SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a pasar la lista de asistencia.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Por instrucciones de la Presidencia se procede al pase de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

(Lista de asistencia)

Hay una asistencia, señor presidente, de 19 legisladores. Hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 12:06 horas): Y por tanto, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte, señora secretaria, si se dispensa la lectura del orden del día, ya que está publicada en la Gaceta Parlamentaria. Como no hay nadie que intervenga, puede usted preguntar directamente.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 26 de enero de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Ardelio Vargas Fosado.

Del diputado Pablo Rodríguez Regordosa.

Del senador Luis Maldonado Venegas.

Reincorporación de ciudadano senador.

Presentación, por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del informe de actividades de dicha institución correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no otorgó estímulos fiscales ni subsidios relacionados con la primera y segunda fracción a la que se refiere el artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.

Iniciativas del Congreso del Estado de Coahuila

Con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 79-A de la Ley de Radio y Televisión y reforma el numeral 2 del artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el Segundo Párrafo del Apartado C, de la fracción III, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso del Estado de San Luis Potosí

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (Turno a Comisión)

Oficio del Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la Supervía Poniente.

Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al caso del C. Juan Ranulfo Martínez Pérez.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Nueve, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Cinco, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores.

Iniciativas

Que reforma el artículo 15 de la Ley de Promoción y Desa-rrollo de los Bioenergéticos, a cargo del diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 103 de la Ley General de Salud, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7° y 42 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3°, 21 y 22 de la Ley de Planeación, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8° de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Pesca, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 368 Quáter del Código Penal Federal y 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos a Petróleos Mexicanos.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo a la liberación de los recursos extraordinarios para aumentar las prestaciones y sueldos de los policías en Guerrero.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo al otorgamiento de recursos extraordinarios para el Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos al endeudamiento de las Entidades Federativas.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos a la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, respecto a la correcta aplicación de los recursos públicos federales en Hidalgo.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo al artículo 20, fracción VI del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos a la adopción de medidas y el envío de informes acerca de la contaminación de los Ríos en Oaxaca.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo al alza de los impuesto al hospedaje y al de nominas, en el Estado de Yucatán.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos a la expedición del Reglamento de la Ley General de Discapacidad.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos al programa de saneamiento y apoyo de la ampliación del Maxi Túnel de la Autopista del Sol.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos a la construcción de la Presa Hidroeléctrica La Parota.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos a la Regasificadora de Energía Costa Azul.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos a la necesidad de atender las peticiones de la comunidad Lacanjá Chansayab, de Ocosingo, Chiapas.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo a las acciones y obras programadas para 2011 en materia de prevención y control de fenómenos meteorológicos que se presenten en el País.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo a los patrones que emplean niños en las labores del campo y a hacer cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo a la vacante de la Junta de Gobierno del Banco de México y de dos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la protección del Ahorro Bancario.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo, relativo a la actividad minera en el Estado de Baja California Sur.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos a las Políticas Públicas para prevenir las enfermedades crónicas degenerativas y que se incluya la insuficiencia renal en el catálogo de enfermedades catastróficas del Seguro Popular.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos al Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos a las medidas para evitar y detener el creciente deterioro de los Salarios Mínimos.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos al aumento de precios en los productos de la canasta básica.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de migrantes indocumentados y la aprobación de iniciativas que atentan contra sus derechos, independientemente de su condición migratoria y situación jurídica.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que envié un informe detallado sobre el número y rango de la deserción de efectivos del ejército en el periodo 2006-2010, así como las causas de las mismas.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaria de Relaciones Exteriores informe a esta Soberanía la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos en el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América, sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, realicen la traducción y difusión de programas sociales en las lenguas indígenas habladas en nuestro país.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SFP y de la ASF, verifiquen la correcta aplicación de los recursos federales ejercidos en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 para los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y a la ASF realice las auditorías necesarias e informe a esta Soberanía sobre los recursos ejercidos en los estados de Puebla y Campeche para la construcción de baños ecológicos dentro del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Indígenas, así como del ejercicio de los recursos en Yucatán del Fideicomiso del Fonhapo para la construcción de baños a través de la Delegación de la Sedesol en esa entidad federativa; asimismo, se solicita la comparecencia del Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ante la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, a fin de que explique las presuntas irregularidades y anomalías que se han denunciado sobre el ejercicio de recursos en programas de la dependencia a su cargo, a cargo del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo y suscrito por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General del IMSS, realice las gestiones y trámites administrativos necesarios para que se brinde la atención médica a los habitantes del Pueblo de San Bartolo Ameyalco, que sean afiliados del Instituto y que así lo soliciten en la Clínica No. 161, con el propósito de apoyarlos en su economía y eficiencia en el tiempo de traslado a dicha unidad médica, suscrito por la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SENER y a la CFE, a fin de que instruyan al personal de esa paraestatal para que cesen los actos de hostigamiento en contra de las comunidades del estado de Tabasco que se encuentran en resistencia civil a las altas tarifas de energía eléctrica, así como de ciudadanos que convinieron el pago de sus adeudos pero que su situación económica les ha impedido cumplir con la obligación adquirida, suscrito por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF, realice una revisión para que verifique que los mecanismos de cobertura de riesgos con que cuenta Petróleos Mexicanos son suficientes para hacer frente a las contingencias que se puedan presentar en los ductos, poliductos, plataformas, buques y medios de transporte que puedan afectar a sus trabajadores y a la población de las zonas cercanas a sus instalaciones. Así mismo, para que lleve a cabo una auditoría sobre la inversión física y el mantenimiento de las instalaciones referidas, suscrito por las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF, realice una revisión a la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de la SHCP, respecto del proceso de recepción, valuación, custodia y disposición de activos o partidas de bienes, desafectándolos de su destino y vocación del servicio público, asignados al organismo Luz y Fuerza del Centro, suscrito por las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular del INBA, para que a través de la Comisión de Cultura del Senado de la República, presente un informe detallado sobre las obras de remodelación del Palacio de Bellas Artes, así como de los señalamientos públicos sobre las afectaciones y deficiencias derivados de las obras realizadas en el inmueble, suscrito por la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFE, realice las gestiones correspondientes para instalar y aperturar una oficina de dicho Instituto en la parte alta de la zona poniente de la Delegación Álvaro Obregón, Pueblo de San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México, para que los ciudadanos de esa zona puedan realizar los trámites correspondientes y de actualización sobre su credencial de elector, suscrito por la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMAR, para que dé cumplimiento a las recomendaciones hechas por la CNDH con motivo de la muerte de dos civiles en los operativos llevados a cabo los días 11 y 16 de diciembre de 2010, suscrito por las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, para que brinde a esta Soberanía el Proyecto Ejecutivo, Estudios de Riesgo e Impacto Ambiental y Permisos de Uso de Suelo, con respecto a la obra que se construye en la Calle 7 esquina Malinalco, Colonia El Barco, y se suspenda temporalmente su construcción hasta no tener la certeza jurídica de la misma, suscrito por el diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, inicie el procedimiento para emitir una NOM que establezca los requisitos, las especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el uso sustentable del agua para vivienda y formar el grupo de trabajo correspondiente, suscrito por el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, fortalezca, amplíe, vigile y evalúe con mayor rigor los programas federales relacionados con la atención a la población de adultos mayores, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, declare la alerta por violencia de género en el Estado de México, suscrito por las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB a coadyuvar con las autoridades locales en la implementación de las acciones necesarias para garantizar la seguridad en la jornada electoral que se llevará a cabo en los estados de Guerrero y Baja California Sur, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa sus condolencias por el sensible fallecimiento del Obispo Samuel Ruiz García, suscrito por el senador Rubén Fernando Velázquez López, y la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realice una evaluación más objetiva y profunda sobre la situación de los migrantes en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación económica y social del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos al inicio del proceso electoral en el Estado de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios relativos a la aplicación de las medidas para prevenir la obesidad de los educandos en los planteles escolares de educación básica, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios relativos a la situación política del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre la delicada situación y graves riesgos a los que están expuestos los migrantes extranjeros en territorio nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y por tanto, pregunte usted si se dispensa la lectura del acta, ya que también se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles diecinueve de enero de dos mil once, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta  legisladores, a las doce horas con diez minutos del miércoles diecinueve de enero de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas se dispensa la lectura al orden del día y al Acta de la sesión anterior, la que se aprueba de la misma manera.

Se reciben oficios:

a) De la Comisión Federal de Electricidad, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al cumplimiento de la NOM-108-SEMARNAT-mil novecientos noventa y cuatro, en la subestación eléctrica denominada “Los Remedios”.  Se remite a la Comisión de Energía.

b) Cuatro, del Gobierno del Estado de México, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a:

La no discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de cuarenta años. Se remite a la Comisión de Trapajo y Previsión Social.

Al tema de muerte materna. Se remite a la Comisión de Salud.

A la incorporación de las adolescentes embarazadas a la vida laboral. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Al Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Se remite a la Comisión de Fronteras, Población y Asuntos Migratorios.

c) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que informa la designación de la ciudadana Aidé Macedo Barceinas, como Magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. De enterado.

d) De la Secretaría de Gobernación:

• Con el que remite el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Mar de Plata, Argentina. Se remite a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del veintiséis al veintinueve de enero del año en curso. Se remite a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:

• Paula Astorga Riestra, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

• Arturo Ramón Bosco Romero, pueda aceptar y usar la Medalla de la Armada Argentina al Mérito, que le otorga el Gobierno de la República Argentina.

• Ingrid Rangel Rivera, Mariana Butrón Solórzano y Carlos Pereyra Macías, puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América; de Dinamarca y de Japón, en México, respectivamente.

• Maribel Bojorges Beltrán, Rafael Alejandro Miranda Nava, Federico Alderete Mora, Gabriela Amador Vázquez, Ismael Beltrán Aldana, Alejandro Meléndez Hernández, Juan Carlos Martínez Cisneros y Miguel Francisco Robles Guerrero, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México; y en sus consulados en Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente; así mismo informa que la Ciudadana Arely María de Lourdes Viveros Aldana, ha dejado de prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Las solicitudes de permisos se turnan a la Primera Comisión de Trabajo, por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, se remite a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputadas y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Seis, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos:

– Al proyecto de rehabilitación y recuperación de playas en franja costera de Chuburna Puerto Yucaltepec, en el municipio de Progreso, Yucatán. Se remite al promovente.

– A diversas preguntas formuladas conforme a lo dispuesto por el artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.        Se remite a la Junta de Coordinación Política.

–A la estrategia Embarazo Saludable y Prevención Médica a favor del Embarazo. Se remite a la Comisión de Salud.

–A realizar las acciones conducentes para que todas las instituciones públicas y privadas apliquen las leyes y normas para las personas con discapacidad. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

–Relativa  la sustitución de la aeronave Loockheed Jet Star & ocho. Se remite a la Comisión de Defensa Nacional.

–A salvaguardar la protección integral de las niñas, niños y adolecentes en los campos agrícolas y la prohibición de la explotación laboral infantil. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Doce, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.

e) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de noviembre de dos mil diez, desagregada por tipo de fondo. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

En sendas votaciones económicas la Asamblea dispensa la Primera y Segunda lectura y se someten a discusión de inmediato los dictámenes con proyectos de decreto de la Primera Comisión, que concede el permiso constitucional necesario a los Ciudadanos:

• Luis Andrés Gutiérrez Garnica, Ricardo Reynoso Lagunas, Jorge Juan Tapia Padilla, José Martín Salinas Muñoz, Juan José Gómez Ruiz, Juan de Dios José Bolaños Vázquez, Alejandro Gómez Vargas, César Cuauhtémoc Menchaca Campos y Luis Vicente Domínguez Ramírez, puedan aceptar y usar diversas Condecoraciones y Medallas, que les otorgan los Gobiernos de los Estados Unidos de América, de la República Francesa, de la República de Cuba y de la República Bolivariana de Venezuela.

• Alder Rendón Fuentes, pueda aceptar y usar las Condecoraciones, que le otorgan los Gobiernos de la República de Chile; Bolivariana de Venezuela y de la República de Cuba, respectivamente.

• Miguel Ángel Aguirre Lara, José Guillermo Lira Hernández, Alan Ventura Marín, Francisco Heber Aguilera Nevárez, Carlos Muñoz Espejel, Ángel Diego Aquino Picazo, David Sánchez Romero, Miguel Ángel Sánchez Benito, Juan Joel Sánchez González, Fredy Rodríguez Carreño, Germán Portilla Figueroa, Isaías Aguirre Dublan, Jesús Hermógenes de León de León, Jorge de Jesús Pérez Barrios, José Luis García Martínez, Valentín Arriaga Palomeque y Fermín Cortez Limón, puedan aceptar y usar diversas condecoraciones y medallas que les otorgan el Gobierno de la República de Guatemala.

Se aprueban en lo general y en lo particular los proyectos de decreto, por treinta y cinco votos. Pasan al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

En votación económica se autoriza la lectura de los puntos resolutivos y se somete a discusión el dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo, relativos a la ratificación de nombramientos a favor de los ciudadanos Gerardo Rodríguez Regordosa, Carlos Montaño Fernández, Alejandro Díaz de León Carrillo y Gerardo Perdomo Sanciprian, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran a las puertas del Salón Legisladores de la República los ciudadanos cuyo nombramiento fue notificado por la Comisión Permanente y se designa una comisión para introducirlos al salón, para  rendir protesta de Ley y entrar en funciones.

En votación económica se autoriza la lectura de los puntos resolutivos de los dictámenes con puntos de acuerdo de:

a) La Primera Comisión:

– Relativo a la Libertad de Expresión, al Derecho a la Información y a la Transparencia. Interviene en pro del dictamen el senador René Arce, del Partido de la Revolución Democrática.

– Por el que se solicita al Ejecutivo Federal establezca y refuerce medidas para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores e instalaciones en las clínicas y hospitales públicos.

– Por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a que implemente y refuerce políticas públicas encaminadas a eliminar la participación de menores de edad en la delincuencia organizada.

– Por los que se exhorta a los Titulares de la Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a fin de resolver la problemática en el Predio El Divisadero de Tenacatita, Municipio de la Huerta, Jalisco.

– En relación con los procesos electorales de dos mil once.

– Por el que se convoca a comparecer al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que exponga el panorama real de la Seguridad Pública del País, y de manera especial la situación del crimen organizado en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y Guerrero.

b) La Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la Contaminación Ambiental y los estragos a las Salud de la Población en el Municipio de Apaxco, que genera la firma Ecoltec.

En votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo, comuníquense.

En votación económica la Asamblea autoriza la lectura de los puntos resolutivos de dictamen en sentido negativo, por los que se desecha proposición con punto remitida a Primera Comisión sobre un convenio para que los ex presidentes se integren como miembros académicos o investigadores de universidades públicas. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo y se archiva el expediente como asunto totalmente concluido.

Se reciben iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

•Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos noventa y siete y ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de  Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

• Alejandro Carabias Icaza y Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo diecinueve de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados.

• Alejandro Del Mazo Maza y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

• Juan José Guerra Abud, Rodrigo Pérez-Alonso González, Alberto Emiliano Cinta Martínez y Rafael Pacchiano Alamán, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados.

• Guillermo Cueva Sada, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

• Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo doscientos cincuenta y uno de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma el artículo veintidós de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma el artículo cuarto de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, de la Cámara de Diputados.

• Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, que reforma los artículos segundo, sexto y octavo de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de  Vivienda, de la Cámara de Diputados.

• Diputado Juan José Guerra Abud, a nombre propio y de los diputados Alberto Emiliano Cinta Martínez y Rafael Pacchiano Alamán, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Se turna a la Comisión de Energía, de la Cámara de Diputados.

• Diputada María de Lourdes Reynoso Femat, a nombre propio y de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo séptimo de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

• María de Lourdes Reynoso Femat y Rosa Adriana Díaz Lizama, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y siete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

• Nancy González Ulloa y Rosa Adriana Díaz Lizama, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

Presidencia de la diputadaMercedes del Carmen Guillén Vicente

Se concede el uso de la palabra para presentar las iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:

• Diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doscientos cincuenta y cuatro y trescientos sesenta y ocho Quáter del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

Se recibe de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento treinta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

• Senador Julio César Aguirre Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, de la Cámara de Senadores.

Se recibe del senador Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo setenta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Senadores.

• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y cinco de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Cámara de Senadores.

• Senador Sebastián Calderón Centeno, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento veintisiete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y ciento setenta y cinco del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Practicas Parlamentarias, de la Cámara de Senadores.

• Diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos trescientos nueve y trescientos diez de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Diputada Florentina Rosario Morales, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, reconozca la competencia del Comité de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, y la postulación de un experto. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sancione a los patrones que emplean niñas y niños en las labores del campo, en general y haga cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática, para que el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, responda ante la ley por sus múltiples actos violatorios a nuestro Estado de Derecho. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado José María Valencia Barajas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, establezcan un gran acuerdo que permita llevar a cabo el rescate social que nuestro país exige con urgencia, haciéndonos así eco de la propuesta hecha por el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Florentina Rosario Morales, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a las recomendaciones 72/2010 y 83/2010, emitidas en el mes de diciembre de dos mil diez por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, investiguen acerca de los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y extranjeros indocumentados en el país, de abril de dos mil diez a la fecha. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador René Arce, del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente reitera la naturaleza laica de la educación pública que imparte el Estado Mexicano, consagrada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la sujeción obligatoria de sus preceptos por parte de todas las autoridades de gobierno en todo ámbito y nivel. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Senadora Rosalinda López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, agilice las acciones de investigación para esclarecer los hechos ocurridos el pasado catorce de noviembre en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en que perdieran la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román, a efecto de que se proceda al deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones correspondientes, así como a la indemnización de las familias afectadas. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senadora Rosalinda López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Ejecutivo Federal envíe al Congreso de la Unión sus propuestas para ocupar la vacante de la Junta de Gobierno del Banco de México y de dos Vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección de Ahorro Bancario. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Julio César Aguirre Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se propone el establecimiento de una Mesa Bicameral de reforma del Sistema Nacional de Educación. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Senador Julio César Aguirre Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación, realicen las investigaciones necesarias que expliquen la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la evaluación del Atlas de Riesgo de Petróleos Mexicanos, así como la implementación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadores Julio César Aguirre Méndez y Rubén Fernando Velázquez López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las fuerzas políticas del estado de Guerrero, preserven un ambiente de respeto que garantice la libre manifestación de las ideas políticas a fin de garantizar el respeto y la integridad de los ciudadanos y el proceso electoral. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, para inhibir la actividad minera tóxica en el estado de Baja California Sur. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, implemente las medidas correspondientes para garantizar el efectivo cumplimiento de los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Senadores Leticia Jasso Valencia y Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos para que cumpla con el pago justo y oportuno de las indemnizaciones para las personas afectadas debido al incendio provocado por el derrame ocurrido en el ducto de la Paraestatal, localizado en San Martín Texmelucan, Puebla. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Ericel Gómez Nucamendi, de Convergencia, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, implemente un programa nacional de prevención y detención temprana de la insuficiencia renal crónica; asimismo, a que se incentive la formación de especialistas en nefrología. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al rezago del país en investigación científica y tecnológica. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, implemente las medidas correspondientes para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y servicios que realicen prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Comisión Federal de Competencia y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que instrumenten las medidas necesarias y suficientes para proteger el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputados Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, por el que se requiere información sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el veinticuatro de noviembre de dos mil diez. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, relativo a la necesidad de atender las peticiones de la comunidad Lacanjá Chansayab, de Ocosingo, Chiapas. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que tomen el control de la seguridad interna en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria nacional. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Jaime Sánchez Vélez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, coadyuve en las investigaciones de los asesinatos y ataques en contra de presidentes municipales y funcionarios públicos de los ayuntamientos; para que destine mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad, a los municipios y localidades que lo requieren urgentemente; y exhortar al Gobernador del estado de Morelos, solicite el apoyo de las fuerzas militares y federales para garantizar la seguridad en la entidad, así como intensificar las investigaciones del asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senadora María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Procuraduría General de la República, envíe un informe detallado al Congreso de la Unión en relación a los más de treinta y cuatro mil homicidios ocurridos en el país. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

• Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública  y de la Secretaría de Gobernación, se rinda un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad con respecto al dos mil diez. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

La Presidencia informa a la Asamblea que en el Orden del Día registra cinco proposiciones de mismo materia, por lo que concede la palabra a la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente exhorta al ejecutivo Federal a abstenerse de iniciar la implementación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana y cita a comparecer al Secretario de Gobernación para que informe al Congreso de la Unión sobre este tema. En votación económica se considera urgente resolución y de la misma forma se aprueba el punto de acuerdo, comuníquese.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los legisladores:

• Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para que se reúna con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y secretarios de finanzas de los gobiernos estatales, a fin de revisar la situación de la deuda pública de las entidades federativas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

• Diputada Florentina Rosario Morales, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la agresión perpetrada en contra de Guillermo Sánchez Nava, representante ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero de la Coalición Guerrero nos Une. En votación económica se considera urgente resolución. Intervienen en pro del punto de acuerdo los senadores: Fernando Jorge Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional y Julio César Aguirre Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. Se considera suficientemente discutido y en votación económica se aprueba el punto de acuerdo comuníquese.

• Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, a nombre propio y de diversos senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea un Grupo de Trabajo para dar seguimiento al proceso electoral en el estado de Guerrero. El senador Julio César Aguirre Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, realiza propuesta de adición. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo con la adición propuesta, comuníquese.

• Senador Sebastián Calderón Centeno, del Partido Acción Nacional, relativo a la renovación de la Flota de Petróleos Mexicanos. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral, y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, actúen en el ámbito de sus competencias a fin de fincar responsabilidades y dar pronta solución respecto a los actos de proselitismo político electoral en el estado de Baja California Sur por parte del Partido Político Nacional de Nueva Alianza. En votación económica se considera urgente resolución. Interviene en pro el senador René Arce, del Partido de la Revolución Democrática; suficientemente discutido; en votación económica se desecha el punto de acuerdo.

• Senador Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, para proponer se nombre una plaza pública o una calle en honor a Don Gilberto Bosques Saldívar. En votación económica se considera urgente resolución y de la misma forma se aprueba el punto de acuerdo, comuníquese.

• Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Gobierno del estado de Oaxaca, informe a esta Comisión Permanente sobre las acciones que está ejecutando para investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad, y reciba en audiencia a diputados integrantes del “Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento a los Conflictos Suscitados en la Región Triqui de Oaxaca y Sobre el Incremento de la Violencia en el Estado de Guerrero”. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senadora Minerva Hernández Ramos, a nombre propio y de la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Colima, promueva y fortalezca las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabaje en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

Se recibe del senador Andrés Galván Rivas, del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno del estado de Durango, para que informen sobre las medidas que se han implementado para ayudar a los indígenas Tepehuanos del poblado de Tierras Coloradas del Municipio Del Mezquital, Durango, tras el ataque perpetrado por un grupo de delincuentes, así como el curso de las investigaciones para esclarecer el caso. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

•  Diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, congele los precios de las gasolinas y diesel en lo que resta del año dos mil once, para atenuar la crisis que provoca el excesivo costo del transporte en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, industrial, comercial y del público en general. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Titular de la Comisión Nacional del Agua, informe a esta Soberanía respecto de las acciones y obras programadas para el dos mil once en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que se presenten en el país. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

Se recibe de la senadora María del Socorro García Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, proposiciones con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que informe sobre el número de mexicanos afectados por el consumo de drogas, alcohol y tabaco, así como el número de muertos por el consumo de drogas en nuestro país del dos mil cinco a la fecha; y las medidas de prevención y atención que se han aplicado para disminuir esta tendencia. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente clausura la sesión a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y cita para la que tendrá lugar el miércoles veintiséis de enero de dos mil once, a las horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Póngalo usted a discusión, nadie se registró para objetar el acta. Pregunte usted si se aprueba.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores a favor de la misma sírvanse manifestarlo. Los legisladores y La legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedó aprobada el acta.

Pasamos al capítulo de comunicaciones. Adelante, señora secretaria.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputado federal, a partir del 1 de febrero del año en curso.

Lo anterior, a efecto de que se realicen todos los trámites conducentes, en virtud de que el que suscribe es también Presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

Al mismo tiempo, aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo, la colaboración y las atenciones recibidas por parte de todas las diputadas y diputados de la LXI Legislatura.

Sin otro particular, le reitero mi consideración y respeto

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2011.— Diputado Ardelio Vargas Fosado (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, secretaria. Ponga a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Ardelio Vargas Fosado, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el I distrito electoral del estado de Puebla, a partir del 1 de febrero del año en curso.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, Pablo Rodríguez Regordosa, diputado federal por el Partido Acción Nacional, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con toda atención me dirijo por su conducto a esa honorable Cámara para solicitar que me sea concedida licencia por tiempo indefinido a partir del día 1 de febrero del año 2011.

Asimismo, una vez que sea aprobada por esta soberanía la citada solicitud de licencia, le pido respetuosamente que sea llamada la ciudadana María del Carmen Guzmán Lozano, quien se ha desempeñado como mi suplente, para ocupar el cargo durante mi ausencia.

Agradezco la atención que se brinde a la presente y quedo de usted.

Atentamente

México, DF, a 25 de enero de 2011.— Diputado Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, ponga a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Pablo Rodríguez Regordosa para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la cuarta circunscripción plurinominal a partir del 1 de febrero del año en curso.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.En ambos casos, el de don Ardelio Vargas Fosado y el diputado Pablo Rodríguez Regordosa, estoy seguro que expresando la opinión de la mayoría de mis compañeros, les deseamos a los dos el mayor de los éxitos en sus nuevas encomiendas. Adelante.

SENADOR QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Luis Maldonado Venegas, por mi propio derecho, con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo noveno del acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, informo a usted mi separación como senador de la república, con efectos a partir del 31 de enero de la presente anualidad.

Lo anterior, en virtud, de que he sido invitado a desempeñar una nueva responsabilidad en la administración pública estatal a partir del 10 de febrero del año en curso.

No omito dejar testimonio de gratitud y reconocimiento a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y en general a mis compañeros Legisladores, que siempre me brindaron su apoyo para el respaldo de mis tareas parlamentarias.

México, DF, a 26 de enero de 2011.— Senador Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ponga a discusión la solicitud de licencia que hace el senador Maldonado Venegas.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Punto de acuerdo.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al senador Luis Maldonado Venegas para separarse de sus funciones como senador de la República a partir del 31 de enero del año en curso.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado y así se comunicará a la Cámara de Senadores. Le deseamos a nuestro amigo el senador Maldonado Venegas tenga éxito en los nuevos caminos que ha escogido para su actividad política. Adelante.

SENADOR QUE SE REINCORPORA

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia a la comunicación enviada por el senador Luis Maldonado Venegas de fecha 26 de enero del presente año, mediante la cual comunica a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión su deseo de separarse del cargo de Senador de la República con efectos a partir del día treinta y uno de enero próximo, en virtud de que ha sido invitado a desempeñar una nueva responsabilidad en la administración pública estatal.

Por tal motivo, y de conformidad al artículo 14, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, y en mi carácter de senador propietario, comunico a usted mi reincorporación al ejercicio de mis actividades legislativas, a partir del primero de febrero de la presente anualidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 26 de enero de 2011.— Senador Luis Walton Aburto (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado.Así se comunica a la Cámara de Senadores.

SAMUEL RUIZ GARCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señores legisladores integrantes de la Comisión Permanente, en días pasados hemos sido enterados del sensible fallecimiento del obispo don Samuel Ruiz. Para hacer uso de la palabra y expresar la opinión de esta Comisión Permanente tiene la voz el senador Rubén Fernando Velázquez López.

El senador Rubén Fernando Velázquez López: Muy buenos días a todos. Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos lamentan profundamente el fallecimiento del gran humanista, defensor de los derechos humanos y servidor del pueblo chiapaneco, obispo Samuel Ruiz García, acaecido por enfermedad el pasado 24 de enero de 2011. Expresamos a su familia y amigos las más sentidas condolencias por este lamentable suceso.

Se reconoce su disciplina, entrega y compromiso en su trabajo siempre en beneficio de la población indígena, gente de escasos recursos o en situación de desamparo.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente expresa estas condolencias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor senador. Se suplica a todos los integrantes de esta Comisión Permanente ponernos de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe del doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se designa en comisión para recibir al doctor Plascencia, a los señores legisladores: diputado Héctor Guevara Ramírez; diputada Rosa Adriana Díaz Lizama; senadora Minerva Hernández Ramos; senador Rubén Fernando Velázquez López; diputada María Araceli Vázquez Camacho; senador Javier Orozco Gómez; diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

RECESO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 12:18 horas) : Se decreta un receso de 3 minutos para que la comisión cumpla con su cometido .

(Receso)

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 12:19 horas): Se reanuda la sesión.

Se encuentra entre nosotros el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el fin de presentar el informe de actividades correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Tiene la palabra el doctor Raúl Plascencia Villanueva hasta por 30 minutos.

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva:Señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

Diputada Mercedes del Carmen Guillén; diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez; diputada Paula Hernández Olmos; senador Luis Alberto Villarreal García; diputada Esthela Damián Peralta; miembros de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente.

Señoras y señores senadores, diputadas y diputados miembros de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Señoras y señores miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Damas y caballeros.

Acudo a la más alta tribuna del país para dar cumplimiento a la obligación de presentar el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a mi cargo, correspondiente al ejercicio 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Durante 2010 la sociedad mexicana experimentó momentos difíciles de la vida nacional contemporánea, caracterizada por un enfrentamiento entre autoridades encargadas de la seguridad pública y miembros de la delincuencia organizada, esto dio como resultado un incremento considerable de muertes violentas, el número más alto en los últimos años. Esta situación provocó una injusta afectación en la esfera de los derechos y las libertades de personas ajenas a la delincuencia.

El año pasado 111 personas inocentes, no vinculadas con delito alguno, perdieron la vida en operativos de seguridad pública. En la inmensa mayoría de los casos los familiares de las víctimas aguardan que se haga justicia, en todos y cada uno de estos lamentables sucesos.

Las estrategias en materia de seguridad pública requieren de una constante evaluación para determinar su funcionalidad y conveniencia, el recuento de los logros y desatinos permitirá rescatar lo positivo, pero también enmendar las fallas.

Un aspecto necesario en esta evaluación debe ser el respeto a los derechos humanos. La inseguridad pública no es una excusa válida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos de la sociedad en general.

Otro de los problemas más complejos de superar durante el 2010 fue la resistencia manifiesta de algunos servidores públicos para reconocer las responsabilidades que se les atribuyen en función de hechos concretos y verificados.

Es lamentable el discurso de algunos servidores públicos que condenan la causa de los derechos humanos como si el quebrantamiento del Estado de derecho garantizara un mejor futuro para el país.

Ante estas nuevas circunstancias, varias de nuestras autoridades gubernamentales aún encuentran dificultades para una inmediata aceptación de las recomendaciones. Instituciones de gobierno acostumbradas a recibir sólo reconocimientos no aceptan fácilmente observaciones ni se muestran inclinadas a reconocer eventuales fallas, excesos o abusos en el ejercicio de algunos servidores públicos, sin embargo, aún con estos retos hemos podido lograr algunos avances.

A continuación me permito hacer de su conocimiento un recuento de las principales acciones realizadas durante el primer año de mi gestión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió durante 2010, 16 mil 66 quejas, de las cuales 6 mil 916 fueron calificadas como presuntas violaciones a los derechos humanos; 4 mil 604 orientaciones directas; 4 mil 193 remisiones a otras instancias y 353 inconformidades.

Las autoridades más frecuentemente señaladas fueron: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina.

De igual forma, se emitieron 86 recomendaciones dirigidas a 115 autoridades. Entre las autoridades que no aceptaron las recomendaciones emitidas por este organismo nacional se encuentran: la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Petróleos Mexicanos, los gobernadores del estado de Chihuahua y de San Luis Potosí, los Congresos locales de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Asimismo, los ayuntamientos de Acatlán, Puebla; Metlatónoc y Chilpancingo de los Bravos, Guerrero; Guadalajara, Jalisco; San Juan Yatzona y Santa María Yalina, Oaxaca; San Juan Evangelista y Agua Dulce, Veracruz.

Hago un llamado a las autoridades y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que no aceptaron las recomendaciones emitidas, para que asuman el mandato encomendado por la sociedad como un servicio en beneficio del Estado de derecho.

El no aceptar las recomendaciones equivale a asumir una actitud de desprecio por la cultura de la legalidad y la falta de interés por fortalecer los derechos humanos como valores esenciales para la democracia moderna.

En 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofreció 314 mil 936 servicios al público, entre los cuales se encuentran atención personal, documental, telefónica y electrónica.

Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos se organizaron 11 mil 178 actividades de promoción, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos, con esto se beneficiaron 145 mil 298 personas.

Este fuerte impulso a la capacitación en materia de derechos humanos en gran medida fue posible debido a la firma de 439 convenios de colaboración celebrados a lo largo del año con diversos actores sociales e institucionales vinculados al tema.

Con esto se pretenden fortalecer los lazos de comunicación con dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal, pero también con los Poderes de la Unión, con las procuradurías de justicia del ámbito federal y estatal y con las procuradurías defensoras de los derechos humanos en las entidades federativas; pero también con los organismos de la sociedad civil.

Con esto queremos estar más cerca de la sociedad, pero también aportando opciones viables para solucionar problemas vinculados con el tema de los derechos humanos.

También se publicaron cerca de 14 millones de ejemplares en materia de derechos humanos para incrementar el conocimiento de éstos en la sociedad mexicana. Esto fue un poco más del doble de lo que se había publicado en el año previo.

Durante 2010 se dio una promoción renovada a las actividades de divulgación a través de medios electrónicos. Como resultado de ello, la página oficial de la institución recibió un millón 647 mil 657 visitas de más de 50 países.

Por otra parte, los centros de readaptación social en la actualidad enfrentan problemas relacionados al estado en que se encuentran sus instalaciones que presentan sobrepoblación y hacinamiento. Por ello se realizaron 309 visitas iniciales de verificación y 115 visitas de seguimiento a diversos centros de todo el país.

Además, como responsable del mecanismo nacional de prevención de la tortura, este organismo nacional examinó el trato que reciben las personas por parte de las autoridades penitenciarias y en los centros de detención.

Con la finalidad de señalar éstas y otras anomalías al interior de estos centros, en 2010 emitimos, con la aprobación del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la recomendación general número 18 sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros de retención de la República Mexicana.

A través de este documento se plasmaron observaciones dirigidas a las actividades competentes, con el objetivo de adoptar políticas públicas para mejorar la deplorable situación en la que se encuentra la mayoría de los internos y también las condiciones materiales de los 431 centros que integran el sistema penitenciario nacional.

En cuanto al tema de la discriminación, actualmente existe un problema de exclusión en agravio de un sector de la sociedad con preferencias sexuales diferentes, el cual de no atenderse oportuna y eficazmente pondría en riesgo el sistema de libertades de dicho grupo social.

Para concientizar a la sociedad y a las instituciones públicas sobre esta problemática en 2010, este organismo nacional emitió el informe especial sobre violaciones a los derechos humanos y los delitos cometidos por homofobia.

Señoras legisladoras y señores legisladores, un ámbito de atención prioritaria para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el de las víctimas del delito, especialmente el de las víctimas del delito de secuestro. Éste y otros delitos afectan la esfera física, moral, psicológica y social de las víctimas.

La falta de atención y la indolencia provocadas por la falta de capacitación origina, en la mayoría de los casos, nuevas situaciones de victimización generando temor y desconfianza en las víctimas.

Durante el año que se informa se proporcionaron 2 mil 497 servicios de atención a víctimas del delito. Se organizaron 27 eventos de promoción y difusión de los derechos de las víctimas a través de los cuales se beneficiaron 6 mil 67 personas. Se distribuyeron 9 mil 614 ejemplares de material informativo relacionado con los derechos de estas personas.

En el último año se advirtió un aumento en el número de agravios por presuntas violaciones al derecho de protección de la salud hasta llegar a ocupar el segundo lugar en cuanto al número de quejas recibidas en este organismo nacional.

En este mismo periodo se emitieron 12 recomendaciones a diversas autoridades públicas del sector salud. De ahí la importancia de tomar medidas que permitan un mayor ejercicio de derechos en esta materia.

Por otra parte, la migración continúa siendo uno de los temas de mayor preocupación para el Estado mexicano. A lo largo del año que se informa se registraron diversos casos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Éstos incluyen homicidios y secuestros masivos como los sucedidos en los estados de Tamaulipas y Oaxaca.

Durante el 2010 se realizaron 2 mil 705 visitas a estaciones migratorias y lugares de alta concentración de migrantes. En éstos se atendieron 68 mil personas y se realizaron cerca de 7 mil gestiones ante las autoridades competentes. Se realizaron actividades de capacitación en materia de derechos humanos de los migrantes, con lo que se beneficiaron cerca de 4 mil personas.

Asimismo, se desarrollaron estrategias y acciones encaminadas a generar vínculos con instituciones públicas y privadas y con organismos de la sociedad civil para defender de manera integral los derechos humanos de los migrantes.

La trata de personas es una agresión directa a la dignidad y a la libertad del ser humano, se ha convertido en una práctica delictiva que no respeta fronteras, ni edades, y que busca aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. A pesar de que en el 2007 fue publicada la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en la actualidad solamente se han hecho adecuaciones en nueve entidades federativas del país, que son las únicas que cuentan con una ley especializada en la materia.

En este contexto estamos trabajando para impulsar la capacitación y dotar a los funcionarios de herramientas suficientes para proteger, atender y brindar asistencia a las víctimas de este deplorable delito, así como capacitar a impartidores de justicia, miembros de organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas, empresas y trabajadores del sector privado en cuestiones principales de esta materia.

En suma, a lo largo de 2010 organizamos 94 actividades de capacitación en esta materia, con lo que se beneficiaron 10 mil personas y se distribuyeron 40 mil materiales informativos vinculados a la prevención de la trata de personas.

Por otra parte, en cuanto a la situación de los periodistas y defensores de derechos humanos, durante 2010 se recibieron e investigaron 80 expedientes de quejas por presuntas violaciones a sus derechos humanos y se emitieron 9 medidas cautelares.

Las agresiones al medio periodístico no sólo representan un ataque directo a la vigencia del Estado de derecho y a la libertad de expresión, sino que también representa un ataque a éstas la ineficacia de las autoridades competentes cuando propician la impunidad. Afectar la libertad de expresión es una de las formas de destruir la democracia y la convivencia civilizada que demanda nuestra nación.

Es necesario reconocer la posición de los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando las agresiones, por lo que resulta imperativo proteger la actividad esencial que llevan a cabo en beneficio de la vida pública del país, en particular en los casos en que los profesionales de la información cubren situaciones de alto riesgo.

En 2010 recibimos e investigamos 50 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de defensores civiles de derechos humanos, el número más alto en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se emitieron recomendaciones y también medidas cautelares con la finalidad de salvaguardar sus derechos.

En relación con los defensores civiles de derechos humanos no existe justificación alguna para que se limite su trabajo. La condición de los defensores de derechos humanos no debe ser un peligro para quien decide comprometerse con esta causa; al contrario, deben contar con las garantías en el ejercicio de sus tareas, especialmente, cuando tienen que ver con el tema de la seguridad pública.

Por otro parte, es de particular relevancia la atención a los temas vinculados con las niñas, los niños y los adolescentes, especialmente la prevención y el tratamiento del abuso y la violencia en las escuelas. El acoso escolar conocido como bullying es una práctica presente lo mismo en escuelas públicas que en instituciones privadas, que atenta contra el derecho a la educación y a la integridad física y psicológica de los menores de edad.

La población escolar y la sociedad con frecuencia desconocen las dimensiones de los daños que causa esta práctica, la cual consiste en cualquier forma de maltrato, psicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada y que puede llegar a excluir socialmente a los afectados.

En esta materia buscamos atender los derechos de la niñez y se organizaron a lo largo del año 49 eventos de capacitación y difusión con los cuales se beneficiaron 7 mil 297 personas y se distribuyeron 46 mil 253 ejemplares vinculados con los derechos de la infancia.

A las dificultades que enfrentan las mujeres como resultado de su condición y que las afectan en su esfera laboral y social hay que añadir la violencia que padecen en todas sus manifestaciones, lo cual es una expresión de abuso que nos degrada a todos como sociedad.

La efectiva promoción de la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los pendientes de las  políticas públicas en este país. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos organizó actividades de capacitación con las cuales se beneficiaron 7 mil 804 personas.

Asimismo, atendimos 255 quejas vinculadas con este tema. También se efectuaron acciones de difusión a las que asistieron 5 mil 330 personas y se distribuyeron 4 mil 635 materiales para promover los derechos de las mujeres.

En muchas ocasiones los adultos mayores son víctimas de discriminación en el ámbito económico y social. Actualmente, la mayoría de este grupo social enfrenta un panorama desalentador en la esfera del ejercicio de sus derechos y libertades.

Esta circunstancia obliga al Estado mexicano a responder con la adopción de efectivas normas que atiendan sus necesidades básicas de empleo, pero también de seguridad social a los cuales tienen derecho.

En la institución estamos promoviendo todo un conjunto de actividades institucionales orientadas a fortalecer el respeto y la protección de los derechos de los adultos mayores. Para alcanzar este objetivo, en el año 2010 celebramos diversos convenios de colaboración con instituciones públicas, así como con organismos de la sociedad civil, esto con la finalidad de establecer estrategias en materia de capacitación e información en derechos de este grupo social para buscar que se hagan efectivos muchos de los derechos que permanecen sólo en términos declarativos.

Dentro de la vasta diversidad cultural y riqueza social con la que cuenta México, es necesario reconocer el papel que representan los pueblos y las comunidades indígenas, quienes a pesar de su importancia en el devenir histórico nacional enfrentan discriminación, marginación, pobreza y menosprecio de sus derechos.

La efectiva defensa de los derechos de las personas que pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas debe ser un asunto de primer orden en la agenda nacional. El mejoramiento de sus condiciones de vida, trabajo, salud y educación debe ser uno de los principales ejes rectores de las políticas públicas y las acciones gubernamentales. En este ambiente destaca la urgente necesidad de atender la situación de la niñez y la mujer indígena.

Durante el año que se informa se visitaron 51 comunidades indígenas con la finalidad de promover los derechos de ellos y se presentaron ante las autoridades competentes mil 191 propuestas de beneficio de libertad anticipada para integrantes de pueblos y comunidades indígenas que estaban recluidos. De esto logramos la liberación de 525 indígenas.

Estoy convencido de que la transparencia en el uso de recursos públicos representa una exigencia legítima de la sociedad mexicana. Por tal motivo, desde el inicio de mi gestión se han tomado las medidas necesarias para administrar de la manera más racional, austera y eficiente el gasto público asignado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Estamos buscando evaluar permanentemente cada una de las unidades responsables de la institución, cada una de las áreas de atención y sobre todo, el desempeño de los servidores públicos para aumentar la eficiencia institucional para optimizar el gasto y para cumplir con la rendición de cuentas, pero sobre todo para que este Congreso de la Unión y la sociedad mexicana estén convencidos y ciertos de que estamos buscando hacer el mayor esfuerzo y lograr los mayores resultados con el presupuesto asignado.

Otro de los pilares fundamentales de esta administración es el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, el respeto a la ley y el cumplimiento de nuestras obligaciones, son valores que estamos comprometidos a fomentar en la conciencia de servidores públicos y de la sociedad civil, especialmente entre la infancia y los jóvenes.

En este sentido, durante el año 2010 se dio a conocer la cartilla de los derechos y deberes de las personas. Esto con la finalidad de difundir entre la sociedad mexicana el compromiso de exigir nuestros derechos, pero también de asumir nuestros compromisos y cumplir con los deberes que tenemos para con nuestras familias, con la sociedad, con las instituciones públicas, con nuestro país y con nosotros mismos.

Señoras legisladoras y señores legisladores, la tarea legislativa realizada por el Congreso de la Unión durante 2010 fue fundamental para alcanzar estos objetivos, ejemplo de ello fue la aprobación de leyes y reformas de gran trascendencia para el sistema jurídico mexicano, como es el caso del proyecto que está a punto de culminarse, consistente en la reforma en materia de derechos humanos. Ésta representa una muestra del compromiso y vocación democrática de los legisladores con los derechos humanos y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Esta reforma amplía el espectro de los derechos humanos y otorga a los organismos públicos encargados de su defensa instrumentos idóneos para la protección y promoción de estos derechos, amplía su competencia y fortalece su de-sempeño.

Quiero hacer un particular reconocimiento a los diputados y senadores de este Honorable Congreso de la Unión por el impulso a estos cambios, los más trascendentes realizados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en una materia fundamental para el futuro del país.

Estén ciertos de que buscaremos asumir las nuevas responsabilidades con el mayor compromiso en beneficio de la sociedad mexicana.

El trabajo que estamos realizando buscamos hacerlo del conocimiento público, pero alejado de cualquier pretensión de polarizar los problemas nacionales. Con la labor desa-rrollada a lo largo del año que se informa, deseo refrendar el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de todos mis colaboradores ante la sociedad y ante este Honorable Congreso de la Unión, de continuar trabajando en la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos hasta que se les haga justicia y se les hagan efectivos sus derechos, convencido de que los derechos humanos son un compromiso de todos. Muchas gracias.

«Escudo.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Distinguido diputado Ramírez Marín:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades, me es grato remitir a usted un ejemplar, del informe del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Sin otro particular por el momento, reciba mi más atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 25 de enero de 2011.— El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor Raúl Plascencia Villanueva (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Hemos escuchado el informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en términos claros y precisos y será ahora la Comisión de la Cámara de Diputados y la Comisión de la Cámara de Senadores, de Derechos Humanos, ambas comisiones, quienes hagan la evaluación correspondiente.

Agradecemos en lo que vale la presencia del señor comisionado nacional de los Derechos Humanos y le pedimos a la comisión respectiva cumpla su cometido y lo acompañe a retirarse de este salón. Muchas gracias.

(La comisión cumple su cometido)

Continúe la Secretaría con el desarrollo del orden del día.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me refiero a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, en el sentido de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión sobre el costo que representan para el erario federal por concepto de menor recaudación los diversos estímulos fiscales a que se refiere este artículo, así como los sectores objeto de este beneficio.

Sobre el particular, me permito informarle que durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ejerció la facultad establecida en el artículo 17 de la citada ley, es decir, no se otorgaron estímulos fiscales ni subsidios relacionados con la primera y segunda fracción del artículo mencionado.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 19 de enero de 2011.— Ernesto Revilla Soriano (rúbrica), jefe de la Unidad.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores para su conocimiento, y a la Comisión de Gastos Fiscales de la Cámara de Diputados.

LEY DE RADIO Y TELEVISION - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo.—Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El suscrito, diputado Jaime Russek Fernández, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, 18 de enero de 2011, la Quincuagésima Octava Legislatura de este Congreso, trató lo relativo a un dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, conforme al cual se aprobó, por unanimidad, un acuerdo por el que se determinó presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, una iniciativa para modificar la fracción II del artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión y el numeral 2 del artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Atendiendo a los términos del citado acuerdo, en ejercicio de la facultad que a las legislaturas de los estados confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en el artículo 67, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante el Congreso de la Unión la iniciativa formulada conforme y para los efectos antes señalados, misma que se acompaña a este oficio.

Sin otro particular y al solicitar atentamente a usted, que tenga a bien disponer que a la mencionada iniciativa se le dé el trámite legal correspondiente, le protestamos las seguridades de nuestra consideración y respeto.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 18 de enero de 2011.— Diputado Jaime Russek Fernández (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Coahuila de Zaragoza.»

«Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

La Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio del derecho y la facultad que se establecen en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 67, fracción II, de la Constitución Política de Coahuila de Zaragoza, presentamos ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de decreto en la que se propone modificar la fracción II del artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión y el numeral 2 del artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa, se plantea en forma complementaria a una iniciativa que simultánea y separadamente ha presentado esta Legislatura ante la propia Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para proponer la modificación del segundo párrafo del Apartado C, de la fracción III, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la motivación siguiente:

El federalismo en nuestro país ¿es una práctica retórica o es realmente una sistema gestado desde el interior de la organización estructural y normativa del Estado Mexicano?

La primera impresión que causa esta pregunta es de contrariedad, puesto que nuestra Carta Magna plasma una República Federal; sin embargo, en los últimos años, esta pregunta se hace con tanta frecuencia que nos obliga a reflexionar seriamente en un marco teórico de referencia sobre su existencia real, sobre todo a la luz de ciertos hechos que constituyen una realidad que debe sujetarse a la observación crítica.

En primer lugar hay que plantear que el federalismo no es solamente una división de competencia, como se puede estructurar una empresa; por el contrario, representa una forma de vida, vinculado irremediablemente a la conciencia de los habitantes y el gobierno de cada entidad federativa, que exigen dos aspectos prioritarios. Por un lado, un fortalecimiento al régimen interior que permita conseguir, conforme las particularidades de cada estado, esa justicia que asegure el desarrollo de sus pueblos; y por otro, un gobierno federal, fuerte hacia el exterior y cooperativo hacia el interior.

Desafortunadamente en los últimos años, esta idea de federalismo democrático ha sido sustituida por una suerte de política centralista, alejada de los principios legitimadores y democráticos liberales, dejando de lado el régimen interior de los estados en aras de una respuesta “nacional” a los problemas del país; en otras palabras, se trata de construir a México desde la federación, en lugar de construirlo desde sus cimientos mismos que son las entidades federativas.

El federalismo nació con Miguel Ramos Arizpe y se consolida en una Revolución Mexicana que surge, no en el centro, sino que viene del norte, con un Congreso de Coahuila que desconoce al gobierno central usurpador y encabeza la rebelión. Estas son raíces históricas que no hemos dejado de lado. Apenas hace unos años, en ocasión de la reforma electoral del 2007, votamos en contra de una reforma en materia electoral, que desde nuestro punto de vista, implicaba un severo retroceso a ese federalismo y que, estábamos seguros, generaría inconformidades y trastocaría los procesos electorales locales.

Con el paso del tiempo, esta reforma ha tenido un balance desfavorable, y si bien, este Congreso del estado, que se rige por el principio de legalidad, la ha cumplido a cabalidad, también es verdad que eso nos lleva a plantear ante el Constituyente Permanente, nuestra postura, que el día de hoy, se centra en la norma establecida en el artículo 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución federal, que en la parte que nos interesa a la letra dice:

“Articulo 41 ....

Apartado C. ...

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.”

De su lectura se desprende que la federación está impedida a difundir propaganda gubernamental tratándose de las campañas electorales que lleven a cabo las entidades federativas, lo cual resulta altamente conveniente. Hay que entender que los conflictos derivados de la propaganda gubernamental son inherentes a los procesos electorales y las propias sociedades democráticas y que por ende, debe tener el legislador, la capacidad para diseñar modelos institucionales que los prevengan, los solucione, o en su caso los sancione, de acuerdo a las circunstancias imperantes en cada tiempo y lugar.

Estos modelos institucionales plasmados en la Carta Magna, que en el caso que nos ocupa establecen limitaciones a las actividades propias de las entidades públicas, permiten un mejor desarrollo democrático; empero y esa es la parte más importante del fundamento de la presente iniciativa, la Constitución General de la República, lejos de ser un catálogo cerrado de funciones, constituye la base de un modelo generador de normas, mismo que hacia el régimen interior de los estados, puede ser ampliado y consolidado, claro en aras de hacer efectiva la norma en toda su extensión, sin que ello implique eliminar la garantía o hacer nugatorio su cumplimiento.

Lo anterior acontece de esta forma, al considerar el legislador coahuilense, que lo establecido en el artículo 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución federal, contenía la base mínima a partir de la cual las entidades federativas acatando lo dispuesto en dicho precepto, podían realizar un concepto ampliado y consolidado, lo cual se ve plasmado en el artículo 4, numeral 2 del Código Electoral del estado de Coahuila de Zaragoza, que al tenor literal en su parte respectiva señala lo siguiente:

“Articulo 4. ...

2. Durante el tiempo que comprendan las precampañas y campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, de cualquier ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.”

En ese orden de ideas, podemos advertir claramente como el legislador local consideró acertadamente que la suspensión de la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, debiera ser no solamente en las campañas, sino también en las precampañas, ya que las mismas forman igualmente parte del proceso electoral local, yen consecuencia, al difundirse propaganda gubernamental federal durante el desarrollo de las precampañas locales, puede influir en el resultado de la contienda electoral, en la que, en este caso, el Gobierno Federal emanado del Partido Acción Nacional, pueda obtener eventualmente ventaja respecto de los demás partidos políticos.

En ese sentido, se ha presentado recientemente un hecho, que por su propia naturaleza constituye una transgresión a este concepto de federalismo y de soberanía de las entidades federativas en lo que respecta a su régimen interior, en especial tratándose de la forma en que son electas sus autoridades de gobierno.

Con fecha 5 de enero de 2011, se recibió en este Congreso del estado, un oficio suscrito por la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, donde se informaba que el miércoles 22 de diciembre de 2010 se había recibido a su vez, el oficio número DGI 10834 110-01 signado por el director general de Radio, Televisión y Cinematografía, de fecha 13 de diciembre de 2010, donde el funcionario federal señala haber recibido el acuerdo número 8312010, aprobado por el Consejo General de ese Instituto en cuyo punto segundo se comunicaba “a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal se abstengan de difundir en cualquier medio, propaganda gubernamental durante los periodos de precampaña y campaña electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial”, lo anterior con fundamento en los dispuesto por el artículo 4, numeral 2, del Código Electoral del estado de Coahuila.

En ese tenor, el funcionario en mención, precisa que dicho acuerdo, no era procedente, puesto que solamente se atendrían a lo dispuesto en la normatividad federal en la materia y de acuerdo a las instrucciones que el Instituto Federal Electoral mandata a través de las pautas correspondientes.

Como podemos apreciar las características del funcionario federal que responde en nombre del presidente de la República y del secretario de Gobernación, pueden resumirse en la idea de que los órdenes de gobierno no lo son, sino que representan niveles, lo cual en la teoría constitucional federal, es totalmente incorrecto.

El Poder Ejecutivo federal no tiene contemplado un poder absoluto con un amplio catálogo de mandatos generales, sino por el contrario, se impone como deber y obligación, el respeto a las entidades federativas, obligación derivada de la propia Constitución que precisa la soberanía estatal en su régimen interior, tal y como lo contempla el artículo 41, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su parte relativa establece:

“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.”

Hechas las consideraciones anteriores, podemos advertir la falta de capacidad del gobierno federal de entender el artículo 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución federal, como una base mínima, dejando a las entidades federativas la posibilidad de ampliar y consolidar lo dispuesto en dicho precepto.”

Con base en las anteriores consideraciones, se estima pertinente realizar la adecuación del artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, y el numeral 2 del artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en congruencia con la diversa propuesta de iniciativa de reforma al segundo párrafo del Apartado C, de la fracción III, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, planteada anteriormente por esta legislatura, en la cual se propone que las entidades federativas podrán establecer las modalidades adicionales en todo lo relacionado a la propaganda gubernamental difundida durante los procesos electorales locales.

Por lo anterior, la LVIII Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, plantea la siguiente iniciativa para la reforma del artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, y el numeral 2 del artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme al siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se modifica la fracción II del artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 79-A. ...

I. ...

II. Suspender, durante el tiempo que comprendan las precampañas y campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, toda propaganda gubernamental, conforme a lo dispuesto por el párrafo 2, artículo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

III. a VII. ...

Artículo Segundo. Se modifica el numeral 2 del artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

1. ...

2. Durante el tiempo que comprendan las precampañas y campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

3. a 4. ...

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a los 18 días del mes de enero del año 2011.— La Mesa Directiva del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza:diputado Jaime Russek Fernández (rúbrica), presidente;diputado Ignacio Segura Teniente (rúbrica), vicepresidente; diputado Rodrigo Rivas Urbina (rúbrica), vicepresidente;diputada Cristina Amezcua González (rúbrica), secretaria;diputada Cecilia Yanet Babún Moreno (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación de la Cámara de Diputados.

ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo.—Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

El suscrito, diputado Jaime Russek Fernández, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se permite hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada hoy, 18 de enero de 2011, la Quincuagésima Octava Legislatura de este Congreso trató lo relativo a un dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, conforme al cual se aprobó por mayoría de votos un acuerdo por el que se determinó presentar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el segundo párrafo del Apartado C de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atendiendo a los términos del citado acuerdo, en ejercicio de la facultad que a las legislaturas de los estados confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en el artículo 67, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante el Congreso de la Unión la iniciativa formulada conforme y para los efectos señalados, la que se acompaña a este oficio.

Sin otro particular y al solicitar atentamente a usted que tenga a bien disponer que a la mencionada iniciativa se dé el trámite legal correspondiente, le protestamos las seguridades de nuestra consideración y respeto.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 18 de enero de 2011.— Diputado Jaime Russek Fernández (rúbrica), presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Coahuila de Zaragoza.»

«Escudo.— Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

La Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio del derecho y la facultad que se establecen en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 67, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, presenta ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa de decreto en la que se propone modificar el segundo párrafo del Apartado C de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El federalismo en el país, ¿es una práctica retórica o es realmente un sistema gestado desde el interior mismo de la organización estructural y normativa del Estado mexicano?

La primera impresión que causa esta pregunta es de contrariedad, pues la Carta Magna plasma una república federal; sin embargo, en los últimos años, esta pregunta se hace con tanta frecuencia que nos obliga a reflexionar seriamente en un marco teórico de referencia sobre su existencia real, sobre todo a la luz de ciertos hechos que constituyen una realidad que debe sujetarse a la observación crítica.

En primer lugar hay que plantear que el federalismo no es sólo una división de competencia, como se puede estructurar una empresa; por el contrario, representa una forma de vida, vinculado irremediablemente a la conciencia de los habitantes y el gobierno de cada entidad federativa, que exigen dos aspectos prioritarios. Por un lado, un fortalecimiento del régimen interior que permita conseguir, conforme a las particularidades de cada estado, esa justicia que asegure el desarrollo de sus pueblos; y por otro, un gobierno federal, fuerte hacia el exterior y cooperativo hacia el interior.

Desafortunadamente, en los últimos años esta idea de federalismo democrático ha sido sustituida por una suerte de política centralista, alejada de los principios legitimadores y democráticos liberales, dejando de lado el régimen interior de los estados en aras de una respuesta “nacional” a los problemas del país; en otras palabras, se trata de construir a México desde la federación, en lugar de construirlo desde sus cimientos mismos: las entidades federativas.

El federalismo nació con Miguel Ramos Arizpe y se consolidó en una revolución mexicana que surge no en el centro sino que viene del norte, con un congreso de Coahuila que desconoce al gobierno central usurpador y encabeza la rebelión. Ésas son raíces históricas que no hemos dejado de lado; apenas hace unos años, en ocasión de la reforma electoral de 2007, votamos contra una reforma en materia electoral que, desde nuestro punto de vista, implicaba un grave retroceso a ese federalismo y que, estábamos seguros, generaría inconformidades y trastocaría los procesos electorales locales.

Con el paso del tiempo, esta reforma ha tenido un balance desfavorable, y si bien el congreso del estado, que se rige por el principio de legalidad, la ha cumplido a cabalidad, también es verdad que eso nos lleva a plantear ante el Constituyente Permanente nuestra postura, que hoy se centra en la norma establecida en el artículo 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo, de la Constitución federal, que en la parte que nos interesa a la letra dice:

Artículo 41. ...

Apartado C. ...

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones de lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

De su lectura se desprende que la federación está impedida para difundir propaganda gubernamental tratándose de las campañas electorales que lleven a cabo las entidades federativas, lo cual resulta sumamente conveniente. Los conflictos derivados de la propaganda gubernamental son inherentes a los procesos electorales y las propias sociedades democráticas, y por ende debe tener el legislador la capacidad para diseñar modelos institucionales que los prevengan, los solucione o, en su caso, los sancione, de acuerdo con las circunstancias imperantes en cada tiempo y lugar.

Estos modelos institucionales plasmados en la Carta Magna, que en el caso que nos ocupa establecen limitaciones a las actividades propias de las entidades públicas, permiten un mejor desarrollo democrático; empero, y ésa es la parte más importante del fundamento de la presente iniciativa, la Constitución General de la República, lejos de ser un catálogo cerrado de funciones, constituye la base de un modelo generador de normas, el que hacia el régimen interior de los estados puede ser ampliado y consolidado –claro, en aras de hacer efectiva la norma en toda su extensión–, sin que ello implique eliminar la garantía o hacer nugatorio su cumplimiento.

Lo anterior acontece de esa forma al considerar el legislador coahuilense que lo establecido en el artículo 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo, de la Constitución federal contenía la base mínima a partir de la cual las entidades federativas acatando lo dispuesto en dicho precepto podían realizar un concepto ampliado y consolido, lo cual se plasma en el artículo 4, numeral 2, del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que al tenor literal en su parte respectiva señala lo siguiente:

Artículo 4. ...

2. Durante el tiempo que comprendan las precampañas y campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, de cualquier ente público. Las únicas excepciones de lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

El legislador local consideró acertadamente que la suspensión de la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental debía ser no solamente en las campañas sino, también, en las precampañas, pues éstas forman igualmente parte del proceso electoral local, y en consecuencia, al difundirse propaganda gubernamental federal en el desarrollo de las precampañas locales, puede influir en el resultado de la contienda electoral, en la que, en este caso, el gobierno federal emanado del Partido Acción Nacional pueda obtener eventualmente ventaja respecto a los demás partidos políticos.

En ese sentido, se ha presentado recientemente un hecho que por su naturaleza constituye una transgresión de este concepto de federalismo y de soberanía de las entidades federativas respecto a su régimen interior, en especial tratándose de la forma en que son elegidas sus autoridades de gobierno.

Con fecha 5 de enero de 2011 se recibió en el congreso del estado un oficio suscrito por la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, donde se nos informaba que el 22 de diciembre de 2010 se había recibido a su vez el oficio número DG/1 0834 110-01, signado por el director general de Radio, Televisión y Cinematografía, de fecha 13 de diciembre de 2010, donde el funcionario federal señala haber recibido el acuerdo número 83/2010, aprobado por el Consejo General de ese instituto, en cuyo punto segundo se comunicaba a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, que se abstengan de difundir en cualquier medio propaganda gubernamental durante los periodos de precampaña y campaña electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial”; lo anterior, con fundamento en los dispuesto en el artículo 4, numeral 2, del Código Electoral del Estado de Coahuila.

El funcionario en mención precisa que dicho acuerdo no era procedente, pues se atendrían sólo a lo dispuesto en la normativa federal en la materia y de acuerdo con las instrucciones que el Instituto Federal Electoral dicta a través de las pautas correspondientes.

Las características del funcionario federal que responde en nombre del presidente de la República y del secretario de Gobernación pueden resumirse en la idea de que los órdenes de gobierno no lo son sino que representan niveles, lo cual en la teoría constitucional federal es totalmente incorrecto.

El Poder Ejecutivo federal no tiene considerado un poder absoluto con un amplio catálogo de mandatos generales; por el contrario, se impone como deber y obligación el respeto de las entidades federativas, obligación derivada de la Constitución, que precisa la soberanía estatal en su régimen interior, como considera el artículo 41, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte relativa establece:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

Hechas las consideraciones anteriores, podemos advertir la falta de capacidad del gobierno federal de entender el artículo 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo, de la Constitución federal como una base mínima, dejando a las entidades federativas la posibilidad de ampliar y consolidar lo dispuesto en dicho precepto.

Por lo anterior, la LVIII Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza plantea la siguiente iniciativa, para la reforma del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se modifica el segundo párrafo del Apartado C de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ..

...

I. a III. ...

Apartados A. a C. ...

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las entidades federativas podrán establecer las modalidades adicionales en todo lo relacionado con la propaganda gubernamental difundida durante los procesos electorales locales. Las únicas excepciones de lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Apartado D. ...

IV. a VI. ...

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en Saltillo, Coahuila, a 18 de enero de 2011.— La Mesa Directiva del Congreso de Coahuila de Zaragoza, diputados: Jaime Russek Fernández, presidente; Ignacio Segura Teniente, Rodrigo Rivas Urbina, vicepresidentes; Cristina Amezcua González, Cecilia Yanet Babún Moreno, secretarias (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo.— LIX Legislatura del Congreso de San Luis Potosí.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Quincuagésima Novena Legislatura aprobó por unanimidad de votos, en sesión ordinaria de esta fecha, dictamen de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, mediante el que esta soberanía propone al honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 57, fracción II de la Constitución estatal, iniciativa con proyecto de decreto que plantea reformar el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

En observancia a lo establecido en el resolutivo segundo del dictamen se envía el instrumento parlamentario aludido para los efectos legales que procedan.

Por la Directiva del honorable Congreso del Estado: diputado José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), primer secretario; diputado José Luis Montalvo Chávez (rúbrica), segundo secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Diputados Secretarios de la LIX Legislatura del honorable Congreso del Estado.— Presentes.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, por acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2009, dictado en sesión ordinaria del honorable Congreso del estado de San Luis Potosí, le fue turnada la iniciativa presentada por el diputado Óscar Carlos Vera Fabregat, que propone reformar el artículo 44 de Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

En tal virtud, al entrar al análisis de las iniciativas en comento, los integrantes de las comisiones que suscriben, hemos valorado las siguientes

Consideraciones

Primera. La iniciativa se presentó con apego a lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, correlativo del dispositivo 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, y satisface los requisitos que señalan los numerales 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, 61 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado.

Segunda. De conformidad con los artículos 98, fracción XV; y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, es competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales dictaminar la iniciativa señalada en el proemio de este dictamen.

Tercera. La iniciativa presentada por el diputado Óscar Carlos Vera Fabregat establece, en términos generales, que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores debe de ser un organismo de servicio social, acorde con lo establecido en el artículo 2o. de la propia ley, que sin embargo ha sido, en la práctica, transformado en una institución de crédito de carácter privado, homologándose a la actividad bancaria y financiera común. Señala el caso de un trabajador que adquirió su vivienda antes de 1994, con un valor de sesenta mil pesos de la que, después de ese año, se triplicó su valor y los descuentos en la nómina del trabajador, señala que originalmente oscilaban entre ciento ochenta y doscientos sesenta pesos, hoy oscilan entre seiscientos cincuenta y novecientos pesos; que además, dicho crédito fue otorgado originalmente a un plazo de veinte años y hoy se prorroga hasta treinta años; señala también que no podemos soslayar el encarecimiento de tales créditos, perdiéndose con ello su carácter eminentemente social, señala también que, en razón de lo anterior, el encarecimiento en la vivienda no corresponde a conceptos de plusvalía porque las unidades habitacionales del Infonavit, además de presentar una imagen ruinosa por falta de mantenimiento adecuado y oportuno, se han construido en zonas suburbanas de los centros de población por lo cual, la plusvalía no es un factor de equilibrio entre el encarecimiento y el valor real del inmueble.

Por lo anterior considera que, en un acto de equidad, se debe reorientar el carácter social que originalmente conservó la Ley del Infonavit y restablecer así el sentido social del propio instituto.

Cuarta. Que dentro del texto de la iniciativa que nos ocupa se expone que se presenta a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa de reforma al artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que, previo su estudio y aprobación, dice, la haga suya y se envíe al honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 57, fracción II; y 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Por lo que, al interpretar armónicamente esta fundamentación con los preceptos legales derivados de ésta, y al ser las legislaturas de los estados entes previstos para iniciar leyes de acuerdo con el numeral 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta atinado analizar en el fondo los alcances de ésta.

Quinta. La iniciativa, que nos ocupa señala

Antecedentes

El marco del programa económico conocido como neoliberalismo ha sido incruento en su paso atropellado por ésta nación, arrasando lo que se encuentra a su paso, sacudiendo a las instituciones de carácter social y pulverizando logros que, en su momento, fueron perseverantemente conseguidos, que desde hace aproximadamente 15 años ha azotado inmisericordemente al territorio nacional.

La política económica del gobierno arrolló los más nobles propósitos del Constituyente de 1917, que logró incluir en la Constitución Política de los Estados Mexicanos las garantías sociales como lo es el artículo 123, bajo el título “del Trabajo y de la Previsión Social”. Entonces los constituyentes libraron trascendentes debates, prevaleciendo el objetivo social a favor de la clase trabajadora, apartándose así del criterio tradicional individualista que caracterizaba a las constituciones de la época, siendo los alcances sociales una de las metas del movimiento de 1910.

Los exabruptos del neo liberalismo se expresan en la pérdida de las garantías sociales de los sectores más desprotegidos de la sociedad como son los obreros y campesinos. Estos han tenido que pagar un alto costo por los experimentos de una política económica fría, indiferente y sin pasión alguna a favor de las mayorías que habitan ésta nación. Obsesionado el gobierno por controlar una inflación que sus mismas medidas han provocado, encaran sin consideración alguna, el saldo de cuarenta millones de mexicanos en la pobreza, diecisiete de ellos en los extremos de ésta, en cambio satisfacen a empresarios que, juntos, suman veinte individuos mexicanos que se encuentran entre los más ricos de México y del mundo, esto no puede ser una política económica que respete principios de orden social y de equidad.

Sexta. Del análisis de la propuesta de reforma presentada por el legislador Óscar Carlos Vera Fabregat se observa la intencionalidad de disminuir en lo posible el impacto económico sobre la clase trabajadora; impacto ocasionado por el financiamiento sobre créditos inmobiliarios obtenidos a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Es clara la preocupación de quien presenta la iniciativa respecto del impacto económico que ocasiona el encarecimiento de los créditos que, se supone, deben cumplir con una función social. Por ello, los integrantes de la comisión que dictamina estamos de acuerdo en cuanto al fondo de la propuesta, pues se considera que la actualización anual que sufren dichos créditos resulta bastante onerosa al calcularse además sobre el salario mínimo general que rige en el Distrito Federal. Esto es así ya que en otras zonas del país el salario mínimo está muy por debajo del que se tiene como referencia para el ajuste anual; amen de lo anterior, se toma en cuenta el hecho de que dichos créditos devengan un interés que, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 44 de la ley de la materia, es determinado por el Consejo de Administración y aplicado sobre el saldo ajustado de estos a una tasa no menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos; como se observa. Además de aplicar un interés sobre saldos ajustados, dichos créditos se incrementan cada año de acuerdo al aumento del salario mínimo que rige en el Distrito Federal, provocando con ello una doble carga económica al trabajador, aspecto este que incide en la esencia social del otorgamiento de este tipo de créditos; por estas razones, los integrantes de la comisión que dictamina consideramos pertinente elevar a la consideración del honorable Congreso de la Unión la propuesta de reforma al artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con las modificaciones a la propuesta original de la iniciativa en estudio que esta comisión consideró adecuado realizar en la forma y términos que finalmente se consigna en razón de que, como ya se dijo, el ajuste anual y el cobro de intereses se considera una doble carga económica; por ello se propone eliminar el ajuste anual de los créditos; que la tasa de interés sea aplicada sobre saldos insolutos y no sobre saldos ajustados; y que se establezca un tope máximo al porcentaje de la tasa correspondiente determinada por el Consejo de Administración y no un tope mínimo como ahora se establece.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 85 y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, nos permitimos elevar a la consideración de esta honorable asamblea legislativa el siguiente

Dictamen

Primero. Es de aprobarse y se aprueba, con las modificaciones planteadas por la comisión dictaminadora, la iniciativa que propone que la LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, someta a la consideración del Congreso de la Unión, iniciativa que propone reformar el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Segundo. Remítase el presente documento parlamentario al honorable Congreso de la Unión para los alcances legales de mérito.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 57, fracción II, de la Constitución del Estado de San Luis Potosí; se eleva a consideración del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional die la Vivienda para los Trabajadores.

Iniciativa con Proyecto de Decreto

Exposición de Motivos

En 1992 fueron aprobadas reformas a la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en especial al artículo 44, en contravención plena a lo que establece el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción II, a los artículos 136 y 137 de la Ley Federal del Trabajo, y al artículo 30 de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Entre esas medidas económicas se encuentra el aberrante desvío al carácter social del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; este Instituto que de antemano nació tardíamente en 1971 para satisfacer el anhelo del Constituyente de 1917 y otorgar vivienda digna a los trabajadores como una significación solidaria a la clase trabajadora, estableciéndose en sus numerales correspondientes que las viviendas sean baratas, cómodas e higiénicas, tal como se contempla en la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional, que establece textualmente:

“Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinan las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficientes para que adquieran en propiedad tales habitaciones.”

Por su parte, el artículo 137 de la Ley Federal del Trabajo establece textualmente lo siguiente:

“EI Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénica, para la construcción, reparación o mejoras en sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.”

En el mismo sentido, el artículo 3o. de la Ley del Infonavit textualmente contiene lo siguiente:

“Artículo 3o. El Instituto tiene por objeto:

II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para:

a) La adquisici6n en propiedad de habitaciones c6modas e higiénicas,

b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y

c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores;

De los anteriores preceptos legales considerados, se concluye que las reformas a la Ley del Infonavit que fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de febrero de 1992 contravienen las disposiciones anteriormente invocadas, en especial la contenida en el artículo 44 de la Ley en comento, misma que en su texto en vigor señala:

“Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

Asimismo, los créditos devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de .Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.

La vigencia de ésta disposición ha generado un encarecimiento de los créditos que ha otorgado el Infonavit a los trabajadores. Sus viviendas han sido encarecidas injustificadamente, los descuentos a sus nóminas han desequilibrado los exiguos ingresos de la clase obrera, intranquilizando su vida familiar.

El instituto, de ser un organismo de servicio social como lo defina el artículo 20 de la propia ley, ha sido transformado en una institución de crédito de carácter privado, homologándose a la actividad bancaria y financiera común. Tal es el caso que si un trabajador antes de 1994 adquirió su vivienda con un valor de sesenta mil pesos a través del crédito correspondiente, después de 1994 se triplicó su valor hasta ciento sesenta mil pesos y los descuentos en su nómina, que originalmente oscilaban entre ciento, ochenta y doscientos sesenta pesos, hoy oscilan entre seiscientos cincuenta y novecientos pesos. Siendo un crédito que fue otorgado a 20 años hoy se prorroga hasta 30 años; no podemos menos que admitir la existencia de un encarecimiento en la vivienda que no corresponde a conceptos de plusvalía o de otros órdenes, porque las unidades habitacionales del Infonavit, además de presentar una imagen ruinosa por falta de mantenimiento adecuado y oportuno, se han construido en zonas suburbanas de los centros de población, por lo cual la plusvalía no es un factor de equilibrio entre el encarecimiento y el valor real del inmueble.

Por lo anterior es necesario que, en un acto de congruencia con el ordenamiento constitucional, y en un acto de equidad, se retome el rumbo del carácter social que básicamente dio origen a la Ley del Infonavit y a restablecer el sentido social del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

Para poder lograr tal fin se plantea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue

Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, devengarán intereses sobre el saldo insoluto de los mismos a la tasa que determine el consejo de administración, dicha tasa no será mayor del siete por ciento anual sobre saldos insolutos. El plazo máximo para el otorgamiento de estos créditos será de 30 años.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, del edificio Presidente Juárez, del honorable Congreso del estado, a los dieciséis días del mes de noviembre de dos mil diez.— Por la Comisión de Puntos Constitucionales, diputados: Raquel Hurtado Barrera (rúbrica), presidenta; Jesús Ramírez Stabros, vicepresidente; Óscar Carlos Vera Fabregat (rúbrica), secretario; Alfonso José Castillo Machuca, Manuel Lozano Nieto (rúbrica), Griselda Álvarez Oliveros (rúbrica), Vito Lucas Gómez Hernández (rúbrica), vocales.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

DISTRITO FEDERAL

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por acuerdo del jefe de Gobierno del Distrito Federal y en atención a la solicitud de información realizada por diferentes miembros de esa honorable legislatura, relativa a apertura de un espacio al diálogo real, respetuoso y público, propuesto por el Frente Amplio contra la Supervía Poniente, a través de la Comisión Civil de Acompañamiento integrada por Luis Arriaga Valenzuela, Daniel Cazés Menche, Miguel Concha Malo, Manuel Fuentes Muñiz, Miguel Ángel Granados Chapa y Marcela Lagarde de los Ríos, me dirijo a ustedes muy respetuosamente, para hacer de su conocimiento lo siguiente:

El gobierno de la Ciudad de México ha sido y es respetuoso de los derechos de libertad de expresión, de manifestación, de reunión, de información, de participación, de seguridad jurídica y de acceso a un medio ambiente sano de todas y cada de las personas, en lo individual y en lo colectivo que han manifestado su oposición o su adhesión al proyecto de la Supervía Poniente.

A mayor abundamiento, sirva el detalle de las acciones que el gobierno de la Ciudad de México ha emprendido a favor de los derechos antes enumerados:

En materia de participación ciudadana, la legislación de la ciudad, garantiza ampliamente el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones de las acciones de gobierno, mediante distintas figuras como la consulta ciudadana, la discusión de los programas de desarrollo urbano, la emisión de opiniones en el proceso de resolución de una manifestación de impacto ambiental, así como en reuniones directas de los ciudadanos con la autoridad.

En el caso concreto de la Supervía Poniente, estas garantías de participación, se concretaron a través de la Consulta Verde, de 2008, la discusión de los Planes General de De-sarrollo Urbano del Distrito Federal, de las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón; la puesta en consulta y emisión de opinión del resumen de la manifestación de impacto ambiental; así como la realización de alrededor de 200 reuniones de trabajo con vecinos y personas interesadas, previo, incluso, a la emisión de la Declaratoria de Necesidad de Diciembre de 2009.

El tema del derecho al acceso a la información está garantizado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ha sido calificada como la más avanzada del país; a su amparo, los ciudadanos han ingresado, al día de hoy, más de 850 solicitudes de información pública, de las cuales, al 23 de diciembre de 2010, sólo se han recurrido 23; de éste número de recursos de protección al que recurrieron los ciudadanos, 9 fueron desechados, 4 se resolvieron a su favor y 10 se encontraban en trámite. De las que fueron resueltos a favor de los ciudadanos, se ha entregado la información en 3 y uno se encuentra en proceso de ser entregado.

Tanto las solicitudes de acceso a la información pública, como los recursos de revisión, han sido la fuente más importante para pulsar las necesidades de información que tienen los ciudadanos y, con base en ella, se ha construido el portal ciudadano Transparencia Autopista Urbana, en el que está publicada toda la información que al momento se ha generado y es pública, tanto por ministerio de Ley, como por decisión del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como aquella que el Gobierno de la Ciudad ha decidido hacer pública. La dirección del portal es http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx.

El nivel de información publicado, y que seguirá incrementándose conforme avance, en su caso, la construcción de la supervía, no tiene precedente en el país, salvo el de la Línea 12 del Metro, la obra más grande del país y que se construye por el Gobierno del Distrito Federal.

Es por ello que permanentemente se ratifica el compromiso del Gobierno del Distrito Federal de hacer pública toda la información que sobre el proyecto se genere, en los plazos y con las modalidades que la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece.

La información que se puede encontrar en el portal referido, incluye la relativa a los predios expropiados, en ese sentido, vinculado directamente con el derecho a la vivienda, se han respetado los derechos de las personas que resultaron afectadas por la expropiación de los 51 predios incluidos en el polígono cinco, descrito en el decreto expropiatorio del seis de abril de 2010, cuyos lindes se ubican dentro de la delegación Magdalena Contreras.

Los pagos realizados, al mes de septiembre de 2010; cuando se concluyó el pago de esos 51 predios sumaron 173 millones, pues los lotes se pagaron a valor comercial a los legítimos propietarios registrados en el padrón de contribuyentes, dándose garantías suficientes para que las personas que habitaban los inmuebles expropiados contaran con suficiente tiempo para desalojarlos.

Adicionalmente, en la Cuadragésima Octava Sesión del Comité del honorable Consejo Directivo del Instituto de Vivienda, se autorizaron hasta 70 créditos del programa de vivienda nueva progresiva con un techo presupuestal por acción de hasta 120 mil pesos, lo anterior para apoyar a las personas que, no siendo propietarios, vivían en los inmuebles expropiados.

Otro tema, quizá el más relevante, es el del impacto ambiental que la obra pudiera tener durante el proceso de construcción y una vez que entre en funcionamiento, pues impacta necesariamente en los derechos a un medio ambiente sano y a la salud pública ambiental, ya que en una urbe como la de México, los equilibrios ecológicos han sido profundamente alterados a lo largo de los últimos 500 años, pero de manera más acelerada a partir del crecimiento vivido en la segunda mitad del siglo pasado.

Es por ello que la autoridad ambiental de la ciudad, en estricto seguimiento de la normatividad aplicable, expidió una autorización condicionada, en su resolutiva a la manifestación de impacto ambiental, la cual incluye 133 condicionantes, que se pueden clasificar de la siguiente manera: 16 con fechas específicas de cumplimiento y 117 sin fecha específica de cumplimiento.

De las 16 condicionantes con fechas específicas, 11 han sido cumplidas en su totalidad, 2 son de seguimiento permanente y 3 están en proceso de verificación en su cumplimiento.

En tanto, de las 117 que no tienen fecha específica, 46 se consideran cumplidas completamente, 3 están sujetas a que inicie la obra, en 23 no se han dado condiciones para su cumplimiento; 24 están en proceso de cumplimiento y 11 son de seguimiento permanente.

El cumplimiento o el avance en el cumplimiento de las condicionantes, debe de ser informado de manera periódica por parte de la empresa concesionaria ante la Secretaría de Medio Ambiente y sujeto a evaluación y seguimiento permanente por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

En este tema, resulta fundamental tanto el papel de la Secretaría de Medio Ambiente, como el de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la primera en su carácter de autoridad reguladora y la segunda como defensora de los derechos ambientales de todos los habitantes de la Ciudad de México. Ambas cumplen con responsabilidades muy bien definidas, pues una vez recibido referido en el párrafo anterior en la Secretaría del Medio Ambiente (SMA), ésta debe de emitir sus consideraciones y actuar conforme a lo informado, e informarlo, a su vez, a la PAOT, quien verifica que la información proporcionada por la empresa cumpla con lo establecido en las condicionantes, tanto documentalmente como en visitas in situ

Adicionalmente, la PAOT realiza visitas de verificación a la zona de obra a petición de los ciudadanos, cada vez que éstos lo solicitan.

Es importante destacar que actualmente se encuentra en análisis el último informe presentad por la empresa concesionaria ante la SMA, el pasado mes de diciembre, los resultados de la verificación, se harán públicos de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la normatividad ambiental aplicable.

En el ámbito estricto de la operación, no es cierto que por la supervía sólo circularán automóviles privados, pues está previsto que en toda la autopista urbana, incluida por supuesto la supervía, se prestará el servicio público de pasajeros con unidades de la Red de Transportes de Pasajeros del Gobierno del Distrito Federal, lo cual es también una condicionante de la Resolución emitida por la autoridad ambiental.

Una preocupación que ha sido reiteradamente señalada por quienes se oponen a la Supervía es que se permitirá el crecimiento de la mancha urbana, lo cual no ocurrirá, pues en el título de concesión, condición quinta, página nueve, se establece que no se permitirá la construcción de nuevas gazas de integración a asentamientos humanos.

Finalmente, en el tema ambiental, la supervía poniente permitirá desahogar el sistema vial actualmente existente, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero agilizando los más de 100 mil viajes diarios que en promedio ya se realizan en la zona.

En ese sentido, para garantizar la integridad física de todas las personas y los bienes, el gobierno de la Ciudad de México, ratifica y hace público su compromiso con el respeto a los derechos humanos de todas las personas que viven vio transitan por ella y se compromete a no usar la fuerza pública, salvo en las modalidades que la propia ley establece, es decir, para resguardar el orden público y la seguridad de las personas y los bienes; por lo que de ninguna manera iniciará o ejercerá acciones de fuerza que tuvieran por objeto limitar el ejercicio de los derechos de las personas que se oponen al proyecto de la Supervía Poniente.

En ese sentido, es de aclarar que la aceren del gobierno de la Ciudad de México, realizada el pasado 1 de enero de 2011, tenía como único fin ocupar los predios que fueron expropiados y que desde el mes de septiembre de 2010 habían sido definitivamente deshabitados por quienes fueron sus propietarios. La acción se hizo de conformidad con los procedimientos y formalidades requeridos, entre ellos, los dictámenes de protección civil emitidos por la autoridad delegacional; atendiendo además la petición de varios vecinos quienes manifestaron que dichos inmuebles, al estar deshabitados y semiderruidos, estaban siendo ocupados por personas desconocidas; además de que algunos inmuebles presentaban acumulación de desechos que favorecían la proliferación de fauna nociva.

La acción realizada, respetó en todo momento a las personas que se manifiestan pacíficamente en el plantón instalado en las cercanías de la zona expropiada, manteniendo intactas las instalaciones provisionales que lo sostienen, como muestra de ello es que el secretario de Obras y el coordinador de Proyectos Estratégicos, se apersonaron en el lugar para informar directamente a los manifestantes que se tomaría posesión de los inmuebles propiedad de la Ciudad de México, dejando a salvo la zona en la que se ha instalado el plantón, a pesar de lo cual, los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal fueron agredidos por personas del plantón.

Lo anterior se sustenta en una grabación en video de la cual el gobierno de la ciudad tiene copia y que ha puesto a disposición de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para su revisión y, en su caso, inclusión al expediente que actualmente integra con motivo de las diversas quejas presentadas ante el organismo defensor de los derechos humanos.

De igual manera, el Gobierno del Distrito Federal tuvo conocimiento de la queja de algunos vecinos que al momento de colocar las vallas que delimitarían la zona de los predios expropiados, se afectaron algunas entradas a los predios, por lo que de manera inmediata se giró la instrucción de corregir la ubicación de las vallas para permitir el libre tránsito que había sido parcialmente delimitado; por lo que desde el día 1 de enero de 2011 no existe obstrucción o limitación alguna al libre tránsito de los habitantes de la colonia La Malinche.

Por lo anteriormente descrito, el Gobierno del Distrito Federal considera acatadas puntualmente las medidas precautorias solicitadas por la CDHDF, pues las medidas específicamente establecían que el gobierno se abstuviera de realizar acciones de agresión, intimidación o discriminación; evitar el empleo de la fuerza, y en su caso, fundamentar y motivar cualquier acción en el campamento o sus inmediaciones; así como informar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a los integrantes del Frente de manera oportuna, en caso de que se decidiera retirar el campamento de los integrantes del frente, situación que evidentemente no ocurrió, pues al día de hoy, el campamento del frente aún permanece instalado.

Por lo que hace a la demanda de diálogo, es de señalar que el pasado 14 de diciembre de 2010, el secretario de Gobierno del Distrito Federal y el que suscribe sostuvieron una reunión con representantes de la Comisión Civil de Acompañamiento, la cual está integrada por Luis Arriaga Valenzuela, Daniel Cazés Menche, Miguel Concha Malo, Manuel Fuentes Muñiz, Miguel Ángel Granados Chapa y Marcela Lagarde de los Ríos, en dicha reunión se adoptaron dos acuerdos: a) la Secretaría de Gobierno gestionará una reunión de la Comisión Civil de Acompañamiento y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y b) la Comisión Civil de Acompañamiento realizaría una agenda con los puntos a tratar durante la reunión con el jefe de Gobierno.

En ese orden de ideas, la próxima reunión con la Comisión Civil de Acompañamiento se realizará el próximo 7 de enero de 2011, pues el pasado 4 de enero la Comisión Civil informó que ya cantaba con la agenda propuesta para la reunión con el jefe de Gobierno.

Por todo lo anterior, queda claro el compromiso del Gobierno del Distrito Federal de respetar plenamente los derechos humanos de todas las personas que se vean directa o indirectamente involucradas en la obra, sea como opositores, como adherentes, vecinos o ciudadanos en general.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2011.— Licenciado Juan José García Ochoa (rúbrica), subsecretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.Continúe usted, señor secretario.

JUAN RANULFO MARTINEZ PEREZ

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En relación con su escrito de queja, recibido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y al que fue asignado el número CNDH/1/2010/5933/Q, con base en el artículo 36 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se determinó admitir dicha instancia, por lo que este organismo nacional de inmediato iniciará las investigaciones y trámites que corresponden.

El visitador adjunto, a quien se le ha encomendado el estudio de su caso es el licenciado Juan Jiménez Navarrete. Si desde este momento considera necesario entrar en contacto con el visitador antes mencionado, mucho le agradeceré solicite una cita al teléfono 56-81-81-25, extensiones 1112 y 1284. También tendremos mucho gusto en atenderlo a usted o a algún representante en las oficinas de esta comisión nacional.

En caso de que usted envíe cualquier información a la CNDH, favor de remitirla al domicilio de Periférico Sur, citado al rubro.

Informo a usted que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la formulación de su queja ante este organismo no afecta el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder al agraviado conforme a la ley, y no suspende ni interrumpe los plazos preclusivos, de prescripción o caducidad.

De conformidad con los artículos 77 y 97 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos sus servicios son gratuitos, y no es indispensable que cuente usted con un abogado o representante profesional, ya que este organismo se encargará autónomamente de tramitar, analizar y dictaminar sobre la queja planteada.

En términos del artículo 18 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el procedimiento de acceso a la información que esté en posesión de la comisión se substanciará conforme a lo establecido en el capítulo III del título segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. con las modalidades que establece ese Reglamento; asimismo, el tratamiento de la información o datos personales de particulares que integran el expediente de queja inclusive el suministro de la información a terceros que así lo soliciten, se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley y del Reglamento.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 9 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda la información en posesión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.

Los datos personales que la CNDH reciba de usted, serán manejados con fines exclusivamente de identificación y se les dará un tratamiento confidencial.

Atentamente

El director general, licenciado Fabrisio Bonilla Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.— Presente.

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión/ aprobó el Punto de Acuerdo que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Poder Judicial federal a revisar y resolver en estricto apego a derecho, el caso del e Juan Ranulfo Martínez Pérez.”

Lo que comunicamos a usted para los efectos a que haya lugar.

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín  (rúbrica), presidente;diputado Carlos Samuel Moreno Terán (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la PGR, a la CNDH y al Poder Judicial federal, a revisar y resolver en estricto apego a derecho, el caso del ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estadas Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya las proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Poder Judicial Federal, a revisar y resolver en estricto apego a derecho el caso del ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a), Coordinador del Gripo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PRODUCTORES DE ALGODON

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2219, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.-901/2010, suscrito por el ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al fondo de emergencia para apoyar a los productores de algodón afectados por la viruela del algodonero.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/311/3583/10 del 29 de octubre de 2010, a través del cual nos remite punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, destine un fondo de emergencia con apoyos directos por 315 millones de pesos para apoyar en forma urgente a los productores de algodón afectados por la viruela del algodonero, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Fotocopia del oficio número 800.001280 del 6 de diciembre de 2010, elaborado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria, informando que debido a que la etapa fenológica del cultivo dicha enfermedad ya no representa una amenaza fitosanitaria y, por ende, el riesgo de que se presente nuevamente en el ciclo de cultivo anual es bajo, aunado que actualmente la viruela del algodonero no puede considerarse cómo una contingencia fitosanitaria.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 13 de enero de 2011.— Ingeniero Jorge Zermeño González (rúbrica), coordinador general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial.

En seguimiento a su similar número 112.-808/2010,con el que envía el oficio número SEL/UEL/311/3583/10, en donde se remite el punto de acuerdo aprobado en la sesión del honorable Congreso de la Unión, que contiene el resolutivo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se destine un fondo de emergencia con recursos directos por 315 millones de pesos para apoyar en forma urgente a los productores de algodón de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, derivado de los efectos colaterales provocados por el huracán Alex en el estado de Coahuila, entre los cuales se tuvo como consecuencia un exceso de humedad en la Comarca Lagunera, provocado por las lluvias atípicas del citado huracán, creando de esta manera las condiciones propicias para que se presentara la enfermedad fungosa “viruela del algodonero” en este cultivo.

Al respecto, le comento que este Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) actualmente no cuenta con recursos para atender este tipo de contingencias. Asimismo, le comento que en fechas recientes se llevó a cabo la celebración de dos convenios de concertación celebrados entre la Sagarpa y el Senasica y Juntas Locales de Sanidad Vegetal de la Región Lagunera de Coahuila y Durango por un monto de 28 millones de pesos, con el objeto de realizar acciones de desvare y barbecho, a fin de reducir la fuente de inóculo del patógeno en base a la superficie establecida de este cultivo correspondiendo 21 millones de pesos a la Región Lagunera de Coahuila y 7 millones de pesos a la Región Lagunera de Durango.

Asimismo, le informo que derivado a que la etapa fenológica del cultivo dicha enfermedad ya no representa una amenaza filosanitaria y por ende, el riesgo de que se presente nuevamente en el ciclo de cultivo anual es bajo aunado que actualmente, la viruela del algodonero no puede considerarse como una contingencia fitosanitaria

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 6 de diciembre de 2010.— Médico Veterinario Zootecnista Enrique Sánchez Cruz (rúbrica), director en Jefe.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

DERECHOS HUMANOS DE CONNACIONALES

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-2-862, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP-0047/11 suscrito por Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los derechos humanos y a las garantías individuales de los con nacionales en proceso de repatriación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con arreglo a las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta a la proposición con punto de acuerdo aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 15 de diciembre de 2010, a través de la cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer un llamado a las autoridades estadounidenses para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y de las garantías individuales de nuestros connacionales en proceso de repatriación, remitido a través del oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4324/ 10, con fecha 20 de diciembre de 2010.

Elementos de respuesta

En atención del exhorto formulado por la Cámara de Diputados, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiterará a las autoridades estadounidenses el llamado a garantizar el pleno respeto de los derechos individuales y de las garantías individuales de nuestros connacionales en proceso de repatriación.

Los procesos de repatriación de nacionales mexicanos son coordinados con los consulados en la región fronteriza, que contribuyen a garantizar el respeto de los derechos de los migrantes.

El trabajo de coordinación entre las autoridades consulares mexicanas y la Patrulla Fronteriza, así como el Immigration Control and Enforcement, promueve el pleno respeto de los derechos humanos y de las garantías individuales de los migrantes.

Cuando se presenta algún caso de violación de sus derechos humanos o garantías individuales, el consulado actúa de inmediato ante las autoridades solicitando la investigación de la queja presentada por el connacional.

Los funcionarios que se desempeñan en los departamentos de protección de la red consular están siempre atentos a cualquier requerimiento o queja de los connacionales o de sus familiares en materia de protección de sus derechos más elementales.

Le solicito de la manera más atenta que, de así considerarlo pertinente, se hagan llegar a través de su atento y gentil conducto los elementos de respuesta aquí presentados al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 14 de enero de 2011.— Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica), directora general de Coordinación Política.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-11-4- signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0055/11 suscrito por Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los migrantes mexicanos que luchan por sus derechos laborales y humanos en los Estados Unidos de América.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar los esfuerzos de los migrantes mexicanos que luchan por sus derechos laborales y humanos en Estados Unidos, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 15 de diciembre de 2010 y remitido para la consideración de esta secretaría mediante su comunicación SEUUEU311/4307/1 O, con fecha 20 de diciembre de 2010.

Elementos de respuesta

• La Secretaría de Relaciones Exteriores toma nota del exhorto y hace del conocimiento de esa honorable Cámara de Diputados que la protección a los derechos humanos de nuestros connacionales en el exterior, es una prioridad de nuestra política exterior que se instrumenta por medio de nuestra red consular, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

• Con relación a alentar una reforma migratoria integral, el gobierno de México ha venido trabajando, y lo seguirá haciendo, a favor del respeto a los derechos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. De manera reiterada ha señalado a sus contrapartes estadounidenses la importancia de que ambos gobiernos mantengan un diálogo abierto sobre este tema, que se sustente en el reconocimiento a la importante contribución que aquellos realizan en beneficio de la economía y la sociedad de ese país.

• En el mismo sentido, el gobierno de la República ha expresado su disposición para coadyuvar, en la medida de sus posibilidades y con pleno respeto a la soberanía y jurisdicción de esa nación, al debate de argumentos a favor de una reforma migratoria que reconozca los factores que propician ese fenómeno y lo aborde desde una perspectiva integral.

• La cancillería reitera su disposición para seguir trabajando con las autoridades estadounidenses en beneficio de nuestros compatriotas, a la vez que continuará desplegando sus mejores esfuerzos para ofrecerles los apoyos institucionales y la protección consular que requieran.

Le solicito de la manera más atenta que por su atento y gentil conducto se hagan llegar los elementos de respuesta aquí presentados al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuando así se estime pertinente.

Sin otro particular, le envío las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2011.— Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ADULTOS MAYORES

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-701, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/0039/2011, suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, en materia de adultos mayores .

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al punto de acuerdo aprobado el 14 de diciembre de 2010 sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-167 -SSA 1-1997, en materia de adultos mayores, presentado el 23 de septiembre por el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (PAN).

Al respecto, me permito acompañar oficio número CAS/0016/11, suscrito por el maestro Ramiro Tamayo Rodríguez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, quien emite sus comentarios respecto del punto de acuerdo referido.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de enero de 2011.— Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández  (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social.— Presente.

Por indicaciones de la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y en atención a su oficio número 170/UCVPS/ DGAVS/1760/2010, con fecha 14 de diciembre de 2010, mediante el cual solicita comentarios sobre punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSAl-1997, en materia de adultos mayores, presentado por el diputado federal Jesús Gerardo Cortez Mendoza (PAN). En el ámbito de competencia de esta subsecretaria, de manera anexa envío comentarios de dicha proposición, a fin de que la información recabada sea de utilidad para la mejor compresión del tema en cuestión.

Lo anterior para los efectos administrativos a que haya lugar.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2011.— Maestro Ramiro Tamayo Rodríguez (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Secretaría de Salud

Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

Comentarios al punto de acuerdo por el cual la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, en materia de adultos mayores.

Antecedentes

La NOM-167-SSA1-1997, “Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores”, se publicó en el DOF el 17 de noviembre de 1999 y entró en vigor al día siguiente. El periodo de vigencia quinquenal, concluyó el 18 de noviembre de 2004, por lo que fue en el Programa Nacional de Normalización 2005 donde quedó inscrita como revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-SSA1-1998, “Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores”.

En agosto de 2007 en la primera sesión ordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud (CCNNIDTIS ) quedó instalado formalmente el Subcomité de Asistencia Social, el cual a partir de esa fecha se hace cargo de la revisión y actualización de las distintas NOM en esa materia. Dicho subcomité lo preside y coordina la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con la asesoría y apoyo técnico de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

La Norma Oficial Mexicana NOM-167 -SSA 1-SSA 1-1998, “Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores”, se reprogramó en el Programa Nacional de Normalización 2008 publicado en el DOF el 14 de abril de ese mismo año como modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, “Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores”, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA3-2007, “Para la prestación de servicios de asistencia social para menores, adultos y adultos mayores”.

El Subcomité de Asistencia Social determinó en 2008 que, a su vez, la NOM-013 se dividiera en 2 NOM distintas: una denominada NOM-031-SSA3-2008, “ Prestación de servicios de asistencia social para adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad; y otra, NOM-032-SSA3-2008, “Prestación de servicios de asistencia social niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad”, para contar con un instrumento regulatorio específico para cada grupo estario beneficiario de estos tipos de establecimientos. Las dos NOM fueron aprobadas por el CCNNIDTIS en la sesión del 27 de noviembre de 2008, por lo que con esas denominaciones se inscribieron en el Programa Nacional de Normalización 2009. Como resultado de lo anterior, la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA3-2007, “Para la prestación de servicios de asistencia social para menores, adultos y adultos mayores”, se inscribió para su cancelación en el mismo Programa Nacional de Normalización 2009.

Situación Actual

Como se señaló en el párrafo anterior, de la mencionada NOM-013 se generaron dos nuevas NOM que se encuentran en la siguiente fase:

La NOM-031-SSA3-2008, “Prestación de servicios de asistencia social para adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad”, se encuentra en fase de dictaminación por parte del área jurídica para proceder a su publicación como proyecto en el Diario Oficial de la Federación e inicie el periodo de consulta pública de 60 días, toda vez que ya cuenta con el dictamen favorable de la Cofemer.

La NOM-032-SSA3-2008, “Prestación de servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad”,se encuentra en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación, la respuesta a los comentarios recibidos durante el periodo de consulta pública y posteriormente su publicación como NOM definitiva en el mismo órgano oficial, para iniciar su vigencia de cinco años.

Conclusiones

1. La Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de conformidad con sus atribuciones, coordina la elaboración, revisión y actualización quinquenal de las normas oficiales mexicanas en materia de prestación de servicios de atención médica y de educación en salud; asimismo, brinda asesoría y apoyo técnico al Subcomité de Asistencia Social.

2. La Dirección General de Calidad y Educación en Salud, por los medios a su alcance, difunde la normatividad a través de los medios electrónicos disponibles, así como a través de la participación en congresos, seminarios y en general, en diversos eventos que son organizados por academias, federaciones, colegios y otras agrupaciones de profesionales del área de la salud.

3. La vigilancia y control de los diversos ordenamientos jurídico-sanitarios (Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ellos emanan), entre las cuales se encuentran las normas en materia de asistencia social, es facultad exclusiva de la Cofepris en su carácter de autoridad sanitaria de los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia.

4. Se considera conveniente hacer del conocimiento de la Cofepris, el exhorto a la Secretaría de Salud, para su atención procedente.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

SEGURIDAD EN CARRETERAS

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-2439, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 4132, suscrito por el general de brigada diplomado de Estado Mayor Édgar Luis Villegas Meléndez, subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la seguridad en las carreteras del país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Defensa Nacional del Estado Mayor.

José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Con fundamento en el artículo 27. fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y con relación a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4273/ 10, del 16 de diciembre de 2010, en el que remite el punto de acuerdo donde la Cámara de Diputados del Congreso de 1 a Unión exhorta al Ejecutivo federal a establecer con las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales rutas de seguridad en las carreteras del país para garantizar la seguridad de visitantes y paisanos provenientes de Estados Unidos de América y de Canadá, hago de su conocimiento lo siguiente:

A. Esta secretaría, mediante el despliegue de puestos de control estratégicos, regionales fijos y móviles, colabora con las autoridades civiles para proporcionar seguridad en las carreteras del país y a las personas que transitan por las rutas donde se encuentran ubicados, sin suplirlas en sus funciones.

B. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública proporcionar y establecer rutas de seguridad en las vías de comunicación del país, a fin de dar certidumbre a visitantes y paisanos provenientes del extranjero que ingresan en México.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lomas de Sotelo, DF, a 17 de enero de 2011.— General de Brigada DEM Édgar Luis Villegas Meléndez (rúbrica), subjefe Operativo EMDN.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

DESARROLLO DE REGION FRONTERIZA NORTE

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0832 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 800-00­00-00-00-2011- 0072, suscrito por el ingeniero Juan José Bravo Moisés, administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a promover propuestas que permitan impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral en la región fronteriza norte.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SEL/UEL/311/4065/10 de fecha 8 de diciembre de 2010, dirigido a la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual hace del conocimiento que con oficio número D.G.P.L. 61-11-1-0832, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el martes 7 de diciembre de 2010, que señala lo siguiente:

“Único. La Cámara de Diputados solicita a los gobiernos locales, actores económicos y sociales de la región fronteriza norte, a reforzar y en su caso a promover propuestas que permitan impulsar el fortalecimiento y de-sarrollo integral en sus regiones desde una perspectiva sustentable y con visión de largo plazo.”

Al respecto, me permito informarle que a la fecha la Administración General de Aduanas no tiene propuestas sobre el tema planteado, sin embargo, esta unidad administrativa se encuentra en la mejor disposición de analizar aquellas propuestas realizadas en la esfera de sus funciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle patente la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 7 de enero de 2011.— Ingeniero Juan José Bravo Moisés (rúbrica), administrador general de Aduanas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

VIVIENDAS EN ZONA DE RIESGO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-2457, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número GCP/ 179/ 2010, suscrito por la licenciada Rosalía Ramos Troconis, gerente senior consultiva y de Proyectos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a evitar la autorización de créditos para adquirir viviendas situadas en alguna zona de riesgo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Jorge Pulido Vázquez, secretario general y de Asuntos Jurídicos del Infonavit, me permito dar atención a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4250/ 10, por el cual nos informa del acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010, por virtud del cual se exhorta respetuosamente a los organismos nacionales y a los estatales que otorgan financiamiento para vivienda a fin de que eviten autorizar créditos o subsidios para adquisición, construcción, ampliación o remodelación si se encuentran en alguna zona de riesgo.

Al respecto, hacemos los siguientes comentarios:

En el Infonavit se ha promovido una política de calidad en las viviendas a través del Registro Único de la Vivienda y de los procesos de verificación de obra que permiten documentar el cumplimiento de las normas aplicables tanto a escala nacional como local; lo anterior, a fin de garantizar el establecimiento de estándares mínimos de calidad para la habitabilidad, la existencia del equipamiento urbano y el acceso a los servicios públicos básicos.

No obstante lo anterior, consideramos fundamental tomar en cuenta que es facultad de los municipios la definición de los requerimientos que deben cumplir los proyectos de vivienda, así como la autorización de dichos proyectos, lo cual incluye las evaluaciones correspondientes al riesgo que pudiese haber en función de la ubicación de las viviendas.

Ahora bien, a pesar de que el instituto cuenta con procedimientos de validación que permiten asegurar el cumplimiento de la reglamentación local en materia de urbanización y desarrollo de vivienda, se han recibido reclamos de acreditados por daños a las viviendas que el Infonavit ha financiado, las cuales se encontraban en zonas declaradas como de riesgo o de riesgo potencial, resultando afectadas por desastres naturales, como sismos o inundaciones.

Cuando los desastres naturales se han dado fuera de cualquier límite razonable de previsión, el instituto ha procurado atender a los acreditados a través del ejercicio de las coberturas institucionales. En los casos en que se ha demostrado que las viviendas que se adquirieron se desa-rrollaron en zonas de riesgo, se ha corregido mediante el establecimiento de responsabilidades a los desarrolladores y constructores de vivienda para enfrentar la reparación de los daños o directamente mediante la oferta de soluciones a los trabajadores en sus créditos, e incluso a través de acuerdos con los municipios correspondientes.

Compartimos la preocupación que manifiesta la Junta de Coordinación Política a través del exhorto aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados respecto a la problemática que representan las viviendas situadas en alguna zona de riesgo. Por ello, actualmente el Comité de Riesgos del instituto estudia una propuesta de restricción del otorgamiento de crédito en zonas de riesgo, a partir de lo cual se elaborará y presentará el respectivo dictamen al Consejo de Administración del Infonavit para su valoración y, en su caso, aprobación.

Sin duda, es fundamental tomar acciones para evitar poner en riesgo la vida las familias, así como su patrimonio, por lo que reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera coordinada con los actores involucrados en el tema y con las autoridades a efecto de implantar procedimientos que eviten la construcción de viviendas en zonas de riesgo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2011.— Licenciada Rosalía Ramos Troconis (rúbrica), gerente.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

DERRAME DE PETROLEO EN GOLFO DE MEXICO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-1232 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0017 suscrito por Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al derrame de petróleo en el Golfo de México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 7 de diciembre de 2010, remitido para la consideración de esta secretaría mediante su comunicación SEL/UEL/311/4075/10, con fecha del 8 de diciembre de 2010, cuyos resolutivos se citan a continuación.

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a girar instrucciones a la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas a fin de que lleve a cabo reuniones de trabajo con las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de ambas Cámaras legislativas, a efecto de dar a conocer los acuerdos, medidas preventivas y acciones para el combate del impacto ecológico y medio ambientales ocasionados por el derrame de petróleo en el Golfo de México, tras la explosión y hundimiento de la plataforma de perforación petrolera Deepwater Horizon.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por medio de las instancias correspondientes, continúen con los trabajos México-Estados Unidos para dar seguimiento puntual a los monitoreos de contaminación marina, atmosférica y terrestre tras el derrame de crudo en el Golfo de México, así como prevenir los posibles riesgos que el mismo pudiera ocasionar dentro del territorio mexicano.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a tener a bien presentar a este órgano legislativo los últimos informes relativos a las investigaciones en relación al impacto generado por el derrame petrolero ocurrido en el Golfo de México.”

Elementos de respuesta

• El gobierno de México, a través de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cimares) encabezada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se encuentra en constante comunicación con las autoridades competentes de los Estados Unidos para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en Washington D.C., el 4 de agosto pasado, intercambiando información sobre el derrame, y ejecutando medidas de monitoreo, prevención, control y migración.

Lo anterior con la intención de que por su amable conducto se hagan llegar, de así considerarse conveniente, dichos elementos de respuesta a la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2011.— Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

DELINCUENCIA ORGANIZADA EN ZONAS FRONTERIZAS

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-743, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0182 suscrito por el general de división DEM Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al combate de la delincuencia organizada en las zonas fronterizas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Defensa Nacional.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por medio del presente y por disposición del secretario de la Defensa Nacional, me es grato enviarle un cordial saludo y en atención al oficio número SEL/UEL/311/4299/10, de fecha 20 de diciembre de 2010, girado por el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de esa subsecretaría a su cargo, sobre el particular esta secretaría del Ejecutivo federal con base en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, 27, fracciones XIII y XIV, 29, fracción I, 30 Bis, fracciones I, IX y XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 2o., 3o. y 6o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 5o., fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, y en relación con el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en el cual se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Defensa, y de Marina, y a la Procuraduría General de la República a la implantación y fortalecimiento de políticas públicas, estrategias y programas que garanticen la seguridad de las zonas fronterizas para combatir la delincuencia organizada, así como los delitos conexos; al respecto, le hago saber que el punto de acuerdo de referencia es estrictamente de la competencia de la Secretaría de Seguridad Pública y, en su caso, de la Procuraduría General de la República.

No obstante lo anterior, esta secretaría ya tomó nota del exhorto, haciéndolo del conocimiento de los comandantes de regiones y zonas militares fronterizas del país.

Sin otro particular, reciba las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lomas de Sotelo, DF, a 12 de enero de 2011.— General de División DEM Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (rúbrica), subsecretario de la Defensa Nacional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-4570, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0060/11 suscrito por Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al derrame petrolero a consecuencia de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-2262, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.2010. DGE.0970, suscrito por José Antonio Torre Medina, coordinador de asesores del secretario de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la importación del tabaco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-3169, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.2010.DGE. 0973, suscrito por José Antonio Torre Medina, coordinador de asesores del secretario de Economía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la cultura de registro de patentes y derechos de autor.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-1642, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.2010.DGE.0972, suscrito por José Antonio Torre Medina, coordinador de asesores del secretario de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al tratado de libre comercio o acuerdo estratégico comercial con la República Federativa de Brasil.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P2A.-1651, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.201 0.DGE.0971, suscrito por José Antonio Torre Medina, coordinador de asesores del secretario de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las empresas mineras dentro del territorio nacional.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Cámara de Senadores.

COMISION PERMANENTE

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R3A.- 2667, signado por el senador José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.201 0.DGE.0995, suscrito por José Antonio Torre Medina, coordinador de asesores del secretario de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la comercialización de la carne de cerdo de origen nacional.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-433, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.201 0.DGE.0958, suscrito por José Antonio Torre Medina, coordinador de asesores del secretario de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la situación que guarda la investigación antidumping contra las importaciones de tubo de cobre de estados unidos versus México y China.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de diciembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-1597 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPEDT/200.07.10 suscrito por el licenciado Carlos Petersen y Vom Bauer, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al derrame petrolero que afecta el Golfo de México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de enero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Cámara de Senadores.

Una pregunta en la redacción de esta solicitud, dice: aprobados por la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores. ¿Es correcto esto? Sea tan amable, Servicios Parlamentarios, de tomar nota de los últimos tres oficios y corregir el trámite correspondiente.

LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGETICOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, a cargo del diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Cruz López Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 y adiciona las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos para ser dictaminada con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Para atender los problemas de contaminación del país es necesario mejorar la calidad de los combustibles, en lo particular en lo que se refiere a su contenido de azufre, para poder incluir en los motores de combustión interna los sistemas más avanzados de control de emisiones.

Con fecha 6 de mayo de 2002, la Secretaría de Economía publicó un aviso de normas oficiales mexicanas que se someten a consulta pública para su revisión quinquenal, encontrándose entre ellas la NOM-086-SEMARNAT-1994,que establece en su parte conducente los criterios de los estándares de oxigenación requeridos para los combustibles en México.

Desde que se expidió la citada norma, hubo cambios significativos en los esquemas de producción de Pemex, que incorporaron avances en la mejora de la calidad de sus combustibles desde el punto de vista ambiental.

Como resultado de dicha normatividad (NOM-086-SEMARNAT-1994), el uso de gasolina reformulada con oxigenante fue requerido para las ciudades con los mayores problemas de esmog y contaminación, tales como la zona metropolitana de Monterrey (ZMM), zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) y la zona metropolitana del valle de México (ZMVM). Uno de los requerimientos normativos fue la introducción de 2.7 por ciento de oxígeno para la gasolina reformulada, el cual fue proporcionado por los oxigenantes tales como el MTBE (éter metil terbutílico), lo que dio pie a la utilización del MTBE como un oxigenante para toda la gasolina reformulada en territorio mexicano. La mezcla del MTBE con gasolina reformulada, le proporcionó oxígeno en cantidades adecuadas, al mismo tiempo que extendió el volumen de la misma y aumentó su octanaje. Dicho aditivo fungió como oxigenante para las gasolinas reformuladas, Magna sin plomo y posteriormente Premium.

Si bien la introducción al mercado de los combustibles del MTBE como aditivo para gasolinas reformuladas demostró eficiencia en la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, ya que al ser mezclado en los combustibles aumentó su contenido de oxígeno lo que provocó una combustión más eficiente y limpia; desafortunadamente surgieron riesgos vinculantes al respecto.

En el 2000, la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, en conjunto con el gobierno de Jalisco, la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar, la Cámara Nacional de las Industrias Alcoholera y Azucarera, y la Fundación Misión México, AC, decidieron realizar la evaluación de la presencia del MTBE mediante el estudio Riesgos de contaminación del agua por el uso del aditivo éter metil terbutílico en las gasolinas.Cabe señalar que en ese mismo año se establecieron 65 nuevos centros para almacenamiento y distribución de gasolina en la Ciudad de México lo que significó un aumento de éstos para llegar a tener 306 estaciones de servicio y 39 estaciones para autoconsumo de empresas o entidades privadas.

Se detectaron fugas y derrames de combustible en 65 estaciones de servicio. Puesto que el MTBE es muy soluble en agua, y su estructura molecular es más pequeña, dichas características le permitieron permear hacia los mantos freáticos circundantes a las estaciones de servicio de combustible. Un análisis particular, involucró las estaciones de servicio que se ubican en zonas cercanas a la recarga natural del acuífero, donde los resultados arrojaron la presencia de MTBE en 5 estaciones de un total de 7 evaluadas, con concentraciones máximas para suelos y aguas freáticas.

En esas fechas, las autoridades de los principales estados consumidores de combustibles de Estados Unidos de América (como el caso de California, Nueva York, Illinois, etcétera.) comenzaron a crear leyes y decretos, para imponer la prohibición del MTBE como aditivo oxigenante en gasolinas reformuladas, dando pié a la introducción del etanol como sustituto del mencionado químico.

Estudios realizados en Estados Unidos de América encontraron residuos de MTBE en grandes cantidades en los mantos freáticos de abastecimiento de agua, causados por filtraciones a través de los tanques de almacenamiento subterráneo del mencionado químico. Se han realizado diversos estudios que demuestran la contaminación (por fugas) hacia aguas subterráneas con este oxigenante, y han arrojado resultados negativos, al grado tal que la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (US Environmental Protection Agency, EPA) clasifica al MTBE como cancerígeno en animales y potencialmente cancerígeno en humanos; por lo que en varios lugares se ha comenzado a optar por sustituirlos por etanol para cumplir con los requerimientos del contenido de oxígeno y reducir los riesgos en la salud.

Después de que fueron detectados residuos de MTBE en los pozos de abastecimiento de agua a lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos de América, pero predominantemente en áreas en donde más se aplicaba la utilización de la gasolina reformulada con el químico, se puso a discusión el debate acerca del uso mismo en las gasolinas, y subsecuentemente se buscó la sustitución del mismo por otro oxigenante. Las discusiones sobre la remoción del requerimiento de oxigeno en las gasolinas reformuladas a menudo estaban vinculadas al concepto de energías renovables estándares que podrían asegurar cierto nivel de armonización con el etanol.

En Estados Unidos de América procedieron conforme a estudios y análisis de protección a la salud y al medioambiente a la prohibición del MTBE como aditivo oxigenante en las gasolinas, dando pie a la introducción de fuentes alternas como el caso de los oxigenantes provenientes de la biomasa tales como el etanol. Como resultado de ello, diversas legislaciones estatales elaboraron proyectos de prohibición del MTBE. Para 2003, legislaciones acerca de la restricción del MTBE habían sido ejecutadas en 16 estados: California, Colorado, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Dakota del Sur y Washington.

Resulta emblemático el caso de estado de California, no sólo por las dimensiones y la importancia de lo que se considera la “quinta economía del mundo”, sino que  por sí mismo y de acuerdo con estadísticas de la Administración de Información Energética (EIA), sólo ese estado consumía el 31.7 por ciento del MTBE del consumo total de Estados Unidos de América (véase en http://www.eia.doe .gov/oiaf/servicerpt/mtbeban/pdf/mtbe.pdf )

Además, en dicho estado se encuentra el productor más grande de MTBE a nivel mundial Lyondell Chemical Company (ahora LyondellBasell), por lo cual el impacto de la prohibición del MTBE, además de incluir cuestiones ambientales estuvo vinculado con factores económicos en el estado.

En 1999 el entonces gobernador de California, Gray Davis, basándose en un estudio científico llevado a cabo por la Universidad de California, emitió una orden ejecutiva mediante la cual decretó la prohibición del MTBE como aditivo oxigenante, puesto que “si bien el MTBE había provisto a California de beneficios en el aire, a causa de filtraciones hacia el subsuelo provocadas por los tanques de almacenamiento, se descubrió que el MTBE posee una amenaza para los pozos de agua para beber”. Concluyó diciendo que “sobre el balance existen riesgos significativos para el medioambiente desde que se utilizó el MTBE en las gasolinas de California”. Resultado de dicha orden ejecutiva, se procedió a la sustitución gradual del MTBE por oxigenantes provenientes de la biomasa, como es el caso del etanol. Dicha sustitución contó con un plazo perentorio de dos años y medio (véase en http://www.arb.ca.gov/regact/mtbepost/appb.PDF).

En California, para efectos de la sustitución del MTBE por etanol, se fijó un porcentaje de este último en las mezclas de gasolina reformulada del 5.7 por ciento por volumen de ésta. A partir de 2009 fue permitido un incremento en la mezcla de etanol con gasolinas reformuladas, pasando del 5.7 al 10 por ciento por volumen. Así California optó por la gasolina denominada E10(véase en http://www.eia. doe.gov/oiaf/aeo/otheranalysis/aeo_2009analysispapers/cm.html).

El 13 de octubre de 2010 la administración del presidente Barack Obama aprobó incrementar la mezcla de etanol en gasolina reformulada, para pasar del 10 por ciento actual al 15 por ciento por volumen de ésta, esto para coches construidos a partir del año 2007. El anuncio fue hecho oficial por la Agencia de Protección al Medioambiente (EPA por sus siglas en inglés) y a la gasolina se le dio la nueva denominación de gasolina E15.

A partir de las primeras prohibiciones del MTBE en las gasolinas reformuladas de los Estados Unidos, este país comenzó una serie de proyectos encaminados a la obtención de una producción adecuada para la sustitución del MTBE como aditivo oxigenante, considerando la capacidad instalada y proyectada de producción de etanol, para lograr el abastecimiento necesario para la sustitución del MTBE. En distintos casos se han concretado inversiones significativas, tanto en EUA así como en la Unión Europea, en campos novedosos como son los biocombustibles.

Datos de la Asociación de Energías Renovables (Renewable Fuels Association) demuestran que durante 2008, Estados Unidos de América ha generado 14 mil 541 millones de galones de bioetanol, cuenta con 170 biorefinerías, ha creado cerca de medio millón de empleos y 20.7 billones de dólares en impuestos.

Cabe señalar que en Europa se han hecho avances muy significativos en cuanto a la producción de etanol, principalmente como componente oxigenante del diesel, dando por resultado el biodiesel. Así la Unión Europea, se mantiene como el mayor productor de biodiesel del mundo. Sólo tres países concentran más del 50 por ciento de la producción europea: Alemania, Francia e Italia, según datos del Consejo Europeo del Biodiesel (European Biodiesel Board). No obstante que los europeos son quienes encabezan la delantera en cuanto a la producción del biodiesel, están haciendo esfuerzos conjuntos para tomar las medidas necesarias para la estandarización de las mezclas de biodiesel en todo su territorio.

Uno de los factores claves para la transición hacia la sustitución de MTBE por el etanol como oxigenante de gasolina es la disponibilidad de éste último, como alternativa deseable.

En México existen las condiciones adecuadas para alentar la producción del etanol y pasar a una sustitución gradual del mismo, como aditivo oxigenante de gasolinas en lugar del MTBE.

Según estudios realizados por investigadores del Instituto Politécnico Nacional se determinó que para lograr la sustitución completa de los oxigenantes, teniendo en cuenta el estado actual de dicha industria, se requiere de un volumen de etanol aproximado de 1,232 millones de litros por año.

Tenemos que ver el problema desde México, y considerar la realidad mexicana actual. Debido al uso masivo de combustibles que utilizan el MTBE como oxigenante existe una grave contaminación en el subsuelo. Por otra parte, contamos con excelentes suelos, grandes extensiones de tierra, agua, condiciones climáticas pródigas, etc; todo esto, nos permite una producción de biomasa en cantidades muy significativas, con el objetivo de desarrollar la industria del etanol. Así se reactivará el campo mexicano y la industria energética nacional, contribuyendo con esto a la generación de empleos, que tanta falta hacen en nuestro país. Con esto además, transitaremos al grupo de sociedades civilizadas que producen energías limpias y que van a la vanguardia, en temas como la protección al medioambiente y el cuidado de la Tierra.

México necesita transitar verdaderamente hacia fuentes de abastecimiento de combustibles renovables, tal y como otros países lo están haciendo y a pasos agigantados, por citar ejemplos, China, Brasil, Argentina, Estados Unidos de América, Alemania, Francia, Italia, etcétera.

Además, de no suspenderse la aplicación del MTBE en los combustibles consumidos en territorio nacional, corremos el riesgo de que dicho químico siga vulnerando el subsuelo y aguas freáticas circundantes, facilitando la migración hacia los acuíferos, lo que implicaría un daño irreversible a las principales fuentes de abastecimiento de agua potable con las que cuenta nuestro país, y el uso de esta agua para consumo humano ocasionaría serios problemas de salud pública.

Por lo tanto no podemos esperar la detonación de la producción del etanol tan sólo como lo normaliza la legislación actual, que dicho sea de paso es insuficiente para tal propósito.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 15 y adiciona las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, para quedar como sigue:

Artículo 15. El Ejecutivo federal, a través de sus dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, implantará los instrumentos y acciones necesarios para impulsar el desarrollo sustentable de la producción y comercialización de insumos, así como de la producción, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de bioenergéticos. Se prohíbe la producción, importación, uso y consumo del MTBE (éter metil terbutílico) como compuesto oxigenante de las gasolinas reformuladas en el territorio nacional, de producción nacional o de importación.

I. Se faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos para realizar la ejecución conducente en la aplicación de esta disposición.

II. Se suspende la aplicación del MTBE como oxigenante para combustibles consumidos en todo el territorio nacional.

III. Para efectos de la sustitución del MTBE como oxigenante en los combustibles, se priorizará la producción del etanol a partir de biomasa. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación será la encargada de determinar, cual o cuales productos servirán de base para la obtención de la biomasa de acuerdo a la fracción II del artículo 2 de esta ley.  

IV. Se debe alentar la participación de las organizaciones sociales de productores de biomasa en todo el proceso de la cadena productiva.

V. Se desarrollará un cronograma que establezca los pasos hacia la sustitución gradual del MTBE por etanol, comenzando a partir de la fecha de expedición de esta ley con un plazo no mayor de tres años. Dicho cronograma será elaborado por la Sener, así como los estudios técnicos y económicos derivados del mismo, procurando siempre asegurar el adecuado abastecimiento y disponibilidad de combustible para los consumidores del país.

VI. La Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, realizará estudios encaminados a la detección de MTBE en mantos freáticos, estableciendo un programa de descontaminación de éstos.

VII. En todo momento se priorizará la obtención de etanol a partir de la producción nacional. Cuando ésta sea insuficiente, se permitirá la importación de éste dentro del periodo establecido en la fracción V de este artículo.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de Enero de 2011.— Diputado Cruz López Aguilar (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General de Salud, la suscribe el senador Manuel Velasco Coello.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Iniciativa que reforma el artículo 103 de la Ley General de Salud, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador de la república a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión de Permanente del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, una de las estrategias del Programa Nacional de Salud 2007-2012 es “fortalecer la investigación y la enseñanza en salud para el desarrollo del conocimiento y los recursos humanos”.

Igualmente, la Visión México 2030 plantea un sistema de salud que propicia los espacios para la formación de los recursos humanos para la salud y la investigación.

Por su parte, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 propone como una de sus metas aumentar la inversión nacional en investigación y desarrollo como porcentaje del producto interno bruto de 0.47 por ciento –cifra actual– a 1.2 por ciento en 2012. Esto, mediante la colaboración del sector privado con las instancias gubernamentales e instituciones de enseñanza e investigación pertinentes. Fomentar esta colaboración no es un asunto menor, en tanto en 2007 más de 70 por ciento de los recursos erogados para la investigación clínica en el mundo provinieron de la industria farmacéutica, seguida en 34.4 por ciento por recursos públicos y 2.37 por ciento por instituciones educativas.

México cuenta ya con muchos elementos a su favor para atraer una proporción importante de los aproximadamente 27 mil millones de dólares que se invierten mundialmente para financiar investigación clínica. El primero de sus atractivos se refiere a su perfil demográfico. México cuenta con una población cuantiosa que lo ubica entre las naciones más pobladas del mundo, cuyo perfil epidemiológico es complejo: prevalecen enfermedades crónicas que son caras y difíciles de tratar, pero siguen sin erradicarse algunos malestares propios de los países del tercer mundo. En este sentido, la investigación que se realiza en nuestro país atiende directamente a las necesidades más urgentes de la población en áreas terapéuticas tales como la oncología y las enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Por otro lado, contamos con profesionales de la salud y centros de especialidad de excelencia, reconocidos internacionalmente por su capacidad plena en términos de infraestructura, equipo y recursos humanos para acoger protocolos de investigación que a la larga, abonan al avance científico en todo el mundo.

En tercer lugar, en México se observan plenamente los más altos estándares éticos en materia de derechos de los pacientes. Nuestro país es signatario de todos los acuerdos internacionales en la materia, y su observancia está garantizada tanto en la Ley General de Salud, como en sus ordenamientos secundarios.

Sin embargo, debemos destacar el error existente en el artículo 103 de la Ley General de Salud, en el cual seguramente por una falla ortográfica o como se dice por un “error de dedo”, el legislador que redacto dicho precepto incluyó la palabra pariente,cuando indudablemente lo que se quiso plasmar fue la palabra paciente,por lo que consideramos de suma importancia realizar el debido ajuste a la Ley, mediante la presente reforma.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 103 de la Ley General de Salud

Artículo Único: Se reforma el Artículo 103 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Artículo 103. En el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar nuevos recursos terapéuticos o de diagnóstico, cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente, siempre que cuente con el consentimiento por escrito de éste, de su representante legal, en su caso, o del familiar más cercano en vínculo, y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 26 de enero de 2011.— Senador Manuel Velasco Coello (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 42 de la Ley General de Educación.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Iniciativa que reforma los artículos 7o. y 42 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente nuestro país sufre un grave problema de salud pública ya que somos el primer país a nivel mundial con mayor número de niños y adolecentes obesos, este grave fenómeno de salud principalmente se debe a que nuestra población no ha estado sujeta a un buen hábito del consumo de alimentos.

Aunado a esto, también debemos de agregar la poca actividad físico atlética que los menores y adolescentes llevan a cabo en sus centros de estudios, la cual resulta de suma importancia para el desarrollo integral de éstos.

Lamentablemente, en los últimos años la sociedad mexicana ha adoptado un estilo de alimentación conocido como “americano”, el cual consiste en la ingesta de comida rápida, estos productos no sólo resultan malos en sí por ingerirla alimentaria, sino también por el alto grado calórico que tienen los mismos, este mal hábito alimenticio se ha trasladado directamente a las escuelas y los hogares mexicanos.

Hoy día hablar de guisos preparados en casa queda muy aparejado con la práctica consumista de alimentos ya procesados y listos para comerse. En la práctica, esto ha transformado totalmente el hábito de preparar en casa un buen refrigerio para que los niños en edad de cursar la educación básica, puedan llevarse a la escuela y tomar su almuerzo durante el recreo.

Por si fuera poco, lejos de alentar a los niños y adolecentes a que practiquen más ejercicio, en las escuelas públicas sólo se le dedica en promedio una hora de educación física, dos veces por semana, lo que significa que es más el tiempo en el que ellos se la pasan sedentarios.

Es de resaltar, que la actividad física, en la infancia y adolescencia contribuye al desarrollo de las estructuras neuronales y motoras, necesario para la evolución cognitiva, por lo tanto la educación física se convierte en una herramienta imprescindible donde se educa al menor a través del movimiento para desarrollar sus aspectos tanto motores, cognitivos como socio emocionales.

Pero, además de coagente educativo, imprescindible en el desarrollo evolutivo del niño, la nueva concepción de la salud, como completo estado de bienestar físico, psíquico y social, establecido por la Organización Mundial para la Salud (OMS), conlleva una nueva orientación, no sólo el tratamiento de enfermedades, sino de la promoción de entornos saludables donde es vital la colaboración multidisciplinar entre distintos agentes sociales, escuela, familia (padres, hermanos), médicos, etc. Así, vemos como la educación física es un bastión importante en esta nueva concepción y puede introducir enfoques hacia el fomento de la salud.

Recientemente, a través de investigaciones realizadas, hemos conocido las probabilidades de consecuentar otras enfermedades de igual e incluso mayor delicadeza que el simple hecho de seguir siendo obesos.

La preocupación por la relevancia que está tomando la obesidad a nivel nacional se debe a que esta es un factor de riesgo detonante para el desarrollo de diversas enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, aumento del factor de riesgo cardiovascular, problemas respiratorios, fatiga, alteraciones tiroideas, algunas formas de cáncer, problemas de autoestima, de relación social, entre otras. Enfermedades crónicas de nuestro tiempo que aumentan las cifras de mortalidad y el gasto en materia de salud.

En este sentido, se sabe que los niños que son obesos entre los 10 y 13 años de edad, tienen hasta un 80 por ciento de probabilidad de convertirse en un adulto obeso y desarrollar las enfermedades antes referidas.

Por todo lo anterior, debemos reconocer la ineficiencia y falta de atención que la Secretaría de Educación Pública ha puesto en este tema en específico, ya que como es bien sabido, en todos los planteles educativos, públicos y particulares, se sigue vendiendo comida chatarra y productos con alto contenido calórico que solamente hacen que este problema se agrave.

Es evidente, que la escuela no puede dar la espalda a los diferentes problemas y cambios sociales, a la obesidad infantil y juvenil, los centros educativos son el lugar adecuado para hacer la labor de prevención, promoviendo hábitos alimenticios y la práctica de actividad física. La infancia y la adolescencia suponen un momento idóneo para modificar conductas que ayuden a conformar la personalidad, son etapas en las que se adquieren valores y hábitos de comportamiento que tendrán un papel decisivo en la edad adulta, por lo que se pueden establecer patrones difíciles de cambiar en el futuro.

Así las cosas, basamos nuestra propuesta en incrementar hasta en 45 minutos diarios las clases de educación física en el periodo de actividades escolares, en todas las escuelas públicas y privadas del país.

La intención de dicha propuesta, tiene que ver con exigir a las autoridades educativas a que adecuen sus horarios de clase para destinar como mínimo 45 minutos al día las actividades físicas, tan necesarias para nuestros alumnos, enfatizando en que el tipo de ejercicio que se realice sea supervisado por un profesional en la materia, esto para que realmente se pueda alcanzar el objetivo de mitigar y combatir el sobrepeso y la obesidad en nuestros jóvenes estudiantes.

Amén de esto se debe recalcar que todas las personas pueden beneficiarse al hacer ejercicio de forma regular, por lo que hace a los niños que se mantienen activos se obtienen beneficios tales como los siguientes:

• Músculos y huesos más fuertes;

• Un cuerpo más delgado, ya que el ejercicio ayuda a controlar la grasa en el cuerpo;

• Menos probabilidades de tener sobrepeso;

• Menor riesgo de tener diabetes tipo dos;

• Presión arterial y niveles de colesterol en sangre probablemente más bajos; y

• Una mejor actitud ante la vida.

Además de disfrutar los beneficios que la práctica regular de ejercicio aporta a la salud, los niños que tienen buen estado físico duermen mejor y pueden enfrentar los desafíos físicos y emocionales con mayor eficacia.

Como ya se ha mencionado, uno de los mayores problemas para que nuestros niños y jóvenes mexicanos desarrollen una actividad física es el poco tiempo que se les destina en las escuelas para dicha actividad; basados en esto, somos conscientes de que una de las preocupaciones de los padres de familia es que no se esfuerce de más a sus hijos ya que podrían lastimarse.

Pero debemos hacerles notar que no todo ejercicio es altamente riesgoso. Así entonces, podemos considerar que a altas intensidades de esfuerzo físico, son pocos los alumnos que resisten más de veinte o treinta minutos realizando una actividad física, después de este tiempo, forzosamente se tiene que ir disminuyendo este ritmo.

Contrariamente, si el ejercicio se realiza a un ritmo medio y constante, es posible obtener los resultados deseados con la quema de calorías sólo con un tiempo de 45 minutos a una hora destinada para lo mismo.

En otras palabras, cuando se practica algún deporte intenso durante poco tiempo, el metabolismo consume principalmente glucógeno que es sencillamente la glucosa que se aloja en los músculos pero no precisamente grasas.

Por tanto, una vez que a través del ejercicio explosivo se agota este glucógeno, la persona entra en fatiga y generalmente suspende su ejercitación.

Pero por el contrario, si se promueven ejercicios aeróbicos de media intensidad, alcanzados en promedio los 45 minutos, habremos consumido todo el glucógeno y aun podremos aguantar algunos minutos más, durante los cuales el organismo consumirá grasas, que es el objetivo deseado.

Algunos autores coinciden con lograr imponer en lo inmediato, mediante la práctica diaria, ejercicios de calidad, aunque no necesariamente por tiempos muy prolongados, ya que en estos ejercicios existen actividades físicas que pueden desarrollar hábitos y actividades que arraigaran en nuestros jóvenes, valores positivos en el cuidado personal de la salud, aunque contrastantemente en la actualidad, sólo “se ha encontrado que en la mayoría de escolares adolecentes la única actividad deportiva que realizan en su vida diaria es durante la clase de educación física, lo cual está lejos de ciertos estándares mínimos, que son indispensables para obtener beneficios en la salud”.

Con lo anterior, debemos aclarar que la intención de la iniciativa en comento, no es cambiar en sí el esquema de impartición de rutinas deportivas en las escuelas, sin embargo, sí planteamos la posibilidad de incrementar en los horarios de clase de todos los días, 45 minutos para la práctica de alguna disciplina deportiva aeróbica, que complemente las actividades escolares habituales.

Por tanto, compañeras y compañeros diputados, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción IX del artículo 7o., así como la reforma al primer párrafo del artículo 42, todos de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se reforma la fracción IX del artículo 7 para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a VIII. ...

IX.Estimular la educación física y la práctica del deporte para crear conciencia sobre la preservación de la salud, basada en una adecuada impartición de la educación física, privilegiando las actividades aeróbicas de 45 minutos diarios en promedio, y también promoviendo los beneficios de una alimentación balanceada.

Artículo Segundo.Se reforma el primer párrafo del artículo 42 para quedar como sigue:

Artículo 42. En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. Estas medidas también deberán ser consideradas en lo relativo a la prevención del deterioro de la salud provocadas por la obesidad y el sobrepeso, para los educandos en edad de cursar su educación básica.

...

Transitorios

Primero. La presente reforma y adición contenidas en este decreto entraran en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 26 de enero de 2011.— Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

LEY DE PLANEACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Del senador Luis Maldonado Venegas se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 21 y 22 de la Ley de Planeación.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Iniciativa que reforma los artículos 3o., 21 y 22 de la Ley de Planeación, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Luis Maldonado Venegas, senador a la LXI Legislatura, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 3o., el primer párrafo del artículo 21 y el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley de Planeación, a fin de que la planeación del desarrollo nacional se amplíe a un periodo de veinticinco años, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983 publicó el decreto de reformas propuestas por el presidente Miguel de la Madrid en iniciativa de fecha 3 de diciembre de 1982, relativas a la modificación de los artículos 25 y 26 constitucionales.

El artículo 25 fue dedicado a la rectoría del Estado y a la economía mixta, y el 26, a la planeación democrática del desarrollo. Se adicionaron dos nuevas fracciones al artículo 27 con el propósito de incluir el concepto de desarrollo rural integral y las condiciones para una impartición expedita de la justicia agraria con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica en el campo. El artículo 28 se reformó y adicionó para dar una definición precisa de las áreas económicas reservadas al Estado y reafirmar su facultad de intervenir en los mercados de productos de consumo popular.

Asimismo, se añadieron tres fracciones al artículo 73, con el propósito, de facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; sobre programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y la producción de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios y las tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiera el desarrollo nacional.

El artículo 26 constitucional contiene la facultad del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo, los propósitos, objetivos y fines de la misma, su carácter participativo, los requerimientos de los planes que resulten del procedimiento y los órganos encargados de su elaboración.

Es después de la Segunda Guerra Mundial, nos dice José Gamas Torruco, en sus comentarios al marco teórico conceptual de la reforma al artículo 26 constitucional, cuando empieza a utilizarse la expresión “desarrollo económico” que México venía ya practicándolo como política desde la época de los veinte tan pronto como el gobierno de la república pudo pacificar a la mayor parte de los caciques militares rebeldes que se habían constituido en verdaderos feudos locales como secuela inevitable de la Revolución.

En el año de 1933 se expidió, por el Partido Nacional Revolucionario, el plan sexenal, con el propósito de ordenar las acciones económicas del nuevo gobierno y como una especie de compromiso de las fuerzas políticas dominantes ante las demandas de los sectores populares.

El Estado se reconoce en el plan como “un agente activo de gestión y ordenamiento, función que le dio la Constitución” que “quitó al Estado el carácter de institución puramente política y lo orientó hacia la acción reguladora de los fenómenos vitales del país, adelantándose en este camino a las más modernas teorías y a las más progresistas naciones.”

El plan en sí mismo no sólo contenía principios sino también acciones concretas. Lázaro Cárdenas se apoyó en el Plan para que algunas acciones gubernativas que se tomaron como decisiones de Estado, rebasaran su sexenio, tales como la reforma agraria, la organización laboral y el nacionalismo económico.

En 1940 se expidió un segundo plan sexenal que ya no se aplicó por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El esfuerzo de planeación no se continuó durante las administraciones de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines.

En el gobierno de Adolfo López Mateos se creó la Secretaría de la Presidencia, más tarde designada como de Programación y Presupuesto, con el propósito de establecer una planeación nacional del desarrollo, para coordinar sus acciones con la Secretaría de Hacienda que a través de su titular Antonio Ortiz Mena creó una “comisión gasto-financiamiento” que programó, entre ambas dependencias, la aplicación del gasto público, estableciéndose un claro esquema de “desarrollo estabilizador” que se siguió en la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

En la administración de Luis Echeverría Álvarez se sobrevino una crisis económica y una inevitable devaluación que demandó la elaboración del Plan Básico de Gobierno 1976-1982 durante la campaña del candidato José López Portillo, lo que implicó, durante su gobierno, llevar a cabo un importante esfuerzo administrativo, elaborándose planes sectoriales en diversas ramas de las atribuciones federales, así como planes estatales, lo que marcó la elaboración del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, conteniendo objetivos nacionales, estrategias y metas, previéndose recursos y acciones; el presupuesto de egresos de la federación de 1980 quedó así ligado al plan.

El gobierno del presidente Miguel de la Madrid promovió la reforma constitucional que tuvo como resultado el artículo 26 vigente. Se tomó la decisión de fijar claramente el papel del Estado y se promovió la reforma constitucional del Capítulo Económico a la que he hecho referencia en la presente Iniciativa y de inmediato se publicó la Ley de Planeación.

Desde entonces los presidentes de la República han cumplido con la obligación constitucional establecida, sin embargo el esfuerzo de planeación ha derivado en resultados escasos, lo que desde mi punto de vista implica la necesidad de que establezcamos una planeación a un plazo de veinticinco años, con revisiones cada seis, a fin de que los objetivos que se planteen para el desarrollo nacional, no se cambien ni se circunscriban al tiempo de duración del periodo presidencial.

De esta manera evitaríamos que la planeación sea un mero ejercicio burocrático que se realiza cada seis años y vincularíamos la actividad económica para fijar objetivos reales y alcanzables para el desarrollo de México.

Cabe señalar que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos llevan a efecto políticas de planeación a largo plazo, siendo la excepción el nuestro.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman, de la Ley de Planeación, el segundo párrafo del artículo 3o., el primer párrafo del artículo 21 y el segundo párrafo del artículo 22, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación racional sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades a veinticinco años; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados cada seis años.

Artículo 21. El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y su vigencia podrá exceder el periodo constitucional que le corresponda.

...

...

Artículo 22. El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo.

Estos programas observarán congruencia con el Plan, y su vigencia podrá exceder el periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 26 de enero de 2011.— Senador Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la suscribe el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política, así como 55, fracción II, 56, 60, 63, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los sistemas de salud se financian con recursos públicos, privados y los provenientes del exterior, como las donaciones. Los recursos públicos, en México proceden principalmente de los impuestos y otros ingresos gubernamentales no tributarios. El gasto privado lo financian las familias, con sus recursos, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las empresas privadas, cuya participación es pequeña, pero estratégica.

El gasto de bolsillo –el proveniente de las familias al momento de utilizar los servicios de salud– concentró más de 90 por ciento del gasto privado y más de la mitad del gasto total en salud.

El gasto de bolsillo tiene la peculiaridad de que es la forma más ineficiente e inicua de financiar la atención de la salud, ya que no aprovecha la agregación de riesgos y rompe con un principio básico de justicia financiera que indica que los individuos deben aportar al financiamiento de su salud de acuerdo con su capacidad de pago y recibir servicios en función de sus necesidades de salud. El gasto de bolsillo invierte esta regla: quienes más pagan son los más enfermos, que con frecuencia son también los más pobres. Además, expone a las familias a gastos excesivos, que pueden llegar a ser catastróficos y empobrecedores.

Los seguros médicos voluntarios concentran otra parte del gasto privado. Tienen como principal ventaja la de proteger contra gastos catastróficos por motivos de salud, pero sus asegurados, a diferencia de lo que sucede con los seguros públicos, contribuyen en función de su nivel de riesgo.

La presencia del sector privado en el campo de la salud en México es evidente, tanto en el financiamiento de los servicios como en su prestación. En ésta interviene gran variedad de proveedores, clínicas y aseguradoras de salud.

Lo anterior impone al sector salud un reto con diferentes implicaciones, a partir del cual se requiere identificar y analizar con claridad las condiciones que prevalecen en cada uno de los componentes del sector a fin de generar estrategias de acción adecuadas para su desempeño.

En específico, en el seguro de gastos médicos privado hay áreas de oportunidad importantes en materia de transparencia, como no generar confusión en los alcances de las diversas coberturas, en las definiciones respecto a preexistencias, periodo de cobertura, reconocimiento de antigüedad, periodos de espera y renovación garantizada. En cuanto a portabilidad, hay confusiones entre planes asegurados, entre programas (colectivo a individual), entre compañías de seguros, finalmente respecto a los costos, donde se presentan incrementos en prima por muy arriba de la inflación.

La intención debe ser mejorar el desempeño del asegurado al estar bien informado y volver eficiente la propuesta de seguro en materia de gastos médicos, ya que ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros continuamente se presentan quejas por rechazo por siniestro excluido o no cubierto, por enfermedad preexistente, por no respetar la antigüedad adquirida y, en términos generales, negativa a pagar reembolso o a renovar póliza por parte de las aseguradoras.

Se tiene que favorecer la competencia evitando barreras de entrada y salida de compañías en el sector, incentivando el número creciente de participantes con un alto ritmo de crecimiento y evitar elevados costos para los consumidores al momento de cambiar su seguro de una empresa a otra, estimulando finalmente una mayor innovación, así como mayor competencia que se traduzca en mayor eficiencia en favor de los usuarios o consumidores.

Creo conveniente mejorar la portabilidad del seguro de gastos médicos entre compañías, generando con ello una mejor competencia en favor del asegurado, para que éste cuente con mejores opciones de cobertura y costos en prima, donde en específico en el seguro de gastos médicos el asegurado tenga la seguridad que serán respetados sus derechos adquiridos, entre otros los relativos a la antigüedad y preexistencia, de acuerdo con las reglas de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Para tal efecto, en caso de que la póliza del asegurado no presente siniestro, el monto de las reservas técnicas que se hayan constituido por esa póliza o riesgo en específico deberá ser entregado a la institución de seguros que adquiera el riesgo o celebre el nuevo contrato; esto, conforme a las reglas de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

Artículo Único. Se adicionan un párrafo segundo y uno tercero a la fracción IV del artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue:

Artículo 8. Los seguros comprendidos dentro de la enumeración de operaciones y ramos del artículo anterior son los siguientes:

I. a III. ...

IV. Para el ramo de gastos médicos, los contratos de seguro que tengan por objeto cubrir los gastos médicos, hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación de la salud o vigor vital del asegurado, cuando se hayan afectado por causa de un accidente o enfermedad.

El asegurado podrá cambiar de institución con la seguridad que serán respetados sus derechos adquiridos, entre otros los relativos a la antigüedad y preexistencia, de acuerdo con las reglas de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Para tal efecto, en caso de que la póliza del asegurado no presente siniestro, el monto de las reservas técnicas que se hayan constituido por esa póliza o riesgo en específico deberá ser entregado a la institución que adquiera el riesgo o celebre el nuevo contrato; esto, también conforme a las reglas de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

V. a XIII. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de enero de 2011.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

LEY DE PESCA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Pesca, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Pesca, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador de la república a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los efectos del cambio climático global sobre la pesca se ubican en el contexto de una actividad que enfrenta problemas de sustentabilidad. La sobreexplotación, el sobredimensionamiento de la capacidad instalada, los conflictos entre flotas y otras actividades, un manejo que ignora la variabilidad ambiental y la incapacidad para imponer medidas regulatorias en la práctica, son aspectos recurrentes de una situación mundial.

En el Golfo de México se llevan a cabo numerosas pesquerías artesanales basadas en diversos recursos, cuya captura individual es marginal. En general, éstos son explotados por una flota menor.

Las pesquerías artesanales son muy relevantes en términos sociales al ocupar a una proporción mayor de personas, este tipo de pesquería se caracteriza porque requiere trabajo intensivo y es realizada principalmente por pescadores artesanos, cuyo nivel de ingresos, mecanización, cantidad de producto, radio de pesca, influencia política, posibilidad de mercado, empleo, movilidad social y dependencia financiera, los mantiene subordinados a las decisiones económicas y operaciones impuestas por parte de aquellos que compran su producción, siendo el factor trabajo el elemento básico del proceso de producción.

La mayor limitante para evaluar la vulnerabilidad de la pesca ante el cambio climático global es que no existen, para los mares mexicanos, escenarios formales, derivados de la modelación a escala regional. Esta carencia impone opciones menos adecuadas para extrapolar el medio.

La acuacultura es una de las actividades productoras de alimentos que en el ámbito mundial viene registrando tasas de crecimiento del 9-10 por ciento anual, tasa superior, con mucho, a la producción de otros alimentos cárnicos competidores o sucedáneos como es la producción de bovinos, pollo o cerdo, que en promedio alcanzan tasas de crecimiento inferiores al 3.0 por ciento. Mientras todos esos crecimientos acuaculturales tienen lugar en países tan distantes como China, así como en Costa Rica, Honduras Brasil y Chile, las tendencias son similares. En cambio, la actividad acuícola que se desarrolla en México no encuentra su cauce virtuoso. Por un lado, la producción pesquera del medio natural que alcanzó 1.5 millones de toneladas en la década de los ochenta, no ha crecido; al contrario, su tendencia es hacia la disminución.

Y, por lo que corresponde a la acuacultura, tanto en aguas dulces como marinas se encuentra estancada virtud a que las instituciones gubernamentales responsables, conforme pasa el tiempo pierden capacidad de decisión y de gestión.

Es por ello que las autoridades tienen en sus manos un potencial enorme para desarrollar una acuacultura rentable y sustentable y con ella crear medios virtuosos de sustento de las zonas costeras y rurales de nuestro país.

En el país se están sometiendo a una fuerte explotación los recursos pesqueros, poniendo en peligro la sostenibilidad, y obligando al replanteamiento de las políticas pesqueras, para hacerlas más compatibles con la preservación de los ecosistemas; la acuacultura ha cobrado importancia pues se ha convertido en una alternativa viable para ampliar la producción pesquera sin aumentar la sobreexplotación del recurso pesquero; es una actividad que ofrece desarrollo económico y progreso en multitud de ambientes y beneficiarios, incrementando la producción de alimentos de alto valor nutritivo y económicamente accesibles, o destinados a los mercados de exportación. Siendo importante el fomento, regulación y administración de las actividades de acuacultura.

Las instituciones gubernamentales deben apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas. Los artículos 2, 4, 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son el fundamento que rige en materia de derechos y cultura indígenas, y es de ahí donde nace la obligación a prestar servicios de asesoría y capacitación a estos grupos, por ejemplo, cuando éstas comunidades se dediquen a la actividad pesquera, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá prestar los servicios de asesoría respetando los usos y costumbres respecto de sociedades cooperativas de producción pesquera, ejidales o comunales.

La Constitución reconoce el derecho a la educación bilingüe e intercultural, una consecuencia natural es que las dependencias públicas, en este caso las relacionadas con la pesca, se comprometan a realizar un esfuerzo para brindar servicios en las lenguas indígenas de la región o regiones de que se trate. Por ello, en todo lo que se refiera a concesiones, permisos o autorizaciones, se deberán prever traducciones, a fin de asegurar el conocimiento pleno por parte de los indígenas beneficiarios.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pesca

Artículo Único:Se reforma el primer párrafo del artículo 7, se adiciona la fracción VI al artículo 15, se adiciona la fracción I Bis al artículo 17, y se adicionan un cuarto y quinto párrafos al artículo 21, todos de la Ley de Pesca, para quedar como sigue:

Ley de Pesca

Artículo 7. El otorgamiento de una concesión o permiso, quedara sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y conservación del recurso de que se trate. Cuando la concesión o permiso pueda afectar el hábitat de alguna comunidad indígena la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad.

La Secretaría de Pesca, en los términos que fije el reglamento, podrá concursar el otorgamiento de concesiones o permisos para el aprovechamiento por área, especie o grupo de especies para la pesca comercial.

Artículo 15. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación podrá autorizar con carácter de intransferible únicamente a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, la realización de las siguientes actividades:

I. a V. ...

VI. La pesca realizada por las comunidades indígenas a través de usos y costumbres, los cuales no vulneren los ecosistemas o el medio ambiente, y que constituyan una actividad productiva que les permita alcanzar un desarrollo sustentable.

Artículo 17. Procede la revocación de las concesiones, permisos o autorizaciones, cuando sus titulares:

I. ...

I. Bis. Deterioren o modifiquen el hábitat natural de las comunidades indígenas;

Artículo 21. La investigación científica y tecnológica, así como la capacitación que realice la Secretaría de...

...

...

A fin de apoyar las actividades productivas de las comunidades indígenas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación promoverá programas tendentes a reconocer aquellos usos y costumbres pesqueros de estas comunidades, que favorezcan su desarrollo sustentable.

Asimismo les dotará de los estímulos, recursos y tecnologías, para que incrementen sus capacidades productivas.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senador Manuel Velasco Coello (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Kahwagi Macari, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 17, 159, 212, 275, 276, 277, 277 BIS, 307 y se reforma el título del capítulo XI todos de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, como en todos, hemos tenido que legislar para controlar el uso de algunas sustancias cuando descubrimos que ponen en riesgo la salud de nuestra población. Nuestra legislación sitúa el consumo de algunas sustancias como prohibido, tal es el caso de los enervantes, mientras que algunas otras, el tabaco o las bebidas con contenido alcohólico, son de consumo legal pero regulado. La regulación al igual que la prohibición persigue controlar el consumo de sustancias que afectan negativamente la salud pública, sin embargo, existen algunas sustancias altamente nocivas para la salud que no están reguladas ni mucho menos prohibidas y cuyo consumo está lacerando profundamente la salud de nuestra sociedad. Hablamos de los productos alimenticios industrializados con alto contenido en grasas saturadas, parcialmente hidrogenadas y ácidos grasos trans (AGT), tales como la margarina, las llamadas comidas rápidas, los productos industriales de pastelería, alimentos procesados y fritos.

Históricamente, el impacto que el consumo de algunas sustancias tiene en la salud pública, obliga a los gobiernos a regular su venta; cuando compromete los recursos de la salud pública se les asignan impuestos especiales que lo contrarrestan y cuando la afectación alcanza al tejido social suele prohibirse la comercialización de tales sustancias.

En México, la Secretaria de Salud (SSA), mediante la publicación “Observatorio de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas” informa que el alcohol causa 54 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito, mientras que el tabaco es el responsable de la muerte de más de 25,000 personas al año. El comercio de tabaco y de bebidas alcohólicas, si bien es legal, está gravado en la mayoría de los países con fuertes impuestos, que buscan, por un lado, reducir el consumo, y por otro, cubrir los gastos sanitarios derivados de las enfermedades causadas por su consumo.

La mortalidad es el aspecto que, paradójicamente, mejor describe la situación de salud de una población. El Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais) asegura que las tres principales causas de mortalidad en nuestro país, que en su conjunto suman mas de 30 por ciento de las muertes totales y cuyo porcentaje aumenta de manera sostenida año tras año, no son a causa del consumo de sustancias prohibidas, ni por enfermedades asociadas al tabaquismo o al alcoholismo, tampoco por accidentes de tránsito provocados por personas en estado de ebriedad ni por enfermedades epidemiológicas sino por enfermedades asociadas al abuso en el consumo de ácidos grasos trans (AGT). Actualmente los AGT son de venta legal y sin restricción alguna.

Los AGT no sólo aumentan la concentración de lipoproteínas de baja densidad (LDL, el “colesterol malo”) en la sangre sino que disminuyen las lipoproteinas de alta densidad (HDL, el “colesterol bueno”), provocando un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Los ácidos grasos trans se forman en el proceso de hidrogenación que se realiza sobre las grasas con el fin de solidificarlas, para utilizarlas en diferentes alimentos. Un ejemplo de ello es la solidificación del aceite vegetal, líquido, para la fabricación de margarina. Además promueve la frescura, le da textura y mejora la estabilidad a temperatura ambiente pero, precisamente por su estabilidad a temperatura ambiente, es muy difícil de metabolizar y se quedan fácilmente almacenados en nuestro cuerpo.

Estos ácidos grasos pueden ser particularmente peligrosos para el corazón y se asocian con el aumento en el riesgo de desarrollo de algunos cánceres. Las concentraciones más altas de AGT incrementan el riesgo de diabetes de tipo II. Aumentan el riesgo de la enfermedad cardíaca coronaria más que cualquier otro macronutriente, confiriendo un riesgo sustancialmente creciente incluso en los niveles bajos de consumo. La relación entre el consumo de AGT y la probabilidad de adquirir enfermedades cardiacas coronarias no es lineal sino exponencial, es decir, un pequeño aumento en el consumo de AGT, digamos de 2 por ciento, se traduce en un aumento de 23 por ciento de la probabilidad de padecer estas enfermedades.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) divulgó, en 2007, un informe científico que muestra que el consumo de AGT, aumenta el riesgo de cardiopatía coronaria y de muerte súbita de origen cardíaco y de diabetes mellitus, principal causa de muerte en México y cuya tasa de mortalidad aumentó de 10 por ciento en el año 2000 a 14 por ciento en el 2008.

Las patologías cerebrovasculares, isquémicas del corazón y la diabetes mellitus, asociadas directamente con el abuso en el consumo de AGT, provocan más muertes que las siguientes 17 causas principales de mortalidad juntas en nuestro país.

Los AGT han mermado la salud de la población mundial y en particular la mexicana de manera más relevante que el SIDA, el cáncer, las enfermedades pulmonares, la cirrosis, las muertes por agresiones (homicidios) o los accidentes de tránsito. Irónicamente, el consumo de AGT no está regulado ni prohibido y sus consecuencias negativas en la salud van en aumento.

La OPS, asegura que una reducción del consumo de AGT de apenas 2 a 4 por ciento del total de calorías evitaría cerca de 30 mil a 225 mil ataques cardíacos en América Latina. En esta región, una reducción de 4,5 gramos por día (g/d) (equivalente al 2 por ciento de la energía diaria) en el consumo de AGT se traduciría en la prevención de entre 30 mil a 130 mil sucesos de cardiopatía coronaria, mientras que una reducción de 9 g/d (equivalente al 4 por ciento de la energía diaria) prevendría de 62 mil a 225 mil sucesos de cardiopatía coronaria.

Los AGT están presentes en diferentes cantidades en una amplia variedad de alimentos industrializados para su venta a todo público sin informar las consecuencias de su impacto en la salud. Es sorprendente pero el abuso en el consumo de panecitos y frituras es letal para nuestra salud y se venden en las tienditas de la esquina a niños y adultos por igual.

Las grasas esenciales son necesarias para el desarrollo neurológico, la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades degenerativas. Las grasas deben aportar entre el 30 y 35 por ciento de la energía total diaria, es por ello que no debemos excluirlas de la dieta, sin embargo, el abuso en el consumo de alimentos industrializados ricos en grasas, se ha demostrado, es nocivo para la salud y más aun cuando se trata de grasas saturadas o de AGT.

Los malos hábitos alimenticios aunado a una vida sedentaria, nos ha catapultado, como sociedad, a ocupar los primeros lugares de obesidad en el mundo. Es una pena, pero las medallas que no ganamos en atletismo y alto rendimiento las ganamos en obesidad y alto colesterol.

No todas las grasas son recomendables. Las grasas saturadas no deben aportar más de 10 por ciento de los requerimientos energéticos diarios; los ácidos grasos poliinsaturados deben constituir entre 6 y máximo 10 por ciento; mientras que las grasas trans no deben superar 1 por ciento puesto que nuestro organismo simplemente no las puede metabolizar. El resto debe completarse con grasas monoinsaturadas.

Actualmente podemos encontrar en muchos de los productos industrializados de venta en nuestro país una etiqueta con la información nutricional del producto. Hábilmente y cobijados por la falta de claridad en la ley, estas etiquetas especifican su contenido en AGT utilizando como unidad el gramo y usando una sola cifra significativa de modo que el producto, por ejemplo, tuviera 0.49 gramos de AGT por porción pueda redondearse a 0 g engañando al consumidor haciéndole creer que es un producto libre de AGT. Es necesario que cuando se hable de AGT se empleen unidades de miligramos y un mínimo de tres cifras significativas para informar al consumidor de la cantidad real de AGT que contiene el producto así como incluir el porcentaje al que equivale de la energía total del producto y del consumo diario recomendado.

Varios gobiernos han tomado medidas para eliminar las grasas trans de la producción industrial de alimentos. La más destacada ha sido, probablemente, la legislación de Dinamarca, que en enero de 2006 limitó los AGT a 2 por ciento de la cantidad total de grasa en todos los alimentos del mercado, incluidos los alimentos importados y los que se sirven en restaurantes. En 2005, Canadá se convirtió en el primer país que reglamentó la rotulación nutricional obligatoria de las AGT. En 2006, un grupo de trabajo canadiense propuso la reducción del consumo de AGT al “nivel más bajo posible” y recomendó que las grasas trans no excedieran 2 por ciento del contenido total de grasas en aceites vegetales y margarinas blandas para untar y 5 por ciento del contenido total de grasa en los demás alimentos.

Un comité multisectorial sobre grasas y aceites de Costa Rica ha propuesto la reducción del consumo de AGT en los países centroamericanos y la República Dominicana, y ha recomendado la inclusión de los AGT en el rotulado nutricional. En enero de 2006 Chile siguió el ejemplo, y en agosto de ese mismo año se le unieron países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

El 25 de julio de 2008, California fue el primer estado de Estados Unidos en prohibir los AGT en restaurantes. Con efecto el 1 de enero de 2010, los restaurantes californianos tienen prohibida la utilización de aceites, mantecas y margarinas que contengan AGT “artificiales” para untar o para freír, con la excepción de las rosquillas fritas. Se prohibirá que las rosquillas y otra repostería contengan AGT “artificiales” a partir del 1 de enero de 2011. La comida envasada, sin embargo, no está cubierta por la prohibición y se continuará permitiendo que contenga AGT.

En Nueva Alianza creemos que ha llegado el momento de que México tome medidas al respecto. Creemos que los ácidos grasos trans deben eliminarse gradualmente del suministro de alimentos y deben promoverse las grasas insaturadas como alternativa. Las grasas trans deben limitarse legalmente a menos de 2 por ciento de la grasa total presente en los alimentos. Es indispensable la mención obligatoria en las etiquetas del contenido de grasas trans en los alimentos y la declaración obligatoria de los tipos de grasas en los alimentos servidos en restaurantes. Se debe prohibir la venta de productos con un contenido de AGT que comprometa la salud en, por lo menos, los centros educativos, deportivos y de salud y se debe regular su publicidad.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza pensamos que debemos trabajar unidos todos los actores políticos para acelerar la eliminación gradual de las grasas trans y para promover el uso de aceites y grasas más saludables en la producción de alimentos. México puede ser un ejemplo internacional de la lucha por una alimentación más sana y que nuestro sistema de salud se vera significativamente beneficiado de la eliminación o reducción de AGT.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Que reforma los artículos 3 fracción XIV, 17, 159 fracción V, 212, 275, 276, 277, 277 Bis, 307 y reforma el título del capítulo XI todos de la Ley General de Salud.

Artículo Único. Se reforman los artículos 3 fracción XIV, 17, 159 fracción V, 212, 275, 276, 277, 277 BIS, 307 y reforma el título del capítulo XI todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue

Artículo 3o. ......

XIV. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo, al consumo de grasas saturadas y al consumo de ácidos grasos trans en alimentos;

Artículo 17. ......

I. Dictar medidas contra el abuso en el uso y consumo de ácidos grasos trans y grasas saturadas en alimentos industrializados, el alcoholismo, venta y producción de substancias tóxicas, así como las que tengan por objeto prevenir y combatir los efectos nocivos de la contaminación ambiental en la salud, las que serán revisadas después por el Congreso de la Unión, en los casos que le competan;

Artículo 159. El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles comprenderá una o más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate

I a la IV. ...

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general, recomendados por la propia secretaría, así como la divulgación de las consecuencias negativas que el abuso en el consumo de productos industrializados ricos en ácidos grasos trans y grasas saturadas tienen en el organismo y;

...

Artículo 212. ...

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, y tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población. En el caso de alimentos que contengan grasas, estos deberán incluir el porcentaje de energía que se corresponde a grasas y los tipos de grasas que lo forman. En el caso de contener ácidos grasos trans deberá, adicionalmente, especificar la cantidad en miligramos por porción con un mínimo de 3 cifras significativas.

...

Capítulo XIProductos alimenticios que contengan ácidos grasos trans

Artículo 275.- Para los efectos de esta ley se entiende por

I. Acidos grasos trans: tipo de ácidos grasos insaturados que contienen uno o varios enlaces dobles aislados (no conjugados) en una configuración trans que se utiliza como aditivo en productos alimenticios.

Artículo 276. El contenido de ácidos grasos trans en los alimentos que se comercialicen en todo el territorio nacional, incluidos los importados, no podrán exceder 2 por ciento de la grasa total presente en el producto; de hacerlo, deberá tener en sus empaques o envases, alguna de las siguientes leyendas

I.- “El abuso en el consumo de este producto puede dañar seriamente su salud”.

II.- “El consumo de este producto incrementa la probabilidad de tener padecimientos cardiacos coronarios”.

Por lo menos una de estas leyendas deberá aparecer en las etiquetas de los empaques o envases, escrito con letras de fácil lectura, con colores que contrasten, sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal. El tamaño de las leyendas deberá ocupar, cuando menos, el veinticinco por ciento en cualquiera de las caras de los empaques o envases.

Artículo 277. Los alimentos de venta en cualquier institución educativa, centros deportivos y centros de salud no podrán, en ningún caso, exceder 2 por ciento de grasas trans del total de grasas presentes en el producto.

Artículo 277 Bis. Los alimentos servidos en restaurantes deberán especificar en su menú o carta si se empleó algún producto con ácidos grasos trans en su preparación y de haberlo hecho deberá especificar cuál. Si la fuente de grasa trans empleada es catalogada dentro de aquellas descritas en el artículo 276 de esta ley, entonces deberá decir en el menú o carta la siguiente leyenda con letras legibles y en colores contrastados

“Este platillo ha sido elaborado con productos que contienen grasas trans en una concentración que puede comprometer su salud, le sugerimos no abusar de su consumo”

...

Título Décimo TerceroPublicidad

Capítulo Único

Artículo 307. ...

En el caso de alimentos con ácidos grasos trans considerados en el artículo 276 de esta ley, deberán incluir, bajo los mismos términos que el párrafo anterior, las leyendas establecidas en dicho artículo además de un mensaje promotor de una alimentación equilibrada.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se deberán modificar los reglamentos derivados de la Ley General de Salud en los casos que corresponda, en función de las reformas, en un plazo no mayor a noventa días naturales posteriores a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero.Posterior a las modificaciones descritas en el artículo transitorio segundo, la presente reforma entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales posteriores a dichas modificaciones, para que los fabricantes de los productos que deban tener leyendas especiales en sus empaques o envases, cumplan con todas las disposiciones que esta ley establece.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de enero de 2011.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

CODIGO PENAL FEDERAL - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 368 Quáter del Código Penal Federal y 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Hasta por 5 minutos, señora diputada.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho:Con mucho gusto, diputado presidente. Con su venia. Procedo a la exposición de motivos.

Estados Financieros de Petróleos Mexicanos en los últimos años demuestran que más de 20 mil millones de pesos le cuestan cada año al erario el robo, la adulteración y la venta ilícita de combustibles.

Treinta por ciento de este volumen corresponde al robo que se realiza en las instalaciones de la paraestatal. Veinte por ciento al robo en poliductos y el 50 por ciento restante a la comercialización de combustibles adulterados y de los productos internados de manera irregular al territorio nacional.

Se trata de una actividad que controla la delincuencia organizada en varias entidades del país. Sin embargo, en la actualidad estos grupos ya no sólo ordeñan los ductos de la paraestatal, roban gasolinas, diesel y condensados, sino que ahora se sustrae petróleo crudo para someterlo a una refinación artesanal clandestina, la cual termina vendiéndose sin control como combustible que se vende al transporte de carga y de pasajeros. Es decir, que estos combustibles son adulterados.

Se trata de una serie de actos ilícitos que como el robo, la adulteración y el comercio ilegal de combustibles afectan gravemente el patrimonio de Petróleos Mexicanos y de la nación, de ahí que nuestro marco jurídico requiera actualizarse.

Si bien es cierto que actualmente el Código Penal Federal contempla en su artículo 368 Quáter, establece sanciones para quien sustraiga, aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, también es cierto que en dicho precepto no se establece lo relativo a la adulteración de los mismos.

Por otra parte, resulta por demás contradictorio que no obstante estos ilícitos, a pesar de ser cometidos por organizaciones criminales y grupos delictivos organizados, tales conductas no se encuentran previstas en la Ley Federal en contra de la Delincuencia Organizada.

Por tanto, la iniciativa que se somete a su consideración va encaminada en el sentido de incorporar al artículo 368 Quáter del Código Penal Federal la adulteración de hidrocarburos y sus derivados como delito, toda vez que se trata de una práctica que se ha venido a incorporar a la sustracción y al aprovechamiento de hidrocarburos.

Asimismo, por tratarse de un delito que se comete en grupos de tres o más personas en forma permanente, proponemos las conductas de sustracción, adulteración, aprovechamientos de hidrocarburos como delitos de delincuencia organizada.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo primero. Se reforma el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 368 Quáter. Al que sustraiga, adultere o aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de quinientos a diez mil días multa.

Artículo segundo. Se adiciona una fracción VII del artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Fracción VIII. Sustracción, adulteración o aprovechamiento ilegal de hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, conforme a lo establecido en el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recordamos, por último, con respeto y con responsabilidad, a las 22 personas que murieron allá en la colonia Solidaridad, en San Martín Texmelucan, Puebla. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 368 Quáter del Código Penal Federal y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita Araceli Vázquez Camacho, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal y se adiciona una fracción VII al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Estados Financieros de Petróleos Mexicanos de los últimos años demuestran que más de 20 mil millones de pesos le cuesta cada año al erario el robo, la adulteración y la venta ilícita de combustibles, 30 por ciento de ese volumen corresponde al robo que se realiza en las instalaciones de la paraestatal; 20 por ciento al robo en poliductos y el 50 por ciento restante a la comercialización de combustibles adulterados y de los productos internados de manera irregular al territorio nacional.

Se trata de una actividad que controla la delincuencia organizada en varias entidades del país, sin embargo, en la actualidad estos grupos ya no solo “ordeñan” los ductos de la paraestatal, roban gasolinas, diesel y condensados, sino que ahora se sustrae petróleo crudo para someterlo a una refinación artesanal clandestina y el cual termina vendiéndose sin control como combustible que se vende al transporte de carga y de pasajeros, es decir que estos combustibles son adulterados.

Se trata de una serie de actos ilícitos que como el robo, la adulteración y el comercio ilegal de combustibles afectan gravemente el patrimonio de Petróleos Mexicanos y de la nación, de ahí que nuestro marco jurídico requiera actualizarse

Si bien es cierto que actualmente el Código Penal Federal contempla en su artículo 368 Quáter del Código Penal establece las sanciones para quien sustraiga, o aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, también es cierto que en dicho precepto no se establece lo relativo a la adulteración de los mismos.

Por otra parte resulta por demás contradictorio que no obstante estos ilícitos a pesar de ser cometidos por organizaciones criminales y grupos delictivos organizados, tales conductas no se encuentren prevista en la Ley Federal en contra de la Delincuencia Organizada.

Por tanto la iniciativa que se somete a la consideración de ésta soberanía va encaminada en el sentido de incorporar en el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal la adulteración de hidrocarburos y sus derivados como delito, toda vez que se trata de una práctica que se ha venido a incorporar a la sustracción y al aprovechamiento de hidrocarburos.

Asimismo, por tratarse de un delito que se comete en grupos de tres o más personas en forma permanente, proponemos las conductas de sustracción, adulteración o aprovechamientos de hidrocarburos como delitos de delincuencia organizada.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal y se adiciona una fracción VII al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Primero. Se reforma el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 368 Quáter. Al que sustraiga, adultere o aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de quinientos a diez mil días multa.

La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción VII del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 Y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población;

IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud;

V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el artículo 366; tráfico de menores o personas que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales Estatales o del Distrito Federal, y

VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

VII. Sustracción, adulteración o aprovechamiento ilegal de hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, conforme a lo establecido en el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 26 días de enero de 2011.— Diputadas: María Araceli Vázquez Camacho, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Su propuesta, su proposición se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados,su iniciativa.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Igualmente, señalamos que recibimos del senador Luis Maldonado Venegas iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Iniciativa que reforma el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Luis Maldonado Venegas, senador a la LXI Legislatura, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de someter al control parlamentario de la Cámara de Senadores los decretos emitidos por el presidente de la república, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo.

Si bien la facultad reglamentaria no se encuentra expresamente prevista en el texto constitucional, la doctrina y la jurisprudencia han interpretado que deriva precisamente del precepto indicado.

Felipe Tena Ramírez refiere que la facultad reglamentaria del presidente de la república se confirma en el artículo 92 constitucional, el cual establece: “todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe de departamento administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.”

En el artículo 89 constitucional encontramos precisamente las facultades y obligaciones del presidente de la república, y en su primera fracción se indica que es facultad y obligación del presidente, “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que ese dispositivo constitucional confiere al presidente de la república tres facultades:

1) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión;

2) La de ejecutar dichas leyes;

3) La de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, o sea la facultad reglamentaria.

Partiendo del supuesto de que tanto los reglamentos, como los decretos y órdenes del presidente los presupone la Constitución y de que en la última parte de la fracción I del artículo 89 encontramos el fundamento de la facultad reglamentaria, Tena Ramírez indica que cuando se emplea la palabra “proveer”, quiere decir que el presidente tiene facultad de usar los medios apropiados para hacer que se observen las leyes expedidas por el Congreso y que tales medios no son los ejecutivos, porque ya en otro lugar se le confieren al presidente. Tienen que ser medios de la misma naturaleza de la ley, lo cual significa que son de aplicación general, como la ley misma a la cual se refieren. De lo dicho se deduce que los actos reglamentarios son materialmente legislativos, pero formalmente administrativos, porque según la Constitución competen al presidente, lo cual se corrobora si se tiene en cuenta que cuando la fracción I dice “en la esfera administrativa”, está concediendo al Ejecutivo la facultad de expedir disposiciones de carácter general, que por su naturaleza incumben al Congreso.

Por su parte el ministro Sergio Valls Hernández, sostiene que “en el sistema jurídico mexicano, la facultad reglamentaria está confiada a poderes de distinta clase y jerarquía y que participan de ella incluso los ayuntamientos”.

Sin embargo, el académico Miguel Alejandro López Olvera en su ensayo La facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo en México. Un estudio histórico,apunta que si bien “la Constitución otorga el poder reglamentario de las leyes al presidente, y lo hace en forma absoluta, pues en ninguna de sus normas prevé excepción alguna, como tampoco ese poder puede delegarlo, pues la Constitución no contempla semejante situación. Ya que, si grave es que el Congreso autorice u otorgue la facultad de reglamentar leyes a otros órganos, más delicado es cuando lo hace el Ejecutivo a través de un decreto o acuerdo, pues la facultad reglamentaria prevista en la facción I del artículo 89 constitucional es indelegable”.

Es una realidad que las facultades que concede al presidente de la república la fracción I del artículo 89 contribuyeron a lo largo de todo el siglo XX al fortalecimiento del presidencialismo, en demérito del principio de división de poderes reconocido en la Constitución.

En la actualidad, es innegable que esta situación ha ido cambiando paulatinamente. Tanto el poder legislativo como el judicial, van adquiriendo mayor autonomía con respecto al poder ejecutivo, aunque ciertamente aún subsisten resquicios de “la presidencia imperial” que desde mi punto de vista podemos y debemos acotar, a través del derecho, con propuestas como la contenida en esta iniciativa.

El artículo 70 constitucional en su segundo párrafo concede al Congreso la facultad de expedir la ley que regula su estructura y funcionamiento internos y en el cuarto imposibilita al Ejecutivo federal para vetar las disposiciones contenidas en dicha ley, potestad que debe ser utilizada por el legislador para contribuir a la “ciencia de la legislación” y al fortalecimiento del parlamento mexicano.

En ese tenor, debemos llevar a efecto modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar que el ejecutivo emita decretos que se enmarquen dentro del juego político o de acuerdo a los intereses de los “factores reales de poder”, con el pretexto de “proveer”, para facilitar la ejecución de las leyes.

La doctrina identifica la emisión de decretos por parte del ejecutivo como un instrumento extraño a la teoría clásica de las fuentes de producción normativa, que en nuestra legislación se compone de las siguientes fases: a) iniciativa; b) dictamen de comisiones; c) discusión; d) aprobación; e) promulgación y publicación; y, f) iniciación de vigencia.

Los decretos presidenciales, sabemos, no necesitan seguir algún procedimiento específico para su creación e inicio de vigencia, basta que éstos sean suscritos por el presidente de la república y firmados por los secretarios de Estado a que el asunto corresponda para que tengan el carácter de obligatoriedad, a pesar de que como analizó el maestro Miguel Acosta Romero, “la Constitución en ninguno de sus artículos prevé que los secretarios de Estado tengan facultades reglamentarias para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes emanadas del Congreso de la Unión ni ningunas otras facultades similares o análogas”.

En el derecho comparado, encontramos que cualquier necesidad no habilita al gobierno para recurrir a la expedición de decretos con valor de ley. Sólo cuando confluyen elementos como necesidad, urgencia y extraordinariedad queda abierto ese camino, pero siempre entendido exclusivamente como posibilidad.

Tanto en España como en Italia el presupuesto de la extraordinariedad y urgencia, son requisitos necesarios para que el gobierno pueda emitir un decreto; los supuestos de daño público e irreparable son indispensables en Austria; mientras que la urgencia e imprevisibilidad en Grecia.

En México, son fundamentalmente criterios políticos y no siempre situaciones de emergencia las que determinan la creación de decretos del ejecutivo con valor de ley, sustituibilidad de los órganos legislativos por los ejecutivos que no se justifica ignorarlos en nuestra democracia.

El proponer que los decretos del ejecutivo sean sometidos a control parlamentario, a través de la Cámara de Senadores, permitirá que éstos cuenten con el consenso de las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República, como lo planteo en el proyecto de decreto, a fin de que sea la Cámara Alta, la que a través de la Junta de Coordinación Política, someta a la consideración del pleno los decretos presidenciales, siguiendo el procedimiento legislativo establecido en el artículo 72 constitucional, pero circunscribiéndolo a un plazo no mayor a treinta días.

Por lo anteriormente expuesto, es que se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el inciso a) del artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 82.

1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación por el Pleno y someter a su consideración, en un plazo no mayor a treinta días desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación, los decretos emitidos por el presidente de la república en términos del artículo 92 constitucional.

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 26 de enero de 2011.— Senador Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es el de los dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a Petróleos Mexicanos

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, le fueron turnadas cinco proposiciones con punto de acuerdo relativas a diversos temas relacionados con Petróleos Mexicanos, suscritas por legisladores de diversos grupos parlamentarios.

Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de las proposiciones, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.

Antecedentes

1. En la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2010, el diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de Pemex que reubique de inmediato la terminal de almacenamiento y reparto de Saltillo, Coahuila.

En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para su estudio y dictamen.

2. En la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de Enero de 2011, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se requiere información sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el 24 de noviembre de 2010.

En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para su estudio y dictamen.

3. En la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, los senadores Leticia Jasso Valencia y Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos para que cumplan con el pago justo y oportuno de las indemnizaciones para las personas afectadas debido al incendio provocado por el derrame ocurrido en el ducto de la paraestatal, localizado en San Martín Texmelucan, Puebla.

En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para su estudio y dictamen.

4. En la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que solicita la evaluación del atlas de riesgo de Petróleos Mexicanos, así como la implantación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica.

En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para su estudio y dictamen.

5. En la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, el senador Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la proposición con punto de acuerdo relativo a la renovación de la flota de Petróleos Mexicanos.

En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– para su estudio y dictamen.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

I.El diputado Héctor Franco López refiere que, es importante destacar, el peligro que se crea al instalar plantas por parte de Petróleos Mexicanos de almacenaje de combustibles o ductos que circulan por debajo de ciudades transportando diversos combustibles, dentro o cerca de ciudades pobladas.

Señala como caso concreto a la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila. La distribuidora de combustible se localiza en el boulevard Venustiano Carranza, columna vertebral de la ciudad, y se encuentra rodeada de las colonias Jardines Coloniales, Privadas de Santiago y Las Brisas, cuyos habitantes viven desde hace tiempo con la incertidumbre y la inseguridad de encontrarse cerca de este depósito.

Se sabe que dicha estación tiene una capacidad de almacenaje de 23 millones 847 mil litros de distintas gasolinas y diesel, también que cuenta con una certificación internacional de seguridad, sin embargo en meses pasados fue localizada una toma clandestina ubicada en la barda posterior que rodea el inmueble por parte de las autoridades.

Considera como una medida urgente que el gobierno federal dé respuesta a la propuesta de apoyar con la permuta de un terreno fuera de la zona urbana, ya sea en la carretera rumbo a Monterrey o en su defecto en la carretera rumbo a Monclova para la reubicación de dicha terminal de almacenamiento, a cambio de que en la zona que se encuentra actualmente se construya una unidad deportiva, o en su defecto, se busquen opciones para la reubicación de dicha estación, con lo cual se daría seguridad y certidumbre a los pobladores de las colonias aledañas, no esperemos a que ocurra una tragedia como la recientemente ocurrida. Por lo anterior formula la siguiente proposición con punto de acuerdo

Único:Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, exhorte al Director General de Petróleos Mexicanos Juan José Suárez Coppel, a que reubique de manera inmediata la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez señala que el 24 de noviembre de 2010, el consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tomó acuerdos relacionados con el modelo de contratos que entre otras cosas plantea como remuneración de los contratistas una tarifa por barril. Asimismo, refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre una controversia planteada por esta soberanía en contra del Reglamento de la Ley de Pemex, en el que la Corte dejó asentado que el Reglamento impugnado por los diputados es constitucional siempre que al celebrarse contratos “se pague en efectivo, no conlleve un porcentaje de producción, no conlleve un valor de venta de hidrocarburos o no esté amarrado a la utilidad de la entidad contratada.

Asimismo señala que del sitio de internet de la paraestatal se desprende que el Consejo de Administración de Pemex aprobó el pasado 24 de noviembre de 2010 documentos ejecutivos de los contratos de los campos Magallanes, Santuario y Carrizo.

En la misma tesitura, la diputada Laura Itzel Castillo menciona que los términos y condiciones no podrán ser modificados, que conforme al propio artículo 10 de las Disposiciones administrativas de contratación, una vez aprobados por el consejo de administración ya no podrían sufrir cambios ni en la licitación ni en la firma al contrato.

De la misma manera, argumenta que el modelo de contrato no es un documento aprobado por el Consejo de Administración conforme al artículo 10 de las disposiciones administrativas de contratación, y que se desconoce si las reglas administrativas de las licitaciones fueron sometidas a la aprobación del consejo de administración, y si son obligatorias. Por lo anterior, suscribe el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se requiere información amplia y detallada sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 24 de noviembre de 2010, en particular lo siguiente:

A. Los términos y condiciones que no pueden modificarse, así como los contratos aprobados, que constan en los anexos I, II y III de acuerdo del Consejo de Administración del corporativo de Pemex, con número CA-131/2010,

B. La naturaleza jurídica las reglas de las licitaciones, así como el documento oficial que las contiene.

Los senadores Leticia Jasso Valencia y Luis Maldonado Venegas, señalan que las autoridades de Pemex asumieron su compromiso para atender el siniestro ocurrido el pasado 19 de diciembre de 2010, en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla; de manera conjunta con el gobierno municipal y estatal.

Por ello, los senadores refieren que es necesario que esta Soberanía cuente con los elementos fidedignos para vigilar el cabal cumplimiento a los compromisos contraídos por los representantes de Pemex y se restituya de manera justa y oportuna a los habitantes de San Martín correspondiente a los adeudos por la pérdida irreparable de sus familiares, así como aquellos que sufrieron daño patrimonial y quienes perdieron su actividad laboral a causa de las afectaciones en las áreas destinadas al sector agrícola.

Asimismo, mencionan que toda vez que en la comparecencia del director de Pemex, efectuada ante esta Tercera Comisión, se concluyó que a la fecha existen reportes parciales del peritaje ofrecido por la paraestatal, en la que se insiste que aparentemente se debió a una toma clandestina, sin embargo aún faltan por realizar el estudio mecanográfico, mecánico, y fractográfico para tener una conclusión final.

Por último, argumentan que es necesario que se tenga un reporte pormenorizado y sustentado de los ciudadanos a quienes hayan indemnizado debidamente en lo particular para sus beneficiarios, así como a quienes aún no han recibido lo correspondiente y precisar el mecanismo implementado para resarcir los daños. Por lo anterior, suscribieron el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al director general de Petróleos Mexicanos un informe detallado y sustentado sobre el pago de las indemnizaciones para los ciudadanos afectados en la pérdida irreparable de sus familiares, así como aquellos quienes fueron dañados en sus bienes muebles e inmuebles por el incendio en un ducto de Pemex en San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla.

Segundo.Se informe sobre la totalidad de terrenos de cultivo siniestrados, las reclamaciones de los afectados, el monto de las indemnizaciones a sus poseedores o propietarios y los pendientes de cubrir especificando la fecha en que se reparará el daño en su totalidad de igual forma exponer las acciones programadas para aquellos, quienes a razón de esta desgracia perdieron su actividad laboral en la zona agrícola y las medidas para que esta recupere su productividad.

Tercero. Se informe a esta soberanía las acciones emergentes tomadas para realizar una verificación y control total de los ductos en toda la República Mexicana para prevenir y evitar accidentes propios de su funcionamiento o causados por factores externos.

Cuarto. Presentar por escrito las acciones programadas para rendir el informe respectivo de los avances en el estudio metalográfico, mecánico y fractográfico por periodos de quince días hasta la conclusión del dictamen.

Los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, mencionan que durante la pasada comparecencia del director de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, ante esta Tercera Comisión, se señaló que el número de tomas clandestinas en los ductos de la paraestatal aumentó de 462 en 2009 a 712 en 2010, aunque el robo de hidrocarburos se redujo de 3 millones a un millón 700 mil barriles en ese mismo periodo. Con esto, el robo de combustibles representa 0.4 por ciento del total de la producción de Pemex y 0.8 por ciento del total de ventas de la paraestatal.

Además de ello, refieren se precisó que 69 por ciento de la toma clandestina se concentró en sólo seis entidades federativas: Veracruz, Sinaloa, estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla. Asimismo, desde 2009 trascendió en los medios de comunicación, que ha sido la delincuencia organizada quien se ha hecho del robo de combustibles en varias entidades del país.Y al ser el mercado negro de hidrocarburos generador de cuantiosas ganancias, por lo que es posible que muchos funcionarios puedan estar involucrados en el ilícito.

Asimismo, puntualizan que el robo de combustible no es nuevo. El robo de combustibles en la paraestatal más importante de México es considerado una de las más importantes fallas en seguridad industrial, según se desprende del acta de sesión 780.

Por último, señalan que resulta imprescindible la instauración de un programa técnico, con tecnología de punta y asesoría científica, que permita detectar oportunamente la toma clandestina, y evitar y reducir así, el robo de combustibles a la paraestatal. Por lo anteriormente expuesto, los senadores Rubén Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea formularon el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al director de Petróleos Mexicanos para que presente a esta soberanía, en un plazo no mayor a ocho días naturales, para que con base en el atlas de riesgo del Sistema Nacional de Gasoductos y en el Sistema de Identificación de Instalaciones y Activos, presente un informe sobre el proceso de evaluación y administración de riesgo, para conocer

a) Los tramos con niveles de riesgo intolerable;

b) Las tendencias de riesgo de falla;

c) Los factores de riesgo críticos de acuerdo a estadísticas de incidentes;

d) El mantenimiento y la atención en tramos de riesgo;

e) Las áreas de población y ambientales altamente vulnerables, y

f) La evaluación en la toma de decisiones por parte de la paraestatal con relación a los riesgos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos, para que de conformidad a la esfera de sus competencias, y con auxilio de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, se proceda urgentemente al diseño, constitución e implementación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica.

El senador Sebastián Calderón Centeno refiere que uno de los temas urgentes que no se debe soslayar es el de proporcionarle a Pemex instrumentos de operación que le permitan fortalecer sus actividades tal y como lo es el transporte marítimo de hidrocarburo, toda vez que es en el mar donde nuestro país realiza fundamentalmente las actividades de exploración, extracción y transporte de éste.

Por ello señala que para solucionar la falta de buques tanque, el 6 de junio de 2010, Pemex Refinación presentó a la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo la necesidad de adquirir de 5 a 6 buques tanque con el fin de almacenar y transportar el hidrocarburo y sus derivados. Asimismo, con fecha 29 de julio del 2010, Pemex Refinación realizó la licitación pública internacional abierta a la participación de cualquier interesado y bajo la cobertura de los capítulos o títulos de compras del sector público contemplados por los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

En la misma tesitura, argumenta que Pemex Refinación sólo contará a largo plazo con los cuatro buques tanque de arrendamiento financiero: Burgos, Bicentenario, Tampico y Chicontepec, y a mediano plazo con los tres buques de arrendamiento a casco desnudo – bare boats– Tajín, El Pípila e Insurgentes, por lo que necesitará sustituir o rentar por lo menos 13 buques en un futuro. Por lo que puntualiza que una solución a largo plazo a esta problemática, es la posibilidad de adquirir barcos de nueva construcción, cuyos precios están en un promedio de 37 millones de dólares. Por lo anterior, el proponente formula el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos a realizar un estudio que deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde señale cuáles son los astilleros que ofrecen las mejores condiciones, tanto técnicas como financieras para la construcción de buques con los requerimientos de la paraestatal.

Una vez liberados los recursos, deberá realizar los trámites necesarios ante las dependencias correspondientes para ordenar la construcción ante el astillero que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente abanderar como mexicanos los buques.

Segundo. Se formula atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos necesarios para ordenar la construcción de 10 buques con los requerimientos específicos que señale Pemex, en el astillero que apruebe esa dependencia.

II. Esta comisión dictaminadora considera que, en efecto, la presentación de accidentes fatales en las actividades de-sarrolladas para la exploración y explotación de Pemex ha sido recurrente, ya en el año 2000, la Profepa había reportado una fuga de Diesel en los ductos de Pemex de San Martín Texmelucan y en el 2002 se dio una fuga de gas y ahora el robo de gasolina provocó el desastre.

La comisión que dictamina considera que, no cabe duda de que la tragedia que se dio en el municipio de San Martín Texmelucan debe servir para que las autoridades de todos los niveles de Gobierno, pongan atención y sepan que el robo de combustibles, petróleo o derivados, no son delitos que se consuman por el simple hecho de la extracción ilegal de los mismos, sino que trae consecuencia fatales como lo ocurrido, el domingo 19 de diciembre de 2010, que mató a varias personas en la unidad habitacional San Damián y las colonias Solidaridad y La Cruz en San Martín Texmelucan, Puebla.

III. Ante ello, esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del diputado Héctor Franco López respecto a la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila, por lo que considera necesario se solicite al director de Pemex un análisis con la finalidad de buscar los mecanismos necesarios para reubicar la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila.

IV. De la misma manera, esta dictaminadora comparte la preocupación de la diputada Laura Itzel Castillo. Sin embargo, se considera necesario hacer precisiones de estilo y claridad.

Efectivamente, en la sesión 820 extraordinaria del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, celebrada el 24 de noviembre de 2010, numerado CA-130/2010 al CA-134/2010, dicho consejo aprobó contratos de servicio para la evaluación, desarrollo y producción de hidrocarburos en las áreas de Magallanes, Carrizo y Santuario, de la Región Sur.

Además de los contratos referidos, en dicha Sesión Extraordinaria, el Consejo de Administración de Pemex aprobó la política corporativa para la asistencia al Consejo de Administración de Pemex y para el acceso y difusión de la información emanada del mismo. Asimismo, acordó que los Consejeros remitirían sus comentarios referentes al Código de conducta para la elaboración de una versión final, que sería sometida a la consideración y en su caso aprobación del Consejo.

http://www.pemex.com/files/content/acuerdos_ca_820_130-134.pdf).

Por otra parte, el artículo 10 de las disposiciones administrativas de contratación señalan que:

“ Parte III. De la aprobacion de los contratos por los consejos de administracion

Artículo 10. Para solicitar la aprobación de los contratos a que se refieren los artículos 19, fracción IV, inciso k) de la Ley y 46 del Reglamento, el Organismo Descentralizado que pretenda realizar la contratación deberá presentar al Consejo de Administración competente, de conformidad con los lineamientos que al efecto se emitan por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el documento ejecutivo que contenga los términos y condiciones técnicas, económicas, ambientales, sociales y legales fundamentales de la contratación; el Consejo de Administración que corresponda determinará qué términos y condiciones no podrán ser modificados sin su consentimiento. El organismo descentralizado no someterá a la aprobación del Consejo de Administración de que se trate, clausulados, anexos específicos o formatos. Sin embargo, se remitirá para su conocimiento el modelo de contrato y el modelo económico que lo sustenta, así como la información y documentación que el Consejo de Administración de que se trate le requiera. No se podrá iniciar procedimiento de contratación alguno, sin haber obtenido la aprobación a que se refiere este artículo.

...”

Por tanto, esta comisión dictaminadora, considera oportuno solicitar que el Consejo de Administración de Pemex informe sobre cuáles son los términos y condiciones, de los contratos aprobados en la sesión 820 extraordinaria el 24 de noviembre de 2010, que no podrán ser modificados sin el consentimiento del mismo consejo. Asimismo informe la naturaleza jurídica de las reglas de licitación, y el documento oficial que las contiene.

V. Por otro lado, esta comisión dictaminadora coincide con la preocupación y planteamientos de los senadores Leticia Jasso y Luis Maldonado. Sin embargo, se considera pertinente formular algunas precisiones de claridad y estilo.

Esta dictaminadora hace constar que durante la comparecencia del director general de Pemex ante la Tercera Comisión, informó sobre el pago de las indemnizaciones para los ciudadanos afectados en la pérdida irreparable de sus familiares, así como aquellos quienes fueron dañados en sus bienes muebles e inmuebles por el incendio en un ducto de Pemex en San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla.

De la misma manera, informó sobre la totalidad de terrenos de cultivo siniestrados, las reclamaciones de los afectados, el monto de las indemnizaciones a sus poseedores o propietarios y los pendientes de cubrir especificando la fecha en que se reparará el daño en su totalidad, de igual forma exponer las acciones programadas para aquellos, quienes a razón de esta desgracia perdieron su actividad laboral en la zona agrícola y las medidas para que esta recupere su productividad.

Por otra parte, esta Comisión Dictaminadora considera necesario que el director general de Pemex informe a esta soberanía las acciones emergentes tomadas para realizar una verificación y control total de los ductos en toda la República Mexicana para prevenir y evitar accidentes propios de su funcionamiento o causados por factores externos, así como acciones programadas para rendir el informe respectivo de los avances en el estudio metalográfico, mecánico y fractográfico por periodos de quince días hasta la conclusión del dictamen.

VI. Asimismo, esta comisión dictaminadora coincide con los planteamientos del senador Rubén Fernando Velázquez, a fin de que Pemex presente un informe sobre el proceso de evaluación y administración de riesgo. Asimismo, para que con auxilio de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, en los términos que lleguen a pactar, se proceda al diseño, constitución e implementación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica, y en base a ello se dé atención a acontecimientos que lesionan y dañan a la sociedad.

VII. Por ultimo esta comisión dictaminadora coincide con los planteamientos del senador Sebastián Calderón Centeno con respecto a la posibilidad de adquirir barcos de nueva construcción.

Por lo que en mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. LaComisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos, a buscar los mecanismos necesarios para reubicar la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, solicita del Consejo de Administración de Pemex, informe a esta soberanía, sobre cuáles son los términos y condiciones, de los contratos aprobados en Sesión 820 extraordinaria del 24 de noviembre de 2010, que no podrán ser modificados sin el consentimiento del mismo Consejo. Asimismo, se informe sobre la naturaleza jurídica de las reglas de licitación, y el documento oficial que las contiene. Dicha información, deberá ser remitida a las Cámaras de Diputados y Senadores.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, solicita del director general de Petróleos Mexicanos, informe a esta Soberanía sobre las acciones emergentes tomadas para realizar una verificación y control total de los ductos en toda la República Mexicana para prevenir y evitar accidentes propios de su funcionamiento o causados por factores externos, así como las acciones programadas para rendir el informe respectivo de los avances en el estudio metalográfico, mecánico y fractográfico por periodos de quince días hasta la conclusión del dictamen. Dicha información, deberá ser remitida a las Cámaras de Diputados y Senadores.

Cuarto.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, solicita del Director General de Petróleos Mexicanos, informe sobre el proceso de evaluación y administración de riesgo, para conocer, los tramos con niveles de riesgo intolerable; las tendencias de riesgo de falla; los factores de riesgo críticos de acuerdo a estadísticas de incidentes; el mantenimiento y la atención en tramos de riesgo; las áreas de población y ambientales altamente vulnerables, y la evaluación en la toma de decisiones por parte de la paraestatal con relación a los riesgos. Dicha información, deberá ser remitida a las Cámaras de Diputados y Senadores.

Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, solicita al titular de la Secretaría de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos, para que de conformidad a la esfera de sus competencias y con auxilio de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, en los términos que lleguen a pactar, se proceda al diseño, constitución e implementación de un programa técnico nacional contra el robo de combustible que incorpore tecnología de punta y asesoría científica.

Quinto.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, solicita del director general de Petróleos Mexicanos, informe a esta Soberanía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre cuáles son los astilleros que ofrecen las mejores condiciones, tanto técnicas como financieras para la construcción de buques, con los requerimientos de la paraestatal. Dicha información, deberá ser remitida a las Cámaras de Diputados y Senadores.

Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que promueva e impulse la liberación de recursos extraordinarios necesarios con cargo a las partidas presupuestales existentes, para ordenar la construcción de 10 buques con los requerimientos específicos que señale Pemex, en el astillero que apruebe esa dependencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo, Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica);senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora secretaria. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

Sí quisiera que los señores integrantes de los grupos parlamentarios pudieran revisar con detalle el anterior punto de acuerdo, toda vez que contiene varios puntos de acuerdo en uno solo. Todos ellos inherentes a Pemex.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de  la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos extraordinarios para aumentar las prestaciones y los sueldos de los policías en Guerrero

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que en apoyo a la policía estatal y a las municipales del estado de Guerrero libere los recursos extraordinarios necesarios para aumentar sustancialmente las prestaciones y sueldos d los policías, modernizar el equipamiento con el que cuentan y capacitarlos adecuadamente para que puedan hacer frente al crimen organizado en la entidad, a cargo de los senadores Fernando Jorge Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones 

I. De acuerdo con los autores del punto de acuerdo en estudio. La inseguridad en el estado de Guerrero es crítica y se encuentra en una situación de emergencia. Así las ejecuciones por ajustes de cuentas del crimen organizado se suceden diariamente, y la mayoría de los ataque y crimines se dan en contra de policías de todos los rangos por lo que resulta preocupante que se registren atentados con granadas de fragmentación en contra de módulos de policía estatal.

Los proponentes refieren que, de acuerdo al índice de inseguridad ciudadana y violencia 2010, publicado por México Evalúa, en el cual se clasificó a los estados en los que existe violencia vinculada con la presencia del crimen organizado, y la consiguiente percepción de inseguridad, en Guerreo se incrementaron los homicidios 50 por ciento en un lapso de doce meses, llegando a 45 por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, los senadores proponentes señalan que ante la escala de violencia que se vive en Guerrero, el gran esfuerzo realizado por las autoridades de los 81 municipios del estado se ha visto superadas por el crimen organizado y, lamentablemente, el gobierno federal no ha brindado un apoyo efectivo para revertir esta situación.

Los proponentes consideran que el trabajo hecho por los 81 ediles, apoyados mayormente por la intervención del Ejército mexicano, se ve eclipsado por la falta de capacidad para continuar con las medidas requeridas para enfrentar y prevenir la criminalidad que se vive en el Estado.

Por lo anterior formulan la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que en apoyo a la policía estatal y a las municipalidades del estado de Guerrero, libere los recursos extraordinarios necesarios para aumentar sustancialmente las prestaciones y sueldos de los policías, modernizar el equipamiento con el que cuentan y capacitarlos adecuadamente para que puedan hacer frente al crimen organizado.

II. Esta comisión dictaminadora considera que en efecto la inseguridad es un problema que envenena a la sociedad mexicana, y la de Guerrero no es la excepción. Por consiguiente, los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden con la preocupación externada por los autores de la proposición que se dictamina.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a que en apoyo a la policía estatal y a las municipales del estado de Guerrero  libere  recursos extraordinarios necesarios para mejorar sustancialmente las prestaciones y sueldos de los policías, modernizar el equipamiento con el que cuentan y capacitarlos adecuadamente para que puedan hacer frente al crimen organizado.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauthémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica); senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Igualmente, pregunto si hay algún orador registrado respecto de este punto. No habiéndolo se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

EDUCACION ESPECIAL

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de recursos extraordinarios para el Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar recursos extraordinarios para el Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la integración educativa, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de Enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones la autora del presente punto de acuerdo refiere que la educación a niños y adolescentes con capacidades diferentes en lo intelectual o motriz, en caso de autismo o en los de déficit de atención, sordera, ceguera representan un sector de cerca de 170 mil 550 personas con necesidades de ser atendidos por el estado.

Menciona que el artículo 41 de la Ley General de Educación establece la obligación de promover la integración de las niñas y niños con discapacidad a las aulas y escuelas generales, de tal modo que desarrollen al máximo sus potencialidades y satisfagan sus necesidades básicas de aprendizaje, como base para su integración social, y que ahí se desprende que la Secretaría de Educación Pública haya implementado desde el año de 1995 el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, con la finalidad de fortalecer los servicios de educación especial y el proceso de integración para que los alumnos con necesidades educativas especiales reciban la atención que requieran y puedan tener acceso a una mejor calidad de vida.

Señala que, el trabajo educativo con los niños que presentan necesidades educativas especiales implica la realización de adecuaciones en los contenidos, las formas y los recursos de enseñanza para que alcancen los propósitos educativos y desarrollen todas sus potencialidades como seres humanos.

Considera como una medida urgente que el gobierno federal otorgue recursos extraordinarios para apoyar el programa en mención, ya que señala, que recientemente la Secretaría de Educación Pública manifestó que cerca de 170 mil 523 entre niños y adolescentes están en riesgo de quedar fuera de las escuelas y de no ser atendidos este año debido al recorte presupuestal de más del 28.3 por ciento al Programa de Integración Educativa. Por lo anterior formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Educación Pública para que formule a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta de partida extraordinaria, con el propósito de aumentar los recursos destinados al Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa.

II. Esta comisión dictaminadora alude a que la educación especial en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar las necesidades educativas especiales debidas a superdotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales, ya sea en centros ordinarios o específicos.

Ahora bien, la comisión que dictamina considera que, actualmente, el enfoque instaura que todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, por lo tanto, el estado debe generar las condiciones, para garantizar su derecho a la educación, a la no discriminación e igualdad de oportunidades.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora considera que, toda vez que es obligación del estado proporcionar apoyos y medios técnicos y humanos para compensar los déficit del alumnado en el acceso a los aprendizajes básicos imprescindibles para afrontar la vida adulta, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, se formule una propuesta, con el fin de crear una partida extraordinaria y aumentar los recursos que se destinen al Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica); senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se pregunta si se considera suficientemente discutido. Así lo considera la asamblea y se reserva para su votación económica en conjunto.

ENDEUDAMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al endeudamiento de las entidades federativas

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas, para que presenten informes detallados sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos; y a los 31 Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que instruya a sus órganos de fiscalización, realicen auditorias a las haciendas públicas suscrito por el senador Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones del presente punto de acuerdo el senador Juan Bueno refiere que en la última década, el gobierno federal ha emprendido importantes reformas en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, se fundó el Instituto Federal de Acceso a la Información, se impulsó la adecuación de diversos ordenamientos para dotar al estado de mejores instrumentos jurídicos y, en general, se mejoró la manera en que las autoridades federales informan y rinden cuentas sobre el uso de los recursos públicos.

El proponente señala que los avances referidos en el párrafo anterior han sido primordialmente concentrados en el orden federal, sin que se hayan logrado replicar satisfactoriamente en las entidades federativas y los municipios.

Así, el proponente menciona que en el documento Índice de competitividad estatal 2010. La caja negra del gasto público, el Instituto Mexicano de la Competitividad menciona, haciendo referencia a la situación imperante en las entidades federativas que en la actualidad, que “es imposible saber de qué tamaño es la burocracia estatal y cuáles son sus salarios”. En términos generales, el panorama es de una marcada opacidad por la que ciudadanos y autoridades fiscalizadoras desconocen el destino de los recursos públicos, ya sean obtenidos mediante participaciones federales, recaudación propia o endeudamiento.

De la misma manera, el senador bueno refiere que dado que los gobernantes locales no están obligados jurídicamente a reportar cómo gastan. Lo anterior ha llevado a varias autoridades estatales a contratar mayores montos de deuda.

El proponente refiere que de acuerdo con el reporte Obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios, dado a conocer recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se demuestra que en varias entidades federativas el endeudamiento público ha excedido la capacidad de pago de las haciendas públicas, lo cual a la postre las llevaría a un desastre financiero.

Así, el proponente señala que mientras que el gobierno saliente de Tlaxcala es ejemplo de responsabilidad, pues no dejó deuda al sucesor, en el extremo contrario son particularmente notorios los casos de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Por consiguiente, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de los 31 estados de la república y al jefe del gobierno del Distrito Federal a presentar informes detallados de la situación que guardan las haciendas públicas a su cargo, con especial hincapié en la sostenibilidad financiera de los endeudamientos contratados.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los congresos de los 31 estados de la república y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a instruir a los órganos de fiscalización a su cargo para auditar sobre la situación financiera de las haciendas públicas de los estados y el Distrito Federal.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a formar un grupo de trabajo para dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados a las entidades federativas. Dicho grupo de trabajo estará integrado proporcional y pluralmente por todos los grupos parlamentarios representados en la actual legislatura.

II. Esta comisión dictaminadora considera que la rendición de cuentas y la transparencia por parte de las autoridades gubernamentales son un elemento generador de confianza de los gobernados hacia sus gobernantes además que representa un elemento indispensable para la efectiva gestión.

Asimismo, esta dictaminadora considera que la rendición de cuentas no sólo es mostrar el uso de los recursos, sino también los logros de los objetivos que se han planteado, de la misma manera que la transparencia se entiende como la capacidad de reconocer abiertamente logros y fracasos, ayudando con ello a que mejore la gestión de gubernamental, pues las obliga a capacitarse y por tanto profesionalizarse.

Ahora bien, si bien es cierto que esta comisión dictaminadora coincide con los planteamientos y propuestas del autor de la proposición que se dictamina, también lo es, que es necesario hacer pequeñas salvedades de claridad de estilo, tomando en cuenta lo siguiente:

El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece:

“ Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Consecuente con lo anterior, la comisión dictaminadora considera que no es procedente exhortar a los gobernadores de las entidades federativas informar sobre la situación que guardan las haciendas públicas a su cargo, así como el exhorto que se plantea en el resolutivo segundo de la propuesta original, por considerarse violatoria de la soberanía estatal y de la autonomía del Poder Ejecutivo y Legislativo de los estados.

Aunado a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 79, lo siguiente:

“ Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Esta entidad de fiscalización superior de la federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la ley.

Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;

...”

Lo anterior está reglamentado en los artículos 15, facciones I y XIX, 37 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que se transcriben a continuación:

“ Artículo 15. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes

I. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública;

...

XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior correspondientes, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa;

..”

“ Artículo 37. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el párrafo anterior y en términos de la fracción XIX del artículo 15 de la presente ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior, con el objeto de que colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales recibidos por dichos órdenes de gobierno, conforme a los lineamientos técnicos que señale la Auditoría Superior de la Federación. Dichos lineamientos tendrán por objeto mejorar la fiscalización de los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas, por los municipios y por los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales y paramunicipales.

Los lineamientos comprenderán además, la verificación del desempeño y la comprobación de la aplicación adecuada de los recursos que reciban las personas físicas o morales, públicas o privadas, en concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados por las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal con cargo a recursos federales.

La Auditoría Superior de la Federación establecerá los sujetos, objetivos, alcance y procedimientos de las auditorías y estructura de los informes de auditoría a practicar sobre los recursos federales entregados a entidades federativas, municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para asegurar una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente. El conjunto de los términos acordados con las entidades de fiscalización de las entidades federativas no podrán ser inferiores a los determinados en la ley.

En el caso de que las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten irregularidades que afecten el patrimonio de la hacienda pública federal, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación, para que en términos de la presente ley inicie la responsabilidad resarcitoria correspondiente y promueva las responsabilidades civiles, penales, políticas y administrativas a las que haya lugar.

La Auditoría Superior de la Federación verificará que las entidades fiscalizadas lleven el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con las disposiciones aplicables.”

...

“ Artículo 39. Cuando se acrediten afectaciones a la Hacienda Pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, atribuibles a servidores públicos de las entidades federativas, municipios o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación procederá a formularles el pliego de observaciones y, en caso de que no sea solventado, fincarles las responsabilidades resarcitorias conforme a la presente ley y promoverá, en su caso, ante los órganos o autoridades competentes las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar.”

Por lo anterior y con el propósito de dar continuidad y seguimiento a la proposición que se dictamina, la comisión dictaminadora estima procedente remitir el presente expediente a los titulares de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos.

Respecto al resolutivo tercero de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, referente a librar un exhorto a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para formar un grupo de trabajo que dé seguimiento a la correcta aplicación de los recursos presupuestarios asignados a las entidades federativas, esta comisión no lo considera procedente, en razón de que el órgano encargado de realizar esta acción, es la Auditoria Superior de la Federación, por lo que se considera oportuno remitir copia del expediente para su conocimiento y efectos.

En mérito de lo antes expuesto, los miembros de la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, sometemos a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Remítase copia del presente expediente a los titulares de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, así como a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos.

Segundo. Remítase copia del presente expediente a la Auditoria Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos de su competencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.

La Tercera Comisión,diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica); senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.»

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, señor diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): De acuerdo al Reglamento le podríamos pedir al presidente de la comisión que pudiese fundamentar o ahondar más en este dictamen.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.

Diputado Orduño, solicita pueda darse una fundamentación al presente dictamen relativo a este punto de acuerdo. Si es usted tan amable, o puede usted delegarlo en la diputada proponente que también se encuentra presente.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez(desde la curul): Adelante.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A nombre de la comisión.

La diputada Díaz Lizama fue la que propuso este encuentro de secretarios de Finanzas con la Secretaría de Hacienda, ¿a eso se refiere usted, verdad?

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama(desde la curul): Nada más para aclarar. Éste no fue el que yo presenté. El que yo presenté es el turno a la Comisión de Hacienda. Y este lo presentó un senador que no vino.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ah, bien. O usted, señor presidente. Solicitan de la asamblea fundamentar el punto de acuerdo.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez(desde la curul): Yo lo fundamento.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es decir, lo que solicitan los integrantes de la asamblea que no son parte de la comisión es tener un poco más de conocimiento acerca de cuál es la propuesta específica en el punto de acuerdo. Obviamente con ánimo de apoyarlo.

Adelante, diputado presidente.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez:Con su permiso, presidente.

Nada más aquí, lo que estamos pidiendo nada más para que los secretarios de Finanzas informen a esta asamblea de los endeudamientos que tienen en cada uno de sus estados, y que lo hagan a través de sus Congresos locales. Eso es lo que estamos pidiendo.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Presidente, si me permite una pregunta el orador.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Cómo no. Diputado, le pregunta el diputado Sebastián Lerdo de Tejada, si admite usted una pregunta.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez:Sí, adelante.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Gracias, presidente. Gracias, compañero diputado.

Por la explicación que da usted, ¿no le parece invasivo de la soberanía, de los órdenes de gobierno, el solicitar a través del Congreso federal información a órdenes de gobierno distintos, que no es precisamente nuestra atribución?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aquí nada más lo que estamos pidiendo es que se informe a esta soberanía, nada más, de los endeudamientos que contraen los gobiernos de las entidades federativas para tener conocimiento de los créditos que ellos solicitan, nada más.

El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Zamora. ¿Quiere usted hacer una pregunta al señor orador? Diputado Orduño, si acepta usted una pregunta.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez:Sí, con todo gusto.

El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): Gracias, diputado. Solamente para ilustrar a la asamblea, también, y posteriormente preguntar. El 124 constitucional es muy claro, establece claramente lo que llamamos nosotros la competencia residual y esto es la construcción, precisamente, de distintos órdenes de gobierno en donde en cada entidad hay un Congreso local que en un momento dado tendrá esas facultades.

A mí me parece que es una facultad que finalmente está injiriendo en actividades que no son propias de este Congreso. Por tanto, yo le pregunto, también, si la propuesta en ese sentido no sería en un momento dado una propuesta que estaría violando el espíritu del 124 constitucional, y además, también, por la forma de construcción que tenemos en la República Mexicana, tal y como lo establece el 40 y el 41 de la propia Constitución.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez: Nada más le voy a dar aquí. Esta comisión dictaminadora considera que la rendición de cuentas y la transparencia por parte de las autoridades gubernamentales son un elemento generador de la confianza de los gobernados hacia sus gobernantes, además de que representa un elemento indispensable para hacer efectiva la gestión.

Asimismo, esta dictaminadora considera que la rendición de cuentas no sólo es mostrar el uso de los recursos sino también de los logros de los objetivos que se han planteado, de la misma manera que la transparencia se entiende como la capacidad de reconocer abiertamente los logros y fracasos, ayudando con ello a que mejore la gestión gubernamental, pues lo obliga a capacitarse y por tanto, profesionalizarse.

Ahora bien, si bien es cierto que esta comisión dictaminadora coincide con los planteamientos y propuestas del autor de la proposición que se dictamina, también lo es que es necesario hacer pequeñas salvedades de claridad de estilo, tomando en cuenta lo siguiente:

El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo, para que impere nuestro sistema jurídico y de política nacional. En este sentido el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

En el artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de los estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Consecuente con lo anterior, la comisión dictaminadora considera que no es procedente exhortar a los gobernadores de las entidades federativas a informar sobre la situación que guardan las haciendas públicas a su cargo, así como el exhorto que se plantea en el resolutivo segundo de la propuesta original, por considerarse violatorio a la soberanía estatal de autonomía del Poder Ejecutivo y Legislativo de los estados, aunado a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo establece en su artículo 79.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Correcto. Diputado Sebastián Lerdo, usted me solicitó hacerle una pregunta al orador. Le pregunto al diputado Francisco Orduño si acepta la pregunta.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez:Sí, adelante, diputado.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Gracias, diputado. En consecuencia, de las reflexiones y consideraciones que nos ha compartido por parte de la comisión, debiera desecharse esta solicitud.

El tema general y los propósitos de transparencia y de información nos parecen encomiables, creo que nadie está peleado ni con la rendición de cuentas ni con la información transparente ni con que se conozcan los números, pero hay instancias y hay órdenes de gobierno. Estos informes seguramente los conocen muy bien los Congresos locales y los órganos de control de los Ejecutivos locales y es ahí en donde se tiene que dar la discusión.

A nosotros nos toca justamente ejercer nuestra facultad de control del Ejecutivo federal. El conocimiento de informes adicionales de entidades federativas o de municipios los podremos conocer en la parte estadística, pero solicitar a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión informes, aunque evidentemente no se está exigiendo ni se está exhortando a los Ejecutivos locales. Producto de la lectura que acaba de dar usted al documento, diría que prácticamente lo que estaremos diciendo en ese documento es: solicitamos tímidamente información a las entidades federativas, a través de los secretarios de Finanzas, que nos manden sus estados de cuenta de la deuda contratada en lo local, si tienen a bien.

Me parece que es un despropósito del Congreso de la Unión ir en una línea de argumentación, que me parece espléndida la que usted nos comparte, en donde evidentemente se respeta el marco constitucional, y al final decir, y ojalá los secretarios de Finanzas nos manden la información de cómo está la deuda de sus estados. Justo para eso están los Congresos locales.

En consecuencia, seguramente usted coincidirá conmigo en la pertinencia de retirar este dictamen o de votarlo en contra, por cuidado constitucional. Reitero, todos estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, pero los mexicanos nos hemos dado las instancias constitucionales para estos procesos de rendición de cuentas.

Evidentemente no renunciamos como Congreso de la Unión a nuestra facultad de control ejercida a través del órgano técnico auxiliar, que es la Auditoría Superior de la Federación ni al proceso de llamar a cuentas a la instancia que nos corresponde llamar a cuentas, que es el Ejecutivo federal. ¿Coincide usted con esta reflexión, señor diputado?

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez:Sí, diputado. Nada más le voy a leer el primero y el segundo del punto de acuerdo, dice: Remítase copia del presente expediente a los titulares de las entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal, así como a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos.

Remítase copia del presente expediente a la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para su conocimiento y efectos competentes, señor diputado, y efectos de su competencia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entendiendo que no hay una oposición formal al espíritu del punto de acuerdo porque estaba así manifestado y la comisión tiene incluso algunas dudas respecto de su redacción, le sugiero atentamente apartarlo del cuerpo de dictámenes y dejarlo para una posterior consideración en función de que pudiera mejorarse la redacción, si lo tiene a bien el señor presidente de la Comisión.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez:De acuerdo, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda apartado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores legisladores. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE HIDALGO

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la intervención de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la correcta aplicación de los recursos federales en Hidalgo

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con  puntos de acuerdo por los que se solicita la intervención de la SFP y de la ASF respecto a la correcta aplicación de los recursos públicos federales en Hidalgo, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos; y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones 

I. En el capítulo de consideraciones las autoras del presente punto de acuerdo refieren que el pasado 5 de enero un periódico de circulación nacional publicó parte de un convenio firmado entre Miguel Osorio Chong, gobernador de Hidalgo, y la empresa Televisa, para grabar la telenovela “Soy tu dueña” en haciendas hidalguenses, con todos los gastos pagados a cuenta del erario estatal, a cambio de que las autoridades locales aparecieran en la telenovela.

Argumentan que de acuerdo con la publicación el documento fue firmado el 23 de febrero de 2010 entre Mirna Cristina López Manilla, directora general de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, Alejandro Quintero Íñiguez y Jorge Lutteroth Echegoyen, representantes de Televisa, y Delia Lozada Romero, propietaria de 50 por ciento de una de las haciendas.

De igual manera señalan que en el convenio el gobierno y Televisa acordaron llevar a cabo las grabaciones en las haciendas Santiago Tetlapayac y Minthó, que en la novela se llamaron Los Cascabeles y Montesinos, así como la casa de la familia Macotela, la tienda Horacio, el centro de salud, el banco regional y la presidencia municipal del poblado de Nopala.

Televisa, de acuerdo con el texto suscrito, hizo compromisos, incluida la aparición de funcionarios estatales en algunos actos relacionados con la grabación, que se llevaría a cabo del 1 de marzo al 30 de octubre de 2010, y que dicho contrato establece que el gobierno del estado cubrirá las siguientes erogaciones que se generen por la grabación de la telenovela: gastos para hospedaje, alimentación, transporte y otros, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: a) total de hospedaje; b) total de administración; c) renta de transporte; d) total de otros gastos; e) transportación en vehículos terrestres a completa disposición, incluyendo conductor y combustible. Según el convenio, Televisa se comprometió a hacer una invitación a las autoridades del estado a la presentación de la telenovela, con presencia de medios nacionales. También a insertar créditos de agradecimiento al gobierno estatal al final de cada capítulo.

Las proponentes del presente punto de acuerdo mencionan que en 2007 el órgano de fiscalización superior del estado de Hidalgo reportó que el Poder Ejecutivo de la entidad no había podido comprobar 267 millones 318 mil 984 pesos, 1.26 por ciento del presupuesto ejercido en ese año, que fue de 21 mil 157 millones 309 mil 812 pesos, 27. 55 por ciento más de lo presupuestado originalmente. No obstante, no hubo sanciones a los funcionarios responsables por el mal manejo del erario, ya que el Congreso del estado aprobó la cuenta respectiva sin observación.

Señalan que también en un informe denominado Estado que guardan las cuentas públicas municipales ejercicio fiscal 2007, y presentado al Congreso, el órgano de fiscalización superior dio a conocer 45 ayuntamientos, más de la mitad de los municipios hidalguenses, que no han podido solventar las cuentas públicas de 2007, mientras que entre las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno de Hidalgo se encuentran el subejercicio del presupuesto federal en seguridad y obras públicas; el desvió de recursos en salud y educación; y el mal manejo de los presupuestos municipales y las metas y objetivos sin cumplir.

Consideran que debido a que en 2007, el gobierno de Hidalgo recibió recursos adicionales por concepto de excedentes petroleros, los cuales son transferidos a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento; sin embargo, el gobierno de la entidad no ejerció más de 50 por ciento de los recursos asignados a obras públicas, por lo que de acuerdo a la normatividad existente deberían regresarlos a la Tesorería de la Federación, es por ello, y con la finalidad de que existan cuentas claras ante el erario público nacional, formulan la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Función Pública, así como a la Auditoría Superior de la Federación, y de manera respetuosa a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, verifiquen en el marco de sus atribuciones la correcta aplicación de los recursos federales ejercidos en el año 2010 y en su momento los que se ejerzan en 2011 por el estado de Hidalgo y de manera directa por el gobernador de éste.

Segundo.Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar a la Secretaría de la Función Pública que proceda a realizar una investigación de las irregularidades detectadas en el estado de Hidalgo y, en su caso, proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda. Una vez concluida la investigación, que sus conclusiones se entreguen a las Comisiones de la Función Pública y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Tercero. Se acuerda solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que proceda a realizar una auditoría especial sobre aportaciones y participaciones federales transferidas al Gobierno del estado de Hidalgo.

Cuarto. También se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado para que se apoye en la realización de las auditorías, con lo cual se estaría contribuyendo en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales que recibe la entidad.

II. Esta comisión dictaminadora considera que de acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el artículo 85, señala que los auditores superiores de la Federación tienen como atribución representar a la Auditoría Superior de la Federación, y su objetivo, de acuerdo con el manual de organización de la Auditoria Superior de la Federación, es el de dirigir y autorizar el proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública, así como las demás funciones que expresamente le encomienden la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás ordenamientos legales aplicables.

Asimismo, la Constitución General de la República especifica:

Artículo 79.La entidad de fiscalización superior de la federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Esta entidad de fiscalización superior de la federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la ley.

Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se impondrán las sanciones previstas en ésta. La entidad de fiscalización superior de la federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;

...

Lo anterior está reglamentado en los artículos 15, facciones I y XIX, 37 y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que se transcriben a continuación:

Artículo 15. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública;

...

XIX.Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior correspondientes, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa;

...

Artículo 37.La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el párrafo anterior y en términos de la fracción XIX del artículo 15 de la presente ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior, con el objeto de que colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales recibidos por dichos órdenes de gobierno, conforme a los lineamientos técnicos que señale la Auditoría Superior de la Federación. Dichos lineamientos tendrán por objeto mejorar la fiscalización de los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas, por los municipios y por los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales y paramunicipales.

Los lineamientos comprenderán además, la verificación del desempeño y la comprobación de la aplicación adecuada de los recursos que reciban las personas físicas o morales, públicas o privadas, en concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados por las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal con cargo a recursos federales.

La Auditoría Superior de la Federación establecerá los sujetos, objetivos, alcance y procedimientos de las auditorías y estructura de los informes de auditoría a practicar sobre los recursos federales entregados a entidades federativas, municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para asegurar una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente. El conjunto de los términos acordados con las entidades de fiscalización de las entidades federativas no podrán ser inferiores a los determinados en la ley.

En el caso de que las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten irregularidades que afecten el patrimonio de la hacienda pública federal, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación, para que en términos de la presente ley inicie la responsabilidad resarcitoria correspondiente y promueva las responsabilidades civiles, penales, políticas y administrativas a las que haya lugar.

La Auditoría Superior de la Federación verificará que las entidades fiscalizadas lleven el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

...

Artículo 39.Cuando se acrediten afectaciones a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, atribuibles a servidores públicos de las entidades federativas, municipios o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación procederá a formularles el pliego de observaciones y, en caso de que no sea solventado, fincarles las responsabilidades resarcitorias conforme a la presente Ley y promoverá, en su caso, ante los órganos o autoridades competentes las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar.

Dicho lo anterior, y toda vez que se encuentra dentro de sus facultades, esta comisión considera prudente, remitir copia del presente expediente a la Auditoria Superior de la Federación a través de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de sus atribuciones verifique la correcta aplicación de los recursos federales ejercidos en 2010 y en su momento los que se ejerzan en 2011 en el estado de Hidalgo.

Ahora bien con la finalidad de no invadir la esfera de jurisdicción de los estados, esta comisión dictaminadora considera prudente solicitar al Congreso del Estado de Hidalgo, que con base en las facultades que le otorga la legislación aplicable, solicite a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo que verifique en el marco de sus atribuciones la correcta aplicación de los recursos federales ejercidos en 2010.

Por otro lado, en cuanto al segundo resolutivo del punto de acuerdo en estudio, esta comisión dictaminadora considera que no se encuentra dentro las facultades conferidas a la Secretaría de la Función Pública realizar investigación alguna de las irregularidades detectadas en el Estado de Hidalgo, ni tampoco fincar responsabilidades por no tener atribuciones para ello, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, disposición que establece el despacho de los asuntos que le corresponde a dicha secretaría, sin que se encuentre dentro de su competencia el vigilar el cumplimiento de la asignación de los recursos federales a los estados, lo que es de la competencia de la Auditoría Superior de la Federación.

En cuanto al cuarto resolutivo del punto de acuerdo en estudio, esta comisión dictaminadora considera que de acuerdo a los artículos 15, fracción XIX, y 85, fracción XVII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoria Superior de la Federación, podrá “concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con las entidades fiscalizadas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales en el Distrito Federal, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa”.

Por tanto, al encontrarse dentro de las facultades conferidas por la ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá celebrar un convenio con  las entidades de fiscalización superiores del estado de Hidalgo, para que la primera pueda hacer más eficiente la fiscalización de lo solicitado, considerando esta comisión que es la vía adecuada para su cumplimiento.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas–, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes

Punto de Acuerdo

Único.Remítase copia del presente expediente a la titular del Ejecutivo del estado de Hidalgo, así como a la Auditoria Superior del mismo estado.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.

La Tercera Comisión, diputados:Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauthémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo, Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica); senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En virtud de que no se han registrado oradores, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

PERSONAS SORDAS

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2011

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se conmina al titular del Ejecutivo federal a respetar el contenido del artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en materia de comunicación para personas sordas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de Enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones la diputada Claudia Edith Anaya Mora, refiere que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el martes 7 de diciembre de 2010. En la fracción VI del artículo 20, el Presupuesto establece:

“VI. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades harán uso de la Lengua de Señas Mexicanas por medio de un intérprete, o en su caso tecnologías que permitan el acceso a los contenidos a las personas con discapacidad auditiva cuando se trate de campañas en televisión.”

Asimismo, señala que el artículo primero transitorio del decreto señala que “el presente decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2011”. Por tanto señala que  la disposición del artículo 20, fracción VI, es vigente, y por lo tanto obligatoria para los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades.

Por otro lado, la proponente señala que el presidente está faltando al juramento de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Lo anterior dado que la Constitución señala en el artículo 70 que “toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto). Por lo que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 dimana de la voluntad de la Cámara de Diputados a iniciativa del presidente de la República.

La proponente refiere que el asunto en cuestión no es la primera vez que se aborda ante la Comisión Permanente, ya que en el inmediato anterior periodo de sesiones de esta representación popular se aprobó un punto de acuerdo que establecía:

“La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través del Secretario de Gobernación, instruya al Centro de Producción de Programas Informativos Especiales a que en todos los programas especiales, cortes informativos y cadenas nacionales del presidente de la república se incluya un recuadro con un intérprete de lengua de señas mexicanas o el sistema de subtítulos o close caption.”

De dicho asunto aprobado, menciona la proponente, no se tuvo noticias de su cumplimiento, ya que en los mensajes sucesivos del presidente no se contó con ningún mecanismo de apoyo para las personas sordas.

Por ello, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión conmina al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el contenido del artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en materia de comunicación para personas sordas; asimismo le exhorta a subsanar la falta a la brevedad posible.

II. Esta comisión dictaminadora señala que de la trascripción hecha por la Diputada proponente en el presente punto de acuerdo se deriva que, el cumplimiento a la disposición legal aludida, señala que “Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades harán uso de la Lengua de Señas Mexicanas...”. Bajo esa tesitura podemos apreciar que dicha disposición contempla las dependencias y entidades que forman parte del Ejecutivo federal.

Asimismo, quienes dictaminan coinciden con la diputada promovente en el sentido de exhortar al Ejecutivo Federal a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción VI, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en materia de comunicación para personas sordas.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, por lo que se refiere a las entidades y dependencias del Ejecutivo federal, en materia de comunicación para personas con problemas de discapacidad auditiva.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica); senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se han presentado oradores, por lo que se considera suficientemente discutido y se turna para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la adopción de medidas y al envío de informes sobre la contaminación de los ríos en Oaxaca

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con  punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a la Profepa a adoptar medidas y enviar a esta soberanía informes relativos a la contaminación de los ríos en Oaxaca, suscrita por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones el autor del presente punto de acuerdo refiere que, la contaminación del ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales, además de dañar los ecosistemas, impiden que se potencien las capacidades productivas, se genere bienestar social y oportunidades de progreso para las personas y las comunidades.

Comenta que la contaminación de los mares, ríos y lagos representa una parte considerable del deterioro ambiental, que agudiza distintos problemas, desde el relativo a la insuficiencia en el abasto de agua y el rezago socioeconómico hasta la generación de graves riesgos para la salud de la población.

Señala que, una realidad lamentable en el territorio nacional es la gran cantidad de ríos convertidos en sucias cloacas, cargadas de productos químicos, espumas y toda clase de contaminantes. También es común que las empresas inunden las aguas de los ríos con desechos tóxicos, y que Oaxaca no es ajena a esa situación.

Manifiesta que, de acuerdo con el Instituto de Naturaleza y Sociedad en Oaxaca (INSO), la mayoría de los ríos del estado tiene un alto grado de contaminación; entre los más afectados figuran el Papaloapan, Atoyac, Salado y Los Perros, en la región del istmo.

Subraya que son tres tipos básicos de desechos que se vierten en los ríos: primero, los industriales. Al respecto, el Papaloapan sufre problemas muy serios. Los segundos serían los desechos humanos y jabonosos que se vierten en los cauces, lo cual causa problemas de salud a los habitantes, como el que se encuentra en los ríos Atoyac y Salado. Y el último, los residuos agrícolas que contienen pesticidas y fertilizantes agroindustriales, como es el caso observado en Los Perros, en la región istmeña (entrevista con Juan José Consejo, director del INSO para el diario Despertar de Oaxaca, 6 de diciembre de 2009), así como el río Salado que, en opinión de algunos especialistas, se ha convertido en uno de los más contaminados del país, ante la indiferencia y la falta de actuación de las autoridades.

Refiere que la contaminación en este caso ha sido constatada por los integrantes del Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca, organismo creado por mandato de la Ley de Aguas Nacionales, que sirve como instancia de coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, los usuarios del agua y organizaciones no gubernamentales.

Como muestra de la gravedad del asunto, baste mencionar que durante un recorrido de supervisión que realizara el mencionado Consejo de Cuenca, en el paraje Zompantle, a 10 kilómetros de Mitla, en los límites con San Lorenzo Albarradas, se encontró un basurero en plenas márgenes del río.

Enfatiza que, para enfrentar el grave problema de contaminación, en especial el que deriva de la descarga de aguas residuales y la utilización de cauces de arroyos y ríos como depósitos de basura, el grupo de seguimiento y evaluación del Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca implantó el Programa de Rescate y Manejo de las Cuencas del Río Salado.

De igual forma, señala que se integró un comité de cuenca, especialmente para el río Salado, entre cuyas primeras observaciones se señaló la erosión presente en las partes altas de las microcuencas como consecuencia del uso inadecuado de sistemas de explotación forestal y agropecuarias, infraestructura ociosa de plantas de tratamiento, obras inconclusas y plantas que no operan.

Igualmente comenta que se detectó que hay insuficiente o deteriorada infraestructura hidroagrícola; deficiente uso del agua en los diferentes usos; abatimiento del nivel freático en acuíferos; alta incidencia de enfermedades gastrointestinales asociadas con el consumo de agua; y crecimiento desordenado de los centros de población e invasión de zonas federales, así como insuficiente cultura ambiental de la población.

El autor del presente punto de acuerdo, considera que es preciso contar con un diagnóstico de la calidad del agua en los ríos de la entidad, evaluar la magnitud de la contaminación y tomar medidas urgentes al respecto. Es necesario revisar la regulación existente y vigilar el cumplimiento de las normas por todos los actores involucrados. Ahora bien, la Semarnat, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, tiene a su cargo la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional, así como la regulación y el control de las actividades consideradas sumamente riesgosas. Asimismo, tiene entre sus atribuciones la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales (artículo 5 fracciones III y XI). Tiene también bajo su responsabilidad realizar la evaluación del impacto ambiental y establecer las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico (artículo 28). Algunas de esas atribuciones se ejercen a través de la Conagua, a quien le corresponde promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considere el elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos. Así lo establece la fracción XXVI del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.

Por lo expuesto, sometió a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que remita a esta soberanía un informe sobre las actividades por realizar en Oaxaca para promover el aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas de los ríos y evitar que se dañen los ecosistemas.

Segundo.Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a determinar la calidad del agua y, en su caso, atender el problema de contaminación de los ríos en Oaxaca.

Tercero.Se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que remita a esta soberanía un informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas por la contaminación de los ríos de Oaxaca.

II. Esta comisión dictaminadora considera que, en efecto, los ríos que pasan por varios municipios del estado de Oaxaca, registran una grave contaminación, sin embargo todavía tienen flora y fauna, por lo que es urgente tomar las medidas necesarias para proceder a rescatar los ríos del mencionado Estado. Dicha comisión reitera que los ríos de la entidad reciben una gran cantidad de desechos tóxicos orgánicos e inorgánicos, creando una gran contaminación en los lugares donde aún existen serpientes, peces, gansos y otros animales, por lo que es necesario coadyuvar entre los diferentes niveles de gobierno para hacer un proyecto para su conservación.

Dicho lo anterior esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del senador Ericel Gómez Nucamendi para que, esta Soberanía cuente con un diagnóstico de la calidad del agua en los ríos de la entidad, evaluar la magnitud de la contaminación y tomar medidas urgentes al respecto.

Asimismo, esta comisión dictaminadora considera que, se debe dar la atención a dichos acontecimientos que laceran al medio ambiente  y dañan a la sociedad, por lo que en mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a esta soberanía por escrito, en 5 días hábiles, sobre las actividades que se han realizado y están por realizar en el estado de Oaxaca, para promover el aprovechamiento sustentable, la protección  y la preservación de las aguas de los ríos y evitar que se dañen los ecosistemas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, a realizar un diagnóstico que permita determinar la calidad del agua y, en su caso, atender el problema de contaminación de los ríos en el estado de Oaxaca.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informe a esta soberanía por escrito, en 5 días hábiles, sobre el estado que guardan las denuncias presentadas en relación con la contaminación de los ríos del estado de Oaxaca.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunto si hay algún orador reservado en este tema. No habiéndolo, se considera suficientemente discutido y se reserva para ser votado en el conjunto de los demás puntos de acuerdo.

ESTADO DE YUCATAN

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al alza de los impuestos al hospedaje y de nóminas en Yucatán

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora y al Congreso de Yucatán a reconsiderar el alza del 50 por ciento del Impuesto al Hospedaje y del 25 por ciento del de nominas, aprobada en diciembre pasado a propuesta de la administración estatal, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones la autora del presente punto de acuerdo refiere que, en uso de sus atribuciones constitucionales, la gobernadora de la entidad, Ivonne Ortega Pacheco, envió al Congreso del estado las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la entidad para el año 2011; en la Ley de Ingresos propuso un alza a diversos gravámenes locales, específicamente los impuestos locales de hospedaje y de nóminas, el primero de los cuales se elevaría en 50 por ciento, pasando de una tasa de 2 al 3 por ciento general, en tanto que el segundo se incrementaría en 25 por ciento, pasando de una tasa de 2 al 2.5 por ciento.

Señala que, la actitud de la gobernadora contrasta con el paquete económico 2011 del gobierno federal, en el cual, no se propuso incremento alguno en las tasas de los impuestos federales, a pesar de que todos coinciden en la necesidad de obtener recursos adicionales para cubrir programas sociales prioritarios e impulsar el desarrollo del país con el sólido cimiento de tener un esquema de finanzas públicas sanas.

Argumenta que son incrementos desmedidos y que afectan la situación del país y sus regiones en materia de empleo o que ponen en riesgo la operación de la planta productiva.

Refiere que, en Yucatán también se elevaron de dos a tres veces las multas y sanciones contenidas en el reglamento de tránsito, las sanciones a los propietarios de lotes baldíos y otras infracciones a reglamentos municipales, y que la única buena noticia fue la eliminación parcial de la tenencia vehicular.

Considera de gran relevancia que se revalué el alza de impuestos en Yucatán que eleva en 25 por ciento la carga a los empleadores creadores de nuevas fuentes de trabajo empleos, que suma un alza de 50 por ciento del impuesto local al ajuste inflacionario de los prestadores de servicios turísticos, que encarecerá el costo del hospedaje o reducirá los márgenes de operación de los hoteleros locales y por tanto el mantenimiento y la reinversión en mejores instalaciones que reducirá la competitividad de la industria turística en Yucatán. Es por ello que propuso el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, y al honorable Congreso del estado a reconsiderar el alza aprobada de 50 por ciento al impuesto al hospedaje y de 25 por ciento al impuesto de nóminas.

II. Esta comisión dictaminadora considera que, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración, la simplificación y estabilidad tributaria es una de las mejores formas de incrementar la rentabilidad de la inversión en toda la economía, en efecto, la complejidad para cumplir con las obligaciones fiscales colocan al país en seria desventaja con respecto a otras naciones.

Asimismo, las modificaciones continuas en las disposiciones fiscales son una fuente importante de incertidumbre. Por tanto, es necesario establecer un régimen tributario competitivo, sencillo y estable; no obstante, en el marco de respeto a la soberanía estatal, la comisión dictaminadora no considera prudente, exhortar a la gobernadora del Estado de Yucatán, y al Honorable Congreso de ese Estado; toda vez que el Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Consecuente con lo anterior, la comisión dictaminadora considera que no es procedente realizar el exhorto materia de la Proposición con punto de acuerdo, por considerarse violatoria de la soberanía estatal y de la autonomía del Poder Ejecutivo de los Estados.

Por lo anterior y con el propósito de dar continuidad y seguimiento a la proposición que se dictamina, la comisión dictaminadora estima procedente remitir el asunto al Ejecutivo del estado de Yucatán y al Congreso de dicha entidad, para su conocimiento y efectos.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase copia del presente expediente a los titulares del Ejecutivo y del Legislativo del estado de Yucatán, para su conocimiento y efectos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.a.), diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No habiendo oradores inscritos también se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la expedición del Reglamento de la Ley General de Discapacidad

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a expedir y publicar el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones la autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina hace referencia a que México cuanta con alrededor de 14 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Señala la importancia de hacer visibles resultados más notables enfocados a la atención de las personas con discapacidad y de considerarlos como un grupo de atención prioritario con programas y apoyos que respondan a sus necesidades, con la construcción de espacios y oportunidades que generen la inclusión. Formación, participación y disfrute de mejoras en sus condiciones sociales y económicas.

Continúa la senadora promovente señalando que el Congreso de la Unión demostró voluntad y compromiso para dar respuesta a un reclamo social que por varios años plantearon las personas con discapacidad, al legislar en la materia y aprobar la Ley General para las Personas con Discapacidad, ordenamiento que en su adecuada aplicación, contribuirá a mejorar las condiciones de vida de este grupo de personas, disminuyendo la pobreza, desempleo, analfabetismo y la marginación.

Que la Ley en comento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2005, y que a la fecha el Ejecutivo federal no ha expedido su Reglamento, aún cuando en el propio ordenamiento legal se estableció un plazo de 180 días para su elaboración, contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

La senadora hace referencia a la facultad constitucional del Ejecutivo federal para expedir los reglamentos, de promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, de acuerdo al artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Concluye la promovente señalando que resulta necesario que la Comisión Permanente realice un exhorto al Poder Ejecutivo federal, a efecto de que materialice la publicación del Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad en el diario Oficial de la Federación, así como solicitar a los gobiernos de las entidades federativas, el reconocimiento y aplicación de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, relativa a la “Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público –especificaciones de seguridad”, a efecto de brindar justicia social a las personas con discapacidad y lograr que las mismas puedan recibir un mejor servicio en aspectos como la educación, empleo, salud y las condiciones de accesibilidad en los espacios públicos y privados, para facilitar su desplazamiento en los espacios laborales, educativos, comerciales, deportivos y recreativos. Formula el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal que, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida y publique, con la brevedad posible, el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a los gobiernos de cada una de las entidades federativas, el reconocimiento y aplicación de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, “Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-especificaciones de seguridad”, como parte de la regulación para brindar mayor justicia social a las personas con discapacidad y enfrentar con una visión solidaria una serie de obstáculos tanto físicos como culturales, que les impiden recibir educación, conseguir empleo, obtener atención de salud adecuada y contar con las condiciones de accesibilidad en todos los espacios públicos y privados.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora procedieron al estudio de los planteamientos formulados por la autora de la Proposición que se dictamina, tomando en cuenta lo siguiente:

a) Que con fecha 10 de junio de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de las Personas con Discapacidad.

b) Que en el artículo quinto transitorio del decreto se establece: “el Ejecutivo federal expedirá el reglamento de esta ley en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley”.

c) Que se pudo constatar que no existe la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento referido; por lo que resulta evidente, que el plazo que empezó a correr a partir del 11 de junio de 2005, se encuentra vencido en exceso.

d) Que la declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público-Especificaciones de seguridad, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2006, y tiene como propósito “establecer las especificaciones que rijan la construcción de espacios de servicio al público, para lograr que las personas que presentan alguna disminución en su capacidad motriz, sensorial y/o intelectual, incluyendo a la población en general, puedan realizar sus actividades en la forma o dentro de lo que se considera normal para los seres humanos”.

La comisión dictaminadora concuerda con la senadora promovente en el sentido de que resulta necesario brindar el respaldo total a los grupos minoritarios que conforman la sociedad mexicana, en donde quedan incluidas las personas con discapacidad.

Que es notoria la insuficiencia de infraestructura relacionada con los accesos en los espacios públicos y privados para las personas con discapacidad en toda la República Mexicana, razón por la cual, la comisión dictaminadora coincide con la promovente para exhortar al Ejecutivo federal, a que expida y publique el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a expedir y publicar, a la mayor brevedad, el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, previsto en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a observar la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, “Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público –especificaciones de seguridad”, en el ámbito de su aplicación; a efecto de brindar mayor justicia social a las personas con discapacidad y enfrentar con una visión solidaria una serie de obstáculos tanto físicos como culturales, que les impiden recibir educación, conseguir empleo, obtener atención de salud adecuada y contar con las condiciones de accesibilidad en todos los espacios públicos y privados.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora secretaria. Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra se considera suficientemente discutido. Lo reservamos para ser votado en conjunto con los demás puntos de acuerdo.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al programa de saneamiento y apoyo de la ampliación del maxitúnel de la Autopista del Sol

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a destinar los recursos necesarios para llevar a cabo un programa urgente de saneamiento de la bahía de Acapulco y apoyar la ampliación del maxitúnel de la Autopista del Sol, suscrita por los senadores Fernando Jorge Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones los legisladores proponentes se refieren a la importancia que representa la bahía de Acapulco como uno de los atractivos turísticos más importantes del país. Señalan que el municipio cuenta con diversos hoteles ubicados a las orillas de la bahía que generan contaminación, con el lanzamiento de aguas residuales o negras que representa un riesgo para la salud y la industria turística.

Continúan los promoventes haciendo referencia a la dependencia que guarda la mayoría de la sociedad acapulqueña respecto a la actividad turística, por lo que resulta prioritario dar sustentabilidad a esta actividad.

Los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, señalan que se necesita un gran esfuerzo económico para lograr preservar la calidad de agua que la sociedad utiliza, así como la preservación del medio ambiente, y que la solución consiste en tener una infraestructura óptima para resolver el problema.

En tal sentido, resulta necesario poner en marcha un programa emergente para el saneamiento de la bahía de Acapulco, en donde se contemple la detección de descargas clandestinas de residuos, con la aportación de recursos federales.

Asimismo, los senadores promoventes hacen referencia a la problemática del tránsito vehicular en la localidad, el cual requiere de la intervención del gobierno federal. Éste problema se manifiesta con mayor intensidad en los periodos vacacionales, en donde no sólo genera fastidio a los automovilistas, sino que también se traduce en una deficiencia de los servicios de salud y de seguridad, toda vez que complica el tránsito de ambulancias y seguridad pública estatal y municipal.

Que el maxitúnel de Acapulco reduce el tiempo de viaje hasta por 25 minutos entre la Ciudad de México y Acapulco, y que libera y desfoga el acceso al puerto, que en horas pico altera el tránsito vehicular y causa accidentes fatales e inhibe la vida turística.

Concluyen los legisladores resaltando la importancia y magnitud de esta obra y que resulta necesario la participación del gobierno federal, mediante la liberación de los recursos necesarios que permitan la ampliación del túnel, por los beneficios que representa. Por lo anterior, proponen el siguiente el punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta al gobierno federal a destinar los recursos necesarios para llevar a cabo un programa de saneamiento de la bahía de Acapulco y así evitar que aguas residuales sean lanzadas a la bahía sin el tratamiento adecuado, así como para detectar de manera oportuna descargas clandestinas de las mismas.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal a destinar recursos económicos para apoyar la ampliación del maxitúnel de la Autopista del Sol, para mejorar la circulación hacia y desde el centro, aumentando la afluencia de turistas y mejorando la calidad vial del puerto de Acapulco.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos de los autores de la proposición que se dictamina, al tenor de las siguientes consideraciones:

El turismo en México es una prioridad nacional por ser uno de los principales motores en la economía, razón por la cual se deben encontrar las estrategias que posicionen al país en los primeros lugares a nivel mundial en servicios turísticos, a través del fomento a la competitividad, la diversificación de los mercados y los destinos.

El turismo contribuye con el crecimiento económico, la generación de empleos, así como la preservación del medio ambiente y la aportación al desarrollo regional.

La comisión dictaminadora coincide con los promoventes, en el sentido de que el puerto de Acapulco es uno de los atractivos turísticos más importantes del país, de ahí la importancia de proteger y conservar su ecosistema y recursos naturales, así como de contar con las medidas sanitarias propicias para mantenerlo en buen estado y libre de contaminantes.

Asimismo, por lo que se refiere al resolutivo segundo de la proposición que se dictamina, la comisión dictaminadora considera oportuno exhortar al Ejecutivo federal, a efecto de que considere destinar recursos económicos para ampliar el maxitúnel de la Autopista del Sol y, en su caso, considerarlo en el siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que es notorio el beneficio que representa este tipo de infraestructura para la vialidad de los residentes y turistas del Puerto, así como por los beneficios que pueden representar a la economía de la localidad.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a implementar un programa de saneamiento de la bahía de Acapulco, con el objeto de evitar que aguas residuales sean lanzadas a la bahía sin el tratamiento adecuado, y detectar de manera oportuna las descargas clandestinas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal a destinar recursos económicos para apoyar la ampliación del maxitúnel de la Autopista del Sol, con el objeto de mejorar la circulación hacia y desde el centro, aumentando la afluencia de turistas y mejorando la calidad vial del puerto de Acapulco.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo (rúbrica p.s.), diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos en estos puntos de acuerdo, por lo que se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota

Honorable Asamblea

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en Acapulco, Guerrero, suscrita por la diputada Florentina Rosario Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, la autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia que en abril pasado, se llevó a cabo una reunión de la asamblea en la que fue aprobado la construcción de la hidroeléctrica La Parota, que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y en donde fue negado el acceso a los opositores del proyecto.

La diputada promovente señala que no se ha dado la información respectiva por parte de las autoridades sobre la construcción, además de los actos de represión que han dejado asesinados, desaparecidos, encarcelados y delitos de lesa humanidad, en donde se han violado los derechos humanos de los comuneros indígenas, así como la autonomía de los núcleos ejidales.

Que la obra es considerada por la CFE como una alternativa viable para contribuir a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el área central del país”, y que su ubicación es en la cuenca del río Papagayo, a 350 kilómetros al sur de la Ciudad de México y a menos de 50 kilómetros del puerto de Acapulco.

Hace referencia a la construcción de represas en el mundo, que provocó durante el siglo XX afectaciones a los humedales y en particular a los peces. Que de acuerdo con datos de la Red Internacional de Ríos, hasta el año 2003 se han construido 47 mil grandes represas en el mundo y más de 800 mil pequeñas represas, en donde el uso común del agua a nivel mundial es aproximadamente un 67 por ciento en la agricultura y un 19 por ciento lo ocupa la industria altamente contaminante. Hace referencia a la energía que producen las grandes represas y la finalidad de su construcción.

Continúa señalando que La Parota significará un grave deterioro ambiental por la deforestación y la desaparición de mantos acuíferos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco; razón por la cual los pobladores se manifestaron en desacuerdo.

Que la opinión internacional ha sido contundente en la oposición al proyecto; señala como ejemplo el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), quien el 17 de marzo de 2006 emitió una resolución a favor de la cancelación de la construcción del proyecto de La Parota, debido a que el costo en materia social y ambiental es muy alto, y que el Tribunal exhorto al gobierno federal, estatal y municipal, que reparen los daños por las violaciones a los derechos humanos. Además de la posición en contra del proyecto por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y del relator sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas.

Concluye la diputada exhortando al gobierno federal a cancelar el proyecto, toda vez que va en contra de la determinación de los pueblos de defender sus recursos naturales, y de no ignorar la opinión internacional. Formula el siguiente Punto de Acuerdo:

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la CFE Luis Luege Tamargo, con base en la oposición de los pobladores de La Parota y las recomendaciones internacionales en contra de dicho proyecto, a dar por concluido el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a atender a una comisión opositora al proyecto La Parota, en el municipio de Acapulco, estado de Guerrero”.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora procedieron al estudio de los planteamientos formulados por la autora de la proposición que se dictamina, tomando en cuenta lo siguiente:

La construcción de la presa hidroeléctrica La Parota se encuentra localizada en el municipio de Acapulco, Guerrero.

Que a través de datos periodísticos y de opinión pública, se pudo corroborar que el proyecto de la presa ha recibido manifestaciones de rechazo de los pobladores del lugar, por diversas afectaciones que generará en el ecosistema y a la población de la localidad en particular.

Que los pobladores inconformes con la realización de la obra, crearon un movimiento de resistencia de nombre Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a la Parota (CECOP), que ha implantado acciones para proteger sus tierras y comunidades.

Que el tema ha sido de interés por parte de los legisladores y que en las Cámaras del Congreso de la Unión se han presentado diversas proposiciones relacionadas con el asunto que se dictamina.

La comisión dictaminadora toma en cuenta los resultados positivos que traería la presa hidroeléctrica La Parota, por la generación de energía en el país y en especial en la región, además de la generación de nuevos empleos y un de-sarrollo económico y de beneficio social en la entidad; no obstante, los que dictaminan consideran esencial garantizar los derechos fundamentales de las personas, por los que se considera importante tomar en cuenta la opinión y observaciones de la población y de los grupos comuneros y ejidatarios que se oponen a la construcción del proyecto.

Por lo anterior, se considera pertinente que previo al exhorto al titular de la CFE para que dé por concluido el proyecto de construcción de la presa, se solicite un informe a esa organismo, en el que explique a esta Soberanía sobre el impacto ambiental en la región que ocasionará la construcción, así como las medidas y acciones que se estén implementando, o se vayan a implementar para atenuar los efectos negativos. En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Comisión Federal de Electricidad, informe a esta soberanía por escrito a la mayor brevedad, sobre el impacto ambiental en la región que ocasionará la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, además de explicar las medidas y acciones que se estén implementando, o se vayan a implementar para atenuar los efectos negativos.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, a sostener una reunión para atender a una comisión del grupo opositor al proyecto La Parota, en el municipio de Acapulco, estado de Guerrero.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica);senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En virtud de que no se ha registrado ningún orador en este punto de acuerdo, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto.

REGASIFICADORA ENERGIA COSTA AZUL La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la regasificadora Energía Costa Azul Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la Regasificadora Energía Costal Azul, S. de R.L. de C.V., a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen Antecedentes La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. De acuerdo al autor del punto de acuerdo en estudio, existe colusión entre la empresa Regasificadora Energía Costa Azul, construida por Sempra Energy en Ensenada, Baja California, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Por ello, el senador Legorreta Ordorica advierte que la serie Estudios de Caso, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicó en noviembre de 2006, un documento intitulado Caso 4 terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado: Energía Costa Azul Así, el proponente refiere que de acuerdo a ese estudio en el punto 6.1.7 Emisión del Resolutivo, con fecha 8 de abril de 2003, se estableció lo siguiente “Con fundamento en las disposiciones jurídicas aplicables, con sustento en las disposiciones y ordenamientos invocados durante el proceso y dada su aplicación en este caso y para este proyecto, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones, determinó que el proyecto, objeto de la evaluación y que se dictaminó con sustento al procedimiento establecido para el efecto, era ambientalmente viable y, por lo tanto resolvió autorizarlo de manera condicionada por medio del oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03. Esta resolución quedó sujeta a las siguientes condicionantes Quinta.Garantizar la seguridad de las zonas residenciales y asentamientos humanos diversos, ubicados al norte del sitio del proyecto, estableciendo una zona intermedia de amortiguamiento, esto se realizará llevando a cabo la compra adicional de terrenos aledaños en igual superficie a la que se verá afectada por la instalación de la terminal y sus equipos auxiliares, los cuales serán destinados y mantenidos para la conservación y protección de las especies de flora y fauna que habitan en los mismos.” El proponente señala que aunque Sempra intentó que se modificara la mencionada condicionante número 5; la misma autoridad negó la modificación a dicha condicionante, basándose esencialmente en la posibilidad de eventos graves de riesgo y en consecuencia daños irreparables en virtud de su proximidad a los centros de población aledaños, previendo las tendencias de expansión y la creación de nuevos asentamientos en la zona Asimismo, menciona que en la citada negativa se concluye, textualmente que “... en un radio de 300 metros lineales a partir de los límites del predio en donde se pretende realizar el proyecto, el nivel de riesgo no es aceptable en zonas en donde se pretenden desarrollar actividades no compatibles, como es el caso del área donde se realizará el “proyecto”, la cual está tipificada como turística de baja densidad El senador Legorreta Ordorica advierte que, ante la negativa de la Semarnat y con el fin de cumplir con sus disposiciones, la empresa dio inicio, por un lado, a la adquisición de los terrenos aledaños, y por otro lado, comenzó una callada, pero efectiva labor para convencer a los funcionarios de esa secretaría, responsables de que suprimieran u omitieran el cumplimiento de la quinta condicionante previamente citada Así, refiere el proponente, que en su desesperación por adquirir los predios circundantes, necesarios como área de amortiguamiento a su planta regasificadora, Sempra se valió de todos los medios, legales e ilegales para obtener los terrenos. Para ello, menciona que se contó con la complicidad de las autoridades estatales, despojó de su propiedad al ciudadano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, simulando una operación de compra-venta de su terreno y acusándolo de despojo de su propio terreno Por otro lado, argumenta que, no obstante el reconocimiento de haber adquirido (ilegalmente) esta área como “zona de amortiguamiento” para cumplir con las normas mexicanas y ante la evidencia y posibilidad real de que el terreno de marras pudiera ser regresado a su dueño legítimo, los directivos de Sempra optan por contratar a la empresa Lloyd Germánico de México S de RL, de CV, catalogada, según la Comisión Reguladora de Energía como especialista para la verificación y emisión de dictámenes técnicos relativos a terminales de almacenamiento de gas natural licuado, para que le realizara un dictamen a modo, con el propósito de eludir lo ineludible, es decir la insustituible “zona de amortiguamiento” De la misma manera, señala que en lugar de cumplir con las leyes mexicanas, lo que buscan los directivos de Sempra es violentar las leyes mexicanas, por la vía de la intervención de empresas que se prestan a ese tipo de acciones El proponente refiere que, Sempra violentó la legalidad no sólo corrompiendo, sino mintiendo, manipulando y ocultando información, y pagando servicios a extranjeros para espiar e investigar a instituciones y a ciudadanos mexicanos, incluyendo a funcionarios del Poder Judicial Por otro lado, señala que la empresa ha venido enfrentando una serie de denuncias en Estados Unidos, y es motivo de investigaciones públicas sobre su participación durante la crisis de precios y suministro de gas natural y electricidad de California, como uno de los posibles agentes que manipularon el mercado y limitaron la disponibilidad de gas natural, provocando un alza artificial de los precios de gas natural y electricidad, y una restricción en el suministro de ambos energéticos En todos los países en los que existen plantas regasificadoras existen normas que determinan que haya una o varias zonas de seguridad llamadas con distintas denominaciones, cuyo fin es proteger instalaciones o edificaciones aledañas o centros de población. Así, el proponente mencionó que algunas de las zonas de exclusión que se tienen actualmente en plantas de gas natural licuado en varios países son las siguientes: Cacouna Energy (Canadá): mil metros; Corpus Christy (EUA): 837 metros; Cove Point (EUA): mil 145 metros; Elba Island (EUA): mil 40 metros; Freeport (EUA): 500 metros; Irving Canaport (Canadá): 750 metros; McNab Creek (Canadá): 565 metros; Montoir-de-Bretagne (Francia): 550 metros Estas zonas, menciona, se establecieron para escenarios de accidentes provocados por fugas de gas natural licuado (GNL) y roturas en tuberías y no consideran derrames mayores provocados por explosiones, acciones terroristas caída de aviones o acciones bélicas en cuyos casos las distancias habrían de ser significativamente mayores En cuanto a la Norma Oficial Mexicana (NOM), el proponente establece que está marca los requisitos mínimos de seguridad relativos al diseño, construcción, operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL) que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y entrega de gas natural. Dicha NOM señala que la ubicación de la terminal de almacenamiento de GNL deberá sujetarse a las especificaciones generales que resulten del análisis de riesgos del capítulo 106 de la propia NOM y de las obligaciones que establezcan otras normas oficiales mexicanas y disposiciones jurídicas aplicables, competencia de otras autoridades Según esta NOM el predio debe tener la configuración y dimensiones adecuadas para cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo 107 de la propia norma oficial mexicana. Este capítulo contiene una fórmula que indica la distancia que debe existir entre el borde del área de retención de un tanque de GNL y el límite del predio La propia NOM en su capítulo 201.2.1 determina que debe establecerse una zona de exclusión para actividades de terceras personas no relacionadas con las actividades de la terminal de almacenamiento de GNL con una distancia mínima del centro de la instalación de GNL determinada mediante un análisis de riesgo realizado de acuerdo con la metodología del capítulo 106 de esta NOM El proponente menciona que entre las leyes mexicanas que se violan con la operación de la empresa en estas condiciones se encuentra la Ley General del Equilibrio Ecológico, que en su artículo 2o., fracción IV, establece que se considera de utilidad pública el establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas. Por su parte, el artículo 172 de dicha ley se establece que “cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción.” Por ello, el senador Ordorica enfatiza que en este caso existe una grave responsabilidad y el funcionario de la Semarnat que permitió la omisión de la condicionante quinta hasta ahora ha quedado impune. Como la regulación estadounidense le impidió instalarse en su país, Sempra Energy buscó y encontró en Baja California, un “santuario regulatorio”, que le permitió instalar una planta regasificadora e introducir gas y electricidad en el mercado del sur de California Así, señala el proponente instalándose en México, logró evadir la inamovible legislación estadounidense, que prácticamente le prohibió realizar sus actividades en territorio estadounidense, pero aquí, con una evidente relación de complicidad entre las autoridades federales y estatales del sexenio anterior y algunas del actual, logró construir su planta con la justificación de contribuir a la integración y desarrollo económico Respecto al daño medioambiental, enfatiza que en Baja California, la operación de Sempra Energy, está contribuyendo a pasos agigantados a acelerar el daño al medio ambiente, particularmente de las costas y las aguas cercanas a su planta regasificadora El proponente advierte que dicha empresa, está violando lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reglamentaria de la Constitución en materia ambiental, al contaminar el mar por verter cantidades industriales de cloro y otros desechos y materias, pero sobre todo, por enfriar sensiblemente las aguas en el proceso de regasificación, lo cual afecta a todas las especies marinas de la zona Al respecto, el artículo 170, de dicha ley, menciona que “cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes” El artículo 188 de la citada ley determina que “las leyes de las entidades federativas establecerán las sanciones penales y administrativas por violaciones en materia ambiental del orden local”; en tanto que el artículo 203 especifica que “sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados” Menciona que en síntesis, la actividad de Sempra Energy ha tenido múltiples consecuencias, entre otras • Que no se observen las disposiciones constitucionales establecidas para la conservación del medio ambiente • Que haya solicitado la ampliación de la planta y al mismo tiempo la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental • Que nuestro país incumpla con tratados y convenciones internacionales en materia de protección al ambiente • Que se agudice la amenaza y el peligro de extinción para especies únicas en el mundo y que habitan en el entorno terrestre y marino de la planta regasificadora • Que se comprometa, con ello, el futuro de las siguientes generaciones • Que se pierda la belleza natural de ese estado en aras de un mal entendido progreso y modernidad • Que se afecte el potencial pesquero y turístico de toda la región • Que se corrompa a las instituciones a fin de que éstas otorguen permisos y licencias de operación, aún a sabiendas que existe incumplimiento de las normas ambientales • Que las leyes y reglamentos tanto federales como estatales en la materia sean letra muerta para el caso específico de Sempra Energy • Que se dañe al turismo, disminución del valor de la propiedad y daño económico El gobierno de Ernesto Ruffo declaró en su oportunidad la zona de Tijuana-Rosarito-Ensenada como un recurso natural y turístico, según el programa regional de desarrollo Cocotren (Corredor Costero Turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada). Se tenían grandes expectativas a este respecto. Sin embargo, al aprobar el siguiente gobierno, el de Eugenio Elorduy la instalación de Sempra Energy, se limitó seriamente el desarrollo turístico futuro y se afectó el patrimonio de quienes habían invertido en desarrollos vacacionales y de retiro, al disminuir el valor de la propiedad en tales desarrollos Otro aspecto importante para el presente punto de acuerdo, es el considerar que gracias a las alianzas estratégicas realizadas por Sempra Energy, tiene prácticamente el monopolio de la distribución de gas en Baja California Desviación de recursos fiscales Por otro lado, así como el abierto tráfico de influencias realizados durante el gobierno de Eugenio Elorduy Walter, ex gobernador de Baja California, para la creación de un proyecto de suministro energético a Estados Unidos desde territorio bajacaliforniano, operado a través de Sempra Energy, pasando por encima de disposiciones constitucionales, legales y financieras de nuestro país Refiere que independientemente de la corrupción y tráfico de influencias del caso que nos ocupa, una violación más que incluso involucra al Poder Legislativo, es el hecho de que durante sexenio de Eugenio Elorduy Walther, la obra más importante y divulgada es la que se conoció como Corredor 2000, que fue una vía carretera de cuatro carriles, la cual se construyó con recursos públicos federales y estatales Sin embargo, lo que nunca se dijo fue que su propósito oculto era cruzar tres municipios (Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana) y cientos de predios de particulares y ejidales, con el propósito –desconocido para el Congreso del estado y para todo mundo– de llevar en medio de la carretera (soterradamente), el ducto de gas de la planta de Sempra Energy, desde la estación de descarga en Ensenada hasta el territorio de Estados Unidos de América En una astuta e indebida maniobra para favorecer a Sempra Energy el gobierno del estado expropió, en marzo del año 2004, los terrenos en los cuales se instalaría, en un sitio de alta plusvalía conocido como El Monumento, en playas de Tijuana, una planta regasificadora de la empresa Marathon Oil, competidora de Sempra Energy El caso incluso, llegó a la corte de San Diego, en Estados Unidos, a través de la denuncia presentada por un particular de nombre Osvaldo Castillo, ciudadano estadounidense residente de Chula Vista y dos empresas, la empresa tijuanense Construvisión 2000, SA de CV, y la compañía Casas, Departamentos y Oficinas, con sede en la Ciudad de México, quienes declararon haber sido afectados al haber dejado de recibir 33 millones de dólares, en las operaciones de compraventa de los terrenos, al cancelarse el proyecto de Marathon Oil en los terrenos expropiados El proponente, señala que no debe pasarse por alto que dicha obra pública es una clara muestra de abuso de poder; nadie se la solicitó a Elorduy cuando fue candidato y menos ofreció construirla; sin embargo, ya siendo socio –por medio de su hija– la hizo para favorecer los intereses de la citada empresa. Por la prensa nos enteramos que la obra costaría inicialmente 650 millones de pesos; poco tiempo después se informó que había aumentado a 850 millones. Cuando ya se habían erogado más de mil 200 millones de pesos, se dijo que se estaba a un 15 por ciento de su terminación. Sin haberla concluido, se informó que se elevaron los costos a cerca de los 2 mil millones de pesos y posteriormente, cuando la inauguró el presidente Fox, finalmente se aceptó que la carretera había costado 2 mil 400 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo programado inicialmente La construcción del gasoducto representa una abierta violación a la soberanía nacional, al Congreso del estado y al Poder Judicial de Baja California; es también una afrenta al pueblo de México que demanda una investigación a fondo, por parte de la entidad de fiscalización superior de la federación –por haber sido sufragada con fondos del erario, tanto estatales como federales– la cual está facultada para fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación también está facultada, según la fracción III del mencionado artículo 79, a “Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales,”; y según la fracción IV del citado artículo, “Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.” La lucha contra las plantas regasificadoras de Sempra Energy no es nueva. Durante varios años muy diversos grupos de bajacalifornianos se han opuesto mediante denuncias, foros y marchas a que se instalen plantas regasificadoras en la costa de Baja California. De acuerdo con la investigación que realizamos, desde su inicio se ha cuestionado la presencia de Sempra Energy en ese estado Sempra Energy contó con la complicidad y apoyo del gobernador Elorduy, cuya ambición lo impulsó a violentar la probidad y la institucionalidad La regasificadora Sempra Energy (Energía Costa Azul) violó la Constitución, pisoteó los derechos del ciudadano mexicano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, afrentó a los Poderes Judicial y Legislativo y corrompió al Ejecutivo; además de haber realizado acciones de espionaje que caen en el ámbito de seguridad nacional y que deben ser investigados por la dependencia correspondiente Sempra Energy desea aprovecharse de nuestra tierra y costas, sin importarle la vida silvestre, marina o la humana. No exagero, créanme, en que la vida marina de la costa bajacaliforniana y de miles de conciudadanos está en riesgo de permitirse que Sempra Energy siga operando impunemente No le importó a Sempra afectar a inversionistas en la zona costera e incluso planes estatales para desarrollar la zona, con tal de verse favorecida. Sempra logró acaparar la distribución de gas en el estado y cuestionan por qué un negocio tan redituable no lo tienen empresas del estado lo cual produciría enormes beneficios en esta época de crisis El que se le hayan dado facilidades a la empresa Energía Costa Azul para no contar con la zona de amortiguamiento que señala la ley y el que en esto esté involucrada una hermana de la ex secretaria de Energía, es un asunto de interés público que debe investigarse por esta soberanía., Por lo que formula la siguiente proposición con punto de acuerdo: Primero.Que esta Comisión Permanente cite a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de que explique por qué se autorizó la operación de la empresa Energía Costa Azul en Ensenada, Baja California, aun cuando ésta no cumplió lo dispuesto por la quinta condicionante que le indicó la Semarnat en el oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03 del 8 de abril de 2003, para autorizar su operación; así como tampoco con las disposiciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2002 Segundo.Que el servidor público mencionado en el punto anterior, explique a la Comisión las normas oficiales mexicanas relacionadas con la operación de la empresa que apliquen e informe si con base en las fórmulas de la misma para calcular las zonas de exclusión, la empresa Energía Costas Azul está cumpliendo éstas Tercero.Se solicite se anulen, revoquen, cancelen o en su caso suspendan, por parte de la Semarnat, las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron a la Empresa Energía Costa Azul S de RL, de CV, para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, hasta en tanto cumpla con lo dispuesto en las condicionantes que le fijó esa dependencia Cuarto.Que el gobierno federal suspenda la operación de Sempra Energy, en Ensenada, Baja California, para investigar, con fundamento en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los relativos de la Ley Federal de Competencia Económica; si las acciones que realizó para no tener competencia y asociada con una empresa mexicana, sus actividades presuntamente constituyen un monopolio en las distribución del gas en Baja California Quinto.Se considere como otro elemento por parte de las autoridades federales para proceder a la clausura y cancelación de la concesión de la planta regasificadora de Sempra Energy mencionada, la importancia y urgente necesidad de detener el visible daño ecológico; hasta en tanto se realizan las verificaciones, estudios e investigaciones a mayor profundidad que determinen si es factible que continúe operando y lo que habría de realizar para tal efecto. Lo anterior, considerando que existen suficientes argumentos legales para ello, entre otros, cuando la solicitud correspondiente contenga datos falsos o presentados de manera que se oculte información necesaria para la correcta apreciación de la solicitud; cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico; o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación peligrosos para los ecosistemas Sexto.Se solicite respetuosamente a la entidad de fiscalización superior de la federación de la Cámara de Diputados, se abra una investigación, con carácter de auditoría, que revise detenidamente todos los aspectos relativos a la obra denominada Boulevard 2000, ubicada en Ensenada y municipios vecinos de Baja California, desde las licitaciones de obra y estimaciones, hasta la entrega recepción de la misma; y particularmente el aspecto financiero; lo anterior considerando que bajo este Boulevard 2000 se colocó tubería de Sempra para abastecer a Estados Unidos Séptimo.Se investiguen asimismo, todos los aspectos contables, fiscales y financieros, y se determine con precisión el importe de los recursos federales, estatales y de otra índole que hubieran sido erogados en la citada obra. Lo anterior, para identificar el porqué costó casi cuatro veces el costo inicialmente programado y para determinar si existió desvío de fondos federales o estatales o ambos, realizado por diversos servidores públicos y particulares, entre ellos el ex gobernador Eugenio Elorduy Walther Octavo.Por tratarse de un asunto de carácter internacional, que involucra la operación de la multicitada empresa en ambos lados de la frontera, se haga llegar el presente punto de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras, con el fin de que produzcan una nota a sus homólogos del gobierno y del Congreso de Estados Unidos de América, en la que se denuncia que la empresa Sempra Energy presuntamente cometió violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, (Foreign Corrupt Practices Act) para que las autoridades de dicho país, investiguen lo conducente desde el ámbito de su propia soberanía Noveno.Se solicite a expertos en la materia, investigadores, biólogos marinos y ambientalistas, una evaluación documentada de las consecuencias que a corto, mediano y largo plazo está teniendo la construcción y tendrá la operación de la regasificadora mencionada sobre el medio ambiente, y la flora y fauna terrestre y marina de su área de influencia y de la región Décimo.Se requiera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales y en su caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la manifestación de impacto ambiental que se presentó en su oportunidad y su autorización para llevar a cabo la construcción y operación de la planta regasificadora previamente citada Undécimo.Se solicite a las autoridades estatales que hayan intervenido, en caso de existir la aprobación de la manifestación del impacto ambiental una copia de la misma, así como las bases, los criterios y documentos, sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de citada empresa en el municipio de Ensenada Duodécimo.Se haga llegar el presente punto de acuerdo al Poder Judicial de Baja California, al Congreso del estado y a los órganos de fiscalización de Baja California, solicitándoles respetuosamente, se enteren del caso, a fin de que realicen las acciones que consideren pertinentes Decimotercero.Se realice un exhorto al XX ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus facultades legales, revise y analice los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la empresa Energía Costa Azul para el funcionamiento de la terminal de Gas Natural Licuado, con el propósito de que, conforme a la leyes estatales y a las violaciones a la norma oficial mexicana, se proceda a la clausura de dicha terminal; y se finquen responsabilidades a quienes, haciendo mal uso de sus atribuciones, violentaron la ley y han puesto en riesgo a la población y atropellado los derechos ciudadanos Decimocuarto.Se haga llegar el presente punto de acuerdo a la Comisión de Ecología o su equivalente de la Cámara de Representantes del estado de California, en Estados Unidos de América, con el fin de que lo analicen y en su caso realicen las acciones a que haya lugar en el ámbito de su soberanía, considerando la cercanía de la frontera y la afectación medioambiental regional Decimoquinto.Se haga llegar el presente punto de acuerdo a la supervisora del segundo distrito de la Mesa de Supervisores del Condado de San Diego, Dianne Jacob, con el fin de que cuente con mayores elementos de información en relación con Sempra Energy y su filial Energía Costa Azul, relativa a la terminal de gas natural licuado que opera en el municipio de Ensenada, Baja California II. Esta comisión dictaminadora considera que el medio ambiente es un asunto de vital importancia hoy en día a nivel mundial, tal preocupación no es exclusiva de los países llamados desarrollados, ya que en México existe una gran preocupación por proteger al medio ambiente y la interacción de la población con el mismo Por ello, esta comisión dictaminadora coincide en que comparezca el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión, con el fin de que explique,por qué se autorizó la operación de la empresa Energía Costa Azul en Ensenada, Baja California, aun cuando ésta no cumplió lo dispuesto por la quinta condicionante que le indicó la Semarnat en el oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03 del 8 de abril de 2003, para autorizar su operación; así como tampoco con las disposiciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2002. Asimismo para que explique a la Comisión las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la operación de la empresa, e informe si con base en las formulas de la misma, son aplicables para calcular las zonas de exclusión y si la empresa de energía cosa azul está cumpliendo con éstas Ahora bien, esta comisión dictaminadora aprobó en su reunión del 11 de enero de 2011 un punto de acuerdo por el que establece: “.. Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, con el fin de que explique por qué se autorizó la instalación y operación de la planta regasificadora de gas LP de la empresa Z Gas del Pacífico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, con el fin de que explique por qué se autorizó el cambio de uso de suelo autorizado referente a 98.05 ha de manglar, incluyendo 30 hectáreas de manglar para la ejecución del Proyecto de Ampliación Portuaria del Puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito ...” Dicho Punto de Acuerdo fue aprobado por el pleno de la Comisión Permanente en su sesión de fecha 12 de enero de 2011. Asimismo, esta Tercera Comisión acordó citar a comparecer al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 20 de enero de 2011 En la misma tesitura, esta comisión dictaminadora considera que en virtud de que la comparecencia de referencia se desahogó efectivamente en la fecha indicada (23 de enero de2010), y es claro que la temática planteada por la proposición que se dictamina fui incluida en el temario de la comparecencia citada, corresponde considerar los resolutivos primero, segundo, tercero, quinto, décimo y undécimo de la proposición que se dictamina Respecto al resolutivo cuarto de la misma proposición, esta comisión considera pertinente remitir el presente expediente a la Comisión Federal de Competencia Económica para su conocimiento y efectos Asimismo, respecto a los resolutivos sexto y séptimo de la proposición citada esta comisión dictaminadora considera oportuno remitir el presente expediente al titular de la Auditoria Superior de la Federación a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para su conocimiento y efectos Por último, en relación a los resolutivos octavo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, esta comisión dictaminadora considera oportuno remitir el presente expediente a la autoridades señalas en dichos resolutivos para su conocimiento y efectos En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente Punto de Acuerdo Primero.En relación con los resolutivos segundo, quinto, noveno, décimo y undécimo del punto de acuerdo suscrito por el senador Jorge Legorreta Ordorica relativo a la Regasificadora de Energía Costa Azul, los informes y/o estudios que elabore el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales relacionados con dichos resolutivos, deberán ser enviados a las Cámaras de Diputados y Senadores, de conformidad a lo acordado durante la comparecencia de dicho funcionario celebrada el 20 de enero de 2011 Segundo.Remítase copia del presente expediente al presidente de la Comisión federal de Competencia Económica para su conocimiento y para que en el ámbito de su competencia, investigue si las actividades de la empresa Regasificadora Costa Azul constituyen un monopolio en la distribución del gas en el estado de Baja California Tercero.Remítase copia del presente expediente al titular de la Auditoria Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de su competencia revise los aspectos relativos a la obra denominada Boulevard 2000, ubicada en Ensenada y municipios vecinos del estado de Baja California, desde las licitaciones de obra y estimaciones, hasta la entrega recepción de la misma; así como para que determine con precisión el importe de los recursos federales, estatales y municipales que hubieran sido erogados en la citada obra Cuarto.Remítase copia del presente expediente a la Auditoria Superior, al Congreso del estado y al titular del Poder Judicial, todos del estado de Baja California, a fin de que realicen las investigaciones y acciones que consideren pertinentes en el ámbito de sus competencias Quinto.Remítase copia del presente expediente al Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus atribuciones, revise y analice los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la empresa Energía Costa Azul para el funcionamiento de la terminal de gas natural licuado Sexto.Remítase copia del presente punto de acuerdo a las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Senadores y Diputados para su conocimiento y efectos Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011 La Tercera Comisión,diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica); senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Guevara El diputado Héctor Guevara Ramírez(desde la curul): Señor presidente, con sustento en el artículo 108 de nuestro Reglamento, solicito a usted que tuviera la atención, la amabilidad el presidente de esta comisión o quien ha signado esta propuesta, para que nos explicara los términos en los que se ha suscitado este punto, porque es pertinente que se aclare, porque efectivamente tiene, desde mi punto de vista, el problema de observar no solamente competencias en el ámbito estatal, sino también municipal Son temas sueltos que tienen que ver, y que aquí es la sinopsis que nos ofrece, nos señala en esta Tercera Comisión lo relativo a la Regasificadora de Energía Costa Azul, y luego nos habla en función de algunos resolutivos como el segundo, quinto, noveno, décimo y undecimo del punto de acuerdo que está suscrito por el senador Jorge Legorreta Ordorica, que tiene que ver con una regasificadora de energía con el nombre que aquí se señala, los informes y/o estudios que elabore el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales relacionados con dichos resolutivos, pero no se observa de fondo qué tipo de resolutivos y desde luego el ámbito espacial de competencia que se tiene en función de esta determinación Todo en razón de que se observe que las competencias que tiene el Congreso federal no sean rebasadas, es decir, no haya intento de hacer a un lado las competencias que tienen las entidades de la federación, y mucho menos los municipios Creo que el tema es muy dable de discutirse, de analizarse, porque se ve que se tiene una buena intención, pero el sustento jurídico debe revisarse, y yo creo que también el por qué la intencionalidad en relación a este punto, que nos parece importante, pero nos parece más importante aclarar, porque no podemos andar dejando sueltas las facultades que tiene el Congreso en razón de las potencialidades jurídicas y sobre todo, el ámbito espacial de validez de las normas estatales y municipales Desde luego, también es muy analizable en el punto resolutivo segundo donde dice: remítase copia del presente expediente al presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica para su conocimiento, y para que en el ámbito de su competencia investigue si las actividades de la empresa regasificadora constituyen un monopolio en la distribución, etcétera, de lo que señala Pero más aún, en el tercero: a la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia, para que revise los aspectos relativos a la obra denominada Boulevard 2000, ubicada en Ensenada y municipios vecinos. Bueno, ¿será con recursos federales esta obra? ¿Será con recursos estatales? ¿Será con los impuestos de los ciudadanos, de los habitantes de Ensenada, Baja California? Desde las licitaciones de la obra y estimaciones hasta la entrega a recepción de la misma. Aquí nos preocupa porque no se señala ningún elemento para observar cuál es el ámbito de competencia de cada una de estas autoridades, y por qué la Auditoría Federal de la Federación, valga la expresión, aquí así se señala, tenga que conocer de los recursos económicos con que está hecha una obra de un boulevard Entonces valdría la pena, a lo mejor de veras tiene un importante sustento, pero yo creo que es bueno que quien ha hecho esta propuesta, o el presidente de la propia Comisión así lo establezca, porque todavía pide que se remita copia al Congreso del estado y al titular del Poder Judicial, todos del estado de Baja California, a fin de que se realicen las investigaciones y acciones que consideren pertinentes. ¿Investigaciones? ¿De qué tipo serán las investigaciones? Aquí a lo mejor sólo falta hablarle a la Procuraduría General de la República o a la Procuraduría del estado, a ver, creo que debe aclararse para bien del conocimiento Y podría señalar el quinto resolutivo, pero creo que va en ese mismo sentido y no creo que deba estar insistiendo en este punto específico. Lo cierto es, señor presidente, que nosotros somos una federación que tenemos competencias perfectamente delimitadas en la Constitución y que sabemos qué autoridad tiene un ámbito espacial de validez de sus normas y cómo el Congreso debe, en consonancia al respeto a la Constitución y al respecto a la legalidad, solicitar este tipo de informes, pero además debemos fundamentar para qué y para quiénes, cuál es el sustento general de esta propuesta Ésa sería mi intervención. Ojalá nos lo pudiera dilucidar, sea el presidente de la comisión o sea el proponente o algún otro diputado o senador, que creo que nos daría mejores luces a esta duda que le presento a usted y al pleno El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Como lo solicita, le traslado a la comisión su solicitud La diputada Esthela Damián Peralta(desde la curul): Presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Esthela Damián, ¿con qué objeto? La diputada Esthela Damián Peralta(desde la curul): Para hacer una propuesta El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para hacer una propuesta en relación. No querrá usted que escuchemos primero a la comisión y hacemos la propuesta. Alguien, algún miembro de la comisión o el presidente quieren expresar algo alrededor de este tema. Diputado Cinta, adelante, por favor El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez:Gracias, presidente. Muy brevemente en atención a las inquietudes del compañero diputado, explicar y aclarar un poco el tema que aquí está en mención Es relativo a una regasificadora en el estado de Baja California, es una propuesta del Partido Verde, del senador Ordorica, que tiene que ver con la instalación de una regasificadora en el estado de Baja California, que a juicio del Partido Verde no cumple con las normas que se requieren para operar En ese contexto tuvimos la visita del secretario de la Semarnat, que compareció ante la comisión, ante la Tercera Comisión y nos explicó algunas de las inquietudes que nosotros teníamos, en particular una muy concreta, que no tiene un área de reserva territorial como lo hacen la mayoría de las regasificadoras en el mundo Éste es un tema muy delicado para el estado que puede afectar a la fauna, que puede afectar a las costas, de hecho no existe en el mundo una regasificadora que no tenga un área de reserva territorial Esto es muy delicado, es la única regasificadora en el mundo que no tiene reserva territorial y que por tanto, al parecer de nosotros y, lo que es más grave, de manera contraria a lo que marca la normatividad desde nuestro punto de vista, está operando con potenciales daños muy graves a la ecología de una zona que además está catalogada como una reserva de baja densidad, una zona turística, que no solamente está defendida por la norma, sino por el uso de suelo de esa localidad Cuando llegó, cuando fue la comparecencia del secretario, nosotros le solicitamos al secretario que nos informara de esta situación. El secretario nos explicó sus puntos por los cuales ellos habían dado la autorización a la regasificadora y quedó de entregar información a esta asamblea relativa a ese punto que nos preocupaba Un poco la resolución, como viene aquí presentado en el punto de acuerdo, es en el sentido de que cuando entregue información la Secretaría, que se comprometió a ofrecer durante su comparecencia, que se haga llegar esa información a las Cámaras Hay otros puntos, más allá de la gasificadora, que se mencionan posteriormente, que tal vez si están un poco, parece que hablan de cosas diferentes, en realidad el tema central de este punto de acuerdo es el tema de la regasificadora Incluso, cuando se habla de boulevares, de que se informe sobre la construcción boulevares y todo en el estado, se hace desde una lógica relativa a la gasificadora, porque la regasificadora tendió tuberías, tendió infraestructura y la solicitud de información va en el sentido exclusivo, pareciera en algún punto por la redacción tal vez, pareciera otra cosa, pero la intensión original y creo que valdría la pena revisarlo, creo que es una duda muy válida que plantea nuestro compañero diputado, creo que se podría resolver muy fácil, es un problema de redacción Simplemente, dejar muy claro que todo lo que tiene que ver con las demandas de información que hacen, relativas a las construcciones de las calles, el paso de ductos, etcétera, tiene exclusivamente que ver con la instalación de esta regasificadora y no en el contexto en el que estamos platicando ahorita y con resolutivos anteriores No tiene que ver con solicitud al estado sobre información de sus finanzas y otras cosas, que pudiera llegar a parecer eso, pero no es el espíritu de la iniciativa; no es lo que se busca. Al contrario, simplemente es el tema muy particular de esta regasificadora Que se rindan cuentas de cómo se pudo instalar esta regasificadora, a pesar de no cumplir la norma, a pesar de no cumplir tampoco, aparentemente, con lo que marca el uso de suelo. Incluso a nivel de la zona donde está ubicada, todas las instalaciones que se hicieron alrededor, cómo se llevaron a cabo. Es el tipo de información que se está pidiendo en este resolutivo Nada que ver con rendición de cuentas, que nos parece totalmente pertinente. Obviamente creemos que es fundamental. Ya lo decía el diputado Lerdo, por supuesto que aquí todos estamos a favor de la rendición de cuentas, de las cuentas claras y todo; pero entendemos que no es facultad de esta soberanía. Es una facultad que ya seguramente ejercerán las entidades locales, el Congreso del estado, el cabildo, en su caso, etcétera No es el sentido de la propuesta del Partido Verde, aunque entendemos que tal vez como viene presentado pudiera dar a entender eso. Creo que amerita tal vez que se revise la redacción y que se corrija para que quede claro ese punto. Eso es todo, presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Cinta. Diputada Esthela Damián. Declina. Muchas gracias. Diputado Guevara El diputado Héctor Guevara Ramírez:En primer lugar quiero, no solamente en nombre de un servidor sino de otros compañeros diputados federales de mi fracción parlamentaria, agradecer la participación del diputado Cinta. No cabe duda de que su exposición nos dio luces en razón de la primera parte del documento que la sinopsis nos entrega Desde luego, no solamente coincidimos, estaremos a favor de esta propuesta presentada por el senador Jorge Legorreta Ordorica. Sólo que quisiéramos de antemano establecer algunos puntos precisos para la reforma de este acuerdo. Que se revise muy bien.. El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Va usted a hacer una propuesta respecto del acuerdo? El diputado Héctor Guevara Ramírez:No, solamente quiero pedir que, como aquí se ha señalado por parte del diputado Cinta, se dé pausa al procedimiento en relación a este acuerdo y desde luego que revise la comisión el sistema de competencias en razón de los otros puntos que aquí se han tratado Específicamente algo que señaló el propio diputado Cinta en razón de una obra en Boulevard 2000. Dice: Ubicada en Ensenada y municipios vecinos del estado de Baja California, desde las licitaciones y estimaciones hasta la entrega y recepción de las mismas Luego, en otro apartado, el cuarto, se habla en razón de que se investiguen, se revisen y analicen los permisos otorgados en los anteriores ayuntamientos. Creo que valdría la pena hacer una revisión para que esta propuesta, que nos parece muy atendible, muy positiva, lleve los elementos en la parte in fine, diríamos. Que la sinopsis se nos entregue aquí, señor presidente, como punto tercero, cuarto y quinto. Se revise bien el sistema de competencias para que pueda establecerse alguna modificación. ¿Quiénes deben hacerlo? Seguramente los mismos integrantes de la comisión El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tendríamos dos alternativas en la comisión, me parece. La primera, dar lectura uno por uno a los resolutivos y ver cuáles efectivamente se quedan en el contexto de lo expresado por el diputado Cinta La segunda, hacer lo mismo que hicimos en la ocasión anterior: apartarlo y dejar que el cuerpo técnico de la comisión lo revise y nos lo mande al final de las discusiones de los puntos de acuerdo, a ver cuáles resolutivos permanecen y cuáles no. Senadora Minerva Hernández, a sus órdenes La senadora Minerva Hernández Ramos(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sólo quería decir aquí que me parece extraña la postura de los compañeros diputados, toda vez que ayer en la sesión de la Tercera Comisión, que fue una jornada larguísima, fueron discutidos ampliamente los temas Hubo representantes de ustedes. Estuvo ahí mi compañera, la senadora Socorro García Quiroz. Todos lo suscribimos, digamos que por unanimidad, entonces me parece aberrante venir aquí y echar o pretender echar para atrás algo que ya se discutió Por otro lado, decir que en el caso del punto anterior lo único que se plantea es solicitar información. Salvo que haya una deliberada intención de ocultamiento de información dada la situación de la deuda pública que guardan algunas entidades federativas, que sabemos muy bien a cuáles me refiero, por su situación de deuda, pues solamente que por eso se quiera obstaculizar que proceda el punto de acuerdo. Gracias El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Voy a tomar la postura de la senadora como una moción a esta Mesa y, por tanto, le daré la palabra al diputado Cinta y al diputado Sebastián Lerdo de Tejada. Diputado Cinta El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para aclarar. Creo que queda claro que hay un consenso de todas las bancadas con relación a la defensa del medio ambiente. Creo que ese consenso se vio reflejado en la comisión ayer, y creo que es el espíritu de esta asamblea Sin embargo, creo que nada ilustra mejor que la intervención de la senadora sobre los peligros de cómo está redactada esta resolución. Justamente, y lo sabemos nosotros, los del Partido Verde, porque somos los que presentamos esta iniciativa El espíritu de esta iniciativa es la protección del medio ambiente; es la protección de una región en particular que está en una situación, a nuestro parecer, de peligro, por la instalación de una regasificadora que, desde nuestro punto de vista, no cumple con las normas que se requieren para darle seguridad a la población y proteger el medio ambiente Entonces, todos los apartados relacionados con esta iniciativa tienen que ver exclusivamente con esta inquietud del Partido Verde, incluso cuando se menciona el asunto de las licitaciones y todo. Tiene que ver exclusivamente con el asunto de cómo se logró permitir al final de cuentas que estuviera instalada la regasificadora y que incluso tendiera tubería en las calles, cosa que puede ser peligrosa porque, desde nuestro punto de vista, no se cumplen las normas Independientemente de que siento que hay una empatía de todos los grupos parlamentarios con relación al tema del medio ambiente, y de esta propuesta del Partido Verde, sí siento y comparto la inquietud de algunos legisladores del PRI con relación a que tal vez esta iniciativa, como viene presentada, pudiera parecer que nuevamente adolece del problema de otras que se han discutido también en esta asamblea con relación a la atribución de responsabilidades de esta asamblea y los gobiernos estatales y locales Y nada mejor y nada más claro que la intervención de la senadora para aclararlo. La propia senadora ahorita mencionó un asunto de endeudamiento de los estados y todo. Eso es justamente lo que esta iniciativa no es. Justamente esta iniciativa, eso es lo único que no es. Y yo creo que eso es lo que mantuvo el espíritu de buena voluntad de todos los partidos que ayer en el seno de la comisión aprobamos esta iniciativa con el ánimo de defender al medio ambiente En ese sentido yo creo que, ahora más que antes parece pertinente. Si hay alguna confusión en términos de la redacción, quiero aclarar, aquí no se está proponiendo ni que se descarte, ni de que se mueva el sentido del resolutivo, nada más que se precise para evitar confusiones. Muchas gracias, presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. El diputado Sebastián Lerdo y luego el diputado Francisco Orduño El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Gracias, diputado presidente Me parece que la intervención del diputado Cinta orienta con toda precisión la intención de la asamblea. Sí, no puedo dejar pasar y rechazar categóricamente intenciones distintas como las expresadas por la senadora. Me parece que no es así, senadora. Ahí hay una confusión de trámite y hay una confusión incluso reglamentaria. Le recuerdo que las comisiones son órganos técnicos auxiliares del pleno y es el pleno el que es soberano, y es justamente en los plenos en donde se discute de cara a la sociedad y con absoluta transparencia. Transparencia, dicho sea de paso, que es un compromiso fundamental de parte nuestra, entiendo, compartido con nosotros Ahora, si el propósito de ustedes no es transparente y lo que quieren es, no el compromiso con el medio ambiente, sino generar un debate político, agendemos un debate político y demos un debate político. No tenemos ningún inconveniente, ni inconveniente ni nada que ocultar. Si lo que quieren es un debate político, demos el debate político, senadora, a eso le invito Para darle trámite al tema, yo me allanaría a la propuesta que hace el señor presidente, que es: démosle lectura a los resolutivos, veamos cuáles de estos resolutivos son aprobados o no por la asamblea y regresemos al origen del espíritu de la iniciativa del Partido Verde Ecologista, que son precisamente los temas vinculados a la gasificadora y a la protección del medio ambiente Estos no son procesos inconexos. Esto surge desde el llamado de la soberanía a la comparecencia del secretario del Medio Ambiente, a sus expresiones dadas ante esta soberanía, al proceso de presentación de un punto de acuerdo por parte del Partido Verde, la discusión en la Tercera Comisión de la Comisión Permanente y, evidentemente, la parte conclusiva es la deliberación y la conclusión en el pleno de la sesión de la Comisión Permanente En consecuencia, yo no vería intenciones distintas, sino el apego irrestricto al Reglamento, a la intención del proponente y al respeto absoluto de esta soberanía. No hay desde nuestro punto de vista polémica; si lo que quieren es generar polémica estamos a su disposición El senador Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): Presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Senador Villarreal El senador Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): Yo le pediría, presidente, respetuosamente, que pasáramos al siguiente punto del orden del día y que le solicitáramos al presidente de la comisión, al partido proponente y a los compañeros del PRI, que pudiéramos corregir la redacción precisamente para que en términos del Reglamento, una vez que se corrija, se proponga la modificación  a los resolutivos, de aceptarse como parece que sería. Entonces, se sometiera a votación y pudiéramos ir avanzando en el resto de los temas que tiene la sesión del día de hoy, si usted está de acuerdo El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Completamente, senador. Me parece muy pertinente. Se reserva este punto de acuerdo para que la Comisión tenga ocasión de modificarlo y perfeccionarlo y será votado en conjunto al final de los demás resolutivos. Continúe la Secretaría ESTADO DE CHIAPAS La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la necesidad de atender las peticiones de la comunidad Lacanjá Chansayab, de Ocosingo, Chiapas Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la necesidad de atender las peticiones de la comunidad Lacanjá Chansayab, de Ocosingo, Chiapas, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica; y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen: Antecedentes La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición con punto de acuerdo refiere que México es un país compuesto de diferentes culturas que conviven diariamente en el territorio nacional. Por ello se le puede denominar “multicultural”, pues alberga diferentes cosmologías y maneras de ver el mundo. Por tal motivo es necesario que el Poder Legislativo tenga la voluntad de velar por el bienestar de todas y cada una de estas culturas El proponente señala que en México, la existencia de una multiculturalidad se debe fundamentalmente a los restos de sociedades precolombinas que lograron sobrevivir al exterminio que tuvo lugar durante la colonización y la época virreinal en el país. Esa situación, refiere el proponente, se puede apreciar en la existencia de las diferentes comunidades indígenas que hay a lo largo y ancho del territorio que aún conservan su lengua original, que tienen una organización social propia, la cual les permite contar con mecanismos políticos, económicos y sociales autónomos para tomar las decisiones más viables según sus criterios, que deriven en el bienestar social de la comunidad Asimismo, el senador Ricardo Monreal Ávila refiere lo dispuesto en el artículo 2o., fracción VII, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: Artículo 2o. .. B. .. VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos [...] La incorporación de tecnologías para incrementar su capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.. Manifiesta que la Carta Magna promueve, al mismo tiempo que protege, el desarrollo igualitario de las poblaciones indígenas para que, entre otras cosas, cuenten con las mismas oportunidades ofertadas en las grandes urbes del país, así como en las demás poblaciones cosmopolitas, y que por ello el Estado está obligado a proveer de los medios necesarios para que las poblaciones indígenas cuenten con todos los servicios básicos –agua, luz, drenaje, salud, educación, etcétera–, los cuales son necesarios para el desarrollo pleno y competitivo de estas comunidades, en el contexto económico, político y social que estamos viviendo en el inicio del siglo XXI Subraya que sin la oportuna intervención del Estado en materia de conflictos y desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas, se estaría condenando a estos grupos que componen el conglomerado social de México al atraso y a la marginación, y que es obligación de quienes ocupamos puestos de elección popular atender de manera oportuna y eficaz los problemas sociales que surjan para darles una pronta solución que sea benéfica y equitativa, una de las razones fundamentales para ocupar estos encargos El senador Monreal explica que en días pasados recibió una petición de ayuda de la comunidad, situada en Chiapas, Lacanjá Chansayab, que se encuentra en Ocosingo y solicita ayuda al Poder Legislativo, debido a que los cobros que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) efectúa por el servicio de energía eléctrica a la comunidad mencionada resultan excesivos y difíciles de pagar Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo constitucional citado, el proponente considera plantear una rápida y eficaz intervención por este órgano legislativo, a fin de atender y dar solución a la petición de la comunidad consistente en que las tarifas de la CFE por el servicio de energía eléctrica tengan un tope por recibo De esa manera, señala el proponente, se resguardaría la economía de las familias indígenas que habitan en esta zona de Chiapas, se fomentaría la productividad de estos núcleos poblacionales y se velaría de forma práctica por el respeto del orden constitucional. Por otra parte, se considera indispensable la intervención de este órgano legislativo para prevenir altercados entre la comunidad y los empleados de la CFE, que a la postre producirían consecuencias aún más lamentables, por lo que propone los siguientes puntos de acuerdo: Primero. Se solicita atentamente a la Comisión Federal de Electricidad que lleve a cabo un reajuste de la tarifa por el servicio de luz eléctrica proporcionado en la comunidad Lacanjá Chansayab, de modo que no se cobre más allá de 20 pesos por recibo Segundo. Se solicita la intervención directa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que realicen las acciones pertinentes para que se garantice el desarrollo integral de la comunidad II. Esta comisión dictaminadora considera que, en efecto, el carácter mestizo del país ha dado a México su riqueza cultural, pluralidad de lenguas y su patrimonio de arte y cultura, que nos ha dado un lugar como una de las naciones latinoamericanas con mayor legado y población indígena De manera lamentable, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, los pueblos y las comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y marginación, además de que se encuentran en una situación de significativa desventaja Esta comisión considera fundamental que las políticas que impulse el gobierno federal, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, tengan un carácter específico en la perspectiva integral del desarrollo humano sustentable para incrementar las capacidades de los pueblos y las comunidades indígenas e inicien así un círculo virtuoso de cambio sostenido, por lo que considera prudente que esta soberanía solicite la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas No obstante, por lo que hace al primer resolutivo de la proposición que se dictamina, esta comisión considera dirigir el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que es la competente para fijar las tarifas de electricidad, y en consecuencia la que podría realizar un análisis de las cuotas que se cobran a los habitantes de la región mencionada, a efecto de que puedan pagar un porcentaje de su consumo; lo anterior, de conformidad con el “acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2009 Dicho lo anterior, y en mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reajustar la tarifa por el servicio de luz eléctrica proporcionado en la comunidad Lacanjá Chansayab, en el que se considere un cobro no mayor de 20 pesos por recibo Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, solicita la intervención directa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que realicen las acciones pertinentes para que se promueva el desarrollo integral de la comunidad Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011 La Tercera Comisión,diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo, Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica);senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. No hay oradores inscritos en este punto. Por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto COMISION NACIONAL DEL AGUA La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a las acciones y obras programadas para 2011 en materia de prevención y control de fenómenos meteorológicos Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Conagua que informe a esta soberanía respecto a las acciones y obras programadas para 2011 en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que se presente en el país, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI Los integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos; y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen Antecedentes La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I.En el capítulo de consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo refiere que el agua de ser un recurso abundante y puro ha pasado en los últimos años a ser un recurso escaso y contaminado, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional para todas las naciones; México no es la excepción Asimismo, el proponente señala que de los 653 acuíferos existentes en el país, 101 se encuentran sobreexplotados y 69 cercanos a la sobreexplotación. Además, 36 por ciento de los ríos y lagos del país se encuentran contaminados. Menciona también que, como resultado del crecimiento demográfico y la expansión y diversificación productiva, los recursos hídricos se han visto seriamente afectados, tanto en su cantidad como en su calidad. En casi 60 años, la disponibilidad del agua por habitante disminuyó en 4 veces En la misma tesitura, argumenta que a todo ello se suman las consecuencias del cambio climático que han hecho que las ciudades y poblaciones se vuelvan cada vez más vulnerables ante los fenómenos hidrometereológicos, siendo esto una de nuestras principales preocupaciones, particularmente por las intensas lluvias que se han presentado en los últimos años en diversas regiones del país, y que han ocasionado severos daños a la población Por tanto, el proponente refiere que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reportado que las lluvias atípicas y los huracanes del año pasado evidenciaron la vulnerabilidad nacional ante los fenómenos hidrometereológicos extremos, que además se ven agravados año con año por el cambio climático y afectan particularmente a las poblaciones ubicadas en sitios de riesgo que, en muchas ocasiones, también son las más pobres Consecuencia de lo anterior, reportaron que el número de municipios el año pasado con declaratorias de emergencias se incrementó más del doble, pasando de 110 en 2009 a 367 en 2010. De igual forma, los municipios con declaratoria de desastre natural casi se cuadruplicaron, pasando de 118 en 2009 a 586 en 2010 De la misma manera, refiere que dado que se prevé que los fenómenos meteorológicos atípicos derivados del cambio climático se sigan presentando, es indispensable tomar previsiones y acciones con oportunidad para evitar los cuantiosos daños sociales y económicos que año con año se repiten Considera como una medida urgente que la Comisión Nacional del Agua informe cuáles son las medidas de prevención y control que pondrán en marcha este año, las zonas de riesgos que tienen ubicadas, obras de infraestructura en marcha, a fin de evitar que nos enfrentemos nuevamente a acciones tardías, improvisadas y que sólo reaccionan ante hechos consumados en la materia. Por lo anterior, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo: Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua que informe a esta soberanía cuáles son las acciones y obras programadas para este 2011 en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que año con año se presentan en el país II. Esta comisión dictaminadora considera que, a pesar de que la Comisión Nacional del Agua a través de su titular señaló que en este año se esperan menores lluvias, se encuentran preparados para enfrentar cualquier emergencia ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos que puedan desatar inundaciones en zonas de riesgo, como son las 13 cuencas situadas en la parte baja de los ríos Bravo, de Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco y valle de México; que es necesario tomar en cuenta que el cambio climático que traen consigo los fenómenos hidrometeorológicos son un riesgo para la 13 cuencas del país, además de ser las causantes del 30 por ciento de los desastres naturales, 30 por ciento de daños económicos y el 20 por ciento de muertes registradas en esas emergencias, según datos de la misma Conagua, además, cabe señalar que en los últimos años se han registrado, en varios estados del país, lluvias atípicas que han ocasionado estragos económicos y con afectaciones humanas Ahora bien, a pesar de que la Conagua ha anunciado un incremento de obras considerables para mejorar la infraestructura hidráulica del país, es necesario que esta soberanía en aras de tomar las medidas preventivas necesarias, cuente con la información específica, por un lado, del monto que se va a destinar en 2011 para infraestructura; y por otro lado, especifique las obras programadas para dicho fin Por consiguiente, esta comisión dictaminadora considera de gran importancia, compartiendo la idea del proponente que la Conagua informe a esta soberanía los programas y beneficios que traería consigo su ejecución en cuanto a infraestructura se refiere. Por lo que en mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente Punto de Acuerdo Único. LaComisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua que informe a esta soberanía cuáles son las acciones y obras programadas para 2011en materia de prevención y control ante fenómenos meteorológicos que año con año se presentan en el país. Dicha información deberá ser remitida a las Cámaras de Diputados y de Senadores Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011 La Tercera Comisión,diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauthémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo, Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica); senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos en este punto de acuerdo. Se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto TRABAJO INFANTIL La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a los patrones que emplean niños en las labores del campo y a hacer cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a sancionar a los patrones que emplean niños en las labores del campo y a hacer cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía, suscrita por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen Antecedentes La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de Enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. En el capítulo de consideraciones el autor de la Proposición con punto de acuerdo refiere que, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), declaró en días pasados, que no ha podido sancionar a los patrones del sector rural, ya que, supuestamente, el campo está excluido de la competencia federal Sin embargo, argumenta que, contrario a lo que señala la STPS, el sector rural es de competencia federal, en materia de seguridad e higiene. A este respecto, la Ley Federal del Trabajo señala: “Artículo 527-A. En la aplicación de las normas de trabajo referentes...a seguridad e higiene en el trabajo, las autoridades de la federación serán auxiliadas por las locales, tratándose de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, estén sujetos a la jurisdicción de estas últimas Artículo 529. En los casos no previstos por los artículos 527 y 528, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 527-A, las autoridades de las entidades federativas deberán IV. Reportar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las violaciones que cometan los patrones en materia de seguridad e higiene y de capacitación y adiestramiento e intervenir en la ejecución de las medidas que se adopten para sancionar tales violaciones y para corregir las irregularidades en las empresas o establecimientos sujetos a jurisdicción local; VII. Previa determinación general o solicitud específica de las autoridades federales, adoptar aquellas otras medidas que resulten necesarias para auxiliarlas en los aspectos concernientes a tal determinación o solicitud Artículo 539-C. Las autoridades laborales estatales auxiliarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para el desempeño de sus funciones, de acuerdo a lo que establecen los artículos 527-A y 529.” Por lo que hace al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio ambiente de Trabajo, señala el proponente que, su aplicación corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Señala también que por su parte, el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, establece que la Secretaría del Trabajo, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, podrán celebrar convenios para establecer la coordinación, auxilio y unificación de criterios, programas, sistemas y procedimientos de inspección y aplicación de sanciones que permitan la adecuada vigilancia y cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo (artículo 3o. Párrafo primero) Asimismo, el proponente subraya que la utilización de niñas y niños en el sector rural, es una violación abierta a la normativa en materia de seguridad e higiene, que es competencia expresa de la Secretaría del Trabajo, y por lo que hace a la inspección, la federación debe hacer los convenios necesarios con las autoridades de las entidades federativas, de manera que se respeten los derechos de los trabajadores. Luego, la Secretaría del Trabajo, no sólo puede, sino debe sancionar a los patrones del campo que violentan las medidas de seguridad e higiene, comenzando por el indebido empleo de las niñas y niños De la misma manera, señala que, el auxilio de las autoridades locales, no suprime la competencia originaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de seguridad e higiene, es por ello que propone el Diputado Lara Lagunas, el siguiente Punto de Acuerdo: Único. Esta Comisión Permanente, exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, para que en estricto cumplimiento a lo preceptuado por la Ley Federal del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias, sancione a los patrones que empleen niñas y niños en las labores del campo, en general, haga cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía. Celebrando con las autoridades de las entidades federativas los convenios de coordinación necesarios en materia de inspección que permitan vigilar debidamente en bien de los trabajadores del campo el debido cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo II. Esta Comisión Dictaminadora considera que, en efecto, las garantías constitucionales contenidas en el artículo 123 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, tienen carácter de intransferibles e irrevocables y su aplicación tendrá carácter Federal, aunque la aplicación de dicha legislación federal sea a cargo de las autoridades locales Ahora bien, el artículo 123, apartado A, fracción XV de la Constitución General de la República, establece lo siguiente: Artículo 123. .. .. XV.El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; ...” Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, firmada en 1989 por todos los países excepto las Islas Cook, Somalia, Omán, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos y EUA, obliga a los gobiernos a proteger a los niños de “la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación del niño, o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual del niño o para su desarrollo social.” La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del director de la oficina para Cuba y México, Germán López Morales, ha referido que en México, tres millones 600 mil menores de entre cinco y diecisiete años trabajan; y que una tercera parte de ellos, casi un millón de menores, lo hacen en el campo, uno de los tres sectores más peligrosos. El 75 por ciento de los niños trabajadores en México viven en áreas rurales, lo que representa que por cada menor de edad que se emplea en las áreas urbanas existen otros tres que laboran en esas zonas, mismos que no asisten a la escuela para poder desempeñar su trabajo. Y aunado a esto es común que entre los niños de áreas rurales, indígenas y migrantes existan índices reducidos de asistencia y elevados en de-serción escolar El especialista regional para el Trabajo Infantil y Empleo Juvenil de la Oficina Regional para las Américas de la OIT, Guillermo Dema, señaló a su vez que esos datos indujeron a que la tercera parte del proyecto que impulsa la organización para erradicar el trabajo infantil se enfocara en el sector rural Recordó que el proyecto se enmarca en los convenios internacionales signados por México, en particular las Metas del Milenio que fijan como fecha 2015 para erradicar las peores formas de explotación infantil en la región Latinoamericana, por lo que ésta Comisión Dictaminadora considera prudente, además de oportuno, exhortar al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el marco de sus atribuciones vigile y en su caso sancione a todo aquel patrón que emplee menores de edad, de acuerdo con la legislación laboral (Ley Federal del Trabajo) En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta de manera respetuosa al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en estricto cumplimiento a lo preceptuado por la Ley Federal del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias, realice las investigaciones e inspecciones orientadas a determinar los casos en que proceda sancionar a los patrones que empleen niñas y niños en las labores del campo, en general, haga cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía. Asimismo a celebrar con las autoridades de las entidades federativas los convenios de coordinación necesarios en materia de inspección que permitan vigilar el cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo, por el bien de los trabajadores del campo Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011 La Tercera Comisión,diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera el punto suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto BANCO DE MEXICO - INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE AHORRO BANCARIO La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la vacante en la Junta de Gobierno del Banco de México y de dos vocales en la del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, envíe al Congreso de la Unión sus propuestas para ocupar la vacante de la Junta de Gobierno del Banco de México y de dos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, suscrita por la Senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen Antecedentes La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de Enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. En el capítulo de consideraciones la autora de la Proposición con punto de acuerdo refiere que, la reforma constitucional de 1994 separó al Banco de México de la administración pública federal y lo convirtió en un organismo con autonomía relativa y con un mandato muy específico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 constitucional, que a letra dice: “Artículo 28. El estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.” Asimismo, el proponente señala que, de acuerdo con el artículo 38 de su ley reglamentaria, el funcionamiento y la administración del Banco de México, está a cargo de una junta de gobierno integrada por cuatro subgobernadores y un gobernador, y que no obstante la relevancia de las tareas encomendadas al Banco de México, actualmente está pendiente la designación de uno de sus miembros, en virtud de que el 31 de diciembre de 2010 se abrió una vacante en su junta de gobierno, al concluir el periodo respectivo para el que fue designado el entonces subgobernador Guillermo Güemez García, quien ocupara dicho cargo desde 1995 En este mismo tenor de salvaguardar el funcionamiento de los entes reguladores, señala la proponente, que se tiene el caso del IPAB, organismo creado para proteger el ahorro bancario, y que entre otras funciones tiene a su cargo establecer los requerimientos de capital de los bancos para evitar problemas de liquidez, administrar y enajenar los bie-nes asociados a programas de resoluciones bancarias, así como la administración financiera de la deuda derivada de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca De la misma manera, argumenta que actualmente el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cuenta con dos vocales en funciones: Benito Solís Mendoza y Jorge Eduardo Chávez, esto debido a que Ernesto Zamarripa Morones, concluyó su último periodo de cuatro años el 31 de diciembre de 2009, y no ha sido sustituido. Por su parte, el vocal Jorge Chávez Presa terminó su periodo el 31 de diciembre de 2010. En este caso, el Ejecutivo lo puede proponer para un segundo periodo o proponer un candidato diferente Por otro lado, el proponente subraya que, el procedimiento de designación de las vacantes mencionadas, se encuentra establecido en el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que a la letra dice: “Artículo 75. La junta de gobierno estará integrada por siete vocales: el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el presidente de la comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.” Dada la importancia de estas instituciones reguladoras para el sistema financiero y sobre todo el bancario, la Senadora López Hernández propuso el siguiente Punto de Acuerdo: Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 28, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, exhorta al Poder Ejecutivo federal a enviar, a la brevedad, las propuestas para ocupar la vacante de la junta de gobierno del Banco de México y de dos vocales de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a fin de que esta soberanía evalúe y, en su caso, ratifique a dichos funcionarios con el fin de preservar el buen funcionamiento y la legalidad de las resoluciones de las mencionadas instituciones II. Esta Comisión Dictaminadora considera oportuno referir que, en efecto, el artículo 38 de la Ley del Banco de México señala en su segundo párrafo que; “La Junta de Gobierno estará integrada por cinco miembros, designados conforme a lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional. De entre éstos, el Ejecutivo Federal nombrará al Gobernador del Banco, quien presidirá a la Junta de Gobierno; los demás miembros se denominarán Subgobernadores”. Asimismo, de acuerdo a las facultades conferidas en dicho artículo tendrán que ser ratificadas por la Cámara de Senadores o en su caso por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora comparte el criterio de la proponente, toda vez que el funcionamiento del sistema financiero, así como los mercados financieros, requieren que dicha institución monetaria cuente con los miembros señalados por la legislación, por lo que toda vez que ésta Comisión Permanente cuenta con las facultades de evaluar el perfil y capacidades de quien podría formar parte de la mencionada institución en los próximos años, dicha Comisión considera prudente solicitar al Titular del Ejecutivo Federal, a que dentro de las facultades que le confiere el artículo 28 párrafo séptimo de la Constitución General de la República, realice la designación que considere conveniente para cubrir la vacante que se generó con la conclusión del periodo para el que fue designado el Subgobernador Guillermo Güemez García, así como para cubrir las dos vacantes como vocales del IPAB que se generaron con la conclusión de los periodos encomendados de los altos funcionarios de Hacienda, Ernesto Zamarripa Morrones y Jorge Chávez Presa, para que en el marco de sus atribuciones, la Comisión Permanente realice la valoración de los perfiles que corresponda Dicho lo anterior, y en mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, cumpla con su atribución de remitir a la Cámara de Senadores, a la brevedad, las propuestas para ocupar la vacante de la Junta de Gobierno del Banco de México y de los dos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a fin de que esta soberanía este en posibilidad de evaluar y, en su caso, ratificar a dichos funcionarios, con la finalidad de preservar el buen funcionamiento y la legalidad de las resoluciones de las instituciones mencionadas Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011 La Tercera Comisión,diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada O. Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora secretaria. No hay oradores inscritos en este punto de acuerdo, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la actividad minera en Baja California Sur Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para inhibir la actividad minera tóxica en Baja California Sur, suscrita por el Dip. Eduardo Ledesma Romo, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen Antecedentes La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. En el Capítulo de consideraciones, el autor de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, hace referencia que la minería involucra los impactos ambientales, toda vez que la actividad implica la extracción física de materiales de la corteza terrestre; que puede realizarse a través de cuatro métodos: minas de superficie, las que están a cielo abierto; minas subterráneas, a través de los túneles; las de pozos de perforación, para la recuperación de minerales y combustibles; y la submarina o dragado, que puede ser la minería profunda de océanos El promovente señala que la minería a cielo abierto, resulta una actividad de alto impacto ambiental, y enlista las actividades que se desarrollan en las mismas, como son: desmonte, despalme, barrenación, voladura, rompimiento, carga o excavación y acarreo, que generan un impacto ambiental específico Continúa el autor de la Proposición refiriendo las características de las actividades que se desarrollan en las minas a cielo abierto y los efectos negativos que producen al ambiente, como es el caso del desmonte y despalme que consiste en la eliminación de las capas más extensas, la vegetación y el suelo, en donde la biodiversidad puede verse afectada puesto que pueden eliminarse ecosistemas completos De la misma forma, señala que con la barrenación y la utilización de explosivos, se produce contaminación por ruido y por los vapores de las voladuras; respecto a la voladura y la extracción de rocas, se afecta al agua subterránea en su calidad y cantidad, que puede generar desecación de pozos en los alrededores, hundimientos del terreno, alteración parcial o total de la vegetación en el área adyacente por cambios en el nivel freático Reconoce que el desarrollo de la minería impacta al ambiente; no obstante, señala que en pocas ocasiones se admiten las repercusiones económicas y sociales que se derivan de los impactos ambientales. La degradación en conjunto provoca la pérdida de la productividad real o potencial en la zona de extracción minera y repercute en el aspecto económico de la población afectada El diputado promovente señala que la manifestación más desfavorable de la contaminación es sobre la salud humana, toda vez que el agua no sirve para el uso doméstico y agropecuario, el suelo contaminado por metales queda inhabilitado para la siembra de cultivos. No obstante, se menciona que todos los impactos pueden ser minimizados o revertidos, si se realiza una evaluación de los mismos Continúa señalando que el desarrollo económico de Baja California Sur, se ha basado entre otros en la explotación de los recursos mineros, que por muchos años ha sido la fuente de vida para diversas comunidades de ese Estado; sin embargo, señala que en diversos proyectos para la generación de nuevas minerías a cielo abierto para la extracción de oro, se ha utilizado grandes cantidades de cianuro, y refiere como es utilizado durante el proceso de separación Que estos nuevos proyectos han buscado iniciarse en áreas naturales, sin lograr conseguirlo, como es el caso del proyecto minero Concordia por su cercanía con la costa y la afectación de la biodiversidad de la zona, porque se pone en riesgo la calidad del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos Concluye el diputado señalando la necesidad de que los tres niveles de gobierno apoyen la actividad económica minera, sin poner en riesgo la calidad de vida de los habitantes a través de las autorizaciones de extracción minera de proyectos de alta peligrosidad tóxica. Formula el siguiente: “Punto de Acuerdo Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal y al del estado de Baja California Sur, a celebrar convenios de coordinación o colaboración, para que se establezca bases que permitan regular la actividad minera y prohibir toda extracción toxica para las comunidades de la entidad” II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos formulados por el autor de la Proposición que se dictamina, tomando en cuenta lo siguiente: La actividad minera en el país es una actividad económica primaria que comprende la exploración, explotación y aprovechamiento de minerales. La extracción de elementos puede ser al aire libre o en el subsuelo e incluso en los océanos, a diferentes niveles de profundidad Que en la actualidad y desde hace muchos años, decenas de miles de mexicanos trabajan en las minas ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional, y que esta Comisión Dictaminadora reconoce el trabajo pesado y peligroso que realizan diariamente los mineros mexicanos y de todo el mundo Se coincide con el promovente que las actividades que se desarrollan en la minería de cielo abierto en la extracción de minerales, puede ocasionar efectos negativos y determinantes en los ecosistemas y por consecuencia en la salud de los individuos, por la contaminación directa en el suelo que queda invariablemente inhabilitado para su utilización en el uso doméstico y en la siembra, además de las repercusiones que origina al paso del tiempo Que resulta fundamental la intervención de la autoridad en el ejercicio y aplicación de una evaluación responsable de la minería tóxica, con el objetivo de reducir los impactos negativos Que a través de datos periodísticos se pudo corroborar que en el Estado de Baja California Sur, diversas organizaciones civiles y agrupaciones se han manifestado en contra de la minería tóxica en esa entidad, en específico de los proyectos de minería de oro, por el daño del entorno y de la salud de los habitantes Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora coincide con el diputado autor de la Proposición, en la importancia de apoyar la actividad minera, pero a su vez, que esta actividad no ponga en riesgo la calidad de vida de los habitantes, por la posible extracción minera de proyectos de alta peligrosidad tóxica. No obstante, se considera improcedente realizar un exhorto al Gobierno Estatal para realizar convenios de colaboración para regular la actividad minera en esa entidad, toda vez que la regulación en materia minera corresponde a la federación, de conformidad con el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad del Congreso de la Unión para: “Artículo 73. El Congreso tiene facultad: .. X. Para legislar en toda la República sobre hidrocraburos,minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; ...” Por lo anterior, quienes dictaminan consideran viable realizar un exhorto al Ejecutivo Federal para que impulse las políticas públicas y las reformas legales con el fin de establecer las bases de regulación para la actividad minera, además de prohibir la extracción tóxica en las comunidades de la entidad En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a impulsar las políticas públicas y las reformas legales, con el fin de establecer las bases de regulación para la actividad minera y, en el mismo sentido, prohibir la extracción tóxica en las comunidades de la entidad Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011 La Tercera Comisión,diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera este punto suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto INSUFICIENCIA RENAL CRONICA La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a las políticas para prevenir los padecimientos crónico-degenerativos y a la inclusión de la insuficiencia renal en el catálogo de enfermedades catastróficas del Seguro Popular Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del ejecutivo Federal para que implemente un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica, asimismo que se incentive la formación de especialistas en Nefrología, suscrita por el Senador Ericel Goméz Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen Antecedentes La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones 1. En el Capítulo de consideraciones el legislador proponente, se refiere a que con la evolución del conocimiento científico y los avances tecnológicos las expectativas de vida de los seres humanos se ha incrementado, y señala como ejemplo la longevidad de la población latinoamericana que pasó de 70.5 años en el 2000 a 75.7 años en el 2006 Continúa el promovente haciendo referencia que en las últimas dos décadas, el promedio de vida de los mexicanos ha incrementado en 5 años, llegando de 78 años para las mujeres y 75 años para los hombres El autor de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, señala que cifras son indicativas del envejecimiento de la población mundial y que la tendencia continuará en ascenso en los próximos años, no obstante, señala que más años de vida no significa mayor calidad y mucho menos salud plena Asimismo, el Senador hace referencia del problemático incremento de padecimientos y enfermedades que generalmente acompañan al envejecimiento del individuo, que estas se presentan por etapas tempranas derivadas no solo por la genética, sino también por los hábitos alimenticios y el sedentarismo de la época actual Que entre las enfermedades crónicas degenerativas que están causando pandemia mundial se encuentran la diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal entre otras Hace referencia a la atención de estas enfermedades en paí-ses desarrollados, que centran sus esfuerzos en la prevención y detención, al contrario de los no desarrollados, en donde están concretándose en la transición epidemiológica por atender las etapas terminales Menciona que la insuficiencia renal crónica es una enfermedad silenciosa que por ser asintomática tiene una alta influencia sobre la morbilidad y mortalidad de la población mundial y que existen un gran número de personas que sin saberlo presentan algún deterioro en los riñones y que generalmente se detecta en etapas avanzadas cuando las únicas opciones de tratamiento son la diálisis o el trasplante Que de acuerdo a estudios de la Organización Mundial de salud (OMS), la enfermedad renal crónica provoca alrededor del 60 % de las muertes a nivel mundial, y que en México representa la tercera causa de muerte hospitalaria Esta enfermedad afecta alrededor de 128 mil mexicanos, de los cuales el 50 por ciento de ellos son atendidos por el sistema de seguridad social y el otro 50 por ciento no tienen servicios por los que se ven forzados a recurrir a los servicios públicos de salud, e incluso a médicos particulares Refiere que el Gobierno Federal tiene por objeto en materia de salud, lograr la cobertura universal hacia el 2012, y que hasta el momento 35 millones de mexicanos se encuentran afiliados, sin embargo desde el año 2003 el catalogo de enfermedades ha incrementado su cobertura, sobre todo en aquellas que su tratamiento representa un alto costo A pesar de que el seguro popular cubre 266 enfermedades, deja afuera aquellas que han incrementado su incidencia en la población mexicana, tales como cánceres de próstata y pulmón, hepatitis C, insuficiencia renal crónica entre otras, que representa un fuerte desembolso para las familias Continua el promovente señalando que los afiliados no cuentan con la adecuada atención médica, además de que se tiene una deficiente estructura, falta de medicamentos y de especialistas, así como condiciones insalubres para realizar diálisis El promovente considera que se debe tomar en cuenta la reducida plantilla de especialistas, donde sólo se cuenta con 500 nefrólogos en el país para atender a 128 mil enfermos renales crónicos. Resulta necesario que se implementen campañas de prevención sobre la enfermedad renal a fin de que sean detectadas y atendidas a tiempo Concluye resaltando la importancia de hacer una revisión a las políticas públicas de prevención y educación en materia de salud, lo cual permitiría un ahorro en los gastos derivados de la intervención médica. Además de que la enfermedad de la insuficiencia renal crónica debe considerarse como un problema de salud pública, que requiere un plan de acción de prevención y control por las autoridades. Por lo anterior, propone el siguiente: “Punto de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal par que instruya al titular de la Secretaría de Salud a revisar las políticas públicas destinadas a prevenir las enfermedades crónicodegenerativas, asimismo a que se implemente un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica; en donde se contemplen estrategias para incentivar la formación de especialistas en nefrología Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que incluya en le catálogo de cobertura de enfermedades catastróficas del Seguro Popular, la atención de la insuficiencia renal” II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la Proposición que se dictamina, al tenor de las siguientes consideraciones: Que en materia de salud nacional se deben encontrar las medidas necesarias para la prevención y atención de enfermedades crónicas degenerativas Que la insuficiencia renal es un problema de salud pública, razón por la cual deberá ser una prioridad nacional, y que resulta necesario encontrar las estrategias que disminuyan la mortalidad en México ocasionada por la misma Asimismo, esta Comisión considera necesario revisar las políticas públicas destinadas a prevenir las enfermedades crónicas degenerativas, e implementar un programa universal de prevención, que contemple los mecanismos adecuados para incentivar la formación de especialistas en nefrología, y de esta forma garantizar la óptima atención médica Que las enfermedades crónicodegenerativas, en específico la de insuficiencia renal, son de las principales causas de muerte en México y en gran parte del mundo, según datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) Que a través de una investigación, los integrantes de la Comisión Dictaminadora corroboraron que dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) 2010, emitido por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, dentro de las enfermedades crónicodegenerativas, no se encuentra contemplada la de insuficiencia renal Por lo anterior, quienes dictaminan consideran pertinente promover su implementación y revisar las políticas públicas relacionadas con la prevención y atención de las enfermedades crónicodegenerativas, así como la importancia de fortalecer los cuerpos de especialistas médicos para elevar la capacidad de atención a los pacientes; además de exhortar a la autoridad, a efecto de considerar la insuficiencia renal dentro del Catálogo de Cobertura de enfermedades catastróficas del Seguro Popular, toda vez que es notorio el beneficio que representaría a la población en general En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que instruya al titular de la Secretaría de Salud, a revisar las políticas públicas destinadas a prevenir las enfermedades crónicodegenerativas, asimismo que se implemente un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica, así como estrategias para incentivar la formación de especialistas en nefrología Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, determine técnicamente la conveniencia de incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) 2010 del Seguro Popular, la atención de la insuficiencia renal, con el objeto de ampliar la atención médica de la población que no cuenta con Seguridad Social y disminuir el índice de mortalidad en la población a causa de la misma Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011 La Tercera Comisión,diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos. ¿Sí? La diputada Ruth Lugo, por favor Ruth Esperanza Lugo, haga usted uso de la palabra. La diputada Ruth Esperanza Lugo hará uso de la palabra a favor del punto de acuerdo La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez:Muchas gracias, señor presidente. Este punto de acuerdo llamó mucho la atención de una servidora y felicito al proponente, el senador Ericel Gómez, el cómo efectivamente esta situación cada vez más en México es un problema al que hay que voltear a ver, pero sobre todo a mí me llama la atención porque en el estado de Guanajuato acuden a nuestras casas de enlace legislativo de los compañeros diputados y de una servidora, cada vez más personas y sobre todo niños, con este problema que es recurrente en el tema de los riñones: la insuficiencia renal crónica Pero lo que a mí más me provoca frustración es que en cada una de las instituciones de salud, sea Seguro Social, sea ISSSTE o en su caso el Seguro Popular, generalmente los recursos son limitados para la detección oportuna, sobre todo la prevención, pero después, para efecto de tratamientos generalmente no se tienen los aparatos disponibles, o bien, en su caso cuando se tienen, se tienen tan saturados para atender que terminan las personas yéndose a atender de manera particular, acabando con su patrimonio personal, familiar, empeñando todo lo que tienen para salvarle la vida a uno de sus familiares Finalmente llega a ser una enfermedad que solamente cuando se detecta a tiempo puede ser atendido con un trasplante, si es que hubiera un donador y si no, finalmente, la persona, después de algunos años fallece Este problema es recurrente en Dolores, Hidalgo, una situación que no acabamos de entender parte de mi distrito, en niños sobre todo. Seguramente algo que tiene que ver con algún problema en el ambiente, o bien, de alguna de las actividades económicas que se realizan en el municipio, pero que finalmente llegamos a tocar la puerta del gobierno del estado, de las instituciones de salud y los recursos no alcanzan y la gente, los niños, los ancianos y los adultos se nos mueren porque nadie puede atender esta enfermedad Yo sí quiero hacer un llamado para que todos mis compañeros votemos este punto de acuerdo, pero sobre todo que le demos seguimiento ante las instituciones de salud y ante el secretario de Salud y al presidente de la República para que efectivamente se pueda incluir, como lo pide el resolutivo segundo, en el Seguro Popular la atención de esta grave enfermedad. Y también el de fomentar la donación de órganos, porque muchas veces, con un riñón que se pudiera donar sería para salvar una vida En ese ánimo yo les pediría a mis compañeros que votaran a favor este punto de acuerdo y que pudieran sumarse al dictamen que obtuvimos en esta comisión. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias Presidencia de la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, diputada. En virtud de que no hay más oradores registrados, se considera suficientemente discutido este punto y se reserva para su votación económica en conjunto ESTADO DE SONORA La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, así como a la Auditoría Superior de la Federación para realizar las investigaciones que expliquen la de-saparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora, suscrita por el Sen. Julio César Aguirre Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen Antecedentes La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. En el Capítulo de consideraciones, el autor de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, hace referencia a la reforma que recibió el artículo 28 Constitucional en 1995, en donde se sustituyó el régimen de participación exclusiva del Estado en el servicio ferroviario, por otro que permite la participación de los particulares y se estableció la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, por lo cual se privatizó este sector a través de concesiones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que en esta Ley se estableció que el proceso de reestructuración del Sistema Ferroviario Mexicano, el 19 de diciembre de 1997 se constituyó ante Nacional Financiera, SNC, un fideicomiso denominado Ferronalesjub 5012-6, con el objeto de garantizar el pago de las rentas vitalicias de los trabajadores jubilados Señala que el 4 de junio de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, en donde se abroga su Ley Orgánica que contemplaba las disposiciones relativas a la liquidación de ese organismo Realiza una cita textual del artículo 4o. y del Segundo Transitorio del decreto, en donde se establecen los derechos laborales de los trabajadores de ese organismo: “Artículo 4o. Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo aplicable y a la ley, serán respetados. En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente Segundo. El pago de las pensiones no podrá ser retenido por ninguna circunstancia, salvo por decisión judicial.” Que existe una preocupación por los pensionados del organismo de que al término del actual sexenio se queden sin pensión, lo anterior de acuerdo a las observaciones de la ASF de 2003-2004, en donde se presume que los fondos del fideicomiso Ferronalesjub se habrán agotado. La misma ASF de 2007 advierte que para el año 2012 el universo de jubilados por atender será considerable y que de ese año hasta 2042, las erogaciones por nómina que quedarían pendientes de pago representarían una obligación solidaria del gobierno federal Continúa el promovente señalando los aspectos del Informe de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2004 y 2007 elaborado por la ASF, en donde se establece que la distribución de las pensiones pagadas es inequitativa por lo que se refiere al monto. Que cuando se elaboró el padrón de beneficiarios del fideicomiso no se estableció un tope razonable para aquellos que percibían salarios elevados, que les hubiese garantizado un nivel confortable de vida sin que ello implicara una carga para los fondos fideicomitidos Que existen múltiples quejas de pensionados por la corrupción en el manejo del fideicomiso, y refiere como ejemplo, la publicación del diario Reforma, del lunes 3 de enero de 2011, que señala como los pensionados de Ferronales de Empalme, Sonora, técnicamente ha desaparecido su pensión y, en cambio, los líderes y administradores del fideicomiso viven más allá de los ingresos que les otorga su cargo El diputado proponente refiere un acto de corrupción por parte de los funcionarios y líderes sindicales del fondo ferrocarrilero de Empalme, Sonora, en donde existen denuncias penales por la adquisición de bienes y propiedades tras la desaparición del dinero del fideicomiso, y que se puede corroborar con la averiguación previa AP PGR SON HER 1 1180 2006; y que por otro lado, se encuentran los trabajadores que viven con ingresos entre 3 a 4 mil pesos mensuales Concluye resaltando la importancia de establecer en la agenda nacional la atención de los pensionados de Ferrocarriles Nacionales y de todos los casos en donde se realizaron privatizaciones; que el Congreso de la Unión debe realizar inyecciones de capital al fideicomiso, siempre que este sujeto a un ejercicio de transparencia en su administración, además de hacer suya la denuncia de los pensionarios de Empalme, Sonora, solicitando a las autoridades hacendarias y a los órganos de investigación sancionar y resarcir los daños causados al patrimonio de los ex trabajadores ferrocarrileros. Formula el siguiente: “Punto de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, así como que la Auditoria Superior de la Federación, para rea-lizar las investigaciones necesarias para explicar la denuncia de actos de corrupción que han llevado a la desaparición del Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora Segundo. En concordancia con las recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación de la honorable Cámara de Diputados, a la Cuenta Pública de los ejercicios 2004-2007. Esta Cámara exhorta al Ejecutivo federal realizar una inyección de capital al Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, destinado al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, a fin de cubrir el déficit financiero cumplir con las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos laborales que garantizan el pago vitalicio de las jubilaciones y prestaciones de los pensionados en comento” II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora procedieron al estudio de los planteamientos formulados por el autor de la Proposición que se dictamina, tomando en cuenta lo siguiente: Que tal como lo señala el Senador promovente, el 04 de junio de 2001, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, en el que se establece que el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, cuando sea el caso de que el fondo de jubilaciones no sea suficiente Que el asunto materia de la Proposición que se dictamina ha sido de interés por los diversos grupos parlamentarios que conforman el Congreso de la Unión, respecto a la intervención de las autoridades para poder dar la debida atención y solución al problema que viven a diario los pensionados y jubilados de Ferronales, así como la situación que prevalece en el Fideicomiso Ferronales JUB 5012-6 y la problemática de los trabajadores que solicitan el pago de prestaciones relativas a su jubilación Que el problema de los ex trabajadores de FERRONALES no ha encontrado una respuesta satisfactoria en la atención de las demandas justificadas de las personas que reclaman sus derechos que les corresponden Que a través de diversos datos periodísticos se corroboró que existe una averiguación previa en contra de funcionarios del Fideicomiso Ferronales y líderes del sindicato de Empalme, Sonora, por su presunto enriquecimiento ilícito y actos de corrupción en relación al Fideicomiso Ferrocarrilero en ese municipio La Comisión Dictaminadora coincide con el planteamiento del Senador, en el sentido de exhortar a las autoridades competentes a realizar las investigaciones sobre las denuncias presentadas y el estado en que se encuentra el Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora; además de destinar los recursos necesarios al Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, para   cubrir el déficit financiero y cumplir con las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos laborales que garantizan el pago vitalicio de las jubilaciones y prestaciones de los pensionados En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas  competencias, realicen las investigaciones sobre las denuncias de actos de corrupción en relación al Fideicomiso Ferrocarrilero de Empalme, Sonora Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a promover e impulsar la liberación de recursos extraordinarios necesarios con cargo a las partidas presupuestales existentes, al Fideicomiso Ferronales jub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, destinado al Fondo de jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, a fin de cubrir el déficit financiero y cumplir con las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos laborales que garantizan el pago vitalicio de las jubilaciones y prestaciones de los pensionados en comento Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011 La Tercera Comisión,diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, secretaria. Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos. Se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe, señora secretaria SALARIOS MINIMOS La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a las medidas contra el creciente deterioro de los salarios mínimos Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo “por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de que instrumenten todas las medidas necesarias y suficientes para proteger el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados”, suscrita por la Dip. Cora Pinedo Alonso, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen Antecedentes La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I. En el Capítulo de consideraciones, la autora de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, hace referencia a los datos emitidos por el Banco de México, a través del Índice Nacional de Precios, que establece que la inflación en diciembre de 2010 fue de 0.5 por ciento, y que la inflación anual fue de 4.4 por ciento; lo anterior, por los aumentos en los precios de energía, electricidad y de los productos básicos que conforman la dieta de la mayoría de la población Que se autorizaron aumentos de 8 centavos al precio del diesel y la gasolina Magna y 4 centavos a la gasolina Premium y que existe la posibilidad de que aumenten las tarifas eléctricas De la misma forma, señala la diputada que se ha incrementado el precio del gas, peaje carretero y pago de derechos como agua, predial y transporte Que con el alza de los precios en los bienes y servicios se ve vulnerada la mayoría de la población, y en especial repercute directamente a quienes perciben el salario mínimo, en virtud de que disminuye su capacidad de compra La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en su informe anual de la comisión técnica reconoce que la inflación sobre los salarios mínimos resulta devastadora Continúa la promovente señalando que México desde hace algunos años, no cuenta con una política de empleo, ni salarial que compense el creciente deterioro del ingreso de los trabajadores y que en el futuro el incremento de los precios continuará repercutiendo negativamente en los bolsillos de los mexicanos Que el incremento de 4.1 por ciento a los salarios mínimos para 2011, dado a conocer el 23 de diciembre de 2010, en el Diario Oficial de la Federación, es insuficiente para la atención de las necesidades de las personas La diputada menciona que por un lado el gobierno federal pretende alcanzar una inflación baja y por el otro, toma medidas que se contrapone como los aumentos administrados de los precios de algunos energéticos producidos y distribuidos por empresas públicas (gasolinas, diesel, electricidad), lo cual representa una contradicción que debe corregirse de manera urgente Que aunado a lo anterior, el salario mínimo en México no compensa ni fortalece el ingreso real de las familias de la clase trabajadora, en razón de que resulta inercial y sólo compensa el incremento de la inflación de 2010 Que la Organización Internacional del Trabajo señala que México es uno de los países de América Latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años, por lo que el país presenta una tasa de crecimiento negativa de los salarios Concluye la diputada haciendo referencia a la obligación del Estado mexicano de compensar, proteger y detener el deterioro del ingreso de los trabajadores, creando expectativas económicas que le den estabilidad, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia un esquema que resulte equitativo y favorable a los trabajadores. Formula el siguiente: “Punto de Acuerdo Primero. Se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de que instrumenten todas las medidas necesarias y suficientes para evitar y/o detener el creciente deterioro de los salarios mínimos recientemente aprobados Segundo. Se informe a esta soberanía de los resultados obtenidos” II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora procedieron al estudio de los planteamientos formulados por el autor de la Proposición que se dictamina, tomando en cuenta lo siguiente: La Comisión Dictaminadora coincide con la proponente en el sentido de que la situación económica del país ha empeorado, por el continuo incremento en el precio de la gasolina y el diesel, así como del gas licuado de petróleo, entre otros Que estos aumentos han generado una escalada en el costo de los productos de primera necesidad y de servicios, como alimentos básicos, transporte, electricidad, derechos por trámites de agua, predial, y transporte y, por consiguiente, impactarán de manera directa a la sociedad mexicana, más aún a quienes perciben el salario mínimo Quienes dictaminan toman en cuenta el estudio y datos emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el sentido que México se encuentra dentro de los países de América Latina que no ha superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años Que en efecto el 23 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales a partir del 1 de enero de 2011 Que el tema de la Proposición que se dictamina ha sido de interés de todos los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, y que está Comisión Dictaminadora reconoce y hace suya la propuesta de la Diputada promovente, en la preocupación de la disparidad que existe en el aumento de los precios de diversos productos y el salario mínimo; razón por la cual, se coincide en el planteamiento de exhortar a las autoridades competentes, a efecto de que instrumenten las medidas necesarias para evitar y detener el creciente deterioro que está sufriendo el salario mínimo, que repercute directamente a miles de mexicanos; además de que informen a está Soberanía sobre las medidas implementadas y que vayan adoptar, para equipar la capacidad de compra de los ciudadanos, buscando la mejora en la calidad de vida y el bienestar de las familias en el territorio nacional En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Federal de Competencia y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, instrumenten las medidas necesarias y eficientes que contribuyan a evitar y, en la medida de lo posible, detener, el creciente deterioro de los salarios mínimos Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de las dependencias y organismos referidos en el resolutivo Primero, informen a esta Soberanía por escrito, de las medidas que están implementando y pretenden adoptar, así como de los resultados obtenidos. Dicho informe deberá ser remitido a las Cámaras de Diputados y Senadores Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011 La Tercera Comisión,diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, señora secretaria. Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno en este punto, se consideran suficientemente discutidos. Se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe, señora secretaria AUMENTO DE PRECIOS EN PRODUCTOS DE CANASTA BASICA La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al alza de los productos de la canasta básica Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XVI Legislatura, fueron turnadas cuatro Proposiciones con punto de acuerdo, suscritas por diversos legisladores de distintos Grupos Parlamentarios Los Ciudadanos Legisladores integrantes de ésta Comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de las Proposiciones, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen Antecedentes 1. En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de Diciembre de 2010, la Diputada Esthela Damián Peralta, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, sometió Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que comparezca ante ésta soberanía el Secretario de Economía, el Gobernador del Banco de México, y los Titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para su estudio y dictamen 2. En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de Enero de 2011, el Senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, sometió Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se implementen políticas públicas destinadas a evitar los estragos que pueda provocar en la población más vulnerable el incremento de precios de los alimentos en el mundo y se desarrolle la autosuficiencia alimentaria En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para su estudio y dictamen 3. En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de Enero de 2011, el Senador Rubén Fernando Velázquez López, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, sometió Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal para que implemente de manera urgente, a nivel nacional, las medidas necesarias de verificación, vigilancia y control para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con el fin de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para su estudio y dictamen 4. En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de Enero de 2011, el Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del PT, sometió Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, implemente las medidas correspondientes para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y servicios que realicen prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores En la misma fecha, la Comisión Permanente turnó la referida proposición a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para su estudio y dictamen Consideraciones I. En referencia al Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Esthela Damián se transcribe lo siguiente: “Punto de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar la comparecencia de Bruno Ferrari, secretario de Economía; de Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico); así como del procurador Antonio Morales de la Peña, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); de Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC); y de Eduardo Sojo Garza Aldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a fin de que expliquen ante esta soberanía el estado que guarda la situación de los precios y la inflación en México Segundo.Asimismo, la Comisión Permanente solicita al Banxico, a la CFC, a la Profeco, y al Inegi que procedan a realizar un informe sobre el aumento de los precios en el país, particularmente de la situación que priva en las diferentes ramas y sectores de la economía mexicana, así como su impacto en la inflación, y que dicho estudio se entregue por escrito a las Comisiones de Economía, y Comercio y Fomento Industrial de esta Soberanía Tercero. También, la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a que la Secretaría de Economía, considere las opiniones del Banxico, de la Profeco, de la CFC y del Inegi y que con esta opinión tome las medidas que le competen para contribuir a dar respuesta a las demandas de la sociedad.” Respecto al Punto de Acuerdo presentado por el Senador Adolfo Toledo Infanzón, se transcribe lo siguiente: “Punto de Acuerdo Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se implementen políticas públicas destinadas a evitar los estragos que puedan provocar en la población más vulnerable el incremento de precios de los alimentos en el mundo y se desarrolle la autosuficiencia alimentaria.” En referencia al Punto de Acuerdo suscrito por los Senadores Rubén Fernando Velázquez, Francisco Javier Castañón, Silvano Aureoles y José Luis Máximo; se transcribe lo siguiente: “Punto de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con base en el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Federal y el artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica, solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, inicie el procedimiento para fijar y controlar los precios de los productos que integran la Canasta Básica, a efecto de compensar el alza de precios y el incremento de la Inflación Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional de Competencia y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, implementen de manera urgente a nivel nacional las medidas necesarias de verificación, vigilancia y sanción para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con el objeto de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, así como al Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un informe pormenorizado sobre el aumento de los precios en los productos de la canasta básica, y su relación con la inflación y la pobreza, correspondiente al periodo diciembre 2006 a enero de 2011.” Por último, en referencia al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Alfonso Primitivo Ríos, se transcribe lo siguiente: “Punto de Acuerdo Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a implantar las medidas correspondientes para vigilar y sancionar a los proveedores de bienes y servicios que realicen prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores.” II. Esta Comisión Dictaminadora coincide con la preocupación y planteamientos de los legisladores autores de las presentes Proposiciones con Punto de Acuerdo referidas en el Capítulo de Antecedentes. Sin embargo, esta Dictaminadora considera necesario realizar algunas precisiones de claridad y estilo De acuerdo con el artículo 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Economía corresponde el despacho de lo siguiente: Artículo 34. .. “I. Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal ...” De lo anterior, se desprende que le corresponde a la Secretaría de Economía el despacho de, entre otros, el negocio de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior,abasto y precios del país, no así de vigilar el comportamiento del precio de las gasolinas y/o combustibles de consumo Asimismo, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Banco de México: “Artículo 2. El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.” Así, no está dentro de la competencia del Banco de México la toma de decisiones respecto a los precios ni de canasta básica ni de combustibles Ahora bien, por lo que respecta al Procurador Federal del Consumidor, de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene como objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Sin embargo, de ninguna manera influye en la toma de decisiones del cambio de los precios, lo cual le corresponde a la Secretaría de Economía Además, de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor: “Artículo 8. La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.” En relación con el titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, en su artículo 23, se establece que la Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía (antes de Comercio y Fomento Industrial), contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones, en los términos de esta ley, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones. Por consiguiente, no tiene injerencia directa respecto de la alza de los precios de la canasta básica ni del comportamiento de la inflación En lo que respecta al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y con fundamento en el artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; los derechos y las obligaciones de los Informantes del Sistema; la organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y las faltas administrativas y el medio de defensa administrativo frente a los actos o resoluciones del Instituto, por lo que de igual manera no tiene injerencia directa respecto de la alza de los precios de la canasta básica ni del comportamiento de la inflación Por otro lado, esta Comisión Dictaminadora considera solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Banco de México, y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un informe sobre el aumento de los precios en los productos de la canasta básica, y su relación con la inflación y la pobreza, en el ámbito de sus competencias Asimismo, esta Tercera Comisión considera necesario citar a comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente al Secretario de Economía; a fin de que explique el estado que guarda la situación de los precios de la canasta básica en México. Sin embargo, esta Comisión toma en cuenta que la Comisión Permanente del presente receso concluirá sus funciones el primer día del mes de febrero del año 2011, y que resulta difícil en la práctica desahogar la comparecencia propuesta ante el Pleno de dicho órgano No obstante, se toma en cuenta que el Pleno de la Comisión Permanente aprobó en la sesión del 12 de enero de 2011, el dictamen de la Tercera Comisión relativo a: “.. Segundo. La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta soberanía a los titulares de las Secretarías de Economía,y de Salud, los ciudadanos Bruno Ferrari García de Alba y José Ángel Córdova Villalobos, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que rinda cuenta de los motivos, la evaluación técnica, jurídica, operativa y económica, así como de los objetivos que persigue el Ejecutivo Federal con la publicación de los denominados “acuerdos de equivalencia” en materia de aparatos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos, así como en materia de dispositivos médicos, publicado el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2010 Tercero. La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por conducto de su Presidente, determinará la fecha y hora en que se llevará a cabo la comparecencia señalada en el punto anterior. Los términos y modalidades para el desarrollo de dicha comparecencia serán determinados por la Mesa Directiva de la Tercera Comisión.” En la misma tesitura, y dado que en la reunión de fecha 18 de enero de 2011, la Tercera Comisión acordó citar a comparecer al Secretario de Economía el día 25 de enero de 2011, a las 11 horas, esta Comisión considera oportuno anexar el tema de la situación de los precios de la canasta básica en dicha comparecencia Dicho lo anterior, y en mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la unión, los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Se acuerda que la temática relativa al estado que guarda la situación de los precios de la canasta básica en México, se desahogue en la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía, ante la Tercera Comisión de Trabajo, programada para el día 25 de enero de 2011 Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, emita opinión sobre las condiciones de competencia efectiva que guardan los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final, así como una lista de obstáculos que no permiten la libre competencia, que sean las causantes del aumento injustificado de precios en este inicio del año 2011 y un desglose de alternativas para resolver estructuralmente dichos conflictos Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional de Competencia y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, implementen de manera urgente a nivel nacional las medidas necesarias de verificación, vigilancia y sanción para evitar la injustificada alza de precios de los productos de la canasta básica, con el objeto de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un informe pormenorizado sobre el aumento de los precios en los productos de la canasta básica, y su relación con la inflación y la pobreza, en el ámbito de sus competencias, correspondiente al periodo diciembre 2006 a enero de 2011 Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se implementen políticas públicas destinadas a evitar los daños que puedan provocar en la población más vulnerable el incremento de precios de los alimentos en el mundo y se desarrolle la autosuficiencia alimentaria Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a 25 de enero de 2011 La Tercera Comisión,diputado Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente, senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica), senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, diputado Arturo García Portillo, diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), senador José de Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), senador Ricardo Monreal Ávila.» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, secretaria Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran.. El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez(desde la curul): Presidenta La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:¿Sobre ese tema? Se reservó ese punto hasta el final, si podemos seguir y una vez que le toque yo le daré el uso de la palabra El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez(desde la curul): Solamente solicitar, presidenta, en virtud de que ya pudimos modificar con breves precisiones y respetar el espíritu de la ley, que se vote de una vez, toda vez que estaba en el orden del día antes, que se vote de una vez este resolutivo y agradecer a las fracciones –ahorita que se pueda–, y agradecer a las fracciones nuevamente, al PAN, al PRI y a todas las fracciones el compromiso que han mostrado con la ecología y con que se vote favorablemente este punto de acuerdo. Muchas gracias, presidenta La Presidenta diputada Mercedes de Carmen Guillén Vicente:Con todo gusto, diputado Cinta, una vez que termine yo con este trámite, con mucho gusto ahorita pongo a consideración el que usted propone Lo relativo al aumento de precios en los productos de Canasta Básica, que estábamos en esa discusión, y en virtud de que no se ha registrado orador alguno en este punto, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto Ahora sí, y una vez notificada la Presidencia sobre el acuerdo que se tuvo relativo a los puntos de acuerdo de la Tercera Comisión, relativos a la Regasificadora de Energía Costa Azul, y una vez conocido de lo anterior, le pedimos a la Secretaría dé a conocer los puntos de acuerdo en este sentido REGASIFICADORA ENERGIA COSTA AZUL La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la regasificadora Energía Costa Azul Honorable Asamblea: A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la Regasificadora Energía Costal Azul, S de RL de CV, a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica del Grupo Parlamentario del PVEM Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente: Dictamen Antecedentes La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas Consideraciones I.De acuerdo al autor del punto de acuerdo en estudio, existe colusión entre la empresa Regasificadora Energía Costa Azul, construida por Sempra Energy en Ensenada, Baja California, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Por ello, el senador Legorreta Ordorica advierte que la serie Estudios de Caso, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), publicó en noviembre de 2006, un documento intitulado “Caso 4 terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado: Energía Costa Azul” Así, el proponente refiere que de acuerdo a ese estudio en el punto 6.1.7 Emisión del Resolutivo, con fecha 8 de abril de 2003, se estableció lo siguiente: “Con fundamento en las disposiciones jurídicas aplicables, con sustento en las disposiciones y ordenamientos invocados durante el proceso y dada su aplicación en este caso y para este proyecto, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones, determinó que el proyecto, objeto de la evaluación y que se dictaminó con sustento al procedimiento establecido para el efecto, era ambientalmente viable y, por lo tantoresolvió autorizarlo de manera condicionada por medio del oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03. Esta resolución quedó sujeta a las siguientes condicionantes: Quinta. Garantizar la seguridad de las zonas residenciales y asentamientos humanos diversos, ubicados al norte del sitio del proyecto, estableciendo una zona intermedia de amortiguamiento, esto se realizará llevando a cabo lacompra adicional de terrenos aledaños en igual superficie a la que se verá afectada por la instalación de la terminal y sus equipos auxiliares,los cuales serán destinados y mantenidos para la conservación y protección de las especies de flora y fauna que habitan en los mismos.” El proponente señala que aunque Sempra intentó que se modificara la mencionada condicionante número 5; la misma autoridad negó la modificación a dicha condicionante, basándose esencialmente en la posibilidad de eventos graves de riesgo y en consecuencia daños irreparables en virtud de su proximidad a los centros de población aledaños, previendo las tendencias de expansión y la creación de nuevos asentamientos en la zona Asimismo, menciona que en la citada negativa se concluye, textualmente que “... en un radio de 300 metros lineales a partir de los límites del predio en donde se pretende realizar el proyecto, el nivel de riesgo no es aceptable en zonas en donde se pretenden desarrollar actividades no compatibles, como es el caso del área donde se realizará el “proyecto”, la cual está tipificada como turística de baja densidad El senador Legorreta Ordorica advierte que, ante la negativa de la Semarnat y con el fin de cumplir con sus disposiciones, la empresa dio inicio, por un lado, a la adquisición de los terrenos aledaños, y por otro lado, comenzó una callada, pero efectiva labor para convencer a los funcionarios de esa secretaría, responsables de que suprimieran u omitieran el cumplimiento de la quinta condicionante previamente citada Así, refiere el proponente, que en su desesperación por adquirir los predios circundantes, necesarios como área de amortiguamiento a su planta regasificadora, Sempra se valió de todos los medios, legales e ilegales para obtener los terrenos. Para ello, menciona que se contó con la complicidad de las autoridades estatales, despojó de su propiedad al ciudadano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, simulando una operación de compra-venta de su terreno y acusándolo de despojo de su propio terreno Por otro lado, argumenta que, no obstante el reconocimiento de haber adquirido (ilegalmente) esta área como “zona de amortiguamiento” para cumplir con las normas mexicanas y ante la evidencia y posibilidad real de que el terreno de marras pudiera ser regresado a su dueño legítimo, los directivos de Sempra optan por contratar a la empresa Lloyd Germánico de México S de RL, de CV, catalogada, según la Comisión Reguladora de Energía como especialista para la verificación y emisión de dictámenes técnicos relativos a terminales de almacenamiento de gas natural licuado, para que le realizara un dictamen a modo, con el propósito de eludir lo ineludible, es decir la insustituible “zona de amortiguamiento” De la misma manera, señala que en lugar de cumplir con las leyes mexicanas, lo que buscan los directivos de Sempra es violentar las leyes mexicanas, por la vía de la intervención de empresas que se prestan a ese tipo de acciones El proponente refiere que, Sempra violentó la legalidad no sólo corrompiendo, sino mintiendo, manipulando y ocultando información, y pagando servicios a extranjeros para espiar e investigar a instituciones y a ciudadanos mexicanos, incluyendo a funcionarios del Poder Judicial Por otro lado, señala que la empresa ha venido enfrentando una serie de denuncias en Estados Unidos, y es motivo de investigaciones públicas sobre su participación durante la crisis de precios y suministro de gas natural y electricidad de California, como uno de los posibles agentes que manipularon el mercado y limitaron la disponibilidad de gas natural, provocando un alza artificial de los precios de gas natural y electricidad, y una restricción en el suministro de ambos energéticos En todos los países en los que existen plantas regasificadoras existen normas que determinan que haya una o varias zonas de seguridad llamadas con distintas denominaciones, cuyo fin es proteger instalaciones o edificaciones aledañas o centros de población. Así, el proponente mencionó que algunas de las zonas de exclusión que se tienen actualmente en plantas de gas natural licuado en varios países son las siguientes: Cacouna Energy (Canadá): mil metros; Corpus Christy (EUA): 837 metros; Cove Point (EUA): mil 145 metros; Elba Island (EUA): mil 40 metros; Freeport (EUA): 500 metros; Irving Canaport (Canadá): 750 metros; McNab Creek (Canadá): 565 metros; Montoir-de-Bretagne (Francia): 550 metros Estas zonas, menciona, se establecieron para escenarios de accidentes provocados por fugas de gas natural licuado (GNL) y roturas en tuberías y no consideran derrames mayores provocados por explosiones, acciones terroristas caída de aviones o acciones bélicas en cuyos casos las distancias habrían de ser significativamente mayores En cuanto a la Norma Oficial Mexicana (NOM), el proponente establece que está marca los requisitos mínimos de seguridad relativos al diseño, construcción, operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL) que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y entrega de gas natural. Dicha NOM señala que la ubicación de la terminal de almacenamiento de GNL deberá sujetarse a las especificaciones generales que resulten del análisis de riesgos del capítulo 106 de la propia NOM y de las obligaciones que establezcan otras normas oficiales mexicanas y disposiciones jurídicas aplicables, competencia de otras autoridades Según esta NOM el predio debe tener la configuración y dimensiones adecuadas para cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo 107 de la propia norma oficial mexicana. Este capítulo contiene una fórmula que indica la distancia que debe existir entre el borde del área de retención de un tanque de GNL y el límite del predio La propia NOM en su capítulo 201.2.1 determina que debe establecerse una zona de exclusión para actividades de terceras personas no relacionadas con las actividades de la terminal de almacenamiento de GNL con una distancia mínima del centro de la instalación de GNL determinada mediante un análisis de riesgo realizado de acuerdo con la metodología del capítulo 106 de esta NOM El proponente menciona que entre las leyes mexicanas que se violan con la operación de la empresa en estas condiciones se encuentra la Ley General del Equilibrio Ecológico, que en su artículo 2o., fracción IV, establece que se considera de utilidad pública el establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades consideradas como riesgosas. Por su parte, el artículo 172 de dicha ley se establece que “cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción.” Por ello, el senador Ordorica enfatiza que en este caso existe una grave responsabilidad y el funcionario de la Semarnat que permitió la omisión de la condicionante quinta hasta ahora ha quedado impune. Como la regulación estadounidense le impidió instalarse en su país, Sempra Energy buscó y encontró en Baja California, un “santuario regulatorio”, que le permitió instalar una planta regasificadora e introducir gas y electricidad en el mercado del sur de California Así, señala el proponente instalándose en México, logró evadir la inamovible legislación estadounidense, que prácticamente le prohibió realizar sus actividades en territorio estadounidense, pero aquí, con una evidente relación de complicidad entre las autoridades federales y estatales del sexenio anterior y algunas del actual, logró construir su planta con la justificación de contribuir a la integración y desarrollo económico Respecto al daño medioambiental, enfatiza que en Baja California, la operación de Sempra Energy, está contribuyendo a pasos agigantados a acelerar el daño al medio ambiente, particularmente de las costas y las aguas cercanas a su planta regasificadora El proponente advierte que dicha empresa, está violando lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, reglamentaria de la Constitución en materia ambiental, al contaminar el mar por verter cantidades industriales de cloro y otros desechos y materias, pero sobre todo, por enfriar sensiblemente las aguas en el proceso de regasificación, lo cual afecta a todas las especies marinas de la zona Al respecto, el artículo 170, de dicha ley, menciona que “cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes” El artículo 188 de la citada ley determina que “las leyes de las entidades federativas establecerán las sanciones penales y administrativas por violaciones en materia ambiental del orden local”; en tanto que el artículo 203 especifica que “sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados” Menciona que en síntesis, la actividad de Sempra Energy ha tenido múltiples consecuencias, entre otras: • Que no se observen las disposiciones constitucionales establecidas para la conservación del medio ambiente • Que haya solicitado la ampliación de la planta y al mismo tiempo la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental • Que nuestro país incumpla con tratados y convenciones internacionales en materia de protección al ambiente • Que se agudice la amenaza y el peligro de extinción para especies únicas en el mundo y que habitan en el entorno terrestre y marino de la planta regasificadora • Que se comprometa, con ello, el futuro de las siguientes generaciones • Que se pierda la belleza natural de ese estado en aras de un mal entendido progreso y modernidad • Que se afecte el potencial pesquero y turístico de toda la región • Que se corrompa a las instituciones a fin de que éstas otorguen permisos y licencias de operación, aún a sabiendas que existe incumplimiento de las normas ambientales • Que las leyes y reglamentos tanto federales como estatales en la materia sean letra muerta para el caso específico de Sempra Energy • Que se dañe al turismo, disminución del valor de la propiedad y daño económico El gobierno de Ernesto Ruffo declaró en su oportunidad la zona de Tijuana-Rosarito-Ensenada como un recurso natural y turístico, según el programa regional de desarrollo Cocotren (Corredor Costero Turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada). Se tenían grandes expectativas a este respecto. Sin embargo, al aprobar el siguiente gobierno, el de Eugenio Elorduy la instalación de Sempra Energy, se limitó seriamente el desarrollo turístico futuro y se afectó el patrimonio de quienes habían invertido en desarrollos vacacionales y de retiro, al disminuir el valor de la propiedad en tales desarrollos Otro aspecto importante para el presente punto de acuerdo, es el considerar que gracias a las alianzas estratégicas realizadas por Sempra Energy, tiene prácticamente el monopolio de la distribución de gas en Baja California Desviación de recursos fiscales Por otro lado, así como el abierto tráfico de influencias rea-lizados durante el gobierno de Eugenio Elorduy Walter, ex gobernador de Baja California, para la creación de un proyecto de suministro energético a Estados Unidos desde territorio bajacaliforniano, operado a través de Sempra Energy, pasando por encima de disposiciones constitucionales, legales y financieras de nuestro país Refiere que independientemente de la corrupción y tráfico de influencias del caso que nos ocupa, una violación más que incluso involucra al Poder Legislativo, es el hecho de que durante sexenio de Eugenio Elorduy Walther, la obra más importante y divulgada es la que se conoció como Corredor 2000, que fue una vía carretera de cuatro carriles, la cual se construyó con recursos públicos federales y estatales Sin embargo, lo que nunca se dijo fue que su propósito oculto era cruzar tres municipios (Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana) y cientos de predios de particulares y ejidales, con el propósito –desconocido para el Congreso del estado y para todo mundo– de llevar en medio de la carretera (soterradamente), el ducto de gas de la planta de Sempra Energy, desde la estación de descarga en Ensenada hasta el territorio de Estados Unidos de América En una astuta e indebida maniobra para favorecer a Sempra Energy el gobierno del estado expropió, en marzo del año 2004, los terrenos en los cuales se instalaría, en un sitio de alta plusvalía conocido como El Monumento, en playas de Tijuana, una planta regasificadora de la empresa Marathon Oil, competidora de Sempra Energy El caso incluso, llegó a la corte de San Diego, en Estados Unidos, a través de la denuncia presentada por un particular de nombre Osvaldo Castillo, ciudadano estadounidense residente de Chula Vista y dos empresas, la empresa tijuanense Construvisión 2000, SA de CV, y la compañía Casas, Departamentos y Oficinas, con sede en la Ciudad de México, quienes declararon haber sido afectados al haber dejado de recibir 33 millones de dólares, en las operaciones de compraventa de los terrenos, al cancelarse el proyecto de Marathon Oil en los terrenos expropiados El proponente, señala que no debe pasarse por alto que dicha obra pública es una clara muestra de abuso de poder; nadie se la solicitó a Elorduy cuando fue candidato y menos ofreció construirla; sin embargo, ya siendo socio –por medio de su hija– la hizo para favorecer los intereses de la citada empresa. Por la prensa nos enteramos que la obra costaría inicialmente 650 millones de pesos; poco tiempo después se informó que había aumentado a 850 millones. Cuando ya se habían erogado más de mil 200 millones de pesos, se dijo que se estaba a un 15 por ciento de su terminación. Sin haberla concluido, se informó que se elevaron los costos a cerca de los 2 mil millones de pesos y posteriormente, cuando la inauguró el presidente Fox, finalmente se aceptó que la carretera había costado 2 mil 400 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo programado inicialmente La construcción del gasoducto representa una abierta violación a la soberanía nacional, al Congreso del estado y al Poder Judicial de Baja California; es también una afrenta al pueblo de México que demanda una investigación a fondo, por parte de la entidad de Fiscalización Superior de la Federación –por haber sido sufragada con fondos del erario, tanto estatales como federales– la cual está facultada parafiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación también está facultada, según la fracción III del mencionado artículo 79, a “Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales,”; y según la fracción IV del citado artículo, “Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.” La lucha contra las plantas regasificadoras de Sempra Energy no es nueva. Durante varios años muy diversos grupos de bajacalifornianos se han opuesto mediante denuncias, foros y marchas a que se instalen plantas regasificadoras en la costa de Baja California. De acuerdo con la investigación que realizamos, desde su inicio se ha cuestionado la presencia de Sempra Energy en ese estado Sempra Energy contó con la complicidad y apoyo del gobernador Elorduy, cuya ambición lo impulsó a violentar la probidad y la institucionalidad La regasificadora Sempra Energy (Energía Costa Azul) violó la Constitución, pisoteó los derechos del ciudadano mexicano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, afrentó a los Poderes Judicial y Legislativo y corrompió al Ejecutivo; además de haber realizado acciones de espionaje que caen en el ámbito de seguridad nacional y que deben ser investigados por la dependencia correspondiente Sempra Energy desea aprovecharse de nuestra tierra y costas, sin importarle la vida silvestre, marina o la humana. No exagero, créanme, en que la vida marina de la costa bajacaliforniana y de miles de conciudadanos está en riesgo de permitirse que Sempra Energy siga operando impunemente No le importó a Sempra afectar a inversionistas en la zona costera e incluso planes estatales para desarrollar la zona, con tal de verse favorecida. Sempra logró acaparar la distribución de gas en el estado y cuestionan por qué un negocio tan redituable no lo tienen empresas del estado lo cual produciría enormes beneficios en esta época de crisis El que se le hayan dado facilidades a la empresa Energía Costa Azul para no contar con la zona de amortiguamiento que señala la ley y el que en esto esté involucrada una hermana de la ex secretaria de Energía, es un asunto de interés público que debe investigarse por esta soberanía. Por lo que formula la siguiente proposición con punto de acuerdo: Primero.Que esta Comisión Permanente cite a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de que explique por qué se autorizó la operación de la empresa Energía Costa Azul en Ensenada, Baja California, aun cuando ésta no cumplió lo dispuesto por la quinta condicionante que le indicó la Semarnat en el oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03 del 8 de abril de 2003, para autorizar su operación; así como tampoco con las disposiciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2002 Segundo.Que el servidor público mencionado en el punto anterior, explique a la Comisión las normas oficiales mexicanas relacionadas con la operación de la empresa que apliquen e informe si con base en las fórmulas de la misma para calcular las zonas de exclusión, la empresa Energía Costas Azul está cumpliendo éstas Tercero. Se solicite se anulen, revoquen, cancelen o en su caso suspendan, por parte de la Semarnat, las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron a la Empresa Energía Costa Azul S de RL, de CV, para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, hasta en tanto cumpla con lo dispuesto en las condicionantes que le fijó esa dependencia Cuarto. Que el gobierno federal suspenda la operación de Sempra Energy, en Ensenada, Baja California, para investigar, con fundamento en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los relativos de la Ley Federal de Competencia Económica; si las acciones que realizó para no tener competencia y asociada con una empresa mexicana, sus actividades presuntamente constituyen un monopolio en las distribución del gas en Baja California Quinto.Se considere como otro elemento por parte de las autoridades federales para proceder a la clausura y cancelación de la concesión de la planta regasificadora de Sempra Energy mencionada, la importancia y urgente necesidad de detener el visible daño ecológico; hasta en tanto se realizan las verificaciones, estudios e investigaciones a mayor profundidad que determinen si es factible que continúe operando y lo que habría de realizar para tal efecto. Lo anterior, considerando que existen suficientes argumentos legales para ello, entre otros, cuando la solicitud correspondiente contenga datos falsos o presentados de manera que se oculte información necesaria para la correcta apreciación de la solicitud; cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico; o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación peligrosos para los ecosistemas Sexto. Se solicite respetuosamente a la entidad de fiscalización superior de la federación de la Cámara de Diputados, se abra una investigación, con carácter de auditoría, que revise detenidamente todos los aspectos relativos a la obra denominada Boulevard 2000, ubicada en Ensenada y municipios vecinos de Baja California, desde las licitaciones de obra y estimaciones, hasta la entrega recepción de la misma; y particularmente el aspecto financiero; lo anterior considerando que bajo este Boulevard 2000 se colocó tubería de Sempra para abastecer a Estados Unidos Séptimo.Se investiguen asimismo, todos los aspectos contables, fiscales y financieros, y se determine con precisión el importe de los recursos federales, estatales y de otra índole que hubieran sido erogados en la citada obra. Lo anterior, para identificar el porqué costó casi cuatro veces el costo inicialmente programado y para determinar si existió desvío de fondos federales o estatales o ambos, realizado por diversos servidores públicos y particulares, entre ellos el ex gobernador Eugenio Elorduy Walther Octavo.Por tratarse de un asunto de carácter internacional, que involucra la operación de la multicitada empresa en ambos lados de la frontera, se haga llegar el presente punto de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras, con el fin de que produzcan una nota a sus homólogos del gobierno y del Congreso de Estados Unidos de América, en la que se denuncia que la empresa Sempra Energy presuntamente cometió violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, (Foreign Corrupt Practices Act) para que las autoridades de dicho país, investiguen lo conducente desde el ámbito de su propia soberanía Noveno.Se solicite a expertos en la materia, investigadores, biólogos marinos y ambientalistas, una evaluación documentada de las consecuencias que a corto, mediano y largo plazo está teniendo la construcción y tendrá la operación de la regasificadora mencionada sobre el medio ambiente, y la flora y fauna terrestre y marina de su área de influencia y de la región Décimo.Se requiera a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales y en su caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la manifestación de impacto ambiental que se presentó en su oportunidad y su autorización para llevar a cabo la construcción y operación de la planta regasificadora previamente citada Undécimo. Se solicite a las autoridades estatales que hayan intervenido, en caso de existir la aprobación de la manifestación del impacto ambiental una copia de la misma, así como las bases, los criterios y documentos, sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de citada empresa en el municipio de Ensenada Duodécimo.Se haga llegar el presente punto de acuerdo al Poder Judicial de Baja California, al Congreso del estado y a los órganos de fiscalización de Baja California, solicitándoles respetuosamente, se enteren del caso, a fin de que realicen las acciones que consideren pertinentes Decimotercero.Se realice un exhorto al XX ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus facultades legales, revise y analice los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la empresa Energía Costa Azul para el funcionamiento de la terminal de Gas Natural Licuado, con el propósito de que, conforme a la leyes estatales y a las violaciones a la Norma Oficial Mexicana, se proceda a la clausura de dicha terminal; y se finquen responsabilidades a quienes, haciendo mal uso de sus atribuciones, violentaron la ley y han puesto en riesgo a la población y atropellado los derechos ciudadanos Decimocuarto.Se haga llegar el presente punto de acuerdo a la Comisión de Ecología o su equivalente de la Cámara de Representantes del estado de California, en Estados Unidos de América, con el fin de que lo analicen y en su caso realicen las acciones a que haya lugar en el ámbito de su soberanía, considerando la cercanía de la frontera y la afectación medioambiental regional Decimoquinto.Se haga llegar el presente punto de acuerdo a la supervisora del segundo distrito de la Mesa de Supervisores del Condado de San Diego, Dianne Jacob, con el fin de que cuente con mayores elementos de información en relación con Sempra Energy y su filial Energía Costa Azul, relativa a la terminal de gas natural licuado que opera en el municipio de Ensenada, Baja California II. Esta comisión dictaminadora considera que el medio ambiente es un asunto de vital importancia hoy en día a nivel mundial, tal preocupación no es exclusiva de los países llamados desarrollados, ya que en México existe una gran preocupación por proteger al medio ambiente y la interacción de la población con el mismo Por ello, esta comisión dictaminadora coincide en que comparezca el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión, con el fin de que explique, por qué se autorizó la operación de la empresa Energía Costa Azul en Ensenada, Baja California, aun cuando ésta no cumplió lo dispuesto por la quinta condicionante que le indicó la Semarnat en el oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-788/03 del 8 de abril de 2003, para autorizar su operación; así como tampoco con las disposiciones contempladas en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SECRE-2002. Asimismo para que explique a la Comisión las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la operación de la empresa, e informe si con base en las formulas de la misma, son aplicables para calcular las zonas de exclusión y si la empresa de energía cosa azul está cumpliendo con éstas Ahora bien, esta comisión dictaminadora aprobó en su reunión del 11 de enero de 2011 un punto de acuerdo por el que establece: “.. Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, con el fin de que explique por qué se autorizó la instalación y operación de la planta regasificadora de gas LP de la empresa Z Gas del Pacífico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, con el fin de que explique por qué se autorizó el cambio de uso de suelo autorizado referente a 98.05 ha de manglar, incluyendo 30 hectáreas de manglar para la ejecución del Proyecto de Ampliación Portuaria del Puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito ...” Dicho punto de acuerdo fue aprobado por el pleno de la Comisión Permanente en su sesión de fecha 12 de enero de 2011. Asimismo, esta Tercera Comisión acordó citar a comparecer al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 20 de enero de 2011 En la misma tesitura, esta comisión dictaminadora considera que en virtud de que la comparecencia de referencia se desahogó efectivamente en la fecha indicada (23 de enero de 2010), y es claro que la temática planteada por la proposición que se dictamina fui incluida en el temario de la comparecencia citada, corresponde considerar los resolutivos primero, segundo, tercero, quinto, décimo y undécimo de la proposición que se dictamina Respecto al resolutivo cuarto de la misma proposición, esta comisión considera pertinente remitir el presente expediente a la Comisión Federal de Competencia Económica para su conocimiento y efectos Asimismo, respecto a los resolutivos sexto y séptimo de la proposición citada esta comisión dictaminadora considera oportuno remitir el presente expediente al titular de la Auditoría Superior de la Federación a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para su conocimiento y efectos Por último, en relación a los resolutivos octavo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, esta comisión dictaminadora considera oportuno remitir el presente expediente a las autoridades señaladas en dichos resolutivos para su conocimiento y efectos En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente Punto de Acuerdo Primero.En relación con los resolutivos segundo, quinto, noveno, décimo y undécimo del punto de acuerdo suscrito por el senador Jorge Legorreta Ordorica relativo a la Regasificadora de Energía Costa Azul, los informes y/o estudios que elabore el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales relacionados con dichos resolutivos, deberán ser enviados a las Cámaras de Diputados y Senadores, de conformidad a lo acordado durante la comparecencia de dicho funcionario celebrada el 20 de enero de 2011 Segundo.Remítase copia del presente expediente al presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica para su conocimiento y para que en el ámbito de su competencia, investigue si las actividades de la empresa Regasificadora Costa Azul constituyen un monopolio en la distribución del gas en el estado de Baja California Tercero.Remítase copia del presente expediente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de su competencia revise los aspectos relativos a la obra denominada Boulevard 2000, ubicada en Ensenada y municipios vecinos del estado de Baja California, desde las licitaciones de obra y estimaciones, hasta la entrega recepción de la misma; así como para que determine con precisión el importe de los recursos federales Cuarto.Remítase copia del presente expediente a la Auditoría Superior, al Congreso del Estado y al titular del Poder Judicial, todos del estado de Baja California, a fin de que realicen las investigaciones y acciones que consideren pertinentes en el ámbito de sus competencias Quinto. Remítase copia del presente expediente al H. Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus atribuciones, revise los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la empresa Energía Costa Azul para el funcionamiento de la terminal de gas natural licuado Sexto.Remítase copia del presente punto de acuerdo a las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Senadores y Diputados para su conocimiento y efectos Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2011 La Tercera Comisión, diputados: Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), presidente; Cruz López Aguilar (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), secretarios; Sebastián Lerdo de Tejada, Cuauhtémoc Salgado Romero, Arturo García Portillo (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica);senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), secretarios; María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Jesús Dueñas Llerenas (rúbrica), Rubén Fernando Velázquez López, Ricardo Monreal Ávila.» Es cuanto, señora presidenta La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, señora secretaria. Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto ESTADOS UNIDOS DE AMERICA La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de  la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, con punto de acuerdo por el que esta soberanía expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio por parte de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de migrantes indocumentados y la aprobación de iniciativas que atentan contra sus derechos, independientemente de su condición migratoria y situación jurídica Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión – Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de los Migrantes Indocumentados, así como la aprobación de iniciativas que atenten en contra de los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y su situación jurídica, presentada por el senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizamos el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI legislatura, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes Antecedentes I. El pasado 12 de enero de 2011, el senador Luis Alberto Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo relativo al inicio de una campaña legislativa en contra de migrantes indocumentados, anunciada por un grupo de legisladores estadounidenses II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que el citado punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes Consideraciones I. El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al pleno de esta soberanía en los siguientes argumentos: a) Con el inicio de la 112 Legislatura estadounidense, un grupo de legisladores republicanos ha dado a conocer el inicio de una campaña en contra de la inmigración ilegal, misma que atenta en contra de los derechos de los migrantes indocumentados b) Al menos siete estados (Carolina del Sur, Georgia, Mississippi, Nebraska, Oklahoma y Pennsylvania) seguirán la campaña iniciada el año pasado en Arizona para detener la inmigración ilegal c) Legisladores de 14 estados (Arizona, Alabama, Delawere, Idaho, Indiana, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma, Pennsylvania, Texas y Utah) están uniendo esfuerzos para promover que sus respectivas asambleas o congresos debatan y cancelen el derecho de ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en territorio estadounidense d) Legisladores republicanos que apoyan esas medidas han declarado que esta cooperación responde al fracaso de Washington en sus esfuerzos por asegurar la frontera con México. El representante Randy Terril (R-Oklahoma) señaló que “el gobierno federal ha fracasado absoluta, total y completamente de su responsabilidad de proteger las fronteras de nuestra nación” e) El Consejo Nacional de la Raza, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos y diversas organizaciones a favor de los derechos de los migrantes expresaron su preocupación y rechazo a estas medidas por considerarlas inconstitucionales. Expusieron que ese tipo de medidas no contribuyen a solucionar el problema de los más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos f) Legisladores estatales promotores de las iniciativas señalaron que no buscan eliminar la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, misma que otorga la ciudadanía de manera automática a toda persona nacida en territorio estadounidense, sino que buscan interpretarla de tal forma que cada estado de la federación decida su aplicación Por todo ello, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo: Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de los migrantes indocumentados, así como a la aprobación de iniciativas que atenten en contra de los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y situación jurídica II. Los integrantes de esta Comisión coincidimos que esta medidas xenofóbicas desarrollas en los Estados Unidos son una franca violación de los derechos humanos de migrantes –independientemente de su condición migratoria y situación jurídica–, según se determina en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales aplicables III. Debe recordarse que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió luchar por una reforma al sistema inmigratorio, fortalecer la seguridad en la frontera y ofrecer una vía hacia la legalización de su situación a millones de inmigrantes ilegales; sin embargo, las circunstancias políticas han impedido concretar las reformas prometidas Sin duda, que el tema migratorio se ha convertido en un tema toral de las campañas estadounidenses, pero en algunos casos, los discursos y las acciones políticas tienden a radicalizarse de tal forma que se hostiga y se criminaliza la migración No debe soslayarse que los latinos son la minoría de crecimiento más rápido en ese país. La población hispana casi se triplicará, hasta 132,8 millones de personas en el 2050, cuando casi 1 de cada 3 residentes de Estados Unidos será de origen latino, según un estudio de la Oficina del Censo de Estados Unidos de 2008.1 IV. Por otra parte, es preciso señalar que la Sección 1 de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos de América dispone claramente que “Toda personanacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en el que resida.Ningún Estado aprobará o hará cumplir ley alguna que restrinja privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido procedimiento legal; ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la protección de las leyes en un plano de igualdad Históricamente, esta enmienda2 tuvo como propósito principal abolir la esclavitud; si bien, el primer paso se dio durante la Guerra de Secesión y la posterior firma de la Proclamación de Emancipación en 1863 a cargo del ex presidente Abraham Lincon, mediante la inclusión en la Constitución estadounidense de la Enmienda 14, se concluyó dicha segregación al anular la decisión judicial Ored Scott V. Sandford, que excluía a los esclavos de gozar todos los derechos y garantías constitucionales Además, el espíritu de la Enmienda 14 afirma la aceptación del criterio jurídico internacionalmente aceptado delius sanguinis o “derecho de sangre” y del poder exclusivo que tiene cada estado soberano para atribuir dicha calidad a las personas que se encuentren bajo este supuesto V. En este orden de ideas, esta dictaminadora está de acuerdo en emitir un pronunciamiento para expresar nuestra entera preocupación y total rechazo al inicio de una campaña legislativa en contra de hijos de migrantes indocumentados, independientemente de su condición migratoria y situación jurídica Lo anterior se debe a que dichas acciones fomentan el odio, discriminación, abuso y violencia, bajo un malentendido nacionalismo que poco logra detener los efectos y consecuencias del fenómeno migratorio. Los hechos han demostrado que la aplicación de un control agresivo del tránsito de personas, no han desincentivado que día a día se incrementen los flujos migratorios hacia la nación vecina Las relaciones bilaterales de nuestro país con Estados Unidos de América, a lo largo de los años han mantenido como marco los principios normativos de la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; igualdad soberana de los Estados; preservación de la paz y seguridad internacionales y fomento de las relaciones de amistad entre naciones. No obstante, México, y en especial el Congreso de la Unión, debe implementar acciones de carácter urgente para procurar la defensa y respeto de los derechos fundamentales de los mexicanos migrantes que residen en la nación americana Cabe recordar que ésta no es la primera ocasión en que los Legisladores mexicanos levantamos la voz a favor de esta causa; en dichos pronunciamientos se ha condenado el abuso, violencia y menoscabo de sus derechos. Así como, la falta de acuerdos para construir una reforma migratoria integral que atienda efectivamente las necesidades del fenómeno Por lo expuesto, los integrantes de la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– consideran que existen los elementos necesarios para someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación y total rechazo al reciente anuncio que llevó a cabo un grupo de legisladores estadounidenses sobre el inicio de una campaña legislativa en contra de los migrantes indocumentados, así como a la aprobación de iniciativas que atenten en contra de los derechos de los migrantes, independientemente de su condición migratoria y situación jurídica Notas: 1 http://www.amerícaeconomia.com/política- sociedad/mundo/estados-de-eeuu-planean- ofensivas-contra-inmigracion-ilegal 2 Propuesta el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868 Sala de comisiones, salón E del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011 La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Héctor Franco López, secretarios; senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz senador, diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senadora Claudia Sofía Corichi García, diputado Isaías González Cuevas, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), diputado Tereso Medina Ramírez (rúbrica), diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.» La Presidenta diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, señora secretaria. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de haberse registrado con anterioridad, tiene la palabra la diputada Magdalena Torres Abarca La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca:Gracias, diputada presidenta. Compañeros legisladores, yo no podía dejar pasar desapercibido en este tema, en el orden de ideas de esta dictaminadora, de acuerdo al emitir un pronunciamiento para expresar nuestra entera preocupación y total rechazo al inicio de una campaña legislativa en contra de hijos migrantes indocumentados, independientemente de su condición migratoria También quería comentar que legisladores de cuatro estados, Arizona, han manifestado, Texas –por decir algunos–, están uniendo esfuerzos para promover en sus respectivas asambleas o congresos, debatan y cancelen, en derecho de la ciudadanía, a los hijos de migrantes indocumentados Al mismo tiempo yo les pido el voto a favor, porque también quiero hablar de Chiapas. En Chiapas se han pasado leyes a favor para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas. Se han pasado leyes también para la prevención y sanción a la desaparición forzada de personas en el estado; leyes para la protección de víctimas del delito Se trata de realidades que nos duelen y nos lastiman, pues nos exhiben ante el mundo y ante nosotros mismos como una sociedad a la que le falta mucho por avanzar en el respeto a los derechos y a las garantías de las personas Tomo la palabra en esta tribuna como diputada federal, como les decía, por Chiapas, entidad federativa que por su extensa y porosa frontera es la puerta de entrada natural a México de los miles de nacionales, de países centroamericanos que salen de ellos buscando mejores alternativas de vida y de trabajo Es por ello también que el gobierno de Chiapas ha asumido desde el inicio de la actual administración el reto de hacer congruentes las ideas, las palabras y las acciones, para brindar atención a los migrantes, mejorar sus condiciones de seguridad y sobre todo otorgarles el trato humano y digno que merecen Durante estos cuatro años se ha pasado de un ejercicio de atención a casos críticos y emergentes a una auténtica, permanente y amplia política del Estado, basada en la construcción de un modelo único que se adapta a la dinámica de los flujos migratorios y que se desarrolla en cinco ejes en beneficio de los migrantes: salud, trabajo, educación, protección y el más importante seguridad y garantía de sus derechos humanos, fundamentalmente, en sus rutas de tránsito Como instrumentos institucionales, para actuar en congruencia, en Chiapas se ha establecido como instancias únicas en su género, en México, la fiscalía especializada en delitos cometidos en contra de migrantes y las mesas de seguridad estratégica en puntos de atención y tránsito de migrantes Estos mecanismos de atención a los migrantes, aunados a las actividades continuas de prevención del delito, permiten afirmar de manera contundente que Chiapas es un estado en el que se brindan seguridades a la población migrante, pero lo dicho en este preámbulo, para que los chiapanecos manifestemos nuestro más enérgico extrañamiento ante lo expresado, también Estoy denunciado en esta misma tribuna que pasé un punto de acuerdo, también, pero lo manifestado recientemente ante miembros de esta soberanía por Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien ha afirmado que de los 25 focos rojos en las rutas por las que habitualmente transitan los migrantes, 10 se encuentran en territorio chiapaneco Precisamente, los municipios anunciados por el señor Alcántara Soria son en donde se despliegan mayor cantidad de acciones en aras de asegurar la protección y el respeto a los derechos humanos de los migrantes En ellos, efectivamente, se ha identificado la comisión de delitos del fuero común, mismos que son combatidos con toda energía, pero no se tiene evidencia alguna de la presencia de crímenes organizados en perjuicio de la población Observamos con incomodidad, sorpresa y mucha molestia el sesgado, parcial e incompleto diagnóstico que formula el señor Alcántara Soria al asociar los mencionados focos rojos con organizaciones del crimen organizado. Claro, ejemplo de ello es el caso de los secuestros masivos de migrantes en rutas férreas, ninguno de los cuales ha tenido lugar en Chiapas Chiapas despliega un trabajo intenso y sin tregua, para que exista presencia permanente de autoridades en los municipios que constituyen la ruta del migrante, porque se ha formulado de manera significativa y eficiente la lucha contra la delincuencia Es Chiapas el único estado con rutas de migrantes en donde estos gozan de tránsito seguro, es por eso que también Chiapas ha tenido reconocimientos de Honduras, Guatemala, Salvador y Dinamarca, Departamento de Seguridad exterior de Estados Unidos, Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Conferencia Regional sobre Migración, Programa de las Naciones Unidas El propio presidente de la República ha manifestado de varias maneras y en repetidas ocasiones su reconocimiento y respaldo a las acciones que lleva acabo el gobierno de Chiapas, con clara vocación humanitaria a favor de.. Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señora diputada La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca:... los migrantes, al igual en su apoyo al gobierno y al pueblo de Chiapas Es por eso que soslayo aquí en esta tribuna y les quiero comentar que también pasé un punto de acuerdo sobre este tema y les pido el voto a favor del otro punto de acuerdo. Gracias El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señora diputada No habiendo más oradores para intervenir en este tema, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto PLATAFORMA CONTINENTAL La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Segunda Comisión–de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta soberanía sobre la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos el de Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta soberanía la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos en el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el de Estados Unidos de América, sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, presentada por el senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizamos el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, los miembros de esta segunda comisión que suscriben, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes Antecedentes I. El pasado 12 de enero de 2011, el senador Luis Maldonado Venegas, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Energía; así como a Pemex que informen a esta soberanía la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos en el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de América, sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que el citado punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes Consideraciones 1. El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al pleno de esta soberanía en los siguientes argumentos: a) El 9 de junio de 2000, en la ciudad de Washington, el presidente de México firmó un referéndum, el tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas con el gobierno de Estados Unidos de América b) Dicho tratado fue aprobado por la Cámara de Senadores el 28 de noviembre de 2000, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 2001, efectuándose el canje de instrumentos de ratificación previsto en el artículo IX del tratado en la Ciudad de México el 17 de enero de 2001, promulgándose el respectivo decreto presidencial el 13 de febrero de 2001 e) La parte medular del tratado indica que se establecerá una colaboración de ambas partes sobre la información que se obtenga de los posibles yacimientos transfronterizos, mediante reuniones periódicas con el fin de identificar, localizar y determinar ras características geológicas y geofísicas de dichos yacimientos d) Aparte de la cooperación y las consultas periódicas indicadas, en el artículo III se dejó establecido que los gobiernos de ambos países “no reclamarán ni ejercerán para ningún propósito derechos de soberanía o jurisdicción sobre el fondo marino y el subsuelo” e) Al propio tiempo, en el artículo IV, numeral 1, se dispuso que “en virtud de la posible existencia de yacimientos de petróleo o gas natural que pueden extenderse a través del límite establecido en el artículo 1, las partes, durante un periodo que terminará 10 años después de la entrada en vigor de este tratado, no autorizarán ni permitirán la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas (1.4) del límite establecido en el artículo I f) El 15 de enero de 2011 se cumplirá el término de 10 años establecido en el tratado y, de conformidad con su artículo V, inciso a), una parte deberá informar a la otra parte de sus decisiones para alquilar, otorgar licencias, dar concesiones o, en cualquier otra forma, poner a disposición partes del área para la exploración o explotación de petróleo o de gas natural; asimismo, informará a la otra parte cuando vaya a comenzar la producción de recursos petroleros o de gas natural Por todo ello, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo: Único. Se solicita a la Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Energía, así como a Petróleos Mexicanos, que informen a esta soberanía la decisión del gobierno mexicano respecto a los compromisos establecidos en el tratado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, y de Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas II. El antecedente que se relaciona con asunto en estudio, se remonta al tratado sobre límites marítimos del 4 de mayo de 1978 entre los países de México y los Estados Unidos, donde se estableció, en el océano Pacífico, la frontera marítima hasta la anchura de 200 millas marinas pero en el Golfo de México. Esta frontera se estableció en los tramos donde la zona económica exclusiva de México y la de Estados Unidos se hubieran empalmado por haber menos de 400 millas náuticas entre sus costas, pero no donde la anchura del Golfo de México que era mayor de 400 millas náuticas En este sentido, existen dos zonas cuyas aguas forman parte de alta mar pero cuya plataforma continental, conforme al derecho internacional, es susceptible de ser reivindicada por los estados ribereños Ahora bien, la convención de la plataforma continental de 1958, de la que ambos países forman parte, señala que la expresión plataforma continental designa “el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o más allá de este límite hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas”. Además, establece que el “Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental para los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales” Por otra parte, la Convención sobre el Derecho del Mar, dispone que los Estados ribereños pueden fijar el límite exterior de la plataforma continental donde quiera que el margen continental se extienda más allá de las 200 millas náuticas siempre y cuando no pase de las 350 millas náuticas Ahora bien, con base en estudios realizados tanto en México como en Estados Unidos, a través de investigaciones sísmicas marinas y de interpretaciones geológicas de las zonas, se ha concluido que todo el Golfo de México queda incluido dentro del concepto jurídico de margen continental.1 En este sentido, y de conformidad con los instrumentos multilaterales señalados, México y Estados Unidos estuvieron en posibilidad de reivindicar la plataforma continental de las zonas referidas. Dichas convenciones disponen que los Estados ribereños, cuyas costas están situadas frente a frente, deben de llegar a un acuerdo de delimitación de la plataforma continental. Es por ello, que México y Estados Unidos, iniciaron negociación para delimitar la zona occidental del Golfo de México Se negoció una vez que el Gobierno de Estados Unidos ratificó, en 1997 el Tratado de Límites Marítimos, firmado con México en 1978. La ratificación de ese tratado había sido exigida por México como una condición para celebrar negociaciones sobre la plataforma continental de la zona occidental. Lo que se negoció fue la repartición de una superficie total de 17 mil 190 kilómetros cuadrados, y que de acuerdo con estudios realizados por expertos petroleros, tanto de Estados Unidos como de México, es potencialmente rica en hidrocarburos En este sentido, en la negociación México logró que el 61.78 por ciento del polígono le perteneciera, mientras que Estados Unidos tendrá el 38.22 por ciento. De esta forma, nuestro país incrementó su territorio en 10.620 kilómetros cuadrados.2 En el proceso de la negociación del tratado en comento, las partes convinieron en que no habría licitaciones para otorgar concesiones de exploración y explotación en la zona en tanto no se concluyera y entrara en vigor el Tratado que se iba a negociar Por otro lado, el gobierno de México manifestó la importancia de preservar y asegurar el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona que correspondan al Estado mexicano; garantizar la igualdad jurídica de los Estados, respetar el derecho internacional y observar las normas de equidad y de reciprocidad. En el curso de la negociación, se reconoció el prestigio de nuestro país y el respeto que tiene a nivel internacional En ese entonces, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Energía promovieron junto con el Senado de la República el establecimiento de un grupo de contacto pluripartidista a fin de mantener un intercambio oportuno de información sobre el proceso de las negociaciones que iniciaron el 26 de marzo de 1998 y concluyeron el 28 de abril de 2000 Es de destacar que se hizo un estudio por la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con las autoridades estadounidenses, para verificar, con medios modernos de medición, la localización exacta de la zona y de esa manera pode trazar la frontera. Asimismo, Petróleos Mexicanos llevó a cabo un amplio estudio geológico para determinar las potencialidades en materia de hidrocarburos de la zona El estudio geológico determinó que la distribución petrolera es uniforme en toda la zona occidental y que era muy probable la existencia de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. En tal virtud, se aceptó delimitar la zona y negociar previsiones para el tratamiento bilateral de los posibles recursos transfronterizos En particular, el Tratado fue suscrito por las partes deseando establecer, conforme al derecho internacional, el límite de la plataforma continental entre ambos países, en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial; y tomando en cuenta la posibilidad de que podrían existir yacimientos de petróleo o de gas natural que se extiendan a través del límite de la plataforma continental, y que en tales circunstancias, es necesaria la cooperación y las consultas periódicas entre las partes con el fin de proteger sus respectivos intereses III. El artículo I del tratado en comento establece el límite de la plataforma continental entre ambos países determinado mediante líneas geodésicas que conectan coordinadas específicamente establecidas en el texto del instrumento bilateral Es importante señalar que México, al norte del límite de la plataforma continental establecido en el artículo I, y Estados Unidos de América, al sur de dicho límite, no reclamarán ni ejercerán para ningún propósito derechos de soberanía o jurisdicción sobre el fondo marino y el subsuelo Es de destacar que el artículo IV del tratado en comento señala que en virtud de la posible existencia de yacimientos de petróleo o gas natural que pueden extenderse a través del límite establecido en el artículo I, las partes durante un periodo que terminará 10 años después de la entrada en vigor de este tratado, no autorizarán no permitirán la perforación o la explotación petrolero o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas del límite establecido en el artículo I Los integrantes de esta segunda comisión consideran oportuno destacar que, con la suscripción del tratado, se dio certidumbre a la frontera, lo que ha sido histórica y políticamente de la mayor importancia parar México, y se incorporan, por primera vez, los recursos transfronterizos del subsuelo en un tratado de límites celebrado con Estados Unidos. Hay que resaltar que con la negociación del tratado se evitó que Estados Unidos llevara a cabo la licitación unilateral de este polígono del Golfo de México Por todo lo anterior, esta comisión reconoce la importancia estratégica de dicho Tratado para México, toda vez que dicho tratado fue prorrogado por tres años más, de conformidad con el anuncio que hicieron las cancillerías de ambos países el día 23 de junio de 2010. Hay que recordar que este tratado fue aprobado en el Senado de la República el 28 de noviembre de 2000; su publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el 16 de enero de 2001 y su entrada en vigor corresponde al 17 de enero de 2001. Luego entonces, resulta procedente que el Congreso de la Unión cuente con la información relacionada con la aplicación del tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas con el gobierno de Estados Unidos de América Por lo expuesto, los integrantes de la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– consideran que existen los elementos necesarios para someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita un informe, en un plazo no mayor a ocho días naturales, con relación a la prórroga del gobierno mexicano respecto al tratado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de Estados Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas, así como los compromisos que de ello derivan Notas: I http://transparencia.senado.gob.mx/historico_respuestas/content/2006/9-Septiembre/Hoyos_donas_A.pdf 2 Ibídem Sala de comisiones, salón E del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011 La Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Héctor Franco López, secretarios; senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senadora Claudia Sofía Corichi García, diputado Isaías González Cuevas, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), diputado Tereso Medina Ramírez (rúbrica), diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora secretaria. No hay oradores inscritos en este punto. Se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Dictamen de la Segunda Comisión–de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sedesol a realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la traducción y difusión de programas sociales en los idiomas autóctonos en el país Honorable Asamblea: A la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, le fue turnada una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la traducción y difusión de programas sociales en los idiomas autóctonos en nuestro país presentada por los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Renán Cleomino Zoreda Novelo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizamos el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen, Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, los miembros de esta segunda comisión que suscriben someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes: Antecedentes I. El 12 de enero de 2011, los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Renán Cleominio Zoreda Novelo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo, la cual se menciona en el proemio II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que el citado punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: Consideraciones I. El autor de la proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicita al pleno de esta soberanía en los siguientes argumentos: a) En México, el nivel de pobreza y marginación es muy preocupante y en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante b) En la actualidad, 50.6 millones de mexicanos no cuentan con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas como son la salud, vivienda, educación, vestido y transporte. Y peor aún, 19.5 millones de mexicanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos c) Esta situación se acentúa en [as comunidades aisladas y de población indígena d) La población indígena en México representa cuando menos el 10 por ciento del total del país y alrededor de 80 por ciento está concentrada en los estados del centro-sur-sureste e) El 65 por ciento de los hablantes de lengua indígena se ubican en localidades menores de 2 mil 500 habitantes, situación que acentúa en este sector de la población las condiciones de marginación y pobreza f) La esperanza de vida de la población indígena es de 69 años, en comparación con el resto de la población que es de 76; el 25 por ciento de la población indígena ocupada no recibe ingresos y el 56 por ciento gana menos de dos salarios mínimos g) La población indígena además muestra los menores índices de desarrollo humano: uno de cada cuatro adultos indígenas no sabe leer ni escribir, casi tres veces más que el resto de la población. Asimismo, sólo el 20 por ciento de los indígenas están afiliados al Seguro Popular h) Es indispensable tomar acciones contundentes que permitan incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país, con pleno respeto a su libre determinación y autonomía, a sus tradiciones históricas, favoreciendo el desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición i) Es imprescindible que las comunidades indígenas tengan acceso a la información necesaria sobre los programas sociales y los apoyos que puedan obtener en su propia lengua j) Existen algunos ejercicios exitosos. Por ejemplo, en la Secretaría de la Reforma Agraria difundió en 23 lenguas indígenas las bases y beneficios de los proyectos productivos impulsados por esta dependencia k) Dicho esfuerzo debe extenderse a los principales programas sociales manejados por la Secretaría de Desa-rrollo Social, con el objetivo de que los pueblos y comunidades indígenas conozcan como pueden acceder a los programas, los montos de apoyo que existen, así tener acceso a la información sobre sus derechos y obligaciones en su propia lengua Por todo ello, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo: Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la traducción y difusión en lenguas indígenas relativa a los programas sociales, a fin de que las comunidades indígenas más apartadas puedan tener mayor información sobre los mismos en su propia lengua II. Esta dictaminadora es conocedora de las diversas acciones realizadas por la administración pública federal y los gobiernos estatales para traducir los programas sociales a las lenguas indígenas que se hablan en todo el país. Es así que el Programa de Revitalización, Fortalecimiento y De-sarrollo de Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012 planeta como uno de sus objetivos “dar un enfoque del multilingüismo, complementado con el enfoque intercultural, orientado a incentivar el uso de las lenguas nacionales en todas sus formas y ámbitos, con el fin de reconocer, valorar y fortalecer la realidad multicultural y multilingüe del país” Asimismo, como afirman los legisladores promoventes, la Secretaría de la Reforma Agraria ha traducido principalmente los programas Mujer en el Sector Agrario y el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, a 23 lenguas indígenas, divulgándose su contenido en ch’ol, chontal, maya; totonaco, tzotzil, tseltal, chatino, mazateco, mixe, mixteco, zapoteco, mexicano y sus variantes No obstante los avances que dichas acciones representan, el esfuerzo aun resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la población indígena. Si bien es cierto que existen un número considerable de programas sociales dirigidos específica mente a la población indígena, de poco sirven si los beneficiarios no tienen acceso a la información de manera integral, es decir, comprendiendo el derecho que tiene a éstos, su cobertura, requisitos y demás aspectos necesarios para recibir el apoyo Según las fracciones II y III del apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la federación, los estados y municipios tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural (...), así como asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la cobertura del sistema nacional No olvidemos las disposiciones aplicables de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas que reconocen la obligación de los poderes públicos (...) para publicar todas las leyes y otras disposiciones de carácter general en estas lenguas, y disponer de formularios, impresos y modelos en forma de papel, informática o cualquier otra en las lenguas territoriales, ofreciéndolos al públicos en los servicios que afecten los territorios donde es propia la lengua respectiva A su vez la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas dispone, en el artículo 13, que corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno difundir en las lenguas nacionales de los beneficiarios, el contenido de los programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas Por tanto, es indispensable realizar el exhorto correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que a la brevedad se cumpla con lo establecido en la normatividad aplicable y con ello, se brinde certeza jurídica sobre el efectivo ejercicio del derecho a la información que tienen las personas y comunidades indígenas En razón de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno, el siguiente: Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la traducción y difusión de programas sociales en los idiomas autóctonos en nuestro país, a fin de que las comunidades puedan tener acceso a la información sobre estos en su propia lengua Sala de comisiones, salón E del edificio G de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2011 La Segunda Comisión –de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), presidente; senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Héctor Franco López, secretarios; senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz, diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senadora Claudia Sofía Corichi García, diputado Isaías González Cuevas, diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), diputado Tereso Medina Ramírez (rúbrica), diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto Vamos a terminar esta parte de los dictámenes de las Tercera y Segunda Comisiones. Los votamos y pasamos a los de la Primera Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados. Diputado Martel El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Perdón. Nada más para no perder el sentido de la votación del dictamen, que se le dio tiempo a la comisión para que de común acuerdo hiciera una redacción. Si tuviesen la amabilidad de volver a leerlo, porque nos quedó una duda en cuanto a lo que se acordó y lo que fue leído por la Secretaría El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿El de Costa Azul? El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Sí, señor El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Nada más que ése ya se votó El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): ¿Pudiera precisarnos una verificación de la lectura, de cómo quedó con la corrección? El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Muchas gracias El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sea tan amable la Secretaría de leer el punto de acuerdo votado sobre el tema de la Regasificadora Costa Azul, en los términos de la modificación propuesta por la comisión REGASIFICADORA ENERGIA COSTA AZUL La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Punto de acuerdo Primero. En relación con los resolutivos segundo, quinto, noveno, décimo y undecimo del punto de acuerdo, suscrito por el senador Jorge Legorreta Ordorica, relativo a la Regasificadora de energía Costa Azul, los informes y/o estudios que elabora el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales relacionados con dichos resolutivos deberán ser enviados a la Cámara de Diputados y Senadores, de conformidad a lo acordado durante la comparecencia de dicho funcionario, celebrada el 20 de enero de 2011 Segundo. Remítase copia del presente expediente al presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, para su conocimiento, y para que en el ámbito de su competencia investigue si las actividades de la empresa Regasificadora Costa Azul constituyen un monopolio en la distribución del gas en el estado de Baja California Tercero. Remítase copia del presente expediente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de su competencia revise los aspectos relativos a la obra denominada Boulevard 2000, ubicada en Ensenada y municipios vecinos del estado de Baja California, desde las licitaciones de obra y estimaciones hasta la entrega y recepción de la misma. Así como para que determine con precisión el importe de los recursos federales Cuarto. Remítase copia del presente expediente a la Auditoría Superior, al Congreso del estado y al titular del Poder Judicial, todos del estado de Baja California, a fin de que realicen las investigaciones y acciones que consideren pertinentes en el ámbito de sus competencias Quinto. Remítase copia del presente expediente al ayuntamiento del municipio de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus atribuciones revisen los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la empresa Energía Costa Azul, para el funcionamiento de la terminal de gas natural licuado Sexto. Remítase copia del presente punto de acuerdo a las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Senadores y de Diputados, para su conocimiento y efectos El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muy bien. En esos términos ya fue votado el punto de acuerdo. Nada más que ya no pueden agregarle nada porque ya se votó Muchas gracias, señora secretaria. Ponga a votación los puntos de acuerdo anteriormente reservados para ser votados en conjunto La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:En votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados. Las legisladores y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Mayoría por la afirmativa, señor presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense ORDEN DEL DIA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La Presidencia recibió de la Primera Comisión tres dictámenes que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas de México, y para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros; así como también 14 dictámenes con puntos de acuerdo Consulta la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día para que sean incluidos y tramitados en esta sesión La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las legisladores y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Mayoría por la afirmativa, presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora secretaria. Queda modificado el orden del día y se autoriza la inclusión de los puntos de acuerdo PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de tres dictámenes con proyecto de decreto, de la Primera Comisión, que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte si se les dispensa la lectura La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las legisladores y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, mayoría por la afirmativa «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente Honorable Asamblea: La Primera Comisión de la Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60; 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente dictamen Antecedentes En sesión celebrada, el 19 de enero del año en curso, por la Comisión Permanente, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario, para que los ciudadanos Maribel Bojorges Beltrán, Rafael Alejandro Miranda Nava, Federico Alderete Mora, Gabriela Amador Vázquez, Ismael Beltrán Aldana, Alejandro Meléndez Hernández, Juan Carlos Martínez Cisneros y Miguel Francisco Robles Guerrero, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados de Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo Consideraciones De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron .su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento La Primera Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 constitucional, y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Maribel Bojorges Beltrán para prestar servicios como Investigadora (ATF), en la Embajada de Estados Unidos de América, en México Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Rafael Alejandro Miranda Nava para prestar servicios como coordinador especialista de programas, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Federico Alderete Mora para prestar servicios como mecánico plomero, en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Amador Vázquez para prestar servicios como asistente de oficina, en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Ismael Beltrán Aldana, para prestar servicios como coordinador de Seguridad Residencial, en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Miguel Francisco Robles Guerrero para prestar servicios como ingeniero electromecánico, en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Meléndez Hernández para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado de Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Martínez Cisneros, para prestar servicios como auxiliar administrativo y chofer, en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de enero de 2011 Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica). Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente Honorable Asamblea: La Primera Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen: Antecedentes En sesión celebrada el 19 de enero del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Paula Astorga Riestra y Arturo Ramón Bosco Romero puedan aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, y la Medalla de la Armada Argentina al Mérito, que les otorgan los gobiernos de las Repúblicas Francesa y Argentina, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión, para dictamen, el expediente relativo Consideraciones De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron la nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento. La solicitud no implica la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía La comisión considera cumplidos los requisitos legales para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del Apartado C del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Paula Astorga Riestra para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Arturo Ramón Bosco Romero para aceptar y usar la Medalla de la Armada Argentina al Mérito, que le otorga el gobierno de la República Argentina Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión, diputados:Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica). Senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, José Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Jorge Castro Trenti, Marco Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente Honorable Asamblea: La Primera Comisión de trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen: Antecedentes En sesión celebrada el 19 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ingrid Rangel Rivera, Mariana Butrón Solórzano y Carlos Pereyra Macías puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de los Estados Unidos de América, de Dinamarca y de Japón en México, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo Consideraciones De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento La Primera Comisión de trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Ingrid Rangel Rivera para prestar servicios como agente de compras en la Embajada de Estados Unidos de América en México Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Butrón Solórzano para prestar servicios como recepcionista/asistente en la Embajada de Dinamarca en México Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Pereyra Macías para prestar servicios como asistente del Departamento Político en la Embajada del Japón en México Sala comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, senador José Alejandro Zapata Perogordo, diputado Arturo García Portillo, diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica),diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), senador Fernando Jorge Castro Trenti, senador Marco Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), diputada Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), senador René Arce Círigo (rúbrica), diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, quedan de primera lectura. Consulte la Secretaría si se les dispensa la segunda lectura, y en virtud de que están publicadas en la Gaceta Parlamentaria, se ponen a discusión y votación de inmediato La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato. Las legisladores y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se dispensa la lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría dar lectura a los proyectos de decreto, en este caso, a los encabezados del proyecto. No es necesario que sean todos los nombres leídos. Adelante La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: Proyecto de decreto para que los ciudadanos enlistados en la Gaceta Parlamentaria puedan prestar servicios en las embajadas de Estados Unidos de América, de Dinamarca y de Japón en México, respectivamente Proyecto de decreto para que los ciudadanos enlistados en la Gaceta Parlamentaria puedan prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América y en sus consulados en Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Matamoros, Tamaulipas, respectivamente Proyecto de decreto para que el ciudadano Arturo Ramón Bosco Romero pueda aceptar y usar la medalla de la Armada Argentina al mérito que le otorga el gobierno de la República de Argentina El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Están a discusión los dictámenes en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado ningún artículo, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto en un solo acto La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior La diputada Esthela Damián Peralta:Por la afirmativa La senadora Minerva Hernández Ramos(desde la curul): Por la afirmativa El diputado Francisco Javier Orduño Valdez(desde la curul): Afirmativa La diputada Paz Gutiérrez Cortina(desde la curul): Afirmativa El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez(desde la curul): Por la afirmativa El senador Javier Orozco Gómez(desde la curul): Por la afirmativa La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca(desde la curul): Por la afirmativa La diputada María Araceli Vázquez Camacho(desde la curul): Por la afirmativa El diputado Héctor Guevara Ramírez(desde la curul): Por la afirmativa El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Sí El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Sí El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga(desde la curul): A favor El diputado Tereso Medina Ramírez(desde la curul): A favor El senador Rubén Fernando Velázquez López(desde la curul): A favor El senador Héctor Pérez Plazola(desde la curul): Sí El senador Jesús Dueñas Llerenas(desde la curul): A favor El senador Sebastián Calderón Centeno(desde la curul): A favor El diputado Cruz López Aguilar(desde la curul):  A favor La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente(desde la curul): Sí El senador René Arce(desde la curul):  Por la afirmativa La diputada Paula Angélica Hernández Olmos(desde la curul): Sí El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): A favor La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez(desde la curul): Sí El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): A favor La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: ¿Falta algún legislador de emitir su voto? Señor presidente, se emitieron 23 votos en pro y 0 en contra El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto,quedan aprobados en lo general y en lo particular por 23 votos los proyectos de decreto. Pasan al ejecutivo para sus efectos constitucionales PERSONAS CONTRA LA DESAPARICION FORZADA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día son los dictámenes a discusión con punto de acuerdo En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda autorizado. Sólo se leerán los resolutivos de los puntos de acuerdo En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo de la Primera Comisión La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de la Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconocer la competencia del Comité de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la postulación de un experto, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del PRD Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a consideraciones contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan: “Consideraciones En virtud de la accesión de Irak a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ésta entró en vigor el pasado 23 de noviembre de 2010 Dicho instrumento internacional establece en su artículo 26 la constitución de un comité integrado por diez expertos de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos e independientes, que ejercerán sus funciones a título personal, los cuales serán propuestos y elegidos por los Estados parte en votación secreta de una lista de candidatos Cabe señalar que hasta el momento, de los 21 países que son partes en la Convención, solamente 3 de América latina (Argentina, Chile y Uruguay) han reconocido la competencia de dicho comité. México es uno de estos países que no han reconocido la competencia del comité Sin embargo, dado el historial de desapariciones forzadas en nuestro país durante el periodo denominado de la guerra sucia, y las que se vienen dando a raíz de la lucha en contra del crimen organizado, es necesario que Estado mexicano participe activamente en dicho proceso, mediante la propuesta y postulación de un experto mexicano, que sea el resultado de un proceso transparente, en el que se invite a los organismos defensores de los derechos humanos a que propongan a los candidatos o candidatas que, en su opinión, resulten idóneos para ocupar dichos cargos, en atención a criterios de conocimientos, honorabilidad, experiencia y compromiso Por lo expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los términos del artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, reconozca la competencia del comité que establece dicho instrumento internacional y al hacerlo participe con la postulación de un experto mexicano, previa opinión y consulta de los organismos defensores de los derechos humanos.” II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora analizaron la propuesta y argumentos de la autora de la proposición que se dictamina, y reconocen la importancia de los Derechos Humanos, desde su creación institucional y normativa, a partir del año 1945 con la carta de San Francisco, en la que se incluyen principios y valores universales de respeto a todos los derechos y libertades del ser humano, para acceder a una vida de calidad, donde impere la justicia, la igualdad, el respeto,  la paz y con ello el desarrollo de un Estado democrático Por ello, la comisión dictaminadora coincide en que el Estado mexicano debe respetar y difundir los Derechos Humanos mediante mecanismos institucionales y con plena sujeción a las leyes nacionales, y documentos internacionales que sean ratificados y aprobados por las instituciones del poder público que corresponden En este sentido, la comisión dictaminadora señala que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, es un instrumento de protección y difusión de derechos humanos, que siguió el debido proceso interno para que formara parte del orden jurídico mexicano, fue suscrita el 6 de febrero de 2007 y siendo el 18 de marzo de 2008 cuando México ratifica y aprueba la adhesión a la Convención Que la Comisión Dictaminadora considera los artículos constitucionales que son fundamento para ratificar y aprobar instrumentos internacionales, como los siguientes: Artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;” Artículo 133 Constitucional, que a la letra dice: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.” El artículo 76 constitucional, fracción I párrafo segundo que señala: I. .. Además,aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;” De tal forma que los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República, con aprobación del Senado, son la ley suprema de toda la Unión La comisión dictaminadora toma en cuenta que como lo señala la proponente, la convención en su artículo 26, que a la letra señala que: “Artículo 26 1. Para la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, se constituirá un Comité contra la Desaparición Forzada (denominado en lo sucesivo “el comité”) integrado por diez expertos de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercerán sus funciones a título personal y actuarán con total imparcialidad. Los miembros del comité serán elegidos por los Estados parte, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa. Se tendrá en cuenta el interés que representa la participación en los trabajos del comité de personas que tengan experiencia jurídica pertinente y de una representación equilibrada de los géneros” Asimismo, la Convención en su artículo 31 establece lo siguiente: “Artículo 31 1. Cada Estado parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado parte de las disposiciones de la presente Convención. El comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración” De lo anterior, se desprende que las disposiciones de la Convención se aplicarán a través del Comité contra la De-saparición Forzada y que éste deberá ser reconocido mediante una declaración de ratificación del Estado parte de la Convención En razón a lo anterior, el Estado mexicano, al momento de ratificar la Convención, se abstuvo de ratificar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada y hasta el día de hoy, no lo ha hecho Esta comisión dictaminadora, toma en cuenta que México ha reconocido la competencia de todos los órganos convencionales de vigilancia de los tratados sobre derechos humanos de los que es parte, por lo que no vemos motivo alguno por el que éste no sea ratificado La comisión dictaminadora concluye que los instrumentos internacionales de derechos humanos forman parte de la legislación mexicana, y que las convenciones al tener una naturaleza jurídica vinculante, el Gobierno mexicano debe reconocer en su totalidad las disposiciones que las mismas establecen, así como los órganos competentes para llevar a cabo la aplicación de sus disposiciones En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera procedente y pertinente exhortar al titular del Ejecutivo federal, para que pondere la posibilidad de hacer la declaratoria de reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Convención para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión, –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que pondere la posibilidad de hacer la declaratoria de reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Convención para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo, y como nadie se inscribió, por tanto, está suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que refuerce las medidas y lineamientos de seguridad en la red aeroportuaria nacional Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la SCT, de la Sedena y de la SSP para que tomen el control de la seguridad interna en las instalaciones del AICM, y organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria nacional, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. En su exposición de motivos la autora de la proposición que se dictamina, refiere que el pasado 7 de diciembre, la Policía Nacional de España decomisó 140 kilos de cocaína contenida en el equipaje de tres sobrecargos de Aeroméxico en el aeropuerto de Barajas en Madrid; que el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes declaró “los aeropuertos pudieran estar convirtiéndose en una puerta abierta al tráfico de drogas, y que el hecho de la introducción de drogas por parte de empleados de Aeroméxico se debió a actos de complicidad humana” Señala la proponente que al realizarse las primeras investigaciones sobre lo ocurridos el pasado 6 de diciembre en el aeropuerto de la Ciudad de México, se encontró que varios empleados de la empresa encargada de la seguridad en las instalaciones del aeropuerto estaban involucrados; uno de ellos declaró que al menos cinco compañeros suyos recibieron un soborno de 10 mil pesos. De ahí señala que existe una inadecuada decisión de contratar a una empresa privada de seguridad, ya que bajo este esquema no se garantiza una vigilancia estricta en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México como punto nodal de la seguridad en el combate al narcotráfico Continúa señalando que según información de algunos diarios nacionales publicada el pasado 6 de enero, la Procuraduría General de la República dio a conocer que la red delictiva encargada de introducir cocaína a España en complicidad con personal de Aeroméxico, se denomina “Cártel de Galis”, y estaría integrada por personal de seguridad de la empresa Eulen, pilotos, sobrecargos, algunas personas responsables de asignar vuelos y agentes de la policía federal. Asimismo, sostiene que esta estructura delictiva tenía operando aproximadamente tres años desde la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México; señala que es muy probable haya más personal de las áreas administrativas, de aduanas o de migración en el aeropuerto, que pudieran estar coludidos o, incluso, presionados por bandas del narcotráfico Por ello, y debido a la magnitud de los graves hechos ocurridos en la periferia del aeropuerto y el que tiene que ver con bandas bien organizadas dentro de sus instalaciones, considera la proponente que resulta irresponsable dejar la vigilancia del aeropuerto en manos de empresas de seguridad privada, ya que éstas no cuentan con la infraestructura y la capacidad organizativa y operativa como ocurre con las corporaciones policiacas encargadas de la seguridad pública Propone que todo aquel personal que labora en áreas estratégicas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pase por un Centro de Control de Confianza con base a las políticas y medidas que decida la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que pueda servir como una instancia para certificar a dicho personal en la realización de sus labores cotidianas y como un requisito para ser contratados por los concesionarios que operan en dicha terminal aérea, haciéndose extensivo de manera paulatina a aquellos aeropuertos con vuelos internacionales que así lo requieran, por lo que formula el siguiente: “Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública, a tomar el control de la seguridad interna en las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria en la República Mexicana, en virtud de tratarse de un tema de seguridad nacional Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública, se implanten las acciones necesarias para que todo aquel empleado que trabaja en aéreas estratégicas y de seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pase por un centro de control de confianza con base a las políticas y medidas que decidan las autoridades encargadas de la seguridad pública, con el objeto de que pueda servir como una instancia para certificar a dicho personal en la realización de sus labores cotidianas y como un requisito para ser contratados por los concesionarios que operan en dicha terminal aérea, haciéndose extensivo de manera paulatina a aquellos aeropuertos con vuelos internacionales que así lo requieran II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden sustancialmente con los planteamientos de la autora de la Proposición, en razón de que es necesario contar con mayores y mejores controles de seguridad en los aeropuertos mexicanos y en particular en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya que la seguridad nacional no puede verse vulnerada por la presencia de bandas de narcotráfico, ladrones y secuestradores operando en el interior y los alrededores de los complejos aeroportuarios Los integrantes de la comisión dictaminadora consideran que la seguridad en los aeropuertos debe ser diseñada a partir de una mejor estrategia de coordinación en sus instalaciones tomando en cuenta aspectos de seguridad nacional, para ello, es fundamental que el operador del aeropuerto y que los concesionarios de los diversos servicios que se brindan en las terminales aéreas, mantengan una coordinación permanente en la contratación de personal y en la administración del inmueble Con fundamento en el artículo 32, fracciones I, IV y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la autoridad competente para regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales. Se reproducen las disposiciones citadas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: “Artículo 36. A laSecretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; .. IV.Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales; V.Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación; ...” Asimismo, esta comisión dictaminadora considera conveniente invocar y reproducir las disposiciones normativas aplicables en materia de servicios aeroportuarios. Por lo que hace a la Ley de Aeropuertos: Artículo 3. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles. .. Artículo 6. La secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal: .. III. Otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación; VI. Establecer las normas básicas de seguridad en los aeródromos civiles; Artículo 25. El título de concesión o permiso, según sea el caso, deberá contener, entre otros: VI. Las condiciones de seguridad del aeródromo civil; Capítulo IXDe la seguridad Artículo 71. La vigilancia interna en los aeródromos civiles será responsabilidad del concesionario o permisionario y se prestará conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia y a los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría, la cual podrá contar con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en los mismos se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de las aeronaves, pasajeros, carga, correo, instalaciones y equipo Artículo72. Los concesionarios y permisionarios deberán poner en práctica programas de emergencia y contingencia, colaborar en los dispositivos de seguridad en las operaciones aeroportuarias, y mantener los equipos de rescate y extinción de incendios en óptimas condiciones de operación. Asimismo, deberán hacer del conocimiento de la autoridad aeroportuaria cualquier situación técnica y operativa, relevante o emergente, en materia de seguridad Artículo 73. A nivel nacional deberá existir un comité de seguridad aeroportuaria integrado de conformidad con el reglamento respectivo, que será el encargado de emitir el programa nacional de seguridad aeroportuaria conforme a los lineamientos que señale la secretaría En los aeropuertos deberán funcionar comités locales de seguridad, presididos por un representante de la secretaría, que emitirán los programas de seguridad correspondientes, previa opinión del comité de seguridad aeroportuaria. Estos deberán autorizarse por la secretaría para su entrada en vigor En razón de lo anterior, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue concesionado para su administración y operación a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, desde 1965, mediante el decreto por el que se modifica el similar que creó al organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que a la letra dice: Artículo 1. Aeropuertos y Servicios Auxiliares es un organismo descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios Artículo2. Aeropuertos y Servicios Auxiliares tendrá por objeto: .. II.Prestarservicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, necesarios para la explotación de aeropuertos,por sí o por conducto de terceras personas, así como cualquier otra actividad que sea inherente a los servicios que preste y que directamente beneficie a los mismos; atendiendo siempre de manera prioritaria a su objeto principal de prestar un servicio público; Ahora bien, en el título de concesión, de fecha 1 de junio de 2004, se establece lo siguiente: .. 2. Objeto de la concesión. El presente título tiene por objeto otorgar al concesionario: .. 14. Seguridad. Para la seguridad y condiciones de seguridad del aeropuerto, el concesionario se sujetará a las reglas que establece la ley en su Capítulo IX Capítulo VIIOperación y Seguridad 7.5. Seguridad. La vigilancia interna del aeropuerto será responsabilidad del concesionario y se prestará conforme a las disposiciones legales aplicables El aeropuerto debe contar con un Comité Local de Seguridad y un Programa Local de Seguridad que contemple las medidas y programas respectivos conforme a la legislación aplicable. Dicho programa será emitido por el citado comité En razón de lo expuesto y de los preceptos legales citados, la comisión dictaminadora no considera procedente exhortar al titular del Ejecutivo federal para que instruya a los secretarios de Defensa Nacional, y de Seguridad Pública a tomar el control de la seguridad interna en las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como organizar una estrategia integral de seguridad en la red aeroportuaria en la República Mexicana, en virtud de tratarse de un tema de seguridad nacional, como lo solicita la proponente, toda vez que la propia ley y concesión establece y faculta a quien estará a cargo de la seguridad interior de los aeropuertos, así como los supuestos por los que las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad “en situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional” Sin embargo, la comisión dictaminadora si considera procedente y oportuno exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como autoridad aeroportuaria, y la facultada para establecer las normas básicas y condiciones de seguridad en los aeropuertos de conformidad con las normas aplicables y ya citadas, a que lleve a cabo una estrategia integral para reforzar las medidas y lineamientos establecidos, y en su caso, implemente las acciones necesarias para que los empleados que trabajen en áreas estratégicas y de seguridad en los aeropuertos, cumplan con las bases mínimas de regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno el siguiente: Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de los poderes exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como autoridad aeroportuaria, lleve a cabo una estrategia integral para reforzar las medidas y lineamientos establecidos, y en su caso, implemente las acciones necesarias para que los empleados que trabajen en áreas estratégicas y de seguridad en los aeropuertos, cumplan con las bases mínimas de regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Islas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En virtud de que nadie se inscribió para hablar de este punto de acuerdo, está suficientemente discutido y por tanto, se turna para ser votado económicamente en conjunto COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que solicita un informe al titular de la Secretaría de Marina relativo a las recomendaciones 72/2010 y 83/2010 emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, relativo a las recomendaciones números 72/2010 y 83/2010, emitidas en diciembre de 2010 por la CNDH, a cargo de la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Consideraciones contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan “Consideraciones Durante el año 2010, la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) recibió 198 quejas en contra de servidores públicos de la Secretaría de Marina, principalmente por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida La CNDH dirigió a la Secretaría de Marina seis recomendaciones, cifra que supera las dirigidas a esa autoridad del año 2006 al 2009, lo que muestra que el personal de esa dependencia ha multiplicado exponencialmente el número casos en que ha incurrido en hechos violatorios a derechos humanos De las recomendaciones emitidas en el año 2010, la Secretaría de Marina únicamente ha aceptado dos, quedando pendiente una de contestar En la recomendación 72/2010, la CNDH observó que la noche del 16 de diciembre de 2009, elementos de la Secretaría de Marina dispararon sus armas de fuego en la colonia Del Empleado, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y varios proyectiles alcanzaron la camioneta en que viajaba una persona, quien falleció a causa de las lesiones provocadas Por lo que respecta a la recomendación 83/2010, menciona que la madrugada del 11 de diciembre de 2009, servidores públicos de la Secretaría de Marina realizaron disparos de arma de fuego en contra del vehículo que conducía una mujer que salía de su domicilio en el fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, Morelos, quien perdió la vida en ese lugar En ambos casos, la CNDH concluyó que los elementos de la Secretaría de Marina “incurrieron en uso arbitrario de la fuerza pública y vulneraron en perjuicio de los agraviados los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica” En ambos casos ha quedado demostrado que las fuerzas armadas no respetan las garantías individuales, y que la legislación en materia de procuración de justicia militar es un obstáculo para alcanzar la verdad material e histórica, y el obvio castigo a los responsables Cuenta de ello son las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en tres ocasiones ha solicitado a México se modifique el fuero militar, dejando en claro que los delitos cometidos por militares sean enfrentados en tribunales civiles La negación explícita de la Secretaría de Marina Armada de México, de recibir dichas recomendaciones deja en claro su nulo compromiso con la protección de los derechos humanos, y su sujeción al sistema autoritario del uso de la fuerza con la población civil Es por ello que sometemos a la consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, a que dentro de sus facultades constitucionales acepte y acate las recomendaciones 72/2010 y 83/2010 emitidas por la CNDH II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron la propuesta y argumentos de la autora de la proposición que se dictamina, y ven con simpatía y solidaridad la intención de la proponente de fomentar el respeto a los derechos humanos y a los organismos de protección de los mismos, por lo que toman en consideración lo establecido en el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice Artículo 102 B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas .. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios...” Que en efecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió las recomendaciones 72/2010 y 83/2010, dirigidas a la Secretaría de Marina, sobre el caso de privación de la vida en agravio, en Cuernavaca, Morelos y sobre el caso de privación de la vida en agravio en el fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, Morelos, respectivamente En su análisis lógico jurídico, el organismo advierte que en la recomendación 72/2010, la CNDH observó que la noche del 16 de diciembre de 2009 elementos de la Secretaría de Marina dispararon sus armas de fuego en la colonia Del Empleado, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y varios proyectiles alcanzaron la camioneta en que viajaba una persona, quien falleció a causa de las lesiones provocadas Por lo que respecta a la recomendación 83/2010, este organismo nacional observó que la madrugada del 11 de diciembre de 2009 servidores públicos de la Secretaría de Marina realizaron disparos de arma de fuego en contra del vehículo que conducía una mujer que salía de su domicilio en el fraccionamiento Los Limoneros en Cuernavaca, Morelos, quien perdió la vida en ese lugar Concluye la CNDH que se trata de dos asuntos en los que personal de esa dependencia incurrió en uso arbitrario de la fuerza pública al disparar sus armas de fuego en contra de vehículos civiles, cuyos conductores perdieron la vida a causa de las lesiones provocadas por los proyectiles que los impactaron y vulneraron en perjuicio de los agraviados los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica Por lo anterior, la CNDH solicitó a la Secretaría de Marina se tomaran las medidas necesarias para reparar los daños, indemnizar a los familiares de las víctimas y proporcionarles apoyo médico, psicológico y de rehabilitación y que se colaborara en la presentación y trámite de la queja y denuncia de hechos que este organismo nacional promoverá ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de la Marina, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia Militar, a fin de que los hechos no queden impunes Asimismo, exhortó a esa dependencia a proporcionar a la CNDH informes completos y precisos, a efecto de que cuente con evidencias que permitan conocer la verdad histórica y jurídica de los hechos, ya que durante la integración de los expedientes, esa secretaría omitió responder de manera puntual y completa a las solicitudes de informes que le envió ese organismo protector de derechos humanos El cuerpo de asistencia técnica de esta comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar en medios impresos y electrónicos de comunicación,El Universal,Radio Fórmula,esmas.com,La Jornada,El Economista y mediante una comunicación de la propia CNDH, que la Secretaría de Marina, se negó a aceptar las recomendaciones 72/2010 y 83/2010, emitidas en el mes de diciembre de 2010 La comisión dictaminadora toma en cuenta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es absolutamente respetuosa de las instituciones, sin embargo, cumple su misión constitucional de señalar a servidores públicos que se apartan de sus deberes y exigir la responsabilidad institucional que esta situación conlleva Es por ello que los integrantes de la comisión dictaminadora estiman prudente que en lugar de exhorto, se solicite al titular de la Secretaría de Marina informe a esta soberanía, sobre las medidas y mecanismos que ha o pretende implementar para dar cumplimiento a las recomendaciones número 72/2010 y 83/2010, emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el mes de diciembre de 2010, lo anterior, en razón de que se trata de la protección de derechos fundamentales En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Marina, se sirva informar a esta soberanía, sobre las medidas y mecanismos que ha o pretende implementar para dar cumplimiento a las recomendaciones número 72/2010 y 83/2010, emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el mes de diciembre de 2010 Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Islas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo. Nadie ha solicitado el uso de la palabra, por tanto, está suficientemente discutido y reservado. Queda para ser votado en conjunto El senador Sebastián Calderón Centeno(desde la curul): Señor presidente El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El senador Calderón Centeno, por favor El senador Sebastián Calderón Centeno(desde la curul): Solamente una consideración. Estas dos mismas recomendaciones, la 72/2010 y 83/2010, que en este momento están a votación, fueron presentadas el día de hoy como otro punto de acuerdo en esta Comisión Permanente, las mismas y en los mismos términos, por lo cual resulta incongruente que la que fue presentada el día de hoy vuelva a aprobarse en los términos que se está haciendo la del día de hoy El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me imagino que el sentido de haberla presentado es que quizá pensaron que no se iba a votar y la mandaron hoy para que se turne a la comisión respectiva de su Cámara Se toma nota. Servicios Parlamentarios, por favor, para preguntar al proponente de esta reincidencia de proposición si todavía es pertinente o no, toda vez que se está votando el día de hoy. Gracias, senador Primero en tiempo es primero en derecho. Le preguntan al segundo proponente si mantiene su propuesta Adelante, secretaria CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita información sobre campañas y programas de promoción, prevención y control de los efectos y usos asociados con el consumo de drogas, alcohol y tabaco Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre el número de mexicanos afectados por el consumo de drogas, alcohol y tabaco, el de muertos por el uso de éstas de 2005 a la fecha, y las medidas de prevención y atención aplicadas para disminuir la tendencia, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno el presente dictamen Antecedentes La proposición con puntos de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. La autora de la proposición que se dictamina manifiesta sustancialmente lo siguiente: que la atención que el Estado, la familia y sociedad, en general, proporcionen a la niñez y juventud mexicana será fundamental para lograr una estabilidad económica, política y social en nuestro país en los próximos años Señala que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 años de edad ha aumentado de un 5 por ciento, observado en 2002, a un 5.7 por ciento en este periodo. Las drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas) aumentaron de 4.6 a 5.2 por ciento. Los datos de la encuesta indican que los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen más probabilidad de usar drogas cuando están expuestos a la oportunidad de hacerlo. Asimismo, el inicio en el consumo de tabaco y de alcohol anterior a los 18 años incrementa la probabilidad de usar otras drogas Afirma que resulta importante mencionar que por parte del gobierno federal existe una nula atención a los programas enfocados a los jóvenes y en particular la prevención del consumo de drogas, según cifras de la Secretaría de Gobernación respecto a los gastos ejercidos en materia de publicidad gubernamental, se han dejado de privilegiar la promoción a este tipo de programas Continua la proponente señalando que sin incluir las necesidades de tratamiento para tabaco y alcohol, existen 428 mil 819 personas que requieren de atención especializada y 3 millones 869 mil 93 que requieren de intervenciones breves Finalmente, concluye que resulta de la mayor relevancia que el gobierno federal y el sistema nacional de salud den a conocer información completa sobre la situación que enfrenta México en este rubro, así como las acciones y resultados que se han registrado para el combate del abuso de drogas y alcohol, por lo que formula los siguientes puntos de acuerdo: Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud remita un informe detallado sobre las medidas y resultados de los programas prevención y atención que se han aplicado para disminuir el consumo de drogas, así como el número de muertes por sobredosis, exhortándola a fortalecer y actualizar éstos a las necesidades de los distintos sectores de la población Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaria de Salud, se realicen campañas constantes de prevención, promoción y atención al consumo de drogas en los distintos medios de comunicación II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden plenamente y hacen suyos los planteamientos de la autora de la proposición, en razón de que es público y notorio el crecimiento en el consumo de drogas en el país, en especial entre la población infantil y juvenil Esta comisión considera conveniente invocar y reproducir las disposiciones normativas aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Salud: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 4o. .. .. .. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución Ley General de Salud Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general: XIV. La prevención, orientación, control yvigilancia en materia de nutrición,enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares yaquellas atribuibles al tabaquismo; XXI. Elprograma contra el alcoholismo; XXII. Elprograma contra el tabaquismo; XXIII.Laprevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia;  Artículo 5o.El sistema nacional de salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, ytiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud Artículo 6o.El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos: I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de éstos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios y los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en lasacciones preventivas; Artículo 7o.La coordinación del sistema nacional de salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta: I. Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo federal; II. Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen; Artículo 9o. Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del sistema nacional de salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el sistema nacional de salud En razón de lo expuesto y de los preceptos legales citados, la comisión dictaminadora considera procedente solicitar del titular de la Secretaría de Salud información relativa a las actividades, campañas y programas de promoción, prevención y control de los efectos y usos asociados con el consumo de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia, alcohol y tabaco, que se estén llevando a cabo o vayan a implementarse, y exhortarlo a reforzar las medidas y acciones que se están llevando a cabo para prevenir el uso y consumo de dichas substancias, en beneficio de la sociedad mexicana Asimismo, esta comisión considera procedente solicitar del titular de la Secretaría de Salud información sobre los estudios, medidas y resultados que se hayan realizado de los programas de prevención y atención que se han aplicado para disminuir el consumo de dichas substancias En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes Puntos de Acuerdo Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Salud que se sirva informar a esta soberanía sobre las actividades, campañas y programas de promoción, prevención y control de los efectos y usos asociados con el consumo de alcohol, tabaco y substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia, que se estén llevando a cabo o vayan a implementarse, y exhortarlo a reforzar las medidas y acciones que se estén llevando a cabo para prevenir el uso y consumo de dichas substancias, en beneficio de la sociedad mexicana Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45, y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Salud que se sirva informar a esta soberanía sobre los estudios, medidas y resultados que se hayan realizado de los programas de prevención y atención que se han aplicado para disminuir el consumo de dichas substancias Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Islas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos, por tanto, se considera suficientemente discutido y reservado para ser votado en su conjunto RESCATE SOCIAL DEL PAIS La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo al gran acuerdo que permita llevar a cabo el rescate social que el país necesita Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a establecer un gran acuerdo que permita llevar a cabo el urgente rescate social del país, haciendo eco de la propuesta formulada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), suscrita por el diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen: Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para el estudio y dictamen correspondientes a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina señala que la esencia de una nación es su gente, y el grado de desarrollo de toda nación está dado igualmente por el desarrollo alcanzado por su pueblo, en especial los más humildes Continúa el proponente citando al rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, quien en sesión solemne de Congreso General, conmemorativa del centenario de la universidad, celebrada el 22 de septiembre de 2010, rescata los siguientes párrafos: Tenemos que dar el gran salto del México desigual a un México con equidad, solidaridad y justicia social, donde la opulencia y la miseria se moderen como planteó Morelos hace 200 años Los derechos sociales para todos los mexicanos son hoy por hoy condición básica para avanzar hacia el país que todos anhelamos, pero no basta que dichos derechos se enuncien en el texto constitucional: debemos avanzar y hacerlos exigibles La agenda de México en el siglo XXI debe partir de ese reconocimiento. El nuevo curso de desarrollo debe poner en el centro de su eje a la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la enfermedad Debemos reconocer que ningún proyecto vale la pena si no sirve para mejorar las condiciones de vida de la población Es necesario retomar los valores intrínsecos de la política, el diálogo, la negociación, el respeto de las opiniones ajenas y la voluntad de alcanzar acuerdos Ha sido posible establecer pactos políticos que en principio parecían improbables. Hoy quiero pedir respetuosamente a esta soberanía que las fuerzas políticas representadas en el Congreso establezcan un gran acuerdo en favor del rescate social que México demanda, el que se requiere para pagar la deuda histórica, el que necesitamos para solucionar los problemas que a Morelos, Juárez o Zapata perturbaban; de esos que a muchos hoy nos agobian en particular Concluye el proponente “convocando” a todas las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión a hacer realidad el rescate social que exige el país para que tenga futuro en la felicidad y justicia, por lo que formula los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente exhorta a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a establecer un gran acuerdo que permita llevar a cabo el rescate social que el país exige con urgencia, haciendo así eco de la relevante propuesta hecha por el rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, en sesión solemne de Congreso General, conmemorativa del centenario de la UNAM, celebrada el 22 de septiembre de 2010 Segundo. La Comisión Permanente exhorta a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a crear un grupo de trabajo que trabaje en conferencia, e integrado por senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios, para concretar con la mayor brevedad este gran acuerdo para el rescate social del país II. Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen la sensibilidad y los propósitos de justicia y equidad que inspiran al autor en la elaboración y presentación de su proposición, pero consideran que éste es uno de los casos en que no se puede resolver conforme a derecho y la práctica parlamentaria, en los términos solicitados por el proponente, en razón de lo siguiente: La comisión dictaminadora toma en cuenta las siguientes disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 33 1. La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y los órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden Artículo 34 1. A la Junta corresponden las atribuciones siguientes: b)Presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado; Artículo 80 1. La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y, en tal carácter, es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara Artículo 82 1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones: b)Presentar al pleno, por conducto de la Mesa Directiva, propuestas de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que signifiquen una posición política de la misma; En razón de lo anterior, la comisión dictaminadora toma en cuenta que tanto la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados como la del Senado son la expresión de la pluralidad de la Cámara y el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias necesarias a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden Los artículos 34, numeral 1, inciso b), y 82, numeral 1, inciso b), del citado ordenamiento establecen que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de acuerdo Por ello, la comisión dictaminadora no considera procedente exhortar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a crear un grupo de trabajo que trabaje en conferencia, e integrado por senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios, para concretar con la mayor brevedad el gran acuerdo para el rescate social del país ni a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en razón de que hay los medios idóneos, a través de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, para que se solicite la formación de dicho grupo de trabajo Por ello, la comisión dictaminadora considera procedente y oportuno remitir el asunto a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes Puntos de Acuerdo Primero.Remítase copia del expediente a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomando en cuenta la propuesta de crear un grupo de trabajo que trabaje en conferencia Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, queda suficientemente discutido y reservado para ser votado en su conjunto SECTOR MIGRATORIO La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a cuidar la designación de funcionarios del Instituto Nacional de Migración Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cuidar por la Secretaría de Gobernación que los perfiles de los funcionarios que se nombrarán en el Instituto Nacional de Migración sean los idóneos para evitar cualquier tipo de corrupción y mejorar las funciones en el sector migratorio, suscrita por el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del PRI Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno el presente dictamen Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 12 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. Por lo sucinto que resulta la exposición de motivos de la proposición que ahora se dictamina, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron pertinente transcribir literalmente éstos, al tenor de lo siguiente: Exposición de Motivos Hace algunos meses cuando desafortunadamente acaeció la matanza de 72 migrantes en el norte del país, el tema migratorio volvió a cobrar la importancia debida y se estipularon nuevas líneas de acción desde la Secretaría de Gobernación La matanza también trajo consigo el cambio de la titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y un sinnúmero de expectativas para que los integrantes del mismo instituto actúen de mejor manera para asegurar no sólo que acontecimientos como el mencionado vuelvan a ocurrir, sino que también las violaciones a los derechos de los migrantes cesen y la óptica de que no por ser indocumentados, los migrantes son criminales En esta tesitura, la manera de proceder del Poder Ejecutivo federal nos parece atinada. No obstante, la manera en cómo se van a realizar los cambios de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración y el cómo se va a elegir a los nuevos miembros, debe realizarse bajo estricta vigilancia para los que resulten elegidos para ocupar las posiciones en el INM tengan las mayores capacidades y mejores cualidades Así pues, el objeto del presente es solicitar que se cuide el perfil de los nuevos funcionarios del INM para que en conjunto con la iniciativa de Ley de Migración y las nuevas directrices en materia migratoria se pueda, efectivamente, mejorar el sector migratorio y salvaguardar los derechos de los migrantes al tiempo que se proteja su integridad; ello, tal y como lo ha venido haciendo el Ejecutivo federal Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado de urgente resolución el siguiente Punto de Acuerdo Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se cuide que los perfiles de los funcionarios que serán nombrados en el Instituto Nacional de Migración sean los óptimos, en aras de evitar cualquier tipo de corrupción y mejorar las funciones que se desarrollan en nuestro sector migratorio II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron la propuesta y argumentos del autor de la proposición que se dictamina, y coinciden con ésta, toda vez que es de suma importancia que los funcionarios encargados de salvaguardar los derechos de los migrantes, deben tener conocimiento amplio sobre los temas en la materia, a efecto de contrarrestar la difícil situación en la que se encuentran los migrantes nacionales y extranjeros que transitan por territorio mexicano La comisión dictaminadora toma en cuenta disposiciones contenidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación que, por su importancia, se reproducen literalmente: Capítulo VIDe los Órganos Administrativos Desconcentrados Artículo 35.Para la más eficaz atención y el eficiente despacho de los asuntos de su competencia, la secretaría contará con órganos administrativos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados Los órganos administrativos desconcentrados y sus titulares tendrán las competencias y facultades que este reglamento les confiere y, en su caso, las específicas que les señale el instrumento jurídico que los cree o regule o los acuerdos de delegación de facultades del secretario El secretario establecerá la estructura orgánica y funciones complementarias de los órganos administrativos desconcentrados, mediante acuerdos que serán publicados en elDiario Oficial de la Federación Artículo 36.La secretaría tendrá los siguientes órganos administrativos desconcentrados: V.Instituto Nacional de Migración; Artículo 37.Los titulares de los órganos administrativos desconcentrados tendrán las siguientes atribuciones genéricas: XIV.Aprobar la contratación y adscripción del personal a su cargo y los programas de desarrollo y capacitación, de acuerdo con las necesidades del servicio, así como resolver los casos de sanción, remoción, cese, rescisión de contratos y terminación de los efectos del nombramiento, según corresponda, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y en los términos de las políticas y lineamientos que determine el oficial mayor; XV.Proponer al secretario directamente, tratándose de órganos administrativos desconcentrados que estén adscritos a este último o por conducto del subsecretario de la materia o del servidor público superior que el propio secretario determine, la designación de los servidores públicos de los dos niveles inferiores al del titular del órgano administrativo desconcentrado, así como la delegación de atribuciones en servidores públicos subalternos; Artículo 62.Son atribuciones del comisionado del Instituto Nacional de Migración: XI.Contratar y administrar los recursos humanos del Instituto, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables: De los citados preceptos, esta comisión dictaminadora toma en cuenta que es facultad del comisionado del Instituto Nacional de Migración proponer al secretario directamente, tratándose de órganos administrativos desconcentrados que estén adscritos a este último o por conducto del subsecretario de la materia o del servidor público superior que el propio secretario determine, la designación de los servidores públicos de los dos niveles inferiores al del titular del órgano administrativo desconcentrado, así como la delegación de atribuciones en servidores públicos subalternos; así como contratar y administrar los recursos humanos del Instituto Por ello, esta comisión dictaminadora coincide con el proponente y considera pertinente y oportuno solicitar respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, a que cuide el perfil en la designación de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, a efecto de que se combata y evite actos de corrupción y se mejoren las funciones que desarrolla el Instituto Nacional de Migración En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a cuidar el perfil en la designación de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, a efecto de que se combata y evite actos de corrupción y se mejoren las funciones que desarrolla el Instituto Nacional de Migración Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión, diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Islas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos, por tanto, está suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto ESTADO DE GUERRERO La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se considera atendida la proposición relativa al proceso electoral en el estado de Guerrero Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fuerzas políticas de Guerrero a preservar un ambiente que garantice la libre manifestación de ideas, y el respeto y la integridad de los ciudadanos y del proceso electoral, suscrita por los senadores Julio César Aguirre Méndez y Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. Los autores de la proposición que ahora se dictamina, manifiestan: que desde hace años la entidad de Guerrero ha sufrido el incremento de la violencia, y con ella la muerte relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, asesinatos y hostigamiento contra compañeros de los medios de comunicación. Que a este clima de violencia se suma la mayor presencia de corporaciones policíacas y fuerzas armadas Señalan los proponentes que en la madrugada del 12 de enero, en la ciudad de Chilpancingo el ciudadano Guillermo Sánchez Nava, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Estatal Electoral de Guerrero (IEEG), fue brutalmente golpeado y que aparentemente, la escena del crimen fue alterada y se borraron evidencias del carro de la víctima. En este sentido, manifiestan los proponentes que la agresión es un acto contra la libertad política Continúan los proponentes exigiendo a las autoridades estatales y municipales, así como a los partidos que forman parte de la contienda electoral, conducirse en el marco de una competencia electoral que respete la integridad física de los ciudadanos, garantizar la libre expresión de las ideas y dejar a un lado aquellas actitudes que exacerban el clima de violencia días previos a la elección en el estado de Guerrero, por lo que formulan los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los partidos políticos que participan en el proceso electoral por la renovación del gobernador del estado de Guerrero a conducir las campañas en el marco de respeto y libertad de expresión que garanticen un proceso electoral democrático en paz Segundo.La Comisión Permanente exhorta al Partido Revolucionario Institucional del estado de Guerrero a coadyuvar con las autoridades para localizar a los individuos que cometieron el ataque y sean presentados ante las autoridades ministeriales Tercero. La Comisión Permanente exhorta al gobierno del estado, a las autoridades municipales y demás autoridades responsables a priorizar las investigaciones para consignar a los responsables del ataque contra Guillermo Sánchez Nava, a fin de contener los efectos de un ambiente de confrontación electoral en el municipio de Chilpancingo, Guerrero II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron la propuesta y argumentos de los autores de la proposición que se dictamina, y coinciden con la misma, toda vez que es ampliamente conocido la difícil situación en la que se encuentra el ciudadano Guillermo Sánchez Nava; asimismo, manifiestan su apoyo y solidaridad En este mismo sentido, la comisión dictaminadora toma en cuenta que en la sesión de la Comisión Permanente del 19 de enero del 2011, la diputada Florentina Rosario Morales del Grupo Parlamentario del PRD, presentó la proposición con punto de acuerdo relativo a la agresión perpetrada en contra de Guillermo Sánchez Nava, representante ante el IEEG de la Coalición Guerrero nos Une, misma que se consideró de urgente resolución y se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta al procurador general de Justicia del estado de Guerrero, David Augusto Sotelo Rosas, a enviar un informe sobre las investigaciones y acciones en torno del caso de Guillermo Sánchez Nava Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta a los partidos políticos que contienden en Guerrero a conducirse conforme a derecho en la jornada electoral del 30 de enero de 2011 Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, exhorta al gobernador constitucional de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, a dar garantías de seguridad durante lo que queda del proceso electoral, hasta la conclusión de éste, a los involucrados en él Asimismo, esta comisión dictaminadora toma en cuenta que en la misma sesión de la Comisión Permanente del 19 de enero de 2001, el senador Renán Cleominio Zoreda Novelo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se crea un grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso electoral en el estado de Guerrero, misma que se consideró de urgente resolución y se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo Único. Se crea la Comisión Especial encargado de dar seguimiento al proceso electoral local de 2011 en el estado de Guerrero, a fin de salvaguardar la legalidad de dichas elecciones y verificar que no se cometan atropellos en contra de los ciudadanos que participen en las mismas El grupo de trabajo deberá estar conformado pluralmente, con un integrante de cada grupo parlamentario representados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: diputada Florentina Rosario Morales, senador Julio Cesar Aguirre Méndez, senador Fernando Castro Trenti, senadora María del Socorro García Quiroz, diputado Francisco Javier Orduño Valdez, diputado Arturo García Portillo, diputado Rafael Pacchiano Alemán, senador Ricardo Monreal Ávila Los integrantes de la comisión dictaminadora, en un ejercicio de congruencia y seguimiento con los resolutivos antes referidos, consideran procedente dar por atendida la proposición que se dictamina En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno el siguiente Punto de Acuerdo Primero. Se considera atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las fuerzas políticas de Guerrero a preservar un ambiente que garantice la libre manifestación de ideas, y el respeto y la integridad de los ciudadanos y del proceso electoral, suscrita por los senadores Julio César Aguirre Méndez y Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en razón de los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en la sesión del 19 de enero de 2011 Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Islas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está suficientemente discutido, por tanto, se reserva para su votación económica en conjunto MIGRANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se considera atendida la proposición relativa  a migrantes nacionales y extranjeros Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del INM, de la Policía Federal y de la PGR a investigar los secuestros y las desapariciones de migrantes nacionales y extranjeros indocumentados en el país de abril de 2010 a la fecha, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. El autor de la proposición que ahora se dictamina, manifiesta: que la migración de mexicanos hacia territorio norteamericano data de hace más de cien años, con o sin política migratoria; sin embargo, no siempre la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos fue considerada como un problema, al contrario, la mano de obra mexicana fue necesaria precisamente para el óptimo desarrollo de la sociedad norteamericana, quien se encontraba en vías de de-sarrollo pero sin la cantidad requerida de hombres trabajadores. Así es como se inicia el fenómeno migratorio de nacionales mexicanos hacia territorio norteamericano; y de la necesidad de implementar medidas que permitieran un control de esa migración, surgen ahora normas para lograr dicho objetivo Que esas normas que en lo general surgieron en los Estados Unidos resultaron perjudiciales en muchas ocasiones para los emigrantes mexicanos hacia el país del norte Afirma el proponente que en la frontera sur de nuestro país siempre se han llevado a cabo vejaciones en contra de los migrantes indocumentados centroamericanos, acciones que son efectuadas tanto por ciudadanos mexicanos que se valen de la necesidad de los migrantes y los asaltan Asimismo, señala que el pasado 7 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mencionó que de abril a septiembre de 2010, se han presentado 10 mil secuestros de migrantes en territorio nacional, esto ya no resulta normal para la aventura y riesgo que los migrantes tanto nacionales como extranjeros debían correr en su trayecto hacia el norte del país Finalmente, señala el proponente que es necesario que las autoridades correspondientes investiguen sobre las desapariciones y secuestros de migrantes nacionales y extranjeros que han ocurrido en los últimos meses en territorio nacional, para no dejar nuevamente al olvido un problema que tiene años de presentarse en nuestro país, el cual padece de una bipolaridad ante el problema migratorio, por lo que formula el siguiente: “Puntos de Acuerdo Primero. Se exhorta al titular del Poder ejecutivo para que a través del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República realicen una investigación exhaustiva acerca de los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y migrantes extranjeros indocumentados en el país, de abril de 2010 a la fecha y que han ascendido a un total de 10 mil secuestros en territorio nacional, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y rindan, con oportunidad, un informe a esta soberanía en los términos que resulten necesarios para no trasgredir los derechos de las víctimas y de los denunciantes Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que asista a una reunión de trabajo con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de que se analicen los casos de secuestros de migrantes de los cuales han tenido conocimiento a través de las visitas que dicho organismo ha realizado a las diferentes estaciones migratorias ubicadas en el país, en las que se tomaron testimonios de las víctimas Tercero. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración que autorice ingresar a una comisión integrada por senadores y diputados a las estaciones migratorias ubicadas en el país, así como a permitir que algún legislador visite las garitas de entrada a territorio nacional por la frontera sur del país” II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron la propuesta y argumentos de los autores de la proposición que se dictamina, y coinciden con la misma, toda vez que es ampliamente conocido la difícil situación en la que se encuentran los migrantes nacionales y extranjeros que transitan por territorio mexicano; asimismo, manifiestan su apoyo y solidaridad La comisión dictaminadora coincide en la urgente necesidad que el estado tiene en dar una debida protección a los derechos humanos y garantías individuales de toda persona que se encuentre en nuestro territorio, entre ellas a los migrantes extranjeros y ofrecer resultados concretos y palpables en el combate a la delincuencia organizada que socaba la seguridad pública y daña a instituciones y personas, mejorando la eficacia con políticas públicas integrales en esas materias Asimismo, la comisión dictaminadora coincide con el proponente en el sentido que es necesario que tanto el Instituto Nacional de Migración, como la Policía Federal y la Procuraduría General de la República realicen una investigación exhaustiva acerca de los secuestros y desapariciones de migrantes nacionales y migrantes extranjeros indocumentados en el país En este mismo sentido, la comisión dictaminadora toma en cuenta que esta comisión en su sesión del 11 de enero de 2011, aprobó un punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración, así como al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación a la protección de los derechos humanos de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano, mismo que fue presentado y aprobado por el pleno de la Comisión Permanente en la sesión del 12 de enero del 2011, y el cual señala lo siguiente: “Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convoca al titular del Instituto Nacional de Migración, así como al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a que comparezcan ante el pleno de la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, informen sobre las acciones que el gobierno federal realiza para proteger los derechos humanos de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano y para prevenir la comisión de delitos en contra de estos Asimismo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá informar sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, en lo que se refiere a prevención del delito, incidencia de éste e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y temas vinculados con la seguridad pública, así como lo referente a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública La Primera Comisión realizará los actos preparatorios para dicha comparecencia, entre los que estará la instalación y operación de mesas de trabajo antes del veinte de enero de 2011, en las que participen legisladores integrantes de este órgano de apoyo legislativo y los titulares de las subsecretarías de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al Comisionado del Instituto Nacional de Migración y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para abordar detalles relativos al presunto secuestro de alrededor de cuarenta migrantes centroamericanos en Chahuites, Oaxaca; infraestructura migratoria; iniciativas de ley sobre población y migración presentadas por el Ejecutivo; coordinación institucional en seguridad pública; controles de confianza sobre agentes migratorios y policías; y planes y programas de protección a migrantes; entre otros aspecto establecerá el formato de la misma y con la intervención del Presidente de la Comisión Permanente determinará la fecha y hará la invitación correspondiente para la realización de ésta Una vez realizadas las reuniones de trabajo con los anteriores servidores públicos, el pleno de la Primera Comisión, valorará la pertinencia de invitar a una reunión al secretario de Gobernación, analizando previamente el formato y términos de la misma” En relación con lo anterior, esta Comisión Dictaminadora toma en cuenta que en cumplimiento con el punto de acuerdo aprobado, el pasado jueves 20 de enero de 2011, se llevaron a cabo las comparecencias del titular del Instituto Nacional de Migración y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de informar lo relativo a las acciones que el gobierno federal realiza para proteger los derechos humanos de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano y para prevenir la comisión de delitos en contra de estos En este sentido, los integrantes de la comisión dictaminadora consideran que los planteamientos propuestos por el autor de la proposición que se dictamina, fueron atendidos por el titular del Instituto Nacional de Migración, así como por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante las comparecencias llevadas a cabo Los integrantes de la comisión dictaminadora, en un ejercicio de congruencia y seguimiento con los resolutivos antes referidos, así como con la comparecencia de los funcionarios ante el pleno de esta Primera Comisión, consideran procedente dar por atendido la proposición que se dictamina En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del pleno los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Se considera atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del INM, de la Policía Federal y de la PGR a investigar los secuestros y las desapariciones de migrantes nacionales y extranjeros indocumentados en el país de abril de 2010 a la fecha, suscrita por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos. El asunto está suficientemente discutido, por tanto, se reserva para su votación económica en conjunto MATERIA DE SEGURIDAD La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo sobre los cambios en materia de seguridad pública para 2011 Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rendir por las Secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Gobernación (Segob) un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto a 2010, a cargo del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen: Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para estudio y dictamen correspondientes a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a exposición de motivos y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina por las razones que más adelante se expresan: Exposición de Motivos No es una solución lanzarnos a criticar la política que se ha estado llevando en materia de seguridad, ante la gravedad de la situación nacional, debemos replantearnos qué podemos hacer para que la cruenta violencia por la que atravesamos cese Es alarmante que a raíz de los 12 mil 905 ejecutados en 2010, México ya sea considerado en el grupo de los seis países más inseguros. Ello se traduce en que actualmente se tienen niveles de inseguridad comparables con Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán Según los parámetros internacionales, en México se libra una guerra, en virtud de que en el país se vive un conflicto en el cual la fuerza violenta es organizada y sistemática, además de que las partes involucradas emprenden medidas amplias donde la destrucción es masiva y de amplia duración De conformidad con un estudio realizado por la Universidad de Heidelberg, Alemania, en México murieron más personas el año pasado incluso que las que fenecieron debido a los conflictos contra los talibanes que ocurren en Afganistán y Pakistán Sin duda, el énfasis que debemos hacer se centra en el hecho de que el estudio augura que la tasa de asesinatos continuará incrementándose durante años lo cual, no sólo como legisladores sino como mexicanos, no podemos permitirnos Al respecto, aun cuando se ha solicitado la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, para que presente un informe sobre el avance en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales por lo que se refiere a prevención del delito, incidencia delictiva e índices de violencia, certificación y acreditación de los integrantes de las instancias federales, estatales y municipales de seguridad pública, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y otros temas en materia de seguridad pública, también es necesario que la Segob y la SSP, en tanto integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisen las expectativas que se tienen en cuanto a la posibilidad de disminuir el número de muertos. En suma, se pedirá a dichos funcionarios un pronóstico de seguridad para el año que comienza No obstante lo anterior, es de vital importancia saber al menos en un aproximado qué debemos esperar los mexicanos para 2011, pues parece que lo único que se ha conseguido es aumentar el número de muertos, a la par del número de declaraciones provenientes del Poder Ejecutivo federal Así pues, en suma, lo que pretendemos a través de esta solicitud es que se replanteen las políticas en seguridad y se estudien nuevas posibilidades para frenar la violencia, que llegó el año pasado a un nivel sin precedente en el país. Es claro que esperamos cambios en la manera de proceder del Ejecutivo federal en consecuencia de todos los muertos que se cuentan para que otros ciudadanos dejen de sufrir y se haga justicia a los que ya han padecido los efectos de esta “guerra” Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado, de urgente y obvia resolución, el siguiente Punto de Acuerdo Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a rendir por las Secretarías de Seguridad Pública, y de Gobernación un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto a 2010, el año más violento en nuestra historia, y de lo que los mexicanos debemos esperar en 2011 en cuanto a la tasa de asesinatos II. La comisión dictaminadora considera que la proposición que se dictamina tiene por objeto referirse a los temas de la seguridad pública y la delincuencia organizada Los integrantes de la comisión dictaminadora toman en cuenta que el pleno de la Permanente, el pasado 19 de enero de 2011, aprobó un punto de acuerdo por el que se convoca al titular de la SSP federal a comparecer ante el pleno de la Primera Comisión para que exponga el panorama real de la seguridad pública en el país y, de manera especial, la situación del crimen organizado en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y Guerrero Para dictaminar dicho punto de acuerdo consideraron las dos proposiciones siguientes: 1. Por el que sesolicita la comparecencia del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, doctor Alejandro Poiré Romero, y del titular de la SSP, ingeniero Genaro García Luna, para que informen respecto a la situación del crimen organizado en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y, especialmente, Guerrero, a cargo de las diputadas Esthela Damián Peralta, Florentina Rosario Morales y Obdulia Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentada el 12 de enero de 2011 2. Por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SSP, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Procuraduría General de la República y de la Segob ante esta soberanía con el propósito de que expongan el panorama real en materia de seguridad pública, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentada el 12 de enero de 2011 Por lo anterior, la comisión dictaminadora estima conveniente reproducir la parte del capítulo de consideraciones en que se sustentó el dictamen respectivo: La comisión dictaminadora considera que por la coincidencia de fondo en la materia, en cuanto a que las dos proposiciones tienen por objeto referirse a los temas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, es pertinente por racionalidad práctica y economía procesal parlamentaria atenderlas en un mismo dictamen La comisión dictaminadora coincide con los proponentes en la conveniencia de realizar un efectivo análisis de las políticas implantadas en materia de seguridad pública en el país; en la necesidad de que los distintos órdenes de gobierno brinden adecuada protección a la integridad personal y patrimonial de la población; en que resulta indispensable restablecer el orden, la seguridad y la paz social en las zonas que han sido azotadas por los efectos relacionados con el combate del narcotráfico; en la urgencia de reducir los altos índices de violencia que se han presentado durante los últimos años, especialmente en 2010; y en la utilidad de establecer compromisos para una eficiente coordinación institucional en materia de seguridad pública En tal sentido, la comisión dictaminadora establece que el fundamento constitucional de la seguridad pública se encuentra en el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente señala: “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, y la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución” Por ello, la Primera Comisión considera conveniente que la Permanente del Congreso de la Unión conozca de las acciones que el gobierno federal, a través de la SSP, ha emprendido para mejorar la seguridad pública en el país para ofrecer debida protección a la integridad personal y patrimonial de quienes nos encontramos en territorio nacional, para disminuir y combatir la violencia provocada por la delincuencia organizada y, entre otros aspectos, para fortalecer la coordinación institucional en la materia La comisión dictaminadora, como en casos análogos precedentes, manifiesta que cada órgano del Estado mexicano debe cumplir las tareas explícitas e implícitas que, en el marco de la colaboración de poderes, señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Por lo anterior, la comisión dictaminadora considera necesario, urgente y procedente para conocer dicha información utilizar la comparecencia, el procedimiento de colaboración de poderes, y convocar al titular de la SSP federal con el propósito de que informe ante el pleno de la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente respecto a las acciones indicadas, entre otras vertientes de la seguridad pública en el país La comisión dictaminadora, asimismo, considera suficiente la comparecencia del secretario de Seguridad Pública para alcanzar los objetivos buscados por los legisladores proponentes y los de la propia Comisión Permanente del Congreso de la Unión, toda vez que conforme a los artículos 1o., 26 y 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, este servidor público es el encargado, entre otras funciones, de desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal; proponer al Ejecutivo federal medidas que garanticen la congruencia de la política criminal entre las dependencias de la administración pública federal; presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública; representar al Poder Ejecutivo federal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; proponer en el Consejo Nacional de Seguridad Pública políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional; salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas; prevenir la comisión de delitos del orden federal y preservar la libertad, el orden y la paz públicos; elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno delictivo; celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación; y promover la celebración de convenios entre las autoridades federales y de éstas con las estatales, las municipales y las del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate de la delincuencia Los objetivos implícitos en las propuestas deberán ser considerados por esta comisión al proponer el formato de la comparecencia ante ella del secretario de Seguridad Pública federal III. La comisión dictaminadora estima que la comparecencia del titular de la SSP será ocasión propicia para que se ventilen las preguntas parlamentarias que prácticamente se formulan en la proposición materia de este dictamen, así como las posiciones de los integrantes de la comisión Por ello se considera procedente estar a lo dispuesto en el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión de 19 de enero de 2011 relativo a que el titular de la SSP exponga el panorama real de la seguridad pública en el país; y en complemento, es conducente hacer del conocimiento del secretario de Seguridad Pública los planteamientos y las solicitudes específicas de información contenidos en la proposición que ahora se dictamina, con la solicitud respetuosa de que la considere al momento de su respectiva exposición en la comparecencia referida En consecuencia, se reproduce el punto de acuerdo planteado en la proposición que se dictamina: Único.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a rendir por las Secretarías de Seguridad Pública, y de Gobernación un informe detallado de los cambios que se realizarán en materia de seguridad respecto a 2010, el año más violento en nuestra historia, y a lo que los mexicanos debemos esperar en 2011 en cuanto a la tasa de asesinatos En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Se considera atendida la proposición motivo del presente dictamen, por el punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al secretario de Seguridad Pública federal para que exponga el panorama real de la seguridad pública en el país y, de manera especial, la situación del crimen organizado en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y Guerrero, aprobado por la Comisión Permanente en sesión de fecha 19 de enero de 2011 Segundo. Remítase copia del presente dictamen al secretario de Seguridad Pública federal, con la solicitud respetuosa sustentada en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de que considere el planteamiento y la solicitud de información contenidos en los resolutivos de la proposición con punto de acuerdo que se reproduce en el apartado III, relativo a las consideraciones de este instrumento, al momento de su respectiva exposición en la comparecencia referida Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión, diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido el tema y se reserva para su votación económica en conjunto ESTADO DE OAXACA La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Oaxaca que informe sobre diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Oaxaca que informe sobre las acciones que ejecuta para investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad y reciba en audiencia a integrantes del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en Guerrero, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen: Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para el estudio y dictamen correspondientes a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. El autor de la proposición que se dictamina manifiesta sustancialmente lo siguiente: que hay un secuestro sistemático de migrantes centroamericanos en tierras oaxaqueñas y que éstos tienen su origen en la presencia organizada del crimen en el istmo de Tehuantepec. Indica también la ocurrencia de los homicidios de Miguel Cruz, dirigente de Antorcha Campesina en la Mixteca, el pasado 24 de diciembre, y el de Luis Jiménez Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero pasado, por probables causas políticas Señala el proponente que a la falta de avances en la investigación del crimen del líder del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos, se suma la elevada tasa de impunidad que se presenta en Oaxaca, como en todo el país. Agrega que esto incita a personas que en otras épocas no resolverían sus diferencias mediante el delito y el asesinato a correr el riesgo porque saben que no serán castigadas y perciben un Estado minado en sus capacidades para el combate de la ilegalidad Precisa el legislador proponente que cerca de 40 municipios iniciaron el año sin gobierno, en medio de la toma de palacios municipales y conflictos; un número importante permanece así, lo cual evidencia que el gobierno no logra aplicar la ley ni conciliar para establecer la paz y la tranquilidad públicas, recurriendo con frecuencia a buscar responsables con señalamientos, e incluso acusa a autoridades y tribunales electorales de los problemas políticos en los municipios, que no puede resolver Dice el proponente que, sin embargo, es apremiante y sumamente conveniente que algo efectivo se haga para detener esa tendencia y los riesgos de graves problemas de ingobernabilidad que nadie quiere Finalmente, señala el autor de la proposición que preocupan los conflictos, que parecen ir en aumento, entre los maestros de la sección XXII y quienes se dicen forman parte de la LIX, que transita ya de los señalamientos y las agresiones verbales a los balazos, y que por lo anterior es importante mitigar diferendos e incluir con pleno respeto a todas las fuerzas políticas en el esfuerzo que hay que hacer en el beneficio colectivo, por lo que formula el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobierno de Oaxaca que le informe sobre las acciones que ejecuta para investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad y reciba en audiencia a integrantes del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en Guerrero II. Los integrantes de esta comisión coinciden en lo sustancial con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que los hechos narrados ahí, al margen de algunas apreciaciones de carácter personal del legislador, son reales, notorios y del dominio público En efecto, como señala el autor de la proposición que se dictamina, en Oaxaca se denunció el secuestro de migrantes centroamericanos el 16 de diciembre de 2010, y ocurrieron los homicidios de Miguel Cruz, dirigente de Antorcha Campesina en la Mixteca, el pasado 24 de diciembre, el de Luis Jiménez Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero pasado, y el del dirigente del MULT, Heriberto Pazos, el 23 de octubre de 2010, tal y como dieron cuenta medios de comunicación locales y nacionales y lo han reconocido públicamente diversos servidores públicos federales y estatales. Por ello, la comisión dictaminadora coincide con lo dicho al respecto por el proponente En este sentido, y tratándose de hechos incontrastables que afectan negativamente la vida política y social de Oaxaca y deterioran la vigencia de la legalidad en esa entidad federativa y son estos hechos de interés general para la sociedad mexicana, los integrantes de la comisión dictaminadora, como se ha determinado en numerosos precedentes, similares al asunto a que refiere el presente dictamen, consideran procedente y oportuno que se solicite con pleno respeto de la soberanía al gobierno de Oaxaca que informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre las acciones que lleva a cabo para investigar, perseguir, consignar y sancionar a los autores de los hechos delictivos indicados en párrafos anteriores Igualmente, la Primera Comisión considera conveniente, procedente y factible solicitar respetuosamente al gobernador de Oaxaca que reciba en audiencia a los integrantes del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en Guerrero, de la Cámara de Diputados, a fin de que puedan cumplir los objetivos de ese órgano legislativo, considerados por el pleno de esta soberanía al aprobar su formación en sesión del 29 de abril de 2010, y los diputados que integran el grupo de trabajo, estén en condiciones de recabar y actualizar información sobre la situación que se presenta en la región triqui para de-sarrollar estrategias que le permitan, en el marco de sus facultades, contribuir a mitigar el conflicto sociopolítico que en esa región de Oaxaca se padece En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno de Oaxaca que le informe sobre las acciones que ejecuta para investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad y reciba en audiencia a integrantes del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en Guerrero, a fin de que éstos puedan recabar y actualizar información acerca de la situación que se presenta en la región triqui, para desarrollar estrategias que le permitan, en el marco de sus facultades, contribuir a mitigar el conflicto sociopolítico que en esa región de Oaxaca se padece Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Islas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En alguna parte de su exposición, secretaria, dijo usted del estado de Guerrero. ¿Sería tan amable de verificar que el punto esté bien escrito? La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: Así está, señor presidente, efectivamente se señala; seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca y sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, señor presidente de la comisión El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga(desde la curul): Efectivamente, se está solicitando que se reciba en audiencia a este grupo de trabajo que fue designado por el pleno de la Cámara de Diputados, señor presidente Ilustro a los compañeros que así se llama el grupo de trabajo, un grupo de trabajo que tiene por objeto darle seguimiento a la violencia que hay en la zona triqui y en el estado de Guerrero. Es el nombre del grupo de trabajo, por eso aparece ahí, aunque el punto se refiere a la solicitud de audiencia para tratar el asunto de la violencia en la zona triqui de Oaxaca, con el gobernador de Oaxaca El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor presidente, por su oportuna aclaración. No hay sin embargo ningún orador inscrito en este tema, por tanto, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe detallado sobre los más de 34 mil homicidios ocurridos de 2006 a la fecha en el país Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a enviar por la Procuraduría General de la República (PGR) al Congreso de la Unión un informe detallado sobre los más de 34 mil homicidios ocurridos de 2006 a la fecha en el país, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen: Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para el estudio y dictamen correspondientes a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a exposición de motivos y resolutivos de la proposición con punto de acuerdo, por las razones que más adelante se expresan: Exposición de Motivos El pasado 12 de enero, en el marco de los Diálogos por la Seguridad, Alejandro Poiré, vocero del gabinete de seguridad nacional, informó que tan sólo en 2010 hubo en el país 15 mil 273 crímenes relacionados con el crimen organizado La mayor parte de esos crímenes ha permanecido en la impunidad. Por ello cabe preguntarse por qué a más de cuatro años de que el gobierno federal iniciara la batalla contra el crimen organizado, el Ministerio Público de la Federación no ha presentado un avance de las investigaciones sobre los homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada Informó que de 2006 a 2010, 85 municipios concentraron 70 por ciento de los homicidios de ese tipo. En 2007 fueron 90 municipios; en 2008, 59; en 2009, 70; y en 2010, 73 Subrayó que los datos presentados no sustituyen la estadística oficial de homicidios totales ni de homicidios dolosos que recopila de manera sistemática el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: se refieren sólo a los casos presumiblemente relacionados con el crimen organizado Esos datos hacen evidente que la PGR ha fallado en la investigación y resolución de los delitos vinculados con el crimen organizado Las autoridades han menospreciado una y otra vez los miles de muertes mediante declaraciones superficiales a los medios de comunicación para justificar su inoperancia Se han encargado sistemáticamente de decir que las muertes fueron resultado de enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes o ajuste de cuentas de grupos delictivos, sin contar con referencias documentales obtenidas de las averiguaciones previas correspondientes El Estado mexicano tiene la obligación de perseguir el delito y esclarecer los asesinatos para, en el marco de un estado de derecho, detener, juzgar y encarcelar conforme a la ley a todo responsable de una muerte La incapacidad de los ministerios públicos y jueces para integrar y enjuiciar a los criminales raya en la desesperación ciudadana y contribuye a la descomposición social Las más de 34 mil muertes registradas de 2006 a la fecha en todo el país a causa de la estrategia gubernamental para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada son muestra clara del fracaso y el descrédito de la política contra la inseguridad que mantiene el gobierno del país Víctimas inocentes como migrantes y transmigrantes, niños, jóvenes y mujeres han muerto por ser confundidos o por encontrarse en zonas de combate al ser alcanzados por las balas, ya sea por integrantes del crimen organizado o por la propia policía o miembros de las Fuerzas Armadas Aun así, más de 95 por ciento de esas muertes no se han investigado y sólo 1 por ciento de los crímenes llega a ser procesado penalmente ante un juzgado Creemos necesario solicitar un informe detallado sobre el trabajo de la PGR con relación a los más de 34 mil homicidios ocurridos en el país de 2006 a la fecha El Congreso de la Unión debe contar con información detallada que explique por qué no se ha avanzado en las investigaciones para aclarar los miles de muertes en el marco de la estrategia gubernamental de combate del narcotráfico y del crimen organizado Por todo lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que a través de la Procuraduría General de la República envíe al Congreso de la Unión un informe detallado en relación con los más de 34 mil homicidios ocurridos de 2006 a la fecha en el país, al tiempo de explicar el porqué de los escasos resultados de las autoridades federales en la investigación de los homicidios ocurridos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país de inicios de 2006 a la fecha II. Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen los propósitos de justicia que inspiran a la autora en la elaboración y presentación de su proposición. Señalan que ésta tiene por objeto referirse además a los temas de la seguridad pública y la delincuencia organizada La comisión dictaminadora toma en cuenta que, conforme lo señala la proponente, el pasado 12 de enero, en el marco de los Diálogos por la Seguridad, Alejandro Poiré, vocero del gabinete de seguridad nacional, informó que tan sólo en 2010 hubo 15 mil 273 crímenes relacionados con el crimen organizado Los integrantes de la comisión dictaminadora expresan su preocupación por el incremento de asesinatos y crímenes relacionados con el crimen organizado a lo largo del país La comisión dictaminadora toma en cuenta que el gobierno ha emprendido una lucha contra la delincuencia organizada y, en particular, contra integrantes del narcotráfico. A raíz de tales hechos ha habido más de 34 mil muertes de 2006 a la fecha en todo el país Los integrantes de la comisión dictaminadora toman en cuenta que, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde al Ministerio Público de la Federación investigar y perseguir los delitos del orden federal Por ello, la comisión dictaminadora considera prudente recabar mayor información de las dependencias de la administración pública federal involucradas, en particular de la PGR, sobre las estadísticas relativas a la investigación y persecución de dichos delitos, con objeto de conocer el estado que guardan las investigaciones, así como las medidas o acciones que se han llevado a cabo para esclarecer los delitos vinculados con el crimen organizado La comisión dictaminadora considera necesario solicitar un informe detallado para conocer el trabajo de la PGR en relación con los más de 34 mil homicidios ocurridos de 2006 a la fecha en el país En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al procurador general de la República que se sirva informar a esta soberanía sobre el trabajo que realiza la dependencia a su cargo en relación con los más de 34 mil homicidios ocurridos de 2006 a la fecha en el país Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica);senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo, y no hay oradores inscritos, por tanto, está suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto ESTADO DE TABASCO La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por la que se exhorta  al titular de la PGR agilice la investigación de los hechos en que perdieron la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a agilizar las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en Jalpa de Méndez, Tabasco, donde perdieron la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román, a efecto de que se proceda al deslinde de responsabilidades, a la aplicación de las sanciones correspondientes y a la indemnización de las familias afectadas, suscrita por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD Los ciudadanos legisladores integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar el contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. La autora de la proposición que se dictamina, manifiesta sustancialmente lo siguiente: que a cuatro años de que el gobierno federal decidiera poner en marcha la llamada guerra contra el narcotráfico, los efectos sobre el tejido social han sido desastrosos, porque no sólo ha traído consigo detenciones de criminales o decomisos de dinero, drogas y armas a la delincuencia organizada, sino también grados de violencia e inseguridad sin precedentes de cuyo saldo hoy se reportan más 34 mil asesinatos, y que la torpe estrategia que emprendió el gobierno federal supuestamente para disminuir la inseguridad ha impuesto la restricción de los derechos humanos de la sociedad, la violación de éstos y el establecimiento de un régimen de excepción en donde en muchas ocasiones las fuerzas de seguridad encargadas de combatir el hampa no parecen distinguir entre delincuentes y civiles inocentes Afirma la legisladora proponente que si aceptamos las afirmaciones oficiales de que del total de los muertos relacionados con el plan antinarco, sólo el 10 por ciento eran personas inocentes, entonces estaríamos hablando de que más de 3 mil 400 civiles tendrían tal condición Continúa señalando la proponente que un caso emblemático es el de los dos jóvenes tabasqueños Víctor Manuel Chan Javier, de 21 años de edad, y Ramón Pérez Román, de 23 años, quienes el pasado 14 de noviembre perdieran la vida en el municipio de Jalpa de Méndez en una equívoca acción conjunta de policías y militares que les acribillaron sin justificación alguna La proponente finaliza indicando que el presente caso fue atraído para su investigación por la Procuraduría General de la República, sin embargo, a más de dos meses de esta tragedia la investigación parece estancada, no existen detenidos por los hechos y los familiares de las víctimas no han recibido por parte del Ministerio Público federal una versión medianamente creíble de cómo ocurrieron los hechos y de la posibilidad de la consignación, lo que hace pensar que este caso se sumará a la larga lista de los casos de impunidad que aqueja al país, por lo que formula el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Procurador General de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales agilice las acciones de investigación que lleva a cabo para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en que perdieran la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román. Lo anterior para que se proceda con la mayor celeridad al deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones correspondientes, así como a la indemnización de las familias afectadas II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron amplía y cuidadosamente la propuesta y argumentos de la autora de la proposición que se dictamina, y coinciden plenamente con los planteamientos formulados por ella, por estimar conveniente y procedente que la Procuraduría General de la República; que atrajo el caso indicado en la consideración anterior y  en atención al principio  de oportunidad de la acción penal consagrado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; agilice las acciones de investigación relativas a los hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2010, en Jalpa de Méndez, Tabasco, en que perdieron la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román Los integrantes de la comisión dictaminadora, toman en cuenta que entre más tiempo transcurra sin que la averiguación relativa sea concluida y los presuntos autores de los hechos sean puestos a disposición de un juez, más difícil será lograr se haga justicia en el asunto materia de la proposición que se dictamina, provocándose, en caso contrario, impunidad, denegación de justicia, conculcación de los derechos de las víctimas directas e indirectas del ilícito y frustración social Al respecto, esta comisión dictaminadora considera pertinente reproducir literalmente y en lo relativo algunas disposiciones constitucionales y legales, que se consideran aplicables: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manerapronta, completa e imparcial.. Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.... El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley Del Código Federal de Procedimientos Penales: Artículo 1o. El presente Código comprende los siguientes procedimientos: I. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal; Artículo 2o. Compete al Ministerio Público federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.. En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público: II. Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como a la reparación del daño; .. Artículo 113. El Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes que reciban de aquél, están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la averiguación la comunicación o parte informativo que rinda la policía, en el que se hagan del conocimiento de la autoridad investigadora hechos que pudieran ser delictivos, sin que deban reunirse los requisitos a que aluden los artículos 118, 119 y 120 de este ordenamiento. A la comunicación o parte informativo se acompañarán los elementos de que se dispongan y que sean conducentes para la investigación.. Artículo 123. Inmediatamente que el Ministerio Público, las policías o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para: proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y testigos; impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante y su registro inmediato Artículo 141. La víctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes: .. III. Ser informado del desarrollo de la averiguación previa y de las consecuencias legales de sus actuaciones; .. VII. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas; De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la federación: En la averiguación previa: d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley; En consecuencia, los integrantes de la comisión dictaminadora, consideran procedente hacer un exhorto al titular de la Procuraduría General de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales agilice las acciones de investigación que esa institución lleva a cabo para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en que perdieran la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno el siguiente Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al procurador general de la República a efecto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales agilice las acciones de investigación que lleva a cabo para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en que perdieran la vida los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román. Lo anterior para que se proceda con la mayor celeridad al deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones correspondientes, así como a la indemnización de las familias afectadas Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ningún orador ha solicitado el uso de la palabra, está suficientemente discutido y queda reservado para ser votado en conjunto ESTADO DE COLIMA La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la seguridad pública y protección de las mujeres en el estado de Colima Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de la Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para proteger a las mujeres y a trabajar en la erradicación de la violencia de género en el estado, suscrita por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a consideraciones y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan: “Considerandos La seguridad jurídica, que el texto constitucional ha consagrado en su parte dogmática, es la expresión del máximo valor que la sociedad presta a la procuración del respeto y la equidad de los seres humanos sin distinción. La violación de ella, a través de los atentados a la integridad y dignidad humanas, representa la más humillante forma de corrupción del contrato social Esa violación se materializa por la violencia, que se desa-rrolla de forma física, a través de lesiones de diversa magnitud y que pueden conducir a la muerte, así como psicológica, la cual se dirige a coartar la libertad de conciencia de sus receptores. Si bien la Carta Magna, en unión con las leyes penales emanadas de ella, prohíbe esas conductas, hechos lamentables ocurridos en últimas fechas en el país señalan a la mujer como la mayor de sus víctimas El esfuerzo legislativo por prevenir y, sobre todo, erradicar de la sociedad la práctica de esas conductas, contrarias a la dignidad de la mujer, se ha hecho notar con todo vigor a través de la adopción de tratados internacionales que consideran y condenan tales circunstancias y que, a su vez, han servido como marco para el desarrollo de una ley de gran avanzada en la actual generación de los derechos humanos: la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada hace poco más de tres años y que se ha centrado en las acciones en favor de las mujeres en un ámbito de certidumbre jurídica y social, independientemente de cuáles sean sus condiciones de vida o a qué estamento social pertenezcan La mujer es víctima de la violencia no sólo en el hogar, toda vez que los mayores índices contra su dignidad son cometidos en los hogares, centros educativos y actividades laborales por personas directamente relacionadas con ellas y en la vía pública y por agresores desconocidos La mayor proporción de personas receptoras de violencia física en México son las mujeres, con 61.4 por ciento de los casos, en un margen de edad comprendido entre 5 y 44 años, especialmente por conducto de los padres y las parejas sentimentales, según reportó la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo para 2007. Destacan entre los tipos de violencia más comunes la emocional, con 34.8 por ciento; la económica, con 29.3; la física, con 9.3; y la sexual, con 7.8 Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares permiten confirmar que además de los recurrentes episodios de violencia, no hay clara conciencia de la magnitud del problema por sus víctimas. Basta mencionar que sólo 35 por ciento de las entrevistadas se atrevió a recurrir a alguna autoridad para denunciar la agresión; mientras que para 34.2 por ciento de ellas, estos actos violatorios de su dignidad humana representaron sucesos sin importancia, 31.8 no denunció cuando sufrió violencia sexual por conducto de sus hijos, y 12 por ciento omitió expresar lo acaecido por desconfianza hacia las autoridades y el sistema de justicia penal La encuesta mencionada demuestra que Colima se mantiene entre los cinco primeros lugares de violencia. Es el caso de la emocional, donde Jalisco, estado de México y Colima reflejan los más altos porcentajes, con 47.3, 47.1 y 45.0, respectivamente, frente a la media nacional de 37.5. En violencia económica, Jalisco arroja 30.5 por ciento, estado de México 29.6 y Colima 27.2, frente a la media nacional de 23.4. En violencia sexual, nuevamente Jalisco, Colima y el estado de México se disparan con los más altos porcentajes: 11.6, 11.1 y 11.0, en ese orden, cuando la media nacional es de 9.0 En Colima, en 2010 fueron detectados 106 casos de mujeres violentadas, según datos de la Dirección Jurídica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia ha reportado el incremento de estos actos violentos en todo el territorio estatal, pero con mayor número en Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez A los hechos que componen estas cifras se suman los dos ataques de índole sexual cometidos cerca de la capital del estado en la primera quincena del presente mes, en el que los medios de comunicación han dado cuenta no sólo de estas denuncias presentadas, sino que hacen referencia a un número mayor de estos ilícitos que no han sido denunciados y, por tanto, se mantienen en el anonimato y sin protección jurídica Lo anterior conduce a manifestar preocupación porque podemos encontramos en la antesala de una alerta de feticidio. Por ello, esas agresiones y sus circunstancias deben atenderse con políticas eficaces y eficientes para frenar cualquier posible escalada como la que viven Ciudad Juárez, Chihuahua, y el estado de México. El llamado por mí realizado como colimense consternada y ocupada en garantizar el respeto de la dignidad de los habitantes de esta entidad federativa, busca hacer eco para conducir a un control exhaustivo no sólo visible en el incremento de efectivos de fuerzas policiales en las calles para la vigilancia de la ciudadanía, sino en la instauración de una sostenible y permanente campaña de alerta y concienciación contra la violencia hacia las mujeres, siendo esta obligación de carácter primordial del gobierno estatal en primer lugar, así como de los ayuntamientos constitucionales de los municipios que integran Colima No basta la habilitación de supuestas áreas recreativas con vigilancia policiaca, donde se permita el ingreso a los jóvenes con bebidas embriagantes para protegerlos de nuevos ataques de encapuchados contra hombres y especialmente mujeres, tal como el gobernador del estado ha procedido a ordenar. Ante esto, la primera y más importante medida que el gobernador debe ejecutar, el arranque y mantenimiento de una intensa campaña de concienciación ciudadana, paralelamente al ordenamiento a la Policía Estatal Preventiva, a fin de procurar y fortalecer la protección de los espacios públicos, al mismo tiempo que la Procuraduría de Justicia del Estado proceda al cumplimiento de sus obligación como protectora de la ciudadanía y perseguidora de los delitos que se presentan, resolviendo de manera clara, contundente y ajustada a derecho Con estas urgentes demandas, reitero mi compromiso asumido con la ciudadanía colimense de trabajar a su favor, al mismo tiempo que reconozco y me sumo a la manifestación realizada por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Roberto Chapula de la Mora, solicitando a la administración pública estatal la emisión de una alerta general para frenar esta serie de violaciones de mujeres Olvidémonos de flaquezas e indecisiones; debemos reconocer con urgencia que la seguridad pública de los ciudadanos de Colima y la dinámica social libre de violencia para hombres y mujeres es necesaria para el desarrollo integral de la entidad federativa y, por ende, del país en su conjunto. Debemos preocuparnos de trabajar para castigar a quienes han cometido los ilícitos expresados de viva voz y proceder a erradicar toda señal de agresión y violaciones contra la mujer. No esperemos ver elevada la cifra de mujeres víctimas para dictar una alerta de feminicidios Por las consideraciones expuestas, se someten a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a promover y fortalecer las medidas de seguridad pública para la protección de las mujeres y trabajar en la erradicación de la violencia de género en el territorio estatal Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Colima a informar a esta soberanía acerca de las acciones y políticas implantadas en la atención de este punto de acuerdo, así como de los avances en la procuración de justicia para las recientes víctimas de violencia sexual.” II. Los integrantes de la comisión dictaminadora estiman que este es uno de los casos en que  aún y cuando se comparten los planteamientos propuestos por la autora de la proposición que ahora se dictamina, por considerar de la mayor importancia la salvaguarda y protección de las mujeres y no únicamente a las mujeres colimenses, como lo solicita la proponente, sino a todas las mujeres del país, esta Comisión Dictaminadora en reiteradas ocasiones ha señalado que la Comisión Permanente no puede pronunciarse en razón de los siguientes planteamientos: El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en el sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” En el caso, como lo reconoce expresamente la autora de la proposición que se dictamina, se trata de un asunto de la competencia directa del gobierno del estado de Colima, consecuentemente, tomando en cuenta exclusivamente los ámbitos territoriales en los que se reseña acontecieron los hechos, la Comisión Permanente considera que, en el caso, con el propósito de dar atención y seguimiento a la proposición que se dictamina, se estima prudente que en lugar de exhorto, se remita el asunto al gobernador de Colima, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su respectiva competencia En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–somete a la consideración del pleno los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Remítase el expediente al C. Gobernador del Estado de Colima, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su respectiva competencia Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión, diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Están a discusión los puntos de acuerdo. No hay oradores inscritos, queda reservado para su votación económica en conjunto toda vez que está suficientemente discutido ESTADO DE MORELOS La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra presidentes municipales y servidores públicos de los ayuntamientos Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo federal a colaborar en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra presidentes municipales y servidores públicos de los ayuntamientos; a destinar de inmediato mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a los municipios y a las localidades que lo requieren urgentemente; a establecer en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales rutas de vigilancia en los municipios y en las localidades que presentan mayor índice de delincuencia e inseguridad y brindar mayor seguridad y protección a los servidores públicos municipales; y para que se exhorte al gobernador de Morelos a solicitar el apoyo de las fuerzas militares y federales para garantizar la seguridad en la entidad, así como intensificar las investigaciones del asesinato del presidente municipal de Temoac, suscrita por el diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica; y 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen: Antecedentes La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 19 de enero de 2011 y turnada para el estudio y dictamen correspondientes a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia Consideraciones I. En el capítulo de consideraciones de la proposición que se dictamina, el autor señala que el aumento considerable de los índices de criminalidad en todo el país ha provocado una polémica sobre el verdadero nivel del problema de inseguridad pública que enfrentamos, y que las cifras oficiales confirman el importante aumento de la delincuencia en México durante los últimos años, además de la falta de un sistema de administración de justicia confiable, que inhibe que la sociedad denuncie los delitos ante las autoridades Señala el proponente que la seguridad pública debe ser suministrada por el Estado para proteger a todos los ciudadanos y garantizar un estado de derecho; que la existencia de éste permite desarrollar las actividades productivas de la sociedad y las empresas, fomentar su adecuado funcionamiento y asegurar mayor bienestar social; que, desafortunadamente, cada año grandes cantidades de recursos son destinadas a prevenir y combatir los efectos negativos de la delincuencia, en lugar de ser canalizadas a actividades productivas, lo cual obstaculiza el desarrollo y el crecimiento económicos; y que sumado a lo anterior, muchos de los policías que combaten a la delincuencia, esencialmente los municipales y los estatales, lo hacen con recursos limitados y armas inapropiadas Indica el autor de la proposición que el nivel de gobierno más cercano a la población, el municipio, cuenta con menos recursos y menos atribuciones, en contrapartida con el estatal y el federal (este último tiene más recursos y atribuciones), por lo cual han sido presa fácil para las operaciones de narcomenudeo, para construir infraestructura y conseguir apoyo político y complicidad de integrantes de los cárteles y que, según un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública federal, más de 400 municipios carecen de policías, y en mil 29 trabajan no más de 15 agentes en cada uno. En términos generales, 88.5 por ciento de los municipios tiene menos de 100 policías El proponente señala también que esa situación es difícil para las autoridades municipales, pues la sociedad demuestra una lealtad a la delincuencia organizada generada principalmente por cuestiones de supervivencia y temor y que muchos ediles o integrantes de cabildos se han visto forzados a aceptar las reglas de los capos o, en caso contrario, han sido objetos de atentados en su contra o de su familia Establece el proponente que en los últimos tres años han sido asesinados más de 40 funcionarios municipales, entre alcaldes, ex ediles, regidores, secretarios de ayuntamientos y candidatos a alcaldes, además de varias decenas de policías locales y federales y militares. Indica que algunos alcaldes fueron muertos por sus propios policías, quienes fueron despedidos o cambiados de sus tareas. Precisa que en el caso particular de Morelos, ésta ha sido afectada por diversos acontecimientos de gran preocupación, reseñando diversos enfrentamientos ocurridos a partir del 16 de diciembre de 2009, en que resultó muerto Arturo Beltrán Leyva y hasta el 6 de diciembre de 2010, en que se entregó a las autoridades judiciales de Morelos al menor Edgard Jiménez Lugo, alias El Ponchis, acusado de homicidio y de vínculos con la delincuencia organizada Finalmente, el legislador proponente señala que el pasado 10 de enero el alcalde de Temoac, Abraham Ortiz Rosales, fue asesinado por un grupo armado que le disparó cuando viajaba con su esposa, sus tres hijos y su escolta, en el ingreso de la comunidad de Amilcingo, por lo que es urgente diseñar y adecuar políticas y acciones que fortalezcan la administración de las alcaldías no solamente de Morelos sino de todo el país, a fin de contrarrestar los efectos de la delincuencia organizada y cumplir así el compromiso del Estado de garantizar seguridad en todo sentido a la población, por lo que formula los siguientes Puntos de Acuerdo Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a colaborar en las investigaciones con las autoridades locales de las entidades federativas donde se han perpetrado asesinatos y ataques contra presidentes municipales y servidores públicos de los ayuntamientos para encontrar a los responsables y juzgarlos Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a destinar de inmediato mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a los municipios y a las localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo de ingobernabilidad Tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo federal a establecer en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales rutas de vigilancia en los municipios y en las localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad para la población, así como brindar mayor seguridad y protección a los servidores públicos municipales Cuarto. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al gobernador de Morelos a solicitar al titular del Ejecutivo federal el apoyo de las fuerzas militares y federales de seguridad pública para garantizar la seguridad en la entidad, así como intensificar las investigaciones del asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden en lo esencial con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que consideran que el fenómeno de la inseguridad en el país y los efectos del combate de la delincuencia organizada se ha exacerbado en los últimos años, según acreditan cifras emitidas por las dependencias del gobierno federal competentes en la materia, principalmente por lo que refiere a secuestros, homicidios, extorsiones y delitos contra la salud; y personas que por su posición de poder político o investidura pública formal antes era impensable que fueran sujetos de agresiones físicas ahora lo son, como demuestra el elevado número de asesinatos sufridos, en su conjunto y durante los últimos meses, por presidentes municipales, ex gobernadores, candidatos a cargos de elección popular y algunos legisladores o ex legisladores. Esta dictaminadora estima, en concordancia con el proponente, que debido a la inmediatez de las funciones que desarrollan los miembros de los cabildos, particularmente por lo que refiere a la seguridad pública, se ha incrementado la vulnerabilidad de éstos ante los ataques a su integridad personal por la delincuencia o por cualquier otra causa o agente que, ante la subcultura de la violencia y la impunidad, se desbordan en la criminalidad y en el uso sin razón ni justificación de las armas Esta comisión considera que en lo posible, deben canalizarse más recursos a los municipios para que puedan enfrentar con mayor eficiencia la inseguridad y la violencia en sus territorios y brindar mayor protección a los miembros de sus ayuntamientos y servidores públicos, mejorando al mismo tiempo la coordinación institucional entre federación, los estados y los municipios para los efectos descritos La comisión dictaminadora considera pertinente reproducir las disposiciones relativas del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: .. La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y formarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y el desarrollo de estas acciones serán competencia de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar en las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema c) La formulación de políticas públicas tendentes a prevenir la comisión de delitos d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines En consecuencia, los integrantes de la comisión dictaminadora consideran procedente hacer un atento exhorto al titular del Ejecutivo federal a colaborar, en el marco de la coordinación institucional en materia de seguridad pública o, en su caso, de la facultad de atracción que tiene la Procuraduría General de la República, en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra presidentes municipales y servidores públicos de los ayuntamientos; a destinar, conforme lo permitan el Presupuesto de Egresos de la Federación y las fórmulas de distribución correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a los municipios y a las localidades que lo requieren urgentemente; a establecer en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales rutas de vigilancia en los municipios y en las localidades que presentan mayor índice de delincuencia e inseguridad y brindar mayor seguridad y protección a los servidores públicos municipales Esta dictaminadora considera conveniente y procedente solicitar al gobernador de Morelos que informe del avance de las investigaciones relativas al asesinato de Abraham Ortiz Rosales, quien fuera presidente municipal de Temoac En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente Punto de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a colaborar, en el marco de la coordinación institucional en materia de seguridad pública o, en su caso, de la facultad de atracción que tiene la Procuraduría General de la República, en las investigaciones de los asesinatos y ataques contra presidentes municipales y servidores públicos de los ayuntamientos; a destinar, conforme lo permitan el Presupuesto de Egresos de la Federación y las fórmulas de distribución correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a los municipios y a las localidades que lo requieran; y establecer, en coordinación con las fuerzas de seguridad estatales y municipales, rutas de vigilancia en los municipios y en las localidades que presentan mayor índice de delincuencia e inseguridad y brindar mayor seguridad y protección a los servidores públicos municipales Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobernador de Morelos que informe del avance de las investigaciones relativas al asesinato de Abraham Ortiz Rosales, quien fuera presidente municipal de Temoac Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011 La Primera Comisión,diputados: Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), presidente; Arturo García Portillo, Florentina Rosario Morales (rúbrica), secretarios; Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Alberto Cinta Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica); senadores: Renán Cleominio Zoreda Novelo, Alejandro Zapata Perogordo, secretarios; Fernando Castro Trenti, Humberto Aguilar Coronado, René Arce Círigo (rúbrica), Luis Maldonado Venegas.» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo. No hay participantes en la discusión, por lo que está suficientemente discutido Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y todos los anteriormente reservados por la Primera Comisión La Secretaria diputada Esthela Damián Peralta: En votación económica se pregunta si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo Señor presidente, mayoría por la afirmativa El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - ESTADOS DE PUEBLA, CAMPECHE Y YUCATAN El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señores legisladores, las proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión serán turnadas a las comisiones correspondientes de cada una de las Cámaras de Diputados y de Senadores, toda vez que es ésta la última sesión de trabajo de la Comisión Permanente, es el caso de la proposición con punto de acuerdo del senador Cleominio Zoreda Novelo, relativo a la aplicación de los recursos federales ejercidos en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios del PRI y del Partido Verde La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a verificar por la SFP y la ASF la correcta aplicación de los recursos federales en el periodo 2007-2010 en los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y a la ASF, a realizar las auditorías necesarias e informar a esta soberanía sobre las erogaciones llevadas a cabo en Puebla y Campeche a efecto de construir baños ecológicos en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Indígenas, así como en Yucatán en el Fideicomiso del Fonhapo para edificar baños a través de la delegación estatal de la Sedesol; y se solicita la comparecencia del director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ante la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados a fin de que explique las presuntas irregularidades y anomalías que se han denunciado sobre el ejercicio de recursos en programas de esa dependencia, a cargo del senador Renán Cleominio Zoreda Novelo y suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM Los suscritos, senador Cleominio Zoreda Novelo y diputados federales Efraín Aguilar Góngora, Enrique Castillo Ruz, Felipe Cervera Hernández, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eric Rubio Barthell, Liborio Vidal Aguilar y Rolando Zapata Bello, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes Consideraciones El gobierno federal ha sostenido que uno de sus pilares es el combate a la pobreza y cada año el Congreso de la Unión, en específico la Cámara de Diputados, le ha asignado un presupuesto creciente para cumplir con estas tareas, en especial para la atención de la infraestructura básica de las comunidades marginadas y de los pueblos indígenas En este sentido, cualquier irregularidad, inconsistencia o anomalía en el ejercicio de los recursos asignados a esta tarea de amplia trascendencia para la administración pública federal, debe ser investigada y, en su caso, sancionada con toda la celeridad y firmeza que la normativa establezca La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un organismo descentralizado de la administración pública federal; se estableció como instancia de consulta obligada en materia indígena para el conjunto así como de evaluación de los programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos federales, estatales y municipales para mejorar la atención a la población indígena Una de sus principales funciones es la gestión institucional, es decir canalizar recursos y esfuerzos públicos para que la población indígena supere los rezagos en materia de infraestructura básica y de comunicaciones para mejorar sus condiciones de vida. A través de diversos programas, se apoyan proyectos para el desarrollo económico, la construcción de vivienda, la dotación de los servicios de agua potable, electricidad, desagüe, entre otros Para el 2011, la CDI tiene una asignación presupuestal por más de 9 mil 300 millones de pesos, con lo que se evidencia que es una dependencia que cuenta con recursos muy importantes para cumplir con una tarea tan delicada como la atención del rezago de las comunidades indígenas Sin embargo, durante ejercicios fiscales anteriores se presentaron diversos señalamientos de irregularidades y actos ilícitos en la aplicación de programas de la dependencia, en específico del Programa de Infraestructura Básica para la Construcción de Baños Ecológicos en las Comunidades Indígenas El primer caso de las irregularidades difundidas se refiere a las anomalías detectadas en los municipios de Olintla, Naupan y Tlacuiltotepec en el estado de Puebla en 2007, por obras que se pagaron y no existen o están mal construidas, pero fueron avaladas por autoridades centrales de la CDI; dos años después se descubrieron nuevas anomalías en los municipios de Olintla, Zapotitlán, Salinas y Ajalpan, los que implicó la denuncia de la propia delegada de la dependencia en Puebla, Anahi Romero Alonso, de que fue obligada por titulares de la CDI a ocultar las anomalías que había detectado. Al final de cuentas, la delegada fue retirada del cargo sin haberse aclarado los motivos de esto Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública, a raíz de las anomalías difundidas, realizó auditorías para investigar, aclarar y en su caso, sancionar a los responsables de un supuesto desfalco por 37 millones de pesos en la aplicación de recursos por parte de la CDI Lo que más llama la atención de este caso es que el, en aquel entonces, coordinador general de Administración y Finanzas de la dependencia, Carlos Gutiérrez Ocampo, también fue retirado recientemente de su cargo sin explicarse los motivos que llevaron a esta remoción Otra denuncia en este mismo sentido se ha dado en municipios del estado de Campeche, particularmente en comunidades de Hopelchén, donde los propios ciudadanos y supuestos beneficiarios de los “baños ecológicos” han manifestado graves deficiencias en la construcción de éstos e incluso que no son utilizables por lo que evidencia la inoperancia de una inversión de 56 millones de pesos, lo que se relaciona con anomalías e inconsistencias en la construcción de dichos baños y podría llevar a detectar actos de corrupción en dichas obras En otro asunto estrechamente vinculado, en el municipio de Hunucmá, Yucatán, se descubrió otra irregularidad, donde Alfonso Aguiar Irigoyen, coordinador del programa de Empleo Temporal en la Delegación Yucatán de la Sedesol, se presume que cobró poco más de 950 mil pesos de anticipo para la construcción de 100 baños ecológicos , obra que no se hizo y cuya inversión total era de 3 millones 151 mil 600.99 pesos, aportados a partes iguales por la comuna de ese municipio el Fondo Nacional de Habitaciones Populares por concepto de subsidio federal del programa Tu Casa, correspondiente al ejercicio fiscal 2009 Recientemente, Aguiar Irigoyen solicitó licencia para separarse del cargo por su participación en el presunto desvío de recursos Frente a todas estas denuncias que han sido publicadas y evidenciadas en diversos medios, es necesario que se deslinden responsabilidades al nivel que corresponda, ya que es muy lamentable que uno de los sectores más vulnerables, como la población indígena, sea perjudicado de esta forma Por todo lo anterior, es necesario que el Congreso de la Unión actúe con rapidez y firmeza para aclarar este asunto y lograr que pueda ser solucionado y sancionado en su caso a los responsables, por lo que el primero que debe responder ante estas presuntas irregularidades es el director general de la CDI Xavier Abreu Sierra y ser citado a comparecer ante este órgano legislativo, también deben responder por las irregularidades en los programas de la Sedesol los funcionarios encargados de la administración y ejecución de recursos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, así como de la delegación en Yucatán Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública deberán intervenir de acuerdo a sus competencias para investigar a profundidad este caso tan lamentable Por lo expuesto, se propone ante esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, así como a la Auditoría Superior de la Federación, a verificar, en el marco de sus atribuciones la correcta aplicación de los recursos federales ejercidos en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 para los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en específico del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Indígenas, así como de los recursos utilizados en 2009 en el Programa Tu Casa del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoria Superior de la Federación que, en el ámbito de sus responsabilidades, investigue, realice las auditorías necesarias e informe a esta soberanía sobre los recursos ejercidos en los estados de Puebla y Campeche para la construcción de baños ecológicos dentro del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Indígenas, así como del ejercicio de los recursos en Yucatán del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares para la construcción de baños a través de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en esta entidad federativa Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cita a comparecer al ciudadano director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ante la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que explique las presuntas irregularidades y anomalías que se han denunciado sobre el ejercicio de recursos en programas de la dependencia a su cargo México, DF, a 25 de enero de 2011.— Senador Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputados: Efraín Aguilar Góngora (rúbrica), Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Felipe Cervera Hernández (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Eric Rubio Barthell (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Rolando Zapata Bello (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turnan el primero y segundo resolutivo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y el tercero a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados ESTADO DE MEXICO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De la diputada María Araceli Vázquez Camacho recibimos proposición con punto de acuerdo relativa a la atención médica de los habitantes del pueblo de San Bartolo Ameyalco La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a realizar gestiones para que se proporcione atención médica a los derechohabientes de San Bartolo Ameyalco que lo soliciten en la clínica 161, con el propósito de apoyarlos en su economía y en el tiempo de traslado a dicha unidad, suscrita por la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD La suscrita, diputada María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, propuesta con punto de acuerdo por que se solicita y exhorta al doctor Daniel Karam Toumeh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que en el uso de las facultades que le otorga la ley, realice las gestiones necesarias para que se le brinde la atención médica a los habitantes del pueblo de San Bartolo Ameyalco, que sean afiliados del instituto y que así lo soliciten en la clínica número 161 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el propósito de apoyarlos en su economía y eficiencia en el tiempo de traslado a dicha unidad médica, al tenor de los siguientes Considerandos Primero.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra como un derecho humano en su artículo cuarto, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, donde la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que se dispone en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Segundo. Que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado Tercero. Que la Ley del Seguro Social en su artículo 6 dispone que el Seguro Social comprende dos regimenes, el obligatorio y el voluntario Cuarto.Que la delegación Álvaro Obregón en el rubro de salud, a pesar de que cuenta con instalaciones de carácter privado (Hospital ABC) y social (IMSS), dada la densidad de población, se presenta un déficit del 28 por ciento, que se ubica sobre todo en las colonias del poniente de la delegación como Tlapechico, La Mexicana, Santa Fe, Barrio Norte, Lomas de Becerra, Zenón Delgado, entreotras Quinto.Que el miércoles 6 de enero de 2011 recibí en mi oficina solicitud de fecha 22 de diciembre de 2010, por parte del Comité Ciudadano del Pueblo de San Bartolo Ameyalco consistente en el apoyo para dar cumplimiento al acuerdo para solicitar al IMSS atención médica en la clínica número 161 de avenida Toluca, a afiliados del IMSS, que habiten en el pueblo de San Bartolo Ameyalco Sexto.Que el pueblo de San Bartolo Ameyalco de la delegación Álvaro Obregón es domicilio de 17 mil 240 ciudadanos, de los cuales el 58 por ciento es de trabajadores afiliados al Seguro Social. El porcentaje en comento, es de 10 mil personas, aproximadamente. El 10 por ciento de la población afiliada, mil personas, son adultos mayores, quienes acuden con mayor frecuencia a los servicios médicos del Seguro Social. Del total del grupo poblacional el 80 por ciento, 800 personas, son jubiladas o pensionadas con ingresos de uno a dos salarios mínimos Séptimo.Que la población de adultos mayores, mencionados en el considerando quinto, tiene que acudir a los servicios médicos de la clínica número 22, ubicada en la Unidad Independencia, en la delegación Magdalena Contreras. El camino a dicha clínica es excesivo, más de 1 hora, al menos dos rutas de transporte público, son necesarias para que los adultos mayores accedan a su consulta Octavo.Que se construyó la clínica 161 del Seguro Social en avenida Toluca de la delegación Álvaro Obregón. El camino hacia las instalaciones de la clínica representaría conveniencias mayúsculas: un menor costo de transporte y la mitad de tiempo de traslado para los habitantes de San Bartolo Ameyalco, afiliados al Seguro Social, que quisieran acudir a dicha unidad médica Noveno.Que el acuerdo del comité ciudadano del pueblo de San Bartolo Ameyalco tiene el siguiente contenido: “El comité ciudadano del pueblo de San Bartolo Ameyalco solicitará a servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, puedan otorgar la atención médica en la clínica o Unidad Médica número 161 del IMSS, que habiten en el pueblo de San Bartolo Ameyalco de la propia delegación Álvaro Obregón, que así lo soliciten, con el propósito de apoyarlos en su economía y eficiencia en el tiempo de traslado a dicha unidad médica” Décimo.Por esta razón es que pedimos a las autoridades del IMSS, revisen detalladamente, las condiciones y necesidades de los habitantes de San Bartolo Ameyalco, para que puedan acudir y se les brinde la atención médica en la clínica o Unidad Médica número 161 del IMSS, mediante los cambios administrativos necesarios Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita y exhorta al doctor Daniel Karam Toumeh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que en el uso de las facultades que le otorga la ley, realice las gestiones necesarias y tramites administrativos para que se le brinde la atención médica a los habitantes del pueblo de San Bartolo Ameyalco, que sean afiliados del instituto y que así lo soliciten en la clínica número 161 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el propósito de apoyarlos en su economía y eficiencia en el tiempo de traslado a dicha unidad médica Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura, Cámara de Diputados, a los 26 días de enero del año dos mil once.— Diputada Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados ESTADO DE TABASCO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De la senadora Rosalinda López Hernández, recibimos proposición que exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, en relación a las tarifas eléctricas en el estado de Tabasco La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a la CFE a instruir al personal de ésta para que cese el hostigamiento contra las comunidades de Tabasco en resistencia civil por las elevadas tarifas de electricidad y los ciudadanos que convinieron el pago de adeudos pero que por su situación económica no han podido cumplir, suscrita por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD Quien suscribe, Rosalinda López Hernández, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la  Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones En el 2011 se cumplen 15 años del inicio del movimiento de resistencia civil que se puso en marcha en el estado de Tabasco a raíz del conflicto postelectoral de 1995 y que, entre otras medidas, incluyó el no pago de las tarifas por consumo de energía eléctrica El movimiento que surgió como una legítima manifestación de miles de familias tabasqueñas por su inconformidad con el proceso electoral de 1994, en pocos años se convirtió en el reflejo de las grandes dificultades económicas que tiene la sociedad tabasqueña para cubrir las excesivas tarifas que se cobran en el Estado por consumo de energía eléctrica Con esto, la resistencia civil adquirió otro sentido, pasó de ser un movimiento de inconformidad política a una manifestación social que exigió y sigue a la espera de tarifas de energía eléctrica justas para Tabasco En muchas ocasiones se ha intentado solucionar el problema de las elevadas tarifas y la imposibilidad del pago de los adeudos, sin embargo, los esfuerzos han sido infructuosos porque han prevalecido las voces de quienes insisten en separar la problemática, es decir, alzan su voz para manifestarse en contra de las altas tarifas eléctricas, pero no promueven una solución al problema de la resistencia civil, cuya permanencia es sólo un reflejo de la miseria y abandono que padecen miles de familias tabasqueñas Por su parte, hay quienes hemos insistido en dar una solución integral, tarifa justa para Tabasco sí, pero también hemos demandado la intervención de los Gobiernos Federal y Estatal para el pago de los adeudos por consumo de energía eléctrica. En ese sentido han sido planteadas las propuestas de solución, sin embargo, intereses o coyunturas políticas no han permitido concretar las acciones que buscan una solución definitiva a dicha problemática Ante esta circunstancia e independientemente del origen del problema, el gobierno, los representantes populares y la sociedad en su conjunto tenemos la obligación de gestionar su resolución ante las instancias competentes, sin aceptar que se condicione el otorgamiento de una tarifa justa al pago de los adeudos generados por la resistencia civil. Asimismo, debemos evitar que las posibles soluciones no afecten la precaria situación económica de las familias tabasqueñas En lo que hace al tema del establecimiento de tarifas justas por consumo de energía eléctrica  debe mencionarse que diversos sectores de la sociedad tabasqueña han promovido y gestionado ante las autoridades competentes modificaciones al Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito del 7 de febrero de 2002 que redujo el monto del subsidio a las tarifas domésticas En este proceso han participado integrantes de los sectores público, social y privado del Estado y representantes populares de filiaciones políticas distintas, del ámbito federal y local, en razón de que se trata de una demanda justa cuya resolución beneficiará el bolsillo de miles de familias tabasqueñas y por su puesto a los sectores productivo y de servicios de la entidad Además del “borrón y cuenta nueva”, la solicitud específica en el caso de Tabasco, consiste en que la Secretaría de Hacienda autorice las tarifas 1E y 1F, así como la ampliación del periodo de verano en toda la zona del Estado, en razón de que si bien la temperatura efectiva promedio anual en la entidad es de 30° centígrados, el alto porcentaje de humedad relativa que se presenta, que es de 83 por ciento, provoca que las condiciones sean similares a los lugares con 42° centígrados y 20° de humedad relativa que es en el norte del país. Asimismo, y a diferencia del resto del país, Tabasco después de la temporada de verano continúa manifestando condiciones termométricas altas Las razones de este pedimento se han planteado en diversas ocasiones y a través de distintos medios, sin que hasta el momento se tenga una respuesta positiva El 8 de octubre de 2007 el Gobierno del Estado de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad suscribieron un convenio de colaboración denominado “Acuerdo por Tabasco”, con tres objetivos: 1. Otorgar un apoyo a los usuarios domésticos para que pudieran cubrir los adeudos que tenían con la CFE; 2. Definir las facilidades de pago de los usuarios de energía eléctrica deudores clasificados en tarifa 2; y, 3. Apoyar a todos los usuarios domésticos de la entidad que consumieran hasta 500 kilovatios/hora mensuales en el periodo de verano o 450 kilovatios/hora mensuales en el periodo fuera de verano El acuerdo suscrito por el Gobernador del Estado con la CFE resultó a todas luces desventajoso para la entidad, aunque algunos celebraron como un gran logro el hecho de que el Gobierno Federal se comprometiera a realizar por el monto de la aportación entregada por el Estado las obras necesarias para infraestructura y de electrificación El Gobierno del Estado inexplicablemente aceptó, a cambio de nada, que el Gobierno Federal condicionara la inversión en materia de suministro de energía al pago total de los adeudos, siendo que el artículo 21 de la Ley del Servicio Público de Energía, sin cortapisa, obliga a la CFE a mantener sus instalaciones en forma adecuada, para la prestación del servicio público de energía eléctrica en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad El apoyo a los usuarios domésticos contemplado en el Convenio de octubre de 2007 consistía en obligarlos a pagar el 50 por ciento de su adeudo en un plazo de 5 años, es decir, la CFE y el Gobierno del Estado pretendían que los usuarios pagaran en un lustro la mitad de lo que no pudieron pagar en 14 años, sin que ni siquiera se intentaran establecer mejores condiciones para que el usuario pudiera cubrir el costo de las presentes tarifas En cuanto al apoyo a los usuarios domésticos de la entidad que consumieran hasta 500 kilovatios/hora mensuales en el periodo de verano o 450 kilovatios/hora en el periodo fuera de verano, nuevamente el Gobierno del Estado, en vez de exigir el establecimiento de tarifas justas para Tabasco comprometió el erario público para cubrir el diferencial del monto que supuestamente dejarían de pagar dichos usuarios al otorgársele la tarifa 1E En el convenio modificatorio de marzo de 2008 persiste la misma lógica: a los usuarios domésticos con adeudos hasta de 50 mil pesos al mes de septiembre de 2007, se les ofrece que por cada peso que paguen o hayan pagado de las facturaciones de octubre de 2007 en adelante, les será descontado un peso del adeudo acumulado que tengan, sin embargo, las dificultades económicas para el pago de los recibos aún persisten porque no se otorgó una tarifa eléctrica adecuada a las condiciones climatológicas de la entidad Esta misma situación aplica, y con mayor gravedad, para los usuarios domésticos con adeudos mayores a 50 mil pesos al mes de septiembre de 2007, ya que se les obliga a pagar el 50 por ciento por ciento de su deuda en un plazo de 5 años, es decir, no sólo tendrían que cubrir el monto de las altísimas parcialidades del adeudo, sino también las elevadas tarifas eléctricas En suma, con el llamado “Acuerdo por Tabasco” de 2007, incluido el convenio modificatorio de marzo de 2008, no se logró ni borrón y cuenta nueva ni tarifas justas para Tabasco. Todo resultó en una farsa tal como se ha dado cuenta en los diversos medios de comunicación, donde los tabasqueños expresan su inconformidad por esa burla, ya que la cantidad que se refleja en sus recibos es sumamente elevada, no es acorde a la realidad, les están pretendiendo cobrar consumos ya pagados, consumos inexistentes, y les establecen de manera unilateral un pasivo histórico En las últimas semanas, la Comisión Federal de Electricidad ha intensificado sus actos de hostigamiento en contra de los usuarios, a través de cortes masivos a la energía eléctrica e injustamente interponiendo juicios mercantiles Por lo expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a fin de que instruyan al personal de esa paraestatal para que cesen los actos de hostigamiento en contra de las comunidades del estado de Tabasco que se encuentran en resistencia civil a las altas tarifas de energía eléctrica, así como de ciudadanos que de buena fe convinieron el pago de sus deudas pero que su situación económica les ha impedido cumplir con la obligación adquirida Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Tabasco a que, de manera inmediata, promuevan la instalación de una mesa de diálogo con la participación de los sectores representativos de la sociedad tabasqueña, con la finalidad de construir una solución definitiva y justa al problema de los adeudos de energía eléctrica Tercero.La Comisión Permanente solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, un informe detallado sobre los resultados de la ejecución del llamado “acuerdo compensatorio del servicio eléctrico”, así como del convenio modificatorio, suscritos entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado de Tabasco, en octubre de 2007 y marzo 2008, respectivamente Senadora Rosalinda López Hernández (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores PETROLEOS MEXICANOS El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición de las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca, para que la Autoridad Superior de la Federación realice una revisión de la cobertura riesgos con que cuenta Petróleos Mexicanos La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que revise que los procedimientos de cobertura de riesgos de Petróleos Mexicanos son suficientes para enfrentar contingencias en ductos, poliductos, plataformas, buques y medios de transporte que puedan afectar a los trabajadores y a la población, y que audite la inversión física y el mantenimiento de las instalaciones referidas, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD Las suscritas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones El 20 de abril de 2010, explotó en Estados Unidos, la plataforma de Deepwater Horizon, perteneciente a la empresa con sede en Suiza, Transocean Ltd, que extraía petróleo para la British Petroleum, en dicho accidente murieron 11 trabajadores. Se estima que cerca de 4.9 millones de barriles de crudo se derramaron. El accidente en las aguas del Golfo de México, causó daños ecológicos, también a las industrias pesquera y turística de la región, lo que afectó a México Pero también durante los últimos años se han registrado importantes accidentes en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Cabe recordar que el 19 de noviembre de 1984, una explosión registrada en las instalaciones de San Juan Ixhuatepec, estado de México, dejó un saldo de 503 personas muertas y 926 con lesiones graves, a través de distintos medios de comunicación se ha dado cuenta de estos hechos. Se puede citar que el 15 de abril de 2005, personal de Pemex y de grupos especializados rescataron los cuerpos de seis personas que perdieron la vida en la explosión de Coatzacoalcos, del amoniaducto de la empresa privada Reparaciones Navales y Petroquímicas Por otra parte, el 17 de octubre de 2006, la explosión seguida de un incendio en el buque tanque “Quetzalcóatl” dejó ocho muertos, un desaparecido y 14 personas lesionadas con quemaduras. El 23 de octubre de 2007, 20 trabajadores muertos y dos reportados a la deriva en las aguas de la sonda de Campeche, fue el saldo de una fuga descontrolada de aceite y gas en el pozo Kab 101, golpeado por la plataforma petrolera Usumacinta Durante 2008, se registraron accidentes y derrames de sustancias en instalaciones de Pemex en Veracruz, según un informe de Pemex, el registro que se tenía era de 45 accidentes o derrames en pozos, poliductos y oleoductos que atraviesan por distintos municipios veracruzanos. En tanto que el 17 de junio de 2009, se registró un estallido en la comunidad de Francisco J. Mújica, municipio de Cunduacán, Tabasco, el cual dejó un saldo de cinco personas heridas; mientras que el 7 de septiembre de 2010, en la planta hidrodesulfuradora de gasóleos de la refinería de Cadereyta, se registró una explosión en donde murió un trabajador y dos resultaron gravemente heridos No obstante que el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, informó que la paraestatal registró en 2009 un índice de frecuencia de 0.42 accidentes por millón de horas hombre laboradas, el 19 de diciembre de 2010, se registró un estallido en los ductos de la paraestatal, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. Las autoridades estatales informaron que el número de fallecidos por la explosión del oleoducto fue de 22 personas y se registraron 32 heridos; también se habían contabilizado 32 casas destruidas y 83 más con daños parciales El pasado 13 de enero, compareció ante la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, Juan José Suárez Copel, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), al ser cuestionado sobre los constantes robos y accidentes de la paraestatal, reconoció que las tomas clandestinas de hidrocarburos se incrementaron 74.6 por ciento al pasar de 462 a 712 entre 2009 y 2010 En 2009, se estimaba en 3 millones los barriles robados y se disminuyó a un millón 700 mil barriles en 2010. Mientras que 69 por ciento de las tomas clandestinas detectadas por Pemex se concentró, según el funcionario, en seis entidades: Veracruz, Sinaloa, México, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla. Además, el funcionario informó que 4 por ciento de los 60 mil kilómetros que integran la red nacional de ductos se encuentra en desuso, por lo que ya comenzaron a retirarlos ante la percepción de riesgos entre la población Los legisladores demandamos al director general de Pemex definir acciones inmediatas de mantenimiento y vigilancia en los ductos y desarrollar planes de prevención. Pero, también consideramos que son necesarias otras medidas, que apoyen la seguridad de la gente que vive cerca de las instalaciones de la paraestatal Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, en términos del artículo 40 de la Ley de Fiscalización  y  Rendición de Cuentas, que lleve a cabo una revisión para que verifique que los mecanismos de cobertura de riesgos con que cuenta Petróleos Mexicanos, son suficientes para hacer frente a las contingencias que se puedan presentar en los ductos, poliductos, plataformas, buques y medios de transporte que puedan afectar a los trabajadores de Pemex y a la población de las zonas cercanas a sus instalaciones. Así también, para que lleve a cabo una auditoría sobre la inversión física y el mantenimiento de las instalaciones referidas y que el resultado se presente en una separata de la Cuenta Pública de 2010 Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los 26 días del mes de enero de 2011.— Diputadas: Esthela Damián Peralta, Magdalena Torres Abarca (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados LUZ Y FUERZA DEL CENTRO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión al SAE respecto de los bienes del organismo de Luz y Fuerza del Centro, suscrito por las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que practique una revisión a la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la SHCP respecto al proceso de recepción, valuación, custodia y disposición de activos o partidas de bienes, desafectándolos de su destino y vocación del servicio público, asignados a Luz y Fuerza del Centro, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD Las suscritas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría a la Dirección del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal respecto del proceso de recepción, valuación, custodia y disposición de activos o partidas de bienes, desafectándolos de su destino y vocación del servicio público, asignados al organismo Luz y Fuerza del Centro, al tenor de los siguientes Antecedentes 1. Con fecha 28 de abril del 2010, el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, a nombre de diversos grupos parlamentarios, presentó, ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bie-nes, para que detallara y explicara el proceso de recepción, valuación y custodia de bienes, derechos, activos y recursos presupuestarios asignados al organismo Luz y Fuerza del Centro, así como de la disposición de activos o partidas desafectándolos de su destino y vocación de servicio público 2. El turno que en esa misma fecha dio la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio fue “Túrnese a la Junta de Coordinación Política” 3. Mediante oficio suscrito por el secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el licenciado Juan Carlos Delgadillo Salas, con fecha 18 de mayo de 2010 y el cual es dirigido a la diputada Esthela Damián Peralta en su calidad de presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita, por indicaciones del presidente de la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, y en razón de un acuerdo adoptado por ese órgano de gobierno el día que se gira dicho oficio, que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y el grupo de trabajo para dar seguimiento al conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal el cual se forma dentro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara analicen la viabilidad de llevar a cabo la comparecencia de dicho servidor público en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 4. En el punto de acuerdo en comento se propuso la siguiente redacción: “Único. La Cámara de Diputados acuerda citar a comparecer al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que exponga, explique y detalle el proceso de recepción de bienes, activos, sumas e importes procedentes del organismo Luz y Fuerza del Centro, así como la condición universal o individual de tal transferencia. De igual forma, que exponga el tratamiento, uso, ejercicio, custodia o administración de recursos líquidos, así como el tratamiento que dio a las partidas presupuestarias, transferencias, subsidios o cualquier otra suma disponible no ejercida por el referido organismo. Quedan incluidos en tales conceptos la aplicación, ejercicio, ministraciones o empleo que haya hecho de partidas presupuestarias asignadas a Luz y Fuerza del Centro, en el periodo del 12 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2010, en el entendido de queda comprendida la creación de fondos, reservas, mandatos, comisiones o cuentas de administración de toda suma que debiera ser ejercida conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 “Se acuerda que el compareciente expondrá el proceso de formación de inventarios, valuación, clasificación de aptitud de los bienes para continuar destinados al servicio público, así como las medidas para asegurar la conservación, uso y apropiado empleo del mobiliario, equipamiento y demás efectos de oficina en la prestación del servicio público. En su caso, explicará las acciones vinculadas a donativos, entregas o destino de bienes a instancias ajenas a la prestación del servicio al que estaban destinados “En la comparecencia se deberá presentar un informe del pago de los conceptos devengados a la fecha de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, incluyendo salarios, aguinaldos, compensaciones, y cualquier otra remuneración devengada a dicha fecha y, en su caso, la generación de pasivos, directos o contingentes que puedan entrañar la demanda de recursos públicos en lo sucesivo.” 5. Hasta la fecha de suscripción de la presente proposición con punto de acuerdo no se ha llevado a cabo la comparecencia de dicho servidor público, pese a que el punto de acuerdo propuesto por el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella fue aprobado por esta honorable Cámara de Diputados, ya que en referidas ocasiones, el titular de dicha dependencia alegó problemas de agenda para llevar a cabo esa importante reunión 6. Con fecha 21 de enero del 2011, el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, maestro Sergio Hidalgo Monroy y Portillo compareció ante diputados y senadores que conforman la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En esa oportunidad, afirmó que 97 por ciento de los inmuebles de Luz y Fuerza del Centro, los cuales ascienden a un valor aproximado de 120 mil millones de pesos ya son controlados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, faltando tener el dominio de 13 instalaciones; y que los bienes productivos pasarán a la Comisión Federal de Electricidad, mientras que el resto será vendido para atender el costo del pasivo de la empresa, como son la prestación del servicio médico, seguro de vida, jubilaciones y gastos de funeral, que hasta octubre de 2009 sumaban 286 mil 831 millones de pesos En dicha reunión, la suscrita, entre otras cosas argumentó que el comodato, que es un contrato de derecho privado, no puede recaer sobre bienes cuya posesión es intransmisible, como lo son los bienes nacionales destinados a la prestación de un servicio público, por lo que la figura mediante la cual el SAE le entregó la posición provisional de la fibra óptica a la Comisión Federal de Electricidad es nula 7. Por su parte, en declaraciones hechas a la opinión pública el día 22 de enero del 2011, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) expresó que solicitará a la Cámara de Diputados que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría sobre las funciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, debido a que entregó de manera ilegal inmuebles y recursos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro Dicho representante sindical aseguró que el director de dicha dependencia del Poder Ejecutivo federal no explicó, en su comparecencia, ante los legisladores que integran la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que fueron entregados en comodato 80 por ciento de los bienes de la empresa, que lo integran las subestaciones eléctricas que se encuentran bajo resguardo en la CFE Martín Esparza Flores explicó ante la prensa nacional e internacional que, según la Ley de General de Bienes Nacionales, concretamente en su artículo 6o. se establece que “son bienes del dominio público de la federación los inmuebles destinados a un servicio público, la infraestructura, subestaciones, cableado y demás propiedades con los que operaba Luz y Fuerza, los cuales estaban destinados a brindar un servicio conforme a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Hizo énfasis en que, por la misma circunstancia, el supuesto contrato de comodato con el que han cubierto esas operaciones administrativas no le dan legalidad a la cuestión ya que es un contrato de derecho privado, el cual no puede transferir bienes del servicio público al que estaban afectos Consideraciones I. Debido a la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro se han venido dando una serie de irregularidades en el procedimiento de liquidación de dicha empresa, fundamentalmente en el punto de la disposición de los recursos materiales que estaban a cargo de la misma II. En este sentido, se han presentado quejas y denuncias al respecto, ya sea por parte de legisladores como de los propios ex trabajadores, los cuales han puntualizado el uso de figuras del derecho privado en la disposición y transferencia de los bienes de carácter público que pertenecen a una empresa en liquidación III. Por último se considera que la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de su autonomía técnica y de gestión realice una revisión excepcional a la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bie-nes, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal a efecto de que investigue el proceso de liquidación, y en el caso de que detecte irregularidades en el proceso, finque las responsabilidades que correspondan o bien ejerza las acciones correspondientes ante las autoridades que resulten competentes si es que resulta un grave perjuicio al patrimonio de la nación Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, realice una revisión en términos del artículo 40 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que investigue el proceso de recepción, valuación, custodia y disposición de activos o partidas de bienes, desafectándolos de su destino y vocación del servicio público, asignados al organismo Luz y Fuerza del Centro, y en el caso de que detecte irregularidades en el proceso, finque las responsabilidades que correspondan o bien ejerza las acciones correspondientes ante las autoridades que resulten competentes si resulta un perjuicio al patrimonio de la nación Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero del 2011.— Diputadas. Esthela Damián Peralta, Magdalena Torres Abarca (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna esta proposición a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados PALACIO DE BELLAS ARTES El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La proposición de la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, relativa al informe detallado sobre las obras de remodelación del Palacio de Bellas Artes La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la directora general del INBA a presentar por la Comisión de Cultura del Senado de la República un informe detallado de las obras de remodelación del Palacio de Bellas Artes, y de los señalamientos públicos sobre las afectaciones y deficiencias derivados de aquéllas, suscrita por la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del PRD La suscrita, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 8o., fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes Consideraciones El Palacio de Bellas Artes, situado en el centro histórico de la Ciudad de México, es la máxima casa de cultura del país, considerado el teatro lírico más relevante de México, y el centro más importante dedicado a las bellas artes en todas sus manifestaciones. En 1987, la Unesco lo declaró monumento artístico El edificio se comenzó a construir el 2 de abril de 1904 con el objeto de reemplazar al demolido Teatro Nacional de México. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto italiano Adamo Boari, quien diseñó un edificio ecléctico mezclando los estilos art nouveau y art decó en su construcción se emplearon mármol blanco de Carrara en la fachada y mármoles de diversos tonos en el interior, y en la actualidad cuenta con obras de los grandes muralistas mexicanos La altura del edificio es de 52 metros hasta el espiral y 42,5 m hasta el techo. Cuenta con 4 pisos y un estacionamiento subterráneo. Además de la Sala principal hay otros espacios como las salas Manuel M. Ponce y Adamo Boari, una cafetería, una librería y salas de exposiciones tanto temporales como permanentes El edificio cuya construcción fue encargada por Porfirio Díaz, debía ocupar el área comprendida entre las calles La Mariscala, Puente de San Francisco, Santa Isabel y Mirador de la Alameda (hoy llamadas avenida Hidalgo, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Ángela Peralta). Debido a problemas técnicos de hundimiento del suelo que comenzó a manifestarse en 1907), problemas económicos, la salida de Boari del país y la Revolución Mexicana, la construcción fue suspendida y reanudada varias veces durante treinta años, en vez de terminarse en los cuatro años originalmente programados, gracias a que Boari dejó en el país más de cuatro mil documentos del proyecto original Cuando el país recuperó la estabilidad en términos económicos y sociales, la obra fue retomada en 1931 bajo el mando del arquitecto Federico Mariscal, portando ya el nombre de Palacio de Bellas Artes, y fue inaugurado oficialmente el 29 de septiembre de 1934, con una función de gala de la obra teatral La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, si bien ya antes se habían realizado conciertos en el edificio aún no concluido. El primero en dirigir un concierto en el Palacio de Bellas Artes fue José F. Vásquez Por su importancia como recinto, sus instalaciones y los espacios que fueron propicios para albergar las oficinas del Instituto Nacional de Bellas, el Palacio de Bellas es un sitio emblemático para el desarrollo cultural de nuestro país pues por sus salas y su magnífico escenario, han transcurrido los más importantes creadores y talentos en todas las artes La integridad y funcionalidad del inmueble han requerido reparaciones, mantenimiento y remodelaciones para dar el mejor servicio al público, trabajos que sin duda son justificables, pero respecto a la más reciente remodelación, a través de los medios se han hecho señalamientos incluso de parte de especialistas, en el sentido de que los trabajos realizados han afectado la sala principal (cuestiones graves de acústica, visibilidad y acomodo) y se omitió observar la normatividad en materia de protección civil; es decir, en pocas palabras, los señalamientos apuntan a aseverar que la remodelación, aparte del elevado costo de la misma, ha desnaturalizado la integridad del Palacio de Bellas Artes A continuación, se presenta un resumen de las observaciones aparecidas en diferentes medios: “El 4 de abril de 2009 se anunció que Teresa Vicencio substituiría a María Teresa Franco en la dirección del Palacio de Bellas Artes. Con esta decisión, Teresa Vicencio quedó al frente de la intervención que se realizaba en aquel momento ”Su decisión fue quitar a los arquitectos encargados del proyecto, nombrar a otros y autorizar la intervención de la sala, la cual se había prohibido para respetar las convenciones internacionales de restauración de teatros antiguos dispuestas por la UNESCO ”El 19 de noviembre de 2010 se realizó una ceremonia de reinauguración de la sala principal de espectáculos del Palacio de Bellas Artes después de una intervención de 3 años que costó 700 millones de pesos. La intervención fue anunciada como una modernización de la mecánica del escenario, pero la realidad mostró que, sin publicarlo, las autoridades intervinieron la arquitectura y estilo de la sala principal de espectáculos ”Tal intervención destruyó una gran parte de la unidad estilística en art decó que caracterizaba al recinto ”El piso de la platea, constituido por una amplia superficie con un declive hasta el foso de orquesta para propiciar la acústica fue cambiado por escalones que con sus ángulos destruyen la acústica. La destrucción de la acústica impuso la necesidad de la instalación de un sistema electrónico de ampliación de sonido ”El nuevo piso se recubrió con madera de color claro, que no corresponde con el estilo en que fue diseñada originalmente la sala. Los palcos se hicieron pequeños recubriendo sus paredes de mármol con madera de nogal, un elemento completamente ajeno a la decoración histórica. También se cambiaron las puertas en estilo Art-Decó por puertas modernas ”Tal intervención destruyó la arquitectura de los palcos. Los balcones, los antepechos del primero, segundo y tercer piso, y los palcos de honor fueron cubiertos en su totalidad con madera de nogal. Las grandes puertas de acceso a la sala se retiraron y se pusieron en su lugar puertas modernas ”Muchos elementos decorativos art decó en las puertas y los balcones desaparecieron, se retiraron o simplemente ya no son identificables. Se construyó una cabina de sonido al fondo de la platea en un estilo moderno. Todos estos cambios tuvieron como consecuencia una reducción de casi 400 butacas ”La intervención destruyó la arquitectura y decoración art decó de la sala principal del Palacio de Bellas Artes ”Los periódicos denunciaron que Teresa Vicencio contrató una compañía privada para restaurar el vital ‘Apolo y la las musas’. Los restauradores profesionales comprobaron que la obra maestra de Tiffany fue dañada ”A toda esta destrucción se estableció que no se cumplieron las normas mínimas de seguridad. En la platea se quitaron tres pasillos, se cambió la disposición de las butacas, se clausuró la puerta central construyendo una cabina de sonido fuera de estilo y sacrificando 16 filas de butacas ”El material con que se recubrieron las antepecheras y los palcos resultó ser altamente inflamable. De los palcos penden cables que en cualquier momento pueden provocar incendios ”La distribución de los escalones en el segundo y tercer piso fue alterada de tal modo que los escalones no corresponden con las gradas de las filas. Se construyeron seis grandes luminarias del techo que representan un peligro mayor en caso de un siniestro.” Como desafortunadamente resulta cuando un tema de interés público se ventila de manera exclusiva en los medios, no necesariamente se avanza en materia de transparencia; por ello, se considera pertinente acudir a la instancia idónea, esto es, al Instituto Nacional de Bellas Artes, para que rinda el informe que a su parte corresponda, refiriéndose puntualmente a las obras realizadas y los ajustes que se han realizado o estén pendientes para que el inmueble sea funcional y seguro. Por supuesto, dicho informe debe estar debidamente sustentado, pues no sería suficiente una visita de inspección (que en su momento deberá realizarse) Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente Punto de Acuerdo Único. El Senado de la República, LXI Legislatura, exhorta a la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes para que, por conducto de la Comisión de Cultura del Senado de la República, presente un informe detallado sobre las obras de remodelación del Palacio de Bellas Artes, así como acerca de los señalamientos públicos sobre las afectaciones y deficiencias derivados de las obras realizadas en el inmueble Dado en la Comisión Permanente el 26 de enero de 2011.— Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores ESTADO DE MEXICO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: María Araceli Vázquez Camacho propone y nos envía punto de acuerdo relativo a la instalación y apertura de una oficina del Instituto Federal Electoral en la zona poniente de la delegación Álvaro Obregón La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE a realizar gestiones a fin de establecer una oficina en la parte alta de la zona poniente de Álvaro Obregón, en San Bartolo Ameyalco, para que los ciudadanos puedan efectuar los trámites correspondientes y de actualización de la credencial de elector, suscrita por la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD La suscrita, María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal Electoral (IFE) que con carácter urgente realice las gestiones correspondientes para instalar y abrir una oficina suya en la parte alta de la zona poniente de Álvaro Obregón, pueblo de San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México, para que los ciudadanos de ahí puedan realizar los trámites correspondientes y de actualización sobre su credencial de elector, al tenor de los siguientes Considerandos Primero.Que es una prerrogativa de todo ciudadano votar y ser votado en las elecciones, como establece el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Segundo. Que en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través del IFE, organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores Tercero.El IFE será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Para atender la demanda de credencialización, el IFE autorizó al Registro Federal de Electores la puesta en funcionamiento de módulos móviles itinerantes Cuarto.Que el primer domingo de julio de 2012, los ciudadanos con el IFE habrán de organizar y participar en las elecciones locales y en las federales en el Distrito Federal para votar sobre sus nuevas autoridades y renovar órganos y cargos de elección popular, como presidente de la República, senadores y diputados al Congreso de la Unión, jefe del gobierno del Distrito Federal, 66 diputados a la Asamblea Legislativa del DF y 16 jefaturas delegacionales Quinto. Que el artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que las credenciales para votar con fotografía estarán a disposición de los interesados en las oficinas o módulos que determine el IFE hasta el 31 de marzo del año de la elección Sexto.Que el 6 de enero de 2011 recibí en mi oficina solicitud de fecha 22 de diciembre de 2010, por el Comité Ciudadano de San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón, consistente en dar el apoyo al acuerdo de dicho comité para solicitar que el IFE abra oficinas suyas en la parte alta de la zona poniente de la ciudad, a fin de que la población pueda realizar el trámite de actualización de la credencial de elector Séptimo.Que San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón, es domicilio de 17 mil 240 ciudadanos, con otras colonias como Santa Rosa Xochiac, Lomas de Chamontoya, Lomas de la Era, La Angostura, Torres de Potrero, Tlacoyaque y Tetelpan, de la misma demarcación. Más de 65 mil ciudadanos requieren actualizar su credencial para votar, toda vez que por decisión oficial a partir de 2011 las credenciales con terminación 03 no podrán ser utilizadas como identificación oficial para servicios financieros y bancarios u otros trámites gubernamentales o particulares y, más aún, para votar en las elecciones próximas Octavo.Que las oficinas del IFE más próximas a esta población se encuentran en Cuajimalpa de Morelos, o Alfonso XII, o Gran Sur en Coyoacán, y el traslado representa un elevado costo en tiempo y en dinero para los habitantes de San Bartolo Ameyalco Noveno.Que la instalación o apertura de oficinas del IFE en la zona poniente de la ciudad ayudaría mucho a realizar el trámite de renovación de la credencial de elector 03 de los ciudadanos de San Bartolo Ameyalco, a fin de cumplir los postulados constitucionales arriba mencionados Décimo.Que el acuerdo del Comité Ciudadano de San Bartolo Ameyalco tiene el siguiente contenido: “Solicitar al IFE que realice la apertura de oficinas en ubicaciones cercanas a la parte alta de la zona poniente de la Ciudad de México para que la población pueda realizar el trámite de actualización de la credencial de elector. El Comité Ciudadano de San Bartolo Ameyalco solicitará a servidores públicos del Instituto Federal Electoral la apertura de nuevas oficinas en la zona alta del poniente de la Ciudad de México (en el corredor de la calzada Desierto de los Leones o avenida Toluca), con el propósito de facilitar a los habitantes de San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón, que realicen los trámites de actualización de la credencial de elector” Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Comisión Permanente la aprobación de la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Instituto Federal Electoral que con carácter urgente a) Realice las gestiones correspondientes para instalar y abrir una oficina en la parte alta de la zona poniente de Álvaro Obregón, pueblo de San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México, para que los ciudadanos puedan realizar los trámites correspondientes y de actualización de la credencial de elector para votar en las elecciones federales y en las locales de 2012; y b) En caso de que no sea posible instalar dicho módulo, se solicita al mismo instituto que programe una fecha de visita para los vecinos de San Bartolo Ameyalco, Álvaro Obregón, y envíe un módulo itinerante a dicha zona para la tramitación y actualización de la credencial de elector Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura, Cámara de Diputados, a 26 de enero de 2011.— Diputada Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados La proposición que exhorta a la Secretaría de Marina al cumplimiento de la recomendación, le pregunto a la diputada Esthela Damián Peralta si se sostiene o se da por atendida en el punto de acuerdo aprobado el día de hoy en relación a las mismas recomendaciones. Las recomendaciones a la Secretaría de Marina. Se retira, parlamentariamente, por la señora diputada Esthela Damián Peralta ESTADO DE MEXICO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Del diputado Agustín Guerrero, recibimos proposición con punto de acuerdo relativo a la obra que se construye en la calle Siete, esquina Malinalco, colonia El Barco, en el municipio de Netzahualcóyotl La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Nezahualcóyotl a proporcionar a esta soberanía el proyecto ejecutivo, los estudios de riesgo e impacto ambiental y los permisos de uso de suelo relativos a la obra que se construye en Calle 7 esquina Malinalco, colonia El Barco, y a suspender la construcción hasta no tener la certeza jurídica de ésta, suscrita por el diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD El suscrito, Agustín Guerrero Castillo, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones En diciembre de 2010, en los terrenos de lo que fue una abarrotera en Avenida 7 y calle Malinalco, colonia El Barco, en Nezahualcóyotl, México, se inició la construcción de lo que se evidencia es una estación o depósito de gas, o “gasera” La construcción se localiza en los límites de Nezahualcóyotl e Iztacalco, Distrito Federal El riesgo de la construcción de dicha obra, además de que se desconocen los estudios técnicos de impacto y riego ambiental, dado que está muy cerca el parque Pantitlán, es que a escasos metros se encuentran diversos planteles educativos Frente a la construcción está el jardín de niños Federico Chopín, con cerca de 600 alumnos; a espaldas de la obra se localiza el Centro Pedagógico Internacional, instituto privado con aproximadamente 300 alumnos; a menos de dos calles, en Calle 3, se encuentra la primaria Niños Héroes, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, con un estimado de 3 mil alumnos en los 2 turnos Se estima que en caso de suceder un siniestro los afectados del lado del estado de México serían alrededor de 70 mil y 40 mil en la colonia Pantitlán, del lado del Distrito Federal Como se advierte, un siniestro afectaría a los habitantes de ambas entidades Los vecinos de la zona se encuentran preocupados por dicha situación y las autoridades municipales responsables de la obra no han brindado la información necesaria para la tranquilidad de los habitantes y de los padres de familia Las autoridades deben cumplir la ley en materia de impacto y riesgo ambiental. Y hasta el momento no han presentado estudios de riesgo, documento mediante el cual se da a conocer, con base en un análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo y la operación de una obra o la rea-lización de una actividad, el daño potencial que dichas obras o actividades representen para la población, sus bie-nes y el ambiente en general, así como las medidas técnicas de seguridad y operación, preventivas y correctivas, tendentes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los daños en caso de un accidente, durante la ejecución y operación de la obra o actividad de que se trate Tampoco han presentado evaluación de impacto ambiental e informe preventivo, documento mediante el cual se da a conocer la descripción generalizada de alguna obra o actividad y del sitio en que se pretende desarrollar, las sustancias, los elementos y productos que vayan a emplearse y a generarse en su realización y los procedimientos para el uso y la disposición final de éstos Por lo expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de Nezahualcóyotl, ciudadano Édgar Cesáreo Navarro Sánchez, a proporcionar a esta soberanía el proyecto ejecutivo, los estudios de riesgo e impacto ambiental y los permisos de uso de suelo correspondientes a la obra que se construye en Calle 7 esquina con Malinalco, en la colonia El Barco; y a suspender la construcción hasta no tener la certeza jurídica de ésta que brinde seguridad a la población Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 26 de enero de 2011.— Diputado Agustín Guerrero Castillo (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados USO SUSTENTABLE DEL AGUA El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Semarnat a que inicie procedimiento para emitir una Norma Oficial Mexicana que debería observarse en el uso sustentable del agua para la vivienda, está suscrita por el diputado Rafael Pacchiano Alaman La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a iniciar el procedimiento a fin de emitir una NOM sobre requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el uso sustentable del agua para vivienda y formar el grupo de trabajo correspondiente, suscrita por el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM Rafael Pacchiano Alamán, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente Exposición de Motivos El mundo está incurriendo en un monumental déficit de agua –que es en cierto modo invisible, históricamente reciente y que avanza rápidamente. Como el déficit deriva en gran medida de la sobreexplotación del acuífero, no se hace tangible hasta que los pozos han quedado secos Este déficit global del agua se debe a que la demanda de agua se ha triplicado a lo largo de la última mitad del siglo. La población futura ejercerá aún mayor presión sobre los sistemas de agua, en un contexto climático complicado que no se debe eludir En ese sentido, la demanda de vivienda para el próximo cuarto de siglo requerirá construir 650 mil viviendas por año, en promedio. Específicamente, la política nacional de vivienda prevé el financiamiento de 3.9 millones de viviendas nuevas en el periodo 2007–2012 destinando para ello subsidios por sesenta mil millones de pesos1. Considerando el total de viviendas nuevas en el periodo y con un estimado de cuatro habitantes por vivienda, la demanda de agua incrementaría en 2340 millones de litros diarios, que supera por ejemplo los 1405 millones de litros al día que consume a nivel nacional la educación media superior Estos datos ilustran la fuerte presión que existe sobre el líquido y la necesidad de establecer especificaciones y parámetros que regulen el uso del agua en vivienda Si consideramos que la principal fuente de abastecimiento de agua es la que se bombea del subsuelo y que de acuerdo con especialistas del Centro de Investigaciones para América del Norte, 104 de los 653 acuíferos del país se encuentran en un estado crítico debido a un mal manejo de extracción, podemos deducir que estamos ante una situación crítica, que la misma Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoce hacia el año 2030 De conformidad con algunas proyecciones, en algunas regiones la disponibilidad de agua podría alcanzar niveles de escasez, basta mencionar que en 2006 la disponibilidad promedio del líquido por habitante del país fue de 4 mil 416 metros cúbicos, mucho menor a los 18 mil 035 metros cúbicos que se tenían por habitante en 1950 Por todo lo anterior, este punto de acuerdo tiene como fin último crear un instrumento de observancia general que marque los parámetros y límites al uso del agua en vivienda; esta regulación ambiental generará escasez que a su vez hará la presión necesaria sobre el mercado para que genere las innovaciones tecnológicas que sustituirán a los medios tradicionales de aprovisionamiento de agua y dará paso a sistemas que promueven la captación, el control, el aprovechamiento, el uso, reúso y el reciclaje del agua pluvial y suministrada en las viviendas nuevas, como una medida para el uso sustentable del agua Cabe recordar que durante el segundo periodo ordinario de esta Cámara de Diputados, el que suscribe este punto de acuerdo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda con el objetivo de promover la captación, el control, el aprovechamiento, el uso, el reúso y el reciclaje del agua pluvial y suministrada en las viviendas nuevas; también presentó la iniciativa que reforma la Ley General de Infraestructura Física Educativa con el objeto de hacer realidad que la infraestructura escolar que se construye en nuestro país cuente con diseños que aseguren la aplicación de tecnologías sustentables para la captación, control y aprovechamiento del agua pluvial así como su tratamiento reciclaje y reúso En ese mismo orden de ideas, envió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la solicitud de emitir una norma oficial mexicana que establezca los límites y requerimientos para la aplicación de todas las medidas de ahorro, de reutilización, de reciclaje, de conservación y de reúso ambiental del agua para consumo doméstico Opinión de la Semarnat En atención a dicha solicitud, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en oficio número BOO.03.04.-271 dirigido a la directora general adjunta de Enlace y Seguimiento Parlamentario, se refiere al acuerdo de calidad regulatoria emitido por el presidente de la República el 2 de febrero de 2007 como justificación a la negativa de emitir dicha NOM. Además explica que si bien se trata de un tema de gran preocupación, éste no debe ser tratado a través de una NOM, sino con programas de cambio de hábitos dirigidos a todos los mexicanos, como el que actualmente se está rea-lizando por parte de esa comisión y con el fortalecimiento de los programas educativos para que a las nuevas generaciones se les inculque el cuidado de este vital líquido en sus hogares Por su parte Semarnat, sin argumentación jurídica alguna, en su oficio DGFAUT/612/0821 opina que el tema de uso sustentable del agua en vivienda no debe ser tratado mediante la emisión de una NOM y se suma a la opinión de Conagua. Además comenta “estamos trabajando en este asunto de manera conjunta con otras dependencias de la administración pública federal, como es el caso de Conavi que en su programa Esta es tu Casa se otorgan subsidios para la adquisición de viviendas en cuyos requisitos está el cumplimiento de medidas encaminadas al uso sustentable del agua, en esta primera etapa, mediante medidas de reducción, en el consumo de agua en la vivienda y en algunos casos el reúso o reciclado de la misma” Cabe recordar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), tiene por objeto, tal y como se señala en su artículo 1o., propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otras, el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo Sorprende la respuesta del ejecutivo, toda vez que con fundamento en el artículo 36 de la LGEEPA corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas a través de la emisión de normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Dichas normas deberán cumplir con el objeto de establecer los requisitos, las especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos. Para la emisión de estas normas, se deberá considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente así como reorientar procesos y tecnologías a la protección del ambiente y el desarrollo sustentable La LGEEPA invoca el principio preventivo, consistente en el conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente; Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará los siguientes principios: VI. La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos; VIII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; Asimismo, lo expone en su capítulo III, De la prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos del título cuarto, protección al ambiente Artículo 117. Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes criterios: I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país; II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; Artículo 118. Los criterios para la prevención y control de la contaminación del agua serán considerados en I. La expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública; II. La formulación de las normas oficiales mexicanas que deberá satisfacer el tratamiento del agua para el uso y consumo humano, así como para la infiltración y descarga de aguas residuales en cuerpos receptores considerados aguas nacionales; Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales señala Artículo 8. Son atribuciones del secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales V. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia hídrica en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a propuesta de “la Comisión”, y Artículo 9. “La comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior Adicionalmente, con fundamento en el artículo 7 fracción V. del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales2, corresponde al subsecretario de Planeación y Política Ambiental con la participación que corresponda a las unidades administrativas centrales y órganos desconcentrados competentes de la secretaría –léase Conagua– la atribución de expedir las normas oficiales mexicanas correspondientes a la secretaría El agua: un tema de seguridad nacional Es indiscutible que el tema del agua es uno de los más urgentes y que se requiere de voluntad política de la autoridad correspondiente para hacerle frente; basta mencionar la frágil situación de la Ciudad de México, conocida internacionalmente por lo crítico de su contexto en materia de demanda de agua y sobreexplotación de los mantos acuíferos. Otro ejemplo es el estado de Sonora, que bombea agua desde 400 pies de profundidad. No debemos olvidar que a nivel nacional 51 por ciento de toda el agua extraída del subsuelo proviene de acuíferos sobreexplotados y que la competencia por este recurso es causa de conflictos entre usuarios, entre comunidades y más aún, entre municipios y estados e incluso en el ámbito transfronterizo. No en vano, a partir de 2008, el gobierno federal mexicano ha declarado el manejo del agua como un asunto de seguridad nacional El agua en el escenario climático global No podemos soslayar que en el escenario de cambio climático global, México es un país particularmente vulnerable a los impactos de la variabilidad y el cambio climático. La adaptación es un elemento imprescindible para ajustarnos ante la variabilidad del clima con el fin de moderar el daño. El Instituto Nacional de Ecología (INE) ha elaborado proyecciones al año 2025 con datos de población/demanda de agua y encuentran probable que en nuestro país se experimenten procesos de desertificación y/o aridez en algunos estados del norte y la zona central, aumentando enormemente las condiciones de vulnerabilidad en el consumo de agua. Se estima que la disponibilidad del recurso hídrico se reducirá del orden de 10 por ciento anual hasta 2030 con respecto al 2000. Esta baja en la disponibilidad hará cada vez más difícil satisfacer la demanda de la creciente población, demanda que hoy por hoy está bajo presión por la sobreexplotación del acuífero y la creciente contaminación de los cuerpos de agua Las áreas o estados que pueden considerarse de alta vulnerabilidad desde la perspectiva del incremento en el consumo de agua son Chihuahua, Baja California Sur, Chiapas, México y Jalisco. En cuanto a vulnerabilidad por el enorme costo que significará la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, destacan sobre todo, el Distrito Federal y el estado de México Otro factor que tiene consecuencias climáticas es el uso de energía que se requiere para proveer agua de uso humano. La relación entre agua y energía es frecuentemente ignorada, pues el proceso de extracción de agua de la superficie o del subsuelo para llevarla a las plantas de tratamiento para asegurar sus estándares de calidad de consumo humano y luego entregarla a usuarios residenciales y comerciales demanda mucha energía, principalmente por los costos energéticos de bombeo y de tratamiento. En los Estados Unidos el sector agua consume el 3 por ciento de la energía eléctrica generada Se debe entonces mantener en perspectiva que los sistemas de reúso y de captación de agua sustituyen al agua potable y reducen la presión sobre el recurso, de tal suerte que la reducción en la demanda se traduce inmediatamente en ahorro de energía Limitar la demanda de energía es significativo por el impacto que puede tener en la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y las reducciones asociadas con la captación pluvial del agua son sin duda de importancia pues la conexión entre el uso de agua potable y demanda de energía eléctrica puede ser relevante: es primordial que el uso del agua se aprecie no sólo desde el punto de vista de la disponibilidad, sino que también se pondere como un elemento clave para el mejoramiento sustentable, en el que la energía es un componente de primera línea Potencial de la captación de agua de lluvia A diferencia de otros países, en México llueve; si bien el volumen de agua que se recibe por precipitación es diferente año con año y cada región registra volúmenes distintos, el Compendio de Estadísticas Ambientales 2009 del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN)3  informa que el volumen total promedio de agua que se obtiene por precipitación es de 1 488 192 millones de metros cúbicos; sin embargo, la falta de inversión en infraestructura para el aprovechamiento del agua ha provocado que 73 por ciento de la lluvia se evapore sin haber sido utilizada, con lo que se pierde una fuente de abastecimiento La captación de agua de lluvia, o cosecha de agua4, es una técnica presente desde hace milenios, pero no ha sido muy utilizada por las sociedades industrializadas, pues se confían principalmente al sistema de distribución central. En la actualidad, que los recursos hídricos están disminuyendo, el papel de la captación del agua de lluvia debe ser reconsiderado, pues además ofrece muchos beneficios: • Proporciona una fuente alternativa de agua que requiere un tratamiento mínimo • Reduce la presión y demanda sobre el agua suministrada • Reduce la erosión en los medios urbanos • Reduce la sobrecarga de los drenajes urbanos y evita inundaciones en zonas bajas Cabe una reflexión fundamental: no toda el agua potable para consumo humano debe ser utilizada para todo, es decir, tenemos el hábito o la expectativa de que toda el agua es para usarla una vez, sin siquiera intentar su reúso. Más aún, se asume que el agua de calidad de consumo humano ¡es para los WC! Con la normalización que proponemos, se daría viabilidad a algunos usos comerciales y domésticos con aguas de reúso como se hace en algunos otros países del mundo; algunos ejemplos: • En los Estados Unidos de América del Norte la UPC (Uniform Plumbing Code) Appendix J permite el uso de agua tratada5 para WC y mingitorios además de para riego no superficial. Tanto la IPC (Internacional Plumbing Code) como la UPC se enfocan en requerimientos y medidas para el tratamiento de agua necesarias para prevenir la contaminación del agua potable a través de señalamientos y un sistema de etiquetado y codificación • En el estado de Texas se promueve la captación de agua de lluvia para cualquier uso, inclusive el de consumo humano, si se le da el tratamiento adecuado; Tucson, Arizona, fue la primera ciudad en los Estados Unidos de América del Norte que requirió la captación pluvial para uso de riego de áreas verdes y a partir del 1 de junio de 2010 el 50 por ciento de la irrigación a propiedades de tipo comercial deberá venir de agua de lluvia almacenada en cisternas; la regulación permite dirigir agua para riego de zonas forestadas. La ciudad de San Francisco permite el uso de agua de lluvia para WC sin tratamiento • Por su parte, Francia en su recientemente aprobada Grenelle II6 en el artículo L. 111-6-2. del título primero, Edificios y Urbanismo establece: “No obstante toda disposición de urbanismo contraria, el permiso de construcción o remodelación o la decisión tomada por una declaración previa, no puede oponerse a la utilización de materiales renovables o a materiales y procedimientos de construcción que permitan evitar la emisión de GEI, la instalación de dispositivos a favor de la retención de aguas pluviales o la producción de energía renovable correspondientes a las demandas de consumo doméstico de los ocupantes del inmueble o de la parte del inmueble en remodelación. La lista de dispositivos, procesos de construcción y materiales autorizados quedará establecida por vía reglamentaria. (...)” De acuerdo a estas experiencias, para motivar la captación de agua de lluvia y el reúso del agua, es preciso contar con la regulación específica (codes) que permitan desarrollar una guía nacional para la captación de agua de lluvia que establezca los límites y requerimientos, características y especificaciones para la aplicación de todas las medidas de ahorro, de reutilización, de reciclaje, de conservación y de reúso ambiental seguro del agua para su consumo doméstico en vivienda y que atiendan las preocupaciones de salud pública En suma, corresponderá a la Semarnat a través de sus subsecretarías elaborar el proyecto de NOM, y podrá enriquecerlo con las experiencias de otros países y de allí determinar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y establecer los lineamientos para reorientar procesos y tecnologías que favorezcan al desarrollo sustentable Con ello se dará viabilidad a la adaptación de dispositivos, materiales o tecnologías aplicables a los sistemas de captación, de control y aprovechamiento del agua de lluvia, así como la instalación de equipamientos que puedan reintensificar la reutilización del agua y que puedan generar ahorros mayores al 50 por ciento en el consumo de agua Por todo lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a iniciar el procedimiento para emitir la Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos, las especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el uso sustentable del agua para vivienda y formar el grupo de trabajo correspondiente Notas: 1. Programa Específico para el Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático, Conavi 2008 p. 56 2. http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/Documents/facultades/RI24082009.pdf al 17 de enero de 2011 3. Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales 4. 1 pulgada de lluvia produce 600 galones de agua de escorrentía por 1,000 pies cuadrados 5. Reclaimed water – agua tratada a estándares domésticos de tratamiento terciario, por una agencia pública especializada para uso controlado, que incluye el suministro de agua para WC, mingitorios y trampas de agua 6. Aprobada en sesión ordinaria por la Asamblea Nacional el 29 de junio de 2010.Art. L. 111-6-2.  Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique du ou des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de enero de 2011.— Diputado Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados ADULTOS MAYORES El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Del senador Luis Maldonado Venegas, hasta hoy en funciones, se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a que vigile los programas federales relacionados con la atención a la población de adultos mayores La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer, ampliar, vigilar y evaluar con mayor rigor los programas federales relacionados con la atención de adultos mayores, a cargo del senador Luis Maldonado Venegas, del Grupo Parlamentario de Convergencia El suscrito, Luis Maldonado Venegas, senador de la República a la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer, ampliar, vigilar y evaluar con mayor rigor los programas federales relacionados con la atención a la población de adultos mayores, al tenor de las siguientes Consideraciones En la actualidad el término vejez se conceptualiza de manera oficial como personas adultas mayores; la conceptualización de la vejez es en sí misma un tema de investigación que puede ser abordado desde diferentes visiones, sin que necesariamente sean excluyentes entre sí. Desde la consideración biológica, el envejecimiento se puede definir como un proceso asociado generalmente a una disminución en la eficiencia del funcionamiento orgánico y celular, que lleva tarde o temprano a la muerte (Zetina, 1999: 28). Por otro lado, la definición demográfica se establece en términos de grupos de edad (Zetina, 1999: 31). En un carácter interdisciplinario, se define la vejez como el estado de una persona que por razones de crecimiento de edad sufre decadencia biológica en su organismo y receso en su participación social (Zetina, 1999: 38) Nuestro marco constitucional garantiza la seguridad social en función de la actividad de los individuos en el mercado laboral. Asimismo, en el orden legal se establece que los adultos mayores son aquellas personas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional (artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores). No obstante lo anterior, lo cierto es que a través del tiempo y, sobre todo, ante una expectativa en el mediano plazo, se denotan serias deficiencias y se vislumbran amplias limitaciones para que el Estado mexicano cumpla cabalmente con la protección social, entre otras razones, debido a la existencia de mercados de trabajo duales, inviabilidad financiera y exclusión sistemática de ciertos grupos, tales como los adultos mayores Solamente alrededor de una cuarta parte de este sector de población recibe actualmente los beneficios del sistema de seguridad social a través de una pensión o jubilación Esta situación se agrava si se consideran datos oficiales que señalan que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en México hay alrededor de 9.4 millones de adultos mayores, y se estima que en el 2015 habrán 11.3 millones de ancianos, y para el 2050 esta cifra llegará a los 36 millones. El incesante crecimiento exponencial de este sector de población exige políticas de Estado que no sean meramente enunciativas y que vayan más allá del asistencialismo. En este país, en el que el 80 por ciento de su población se encuentra en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad, el sector correspondiente a los adultos mayores tiene una mayor situación de desventaja Ciertamente, en la última década se han realizado esfuerzos importantes en México para reducir la vulnerabilidad de la población adulta mayor ante la caída en el ingreso, derivado del final de su vida productiva. Sólo 27 por ciento de los adultos mayores en México cuentan con ingresos provenientes de una pensión o jubilación, pero la mayoría de éstos pertenecen a los estratos socioeconómicos más altos mientras que la cobertura es prácticamente nula para aquellos que se encuentran en situación económica más desfavorable o de pobreza Al analizar los programas que benefician a los ancianos, una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), asegura que Oportunidades y el Programa 70 y más, ambos del gobierno federal, así como la pensión alimentaria que otorga el gobierno del Distrito Federal representan “soluciones fragmentadas, descoordinadas, incompletas e inconsistentes ante el creciente problema de envejecimiento de la población y de la incapacidad del sistema de seguridad social de garantizar ingreso a los individuos al final de su vida productiva” Incluso sentencia que las reformas de los últimos 15 años al IMSS e ISSSTE se enfocaron a mejorar la viabilidad financiera de los sistemas de jubilaciones, pero no incluyeron las medidas necesarias para ampliar la cobertura a la población pobre ni para la integración de los múltiples regímenes en un sistema único, equitativo y viable La atención que se brinda a este segmento poblacional es a través de programas de gobierno, que se limita al apoyo económico a los sectores más pobres; algunos de estos programas se han enfocado en garantizar la participación de la población en pobreza extrema, mientras otros han enfatizado su carácter universal, dentro de ámbitos geográficos acotados; pero no se cuenta con mecanismos adecuados de control en virtud de que, en no pocas ocasiones, estos apoyos se duplican y se destinan a personas que cuentan con beneficios de la seguridad social Señalan los expertos de la Cepal que la solución para atender a la población adulta debe provenir de un sistema de seguridad social nacional y no de un conjunto de programas de gobierno que carecen de una visión global nacional de la situación Es importante destacar que las personas adultas mayores, además de resentir de manera más directa los efectos de la crisis económica, de igual forma se ven afectados, entre otras cosas, por la creciente ola de violencia e inseguridad que vive el país A este respecto, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas), señala que, de acuerdo con datos del Inegi en 2008 había en México más de 11 mil muertes violentas de personas mayores de 65 años, cerca de nueve mil ocurrieron por accidentes (casi 25 al día); mil fallecieron por homicidios (más de 2.4 diarios); mientras que 542 murieron a causa de suicidio (1.48 al día). De los casi ocho millones de adultos mayores de 60 años que hay en el país, 3.1 millones viven en pobreza multidimensional, de los cuales poco más de 800 mil viven en pobreza extrema. Adicionalmente, 3.22 millones carecía de servicios de seguridad social en 2009 No cabe duda que es apremiante que el gobierno federal intensifique las acciones encaminadas a fortalecer y transparentar el manejo de los programas federales destinados a las personas adultas mayores, con miras a avanzar en el corto plazo hacia nuevas modalidades de atención a esta franja poblacional Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer, ampliar, vigilar y evaluar con mayor rigor los programas federales relacionados con la atención a la población de adultos mayores, e informe a esta Soberanía sobre las acciones y, en su caso, resultados obtenidos en relación al cumplimiento de los postulados de la Cumbre Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid en el año 2004, principalmente en lo que se refiere al derecho a un envejecimiento activo, cuando éste es posible, así como a la protección social integral Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 26 días del mes de enero de 2011.— Senador Luis Maldonado Venegas (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la atención de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores ESTADOS DE GUERRERO Y BAJA CALIFORNIA SUR El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado don Alfonso Primitivo Ríos Vázquez proposición con punto de acuerdo relativo a las acciones, para garantizar la seguridad de la jornada electoral que se llevará a cabo en los estados de Guerrero y Baja California Sur La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con  punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a colaborar con las autoridades locales en la implantación de acciones para garantizar la seguridad en la jornada electoral que se llevará a cabo en Guerrero y Baja California Sur, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT El próximo 30 de enero y el 6 de febrero habrá elecciones en Guerrero y Baja California Sur, respectivamente. Nuestro deseo es que ambos procesos se lleven a cabo con respeto de la legalidad y de la voluntad de los ciudadanos que acudirán a votar Los procesos electorales más recientes que se llevaron a cabo el año pasado estuvieron ensombrecidos por sucesos trágicos, y lamentablemente la firma del crimen organizado se hizo presente En estados como Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Chiapas se registraron muertes en el contexto del proceso electoral Amenazas, conatos de bronca, provocaciones y, en numerosas ocasiones, agresiones físicas a funcionarios de casilla y a los votantes no se hicieron esperar. Ejemplos sobran: En esos días, en Oaxaca dos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) murieron presuntamente al intentar impedir el funcionamiento de una casilla. En tanto, en la capital de Durango un comando fuertemente armado robó urnas y disparó contra las autoridades de las mesas, que resultaron ilesas. Poco antes, en Lerdo, otro comando había disparado contra las instalaciones del comité municipal del PRI En Hidalgo se denunció el allanamiento del centro de operaciones de la candidata de la alianza entre los Partidos Acción Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática, Xóchitl Gálvez. En este suceso se logró detener a 12 personas, entre las que hubo 2 armadas, lo que fue interpretado por el equipo de la aspirante como un acto de intimidación Mientras tanto, Tamaulipas fue ensombrecido por el asesinato del candidato a gobernador del PRI, Rodolfo Torre Cantú, y poco más de 600 funcionarios de casilla renunciaron a cumplir la encomienda por el clima de terror que una vez más causó en esa entidad el crimen organizado. Por si fuera poco, también resultó muerto el candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso, Mario Guajardo, abatido junto con su hijo y uno de sus colaboradores Pedro Brito, quien fuera dirigente local del PAN, fue asesinado por cuatro impactos de bala en Heliodoro Castillo, en el centro de Guerrero. También fue acribillado el dirigente del Partido del Trabajo, Rey Hernández Esos hechos de violencia provocaron un ambiente de terror durante los comicios pasados, y este año no ha sido diferente: en las campañas electorales realizadas en Guerrero y Baja California Sur han ocurrido actos de intimidación y violencia de índole electoral, siendo el más comentado la agresión que sufrió Guillermo Sánchez Nava, quien fue golpeado por supuestos priistas de la entidad; su estado de salud es delicado. Ayer fue asesinado un militante del PRI en Atoyac Los hechos relatados prenden señales de alarma en los días previos a que se realice la jornada electoral en Guerrero y Baja California Sur. La violencia ha provocado una escalada en la guerra de declaraciones entre los candidatos a la gubernatura, amén de la guerra sucia y de la movilización de operadores electorales en aras de garantizar el triunfo de la opción política que representan Nos preocupa que se dé un clima de intimidación y violencia para infundir temor entre los ciudadanos y con ello inhibir su participación en los comicios Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo creemos que el derecho al sufragio se ha conquistado después de muchos años de lucha y de movilización ante los embates de un partido monolítico que pulverizaba la voluntad ciudadana. Por ello debemos garantizar que sea ejercido con entera libertad y de forma segura Es necesario que los domingos 30 de enero en Guerrero y 6 de febrero en Baja California Sur se garantice la seguridad de los votantes, funcionarios de casillas, candidatos, personal de los institutos electorales locales y población en general, durante los procesos, mediante la coordinación de las autoridades locales y las federales Por las consideraciones anteriores, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta para que sea considerado como de urgente resolución el siguiente Punto de Acuerdo Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, en el marco de sus atribuciones, a coadyuvar con las autoridades locales en la implantación de acciones para garantizar la seguridad en la jornada electoral que se llevará a cabo en Guerrero y Baja California Sur Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de enero de 2011.— Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.Si le parece, al diputado,la turnaríamos además al grupo de trabajo creado por la Comisión Permanente, para su atención ESTADO DE MEXICO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió proposición con punto de acuerdo de la diputada Esthela Damián Peralta, para exhortar al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género a que declare alerta por violencia de género en el estado de México La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género a declarar la alerta por violencia de género en el estado de México, suscrita por las diputadas Esthela Damián Peralta y Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD Las suscritas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes Consideraciones Información difundida por diversas organizaciones de mujeres y derechos humanos ha hecho evidente que en el estado de México existe un patrón sistemático de violencia ejercida en contra de las mujeres que no se encuentra debidamente atendido por las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, dado que no ha sido reconocida la presencia objetiva de este problema. Estas organizaciones argumentan lo siguiente: • La violencia feminicida se concentra en diez de los municipios más poblados del estado de México (Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli) • La Procuraduría del estado reportó 4 mil 773 denuncias por violación en año y medio, y 922 homicidios dolosos de mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010 • De los 922 homicidios dolosos de mujeres, destaca que las autoridades ignoran o desconocen la identidad del responsable en el 56.72 por ciento de los crímenes, y sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida de la víctima (pareja, familiar o vecino), la autoridad conoce la identidad del victimario –en el 35.47 por ciento de los casos–, contrario a esta información, el gobierno del estado de México ha pretendido reducir la problemática del feminicidio al ámbito de la violencia familiar • La mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre 11 y 30 años de edad • La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México registró que de 672 mujeres que fueron asesinadas durante el periodo de 2005 a 2009, la mayoría presentaba huellas de tortura y abuso sexual, y que en 9 de cada 10 asesinatos, no se ha hecho justicia, pues únicamente se han emitido 76 sentencias • Existen 99 mujeres que no han sido identificadas, según la Procuraduría General de Justicia del estado, las cuales han sido enviadas a la fosa común. * * Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,Argumentos para la procedencia de la declaratoria de alerta de violencia de género por violencia feminicida en el estado de México El pasado 11 de enero, en sesión del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia de Género –con 20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones–, se determinó declarar improcedente la solicitud de alerta por violencia de género en el estado de México, por los múltiples casos de feminicidio, bajo argumentos que más que combatir las violaciones graves a los derechos humanos que sufren las mujeres en nuestro país, privilegiaron intereses políticos Debemos señalar que la alerta de género es un mecanismo creado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 22 la define como el “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. Así entonces,  es el instrumento  por el cual se pretende implementar acciones de política pública encaminadas a proteger y promover los derechos humanos de las mujeres cuando éstos se encuentran seriamente vulnerados Estas acciones forman parte de los tratados internacionales en materia de defensa de los derechos humanos de las mujeres de los que México forma parte y que, más allá de constituir una acción política, responden a una necesidad social para visibilizarycontener la violencia de género. Esta violencia es una afrenta contra la sociedad y una muestra más de la ineficiencia de las autoridades encargadas de perseguir estos delitos Resulta, en consecuencia, imprescindible que frente a los incontrovertibles hechos las instancias gubernamentales del estado de México asuman la responsabilidad que les corresponde, en beneficio únicamente de la población femenina mexiquense Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres para que, con la brevedad posible, reexamine y emita la solicitud de alerta de género formulada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.— Diputadas: Esthela Damián Peralta, Magdalena Torres Abarca (rúbricas).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados ESTADO DE CHIAPAS El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De la diputada Magdalena Torres Abarca se recibió proposición con punto de acuerdo para solicitar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizar una evaluación más objetiva y profunda sobre la situación de los migrantes en el estado de Chiapas La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que realice una evaluación más objetiva y profunda sobre la situación de los migrantes en Chiapas, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes Consideraciones El gobierno de Chiapas ha asumido retos significativos a lo largo de su administración en lo relativo a brindar atención a la seguridad en los puntos de tránsito y albergue de los transmigrantes, que atraviesan el territorio estatal, ya sea como punto de destino o meramente de tránsito En los 4 años de administración del gobernador Juan Sabines Guerrero, la protección de derechos humanos de todas las personas que radican o transitan por territorio chiapaneco ha sido un mandato permanente de su gobierno. Inició con la vocación de brindar atención a casos emergentes y ha devenido en la mayor cobertura y en la creación de modelos y mecanismos únicos que se acoplan a la realidad cambiante de los flujos migratorios, en cinco ejes: salud, trabajo, educación, protección y, el más importante en la actualidad, seguridad y garantía de los derechos humanos de los migrantes, especialmente en las rutas de tránsito Los modelos aplicados en el rubro específico de seguridad, además de combatir los delitos cometidos en contra de migrantes, como son la extorsión, asaltos y secuestros, buscan también brindar atención a los fenómenos delictivos indirectos asociados a la ruta del migrante, como es la venta de estupefacientes en albergues, prostitución, trata y tráfico de personas Los dos modelos más destacados que han generado resultados positivos y únicos a nivel nacional en el estado de Chiapas son los siguientes: a) La creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Migrantes; y b) La instalación de las mesas de seguridad estratégica en puntos de atención y tránsito de migrantes Estas estrategias, aunadas a diversas acciones de prevención de delitos hacia la población migrante, me permiten asegurar que hoy día Chiapas es un estado que brinda mayores seguridades a la población migrante, sin importar su nacionalidad de origen ni su calidad migratoria Por tal motivo, escuché con extrañamiento los señalamientos de parte del ciudadano Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que en su comparecencia ante este honorable Congreso de la Unión señaló la presencia de 25 focos rojos en las rutas que habitualmente transitan los migrantes, de los cuales 10 están en Chiapas Como diputada federal por el estado de Chiapas, me permito señalar que precisamente en los municipios mencionados en su reporte es donde se han realizado la mayor cantidad de acciones en aras de asegurar la protección y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, encontrando solamente delitos del fuero común, a los cuales se les ha combatido de manera enérgica, asimismo, no se ha encontrado evidencia tangible de la presencia del crimen organizado en el tema de delitos cometidos contra población migrante Cómo se observará más adelante, de acuerdo con las cifras y hechos reportados por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Migrantes, las bandas desarticuladas y los delincuentes consignados son actores aislados cuya conducta delictiva no ha sido asociada de manera directa con grupos del crimen organizado. De igual forma, se podrá observar que los dos modelos de atención a la seguridad de migrantes antes mencionados abarcan la totalidad de los 10 focos rojos mencionados por el licenciado Juan Miguel Alcántara Soria en su comparecencia, amén de las tareas de prevención y atención en los ejes de salud, trabajo, educación y protección, que son de cobertura estatal Por lo que no estoy de acuerdo en la parcialidad del informe del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en función de la definición que utiliza para los “focos rojos”, a los que se refiere como municipios donde se han registrado denuncias  de delitos y abusos en contra de migrantes irregulares Dado que no es posible afirmar de manera total que todos los delitos cometidos en contra de migrantes están relacionados con el crimen organizado, siendo la mejor prueba de ello que al revisar los secuestros masivos de migrantes en las rutas ferroviarias, encontré que en Chiapas no se ha dado uno sólo de estos casos Cuando se detectó puntos de reincidencia delictiva contra migrantes, como en 2008 en la zona conocida como La Arrocera, en el municipio de Huixtla, el gobierno del estado, en coordinación con los demás órdenes de gobierno, tomó acciones inmediatas y determinantes para desmantelar los grupos de delincuentes que operaban en la zona, obteniendo resultados sumamente positivos En mi estado, el gobernador Sabines cuenta con el apoyo del Congreso del estado y de todos los diputados federales en su política de atención a migrantes, por lo que ambos modelos de atención y protección a migrantes han permitido grandes avances; lo que le ha valido a Chiapas ser la única entidad federativa que cuenta con una política en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes en América Latina, razón por la cual  fue designada como sede de la decimoquinta Conferencia regional sobre migración, mecanismo multilateral de alcance continental, donde a nivel ministerial se lograron acuerdos de cooperación y mejores prácticas en políticas migratorias Por todo lo anterior, Chiapas ha sido reconocido por instancias de todo tipo, como los gobiernos nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Dinamarca, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la Conferencia Regional sobre Migración, el Homeland Security de Estados Unidos de América, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, así como diversas agencias de cooperación internacional Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Puntos de Acuerdo Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a realizar un estudio y un análisis objetivos de la situación de los migrantes en el estado de Chiapas, para que cuando se refiera a “focos rojos” no lo haga con un sesgo parcial e incompleto Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turna a la Comisión Especial para la Atención de los Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México, para que cite a comparecer al secretario ejecutivo nacional de Seguridad Pública, para que dé cuenta de un estudio más objetivo sobre el tema de migración en el estado de Chiapas Tercero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Especial para la Atención de los Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la frontera sur de México, a efecto de que en coordinación con el secretario ejecutivo nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, realicen un recorrido en los municipios mencionados por él en su comparecencia Dado en la sede de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2011.— Diputada Magdalena Torres Abarca (rúbrica).» El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Se turna a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados Señores legisladores, éstos son los asuntos en cartera. Continúe la Secretaría ORDEN DEL DIA La Secretaria diputada Paula Angélica Hernández Olmos:Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Doy lectura al orden del día de la próxima sesión «Primer receso.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura Orden del día Martes 1o. de febrero de 2011 Lectura del acta de la sesión anterior Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.» CLAUSURA Y CITATORIO El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 14:59 horas): Por consiguiente y con nuestra gratitud se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 1 de febrero de 2011 a las 10 de la mañana ————— O —————