsable del agua, la optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección del medio ambiente Estos elementos que con la propuesta que someto a consideración del Poder Constituyente Permanente a través de este órgano del Congreso de la Unión, vendrían a detonar en todo el país, el fomento económico y al empleo, así como un medio ambiente sustentable, en virtud de que para la asignación de contratos vía licitación pública, se deberá de tomar en cuenta por los órganos públicos federales, de las entidades federativas y municipales, criterios ya no estrictamente de beneficio económico propio, sino de beneficio social y económico Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea integrante del Congreso de la Unión, y del Poder Constituyente Permanente, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Decreto Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 134. .. .. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad,crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos,  y demás circunstancias pertinentes .. .. .. .. .. .. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Segundo.Los Poderes Legislativo y Judicial federales, así como el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aquellos organismos que cuentan con autonomía otorgada por las leyes, deberán adecuar sus disposiciones, a lo previsto en este decreto, a más tardar doce meses contado a partir de su entrada en vigor Tercero.Los órganos legislativos de las entidades federativas, deberán adecuar las constituciones y sus leyes, a lo previsto en el presente decreto, en un plazo máximo de doce meses contado a partir de la entrada en vigor del mismo Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de enero de 2011.— Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES - CODIGO PENAL FEDERAL La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Ahora tiene el uso de la palabra el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Penal Federal El senador Julio César Aguirre Méndez:Gracias, compañera presidenta. Buenas tardes Presento a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, en materia de delitos electorales, por la que se propone facultar al Instituto Federal Electoral para garantizar las condiciones mínimas de respeto y seguridad en las campañas electorales y de la jornada electoral La presente iniciativa es motivada por los hechos que tienen en riesgo al compañero representante de nuestra coalición en Guerrero, nuestro amigo Guillermo Sánchez Nava Desde hace años la entidad de Guerrero ha sufrido el incremento de la violencia, y con ella, la muerte relacionada con la lucha contra el crimen organizado, asesinatos y hostigamiento contra compañeros de los medios de comunicación Este clima de violencia que viven los guerrerenses no es ajeno a la clase política. El asesinato de prominentes líderes del PRD y del PT, activistas sociales, entre otros casos, ensombrecieron mucho antes de la campaña electoral el emergente espíritu de la democracia en la región A este clima de violencia se suma la mayor presencia de corporaciones policiacas y fuerzas armadas que generan un clima de confrontación y de guerra sucia. La semana pasada no fue la excepción en el campo electoral. En la madrugada del 12 de enero, en la ciudad de Chilpancingo, nuestro compañero Guillermo Sánchez Nava, representante del PRD ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero, fue brutalmente golpeado por integrantes del comité de campaña del candidato a la gubernatura Manuel Añorve Baños De acuerdo con la versión de testigos, Sánchez Nava los ubicó en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Chilpancingo, comenzó a tomarles fotografías; y en respuesta, respondieron con golpes, pedradas, patadas y garrotazos, un grupo de aproximadamente 20 jóvenes enfundados en playeras verdes y negras No suficiente con este acto contra la integridad física de uno de los líderes históricos de la izquierda en Guerrero, la escena del crimen fue alterada y se borraron evidencias del carro, de la víctima, con el aval de las autoridades locales en Chilpancingo, Guerrero La agresión contra nuestro compañero de partido no es un hecho aislado, mucho menos un accidente, fue un acto deliberado contra quien en uso de las facultades que le otorga su representación ante el órgano electoral intentó demostrar la campaña sucia en contra de la coalición Guerrero nos une La agresión es un acto deliberado de un partido contra la libertad política y que recuerda los años negros en nuestro estado. Un acto que, sumado a la contracampaña contra el candidato de la coalición Guerrero nos une, genera un clima de animadversión social El Partido de la Revolución Democrática y quienes somos amigos de la víctima, manifestamos nuestra mayor indignación por esta agresión contra la vida de Guillermo Sánchez Nava. Expresamos desde la máxima tribuna de la nación nuestra solidaridad con la familia y exigimos justicia. Bajo ninguna circunstancia callaremos nuestra voz, ni dejaremos que la arbitrariedad de las autoridades locales sea otro acto de impunidad Aunque se han presentado las respectivas quejas ante la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales y el Instituto Electoral del estado de Guerrero, por la destrucción de la propaganda a nuestro candidato, seguimos a la espera de que el gobierno del estado, las autoridades municipales, autoridades electorales, fuerzas políticas y las autoridades investigadoras desahoguen las pesquisas correspondientes, a fin de encontrar a los responsables que atentaron contra Guillermo Sánchez Nava, que en este momento entre la vida y la muerte, así como todas aquellas acciones que atentan contra el buen desarrollo del proceso electoral del estado de Guerrero Es en ese sentido que me presento para la discusión en el Congreso de la Unión, por esta reforma electoral, que amplíe las facultades del Instituto Federal Electoral para: Suspender las campañas electorales en aquellos distritos electorales o entidades federativas donde no existen condiciones para la realización de una campaña electoral con base en los principios de equidad, respeto y seguridad Se faculte al IFE para establecer mecanismos de cooperación con partidos políticos, autoridades federales y estatales, medios de comunicación, autoridades electorales competentes de las entidades federativas para establecer los convenios de colaboración que tengan por objeto garantizar las condiciones de competencia y principios de respeto, equidad, libertad y seguridad de las campañas electorales y de la jornada electoral Es obligación del IFE supervisar que las campañas electorales se diseñen y ejecuten bajo los principios de respeto entre los competidores, la equidad, libertad política y seguridad para todos los participantes Se establece dentro de las causas por las que se pueden suspender las campañas electorales la falta de seguridad que ponga en riesgo a los candidatos y los electores. Todos los actos de violencia, presión, ataques y otros que limiten la plena libertad de los electores en la jornada electoral Ante el secuestro, desaparición o asesinato del candidato titular de cualquier fórmula de elección popular dentro de los veinte días naturales previos al día de la jornada electoral.. La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Termine, señor senador El senador Julio César Aguirre Méndez:Y se tipifica como delito electoral y con sanción de tres mil a cinco mil días de multa, y prisión de dos a seis años a quien destruya total o parcialmente, sustituya propaganda electoral; ataque o destruya instalaciones electorales, instalaciones de partidos políticos o propiedad privada de integrantes o líderes de partidos y realice actos de intimidación, coerción, ataques, coacción contra simpatizantes o integrantes de partidos políticos o agrupación política. Muchas gracias, presidenta «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y Penal Federal, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD El que suscribe, senador Julio César Aguirre Méndez, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del título vigésimo cuarto del Código Penal Federal en Materia de Delitos Electorales, por la que se propone facultar al Instituto Federal Electoral para garantizar las condiciones mínimas de respeto y seguridad durante las campañas electorales y de la jornada electoral, de conformidad con la siguiente Exposición de Motivos La transición1 de un régimen presidencialista a uno democrático, ha partido del fortalecimiento de la construcción de nuevo andamiaje institucional, en la que distintos actores de la sociedad y los partidos, buscan mecanismos para el establecimiento de un régimen2 renovado, marcado por la pluralidad y la participación ciudadana, en los preceptos de una democracia contemporánea, para los efectos de esta iniciativa entendemos a “la democracia política moderna [como] un sistema de gobiernos en el que los gobernantes son responsables  de sus acciones en el terreno público ante los ciudadanos, actuando indirectamente a través  de la competencia y la cooperación  de sus representantes electos”3 Philippe C. Schmitter y Terry Lynn Karl (1987) plantea que un régimen es “el conjunto de modelos que determina los métodos de acceso a los principales cargos públicos, las características de los actores admitidos o excluidos de ese acceso; la estrategia de los actores, y las normas que se siguen en la toma de decisiones  de compromiso público. Para funcionar adecuadamente, el conjunto  debe estar institucionalizado, los diversos modelos deben ser habitualmente aceptados y practicados por la mayoría de los actores. La institucionalización es un cuerpo escrito de leyes fundamentado en una constitución escrita.” Para el caso mexicano, es necesario la construcción de un régimen institucional democrático, donde no sólo se concentre en los procesos electorales, sino en la participación ciudadana en la toma de decisiones, en sus distintas organizaciones sociales, privadas, universidades, movimientos sociales, que existan canales institucionalizados de participación, en este caso de la construcción de un régimen institucional donde las práctica de consensos, no puede sujetarse al Instituto Federal Electoral (IFE) y los órganos estatales electorales, un régimen, además de las instituciones, es una forma de operar  y de pensar socialmente, es un mecanismo de vida en la solución de los conflictos sociales, que exige además de un conjunto de ciudadanos, de conciencia de sus derechos y obligaciones con el estado.4 En este sentido, la democracia tiene que ser una forma de vida, que incluya  a los distintos sectores que han sido marginados del Estado, y como toda democracia está requiere de principios y normas que regulen la actuación de los actores políticos por la lucha del poder Las reformas electorales en México durante la transición política respondieron por una parte a la necesidad del viejo presidencialismo para permitir la gobernabilidad y la hegemonía de un partido en el Congreso de la Unión, pero la diversificación de las fuerzas políticas a partir de procesos electorales que por sus resultados ofrecieron un nueva geografía electoral y un cambio en la correlación de fuerzas, las reformas electorales se han enfocado fundamentalmente en la administración y en evitar la fragmentación de los partidos políticos Sin embargo, hoy nos enfrentamos a nueva fuerzas y condiciones que obligan a impulsar cambios al marco jurídico que regula los procesos electorales. La violencia, el crimen organizado, la filtración de recursos ilícitos a los partidos, la violencia y la guerra sucia durante las campañas electorales, incluso hasta el asesinato del virtual gobernador de Tamaulipas, miembro del Partido Revolucionario Institucional La construcción de un régimen democrático requiere de la discusión de las ideas en un marco de competencia regido más que por una legislación que diga lo que no debe hacerse, por principios mínimos sobre los cuales los actores puedan expresar sus ideas en un espacio público, alejarnos de principios como la equidad, la autonomía de los procesos electorales de la administración pública, el respeto a la libertad política, incluso la integridad física entre los miembros de un partido u agrupación civil con fines políticos, torna a los procesos competitivos a los que aspira la democracia a una ambiente de encono, donde la votación se encuentra sesgada desde el momento donde a partir de hechos coordinados se busca desacreditar o generar una idea negativa del competidor contrario, desde el momento en que un partido local tiene que competir contra la administración local de otro partido y contra los recursos y personal de campaña de otras entidades Este es el caso de Tamaulipas donde el asesinato del candidato no fue motivo para ampliar los plazos de la campaña electoral; en un escenario del voto del miedo, en una entidad donde el Estado mexicano fue incapaz de garantizar la seguridad de un candidato cómo pueden los partidos de oposición competir en igualdad de condiciones El otro caso se vive en Guerrero, uno de los estados más pobres de la nación, con una alta dependencia del sector turístico, vive hoy uno de los procesos electorales más competitivos de la historia por la renovación de la gubernatura; sin embargo, la operación constatada de gobernadores del partido de la revolución institucional hace una operación política desde sus administraciones estatales para incidir sobre los resultados electorales de la entidad. Lo que sucede en una elección para gobernador, sin duda se replicará dentro de los procesos de 2012 para la elección para presidente y para los integrantes del Congreso de la Unión Otro de los aspectos que no están regulados en la ley federal, y que son parte de esta iniciativa es cómo la violencia se está convirtiendo en un instrumento de las estrategias electorales de los partidos para posicionarse mediáticamente, en detrimento de la aspiración de un régimen democrático, la presencia del voto del miedo, la polarización del voto, no son experiencias de este proceso electoral, sino de la campaña de 2006 durante la campaña de López Obrador se inicio una campaña de terror en contra su persona, pero sobre todo contra un proyecto político distinto al actual. El voto del miedo o la polarización de la participación de los ciudadanos es un fenómeno que necesita regular el Instituto Federal Electoral El caso más dramático de cómo la violencia en las campañas electorales incide sobre los resultados y el ambiente de una campaña se ve en el caso de Chilpancingo, Guerrero, tras el ataque a Guillermo Sánchez Nava, líder histórico del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y representante ante el órgano electoral de la entidad, el ánimo de la población se han polarizado, la campaña se encuentra en un punto de odio y confrontación, en otras palabras, no existen condiciones para hablar de una contienda que cumpla con los principios mínimos de una contienda civilizada ni a la aspiración de un régimen democrático que vaya más allá de la jornada electoral En este sentido, presentó para la discusión en el Congreso de la Unión una reforma electoral para ampliar las facultades del Instituto Federal Electoral a efecto de a) Suspender las campañas electorales en aquellos distritos electorales o entidades federativas donde no existen condiciones para la realización de una campaña electoral con base a los principios de equidad, respeto y seguridad b) Facultar al IFE para establecer mecanismos de cooperación con partidos políticos,  autoridades federales y estatales, medios de comunicación, autoridades electorales competentes de las entidades federativas para establecer los convenios de colaboración que tenga por objeto garantizar las condiciones de competencia y principios de respeto, equidad, libertad y seguridad de las campañas electorales y de la jornada electoral c) Obligar al IFE a supervisar que las campañas electorales se diseñen y ejecuten bajo los principios de respeto entre los competidores, la equidad, libertad política y seguridad para todos los participantes d) Establecer dentro de las causas por la que se pueden suspender las campañas electorales la falta de seguridad, que corran algún riesgo los candidatos y los electores; así como todos los actos de violencia, presión, ataques y otros que limiten la plena libertad  de los electores en la jornada electoral e) Ante el secuestro, desaparición o asesinato del candidato titular de cualquier fórmula de elección popular dentro de los veinte días naturales previos al día de la jornada electoral d) Tipificar como delito electoral  y con sanción de tres mil a cinco mil días de multa y prisión de dos a seis años a quien destruya total o parcialmente, sustituya propaganda electoral; ataque o destruya instalaciones electorales, instalaciones de partidos políticos o propiedad privada de integrantes o líderes de partidos y realice actos de intimidación, coerción, ataques, coacción contra simpatizantes o integrantes de partido político o agrupación política Estoy convencido que en la medida que las campañas electorales se sujeten a principios de respeto entre los actores, la aspiración de entrar en un régimen democrático como una forma de vida donde ciudadanos y partidos asumamos como requisito fundamental la discusión de las ideas con pleno respeto del contrario, es necesario frente al futuro inmediato en una sociedad plural como la sociedad mexicana Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del título vigésimo cuarto del Código Penal Federal en Materia de Delitos Electorales, por la que se propone facultar al IFE para garantizar las condiciones mínimas de respeto y seguridad durante las campañas electorales y la jornada electoral, para quedar como sigue Decreto Artículo Primero.Se reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue Artículo 118 1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: a) al z). .. aa) Suspender las campañas en aquellos distritos electorales o entidades federativas cuando exista la “Declaratoria de condiciones no aptas de la campaña electoral” con fundamento en el inciso 6 del artículo 228 del presente código 4. Conforme a lo que establezcan las constituciones y leyes electorales respectivas, el instituto suscribirá los convenios de colaboración con los partidos políticos, autoridades federales y estatales, medios de comunicación, autoridades electorales competentes de las entidades federativas para establecer los convenios de colaboración que tenga por objeto para garantizar las condiciones de competencia y principios de respeto, equidad, libertad y seguridad de las campañas electorales y de la jornada electoral Capítulo TerceroDe las campañas electorales Artículo 228 1. La campaña electoral, para los efectos de este código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. Las campañas electorales se implementarán bajo los principios de respeto entre los competidores, la equidad, libertad política y seguridad para todos los participantes 2. al 5. .. 6. Cuando en un distrito electoral o entidad federativa a juicio de las organizaciones de la sociedad civil, partido político y, en su caso, por la decisión de la misma junta general, no se cumplan los principios del inciso 1) del presente artículo, pueden solicitar la suspensión de campañas o de la jornada electoral, hasta que sean reinstauradas las condiciones mínimas de competencia y de seguridad Para los efectos de este inciso se entenderá por a) Inequidad: cuando se demuestre la entrada de recursos, apoyos económicos, equipo, personal o cualquier forma de apoyo de la administración pública federal, estatal o municipal, distinto al lugar de la elección, cuando exista evidencia de trámites administrativos diferenciados o preferencial de la administración pública en el lugar de la elección por algún candidato o fuerza política durante la contienda electoral b) Inseguridad: cuando el estado no pueda garantizar las condiciones mínimas de seguridad para los candidatos de elección popular y de los electores durante los actos de campaña o jornada electoral c) Actos que incidan sobre el libre ejercicio del voto: todos aquellos actos de violencia, actos de presión que incidan sobre la libertad del ciudadano para ejercer en libertad plena su voto, dentro de estas causales se definen las siguientes I.- Sustitución, alteración, destrucción total o parcial  de la propaganda electoral II.- Ataque o destrucción de instalaciones electorales, de partidos o propiedad privada de integrantes o líderes de partido III.- Actos de intimidación, ataques, coacción contra simpatizantes o integrantes de un partido u agrupación política IV.- Secuestro, desaparición o asesinato del candidato titular de cualquier fórmula de elección popular dentro de los veinte días naturales previos al día de la jornada electoral Transitorios Primero.El consejo general establecerá de forma reglamentaria el procedimiento para establecer la “Declaratoria de condiciones no aptas para la campaña electoral”, así como los plazos y los términos de reposición de la campaña y la jornada electoral Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 406 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue Título Vigésimo CuartoDelitos electorales y en materia de registro federal de electores Capítulo Único Artículo 406 Bis. Se impondrá de tres mil a cinco mil días multa y prisión de dos a seis años, al que durante las campañas políticas o la jornada electoral I. Destruya total o parcialmente y/o sustituya propaganda electoral II. Ataque o destruya instalaciones electorales, instalaciones de partidos políticos o propiedad privada de integrantes o líderes de partidos III.- Realice actos de intimidación, coerción, ataques, coacción contra simpatizantes o integrantes de partido político o agrupación política Transitorios Primero.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto Notas: 1. Entendiendo por transición a la democracia como“el intervalo entre un régimen político y otro...” (O´donnelly Schmitter, 1988) donde el régimen genera contradicciones, genera una crisis interna, en lo que los grupos opositores instauran un nuevo conjunto de instituciones que den cauce legal al nuevo régimen, pero lo central de esta definición es la ausencia de reglas, otra definición menciona “Un largo proceso de entramado político para ajustar rutinas hasta alcanzar lo que se conoce por comportamiento democrático” 2. “Entendiendo por régimen el conjunto de patrones, explícito  o no, que determinan las formas y canales de acceso a las principales posiciones gubernamentales, las características de los actores  que son admitidos y excluidos de este acceso y los recursos y estrategias que pueden usarse para tener acceso”( Villa, 1994), en  el caso mexicano se trato de un régimen presidencialista, con un presidencialismo exacerbado, y que concentro todos los poderes del estado,  sobre la base de un sistema monopartidista y el corporativista, como elementos del Estado postrevolucionario, que carente de contrapesos, fue perdiendo legitimidad y credibilidad, que se catolizó al perder eficacia económica y garantías sociales básicas como salud y alimentación, actualmente las características que identificaron al régimen presidencialista de 1934 a 1988, han desaparecido en su mayoría, y solo de identifican en los sectores más retrasados del desarrollo nacional como el sur del país, y actualmente como este foro representa, de busca definir el modelo de democracia y del estado, que replante el pacto social y fortalezca 3. Schimitter, Philippe y Lynn Karl, Terry “Qué es... y qué no es la democracia” en Larry Diamond  y Marc Plattner  (Compiladores) El resurgimiento global de la democracia, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 1996, 1ra. Edición, Pág. 37-49 4.Es precisamente cuando se plantea el problema de la crisis del Estado mexicano, la incapacidad de convocar y movilizar a la sociedad para la reforma fiscal, al contrario lo que se da, es un debilitamiento de la figura presidencial, cuando esta iniciativa, y aunque la argumentación de la baja recaudación es válida, parte de un problema del sistema fiscal, pero sobre todo, de que la población no encuentra un incentivo que los una con el Estado, un compromiso de ceder parte de su ingreso para financiar al gobierno, en obra pública, cuando no percibe mejoría alguna, ese pacto entre el individuo y el Estado nos referimos,  el Estado no tiene en este momento ningún compromiso social, de hecho el modelo económico, nunca habla de dar bienestar sino empleo, se habla de crecimiento pero no de desarrollo, se habla de democracia pero no de participación, es una reforma sesgada si no se integra los beneficios y obligaciones de un régimen democrático y económicos, la democracia por ende, se construye en la credibilidad de una nueva red de compromisos de los actores políticos respecto a la sociedad Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, señor senador.Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Senadores ARTICULO 70 CONSTITUCIONAL La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Iniciativa que reforma el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia El suscrito, Luis Maldonado Venegas, senador a la LXI Legislatura, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma  el párrafo tercero del artículo 70 de la Constitución General de la República, con el propósito de subsanar la omisión de los grupos parlamentarios del Senado de la República en el texto de la Ley Fundamental, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos La reforma política de 1977 promovió el pluralismo político al interior de la Cámara de Diputados, lo que derivó en el establecimiento en el párrafo tercero del artículo 70 constitucional de los lineamientos para la organización de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, mas no así de la Cámara de Senadores El texto vigente dice así: “la ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados” Como podemos apreciar, la reforma constitucional hace referencia a la agrupación de los diputados exclusiva y específicamente, no menciona a los senadores, puesto que fue hasta el año de 1993, que el sistema mixto de representación proporcional, mediante la figura del senador de primera minoría, se acogió en la Cámara de Senadores La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos del 25 de mayo de 1979, reformada el 28 de diciembre de 1981, en su título segundo, denominado “De la Cámara de Diputados”, capítulo III, en su sección primera, estableció disposiciones para los grupos parlamentarios; posteriormente la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1994 habría de regular los grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores, al igual que la Ley Orgánica vigente desde el 3 de septiembre de 1999, sin que previamente se hubiera modificado el artículo 70 constitucional para aludir a los grupos parlamentarios del Senado de la República De la lectura del espléndido ensayo de Jesús Ramírez Millán tituladoLos grupos parlamentarios en el Senado. Una omisión constitucional,que me ha servido de inspiración para la redacción de la presente iniciativa, el autor se cuestiona si es una facultad metaconstitucional del legislador federal o una omisión del órgano constitucional responsable de las modificaciones a nuestra ley suprema, el que el legislador no haya considerado indispensable la reforma al artículo 70 constitucional, para legislar en la Ley secundaria acerca de los grupos parlamentarios en el senado, porque el propio dispositivo señala que: “El Congreso expedirá la ley que regula su estructura y funcionamiento interno” o es indispensable que el Constituyente de manera expresa aluda a la agrupación de los senadores, tal y como lo hizo para la agrupación de los diputados El trabajo de Ramírez Millán propone la modificación al texto del artículo 70 constitucional para que se integren y regulen los grupos parlamentarios del Congreso general, es decir, se incluya la agrupación de diputados y de senadores en sus respectivas cámaras, y llega a esa conclusión, tomando en consideración que “cuando el Constituyente así lo ha querido ha señalado las disposiciones en forma expresa, tal como es el caso de la disposición para la agrupación de los diputados de la misma afiliación partidista y en consecuencia debería haber también una disposición expresa para la agrupación de los senadores de una misma afiliación de partido” Desde mi visión como jurista y legislador, además de coordinador de un grupo parlamentario en el Senado de la República, coincido con Jesús Ramírez Millán en la necesidad de modificar el artículo 70 Constitucional para que se reconozca expresamente a los grupos parlamentarios, pero a los razonamientos políticos y jurídicos en que sustenta su propuesta, agregaría otras consideraciones que encuentran sustento precisamente en mi experiencia al frente del grupo parlamentario de Convergencia La primera de ellas, es que los grupos parlamentarios son también personas jurídicas morales, de derecho público La voz “persona” fue adoptada por la terminología jurídica para aludir al sujeto dotado de representación propia en el derecho. Así, en el ámbito jurídico hoy se entiende por persona todo ente físico o moral capaz de asumir derechos y obligaciones, por cuya razón este vocablo se utiliza lo mismo para aludir a los seres humanos que a las asociaciones de éstos, a las organizaciones que los agrupan, y a las instituciones creadas por ellas A la luz de la ciencia jurídica podemos distinguir las personas físicas, de las morales o jurídicas; a unas y a otras se les pueden imputar derechos y obligaciones; la persona física es un ser humano, la persona moral o jurídica, en cambio, es un ente de creación artificial, con capacidad para tener un patrimonio, adquirir derechos y contraer obligaciones Eduardo García Máynez, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala: “la persona moral posee derechos subjetivos y tiene obligaciones, aun cuando no pueda, por sí misma, ejercitar los primeros ni dar cumplimiento a las segundas. La persona jurídica colectiva obra por medio de sus órganos. Los actos de las personas físicas que desempeñan la función orgánica en las personas morales, no valen como actos de las primeras, sino de la persona colectiva” Por su parte Federico Carlos de Savigny, uno de los fundadores de la escuela histórica del derecho, para quien el alma del pueblo no es una expresión metafórica, sino una entidad real, aunque misteriosa, de la cual dimanan todos los fenómenos de cultura, sostuvo en el siglo XIX la existencia de diferentes tipos de personas morales: “Por una parte hay personas sociales (la nación) que no son un agregado de individuos, sino verdaderos seres naturales, dotados de conciencia; y, por otra, las personas jurídicas que son seres ficticios, sujetos artificialmente creados por y para el derecho positivo, pues la idea primitiva y natural de persona coincide con la de individuo.” En México, el artículo 25 del Código Civil Federal, reconoce como personas morales: I. La nación, los estados y  los municipios; II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; III. Las sociedades civiles o mercantiles; IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal; V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736 El profesor argentino Benjamín Villegas Basavilbaso, señala, respecto a la clasificación de las personas morales, que si la persona es pública sus actos son regulados por el derecho público, principalmente por el derecho administrativo, desde el punto de la forma, del contenido y de su fuerza ejecutoria, y además del control jurisdiccional. Otra consecuencia de significación es la relacionada con la posibilidad del ejercicio del poder disciplinario sobre los funcionarios y empleados de la persona pública Frente a la clasificación bipartita de las personas jurídicas ha surgido la clasificación tripartita que las agrupa en personas de derecho privado, personas de derecho público, y persona de derecho social Las clasificación tripartita predica que las personas jurídicas no son todas de la misma naturaleza, porque unas se forman en los moldes del derecho privado, como las sociedades civiles y mercantiles; otras, como los ejidos, las sociedades de producción rural y los sindicatos, se conforman en el derecho social que incluye al derecho agrario y al del trabajo; en tanto que los partidos políticos, los órganos constitucionales autónomos, los establecimientos públicos, los organismos descentralizados, los entes autárquicos y las sociedades nacionales de crédito se acuñan en los troqueles del derecho público En el derecho comparado, se suelen catalogar como personas de derecho público las constituidas de acuerdo con las normas del derecho constitucional y  del derecho administrativo, como ocurre con el estado –en el federal, también, con sus entidades federativas, y en el central con sus provincias y regiones autónomas– con el municipio, y con el órgano constitucional autónomo; o como acontece con el establecimiento público, el ente autárquico, el organismo autónomo, el servicio descentralizado, el ente autónomo, el organismo descentralizado, la corporación pública y la sociedad nacional de crédito, entre otros Tomando en consideración que los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados fueron creados por decreto del constituyente permanente, éstos deben ser considerados personas de derecho público y por lo tanto considero necesaria la modificación al artículo 70 Constitucional, para incluir a los grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores De conformidad con el artículo 72, inciso 2, de la propia Ley Orgánica del Congreso, los grupos parlamentarios se constituyen mediante la presentación al secretario general de Servicios Parlamentarios de los siguientes documentos: a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo parlamentario, con especificación del nombre del mismo y relación de sus integrantes; b) Nombre del coordinador y relación de los integrantes del grupo parlamentario con funciones directiva; y c) Un ejemplar de los estatutos, o documento equivalente, que norme el funcionamiento del grupo parlamentario, debidamente aprobado por la mayoría de sus integrantes Por su parte, el artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La Mesa Directiva de la Cámara, conforme a las disponibilidades presupuestarias y materiales, distribuirá los recursos y proporcionará locales adecuados a cada uno de los grupos parlamentarios para el cumplimiento de sus fines, en proporción al número de sus integrantes respecto del total de la Cámara”.  El inciso a) del artículo 113 numeral 1 indica que la Contraloría Interna, tendrá entre sus atribuciones “realizar la auditoría interna del ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara. También auditará a los grupos parlamentarios respecto del ejercicio de los recursos que les sean asignados por la Cámara, para lo cual deberán presentar un informe semestral” De lo anteriormente señalado se confirma que los grupos parlamentarios, tanto de la Cámara de Senadores, como de la Diputados, son personas jurídicas de derecho público y por lo tanto sujetos de derechos y obligaciones, ya que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano y por lo tanto, es que se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de Decreto Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 70 .. .. La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputadosy senadores, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputadosy en la Cámara de Senadores Artículo Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senador Luis Maldonado Venegas (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Tiene la palabra el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 75 de la Ley Federal de Radio y Televisión El senador Adolfo Toledo Infanzón:Gracias, diputada presidenta. Las acciones discriminatorias entorpecen el proceso evolutivo en nuestra sociedad, toda vez que dichos actos son considerados como rasgos culturales que impiden el desarrollo de los ciudadanos en un ámbito de respeto, cortesía y consideración. De ahí que pugnemos por erradicar concepciones que sostienen que las discapacidades son incapacidades En este sentido cabe destacar la información vertida en el reciente Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que se afirmaba la urgente necesidad de un cambio cultural desde el cual la sociedad entienda que el problema no está en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de las personas, sino en el ejercicio desigual de sus derechos Desafortunadamente, en la actualidad las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de ejercer sus prerrogativas de la misma forma en la que lo hace el resto de la población. Ciertamente, pese al desarrollo que se ha producido en los últimos años respecto de las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidades, lo cierto es que la discriminación se hace visible en diferentes momentos de la vida de una persona, en el acceso a los bienes y servicios, en la accesibilidad universal, en la eliminación de barreras arquitectónicas, la participación política y social e incluso, en el acceso a la información oficial transmitida por televisión El 15 por ciento del total de la población con discapacidad en nuestro país tiene limitaciones auditivas, con lo cual el acceso a la información transmitida por televisión es en muchas ocasiones imposible En tal virtud, compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy sometemos a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley General de Radio y Televisión, a efecto de prever que las transmisiones gratuitas diarias a favor del gobierno federal, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social, sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva, mediante la inserción de subtítulos para su información u otros mecanismos, como una medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad auditiva en nuestro país Con esta propuesta de reforma legal estaremos contribuyendo a erradicar la discriminación a las personas con discapacidad auditiva Es manifiesta la importancia que reviste para nuestra sociedad contar con un marco legal, que verdaderamente contribuya a garantizar la integración social de su población con algún tipo de discapacidad De esta forma, finalmente, no resta más que afirmar el compromiso que tenemos como legisladores de prever un marco jurídico que permita garantizar la equidad de los derechos de toda nuestra sociedad. Por eso, proponemos el siguiente proyecto de decreto Único. Se reforma el artículo 75 de la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue: Artículo 75. En sus transmisiones, las estaciones difusoras deberán hacer uso del idioma nacional La Secretaría de Gobernación podrá autorizar en casos especiales el uso de otros idiomas, siempre que a continuación se haga una versión al español, íntegra o resumida, a juicio de la propia Secretaría El párrafo que proponemos dice: Los concesionarios y permisionarios podrán incorporar a los programas transmitidos por televisión herramientas de comunicación visuales, adicionales, en las que se utilice el lenguaje de señas o textos para la comunicación y lectura de personas con discapacidad por deficiencia auditiva Es cuanto, diputada presidenta «Iniciativa que reforma el artículo 75 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Radio y Televisión, con base en la siguiente Exposición de Motivos Las acciones discriminatorias entorpecen el proceso evolutivo de nuestra sociedad, toda vez que dichos actos son considerados como rasgos culturales que impiden el sano desarrollo de los ciudadanos en un ámbito de respeto, cortesía y consideración, de ahí que pugnemos por erradicar las falaces concepciones que sostienen que la discapacidad es incapacidad o, más aún, una enfermedad, toda vez que la mayoría de las personas con discapacidades sí pueden trabajar, jugar, aprender y gozar de una vida saludable y plena En este sentido, cabe destacar la información vertida en el reciente informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que se afirmaba la urgente necesidad de un cambio cultural desde el cual la sociedad entienda que el problema no está en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de las personas, sino en el ejercicio desigual de sus derechos Desafortunadamente, en la actualidad las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de ejercer sus prerrogativas de la misma forma en la que lo hace el resto de la población, debido en buena medida a las barreras de actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones, entre las que destacan las pocas o nulas oportunidades para su integración, principalmente a causa de la falta de atención en la materia por parte del gobierno Ciertamente, pese al desarrollo que se ha producido en los últimos años respecto a las políticas dirigidas a las personas con discapacidad, lo cierto es que la discriminación se hace visible en diferentes momentos de la vida de una persona, en el acceso a los bienes y servicios, la accesibilidad universal y eliminación de las barreras arquitectónicas, la participación política y social, e incluso en el acceso a la información oficial transmitida por televisión; pues, a guisa de ejemplo, el 15 por ciento del total de la población con discapacidad en nuestro país tiene limitaciones auditivas, con lo cual el acceso a la información transmitida por televisión es manifiestamente imposible En tal virtud, compañeras y compañeros senadores, el día de hoy someto a la consideración de esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley General de Radio y Televisión, a efecto de prever que las transmisiones gratuitas diarias a favor del gobierno federal, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social, sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva mediante la inserción de subtítulos para su información u otros mecanismos, como una medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad auditiva en nuestro país En la última década, en países como España y Chile, los medios de comunicación han implementado el lenguaje para sordomudos en los noticieros transmitidos por televisión. Aunado a ello, se han establecido políticas públicas que asignan espacios concretos en distintos medios asociados, a efecto de que cada cierto tiempo implementen esa lengua en los noticieros con el fin de romper con el cerco comunicativo que afectaba a la población sordomuda, y terminar con la discriminación en este ámbito En suma, con esa propuesta de reforma legal estaremos contribuyendo a erradicar la discriminación a las personas con discapacidad auditiva, pues es un acto de distinción o segregación que atenta contra la igualdad de acceso a la información televisiva Es manifiesta, pues, la importancia que reviste para la sociedad mexicana contar con un marco legal que verdaderamente contribuya a garantizar la integración social de su población con algún tipo de discapacidad es de suma trascendencia, pues le otorgará a los diferentes órganos de gobierno, encargados de la aplicación y ejecución de las políticas públicas destinadas a tan loable fin, un instrumento eficaz para la realización del desarrollo institucional en beneficio de las personas con discapacidad De esta forma, finalmente, no resta más que afirmar el profundo compromiso que tenemos como legisladores de prever un marco jurídico que permita garantizar la equidad de los derechos de toda nuestra sociedad De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de Decreto Único. Se reforma el artículo 75 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue: Artículo 75. En sus transmisiones las estaciones difusoras deberán hacer uso del idioma nacional La Secretaría de Gobernación podrá autorizar, en casos especiales, el uso de otros idiomas, siempre que a continuación se haga una versión al español, íntegra o resumida, a juicio de la propia secretaría Los concesionarios y permisionarios podrán incorporar a los programas transmitidos por televisión, herramientas de comunicación visuales adicionales en los que se utilice el lenguaje de señas o textos, para la comunicación y lectura de personas con discapacidad por deficiencia auditiva Artículos Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal contará con un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las normas reglamentarias correspondientes Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, señor senador.Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Tiene la palabra el senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos El senador Sebastián Calderón Centeno:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, la Comisión Permanente es un órgano de sustitución que ejerce sus funciones en los recesos legislativos El artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que para el despacho de su competencia, la Comisión Permanente podrá tener hasta tres comisiones, a las cuales en la práctica se les ha denominado Primera, Segunda y Tercera Comisión En la práctica se ha determinado que la Primera Comisión se ocupe de los asuntos relacionados con las materias de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. La Segunda de los asuntos vinculados a Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Mientras que la Tercera a las materias referentes a Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento Industrial y Comunicaciones y Obras Públicas Lo anterior da cumplimiento a lo señalado en el artículo 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1934 El artículo 175 del Reglamento en cita no corresponde a la estructura y organización que actualmente contempla la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El referido artículo hace referencia a la Comisión de Agricultura y Fomento, siendo que actualmente no existe el concepto fomento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Lo mismo sucede en el rubro de Comunicaciones y Obras Públicas, sin tomar en consideración el rubro de Transporte Consideramos que lo más adecuado es reformar el artículo 175 del Reglamento, con el objeto de actualizar la denominación de las comisiones y, por ende, las atribuciones legales y reglamentarias Se propone que la Comisión de Agricultura y Fomento se actualice: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. A la de Comunicaciones y Obras Públicas se le denomine: Comunicaciones y Transportes. A la de Guerra y Marina sea: Defensa Nacional y Marina En consecuencia, la denominación de la Segunda Comisión sería: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Educación Pública Asimismo, con esta reforma se pretende dar respaldo jurídico a las denominaciones de las comisiones, habida cuenta de que en la actualidad ningún artículo hace referencia a su integración como Primera, Segunda y Tercera, motivo por el cual también consideramos necesario reformar el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a modo que con la incorporación de la denominación de las comisiones se estaría dando a la Comisión Permanente la posibilidad jurídica de nombrarlas de acuerdo con las materias de su competencia. Por lo que proponemos el siguiente proyecto de decreto Primero. Se reforma el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue Artículo 127. La Comisión Permanente para el despacho de los negocios de su competencia contará con tres comisiones, las cuales se denominarán: Primera, Segunda y Tercera Comisión. Los asuntos a cargo de las comisiones se distribuirán de la siguiente forma: Primero. De Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia Segunda. Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Educación Pública Tercera. Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Comunicaciones y Transportes Segundo. Se reforma el artículo 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue Artículo 175. Para el despacho de los negocios de su competencia la Comisión Permanente nombrará, a propuesta de la mesa y por mayoría de votos en el mismo día de su instalación, las siguientes comisiones: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Gobernación, Defensa Nacional y Marina, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores «Iniciativa que reforma los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, y 175 delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente Exposición de Motivos En el artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone la existencia de la Comisión Permanente como órgano de representación del Congreso de la Unión durante los recesos legislativos y con atribuciones para el desempeño de las funciones que en forma expresa le confiere el citado artículo constitucional y demás disposiciones aplicables de la ley fundamental En términos del mencionado artículo, la Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución, tiene las siguientes: I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV; II. Recibir, en su caso, la protesta del presidente de la República; III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias; V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del procurador general de la República, que le someta el titular del Ejecutivo federal; VI. Conceder licencia hasta por treinta días al presidente de la República y nombrar el interino que supla esa falta; VII. Ratificar los nombramientos que el presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores De lo anterior se desprende que la Comisión Permanente tiene las siguientes características: Es un órgano de substitución que ejerce sus funciones en los recesos legislativos; Esta sustitución se da solamente por cuanto hace a las atribuciones que la propia Carta Magna le encomienda, entre las que no se contemplan las de naturaleza materialmente legislativa, y asimismo, es competente para activar en tiempos de receso, mediante convocatoria a sesiones extraordinarias, al Congreso de la Unión, o a alguna de sus Cámaras o a ambas Congruente con el texto constitucional, el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que la Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que, durante los recesos de éste, desempeña las funciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Asimismo, dispone el artículo 127 de la Ley Orgánica que para el despacho de los negocios de su competencia, la Comisión Permanente podrá tener hasta tres comisiones, las cuales en la práctica se les ha denominado Primera, Segunda y Tercera Comisión De igual forma, en la práctica se ha determinado que la Primera Comisión se ocupa de los asuntos relacionados con las materias de: gobernación, puntos constitucionales y de justicia; la Segunda, de los asuntos vinculados a relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública, mientras que la tercera, de las materias referentes a hacienda y crédito público; agricultura y fomento industrial; y comunicaciones y obras públicas Lo anterior, en cumplimiento a lo que señala el artículo 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1934, que a la letra dice: “Artículo 175. Para el despacho de los negocios de su competencia, la Comisión Permanente, nombrará, a propuesta de la Mesa y por mayoría de votos, en el mismo día de su instalación, las siguientes comisiones: Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, Educación Pública, Gobernación, Guerra y Marina, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores.” Sin embargo y como es fácil advertir, el artículo 175 del Reglamento en cita, no corresponde a la estructura y organización que actualmente contempla la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal En efecto, el referido artículo hace referencia a la Comisión de Agricultura y Fomento, siendo que actualmente no existe el concepto “fomento” en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Lo mismo sucede con el rubro de Comunicaciones y Obras públicas, sin tomar en consideración al rubro de transportes Ahora bien, vale la pena señalar que por cuanto hace a la Comisión de Guerra y Marina que se contempla en el artículo mencionado, se comprenden los ámbitos de política interior, así como lo relativo a las tareas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comprendidos en el concepto “guerra”; y a las actividades de la Secretaría de Marina-Armada de México, en el concepto “marina” Lo anterior tiene su razón de ser, porque desde las leyes constitucionales del 29 de diciembre de 1836 se creó el Ministerio de Guerra y Marina, hasta nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, mediante los decretos del 14 de abril y 31 de diciembre del mismo año, así como los del 6 de abril de 1934 y 31 de diciembre de 1935 que ratifican la existencia de la Secretaría de Guerra y Marina Es hasta el 1 de noviembre de 1937 que cambia su denominación a Secretaría de la Defensa Nacional, y por disposición jurídica del 30 de diciembre de 1939 se creó el Departamento de Marina Nacional, operando como tal hasta el año de 1940, elevándose al rango de Secretaría de Marina que es el que ostenta hasta la fecha, según decreto del 31 de diciembre de ese año, publicado en el Diario Oficial de la Federación No obstante lo anteriormente mencionado, actualmente por acuerdo de la Comisión Permanente, se establece la Comisión de Defensa Nacional, que comprende al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ello concordante con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero excluyendo injustificadamente a la Marina-Armada de México, a pesar de que el artículo 175 del Reglamento vigente, sí contempla a Marina Frente a esta omisión, consideramos que lo más adecuado es reformar el artículo 175 del Reglamento, con el objeto de actualizar la denominación de las comisiones y por ende, sus atribuciones legales y reglamentarias. Se propone que la Comisión de Agricultura y Fomento se actualice a: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la deComunicaciones y Obras Públicas, se le denomine Comunicaciones y Transportes; y la de Guerra y Marina sea Defensa Nacional y Marina En consecuencia, la denominación de la Segunda Comisión sería: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Educación Pública Asimismo, con esta reforma se pretende dar respaldo jurídico a las denominaciones de las comisiones, habida cuenta que en la actualidad, ningún artículo hace referencia a su integración como Primera, Segunda y Tercera, motivo por el cual también consideramos necesario reformar el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de modo tal que con la incorporación de la denominación de las comisiones, se estaría dando a la Comisión Permanente, la posibilidad jurídica de nombrarlas de acuerdo a las materias de su competencia Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de Decreto Primero. Se reforma el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 127. La Comisión Permanente para el despacho de los negocios de su competencia contará con tres comisiones, las cuales se denominarán: Primera, Segunda y Tercera Comisión Los asuntos a cargo de las comisiones se distribuirán de la siguiente forma: a. Primera: Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia; b. Segunda: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Educación Pública; y c. Tercera. Hacienda y Crédito Público; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y Comunicaciones y Transportes Segundo.Se reforma el artículo 175 delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 175. Para el despacho de los negocios de su competencia, la Comisión Permanente, nombrará, a propuesta de la Mesa y por mayoría de votos, en el mismo día de su instalación, las siguientes Comisiones: Agricultura,Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones yTransportes, Educación Pública, Gobernación,Defensa Nacional y Marina, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica).» La Presidente diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Termine, señor senador El senador Sebastián Calderón Centeno:Es todo, señora presidenta. Pido respetuosamente que esta iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias La Presidente diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Muy bien, señor senador.Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores LEY GENERAL DE SALUD La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Tiene la palabra la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 309 y 310 de la Ley General de Salud La diputada Paz Gutiérrez Cortina:Honorable Asamblea, presento a la consideración iniciativa que reforma los artículos 309 y 310 de la Ley General de Salud, para garantizar la información clara y completa en la publicidad de preservativos para la prevención de infecciones de transmisión sexual El derecho fundamental a la protección de la salud establece en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la obligación del Estado de proveer información clara, objetiva y científicamente probada de medicamentos, dispositivos médicos y de prevención de enfermedades, proveyendo así las condiciones propicias para su uso responsable informado En este contexto la Ley General de Salud establece, en su artículo 67, que la Secretaría de Salud tiene la obligación de brindar una correcta información, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa Considerando los fundamentos legales anteriores, es pertinente especificar en la ley las características informativas que deben cumplir productos sanitarios de consumo generalizado para garantizar el derecho a la información y, a través de éste, a la prevención de enfermedades o contraindicaciones Las infecciones de transmisión sexual o ITS son consideradas por algunos especialistas como un problema endémico de salud pública. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que anualmente se presentan alrededor de 340 millones de nuevos casos de enfermedades de infecciones de transmisión sexual en el mundo, en población entre los 15 y los 49 años de edad. Es decir, afectando especialmente a la juventud Es importante tomar en cuenta que estas infecciones de transmisión sexual son causadas por más de 30 distintas bacterias, virus y parásitos, y que la mayoría puede conducir a enfermedades crónicas, a esterilidad, a cáncer y eventualmente la muerte, como es el caso del virus de inmunodeficiencia humana o VIH, que ha arrasado con más de 20 millones de personas  como víctimas de esta enfermedad En relación, el preservativo de mayor uso para prevenir este tipo de infecciones es el condón, y en relación a su finalidad de prevención es de suma importancia que aquellas personas que lo utilicen sean conscientes de que en ningún caso es 100 por ciento seguro para prevenir las infecciones de transmisión sexual, y que su efectividad varía según la consistencia en su uso y según el tipo de virus al que se esté expuesto, entre un 60 y un 80 por ciento Actualmente los productores y comercializadores de condones, mediando fuertes intereses económicos, publicitan sus productos a través de una información incompleta, ambigua y engañosa, poniendo en grave riesgo la salud de la población, en particular de la juventud Dicha publicidad de manera irresponsable intenta vender a la población la idea de que el uso del preservativo es igual a sexo seguro o a protección total, cosa absolutamente falsa, comprobada por revistas científicas de gran prestigio internacional. Sin la información completa y real al consumidor, éste seguirá siendo engañado y en consecuencia poniendo en grave riesgo su salud y la de terceros De acuerdo con lo anterior, la Ley General de Salud establece en el artículo 306, entre los requisitos que se deberán cumplir en la publicidad, que los productos a los cuales se refiere tendrán que decir que la información es comprobable. Asimismo, que el mensaje no deberá inducir a conductas, prácticas o hábitos nocivos para la salud física o mental, que impliquen un riesgo que atente contra la seguridad o contra la integridad física de las personas Además, la Secretaría de Salud determinará en qué casos la publicidad de productos debe incluir, en adición a los ya expresados, otros textos de advertencia de riesgos adicionales para la salud Asimismo, el artículo 306 de esta misma ley establece que tendría que decir... O sea, que está prohibido que esta publicidad induzca al error, que oculte las contraindicaciones necesarias o que exagere las características o propiedades de los productos o servicios Por todo lo anteriormente expuesto concluimos que en la actualidad no se cumple a cabalidad con los requisitos que establece este reglamento, y que la Ley para la Regulación de la Producción de Preservativos, que está contenida en la norma 016SSA1-1993, tiene claras inconsistencias al no advertir de manera clara, veraz y completa sobre los riesgos que implica su uso al consumidor En vista de lo anterior concluimos que existe una violación al derecho a la salud al no proveer de toda la información necesaria, por lo cual sugerimos las siguientes reformas Al artículo 309, el cual la publicidad de preservativos deberá ajustarse a los siguientes requisitos: La publicidad de preservativos no podrá establecer expresiones que puedan interpretarse como una protección 100 por ciento efectiva contra infecciones de transmisión sexual, tales como sexo seguro o protección total En el caso del condón se deberá explicitar en el empaque y en toda la publicidad al respecto el índice de riesgo que conlleva su uso en el contagio de enfermedades de infecciones de transmisión sexual En el caso de la anticoncepción deberá advertirse igualmente que las fallas oscilan entre un 12 y un 50 por ciento El artículo 310 deberá explicitar que la publicidad de preservativos, además de los aspectos considerados en el reglamento correspondiente y otras disposiciones aplicables, sólo podrá transmitirse conforme a lo siguiente: En televisión y radio sólo podrá difundirse a partir de las 22 horas En el cine podría difundirse únicamente en películas para adultos.. La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Concluya, diputada, por favor La diputada Paz Gutiérrez Cortina:...correspondientes a sus clasificaciones Y en ambos casos la publicidad deberá acatar las disposiciones que establece la ley, informando con claridad y precisión sobre el índice de riesgo que implica su uso. Muchas gracias, señora presidenta «Iniciativa que reforma los artículos 309 y 310 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN La que suscribe, Paz Gutiérrez Cortina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la reforma de los artículos 309 y 310 de la Ley General de Salud para garantizar la información clara y completa sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual mediante el uso de preservativos con base en a las siguientes Consideraciones El derecho fundamental a la protección de la salud establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la obligación del Estado de proveer información clara, objetiva y científicamente probada a los usuarios de medicamentos, dispositivos médicos y de prevención de enfermedades, proveyendo así las condiciones propicias para su uso responsable e informado En congruencia con dicho mandato constitucional, el artículo 110 de la Ley General de Salud, establece como uno de sus objetivos, crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo, las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva En el contexto de la disposición anterior, la Ley General de Salud establece en su artículo 67 que la Secretaría de Salud tiene la obligación de brindar una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa Considerando los fundamentos legales anteriores, es pertinente especificar en la ley, las características informativas que deben cumplir productos sanitarios de consumo generalizado, como son los preservativos, para garantizar el derecho a la información y por tanto, a la prevención de enfermedades de transmisión sexual Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son consideradas por algunos especialistas un problema endémico de salud pública.1 Las ITS  son causadas por más de 30 distintas bacterias, virus y parásitos; la mayoría pueden conducir a enfermedades crónicas, esterilidad, cáncer y eventualmente la muerte.2 Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que anualmente se presentan alrededor de 340 millones de casos nuevos de ITS en el mundo, en población de 15 a 49 años.3 En México durante 2004 se notificaron 528 mil 426 casos de ITS.4 Dentro de las ITS más comunes se encuentran las siguientes: a) Clamidia. La infección por clamidia (causada porChlamydia trachomatis) es la ITS más común en todo el mundo.5 b) Gonorrea. La infección por gonorrea facilita la transmisión del VIH.6 Es la segunda ITS más importante; y se estima que ocurren 600 mil nuevos casos anuales tan sólo en Estados Unidos de América.7 c) Sífilis. La infección por sífilis (causado por elTreponema pallidum),desde el año 2000 ha aumentado, sobre todo en hombres. Estudios indican que la sífilis e una de las infecciones transmitidas sexualmente de mayor hallazgo.8y 9 d) Virus del Papiloma Humano (VPH). Es la ITS más común transmitida entre personas menores de 24 años, específicamente en jóvenes de entre 14 y 19,10 y la padecen del 15 al 20 por ciento de todas las personas con ITS. La OMS estima que en 1995 se presentaron más de 30 millones de casos de VPH en el mundo.11 Estudios informan que casi el 17 por ciento de las mujeres mexicanas menores de 25 años presentan en VPH.12 e) Herpes virus tipo 2 (VHS-2). Es una enfermedad viral incurable. El herpes es una de las ITS ulcerativas y facilita la transmisión del VIH.13 f) Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Datos de la OMS afirman que en todo el planeta existen 46 millones de personas con VIH (2.5 por ciento son niños), 5 millones de infecciones anuales y que han muerto más de 20 millones de personas por la enfermedad.14 Datos del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida (Censida) indican que el VIH/Sida se ha convertido en un problema social y de salud pública en México, dado el acelerado incremento del número de personas que han adquirido la enfermedad El preservativo de mayor uso es el condón, el cual tiene dos finalidades: la prevención de infecciones de transmisión sexual y la anticoncepción.15 En relación a su finalidad de prevención, es de suma importancia que aquellas personas que lo utilicen, sean conscientes de que en ningún caso es 100 por ciento seguro para prevenir ITS. Su efectividad varía según la consistencia en su uso; de entre el 60 y 80 por ciento.16 Además existe un porcentaje de ruptura de 12 por ciento al 35 por ciento.17 Aunado a lo anterior, varias de la ITS se contagian piel con piel en áreas donde el condón no protege, como el virus del papiloma humano (VPH), el virus del herpes simple, sífilis, linfogranuloma venéreo o chancriode.18 En mujeres, el uso consistente del condón protege en un 62 por ciento de gonorrea y  en 25 por ciento de clamidia.19 En relación a la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) con el uso del condón, existen varios estudios que demuestra una efectividad del 69 por ciento,20 87 por ciento,21 90 por ciento,22 pero en global se considera que ésta es de 80 por ciento con uso consistente;23 es decir que 1 de cada 5 se infectan. Asimismo, existen estudios que han comprobado el paso del VIH por los poros de látex del condón hasta en un 33 por ciento.24 En lo que respecta a su finalidad anticonceptiva, el condón tiene un elevado número de fallos para prevenir embarazos, reportándose datos del 12 por ciento,25 del 13 por ciento,26 17 por ciento27 y hasta del 50 por ciento.28 Existe amplia falla mecánica en el uso del condón principalmente en jóvenes29 (que los exponen a las ITS y embarazos no esperados), pues tienen mayor dificultad para usarlo y presentan deslizamientos y roturas en mayor proporción.30 Actualmente los productores y comercializadores de condones, mediando fuertes intereses económicos, publicitan sus productos a través de una información incompleta, ambigua y frecuentemente engañosa, poniendo en grave riesgo la salud de la población - en particular de la juventud, - al propiciando así el contagio de distintas infecciones de transmisión sexual Dicha publicidad ambigua y tendenciosa intenta vender a la población la idea de que el uso del preservativo es igual a “sexo seguro”, a pesar del gran número de estudios científicos que demuestran dependiendo del tipo de la ITS el grado de eficiencia  de los  mismos Sin la información completa y real al consumidor, éste seguirá siendo engañado y en consecuencia, poniendo en riesgo su salud y la de terceros De acuerdo con el artículo 300 de la Ley General de Salud, es facultad de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere la misma ley, lo que incluye a los preservativo. A mayor especificidad, el artículo 306 establece los requisitos que deberá cumplir la publicidad de los productos a que se refiere la ley: I. La información contenida en el mensaje sobre calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo deberá ser comprobable; II. El mensaje deberá tener contenido orientador y educativo; III. Los elementos que compongan el mensaje, en su caso, deberán corresponder a las características de la autorización sanitaria respectiva; IV. El mensaje no deberá inducir a conductas, prácticas o hábitos nocivos para la salud física o mental que impliquen riesgo o atenten contra la seguridad o integridad física o dignidad de las personas, en particular de la mujer; V. El mensaje no deberá desvirtuar ni contravenir los principios, disposiciones y ordenamientos que en materia de prevención, tratamiento de enfermedades o rehabilitación, establezca la Secretaría de Salud; y VI. El mensaje publicitario deberá estar elaborado conforme a las disposiciones legales aplicables Además, la Secretaría de Salud determinará en qué casos la publicidad de productos y servicios a que se refiere esta la Ley deberá incluir, en adición de los ya expresados, otros textos de advertencia de riesgos para la salud Respecto a la fracción I del artículo 306 de la Ley, el Reglamento en Materia de Publicidad especifica en su artículo 9 que la publicidad no es comprobable o no corresponde a la calidad sanitaria, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo de los productos o servicios, cuando: I. Induzca al error; II. Oculte las contraindicaciones necesarias; III. Exagere las características o propiedades de los productos o servicios; En el mismo sentido el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad establece en su artículo 6 fracción I. que la publicidad debe ser congruente con las características o especificaciones que establezcan las disposiciones aplicables para los productos o servicios objeto de la misma, para lo cual no deberá  atribuirles cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitadoras, nutritivas, estimulantes o de otra índole, que no correspondan a su función o uso El artículo 7, facciones I y III, letras a, b y d, del reglamento establecen que  la publicidad será orientadora y educativa respecto del producto o servicio de que se trate, para lo cual deberá: I. Referirse a las características, propiedades y empleos reales o reconocidos por la Secretaría, de los productos, servicios y actividades, en idioma español, en términos claros y fácilmente comprensibles para el público a quien va dirigida; II. Proporcionar información sanitaria sobre el uso de los productos y la prestación de los servicios, la cual deberá corresponder, en su caso, a las finalidades señaladas en la autorización respectiva; y III. Señalar las precauciones necesarias cuando el uso, manejo, almacenamiento, tenencia o consumo de los productos o la prestación de los servicios pueda causar riesgo o daño a la salud de las personas, de conformidad con lo siguiente: a. Contener información sobre las especificaciones para el uso adecuado del producto o servicio de que se trate, así como de los daños que pudieran ocasionar a la salud; b. Incorporar la información a la que se refiere el inciso anterior a la imagen gráfica del producto para evitar un error del consumidor; c. Estar impresas en colores contrastantes y en los tamaños señalados en el artículo 10 de este reglamento; d. Estar redactadas en formas literarias positivas, cuando se trate de dar instrucciones para el uso; y e. Estar redactadas en formas literarias negativas cuando se trate de prevenir al consumidor sobre los riesgos que el producto pueda representar En el mismo sentido, el artículo 8 del reglamento enfatiza que “no se podrá realizar publicidad que propicie atentar o poner en riesgo la seguridad o integridad física o mental o dignidad de las personas” La administración pública federal no cumple a cabalidad los requisitos que establecen el Reglamento y la Ley para la regulación de la producción de condones, ya que la NOM-016-SSA1-1993, tiene las siguientes inconsistencias: 1. Al tratarse de un dispositivo preservativo que no es 100 por ciento eficaz, se debe prevenir al consumidor sobre el riesgo que presenta su uso, por lo tanto la leyenda debe estar redactada en una forma literaria negativa 2. La información es escasa, no establece claramente los riesgos de contraer o transmitir alguna infección ni la eficacia real que tiene el condón 3. La leyenda preventiva que debe establecerse en el envase, no expresa un mensaje orientador ni educativo 4. La leyenda obligatoria, al ser un enunciado en positivo, induce a prácticas que pueden resultar nocivas a la salud física del consumidor 5. Al no establecerse los porcentajes aproximados de eficacia del condón, se puede interpretar la atribución de cualidades preventivas que no corresponden a la realidad En vista de lo anterior, actualmente existe una violación al derecho a salud, al no proveer de información correcta y completa sobre dispositivos preservativos a los que la ciudadanía tiene acceso irrestricto En base a lo anterior se propone la reforma de los artículos 309 y 310 de la Ley General de Salud en los términos siguientes: Artículo 309. La publicidad de preservativos deberá ajustarse a los siguientes requisitos: I.  La publicidad de preservativos no podrá establecer expresiones que puedan interpretarse como una protección 100 por ciento efectiva contra infecciones de transmisión sexual como: “sexo seguro”, “protección total”, etcétera II.  La publicidad de preservativos no podrá dirigirse a menores de 14 años III. La publicidad deberá de ir acompañada de la leyenda “la fidelidad a una pareja estable, disminuye el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual” IV. En el caso del condón, se deberá explicitar en el empaque y en toda la publicidad al respecto, el índice de riesgo que conlleva su uso en el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS) Artículo 310. La publicidad de preservativos, además de los aspectos considerados en el reglamento correspondiente y otras disposiciones aplicables, sólo podrá trasmitirse conforme a lo siguiente: I. En televisión y radio sólo podrá difundirse a partir de las veintidós horas; II. En cine podrá difundirse únicamente en películas para adultos, correspondientes a las clasificaciones C y D III. En ambos casos la publicidad deberá acatar las disposiciones que establece la ley, informando con claridad y precisión sobre el índice de riesgo que implica su uso en la transmisión de ITS y en la anticoncepción Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Notas: 1 Riding the sexual-health bandwagon. Lancet Infect Dis 2005; 5(1):1 2 Gayón VE, Hernández OH, Sam SS, Lombardo AE. Efectividad del preservativo para prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual. Ginecol Obstet Mex. 2008; 76(2):88-96 3 Kettler H, White K, Hawkes S. Mapping the landscape for sexually transmitted infections: key findings and recommendations. 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Sex Trans Infect 2007; 83(1):68-70 Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias a usted, diputada.Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA DESAPARICION FORZADA La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Entramos al punto de proposiciones. Se recibió de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición por la que se exhorta al Ejecutivo federal a que reconozca la competencia del Comité de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconocer la competencia del Comité de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la postulación de un experto, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD La suscrita, Florentina Rosario Morales, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones En virtud de la accesión de Irak a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ésta entró en vigor el pasado 23 de noviembre de 2010 Dicho instrumento internacional establece en su artículo 26 la constitución de un comité integrado por diez expertos de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos e independientes, que ejercerán sus funciones a título personal, los cuales serán propuestos y  elegidos por los Estados parte en votación secreta de una lista de candidatos Cabe señalar que hasta el momento, de los 21 países que son partes en la Convención, solamente 3 de América latina (Argentina, Chile y Uruguay) han reconocido la competencia de dicho comité. México es uno de estos países que no han reconocido la competencia del comité Sin embargo, dado el historial de desapariciones forzadas en nuestro país durante el periodo denominado de laguerra sucia, y las que se vienen dando a raíz de la lucha en contra del crimen organizado, es necesario que Estado mexicano participe activamente en dicho proceso, mediante la propuesta y postulación de un experto mexicano, que sea el resultado de un proceso transparente, en el que se invite a los organismos defensores de los derechos humanos a que propongan a los candidatos o candidatas que, en su opinión, resulten idóneos para ocupar dichos cargos, en atención a criterios de conocimientos, honorabilidad, experiencia y compromiso Por lo expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los términos del artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, reconozca la competencia del comité que establece dicho instrumento internacional y al hacerlo participe con la postulación de un experto mexicano, previa opinión y consulta de los organismos defensores de los derechos humanos Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de enero de 2011.— Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo TRABAJO INFANTIL La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que sancione a los patrones que emplean niñas y niños en las labores del campo, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a sancionar a los patrones que emplean niños en las labores del campo y a hacer cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD El suscrito, diputado Rodolfo Lara Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes Consideraciones La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), declaró en días pasados, que no ha podido sancionar a los patrones del sector rural, ya que, supuestamente, el campo está excluido de la  competencia federal Esto no es más que una calumnia para dejar la puerta abierta a la violación sistemática de los derechos de los trabajadores del campo, especialmente de las niñas y  niños, lo que representa una actitud indebida, calculadora y timorata, para evitar los costos políticos entre este sector empresarial. Es decir, se sacrifican los derechos humanos, en aras de los intereses económicos inmediatos de unos cuantos, sin enfocar el verdadero desarrollo económico del país con una visión más amplia y a largo plazo Sin embargo, contrario a lo que señala la STPS, el sector rural es de competencia federal, en materia de seguridad e higiene. A este respecto, la Ley Federal del Trabajo señala, terminantemente Artículo 527-A. En la aplicación de las normas de trabajo referentes...a seguridad e higiene en el trabajo, las autoridades de la federación serán auxiliadas por las locales, tratándose de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, estén sujetos a la jurisdicción de estas últimas Artículo 529. En los casos no previstos por los artículos 527 y 528, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 527-A, las autoridades de las entidades federativas deberán IV. Reportar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las violaciones que cometan los patrones en materia de seguridad e higiene y de capacitación y adiestramiento e intervenir en la ejecución de las medidas que se adopten para sancionar tales violaciones y para corregir las irregularidades en las empresas o establecimientos sujetos a jurisdicción local; VII. Previa determinación general o solicitud específica de las autoridades federales, adoptar aquellas otras medidas que resulten necesarias para auxiliarlas en los aspectos concernientes a tal determinación o solicitud Artículo 539-C. Las autoridades laborales estatales auxiliarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para el desempeño de sus funciones, de acuerdo a lo que establecen los artículos 527-A y 529 Por lo que hace al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio ambiente de Trabajo, señala expresamente, que su aplicación corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Por su parte, el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, establece que La Secretaría del Trabajo, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, podrán celebrar convenios para establecer  la coordinación, auxilio y unificación de criterios, programas, sistemas y procedimientos de inspección y aplicación de sanciones que permitan la adecuada vigilancia y cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo (artículo 3o. Párrafo primero) La persistencia de niñas y niños en el sector rural, es una violación abierta a la normativa en materia de seguridad e higiene, que es competencia expresa de la Secretaría del Trabajo, y por lo que hace a la inspección, la federación debe hacer los convenios necesarios con las autoridades de las entidades federativas, de manera que se respeten los derechos de los trabajadores. Luego, la Secretaría del Trabajo, no sólo puede, sino debe sancionar a los patrones del campo que violentan las medidas de seguridad e higiene, comenzando por el indebido empleo de las niñas y niños El auxilio de las autoridades locales, no suprime la competencia originaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de seguridad e higiene. Auxiliar, no quiere decir, sustituir Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. Esta Comisión Permanente, exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, para que en estricto cumplimiento a lo preceptuado por la Ley Federal del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias, sancione a los patrones que empleen niñas y niños en las labores del campo, en general, haga cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía. Celebrando con las autoridades de las entidades federativas los convenios de coordinación necesarios en materia de inspección que permitan vigilar debidamente en bien de los trabajadores del campo el debido cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo GUARDERIA ABC La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo para que el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes responda ante la ley por sus múltiples actos violatorios a nuestro Estado de derecho, suscrito por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, para que Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex titular de la SCT, responda ante la ley por sus actos violatorios del estado de derecho, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD El suscrito, diputado Rodolfo Lara Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de acuerdo: Consideraciones Los puestos públicos no debieran ser medio de corrupción; en general, instrumento privilegiado para la comisión de delitos, con el respaldo de la impunidad La actuación de Juan Francisco Molinar Horcasitas no debe quedar en una simple remoción, sino que ésta lleva al centro de las preocupaciones y reclamos nacionales, el que este funcionario público responda ante la ley, por sus múltiples actos violatorios a nuestro estado de derecho. Destacadamente, es llegado el momento de que la Procuraduría General de la República, atraiga el asunto relativo al incendio en la Guardería ABC y proceda a consignarlo ante las autoridades judiciales por la irresponsabilidad que se condujo al frente del instituto Ninguno de los hechos turbios de este funcionario deben quedar sin sanción, mucho menos la muerte de 49 niñas y niños en la Guardería ABC; y las lesiones sufridas por cientos de niños, trabajadoras y miembros de la comunidad, víctimas de este hecho La reparación de la violencia que azota al país exige justicia en un doble sentido, justicia social, redistribución de la riqueza, inclusión de los más al desarrollo del país; pero también justicia, como antípoda de la impunidad. La comisión de delitos debe pasar de  un acto de cinismo de los que tienen poder; para ser decisión de que se repare la dignidad y derechos de los ofendidos, incluidos la nación mexicana Los familiares de estas niñas y niños siguen exigiendo que se sancione con firmeza a Molinar Horcasitas, que en abierta violación a la letra y espíritu de la Ley del Seguro Social se dedicó a firmar contratos de subrogación de servicios de guarderías, sin cubrir los requisitos mínimos para la seguridad de las niñas y niños derechohabientes, dentro de un marco de anarquía y menosprecio a los derechos humanos a la vida y salud, privilegiando en todo momento el negocio, el lucro, el tráfico de influencias; manejando al IMSS, como si se tratara de una empresa de su propiedad, perdiendo la perspectiva de legalidad y servicio social No basta con que Molinar Horcasitas se vaya del gabinete, debe, como cualquier otro ciudadano, responder por sus corruptelas y demás delitos (licitaciones 20 y 21, inversión ilegal de las reservas del IMSS; irregularidades en torno a Mexicana de Aviación, entre otros), lo que será uno de los medios indispensables para que hechos como el crimen de la Guardería ABC no se repitan. Será un medio para atender la dignidad y la memoria de los fallecidos y la ruta para que México vea con fuerza moral al resto de los países de la comunidad internacional Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero.Esta Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer, con la brevedad posible, la investigación del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, a efecto de que el señor Juan Francisco Molinar Horcasitas y demás implicados en este hecho sean consignados ante las autoridades judiciales y sean sancionados con todo el peso de la ley Segundo. Esta Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que en el marco de sus respectivas atribuciones investiguen la gestión de Molinar Horcasitas como director general del IMSS, procediendo al deslinde de responsabilidades Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo RESCATE SOCIAL DEL PAIS La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a que establezcan un gran acuerdo que permita llevar a cabo el rescate social que nuestro país exige con urgencia, suscrito por el diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a establecer un gran acuerdo que permita llevar a cabo el urgente rescate social del país, haciendo eco de la propuesta formulada por el rector de la UNAM, suscrita por el diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del PRD El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el  artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo: Consideraciones La esencia de una nación es su gente y el grado de desa-rrollo de toda nación está dado igualmente por el desarrollo alcanzado por su pueblo, especialmente los más humildes Luego es un contrasentido, aplicar una política social y económica, que se funda en arrancar el bienestar a las mayorías, para crear una plutocracia hasta el exceso más funesto, hasta un grado inadmisible hasta para los mismos ricos, que amenaza con desintegrar a la nación misma, de manera que la justa inconformidad sólo se detiene, mientras sea posible, con un uso excesivo e indebido de la fuerza Es de las grandes personas, y concretamente de los grandes estadistas, atreverse a ver las terribles consecuencias de una política errónea, y con moderación y objetividad, corregir;  esto no provocará debilitación del principio de autoridad, sino su afianzamiento dentro del sentido de justicia Y hablando de justicia, ladeuda social que el Estado mexicano tiene hacia la mayoría de la población, se nos presenta como una acumulación terrible de pobreza, desempleo, enfermedad, precaria educación, falta de recreación, muerte de la esperanza y las ilusiones. Lo que necesariamente se traduce en que  el grado  de libertad y felicidad de nuestro pueblo ha llegado a un mínimo Es indignante vernos en los primeros lugares de los listados internacionales de la ignominia: • Tenemos la ciudad donde más se asesina, la más peligrosa del mundo, Ciudad Juárez; no se necesita pensar mucho para comprender el dolor de las niñas, de las mujeres, de los ancianos, de los varones que la habitan. En general, somos unos de los países más violentos del mundo • Ocupamos el segundo lugar en corrupción • Estamos a la cola de los países de la OCDE en materia educativa • Somos primer lugar en obesidad infantil y segundo en la obesidad adulta, a lo que el secretario de la OCDE ha puesto la alerta, ya que pone en peligro la esperanza de vida, el futuro del país y la estabilidad de sus finanzas públicas • El desempleo que oficialmente representa más de dos y medio millones, se eleva exponencialmente, si tomamos en cuenta a los millones que se encuentran disponibles, los que no reciben  remuneración, los empleos de ficción de la informalidad, los subempleados; más aún,  si vamos a los empleados, estos son otra ficción, ya que en ellos dominan los salarios precarios, la inestabilidad de los empleos, su falta de acceso a la seguridad social, o a una seguridad social sin calidad • Al ocuparnos de los jubilados, vemos a personas de la tercera edad con pensiones mínimas, pero sobre todo, sin que éstas se complementen con todo el bienestar físico, mental, cultural, de recreación y social, que estas personas se merecen, por lo que la jubilación, pasa de júbilo a un verdadero infierno • Pero hay una mayoría, que no accede ni a tales precarias pensiones, lo que es sinónimo no sólo de absoluta pobreza, sino de despojo, de abandono, de tristeza y abusos de todo tipo • Nuestros jóvenes, que son el verdadero oro de una sociedad, abandonados, entre el suicidio y la delincuencia, para muchos de ellos, 7 millones se dice, son mucho más, sin respeto a su derecho a estudiar, trabajar, a la cultura, a una indispensable participación en los problemas sociales y políticos de nuestra nación • Los jóvenes, que tienen el privilegio de acceder a una institución educativa, o trabajar, no siempre reciben la educación con la calidad y elevación moral que se merecen • Los recursos para la  investigación científica se mantiene dentro de un enanismo apenas creíble, cuando ésta es palanca no sólo del conocimiento sino del desarrollo económico y social de los pueblos • El campo, le duele a toda la nación en su retraso, en su abandono; del que manan millones que buscan en otros países, si antes no los alcanza la muerte, el trabajo y la ilusión que su nación les niega • La salud, como derecho, sufre exclusiones y desigualdades inaceptables. Urge crear un sistema nacional de salud • Como si nuestro país fuera un campo sin autoridad, parece coto de caza de niñas y niños y adolescentes para la trata de personas, prisioneros de la comida chatarra, padecen hambre, y son víctimas de las más variadas y encarnizadas formas de violencia • Nuestros bosques van a la cabeza mundial en devastación, en general, nuestro entorno, nuestra agua, está en una emergencia ecológica, que niega todo futuro si seguimos por esta ruta • Según la fuente, 47 (Coneval) u 82 (algunos especialistas) millones de mexicanos,  vive en la pobreza, sin que las medidas asistencialistas, puedan ser su solución • En materia de productividad hemos caído al lugar 60, y seguimos en picada • La vivienda digna, que sigue siendo privilegio y no derecho, sigue como rehén del tráfico de influencias, el lucro de constructoras y financieras, y de despachos de cobranza En este dramático panorama, nuestro mapa se va llenando de hechos trágicos, que han conllevado la muerte inocente y grupal de mexicanos: explosión en Pasta de Conchos, incendio en la Guardería ABC, muerte por esclavitud de las trabajadoras de Coppel, muerte en San Juan Texmelucan. Muertes inmersas en el menosprecio a la vida y a la aplicación de las medidas preventivas, para evitarlas Por todo lo dicho, no deben quedar como palabras bonitas, sino como un programa de acción de todas las fuerzas políticas, la propuesta hecha por el  Rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, el 22 de septiembre de 2010, en sesión solemne de Congreso General, conmemorativa del centenario de la UNAM, celebrada el 22 de septiembre de 2010, de cuya trascendente intervención rescatamos los siguientes párrafos: “Tenemos que dar el gran salto del México desigual, a un México con equidad, solidaridad y justicia social, donde la opulencia y la miseria se moderen como lo planteó Morelos hace 200 años ”Los derechos sociales para todos los mexicanos son, hoy por hoy, una condición básica para avanzar hacia el país que todos anhelamos, pero no basta con que dichos derechos se enuncien en el texto constitucional, debemos avanzar y hacerlos exigibles ”La agenda de México en el siglo XXI debe partir de ese reconocimiento. El nuevo curso de desarrollo debe poner en el centro de su eje a la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la enfermedad ”Debemos reconocer que ningún proyecto vale la pena si no sirve para mejorar las condiciones de vida de la población ”Es necesario retomar los valores intrínsecos de la política, el diálogo, la negociación, el respeto a las opiniones ajenas y la voluntad de alcanzar acuerdos ”Ha sido posible establecer pactos políticos que en principio parecían improbables.Hoy quiero, respetuosamente, pedir a esta soberanía que las fuerzas políticas representadas en el Congreso establezcan un gran acuerdo a favor del rescate social que México demanda, del que se requiere para pagar la deuda histórica, del que necesitamos para solucionar los problemas que a Morelos, Juárez o Zapata perturbaban; de ésos que a muchos hoy nos agobian en particular.” Así, en mi carácter de representante popular, convoco a todos las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión  a que hagamos realidad elrescate social que exige nuestra nación, para que tenga futuro, dentro de la felicidad y justicia, a lo que todos los mexicanos tienen derecho y  que todos anhelamos Como se ha repetido, si en su momento se han llevado a cabo rescates financieros, carreteros, de los ingenios, de empresas privadas con las reservas del IMSS, urge en equidad que se haga un Rescate Social, que ponga fin al actual desconocimiento de la justicia social; con lo cual además daremos cabal cumplimiento a lo ordenado por nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales signados por México Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero. Esta Comisión Permanente exhorta a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a establecer  un gran acuerdo que permita llevar a cabo elrescate social que nuestro país exige con urgencia. Haciéndonos así eco de la relevante propuesta hecha por el rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, en sesión solemne de Congreso General, conmemorativa del centenario de la UNAM, celebrada el 22 de septiembre de 2010 Segundo. Esta Comisión Permanente exhorta a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a crear un grupo de trabajo que trabaje en conferencia, e integrado por senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios, para concretizar con la brevedad posible este gran acuerdo para elrescate social de nuestro país Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Diputado José María Valencia Barajas (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo relativo a las recomendaciones emitidas en diciembre de 2010 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a las recomendaciones números 72/2010 y 83/2010, emitidas en diciembre de 2010 por la CNDH, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD La suscrita diputada federal a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones Durante el 2010, la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) recibió 198 quejas en contra de servidores públicos de la Secretaría de Marina, principalmente por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida La CNDH dirigió a la Secretaría de Marina seis recomendaciones, cifra que supera las dirigidas a esa autoridad del año 2006 al 2009, lo que muestra que el personal de esa dependencia ha multiplicado exponencialmente el número casos en que ha incurrido en hechos violatorios a derechos humanos De las recomendaciones emitidas en el año 2010, la Secretaría de Marina únicamente ha aceptado dos, quedando pendiente una de contestar En la recomendación 72/2010, la CNDH observó que la noche del 16 de diciembre de 2009, elementos de la Secretaría de Marina dispararon sus armas de fuego en la colonia Del Empleado, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y varios proyectiles alcanzaron la camioneta en que viajaba una persona, quien falleció a causa de las lesiones provocadas Por lo que respecta a la recomendación 83/2010, menciona que la madrugada del 11 de diciembre de 2009, servidores públicos de la Secretaría de Marina realizaron disparos de arma de fuego en contra del vehículo que conducía una mujer que salía de su domicilio en el fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, Morelos, quien perdió la vida en ese lugar En ambos casos, la CNDH concluyó que los elementos de la Marina “incurrieron en uso arbitrario de la fuerza pública y vulneraron en perjuicio de los agraviados los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica” En ambos casos ha quedado demostrado que las fuerzas armadas no respetan las garantías individuales, y que la legislación en materia de procuración de justicia militar es un obstáculo para alcanzar la verdad material e histórica, y el obvio castigo a los responsables Cuenta de ello son las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en tres ocasiones ha solicitado a México se modifique el fuero militar, dejando el claro que los delitos cometidos por militares sean enfrentados en tribunales civiles La negación explícita de la Secretaría de Marina Armada de México, de recibir dichas recomendaciones deja en claro su nulo compromiso con la protección de los derechos humanos, y su sujeción al sistema autoritario del uso de la fuerza con la población civil Es por ello que sometemos a la consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, a que dentro de sus facultades constitucionales acepte y acate las recomendaciones 72/2010 y 83/2010 emitidas por la CNDH Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo MIGRANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo relativo a los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y extranjeros, indocumentados en el país, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del INM, de la Policía Federal y de la PGR a investigar los secuestros y las desapariciones de migrantes nacionales y extranjeros indocumentados en el país de abril de 2010 a la fecha, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD Silvano Aureoles Conejo, senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II del numeral 1; 76, fracción IX del numeral 1, 276 y 277 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, al titular de la Policía Federal y al titular de la Procuraduría General de la República que investiguen acerca de los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y migrantes extranjeros indocumentados en el país, de abril de 2010 a la fecha y que han ascendido a un total de 10 mil secuestros en territorio nacional de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Consideraciones La migración de mexicanos hacia territorio norteamericano data de hace más de cien años, con o sin política migratoria, pues los lazos de sangre han resultado  más fuertes que cualquier frontera material que sea instaurada Sin embargo, no siempre la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos fue considerada como un problema, al contrario, la mano de obra mexicana fue necesaria precisamente para el óptimo desarrollo de la sociedad norteamericana, quien se encontraba en vías de desarrollo pero sin la cantidad requerida de hombres trabajadores Así es como se inicia el fenómeno migratorio de nacionales mexicanos hacia territorio norteamericano, sin embargo, dada la necesidad de implementar medidas que permitieran un control de esa migración, surgen normas para lograr dicho objetivo Esas normas que en lo general surgieron en los Estados Unidos resultaron perjudiciales en muchas ocasiones para los emigrantes mexicanos hacia el país del norte, sin embargo, el Estado mexicano ha dejado mucho que desear por la insipiente, por no decir nula, regulación de la emigración tanto de nacionales mexicanos que se ubican en el sureste del territorio nacional y que migran hacia el norte para cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos, como de los miles de centroamericanos que salen de su país y cruzan la frontera con México para alcanzar el mismo sueño Es así como en la frontera sur de nuestro país siempre se han llevado a cabo vejaciones en contra de los migrantes indocumentados centroamericanos, acciones que son efectuadas tanto por ciudadanos mexicanos que se valen de la necesidad de los migrantes y los asaltan Estos asaltos, hasta hace unos años, es lo que se presentaba por lo regular en el recorrido de los migrantes hacia el norte de México, junto con la violación a mujeres y niños, sin embargo, la indiferencia tanto de las autoridades como de la propia sociedad, dio pie a que estos delitos se consideraran normales; para muchos era el riesgo que debían de correr para alcanzar su sueño de estardel otro lado, es decir en los Estados Unidos El 7 de enero de este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mencionó que de abril a septiembre de 2010, se han presentado 10 mil secuestros de migrantes en territorio nacional, esto ya no resulta normal para la aventura y riesgo que los migrantes tanto nacionales como extranjeros debían correr en su trayecto hacia el norte del país Esta cifra fue dada a conocer después de los continuos casos de violación a los derechos humanos de los migrantes tanto nacionales como extranjeros que cruzan el territorio nacional con la finalidad de llegar a territorio norteamericano “El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, informó que la institución que encabeza tiene registrados 214 casos de secuestros colectivos de migrantes perpetrados en México durante 2010”.1 En cada caso fueron privadas de su libertad alrededor de 50 personas, de ahí que se hable de 10 mil casos de secuestro Estos casos tal y como lo señaló el ombudsman nacional deben ser investigados para conocer la identidad de las personas que les causaron daño a cada una de las personas privadas de su libertad Aún cuando las cifras antes mencionadas han sido negadas por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, es menester que ambas partes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por un lado, y la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, por medio de los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, informen acerca de la situación que se vive en el recorrido del tren que va de Chiapas a Oaxaca y en el cual se ha mencionado que sufren violaciones los migrantes nacionales y extranjeros Ello a fin de ser coherentes con un estado de derecho que debe velar en todo momento por la seguridad de todos y cada uno de sus habitantes sea cual fuere su nacionalidad o condición migratoria Pero además porque es nuestra obligación como legisladores y más aun como voceros de los ciudadanos, actuar frente a estos hechos y pedir su investigación correspondiente, lo cual es no sólo facultad de la autoridad sino también su obligación Es necesario conocer el estado en que se encuentran los extranjeros en las estaciones migratorias y con ello verificar que su detención se haya dado conforme a derecho Presenciar el actuar de las autoridades migratorias en las garitas de acceso a territorio nacional vía la frontera sur del país, y denunciar cualquier acto de corrupción que pudiera presentarse en las mismas o cualquier tipo de anomalía Por ello, es indiscutible que México necesita de una reforma integral más allá de una ley migratoria, no debemos ser el reflejo de aquello que repudiamos de los Estados Unidos en cuanto al trato a nuestros connacionales ¿Cuánto tiempo más nos mantendremos inertes ante esta situación? ¿Cuántas personas más tendrán que desaparecer o incluso morir para que se actúe? ¿Cuándo vamos a quitarnos la venda de los ojos de que en nuestro país, todos somos iguales, y se respeta a toda persona sin importar su origen, condición social ni situación migratoria, cuando miles de personas son discriminadas? ¿Cuándo nos vamos a comprometer como sociedad para realmente tener una conciencia de grupo frente a lo que como país nos ocurre? ¿Cuándo vamos a dejar de soñar en que vivimos en el país de no pasa nada? ¿Con qué cara nuestros embajadores acreditados en el exterior, podrán cambiar la imagen de México en otros países si aquí mismo escondemos lo que ocurre en contra de nacionales y extranjeros? Con base en lo anterior es necesario que las autoridades correspondientes investiguen sobre las desapariciones y secuestros de migrantes nacionales y extranjeros que han ocurrido en los últimos meses en territorio nacional, para no dejar nuevamente al olvido un problema que tiene años de presentarse en nuestro país, el cual padece de una bipolaridad ante el problema migratorio Bipolaridad que se presenta por un lado ante el rechazo de varios sectores de la sociedad mexicana, gobernantes, funcionarios públicos, legisladores y opinión pública que nos desgarramos las vestiduras ante las vejaciones que sufren nuestros connacionales indocumentados en los Estados Unidos y la discriminación atroz de la que son objeto en su estancia en aquél país; y por otro lado somos el país de “no pasa nada” en la frontera sur de México en el que se respetan los derechos de los migrantes nacionales y extranjeros, y queremos maquillar cifras o bien, esconder la realidad Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República realicen una investigación exhaustiva acerca de los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y migrantes extranjeros indocumentados en el  país, de abril de 2010 a la fecha y que han ascendido a un total de 10 mil secuestros en territorio nacional, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y rindan, con oportunidad, un informe a esta soberanía en los términos que resulten necesarios para no trasgredir los derechos de las víctimas y de los denunciantes Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que asista a una reunión de trabajo con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de que se analicen los casos de secuestros de migrantes de los cuales han tenido conocimiento a través de las visitas que dicho organismo ha realizado a las diferentes estaciones migratorias ubicadas en el país, en las que se tomaron testimonios de las víctimas Tercero. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración que autorice ingresar a una comisión integrada por senadores y diputados a las estaciones migratorias ubicadas en el país, así como a permitir que algún legislador visite las garitas de entrada a territorio nacional por la frontera sur del país Nota: 1. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/182927.html Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo EDUCACION LAICA La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reitera la naturaleza laica de la educación pública que imparte el Estado mexicano, consagrada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente reitera la naturaleza laica de la educación pública que imparte el Estado mexicano, consagrada en la Constitución Política, y la sujeción obligatoria a sus preceptos por las autoridades de gobierno en todo ámbito y nivel, a cargo del senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PRD El suscrito, senador René Arce Círigo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes Consideraciones La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recoge principios, reglas y valores que marcan la pauta de conducta y el modelo de organización del estado mexicano Entre los principios históricos que se encuentra el contenido en el artículo 130 constitucional, que se identifica como “Separación del Estado y las Iglesias” y que fue sin duda un triunfo histórico del modelo liberal impulsado por Benito Juárez y otros grandes pensadores del siglo XIX. Ellos nos legaron su determinación por una sociedad libre de dogmas religiosos y de cualquier otra índole Se trató de una cuestión vital que determinaba el permanecer en el atraso decimonónico o acceder a la modernidad. En efecto, mientras que en Norteamérica y en Europa la separación de los asuntos religiosos con respecto a los de gestión de Estado se habían completado, incluso desde hacía décadas posibilitando el progreso de aquellas naciones; México se ahogaba en el peso sofocante de una iglesia que no aceptaba perder fueros, privilegios e influencia política. Por ello, con las Leyes de Reforma y con la promulgación de la Constitución federal de 1857, el país se dio un marco jurídico en el cual sentaron las bases para culminar su acceso a la modernidad y las luces del pensamiento ilustrado y finalmente, científico Uno de los elementos más poderosos de este modelo fue el establecimiento de la educación pública laica y libre de toda influencia religiosa, tal como está hoy en día normado por el artículo 3o. constitucional. Se trata de una de las conquistas más valiosas del movimiento liberal mexicano y de la propia revolución que hace unos meses cumplió un siglo de iniciada Y se trata también de una decisión que superó la prueba de la historia pues en este marco se consolidó el Estado laico mexicano como un baluarte del desarrollo económico, político y cultural y sin cuyo eje sería imposible entender el tránsito de México, ciertamente difícil y asimétrico, pero tránsito al fin, hacia la democracia Y contra toda esta tradición y logros, el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez –a propuesta del arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago– instruyó al secretario de Educación de la entidad, Alberto Diosdado, para que revise el tema de incluir la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, pues se dijo convencido de que “los padres deben elegir la educación que quieren para sus hijos” Al hacerse eco de la exigencia del arzobispado de León de incluir a la religión en la educación pública, el gobernador de la entidad está reabriendo peligrosamente una cuestión que ya fue zanjada por la historia a un gran costo político, económico, social, y que además de significó la pérdida de muchas vidas ante la insensatez de conservadores y jerarquía eclesiástica que, en la oportunidad, se aferraron a posesiones y poder terrenal La justificación de que los padres deben elegir la educación que quieren para sus hijos está mal dirigida pues el artículo 24 de la Constitución fija que: Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley Lo que quiere decir que, bajo la tutela de sus padres, estos pueden brindar la educación religiosa “que más les agrade” Por otra parte, lo que el artículo 3o. prevé es simple y directo: Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación.. I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; La pretensión de incorporar a la religión en la educación pública, tal como lo declaró el gobernador Oliva Ramírez, es además de un contrasentido histórico, una grave falta al deber que juró el gobernador constitucional de Guanajuato de respetar y hacer respetar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ésta emanen y es, a todas luces, un rumbo condenable que no deben tolerar las autoridades y, no desde luego, el Poder Legislativo que tiene el ineludible deber de  pronunciarse categóricamente al respecto Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposicióncon Puntos de Acuerdo Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reitera la naturaleza laica de la educación pública que imparte el Estado mexicano, consagrada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la sujeción obligatoria a sus preceptos por parte de todas las autoridades de gobierno en todo ámbito y nivel Segundo: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza sin rodeos la pretensión manifestada por el gobernador constitucional de Guanajuato de revisar la posible inclusión de la religión en la enseñanza pública de la entidad por ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Tercero: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional de Guanajuato, para que desista de llevar a cabo cualquier acción, particularmente en el ámbito de la educación pública, que debilite la naturaleza laica del Estado mexicano y le recuerda que al inicio de su mandato él juró respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ésta emanen Dado a los 19 días del mes de enero de dos mil once, salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro.— Senador René Arce Círigo (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo ESTADO DE TABASCO La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo relativo a las acciones de investigación para  esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, suscrito por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a agilizar las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en Jalpa de Méndez, Tabasco, donde perdieron la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román, a efecto de que se proceda al deslinde de responsabilidades, a la aplicación de las sanciones correspondientes y a la indemnización de las familias afectadas, suscrita por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD La que suscribe, Rosalinda López Hernández,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la  Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes Consideraciones A cuatro años de que el gobierno federal decidiera poner en marcha la llamada guerra contra el narcotráfico, los efectos sobre el tejido social han sido desastrosos, porque no sólo ha traído consigo detenciones de criminales o decomisos de dinero, drogas y armas a la delincuencia organizada, sino también grados de violencia e inseguridad sin precedentes de cuyo saldo hoy se reportan más 34 mil asesinatos La torpe estrategia que emprendió el gobierno federal supuestamente para disminuir la inseguridad ha impuesto la restricción de los derechos humanos de la sociedad, la violación de éstos y el establecimiento de un régimen de excepción en donde en muchas ocasiones las fuerzas de seguridad encargadas de combatir el hampa no parecen distinguir entre delincuentes y civiles inocentes Ante ello, el Congreso del Unión se ha pronunciado sobre la necesidad de llevar un registro puntual de los decesos de civiles donde se indique la edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos, a fin de que la población conozca la dimensión real de lo que tristemente el gobierno federal denominó como “daños colaterales” A pesar de que esta solicitud no ha sido atendida, extraoficialmente hemos podido conocer por diversos medios de información o derivado de trabajos de investigación, que las cifras de civiles muertos, ya sea en fuego cruzado, retenes u otras acciones policíacas y militares, así como actos deliberados de las bandas delictivas, se ha incrementado de forma alarmante, lo cual para el gobierno federal no parece ser razón suficiente para optar por un cambio en la estrategia que aplica en la lucha contra la criminalidad Si aceptamos las afirmaciones oficiales de que del total de los muertos relacionados con el plan antinarco, sólo el 10 por ciento eran personas inocentes, entonces estaríamos hablando de que más de 3 mil 400 civiles tendrían tal condición Seguramente el dato real sobre los civiles asesinados nunca lo conoceremos, porque además ha sido práctica común de las autoridades  presentar a las víctimas inocentes como personas involucradas en la delincuencia, con objeto de cubrir los errores o abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, es decir, los familiares de las víctimas no sólo tienen que enfrentar el dolor de perder a un ser querido sino también deben soportar la calumnia de las autoridades que califican de sicarios a sus familiares muertos Un caso emblemático es el de los dos jóvenes tabasqueños Víctor Manuel Chan Javier, de 21 años de edad, y Ramón Pérez Román, de 23 años, quienes el pasado 14 de noviembre perdieran la vida en el municipio de Jalpa de Méndez en una equívoca acción conjunta de policías y militares que les acribillaron sin justificación alguna. A decir de la autoridad, los jóvenes intentaron evadir un retén de seguridad, pero otra versión, que ante la evidencia resulta más certera, asegura que se trató de un operativo de patrullaje que realizaban elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, así como de fuerzas de seguridad pública federal y del Estado Como ha ocurrido en casos recientes, los dos jóvenes fueron criminalizados en una primera instancia. Incluso, el propio gobernador del estado en forma aventurada relacionó a los jóvenes con el narcotráfico, cuando todo señala que eran ciudadanos dedicados al trabajo, el primero de ellos comerciante de ropa y el segundo, trabajador de Pemex, por lo cual se cree que los hoy occisos fueron asesinados sin motivo alguno El presente caso fue atraído para su investigación por la Procuraduría General de la República, sin embargo, a más de dos meses de esta tragedia la investigación parece estancada, no existen detenidos por los hechos y los familiares de las víctimas no han recibido por parte del Ministerio Público Federal una versión medianamente creíble de cómo ocurrieron los hechos y de la posibilidad de la consignación, lo que hace pensar que este caso se sumará a la larga lista de los casos de impunidad que aqueja al país Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al procurador general de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales agilice las acciones de investigación que lleva a cabo para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en que perdieran la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román. Lo anterior para que se proceda con la mayor celeridad al deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones correspondientes, así como a la indemnización de las familias afectadas Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senadora Rosalinda López Hernández (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo BANCO DE MEXICO - INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE AHORRO BANCARIO La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal envíe al Congreso de la Unión sus propuestas para ocupar la vacante de la Junta de Gobierno del Banco de México y de dos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, suscrito por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que envíe al Congreso de la Unión sus propuestas para ocupar la vacante de la Junta de Gobierno del Banco de México y de dos vocales de la del IPAB, suscrita por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD La que suscribe, senadora Rosalinda López Hernández, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la que se solicita al Ejecutivo federal envíe al Congreso de la Unión las propuesta para ocupar puestos claves del Banco de México y del IPAB, al tenor de las siguientes Consideraciones La reforma constitucional de 1994 separó al Banco de México de la administración pública federal y lo convirtió en un organismo con autonomía relativa y con un mandato muy específico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 constitucional, que a letra dice “El estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.” En correspondencia a lo que dispone el mandato constitucional, la ley otorga al Banco de México diversas funciones, entre las que destacan las siguientes: regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos; operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia; y, fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y, particularmente, financiera Según el artículo 38 de su ley reglamentaria, el funcionamiento y la administración del Banco de México, está a cargo de una junta de gobierno integrada por cuatro subgobernadores y un gobernador No obstante la relevancia de las tareas encomendadas al Banco de México, actualmente está pendiente la designación de uno de sus miembros, en virtud de que el 31 de diciembre de 2010 se abrió una vacante en su junta de gobierno, al concluir el periodo respectivo para el que fue designado el entonces subgobernador Guillermo Güemez García, quien ocupara dicho cargo desde 1995 Dada la importancia de dicha institución monetaria para el funcionamiento del sistema financiero y para los mercados financieros, y de conformidad con lo establecido en el artículo 28 constitucional, párrafo séptimo, la Comisión Permanente está en su derecho de exhortar al Ejecutivo federal para que, a la brevedad, envíe a esta soberanía la propuesta para ocupar la vacante en la junta de gobierno del Banco de México, a fin de estar en condiciones de evaluar el perfil y capacidades de quien podría formar parte de la mencionada institución en los próximos años que seguramente serán de grandes desafíos sobre todo en materia de crecimiento económico, inflación  y crisis sistémicas En este mismo tenor de salvaguardar el funcionamiento de los entes reguladores, tenemos el caso del IPAB, organismo creado para proteger el ahorro bancario, y que entre otras funciones tiene a su cargo establecer los requerimientos de capital de los bancos para evitar problemas de liquidez, administrar y enajenar  los bienes asociados a programas de resoluciones bancarias, así como la administración  financiera de la deuda derivada de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca Actualmente el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cuenta con dos vocales en funciones: Benito Solís Mendoza y Jorge Eduardo Chávez, esto debido a que Ernesto Zamarripa Morones, quien concluyó su último periodo de cuatro años el 31 de diciembre de 2009, y no ha sido sustituido. Por su parte, el vocal Jorge Chávez Presa terminó su periodo el 31 de diciembre de 2010. En este caso, el Ejecutivo lo puede proponer para un segundo periodo o proponer un candidato diferente El procedimiento de designación de las vacantes mencionadas, se encuentra establecido en el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que a la letra dice “Artículo 75.- La junta de gobierno estará integrada por siete vocales: el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el presidente de la comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.” Dada la importancia de estas instituciones reguladoras para el sistema financiero y sobre todo el bancario, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con Punto de acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 28, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, exhorta al Poder Ejecutivo federal a enviar, a la brevedad, las propuestas para ocupar la vacante de la junta de gobierno del Banco de México y de dos vocales de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a fin de que esta soberanía evalúe y, en su caso, ratifique a dichos funcionarios con el fin de preservar el buen funcionamiento y la legalidad de las resoluciones de las mencionadas instituciones Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senadora Rosalinda López Hernández (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se propone el establecimiento de una Mesa Bicameral de Reforma del Sistema Nacional de Educación, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se propone el establecimiento de una mesa bicamaral de reforma del sistema educativo nacional, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD El que suscribe, Julio Aguirre Méndez, senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por los que se propone el establecimiento de una mesa bicamaral de reforma del sistema nacional de educación: Consideraciones Uno de los mayores orgullos para la familia mexicana durante lo que se conoce como “desarrollo estabilizador” fue la posibilidad de superación a partir de la educación pública. La posibilidad de terminar la universidad era garantía de superación personal, orgullo y progreso para la nación Sin embargo, hoy el sector educativo vive los embates de fuertes críticas sobre la calidad educativa, infraestructura, enfermedades como la obesidad, falta de agua, una planta docente que carece de instrumentos y materiales para atender grupos de 40 estudiantes, bajos ingresos... La situación de las universidades no es diferente: los continuos recortes, la elevación de costos de la investigación, la falta de oferta educativa y la contracción de mercado laboral nacional en un mundo global donde se requiere el desarrollo de las matemáticas, las ingenierías, donde nuestros egresados emigran a Estados Unidos, China, Europa, India, debe ser una advertencia clara junto con las observaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de que nuestro sistema educativo en su conjunto muestra signos de debilidad estructural que requieren cirugía mayor Esta reforma no sólo debe considerar la discusión del presupuesto. Debe antes que nada rediscutir el papel de la educación para la sociedad mexicana, para la integración social del Estado y el desarrollo de la capacidad de los ciudadanos. No podemos seguir con un modelo educativo donde • 4 de cada 10 personas mayores de 15 años están en situación de “rezago educativo”. Personas que no concluyeron estudios de educación básica son analfabetas, no terminaron la primaria o la secundaria y esa situación las hace enfrentarse en condiciones de desventaja en el mercado laboral, con ingresos promedios de entre seis y ocho pesos por hora laborada, mientras que una persona que alcanza estudios universitarios logra ingresos de 56 pesos la hora, según estimaciones de la Secretaría de Educación Pública • El número de mexicanos con capacidades mínimas de educación se incrementó más de 3.6 millones de personas en las últimas dos décadas, al pasar de 29.7 millones a 33.4 millones, informó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos • De acuerdo con la OCDE, la calidad educativa en México retrocede de forma constante, en detrimento de la competitividad, la productividad y el bienestar de la población en el tiempo. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, pidió a senadores continuar las reformas pendientes, donde sobresale la educativa • De acuerdo con datos proporcionados por la SEP, en México 1 de cada 100 estudiantes termina los estudios universitarios, y está directamente ligada esta tasa de éxito al nivel de ingresos del estudiante. En otras palabras, nuestro sistema educativo ha dejado de cumplir su función social con las familias de menores recursos que quieren estudiar, pero que no pueden financiarlo Por ésas y otras razones es fundamental que el Congreso de la Unión establezca con la mayor brevedad una mesa de trabajo para refundar el sistema educativo, con énfasis en su papel social y las necesidad del mercado de trabajo mundial, una mesa convocada desde el Congreso con todos los actores que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sectores público y privado, para alcanzar una reforma de Estado en la materia Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a cada una de las Cámaras a impulsar la creación de una comisión bicamaral para el establecimiento de una mesa de reforma del sistema educativo nacional Segundo. A través de esta comisión bicamaral, el Congreso de la Unión establecerá prioritariamente una agenda de acercamiento con gobierno, universidades, sociedad civil, intelectuales, sindicatos, representantes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, a fin de establecer una reforma integral del sistema educativo Tercero. La comisión bicamaral se establecerá para la reforma del sistema educativo conforme al siguiente procedimiento: I. Diagnóstico del sistema educativo nacional II. Presentación de propuestas III. Consulta pública IV. Negociación y construcción de acuerdos V. Redacción del proyecto VI. Aprobación, firma y presentación de iniciativa Los temas por tratar serán los siguientes: I. Calidad educativa II. Descentralización III. Financiamiento de la educación en México IV. Transparencia y resultados del gasto público V. Infraestructura educativa VI. Desarrollo e investigación VII. Programas de estudio VIII. Becas y apoyos económicos Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo ESTADO DE SONORA La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo relativo a la desaparición del fideicomiso ferrocarrilero de Empalme, Sonora, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya a la SHCP, a la PGR y a la ASF para que realicen las investigaciones necesarias que expliquen la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD El que suscribe, senador Julio Aguirre Méndez, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, así como el 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la que se solicita al Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, así como a la Auditoría Superior de la Federación para realizar las investigaciones que expliquen la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de empalme, Sonora Consideraciones Como parte de la reforma en 1995, al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tuvo por objeto sustituir el régimen de participación exclusiva del Estado en el servicio ferroviario, por otro que permite la participación de los particulares, se estableció la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Por la cual se privatizó al sector ferroviario nacional a través de concesiones a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. En esta ley se determinó que el proceso de reestructuración del Sistema Ferroviario Mexicano, el 19 de diciembre de 1997 se constituyó ante Nacional Financiera, SNC, un fideicomiso, que se denominó Ferronalesjub 5012-6 con una aportación inicial de 13 mil 529.75 millones de pesos. El objetivo del fideicomiso que tiene como finalidad, garantizar el pago de las rentas vitalicias de los trabajadores jubilados El 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica, en el que se establecen una serie de disposiciones, a través de las cuales se llevará a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México El artículo 4o., y el Segundo Transitorio de dicho decreto, se establecen claramente los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México: Artículo 4o. Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo aplicable y a la ley, serán respetados. En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente Segundo. El pago de las pensiones no podrá ser retenido por ninguna circunstancia, salvo por decisión judicial Sin embargo, dos hechos muestran una preocupante situación para los pensionados de la Ferrocarriles Nacionales de México. De acuerdo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación de 2003-2004, al término del sexenio de Felipe Calderón, en 2012, alrededor de 37 mil 65 ferrocarrileros jubilados se quedarán sin pensión. Para entonces, los millonarios fondos del fideicomiso Ferronalesjub -destinado al pago de sus pensiones- se habrán agotado De acuerdo con las proyecciones de elaboradas por la ASF, con base en las tablas de mortalidad de los jubilados, la administración federal tendrá que cubrir las pensiones hasta 2042. Así, las finanzas públicas erogarán 31 mil 180 millones 700 mil pesos de 2012 y hasta que fallezca el último pensionado de Ferrocarriles Nacionales de México Y es que de conformidad con el artículo cuarto del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferronales, y de la cláusula décima octava del convenio modificatorio, este adeudo será transferido al gobierno De acuerdo a los estudios de la ASF de 2007 advierte que para el año 2012 el universo de jubilados por atender sería aún considerable, ya que las estimaciones basadas en tablas de mortalidad indican una población de 37 mil 65 jubilados en ese año. Esta cifra representa el 64.4 por ciento de la población existente en 2000 Añade que: “el valor estimado de las erogaciones por nómina que quedarían pendientes de pago a partir de 2012 y hasta 2042, y que en las circunstancias descritas representarían una obligación solidaria del gobierno federal, ascenderían en términos nominales a 31 mil 180 millones 700 mil pesos y a 7 mil 715 millones 400 mil pesos a precios de 2004, descontados a una tasa del 10 por ciento. Esta última cantidad es equivalente al 59.9 por ciento de las disponibilidades al cierre de 2004” El Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2004 y 2007, elaborado por la ASF refiere que la gran mayoría de la población tiene entre 46 y 85 años, que representa el 94.9 por ciento del universo y a quienes se cubre el 95.7 por ciento del valor de la nómina mensual. Además las finanzas de dicha figura fiduciaria detallan que en el periodo 2001-2004, “mientras el fideicomiso eroga recursos que en promedio significaron 19 centavos de cada peso de patrimonio, sus respectivos ingresos solamente representaron 12 centavos”. Al 31 de diciembre de 2006, el Ferronalesjub resguarda 9 mil 728 millones 333 mil pesos, mientras que los pronósticos de la ASF toman como saldo 12 mil 875 millones 778 mil pesos, cantidad correspondiente a lo fideicomitido hasta el 31 de diciembre de 2004 Una parte de la explicación del déficit se debe a que los ingresos evolucionaron a una tasa media de crecimiento negativo de 10.9 por ciento, correspondiente a la disminución de los rendimientos por intereses al aplicarse a un patrimonio cada vez menor. Además, por las nulas aportaciones del gobierno federal y la disminución de la valorización de cuentas en UDIS, como efecto del descenso en la inflación del periodo De acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación “la distribución de las pensiones pagadas es sumamente inequitativa, en lo que se refiere al monto. Y es que 71 por ciento de la población percibe menos de 4 mil pesos mensuales, cifra inferior a la media general de 4 mil pesos. El monto conjunto de estas pensiones representa el 57.7 por ciento del total pagado” La disparidad en las pensiones del Ferronalesjub es tal, que mientras 34 mil 290 ferrocarriles perciben menos de 4 mil pesos, 96 reciben más de 20 mil cada mes La ASF concluyó que cuando se elaboró el padrón de beneficiarios del fideicomiso no se estableció un tope razonable para aquellos que percibían salarios elevados, que les hubiese garantizado un nivel confortable de vida sin que ello implicara una carga para los fondos fideicomitidos A nivel particular, la otra historia del incumplimiento de las obligaciones del Estado con los trabajadores de Ferronales, son las miles de quejas de pensionados por la  corrupción en el manejo del fideicomiso, tal es el ejemplo que publica el diarioReforma el lunes 3 de enero de 2011 donde pone en evidencia como mientras los pensionados de Ferronales de Empalme, Sonora, técnicamente ha desaparecido su pensión, los lideres y administradores del fideicomiso viven más allá de los posibles ingresos que les otorga su cargo Los funcionarios y líderes sindica les involucrados en un presunto fraude por 400 millones de pesos del fondo ferrocarrilero de Empalme Sonora se enriquecieron inexplicablemente denunciaron los ex trabajadores Alejandro Barrientos ex representante de Ferrocarriles Nacionales en Sonora, Miguel Ángel Rodríguez Ochoa ex abogado representante del sindicato ferrocarrilero, Vicente Ríos Ulloa abogado de Ferrocarriles, y Juventino César Jiménez López ex funcionario de la Junta Federal número 23 de Conciliación y Arbitraje, todos fueron denunciados penalmente por la adquisición de autos de lujo y varias propiedades tras la desaparición del dinero del fideicomiso De acuerdo con la averiguación previa AP PGR SON HER 1 1180 2006, que está en manos de la fuente citada, que menciona que al desaparecer Ferronales en 1999 y crearse un fideicomiso el año siguiente se otorgó un fondo de 416 millones de pesos para los jubilados de ese municipio. Sin embargo los funcionarios encargados del fondo sólo entregaron 16 millones de pesos y a partir de 2001 comenzaron a acumular casas negocios y vehículos de lujo De acuerdo a la Secretaría de Hacienda de Hermosillo, Alejandro Barrientos adquirió una propiedad en el fraccionamiento Villa Bonita, con valor de 1 millón 234 mil 76 pesos, Juventino Jiménez compró un inmueble con valor de 1 millón 880 mil y uno más valuado en 327 mil 600 en el fraccionamiento residencial Bretaña mientras que Miguel Rodríguez Ochoa adquirió dos inmuebles con valor total de un millón 645 mil, Juventino Jiménez posee un BMW Sedan valuado en 395 mil 801 pesos, Miguel Rodríguez Ochoa quien incluso libró una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de fraude, posee una camioneta Jeep Patriot con valor de 203 mil pesos, además de un Civic Honda modelo 2007, una camioneta Explorer y un automóvil Pointer Los privilegios no son muy distintos en el caso de Alejandro Barrientos posee una camioneta Ford Escape valuada en 269 mil 500 pesos. La denuncia ante la PGR que fue ampliada en 2008 señala que además que Miguel Rodríguez Ochoa es dueño de un restaurante mientras que Alejandro Barrientos es dueño de un despacho de abogados Liliana González Arce representante legal de los ferrocarrileros explicó que los funcionarios adquirieron las propiedades en  2001 de acuerdo con la documentación de la propia Tesorería municipal de Hermosillo apenas un año después de que se signara el fideicomiso ferrocarrilero El otro lado de esta tragedia está en los casos de los trabajadores que destinaron toda su vida a las vías de los trenes nacionales, hoy viven condenados a vivir con ingresos entre 3 a 4 mil pesos al mes Es prioritario establecer en la agenda nacional atender no solo el caso de los pensionados de Ferrocarriles Nacionales, sino de todos aquellos casos donde se realizaron privatizaciones, tal como es el caso de los jubilados de Banrural, donde el Estado reivindiqué su papel en la protección de los derechos de los trabajadores, es inevitable que el Congreso de la Unión realice inyecciones de capital al fideicomiso, pero debe ser a condición de transparentar su administración y castigar a los responsables, y en la medida de lo posible recuperar, si así de demuestra,  los desvíos de recursos para uso distintos del fondo de pensiones de Ferronales El Congreso de la Unión debe construir su autoridad moral en este caso haciendo suya la denuncia de los pensionarios de Empalme, Sonora y solicitando a las autoridades hacendarias, y a nuestro propio órgano de investigación sancionar y resarcir los daños causados al patrimonio de los ex trabajadores ferrocarrileros Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, así como que la Auditoria Superior de la Federación para realizar las investigaciones necesarias para explicar la denuncia de actos de corrupción que han llevado a la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora Segundo. En concordancia con las recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación de la honorable Cámara de Diputados, a la Cuenta Pública de los ejercicios 2004-2007. Esta Cámara exhorta al Ejecutivo federal realizar una inyección de capital al Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, destinado al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, a fin de cubrir el déficit financiero cumplir con las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos laborales que garantizan el pago vitalicio de las jubilaciones y prestaciones de los pensionados en comento Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo PETROLEOS MEXICANOS La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la evaluación del Atlas de Riesgo de Pemex, suscrito por los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicitan la evaluación del Atlas de Riesgo de Pemex y la implantación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica, suscrita por los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD Los suscritos, senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la evaluación del Atlas de Riesgo de Pemex, así como la implantación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica, a tenor de las siguientes Consideraciones Durante la pasada comparecencia del director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, se señaló que el número de tomas clandestinas en los ductos de la paraestatal aumentó de 462 en 2009 a 712 en 2010, aunque el robo de hidrocarburos se redujo de 3 millones a un millón 700 mil barriles en ese mismo periodo. Con esto, el robo de combustibles representa 0.4 por ciento del total de la producción de Pemex y 0.8 por ciento del total de ventas de la paraestatal Además de ello, se precisó que 69 por ciento de la toma clandestina se concentró en sólo seis entidades federativas: Veracruz, Sinaloa, estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla Desde 2009 trascendió en los medios de comunicación, que ha sido la delincuencia organizada quien se ha hecho del robo de combustibles en varias entidades del país.1 Y al ser el mercado negro de hidrocarburos generador de cuantiosas ganancias, por lo que es posible que muchos funcionarios puedan estar involucrados en el ilícito Cabe destacar que en los tres primeros años de la presente administración, ha perdido más de 20 mil millones de pesos por este ilícito. Por ejemplo, la información dada a conocer por Pemex en el boletín de prensa 149/2009 destaca que, “en 2008, el robo de combustibles ascendió a 9 mil 300 millones de pesos” La injerencia de delincuencia organizada en el robo de combustibles está creciendo de manera desmesurada por su rentabilidad. Sin duda, hubo un cambio significativo cuando el pequeño robo de algún trabajador o ex trabajador pasó a la delincuencia organizada. Las consecuencias del actual fenómeno tienen implicaciones mucho más graves que requieren de una enorme coordinación de la paraestatal con las fuerzas armadas, la Policía federal, el Ministerio Público federal y los gobiernos locales Ahora comandos armados protegen la toma clandestina y utilizan cada vez más recursos para la ordeña de combustible, tales como la clonación de pipas autorizadas, estanques con mayor capacidad para almacenar y mejores equipos para el bombeo Hay que resaltar que el asunto del robo de combustible no es nuevo. El robo de combustibles en la paraestatal más importante de México es considerado una de las más importantes fallas en seguridad industrial, según se desprende del acta de sesión 780 Para mediados de 2007, el consejo de administración de Pemex tenía como principal preocupación la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas no asociado más grande de México que se ubica entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y que se divide en bloques concesionados a las trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum. En este sentido, de acuerdo con lo dicho por Jesús Reyes Heroles en aquella sesión del consejo, el robo de combustibles en esa zona es un “fenómeno de mucha preocupación para el consejo”, pues a diario se extraían ilícitamente 8 mil barriles de condensado de gas, con un valor anual estimado entonces en 1 mil 600 millones de pesos De acuerdo con la copia del acta 780, Georgina Kessel solicitó entonces al director de la paraestatal le explicara por qué “no había ninguna persona o auto particular involucrados”.2 Al respecto debo señalar que para a finales de 2010 –y después de la tragedia en San Martín Texmelucan, Puebla– el titular del Ejecutivo federal señaló en entrevista que “se han planteado tres alternativas para acabar con el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos: una técnica, una legislativa y una administrativa”. En materia técnica “se está colocando un sistema automático en ductos de la paraestatal que ya está en las instalaciones de gas y se hace en las de gasolina y que al detectar una presión baja se bloqueará”.3 De este modo, resulta imprescindible la instauración de un programa técnico, con tecnología de punta y asesoría científica, que permita detectar oportunamente la toma clandestina, y evitar y reducir así, el robo de combustibles a la paraestatal Por otra parte, recordemos que el 9 de diciembre de 2010, el Senado de la República aprobó reformas penales para tipificar este tipo de sustracciones como grave y en ese sentido aumentar las penas, por tratarse de un elemento de propiedad federal. Además de ello, las personas que sean acusadas de robo de hidrocarburos serán considerados como miembros de la delincuencia organizada. Igualmente, a quien altere los instrumentos de medición utilizados para enajenar o suministrar hidrocarburos refinados, proceso o sus derivados, será castigado de 3 a 10 años de prisión y de 200 a mil días multa, aumentando la multa al doble cuando se trate de un trabajador o servidor público Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al director de Petróleos Mexicanos para que presente a esta soberanía, en un plazo no mayor a ocho días naturales, para que con base en el Atlas de Riesgo del Sistema Nacional de Gasoductos y en el Sistema de Identificación de Instalaciones y Activos, presente un informe sobre el proceso de evaluación y administración de riesgo, para conocer a) Los tramos con niveles de riesgo intolerable; b) Las tendencias de riesgo de falla; c) Los factores de riesgo críticos de acuerdo a estadísticas de incidentes; d) El mantenimiento y la atención en tramos de riesgo; e) Las áreas de población y ambientales altamente vulnerables, y f) La evaluación en la toma de decisiones por parte de la paraestatal con relación a los riesgos Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos, para que de conformidad a la esfera de sus competencias, y con auxilio de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, se proceda urgentemente al diseño, constitución e implementación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica Notas: 1. Entrevista con Fortuna el ahora exadministrador corporativo de Pemex, Rosendo Villarreal, septiembre de 2009 2. http://www.petroleumworldmexico.com/extramx09081001.htm 3. Entrevista con Ezra Shabot del 21 de diciembre de 2010, en elhttp://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1014304/Robo+de+combustible+causo+la+explosion+afirma+Calderon Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senadores: Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea (rúbricas).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo ESTADO DE GUERRERO La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las fuerzas políticas del estado de Guerrero a que preserven un ambiente de respeto que garantice la libre manifestación de las ideas políticas, suscrito por los senadores Julio César Aguirre Méndez y Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fuerzas políticas de Guerrero a preservar un ambiente que garantice la libre manifestación de ideas, y el respeto y la integridad de los ciudadanos y del proceso electoral, suscrita por los senadores Julio César Aguirre Méndez y Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRD Los que suscriben, senadores Julio César Aguirre Méndez y Fernando Velázquez López, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a las fuerzas políticas del estado de Guerrero a preservar un ambiente de respeto que garantice la libre manifestación de las ideas políticas a fin se de garantizar el respeto y la integridad de los ciudadanos y el proceso electoral Consideraciones Desde hace años la entidad de Guerrero ha sufrido el incremento de la violencia, y con ella la muerte relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, asesinatos y hostigamiento contra compañeros de los medios de comunicación, este clima de violencia que vive la familia guerrerense, no es ajena para la clase política, el asesinato de prominentes líderes del PRD y del PT, activistas sociales, entre otros casos  ensombrecieron mucho antes de la campaña electoral el emergente espíritu de la democracia en la región A este clima de violencia se suma la mayor presencia de corporaciones policíacas y fuerzas armadas que generan un clima de confrontación y de guerra sucia. La semana pasada no fue la excepción en el campo electoral, en la madrugada del 12 de enero, en la ciudad de Chilpancingo nuestro compañero Guillermo Sánchez Nava –representante del PRD ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero– fue brutalmente golpeado por integrantes del Comité de Campaña del candidato a la gubernatura  Manuel Añorve Baños. De acuerdo con la versión de testigos Sánchez Nava los ubicó en las inmediaciones del palacio de gobierno en Chilpancingo, comenzó a tomarles fotografías y en respuesta los priístas respondieron con golpes, pedradas, patadas y garrotazos, por un grupo de aproximadamente 20 jóvenes enfundados en playeras verdes y negras, con la M de Manuel Añorve, candidato de la coalición PRI, PVEM y el PANAL “Tiempos Mejores para Guerrero” No fue suficiente con este acto contra la integridad física de uno de los líderes históricos de la izquierda en Guerrero la escena del crimen fue alterada y se borraron evidencias del carro de la víctima con el aval de las autoridades locales La agresión contra nuestro compañero de partido no es un hecho aislado, mucho menos un accidente, fue un acto deliberado contra quien en uso de las facultades que le otorga su representación ante el órgano electoral intentó demostrar la campaña sucia de integrantes del Revolucionario Institucional en contra de la propaganda de la coalición Guerrero nos Une. La agresión es un acto deliberado de un partido contra la libertad política, y que recuerda los años negros en nuestro estado, un acto que sumando a la contracampaña contra el candidato de la coalición Guerrero nos Une genera un clima de animadversión social Como representantes populares ante el Congreso de la Unión exigimos a las autoridades estatales y municipales, así como a los partidos que forman parte de la contienda electoral, conducirse en el marco de una competencia electoral que respete la integridad física de los ciudadanos, garantizar la libre expresión de las ideas y dejar a un lado aquellas actitudes que exacerban el clima de violencia días previos a la elección en el estado de Guerrero El Partido de la Revolución Democrática y quienes somos amigos de la victima manifestamos nuestra mayor indignación por esta agresión contra el vida de Guillermo Sánchez Nava, expresamos desde la máxima tribuna de la nación nuestra solidaridad con la familia, y exigiremos justicia; bajo ninguna circunstancia callaremos nuestra voz, ni dejáramos en la arbitrariedad de las autoridades locales otro acto de impunidad Aunque se han presentado las respectivas quejas ante la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales y el Instituto Electoral del Estado de Guerrero por la destrucción de la propaganda de nuestro candidato, solicitamos que esta Comisión Permanente se pronuncie por exhortar al gobierno del estado, a las autoridades municipales, autoridades electorales, fuerzas políticas y las autoridades investigadoras desahogar las pesquisas correspondientes a fin de encontrar a los responsables que atentaron contra Guillermo Sánchez Nava, que en este momento lucha entre la vida y la muerte, así como todas aquellas acciones que atentan contra el buen desarrollo del proceso electoral del estado de guerrero Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los partidos políticos que participan en el proceso electoral por la renovación del gobernador del estado de Guerrero a conducir las campañas en el marco de respeto y libertad de expresión que garanticen un proceso electoral democrático en paz Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Partido Revolucionario Institucional del estado de Guerrero a coadyuvar con las autoridades para  localizar a los individuos que cometieron el ataque y sean presentados ante las autoridades ministeriales Tercero. La Comisión Permanente exhorta al gobierno del estado, a las autoridades municipales y demás autoridades responsables a priorizar las investigaciones para consignar a los responsables del ataque contra Guillermo Sánchez Nava, a fin de contener los efectos de un ambiente de confrontación electoral en el municipio de Chilpancingo, Guerrero Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senadores: Julio César Aguirre Méndez, Rubén Fernando Velázquez López (rúbricas).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo para inhibir la actividad minera tóxica en el estado de Baja California Sur, suscrita por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, para inhibir la actividad minera tóxica en Baja California Sur, suscrita por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM Eduardo Ledesma Romo, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente Exposición de Motivos Cuando se habla de minería se involucra en todo momento a diversos impactos ambientales, puesto que esta actividad implica la extracción física de materiales de la corteza terrestre, con frecuencia en grandes cantidades para recuperar sólo pequeños volúmenes del producto deseado La minería puede realizarse por cuatro métodos, minas de superficie, que son aquellas a cielo abierto u otras excavaciones abiertas, y que incluyen la gran mayoría de las minas a nivel mundial; las minas subterráneas, aquellas a través de túneles; las de pozos de perforación, para la recuperación de minerales y combustibles y las submarina o dragado, las que aproximadamente podría extenderse a la minería profunda de océanos La minería a cielo abierto, es una actividad de alto impacto ambiental, debido a que se remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral Las actividades para una mina superficial o de cielo abierto son: • Desmonte: remoción total de la vegetación en la zona a minar • Despalme, se distingue como la operación de retirar el suelo, con frecuencia el suelo se retira junto con las rocas • Barrenación: Es una operación de perforación de las rocas • Voladura: La operación utilizada para fragmentar las rocas mediante explosivos • Rompimiento: Operación de fragmentación de las rocas poco o no consolidadas sin el uso de explosivos • Carga o excavación: Las rocas fragmentadas son excavadas y cargadas al medio de transporte • Acarreo: Cuando se trata de la mena, es el transporte de las rocas cargadas hacia la planta de beneficio o de procesamiento; cuando se trata de las rocas del descapote, es el trasporte hacia el área de terreros Cada una de estas actividades genera un impacto ambiental específico que pueden incrementarse de acuerdo con la extensión de la zona a minar, del material a utilizar y del mineral a extraer En el desmonte y despalme se habla de la eliminación de las capas más externas: la vegetación y el suelo, por lo cual se pierden áreas de alimentación, anidación y refugio de la fauna, lo que origina el desplazamiento de especies hacia otras zonas. Si el proyecto es de gran dimensión, la biodiversidad puede verse afectada puesto que puede eliminarse ecosistemas completos Con la barrenación, en caso de utilizar explosivos, se producen impactos por ruido, polvo, vibraciones en el suelo que dañan estructuras cercanas y la contaminación del aire ocasionada por los vapores de las voladuras. Dependiendo de la profundidad, tipo de roca a detonar, la cantidad y frecuencia del explosivo, es la magnitud de los impactos Derivado de la voladura y la extracción de rocas, existen afectaciones al agua subterránea en su calidad y cantidad. En muchos casos se hace necesario bajar el nivel de las aguas subterráneas para evitar que éstas penetren en la mina. Esto se logra mediante pozos abiertos, ubicados dentro y alrededor de la explotación, los cuales hacen descender el nivel de agua por debajo del piso inferior de la mina; ello permite explotar la mina en seco. Por lo general, el agua de los pozos no está contaminada y puede evacuarse directamente en las aguas superficiales, no obstante las consecuencias de la reducción del nivel freático son significativas: desecación de pozos en los alrededores, hundimientos del terreno, alteración parcial o total de la vegetación en el área adyacente por cambios en el nivel freático En el caso de la minería como de otras industrias, se reconoce que el desarrollo de sus actividades impacta al ambiente; sin embargo, pocas veces se admiten las repercusiones económicas y sociales que se derivan de los impactos ambientales La degradación en conjunto provoca la pérdida de la productividad real o potencial en la zona de extracción minera y repercute en el aspecto económico de la población afectada. Ejemplo de ello, son los cambios en la cantidad y calidad del agua se reflejan en una menor disponibilidad para riego de cultivos o para el consumo humano y del ganado. La consecuencia económica es un incremento en los costos debidos a las obras necesarias para obtener agua, y/ o pérdidas agropecuarios debidas a la escasez Otro ejemplo es la afectación sobre la calidad del agua superficial y subterránea. Esta se puede alterar principalmente por la contaminación proveniente de las sustancias empleadas en la voladura (nitratos y amonio), por el uso de sustancias peligrosas durante el beneficio (mercurio, cianuro, ácidos orgánicos entre otros) o por la liberación del drenaje ácido. La manifestación más desfavorable de la contaminación es sobre la salud humana y es una expresión clara de cómo la modificación del ambiente repercute en la sociedad Al igual que los acuíferos y aguas superficiales contaminadas no son adecuados para uso doméstico y agropecuario, el suelo contaminado por metales pesados queda inhabilitado para la siembra de cultivos, y puede bajar el rendimiento de las cosechas. La contaminación del suelo significa la pérdida de recursos naturales básicos para el desarrollo de la sociedad, principalmente para las localidades. El tratamiento del suelo y agua puede ser muy costoso o difícil de implementar Todos estos impactos, pueden ser minimizados o revertidos, si se realiza una evaluación de los mismos, con detenimiento y profundidad El desarrollo económico del estado de Baja California Sur, se ha basado entre otros en la explotación de los recursos mineros, actividad que ha representado por muchos años una fuente de vida para diversas comunidades de Baja California Sur como Guerrero Negro, Santa Rosalía e Isla de San Marcos, situación que ha permitido el desarrollo de las comunidades que ahí habitan, sin embargo, en el estado han existido diversos proyectos para la generación de nuevas mineras a cielo abierto para la extracción de oro, mismas que utilizan de manera intensiva, grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro del resto del material removido. Para desarrollar todo este proceso, se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad Asimismo, los nuevos proyectos mineros en el Estado, han buscado iniciarse en áreas naturales, en donde afortunadamente el Gobierno Federal ha logrado frenar su instalación, tal es el caso de proyecto minero Concordia, el cual no se considero viable su operación por la cercanía a la costa, además de la afectación que tendría a la biodiversidad de la zona. De manera adicional, destaco que la zona en donde se pretendía ubicar este proyecto, será dedicada única y exclusivamente a la conservación Es por ello, que este tipo de extracción minera no se considera por ningún motivo viable, por lo cual, no se debe permitir la instalación de cualquier tipo de minería tóxica que atente contra el medio ambiente y contra la calidad de vida de los ciudadanos Por lo anterior, es necesario que los tres niveles de gobierno apoyen la actividad económica minera, sin poner en riesgo la calidad de vida de los habitantes a través de las autorizaciones de extracción minera de proyectos de alta peligrosidad tóxica, que pudieran contaminar entre otros, los mantos acuíferos Punto de Acuerdo Único.Se exhorta respetuosamente al gobierno federal y al del estado de Baja California Sur, a celebrar convenios de coordinación o colaboración, para que se establezca bases que permitan regular la actividad minera y prohibir toda extracción toxica para las comunidades de la entidad Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 19 de enero de 2011.— Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo CONSUMO DE ALIMENTOS EN PLANTELES DE EDUCACION BASICA La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de acuerdo relativa a los alimentos y bebidas en establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar medidas que garanticen el cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio o la distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT El pasado lunes 10 de enero, regresaron a clases poco más de 27 millones de niños y jóvenes a continuar con sus estudios de educación básica. El asunto novedoso en este regreso a clases es que se empezaron a aplicar los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar y cooperativas  de los planteles de educación básica Es decir, a partir de  esta fecha, los planteles escolares deberán contar con alimentos y bebidas con alto valor nutricional y no el contenido exhibido en los empaques que sustituyen los nutrimentos necesarios para complementar la dieta diaria de nuestros infantes Debemos recordar que esta ha sido una lucha que distintos sectores de la sociedad han emprendido, que viene de la alarma provocada por el incremento de la obesidad infantil y enfermedades crónico-degenerativas a muy corta edad, como la diabetes infantil y los cada vez más numerosos problemas de hipertensión En este sentido, ambas Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron reformas  a la ley General de Salud y a la Ley General de Educación para prever en ellas una serie de disposiciones para fomentar una vida sana partiendo del entorno escolar, entre las niñas y los niños mexicanos Este tipo de acciones provocaron que las empresas productoras mostraran una férrea resistencia a que los productos que elaboran y venden fueran regulados y prohibido su consumo dentro de los planteles escolares. Presiones a las que fuimos sometidos legisladores y funcionarios del gobierno federal Los poderes fácticos iniciaron una campaña para denostando al Congreso pretendiendo obstaculizar la aprobación de los cambios en las leyes y después para que se aprobaran unos lineamientos a modo para dichas industrias Es por ello que el Ejecutivo Federal tuvo que doblar las manos y permitir que las reformas originalmente planteadas, fueran sólo el matiz de este grave problema y así seguir sirviendo a los intereses económicos de los empresarios El negocio del que estamos hablando no es menor. La estimación que se hace que se obtienen utilidades por 40 mil millones derivada de la venta de los productos en las cooperativas escolares Vemos con mucha preocupación que los lineamientos dados a conocer por la SEP el año pasado y que están publicados en el Diario Oficial de la Federación desde el 23 de agosto de 2010, son sólo un paliativo, una medida parcial al problema de fondo, que es modificar los hábitos alimenticios de la niñez mexicana A pesar de ello, los funcionarios de la SEP se ufanan en señalar que, gracias a sus esfuerzos las empresas productores de alimentos y bebidas que se venden en las escuelas mostraron voluntad y disposición para modificar sus productos, que incluso estuvieran abiertas a instrumentar convenios para implementar programas de vida saludable en las escuelas Empresas como Grupo Bimbo, Coca-Cola y Pepsico, señalan en su publicidad que los productos que ahora comercializan en las escuelas están avalados por la Secretaría de Educación Pública y son los recomendados para su consumo en la población infantil Como medida, ahora las empresas comercializan sus productos no necesariamente con una modificación a los contenidos nutrimentales de lo que ofrecen, sino sencillamente, surten para su venta productos con menores cantidades de envasado No comprendemos como los lineamientos aun permiten la venta de galletas, pastelitos, confites y postres de hasta 140 kilocalorías y bebidas con edulcorantes, cuando se ha demostrado que este tipo de productos son los que provocan obesidad y sobrepeso en los niños No se trata de ahora poner a disposición de los alumnos porciones pequeñas de los mismos productos que les pueden provocar obesidad. ¿Qué va a suceder si consumen varias de estas porciones? El resultado será el mismo, las niñas y los niños estarán consumiendo la misma comida basura Compañeras y compañeros legisladores: los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que se deben tomar medidas de fondo para atender el problema del sobrepeso y la obesidad infantil Nuestro grupo parlamentario ha hecho una serie de propuestas que permitirían ir resolviendo este problema de salud pública Una de las propuestas que hemos realizado es la relativa a instaurar en los planteles escolares públicos, las áreas de comedores, donde los alumnos puedan recibir una alimentación lo mejor balanceada posible y que sea garantía de proporcionar en los niños, los micro y neuronutrientes necesarios para el desarrollo físico y mental de ellos Una segunda propuesta, radica en que en dichos comedores escolares, puedan intervenir directamente los padres en la elaboración, el control y la supervisión del suministro de los alimentos para los educandos, además de ser los encargados de coordinar las mesas de trabajo para complementar la composición alimentaria de las comidas, con personal profesional y especializado en el área nutricional Finalmente, hemos de decir que esta propuesta es noble, toda vez que no tratamos de desproteger a las industrias productoras de los alimentos procesados, sino de garantizar que la alimentación de los niños sea lo más completa y balanceada posible, donde pueda incluir la posibilidad de ofrecer desde uno de estos alimentos, hasta complementos alimenticos de origen naturista Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo Único.Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las medidas correspondientes para garantizar el efectivo cumplimiento de los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil once.— Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo ESTADO DE PUEBLA La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo relativo al pago de indemnizaciones debido al incendio provocado por el derrame ocurrido en el ducto de la paraestatal, localizado en San Martín Texmelucan, Puebla, suscrita por los senadores Leticia Jasso Valencia y Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a cumplir el pago justo y oportuno de las indemnizaciones para los afectados por el incendio que provocó el derrame de un ducto de la paraestatal en San Martín Texmelucan, Puebla, suscrita por los senadores Leticia Jasso Valencia y Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia Leticia Jasso Valenciay Luis Maldonado Venegas,senadores de la república por Nueva Alianza y Convergencia, respectivamente, en  la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a cumplir con el pago justo y oportuno de las indemnizaciones para las personas afectadas debido al incendio provocado por el derrame ocurrido en el ducto de la paraestatal localizado en San Martín Texmelucan, Puebla, al tenor de las siguientes Consideraciones El pasado 19 de diciembre de 2010, el municipio de San Martín Texmelucan, estado de Puebla, fue escenario de un lamentable incidente en el ducto de la paraestatal, lo que causó un incendio provocando la pérdida de cuando menos 30 vidas, 52 personas heridas o lesionadas, así como la destrucción y afectación de construcciones destinadas para casa habitación y dañando gravemente parte de la  zona agrícola Las primeras investigaciones sobre este suceso indican que la tragedia fue ocasionada por la llamada “ordeña ilegal” en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), pesquisa que está en curso y que tendrá que llegarse al fondo para señalar a los responsables Las consecuencias de este caso rebasaron el lucro ilícito para convertirse en un crimen atroz que cobró la vida de hombres, mujeres y niños totalmente ajenos a la actividad de Pemex No obstante lo anterior y aceptando la responsabilidad que pudiera corresponderle, las autoridades de  Pemex asumieron su compromiso para atender el siniestro de manera conjunta con el gobierno municipal y estatal que ya se encontraban en el lugar de los hechos con acciones que evitaron la propagación del incendio, realizando las maniobras necesarias para mantener el control de la situación Asimismo, los representantes de la empresa petrolera, en conferencia de prensa realizada el miércoles 22 de diciembre de 2010, con la participación de su director general, doctor Juan José Suárez Coppel, expreso lo siguiente: “Desde el punto de vista presupuestal, Pemex ha hecho ya las reservas pertinentes para poder enfrentar esta contingencia [...] Originalmente habíamos destinado para los primeros gastos, 30 millones de pesos, al día de hoy hemos crecido ese monto a 85 millones de pesos [...] Ya contabilizando los bienes públicos, que también están ahí, la reconstrucción de los puentes, de la calle y demás, se puede llegar probablemente a más de 200 millones de pesos, probablemente cerca de 300, que con el seguro y las pólizas que tenemos, más la reserva que estamos haciendo, tenemos suficiente capacidad de liquidez para enfrentar esta contingencia” Sin embargo, se hace necesario que esta soberanía cuente con los elementos fidedignos para vigilar el cabal cumplimento a los compromisos contraídos por los representantes de Pemex y se restituya de manera justa y oportuna a los habitantes de San Martin correspondiente a los deudos por la pérdida irreparable de sus familiares, así como aquellos que sufrieron daño patrimonial y  quienes perdieron su actividad laboral a causa de las afectaciones en las áreas destinadas al sector agrícola De la misma manera, a este Poder Legislativo se le tendrá que rendir un informe pormenorizado del resultado de las investigaciones realizadas y las medidas adoptadas para que no vuelva a ocurrir una tragedia de esas dimensiones En mérito de lo expuesto, y debido a la comparecencia que presentó el director general de Petróleos Mexicanos ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se concluyó que a la fecha existen reportes parciales del peritaje ofrecido por la paraestatal, en la que se insiste que aparentemente se debió a una toma clandestina, sin embargo, y de acuerdo a sus propias conclusiones, faltan por realizar el estudio metalográfico, mecánico, y fractográfico para entonces presentar la conclusión final de la causa del origen del siniestro Por otra parte, es necesario que se tenga un reporte pormenorizado y sustentado de los ciudadanos a quienes se hayan indemnizado debidamente en lo particular o a sus beneficiarios, así como a quienes aún no han recibido lo correspondiente, igualmente aquellos que perdieron bienes muebles e inmuebles y precisar el mecanismo implementado para resarcir los daños Por lo expuesto con antelación, se somete a consideración del pleno los siguientes Puntos de Acuerdo Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al director general de Petróleos Mexicanos un informe detallado y sustentado sobre el pago de las indemnizaciones para los ciudadanos afectados en la pérdida irreparable de sus familiares, así como aquellos quienes fueron dañados en sus bienes muebles e inmuebles por el incendio en un ducto de Pemex en San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla Segundo. Se informe sobre la totalidad de terrenos de cultivo siniestrados, las reclamaciones de los afectados, el monto de las indemnizaciones a sus poseedores o propietarios y los pendientes de cubrir especificando la fecha en que se reparará el daño en su totalidad de igual forma exponer las acciones programadas para aquellos, quienes a razón de esta desgracia perdieron su actividad laboral en la zona agrícola y las medidas para que esta recupere su productividad Tercero.Se informe a esta soberanía las acciones emergentes tomadas para realizar una verificación y control total de los ductos en toda la República Mexicana para prevenir y evitar accidentes propios de su funcionamiento o causados por factores externos Cuarto.Presentar por escrito las acciones programadas para rendir el informe respectivo de los avances en el estudio metalográfico, mecánico y fractográfico por periodos de quince días hasta la conclusión del dictamen Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senadores: Luis Maldonado Venegas, Leticia Jasso Valencia (rúbricas).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo INSUFICIENCIA RENAL CRONICA La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que implemente un programa nacional de prevención y detención temprana de la insuficiencia renal crónica, suscrita por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica, y a estimular la formación de especialistas en nefrología, suscrita por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia El suscrito, senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que implemente un programa nacional de prevención y detención temprana de la insuficiencia renal crónica, asimismo a que se incentive la formación de especialistas en nefrología, al tenor de las  siguientes Consideraciones Con la evolución del conocimiento científico y los enormes avances tecnológicos las expectativas de vida de los seres humanos se han incrementado considerablemente. Por ejemplo, la longevidad de la población latinoamericana pasó de 70.5 años en el 2000  a 75.7 en el 2006 Los mexicanos, en las dos últimas décadas han aumentado el promedio de vida en 5 años, llegando a 78 años para las mujeres y 73 para los hombres Sin duda, estas cifras son indicativas del envejecimiento de la población mundial, tendencia que continuará en ascenso en los próximos años Sin embargo, más años de vida no necesariamente significa mayor calidad y mucho menos, salud plena En los últimos tiempos hemos sido testigos del incremento de  padecimientos y enfermedades que generalmente acompañan al envejecimiento de los individuos, pero que también se presentan en etapas tempranas derivadas no sólo de la genética o males congénitos, sino de los hábitos alimenticios y el sedentarismo característico de la época actual La diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, entre otras, son algunas de las enfermedades crónico degenerativas que están tomando proporciones  pandémicas a nivel  mundial Estas enfermedades representan una grave carga para los sistemas de salud nacionales, pues demanda mayores recursos y capacidad de infraestructura para atenerlas Sin embargo la atención de estas enfermedades presenta grandes diferencias entre los países desarrollados y los no desarrollados, pues mientras los primeros centran sus esfuerzos en la prevención y detención temprana, en los segundos apenas se está concretando la transición epidemiológica y por ende atender las etapas terminales La insuficiencia renal crónica es una enfermedad silenciosa que por ser asintomática tienen una alta influencia sobre la morbilidad y mortalidad de la población mundial. Existe un gran número de personas que sin saberlo presentan algún deterioro en los riñones y que generalmente se detecta en etapas avanzadas, cuando las únicas opciones de tratamiento son la diálisis peritoneal o el trasplante A diferencia de lo que ocurre con otras enfermedades crónicas, se ha minimizado su potencialidad epidemiológica entre la comunidad médica, las autoridades y sobre todo a la población en general Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad renal crónica provoca alrededor de 60 por ciento de las muertes a nivel mundial México no es ajeno a esta situación. La enfermedad renal crónica representa la tercera causa de muerte hospitalaria en el país, por lo que debe ser considerada como un problema de salud pública Esta enfermedad causa grandes cambios en la vida de los pacientes y de sus familias, pues requiere de tratamientos permanentes que en gran mayoría de los casos incapacita a los enfermos afectando severamente el núcleo familiar y las finanzas personales La insuficiencia renal crónica afecta alrededor de 128 mil mexicanos, de los cuales 50 por ciento son atendidos por el sistema de seguridad social, sin embargo el restante 50 por ciento no tienen servicios médicos Estos últimos, se ven forzados a recurrir a los servicios de salud pública o acudir a médicos particulares El gobierno federal ha tenido como objetivos fundamentales en materia de salud, lograr una cobertura universal hacia el 2012, hasta el momento ha afiliado alrededor de 35 millones de mexicanos sin embargo, desde el año 2003 en que se puso en marcha el programa, el catálogo de las enfermedades ha incrementado gradualmente su cobertura, sobre todo de aquellas que representan altos costos en su tratamiento Pese a que el Seguro Popular, cubre 266 enfermedades, deja afuera aquellas que han incrementado su incidencia en la población mexicana, tales como cánceres de próstata y pulmón, hepatitis C, e insuficiencia renal crónica, entre otras que representan un fuerte desembolso para las familias Además de que los afiliados se enfrentan a una pésima atención medica, deficiente estructura, falta de medicamentos y de especialistas, así como condiciones insalubres para realizar las diálisis. Todo ello representa para el enfermo invertir más de 32 horas a la semana, pues tiene que realizarse la diálisis tres veces a la semana, y enormes de-sembolsos monetarios Por lo que es necesario que el Sistema de Protección Social en Salud fortalezca la calidad de atención en los afiliados, así como que se amplíe el catálogo de enfermedades que cubre Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la reducida plantilla de especialistas que hay en el país. Tan sólo hay 500 nefrólogos para atender a los 128 mil enfermos renales crónicos. Por lo que para asegurar la óptima atención de los pacientes se debe incentivar el incremento en el número de médicos especializados Aunado a ello está la falta de una cultura de donación de órganos. En México se realizan tan sólo dos mil trasplantes anuales Por todo ello es necesario que se implemente una campaña permanente para prevenir y alertar a la población sobre la enfermedad renal y las formas de prevención a fin de que sean detectadas y atendidas a tiempo Sólo así se promoverá el auto cuidado de la salud, incidiendo en la prevención y detección oportuna de la enfermedad renal crónica y los problemas de salud asociados a estos Asimismo, es menester hacer una revisión de las políticas públicas de salud preventiva y educación en la materia, pues permitiría ahorrar hasta 500 veces en gastos por intervenciones médicas En suma, la insuficiencia renal crónica debe ser considerada un problema de salud pública que requiere de un plan de acción de prevención y control por parte de las autoridades de salud Lo cierto es que la insuficiencia renal crónica es de rápido desenlace, por lo que el tratamiento debe iniciarse de inmediato una vez detectada No olvidemos que una población saludable representa un potencial de desarrollo para los países Por lo expuesto con antelación, se somete a consideración del pleno los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud a revisar las políticas públicas destinadas a prevenir las enfermedades crónicodegenerativas, asimismo a que se implemente un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica; en donde se contemplen estrategias para incentivar la formación de especialistas en nefrología Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que incluya en el catalogo de cobertura de enfermedades catastróficas del Seguro Popular, la atención de la insuficiencia renal Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo relativo al rezago del país en investigación científica y tecnológica La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al rezago del país en investigación científica y tecnológica, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente Exposición de Motivos Según el Estado de la Ciencia 2010, que la UNESCO elabora cada cinco años, nuestro país es uno de los que menos invierten en este rubro, lo cual se ha traducido en una baja producción científica y escasa formación de investigadores, además de la expulsión de profesionistas con nivel de doctorado a otros países En contraste, según el diagnóstico, naciones emergentes como Brasil, India, China y Rusia han tenido avances significativos en esta materia Mientras Brasil y Rusia destinan uno por ciento de su producto interno bruto (PIB) en investigación y desarrollo, México dedica a ello 0.4 por ciento, aún y cuando la Ley de Ciencia y Tecnología determina desde 2006 que se le debe otorgar un porcentaje mayor (1 por ciento) La inversión del País está incluso por debajo de India que destina 0.8 por ciento de su PIB. Mientras que China invierte 1.4 e Israel 5 por ciento Del total de investigadores en el mundo, apenas 0.5 por ciento son mexicanos, Brasil e India aportan 2 por ciento, cada uno; Rusia, 7; China 14, y Estados Unidos, 20. Además, en Brasil y Argentina, de cada 100 doctores, 3 y 5 respectivamente, emigran a otros países, mientras que de México se van 14 por año La investigación científica en México está totalmente de-satendida, sobre todo la ciencia básica, con lo que se ha convertido en una nación “científicamente analfabeta” El sistema científico mexicano se encuentra en una situación alarmante ante la falta de inversión, proyección e ino-peratividad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) Tenemos un Conacyt que no cubre las expectativas del país, es inoperante, únicamente mantiene los centros públicos de investigación y otorga becas, pero no fomenta una política científica Otros países como Brasil con el ex presidente Luiz Inácio Lula establecieron una política de Estado para los biocombustibles, y el día de hoy se han convertido en una potencia en materia aeronáutica En México la política de Estado sobre la ciencia es que no hay una política de Estado y nos hemos convertido en una nación que no invierte en esta área, destinando a las futuras generaciones a buscar empleo en otros países El Conacyt ha tenido retrasos en la publicación de las convocatorias para financiar los proyectos de ciencia básica, ejemplo de ello, fueron las convocatorias del 2008, las cuales se dieron a conocer 20 meses después y los de la convocatoria ciencia básica SEP-Conacyt 2009 fueron publicados 13 meses después, es decir el pasado 18 de diciembre Es una pena que no atendamos el rubro de la investigación. Es inaceptable que organismos internacionales como la UNESCO nos lo hagan saber Debemos apostar a una mayor inversión en los rubros de: ciencia, tecnología y educación; y a partir de ellos podremos solucionar otros problemas que tanto nos aquejan en nuestro país En México reprobaron casi el 90 por ciento de los docentes de educación básica en las áreas de Ciencias; esto es un indicador que nos invita a tomar decisiones urgentes Por todo lo anteriormente aquí expuesto y fundamentado, quien suscribe integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México respetuosamente solicito a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se analice la presente proposición y se tome los siguientes Puntos de Acuerdo Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus atribuciones y funciones, gire instrucciones a la Dirección General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fin de que rinda un informe detallado respecto a los programas que se otorgan para el apoyo del desarrollo de la ciencia y la tecnología Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el uso de sus atribuciones y funciones gire instrucciones a la Dirección General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a fin de que rinda un informe detallado sobre los retrasos en las publicaciones de las convocatorias para financiar los proyectos de ciencia básica Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente en el primer receso del segundo año de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.— Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo CONSUMIDORES La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del diputado Alfonso Primitivo Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a que implemente las medidas correspondientes para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y servicios que realicen prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a implantar medidas para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y de servicios que incurran en prácticas abusivas, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT El suscrito, diputado federal a la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en  el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes Consideraciones La política económica impuesta por la tecnocracia neoliberal desde hace casi 30 años ha sido profundamente lesiva para las familias mexicanas Muestra de lo anterior es la más reciente escalada de precios que se ha dado a lo largo de 2010 y que seguirá vigente para el presente año Desde finales del año pasado fueron anunciados incrementos en productos y servicios que tienen un alto impacto en la canasta básica como son la gasolina, la electricidad y el gas. Dicho incremento se tiene proyectado entre un 2 y 3 por ciento Para la población este tipo de aumentos no son nuevos. A lo largo de 2010 vivimos una política de incremento de los precios en diversos artículos de consumo diario, lo que provocó que el índice nacional de precios al consumidor (INPC) se incrementará en 4.40 por ciento, el índice especifico de la canasta básica de 4.19 por ciento, y el índice nacional de precios al productor (INPP) aumentó 3.70 por ciento, de acuerdo a cifras oficiales La carestía ha afectado a productos de consumo básico, que son parte fundamental de la dieta de los mexicanos. Por ejemplo, la tortilla ha acumulado un incremento en su precio del 46.7 por ciento de 2006 a 2010, lo que quiere decir que su precio prácticamente se ha duplicado. El pan de caja ha sufrido un incremento similar, es decir, de 53.3 por ciento; el huevo, de 57.1 por ciento; el pollo entero, 52 por ciento; y el arroz, 61por ciento Empresas de consultoría señalan que la principal presión a los precios provendrá de los bienes y servicios públicos proporcionados por el gobierno federal. El Ejecutivo sigue empecinado en una política de precios que distorsiona el mercado interno en su afán de equilibrar los precios de estos bienes y servicios a los de referencia de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América El incremento en los combustibles genera que el transporte busque ajustar sus tarifas al alza para no absorber dicho costo de su margen de utilidad, lo que termina impactando en el bolsillo del consumidor final El precio de los alimentos se ha convertido en un dolor de cabeza para las amas de casa de nuestro país. El incremento sostenido de los principales granos en el mercado mundial ha afectado negativamente el nivel de precios en México. La Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación calcula que a nivel mundial el precio de los alimentos se incremento durante 2010 en 21.8 por ciento con relación a los niveles de 2009 El panorama en este tema para 2011 no es positivo, ya que se estima que habrá una reducción en la oferta de 1.4 por ciento y países emergentes como China demandarán mayor cantidad de insumos agrícolas Pero no sólo factores externos han incidido en el precio de los alimentos y lo granos en nuestro país. Situaciones de contingencia climatológica  y la especulación también han presionado a la alza los precios A pesar de todos estos aumentos en los precios de bienes y servicios a la largo de 2010, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos decretó a finales del año pasado un incremento general al salario mínimo de 4.1 por ciento, una decima abajo del incremento de la canasta básica (4.2 por ciento) y tres decimas abajo del INPC (4.4 por ciento). Con ello, entre 2000 y 2010 los precios de la canasta básica acumulan un incremento de 76.1por ciento y el salario mínimo de 65.3 por ciento, esto es, una pérdida adquisitiva de 10.8 puntos o de 14.2 por ciento Los datos que hemos señalado no admiten debate alguno La política económica de la presenta administración es totalmente ineficaz para garantizar el nivel de vida de los mexicanos y ya está poniendo en riesgo la estabilidad social y política de nuestro país Es preciso que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto y modifiquemos las leyes necesarias para dar un nuevo rumbo a México y a los mexicanos La proposición que sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente para que exhortar de manera urgente a la Secretaría de Economía a que tome medidas urgentes para impedir abusos con los precios de la canasta básica Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración, el siguiente Punto de Acuerdo Único.Se exhorta a la Secretaría de Economía a implantar las medidas correspondientes para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y servicios que realicen prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo SALARIOS MINIMOS La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo relativo a instrumentar las medidas necesarias para proteger el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición conn punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la Secretaría de Economía, de la STPS, de la Comisión Federal de Competencia y de la Profeco a instaurar medidas para proteger el creciente deterioro de los salarios mínimos recién aprobados, suscrita por la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados, exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de que instrumenten todas las medidas necesarias y suficientes para proteger el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados Consideraciones El Banco de México reporta a través del Índice Nacional de Precios, que la inflación del mes de diciembre de 2010 fue de 0.5 por ciento, por lo que la inflación anual fue de 4.4 por ciento Esto, según el Banco de México, es consecuencia de importantes aumentos en los precios de energía, electricidad, así como de diversos productos básicos importantes en la dieta de la mayoría de la población, así como de frutas y verduras que en promedio aumentaron durante el periodo más de 30 por ciento Adicionalmente, se han autorizado aumentos de 8 centavos al precio del diesel y la gasolina magna y 4 centavos a la gasolina premium, estos aumentos entraron en vigor el sábado 8 de enero. Con estos nuevos precios, la gasolina magna cuesta 8.84 pesos el litro, la premium 10.14 y el diesel  9.20 De mantenerse estos aumentos a lo largo del año, el precio de la gasolina premium aumentará 4.75 por ciento respecto a diciembre, la magna 10.9 por ciento y el diesel 10.5 por ciento También es muy posible que aumenten las tarifas eléctricas, de acuerdo al secretario de Hacienda, estos aumentos, son para dar continuidad a algunos ajustes que van del 2.8 por ciento al 6.6 por ciento Adicionalmente se han incrementado el precio del gas, peajes carreteros y pago de derechos como agua, predial y transporte Este incremento de los precios, es resultado del incremento sobre todo de los bienes y servicios administrados y concertados, lo que implica necesariamente pérdida del poder de compra del Salario Mínimo General, situación que vulnera a la mayoría de la población ocupada ya que al tercer trimestre de 2010, el 56.72 por ciento de la población ocupada ganaba hasta tres salarios mínimos El efecto de la inflación sobre los salarios mínimos es devastador. Esto lo reconoce la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Canasami), en el informe anual de la comisión técnica Este efecto inflacionario, deteriora el poder adquisitivo del salario. Recordemos que la inflación opera como un impuesto muy costoso para la clase trabajadora al pulverizar sus bajos salarios Esta realidad debe reconocerse y compensarse, no sólo porque afecta seriamente el nivel de ingreso de la población, sino porque deteriora el consumo y debilita el mercado interno Como se puede ver, México no cuenta con una política de empleo, ni salarial que compense el creciente deterioro del ingreso de los trabajadores, proceso que se hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por el creciente incremento de los precios En adelante, las expectativas no son mejores, el incremento de los precios continuarán repercutiendo negativamente en los bolsillos de los mexicanos El incremento de 4.1 por ciento a los salarios mínimos para 2011, dado a conocer el 23 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación, es absolutamente insuficiente para atender las necesidades de una familia. A partir del 1 de enero de 2011 el salario mínimo para el área geográfica A será de 59.82 pesos diarios; para la área geográfica B, 58.13 pesos por día y para el área geográfica C, 56.70 pesos diarios A pesar de esto, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, dice que con este incremento de 4.1 por ciento a los salarios, se pretende reparar la pérdida del poder adquisitivo en los salarios, dar certeza y seguridad en el empleo, ofrecer confianza a la inversión y evitar que los trabajadores sigan perdiendo capacidad de compra Lo más grave y contradictorio es que por un lado el gobierno federal pretende alcanzar una baja inflación y por otro, toma medidas que atentan contra este objetivo, como son la instrumentación de aumentos administrados de los precios de algunos energéticos producidos y distribuidos por  empresas públicas, como son las gasolinas, el diesel, y la electricidad, productos y precios clave, que necesariamente impactan todas las cadenas productivas y de distribución de la economía nacional Estas contradicciones de la política pública deben corregirse urgentemente. Las instituciones responsables deben hacer algo para compensar el impacto negativo que estas alzas tienen en el ingreso de la gente Todas estas medidas impactan seriamente la dinámica de los precios, generando inflación real e inercial, afectando y deteriorando severamente el nivel de ingreso de los trabajadores Adicionalmente a esto, debemos de admitir que el aumento a los salarios mínimos en México, de sólo 4.1 por ciento, no compensa, ni fortalece el ingreso real de las familias de la clase trabajadora, ya que este aumento es sólo inercial y pretende, sin lograrlo, sólo compensar el incremento de la inflación de 2010. Recordemos que el incremento nominal fue de sólo 2.36 pesos Diferentes estudios demuestran que los salarios mínimos han caído sistemáticamente, en especial en los últimos quince años han caído 75 por ciento Esta política salarial tan regresiva, es reconocida por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, cuando argumenta que México es uno de los países de América Latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años. Por lo que podemos afirmar que nuestro país presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios En este contexto el Estado mexicano está obligado a compensar, proteger y sobre todo, detener el deterioro del ingreso de los trabajadores, creando expectativas económicas que le den estabilidad, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema más equitativo y favorable a los trabajadores Esperando siempre una respuesta pronta y positiva de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaria de Economía y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de que instrumenten todas las medidas necesarias y suficientes para evitar y/o detener el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados Segundo. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo PETROLEOS MEXICANOS La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del diputado Alfonso Primitivo Ríos proposición con punto de acuerdo con el que se requiere información sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Pemex el 24 de noviembre de 2010 y suscrito por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se requiere información sobre los acuerdos y las resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Pemex el 24 de noviembre de 2010, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y suscrita por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT Laura Itzel Castillo Juárez, diputada federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, que se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones: 1. El pasado 24 de noviembre el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tomó acuerdos relacionados con el modelo de contratos que entre otras cosas plantea como remuneración de los contratistas una tarifa por barril 2. La defensa del patrimonio nacional contiene antecedentes histórico-jurídicos que surgen desde la Constitución de 1917 con la propiedad nacional de los hidrocarburos, la expropiación petrolera de 1938 y la reforma constitucional de 1960 que prohibió los contratos y concesiones en la materia 3. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre una controversia planteada por esta soberanía en contra del Reglamento de la Ley de Pemex. En su resolución fijó algunos criterios, tales como: a) Aclaró durante la discusión de la sentencia correspondiente, que si el Consejo de Administración va más allá de las prohibiciones legales en sus contratos o disposiciones administrativas, eso sería un problema de aplicación indebida del reglamento, que podía ser litigado por separado; b) la Corte dejó asentado que el Reglamento impugnado por los diputados es constitucional siempre que al celebrarse contratos "se pague en efectivo, no conlleve un porcentaje de producción, no conlleve un valor de la venta de hidrocarburos o no esté amarrado a la utilidad de la entidad contratada" 4. Es necesario conocer con claridad qué aprobó el Consejo de Administración de Pemex el pasado 24 de noviembre de 2010 5. Del sitio de Internet de la paraestatal se desprende que lo aprobado por el Consejo de Administración son los documentos ejecutivos de los contratos de los campos de Magallanes, Santuario y Carrizo 6. Los “términos y condiciones (que) no podrán ser modificados”, que conforme al propio artículo 10 de las disposiciones administrativas de contratación una vez aprobados por el Consejo de Administración ya no podrían sufrir cambios ni en la licitación ni en la firma del contrato 7. Los términos y condiciones que no pueden modificarse, así como los contratos aprobados, que constan en los anexos I, II y III de acuerdo del Consejo de Administración del corporativo de Pemex, CA-131/2010, no fueron publicados en el sitio de Internet de Pemex, debido a que fueron considerados como información reservada. Toda vez que esta Comisión Permanente tiene facultades constitucionales como la de promover controversias constitucionales, procede requerir esta información para que este órgano legislativo pueda resolver si impugna la constitucionalidad de dicho acuerdo 8. Cabe señalar que el modelo de contrato no es un documento aprobado por el Consejo de Administración conforme al artículo 10 de las disposiciones administrativas de contratación, puede o no acompañarse a la convocatoria para la licitación que se realice, conforme al 57, fracción II, del Reglamento de la Ley de Pemex 9. Igualmente se desconoce si las reglas de las licitaciones fueron sometidas a la aprobación del Consejo de Administración, y/o si son obligatorias Por lo anterior y con fundamento en los artículos 93 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presento el siguiente Punto de Acuerdo Único.Se requiere información amplia y detallada sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 24 de noviembre de 2010, en particular lo siguiente: A. Los términos y condiciones que no pueden modificarse, así como los contratos aprobados, que constan en los anexos I, II y III de acuerdo del Consejo de Administración del corporativo de Pemex, con número CA-131/2010, B. La naturaleza jurídica las reglas de las licitaciones, así como el documento oficial que las contiene Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente, el 19 de enero de 2011.— Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo ESTADO DE CHIAPAS La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, proposición con punto de acuerdo relativo a la necesidad de atender las peticiones de la comunidad Lacanjá Chansayab, del municipio de Ocosingo, Chiapas La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de atender las peticiones de la comunidad Lacanjá Chansayab, de Ocosingo, Chiapas, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo sobre la necesidad de atender las peticiones de la comunidad chiapaneca de Lacanja Chansayab Exposición de Motivos México es un país compuesto de diferentes culturas que conviven diariamente dentro del territorio nacional; por ello se le puede denominar como multicultural, pues alberga diferentes cosmologías y maneras de ver el mundo; por tal motivo, es necesario que el Poder Legislativo tenga la voluntad de velar por el bienestar de todas y cada una de estas culturas En México la existencia de una multiculturalidad se debe fundamentalmente a los restos de sociedades precolombinas que lograron sobrevivir al exterminio que tuvo lugar durante la colonización y la época virreinal en nuestro país. Estas sociedades precolombinas sobrevivieron a partir de la apropiación de elementos culturales, así como de la nueva significación de elementos tanto propios como ajenos, dando paso a la conformación de las sociedades que tenemos actualmente Lo anterior se puede apreciar en la existencia de las diferentes comunidades indígenas que hay a lo largo y ancho de todo el territorio que aún conservan su lengua original, que tienen una organización social propia, la cual les permite contar con mecanismos políticos, económicos y sociales autónomos, para tomar las decisiones más viables según sus propios criterios, que deriven en el bienestar social de la comunidad La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2 del capítulo I, “De las Garantías Individuales”, párrafo VII del inciso B, dice lo siguiente: “Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos [...] La incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización...” (consultado en http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/3.htm?s= el 16 de diciembre de 2010) La Carta Magna promueve, al mismo tiempo que protege, el desarrollo igualitario de las poblaciones indígenas para que entre otras cosas cuenten con las mismas oportunidades ofertadas en las grandes urbes del país, así como en las demás poblaciones cosmopolitas Esto implica que el Estado está obligado a proveer de los medios necesarios para que las poblaciones indígenas cuenten con todos los servicios básicos –agua, luz, drenaje, salud, educación, etcétera–, los cuales son necesarios para el desarrollo pleno y competitivo de estas comunidades, en el contexto económico, político y social que estamos viviendo en el inicio de este siglo XXI Sin la oportuna intervención del Estado en materia de conflictos y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, se estaría condenando a estos grupos que componen el conglomerado social de México, al atraso y a la marginación. Es obligación de quienes ocupamos puestos de elección popular atender de manera oportuna y eficaz a los problemas sociales que surjan, para darles una pronta solución que sea benéfica y equitativa, que es una de las razones fundamentales para ocupar estos cargos En días pasados, su servidor recibió una petición de ayuda por parte de una comunidad situada en el estado de Chiapas. La comunidad de nombre Lacanja Chansayab, situada en el municipio de Ocosingo, está solicitando ayuda al Poder Legislativo, debido a que los cobros que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) efectúa para brindar el servicio de energía eléctrica, a la comunidad mencionada, resultan excesivos y difíciles de pagar Debido a esta situación se han presentado ya, conflictos entre los habitantes de la comunidad y empleados de la paraestatal. El 28 y el 29  de noviembre del año próximo pasado, los roces entre las partes derivaron en la supuesta privación ilegal de la libertad de 4 empleados de la CFE, según expresó la mencionada paraestatal, en un oficio enviado el 1 de diciembre de 2010 al comisariado de Bienes Comunales de dicha comunidad Por su parte, en un oficio dirigido al gobernador de Chiapas, licenciado Juan Sabines Guerrero, el 29 de noviembre, los miembros de la comunidad dieron cuenta de la prepotencia con la que trabajadores de la CFE –los cuales operaban sin la debida identificación– se dirigieron a los miembros de la comunidad. Esto, aunado a las leoninas y extenuantes tarifas, derivó en los incidentes relacionados con los 4 trabajadores ya mencionados, el 28 y el 29 de noviembre De conformidad a lo expuesto en el artículo constitucional citado anteriormente, es que se plantea una rápida y eficaz intervención por parte de este órgano legislativo, a fin de poder atender y dar solución a la petición hecha por parte de la comunidad, consistente en que las tarifas de la CFE por otorgar el servicio de energía eléctrica tengan un tope de por recibo De esta manera se resguardaría la economía de las familias indígenas que habitan en esta zona de Chiapas, se fomentaría la productividad de estos núcleos poblacionales y se estaría velando por el respeto del orden constitucional de forma práctica. Por otra parte, se considera indispensable la intervención de este órgano legislativo, para prevenir futuros altercados entre la comunidad y los empleados de la CFE que a la postre, producirían consecuencias aún más lamentables Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes Puntos de Acuerdo Primero.Se solicita atentamente a la Comisión Federal de Electricidad que lleve a cabo un reajuste de la tarifa por el servicio de luz eléctrica proporcionado en la comunidad Lacanja Chansayab, de modo que no se cobre más allá de 20 pesos por recibo Segundo.Se solicita la intervención directa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Desarrollo Social  a fin de que realicen las acciones pertinentes para que se garantice el desarrollo integral de la comunidad Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió de la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública para que tomen el control de la seguridad interna en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la SCT, de la Sedena y de la SSP para que tomen el control de la seguridad interna en las instalaciones del AICM, y organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria nacional, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI La suscrita, María Elena Orantes López, senadora por el estado de Chiapas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El pasado 7 de diciembre, la Policía Nacional de España decomisó 140 kilos de cocaína contenida en el equipaje de tres sobrecargos de Aeroméxico en el aeropuerto de Barajas en Madrid Los empleados de la aerolínea mexicana arribaron al aeropuerto de Barajas en el vuelo 001 que procedía de nuestro país. El Ministerio del Interior de España informó que se trató de la mayor cantidad de cocaína decomisada en el aeropuerto de Madrid Ante la gravedad de los hechos, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, reconoció en conferencia de prensa que los aeropuertos pudieran estar convirtiéndose en una puerta abierta al tráfico de drogas, y que el hecho de la introducción de drogas por parte de empleados de Aeroméxico se debió a actos de complicidad humana Asimismo, mostró su preocupación y aseguró que las redes del narcotráfico operan de manera permanente tratando de encontrar la manera de burlar la seguridad del aeropuerto de la Ciudad de México Por otra parte, al realizarse las primeras investigaciones sobre lo ocurridos el pasado 6 de diciembre en el aeropuerto de la Ciudad de México, se encontró que varios empleados de la empresa encargada de la seguridad en las instalaciones del aeropuerto estaban involucrados, uno de ellos declaró que al menos cinco compañeros suyos recibieron un soborno de 10 mil pesos Lo anterior nos habla de la inadecuada decisión de contratar a una empresa privada de seguridad, ya que bajo este esquema no se garantiza una vigilancia estricta en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México como punto nodal de la seguridad en el combate al narcotráfico Ahora bien, según información de algunos diarios nacionales publicada el pasado 6 de enero, la Procuraduría General de la República dio a conocer que la red delictiva encargada de introducir cocaína a España en complicidad con personal de Aeroméxico, se denomina “Cártel de Galis”, y estaría integrada por personal de seguridad de la empresa Eulen, pilotos, sobrecargos, algunas personas responsables de asignar vuelos y agentes de la policía federal. Asimismo, se considera que esta estructura delictiva tenía operando aproximadamente tres años desde la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de  México Informaron también que entre sobrecargos y civiles hacían una o dos entregas al mes y que podrían haber realizado hasta 36 viajes, mientras que cada uno de los integrantes del grupo criminal era recompensado con cerca de 600 mil pesos por cada cargamento entregado Se indica asimismo, que las maletas viajaban llenas de cocaína a España y regresaban a México con el pago del cargamento, por lo que habrían sido elementos de la policía federal quienes les dieran rutas de salida para evadir la revisión aduanal Ahora bien, sabemos que es muy probable que haya más personal de las áreas administrativas, de aduanas o de migración en el aeropuerto, que pudieran estar coludidos o, incluso, presionados por bandas del narcotráfico Lo anterior no se descarta, pues en los alrededores de la terminal aérea de la Ciudad de México, se han suscitado hechos que muy probablemente tienen que ver con la operación de bandas del narcotráfico Cabe mencionar lo ocurrido entre diciembre de 2007 y enero de 2008, cuando aparecieron abandonadas 4 cabezas humanas pertenecientes a personal de una empresa de aduanas, presuntamente ultimados en venganza por el decomiso de media tonelada de cocaína en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2007 Por ello, y debido a la magnitud de los graves hechos ocurridos en la periferia del aeropuerto y el que tiene que ver con bandas bien organizadas dentro de sus instalaciones, consideramos que resulta irresponsable dejar la vigilancia del aeropuerto en manos de empresas de seguridad privada, ya que éstas, no cuentan con la infraestructura y la capacidad organizativa y operativa como ocurre con aquellas corporaciones policiacas encargadas de la seguridad pública Para ello, se propone que todo aquel personal que labora en áreas estratégicas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pase por un Centro de Control de Confianza con base a las políticas y medidas que decida la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que pueda servir como una instancia para certificar a dicho personal en la realización de sus labores cotidianas y como un requisito para ser contratados por los concesionarios que operan en dicha terminal aérea, haciéndose extensivo de manera paulatina a aquellos aeropuertos con vuelos internacionales que así lo requieran En este mismo sentido, los legisladores sabemos, pues así nos lo han informado las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en reuniones de trabajo sostenidas en el Senado de la República, que la seguridad aeronáutica tiene como tarea fundamental vigilar el espacio aéreo para evitar el transporte de inmigrantes ilegales, drogas y dinero, entre otras tareas no menos importantes en los 84 aeropuertos comerciales y en los mil 600 aeródromos que controla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Es por ello, que consideramos que la seguridad en los aeropuertos debe ser diseñada a partir de una mejor estrategia de coordinación en sus instalaciones tomando en cuenta aspectos de seguridad nacional, para ello, es fundamental que el operador del aeropuerto y que los concesionarios de los diversos servicios que se brindan en las terminales aéreas, mantengan una coordinación permanente en la contratación de personal y en la administración del inmueble y las pistas, pero donde la seguridad esté a cargo en todo momento del Estado mexicano y no así de empresas de seguridad privadas La seguridad nacional no puede verse vulnerada por la presencia de bandas de narcotráfico, ladrones y secuestradores operando en el interior y los alrededores de los complejos aeroportuarios Por todo lo anterior, y ante los hechos que demuestran la irresponsabilidad con que se maneja la seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), consideramos necesario solicitar al gobierno federal que tome el control de la seguridad interna en el aeropuerto y coloque de inmediato destacamentos de efectivos federales en las áreas estratégicas de la terminal aérea que tengan injerencia sobre los efectivos de seguridad privada, así como la operación inmediata de un centro de control de confianza manejado por la Secretaría de Seguridad Pública, que sea capaz de emitir periódicamente certificaciones al personal que labora en dicha terminal, toda vez que al tratarse de una zona federal, el asunto debe ser considerado como un tema de seguridad nacional Asimismo, para que paulatinamente se reestructure de forma similar la seguridad en todos los aeropuertos del país comenzando por los más importantes, con el propósito de evitar que, en el futuro, se vulnere nuevamente la capacidad operativa de la seguridad aeronáutica que debe hacer prevalecer el Estado en el territorio nacional Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública, a tomar el control de la seguridad interna en las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria en la República Mexicana, en virtud de tratarse de un tema de seguridad nacional Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública, se implementen las acciones necesarias para que todo aquel empleado que trabaja en aéreas estratégicas y de seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pase por un centro de control de confianza con base a las políticas y medidas que decidan las autoridades encargadas de la seguridad pública, con el objeto de que pueda servir como una instancia para certificar a dicho personal en la realización de sus labores cotidianas y como un requisito para ser contratados por los concesionarios que operan en dicha terminal aérea, haciéndose extensivo de manera paulatina a aquellos aeropuertos con vuelos internacionales que así lo requieran Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senadora María Elena Orantes López (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo ESTADO DE MORELOS La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió del diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que coadyuve en las investigaciones de los asesinatos y ataques en contra de presidentes municipales y funcionarios públicos de los ayuntamientos y exhortar al gobernador del estado de Morelos a que solicite el apoyo de las fuerzas militares y federales para garantizar la seguridad en la entidad La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coadyuvar en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra alcaldes y servidores públicos de los ayuntamientos, y a destinar mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a las localidades que lo requieren urgentemente; y al gobernador de Morelos, a solicitar el apoyo de las fuerzas militares y federales para garantizar la seguridad en la entidad, e intensificar las investigaciones del homicidio del presidente municipal de Temoac, suscrita por el diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del PRI El que suscribe, diputado Jaime Sánchez Vélez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 58, 59 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal coadyuvar en las investigaciones de los asesinatos y ataques en contra de presidentes municipales y funcionarios públicos de los ayuntamientos; para que destine mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad, de manera inmediata, a los municipios y localidades que lo requieren urgentemente; para que, en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, se establezcan rutas de vigilancia en los municipios y localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad y se les brinde mayor seguridad y protección a sus funcionarios públicos municipales y; para que se exhorte al gobernador del estado de Morelos, solicite el apoyo de las fuerzas militares y federales para garantizar la seguridad en la entidad, así como intensificar las investigaciones del asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos, al tenor de las siguientes Consideraciones El aumento considerable de los índices de criminalidad en todo el país ha provocado una polémica sobre el verdadero nivel del problema de inseguridad pública que enfrentamos Las cifras oficiales confirman el importante aumento de la delincuencia en México durante los últimos años, además de la falta de un sistema de administración de justicia confiable que desinhibe a la sociedad a denunciar los delitos ante las autoridades El alarmante grado de delincuencia, junto con las pérdidas económicas que conlleva, nos debe obligar a reflexionar sobre su impacto en el bienestar social y en el desarrollo económico. La delincuencia deteriora el progreso del país y, por consiguiente, impide el mejoramiento de la calidad de vida de la población, además de atentar en contra del estado de derecho Las actividades delictivas han crecido rápidamente porque son una opción muy rentable. La impunidad ha permitido que éstas sean sustitutas de actividades legales como fuentes de ingreso. De no controlarse la delincuencia y criminalidad, sus efectos afectarán gravemente el crecimiento económico y el combate a la pobreza, al generarse un ambiente desfavorable para la inversión y la generación de empleos La seguridad pública debe ser suministrada por el estado para proteger a todos sus ciudadanos, y garantizar un estado de derecho. La existencia de éste permite desarrollar las actividades productivas de la sociedad y las empresas, fomentar su adecuado funcionamiento y asegurar un mayor bienestar social El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), mediante su análisis semanal, señaló que el costo de la inseguridad en México sobrepasa 15 por ciento del PIB, gasto equivalente a más del doble de lo que el país gasta en educación en un año De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2008 el gasto público en educación alcanzó 6.3 por ciento del PIB, mientras que en 2009 las participaciones federales a estados y municipios apenas alcanzaron 3.2 por ciento del producto Desafortunadamente, cada año grandes cantidades de recursos son destinados a prevenir y combatir los efectos negativos de la delincuencia, en lugar de ser canalizados a actividades productivas, obstaculizando de esta forma el desarrollo y el crecimiento económico Según estimaciones de la Secretaría de Seguridad Pública realizadas con base en el déficit salarial con que operan las corporaciones, los recursos derramados a las mafias policiacas involucradas en el negocio del narcotráfico, es de mil 277.27 millones de pesos, déficit salarial que no se paga y, por tanto, se convierte en corrupción, ya que es financiado por el crimen organizado En general, la policía trabaja ganando alrededor de dos a tres mil pesos mensuales. Asimismo, alrededor de 40 por ciento de los más de 165 mil policías municipales del país gana entre mil y cuatro mil pesos; el 20 por ciento se ve en la necesidad de trabajar hasta por mil pesos de salario Sumado a lo anterior, muchos de los policías que combaten a la delincuencia, esencialmente los municipales y estatales, lo hacen con recursos limitados y armas inapropiadas. 91.3 por ciento de las instituciones policiales del país, estatales y municipales, apenas han adquirido armamento suficiente para dotar a 20 por ciento de sus más de 390 mil elementos. Sin armas, con bajos salarios, con preparación mínima, las policías del país están en serios problemas En agosto del año pasado, la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores presentó un estudio sobre el narcotráfico en México intitulado Ayuntamientos y crimen organizado, en el que se destacó que las principales organizaciones dedicadas al tráfico de drogas mantienen bajo su control 71 por ciento del territorio nacional Según este estudio, los cárteles de la droga tienen absoluta presencia y control en aproximadamente 195 municipios e influyen de alguna forma en otros mil quinientos, a través del narcomenudeo, cultivo y tráfico de drogas, secuestro y extorsión, entre otros; esto es, controlan ocho por ciento de las 2,440 alcaldías del país El nivel de gobierno más cercano a la población, el municipio, es el que cuenta con menos recursos y menos atribuciones, en contrapartida con el estatal y el federal (este último es el que tiene más recursos y más atribuciones), motivo por el cual han sido presa fácil para las operaciones de narcomenudeo, para construir infraestructura y conseguir apoyo político y complicidad por parte de integrantes de los cárteles Es cierto lo expresado en el estudio, en el sentido de que a gran parte de los ayuntamientos les falta presupuesto, no cuentan con políticas económicas y sociales sostenibles y en muchas ocasiones son abandonados por los gobiernos estatales y federal Es claro que el gobierno federal, con toda la estructura y recursos humanos, materiales, de inteligencia que tiene, no ha podido contrarrestar las acciones de la delincuencia, entonces, ¿qué esperamos de los municipios que en muchas ocasiones, no tienen siquiera para pagar las nóminas de sus empleados y menos, para la obtención de armamento, patrullas y equipo de seguridad para enfrentar al crimen organizado? El gobierno federal, con todo el Ejército y la Marina y con más de 35 mil policías federales, no ha logrado frenar al crimen organizado Desafortunadamente, las señales que dan las autoridades en todos sus niveles son que los cárteles han entendido que los ayuntamientos son el nivel de gobierno más cercano a la gente, por lo que es necesario estar presentes y tener a la sociedad de su lado Un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública federal, dio a conocer que más de 400 municipios carecen de policías, y en 1029 sólo trabajan no más de 15 agentes en cada uno. En términos generales, 88.5 por ciento de los municipios tienen menos de 100 policías. Donde hay más, se llega a 30 elementos máximo por turno; por el contrario, en donde menos existe personal de seguridad, hay hasta uno, quien cubre los tres turnos, los días de descanso y las vacaciones A lo anterior, habría que añadir que 93 por ciento de los delitos son del fuero común, y que de estos, casi 80 por ciento son de algún tipo de robo. Esto da una percepción nacional de inseguridad, acompañada por el abandono político de los municipios, lo que ha abierto la puerta para crear círculos corrompidos Ni la federación, ni los estados destinan los suficientes recursos a los municipios, cuyos alcaldes en muchas ocasiones son rebasados por los narcotraficantes del área, que son quienes construyen los espacios públicos y hasta crean empleos indirectos a la comunidad Esta situación es difícil para las autoridades municipales, ya que la sociedad demuestra una lealtad a la delincuencia organizada generada principalmente por cuestiones de sobrevivencia y temor. Además, muchos ediles o integrantes de cabildos se han visto forzados a aceptar las reglas de los capos o en caso contrario, han sido objetos de atentados en su contra o de su familia En los últimos tres años han sido asesinados más de cuarenta funcionarios municipales, entre alcaldes, ex ediles, regidores, secretarios de ayuntamientos y candidatos a alcaldes, además de varias decenas de policías locales y federales y militares El asesinato de alcaldes se ha realizado en ocho estados, algunos con problemas de disputa entre grupos delictivos, como Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, y otros donde la presencia del narcotráfico se suma a la descomposición social, como Guerrero, Michoacán y Oaxaca Los presidentes municipales en funciones o electos asesinados de 2008 a 2011, han sido 23; tres en lo que va de 2011 1. Junio de 2008. Marcelo Ibarra Villa, Villa Madero, Michoacán 2. Septiembre de 2008. Homero Lorenzo Ríos, Ayutla, Guerrero 3. Octubre de 2008. Salvador Vergara Cruz, Ixtapan de la Sal, Estado de México 4. Febrero de 2009. Claudio Reyes Núñez, Otáez, Durango 5. Febrero de 2009. Octavio Manuel Carrillo, Vistahermosa, Michoacán 6. Junio de 2009. Luis Carlos Ramírez López, Ocampo, Durango 7. Junio de 2009. Héctor Manuel Meixuerio, Nimiquipa, Chihuahua 8. Febrero de 2010. Ramón Mendívil Sotelo, Guadalupe y Calvo, Chihuahua 9. Febrero de 2010. Manuel Estrada Escalante, Mezquital, Durango 10. Abril de 2010. José Santiago Agustino, Zapotitlán Tablas, Guerrero 11. Junio de 2010. Jesús Manuel Lara Rodríguez, Guadalupe Distrito Bravos, Chihuahua 12. Junio de 2010. Óscar Venancio Rivera, San José del Progreso, Oaxaca 13. Junio de 2010. Nicolás García Ambrosio, Santo Domingo, Oaxaca 14. Agosto de 2010. Edelmiro Cavazos Leal, Santiago, Nuevo León 15. Agosto de 2010. Marco Antonio Leal García, Hidalgo, Tamaulipas 16. Septiembre de 2010. Alexander López García, El Naranjo, San Luis Potosí 17. Septiembre de 2010. Prisciliano Rodríguez Salinas, Doctor González, Nuevo León 18. Octubre de 2010. Antonio Jiménez Baños, alcalde electo de Mártires de Tacubaya, Oaxaca 19. Noviembre de 2010. Gregorio Barradas Miravete, alcalde electo de Juan Rodríguez Clara, Veracruz 20. Noviembre de 2010. Gustavo Sánchez Cervantes, Tancítaro, Michoacán 21. Enero de 2011. Saúl Vara Rivera, Zaragoza, Coahuila 22. Enero de 2011. Abraham Ortiz Rosales, Temoac, Morelos 23. Enero de 2011. Luis Jiménez Mata Santiago, Santiago Amoltepec, Oaxaca Asimismo, en mayo de 2010, José Mario Guajardo Varela, candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Valle Hermoso, Tamaulipas, fue atacado con armas de fuego, después de que su partido denunciara amenazas del narcotráfico contra sus candidatos A menos de una semana de los comicios locales, el 28 de junio, el candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, murió acribillado en la carretera a Soto La Marina en Ciudad Victoria Del mismo modo, fue acribillado el ex gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, el 21 de noviembre, en las afueras de su residencia Algunos alcaldes asesinados fueron muertos por sus propios policías, quienes fueron despedidos o cambiados de sus tareas Cuestionado sobre las acciones adoptadas para proteger a las potenciales víctimas del crimen organizado, tras los asesinatos de presidentes municipales y otros servidores públicos y actores políticos, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, reconoció la preocupación del gobierno federal por estos hechos, y afirmó que se trabaja en una estrategia sobre el tema. Sin embargo, ya fueron asesinados tres alcaldes en menos de 15 días y los actos delictivos no parecen disminuir, por el contrario, todos los días son de asesinatos y atentados En el caso particular de Morelos, esta entidad se ha visto afectada por diversos acontecimientos de gran preocupación. Recordemos que el 16 de diciembre de 2009, durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, resultó muerto el jefe del cártel de los Beltrán Leyva, Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas” o “El Botas Blancas” Asimismo, el día 11 del mismo mes, autoridades federales detuvieron a los músicos Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, los Cadetes de Linares y Torrente Musical, quienes fueron investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita En Morelos la temporada vacacional de semana santa de 2010 fue muy violenta, ya que dejó como saldo nueve decapitados y diez asesinatos relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico Asimismo, fueron colocados en diversos puntos de la ciudad de Cuernavaca los llamados “narcomensajes”, lo que generó gran alerta y preocupación entre la sociedad Al expresar su amplio reconocimiento a las instituciones federales que intervinieron en el operativo realizado el pasado 30 de agosto de 2010, que tuvo como resultado la captura de Edgar Valdéz Villarreal, alias la “Barbie”, el gobernador Marco Antonio Adame subrayó que Morelos, junto con otras entidades de la región centro del país, participaron en el establecimiento de cercos perimetrales definidos por la Procuraduría General de la República, lo que demuestra que en la entidad operan con libertad los integrantes de bandas delictivas El 6 de diciembre de 2010, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación especializada en Delitos Federales (Siedo), entregó a las autoridades judiciales de Morelos al menor Edgard Jiménez Lugo, alias “El Ponchis”, acusado de homicidio y de vínculos con la delincuencia organizada La Procuraduría General de la República expuso que al no existir leyes federales para procesarlo y al haber cometido sus delitos en Morelos, el presunto delincuente quedó a disposición de la autoridad local, donde sí existen esos procedimientos penales. El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, precisó que el adolescente de 14 años está acusado de delitos tipificados como graves, por lo que la Siedo determinó consignarlo ante una autoridad competente en el caso El presunto sicario fue puesto a disposición de un tribunal unitario del fuero común para justicia de adolescentes de Morelos, que le dictó vinculación a juicio por delincuencia organizada y homicidio Según la Ley de Justicia Penal para Adolescentes de Morelos, “El Ponchis” puede ser procesado, por lo que un magistrado le dictó auto de vinculación a proceso, lo que en el sistema de justicia tradicional, aún a nivel federal, sería el auto de formal prisión Aunque las leyes de Morelos señalan que la pena máxima para menores de edad sea del nivel que sea el delito que hayan cometido, es de cinco años de prisión; en este caso, el detenido no podrá obtener la libertad bajo caución ni por otras figuras de libertad anticipada El ahora procesado está acusado de delincuencia organizada y se le vincula con decenas de homicidios, desde una célula de sicarios vinculados con la organización de los hermanos Beltrán Leyva en Morelos Ante todos estos hechos, el estado de Morelos se ha convertido en el principal centro de operación de esta organización, además de presentarse otros actos que han puesto en riesgo incluso, la estabilidad de la entidad, al grado de acusar a gobernadores de estar relacionados con actividades ilícitas Recordemos que en marzo de 2008, en Temixco, el presidente de la república inauguró el edificio de seguridad pública del estado de Morelos, y anunció el inicio del programa “Limpiemos México, Zona en Recuperación”, de carácter social y vinculado a la seguridad Los objetivos que señaló el primer mandatario sobre la estrategia de su gobierno para hacer frente a la delincuencia organizada, son • Garantizar la seguridad pública es la función esencial de todo gobierno, es uno de los deberes más altos de cualquier autoridad y también es uno de los retos mayores de la nación; es, a su vez, en este momento, la mayor exigencia de los ciudadanos • Uno de mis mayores compromisos como presidente de la república, es impulsar el progreso del país por la vía de la paz, de la legalidad y del orden • La estrategia nacional de seguridad tiene, básicamente, dos grandes grupos de componentes • Para ganar la guerra contra la delincuencia se requiere la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno. Sin la participación responsable de las autoridades federales, estatales y municipales, no será posible tener un completo éxito Asimismo, se informó de la existencia de programas para fortalecer las capacidades policiacas, de armamento, tecnología y de control de confianza de los municipios mayores y más críticos en materia de seguridad en el estado de Morelos, a través del mencionado programa y del Fondo de Seguridad Municipal Sin embargo, las estrategias y las acciones no han sido suficientes o adecuadas, ya que el estado de Morelos sigue siendo una zona insegura y de operaciones del crimen organizado Como ya se mencionó, el pasado 10 de enero el alcalde de Temoac, Abraham Ortiz Rosales, fue interceptado por un grupo armado que le disparó cuando viajaba con su esposa, sus tres hijos y su escolta, en el ingreso a la comunidad de Amilcingo, a las 19:30 hrs El municipio de Temoac es una de las localidades más apartadas de la capital del estado; se localiza en la zona oriente de Morelos, cerca de la división con Puebla. El gobierno municipal se elige y gobierna mediante el método de usos y costumbres En el resto de la entidad se vive y se percibe un ambiente de inseguridad, de desconfianza, de incertidumbre, de desprotección por parte de las autoridades. Es el momento de poner mayor atención al clima que se presenta en Morelos, sobre todo por la posición geográfica que representa Es urgente diseñar y adecuar políticas y acciones que fortalezcan la administración de las alcaldías no solamente de Morelos, sino de todo el país, con el fin de contrarrestar los efectos de la delincuencia organizada y así, cumplir con el compromiso del estado de garantizar seguridad en todo sentido a la población, como se establece en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del de-sarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.” Mientras no se incluya una estrategia de desarrollo social y económico de mediano y largo plazos, no se logrará avanzar hacia un mejor bienestar de la sociedad Participemos con las autoridades para no permitir la destrucción del capital o tejido social que hace posible la convivencia ciudadana y el desarrollo económico del país Hemos visto cómo se comienzan a cerrar empresas o se cancelan inversiones debido a la inseguridad, trayendo consigo importantes costos sociales para el país. Es necesario redoblar esfuerzos para proteger la integridad física de las personas y la propiedad de sus bienes, para alcanzar los beneficios sociales de un ambiente de seguridad que permita la realización de un mayor desarrollo económico y social Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado los siguientes Puntos de acuerdo Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a coadyuvar en las investigaciones con las autoridades locales de las entidades federativas en donde se han perpetrado asesinatos y ataques en contra de presidentes municipales y funcionarios públicos de los ayuntamientos, para encontrar a los responsables y ser juzgados Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal para que destine mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad, de manera inmediata, a los municipios y localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo de ingobernabilidad Tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal para que, en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, se establezcan rutas de vigilancia en los municipios y localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad para la población, así como brindar mayor seguridad y protección a sus funcionarios públicos municipales Cuarto. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al gobernador del estado de Morelos, solicite al titular del Ejecutivo federal el apoyo de las fuerzas militares y federales de seguridad pública para garantizar la seguridad en la entidad, así como intensificar las investigaciones del asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputado Jaime Sánchez Vélez (rúbrica).» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Se recibió de la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría General de la República, envíe un informe detallado al Congreso de la Unión con relación a los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a enviar por la PGR un informe detallado al Congreso de la Unión sobre los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI La suscrita, María Elena Orantes López, senadora por Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El pasado 12 de enero, en el marco de los Diálogos por la Seguridad, Alejandro Poiré, vocero del gabinete de seguridad nacional, informó que tan solo en el año 2010, hubo 15 mil 273 crímenes relacionados con el crimen organizado en el país La mayor parte de estos crímenes han permanecido en la impunidad, es por ello que cabe preguntarse por qué a más de cuatro años de que el gobierno federal iniciara la batalla contra el crimen organizado, el Ministerio Público federal no ha presentado un avance de las investigaciones sobre los presuntos homicidios relacionados con la delincuencia organizada Asimismo, informó que de 2006 a 2010 son 85 municipios los que concentran el 70 por ciento de los homicidios de este tipo. En 2007 fueron 90 municipios; en 2008 fueron 59 municipios; en 2009 un total de 70 municipios y, en el 2010, sumaron 73 municipios Subrayó también que los datos presentados no sustituyen a la estadística oficial de homicidios totales ni de homicidios dolosos que recopila de manera sistemática el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sino solamente se refiere a aquellos casos presumiblemente relacionados con el crimen organizado Estos datos hacen evidente que la Procuraduría General de la República ha fallado en la investigación y resolución de los delitos vinculados con el crimen organizado Las autoridades, una y otra vez, han menospreciado las miles de muertes mediante declaraciones superficiales a los medios de comunicación para justificar su inoperancia. Se han encargado sistemáticamente de decir que estas muertes fueron resultado de enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes o ajuste de cuentas de grupos delictivos, sin contar con referencias documentales obtenidas de las averiguaciones previas correspondientes El Estado mexicano tiene la obligación de perseguir el delito y esclarecer los asesinatos para poder, en el marco de un Estado de derecho, detener, juzgar y encarcelar conforme a la ley, a todo aquel responsable de una muerte La incapacidad de los ministerios públicos y jueces para integrar y enjuiciar a los criminales raya en la desesperación ciudadana y contribuye a la descomposición social Las más de 34 mil muertes registradas en todo el país a causa de la estrategia gubernamental para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, son muestra clara del fracaso y el descrédito de la política contra la inseguridad que mantiene el gobierno del país Víctimas inocentes como migrantes y transmigrantes, niños, jóvenes y mujeres, han muerto por ser confundidos o por encontrarse en zonas de combate al ser alcanzados por las balas, ya sea por integrantes del crimen organizado o por la propia policía o miembros de las fuerzas armadas Aun así, más del 95 por ciento de esas muertes no se han investigado y sólo el 1 por ciento de los crímenes llegan a ser procesados penalmente ante un juzgado Es en este sentido, creemos necesario solicitar un informe detallado sobre el trabajo de la Procuraduría General de la República en relación a los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país desde el 2006 a la fecha El Congreso de la Unión debe contar con información detallada que explique las causas por las cuales, no se ha avanzado en las investigaciones para aclarar las miles de muertes en el marco de la estrategia gubernamental de combate al narcotráfico y el crimen organizado Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que –a través de la Procuraduría General de la República– envíe un informe detallado al Congreso de la Unión en relación con los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país, al tiempo de explicar el por qué de los escasos resultados de las autoridades federales en la investigación de los homicidios ocurridos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país, desde inicios de 2006 a la fecha Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senadora María Elena Orantes López (rúbrica).» Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo MATERIA DE SEGURIDAD El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: También se recibió del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Gobernación se rinda un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto del 2010 La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rendir por la SSP y la Segob un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto a 2010, a cargo del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del PRI El suscrito, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente Exposición de Motivos No es una solución lanzarnos a criticar la política que se ha estado llevando en materia de seguridad, ante la gravedad de la situación nacional, debemos replantearnos qué podemos hacer para que la cruenta violencia por la que atravesamos cese Es alarmante que a raíz de los 12 mil 905 ejecutados en 2010, México ya sea considerado dentro del grupo de los seis países más inseguros en el mundo. Ello se traduce en que actualmente se tienen niveles de inseguridad comparables con Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán Según los parámetros internacionales, en México se libra una guerra, en virtud de que en nuestro país se vive un conflicto en el cual la fuerza violenta es organizada y sistemática, además de que las partes involucradas emprenden medidas amplias en donde la destrucción es masiva y de amplia duración De conformidad con un estudio realizado por la Universidad de Heidelberg en Alemania, en México murieron más personas el año pasado, incluso, que las que fenecieron debido a los conflictos contra los talibanes que ocurren en Afganistán y Pakistán Pero sin duda, el énfasis que debemos hacer se enfoca al hecho de que el estudio augura que la tasa de asesinatos continuará incrementándose durante años, lo cual, no sólo como legisladores, sino como mexicanos, no podemos permitirnos Al respecto,  aun cuando ya se ha solicitado la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, para que presente un informe sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia delictiva e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y otros temas vinculados en materia de seguridad pública, también es necesario que las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública, en tanto integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisen las expectativas que se tienen en cuanto a la posibilidad de disminuir el número de muertos. En suma, se le pedirá a dichos funcionarios un pronóstico de seguridad para este año que comienza No obstante lo anterior, es de vital importancia saber, al menos en un aproximado, qué es lo que debemos esperar los mexicanos para 2011, ya que tal parece que lo único que se ha conseguido es aumentar el número de muertos a la par del número de declaraciones provenientes del Poder Ejecutivo federal Así pues, en suma, lo que pretendemos a través de esta solicitud es que se replanteen las políticas en seguridad y se estudien nuevas posibilidades para frenar la violencia, misma que llegó el año pasado a un nivel sin precedente en nuestro país. De esta manera es claro que esperamos cambios en la manera de proceder del Ejecutivo federal en consecuencia de todos los muertos que se cuentan, para que otros ciudadanos dejen de sufrir y se haga justicia a los que ya han padecido los efectos de esta “guerra” Por lo expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado, de urgente y obvia resolución, el siguiente Punto de Acuerdo Único.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretarías de Seguridad Pública, y de Gobernación se rinda un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto de 2010, el año más violento en nuestra historia, y de lo que los mexicanos debemos esperar en 2011 en cuanto a la tasa de asesinatos Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 19 de enero de 2011.— Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo Honorable asamblea. El orden del día de esta sesión tiene registradas cinco proposiciones referentes al mismo tema: La proposición del diputado Arturo Zamora Jiménez, con relación a la implementación de la cédula de identidad ciudadana para menores de edad El punto de acuerdo relativo a la activación del proyecto de cédula de identidad suscrito por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente y el diputado Canek Vázquez Góngora Del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, por el que solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación ante el pleno de la Comisión Permanente De la diputada Yolanda de la Torre Valdez, que solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación en relación a la cédula de identidad De la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a desistir en la instrumentación y aplicación de la herramienta de identificación denominada cédula de identidad personal o ciudadana CEDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Esta Presidencia ha sido enterada de que los grupos parlamentarios han llegado a un consenso con relación a estas proposiciones. Por tanto, se concede la palabra a la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente para dar lectura a la propuesta que presentan en consenso los grupos parlamentarios que forman parte de esta Comisión Permanente La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Con su venia, señor presidente. En junio de 2009 el presidente Calderón anunció la activación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana. La falta de claridad sobre aspectos esenciales de esta iniciativa generó de inmediato diversas inquietudes por parte del Poder Legislativo, órganos autónomos, partidos políticos y sociedad civil Se afirma desde entonces, con razón, que la medida desconocía la nueva realidad política del país implicando una innecesaria e inexplicable duplicidad de esfuerzos, recursos y experiencia con el de otras instituciones y que evidenciaba una discrecional y poco entendible urgencia por agilizar el proyecto El Congreso de la Unión siendo sensible a la expresión de estas inquietudes generó sendos exhortos para que el gobierno federal retuviera la implementación de esta iniciativa Más aún. El pleno de la Cámara de Diputados decidió la constitución de un grupo plural de trabajo, a efecto de escuchar todas las posturas sobre el tema y de esta forma impulsar los cambios legislativos pertinentes Sin embargo, la Secretaría de Gobernación anunció en días recientes que el proyecto de emisión de la cédula de identidad personal es un proyecto autorizado, en proceso de ejecución, y que en el plazo más breve iniciará su emisión Anunció también que cuenta con un presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 que le habrá de permitir la emisión, en una primera etapa, de la cédula de identidad para los menores de entre 4 y 16 años Este anuncio ha generado serias dudas en amplios sectores sociales. El proyecto de cédula de identidad personal es, en efecto, una atribución que la Ley General de Población, desde sus reformas de 1994, encomendó a la Secretaría de Gobernación y que esta atribución no se ha podido ejercer ante la problemática social que representa el garantizar el manejo confidencial de la información de este registro que, sin duda, será el más importante en el país Los instrumentos de identificación personal con los que hasta el momento cuenta ahora el país son múltiples y se han generado y evolucionado de una manera desorganizada y carentes de instrumentos, de coordinación y unicidad de metas y objetivos. Iniciar un nuevo registro poblacional debe considerar los avances y problemas que enfrentan otros registros de similar naturaleza, objetivos y efectos, como son los registros civiles, de competencia local, los registros de vacunación, los registros de extranjeros, el Registro Único de Población, los registros de la Cancillería y el Registro Federal de Electores, entre otros A modo de ejemplo, baste decir que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ha hecho públicos una serie de argumentos que subrayan los riesgos de avanzar en la línea propuesta en este programa gubernamental Por lo que se refiere al Instituto Federal Electoral, su situación es similar respecto de la cédula de identidad personal. Al IFE le preocupan varios temas y así lo han externado, y no pueden dejarse de lado, como son: la duplicidad de esa cédula con la credencial de elector para votar con fotografía. El doble gasto que implicaría la emisión de una nueva herramienta de identificación personal y la preocupación porque la nueva cédula pueda desplazar la importancia de la credencial de elector, afectar el padrón de nacional de electores y, desde luego, el impacto que en materia de ejercicio de sus derechos políticos pueda tener la cédula para los ciudadanos Por otro lado, la Secretaría de Gobernación ha anunciado que el costo aproximado de la expedición de la cédula para menores de edad será poco más de 300 millones de pesos. Esto último llama poderosamente nuestra atención, pues en el Presupuesto de Egresos para este año, los diputados federales no aprobamos dichos recursos Desde el 2010 en el marco de análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, los diputados reasignamos los recursos que el gobierno federal proponía originalmente para el proyecto de la cédula El Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, reitera que este tema debe pasar por una integral, profunda, razonada y responsable deliberación centrada en los aspectos vinculados con el ejercicio de las funciones del Estado y la distribución competencial que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de ellas Reiteramos nuestra coincidencia plena con la necesidad de fortalecer los documentos de identificación. Sin embargo, insistimos en la necesidad de no incurrir en conductas unilaterales que conduzcan a la improvisación y que arrastren a una implementación irresponsable de uno de los proyectos más importantes para el Estado mexicano Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, para que se abstenga de implementar, instrumentar y aplicar cualquier medida tendente a la puesta en marcha del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, hasta en tanto no haga llegar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión toda información técnica, jurídica, económica y administrativa necesaria sobre el tema, incluyendo las proyecciones de impacto social presupuestal y jurídico Segundo. Cita a comparecer al ciudadano licenciado Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, ante la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión, para que informe a esta soberanía sobre los avances, alcances, fases de implementación y en general, respecto de todo aspecto social jurídico y técnico relacionado con la implementación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana Suscriben el presente punto de acuerdo los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, PRD, Partido Verde y Partido del Trabajo Por lo anterior, señor presidente, con fundamento en el artículo 59, solicito y le ruego ponga a consideración del pleno que este punto de acuerdo sea despachado como de urgente u obvia resolución «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la cédula de identidad ciudadana, suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios y presentada en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 19 de enero de 2011 En junio de 2009, el presidente Felipe Calderón anunció la activación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana La falta de claridad sobre aspectos esenciales de esta iniciativa, generaron de inmediato, diversas inquietudes por parte del Poder Legislativo, órganos autónomos, partidos políticos y sociedad civil Se afirma desde entonces, con razón, que la medida desconocía la nueva realidad política del país, implicando una innecesaria e inexplicable duplicidad de esfuerzos, recursos y experiencia con el de otras instituciones y que evidenciaba una discrecional y poco entendible urgencia por agilizar el proyecto El Congreso de la Unión, siendo sensible a la expresión de inquietudes y entendiendo su responsabilidad en la construcción del marco jurídico que permitiera la implantación de esta iniciativa en la nueva realidad política que garantiza el desarrollo y fortalecimiento de la democracia en nuestro país, generó sendos exhortos para que el gobierno federal detuviera la implementación de esta iniciativa Más aún, el pleno de la Cámara de Diputados, reconociendo que estas discrepancias eran políticas y jurídicas y que un proyecto de esta magnitud e implicaciones debía ser promovido y consensado como un propósito de Estado, más que de un gobierno en turno, decidió la constitución de un Grupo Plural de trabajo para revisar el desarrollo del proyecto de la cédula de identidad ciudadana a efecto de escuchar todas las posturas sobre el tema y, de esta forma, impulsar los cambios legislativos pertinentes Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, por conducto de su titular, ha anunciado en días recientes que el proyecto de emisión de la cédula de identidad personal es un proyecto autorizado, en proceso de ejecución y que en el plazo más breve iniciará a emitir los primeros ejemplares Anunció asimismo que la secretaría cuenta con un presupuesto autorizado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, que le habrá de permitir la emisión, en una primera etapa, la cédula de identidad para los menores de entre cuatro y diecisiete años El proyecto de cédula de identidad personal es, en efecto, una atribución que la Ley General de población, desde sus reformas de 1994, encomendó a la Secretaría de Gobernación y que esta atribución no se ha podido ejercer, ante la problemática social que representa el garantizar el manejo confidencial de la información de este registro que, sin duda será el más importante en el país Este proyecto ha enfrentado, cada vez que se retama, férreas, salidas y fundadas criticas de amplios sectores de la sociedad civil que han manifestado su preocupación porque, con él se abran las puertas para la posibilidad de violentar, de diversas y graves maneras, las garantías individuales Los instrumentos de identificación personal, con los que, hasta el momento cuenta ahora el país son múltiples y se han generado y evolucionado de una manera desorganizada y carentes de instrumentos de coordinación y unicidad de metas y objetivos, por la que iniciar un nuevo registro poblacional debe considerar los avances y problemas que enfrentan otros registros de similar naturaleza, objetivos y efectos, como son los registros civiles, de competencia local, los registros de vacunación, los registros de extranjeros, el registro único de población, los registros de la cancillería y el Registro Federal de Electores, entre otros Esta soberanía aprobó las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, publicadas el pasado 5 de julio de 2010, a fin de facultar al instituto del ramo para proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades, y es justamente este instituto el que ha, con fundamento en sus atribuciones legales, llamado la atención con respecto a la necesidad de que en los trabajos, en curso, se ofrezcan las garantías y mecanismos, suficientes y necesarios, a fin de asegurar que la información que se recabe, con motivo de la expedición de la cédula de identidad personal, a que se refiere el artículo 87 de la Ley General de Población, reúna los elementos de transparencia, confidencialidad, buen uso y seguridad que se requieren a fin de no generar posibles violaciones a las garantías individuales que consagra nuestra Constitución El referido artículo 87 de la Ley de Población mandata al Registro Nacional de Población para inscribir a los menores de edad, sin distinción alguna, mientras que el anuncio hecho por la dependencia del Ejecutivo federal, se refiere exclusivamente a un sector de este grupo de población -al de entre cuatro y diecisiete años- cuando la mayor urgencia y necesidad de contar con una identificación nacional se ubica entre la población de los recién nacidos, que carece de un instrumento de las características anunciadas y que la falta de identificación propicia la comisión de innúmeros y graves delitos en agravio de la población de menor edad, que ahora se ve excluida de este programa El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ha hecho públicos una serie de argumentos que subrayan los riesgos de avanzar en la línea propuesta en este programa gubernamental, por lo que resulta, de la mayor urgencia e importancia, convocar al titular de la Secretaría de Gobernación a fin de que informe sobre los avances de este proyecto y las respuestas institucionales que esa dependencia del Ejecutivo federal ha dado al Instituto Federal de Acceso a la Información, a fin de asegurar que sus preocupaciones, queden a salvo Por lo que se refiere al Instituto Federal Electoral, su situación es similar con respecto a la cédula de identidad personal. A este instituto le preocupan varios temas, que no pueden dejarse de lado, como son: la duplicidad de esa cédula, con la credencial de elector para votar con fotografía; el doble gasto que implicaría la emisión de una nueva herramienta de identificación personal, pero más de fondo se encuentra su preocupación por que la nueva cédula pueda desplazar la importancia de la Credencial de Elector, afectar el Padrón de Nacional de Electores y, desde luego el impacto que, en materia de ejercicio de sus derechos políticos, pueda tener la cédula, para los Ciudadanos La Secretaría de gobernación (Segob) deja de nueva cuenta serias dudas sobre aspectos centrales que deben ser observados La activación del registro de menores de 18 años puede implicar una medida encubierta para crear la infraestructura necesaria para su registro, no sólo en la circunstancia durante la minoría de edad sino también, en la mayoría de ésta Contando con esta plataforma, ¿qué va a impedir a la Segob dar inicio con el registro de los mayores de 18 años? ¿Qué va a pasar entonces con la credencial para votar con fotografía? Parece que la Segob insiste en una inexplicable e innecesaria duplicidad de esfuerzos y recursos al omitir deliberadamente la experiencia y efectividad del Instituto Federal Electoral, que ha permitido a la sociedad mexicana contar con el documento que no sólo garantiza la certeza de la participación ciudadana en los comicios sino que, en razón de su seguridad, es el principal documento de identificación para los mexicanos Con ello, el gobierno federal estaría trasgrediendo claramente lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a los servidores públicos a administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez Por otro lado, la Segob no precisa como se va a garantizar el blindaje de los datos a efecto de evitar su filtración No se ha aclarado qué medidas se estarían adoptando para evitar el acceso de la delincuencia como ocurrió en abril del año pasado cuando se descubrió que por cierta cantidad se podían obtener diversas bases de datos De la misma forma es necesario cuestionar los criterios del gobierno federal que es necesario registrar las 10 huellas digitales y el iris de los ojos ¿Cuáles serán los controles de confianza para el personal que realice los registros y administre la información? ¿Cómo se va a garantizar lo establecido en el artículo 16 de la Constitución en cuanto al derecho a la protección de datos personales, a su acceso, rectificación y cancelación, así como al derecho de manifestar la oposición respectiva? Estas son preocupaciones planteadas no sólo por los legisladores sino también por el Instituto Federal de Acceso a la Información Por otro lado, la Segob ha anunciado que el costo aproximado de la expedición de la cédula para menores de edad será de poco más de 300 millones de pesos Esto último llama poderosamente nuestra atención pues en el presupuesto de egresos para este año los diputados federales no aprobamos dichos recursos En efecto, desde el 2010, en el marco del análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año los diputados reasignamos los recursos que el gobierno federal proponía originalmente para el proyecto de la cédula Para 2011 la Cámara de Diputados mantuvo su decisión y no aprobó recursos específicos para el referido proyecto Esta decisión de los diputados se enmarca en la fracción IV, del artículo 74 de la Constitución que establece que los diputados federales tiene la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Por tanto, el anuncio del gobierno federal evidencia que la Segob desatendieron una decisión colegiada, que la Segob no reparó en anular El Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, reitera que este tema debe pasar por una integral, profunda, razonada y responsable deliberación, centrada en los aspectos vinculados con el ejercicio de las funciones del Estado y la distribución competencial que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de ellas. La protección de datos personales de los ciudadanos, el uso y confluencia de las bases de datos en poder de diferentes órganos del Estado, los pretendidos elementos exigibles para acreditar la identidad de los ciudadanos y la construcción el registro correspondiente Reiteramos nuestra coincidencia plena con la necesidad de fortalecer los documentos de identificación, sin embargo, insistimos en la necesidad de no incurrir en conductas unilaterales que conduzcan a la improvisación y que arrastren a una implementación irresponsable de uno de los proyectos más importantes para el Estado mexicano Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente propuesta con Puntos de Acuerdo La Comisión Permanente del Congreso de la Unión: Primero. Exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación para que se abstenga de implantar, instrumentar y aplicar cualquier medida tendente a la puesta en marcha del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, hasta en tanto no haga llegar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión toda la información técnica, jurídica, económica y administrativa necesaria sobre el tema, incluyendo las proyecciones de impacto social, presupuestal y jurídico de dicha iniciativa Segundo.Cita a comparecer al licenciado Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, ante la Primera Comisión de trabajo de esta Comisión Permanente, para que informe a esta soberanía, sobre los avances, alcances, fases de implantación y, en general, respecto a todo aspecto social, jurídico, técnico y presupuestal relacionado con la implementación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de enero de 2011.— Diputados: José Ramón Martel López, por el Grupo Parlamentario del PRI; Francisco Javier Orduño Valdez, por el Grupo Parlamentario del PAN; René Arce Islas, por el Grupo Parlamentario del PRD; Alberto Emiliano Cinta Martínez, por el Grupo Parlamentario del PVEM; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, por el Grupo Parlamentario del PT (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, hay dos terceras parte por las afirmativa, es mayoría calificada El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se considera de urgente resolución, y por tanto, está a discusión. No habiéndose registrado oradores en este punto tome la Secretaría la votación de la asamblea La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.  Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor  presidente, mayoría por la afirmativa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Queda aprobada.Por tanto, comuníquese la proposición DEUDA PUBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que se reúna con funcionarios de la propia Secretaría, y secretarios de Finanzas de los gobiernos estatales, a fin de revisar la situación de la deuda pública de las entidades federativas, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama:Con el permiso de la Mesa Directiva. Muy buenas tardes, señores legisladores Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es motivo de gran preocupación la situación de las finanzas públicas en las entidades de la República, particularmente en lo que se refiere a su deuda pública Hemos sido testigos de cómo año con año la deuda en las entidades ha mostrado un incremento, cuya garantía son las participaciones federales Los ingresos locales representan en promedio menos de 18 por ciento de los ingresos federales. Entre 2004 y 2009 el gasto corriente en los estados creció a una tasa promedio anual de 5.7 por ciento. Las obligaciones financieras pasaron de representar el 50.3 por ciento de las participaciones en 2001 a 61 por ciento en junio de 2010 De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de septiembre de 2010 el total de las obligaciones financieras adquiridas por las 32 entidades federativas del país ascendió a 278 mil 960.5 millones de pesos, superior en 14 mil 703.7 millones de pesos reales, respecto del ejercicio 2009. Es decir, se observa un incremento y crecimiento de la deuda de 5.2 por ciento en términos reales Existen casos de entidades en donde la deuda adquirida se ha mantenido dentro de los límites de viabilidad de las finanzas públicas. Es importante destacar que a septiembre de 2010 la única entidad que no había contratado deuda fue Tlaxcala. Sin embargo, existen otras, como el caso de Coahuila, en donde la deuda pública se incrementó de manera considerable, al pasar de un mil 561.6 millones de pesos, en el 2009, a 7 mil 636.7 millones de pesos en septiembre de 2010 De la misma forma, el estado de Yucatán ha incrementado el monto de su deuda en más del doble en estos 2 últimos años, respecto de la que tenía contratada en el 2008 y anteriores, al pasar de 730.9 millones de pesos a 2076.1 millones de pesos en 2009 y un mil 898 millones de pesos en 2010 Otras entidades que registraron un mayor monto de endeudamiento fueron el Distrito Federal, el estado de México y Nuevo León Además del crecimiento de la deuda, esta problemática a nivel local se acrecienta año con año, si le añadimos los compromisos inmediatos y a futuro para cubrir los incrementos de gasto corriente, entre los que se incluye el pago de pensiones, la falta de generación de ingresos propios y la propia transparencia en fiscalización en el gasto y uso de los recursos públicos, que consolidan la hipótesis de la detonación de una posible crisis fiscal local que asfixie las finanzas nacionales Es por lo anteriormente expuesto que exhortamos a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que a la brevedad sostenga reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda federal y con los secretarios de Finanzas de los estados, con el fin de contar con un diagnóstico preciso respecto de la situación financiera de las entidades y encontrar soluciones o alternativas conjuntas que permitan racionalizar el incremento de la deuda, eficientar y transparentar el gasto público y de esta forma mejorar la situación de las finanzas públicas a nivel local, buscando en todo momento su sustentabilidad Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente punto de acuerdo Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que se reúna con funcionarios de la Secretaría de Hacienda federal y secretarios de finanzas de los gobiernos estatales, a fin de revisar la situación de la deuda pública de las entidades federativas. Es cuanto, señor presidente «Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para que se reúna con funcionarios de la SHCP y secretarios de finanzas de los gobiernos estatales, a fin de revisar la situación de la deuda pública de las entidades federativas, a cargo de la diputada. Rosa Adriana Díaz Lizama del Grupo Parlamentario del PAN El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que se reúna con los secretarios de Finanzas de los gobiernos estatales a fin de revisar la situación de la deuda pública de las entidades federativas, al tenor de las siguientes Consideraciones Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es motivo de gran preocupación la situación de las finanzas públicas de las entidades de la República, particularmente en lo que se refiere a su deuda pública Hemos sido testigos de como, año con año, la deuda se ha mostrado un incremento promedio del aproximadamente un 15 por ciento, cuya garantía son las participaciones federales Actualmente las agencias calificadoras que dan seguimiento a la deuda de la gran mayoría de las entidades federativas han afirmado que todos los estados de la República poseen calificaciones que se mantienen en el grado de "inversión" (relativamente seguras). No obstante, el acelerado crecimiento de la deuda de la mayoría de los estados, en algunos casos, los vencimientos a corto plazo, ponen en entredicho la estabilidad en las finanzas públicas locales Y las cifras así lo muestran: En términos reales, la deuda sub-nacional se duplicó respecto al saldo observado a finales del año 2000. El mayor crecimiento durante este periodo fue el observado durante los últimos 18 meses (enero 2009 - junio 2010) con un incremento real por encima del 26 por ciento. Ello implicó que el crecimiento agregado de la deuda a nivel estatal ha pasado de representar el 1.6 por ciento del PIB en 2006 al 2.1 por ciento en junio de 2010 (alrededor de 270 mil mdp) Los ingresos locales representan en promedio menos del 18 por ciento de los ingresos federales. Entre 2004 y 2009 el gasto corriente en los estados creció a una tasa promedio anual de 5.7 por ciento. Las obligaciones financieras pasaron de representar el 50.3 por ciento de las participaciones en 2001 a 61 por ciento en junio de 2010 De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de septiembre de 2010, el total de obligaciones financieras adquiridas por las 32 entidades federativas del país ascendió a 278 mil 960.5 millones de pesos (mdp), superior en 14 mil 703.7 mdp reales respecto al ejercicio 2009. Es decir, se observa un crecimiento de la deuda de 5.2 por ciento en términos reales Existen casos de entidades en donde la deuda adquirida se ha mantenido dentro de los límites de viabilidad de las finanzas públicas. Es importante destacar que a septiembre de 2010 la única entidad que no había contratado deuda fue Tlaxcala, mientras que el gobierno del estado de Campeche mantuvo un manejo eficiente de sus obligaciones financieras al contratar sólo 116.6 mdp Sin embargo, existen otras como el caso de Coahuila, en donde la deuda pública se incrementó de manera considerable al pasar de mil 561.6 mdp en 2009 a 7 mil 636.7 mdp en septiembre de 2010. De la misma forma, Yucatán ha incrementado el monto de su deuda en más del doble en estos dos últimos años respecto a la que tenía contratada en el 2008 y anteriores al pasar de 730.9 mdp a 2 mil 76.1 en 2009 y mil 898 mdp en 2010 Otras entidades que registraron un mayor monto de endeudamiento fueron el Distrito Federal con 49 mil 096.1 mdp (17.6 por ciento del total); el estado de México con 37 mil 356.2 mdp (13.4 por ciento del total) y Nuevo León con 32 mil 288.2 mdp (11.6 por ciento del total) Estos datos hacen evidente la falta de congruencia que las autoridades hacendarias locales han denotado en el manejo de sus finanzas, ya que mientras que a nivel federal los gobernadores se oponen a la construcción de una reforma fiscal integral federalista y recurren a la deuda pública como mecanismo rápido de acceso al financiamiento a corto plazo, pero sin considerar las implicaciones económicas y financieras que esto trae a mediano y largo plazo Además del crecimiento de la deuda, esta problemática a nivel local se acrecienta año con año si le añadimos los compromisos inmediatos y a futuro para cubrir los incrementos de gasto corriente entre los que se incluye el pago pensiones, la falta de generación de ingresos propios y la poca transparencia y fiscalización en el gasto y el uso de los recursos públicos consolidan la hipótesis de la detonación de una posible crisis fiscal local que asfixie las finanzas nacionales Es por lo expuesto que exhortamos a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, a la brevedad, sostenga reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda federal y con los secretarios de Finanzas de los estados con el fin de contar con un diagnóstico más preciso respecto a su situación financiera, y para encontrar soluciones o alternativas conjuntas que permitan racionalizar el incremento de la deuda, eficientar y transparentar el gasto público y, de esta forma, mejorar la situación de las finanzas públicas a nivel local, buscando, en todo momento, su sustentabilidad Por lo anterior se presenta el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que se reúna con funcionarios de la Secretaría de Hacienda Federal y secretarios de Finanzas de los gobiernos estatales a fin de revisar la situación de la deuda pública de las entidades federativas Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de enero de 2011.— Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. La proposición que usted hacese turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ESTADO DE GUERRERO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Florentina Rosario Morales, para presentar punto de acuerdo en relación a la agresión perpetrada en contra de Guillermo Sánchez Nava La diputada Florentina Rosario Morales:Con su venia, diputado presidente y Mesa Directiva Punto de acuerdo relativo a la agresión perpetrada en contra de Guillermo Sánchez Nava, representante, ante el Instituto Electoral del estado de Guerrero, de la coalición Guerrero nos une La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes consideraciones Si bien es cierto que el país está sumergido en una espiral de violencia y en ese sentido los comicios electorales ya se han visto empapados en sangre, como en el caso de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, no debe seguir siendo eso un hecho que para muchos pueden ser montajes con fines políticos La agresión realizada a Sánchez Nava en el estado de Guerrero abre la puerta a que en el día de la elección se puedan suscitar actos de violencia contra los militantes de todos los partidos políticos que contiendan por la gubernatura y de la misma forma de la población civil Un estado en donde los índices de delincuencia e impunidad están por los cielos desde hace más de 50 años, eso seguirá siendo la mayor muestra del Estado fallido en procuración de justicia y respeto a los derechos humanos Las declaraciones del senador Castro, del PRI, de que dicha agresión es un montaje con fines políticos, genera un encono y un rencor hacia ese instituto, ya que consta en averiguación previa y en los documentos de ingreso al hospital del ciudadano, su estado delicado de salud Es por ello que dichas declaraciones no sólo faltan a la verdad y a la objetividad de un asunto tan delicado como es la vida de un ciudadano. Si bien yo no quiero ser irresponsable y culpar a alguien en específico de dicha acción, Sería necesario que todos y cada uno de los involucrados buscáramos el esclarecimiento y que las investigaciones se lleven conforme a derecho, pues la vida de un ser humano está en juego y eso es más importante que cualquier elección Es por ello que creemos firmemente que debe caber la cordura y la mesura en dicho acto, pero hay una preocupación fundada ante la inacción de la Procuraduría estatal en resolver e investigar este caso Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente al pleno de la Comisión Permanente se apruebe el siguiente punto de acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con todo respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, a David Augusto Sotelo Rosa, a que envíe un informe sobre las investigaciones y acciones en torno al caso de Guillermo Sánchez Nava. Gracias «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la agresión perpetrada contra Guillermo Sánchez Nava, representante ante el IEEG de la Coalición Guerrero nos Une, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD La suscrita, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes Consideraciones Si bien el país está sumergido en una espiral de violencia, y en ese sentido los comicios ya han sido empapados de sangre, como en el caso de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y demás, no debe seguir siendo esto un hecho que para muchos puedan ser montajes con fines políticos La agresión proferida a Sánchez Nava en Guerrero abre la puerta a que el día de la elección se puedan suscitar actos de violencia contra los militantes de todos los partidos políticos que contienden por la gubernatura, y de la misma forma a la población civil Y en ese estado, donde los índices de delincuencia e impunidad están por los cielos desde hace más de 50 años, esto seguiría siendo la mayor muestra del estado fallido en procuración de justicia, y respeto de los derechos humanos Las declaraciones del senador Castro, del PRI, de que dicha agresión es un montaje con fines políticos genera un encono y un rencor hacia ese instituto, ya que consta en la averiguación previa y en los documentos de ingreso del ciudadano su estado delicado de salud. Por ello, dichas declaraciones faltan a la verdad y a la objetividad en un asunto tan delicado como la vida de un ciudadano Si bien no quiero también ser irresponsable y culpar a alguien en específico de dicha acción, sería necesario que todos los involucrados buscáramos el esclarecimiento y que las investigaciones se lleven conforme a derecho, pues la vida de un ser humano está en juego, y eso es más grande que cualquier elección Por ello creemos firmemente que deben caber la cordura y la mesura en dicho acto, pero hay una preocupación fundada ante la inacción de la procuraduría estatal en resolver e investigar el caso Por lo expuesto solicito respetuosamente al pleno de la Comisión Permanente que se aprueben, de urgente u obvia resolución, los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta al procurador general de Justicia del Estado de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas, a enviar un informe sobre las investigaciones y acciones en torno del caso de Guillermo Sánchez Nava Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta a los partidos políticos que contienden en Guerrero a conducirse conforme a derecho en la jornada electoral del 30 de enero de 2011 Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta al gobernador constitucional de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, a dar garantías de seguridad durante lo que queda del proceso electoral, hasta la conclusión de éste, a los involucrados en él Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución El Secretario diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se considera de urgente resolución. Tiene la palabra el señor senador Castro Trenti El senador Fernando Jorge Castro Trenti:Con el permiso de la Mesa Directiva. En relación al documento que se nos ha dado a conocer, desde hace varios días hemos fijado nuestra posición en relación a este incidente, lo hemos hecho a favor de la legalidad; lo hemos hecho a favor de que exista transparencia y se acabe con la opacidad y con un manejo perverso electoral en relación a un incidente que pudiese tener visos dramáticos Un hecho fundamental que nos parece conveniente retomar de este punto de acuerdo -por el cual voté a favor de la urgente u obvia, y anuncio que votaremos a favor de su contenido-, es el gran rezago que tiene Guerrero. Tenemos que acabar con ese enfrentamiento que existe No es un caso aislado. El caso de Armando Chavarría es un asunto que todos enormemente lamentamos. No sólo ése, está en cautiverio un ex rector de la universidad. Muchos temas más que rodean a ese hermoso, generoso estado de Guerrero, al cual debe haber un llamado de unidad nacional para sacar adelante a Guerrero ¿Cuánto cuesta la paz de Guerrero? Nos preguntamos todos. ¿Cuánto cuesta sacar del rezago y del atraso social y cultural al estado de Guerrero? ¿Cinco mil millones de pesos, 10 mil millones de pesos? Un esfuerzo extraordinario de la nación que implique darle las condiciones mínimas de progreso que se requiere para una vida que genere el respeto y la convivencia armónica Estamos en contra por supuesto del manejo político, partidario, perverso a un hecho dramático. Nos parece que la falta de transparencia de las supuestas investigaciones que lleva la Procuraduría General de Justicia del estado genera todo tipo de especulaciones. Las preguntas que nosotros nos hacíamos y ya tienen respuesta, es ¿por qué no había alrededor de este suceso el certificado médico esencial del Ministerio Público? ¿Por qué no había ni siquiera una posición en relación al tema de la Procuraduría? ¿Por qué todo ha sido una serie de especulaciones y de señalamientos, atrevidos señalamientos para inculpar y utilizar este elemento como un aspecto estratégico de política electoral? Me parece que nada más humano el que cerremos filas todos para apoyar a Guerrero y a la familia de la persona lesionada. Nada más generoso que la actitud que podamos tomar el Congreso y la Comisión Permanente, no solamente hacer un llamado a cesar la violencia en Guerrero; hacer un llamado a la reconciliación, pero hacer un compromiso de la Comisión Permanente, de un esfuerzo extraordinario, unidad nacional por Guerrero Quién no recuerda la capital del amor mundial que es Acapulco, y que hoy lamentablemente cuesta enorme dificultad acceder del aeropuerto y de la carretera, acceder a Acapulco. ¿Cuánto vale el mega túnel que no se ha podido hacer, una inversión de 2 o 3 mil millones de pesos?, ¿cuánto vale sanear la bahía para sacar las aguas negras, que están cayendo a cielo abierto los desechos orgánicos humanos? ¿Cuánto vale darles zapatos y educación a los indígenas? Es hora de Guerrero. Nosotros nos sumamos a este hecho y quiero ser enfático en mi posición de carácter personal. Respeto enormemente el hecho y el suceso, exijo y exigí en el pasado públicamente al procurador general de Justicia que haga una declaración pública sobre el suceso, explique el alcance de las investigaciones que está llevando, y un llamado a todos para que no se lucre Hay que separar del hecho el 30 de enero, que el ciudadano vote el 30 de enero por el partido que le represente paz, prosperidad y progreso; que le represente relanzar hacia el mundo nuevamente a los guerrerenses, pero que no vote por aquél que quiera utilizar como un arma estratégica electoral en el marco de las acusaciones, para usar ese lamentable incidente que tiene –entiendo– postrado en una situación enormemente delicada un guerrerense, a un mexicano De tal suerte que nos sumamos al llamado, lo hacemos en tales términos y agregamos la exigencia a la Procuraduría General de Justicia del estado para que sea transparente públicamente y acabe con la opacidad de la investigación Que se lleve la averiguación penal previa, que se ejercite la acción penal contra los presuntos responsables, sea el que sea, y también que sean citados a declarar todos aquellos a los que les corresponda conforme a la averiguación, la citación correspondiente Que nos sumemos a la familia y que junto con el punto de acuerdo que continuará, esta Comisión Permanente esté muy pendiente y muy atenta al crear un grupo de trabajo, para que pluralmente estemos todos pendientes de que haya paz el próximo 30 de enero Lo exigen los mexicanos, lo demandan los guerrerenses, todos lo reclamamos. Me sumo a su punto de acuerdo. Con su permiso El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Aguirre El senador Julio César Aguirre Méndez:Muchas gracias, diputado presidente. Para sumarme igual a la propuesta de la compañera diputada, y para hacer el mismo llamado, pero con congruencia, que hace el senador Castro En Guerrero desde hace mucho tiempo y se han venido diciendo, y en esta tribuna se repitió hace rato en la iniciativa que presenté, momentos muy desagradables en la vida política y social: crímenes, impunidad, hechos violentos, el crimen organizado, y hasta la fecha no conocemos, los guerrerenses, la forma en cómo se habrán de resolver éstos No es parándonos en esta tribuna y llamar a agendas de gobierno. En Guerrero hay una campaña electoral y quien fue con saña agredido, el compañero Guillermo Sánchez Nava, era el representante de la coalición Guerrero nos une Se ha demostrado y hay videos donde se han querido quitar de ahí los elementos para una buena investigación por parte de las autoridades locales priistas de Chilpancingo. Se han querido modificar las versiones y se ha ido, por parte de varios actores políticos, al estado a querer tender una cortina de humo diciendo que Guillermo Sánchez Nava no estaba en el hospital. Se ha demostrado con conferencias de prensa La visita del senador Castro en nuestro estado fue posterior a que se dijo en los medios de comunicación dónde se encontraba el compañero. Eso no ayuda a la unidad de los guerrerenses Nos vamos a sumar, cómo no, a la propuesta que viene de integrar una comisión de legisladores para darle seguimiento a este proceso, y lo vamos a hacer como guerrerenses. Soy guerrerense y me preocupa que actores de fuera del estado en vez de llegar a coadyuvar con discursos como los que hace un momento escuchamos del senador, vayan y enturbien el proceso en el estado. Esto tiene un fondo, es una estrategia previamente elaborada que los guerrerenses no vamos a permitir, y le vamos a dar seguimiento Por eso hago el exhorto a los actores políticos y a los aquí presentes, a diputados y senadores y al gobierno del estado, a que le abonemos a la tranquilidad Tenemos informes médicos, tenemos conferencias de prensa. Por eso a lo dicho en el estado de Guerrero por varios actores de que éste era un autosecuestro, de que nuestra coalición lo tenía escondido, desde un inicio se dijo dónde estaba y se les ha invitado Pido mesura, pido altura de miras en los discursos que vayan dirigidos hacia el proceso del estado, porque efectivamente si el estado de Guerrero está convulsionado desde hace años, hoy con las declaraciones irresponsables que se han ido a hacer al estado, que distan mucho de lo que se dice en tribuna, no le abonamos en absoluto al crecimiento social, político y económico de nuestra entidad. Muchas gracias, presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No habiendo más oradores inscritos sobre este tema, consulte la Secretaría el sentido de la votación El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Con gusto, señor presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Queda aprobado. Comuníquese ESTADO DE GUERRERO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, para presentar proposición con punto de acuerdo que propone la creación de una comisión especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales en los estados de Guerrero y Baja California Sur. Esta proposición viene suscrita por diversos senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, este año se llevarán a cabo varios procesos electorales locales en los estados de Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, estado de México, Nayarit y Michoacán Derivado de los resultados en los procesos del año 2010, el clima político en el que se desarrollarán las elecciones locales este año, se ha visto enrarecido por diversas circunstancias, lo que repercutirá, sin duda, en el sano ejercicio de la democracia en dichos estados Es importante vigilar que dichos procesos electorales se realicen con estricto apego a las leyes, evitando cualquier posibilidad de que se afecten los resultados finales Los órganos electorales deben conducirse con imparcialidad, conforme a derecho y con la premisa de que el voto ciudadano tiene que ser respetado De la misma manera es menester que esta soberanía lleve a cabo un seguimiento puntual de estos procesos para revisar que dichas elecciones se lleven a cabo dentro del marco legal, así como para verificar la actividad de las autoridades electorales locales Ya en el Poder Legislativo lo hemos venido haciendo a través de comisiones plurales en ambas cámaras. Las primeras elecciones del calendario son las del estado de Guerrero, mismas que se llevarán a cabo el próximo día 30 de enero, por lo que la acción pronta por parte del Congreso de la Unión es indispensable y necesaria. Todo esto para revertir el enrarecimiento del ambiente político electoral de la entidad y lograr que las elecciones se lleven a cabo en paz y garantizar al guerrerense que sus derechos serán respetados Nosotros como legisladores tenemos la obligación de velar por el respeto a los derechos político-electorales de la sociedad y no podemos quedar impasibles ante la posibilidad de que se transgredan esos derechos El Poder Legislativo hoy se encuentra representado por esta Comisión Permanente, integrada por los legisladores de ambas cámaras y por esto hoy se propone que esta Comisión Permanente tome un papel activo en el calendario electoral del 2011 y, mediante un grupo de trabajo conformado pluralmente, considerando a todos los grupos parlamentarios que participan en el Congreso de la Unión le dé seguimiento al proceso electoral que se desarrolla en el estado de Guerrero, buscando en todo momento salvaguardar la legalidad de dichas elecciones y verificando que no se cometan atropellos en contra de los ciudadanos que participen en las mismas Ciudadano presidente, en virtud de que el punto de acuerdo original ha tenido algunas modificaciones, le agradecería me permita incorporar el que le voy a entregar en este momento Una segunda súplica. Por consenso con los grupos parlamentarios, se llegó a la conclusión de la posible designación de las personas que integrarían esta comisión. Si usted me lo permite, le daría lectura a la propuesta que viene dentro del punto de acuerdo para que integren este grupo plural para las elecciones del estado de Guerrero El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es decir, que al votar los señores legisladores quedaría conformado el grupo de trabajo con los nombres que se someterán a consideración de la asamblea El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Efectivamente, señor presidente, ésa es la intención, mostrando una vez más el interés de este órgano legislativo para que en el estado de Guerrero podamos participar como Comisión Permanente y poder de esta forma garantizar la vigilancia en estos procesos Esta comisión se integraría por la diputada Rosario Morales, el senador Julio César Aguirre, ambos del Partido de la Revolución Democrática. El senador Fernando Castro Trenti y la senadora María del Socorro García Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Francisco Javier Orduño Valdez y el diputado García Portillo, ambos del Partido Acción Nacional. El diputado Rafael Pacchiano, del Partido Verde, y el senador Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo Es cuanto, señor presidente, apelando a su benevolencia para que este asunto sea considerado de urgente resolución «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales en Guerrero y Baja California Sur, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI Los suscritos, Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos Este año se llevarán a cabo varios procesos electorales locales en Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, estado de México, Nayarit y Michoacán Derivado de los resultados en los procesos del 2010, el clima político en el que se desarrollarán las elecciones locales este año se ha visto enrarecido por diversas circunstancias, lo que repercutirá, sin duda, en el sano ejercicio de la democracia en dichos estados Es importante vigilar que dichos procesos electorales se realicen con estricto apego a las leyes, evitando cualquier posibilidad de que se afecten los resultados finales Los órganos electorales deben conducirse con imparcialidad, conforme a derecho y con la premisa de que el voto ciudadano tiene que ser respetado De la misma manera, es menester que esta soberanía lleve a cabo un seguimiento puntual de estos procesos, para revisar que dichas elecciones se lleven a cabo dentro del marco legal, así como para verificar la actividad de las autoridades electorales locales Las primeras elecciones del calendario son las de Guerrero, que se llevarán a cabo el próximo 30 de enero, y las de Baja California Sur, a realizarse el 6 de febrero, por lo que la acción pronta por parte del Congreso de la Unión es necesaria, para revertir el enrarecimiento del ambiente político electoral de la entidad y lograr que las elecciones se lleven a cabo en paz y garantizar al guerrerense que sus derechos serán respetados Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de velar por el respeto a los derechos político electorales de la sociedad y no podemos quedar impasibles ante la posibilidad de que se trasgredan estos derechos Hoy se propone que la Comisión Permanente tome un papel activo en el calendario electoral de 2011 y, mediante una comisión especial formada pluralmente considerando a todos los grupos parlamentarios que participan en el Congreso de la Unión, le dé seguimiento al proceso electoral que se desarrolla en Guerrero y Baja California Sur, buscando en todo momento salvaguardar la legalidad de dichas elecciones y verificando que no se cometan atropellos en contra de los ciudadanos que participen en éstas Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado de urgente resolución el siguiente Punto de Acuerdo Único.Se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los procesos electorales locales de 2011 en Guerrero y Baja California Sur, a fin de salvaguardar la legalidad de dichas elecciones y verificar que no se cometan atropellos en contra de los ciudadanos que participen en éstas Dicha comisión especial deberá estar formada pluralmente, con un integrante de cada grupo parlamentario que participan en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de enero de 2011.— Senadores: Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si es considerado de urgente resolución La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente u obvia resolución. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados.. El senador Julio César Aguirre Méndez(desde la curul): Señor presidente, para una adición El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El senador Aguirre solicita hacer una adición al punto de acuerdo. Le pregunto al proponente si está consensuada la adición Adelante, senador. Lo que pasa es que ya sometimos a votación el punto de acuerdo, en los términos. A ver, adelante, señor senador El senador Julio César Aguirre Méndez:Totalmente de acuerdo. Únicamente quisiera hacer un agregado, nada más, ahorita que estamos en este proceso, para ponerle fecha y lugar a la instalación de esta comisión Yo propongo que sea en Chilpancingo, Guerrero, en el Instituto Estatal Electoral. Puede ser el próximo viernes, de esta semana, pasado mañana; hay que ponerle hora. En Chilpancingo, en el Instituto Estatal Electoral, a las 2 de la tarde El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ésa es la primera cita del grupo de trabajo, porque el grupo queda instalado a partir de ahora El senador Julio César Aguirre Méndez:Gracias, presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tome por favor el sentido de la votación, señora secretaria, con la adición propuesta por el senador Aguirre para que la primera reunión de este grupo de trabajo sea en el Instituto Estatal Electoral, de Chilpancingo, Guerrero, el próximo viernes a partir de las 14 horas La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición con la adición realizada por el senador Aguirre. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Aprobado. Comuníquese PETROLEOS MEXICANOS El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora el senador Sebastián Calderón Centeno, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la renovación de la flota de Petróleos Mexicanos El senador Sebastián Calderón Centeno:Con su permiso, señor presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, senador El senador Sebastián Calderón Centeno:Petróleos Mexicanos (Pemex) requiere de buques con el tonelaje necesario para almacenar y transportar el producto petrolífero La flota actual de Pemex es la siguiente: 8 barcos propios, 7 arrendados a casco desnudo y 4 buques tanque fletados Para solucionar la falta de buques tanque, el 6 de junio de 2010 Pemex Refinación presentó a la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo la necesidad de adquirir de 5 a 6 buques tanque Con fecha 29 de julio del 2010 Pemex Refinación realizó la licitación pública internacional abierta a la participación de cualquier interesado y bajo la cobertura de los capítulos o títulos de compras del sector público contemplados por los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la adquisición de hasta 5 buques tanque de doble casco con año de terminación de construcción de 2007 a 2010, de un porte mínimo de 40,000 toneladas de peso muerto a precio fijo. Dicha licitación se declaró desierta debido al exceso de requisitos técnicos y a que las condiciones de la licitación eran diferentes a las utilizadas a nivel internacional Dado que Pemex Refinación transporta alrededor de 450 mil barriles diarios y que la tendencia del consumo de petrolíferos tiende a la alza, estimamos que la necesidad de transporte no va a disminuir, por lo que el requerimiento de 20 buques tanque va a persistir Esta situación es preocupante, porque en el 2014 concluye el periodo de contratación del segundo paquete de buques tanque rentados a casco desnudo, además de que Pemex Refinación va a retirar paulatinamente del 2011 al 2014, 4 buques tanque Por tanto, Pemex Refinación sólo contará a largo plazo con los 4 buques tanque de arrendamiento financiero y a mediano plazo con los 3 buques tanque de arrendamiento a casco desnudo, por lo que se necesita substituir o rentar, por lo menos, 13 buques tanque en el futuro Como solución a largo plazo para esta problemática, está la posibilidad de adquirir barcos de nueva construcción, cuyos precios están en un promedio de 37 millones de dólares, de acuerdo a reportes del mercado internacional, con las ventajas que se mencionan: a) Los buques serán de propiedad mexicana, enarbolando el pabellón mexicano b) Las características de los buques se podrán construir de acuerdo a las necesidades específicas de Pemex c) El mantenimiento se facilita y es más económico d) Los buques modernos tienen menor consumo de combustible e) Se prolonga el periodo de vida promedio de los buques que le prestan servicio a Pemex f) La adquisición de buques de nueva construcción representa un ahorro a largo plazo y mayor eficiencia a corto plazo Cabe mencionar que los marinos mexicanos cuentan con el reconocimiento internacional como marinos altamente preparados Pemex cuenta con un centro de reparaciones navales en Tampico, que es necesario aprovechar su infraestructura La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la SCT, cuenta con el personal profesionista, técnico y capacitado para proporcionar asesoría en construcción naval, navegación y puertos Por tal motivo, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo Primero. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos a realizar un estudio que deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde señale cuáles son los astilleros que ofrecen las mejores condiciones, tanto técnicas como financieras en la construcción de los buques Una vez liberados los recursos deberá realizar los trámites necesarios ante las dependencias correspondientes Segundo. Se formula atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos necesarios para ordenar la construcción de 10 buques tanque con los requerimientos específicos que señale Pemex, en el astillero que apruebe esa dependencia Pido respetuosamente, señor presidente, que el presente punto de acuerdo se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la renovación de la flota de Petróleos Mexicanos, suscrita por el senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN El que suscribe, Sebastián Calderón Centeno, senador de la República del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276 del Reglamento del Senado de la República, pone a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes: Consideraciones Mucho se ha comentado sobre la situación por la que atraviesa la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y que la misma enfrenta una serie de restricciones derivadas del marco jurídico que le aplica, en especial en materia de adquisiciones y contratación de obra pública Se ha señalado asimismo, la ingente necesidad de modificar las disposiciones legales correspondientes, así como la de realizar acciones efectivas para actualizar su esquema de fiscalización y control que permita reforzar la lucha contra la corrupción, con el fin de otorgarle viabilidad a la renta petrolera A este respecto, considero que uno de los temas urgentes que no debemos soslayar es el de proporcionarle a Pemex instrumentos de operación que le permitan fortalecer sus actividades. Este tema lo es el del transporte marítimo de hidrocarburo, toda vez que es en el mar donde nuestro país realiza fundamentalmente las actividades de exploración, extracción y transporte del mismo En la sonda de Campeche se genera la mayor producción de hidrocarburo, ya que aporta más del 80 por ciento del total de la producción nacional; no obstante que Cantarell ha ido decayendo en su producción, continúa siendo un área importante para la extracción del petróleo crudo del país Es indudable que para su transportación la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) requiere de buques con el tonelaje necesario para almacenar y transportar el producto petrolífero Al respecto cabe señalar que la flota actual de Pemex es la siguiente: Ocho barcos propios: Chicontepec, Burgos, Bicentenario, Tampico, Nuevo Pemex I, Nuevo Pemex II, Nuevo Pemex III y Nuevo Pemex IV Los 4 Nuevo Pemex saldrán de circulación del 2012 al 2014 Siete arrendados a casco desnudo: Faja de Oro II, Potrero del Llano II, Choapas II, Amatlán II, Tajín, El Pípila e Insurgentes. Los 4 primeros terminaron su contrato en diciembre de 2010 Cuatro buques tanque fletados: Angimar, Tulum, Tula y Overseas Sifnos Diez buques tanque estuvieron fuera de servicio por la regla 13 G de Marpol25: Vicente Guerrero, F.J. Mújica, Chac, 18 de Marzo, Sebastián Lerdo de Tejada, Independencia, Tolteca, Quetzalcóatl, Bacab y Lázaro Cárdenas II, retirado este último en el segundo semestre del año. Los 7 primeros están en proceso de análisis y actualización de documentación a fin de celebrar las licitaciones correspondientes para su desincorporación Para solucionar la falta de buques tanque, el 6 de junio de 2010, Pemex Refinación presentó a la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo la necesidad de adquirir de 5 a 6 buques tanque con el fin de almacenar y transportar el hidrocarburo y sus derivados Con fecha 29 de julio del 2010, Pemex Refinación realizó la licitación pública internacional abierta a la participación de cualquier interesado y bajo la cobertura de los capítulos o títulos de compras del sector público contemplados por los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, consistente en: Adquisición de hasta 5 buques tanque de doble casco con año de terminación de construcción de 2007 o 2008 o 2009 o 2010, de un porte mínimo de 40,000 toneladas de peso muerto, a precio fijo Dicha licitación se declaró desierta debido al exceso de requisitos técnicos y a que las condiciones de la licitación eran diferentes a las utilizadas a nivel internacional Respecto al movimiento de petrolíferos en las costas del país, la capacidad de transporte marítimo se constituye de una flota fija y una variable. La fija está dada por lo buques propios que aún se encuentran en servicio, los buques en adquisición por arrendamiento financiero y los contratos a largo plazo en casco desnudo. La capacidad variable la representan las contrataciones en el fletamento por tiempo para cubrir requerimientos estacionales de corto plazo Dado que Pemex Refinación transporta alrededor de 450 mil barriles diarios y que la tendencia del consumo de petrolíferos tiende a la alza, estimamos que la necesidad de transporte no va a disminuir, por lo que el requerimiento de 20 buques tanque va a persistir Esta situación es preocupante, porque en el año 2014 concluye el período de contratación del segundo paquete de buques tanque rentados a casco desnudo, además de que Pemex Refinación va a retirar paulatinamente del año 2011 al 2014 cuatro buques tanque: Nuevo Pemex I, Nuevo Pemex II, Nuevo Pemex III y Nuevo Pemex IV Por lo tanto, Pemex Refinación sólo contará a largo plazo con los cuatro buques tanque de arrendamiento financiero: Burgos, Bicentenario, Tampico y Chicontepec, y a mediano plazo con los tres buques de arrendamiento a casco desnudo –bare boats– Tajín, El Pípila e Insurgentes, por lo que necesitará sustituir o rentar por lo menos 13 buques en un futuro Como solución a largo plazo para esta problemática, está la posibilidad de adquirir barcos de nueva construcción, cuyos precios están en un promedio de 37 millones de dólares, de acuerdo a reportes del mercado internacional, con las ventajas que enseguida se mencionan: a) Los buques serán de propiedad mexicana, enarbolando el pabellón mexicano b) Las características de los buques se podrán construir de acuerdo a las necesidades específicas de Pemex Refinación c) El mantenimiento se facilita y es más económico, debido a la economía en escala y la flexibilidad de la logística d) Los buques modernos actualmente tienen menor consumo de combustibles y lo reflejan en una operación más económica y eficiente e) Su prolonga el periodo de vida promedio de los buques que le prestan servicio a Pemex f) La adquisición de buques de nueva construcción representaría un ahorro a largo plazo y mayor eficiencia en un corto plazo g) Al ser el transporte de hidrocarburos, una actividad de suministro de energéticos, el contar con una flota propia y eficiente, se cubriría un aspecto de soberanía nacional En el caso de una empresa como Pemex Refinación la cual utilizaría un nuevo buque para el transporte de sus productos, un primer enfoque de análisis debe considerar el ahorro total que implicaría adquirir un buque versus la opción de rentarlo en tiempo. Por otro lado, hoy en día la gestión náutica es un factor importante en el análisis económico pertinente a la adquisición/renta en tiempo de un buque Las principales compañías petroleras del mundo delegan la gestión náutica de sus buques a empresas especializadas para evitar responsabilidades financieras De acuerdo con la fracción primera del artículo 113 de la ley de Navegación y Comercio Marítimos Vigente, la gestión náutica se define como “...todas las actividades necesarias para garantizar la navegación segura, para el buen gobierno y funcionamiento técnico de la embarcación” La estructura de costos de dicha gestión es por lo general de la siguiente forma: • 40 por ciento         Tripulación • 35 por ciento         Mantenimiento • 12 por ciento         Lubricantes / Vituallas • 7 por ciento                       Seguros • 6 por ciento           Certificación / Administración Es necesario notar que históricamente el componente de más peso en los incrementos de los costos de gestión ha sido el aumento en los costos de tripulación Debido a la incertidumbre en la estabilidad de los costos de tripulación, los armadores de buques no suelen ofrecer una tarifa de largo plazo para un buque en tiempo (Time Charter) y de hacerlo suelen requerir del fletador niveles mucho más altos que los ofrecidos para buques rentados por periodos más cortos Pemex Refinación tiene la obligación de pagar salarios a su tripulación independientemente de si ésta se encuentra en activo u ociosa, la contratación de un buque en tiempo(time charter) en la práctica estaría duplicando el pago de los costos de tripulación. Por un lado sería necesario pagar salarios de trabajadores no ocupados y por otro se pagaría una renta por buque en tiempo que incluiría un costo por tripulación muy probablemente por arriba de la referencia de mercado Por lo anterior, un contrato de gestión náutica que permitiera utilizar la tripulación de Pemex Refinación podría beneficiarse de la eficacia de la administración realizada por una empresa especializada sin tener que sustituir a los trabajadores Mexicanos por tripulación extranjera Cabe mencionar que los marinos mexicanos cuentan con el reconocimiento internacional como marinos altamente preparados Es conveniente mencionar que Pemex cuenta con un centro de reparaciones navales en Tampico, por lo tanto es necesario aprovechar la infraestructura con que se cuenta actualmente y así generar mayores divisas para el país Asimismo, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, mediante la Dirección General de Marina Mercante; dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuentan con el personal profesionista, técnico y capacitado para proporcionar asesoría en construcción naval, navegación y puertos, como apoyo permanente a la flota naval de Petróleos Mexicanos En virtud de lo anterior, consideramos que Pemex Refinación debe ordenar la construcción de 10 buques a 12 buques tanque, previo estudio de los astilleros de mayor reputación y con las mejores condiciones En virtud de los comentarios vertidos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos a realizar un estudio que deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde señale cuáles son los astilleros que ofrecen las mejores condiciones, tanto técnicas como financieras para la construcción de buques con los requerimientos de la paraestatal Una vez liberados los recursos, deberá realizar los trámites necesarios ante las dependencias correspondientes para ordenar la construcción ante el astillero que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente abanderar como mexicanos los buques Segundo. Se formula atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos necesarios para ordenar la construcción de 10 buques con los requerimientos específicos que señale Pemex, en el astillero que apruebe esa dependencia Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 19 de enero de 2011.— Senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se hará como usted lo ha solicitado yse turna su propuesta a la Tercera Comisión de Trabajo ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que actúen en el ámbito de sus competencias, a fin de fincar responsabilidades y dar pronta solución respecto de los actos de proselitismo político-electoral en el estado de Baja California Sur, por parte del partido político nacional Nueva Alianza La diputada Esthela Damián Peralta:Gracias, diputado presidente. Este lunes 17 de enero diversos medios de comunicación impresos y electrónicos a nivel nacional dieron cuenta de que en nuestro país se estaba dando un fenómeno en materia político-electoral, caracterizada por la ilegalidad concretamente en la entidad de Baja California Sur del partido político Nueva Alianza Ha estado haciendo uso de la infraestructura y del personal adscrito a la Secretaría de Educación Pública a través de la estructura sindical del magisterio para hacer proselitismo electoral Cabe destacar que en esta entidad se llevarán a cabo elecciones estatales donde se elegirá al gobernador, además de 5 ayuntamientos, 16 diputados de mayoría relativa y 5 diputados de representación proporcional A mayor abundamiento, la plantilla de maestros, así como personal del partido político en mención, ha repartido a los alumnos de las diferentes escuelas públicas del país, quienes van desde los 13 a los 15 años de edad cuadernillos, loncheras y mochilas que contienen propaganda electoral Además, evidencia fotográfica publicada en diferentes diarios de circulación nacional, entre ellos La Jornada, da fe de los materiales repartidos entre los distintos alumnos de la entidad Al respecto, distintos especialistas como pedagogos y politólogos han manifestado lo grave de esta situación, ya que al hacer uso tanto del personal que labora en las instalaciones escolares como de los menores de edad, a manera de vehículos para enviar un mensaje político a los padres, se está cometiendo un abuso y lo que es más, un atentado educativo Lo anterior, toda vez que se está violentando de facto la confianza del alumnado, que por su edad se encuentra en un estado de vulnerabilidad ideológica, ya que las instituciones educativas representan su segundo lugar y por ende, todo lo emanado de ella se considera como positivo e incluso, como una obligación Por otro lado, diversas disposiciones en la materia establecen sanciones que apuntan tanto a la pérdida del registro del partido político hasta penas de cárcel, que deben ser aplicadas de comprobarse que efectivamente se está incurriendo en las faltas que se señalan Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa El artículo 134 del mismo ordenamiento, apunta que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos El artículo 407 del Código Penal establece que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 1 a 9 años al servidor público que, entre otras acciones, destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado o proporcione apoyo, o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos a través de sus subordinados, usando el tiempo correspondiente a sus labores de manera ilegal Lo que resulta aún más preocupante es que la SEP puede estar incurriendo directa o indirectamente en un acto de complicidad, ya que ha dado lugar a que este lamentable suceso se esté llevando a cabo Por lo anterior solicito que se exhorte al Instituto Federal Electoral, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que actúen en el ámbito de sus competencias, a fin de fincar responsabilidades y dar pronta solución respecto de los actos de proselitismo político electoral en el estado de Baja California Sur, por parte del partido político Nueva Alianza, toda vez que son flagrantemente violatorios de diversos ordenamientos que ya señalé, al emplear la infraestructura y el personal adscrito a la Secretaría de Educación Pública, a través de la estructura sindical del magisterio, para hacer proselitismo electoral con los alumnos de las instituciones de educación pública en la entidad. Es cuanto, diputado presidente «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a actuar en el ámbito de sus competencias a efecto de fincar responsabilidades y dar pronta solución respecto a los actos de proselitismo político-electoral de Nueva Alianza en Baja California Sur, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD Las suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal Electoral, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, actúen en el ámbito de sus competencias a fin de fincar responsabilidades y dar pronta solución respecto a los actos de proselitismo político-electoral en Baja California Sur por parte del partido político nacional Nueva Alianza, toda vez que son flagrantemente violatorios de diversos ordenamientos legales en la materia, al emplear la infraestructura y el personal adscrito a la Secretaría de Educación Pública, a través de la estructura sindical del magisterio para hacer proselitismo electoral con los alumnos de las instituciones de educación pública de la entidad Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 19 días del mes de enero de 2011.— Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Damián Peralta. Consulte la Secretaría si es considerado de urgente resolución La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Mayoría calificada. No habiendo oradores inscritos para... El senador René Arce El senador René Arce:Vengo a esta tribuna a apoyar el punto que ha presentado la diputada Esthela Damián, porque creo que todos deberíamos reflexionar sobre los peligros que la educación en este país está teniendo Todos sabemos el lamentable lugar que ocupa la educación en este país, donde de las naciones en desarrollo somos de los más atrasados en términos de aprovechamiento y en donde estamos realmente en un problema delicado cuando nuestros jóvenes salen de las escuelas, de las universidades, aquéllos que llegan a las universidades y no encuentran la posibilidad de desarrollar sus conocimientos porque, los mismos, se encuentran en relación a otros países con un sumo atraso de años Así lo revelan estadísticas que se han estado haciendo a nivel mundial, y si a eso agregamos que actualmente se atenta contra la educación cuando no se respeta ese precepto constitucional que plantea que la educación debe ser laica, y aquéllos que deberían defenderla, por el contrario, hacen de la educación un instrumento para cuestiones de orden político Por un lado tenemos gobernadores que aceptan planteamientos de la jerarquía católica para ver si se discute la posibilidad de que en las escuelas se pueda dar enseñanza religiosa, como es el caso del gobernador de Guanajuato y, por otro lado, tenemos a profesores que en lugar de estar planteando cómo elevar el nivel educativo, cómo lograr que en este país los niños fundamentalmente puedan tener conocimientos para enfrentar los retos que la modernidad nos plantea, más bien están pensando en cómo desarrollar estructuras políticas o cómo apoyar campañas Qué amenaza para la educación de este país. La educación de este país nos está mandando una alerta, nos está mandando un SOS para que nosotros los legisladores podamos plantearnos con mucha firmeza que la educación de este país hay que levantarla, hay que darle calidad, hay que evaluar en todo caso a aquéllos que tibiamente están en los puestos más altos del sistema educativo y que por tibieza o por interés son incapaces de frenar a unos o a otros Que son incapaces de levantar la voz para defender el estado de la educación y se callan frente a aquéllos que plantean la posibilidad de hacer de la educación una instancia donde se puedan plantear problemas de fe. Y también se callan frente a aquéllos que utilizan a las escuelas o utilizan a los profesores para acciones que no son las que directamente deben hacerse en el magisterio, como es prepararse para educar Por eso a mí me parece que el punto que hoy plantea la diputada Damián lo tenemos que ver en ese contexto y decirles a aquellos religiosos o gobernadores, a los cuales les respetamos su fe, que no se les olvide que son servidores públicos y que plantearon que defenderían la Constitución y que la acatarían, que cumplan Pero también a aquellos líderes sindicales que no han entendido también que su principal tarea es, efectivamente, cuidar de que sus agremiados gocen de buenos salarios, gocen de buenas prestaciones, pero que fundamentalmente tienen que cuidar esto que tanto le costó a esta nación: que la educación sea laica; que la educación no sea botín ni de religiosos ni de partidos políticos Eso es lo que hará que el día mañana México pueda enfrentar sus retos, pueda realmente ser una nación en desa-rrollo, con prosperidad. Si la educación no sale adelante, difícilmente el país saldrá. Por eso, votemos a favor de la propuesta de la diputada Esthela Damián. Muchas gracias El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No habiendo más oradores inscritos, le suplico a la Secretaría tome la votación de la asamblea El Secretario diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:En votación económica se pregunta.. El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, señor senador. Diputada Gutiérrez La diputada Paz Gutiérrez Cortina(desde la curul): ¿Nos podría aclarar el sentido del voto? El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A favor significa votar por la proposición presentada por la diputada Esthela Damián. En contra significa desecharla El Secretario diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, mayoría por la negativa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se desecha la proposición GILBERTO BOSQUES SALDIVAR El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el senador Alejandro González Yáñez, para proponer que se nombre una plaza pública o una calle en honor de don Gilberto Bosques Saldívar El senador Alejandro González Yáñez:Con la venia de la Presidencia. Legisladoras y legisladores de la República, a nombre del senador Ricardo Monreal Ávila, de los legisladores del Partido del Trabajo y del mío propio, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo El 2 de septiembre del año 2010 la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió un acuerdo que establece que el Senado de la República celebrará el día 27 de enero de cada año, a partir del año 2011, una ceremonia conmemorativa con motivo del Día internacional de la conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto y en recuerdo de don Gilberto Bosques Saldívar Don Gilberto Bosques Saldívar vivió 103 años, fue revolucionario, congresista, educador,  periodista, escritor, diplomático y sobre todo humanista y patriota. Participó en la rebelión de Aquiles Serdán en 1910, tras el triunfo de la Revolución se hizo político En 1934, como diputado y presidente del Congreso de la  Unión respondió el Primer Informe de Gobierno de don Lázaro Cárdenas del Río. En 1939, cuando la República Española caía ante el embate franquista y la guerra se cernía sobre el resto de Europa, el presidente Cárdenas lo nombró cónsul general en  París. Su misión real era convertirse en un enviado personal del presidente de México en Europa Su primera preocupación y ocupación fue defender a los mexicanos residentes en la Francia no ocupada, pero pronto protegió también a otros grupos. Apoyó a libaneses con pasaporte mexicano y a refugiados españoles que buscaban huir de los nazis. De hecho, se cree que él fue quien convenció al presidente Lázaro Cárdenas para abrir las puertas de México a los republicanos españoles Era tan grande la afluencia de refugiados que buscaban una visa mexicana, que Bosques alquiló dos castillos para convertirlos en centros de asilo mientras arreglaba su salida hacia México. Entre 800 u 850 fueron alojados en uno, mientras que en el otro quedaron 500 niños y mujeres En 1939 fue designado representante diplomático en Francia, cuando la Guerra Civil en España había concluido. Cientos de españoles que apoyaban a la república huyeron de su país, y uno de los principales destinos fue Francia. Así, la instrucción del gobierno mexicano fue ayudar a estos refugiados a salir de Europa. Incluso para transportar a los exiliados el consulado mexicano fletó varios buques y consiguió espacio en otros Por esta razón, Gilberto Bosques, su familia y colaboradores fueron detenidos por el ejército alemán, que los trasladó cerca de la ciudad de Bonn, donde permanecieron un año. En algunos lugares ha recibido homenajes e incluso en Viena hay una calle que lleva su nombre El Congreso mexicano no puede ser menos en el rendimiento de un justo homenaje a un mexicano cuya conducta nacional en los tiempos de las grandes transformaciones sociales en México y su conducta como diplomático mexicano en el ámbito internacional no sólo ha sido digna y ejemplar, sino que significó la protección de la integridad física y la vida de más de 40 mil niños, mujeres y hombres de muy diversas nacionalidades, credos políticos y religiosos que huían de la persecución y la amenaza de muerte en la Segunda Guerra Mundial Con base en lo anteriormente expuesto nos permitimos poner a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al jefe del Gobierno del Distrito Federal, para que el nombre de don Gilberto Bosques Saldívar quede inscrito en una plaza pública de la Ciudad de México, en honor de la valiosa labor que desempeñó Solicito respetuosamente que el texto íntegro de esta propuesta se integre al Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias «Proposición con punto de acuerdo, para proponer que se nombre una plaza pública o una calle en honor de don Gilberto Bosques Saldívar, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT Ricardo Monreal Ávila y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes Consideraciones El 2 de septiembre del año 2010, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emitió un acuerdo que establece “que el Senado de la República celebrará el día 27 de enero de cada año, a partir del año 2011, una ceremonia conmemorativa con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, y en recuerdo de don Gilberto Bosques Saldívar...” Don Gilberto Bosques Saldívar nació en 1892 en Chiautla de Tapia, Puebla. Vivió 103 años. Fue revolucionario, congresista, educador, periodista, escritor, diplomático y, sobre todo, humanista y patriota. Participó en la rebelión de Aquiles Serdán en 1910. Tras el triunfo de la revolución se hizo político. En 1934, como diputado y presidente del Congreso de la Unión respondió el primer informe de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas En 1939, cuando la República Española caía ante el embate franquista y la guerra se cernía sobre el resto de Europa, el presidente Cárdenas lo nombró cónsul general en París. Su misión real era convertirse en un enviado personal del presidente de México en Europa Bosques salió de París cuando la ciudad estaba a punto de ser tomada por los alemanes. Con amplias instrucciones para establecer el consulado donde le conviniera, viajó primero al sur y después a la costa norte. Restableció el consulado general primero en Bayonne, pero cuando los alemanes ocuparon la zona se trasladó con su familia y el consulado entero a Marsella, en el Mediterráneo, dentro de la zona del gobierno francés de Vichy, nominalmente independiente de los alemanes Su primera preocupación fue defender a los mexicanos residentes en la Francia no ocupada, pero pronto protegió también a otros grupos. Apoyó a libaneses con pasaporte mexicano y a refugiados españoles que buscaban huir de los nazis. De hecho, se cree que fue él quien convenció al presidente Lázaro Cárdenas de abrir las puertas de México a los republicanos españoles. Era tan grande la afluencia de refugiados que buscaban una visa mexicana que Bosques alquiló dos castillos (el de Reynarde y el de Montgrand) para convertirlos en centros de asilo mientras se arreglaba su salida hacia México. Entre 800 u 850 fueron alojados en uno de los castillos, mientras que en el otro quedaron 500 niños y mujeres. Poco a poco fueron saliendo los exiliados, a los cuales el gobierno mexicano les ofreció la nacionalidad mexicana de inmediato en caso de que quisieran adoptarla Desde Marsella el embajador mexicano también tuvo que hacer frente al hostigamiento de las autoridades pro alemanas francesas, al espionaje de la Gestapo, del gobierno de Franco y de la representación diplomática japonesa, que tenía sus oficinas en el mismo edificio de la delegación mexicana El cónsul no quedó satisfecho, sin embargo, y amplió su apoyo a los refugiados anti nazis y antifascistas. Al concedérseles visas mexicanas, las autoridades francesas los dejaban salir del país porque consideraban que ya no serían un problema político para ellas. Más complicado fue el caso de los judíos. El consulado ocultó, documentó y les dio visas a numerosos judíos, pero era mucho más difícil sacarlos de Francia Finalmente México rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno de Vichy. Gilberto Bosques presentó la nota de ruptura. Poco después el consulado fue tomado por tropas de la Gestapo, que confiscaron ilegalmente el dinero que la oficina mantenía para su operación. Bosques, su familia (su esposa María Luisa Manjarrez y sus tres hijos: Laura María, María Teresa y Gilberto Froylán; entonces de 17, 16 y 14 años, respectivamente) y el personal del consulado, 43 personas en total, fueron trasladados hasta la comunidad de Amélie-les-Bains. Después, violando las normas diplomáticas, se les llevó a Alemania, al pueblo Bad Godesberg, y se les recluyó en un hotel-prisión. Allí destacó la actitud de Bosques ante un funcionario alemán: Le manifesté que todo el personal mexicano se sometería al reglamento que acababa de leernos, porque México estaba en guerra con Alemania y por ello éramos prisioneros de guerra. Que podía estar seguro de que no pediríamos ninguna excepción, ninguna gracia sobre esas disposiciones, pero que tampoco aceptaríamos ningún trato vejatorio, como acostumbraban ellos con los prisioneros Bosques llegaría a organizar conferencias e incluso una ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre. Después de poco más de un año, los mexicanos de Bad Godesberg serían canjeados por prisioneros alemanes Bosques regresó a México en abril de 1944. Miles de refugiados españoles lo esperaban en la estación de ferrocarril de la capital para recibirlo, una crónica periodística de la época narró estos hechos La historia de Bosques es poco conocida, incluso en México En 1939 fue designado representante diplomático en Francia, cuando la guerra civil en España había concluido Cientos de españoles que apoyaban a la República huyeron de su país, y uno de los principales destinos fue Francia. Así, la instrucción del gobierno mexicano fue ayudar a estos refugiados a salir de Europa Pero, al estallar la guerra mundial, aumentaron los exiliados y con ello las tareas de Bosques, según documentó en sus memorias que fueron divulgadas por la cancillería mexicana “La asistencia para los perseguidos israelitas tomó la dimensión de un deber de carácter humano. No había tomado México una actitud franca, pero el drama estaba ahí. Nuestra ayuda consistió en la ocultación de ciertas personas, en documentar otras, darles facilidades, llevarlas a la posibilidad de una salida de Francia, que era muy difícil” Para transportar a los exiliados, el consulado mexicano fletó varios buques, y consiguió espacio en otros La mayoría escapó por el puerto de Marsella, a donde se trasladó el consulado mexicano tras la ocupación de Francia Uno de los momentos más difíciles fue sacar del país a los combatientes de la Brigada Internacional que combatió en España Prisioneros de guerra México mantuvo un estado de guerra contra los países que formaron el Eje durante la Segunda Guerra Mundial Incluso un escuadrón de pilotos combatió en Japón, como parte de las fuerzas multinacionales que participaron en el conflicto Por esa razón, Gilberto Bosques, su familia y colaboradores fueron detenidos por el ejército alemán, que los trasladó a Bad Godesberg, una población cercana a Bonn. Allí permanecieron un año. En algunos lugares ha recibido homenajes; una calle de Viena lleva su nombre y la Casa Phillipe Ollé-Laprune estableció la Cátedra Gilberto Bosques El Congreso mexicano no puede ser menos en el rendimiento de un justo homenaje a un mexicano cuya conducta nacional, en los tiempos de las grandes transformaciones sociales de México, y su conducta como diplomático en el ámbito internacional, no sólo ha sido digna y ejemplar, sino que significó la protección de la integridad física y la vida de más de cuarenta mil hombres, mujeres y niños de muy diversas nacionalidades, credos políticos y religiosos que huían de la persecución y la amenaza de muerte durante la Segunda Guerra Mundial Cabe destacar, al respecto, que don Gilberto Bosques Saldívar llevó sus esfuerzos y su compromiso con la protección de las personas más allá de lo que su responsabilidad profesional estrictamente le exigía, con lo que dio a la institución del asilo político una connotación humanista que se adelantó por algunos años, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por las Naciones Unidas Con base en lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a su consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único.Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal, así como al jefe de gobierno del Distrito Federal, para que el nombre de don Gilberto Bosques Saldívar, quede inscrito en una plaza pública y/o en una calle de la Ciudad de México, en su honor por la valiosa labor que desempeñó durante el Holocausto Salón Legislativo de Xicoténcatl, a 19 de enero del 2011.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Respetable asamblea, dada la obviedad de este punto, le pregunto si estaría de acuerdo en que fuera discutido y sometido a votación de inmediato. Consulte la Secretaría si se considera de urgente resolución El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Se consulta a la asamblea si la proposición se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Tome usted el sentido de la votación toda vez que no hay ningún orador inscrito El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, mayoría por la afirmativa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias al proponente. Sirva este hecho como un brevísimo y pequeñísimo homenaje a un hombre extraordinario. Muchas gracias a la asamblea ESTADO DE OAXACA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga para presentar proposición con punto de acuerdo que solicita al gobierno del estado de Oaxaca que informe a esta Comisión sobre las acciones que está ejecutando para investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad. Sonido, por favor El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:Y el reloj, señor presidente. A mes y medio que lleva de ejercicio la administración de Gabino Cué, en Oaxaca, hay hechos que preocupan y deben ocuparnos El secuestro sistemático de migrantes centroamericanos en tierras oaxaqueñas y que tienen su origen en la presencia organizada del crimen en el Istmo de Tehuantepéc, los homicidios arteros de Miguel Cruz, dirigente de Antorcha Campesina, en la mixteca, el pasado 24 de diciembre y el de Luis Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero pasado, por probables causas, por cuestiones políticas que además son áreas que pertenecen al distrito que represento La falta de avances en la investigación del crimen del líder del MUL Heriberto Pasos, se suma a la elevada tasa de impunidad que se presenta en Oaxaca como en todo el país Esto incita a personas que en otras épocas no resolverían sus diferencias mediante el delito y el asesinato, a correr el riesgo porque saben que no serán castigados, perciben un estado minado en sus capacidades para el combate a la ilegalidad Cerca de 40 municipios iniciaron el año sin gobierno, en medio de toma de palacios municipales y conflictos. Un número importante. Permanece así evidenciando que el gobierno no logra ni aplicar la ley ni conciliar para establecer la paz y la tranquilidad pública, recurriendo, con frecuencia, a buscar responsables con señalamientos, como si todavía siguiera en campaña e incluso acusa a autoridades y tribunales electorales de los problemas políticos en los municipios que no puede resolver Los oaxaqueños y en particular el de la voz, entendemos que la actual administración es una administración de transición, que además tiene la disfuncionalidad de sustentarse en diferentes y contradictorias posiciones políticas y partidistas respecto de los problemas que la entidad enfrenta y como consecuencia, la manera en que deben solucionarlos Sin embargo, es apremiante y sumamente conveniente que algo efectivo, más allá de promesas y buenos discursos, se haga para detener esa tendencia y los riesgos de graves problemas a la gobernabilidad que nadie quiere y menos para quienes pensamos que Oaxaca está para los oaxaqueños, por encima de todo Preocupan los diferentes que parecen ir en aumento, entre los maestros de la Sección XXII y quienes se dicen forman parte de la LIX, que transita ya de los señalamientos y las agresiones verbales a los balazos Hasta hoy no hay avances para esclarecer el homicidio del líder del MUL, Heriberto Pasos, acaecido el pasado 23 de octubre Los señalamientos del Multi, en el sentido de que el gobierno no aplica las medidas cautelares que lo protejan y permitan regresar a su lugar de origen, y acciones policiacas echándole leña a la lumbre cuando demandan espacios comerciales para realizar sus ventas, pero lejos de aplicar el diálogo se les detiene y se les consigna. Delincuentes se tirotean con la policía en calles céntricas de la capital, mientras la mayoría de los cuerpos policiacos se dedican a cuidar que nadie haga manifestaciones en el Zócalo de la ciudad o a cuidar bodas de alta alcurnia en el famoso templo de Santo Domingo Por todo lo anterior es importante mitigar diferendos, decirles a algunas de las fuerzas políticas que apoyaron la alianza que la campaña ya terminó, y que es hora de gobernar para todos y dejar de aplicar ineficiencias con señalamientos al pasado Es hora de mitigar diferendos, de incluir con pleno respeto a todas las fuerzas políticas en el esfuerzo que hay que hacer en el beneficio colectivo. Es hora de que el gobierno deje de seguir siendo trinchera partidista o plataforma para objetivos políticos personales. Es hora, en suma, de un discurso y su acreditación en los hechos por la reconciliación y no, como pudiera estar ocurriendo, para mitigar diferendos y no exacerbarlos Por todo lo anterior propongo a esta alta soberanía el siguiente punto de acuerdo para que se ocupe de un tema de la mayor importancia en el estado de Oaxaca Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobierno del estado de Oaxaca informe a esta Comisión Permanente sobre las acciones que está ejecutando para investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad, y reciba en audiencia a diputados integrantes del grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero, planteamiento que hemos formulado para que sea acordado por esta alta representación. Muchas gracias, señor presidente «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de Oaxaca que informe a la Comisión Permanente de las acciones que ejecuta a fin de investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos delitos ocurridos recientemente en la entidad, y que reciba en audiencia a diputados integrantes del grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en Guerrero, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ustedes la proposición con punto de acuerdo siguiente: Consideraciones Durante el mes y medio que lleva de ejercicio el gobierno del licenciado Gabino Cué Monteagudo, en el estado de Oaxaca, han ocurrido varios hechos delictivos de alto impacto social Uno de estos, el secuestro de migrantes centroamericanos, en Chahuites, tiene, posiblemente, su origen en la delincuencia organizada que opera en la zona del istmo de Tehuantepec Otros, como los homicidios de Miguel Cruz José, dirigente de Antorcha Campesina en la Mixteca, ocurrido el 24 diciembre de 2010, y el de Luis Jiménez Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero de este año, tienen su probable causa en cuestiones de carácter político La elevada tasa de impunidad que se presenta en Oaxaca, similar a la de todo el país, invita a personas que en otras épocas no resolverían sus diferencias mediante el delito, y muchos menos a través del asesinato, a correr el riesgo. Saben que sus posibilidades de ser sancionados son ínfimas Consciente o inconscientemente, perciben un Estado minado en sus capacidades para el combate a la ilegalidad en general y a la delincuencia en particular Organizados o no, los delincuentes actúan a sus anchas socavando los andamiajes de la ley y el estado de derecho La falta de políticas públicas para prevenir, evitar, perseguir y castigar la violencia, anima el desorden, fomenta el crimen, alienta la autocomposición de los conflictos En Oaxaca, hasta ahora nada se sabe, y tal vez nunca se sabrá, de investigaciones y menos de detenciones o consignaciones de los autores materiales e intelectuales de los delitos antes descritos Por ello, la violencia, antítesis de la política, sienta sus rea-les en el estado La civilidad, el respeto a la ley y a la autoridad, la tolerancia, la discusión serena y objetiva de las ideas, se pierden gradualmente en la entidad. No hay día en que la gente de la capital oaxaqueña y de otras ciudades pueda transitar libremente, llegar puntualmente a su trabajo, educarse cómo es debido Unas pocas personas son suficientes para bloquear vialidades, impedir el acceso a oficinas y escuelas, hacerse de palacios municipales, dañar propiedades Cuarenta y un municipios oaxaqueños iniciaron el año sin gobierno. A la fecha, la mayoría de ellos permanecen así. Las posturas de los grupos inconformes se radicalizan. El gobierno estatal no logra conciliar, aplicar la ley, poner orden, restablecer la paz y tranquilidad públicas. El deterioro político y social de Oaxaca avanza Los oaxaqueños entendemos que la actual administración es de transición; que tiene diferentes posiciones políticas y partidistas respecto a los problemas que la entidad enfrenta; y que resolver rezagos y subculturas, como la del desorden y el delito, no es simple ni puede lograrse de la noche a la mañana Sin embargo, algo tiene que hacer para detener la escalada de violencia e ingobernabilidad. Es necesario revierta las tendencias que atentan contra la armonía social y el desa-rrollo económico que requiere Oaxaca Sería hora de mitigar diferendos y no, como lamentablemente ocurre, de multiplicarlos y exacerbarlos. Por ejemplo: Los conflictos internos entre maestros de la Sección XXII del SNTE y de los que se dicen de la Sección LIX, han transitado de las agresiones verbales a los balazos; hasta hoy no se reportan avances en el esclarecimiento del homicidio del dirigente del MULT, Heriberto Pazos, acaecido el 23 de octubre de 2010; los señalamientos del MULT en el sentido de que el gobierno no aplica medidas cautelares que protejan a sus miembros y permitan su retorno a su lugar de origen, siguen sin respuesta; la policía, echando leña al fuego, detiene a comerciantes que militan en la APPO; delincuentes se tirotean en calles del centro de la capital, mientras los cuerpos policiales del Estado y Municipio cuidan bodas de alcurnia en el templo de Santo Domingo; etcétera Así, los delincuentes gozan, tranquilos, de una libertad que no merecen, y quienes desestabilizan y afectan con sus actos arbitrarios al conjunto de la sociedad, negocian y toman la medida a unas autoridades, que no informan ni transparentan sus acciones para resolver delitos y conflictos políticos En razón de ello, someto a consideración de esta Comisión Permanente los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Se solicita al gobierno del estado de Oaxaca que informe a esta Comisión Permanente sobre las acciones que está ejecutando para investigar, perseguir y sancionar a los autores del secuestro de migrantes centroamericanos, ocurrido en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre de 2010, y a los de los homicidios cometidos en contra de Miguel Cruz José, dirigente de Antorcha Campesina en la Mixteca, ocurrido el 24 diciembre de 2010 y el Luis Jiménez Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero de este año Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca que reciba en audiencia a diputados integrantes del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y Sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero, creado por el Pleno de la Cámara de Diputados, para actualizar información respecto a los avances que reporte la negociación política que el gobierno del estado sostiene con organizaciones, autoridades y ciudadanos de la región y las prospectivas que se tengan sobre el arreglo de los conflictos más relevantes existentes entre organizaciones y comunidades, como mecanismo para prevenir actos de violencia entre ellas Palacio Legislativo, a 19 de enero de 2011.— Diputado Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado proponente. El senador Adolfo Toledo solicita sumarse a su punto de acuerdo El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:Porque sé que coincidimos, senador, en la preocupación sobre los hechos que están sucediendo en nuestro estado y por ese espíritu de reconciliación que debe haber con todas las fuerzas políticas, bienvenido su apoyo a este punto de acuerdo. Gracias, senador Toledo El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo ESTADO DE COLIMA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la senadora Minerva Hernández para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Colima a que promueva y fortalezca medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabaje en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal, propuesta que suscribe la senadora Martha Leticia Sosa Govea La senadora Minerva Hernández Ramos:Con su permiso, compañero diputado presidente. Apreciables compañeros legisladores: a nombre propio y de la senadora Martha Sosa Govea, quiero decirles que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada hace más de tres años, es hoy un instrumento jurídico que ha sido rebasado, pues en la actualidad observamos con preocupación el sinnúmero de casos de violencia física que afrontan las mujeres en diversas entidades federativas de nuestro México Datos en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares revelan que el estado de Colima se ubica dentro de los cinco primeros lugares en violencia. Tan sólo en lo que va de este año se suman ya diversos ataques de índole sexual cometidos cerca de la capital del estado, respecto de los cuales los medios de comunicación han dado cuenta, además de su incremento, y varios que no han sido denunciados que se mantienen en el anonimato y sin protección jurídica Esta situación nos conduce a manifestar el riesgo que nos coloca en la antesala de una alerta de feminicidio, por lo que debe atenderse de inmediato para evitar que Colima se sume a la lista en la que ya se encuentran Chihuahua y el estado de México, donde ha venido creciendo este lamentable fenómeno Por lo que, desde esta soberanía, hacemos un llamado al gobernador de Colima para que de inmediato ejecute y ponga en marcha una intensa campaña en contra de la violencia hacia las mujeres, pues no basta la habilitación de áreas recreativas con vigilancia policiaca, donde se permite incluso el ingreso a jóvenes con bebidas embriagantes, dando lugar a que se cometan ilícitos que especialmente han venido lastimando a las mujeres Por estas consideraciones expuestas someto al pleno de esta honorable soberanía los siguientes puntos de acuerdo Primero. Se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador constitucional de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabajar en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal. A promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres, y trabajar en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal Segundo. Se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador constitucional de Colima a informar a esta soberanía de las acciones y políticas públicas implementadas en la atención de este punto de acuerdo, así como de los avances en la procuración de justicia a las recientes víctimas de violencia sexual. Es cuanto, diputado presidente «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para proteger a las mujeres y a trabajar en la erradicación de la violencia de género en el estado, suscrita por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN La que suscribe, Martha Leticia Sosa Govea, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabajar en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal, al tenor de los siguientes Considerandos La seguridad jurídica, que el texto constitucional ha consagrado en su parte dogmática, es la expresión del máximo valor que la sociedad presta a la procuración del respeto y la equidad de los seres humanos sin distinción. La violación de ella, a través de los atentados a la integridad y dignidad humanas, representa la más humillante forma de corrupción del contrato social Esa violación se materializa por la violencia, que se desa-rrolla de forma física, a través de lesiones de diversa magnitud y que pueden conducir a la muerte, así como psicológica, la cual se dirige a coartar la libertad de conciencia de sus receptores. Si bien la Carta Magna, en unión con las leyes penales emanadas de ella, prohíbe esas conductas, hechos lamentables ocurridos en últimas fechas en el país señalan a la mujer como la mayor de sus víctimas El esfuerzo legislativo por prevenir y, sobre todo, erradicar de la sociedad la práctica de esas conductas, contrarias a la dignidad de la mujer, se ha hecho notar con todo vigor a través de la adopción de tratados internacionales que consideran y condenan tales circunstancias y que, a su vez, han servido como marco para el desarrollo de una ley de gran avanzada en la actual generación de los derechos humanos: la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada hace poco más de tres años y que se ha centrado en las acciones en favor de las mujeres en un ámbito de certidumbre jurídica y social, independientemente de cuáles sean sus condiciones de vida o a qué estamento social pertenezcan La mujer es víctima de la violencia no sólo en el hogar, toda vez que los mayores índices contra su dignidad son cometidos en los hogares, centros educativos y actividades laborales por personas directamente relacionadas con ellas y en la vía pública y por agresores desconocidos La mayor proporción de personas receptoras de violencia física en México son las mujeres, con 61.4 por ciento de los casos, en un margen de edad comprendido entre 5 y 44 años, especialmente por conducto de los padres y las parejas sentimentales, según reportó la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo para 2007. Destacan entre los tipos de violencia más comunes la emocional, con 34.8 por ciento; la económica, con 29.3; la física, con 9.3; y la sexual, con 7.8 Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares permiten confirmar que además de los recurrentes episodios de violencia, no hay clara conciencia de la magnitud del problema por sus víctimas. Basta mencionar que sólo 35 por ciento de las entrevistadas se atrevió a recurrir a alguna autoridad para denunciar la agresión; mientras que para 34.2 por ciento de ellas, estos actos violatorios de su dignidad humana representaron sucesos sin importancia, 31.8 no denunció cuando sufrió violencia sexual por conducto de sus hijos, y 12 por ciento omitió expresar lo acaecido por desconfianza hacia las autoridades y el sistema de justicia penal La encuesta mencionada demuestra que Colima se mantiene entre los cinco primeros lugares de violencia. Es el caso de la emocional, donde Jalisco, estado de México y Colima reflejan los más altos porcentajes, con 47.3, 47.1 y 45.0, respectivamente, frente a la media nacional de 37.5. En violencia económica, Jalisco arroja 30.5 por ciento, estado de México 29.6 y Colima 27.2, frente a la media nacional de 23.4. En violencia sexual, nuevamente Jalisco, Colima y el estado de México se disparan con los más altos porcentajes: 11.6, 11.1 y 11.0, en ese orden, cuando la media nacional es de 9.0 En Colima, en 2010 fueron detectados 106 casos de mujeres violentadas, según datos de la Dirección Jurídica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia ha reportado el incremento de estos actos violentos en todo el territorio estatal, pero con mayor número en Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez A los hechos que componen estas cifras se suman los dos ataques de índole sexual cometidos cerca de la capital del estado en la primera quincena del presente mes, en el que los medios de comunicación han dado cuenta no sólo de estas denuncias presentadas, sino que hacen referencia a un número mayor de estos ilícitos que no han sido denunciados y, por tanto, se mantienen en el anonimato y sin protección jurídica Lo anterior nos conduce a manifestar preocupación porque podemos encontramos en la antesala de una alerta de feticidio. Por ello, esas agresiones y sus circunstancias deben atenderse con políticas eficaces y eficientes para frenar cualquier posible escalada como la que viven Ciudad Juárez, Chihuahua, y el estado de México. El llamado por mí realizado como colimense consternada y ocupada en garantizar el respeto de la dignidad de los habitantes de esta entidad federativa, busca hacer eco para conducir a un control exhaustivo no sólo visible en el incremento de efectivos de fuerzas policiales en las calles para la vigilancia de la ciudadanía, sino en la instauración de una sostenible y permanente campaña de alerta y concienciación contra la violencia hacia las mujeres, siendo esta obligación de carácter primordial del gobierno estatal en primer lugar, así como de los ayuntamientos constitucionales de los municipios que integran Colima No basta la habilitación de supuestas áreas recreativas con vigilancia policiaca, donde se permita el ingreso a los jóvenes con bebidas embriagantes para protegerlos de nuevos ataques de encapuchados contra hombres y especialmente mujeres, tal como el gobernador del estado ha procedido a ordenar. Ante esto, la primera y más importante medida que el gobernador debe ejecutar, el arranque y mantenimiento de una intensa campaña de concienciación ciudadana, paralelamente al ordenamiento a la Policía Estatal Preventiva, a fin de procurar y fortalecer la protección de los espacios públicos, al mismo tiempo que la Procuraduría de Justicia del Estado proceda al cumplimiento de sus obligación como protectora de la ciudadanía y perseguidora de los delitos que se presentan, resolviendo de manera clara, contundente y ajustada a derecho Con estas urgentes demandas, reitero mi compromiso asumido con la ciudadanía colimense de trabajar a su favor, al mismo tiempo que reconozco y me sumo a la manifestación realizada por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Roberto Chapula de la Mora, solicitando a la administración pública estatal la emisión de una alerta general para frenar esta serie de violaciones de mujeres Olvidémonos de flaquezas e indecisiones; debemos reconocer con urgencia que la seguridad pública de los ciudadanos de Colima y la dinámica social libre de violencia para hombres y mujeres es necesaria para el desarrollo integral de la entidad federativa y, por ende, del país en su conjunto. Debemos preocuparnos de trabajar para castigar a quienes han cometido los ilícitos expresados de viva voz y proceder a erradicar toda señal de agresión y violaciones contra la mujer. No esperemos ver elevada la cifra de mujeres víctimas para dictar una alerta de feminicidios Por las consideraciones expuestas, se someten a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabajar en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a informar a esta soberanía acerca de las acciones y políticas implantadas en la atención de este punto de acuerdo, así como de los avances en la procuración de justicia para las recientes víctimas de violencia sexual Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, senadora. La proposiciónse turna a la Primera Comisión ESTADO DE DURANGO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos del senador Andrés Galván Rivas una proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Durango, para que informen sobre las medidas que han implementado para ayudar a los indígenas tepehuanos del poblado de Tierra Colorada, del municipio del Mezquital, Durango La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Durango a informar sobre las medidas implantadas para ayudar a los indígenas tepehuanos de Tierras Coloradas, en El Mezquital, tras el ataque perpetrado por un grupo de delincuentes, así como el curso de las investigaciones para esclarecer el caso, suscrita por el senador Andrés Galván Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN El suscrito, senador Andrés Galván Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Durango para que informen sobre las medidas que se han implantado para ayudar a los indígenas tepehuanos del poblado de Tierras Coloradas del Municipio Del Mezquital en Durango, tras el ataque perpetrado por un grupo de delincuentes, así como el curso de las investigaciones para esclarecer el caso, al tenor de las siguientes Consideraciones Los indígenas tepehuanos del poblado de Tierras Coloradas, en el municipio de El Mezquital, Durango, fueron víctimas de una terrible agresión que tuvo origen el 26 de diciembre, cuando una decena de hombres encapuchados quemaron prácticamente todo el pueblo. Las autoridades reportaron entre 30 y 40 casas incendiadas, una veintena de autos, la escuela, una tienda de Diconsa y algunos otros inmuebles. Por fortuna los pobladores habían abandonado horas antes el pueblo y se refugiaron en la sierra, pues unos días antes hubo un ataque en el que murió un delincuente, por lo que los indígenas temían por sus vidas y huyeron Es indignante conocer que todo un poblado sea víctima de la delincuencia organizada, pero más indignante aún que no se haga lo necesario para brindarles seguridad, protección y sobre todo justicia Por ello, es indispensable conocer oficialmente qué medidas están implantando tanto el gobierno federal como el gobierno del estado, en sus respectivas competencias para ayudar a los habitantes del poblado de Tierras Coloradas pero sobre todo para esclarecer el terrible hecho No podemos permitir que el ataque a estos indígenas tepehuanos quede impune y que además de lo vivido puedan ser víctimas de un desplazamiento forzado por miedo o por falta de apoyo y protección, pero sobre todo no podemos permitir que no se haga lo correspondiente para esclarecer el caso Ya todos conocemos la larga lista de acontecimientos violentos perpetrados contra indígenas, recordemos la matanza Acteal, la de aguas blancas, entre muchas otras, que han dejado terribles secuelas en la sociedad, pues son hechos infames en los que mueren personas inocentes y que han forzado a muchos de los pobladores de dichos lugares a huir y dejar atrás sus comunidades, sus familias, su cultura Si bien el ataque a los pobladores de Tierras Coloradas no dejo víctimas mortales que lamentar, si ha dejado a un sin número de personas que perdieron todo lo que tenían, pero lo más lamentable es que hayan perdido la tranquilidad y que vivan con el miedo constante de ser atacados nuevamente o de caer en mayor pobreza pues se siente a merced de delincuentes Por eso hoy el Senado de la República repudia los hechos ocurridos en el municipio de El Mezquital en Durango por el ataque perpetrado contra indígenas tepehuanos, pero sobre todo, como representantes populares queremos conocer las acciones de las autoridades ante tan lamentable hecho Es por los argumentos anteriores que el suscrito somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente Punto de Acuerdo Único.  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Durango para que –dentro sus facultades correspondientes– informen  sobre las acciones implantadas para proteger y apoyar a las familias afectadas evitando su desplazamiento, así como las medidas y el curso de las investigaciones que correspondan a efecto de esclarecer el caso y encontrar a los culpables Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senador Andrés Galván Rivas (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna su propuesta a la Primera Comisión PRECIOS DE GASOLINAS Y DIESEL El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y diesel en lo que resta del 2011, para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general El diputado Arturo Zamora Jiménez:Con el permiso de la Mesa Directiva El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo tiene usted El diputado Arturo Zamora Jiménez:En México, los precios de las gasolinas y el diesel los regula y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque es el Ejecutivo federal quien tiene la facultad de establecerlos conforme a la ley y de acuerdo a los criterios de eficiencia económica y condiciones del mercado Desafortunadamente, al no estar regulada la metodología de fijación de los precios de energéticos en nuestro país, se ha caído en excesos y abusos en perjuicio del público consumidor, por lo que es urgente rectificar dicha atribución en beneficio de la economía del país y de todos los mexicanos La Secretaría de Hacienda mensual o semanalmente autoriza a Pemex los precios al público de las gasolinas y el diesel. La gestión de la actual administración en esta materia ha sido errónea al provocar desigualdades entre los diversos sectores productivos del país y lesionar la economía de todos los mexicanos La arbitrariedad con que se han dado estos aumentos se refleja en 71 incrementos que se han realizado a las gasolinas durante la administración de Felipe Calderón De acuerdo con el Banco de México el acumulado de la inflación durante los cuatro años de este gobierno es de 19.51 por ciento. Sin embargo, los aumentos de las gasolinas son por mucho superiores. Así, por ejemplo, el diesel al 1 de diciembre de 2006 tenía un precio de 5.70 pesos por litro. Para el 31 de diciembre de 2010 su costo fue de 9.12 pesos por litro, lo que significa que en cuatro años aumentó 3 pesos con 42 centavos cada litro de diesel, lo cual representa un aumento de 60 por ciento contra el 19.51 de la inflación reportada La gasolina magna al inicio de esta administración tenía un precio de 6.74. Su valor a finales de 2010 fue de 8.76, lo que significa un incremento de 2 pesos con 2 centavos, representando un aumento de 30 por ciento contra el 19 ya referido de la inflación La gasolina más cara, que es la Premium, tenía un precio de 8.29 por litro y cerró el 2010 con un costo de 10.10, aumentando 1 peso con 81 centavos, lo cual representa un incremento del 22 por ciento En los tres casos expuestos los aumentos son por mucho superiores a los referenciados en los índices de inflación anualizada, reportados por el Banco de México, y que predicen supuestos impactos inflacionarios serios a la economía de nuestro país. Si a esto le agregamos que el salario mínimo en este año aumentó en 2 pesos y que parece por la previsión que se da y por la percepción en la población que es muy poco este aumento, pues nos da la impresión de que estamos hablando de la política de La Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos Y, finalmente con el aumento que se ha dado a las gasolinas, nosotros encontramos también un referente muy importante en el sentido de que a los trabajadores de Notimex se les ofrece aumentar su salario sólo en un 3 por ciento Bajo estas condiciones y en virtud de que no hay un control a la metodología para regular los precios de las gasolinas y el diesel, cuyos aumentos están provocando un alza generalizada de precios en todo el país, pongo a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, a fin de que se exhorte al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y el diesel en lo que resta de 2011, con la finalidad de atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público consumidor en general. Es cuanto, señor presidente «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general, suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política; y 58 a 60, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general por el uso de sus automotores, evitando confrontaciones que pongan en riesgo la economía del país Ante las múltiples manifestaciones de rechazo y repudio de la sociedad en su conjunto por los constantes incrementos de los precios de las gasolinas y del diesel, es necesario conocer el comportamiento que éstos han tenido desde el 1 de diciembre de 2006. Con el Ejecutivo federal, Felipe Calderón, a cuatro años de distancia, se refleja una anarquía en los métodos y procedimientos para fijar estos precios oficiales al consumidor, de acuerdo con los siguientes Antecedentes Marco jurídico Precios de combustibles En México, los precios al público de las gasolinas y del diesel los regula y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque el Ejecutivo federal tiene la facultad de establecer dichos precios, con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que dicha dependencia se la encarga de tales funciones atendiendo los criterios de eficiencia económica y condiciones del mercado Lamentablemente, por no estar regulada la metodología de fijación de los precios de energéticos en el país, se ha caído en excesos y abusos en perjuicio del público consumidor, que es urgente rectificar en beneficio de la economía del país y de las clases populares La SHCP mensual o semanalmente autoriza a Petróleos Mexicanos (Pemex) los precios al público de las gasolinas Magna y Prémium, así como del diesel comercializado por Pemex Refinación, que a través de la Gerencia de Políticas y Desarrollo Comercial, Subgerencia de Estrategia de Precios, se transmitan para su comercialización Precios de gasolinas y de diesel en 2007 El 1 de diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón asumió el encargo, el precio de la gasolina Magna era de 6.74 pesos. La Prémium costaba 8.29 y el diesel 5.70, por litro. La política de incrementos consistía en incrementar de 2 a 4 centavos por litro, cada primero de mes, buscando equiparar el impacto inflacionario decretado por el Banco de México (Banxico), equilibrando los factores económicos por el uso de los energéticos En septiembre de 2007, el presidente Calderón anunció la congelación de precios de la gasolina Magna y el diesel, medida populista “para evitar daños a la economía de las familias con menores ingresos”. No subieron la Magna ni el diesel, pero la Prémium continuó con aumentos mensuales En resumen, en 2007 la Magna de 6.74 pesos el litro, subió 27 centavos para quedar en 7.01, incremento de 4 por ciento. Mientras, la Prémium, de 8.29 el litro, subió 44 centavos y quedó en 8.73, lo que representó 5.3 por ciento de incremento. El diesel, con precio de 5.70 el litro, subió 23 centavos y quedó en 5.93, un aumento de 4 por ciento Si comparamos esos incrementos con la inflación general de que informó el Banxico en 2007, que fue de 3.76 por ciento., se observa una política aceptable en ese primer año de gestión del presidente Calderón Precios de gasolinas y de diesel en 2008 Para 2008, la metodología aplicada por la SHCP en la fijación de los precios de las gasolinas y el diesel fue de excesos: 33 incrementos en el año, los primeros 6 meses continuaron subiendo los precios de estos combustibles cada día primero Para julio, los aumentos fueron semanales, con la única idea de desorientar al público consumidor, con incrementos de 2 a 5 centavos por litro semana a semana El diesel inició con un precio de 5.93 pesos por litro, se incrementó en 1.40 para quedar en 7.33. El efecto inflacionario fue brutal para los automotores que mueven la economía del país, la carga pesada de comestibles, bienes y personas. El incremento fue de 23.61 por ciento en un solo año, con módicos 33 incrementos programados por el Ejecutivo federal Pese a que la inflación de 2008 anunciada por el Banxico fue de 6.53 por ciento, la más alta en 8 años, los incrementos del precio del diesel representaron 3 veces más que ésta, un exceso de 17 por ciento que afectó negativamente la economía del país, pues el transporte público, entre otras actividades que tienen precios oficiales, no pudo asimilar el aumento de sus costos de operación con las consecuencias ya conocidas de paros escalonados, incendio de automotores y camiones en las carreteras de todo el país, como protesta por los incrementos del diesel La gasolina Magna inició 2008 con un precio de 7.01 pesos, subió 69 centavos para quedar en 7.70. El incremento significó 9.84 por ciento, muy por encima de la inflación anual anunciada por el Banxico En la misma proporción, la gasolina Prémium, que arrancó con un precio de 8.73 pesos, subió 84 centavos para quedar en 9.57; es decir, casi 10 por ciento de incremento En 2008 entró en vigor la modificación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007. La fracción II del artículo 2o.-A de dicho ordenamiento estableció cuotas para la gasolina Magna de 36 centavos por litro, gasolina Prémium de 43.92 centavos por litro y del diesel de 29.88 centavos por litro, para que Pemex y sus organismos subsidiarios, las estaciones de servicio y demás distribuidores autorizados que realicen ventas de combustibles al público en general trasladen dicha cuota en el precio final al público El aumento fue gradual de 2 centavos por mes, durante 18 meses, hasta llegar a la cuota arriba mencionada para cada producto. Lo negativo de los incrementos de los precios de las gasolinas y del diesel es que los aumentos fueron hasta de 25 centavos mensuales, 10 veces más de la cuota del IEPS autorizada por la Cámara de Diputados. Es decir, hubo un libertinaje al amparo de la autorización de esta cuota que se entrega mensualmente a los gobiernos estatales y que representan una aportación de 22 mil millones de pesos anuales Precios de gasolinas y de diesel en 2009 Ante el rechazo generalizado de los sectores productivos del país por los 33 incrementos de los precios de los combustibles líquidos tenidos en el año anterior, el presidente Calderón dio un cambio en sus decisiones, al anunciar el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, ya cuando el daño estaba hecho, aumentando hasta la cuarta parte del precio de los combustibles, como fue el caso del diesel, rebasando toda proporción económica entre los factores de producción y consumo del país Los precios de las gasolinas Magna y Prémium se congelaron hasta el 18 de diciembre de 2009. No respetó su palabra y pacto, y volvió a haber incrementos semanales en estos combustibles. La Magna inició en 7.70 el litro, subió 10 centavos para quedar en 7.80, tuvo un efecto de sólo 1.3 por ciento, mientras que la Prémium se congeló en 9.57 todo el año En el caso del diesel no se respetó ese acuerdo y el presidente Calderón autorizó 18 incrementos: inició con un costo de 7.33 el litro, subió 83 centavos para finalizar en 8.16. El incremento representó 11.32 por ciento en un combustible que mueve al país, que utilizan los automotores pesados con la carga de bienes, comestibles y de personas. Si se compara con la inflación decretada por el Banxico para 2009, de 3.57 por ciento, el aumento del diesel fue 3 veces mayor Precios de gasolinas y de diesel en 2010 En 2010, los precios de la Magna, de la Prémium y del diesel fueron incrementados en 12 ocasiones, el segundo sábado de cada mes, sin oficio, sin metodología y con el único afán de desorientar al público consumidor. La Magna arrancó con 7.80, subió 96 centavos para quedar en 8.76. El efecto fue de 12.3 por ciento, muy superior a la inflación anual, de 4.40, reportada por el Banxico La gasolina Prémium inició con un precio de 9.57 el litro, subió 53 centavos para terminar en 10.10, un efecto de 5.5 por ciento, mientras que el diesel costó al arranque del 2010 8.16 el litro, subió 96 centavos para finalizar en 9.12, lo cual refleja 11.8 por ciento de incremento En el caso de la gasolina Magna y del diesel, que representan 95 por ciento de los combustibles que se consumen en el país, el efecto inflacionario fue de 12 por ciento en números cerrados, 3 veces más que la inflación oficial del Banxico. Los precios fueron desfasados respecto a la realidad económica de los sectores de la producción y el servicio del país Conclusiones La gestión del presidente Calderón en materia de fijación de precios de energéticos en las gasolinas y el diesel ha sido errónea, pues ha provocado desigualdades entre los sectores productivos del país: hasta los particulares que sin tener la posibilidad usar automóvil propio pagan excesivo costo de los combustibles en todo lo que se consuma por efecto del pago en transporte que llega a niveles muy superiores a la realidad de la economía del país 71 aumentos en 4 años La arbitrariedad con que se dieron estos aumentos se refleja en los 9 incrementos de 2007, 33 en 2008, 17 en 2009 y 12 en 2010. Las gasolinas en México han subido en 71 ocasiones en los 4 años de gobierno de Felipe Calderón El diesel inició el 1 de diciembre de 2006 con un precio de 5.70 el litro, y al 31 de diciembre de 2010 su precio era de 9.12. Se ha incrementado 3.42 pesos cada litro, lo que representa un aumento de 60 por ciento La gasolina Magna inició el 1 de diciembre de 2006 con 6.74, al 31 de diciembre de 2010 el precio por litro era de 8.76. En cuatro años ha subido 2 pesos con 2 centavos, que significa un aumento de 30 por ciento La gasolina más cara es la Prémium, que representa sólo 5 por ciento de los combustibles vendidos en el país, con precios prohibitivos, en varias ocasiones, superiores a los que rigen en Estados Unidos, como marco de referencia del mercado internacional de los combustibles. Inició la gestión del presidente Calderón con un precio de 8.29, subió 1.81 pesos para quedar el 31 de diciembre de 2010 en 10.10, teniendo el efecto de 22 por ciento Todos estos aumentos, muy superiores a los referenciados a los índices de inflación anualizada reportada por el Banxico y que predicen efectos inflacionarios serios en la economía del país La política señalada por la SHCP no sólo rebasa los factores económicos de la economía, en materia de costos energéticos, sino pretende homologar los precios internos con los internacionales de los combustibles, referenciados a los que rigen en el mercado de Estados Unidos de América Hay iniquidades sustantivas por señalar en esta equívoca pretensión de la SHCP: a) La capacidad de compra de los ciudadanos estadounidenses es muy superior a la que rige aquí: mientras que un trabajador en México gana 59.82 pesos de salario por día, en el país del norte un trabajador los gana en una hora. Por tanto, puede adquirir sin problema los combustibles a esos precios b) La calidad de las gasolinas y del diesel en el país no es la misma con que se vende en Estados Unidos de América: la gasolina regular equiparada con la Magna de México, de 87 octanos, ni la Prémium, con el mismo nombre en el país del norte, que tiene las características de 92 octanos, son de distinta especificación técnica en cuanto a las partes por millón de azufre, que rigen las normas internacionales y la aplicable en México, que es la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, “Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental” c) Sólo la gasolina Prémium en México cumple las 15 partes por millón de azufre, que establece como parámetro internacional en calidad de gasolinas Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo Único.Se exhorta al Ejecutivo federal a congelar los precios de las gasolinas y del diesel en lo que resta de 2011 para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general por el uso de sus automotores, evitando confrontaciones que pongan en riesgo la economía del país Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.— Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Su proposiciónse turna a la Tercera Comisión de Trabajo COMISION NACIONAL DEL AGUA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora el senador Adolfo Toledo Infanzón, para presentar proposición con punto de acuerdo que solicita al titular de la Conagua que informe a esta soberanía respecto de las acciones y obras programadas para el 2011 en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que se presenten en el país El senador Adolfo Toledo Infanzón:Gracias, diputado presidente. Señores legisladores y señoras legisladores, el agua reviste una significativa importancia al ser un recurso estratégico para las personas y  para las actividades que ellas realizan en todos los ámbitos De ser un recurso abundante y puro ha pasado en los últimos años a ser un recurso escaso y contaminado, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional para todas las naciones Hoy de los 653 acuíferos existentes en el país, 101 se encuentran sobreexplotados y 69 cercanos a la sobreexplotación. Además, el 36 por ciento de los ríos y lagos del país se encuentran contaminados Como resultado del crecimiento demográfico y la expansión y diversificación productiva, los recursos hídricos se han visto seriamente afectados tanto en su cantidad como en su calidad. En casi 60 años la disponibilidad del agua por habitante disminuyó en 4 veces A todo ello se suman las consecuencias del cambio climático que han hecho que las ciudades y poblaciones se vuelvan cada vez más vulnerables ante estos fenómenos. Siendo esto una de nuestras principales preocupaciones, particularmente por las intensas lluvias que se han presentado en los últimos años en diversas regiones del país, y que han ocasionado severos daños a la población La Comisión Nacional del Agua ha reportado que las lluvias atípicas y los huracanes del año pasado evidenciaron la vulnerabilidad nacional ante los fenómenos meteorológicos extremos, que además se ven agravados año con año por el cambio climático Consecuencia de lo anterior reportaron que el número de municipios el año pasado, con declaratorias de emergencias, se incrementó más del doble, pasando de 110 en 2009 a 367 en 2010 En este sentido, y dado que se prevé que los fenómenos meteorológicos atípicos derivados del cambio climático se sigan presentando, es indispensable tomar previsiones y acciones con oportunidad para evitar los cuantiosos daños sociales y económicos que año con año se repiten Por ello, consideramos que este es el momento oportuno para hacer un llamado a la Comisión Nacional del Agua para que informe cuáles son las medidas de prevención y control que pondrán en marcha este año, las zonas de riesgos que tienen ubicadas, las obras de infraestructura en marcha, a fin de evitar que nos enfrentemos nuevamente a acciones tardías, improvisadas y que sólo reaccionen ante hechos consumados en la materia Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua informe a esta soberanía cuáles son las acciones y obras programadas para este 2011, en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que año con año se presentan en el país Es cuanto, presidente «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Conagua que informe a esta soberanía respecto a las acciones y obras programadas para 2011 en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que se presenten en el país, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI El que suscribe, Adolfo Toledo Infanzón, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes Consideraciones El agua reviste una significativa importancia al ser un recurso estratégico para las personas y para las actividades que ellas realizan, en todos los ámbitos De ser un recurso abundante y puro, ha pasado en los últimos años a ser un recurso escaso y contaminado, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional para todas las naciones, México no es la excepción Hoy de los 653 acuíferos existentes en el país, 101 se encuentran sobreexplotados y 69 cercanos a la sobreexplotación. Además, 36 por ciento de los ríos y lagos del país se encuentran contaminados Como resultado del crecimiento demográfico y la expansión y diversificación productiva, los recursos hídricos se han visto seriamente afectados, tanto en su cantidad como en su calidad. En casi 60 años, la disponibilidad del agua por habitante disminuyó en 4 veces A todo ello, se suman las consecuencias del cambio climático que han hecho que las ciudades y poblaciones se vuelvan cada vez más vulnerables ante los fenómenos hidrometereológicos. Siendo esto, una de nuestras principales preocupaciones, particularmente por las intensas lluvias que se han presentado en los últimos años en diversas regiones del país, y que han ocasionado severos daños a la población La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reportado que las lluvias atípicas y los huracanes del año pasado evidenciaron la vulnerabilidad nacional ante los fenómenos hidrometereológicos extremos, que además se ven agravados año con año por el cambio climático y afectan particularmente a las poblaciones ubicadas en sitios de riesgo que, en muchas ocasiones, también son las más pobres Consecuencia de lo anterior, reportaron que el número de municipios el año pasado con declaratorias de emergencias se incrementó más del doble,  pasando de 110 en 2009 a 367 en 2010. De igual forma, los municipios con declaratoria de desastre natural casi se cuadruplicaron, pasando de 118 en 2009 a 586 en 2010 En este sentido, y dado que se prevé que los fenómenos meteorológicos atípicos derivados del cambio climático se sigan presentando, es indispensable tomar previsiones y acciones con oportunidad para evitar los cuantiosos daños sociales y económicos que año con año se repiten Por ello, consideramos que este es el momento oportuno para hacer un llamado a la Comisión Nacional del Agua para que informe cuáles son las medidas de prevención y control que pondrán en marcha este año, las zonas de riesgos que tienen ubicadas, obras de infraestructura en marcha, a fin de evitar, nos enfrentemos nuevamente a acciones tardías, improvisadas y que sólo reaccionan ante hechos consumados en la materia Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua que informe a esta soberanía cuáles son las acciones y obras programadas para este 2011 en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que año con año se presentan en el país Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 19 de enero de 2011.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador. Su proposiciónse turna a la Tercera Comisión de Trabajo CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La senadora María del Socorro García Quiroz presenta proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que informe sobre el número de mexicanos afectados por el consumo de drogas, alcohol y tabaco, así como el número de muertos por el consumo de drogas en nuestro país de 2005 a la fecha, las medidas de prevención y atención que se han aplicado para disminuir esta tendencia El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre el número de mexicanos afectados por el consumo de drogas, alcohol y tabaco, el de muertos por el uso de éstas de 2005 a la fecha, y las medidas de prevención y atención aplicadas para disminuir la tendencia, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI La suscrita, María del Socorro García Quiroz, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones La atención que el Estado, la familia y sociedad, en general, proporcionen a la niñez y juventud mexicana será fundamental para lograr una estabilidad económica, política y social en nuestro país en los próximos años De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad ha aumentado de un 5 por ciento observado en 2002 a un 5.7 por ciento en este periodo. Las drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas) aumentaron de 4.6 a 5.2 por ciento Los datos de la encuesta indican que los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen más probabilidad de usar drogas cuando están expuestos a la oportunidad de hacerlo. Asimismo, el inicio en el consumo de tabaco y de alcohol anterior de los 18 años incrementa la probabilidad de usar otras drogas De igual forma, existe la probabilidad de que una persona se involucre en el consumo de drogas, tabaco o alcohol si algún miembro del núcleo familiar lo hace, y la probabilidad es aún mayor cuando se trata de un amigo Dada la importante relación entre el consumo de alcohol y el de drogas, es importante realizar programas de prevención integrados, que incluyan todos los tipos de sustancias, ya que el consumo es considerado uno de los factores que exacerba las conductas suicidas En este sentido, resulta importante mencionar que por parte del gobierno federal existe una nula atención a los programas enfocados a los jóvenes y en particular la prevención del consumo de drogas, según cifras de la secretaría de gobernación respecto a los gastos ejercidos en materia de publicidad gubernamental, se han dejado de privilegiar la promoción a este tipo de programas, por ejemplo los Centros de Integración Juvenil, AC, asociación incorporada a la Secretaría de Salud, desde 1969, que tiene como objetivo atender y prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes, del 2006 al 2010 la publicidad gubernamental ejercida para este programa es de 0.00, solamente en el 2008 se ejerció 114 mil 54 pesos Estas cifras contrastan con los discursos de combate al narcotráfico, utilizados por el Ejecutivo federal, que inicio bajo el argumento“para que las drogas no se acerquen a tus hijos”,pero paradójicamente hoy el miedo invade a nuestros hijos que han sido víctimas de la violencia, debido a una mala estrategia por parte del gobierno federal en el combate al narcotráfico Siendo así, el panorama para nuestros jóvenes y niños hoy es desolador, un gobierno que no se preocupa por generar fuentes de empleos, por privilegiar la educación y por prevenir el consumo de drogas, con lo cual hacen incrementar el índice de suicidios. La Organización Mundial de la Salud estima que la tasa mundial de mortalidad por suicidio es de aproximadamente un millón al año, por lo que hizo un llamado para incrementar las redes de apoyo social y las relaciones sociales, especialmente en aquellas personas que presentan un mayor aislamiento social Sin incluir las necesidades de tratamiento para tabaco y alcohol, existen 428 mil 819 personas que requieren de atención especializada y 3 millones 869 mil 93 que requieren de intervenciones breves No obstante, sólo el 16 por ciento de la población acude a tratamiento y no se tiene información referente al porcentaje de personas que lo terminan satisfactoriamente Por otro lado, es importante mencionar que el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública en México, según lo señala Guilherme Borjes, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”, quien explicó que de 1970 a 2007 el suicidio creció de manera alarmante en 275 por ciento y se incremento de manera vertiginosa en el grupo de edad de 15 a los 29 años. Este porcentaje ubica a nuestro país con una problemática aguda por arriba de naciones como Japón, Estados Unidos, Brasil y la India El estudio “Conducta suicida en adolescentes y adultos jóvenes en la Encuesta Nacional de Adicciones 2008” realizado por varias instituciones entre ellas el Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Mexicano de la Juventud, el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes menores de 15 años. En más de la mitad de los casos se detectó que el suicida había ingerido algún tipo de sustancia tóxica En este contexto, resulta de la mayor relevancia que el gobierno federal y el Sistema Nacional de Salud, den a conocer información completa sobre la situación que enfrenta México en este rubro, así como las acciones y resultados que se han registrado para el combate del abuso de drogas y alcohol En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que ninguna lucha contra el narcotráfico puede tener resultados exitosos, si no se atiende el grave problema del consumo y las adicciones, que se generan por fenómenos sociales complejos; dando pie al constante incremento de la demanda, que fortalece a los criminales a costa de las familias mexicanas Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, remita un informe detallado sobre las medidas y resultados de los programas prevención y atención que se han aplicado para disminuir el consumo de drogas así como el número de muertes por sobredosis; exhortándola a fortalecer y actualizar los mismos a las necesidades de los distintos sectores de la población Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación en colaboración con la Secretaria de Salud, se realicen campañas constantes de prevención, promoción y atención, al consumo de drogas en los distintos medios de comunicación Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 19 de enero de 2011.— Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pero la senadora García Quiroz, considerada como es siempre, ha decidido que se turne directamente a la Comisión. Después deturnarlo a la Primera Comisión de Trabajo Slicito a la Secretaría dé lectura a los asuntos en cartera ORDEN DEL DIA El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura del orden del día de la siguiente sesión «Primer receso.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura Orden del día Miércoles 26 de enero de 2011 Lectura del acta de la sesión anterior Presentación del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 14:56 horas): Recuerdo a los señores legisladores que la próxima sesión de la Comisión Permanente será su última sesión de trabajo, puesto que la siguiente será el primero de febrero, exclusivamente para rendir informes y clausura CLAUSURA Y CITATORIO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 14:56 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles, 26 de enero de 2011, a las 11 horas ————— O —————