SUMARIO

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Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

ASISTENCIA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Pido cordialmente a los representantes de los medios de comunicación que ocupen los lugares que tienen asignados para cumplir con su labor informativa.

Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores diputados y las señoras diputadas.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 260 diputados, por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada(a las 11:14 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. De nuevo mostrando mi preocupación por la ausencia en la designación de los consejeros electorales. Es muy importante señalar, no solamente por la interpretación que ya hemos hecho aquí del artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia electoral de 2007, sino por lo que prevé el propio artículo 7o. de la convocatoria que claramente establece que los nuevos consejeros electorales tendrían que tomar posesión a partir del 31 de octubre de 2010 al 30 de octubre del 2018.

Luego, lo que me preocupa más, señor presidente, es un artículo del Cofipe, el 116, párrafo dos, que establece que ningún consejero electoral puede estar en más de dos Comisiones Permanentes que existen en el IFE. En el IFE hay seis Comisiones Permanentes y los consejeros, por disposición legal, no pueden estar en más de dos comisiones. En este momento varios de ellos forman parte de más de dos comisiones, presidente.

Creo que todo esto es irregular, tanto el plazo en el que nos hemos extendido, como el incumplimiento de las propias normas del Cofipe por parte de los consejeros electorales.

Yo sí insto a la propia Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política para que a la brevedad presente a este pleno las propuestas de consejeros electorales que serán discutidas por el pleno. No podemos seguir violando la ley, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Señor diputado Cárdenas, esta Mesa Directiva hace suyos los comentarios y, además, por supuesto que los plantea y serán consignados en el Diario de los Debates.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 4 de noviembre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica con motivo del 103 aniversario luctuoso de Jesús García Corona, Héroe de Nacozari, que tendrá lugar el 7 de Noviembre a las 10:00 horas.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de Acuerdo de los Órganos de Gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con proyecto de decreto, que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite solicitud de la senadora Leticia Jasso Valencia, para que se dictamine la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Turno a Comisión)

Con el que remite solicitud del senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma el artículo 50 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Caritina Saénz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 62 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan José Guerra Abud y Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 77 bis a la de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos: Alfredo Ruíz Argueta, Alicia Chávez Castillo, Víctor Jair López Frausto, Héctor Ruíz Gamiño, Salomón Motte Santiago, Marcela González Meléndez, J. Darío Ortega Mercado y Adrián Leopoldo Navarro Soto, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, de Belice en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros Tamaulipas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a los ciudadanos: Alfredo Aguirre Flores, Jesús Fernando Martínez Estrada, Ernesto Martínez Chávez, Ma. Irene Salazar Ortega, Luis Patricio Garza Zaldivar y Abigail Reyes González, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados de Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

3. constitucional necesario a los ciudadanos: Christian Alfredo Álvarez Maciel, Jorge Ulises Bautista Magallón, Pedro Gómez Gómez, Leopoldo Miguel Espinosa Horcasitas, Valentín Martínez Soto, Adrián Sánchez Rosaldo, Leonardo Guzmán Maltos, Roberto Alonso Picos Rubio, Miguel Olguín Antonio, David James García Sotello y Eva Jenny Arias Moreno, para prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, del Estado de los Emiratos Árabes Unidos, en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Tijuana, Baja California y Guadalajara, Jalisco.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Juventud y Deporte con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19, 29 y 34 de la Ley de Vivienda y 16 de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instaurar medidas que favorezcan al sector campesino y que contrarresten el alza debida al aumento del costo de las gasolinas y del diesel.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Pública, consulte al Consejo Nacional de Seguridad Pública, por conducto del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a lo señalado por la Conago, con relación al pronunciamiento para la creación de mandos únicos de policía en las respectivas entidades federativas.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo, en materia de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, Justicia, Seguridad Pública y Participación Ciudadana.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos locales, actores económicos y sociales de la región fronteriza norte, a reforzar y en su caso a promover propuestas que permitan impulsar el fortalecimiento y desa-rrollo integral en sus regiones desde una perspectiva sustentable y con visión de largo plazo.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que en el censo de población que se lleva a cabo en este año 2010, contenga el mayor número de elementos similares a los que se recabaron en el año 2000.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, establezca garitas secundarias en la frontera norte, que comprende los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, permitiendo con ello, el libre tránsito de los turistas y connacionales.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al ejecutivo Federal, la elaboración de un programa regional fronterizo para el fomento de la cohesión social en las comunidades de la frontera norte.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Instituto Nacional de Migración, promueva el fortalecimiento de las políticas públicas de atención integral a migrantes mexicanos deportados a las ciudades fronterizas.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, expliquen cuál será la política pública y los tiempos específicos para transitar las señales de televisión abierta de la tecnología analógica a la digital.

Dictámenes negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Transportes y de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo, por los que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat y al Gobierno del estado de Michoacán, realicen las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades de Uruapan en la administración, custodia y operación del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para llevar a cabo las acciones que permitan operar con mayor seguridad la línea “A” y el mantenimiento mayor de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para restauración, construcción, ampliación y mejoramientos de los planteles educativos en todos los niveles escolares, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para becas en todos los niveles escolares, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para infraestructura carretera, hidráulica, deportiva, cultural, educativa, de desarrollo social y salud en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la línea de agua tratada para alimentar la zona chinampera de Tetelco y Mixquic, en la delegación Tláhuac, del Distrito Federal, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto de cultivo y reproducción del bagre del balsas en el estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para apoyar proyectos de inversión en materia agropecuaria, en los municipios de Puebla, Francisco Z. Mena y Chiautla de Tapia, estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para infraestructura cultural en los municipios de Teotlalco, Huehuetlan el Chico y Chiautla de Tapia, estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para infraestructura hidráulica, agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en diversos municipios del estado de Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para infraestructura carretera y caminos rurales en diversos municipios del estado de Puebla a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para las entidades federativas para la implementación de campañas zoosanitarias con el objetivo de mejorar la inocuidad de sus productos agropecuarios, a cargo del diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instrumente el fondo a la investigación de biotecnología y bioseguridad, que atienda las necesidades de los productores nacionales, a cargo del diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de un cajón captador de aguas pluviales de concreto armado, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Puente Machado, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Gran Parque Metropolitano Rosarito, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Proyecto Arroyo Huahuatay en el municipio de Playas de Rosarito, de Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del tercer acceso a playas, en el municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la rehabilitación y construcción de la Unidad Deportiva San Antonio, en el municipio de Linares, Nuevo León, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la modernización de la avenida Reforma, en el municipio de Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Nodo Vial Clouthier-Cucapah, en el municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para aplicarlos en el plan de desarrollo regional para el Valle de San Quintín, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la remodelación y proyecto de la Unidad Deportiva Rosarito, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza, en el municipio de Linares, Nuevo León, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Boulevard Zertuche Norte, en el municipio de Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la apertura del camino tipo rural, tramo entronque a carretera Simojovel de Allende-El Chacacal, del municipio de Simojovel, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

.Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de terracería, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento en la localidad Chichelalo, del municipio de Larráinzar, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la pavimentación del camino desvío José María Morelos-límite Raya con Tabasco, del municipio de Huitiupán, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la modernización y ampliación del camino Portugal-El Jardín, del municipio de Simojovel, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento en la localidad Jolnachoj, en el municipio de Larráinzar, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento del camino Simojovel-La Pimienta, del municipio de Simojovel, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y pavimentación de carretera, tramo Majomut-Los Chorros del municipio de Chenalhó, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y pavimentación de carretera, tramo Mitontic-Belisario Domínguez, del municipio de Chenalhó, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la apertura de camino, revestimiento y obras de drenaje, en la localidad Tres Puentes, en el municipio de Larráinzar, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y pavimentación de carretera, tramo Yabteclum-Tanate Puebla, del municipio de Chenalhó, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias, del tramo Bochil- Ejido Pomilo, en la localidad de Ejido Pomilo en el municipio de Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la modernización de camino, tramo entronque Rayón-Ribera San Isidro, del municipio de Pantepec, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la pavimentación de camino rural, tramo Ejido Rincón Chamula- Ejido La Florida, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la apertura del camino San Andrés-Sonora, del municipio de San Andrés Duraznal, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias, del tramo Bochil- Tierra Colorada, de la localidad Tierra Colorada, en el municipio de Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la apertura de camino, revestimiento y obras de drenaje, en la localidad Tzajalho, en el municipio de Larráinzar, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias, del tramo Bochil- Paraje La Yerbabuena, en el municipio de Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en centros penitenciarios estatales del ramo 36, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se propone la adición del artículo 56, dentro del Título Quinto, Capítulo Único, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el programa de electrificación rural y sostenibilidad energética en la Cuenca del Río Lerma dentro del Parque Nacional Nevado de Toluca, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el programa de electrificación solar en el Zoológico de Zacango en el municipio de Calimaya, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la rehabilitación del alumbrado público por medio de energía solar en el municipio de Amanalco, Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la elaboración de un Programa para utilizar Energías Alternativas en el Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el fortalecimiento de las capacidades de infraestructura y equipo en investigación nuclear en el Estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oceguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para un Fondo de rescate al 100% para defraudados de las cajas de ahorro en Oaxaca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la Unidad de Vinculación Ciudadana de la SEDENA, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para infraestructura deportiva en los municipios de las distintas entidades del país en donde se requiera, particularmente en diversos municipios de Jalisco, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la realización de obras de mantenimiento y remodelación en las Instalaciones Deportivas de la Delegación Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al ejercicio de los recursos federales en materia de seguridad pública asignados a estados, municipios y al Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al GDF, presente ante la ALDF una Iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal del Distrito Federal, para fortalecer la autonomía administrativa de los órganos político-administrativos, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para llevar a cabo los proyectos de inversión en materia de seguridad pública en el estado de Baja California, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción, modernización y equipamiento de infraestructura deportiva en el estado de Baja California, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y modernización de infraestructura turística en el estado de Baja California, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los proyectos de inversión en materia de salud del estado de Baja California, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción, remodelación y equipamiento de los distintos proyectos culturales en el estado de Baja California, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los distintos proyectos de inversión en materia de medio ambiente y recursos naturales del estado de Baja California, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la inversión en las zonas metropolitanas del estado de Baja California, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción y modernización de infraestructura carretera en el estado de Baja California, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a la Secretaría de Salud, al Gobierno del Estado de Michoacán, al Gobierno Municipal de Morelia y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inicien las actividades necesarias para la creación del Hospital Universitario de dicha Institución Universitaria, a cargo del diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la red de alcantarillado sanitario del predio Vista Hermosa, municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una alberca semiolímpica para la Unidad Deportiva del municipio de Romita, Guanajuato, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la pavimentación de diversas localidades del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de terracería a unidades de producción del municipio de Tenabo, Campeche, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la creación del Fondo Nacional de Apoyo al Jornalero Agrícola, y se exhorta a la SEDESOL, instrumente un Programa de Provisión de Identificación Documental a Jornaleros Agrícolas, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para proyectos de inversión en infraestructura para la ampliación y mejoramiento del Puerto de Isla del Carmen, Campeche, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la Secretaría de Marina Armada de México, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren, al menos, recursos similares a los asignados en 2010 para los programas de desarrollo social, sujetos a reglas de operación del Ramo 20, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, programe el establecimiento de una cuenca lechera en el estado de Sonora, y para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para llevar a cabo el proyecto denominado “Cuenca Lechera del Río Magdalena”, Sonora, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la debida aplicación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, suscrito por los diputados Oscar Martín Arce Paniagua y Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para reestructurar el Sistema Penitenciario, conforme a lo establecido por los artículos 18 y 21 constitucionales, suscrito por los diputados Oscar Martín Arce Paniagua y Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, conforme a lo establecido por el artículo 18 constitucional, suscrito por los diputados Oscar Martín Arce Paniagua y Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la Secretaría de Salud, para una campaña intensiva en los medios de comunicación, a favor de la no discriminación de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para las urgentes medidas de limpieza del cause, desazolve, bordeo y saneamiento de las aguas del Río Zahuapán y para reparar las plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentran suspendidas en el estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el INEA, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para proyectos de infraestructura hidráulica en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para proyectos de infraestructura eléctrica en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para proyectos de infraestructura hidráulica en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para proyectos de infraestructura educativa en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el fortalecimiento de los programas de Derechos Humanos, de Equidad de Género y de Vinculación Ciudadana en la Sedena, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una vía de acceso que comunique la población de Hierbabuena con La Concordia, municipio de Tlahuiltelpa, estado de Hidalgo, así como para la introducción de servicios públicos básicos y electrificación de la comunidad, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la creación de un Fondo de Fomento a la Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito, a cargo de la diputada Teresa Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputadas integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los proyectos, programas y propuestas que presentan diversos Presidentes Municipales de los estados de Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Tabasco, Estado de México, Jalisco y Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el fortalecimiento del programa de escuelas de jornada ampliada para el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Fondo de Desarrollo Regional, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Programa Social Setenta y Más, y la creación de los programas de apoyo a madres solteras y discapacitados, cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Semarnat y de la Sener, analicen las bases financieras e institucionales existentes, con el apoyo del Gobierno del estado de Tabasco, a efecto de determinar la viabilidad de mantener permanentemente inexplotadas las reservas petroleras de la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se considere realizar las modificaciones correspondientes a efecto de incluir disposiciones relevantes en materia de ejercicio del gasto, informes respectivos y evaluación del desempeño, a cargo del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos adicionales para superar los rezagos sociales en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región Triqui de Oaxaca de Juárez y sobre el incremento de la violencia en el estado de Guerrero, lleven a cabo acciones efectivas en contra de la violencia generada en la zona y conduzcan a garantizar la seguridad e integridad física de los habitantes del municipio de San Juan Copala, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, rea-lice las transferencias de los recursos en materia educativa a las entidades federativas, de conformidad con lo aprobado en el PEF 2010, suscrito por los diputados Luis Videgaray Caso y José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, detenga los constantes aumentos en el precio de la gasolina, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, realicen las acciones necesarias para instrumentar y desarrollar una política pública que tenga por objetivo capacitar para el autoempleo y fomentar la educación técnica entre las adolescentes embarazadas, a fin de promover su incorporación a la vida laboral, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo Federal, expida el decreto que instituye el 12 de octubre como: “Día Nacional del Reconocimiento de las Culturas Originarias de México y Latinoamérica”, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a efecto de que se autorice la realización del Foro y Conferencia denominados “Ven, siente y mira, para quién legislas”, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los Comisionados de la Cofetel, para que expliquen el proceso deliberativo por el que se otorgaron las concesiones para la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, conocida también como la Licitación 21, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal someta a consideración de la Cámara de Senadores, el retiro de la declaración interpretativa hecha al párrafo primero del artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al proceder al depósito de instrumento de adhesión el 24 de marzo de 1981, a cargo del diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SCT y de la Cofetel, para que expliquen los criterios jurídico – económicos bajo los cuales proyectará la nueva licitación del espectro de 700 mhz, la cual se destinará a los servicios de banda ancha móvil, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Grupos Parlamentarios de esta Soberanía, apoyen la propuesta de cancelación de la Alianza por la Calidad Educativa, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conagua, amplíe hasta por seis meses el periodo de registro de pozos agropecuarios, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, a crear y apoyar con recursos un nuevo programa presupuestal dedicado a prevenir la deserción en la Educación Media Superior, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, modifique las reglas de operación del programa para el desarrollo de zonas prioritarias a fin de considerar un rubro de desarrollo comunitario que contemple recursos destinados a la construcción de espacios de convivencia y esparcimiento para las familias, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, exprese su beneplácito por la aprobación de la Dream Act, y manifieste la preocupación del Estado Mexicano al veto que ha realizado a dicha Ley el Gobernador del Estado de California, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, promuevan la capacitación, certificación, registro, profesionalización y permanencia del personal operativo del Programa Plataforma México, a cargo del diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, instruya a las universidades públicas del país a que incluyan en los planes de estudio de la carrera de derecho, asignaturas relacionadas con los juicios orales, a cargo del diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores, analicen la posibilidad de establecer consultas entre los parlamentos de México y Japón, y se nombre a los diputados que representan a esta Soberanía para formalizar los intercambios en materias como economía, política, cultura, medio ambiente, educación, fiscal, legal, industrial y/o aquellas que sean de principal interés para ambos parlamentos, a cargo del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFE, implemente la instalación de módulos fijos de atención ciudadana en cabecera distrital de una entidad para atender y realizar trámites de credenciales a ciudadanos de otra entidad federativa, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a la representación de nuestro país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a efecto de que respalde la resolución a la solicitud presentada por Cuba sobre la necesidad de poner fin al bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica contra dicho país, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través del Conaculta, instrumente las medidas necesarias a efecto de apoyar a los creadores culturales, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, informe sobre los subejercicios registrados en el curso del ejercicio 2010 por la Administración Pública Federal, y para que a través de sus dependencias defina el monto que debe integrar al Fonden, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de la Federación y de las entidades federativas, realicen las acciones necesarias para cumplir con diversos artículos transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, publique los decretos de Veda de los Acuíferos denominados “Cuatrociénegas-Ocampo” y “Cuatrociénegas”, en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la realización anual del Parlamento de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, rectifique y retome el Acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, para que coordine las encuestas nacionales sobre el tema, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Yucatán, establezca el delito de trata de personas dentro de su legislación penal, conforme a lo previsto en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como expedir una Ley para prevenir dicho delito, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco, entregue los recursos federales y estatales destinados al desarrollo sus municipios. Asimismo, se solicita a la ASF, realice una auditoría forense a los recursos federales de los fondos contemplados en los ramos 23, 25, 33 y 36 trasferidos a dicho estado, a cargo de la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Durango y al Congreso de dicha entidad, restablezcan la autonomía de la Universidad Juárez y permitan que sea la propia comunidad universitaria quien decida libremente su forma de gobierno y la designación de su rector, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRA, designe un delegado especial para la atención y solución definitiva a los conflictos agrarios más graves que existen en el estado de Morelos, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la SHCP, establezca el mecanismo necesario para que los recursos cobrados por los seguros contra siniestros, sean aplicados por la SEP a la reparación de los daños de las escuelas afectadas, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, garantice las condiciones de seguridad necesarias para que en México las organizaciones no gubernamentales ejerzan la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a la SRA, a la Procuraduría Agraria, al Instituto Nacional de Migración y a la SHCP, pongan en marcha acciones para la promoción y formalización del Testamento Agrario, entre la comunidad mexicana que radica en los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Conade, informe a esta Soberanía el monto de los recursos erogados durante la celebración del Bicentenario, realizada los días 9 y 10 de octubre en la Cd. de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, expida la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2009, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, y la envié a la Segob para su correspondiente publicación en el DOF, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSP, a la Sedena, a la Semar y a la PGR, fortalezcan los operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas, indocumentados, drogas, piratería y lavado de dinero, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS y al IMSS, tutelen con energía lo mandatado por la Ley para el debido respeto de los derechos de los jornaleros agrícolas, a cargo del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, tome las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos del Grupo Mexicana, vigilando que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los consumidores, con el fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Sedesol expida el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativa

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios sobre la discriminación que sufren mexicanos que vuelan hacia los Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios referentes a la recategorización de México para ocupar el espacio aéreo por parte de la FFA, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Efeméride

Con motivo del 161 aniversario de la creación del Estado de Guerrero, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles tres de noviembre de dos mil diez, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos sesenta y tres diputadas y diputados, a las trece horas con siete minutos del miércoles tres de noviembre de dos mil diez, el Presidente declara abierta la sesión.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Ignacio Téllez González, del Partido Acción Nacional; Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

En votación económica se dispensa la lectura al orden del día y enseguida se da lectura al acta de la Sesión anterior, la que se aprueba de la misma manera.

Se da cuenta con comunicaciones:

• De los Congresos de los estados de Guanajuato y de Sinaloa, con los que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los Congresos locales expidan una ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

• Del Congreso del estado de Coahuila, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que las entidades federativas tipifiquen los delitos de corrupción de menores, Pornografía infantil, explotación infantil, trata de personas y lenocinio. Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

• Del Gobierno del Estado de México, con el que remite contestación de la Subsecretaria del Medio Ambiente, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la NOM-081-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-mil novecientos noventa y cuatro. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Del Gobierno del estado de Puebla, con el que remite contestación del Gobernador del Estado, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la elaboración y expedición de un Programa de Derechos Humanos. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

• Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el que remite contestación del Director General Adjunto, a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los estudios técnicos para considerar a Irapuato y Salamanca, Guanajuato, como zona metropolitana. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

• Del Comisión Nacional del Agua, con el que remite contestación del Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para dotar de agua a la población de la Delegación Iztapalapa. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

• Del Consejo de la Judicatura, con el que remite contestación de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al caso del ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez. Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

Se da cuenta con oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten contestaciones:

• Del Director General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los Programas de Atención a Personas con Discapacidad. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

• Del Director General del Fondo de Desastres Naturales , a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la Declaratoria de Desastre de las comunidades de Santa María Tlahuitoltepec y de Villa Hidalgo Yalalag. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

• De la Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los sistemas de manejo ambiental en la Administración Pública Federal. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Del Director General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las disposiciones contenidas en la Ley Minera y en el Programa Sectorial de Energía dos mil siete-dos mil dice. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Del Director de Coordinación y Evaluación de la Comisión Nacional de Vivienda, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las medidas para proporcionar seguridad, salud, educación y vivienda a las niñas, niños y adolescentes menores de diecisiete años. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

• Se da cuenta con oficios de la Comisión Reguladora de Energía, con el que remite el Informe de Labores dos mil nueve, que incluye un registro de los permisos otorgados durante el año; el listado de las solicitudes de permisos no otorgados durante el año y la fundamentación de las deliberaciones adoptadas por los Comisionados. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Se da cuenta con oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que durante el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal de dos mil diez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no otorgó estímulos fiscales ni subsidios relacionados con la primera y segunda fracción a la que se refiere el artículo diecisiete de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diez. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

• Se da cuenta con oficio del Banco de México, con el que remite Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de julio a septiembre del año en curso. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Se reciben oficios de la Cámara de Senadores:

a) En el que transcribe acuerdo aprobado, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil once, partidas presupuestales suficientes para la operación y ejecución del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad. El primer resolutivo se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

b) Con los que se remiten proposiciones con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil once:

• Se otorguen recursos para la realización del Proyecto Inversión de Infraestructura Económica para la Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas sobre el Arroyo Punta de Agua, en el Municipio de Manzanillo, Colima, presentada por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional.

• Se consideren recursos adicionales para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para la Competitividad de la Producción de la Cebada, presentada por la senadora Rosalía Peredo Aguilar, del Partido Acción Nacional.

• Se contemple la creación de un Fondo Nacional que permita asegurar becas escolares y alimenticias a los niños y adolescentes que, damnificados por el combate frontal contra el narcotráfico, les asegure un futuro promisorio que incluya las terapias que requieran los afectados para superar las secuelas que estos acontecimientos trágicos dejan en sus vidas, presentada por la senadora María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional.

• Se consideren recursos adicionales para la adquisición de dosis de vacunas contra el cáncer cérvico-uterino, presentada por la senadora Rosalía Peredo Aguilar, del Partido Acción Nacional.

Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

c) Con el que remite solicitud del senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo ciento nueve de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se remite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

d) Que remiten Minutas con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos:

• Jorge Gabriel Rivas Barbosa, para prestar sus servicios como Almacenista en la Sección de Servicios Generales, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

• Michele Melissa Gutiérrez Dandridge, para prestar servicios como Secretaria para las Oficinas de Prensa y Política en la Embajada Bolivariana de Venezuela en México.

• Javier Laynez Potisek, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en grado de Cruz de Honor, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

• Ernesto Velázquez Briseño, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

• José Ignacio Madrazo Bolívar, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

• José Ignacio Madrazo Bolívar, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Gran Oficial, que le otorga el Gobierno del Reino de los Países Bajos.

• Sonia Esther Amelio Amador, para aceptar y usar la Medalla Pushkin, que le otorga el Gobierno de la Federación de Rusia.

• Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Vasco Núñez de Balboa, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Panamá.

• Eduardo Lizalde y Chávez Ramírez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Artes y de las Letras, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

• Roxana del Consuelo Sáizar Guerrero, para aceptar y usar la Medalla al Mérito Cultural, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.

• Jorge Alberto Burguete Kaller, para aceptar y usar la Condecoración de la Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

• Mario Alberto Gasque Ramos, para aceptar y usar la Condecoración de la Armada Argentina, que le otorga el Gobierno de la República de Argentina.

• Mario Alberto Gasque Ramos, para aceptar y usar la Condecoración de la Marinha do Brasil, que le otorga el Gobierno de la República de Brasil.

• Abel Reyna Castro, para aceptar y usar la Condecoración de la Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y Placa de Distintivo, que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

• Esperanza Cagiao Alonso, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

• Gerardo Lino Ruiz López, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional, en grado de Medalla Cheonsu, que le otorga el Gobierno de la República de Corea.

• Mario Enrique Díaz Quesada, para aceptar y usar la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le otorga el Gobierno de la República de Nicaragua.

• Rafael Rangel Sostmann, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel La Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

• Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Consejero de la Judicatura Federal, para aceptar y usar la distinción de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que le confiere el Reino de España.

• José Francisco Alejandro Ruiz Robles, Corredor Público veintidós del Distrito Federal, para aceptar y usar la distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto” como “Líder para el Desarrollo”, que le confiere el Honorable Senado de la Nación Argentina, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades y Comunas, y el Club Shalom.

Se turnan a la Comisión de Gobernación.

A las trece horas con diecinueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuatro diputadas y diputados.

En sendas votaciones económicas se dispensan la lectura y se someten a discusión en lo general los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público:

• Que autoriza la emisión de una Moneda Conmemorativa a los Cien Años de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Interviene en contra del dictamen el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo y en pro el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general el proyecto de decreto. El Presidente informa que se reservaron los artículos segundo transitorio, párrafo tercero y el quinto, para su votación en lo particular. Se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no impugnados del proyecto de decreto por trescientos sesenta y tres votos; tres en contra y cuatro abstenciones. Interviene en relación con los artículos reservados y propone modificaciones el diputado Pablo Rodríguez Regordosa, del Partido Acción Nacional, que en votación económica se admiten a discusión e interviene en contra el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. En votación económica se aceptan las propuestas de modificación por el diputado Rodríguez Regordosa y se aprueban en lo particular los artículos reservados con la modificación aceptada por trescientos cuarenta y cinco votos; diez en contra y dos abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

• Que establece las características de una Moneda de cuño corriente Conmemorativa del Vigésimo Aniversario de la Entrega del Premio Nobel a Octavio Paz. En votación económica se considera suficientemente discutido y se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por trescientos cuarenta y siete votos; uno en contra y cinco abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo| y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Interviene en contra del dictamen el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido y se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de decreto por trescientos cuarenta y cinco votos; diez en contra y cinco abstenciones. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento cuarenta y dos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y veinticinco de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

• Sami David David, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo treinta y ocho Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos catorce y quince de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación.

• Martín García Avilés, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo tercero de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

• María Joann Novoa Mossberger, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de diversos integrantes de la Comisión Especial para la Niñez, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Cristabell Zamora Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos octavo y dieciocho A de la Ley Federal de Derechos y noveno de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

• José Manuel Agüero Tovar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Caritina Saénz Vargas, a nombre propio y de la diputada Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Juan Pablo Escobar Martínez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, expida dentro de la Miscelánea Fiscal para dos mil once, la figura de Autofactura para el sector del Reciclaje de Materiales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena y suscrita por diputados integrantes del Partido Acción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil once, se consideren mayores recursos para los programas del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, a fin de atender las necesidades de vivienda de la población que se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil once, se considere un porcentaje del presupuesto que se otorgue a la Secretaría de Educación Pública, destinado a fortalecer acciones en apoyo de las madres solteras y jóvenes embarazadas. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

• Felipe Cervera Hernández, a nombre propio y del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se empleen recursos de los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil diez, para la implementación del Proyecto Rehabilitación y recuperación de playas en franja costera de Chuburna Puerto – Yucalpetec, en el municipio de Progreso, Yucatán. En votación económica se considera urgente resolución. En sendas votaciones económicas, se considera suficientemente discutido y se aprueba los puntos de acuerdo, comuníquense.

Desde su curul realiza comentarios el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

Se recibe del diputado Marco Antonio García Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, establezcan los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la homologación salarial de los trabajadores del sistema de salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Salud.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, para que el Presidente de la Mesa Directiva de esta Soberanía, presente en tiempo y forma, Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las disposiciones administrativas de carácter general a las que deberán sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, para la realización de las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de los petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas, publicadas el doce de abril de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación, y su primer acto de aplicación efectuado en la emisión del modelo de contrato de venta de primera mano por el que los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos se obligarán a enajenar los petrolíferos a los particulares que así lo soliciten. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se recibe del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante esta Soberanía y presente un informe financiero del estado que guarda el ejercicio del gasto público y subejercicios; asimismo para que se reasignen subejercicios del gasto público federal al Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibe del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para el Saneamiento de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Miguel Antonio Osuna Millán, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las Cámaras del H. Congreso de la Unión y a los Congresos Locales, se declare al período dos mil once-dos mil veinte como la “Década por la Seguridad Vial”. Se turna a la Comisión de Transportes.

• Ignacio Téllez González, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría General de esta Soberanía, investigue hechos y prácticas ilícitas en la realización de las exposiciones y muestras artesanales que se llevan a cabo en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, para solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe detallado de la aplicación y resultados del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, por el que se solicita la comparecencia del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Soberanía, para que expliquen los alcances de la Cuarta Resolución Miscelánea, publicada el treinta y uno de marzo del presente año. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibe de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, intensifique las campañas de detección oportuna del cáncer de mama. Se turna a la Comisión de Salud.

Se recibe de diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por Ex Trabajadores Mexicanos Braceros, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil once, se consideren recursos para el Fondo de Apoyo Social de Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos mil novecientos cuarenta y dos-mil novecientos sesenta y cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, libere recursos presupuestales para la reconstrucción de vías de comunicación, tránsito e infraestructura carretera, afectados por los desastres meteorológicos en la región de La Cañada, del estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Liborio Vidal Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, defina y publique el procedimiento para la reasignación de los recursos derivados de la disminución del padrón de beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo, como resultado del programa de actualización de datos y expedientes del mismo. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, implementen acciones encaminadas a evitar que artículos robados sean dejados en prenda en las casas de empeño. En votación económica se considera urgente resolución. Intervienen en contra del punto de acuerdo el diputado Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional; y en pro el diputado Cuevas García. Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en dos ocasiones, del Partido del Trabajo; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones y se turna a la Comisión de Economía. A petición del proponente. Desde sus curules realizan comentarios los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo y Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional.

Se recibe del diputado Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil once, se incrementen los recursos presupuestarios del Fondo de Desastres Naturales y del FAPRACC; Así como también, se exhorta a diversas entidades federativas a efecto de que analice la factibilidad en la contratación de seguros de siniestros por causas naturales con empresas aseguradoras con el propósito de proteger el patrimonio de las familias y la capacidad productiva de los sectores económicos locales. El primer resolutivo se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el segundo resolutivo a la Comisión de Gobernación.

• Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil once, se consideren recursos para el Programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada de la Propiedad Rural (FIPP). Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil once, se consideren mayores recursos para el programa de la mujer en el Sector Agrario y para el Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Gumercindo Castellanos Flores, del Partido Acción Nacional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil once, se amplíen los apoyos del componente de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN). En votación económica se considera urgente resolución. En sendas votaciones económicas se considera suficientemente discutido y se aprueba los puntos de acuerdo y se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibe de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, desista en la instrumentación y aplicación de la herramienta de identificación denominada Cédula de Identificación Ciudadana. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Se recibe proposición con punto de acuerdo suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, asignar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil once, para cubrir las necesidades presupuestarias básicas de la administración federal de servicios educativos en el Distrito Federal, mismas que tienen dentro de sus objetivos atender los programas de “Escuelas de Jornada ampliada”, así como brindar un servicio de educación pública de calidad a la población del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente clausura la sesión a las diecisiete horas con cuatro minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves cuatro de noviembre de dos mil diez, a las diez horas.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobada el acta.Proceda la Secretaría con comunicaciones.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Diputados Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 103 aniversario luctuoso de Jesús García Corona, héroe de Nacozari, el próximo domingo 7 de noviembre a las 10:00 horas, en el camellón de la calle Norte 46-A entre Circuito Interior y Ferrocarril Industrial, colonia 7 de Noviembre, delegación Gustavo A. Madero.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Guadalupe Lozada León, coordinadora.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: diputado César Daniel González Madruga y diputado Avelino Méndez Rangel.

Continúe la Secretaría.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en  el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comisión de Marina

Baja:Diputada Karla Verónica González Cruz (integrante)

Alta: Diputado Julio Saldaña Morán (integrante)

Comisión de Desarrollo Rural

Baja:Diputada Karla Verónica González Cruz (secretaria)

Alta: Diputado Julio Saldaña Morán (secretario)

Comisión de la Función Pública

Baja:Diputado César Daniel González Madruga (integrante)

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Baja:Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (integrante)

Alta: Diputado César Daniel González Madruga integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de noviembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en  el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI:

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Baja: Diputado J. Eduardo Yáñez Montaño (integrante)

Comisión de Justicia

Baja: Diputado José Alfredo Torres Huitrón (integrante)

Alta: Diputado J. Eduardo Yáñez Montaño (integrante)

Comisión de Gobernación

Baja: Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (integrante)

Alta: Diputado Sami David David (integrante)

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Alta: Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de noviembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobadas. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción II, y 36, fracciones V y XVI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito remitir a usted el original de la iniciativa por la que se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara De Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura.— Presente.

Los que suscribimos, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, en nuestro carácter de integrantes de la Mesa Directiva de este órgano de gobierno local, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción II, 31, 32 y 36, fracciones II, V, VI y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos someter a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.

Considerandos

Primero. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos a) y ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1o., 7, 10, fracción II, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1o., 28, 30, 32, 33, 85, fracción I, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior; y 8, 9 fracción I del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Segundo. La iniciativa en estudio propone fundamentalmente la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 32, 33, 34 y 35 que son los que regulan el denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) con el propósito de que la población del Distrito Federal y de las Delegaciones puedan beneficiarse del FAIS.

Para alcanzar este objetivo la reforma propuesta por la diputada Batres Guadarrama consiste en un cambio de redacción a los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Social para que, en lo sucesivo, el Distrito Federal como entidad federativa, y las demarcaciones territoriales y sus órganos políticos administrativos, que se denominan genéricamente “delegaciones” de conformidad con el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, puedan ser beneficiarios de dicho fondo.

Tercero. La Comisión ha analizado las razones expuestas por la diputada Batres Guadarrama, en su intervención, al presentar ante la plenaria la iniciativa con proyecto de decreto en comento, por las cuales considera necesaria la reforma de los artículos 32, 33, 34 y 35 del Código Fiscal de la Federación, y considera que son completamente justificadas.

En particular se coincide con el hecho de que no existe argumento válido de tipo económico o social, por el cual la población del Distrito Federal, en especial la población más pobre de la entidad, deba ser excluida de los beneficios que se distribuyen a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Igualmente la Comisión considera injustificable que la exclusión del Distrito Federal del FAIS haya costado a la entidad dejar de percibir recursos por algo más de 8 mil millones de pesos durante el periodo que va de 1998 al 2010. La Comisión ha recordado que, en particular para el ejercicio fiscal del 2010, el perjuicio sería cercano a los 800 millones de pesos de acuerdo con las cifras que expusieron apenas unos días antes los Secretarios de Finanzas y de Desarrollo Social en sus recientes comparecencias ante esta Asamblea.

Sin embargo se ha reconocido que el texto actual de los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal excluye legalmente la posibilidad de que el Distrito Federal o las delegaciones puedan recibir recursos del FAIS.

Cuarto. En general, la reforma propuesta por la diputada Batres Guadarrama consiste en sustituir del actual texto de la Ley las referencias a “estados” con el concepto “entidades federativas”, incluyendo así al Distrito Federal como beneficiario del FAIS. Igualmente propone la diputada Batres Guadarrama añadir y complementar toda referencia a los municipios en el texto de los artículos en comento, con una nueva referencia a las “delegaciones” o “delegaciones del Distrito Federal”, o a lo “delegacional” con lo cual se hace extensivo el beneficio del FAIS a éstas.

Quinto. Para los mismos propósitos descritos antes, en el primer párrafo del artículo 32 la diputada Batres Guadarrama propone modificar el nombre del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Estatal” por el de “Fondo para la Infraestructura Social Estatal y del Distrito Federal”; así como modificar el nombre del “Fondo para Infraestructura Municipal” por el de “Fondo para Infraestructura Social Municipal y de las Delegaciones del Distrito Federal”.

Sexto.Sin embargo, en el inciso a) del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal la diputada Batres propone que “el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal” actual se denomine en lo sucesivo “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal y Delegacional del Distrito Federal” ; y en el inciso b) del mismo artículo propone sustituir el nombre del “Fondo para la Infraestructura Social Estatal” el nombre de “Fondo de Infraestructura Social de las Entidades Federativas”, denominaciones ambas que difieren ligeramente respecto a los propuesto por la propia diputada Batres para el primer párrafo del Artículo 32.

Séptimo. La comisión al analizar la propuesta de reforma a los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal de la diputada Batres Guadarrama, ha considerado que esta resuelve adecuadamente el objetivo de incluir al Distrito Federal y a las delegaciones a los beneficios del FAIS, sin limitar o afectar de ninguna manera el beneficio que le es reconocido actualmente a los estados de la República y a los municipios, por lo cual estima que es de aceptarse dicha propuesta de redacción.

Sin embargo estima que es necesario y conveniente homogenizar la nueva denominación que se da a los dos fondos descritos en el primer párrafo del artículo 32 y los incisos a) y b) del artículo 33 de la Ley en comento, por lo cual se propone que los dos fondos de referencia se denominen, respectivamente: “Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y Delegacional” y “Fondo de Infraestructura Social de las Entidades Federativas”, evitando así las diferencias en las denominaciones de ambos fondos en el texto de la Ley, para quedar como sigue:

Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades Federativas y el 2.197% al Fondo para Infraestructura Social Municipal y Delegacional.

Y en el caso del artículo 33 se propone:

Artículo 33. “Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las Entidades Federativas y los Municipios y Delegaciones del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Delegacional: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal y delegacional, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y

b) “Fondo de Infraestructura Social de las Entidades Federativas: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional, intermunicipal o interdelegacional...” etcétera

Por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda

Resuelve

Primero. Con base en los fundamentos legales y las razones expuestas es que se presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el texto de los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Ley de Coordinación Fiscal

(...)

Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades Federativas y el 2.197% al Fondo para Infraestructura Social Municipal y Delegacional.

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y al Gobierno del Distrito Federal por conducto de la federación y a los municipios y delegaciones del Distrito Federal a través de los gobiernos de las entidades federativas, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta ley.

Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.

Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las Entidades Federativas y los Municipios y Delegaciones del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Delegacional: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal y delegacional, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y

b) Fondo de Infraestructura Social de las Entidades Federativas: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional, intermunicipal o interdelegacional. En caso de los Municipios y Delegaciones, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Delegaciones del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la Entidad Federativa correspondiente y el Municipio o Delegación del Distrito Federal de que se trate. Adicionalmente, las entidades, los municipios y las delegaciones del Distrito Federal podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, las entidades, los municipios y las delegaciones del Distrito Federal deberán:

I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;

II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;

III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;

IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los Municipios y Delegaciones lo harán por conducto de las Entidades Federativas, y

V. Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desa-rrollo sustentable.

Artículo 34. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre las Entidades Federativas, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:

I. Fórmula:

IGPj = Pj1ß1 + Pj2ß2 + Pj3ß3 + Pj4ß4 + Pj5ß5

En donde:

Pjw = Brecha respecto a la norma de pobreza extrema de la necesidad básica w para el hogar j en estudio;

ß1..... 5 = Ponderador asociado a la necesidad básica w; y

j = Hogar en estudio.

Esta fórmula representa el Índice Global de Pobreza de un hogar, IGPj, el cual se conforma con las brechas Pj1, Pj2, Pj3, Pj4 y Pj5 de las necesidades básicas a que se refiere la fracción II; sus correspondientes ponderadores son ß1=0.4616, ß2=0.1250, ß3=0.2386, ß4=0.0608 y ß5=0.1140.

II. Las necesidades básicas, en el orden en el que aparecen en la fórmula anterior, son las siguientes:

w1 = Ingreso per cápita del hogar;

w2 = Nivel educativo promedio por hogar;

w3 = Disponibilidad de espacio de la vivienda;

w4 = Disponibilidad de drenaje; y

w5 = Disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar.

III. Para cada hogar se estiman las cinco brechas respecto a las normas de pobreza extrema que corresponden a cada una de las necesidades básicas, con base en la siguiente fórmula:

         [ Zw – Xjw ]

Pj = ____________

                Zw

En donde:

Zw = Norma establecida para la necesidad básica w.

Xjw = Valor observado en cada hogar j, para la necesidad básica w.

IV. Los resultados de cada una de estas brechas se ubican dentro de un intervalo de –0.5 a 1. Cada brecha se multiplica por los ponderadores establecidos en la fracción I de este artículo para, una vez sumadas, obtener el Índice Global de Pobreza del hogar, que se encuentra en el mismo intervalo. Cabe señalar que para los cálculos subsecuentes, sólo se consideran a los hogares cuyo valor se ubique entre 0 y 1, que son aquellos en situación de pobreza extrema.

V. El valor del IGP del hogar se eleva al cuadrado para atribuir mayor peso a los hogares más pobres. Después se multiplica por el tamaño del hogar, con lo cual se incorpora el factor poblacional. Con lo anterior se conforma la Masa Carencial del Hogar, determinada por la siguiente fórmula:

MCHj = IGPj2 * Tj

En donde:

MCHj = Masa Carencial del Hogar j;

Tj = Número de miembros en el hogar j en pobreza extrema.

Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de una Entidad Federativa, se obtiene la Masa Carencial de Entidades, determinada por la siguiente fórmula:

                  jk

MCEk    = MCHjk

              j=1

En donde:

MCEk = Masa Carencial de la Entidad k;

MCHjk = Masa Carencial del Hogar j en pobreza extrema en la Entidad k; y,

jk = Número total de hogares pobres extremos en la Entidad k.

Una vez determinada la Masa Carencial de la Entidad, se hace una agregación similar de todas las Entidades para obtener la Masa Carencial Nacional.

Cada una de las masas carenciales de las entidades se divide entre la Masa Carencial Nacional, MCN, para determinar la participación porcentual que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le corresponde a cada Entidad, como lo indica la siguiente fórmula:

               MCEk

PEk = —————- * 100

               MCN

En donde:

PEk = Participación porcentual de la Entidad k;

MCEk = Masa Carencial de la Entidad k; y

MCN = Masa Carencial Nacional.

Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se realiza en función de la proporción que corresponda a cada Entidad de la pobreza extrema a nivel nacional, según lo establecido. Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, en el mes de octubre de cada año, en el Diario Oficial de la Federación las normas establecidas para necesidades básicas (Zw) y valores para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación porcentual (PEk) que se asignará a cada entidad.

Artículo 35. Las Entidades distribuirán entre los Municipios y Delegaciones, según corresponda, los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Delegacional del Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios y Delegaciones del Distrito Federal con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:

a) Población ocupada del municipio o delegación que perciba menos de dos salarios mínimos respecto de la población de la Entidad Federativa en similar condición;

b) Población municipal o delegacional de 15 años o más que no sepa leer y escribir respecto de la población de la entidad federativa en igual situación;

c) Población municipal o de la delegación que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población de la Entidad Federativa sin el mismo tipo de servicio; y

d) Población municipal o delegacional que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la población de la Entidad en igual condición.

Con objeto de apoyar a las Entidades Federativas en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal y delegacional para cada entidad federativa.

Las Entidades Federativas, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Delegacional del Distrito Federal correspondientes a sus Municipios o Delegaciones, según corresponda, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.

Las entidades federativas deberán entregar a sus respectivos municipios o delegaciones los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la federación lo haga a las entidades federativas, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales y delegacionales por parte de los gobiernos de las Entidades Federativas y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil diez.— Por la Mesa Directiva, diputados: Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), vicepresidente; Jorge Palacios, secretario; Víctor Hugo Romo Guerra (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de la Senadora Leticia Jasso Valencia, solicitud de excitativa para que se dictamine el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores.— Presente.

La que suscribe, María del Rosario Leticia Jasso Valencia, senadora de la República para la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 214 del Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien remitir al presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de ese órgano legislativo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones

Antecedentes

1. Con fecha 4 de marzo de 2010, presenté ante el pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2. Con la misma fecha, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 72 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitió la iniciativa en comento a la honorable Cámara de Diputados.

3. Con fecha 9 de marzo de 2010, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados informó al Pleno de la recepción de la referida Iniciativa, turnándola a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social para su estudio y dictamen correspondiente.

Consideraciones

Primera. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el presidente Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados podrá excitar a cualquiera de las comisiones, en nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquél en que se les turne un asunto.

Segunda. La iniciativa en comento fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la honorable Cámara de Diputados, con fecha 9 de marzo del año en curso, por lo que el plazo anteriormente referido para que estas comisiones realicen la presentación del dictamen correspondiente ante el pleno de la Cámara ha expirado, pues a la fecha han transcurrido más de siete meses después de que recibieron el turno de ésta.

Por lo expuesto, la que suscribe solicita atentamente:

Único.Se remita a la Presidencia de la colegisladora esta excitativa a fin de que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social de la honorable Cámara de Diputados, presenten ante el pleno de dicha Cámara, el dictamen de la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora María del Rosario Leticia Jasso Valencia, con fecha 4 de marzo de 2010 y pueda así, en su caso, enviarse la minuta respectiva a esta Cámara de origen para dar el trámite correspondiente.

México, DF, a 28 de octubre de 2010.— Senadora Leticia Jasso Valencia (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Remítase a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa para que se dictamine el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha solicitud, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 3 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Juan Bueno Torio, senador de la república en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicita respetuosamente a esta Presidencia que en pleno uso de las facultades conferidas a ella remita al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados excitativa a la Comisión Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, en razón de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 9 de febrero de 2010 presenté iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitió dicha iniciativa a la Cámara de Diputados, con turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para el dictamen correspondiente; y a la fecha no ha sido presentado dictamen alguno. En consecuencia presento ante esta soberanía solicitud para que se formule excitativa, en razón de las siguientes

Consideraciones

Primera. Al día de hoy, las pensiones son el resultado de un esfuerzo de toda la vida laboral de los trabajadores: ofrecen tranquilidad y seguridad de que éstos podrán contar un apoyo económico que les permita vivir con dignidad durante su vejez. Por tanto, sólo los trabajadores decidirán sobre el destino y uso de sus pensiones.

Segunda. Los sistemas de ahorro pare el retiro tienen como objetivo proteger los ingresos del trabajador y su familia ante diferentes contingencias y situaciones naturales que ocurren en la vida.

Tercera. Jurídicamente, el régimen de pensiones es un derecho adquirido por los trabajadores, el cual es compensatorio del esfuerzo laboral realizado por un determinado número de años o debido a una incapacidad total y permanente para realizar algún trabajo, resultado de un riesgo profesional o de circunstancias similares sobrevenidas en el de-sempeño del empleo.

Cuarta. En el país, el derecho a la jubilación parte de la edad del trabajador para otorgarle una pensión jubilatoria, denominada “jubilación”.

Quinta. Debemos considerar la pensión como producto del trabajo que el pensionado desarrolló durante un determinado número de años, y resulta difícil y bastante oneroso para la economía personal que los que menos tienen destinen parte de su pensión al pago de impuestos.

Sexta. En México, las pensiones que se otorgan a los jubilados están muy por debajo de su último ingreso.

Séptima. Cobrar el impuesto sobre la renta a los trabajadores ya jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social es contrario a lo establecido en el artículo 123 de la Carta Magna: “Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casaos previstos en las leyes”. De tal manera, la Constitución es clara al señalar que sólo el salario es objeto de gravamen y no así las pensiones de los trabajadores.

Octava. Ese impuesto a las pensiones de los jubilados merma sus ingresos, lo cual afecta principalmente a los que menos tienen.

Novena. Se propone que las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte.

Décima. La iniciativa de marras fue turnada para estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados con fecha 11 de febrero del presente año.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted, ciudadano presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente que se remita a la Presidencia de la Cámara de Diputados la presente excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de dicha Cámara para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 3 de noviembre de 2010.— Senador Juan Bueno Torio (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Remítase a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continuamos con el capítulo de iniciativas. Esta Presidencia recibió del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Iniciativa que reforma el artículo 50 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El abajo firmante diputado al honorable Congreso de la Unión LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Parlamento como forma de representación popular, ha tenido un largo proceso evolutivo, desde la Europa Medieval de los siglos XII y XIII, hasta el moderno Parlamento Europeo.

En particular, esta forma de representación popular, no siempre funcionó como tal; al principio estaba integrado “por nobles y cargos eclesiásticos, como Consejo del monarca y para dictar justicia”; sin embargo, después de todo un proceso evolutivo, surgió la idea de que “el Parlamento representa a todo el pueblo”

Con esa idea se esparció por el mundo; hoy, recibe un nombre diferente en cada país; por ejemplo, se conocen como Parlamentos, en Irlanda, Bélgica, Francia y Reino Unido; en Alemania es el Bundestag o Dieta Federal y el Bundesrat o Consejo Federal; la Duma en Rusia y la Dieta en Japón.

En América, excepto en Canadá donde existe un Parlamento debido a la influencia británica, se siguió a la Constitución de los Estados Unidos y se le llama Congreso, sea Nacional, General o de la Unión; el cual se divide en Cámaras, una de diputados y otra de senadores.

Particularmente “la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos...”, según el artículo 44 de nuestra Constitución Política, de lo cual se desprende, que la naturaleza de dicha entidad, no es igual al resto de los estados.

Por lo mismo, el artículo 122 de nuestra Carta Magna, coloca al gobierno local bajo la jurisdicción de los Poderes Federales; así, el Distrito Federal cuenta con órganos de gobierno, como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, encargada de realizar las funciones legislativas, tal como lo indica su nombre.

Se entiende que, al ser la residencia de los poderes federales, no puede cohabitar otro poder, además de no ser una entidad soberana, razón de más para no otorgarle las facultades con las que cuentan el resto de los estados.

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, surge como respuesta a la falta de representatividad de los habitantes del Distrito Federal, quienes eran gobernados únicamente por los poderes Federales, pues aunque el Congreso de la Unión cuenta con representantes de cada una de las entidades incluso del Distrito Federal, no se asemeja a los poderes estatales.

Además de que los ciudadanos de la capital, eran gobernados por representantes de otras entidades, senadores y diputados federales, que evidentemente desconocían la problemática local y no tenían la capacidad para entender la situación y legislar en consecuencia.

Aunado a lo anterior, el presidente de la república designaba a un jefe del Departamento del Distrito Federal, es decir, no era un puesto de elección popular para gobernar nuestra capital.

Para 1987, debido a la reforma de la fracción VI del artículo 73 constitucional, se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal con motivo de la falta de representatividad, como se mencionó anteriormente; y a pesar de tener limitadas facultades, permitió a los ciudadanos elegir directamente a sus representantes.

Configurado como un órgano de representación ciudadana, se integra por 40 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa y 26 según el principio de representación proporcional, para un total de 66.

Esta Asamblea de Representantes “se creó con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno que tengan por objeto atender las necesidades que se manifiesten entre los habitantes del Distrito Federal en materia de servicios; aprobar nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, e iniciar ante el Congreso de la Unión leyes o decretos en materia relativa al Distrito Federal”.

El 21 de octubre de 1993, se aprueba otra modificación constitucional, a los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107 y 122, así como la denominación del título V, adición de una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al 199, además se derogó la fracción XVII del artículo 89.

Mediante las citadas modificaciones, se confieren mayores responsabilidades a la Asamblea de Representantes, aunque aún conserva muchas de sus limitantes, por primera vez cuenta con facultades legislativas y no meramente reglamentarias.

Mediante decreto publicado el 22 de agosto de 1996 y con las modificaciones al artículo 122 de la Constitución, la Asamblea de Representantes se transforma en Asamblea Legislativa, integrada por diputados no por representantes.

También el órgano legislativo, la Asamblea de Representantes, recibe mayores facultades, cambia su nombre por el de Asamblea Legislativa; aunque todavía no cuenta con todo el poder de los otros estados, se observan grandes avances en cuanto a la representatividad de los capitalinos.

Esta reforma permitió la primera elección de los representantes legislativos en la capital, pues en 1997-2000, tuvo lugar la instalación de la I Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

A pesar de todo lo anterior, el Congreso de la Unión aún conserva ciertas atribuciones legislativas sobre el Distrito Federal, a través del Estatuto de Gobierno, el cual regula lo concerniente a la organización del gobierno de nuestra ciudad.

De acuerdo con el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción I de la Constitución, los diputados a la Asamblea se elegirán cada tres años por voto universal, libre, directo y secreto; en concordancia con lo anterior, el Estatuto, en su artículo 37, dice que la Asamblea se integrará por 40 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos según el principio de representación proporcional.

La conformación de la actual V Legislatura, 2009-2012, es de 34 diputados del Partido de la Revolución Democrática; 14 del Partido Acción Nacional; 8 del Partido Revolucionario Institucional; 5 del Partido del Trabajo y 4 del Partido Verde Ecologista de México.

Todo este proceso, ha sido con la intención de otorgar derechos plenos a los habitantes de la ciudad; que ofrezcan formas de representación, democráticas y plurales, eliminando barreras que impidan el crecimiento político de la que es, la más importante, además de la más habitada, de las entidades de nuestro país.

La democracia es la apertura a la pluralidad ideológica, que permite la libre expresión de los diferentes pensamientos que existen en una sociedad, así como de la manifestación de las aspiraciones y anhelos por alcanzar mejores condiciones de vida.

El avance de la democracia en nuestro país es inminente, pues se han dado grandes pasos hacia la consolidación de instituciones fuertes y con credibilidad ante la ciudadanía; sin embargo, falta mucho por hacer, es por ello que se requiere de voluntad política por parte de todos los actores y por supuesto, de contar con las herramientas necesarias para alcanzar metas mayores.

Si bien cada ciudadano no puede manifestarse por sí mismo, las fuerzas políticas que integran un grupo parlamentario en los diferentes órganos legislativos, se convierten en el hilo conductor de los mismos; por lo que alcanzar el perfeccionamiento institucional se vuelve mandato.

Votar es ejercer un derecho político inherente a la calidad de ciudadano; el cual transfiere y legitima la representación política del legislador; a su vez, ésta representación se evidencia en la configuración del órgano legislativo, sea local o sea federal.

Así, se da cabida a la pluralidad de ideas, misma que remite a la equidad en la toma de decisiones y a una correcta conducción de la función legislativa; además de obtenerse mejores medidas administrativas y políticas.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es el órgano local encargado de legislar para la capital; ésta, cuenta con una conformación que, lastimosamente, no permite la expresión de otras fuerzas políticas distintas a la que ostenta la mayoría absoluta; con lo cual, resulta evidente que la pluralidad no existe ni se tolera.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal cobra importancia al ser el órgano legislativo local, cuyo quehacer incide en la vida de todos los habitantes de la ciudad y por lo mismo, debe imperar la equidad al interior, tanto de sus grupos parlamentarios, comisiones, comités y demás órganos que lo conforman.

La diversidad de partidos representados en la Asamblea, expone la realidad, los ciudadanos desean ver expresados sus intereses en los órganos legislativos; realidad que no se manifiesta en este órgano local debido a las disposiciones legales para la conformación de un órgano de vital importancia.

Ante ello, es indispensable adecuar el marco normativo que da vida a la actividad legislativa, administrativa y política de la Asamblea: la Comisión de Gobierno; propiciando equilibrio político en el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales de cada uno de los diputados de la Asamblea.

La Comisión de Gobierno es, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, “el órgano interno de gobierno permanente y expresión de pluralidad de la Asamblea encargado de dirigir y optimizar, el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y administrativas de la misma...”

“Expresión de pluralidad...”, reza el artículo, empero este supuesto no puede materializarse con las presentes condiciones, puesto que el poder que se ejerce bajo las circunstancias actuales, impiden al resto de los grupos parlamentarios hacer valer sus puntos de vista y desde luego desequilibra la toma de decisiones.

Evidentemente no es posible que todas las opiniones prevalezcan, pero es deseable que se consideren todas las opciones, en congruencia con el espíritu de pluralidad que el cuerpo normativo expone.

No basta la conformación de los diferentes grupos parlamentarios, es menester que la presidencia de la Comisión de Gobierno, como máximo órgano legislativo, administrativo y político de la Asamblea, deje de pertenecer tan solo al partido que obtiene la mayoría absoluta, teniendo en mente otorgarle mayor dinamismo y participación a los grupos parlamentarios con mayor número de integrantes.

Actualmente, el artículo 50 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, menciona que en la Asamblea, “habrá una Comisión de Gobierno integrada de manera plural”, aunque no establece lineamientos claros para facilitar la composición plural de la misma.

La esencia política de la comisión de gobierno, debe ser fiel a la civilidad, en la idea de que el bienestar general está por encima de cualquier interés personal o de partido.

Bajo el esquema actual, la Comisión de Gobierno representa a una sola fuerza política, la que evidentemente ostenta el poder y control sobre los demás grupos parlamentarios; manifestando arbitrariamente sus ideas, e imponiendo la marcha y funcionamiento de la Asamblea a su libre albedrío.

Siendo la Comisión de Gobierno el órgano político, legislativo y administrativo de mayor importancia dentro de la Asamblea, es deseable que no quede bajo el control de un solo grupo parlamentario; pues por un lado, no se genera el ambiente ideal para el diálogo y por otro, permite la opacidad en el manejo de los recursos.

La relevancia de su existencia, estriba en que el desarrollo y buen desempeño de las actividades parlamentarias dependen de esta comisión y son el punto de partida de todas las acciones que se lleven a cabo durante la legislatura.

El tema de pluralidad es bastante amplio y muy controvertido; pues a pesar de tener un objetivo en común, a veces no se haya el camino adecuado; sin embargo, el debate de altura, el intercambio de buenas ideas, no debe ser empañado por circunstancias ajenas al bienestar común, ese debate debe ser privilegiado y adoptado como forma de vida.

La mayoría absoluta en la Asamblea, al igual que en otros congresos, produce beneficios por sí misma; pero no debe ser causa de inequidad en el trato entre los grupos parlamentarios; lejos de eso, debe propiciar la diversidad de ideas ya que este solo hecho trae grandes beneficios tanto al interior como el exterior de esta institución.

Por lo anterior, se propone que la presidencia de la Comisión de Gobierno, se turne cada año legislativo para evitar que se monopolicen las facultades inherentes al cargo; facultades que encierran gran poder sobre todas las actividades de la Asamblea.

Asimismo, la secretaría de dicha comisión no deberá recaer en un diputado de la misma fuerza política a la que pertenezca el Presidente, con la sana intención de ejercer un contrapeso en las funciones que realizan; otorgando certeza dentro del esquema de pluralidad que se persigue, en la conformación de los órganos directivos y de gobierno, garantizando el buen funcionamiento y desarrollo de los trabajos propios de la Asamblea.

La Asamblea Legislativa como elemento importante en la vida de la capital, debe adecuar sus actividades en torno a lo anterior, para así evitar el rezago actual y la parálisis que afecta su actividad y productividad.

Es menester considerar que el término equidad nos remite a los conceptos de justicia e igualdad; pues representa el equilibrio entre el derecho natural y la ley positiva. Justicia a su vez, y según Ulpiano, es la voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo suyo.

La equidad dentro de la actividad parlamentaria, es indispensable, debido a que sin ella, los grupos parlamentarios quedan alejados no solamente de sus derechos, sino de las obligaciones que les corresponden, tanto en materia legislativa, como política y administrativa.

Durante mucho tiempo se ha dado preferencia a la fuerza política con mayor número de integrantes, sin embargo, resulta evidente que la equidad ha quedado olvidada con esta costumbre; por esto, se hace un llamado a la prudencia y a actuar congruentemente con los postulados democráticos que un representante popular no debe desconocer.

La inequidad da como resultado, el monopolio del poder dentro de un órgano que esencialmente es plural; Montesquieu dice que, “la libertad política no consiste en hacer lo que uno quiera. En un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay leyes, la libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer.”

Añade: “hay que tomar conciencia de lo que es la independencia y de lo que es la libertad. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad.”

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 50 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Título CuartoDe las Bases de la Organización y Facultades de los Órganos Locales de Gobierno del Distrito Federal Capítulo IDe la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Sección IIIDe la Comisión de Gobierno

Artículo 50. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal habrá una Comisión de Gobierno, instalada durante el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio. Será integrada de forma plural por dos diputados de cada uno de los grupos parlamentarios y un diputado perteneciente a cada partido político distinto a aquéllos integrados de forma grupal.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios integrarán la Comisión de Gobierno, y aquél que ostente la mayoría absoluta, presidirá la comisión por la duración de la legislatura. De no configurarse tal condición, será presidida anualmente y de forma alternada por los coordinadores de los tres grupos parlamentarios, que cuenten con el mayor número de diputados, en el orden que determine la propia comisión.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.La Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá realizar las adecuaciones a las leyes correspondientes, en un plazo máximo de sesenta días contados a partir del inicio de la vigencia del presente decreto.

Artículo Tercero.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Ángel Manuel Abellán. “Notas sobre la Evolución Histórica del Parlamento y de la Representación Política”, en Revista de Estudios Políticos (nueva época), número 92, abril-junio de 1996.

2 Juan J. Solorzábal. “Representación y Pluralismo territorial”. Revista de Estudios Políticos,número 50 (1986), página 77.

3 http://www.df.gob.mx/wb/gdf/historia_de_la_ciudad_de_mexico/_rid/229?page=9

4 http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/teoria3/aguilar.pdf

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 4 de noviembre de 2010.— Diputados: Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Silvia Esther Pérez Ceballos, Kenia López Rabadán (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:  «Iniciativa que reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Caritina Saénz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente los niños y adolescentes están expuestos a una inmensidad de mensajes con contenido violento, toda vez que el país vive una ola de violencia generalizada. Adicionalmente de manera permanente se les proporciona información de contenido violento a través de los diversos medios de comunicación tales como; revistas, periódicos, el radio, el cine y el Internet, así como en los videojuegos.

Dada la importancia creciente del papel social asumido por los medios de comunicación de masas y, especialmente, debido a la influencia que tienen sobre sus miembros más jóvenes –que son psicológicamente más frágiles y socialmente más inseguros– el preocuparse por atraer la atención de la gente hacia el impacto social de la violencia televisiva (así como de otros medios de comunicación de masas y medios de entretenimiento) ya no puede considerarse como algo meramente ingenuo que tiene que ver con la moralidad y la buena conducta.

Diversos trabajos empíricos realizados por psicólogas y psicólogos, han puesto de manifiesto que posiblemente las imágenes sean más imperativas que la escritura porque imponen la significación en bloque, sin análisis ni dispersión de los elementos que las componen. La imagen, la música y el espacio doméstico en el que tienen lugar los hechos juegan un papel primordial en este proceso de identificación de los héroes, ya que permite al niño concretar la idea al dejar de imaginarla. De esta manera, las primeras concepciones se especifican, se materializan y para el niño forman parte de la realidad.

Estudios recientes a nivel internacional confirman que está incrementándose el número de escenas con violencia física, psicológica y sexual en las películas y series de televisión. Asimismo con frecuencia estas escenas están descontextualizadas y propician la corrosión y disolución de los valores sociales y culturales más íntegros de la persona y dignidad humana.

Por otra parte, muchos de los contenidos del cine y la televisión, emplean códigos de conducta basados en relaciones de poder y conjuntos de valores no siempre compatibles con una sociedad democrática que se esfuerza por alcanzar un futuro en el que la justicia social prevalezca. De esta manera, el cine y la televisión funcionan en la sociedad actual como medios que proporcionan experiencias y conjuntos de valores de referencia por medio de los cuales, el individuo interpreta y organiza la información que tiene sobre la sociedad y es esta información la que le orienta en su vida cotidiana.

Asimismo, la presencia frecuente de los diferentes tipos de violencia en las películas, ha supuesto efectos negativos en la educación de las niñas y los niños. En reiteradas ocasiones los psicólogos han manifestado cómo dichos efectos se podrían dividir en función de los mecanismos que “dispararan”, y que en líneas generales son cuatro: “imitación”, (siempre imitamos lo que vemos, y dicha imitación se incrementa si lo que vemos implica recompensas para sus actores); “identificación”, (no sólo imitamos, sino que los personajes violentos se convierten en nuestros héroes); “efecto disparador”, (término que se aplica a las mentes que podríamos denominar “desequilibradas”, y que supondrá que las escenas violentas en algunas personas, provoquen una imitación total al no separarse la ficción de la rea-lidad) y “desensibilización” (la visión de la violencia provoca inexorablemente en todos que nos hagamos insensibles ante la misma); con respecto a esta última cuestión, hemos de tener en cuenta que un menor ve a la semana, como media, unos 670 homicidios; y como expresión de esto, en los datos de una encuesta realizada en Suecia, los niños postulaban como primera causa de muerte un disparo en la cabeza.

Cabe destacar que factores tales como la familia disgregada, los medios masivos de comunicación social, la caída de un concepto razonable de la responsabilidad, la crisis de la escuela, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y las reacciones que se producen crecientemente en torno a la violencia infantil y juvenil, del consumo de alcohol o de droga, han coadyuvado con el incremento en los índices delictivos en nuestro país.

Ante el lamentable clima de inseguridad que se vive en nuestro país, cabe reflexionar sobre las circunstancias en las que nos encontramos, lo cual, nos lleva a señalar que resulta de manera urgente y fundamental, promover una cultura de no violencia a las familias mexicanas, y de manera particular a los miles de mexicanos que van acompañados de menores de edad y, que hacen uso de los autobuses foráneos.

Por ello, debemos de reconocer que cada vez hay más actos de violencia gratuita en los contenidos de las películas que se producen en la actualidad, y ante este escenario, es nuestro deber garantizar el desarrollo integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a través del establecimiento de bases normativas que regulen la calidad de los contenidos de audiovisuales que contribuyan a formar ciudadanos responsables y con sentido de justicia, respeto, tolerancia, solidaridad, honestidad e igualdad en beneficio del bienestar social.

Sin duda, la familia es la célula básica de nuestra sociedad, y por ello, los diputados y las diputadas del PVEM, reconocemos el papel fundamental de los padres de familia en la enseñanza y transmisión de los valores y principios éticos y morales fundamentales para una convivencia pacífica en sociedad.

Asimismo, reconocemos nuestro deber ante la ciudadanía de impulsar leyes a favor de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes son los principales promotores de la paz, y quienes conllevan al desarrollo y la paz social.

Cabe destacar que resulta fundamental fomentar en todo mexicano una educación implícita hacia el respeto, la igualdad, la tolerancia y la promoción de los valores. Estos factores, podrán coadyuvar de manera fundamental en la formación de ciudadanos respetuosos y con un alto sentido del civismo y amor a México. Además de que se debe implementar una campaña de sensibilización hacia la violencia, así como fomentar la conciencia ciudadana de la importancia de supervisar y evitar la exposición de películas o documentales con contenido de violencia a los niños y jóvenes.

Ante estas circunstancias, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta una iniciativa por el que se reforma el Art. 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal con la finalidad garantizar un mejor servicio a la ciudadanía a través del cuidado y calidad del material proyectado en sus pantallas, así como la protección a los usuarios de su integridad física y emocional.

Por lo señalado, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos de manera fundamental promover en la sociedad mexicana, la generación y fortalecimiento de una cultura de no violencia que coadyuve al cambio de las conductas y comportamientos en el corto, mediano y largo plazo, así como el fomento a los valores cívicos y de paz en nuestra sociedad mexicana.

Por lo expuesto, en términos de lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley de caminos, puentes y autotransporte federal

Artículo Único. Se reforma el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Artículo 62. Los concesionarios a que se refiere esta ley están obligados a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso, además de proteger su integridad física y emocional. De tal modo que el contenido de las películas y/o documentales que sean transmitidos deben estar libres de todo tipo de violencia y no deben de atentar contra los valores básicos de la convivencia humana.

Asimismo, los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo protegerán a los viajeros y su equipaje por los daños que sufran con motivo de la prestación del servicio.

La garantía que al efecto se establezca deberá ser suficiente para que el concesionario ampare al usuario de la vía durante el trayecto de la misma, y el permisionario a los viajeros desde que aborden hasta que desciendan del vehículo.

Los concesionarios y permisionarios deberán otorgar esta garantía en los términos que establezca el reglamento respectivo.

Transitorios

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Caritina Saénz Vargas (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Transportes.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:  «Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado federal Alejandro del Mazo Maza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático global también es un factor de presión muy importante para la distribución y eventual existencia de muchos ecosistemas y sus especies en México y el mundo. Los cambios en la temperatura y en los patrones de precipitación afectarán la distribución y extensión de distintos biomasa como los bosques, selvas, pastizales y matorrales y, por ende, de las especies que los integran.

Por “cambio climático” se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

Los estudiosos del fenómeno han concluido que el cambio climático es producto, principalmente, de la actividad humana. El uso intensivo de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gasolinas, diesel, gas natural y los combustibles derivados del petróleo) y la quema y pérdida de bosques son dos de las principales fuentes de este problema.

Los principales efectos del incremento en la temperatura son la reducción del alimento, la disponibilidad del agua, y la pérdida de ecosistemas y por ende de la biodiversidad.

El aumento de dióxido de carbono (CO2), es el principal responsable del efecto invernadero de origen humano, este gas es el que se produce en mayor cantidad, por su abundancia es responsable del 64 por ciento del calentamiento global, las principales fuentes de CO2 son la quema de combustibles fósiles.

México contribuye con el 1.5 por ciento de emisiones ocupando el treceavo lugar a nivel mundial, Estados Unidos ocupa el primer lugar hasta el momento con más del 23 por ciento de emisiones, y datos extra oficiales reportan a China en estos momentos como primer emisor de CO2

México es un país vulnerable al cambio climático. Se pronostican modificaciones del régimen y la distribución espacial y temporal de las precipitaciones, cambios en la humedad de suelos y aire, con alteraciones de los procesos de evapotranspiración y recarga de acuíferos, agudización de las sequías, la desertificación del territorio, mayor incidencia de incendios forestales, lo que profundizará la deforestación, la erosión y la liberación de carbono. Así mismo, es probable la alteración de la dinámica de las cuencas hidrológicas, así como del régimen y distribución de los escurrimientos superficiales e inundaciones. Con este ambiente como marco, se predice que los tipos de vegetación mayormente afectados por el cambio climático serán los bosques templados, las selvas y los bosques mesófilos de montaña, lamentablemente algunos de los ecosistemas más diversos en especies del país.

Las causas y sectores que más emiten gases de efecto invernadero en México que contribuyen con un porcentaje de: transporte 20 por ciento, electricidad 24 por ciento, deforestación 18 por ciento, industria 13 por ciento, relleno sanitario 10 por ciento y otros 15 por ciento.

El sector energético es uno de los que más  contribuyen en las emisiones de CO2 con aproximadamente un 61 por ciento.

El sector energético en materia de cambio climático está sustentado por diferentes líneas de acción asociadas con la innovación de procesos relacionados con el uso de la energía, eficiencia en el uso de los combustibles fósiles, así como la promoción e implementación de proyectos de aprovechamiento de energías renovables.

El petróleo, es y ha sido, el recurso natural más importante de la Nación. Su explotación ha permitido a México financiar su desarrollo a través del sostenimiento de una parte fundamental de los presupuestos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios. Durante este tiempo, México ha reafirmado su rectoría sobre el petróleo y el control de la entidad paraestatal que ha hecho realidad el aprovechamiento de esa riqueza estratégica para el fortalecimiento de la soberanía y el desarrollo nacional.

De la misma forma, el Estado Mexicano ha sabido definir la mejor forma de aprovechar sus riquezas, de acuerdo con las diversas circunstancias registradas a lo largo de nuestra historia reciente. Y aunque las circunstancias cambien de manera natural, el principio en torno a los cuales los mexicanos hemos construido nuestra soberanía energética permanece inmutable: el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos.

Mediante esta iniciativa se busca garantizar que, frente a las nuevas realidades en el contexto ambiental y en apego a las nuevas tecnológicas, Petróleos Mexicanos, minimice las emisiones generadas por el uso hidrocarburos.

La propuesta busca dotar a Petróleos Mexicanos de nuevas tecnologías que minimicen las emisiones emitidas por la extracción, explotación y uso de hidrocarburos (gasolina, diesel, combustóleo, entre otros), y que no afecte la producción, productividad y desarrollo de Petróleos Mexicanos.

La República Mexicana, ahora plenamente democrática y con mayor participación en la toma de decisiones a nivel nacional e internacional en el tema de cambio climático, requiere que la entidad paraestatal, esencial para combatir los efectos del cambio climático y la economía del país, adopte tecnología de desarrollo limpio.

Al mismo tiempo, Petróleos Mexicanos exige también consolidarse como institución limpia, con posibilidades reales de competir con empresas similares en el entorno global. Una entidad paraestatal capaz de explotar y aprovechar nuestra riqueza petrolera con tecnología de punta con mecanismos limpios.

En este sentido, la modificación que se propone al Honorable Congreso de la Unión, no pretende debilitar la producción y productividad de la actuación de Petróleos Mexicanos, si no por el contrario, su objetivo es fortalecer y desarrollar una institución limpia.

Petróleos Mexicanos, necesita mayor flexibilidad, para integrar innovaciones tecnológicas que hagan más limpia su operación, centrando sus esfuerzos en procesos altamente rentables que especialmente garanticen que el aprovechamiento de los hidrocarburos no deterioré o ponga en riesgo la riqueza natural integral de nuestro país. Una paraestatal con procesos y productos de calidad que minimicen las emisiones, asegurará que la rectoría del Estado Mexicano siga siendo la mejor opción para la explotación del petróleo.

Este es el momento de consolidar una institución “Petróleos Mexicanos”, con eficiencia, acceso a nuevas tecnologías de desarrollo limpio, transparencia, competitividad y calidad, y que siga siendo orgullo, sustento y una fortaleza indiscutible de México.

Muchos investigadores nacionales y extranjeros han laborado de manera intensa, dinámica e innovadora para aprovechar al máximo la riqueza energética que provee los hidrocarburos, con tecnologías nuevas, acercándose a la nula emisión de gases. No obstante, para llevar a cabo las nuevas innovaciones tecnológicas que minimicen las emisiones atmosféricas, se requiere de adoptar o crear prácticas, técnicas y principios, que muestren con éxito su eficacia.

La responsabilidad de definir y conducir la política energética recae en el Ejecutivo Federal. En el caso particular de México, esta responsabilidad toma especial relevancia por dos razones: primera , casi la totalidad de la energía primaria es producida por empresas del Estado, así como la mayor parte de su transformación; y segunda, cerca del 35 por ciento de los ingresos fiscales tiene su origen en la industria petrolera.

Ante los retos que enfrenta la industria petrolera nacional, ahora más que nunca, la Nación demanda que el Ejecutivo fortalezca su rectoría y ejerza con efectividad su responsabilidad como administrador de las reservas de hidrocarburos del país.

Es responsabilidad del Ejecutivo, por medio de la Secretaria de Energía (Sener), ejercer los derechos de la Nación en materia de petróleo, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a que se refiere la presente iniciativa. Esto significa que, a nombre de los mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal debe asegurar el mejor aprovechamiento posible de los hidrocarburos en el territorio nacional.

Para realizar esta tarea de la mejor manera posible, es necesario complementar, lo anterior con atribuciones adicionales, al tiempo de dotar a la Secretaría de Energía de instrumentos necesarios para ejercerlas cabalmente. Es por ello que, como parte de esta iniciativa que se envía al honorable Congreso de la Unión, se adicionan dos nuevas fracciones al Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo tanto, a la Secretaría de Energía le corresponderá promover proyectos con tecnologías nuevas que minimicen el impacto de las emisiones generadas por la extracción y explotación del petróleo. Así mismo la Sener regulara y en su caso, expedirá normas oficiales mexicanas que supervisen el uso de dichas tecnologías, tal como lo marca el Articulo 33 de dicha Ley en su fracción XII.

Finalmente, se considera necesario señalar como atribución de la Secretaría que, en el ejercicio de sus facultades, propicie el desarrollo de la investigación tecnológica, por parte de empresas nacionales.

Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforman disposiciones a la ley orgánica de la administración pública federal.

Artículo Único. Se recorre la fracción XXV para adicionar dos nuevas fracciones, XXV y XXVI al Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 33. A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XXIV.

XXV. Promover proyectos con tecnologías que minimicen el impacto de las emisiones generadas por la extracción y explotación del petróleo.

XXVI. Regular y en su caso, expedir normas oficiales mexicanas, en materia del uso y supervisión de tecnologías que minimicen el impacto de las emisiones generadas por la extracción y explotación del petróleo.

XXVII.Los demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Alejandro del Mazo Maza (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se pospone la intervención de la diputada María Araceli Vázquez Camacho.

Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. No estando presente en el salón de sesiones su intervención pasa al final del capítulo.

TRABAJO LEGISLATIVO

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Pablo Escudero.

(desde la curul): Gracias, presidente. Presidente, teníamos el acuerdo de que a los diputados que no estuvieran presentes no se les iba a respetar el turno y se iban a turnar sus asuntos. Yo le pediría que siguiéramos con ese criterio, porque hace un momento usted mencionó que se iba a posponer. Yo le pediría que el que no esté, se turne a las comisiones correspondientes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Ese acuerdo es en relación a las proposiciones solamente, diputado, no es en el caso de las iniciativas.

Diputado García Granados, ¿en qué sentido su intervención?

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Solamente para concederle razón, señor presidente. El acuerdo tomado hace cinco sesiones fue en el sentido de que las proposiciones con punto de acuerdo, cuando no estuviera el legislador, fueran las que se turnaran directamente a comisiones, no así las iniciativas.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pasa al final del capítulo su intervención.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que hoy les presento es una iniciativa de lo más importante para nuestros niños, para nuestras niñas, pero también para los maestros de este país. El Estado debe hacer una puesta distinta de sus prioridades que refleje en el presupuesto y en las acciones que lleva a cabo, pues se requiere un mayor gasto en educación, el cual posibilite un nuevo modelo que provea igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de las y los mexicanos.

El modelo educativo nacional, el cual tiene dentro de sus programas un contenido de horas de trabajo que parte de cuatro horas y media, y en el mejor de los casos alcanza seis horas, ha sido insuficiente para lograr una cobertura universal y generar un estado de equidad de oportunidades a partir de la educación.

Se necesita de un esquema pedagógico que contemple materias de impartición distinta, espacios educativos correctos y un programa de estudios que se lleve a cabo en una jornada de tiempo completo, en específico ocho horas. Tiempo suficiente para la realización de actividades esenciales que generen mayores oportunidades de aprendizaje. Es decir, una fórmula que implique cantidad y calidad.

Se requiere de un horario extendido de ocho horas para cumplir con los fines educativos establecidos en la Ley General de Educación y así atender al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el caso internacional a la recomendación número siete de la Declaración de la UNESCO, en 2001, que a la letra dice: que se requiere aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje, teniendo como horizonte la ampliación progresiva del calendario para alcanzar una jornada al menos de 200 días y al menos de mil horas anuales. La ampliación del tiempo ha de acompañarse de medidas que faciliten su aprovechamiento efectivo, por lo que es necesario utilizar métodos de enseñanza flexibles y diversificados.

Esta iniciativa propone el horario extendido de escuelas primarias, con la finalidad de formalizar una política educativa integral que sea homogénea y que tenga una cobertura nacional. En la cual se establezca un nuevo modelo pedagógico que desarrolle habilidades y conocimientos básicos, además de aquellos con un carácter científico, humanista, innovador y crítico.

Lo anterior significa hacer permanente y con cobertura nacional al programa de escuelas de tiempo completo, que muchos de nosotros sabemos que hay algunas escuelas de tiempo completo en algunos estados y en algunos municipios.

Pero es importante que todos nuestros niños y todas nuestras niñas sean tratados con equidad, todos los niños y todas las niñas de México tienen derecho a recibir esta educación de tiempo completo.

Esto debe ser una política de Estado que refleje el interés nacional de convertir a la educación mexicana en un modelo a seguir. Además de ser promotor del incremento en el nivel de vida de las mexicanas y de los mexicanos.

Un nuevo modelo educativo de tiempo completo es necesario para favorecer los ambientes escolares que mejoren el aprendizaje de niñas y de niños a través de la promoción de conocimiento científico.

Promover los valores de democracia, la legalidad, la tolerancia y la igualdad. El entendimiento de su cuerpo. El aprendizaje de un idioma distinto de la lengua materna. El uso de tecnologías de la información. La práctica del deporte, la lectura. El desarrollo de actividades artísticas y culturales.

Además de incentivar hábitos de alimentación sanos al proveerles a las niñas y niños la segunda comida del día en sus escuelas.

Establecer un programa de escuelas de tiempo completo permanente requiere de una puesta presupuestal hacia el futuro que alcanza los 32 mil 413 millones de pesos.

Le voy a entregar a la Secretaría, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados hizo una investigación sobre este tema, de cuánto se requiere para las escuelas de tiempo completo.

Es por estas razones que solicito atentamente a esta soberanía a impulsar una jornada educativa de tiempo completo como una política de Estado, en aras de proporcionar una mejor calidad de vida a nuestras niñas y niños a través de la reforma de los artículos 7, 12 y 13, así como la adición de dos artículos transitorios a la Ley General de Educación.

Diputado presidente, por motivo del tiempo le pido que inserte íntegra en el Diario de los Debates la iniciativa presentada, así también como la investigación que hizo el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados.

Es un gasto importante en materia de educación, nuestros niños y nuestras niñas lo requieren, los maestros también lo requieren para hacer, de veras, de la educación de México una educación con calidad.

Esta iniciativa se presenta a nombre del Grupo Parlamentario del PRI y a nombre también del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, quienes se sumaron a esta iniciativa.

Por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la honorable asamblea el presente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la  Ley General de Educación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La desigualdad en educación y pobreza es una ecuación natural que persiste y se agudiza en el Estado mexicano, dado que un sector importante de la niñez y adolescencia en el país padecen de la persistencia de obstáculos que impiden que el total de niñas y niños puedan acceder a los servicios educativos que por ley son una obligación del Estado.

Por otro lado, el modelo educativo actual no responde a las necesidades y características de la sociedad mexicana, lo cual se traduce en una calidad educativa pobre y que no ofrece oportunidades de desarrollo en condiciones de igualdad para toda la población.

Este es un hecho preocupante, pues la pobreza y el desa-fortunado círculo vicioso que la encarna, se sustenta de la falta de educación y conocimientos que provean a los mexicanos de las herramientas necesarias para comprender el mundo y naturaleza que nos rodea y, por tanto, es difícil  competir y desarrollarse plenamente en el mercado laboral.

La inversión en educación contribuye a la preparación y acumulación de capital humano, esencial para incrementar el ingreso y lograr el crecimiento económico sustentable de todo país.

Lo anterior es una idea esencial de la teoría económica más elemental, a la cual el Estado mexicano no ha respondido con la pertinencia adecuada, pues se mantiene un “sistema educativo” entendido como el conjunto de reglas, normas, instituciones, acciones y actores que componen el aparato educativo nacional, que no responde a la necesidad de proveer a las y los ciudadanos de los elementos que permitan romper con el círculo vicioso de la pobreza.

Dicho círculo comienza porque las niñas y los niños, entre muchos factores, no asisten a clases porque deben trabajar y contribuir con el ingreso familiar, no cuentan con una escuela cercana adonde poder asistir y no tienen los recursos suficientes para solventar los gastos de alimentación, calzado, vestido y útiles escolares, lo cual provoca que se incrementen los índices de reprobación y deserción escolar, situación que los condena a condiciones de desigualdad y pobreza cada vez más agudos.

Por tal motivo el Estado debe hacer una apuesta distinta de sus prioridades que se refleje en el presupuesto y en las acciones que lleva cabo, pues se requiere un mayor gasto en educación, el cual posibilite un nuevo modelo que provea igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de los mexicanos.

Se requiere un modelo que haga respetar los derechos económicos, sociales y culturales de las y los mexicanos basado en cantidad y calidad de los espacios educativos, programas académicos, actividades docentes, currícula y materias de impartición.

Una de las diferencias más importantes que muestran los países industrializados, además del producto interno bruto, es la calidad de vida de sus ciudadanos, la cual mejora cualitativa y cuantitativamente por la eficiencia de sus modelos educativos,  de las políticas públicas en materia de servicios educativos y de un esquema presupuestal que contemple una apuesta por el progreso de la educación y el desarrollo científico.

El modelo educativo mexicano ha tenido diversas modificaciones en los últimos 70 años, las cuales se han caracterizado por pasar de un esquema liberal a uno reproduccionista, sin que se hayan alcanzado los objetivos primordiales como la erradicación del analfabetismo.

Diversos modelos educativos en el mundo, sobretodo en los países altamente industrializados de occidente, a partir de la década de los ochenta modificaron el formato de materias con la finalidad de reproducir el conocimiento pertinente para el desarrollo del capital humano y mantener el impulso de sus actividades productivas, sin embargo, ya habían logrado una base de conocimientos homogénea en la población y un estándar de aprovechamiento escolar generalizado que les permitió tal transformación.

Este modelo que se ha caracterizado por el fomento de materias con un carácter mucho más técnico y productivo también trascendió a América Latina, con la notoriedad de que se aplicaron  esquemas educativos que para su realización tienen un programa de uso de horas menor, que parte de cuatro horas y media.

Este hecho ha sido contraproducente, pues en países como México, donde no se cuenta con una base sólida de conocimientos y ni siquiera una erradicación del analfabetismo, sucede que se dejan de lado una serie de conocimientos que incentivan la investigación, el razonamiento crítico y el de-sarrollo de habilidades lógicas, sin dejar de mencionar que los programas escolares tienen un horario más reducido.

Incluso, naciones como Finlandia o Alemania ya han implantado modelos escolares mucho más avanzados que los tradicionales o los reproduccionistas, lo cual habla del avance de diversos estudios sobre la educación y la pedagogía y que demuestran lo inacabado y erróneo del modelo educativo nacional.

El modelo educativo nacional el cual tiene dentro de sus programas un contenido de horas de trabajo que parte de cuatro horas y media y en el mejor de los casos alcanza las seis, además ha sido insuficiente para lograr una cobertura universal y generar un estado de equidad de oportunidades a partir de la educación.

En los últimos años se puede constatar que la educación no ha sido una herramienta que ayude a incrementar la productividad y reducir la pobreza de la ciudadanía, por ello se entiende que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a pesar de que se ha incrementado el gasto social, también se elevó la población en situación de pobreza alimentaria, ya que en 2008, 19.5 millones de mexicanos tienen ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos, aun cuando los destinaran exclusivamente para ese fin, en otras palabras, aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento, con relación a 2006.

Por otro lado, nuestro sistema educativo no provee a los alumnos de los conocimientos sobre la realidad del entorno que les rodea y tampoco crea habilidades que les permita trascender en un mundo globalizado, por ello el nivel de aprovechamiento en materias como matemáticas es dramáticamente bajo; lo cual se constata en diversos estudios que se han realizado, como es el del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) 2009.

La evaluación PISA 2009 sitúa a México como el peor evaluado de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y de acuerdo a sus resultados, en el desempeño de ciencias, nuestro país obtuvo 410 puntos, es decir, más abajo que Turquía (424) y Grecia (473), y también por atrás de naciones que no pertenecen a la OCDE como Chile (438) y Uruguay (428).

De hecho, la diferencia en el nivel de conocimiento en ciencias entre los estudiantes mexicanos y finlandeses es equivalente a cuatro años de formación.

Los resultados de PISA indican que México tiene una proporción elevada de alumnos por debajo del nivel 2 (alrededor de 50 por ciento), lo que implica que muchos jóvenes no están siendo preparados para una vida productiva en la sociedad actual.

Las deficiencias del modelo educativo nacional, así como la falta de estrategias para incrementar el aprovechamiento y acciones que incentiven la permanencia académica provocan la persistencia en la deserción escolar que alcanzó el 1.1 por ciento en el nivel primario, que equivale a más de 90 mil niños y más de 60 mil niñas, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; lo que demuestra la necesidad de replantear la política educativa en México.

“Por otro lado, la deserción escolar no es un problema menor, pues cuando las y los niños reingresan después de haber dejado temporalmente la escuela, tendrán una mayor edad que sus compañeros y, con gran probabilidad, sus conocimientos y habilidades serán parciales y fragmentarios. De éste modo se exponen a mayores riesgos de reprobación y reincidencia en la deserción, lo cual se traduce en menores oportunidades de completar su educación básica en las edades normativas.”

El sistema educativo nacional ha diseñado un programa escolar básico que intenta cumplir con los fines establecidos en el artículo séptimo de la Ley General de Educación, los cuales son diversos y tienen por objetivo impulsar una educación integral, sin embargo es necesario actualizarlos para otorgar herramientas que permitan a las y los niños afrontar los nuevos retos que presenta el mundo actual.

Para ello se requiere de un esquema pedagógico que contemple materias de impartición distintas, espacios educativos correctos y un programa de estudios que se lleve a cabo en una jornada de tiempo completo, en específico 8 horas, tiempo suficiente para la realización de actividades esenciales que generen mayores oportunidades de aprendizaje, es decir una fórmula que implique cantidad y calidad.

Por tales motivos es obvio que se requiere de un modelo integral que ofrezca  a nuestras niñas y niños las habilidades, conocimientos, valores y prácticas que posibiliten en un futuro, resolver muchas de las problemáticas estructurales que sufre el país, por ello es necesario un tipo pedagógico diferente al actual.

La temporalidad y el número de horas de estudio en México son muy bajas, por ende no se pueden completar el total de actividades que ayuden a las y los niños a crearse de un sentido crítico y humanista, que los acerque a la ciencia y les permita resolver sus problemas cotidianos.

Se requiere de un horario extendido de 8 horas para cumplir con los fines educativos establecidos en la Ley General de Educación y así atender al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el caso internacional a la Recomendación número 7 de la Declaración de la UNESCO de Cochabamba en 2001, la cual a letra dice que se requiere  aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje teniendo como horizonte la ampliación progresiva del calendario para alcanzar una jornada de al menos 200 días y al menos 1.000 horas anuales. La ampliación del tiempo ha de acompañarse de medidas que faciliten su aprovechamiento efectivo, por lo que es necesario utilizar métodos de enseñanza flexibles y diversificados.

El actual modelo educativo, además de contar con un número de horas reducido, provoca que se mantengan las condiciones de inequidad en el acceso de oportunidades de desarrollo, pues las comunidades más pobres o marginadas muestran, por deficiencias estructurales de los servicios educativos, bajos niveles de aprovechamiento con relación a zonas urbanas y peor aún si se contabilizan escuelas privadas.

Lo anterior, se agudiza cuando analizamos el desempeño de estudiantes de escuelas vespertinas o nocturnas, los cuales en la mayoría de los casos reciben un horario efectivo de clases inferior y sufren con mayor agudeza los efectos de las inequitativas estrategias educativas en México, pues ese tipo de instituciones educativas y las políticas públicas que las sostienen provocan, en forma indirecta, el mantenimiento del trabajo infantil, hechos que son violatorios de lo establecido en el artículo tercero constitucional y en la Convención sobre los Derechos del Niño.

La educación básica en México está provocando un sistema negativo de inequidades, pues no permite una base homogénea entre los alumnos para proveerles cimientos sólidos de conocimientos de forma generalizada, es por ello que con frecuencia vemos que es imposible romper los círculos de la pobreza transgeneracional, que existen diferencias importantes entre la educación que imparte el Estado y la educación privada, que las evaluaciones internacionales muestran un grave atraso con relación a los países de industrialización reciente y las condiciones desfavorables se agudizan cuando analizamos la situación de la equidad de género y el acceso a la educación en zonas rurales y en comunidades indígenas.

La inequidad de oportunidades en educación víctimiza a la niñez mexicana y viola sus derechos económicos y culturales,  pues les omite la posibilidad de desarrollo personal y profesional, hecho que hace a un lado el interés superior de la infancia.

Por estos motivos es que esta iniciativa propone el horario extendido en escuelas primarias, con la finalidad de formalizar una política educativa integral, que sea homogénea y tenga una cobertura nacional, en la cual se establezca un nuevo modelo pedagógico que desarrolle habilidades y conocimientos básicos, además de aquellos con un carácter científico, humanista, innovador y crítico.

El horario extendido permite que se desarrollen las estrategias y actividades necesarias para alcanzar una educación integral  y un mayor aprendizaje a través de una fórmula que implique más calidad y cantidad de los recursos humanos, materiales y financieros en educación.

Un nuevo modelo educativo de tiempo completo debe favorecer los ambientes escolares que mejoren el aprendizaje de niñas y niños, a través de la promoción del conocimiento científico, para una mayor comprensión de la sociedad, el desarrollo de un pensamiento crítico,  una perspectiva de género, el uso correcto del español, que promueva los valores de la democracia, la legalidad, tolerancia y la igualdad, el entendimiento de su cuerpo, el aprendizaje de un idioma distinto a la lengua materna, el uso de tecnologías de la información, la práctica del deporte, la lectura y el desarrollo de actividades artísticas y culturales; además de incentivar hábitos de alimentación sanos, etcétera.

Actualmente, existe un programa a nivel nacional que contempla el horario extendido para escuelas de educación básica y opera principalmente en localidades de alta marginación, donde el ingreso  familiar apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas de sus miembros, privándose en muchas ocasiones de una sana y suficiente alimentación.

Con la ampliación del horario escolar, surge la necesidad de brindar la segunda comida del día para la comunidad estudiantil, la cual, en la mayoría de las escuelas es cubierta por el estado en un esquema de supervisión y cooperación con docentes y padres de familia, pero independientemente de ello, lo importante a destacar es que se genera una gran oportunidad para incidir en el cuidado, planeación y programación de una alimentación sana para los alumnos, así como en la creación de hábitos y actitudes de vida saludables. Bajo esta premisa, es de acentuar que se han generado beneficios notables en la alimentación y nutrición de las niñas y los niños que acuden a las escuelas con horarios extendidos.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, es decir, el veinte por ciento de nuestros pequeños y pequeñas son obesos. Esto se complica aún más cuando existen estudios que afirman que de los pequeños que sufren este problema de salud en sus primeros años de vida,  el ochenta por ciento de ellos continuarán con ese patrón en su vida adulta. Ahora bien, con el constante monitoreo de docentes y padres de familia en la alimentación de niños y niñas que acuden a escuelas con horarios extendidos, se puede tener un mejor control de este gran problema que se manifiesta en enfermedades como la diabetes mellitus y las relacionadas con el corazón, principales causas de muerte en México. El problema de la mala alimentación en los pequeños no solo incide en el sobrepeso, ya que a la inversa, la desnutrición infantil también es un gran reto que debemos enfrentar.

Actividades tales como la concentración, la capacidad de análisis, la memoria, el aprendizaje, etcétera, dependen de la capacidad que tiene el cuerpo humano para producir neurotransmisores, sustancias que se obtienen a través de la alimentación.

Es precisamente en esta etapa de desarrollo cuando es más importante vigilar la alimentación de las y los niños puesto que la falta de una dieta balanceada y rica en proteínas produce una disminución en su capacidad de aprendizaje y otras actividades relacionadas a ello, lo cual afecta directa y gravemente en la productividad laboral e intelectual de nuestro país.

Uno de los beneficios que ya se ha podido distinguir en la salud de las y los niños que estudian en escuelas con ampliación del horario es en el mejoramiento en su nutrición, gracias al cuidado y atención debida por parte de padres y maestros.

Ahora bien, los padres de familia deben tener la posibilidad de evaluar la educación y alimentación que sus hijos reciben por parte de las escuelas  públicas, así como la oportunidad de invertir en las mejoras de los planteles educativos, ya que aunque existen consejos de participación ciudadana es imperante que se hagan operativos y funcionales.

Para poder llevar a cabo este modelo es necesario que se haga una revisión contractual del profesorado, para eliminar las disparidades y generar un esquema de trabajo homogéneo, en el cual el trabajo de los profesores llegue a las 40 horas semanales, ya que en la práctica encontramos contratos hasta por 20 horas, lo que implica que exista un porcentaje elevado de maestros que deben tener jornadas dobles de trabajo para recibir los ingresos suficientes para su mantenimiento, hecho que conlleva a un eventual descuido en la calidad de sus labores.

También se requiere una evaluación exhaustiva y con un seguimiento constante de la calidad educativa que se imparte, ya que de no ser así, aunque se incremente el número de horas de clase no será posible que se alcance una educación integral con actividades que mejoren el conocimiento y la enseñanza en el nivel básico.

Una jornada educativa de 8 horas obliga también a que se replantee el modelo arquitectónico de las escuelas, ya que la mayoría de ellas han sido construidas sobre la base de un esquema de hace 50 años, es por ello que se requieren los espacios necesarios para comedores, áreas de usos múltiples y deportivas, lugares aptos para la enseñanza de idiomas y el uso de tecnologías de la información, además de laboratorios equipados y jardines.

El objetivo primordial de esta iniciativa es que la jornada extendida de 8 horas para nivel primaria se convierta en una política de Estado que refleje el interés nacional en convertir a la educación mexicana en un modelo a seguir y que sea promotor del incremento en el nivel de vida de los mexicanos.

Es fundamental que la jornada de 8 horas se institucionalice en la legislación nacional para evitar que sea sujeta a los objetivos y preferencias del Ejecutivo en turno y de esta forma podamos darle viabilidad, cobertura nacional y perpetuidad al Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, que actualmente se aplica bajo un espectro limitado.

El ya mencionado Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, puesto en marcha en 2007, se aplica actualmente en más de 1900 escuelas, en 30 entidades federativas y depende de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.

Este programa ha permitido una mayor exposición al ambiente escolar, con la finalidad de construir mayores oportunidades de aprendizaje, a menores de edad que provienen de poblaciones con mayor desventaja social.

Sin embargo, es necesario elevar este programa a una política nacional permanente, que rompa el ciclo de las inequidades y le brinde a todas y todos los alumnos la posibilidad de encontrar los conocimientos necesarios para que en un futuro obtengan y creen los trabajos necesarios para mejorar sus estándares de vida y como efecto secundario incrementar los índices de productividad.

En las Estadísticas a Propósito del Día del Niño 2008, el Inegi estimó que residían en el país 31.3 millones de niños y adolescentes entre cero y 14 años, por lo que ampliar la jornada escolar e implementarla como una política de estado, beneficiaría aproximadamente a 21.6 millones de niñas y niños entre los 4 y los 14 años de edad, lo cual, por demás obvio, generaría importantes y satisfactorios resultados en la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para desarrollarse plenamente y por tanto, contribuir en la productividad económica del país.

Los Estados con un nivel de desarrollo alto, como los son la mayoría de los pertenecientes a la OCDE, poseen jornadas educativas de tiempo completo y naciones con niveles de desarrollo semejantes al nuestro en América Latina, como Brasil, Uruguay, Argentina y Chile ya cuentan con programas de tiempo extendido.

En el caso de México, sobretodo Nuevo León y Chihuahua, las escuelas que han implantado este programa han mejorado sus niveles educativos y de alimentación, por otro lado, en Uruguay se alcanzaron los niveles de repetición más bajos y en Chile se aumentaron significativamente los resultados de aprovechamiento escolar en materias como español y matemáticas. Cabe aclarar que este último país, por decreto de ley, en 1997 aprobó que de manera paulatina todas sus escuelas tendrán una jornada completa.

Además de lo anteriormente expuesto, un modelo educativo de tiempo completo es pertinente con relación al modo de vida laboral que actualmente se reproduce en México, en el cual tanto madres como padres trabajan y muchas veces no tienen la posibilidad de supervisar las actividades de sus hijas e hijos cuando están fuera de clase por tanto tiempo debido a la reducida cantidad de horas en escuela.

Incluso beneficiará a las familias monoparentales, a la promoción de la equidad en las responsabilidades familiares y a la homologación de horarios entre los alumnos y sus padres, de tal forma que puedan construir su vida escolar juntos.

Por otro lado, el hecho de una mayor serie de actividades escolares y un mayor tiempo de convivencia compartida entre padres e hijos ayuda a que las y los menores de edad construyan su vida alejándose de malos hábitos, adicciones e incluso de actividades delictivas, lo cual sin duda aporta una vertiente diferente de solución a la desafortunada situación de inseguridad que vive el país.

Sin embargo, para lograr este propuesto modelo educativo es necesario un compromiso presupuestal para hacer viable éste proyecto. Por lo que se requiere de una reasignación del gasto público, para hacerlo más eficiente, y una apuesta por la educación, ya que en la actualidad se mantienen recursos considerables para programas sociales que han tenido un impacto poco visible en la sociedad mexicana y que si se aplicaran a la formación de un mejor sistema educativo se tendría una mejor perspectiva a futuro para el país.

Para ejemplificar lo anterior, tan solo hay que recordar que el Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo sólo tiene un presupuesto de 100 millones de pesos, los cuales al repartirse entre los planteles educativos inscritos vemos que cuentan con 200 mil pesos cada uno al año, los cuales se reparten en un 40 por ciento para capacitación, 20 por ciento al fortalecimiento de los comités técnicos, 20 por ciento a gastos operativos y 20 por ciento a alimentación, lo cual deja para éste último rubro una cifra de 200 pesos al día, lo cual a todas luces es insuficiente.

Establecer un programa de escuelas de tiempo completo requiere, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas al estimar el impacto presupuestario de gastos de operación, de 36 mil 275 millones de pesos, tomando en cuenta una fórmula que abarca como unidades: el alumnado, la planta docente y las escuelas existentes y 74 mil 111 millones contabilizando la inversión en infraestructura. Aunque cabe aclarar que dichos números estudian la generalidad de la educación básica, incluyendo secundarias y la educación preescolar.

Pero si tomamos en cuenta que 43.7 por ciento de dicha cifra corresponde a primarias y que según cálculos realizados, considerando el costo por aula de 650 mil pesos, según las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Educación, el gasto en infraestructura, analizando solamente la proporción de la educación primaria, sería de 16 mil 542 millones de pesos, para generar un total de 32 mil 413 millones de pesos.

Dicha cantidad, podría implementarse en los servicios educativos en el país en un transcurso de 6 años, lo que conllevaría a aplicar un gasto anual de 5 mil 402 millones de pesos.

Lo anterior, significa que establecer un programa generalizado de escuelas primarias de tiempo completo representa un costo del 15.3 por ciento del presupuesto asignado al rubro de educación pública en 2010, que fue de 211 millones 186 millones de pesos. Que en una distribución de 6 años constituye solamente un total del 2.55 por ciento. Lo cual nos dice  que estos montos son razonables y austeros si consideramos que hasta septiembre de 2010 el subejercicio en materia de desarrollo social alcanza aproximadamente los 21 mil 881 millones de pesos.

Es por estas razones que solicito atentamente a esta soberanía que impulse una jornada educativa de tiempo completo como una política de Estado en aras de proporcionar una mejor calidad de vida a nuestras niñas y niños.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se adiciona el numeral XVI y se adiciona un último párrafo al artículo 7o.  de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados...

I. a XV. ...

XVI. Fomentar el aprendizaje y dominio de un idioma distinto al español, así como el uso de tecnologías de la información.

Para el cumplimiento eficiente de los fines enunciados en la presente ley, será necesario establecer una jornada educativa de ocho horas diarias para la educación primaria.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo, a la fracción primera, del artículo 12 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 12.Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal...

I. ...

Los planes y programas de estudio considerarán una jornada de 8 horas diarias para la enseñanza de la educación primaria.

Artículo Tercero. Se adiciona un último párrafo al artículo 13 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 13.Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales...

I. a VII. ...

Los planes y programas de estudio contemplarán una jornada de 8 horas diarias para la enseñanza de la educación primaria.

Artículo Cuarto. Se adiciona un artículo séptimo transitorio a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Séptimo. La federación, entidades federativas y municipios contarán con un plazo no mayor a seis años, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para ejecutar las reformas pertinentes en el ámbito de sus respectivas competencias, para implementar la jornada educativa de ocho horas diarias, en la educación primaria.

Artículo Quinto. Se adiciona un artículo octavo transitorio a la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Octavo. El Ejecutivo federal dispondrá de los recursos presupuestales necesarios para ejecutar la implantación de la jornada educativa de ocho horas diarias, en el nivel básico, así como para proporcionar al alumnado, al personal administrativo y docente la segunda comida del día.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Francisco Rojas Gutiérrez, María de Jesús Aguirre Maldonado, Baltazar Hinojosa Ochoa, María Cristina Díaz Salazar, Eduardo Bailey Elizondo, Fermín Montes Cavazos, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Rogelio Cerda Pérez, Heriberto Ambrosio Cipriano, Elpidio Concha Arellano, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Narcedalia Ramírez Pineda, Alfredo Villegas Arreola, Rolando Bojorquez Gutiérrez, Rolando Zubía Rivera, Guillermo Cueva, Alberto Cinta Martínez, Eduardo Ledesma Romo, Diego Guerrero Rubio, Ninfa Clara Salinas Sada, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Hilda Ceballos Llerenas, María Esther Terán Velázquez, Jaime Flores Castañeda, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Camilo Ramírez Puente, Ramón Merino Loo, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Laura Margarita Suárez González, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Armando Jesús Báez Pinal, Adriana Fuentes Cortés, Adriana Terrazas Porras, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.Y tal como lo solicita la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, el texto íntegro de la presente iniciativa se inserta en el Diario de los Debates.

El diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Víctor Balderas.

El diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera(desde la curul): Señor presidente, para pedirle a la diputada que si me acepta adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Diputada Aguirre?

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La diputada Aguirre ha manifestado su complacencia para usted. El resto de los diputados o diputadas que deseen adherirse a su iniciativa, el documento está a su disposición en la mesa de esta Secretaría.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado  Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo:Con su permiso, diputado presidente. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que tiene por objeto reglamentar, entre otros, los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

El artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con el carácter de una facultad exclusiva de la honorable Cámara de Diputados, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir del proyecto que en los términos del mismo artículo le deberá presentar el Ejecutivo federal a más tardar el día 8 de septiembre del año anterior al ejercicio del Presupuesto que se está proponiendo.

Es así que año con año la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lleva a cabo la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en los términos siguientes.

En este sentido el Congreso de la Unión emitió para el ejercicio adecuado de este Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por ello, ahí se contienen las disposiciones normativas que van a establecer con precisión cuáles son las atribuciones que para cada caso tienen las instancias de los gobiernos federal, local y los mecanismos de coordinación o complementariedad entre ambas autoridades para el ejercicio de estos recursos federales.

Por otro lado, el decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un apartado de programas que están sujetos a reglas de operación, que son los instrumentos normativos en los cuales se determina en forma detallada cómo, cuándo y con qué requisitos se habrá de llevar a cabo el ejercicio de esos recursos contemplados en dichos programas, integrados en el Presupuesto, señalándose en el decreto antes mencionado solamente algunas líneas de carácter general para los programas ahí señalados.

Sin embargo, a la fecha hay un malestar generalizado por el cómo son aprobadas estas reglas de operación, de forma exclusiva por el Ejecutivo federal, siendo hasta el proceso de aprobación del Presupuesto que hoy se ejerce, que se previó la posibilidad de hacer alguna observación en el seno de las comisiones de esta honorable Cámara de Diputados para la integración de las mismas, pero nunca sobre las disposiciones finales en contra del espíritu que anima el artículo 74 constitucional, ya que el contenido de las mismas no son sujetas, en su versión final, a revisión de ninguna instancia diferente al Ejecutivo federal, lo que no permite los contrapesos necesarios que faciliten contar con mejores instrumentos normativos.

Estas reglas de operación son emitidas normalmente de forma tardía, poco claras y en la mayoría de los casos alejadas de la realidad de las autoridades locales, o bien con subejercicios, y son las propias autoridades federales las que, al no ejercerse los recursos contemplados para dichos programas, los reasignan a otros programas o fines, a otras autoridades ejecutoras y bajo criterios que normalmente obedecen a consideraciones estrictamente políticas, muy alejadas del destino que la honorable Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, trastocando totalmente el objetivo que se perseguía con la asignación de los recursos.

Es por ello que se deben volver los ojos al espíritu del Constituyente Permanente y dejar al Ejecutivo federal sólo la atribución de la elaboración y presentación del proyecto respectivo de reglas de operación y a la Cámara de Diputados su aprobación.

Debe ser esta soberanía popular, representada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien apruebe las reglas de operación. Es aquí en la Cámara de Diputados en donde se representan los intereses, necesidades y aspiraciones de todos los mexicanos. Es aquí en donde el Constituyente Permanente determinó que se tomara la decisión última de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación destinado a la satisfacción de las necesidades de la población, convirtiéndolo así en un elemento indispensable de justicia social para los mexicanos.

Es el espíritu del Constituyente Permanente el que se debe atender en el diseño de los demás instrumentos normativos.

Es por ello que al ser las reglas de operación un medio para el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuya aprobación le corresponde de manera exclusiva a la honorable Cámara de Diputados, que se hace necesario que la aprobación de las mismas debe ser también facultad exclusiva de la honorable Cámara de Diputados, ya que son sólo un medio para la ejecución del Presupuesto de Egresos.

Por lo anterior, se logrará dar congruencia a lo que dispone el Presupuesto de Egresos de la Federación y los instrumentos de carácter operativo para su ejecución, como son las reglas de operación.

Con base en lo anterior se proponen las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los términos publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI

En ejercicio de la facultad que nos conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputados federales por Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, someten al pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto por la que reforma los artículos 77, párrafos primero y segundo, las fracciones I, II, inciso b), fracción VIII; y se agrega un párrafo tercero al artículo 78, de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Lo anterior con base en las consideraciones siguientes

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 1, “La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género...”

Como se desprende de lo anterior, el objeto de esta ley es reglamentar, entre otros el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que como sabemos establece, con el carácter de una facultad exclusiva de la honorable Cámara de Diputados, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir del proyecto que en los términos del mismo artículo le deberá presentar el Ejecutivo federal, a más tardar el día 8 de septiembre, del año anterior al del ejercicio de presupuesto que se está proponiendo.

Es así que año con año la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lleva a cabo la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, en atención a las facultades que de forma exclusiva le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

...

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. ...

El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.

...

Como se puede observar, no hay duda alguna que la facultad de la honorable Cámara de Diputados para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que habrá de ejecutarse por las diversas instancias federales y las de los órdenes de gobierno locales, respecto de los recursos denominados como federalizados.

En este sentido el Congreso de la Unión emitió, para el ejercicio adecuado de este Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por ello ahí se contienen las disposiciones normativas, que va a establecer con precisión cuáles son las atribuciones, que para cado caso tiene las instancias de los gobiernos federal y locales, y los mecanismos de coordinación, o complementariedad entre ambas autoridades, para el ejercicio de estos recursos federales.

Por otro lado, el decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un apartado de programas que están sujetos a Reglas de Operación, que son los instrumentos normativos en los cuales se determina en forma detallada cómo, cuándo y con qué requisitos se habrá de llevar a cabo el ejercicio de esos recursos contemplados en dichos programas, integrados en el Presupuesto. Señalándose  en el Decreto antes mencionado, solamente algunas líneas de carácter general para los programas ahí señalados.

Sin embargo, a la fecha hay un malestar generalizado por el cómo son aprobadas estas Reglas de Operación, de forma exclusiva por el Ejecutivo federal, siendo hasta el proceso de aprobación del presupuesto que hoy se ejerce, que se previó la posibilidad de hacer alguna observación, en el seno de las Comisiones de esta honorable Cámara de Diputados, para la integración de las mismas. Pero nunca sobre la disposiciones finales, lo cual resultó claramente insuficiente y que va en, en todo caso, en contra del espíritu que anima al artículo 74 constitucional, ya que el contenido de las mismas no son sujetas, en su versión final, a revisión de ninguna instancia diferente al Ejecutivo Federal, lo que no permite los contrapesos necesarios que permitan contar con mejores instrumentos normativos.

De lo anterior, se ha derivado un malestar que han venido manifestado las autoridades de los órganos de gobierno locales, en el sentido que estas Reglas de Operación son emitidas normalmente de forma tardía, poco clara y en la mayoría de los casos alejada a la realidad de las autoridades locales encargadas de su ejecución, por lo que los recursos a menudo no son ejercidos, o bien son sub ejercidos.

Por lo anterior, son las propias autoridades federales la que, al no ejercerse los recursos contemplados para dichos programas, por la propias instancias federales o  por las diversas autoridades locales, reasignan dichos recursos a otros programas, o aún dentro de los mismos, a otras autoridades ejecutoras, bajo criterios que normalmente obedecen a consideraciones estrictamente políticas, muy alejadas del destino que la honorable Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, trastocando totalmente el objetivo que se perseguía con la asignación de los recursos.

Es por ello que se debe de volver los ojos al espíritu del Constituyente Permanente, establecido en las disposiciones en nuestra carta magna, con relación al tema presupuestal, en su artículo 74. Es claro que al serle atribuida a la Cámara de Diputados, de manera exclusiva, la atribución de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, y dejar al Ejecutivo federal sólo la atribución de la elaboración y presentación del proyecto respectivo, y a la Cámara de Diputados su aprobación. Se pretende que sea esta última, quien en representación de la voluntad soberana, determine dónde y cómo se deben de ejercer dichos recursos. Ello obedece a el logro de un equilibrio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo; dejando al primero, como representante de la soberanía nacional, la aprobación en última instancia, de los recursos necesarios para la atención de de las necesidades de la nación, que se ejecutaran a través de  acciones a cargo de las diversas autoridades federales y locales.

Es por lo anterior, que la propia Constitución, ha previsto en diversas disposiciones que el Ejecutivo Federal cuente con mecanismos de participación democrática para la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo y de los mecanismos que le permitan la rectoría económica del país. De esta forma cuenta con los elementos necesarios, para en congruencia con ese Plan de Desarrollo y su atribución de ser el rector de la economía, presentar anualmente un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que respondan a las necesidades de la población.

Pero es a la soberanía popular, representada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en donde se representa a los intereses, necesidades y aspiraciones de todos los mexicanos, en donde el Constituyente Permanente determinó que se tomara la decisión última de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación,  destinado a la satisfacción de las necesidades de la población, convirtiéndolo así en un elemento indispensable de justica social para los mexicanos.

Ese es el espíritu del Constituyente Permanente, al establecer esta facultad exclusiva para la Cámara de Diputados de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual se debe de atender en el diseño de los demás instrumentos normativos, mismo que a menudo se ha visto alterado con la emisión de Reglas de Operación, que no responden a ese espíritu, convirtiéndose éstas en un elemento de distorsión de dicha voluntad, atendiendo más a factores de tipo político que a necesidades de la población.

Es por ello, que al ser las Reglas de Operación un medio para el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuya aprobación le corresponde de manera exclusiva a la honorable Cámara de Diputados,  que se hace necesario que la aprobación de las mismas, debe ser también la una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Se insiste en lo anterior toda vez que las Reglas de Operación son sólo un medio para la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En este sentido, con el mismo animo constitucional, de que sea el Ejecutivo quien proponga un proyecto de Presupuesto, atendiendo a que este poder será el encargado de su ejecución,  es que se propone que también, al ser estas Reglas de Operación, un medio para la ejecución del presupuesto, estas Reglas de Operación sean diseñadas, en un proyecto, por el Ejecutivo Federal, y presentadas para su aprobación, a quien tiene la facultad originaria de aprobación del Presupuesto, que se pretende ejecutar con dichas disposiciones normativas, que es la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, con la presente Iniciativa que hoy se somete a la Consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, se pretende que sea la honorable Cámara de Diputados quien apruebe las Reglas de Operación, necesarias para la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación, a propuesta del Ejecutivo federal. Reglas de Operación que como es claro deberán contemplar el cómo se deben de aplicar los recursos, así como los requisitos necesarios que den certeza y transparencia en dicha ejecución; y que contemple también, de manera precisa qué hacer con aquellos recursos, que por no cumplir con los requisitos, no se hayan ejercido, es decir los llamados subejercicios.

Con lo anterior se logrará dar congruencia a lo que dispone el Presupuesto de Egreso de la Federación y los instrumentos, de carácter operativo, para su ejecución, como lo son las Reglas de Operación. Dicha disposición normativa deberá de estar contemplada en los apartados correspondientes del propio Presupuesto de Egreso de la Federación, por lo que deberán estar incorporada las disposiciones de carácter general, a través de criterios generales, para la integración de dichas reglas, con la con la determinación de cuál es la participación de las diversas instancias federales y locales, encargadas de su ejecución, dejando a estas últimas la posibilidad de establecer lineamientos específicos que atiendan  a sus particularidades regionales.

En este sentido atendiendo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, presentado por el Ejecutivo federal dispone: “Título Cuarto de las Reglas de Operación para Programas, capítulo I.

Disposiciones generales...

I. Las reglas de operación de los programas federales deberán sujetarse a los siguientes criterios generales:”

Estableciéndose una serie de lineamientos para algunos de los programas, de manera exclusivamente indicativa, con una participación mínima, en comisiones de instancias locales y federales y sin ninguna posibilidad de incidir el Poder Legislativo, en la determinación final de estos instrumentos normativos para la operación, como lo son, para estos programas, las Reglas de Operación.

Se refuerza también la transparencia en la ejecución de estos programas sujetos a Reglas de Operación, al establecerse que el órgano superior de fiscalización de la honorable Cámara de Diputados podrá auditar la aplicación de esos recursos de carácter público ejercidos por diversas instancias federales y locales, por ser de origen federal.

Con base en las consideraciones anteriores, se somete a la consideración  de este Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de

Decreto por la que reforma los artículos 77, párrafos primero y segunda, las fracciones I, II, inciso b), fracción VIII; y se agrega un párrafo tercero al artículo 78, de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. Se reforman los artículos 77 y 78 para quedar como siguen:

Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, señalará los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación, las cuales serán aprobadas por ésta, a propuesta de Ejecutivo Federal, con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de elaborar el Anteproyecto de las Reglas de Operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento:

I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 15 de julio, sus anteproyectos de reglas de operación, de los Programas que propongan,  tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes.

Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública.

La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los Anteproyectos de Reglas de Operación a que se refiere el párrafo anterior. La secretaría sólo podrá emitir su opinión respecto al impacto presupuestario, y

II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la opinión presupuestaria de la Secretaría, deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio tomando en consideración los siguientes criterios:

a)...

b)...

I. a VI. ...

VIII. Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si hay algún mecanismo alterno.

El Ejecutivo federal presentará, conjuntamente con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a la honorable Cámara de Diputados el Proyecto de Reglas de Operación, de los programas que se contemplen en el mismo, mismas que deberán ser aprobadas, durante el periodo que corresponda, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, remitiéndolas al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y su puesta en operación inmediata y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En caso de no sufrir modificaciones las Reglas de Operación de un año a otro, el Ejecutivo federal notificará esta circunstancia a la honorable Cámara de Diputados, procediendo a publicar la disposición de continuación de vigencia, especificándose cuáles de ellas se encuentran en el supuesto, en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el día 31 de diciembre, del año anterior que corresponda a su ejercicio.

Las Reglas de Operación deberán especificar el destino de los recursos no ejercidos, o sub ejercido, destinado a dichos programas y las sanciones que correspondan los funcionarios, en su caso, derivado del incumplimiento del ejercicio de los recursos. De igual forma deberán establecer el establecimiento especifico de lineamientos, a cargo de los gobiernos locales, para la ejecución de estas Reglas de Operación, atendiendo a las particularidades regionales.

Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas que pretendan modificar  sus reglas de operación durante el ejercicio fiscal, se sujetarán al procedimiento establecido en el presente artículo.

...

Artículo 78. ...

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..

...

El órgano superior de fiscalización de la honorable Cámara de Diputados auditará la aplicación de los recursos destinados a los programas sujetos a Reglas de Operación, en los términos de la legislación vigente y en atención a que son recursos públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.— Diputados: Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Rodrigo Pérez-Alonso González, Rolando Zubia Rivera, María Cristina Díaz Salazar, María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbricas).»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese la iniciativa del diputado Bailey Elizondo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Rodrigo. Sonido en la curul del diputado Pérez-Alonso.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González(desde la curul): Nada más preguntar, por su conducto, si el diputado Bailey me permite sumarme a su iniciativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Rodrigo Pérez-Alonso quiere sumarse a su iniciativa, señor diputado.

El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo(desde la curul): Conforme.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo consiente plenamente.

TRABAJO LEGISLATIVO

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Gerardo Fernández Noroña, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Pues con el tema de siempre, diputado presidente. Ya ayer me comentó que lanzaron un exhorto a la Junta de Coordinación Política sobre mi petición de que sea declarado interlocutor no válido el secretario del gobierno de facto, Lozano. Parece que la Junta de Coordinación Política está atorada entre los consejeros del IFE y todas las cosas que trae, ya no sabe ni qué sacar.

Entonces, si pudiera insistir en que ya se presente al pleno la propuesta para que se vote. Ya sea que se acepte o se de-seche, pero que ya se decida.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Nos comunicó la Junta que el lunes trataría el tema en su sesión ordinaria, señor diputado. Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. No se encuentra el diputado Cuauhtémoc Gutiérrez, pasa al final.

Tiene la palabra el diputado David Hernández Pérez para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado David Hernández no se encuentra. Se lleva al final del capítulo.

ARTICULOS 41 Y 116 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados, pues este tema trata nada más ni nada menos que de los consejeros electorales.

Hemos estado observando varios legisladores, de distintos partidos, hemos cuestionado la tardanza, la violación a la convocatoria que emitió esta Cámara, que aprobó este pleno, por parte de la Junta de Coordinación Política por no haber presentado, hasta el momento, la propuesta para la designación de los tres consejeros electorales vacantes.

Además, la Junta de Coordinación Política está deliberando con una gran opacidad. No hay deliberación pública. No se fundan ni motivan los nombres que han aparecido en los medios de comunicación para integrar el Consejo, ya sean consejeras electorales o consejeros.

La iniciativa que me ocupa y que estoy comentando a todos ustedes propone reformar tanto el artículo 41 constitucional, como el artículo 116 de la propia Carta Magna. El propósito es que ya los consejeros electorales y las consejeras electorales no sean elegidos o no sean designados por el pleno de esta Cámara, para que no respondan a cuotas partidistas sino que las consejeras electorales y los consejeros electorales sean elegidos directamente por los ciudadanos.

La propuesta de reforma al artículo 41 establece que los aspirantes a ser consejeros y consejeras electorales tendrán que realizar, previo a la elección de los ciudadanos, un examen de conocimientos muy rigurosos en materia electoral y los cinco mejores de ellos tendrán espacios en los tiempos del Estado, de radio y televisión, para que presenten sus propuestas. No podrán hacer campaña ni recibir financiamiento público ni privado, pero sí que la ciudadanía conozca las propuestas de estos cinco aspirantes masculinos o femeninos por cada vacante, y que los ciudadanos al momento de votar cada tres años, además de elegir a los cargos de elección popular, elijan también a los consejeros y consejeras electorales.

Esta propuesta en esto consiste. Yo creo que le daríamos una gran legitimidad de origen a los órganos electorales, tanto al federal —por eso la propuesta al artículo 41— como a los de los estados, por eso se propone la reforma al artículo 116 de la Constitución. Ya estas designaciones no estarían sujetas al manoseo, a la manipulación de los órganos de gobierno de esta Cámara y habría una relación directa de legitimidad entre los ciudadanos y los consejeros electorales.

Además, la iniciativa también propone que el presidente del Consejo o la presidenta del Consejo sea elegido por los propios consejeros electorales por votación de dos terceras partes, y no sea elegido por la Cámara de Diputados. Se trataría de cargos que no serían susceptibles de reelección alguna, ni los consejeros ni el presidente del Consejo. El presidente del Consejo solamente podría fungir como tal por tres años y no podría ser reelegido. En eso consiste la propuesta.

Yo creo que ante el desaseo que estamos observando los ciudadanos y también los diputados y diputadas de esta Cámara, en cuanto a la designación de los consejeros electorales, es muy oportuno que cambiemos el método o el modelo. El modelo de designación de consejeros electorales por parte de la Cámara es un modelo que se encuentra agotado, y solamente tenemos dos vías: o elegimos a los consejeros electorales como se hacía en la antigua Grecia, por sorteo, o los eligen democráticamente los ciudadanos.

Yo propongo que sean elegidos directamente por los ciudadanos. Ése me parece el método más adecuado, y para ese efecto debemos reformar la Constitución en el artículo 41 y el artículo 116, para que también en los órganos electorales de los estados haya elección democrática de consejeras electorales y consejeros electorales.

Por su atención, compañeros, muchas gracias, y espero que muchos de ustedes se sumen a esta iniciativa de reforma constitucional.

«Iniciativa que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los párrafos primero y tercero de la fracción V, del artículo 41 y el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elegir por el voto directo de los ciudadanos a las autoridades electorales federales, estatales y del Distrito Federal.

Exposición de Motivos

I. Planteamiento

Las últimas reformas electorales de 2007 y 2008 no agotan en toda su amplitud y consecuencias la necesaria pero limitada naturaleza jurídica autónoma del Instituto Federal Electoral. El discurso político ha demandado que el IFE sea un “órgano ciudadano o ciudadanizado”, y también su concreción jurídica como un órgano de Estado independiente del Poder Ejecutivo federal, de los partidos y de cualesquier poder fáctico. La apelación a la ciudadanización del órgano devino de una necesidad histórica derivada de las últimas elecciones presidenciales, pues resulta insostenible, sobre todo después de 1988 y 2006, que las elecciones en México no sean ni limpias ni transparentes ni equitativas. Además la evidencia histórica, sobre todo a partir de mediados de los años ochenta, ha colocado sobre la mesa, la tendencia a que los conflictos por lo electoral fueran cada vez más explosivos. En aquella época, los partidos de oposición, al final con el concurso del partido en el poder, demandaron la independencia del órgano electoral y su integración por ciudadanos ajenos a los circuitos tradicionales de organización y operación de los procesos electorales. Hoy se reivindica que las consejeras y consejeros electorales, así como los magistrados y magistrados electorales, federales y locales, no tengan nexos con los gobiernos, partidos y poderes fácticos. La ciudadanización plena no se ha obtenido.

La otra demanda que se expresó en la necesidad de que el IFE fuera un órgano de Estado, carece de la fuerza evocativa de la palabra ciudadanización o de su contenido y sentido político, pero posee una evidente connotación jurídica que rebasa las categorías jurídicas nacionales tradicionales, pues para empezar, conviene preguntarse qué tipo de órgano es ese, si forma parte o no de los tres poderes clásicos del Estado, y cómo debe conciliarse el contenido del artículo 41 de la Constitución que establece las bases de organización y funcionamiento del IFE con lo previsto en el artículo 49 de la Constitución que señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Las anteriores preguntas deben ser evaluadas tanto a la luz del propio texto constitucional como con el apoyo de la doctrina jurídica sobre los órganos constitucionales autónomos. En materia de autonomía constitucional tampoco se han obtenido órganos electorales constitucionalmente autónomos de los poderes públicos. Puede parecerles anecdótico a algunos, pero el hecho de que en las deliberaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se siga hablando de que las decisiones que revisan son de “administrativas”, prueba la falta de conciencia sobre la autonomía del órgano electoral.

II. La naturaleza jurídica de los órganos constitucionales autónomos

En el mundo entero ha cambiado la forma de entender la teoría de la división de poderes. Esta no se concibe ya como la separación rígida de funciones y atribuciones sino como una distribución de facultades entre órganos del Estado necesitados todos ellos de relaciones, controles e intervenciones mutuas y recíprocas.

La teoría tradicional de la división de poderes obedeció a la necesidad de limitar el poder omnímodo de los reyes. Hoy, a finales del siglo XX, la teoría sigue manteniendo trascendencia, pero se extrae de ella sólo lo que importa: evitar la concentración de poder en manos de pocos centros dominantes. En el pasado, el centro dominante de donde emanaba el poder era el rey. Ahora los poderes suelen estar, además de en las instituciones, en la sociedad: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, transnacionales, medios de comunicación, etcétera, organismos financieros internacionales, entre muchos otros.

La teoría sobre la división de poderes debe por tanto reformularse y aplicarse a los sistemas políticos contemporáneos, pues en el mundo entero aparecen órganos y entes que no podemos encasillar en los tres poderes típicos y tradicionales. ¿Dónde poner a los Tribunales Constitucionales europeos, dónde colocar a los Consejos Económicos y Sociales de Europa, a los Tribunales de Cuentas, etcétera?.

La realidad impone nuevos órganos capaces de disminuir la ascendencia de alguno de los poderes clásicos, pero también de restringir y sujetar al derecho a los otros “poderes” sociales, políticos y económicos: partidos, iglesias, medios de comunicación, grupos empresariales nacionales y transnacionales.

Cuando los partidos dominan la escena política en democracia, suele generarse corrupción si no se preven los necesarios mecanismos de control, pues ellos, se constituyen en jueces y partes, en sujetos y objetos de la fiscalización estatal y de los checks and balances. Por ello, necesitamos limitarlos, evitar que corrompan al Estado al igual que los otros “poderes” sociales cuando son dominantes.

Una vía para conciliar democracia de partidos, poderes tradicionales, grupos económicos y sociales y democracia, es a través de los órganos constitucionales autónomos. Estos órganos surgen de la sociedad y de los partidos, pero no se deben totalmente a ellos, y pueden ser capaces de fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política, siempre y cuando no se conformen en los cotos cerrados y burocratizados de los técnicos.

El riesgo de la neo-corporatización de estos órganos se debe exorcizar a través de los checks and balances entre poderes y órganos, con diseños jurídicos en donde se premie la transparencia, la movilidad y la democracia interna, y sobre todo, a través de la elección por voto directo de los ciudadanos de sus titulares y con el constante y permanente control de la sociedad a través de la obligada rendición de cuentas social.

Los órganos constitucionales autónomos podemos definirlos como aquéllos inmediatos y fundamentales establecidos en la Constitución y que no se adscriben claramente a ninguno de los poderes tradicionales del Estado. Representan una evolución en la teoría clásica de la división de poderes porque se entiende que puede haber órganos ajenos a los poderes tradicionales sin que se infrinjan los principios democráticos o constitucionales. Aunque tienen orígenes en el siglo XIX, se desarrollan en el actual, principalmente en los países europeos –el más importante ha sido el Tribunal Constitucional– y tienen por finalidad controlar a los poderes tradicionales por la fuerte presencia que en ellos, en el gobierno o en el parlamento, tienen los partidos. Es decir, “despartidocratizan” el funcionamiento del Estado. Son generalmente órganos técnicos de control que no se guían por intereses partidistas o coyunturales y, para su funcionamiento ideal, no sólo deben ser independientes de los poderes tradicionales sino de los partidos o de otros grupos o factores reales de poder. Son órganos de equilibrio constitucional y político, y sus criterios de actuación no pasan por los intereses inmediatos del momento sino que preservan la organización y el funcionamiento constitucional. En última instancia son órganos de defensa constitucional y de la democracia y, por eso, es preciso que estén contemplados en la Constitución a fin de que en ella regule su integración y estructura para que su funcionamiento posterior sea independiente.

Se trata, cuando existen, de verdaderos “poderes” del Estado porque tienen funciones independientes, reconocidas y garantizadas en la Constitución y son capaces de emitir actos definitivos, esto es, ulteriormente inmodificables por otros órganos, salvo el control jurisdiccional que, en su caso, pueda ejercerse sobre sus actos. Expresan también, como los poderes tradicionales, la voluntad del Estado. El reconocimiento de ellos en la doctrina jurídica y el derecho extranjero, ha ido evolucionando, principalmente a la luz de los conflictos competenciales o de atribuciones entre ellos o con los poderes tradicionales y, por eso, no hay aún un tratamiento sistemático sobre cuáles y cuántos son los órganos constitucionales autónomos. Cada país, constitucionalmente y a veces a través de la legislación secundaria o de la decisión jurisprudencial, ha extendido o limitado su número.

La idea de “órganos constitucionales” se ha tomado de Jellinek, quien en su “Sistema de los derechos públicos subjetivos” y en su “Teoría General del Estado” realiza una teoría de los órganos constitucionales. Santi Romano, en su obra “Noción y naturaleza de los órganos constitucionales” de 1898 y en su “Curso de Derecho Constitucional”, los distinguirá de los órganos administrativos. García Pelayo nos dice que la noción de órganos constitucionales adquiere gran importancia al analizarse por los teóricos el status o condición jurídica de los Tribunales Constitucionales, sobre todo en Alemania y en Italia. En la doctrina jurídica italiana según Lavagna, Cheli o Pizzorusso, la noción de órgano constitucional cobra gran importancia en los años treinta y cuarenta al caer en la cuenta los profesores de Derecho de la nueva función estatal de dirección política (dicha función engloba a un gran número de órganos colocados en el vértice del Estado, que no son siempre los tradicionales).

La importancia de los Tribunales Constitucionales en el Derecho continental europeo ha hecho pensar que existen también otros órganos de trascendencia constitucional y política. García Pelayo, preocupado por la identificación de estos órganos, pues en cada país varía su número y su grado de autonomía, propuso algunos criterios de distinción: a) La inmediatez. Es decir, deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) La esencialidad. Son necesarios para el Estado democrático de Derecho contemporáneo; c) La dirección política. Participan en la dirección política del Estado y de ellos emanan actos ejecutivos, legislativos o jurisdiccionales, que contribuyen a orientar de modo decisivo el proceso de toma de decisiones del Estado; d) La paridad de rango. Mantienen con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación (cada uno es supremo en su orden e independiente en sus funciones) y e) La autonomía. Generalmente poseen autonomía orgánica y funcional, y en ocasiones presupuestaria.

Algunas constituciones europeas claramente los determinan. Por ejemplo, la actual Ley Fundamental de Bonn de 1949 en su artículo 93.I.1. alude a ellos cuando señala: “El Tribunal Constitucional Federal conoce: de la interpretación de la presente Ley Fundamental respecto a controversias sobre el alcance de los derechos y deberes de un órgano supremo de la Federación o de otros interesados dotados de derechos propios por la presente ley fundamental o por el reglamento interno de un órgano supremo de la Federación”. Como puede apreciarse, en ese país las controversias constitucionales no son exclusivamente respecto a conflictos en la Federación y los Länder, comprenden igualmente aquéllas surgidas respecto a órganos dotados de derechos propios por la Constitución, y que no son exclusivamente los tradicionales.

En Italia, la Constitución de 1947 en su artículo 134 párrafo segundo dice: “La Corte Constitucional juzga: los conflictos de competencia entre los poderes del Estado y los conflictos entre el Estado y las Regiones y entre las Regiones”. Por poderes del estado, la jurisprudencia constitucional italiana ha incluido a un gran número de órganos-poderes que entiende son de relevancia constitucional y con funciones independientes a las tradicionales del Estado. Además de admitir como sujetos legitimados en las controversias constitucionales a jueces instructores en lo particular o a comisiones de investigación del parlamento, ha legitimado al Tribunal de Cuentas (Corte dei Conti) y hasta a Comités promotores de referendos.

El Tribunal Constitucional de Austria tiene competencia para resolver controversias constitucionales entre el Tribunal de Cuentas y el gobierno federal o algún ministro federal o gobierno de un Länder, o entre el gobierno y el Volkanswaltschaft (Ombudsman). En España además del antecedente de la Constitución de la Segunda República de 1931 que admitía como órgano constitucional al Tribunal de Cuentas, la actual Constitución reconoce ciertos órganos de relevancia constitucional como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, el Consejo General del Poder Judicial, y la misma Corona, entre otros. Sin embargo, en España no todos los órganos de relevancia constitucional son parte de las controversias constitucionales. El artículo 59.3 de la Constitución de 1978 hace parte de los conflictos competenciales, además de los órganos clásicos, al Consejo General del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas legitima activamente a esta tribunal en ellos.

La doctrina española critica a la actual normativa constitucional de ese país y sostiene en términos generales que: 1) Todos los órganos de relevancia constitucional deberían ser parte de las controversias constitucionales; 2) que los órganos internos o fracciones de órganos complejos como las comisiones de investigación, jueces y magistrados, y las fracciones del cuerpo electoral deben ser admitidos en las controversias competenciales del Tribunal Constitucional; y 3) evidentemente, muchos de los órganos señalados en el primer punto no tienen la autonomía estructural o funcional debida.

En el derecho norteamericano, por la tradición jurídica de ese país y por la antigüedad de la Constitución, no están previstos los órganos constitucionales autónomos. Sin embargo, nadie puede poner en duda la evolución de ciertos órganos, necesarios para el funcionamiento institucional, que han adquirido características de órganos autónomos. Tal es el caso de la Reserva Federal.

Los países latinoamericanos reconocen a los órganos constitucionales autónomos. Pensemos en todos aquéllos países como Guatemala que tienen Tribunal Constitucional ajeno al poder judicial. Hay en nuestro entorno verdaderos casos paradigmáticos como la jurisdicción electoral especializada de Costa Rica o la Contraloría chilena –en Chile otro ejemplo clásico es su Banco Central– o en Uruguay el Tribunal de los Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral que, como dice un jurista de ese país, son tres “órganos jerarcas de la persona jurídica del Estado”. Evidentemente, estos no son todos los órganos constitucionales autónomos en el Derecho Latinoamericano y no todos son realmente independientes de los órganos tradicionales del Estado o de otros intereses. En nuestro país tenemos al Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Banco de México (de dudosa autonomía es el INEGI).

En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones –que no es el único órgano constitucional autónomo, pues también existe en ese país la Contraloría General de la República con características semejantes– está integrado por tres magistrados propietarios y seis suplentes, elegidos por periodos de seis años por la Corte Suprema de Justicia pero pueden ser reelectos indefinidamente. Desde un año antes y seis meses después de la celebración de una elección nacional, dos magistrados suplentes se integran ordinariamente al Tribunal. Sus miembros deben reunir los mismos requisitos que los magistrados de la Corte Suprema Corte de Justicia.

El Tribunal Supremo de Elecciones es un organismo apolítico y es el encargado de organizar, dirigir y vigilar todos los actos relativos al sufragio. Entre sus funciones está la de interpretar auténticamente las disposiciones electorales de rango constitucional y legal; sus resoluciones en materia electoral carecen de recurso judicial, por lo que producen cosa juzgada (es decir, se reúne otra característica de los órganos autónomos: la de ser supremos en sus decisiones). Tres meses antes de la celebración de elecciones, los miembros de la fuerza pública quedan bajo su mandato. Gozan de autonomía financiera garantizada a nivel constitucional.

La Constitución chilena de 1980, nacida bajo el régimen autoritario de Pinochet, recogió una institución de gran tradición en el constitucionalismo chileno: la Contraloría General de la República. Esta, según el artículo 87 de esa Carta chilena, es un organismo autónomo que ejerce el control de legalidad de los actos de la administración, fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinan las leyes; examina y juzga las cuentas de las personas que tienen a su cargo bienes de esas entidades y lleva la contabilidad general de la nación. Aunque el Contralor General de la República es designado por el presidente con acuerdo mayoritario del Senado, es inamovible en el cargo y cesa al cumplir los setenta y cinco años de edad.

Como fue mencionado anteriormente, la Constitución uruguaya prevé tres sistemas orgánicos de control, que son: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas, y la Corte Electoral. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo compuesto de cinco miembros cuyo estatuto es coincidente con el de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal de Cuentas está compuesto por siete miembros a quienes compete la vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de controlar toda la gestión relativa a la hacienda pública. La Corte Electoral cuenta con nueve miembros, de los cuales cinco son designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes, debiendo ser ciudadanos que, por su posición en la escena política sean garantía de imparcialidad y los cuatro restantes, representantes de los partidos, son designados por la Asamblea General por el sistema de doble voto simultáneo, correspondiéndole dos a la lista mayoritaria del lema más votado y dos a la lista mayoritaria del lema que les siga en número de votos.

Las reformas a la Constitución Argentina de 1994, introdujeron importantes modificaciones a su régimen político-constitucional y entre las instituciones constitucionales autónomas –aunque algunos ya las han criticado por su insuficiente autonomía– están: la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público. El artículo 85 de la Constitución señala: “El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del poder legislativo. El examen y la opinión del poder legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, que goza de autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, misma que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada...”.

El Defensor del Pueblo está regulado en el artículo 86, el cual precisa que es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación y que actúa con autonomía funcional sin restricciones de ninguna autoridad. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes, dura en su cargo cinco años y puede ser nuevamente designado.

Por su parte, el artículo 120 de la Constitución reputa al Ministerio Público como un órgano independiente dotado de autonomía funcional y autarquía financiera. La norma agrega que goza de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.

Estos ejemplos, y muchos otros que podemos obtener del constitucionalismo latinoamericano nos muestran varias cosas: 1) una tendencia constitucional a establecer estos órganos constitucionales autónomos; 2) diferentes grados en la concepción de autonomía. Tanto en su integración –¿cuánta influencia de los partidos o de los órganos o poderes tradicionales se puede ejercer sobre ellos permanentemente?– en su estructura, en su organización y en su autarquía financiera; 3) no hay aún un acuerdo de cuáles y cuántos deben ser los órganos constitucionales autónomos; 4) tampoco se precisan homogéneamente los principios o características que deben tener en un Estado de Derecho democrático; y 5) constitucional y políticamente no se ha definido su lugar en la teoría de la división de poderes y en su relación con los partidos políticos (la doctrina constitucional tampoco ha aportado demasiados elementos para el debate). Una de las omisiones constitucionales más grandes ha consistido en los mecanismos para elegir a los titulares. Generalmente se deja al órgano legislativo, es decir, a los partidos la designación, con lo que se trastoca totalmente sus finalidades. El cambio necesario, a fin de que cumplan sus fines adecuadamente, radicaría en la elección democrática de sus titulares, o en otro método, por ejemplo, el sorteo para que el peso de los partidos políticos o de otros factores reales de poder disminuyera en las designaciones o nombramientos. En muchos países, los órganos constitucionales autónomos son correa de transmisión de los partidos.

La teoría jurídica y política necesita hacer un gran esfuerzo para definir las características de los órganos constitucionales autónomos. Además de los criterios expuestos por García Pelayo y ya mencionados aquí: inmediatez, esencialidad, participación técnica en la dirección política, paridad de rango, y autogobierno, creo que se podrían adicionar, por ser fundamentales, los siguientes:

1) Autonomía política real. La elección de los titulares se debe dar a través del voto ciudadano. Los órganos constitucionales autónomos no merecen ser rehenes de los intereses de los partidos políticos o de otros intereses económicos.

2) La autonomía o independencia, no exclusivamente funcional sino también financiera. Todo órgano constitucional autónomo exige de un presupuesto que no esté determinado por ley secundaria o sea el producto de las convenciones políticas del momento, sino de una decisión constitucional que determine claramente las bases o el porcentaje que debe corresponderle. Esa es una de las mejores garantías para su independencia.

3) Otro principio apunta al estatuto de sus titulares. Deben contar con las garantías que refuercen su independencia y deberá preverse que las designaciones sean escalonadas y la existencia del servicio civil de carrera para los funcionarios al interior de los órganos.

4) Apoliticidad. Los órganos constitucionales autónomos son órganos técnicos y no políticos. A sus miembros les estará prohibido, bajo severas sanciones, ser militantes de partidos o miembros de cualquier grupo de interés, o actuar bajo consignas.

5) Inmunidades. Los titulares de estos órganos pueden ser removidos por incurrir en responsabilidades, pero al mismo tiempo, deben estar sujetos a procedimientos específicos para que sólo mediante sentencia firme puedan ser separados de su función.

6) Responsabilidades. Los órganos constitucionales autónomos informarán periódicamente de sus actividades al Congreso y a los ciudadanos. El Tribunal Constitucional, será el encargado de ventilar los conflictos competenciales que tengan dichos órganos entre sí o con otros órganos o poderes del Estado. No obstante, en lo tocante a sus atribuciones, serán supremos dentro del marco constitucional.

7) Transparencia. Los actos y decisiones de los órganos autónomos –salvo los casos comprensibles de la reserva temporal y acotada en el tiempo de las investigaciones del Ministerio Público– podrán ser conocidos por cualquier ciudadano, y cualquiera deberá tener acceso a la información, incluyendo obviamente, el resto de los órganos del Estado.

8) Intangibilidad. Deberán ser órganos permanentes, o por lo menos para cuya modificación, se podría exigir un procedimiento de reforma constitucional mucho más reforzado que el proceso de reforma constitucional ordinario.

9) Funcionamiento interno apegado al Estado de Derecho. Es decir, sería imprescindible que en las responsabilidades administrativas de los funcionarios de los respectivos órganos, éstos cuenten con todas las garantías constitucionales y procesales: presunción de inocencia, oralidad, publicidad de los procesos y derecho de defensa. Los órganos constitucionales autónomos deben evitar cualquier tipo de mandarinato o de excesos tecnocráticos.

Los órganos constitucionales no obedecen a un capricho. Su necesidad viene determinada por las características con las que se desenvuelve la vida política de los países democráticos. Hacen falta órganos que vigilen los excesos de los partidos y de los grupos de interés nacionales y trasnacionales. Un argumento teórico para sostener su necesidad, proviene de uno de los más importantes de esos órganos: el Tribunal Constitucional. En efecto, es obligado que exista un órgano encargado de la defensa de la Constitución. Esta no se puede confiar a los órganos que aprueban las leyes, las ejecutan, o resuelven las controversias jurídicas ordinarias. Se precisa de un órgano especializado que a la manera de un árbitro vigile que los jugadores, que son los poderes tradicionales, cumplan las reglas básicas.

Casi nadie duda en el mundo contemporáneo que los principales actores políticos aún en su estado de crisis son los partidos. Ellos hacen la política a través de las instituciones: en el legislativo, en el ejecutivo, y a veces indebidamente en el poder judicial. Adoptan decisiones, aprueban, interpretan y aplican las leyes. ¿Quién los controla?. Ese ha sido el principal problema de la democracia representativa a partir de la aparición de los partidos, que en algunos países como Italia ha llevado a extremos partidocráticos. La corrupción y el manejo indebido de los fondos públicos que ciertos partidos realizan seguramente hace que desde ultratumba Mosca, Pareto o Michels, se sonrojen al ver comprobadas empíricamente muchas de sus tesis.

Se podría sostener que en el esquema clásico de división de poderes, las funciones de control que se quieren encomendar a los órganos autónomos, podrían realizarse por un poder judicial independiente. Existen para ello algunos inconvenientes: 1) no todas las funciones de control que se requieren son jurisdiccionales. Pensemos en las del banco central, en las de los organismos que administran la información del país, en los órganos autónomos sobre medios, en los Consejos de la Judicatura, en el Ombudsman o en muchas funciones de los Tribunales de Cuentas o Contralorías, etcétera; 2) aunque algunos órganos constitucionales autónomos sean esencialmente jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional, en los países adscritos al sistema jurídico de origen europeo continental, se necesita un órgano especializado encargado de los conflictos entre los distintos órganos, entre la federación, estados y municipios, que resuelvan sobre la constitucionalidad de las leyes, y por ser el poder judicial un órgano del Estado que podría ser parte de las controversias constitucionales –evidente es que no se puede ser juez y parte– se requiere de un órgano que por encima de él y de los demás en las materias constitucionales, atienda entre otros a los conflictos constitucionales; 3) se ha dicho que nuestro sistema judicial adoptó características norteamericanas –por las similitudes con el judicial review– con la introducción del amparo en el siglo XIX, lo que en parte puede ser cierto, pero además de que el amparo tiene muchísimos antecedentes, se olvida que uno de los conflictos tradicionales y más graves al interior del poder judicial y en la doctrina jurídica doméstica, ha consistido en cómo conciliar funciones de control constitucional y de control de legalidad, cuando el sistema jurídico del Estado proviene, -con la honrosa y lógica excepción de la Constitución-, del sistema europeo continental; 4) incluso en los Estados Unidos existen órganos autónomos de control como la Reserva Federal, que aunque no tengan formalmente la independencia del ejecutivo materialmente son más independientes que otros que formalmente lo son. Lo importante es que entendamos que la lógica jurídica básica de los Estados Unidos se generó en otras tradiciones y, aunque es cierto en parte que hay cada vez más puntos de acuerdo y de acercamiento entre el sistema jurídico anglosajón y el continental-europeo, hay que tener cuidado tanto con la concepción general del sistema jurídico anglosajón como con el impacto político de sus instituciones en un sistema jurídico y político diferente.

Gran parte de la crisis de la democracia representativa y de los partidos es porque no ha habido poder capaz de controlarlos debidamente cuando se apoderan o abusan de las instituciones. Una buena dosis de control por parte de órganos técnicos con atribuciones muy definidas, con transparencia y responsabilidad, vendría muy bien a los sistemas democráticos y a los propios partidos políticos.

También los órganos constitucionales autónomos pueden ser –si sus titulares se eligen democráticamente– un excelente instrumento de control de los intereses y grupos de presión contemporáneos: medios de comunicación, intereses económicos transnacionales, narcotráfico, etcétera. Como se sabe, éstos son verdaderos poderes al margen de los poderes tradicionales, y cuyas acciones corruptoras son cada vez más difíciles de detener y controlar. Modifican y transforman a los países de un día para otro e influyen en decisiones sobre el sistema financiero, monetario, el control de cambios y las economías nacionales en general. Asimismo, es común que los “nuevos poderes” operen en el secretismo propio de las mafias y controlen, desde ahí, a muchos Estados Nacionales. Piénsese, al respecto, en la actual situación en Rusia.

Las críticas a los órganos constitucionales autónomos son generadas por su carácter técnico y la relativa ausencia de legitimidad democrática. Críticas que también suelen vertirse sobre la mayoría de los poderes judiciales del mundo. ¿Cómo contestar a esa crítica demoledora? La mejor forma es eligiendo democráticamente a sus titulares. Además, la legitimidad de los órganos constitucionales autónomos se produce con su ejercicio adecuado, es decir, los órganos constitucionales autónomos, se justificarían o legitimarían día a día, al adoptar sus decisiones conforme a principios constitucional-democráticos. Otra respuesta consiste en sostener que todos los actos de estos órganos, estarían conformados y actuarían apegados a derecho y, aunque no es pertinente confundir legalidad con legitimidad, no debe olvidarse que uno de los requisitos de la legitimidad es la legalidad que descansa o proviene de principios constitucional democráticos. Uno de los principios fundamentales de esa justificación es precisamente la transparencia al interior de los órganos y la discusión pública que al derivarse de ellos se genera.

Por tanto, si los órganos constitucionales autónomos cuentan con titulares que se eligen democráticamente por los ciudadanos y se conducen en la vida pública con transparencia y apego a su independencia resultante de una Constitución democrática, no hay duda que su legitimidad y democraticidad estaría garantizada. Si no se definen institucionalmente de esta manera, que es lo que ocurre con frecuencia por el temor de los partidos o de los grupos de interés a ser controlados, su prestigio desciende notablemente.

III. La relativa autonomía constitucional del Instituto Federal Electoral y la nula ciudadanización.

A diferencia del Derecho Comparado, en donde los órganos constitucionales autónomos nacen del interés de los actores políticos y sociales para enfrentar los riesgos de la partidocracia, en México su origen y desarrollo buscó inicialmente enfrentar los excesos del poder ejecutivo, reducir las capacidades políticas del partido dominante con el propósito de propiciar condiciones de relativa simetría política, y sentar bases institucionales que generaran confianza y credibilidad social en un momento de tránsito a la democracia, pues los esquemas de operación político-electoral del régimen nacido en 1929, además de presentar déficits democráticos graves eran disfuncionales para la gobernabilidad y potencialmente cada vez más explosivos. Por eso, una de las demandas permanentes de las reformas electorales a partir de 1988, se centró en la independencia del órgano electoral y en sus procedimientos de integración.

Ahora, no sólo se exige independencia del poder ejecutivo sino también independencia de los partidos políticos y de los poderes fácticos. Se quiere que los órganos electorales –el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– no respondan a cuotas partidistas o a influencias del poder mediático. Se pretende que las consejeras y consejeros electorales, las magistrados y magistrados electorales, no sean correa de transmisión de esos intereses. Además, por las importantes funciones que desempeñan para garantizar la democracia electoral, algunas voces como la nuestra piden que sus titulares se elijan democráticamente, por el voto directo de los ciudadanos.

Las reformas electorales en México no han concluido, y en el tema de la autonomía no están agotadas. La evolución histórica de estas reformas es la siguiente:

La reforma al artículo 41 constitucional de 1990 que dio nacimiento al Instituto señalaba: “La organización de las elecciones federales es una función estatal que se ejerce por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos según lo disponga la ley. Esta función se realizará a través de un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonial propios”.

Como vemos, en 1990 la definición que del Instituto hacía la Constitución no preveía como uno de sus elementos substanciales el concepto de autonomía. Esta únicamente se precisaba por lo que respecta al ámbito de sus decisiones: “el organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones”.

Durante sus cuatro primeros años de existencia, el IFE no fue concebido como un organismo público autónomo. La reforma de 1993, que entre otros preceptos modificó al artículo 41, fue omisa en lo relativo a la incorporación de la autonomía.

No es sino hasta el año de 1994 cuando la autonomía constitucional del IFE se hace realidad. En efecto, de acuerdo a la iniciativa, la reforma constitucional tenía por objeto “continuar con la evolución de las instituciones electorales mexicanas”, y en ese tenor es que el artículo 41 se adiciona y determina al IFE como “organismo público autónomo”.

El artículo 41 constitucional de 1994, precisaba: “La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios”.

Dos años más tarde, el artículo 41 es objeto de una nueva modificación. La reforma de 1996, impulsó la autonomía constitucional del instituto. La iniciativa de reforma constitucional reconoció la transformación de la “naturaleza” de las “instituciones político electorales” nacionales; y agregó: “en la iniciativa se materializa un acuerdo transcendente para consolidar la autonomía de la máxima autoridad electoral respecto de los Poderes Públicos”. El objeto de la reforma, como bien dice la iniciativa, ya no era incorporar o fortalecer la autonomía, sino consolidarla.

Dentro de este mismo espíritu se inscribe el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Distrito Federal y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, el cual recuerda que dentro de los temas propuestos por el Presidente Ernesto Zedillo al momento de tomar protesta se encontraba el de “la autonomía plena de los órganos electorales”.

Como se aprecia, tanto la iniciativa de esa reforma como el dictamen transcrito en sus partes fundamentales denota claramente el status jurídico del Instituto Federal Electoral. De hecho, la adjetivación que hace el dictamen de la Cámara de Senadores al hablar de autonomía “plena” –y el verbo que se emplea en la iniciativa “consolidar”– disipaba cualquier duda respecto al alcance de la autonomía del Instituto.

La reforma constitucional de 1996 no buscó una autonomía débil; al contrario, el compromiso constitucional explícito estribó en hacer del IFE la autoridad suprema, especializada e independiente del resto del aparato estatal, encargada de desarrollar la función electoral. Sólo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, puede revisar los actos del Instituto, según dispone el artículo 99 de la Constitución.

Desde 1994, el Constituyente Permanente hizo del IFE un complejo institucional que actúa con independencia respecto de las tres ramas del poder público y que mediante una creciente autonomía política, jurídica, administrativa, funcional y financiera se erige en un órgano distinto del poder público.

La fórmula de 1996, que la Constitución utiliza para “consolidar” la autonomía del Instituto Federal Electoral es una fórmula típica del llamado “constitucionalismo abierto”, propio de las cartas constitucionales que surgen después de la segunda posguerra mundial.

El sentido de las cláusulas constitucionales abiertas es el de permitir un ámbito de libre decisión política para el legislador ordinario. Esto se traduce en márgenes más o menos amplios de configuración política del legislador en sus tareas sustantivas. La Constitución no predetermina las opciones que el legislador puede plasmar en la ley.

Para el constitucionalismo abierto, la ley no es solamente ejecución de la Constitución, sino sobre todo expresión de la mayoría política coyuntural que en un momento determinado cuenta con el dominio del parlamento. En este contexto, se entiende que la ley siempre goza de una presunción fuerte de constitucionalidad, de modo que el tribunal constitucional sólo puede declarar la contradicción de una ley con la Constitución cuando las alternativas interpretativas no dejen lugar a otra solución.

Para el caso que nos ocupa, el hecho de que la Constitución haya señalado una fórmula abierta respecto a la autonomía del IFE significaba que crea un ámbito ciertamente flexible dentro del cual el legislador ordinario puede ir construyendo tal autonomía. La Constitución permitió que el legislador elija entre los varios “grados” posibles de autonomía del Instituto. En efecto, la fracción III del artículo 41 se limitó a señalar que: “La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios...”.

Desde luego que desde entonces para el legislador existe un núcleo intocable que por ningún motivo puede traspasar; dentro de ese núcleo se encuentra, obviamente, el propio principio de “autonomía”. En otras palabras, el legislador nunca podrá, a través de la legislación secundaria, anular de hecho el mandamiento constitucional de que el IFE sea autónomo. Y junto con el mandamiento genérico de la autonomía, de acuerdo con la parte ya transcrita del artículo 41, el legislador tampoco puede sustraer al IFE su ámbito material de actuación.

Lo anterior constituye una “garantía institucional” creada por la Constitución y que el legislador no puede afectar ya que se traduce en una asignación directa de potestades desde el propio texto constitucional hacia el IFE. Pero no se trata solamente de que el legislador no pueda realizar una afectación formal al elenco de actividades, sino también que el legislador, en el diseño institucional que haga en la correspondiente ley electoral, debe hacer efectivas, reales, esas atribuciones, dándole al Instituto la posibilidad de llevarlas a la práctica de forma correcta.

La reforma constitucional de 2007, en el apartado D, fracción V, del artículo 41 constitucional, repite la fórmula de 1996 en lo tocante a la definición de autonomía: “La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral...”. Sin embargo, se establece que el Presidente del Consejo General del IFE dura en su cargo seis años y podrá ser reelecto por una vez. Establece que los consejeros electorales serán nombrados por la mayoría de dos terceras partes de los presentes de la Cámara de Diputados por nueve años en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Se prohíbe que el Presidente del Consejo y los consejeros electorales ocupen cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado al fin de su gestión y durante dos años. Y se crea una Contraloría General del IFE cuyo titular es designado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados a propuesta de instituciones públicas de educación superior y durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto por una vez.

Estas modificaciones, por una parte fortalecen una mayor permanencia de los consejeros –nueve años en el cargo–, pero refuerzan el carácter presidencialista del Consejo (sólo el presidente del Consejo General puede ser reelecto por una vez) e, introducen una Contraloría, cuyo titular es designado por la Cámara de Diputados, sin injerencia alguna del Consejo General. Es decir, la reforma constitucional de 2007, atenuó la autonomía del IFE que se vino ganando con las reformas constitucionales y legales anteriores.

Podemos decir, que los rasgos constitucionales del IFE son:

a) Inmediatez constitucional. Es la propia ley suprema quien de manera directa se encarga de establecerlo y configurarlo.

b) Esencialidad. El estado mexicano lo ha concebido como un órgano necesario para el desarrollo de la vida democrática nacional.

c) Dirección política. De acuerdo al artículo 41 constitucional, el IFE participa en la conducción política del Estado mexicano, de él emanan actos de autoridad de distinto cuño: administrativos, normativos (expedición del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, aprobación de reglamentos, entre otros) y algunas jurisdiccionales (como el recurso de revisión previsto en el Cofipe y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y los diversos procedimientos de quejas administrativas contempladas en el Código Electoral);

d) Paridad limitada de rango (con la introducción de la Contraloría General). También conocida como paridad jurídica, que implica, como ya se señaló, una relación de coordinación con los otros órganos del Estado, los que a su vez son supremos e independientes por lo que a sus funciones constitucionales se refiere.

Como otros rasgos importantes que el Estado mexicano establece para dotar de autonomía relativa del Instituto Federal Electoral se encuentran:

a) Integración del órgano de Dirección

La reforma de 1996, a efecto de robustecer la autonomía del Instituto, inhibió la presencia de un representante del Poder Ejecutivo en el seno del Consejo General. De fungir como su presidente, el Secretario de Gobernación, en tanto funcionario supeditado al Ejecutivo, dejó de integrar el máximo órgano de dirección del Instituto. Por lo que respecta a los representantes del Poder Legislativo, su poder dentro del Consejo se vio limitado. De contar con derecho a voz y a voto, hoy su participación se reduce al derecho a voz.

De esta forma, la reforma del 1996 menguó la presencia de los poderes constituidos en el IFE, omitiendo a uno de ellos y reduciendo los derechos del otro. Sin embargo, la reforma de 2007 determinó: que el Presidente del Consejo General del IFE dure en su cargo seis años y que pueda ser reelecto por una vez. Estableció que los consejeros electorales sean nombrados por nueve años en forma escalonada, sin poder ser reelectos. Prohibió que el Presidente del Consejo y los consejeros electorales ocupen cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado al fin de su gestión y durante dos años. Y se creó una Contraloría General del IFE cuyo titular es designado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados a propuesta de instituciones públicas de educación superior y durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto por una vez.

b) Designación y no elección democrática de sus miembros.

La reforma electoral de 2007, establece que el Presidente del Consejo y los Consejeros y Consejeras Electorales serán designados por una mayoría calificada de dos terceras partes de legisladores presentes de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, que en los hechos es bastante relativa y limitada.

c) Inamovilidad.

Para fortalecer la autonomía de los miembros con derecho a voz y voto en el Consejo General se estableció el principio de inamovilidad en su cargos por nueve años. La certeza y seguridad en la permanencia en el cargo propende a generar un cumplimiento imparcial e independiente de las obligaciones asumidas y tiende a disipar las eventuales presiones externas.

d) Remoción.

Vinculado a lo anterior, encontramos que el consejero presidente y los consejeros electorales, durante el tiempo en que dure su encargo, sólo podrán ser removidos por alguna de las causas extraordinarias previstas por el Título Cuarto de la Constitución. Los funcionarios aludidos sólo podrán ser destituidos mediante el juicio político previsto por el artículo 110 constitucional.

e) Duración.

La duración de los periodos para los cuales fueron designados el consejero presidente y los consejeros electorales pueden constituir un insumo adicional a la autonomía. El derecho comparado nos muestra cómo la mayor parte de los titulares de órganos públicos autónomos son nombrados para un periodo relativamente largo y que excede al de las autoridades políticas.

f) Inmunidad.

Otro mecanismo ideado por el Poder Reformador de la Constitución para proveer un ejercicio independiente del consejero presidente y de los consejeros electorales es el previsto en el artículo 111 constitucional. Para proceder penalmente en contra de dichos servidores públicos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo es preciso obtener una declaración de procedencia.

g) Idoneidad primaria de sus servicios.

El apartado D fracción V del artículo 41 constitucional prevé un régimen de incompatibilidades para el consejero presidente y los consejeros electorales. Durante el tiempo en que dure su encargo, no podrán “tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que de-sempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados...”. Además, cuando concluyen su función, durante dos años, no pueden ocupar cargos públicos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado.

h) Garantía económica.

Al igual que a otros funcionarios, la Constitución concede al Consejero Presidente y a los consejeros electorales del Consejo General del IFE una remuneración a sus labores suficiente para garantizar un desempeño independiente, imparcial y probo. El artículo 41 constitucional en su parte conducente precisa: “la retribución que perciban el consejero Presidente y los consejeros electorales será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Precepto éste que vinculado al artículo 94 de la norma fundamental nos lleva a la conclusión de que durante el tiempo en que duren en su encargo, la remuneración del consejero Presidente y de los consejeros electorales no podrá ser disminuida.

i) Controles.

El Instituto Federal Electoral, al igual que todo organismo público dentro de un sistema republicano está sujeto a una serie de controles, dentro de estos podemos mencionar:

• El análisis y vigilancia de la cuenta pública del Instituto Federal Electoral a cargo de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.

• La determinación de su presupuesto por la Cámara de Diputados.

• El régimen de responsabilidades previsto en el Título Cuarto de la Constitución.

• El control de la juridicidad que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• Como un mecanismo adicional de control, el moderno Estado de derecho demanda a los órganos públicos autónomos, la presentación periódica de informes. Lamentablemente el Instituto Federal Electoral escapa a dicha obligación. Por lo general, los órganos públicos autónomos presentan sus informes ante la instancia encargada de supervisar su adecuado funcionamiento: el Poder Legislativo. De manera excepcional, algunos sistemas jurídicos demandan la presentación de informes ante la opinión pública. Anteriormente, el COFIPE imponía al Consejo General una obligación cercana a la precitada. El artículo 82, párrafo primero, inciso t señalaba, dentro de las atribuciones del Consejo General, la de “Informar a la Cámara de Diputados sobre el desa-rrollo de los trabajos realizados por el Instituto Federal Electoral y en su caso, de los recursos interpuestos, en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de su calificación”. La reforma de 1996 derogó tal deber al suprimir la calificación de la elección presidencial por la Cámara de Diputados que anteriormente se erigía en Colegio Electoral. Es así como la reforma de 1996 a la vez que suprimió la calificación política de la elección presidencial derogó la obligación de presentar informes. Frente a la laguna legal, sería oportuno que el Consejo General del IFE acuerde, en ejercicio de sus atribuciones, la presentación anual de un informe ante la opinión pública.

• El control administrativo que realiza actualmente la Contraloría General cuyo titular es designado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

j) Profesionalismo de sus servidores.

Desde el nacimiento del Instituto en 1990, la Constitución previó la existencia de un Servicio Profesional Electoral. De esta forma la Constitución obliga al IFE a contar de un personal altamente calificado y especializado en la materia, sujeto, entre otras cuestiones, a evaluaciones periódicas y a programas permanentes de formación actualización que haga realidad el cumplimiento de los principios rectores que deben caracterizar el funcionamiento de la institución.

IV. Las propuestas de esta iniciativa

El propósito de esta iniciativa es para que las autoridades electorales federales y locales sean electas por el voto directo de los ciudadanos y tengan legitimidad democrática. El actual modelo electoral del país de consejeros y magistrados designados por el poder legislativo está agotado. Las autoridades electorales son rehenes y correas de transmisión de los intereses de los partidos y de los poderes fácticos. La ciudadanización no se ha cumplido.

Hay académicos que piden un cambio y reclaman, por ejemplo, que los aspirantes a consejeras y consejeros electorales federales que cumplan con los requisitos constitucionales y legales, sean designados mediante el método de sorteo, porque así al menos, no existirían vínculos fuertes con los partidos. La consejera o el consejero electoral no deberían su cargo a un grupo parlamentario. No se sentirían comprometidos con ellos y podrían actuar con mayor independencia.

Esta iniciativa se suma a esa finalidad y a otras iniciativas que ya he presentado para elegir por voto directo de los ciudadanos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Transcribo a continuación esa propuesta para complementarla con ésta:

“ARTÍCULO PRIMERO. Se deroga la fracción VIII del artículo 76 y la fracción XVIII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. a VI. ...

La elección de los Ministros deberá recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 96. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El Instituto Federal Electoral organizará el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser ministro o ministra, aplicarán un examen general de conocimientos ante la autoridad electoral federal y los cinco que obtengan la calificación más alta serán los candidatos a elegir por la ciudadanía. Los candidatos a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia tendrán derecho a tiempos del Estado en los medios de comunicación electrónica para exponer sus propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe la realización de campañas, así como cualquier tipo de financiamiento público o privado. La elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia deberá coincidir con los procesos federales electorales.

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes o faltare por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, la Cámara de Diputados mediante convocatoria y previa consulta ciudadana, nombrará por el voto de las dos terceras partes de los presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días, a un Ministro interino que durará en su encargo el tiempo restante. En el inmediato próximo proceso federal electoral que se lleve a cabo, se elegirá al Ministro sustituto que concluirá el plazo del encargo, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución.

Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves y serán sometidas para su aprobación al Pleno de la Cámara de Diputados.

Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Pleno de la Cámara de Diputados. Ninguna licencia podrá exceder del término de tres meses.

ARTÍCULO QUINTO. Se modifican los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo cuarto del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

...........................

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El Instituto Federal Electoral organizará el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser Magistrado Electoral, aplicarán un examen general de conocimientos ante la autoridad electoral federal y los cinco que obtengan la calificación más alta serán los candidatos a elegir por la ciudadanía. Los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado Electoral tendrán derecho a tiempos del Estado en los medios de comunicación electrónica para exponer sus propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe la realización de campañas, así como cualquier tipo de financiamiento público o privado. La elección de los Magistrados Electorales deberá coincidir con los procesos federales electorales. La elección de quienes integren las salas Superior y regionales será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables.

Las renuncias, ausencias, licencias y vacantes definitivas de los Magistrados Electorales de las salas Superior y regionales se regirán por los supuestos establecidos en el artículo 98 de esta Constitución.

...

ARTÍCULO SEXTO. Se modifica el párrafo tercero del artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

...

Durante dicho plazo, las personas que se hayan de-sempeñado como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta Constitución.

...

...

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión aprobará las reformas legales necesarias para dar cumplimiento a este decreto.

TERCERO. Los ministros de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estén en funciones continuarán desempeñando sus atribuciones hasta que sean elegidos y tomen posesión de sus cargos los nuevos ministros y magistrados”.

De esta suerte lo que se busca es legitimar el origen democrático de los titulares de los órganos y tribunales electorales y de darles a los ciudadanos la oportunidad de determinar la composición de estos órganos que son clave en la democracia representativa. La democracia electoral no puede ser consecuencia de nombramientos y procedimientos elitistas realizados a espaldas de la sociedad, sin la participación amplia de esta y sin la transparencia debida. Los que hemos participado en los procesos de designación de las autoridades electorales conocemos las condiciones cupulares en las que se verifican los nombramientos. Y, la gravedad no sólo estriba en la elitización del nombramiento sino en la falta de independencia posterior para realizar con autonomía las funciones electorales.

Por todo lo anterior, someto a su consideración el siguiente,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 41 Y EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ELEGIR POR EL VOTO DIRECTO DE LOS CIUDADANOS A LAS AUTORIDADES ELECTORALES FEDERALES, ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los párrafos primero y tercero de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. a IV. ...

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan representantes del poder legislativo, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

...

Los consejeros y consejeras electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. El Presidente será designado entre ellos por mayoría de dos terceras partes, al término de cada proceso electoral y por tres años, sin que pueda reelegirse. Las consejeras y consejeros electorales serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales. El Consejo General saliente organizará junto con la elección de los demás cargos públicos el proceso electoral respectivo. Todos los aspirantes a candidatos para ser consejero, aplicarán un examen general de conocimientos ante el Instituto Federal Electoral. Por cada vacante, los cinco aspirantes que obtengan la calificación más alta serán los candidatos a elegir por la ciudadanía. Los candidatos a ocupar el cargo de Consejero del Instituto Federal Electoral tendrán derecho a tiempos del Estado para exponer sus propuestas y programa de trabajo. En el proceso de elección se prohíbe la realización de campañas, así como cualquier tipo de financiamiento público o privado. La elección escalonada de los Consejeros del Instituto Federal Electoral deberá coincidir con los procesos federales electorales. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados mediante convocatoria pública y previa consulta ciudadana, nombrará por el voto de las dos terceras partes de los presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días, al provisional que durará en su encargo hasta el siguiente proceso electoral. En ese proceso electoral, se elegirá al Consejero sustituto que concluirá el plazo del encargo. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

...........................

VI. ...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan controversias en la materia, gocen de autonomía e independencia en sus decisiones. Los titulares de esas autoridades serán elegidas por el voto directo de los ciudadanos mediante organización del proceso de elección que realicen los órganos electorales locales siguiendo los criterios y procedimientos del artículo 41 constitucional;

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados aprobarán las reformas legales necesarias para dar cumplimiento a este decreto.

TERCERO. Los Consejeros y Consejeras Electorales del Instituto Federal Electoral que estén en funciones, continuarán desempeñando sus atribuciones hasta que sean elegidos y tomen posesión los nuevos de sus cargos.

CUARTO.En las entidades federativas y el Distrito Federal continuarán en sus cargos los consejeros, consejeras, magistrados y magistrados en funciones, hasta que los nuevos sean elegidos y tomen posesión de los mismos.

Notas:

1 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional, México, UNAM, 2000.

2 TORRES BOURSAULT, Leopoldo, “La división de poderes en la España de hoy”, en Revista Sistema, Madrid, número 117, 1993, pp. 19-34.

3 GARCIA PELAYO, Manuel, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza Universidad, Madrid, 1987, pp. 121-148.

4 DE VEGA GARCIA, Pedro, “Estado social y estado de partidos. La problemática de la legitimidad”, en Problemas actuales del Derecho Constitucional. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, UNAM-IIJ, México, 1994, 389-407.

5 Sobre los problemas del neocorporativismo ver: SCHMITTER, Philippe C., “Neocorporativismo y Estado”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, número 31, Madrid, julio-septiembre, 1985, pp. 47-77.

6 GARCIA ROCA, Javier F., El conflicto entre órganos constitucionales, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 22 y 23. García Roca dice respecto a los órganos constitucionales en general que son “...órganos inmediatos y fundamentales del ordenamiento...”.

7 Biscaretti di Ruffia considera para Italia como órganos constitucionales a: el presidente de la república, la Cámara de Diputados y el Senado, los ministros, el Consejo Superior de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. No estima, sin embargo, como órganos constitucionales al cuerpo electoral, a los partidos, etcétera. Ver BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo, Derecho Constitucional, traducción española de Pablo Lucas Verdú, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 194 y 195.

8 JELLINEK, G., Teoría General del Estado, traducción de Fernando de los Ríos, Editorial Albatros, Buenos Aires, 1981, p. 412.

9 GOMEZ MONTORO, Angel J., El conflicto entre órganos constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, pp. 309-324.

10 GARCIA PELAYO, Manuel, “El status del Tribunal Constitucional”, Revista Española de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, número 1, p. 12.

11 GARCIA ROCA, Francisco Javier, El conflicto entre órganos constitucionales, obra citada, p. 90.

12 GARCIA PELAYO, Manuel, “El status del Tribunal Constitucional”, obra citada, pp. 11-34.

13 PIZZORUSSO, Alessandro, Lecciones de Derecho Constitucional, traducción de Javier Jiménez Campo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, tomo I, 1984, pp. 245-253.

14 FAVOREU, Louis, Los Tribunales Constitucionales, traducción de Vicente Villacampa, Barcelona, Ariel, 1994, pp. 43-62.

15 GARCIA ROCA, Francisco Javier, El conflicto entre órganos constitucionales, obra citada, pp. 183-184; y, GOMEZ MONTORO, Angel J., El conflicto entre órganos constitucionales, obra citada, pp. 469-472.

16 ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo G, “El Sistema Constitucional Uruguayo”, en Los Sistemas Constitucionales Iberoamericanos, obra colectiva coordinada por D. García Belaunde, Francisco Fernández Segado, y Raúl Hernández Valle, DYKINSON, Madrid, 1992, p. 755.

17 El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica está previsto en los artículos 99-104 de la Constitución.

18 NOGUEIRA ALCALA, Humberto, “El sistema constitucional chileno” en Los Sistemas Constitucionales Iberoamericanos, obra colectiva coordinada por Domingo García Belaunde, Francisco Fernández Segado y Raúl Hernández Valle, Dykinson, Madrid, 1992, p. 298.

19 Por ejemplo, el artículo 100 reformado en 1994 creó la figura del jefe de gabinete que aunque no es similar al primer ministro francés de la Constitución de 1958 (semi-presidencial), parece alejar a la Constitución argentina de las instituciones del presidencialismo puro.

20 Por ejemplo, la Constitución española de 1978 contempla dos procedimientos de reforma constitucional. Uno previsto en el artículo 167 para reformas ordinarias, y el previsto en el artículo 168 para reformas sustanciales; ver De Vega, Pedro, La Reforma Constitucional y la Problemática del Poder Constituyente, Tecnos, Madrid, 1986.

21 Los tribunales constitucionales, por ejemplo, se legitiman porque son comisionados del poder constituyente para la defensa de la Constitución. La legitimidad en última instancia de los órganos constitucionales autónomos y del Tribunal Constitucional en lo particular deriva de la conformidad o asentimiento de los ciudadanos a las decisiones de éste o de éstos. Sobre estos aspectos ver: CALDEIRA, Gregory A. y GIBSON James L., “The Legitimacy of the Court of Justice in the European Union: Models of Institutional Support”, en American Political Science Review, vol. 89, número 2, junio de 1995, pp. 356-376; CAPPELLETTI, Mauro, The Judicial Process in Comparative Perspective, Clarendon Press, Oxford, p. 57 y ss.; y, GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid, 1985, pp. 197-205.

22 CARDENAS GRACIA, Jaime, Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos, obra citada, pp. 81-85.

23 Ver DE VEGA GARCIA, Pedro, “Presentación”, número monográfico sobre el Futuro del Estado, Revista Sistema, números 118 y 119, Madrid, marzo de 1994, pp. 5-10.

24 Es muy importante entender el contexto político y socio-cultural del sistema jurídico norteamericano, que hace que sus instituciones jurídicas y políticas sean aptas para ese país, pero que en un contexto diferente tal vez no lo serían. Ver RIGGS, Fred, “La supervivencia del presidencialismo en Estados Unidos: Prácticas para-constitucionales”, en Presidencialismo vs Parlamentarismo. Materiales para el estudio de la reforma constitucional, Eudeba, Buenos Aires, 1988, pp. 45-93.

25 Para el caso español, véase entre otros a: PRADERA, Javier, “Las pasiones del poder: el PSOE tras diez años de gobierno”, en La década socialista. El ocaso de Felipe González, obra colectiva dirigida por Javier Tusell y Justino Sinova, Espasa-Calpe, Madrid, 1992.

26 KAPLAN, Marcos, “La soberanía estatal-nacional: retos e interrogantes”, en Problemas actuales del Derecho Constitucional. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, UNAM-IIJ, México, 1994, pp. 225-234.

27 Para el análisis prospectivo del futuro de estas instituciones y fenómenos, ver: KENNEDY, Paul, Preparing for the twenty-first century, HarperCollins, Londres, 1993, pp.3-134.

28 Ver: LEITZEL, Jim, GADDY, Clifford y Alexeev, “Mafiosi and Matrioshki. Organized Crime and Russian Reform”, en The Brookings Review, Washington, invierno de 1995, pp. 26-29.

29 Convendría en este punto traer a colación a Habermas y la manera y las vías de legitimidad política que propone a través del discurso y la argumentación. HABERMAS, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa, dos volúmenes, Taurus, Buenos Aires, 1989.

30 Esto ha ocurrido con algunos órganos autónomos en algunos países. En España esta crítica se ha enderezado en contra del Consejo General del Poder Judicial y en contra del Tribunal de Cuentas principalmente, aunque el propio Tribunal Constitucional español no se ha salvado del rechazo social en algunas de sus decisiones como en el famosísimo caso Rumasa.

31 CARDENAS, Jaime, “Una reflexión sobre el proceso electoral y el futuro del IFE”, en Conciencia Mexicana, número 3, otoño de 1997, México, DF, pp 45-57.

33 Lucas Verdú, Pablo, La Constitución abierta y sus enemigos, Universidad Complutense, Madrid, 1993.

34 Otto, Ignacio de, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, 2a. edic., Barcelona, 1989.

35 La iniciativa fue presentada por el suscrito en el mes de septiembre de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.— Diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Juventino Víctor Castro y Castro (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La iniciativa del diputado Cárdenas Gracia se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado David Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado David Hernández Pérez:Gracias, presidente, con su permiso. Compañeros legisladores. A ustedes, también, compañeros legisladores que están en sus oficinas y a los que nos están escuchando por allá atrás en sus televisores.

Hoy vengo a presentar una iniciativa que fue acordada en la Comisión Especial para el Desarrollo de Microrregiones, y es en el tema de desarrollo regional.

México no ha logrado aún eliminar las desigualdades sociales y económicas entre sus habitantes. Por el sistema asistencialista que tiene México, de una o de otra forma lo que ha venido produciendo son más pobres. El recurso que se destina a proyectos, a asistencia, la Ceneval nos dice que solamente el 1 por ciento tiene repercusiones positivas.

Éste es el momento de considerar el desarrollo regional como un elemento básico para la modernización del país. En una función de una estrategia de tres vertientes: la descentralización de decisiones, la desconcentración de las actividades económicas y la promoción del desarrollo urbano estatal y municipal.

El desarrollo regional es el concepto inherente a la transición en un nivel económico concreto a otro más avanzado en una zona geográfica determinada.

¿Qué es lo que hemos venido haciendo en México? En México hemos venido haciendo dictámenes, hemos venido haciendo padrones de lo que no tienen nuestras regiones. No tienen luz, no tienen agua, no tienen drenaje y estos parámetros sirven para poder llevar los programas sociales. Sin embargo, debemos partir de las fortalezas que sí tienen nuestras regiones. Debemos buscar las coincidencias que hay y poder hacer los programas sociales de acuerdo con las necesidades de las regiones del país.

Por ejemplo, Tabasco. Tabasco, que tiene bastante agua la mayoría de meses del año, debemos buscar la forma de poner granjas y producir el mayor número de peces en esa zona, y sin embargo, seguimos haciendo programas asistencialistas en lugar de proyectos productivos.

Esto es, lo que nosotros estamos proponiendo aquí en esta tribuna es algo que ya se tenía en la Cámara de Diputados y que se ha descuidado en el país: buscar el desarrollo regional y microrregional en el país.

Desde la LVIII Legislatura se desapareció la Comisión ordinaria de Desarrollo Regional, una Comisión que tiene que estar trabajando en esta Cámara de Diputados.

La Cámara de Senadores ya tiene la Comisión de Desarrollo Regional, la Sedesol tiene un área de Desarrollo Regional y esta Cámara de Diputados no ha venido trabajando en este sentido, por lo que para nosotros en la Comisión Especial para el Desarrollo de Microrregiones vemos de vital importancia que esta Cámara de Diputados cree de manera ordinaria una Comisión de Desarrollo Regional que nos permita una mejoría constante en el bienestar social y en la calidad de vida de los habitantes. Que exista una participación social y política en la toma de decisiones, que no sea solamente centralista la visión en el desarrollo regional que se está dando, en donde debemos buscar la forma de que los proyectos que se hagan, de asistencia, no sean exclusivamente dádivas sino que sean proyectos productivos que vengan a mejorar realmente el  nivel de vida de la población.

Todo indica que si no retomamos el rumbo, la pobreza va a persistir y ésta se concentrará incluso en más zonas del país. Por eso para nosotros es muy importante el que podamos hacer en esta Legislatura, crear la Comisión de Desa-rrollo Regional y que sea esta comisión un factor importante en mejorar el nivel de vida del pueblo de México. Por su atención, gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes de la Comisión Especial para el desarrollo de microrregiones de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al numeral 2, y se recorre la numeración del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de comisiones ordinarias, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México no ha logrado eliminar o disminuir las desigualdades sociales y económicas entre sus habitantes, ni entre las regiones que existen en su territorio, y las políticas regionales del Estado no siempre han respondido a necesidades reales de la población.

El desarrollo regional es un “concepto inherente a la transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado en una zona geográfica determinada. Es un proceso de transformación del sistema económico y social de los habitantes de ese espacio geográfico, que se traduce en un incremento del bienestar y que debe expresarse en el mejoramiento de los indicadores económicos, sociales y administrativos, entre otros.

”A diferencia del planificador a nivel nacional, el encargado del desarrollo regional enfrenta mayores dificultades para implantar con efectividad esas medidas, primordialmente por contar con menores facultades, instrumentos de política pública y recursos, así como por la presencia de externalidades en el territorio (como la movilidad geográfica de los capitales y de la mano de obra) difíciles de controlar” (Consultoría Especializada aregional).

El 1 y 2 de junio, la Comisión Especial para el Desarrollo de Microrregiones de la Cámara de Diputados, organizó el foro Análisis del desarrollo de microrregiones, en el que participaron académicos, especialistas, representantes de instituciones públicas y privadas de este tema y en desa-rrollo regional y urbano. Asimismo, participó en el vigésimo Seminario de economía urbana y regional, del 21 al 24 de junio de 2010, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas, por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por la Comisión de De-sarrollo Regional del Senado de la República.

Los resultados de dichos encuentros nos han llevado a reflexionar sobre el tema de estudios regionales y de regionalización, principalmente desde la perspectiva económica.

Esos encuentros incitaron la preocupación de llevar a cabo estudios regionales, considerando la ampliación del conocimiento y la problemática de las regiones, como la comprensión de los procesos históricos en la formación regional; los niveles de desarrollo y desigualdad interregional; el método de organización del territorio y los procesos de integración, partiendo de la identificación de los sistemas urbano-regionales, así como generación de iniciativas que articulen las estrategias de planeación, coordinación intergubernamental y ordenamiento territorial.

Hay diversas aportaciones a la investigación regional y a la regionalización en México que parten de diferentes enfoques teóricos y criterios metodológicos, por lo que es importante iniciar con el procesamiento de ellas para estar en condiciones, todos los involucrados, de impulsar el desa-rrollo de las regiones.

Para comenzar, debemos partir de la revisión del esquema fiscal centralizado y de los mecanismos institucionales aplicados desde la federación. Las entidades federativas tienen un reducido margen de acción, por lo que es necesario replantear alternativas que creen un federalismo a través de distintos instrumentos de cooperación y coordinación intergubernamental, convenios interestatales, alianzas regionales, cooperación administrativa y financiera.

De los estudios y las investigaciones realizados, la mayoría converge en que la ruta que debe seguir el federalismo fiscal, la descentralización política y económica, así como la institucionalización del enfoque regional en política de Estado, es a través de cuatro iniciativas:

• Creación de comisiones ordinarias en el Congreso. Éstas, además de proponer reformas constitucionales, deben cabildear para consensuar propuestas jurídicas y reorientación del gasto público y las participaciones fiscales con carácter federal y regional. En este sentido, ya existen las Comisiones para el Fortalecimiento del Federalismo, y Especiales para el desarrollo de microrregiones y para el desarrollo de la región sur-sureste, mientras que en el Senado se creó la Comisión de De-sarrollo Regional, además de las de Federalismo, de Desarrollo Municipal y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

Aquí radica la importancia de crear la Comisión de Desa-rrollo Regional en la Cámara de Diputados, con el fin de que participe en la coordinación de los esfuerzos, junto con sus contrapartes en los ámbitos de gobiernos Federal y estatales, así como con congresos locales y el Senado de la República, para impulsar el desarrollo de las diversas regiones del país.

• Conferencia Nacional de Gobernadores. La Conago, creada en 2002 por 20 gobernadores, planteó desde su inicio opciones y modificaciones al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para descentralizar recursos presupuestarios federales hacia las entidades. Este mecanismo de organización cada vez ha adquirido mayor participación de los estados en el gasto público, sobre todo a partir de los recursos obtenidos por los excedentes en la venta de petróleo.

En la decimoséptima reunión ordinaria, celebrada en Villahermosa, Tabasco, el 7 de junio de 2004, mediante el Acuerdo Octavo, la Conago creó la Comisión de Desarrollo Regional, coordinada por la entonces gobernadora de Zacatecas, Amalia D. García Medina.

• Asociaciones y organizaciones de municipios. Se han formado asociaciones y organizaciones de municipios, como la Conferencia Nacional de Municipios, similar a la Conago, pero a nivel municipal, para exigir mayores facultades tributarias y transparencia en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Hacienda y las secretarías de finanzas de los estados.

• Iniciativas presentadas por diputados y senadores para reformar artículos constitucionales y leyes secundarias en materia de coordinación fiscal, mecanismos de coordinación intergubernamental y planeación regional. Legisladores han presentado iniciativas, entre las que destacan las referentes a la Ley de Planeación.

En 2005, las comisiones de Desarrollo Regional de la Conago y del Senado de la República, así como de la Oficina para las Políticas Públicas de la Presidencia de la República, elaboraron un paquete de propuestas para actualizar la Ley de Planeación, a fin de incorporar el tema de desarrollo regional en México. En este proyecto, la Cámara de Diputados no participó directamente por carecer de una comisión relacionada totalmente con el tema.

El Senado aprobó la minuta que entraría en vigor en 2008, renombrando y reformando la Ley de Planeación de 1983, y denominándola “Ley de Planeación Nacional y Regional”.

Este marco jurídico destaca el enfoque regional del desa-rrollo, mecanismos de coordinación interestatal que formalizan las denominadas mesorregiones y la propuesta de espacios institucionales para implementar estrategias de desarrollo en las regiones con la concurrencia de diferentes actores públicos y privados, a través de “agencias de desa-rrollo regional”.

Las condiciones históricas de desigualdad, el diferente potencial y la diversa capacidad competitiva de las regiones de México requieren estrategias adaptadas a su tipología con modelos específicos de desarrollo endógeno, considerando la experiencia de regiones exitosas y rezagadas.

Entre los problemas y las fallas de la planeación regional suscitados en México resaltan las siguientes:

• Las regiones de México presentan desequilibrios con algunos territorios de muy alto nivel de desarrollo y muchos otros de nivel muy bajo.

• Se reproduce en diferentes escalas la concentración económica y demográfica, lo que reduce la competitividad local y global del país y limita la ampliación del potencial de desarrollo en otras regiones.

• La concentración geográfica está asociada con la centralización administrativa, provocando distanciamiento entre autoridades y ciudadanos. La planeación central sobre la local ha limitado la coordinación intergubernamental y estatal-municipal. Asimismo, se ha inhibido la participación ciudadana en el diseño, operación y evaluación de las políticas de desarrollo regional.

• La implantación de políticas sectoriales provoca descoordinación e ineficiencia de los programas.

• La imposición de modelos estándar aplicados a realidades regionales diferentes ha fracasado.

• Son inexistentes los sistemas de seguimiento, control y evaluación de efectos regionales en mediano y largo plazos, además de la falta de criterios técnicos que orienten y corrijan la toma de decisiones.

• Las decisiones de política macroeconómica han llevado al país hacia un modelo orientado a las exportaciones, el cual no se ha traducido en la planeación territorial subnacional.

Las consecuencias de esas fallas serán graves si no son atendidas de manera inmediata, generando el siguiente entorno:

• Se vislumbra que la pobreza persistirá y se concentrará más en las ciudades.

• Si México se sigue urbanizando sin orden y sustento, ¿qué pasará con esta ola de hiperurbanización: predominarán los asentamientos precarios e ilegales?

• La falta de servicios, espacio público y equipamientos irá aumentando.

• El déficit en tratamiento de agua y disposición adecuada de basura alcanzan situaciones irreversibles, particularmente en las zonas pobres de las ciudades.

• La planeación urbana está desarticulada del desarrollo, territorial y ambiental.

• Las políticas para crear espacio público son escasas. El gobierno ha generado el uso indiscriminado del suelo, predominando su uso comercial ante el público; del mismo modo, la iniciativa privada ha aprovechado al máximo el suelo para vender.

• La población se ha concentrado en las principales metrópolis del país, por lo que es importante diseñar acciones y metas de un programa urbano y regional que logre potenciar a las metrópolis como fuerzas productivas.

En la Cámara de Diputados existían la Comisión de Desa-rrollo Regional y Apoyo a la Producción que, con la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se fusionó para crear la de Presupuesto y Cuenta Pública en la LVIII Legislatura.

La participación de la Cámara de Diputados en la elaboración de las estrategias de desarrollo de regiones es vital, ya que contribuirá positivamente en una estrategia efectiva de desarrollo de regiones que incorpore diversas percepciones sobre sus consecuencias y alternativas. A su vez, esta presencia podría ofrecer una ventaja considerable al elevar la legitimidad de las decisiones y soluciones en este terreno.

El reto de crear la Comisión de Desarrollo Regional en la LXI Legislatura demuestra el interés y la preocupación de los legisladores de los diversos grupos parlamentarios ante la difícil situación económica y social por la que atraviesa nuestro país. Esta inquietud ha surgido a través de la Comisión Especial para el desarrollo de microrregiones y, sobre todo, a partir de la realización del foro Análisis del de-sarrollo de microrregiones.

La creación de la comisión de desarrollo regional plantea la necesidad de realizar una evaluación profunda de la realidad económica nacional y local, de las instituciones, de las necesidades de la población.

Esta comisión no sólo propondrá adecuar los objetivos a los problemas sociales como pobreza, desigualdad, recesión, desempleo, sino diseñar al mismo tiempo la vinculación de los estados, municipios y localidades que no crucen por problemas financieros ni económicos graves, y que cuenten con los recursos suficientes para desarrollar proyectos productivos con sus vecinos, y así detonar los beneficios sociales y las cadenas productivas necesarias para el desarrollo local y nacional y elevar el nivel de la calidad de vida de la población.

El impulso del desarrollo regional requiere la elaboración de diagnósticos socioeconómicos generales, de los que se deriven estudios particulares de factibilidad y de los programas de desarrollo estatal y regional, y de la concertación y definición de políticas financieras y crediticias flexibles. Igualmente, la creación de círculos regionales de asesoría calificada para los procesos productivos, así como para la administración, contabilidad, organización económica y comercialización, entre otros, con la tendencia hacia el propósito básico de la eficiencia y la eficacia.

Asimismo, como se mencionó, serán necesarias la revisión y adecuación del régimen fiscal federativo, la concertación de acuerdos entre los estados de la federación, y el compromiso del gobierno para instrumentar y dar origen a un programa nacional de desarrollo regional, acorde con la realidad del país.

Los puntos centrales de la comisión de desarrollo regional serán:

• Proponer iniciativas y reformas a la legislación involucrada en el desarrollo regional del país que impulsen este proceso de desarrollo, así como dotar de las herramientas jurídicas a las dependencias y gobiernos que participen.

• Proponer destinar recursos suficientes para la aplicación y consecución de los programas de las dependencias destinados a fortalecer el desarrollo regional.

• Evaluar el efecto social de las acciones y programas de las dependencias federales involucradas en los programas de desarrollo regional.

• Difundir la existencia y alcance de los programas relacionados con desarrollo regional.

• Realizar reuniones nacionales, estatales y regionales, con el objeto de elaborar propuestas que contribuyan al desarrollo regional.

Es el momento de considerar el desarrollo regional como un elemento básico para la modernización del país, en función de una estrategia con tres vertientes: descentralización de decisiones; desconcentración de la actividad económica; promoción del desarrollo urbano estatal y municipal.

Las políticas y los programas de desarrollo regional se han caracterizado por falta de inversiones; esquemas centralizados y verticales de toma de decisiones; exceso e ineficacia normativa; falta de consensos sociales, políticos y de participación ciudadana; tecnología inapropiada; desarticulación del sector productivo; cadenas productivas ineficientes.

Las acciones que proponemos realice la comisión de desa-rrollo regional son las siguientes:

• Revisar a fondo la planeación urbana y regional.

• Asumir e interrelacionar lo urbano, territorial y ambiental.

• Hacer de la planeación regional y urbana acuerdos socio-político para la toma de decisiones correctas.

• Integrar y revisar la legislación: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Vivienda, Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables, Ley de Planeación, Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Ley General de Asentamientos Humanos

Nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993. Texto vigente.

Última reforma publicada DOF 5-8-1994.

Ley de Planeación

Nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983. Texto vigente.

Última reforma publicada DOF 13-6-2003.

Ley de Vivienda

Nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006. Texto vigente.

Sin reformas.

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007. Texto vigente.

Sin reformas.

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001. Texto vigente.

Últimas reformas publicadas DOF 18-6-2010.

Ley General de Desarrollo Social

Nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004.

Sin reformas.

• Analizar la minuta de Ley de Planeación Nacional y Regional.

- Con fecha 15 de diciembre de 2005, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó, mediante 84 votos a favor y 15 abstenciones, el dictamen que contiene el proyecto de Ley General de Planeación del Desarrollo Nacional y Regional y se reforma la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (ahora Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria), en materia de desarrollo regional, turnándose la minuta a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

- Con fecha 1 de febrero de 2006, la Cámara de Diputados turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, las cuales a la fecha no han emitido un dictamen, contraviniéndose lo previsto en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

- El 9 de septiembre de 2008, los senadores Alfonso Sánchez Anaya y Francisco Javier Castellón Fonseca presentaron excitativa en relación con el proyecto de decreto en el que se expiden la Ley General de Planeación del Desarrollo Nacional y Regional, así como reformas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de desarrollo regional, el cual se remitió a la Cámara de Diputados.

• Analizar e incentivar iniciativas de los congresos estatales para crear una nueva institucionalidad en planeación y gestión del desarrollo con enfoque regional o microrregional.

• Integrar los sistemas de planeación en las ciudades, mediante un plan integral de desarrollo.

• Hacer obligatoria la coordinación metropolitana y de conurbación.

• Implantar la coordinación regional y metropolitana para recuperar el crecimiento económico y lograr el bie-nestar social sustentable.

• Realizar diagnósticos regionales comparados para elaborar una estrategia de desarrollo con visión nacional que sea viable, equilibrada e integral de mediano y largo plazos.

• Analizar la estructura y el funcionamiento económico de las regiones en el marco nacional (cadenas productivas, redes, flujos, interacciones y conectividad) para diseñar estrategias integrales.

• Aprovechar el potencial de desarrollo de cada región en los aspectos demográfico, social, económico, político, cultural, natural y de localización, entre otros.

• Asumir desde los gobiernos estatales y municipales el concepto de región y de planeación.

• Dar soporte a las empresas sociales para integrarlas en cadenas y redes productivas regionales.

• Diseñar e instaurar políticas de ordenamiento territorial y reglas de operación claras y sujetas a evaluación.

• Llegar a acuerdos de complementariedad equitativa entre gobernantes, ciudadanos y empresarios.

• Promover proyectos económicos con enfoque ambiental.

• Potenciar las relaciones intergubernamentales con una definición clara de las atribuciones y funciones económicas de los tres órdenes de gobierno.

• Lograr acuerdos entre los actores económicos, sociales y políticos sobre una agenda común mínima o una imagen-objetivo de la región.

• Replantear el fortalecimiento del federalismo.

• Impulsar que cada región explote sus ventajas comparativas.

Estos objetivos se sumarán a los esfuerzos que se realizan en todos los niveles de gobierno, en las legislaturas de los estados y en la sociedad organizada.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 estableció que el desarrollo de México no puede lograrse sin el progreso de cada una de sus regiones.

Sin embargo, reconoce que las desigualdades regionales no han permitido a todas las zonas beneficiarse de los avances en el crecimiento de los mercados ni de los cambios de la política económica.

Por ello, indica que se requiere una estrategia regional que permita afrontar los retos de empleo y bienestar de la población, mediante la promoción de la competitividad en cada región, atendiendo a la vocación de cada una de ellas para explotar su potencial, y una estrategia de equidad para atenuar o eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar social. Para el cumplimiento de estas metas, es necesaria la participación del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios.

En dicho Plan Nacional de Desarrollo, en el apartado de desarrollo regional integral, se plantea, en el objetivo 13, “superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional”.

Se establecieron siete estrategias:

• Estrategia 13.1. Fomentar mecanismos de coordinación intergubernamental entre los diferentes órdenes de gobierno, y entre los mismos sectores dentro de los gobiernos estatales y en la administración federal, otorgando mayores responsabilidades y competencias a los estados y municipios, así como permitiendo desarrollar acciones integrales.

• Estrategia 13.2. Asistir a los estados y municipios en el fortalecimiento de capacidades institucionales y en la capacitación y formación de sus equipos humanos de servidores públicos, lo que permita una mejor acción en todos los niveles de gobierno.

• Estrategia 13.3. Fomentar la competitividad de todas las regiones, con énfasis particular en las regiones más desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas y en sectores con alto impacto regional como el agropecuario y el turismo.

• Estrategia 13.4. Asegurar que haya la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.

• Estrategia 13.5. Promover la profundización financiera y el desarrollo de nuevos vehículos e instituciones que lleven a un acceso adecuado al crédito en todas las regiones del país, aprovechando para ello la banca de desarrollo.

• Estrategia 13.6. Considerar la dimensión espacial y las características particulares de cada región en el diseño de programas y políticas públicos.

• Estrategia 13.7. Promover el abaratamiento del costo de envío de remesas y desarrollar esquemas innovadores para que los recursos sean utilizados para la inversión productiva en las regiones receptoras. La importancia de los flujos de remesas radica no sólo en su magnitud sino también porque frecuentemente llegan a las regiones de menor desarrollo económico. Estos flujos de recursos, además de contribuir a atender las necesidades inmediatas de los beneficiarios, son una fuente potencial de financiamiento de la inversión en esas regiones, que permita ampliar las oportunidades de empleo y desarrollo para las nuevas generaciones en sus lugares de origen.

Por parte del Senado de la República, el 17 de octubre de 2006 se instaló la Comisión de Desarrollo Regional, bajo la presidencia del senador Alfonso Sánchez Anaya, quien señaló que los grandes desafíos del desarrollo regional son un marco jurídico adecuado, la disponibilidad de recursos económicos y la participación de todos los niveles de gobierno.

También mencionó que en las condiciones en que se encuentra el país, el desarrollo regional es indudablemente una palanca importante para el progreso de México.

Además, destacó que siempre ha habido buena voluntad, disposición y trabajo para impulsar el desarrollo regional, pero no han resultado óptimas debido a la falta de un marco jurídico adecuado, lo que forma un gran reto para la comisión.

Los propósitos de la comisión son

• Revisar las propuestas en torno al desarrollo regional y perspectivas tanto de organismos internacionales como de otros países.

• Analizar las políticas de desarrollo regional y propuestas de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de las instituciones públicas y de las privadas.

• Contribuir a la construcción los acuerdos que requiere el desarrollo económico y social de los mexicanos, otorgando la mayor prioridad a las zonas en que la calidad de vida registra mayores carencias, e impulsar de esa manera el desarrollo equilibrado entre las diversas regiones del país.

• Establecer estrecha coordinación con los distintos órdenes de gobierno, y los sectores involucrados, que hagan posible construir nuevas y mejores perspectivas para México.

Respecto a la Conferencia Nacional de Gobernadores que, como se mencionó, creó la Comisión de Desarrollo Regional el 7 de junio de 2004, aprobó la agenda temática de esta comisión el 16 de marzo de 2005, en la vigésima tercera reunión ordinaria, en Zacatecas, incluyendo los siguientes temas:

1. Diagnóstico de las mesorregiones del país.

2. Actualización del marco legal normativo para el desa-rrollo.

3. Difusión y profundización de una cultura de desarrollo regional.

4. Diseño de un esquema presupuestario con visión regional.

5. Impulso de instancias de planeación y coordinación metropolitanas.

6. Fortalecimiento de la presencia mesorregional que garantice un proceso que vaya del nivel regional al nacional.

7. Análisis de la viabilidad de crear una comisión intergubernamental para el desarrollo regional.

8. Organización de reuniones de seguimiento en cada una de las regiones del país.

9. Consolidación de cada región del Consejo Nacional de Infraestructura.

10. Impulso de los acuerdos de la Convención Nacional Hacendaria.

Las entidades federativas que cuentan con áreas dedicadas a la planeación y desarrollo urbano y regional son: Aguascalientes, Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional; Baja California, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Baja California Sur, Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura; Campeche, Secretaría de Desarrollo Social y Regional; Chiapas, Secretaría de Desarrollo y Participación Social; Chihuahua, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; Coahuila, Secretaría de Desarrollo Social; Colima, Secretaría de Desarrollo Urbano; Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; estado de México, Secretaría de Desarrollo Urbano; Guanajuato, Secretaría de Desarrollo Social y Humano; Guerrero, Secretaría de Desarrollo Social; Hidalgo, Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional; Jalisco, Secretaría de Desarrollo Urbano; Michoacán, Secretaría de Desarrollo Rural; Morelos, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Nayarit, Secretaría de Desarrollo Social; Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social; Oaxaca, Secretaría de Desarrollo Rural; Puebla, Secretaría de Desa-rrollo Social; Querétaro, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Quintana Roo, Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional; y San Luis Potosí, Secretaría de De-sarrollo Social y Regional.

Los congresos estatales que se han interesado por el desa-rrollo regional son los de: Durango, Desarrollo Regional y Metropolitano; Hidalgo, Desarrollo Regional; Jalisco, De-sarrollo Regional; Morelos, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional; y Veracruz, Desarrollo Regional.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción X al numeral 2, y se recorre la numeración del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Desarrollo Regional

Artículo Único. Se adiciona la fracción X al numeral 2, y se recorre la numeración del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I. a IX. ...

X. Desarrollo Regional;

XI. Desarrollo Rural;

XII. Desarrollo Social;

XIII. Economía;

XIV. Educación Pública y Servicios Educativos;

XV. Energía;

XVI. Equidad y Género;

XVII. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XVIII. Fortalecimiento al Federalismo;

XIX. Función Pública;

XX. Gobernación;

XXI. Hacienda y Crédito Público;

XXII. Justicia;

XXIII. Juventud y Deporte;

XXIV. Marina;

XXV. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXVI. Participación Ciudadana;

XXVII. Pesca;

XXVIII. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXX. Puntos Constitucionales;

XXXI. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXII. Recursos Hidráulicos;

XXXIII. Reforma Agraria;

XXXIV. Relaciones Exteriores;

XXXV. Salud;

XXXVI. Seguridad Pública;

XXXVII. Seguridad Social;

XXXVIII. Trabajo y Previsión Social;

XXXIX. Transportes;

XL. Turismo; y

XLI. Vivienda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputado David Hernández Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado, por la puntualidad de su tiempo.

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pedro Vázquez González:Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, la protección jurídico-formal a los menores de edad e incapaces se encuentra establecida con abundancia en nuestro país, pero desde nuestro punto de vista se encuentra dispersa y su aplicación resulta difícil, así como su debido cumplimiento. Este aspecto es la principal motivación de la presente iniciativa.

El primer antecedente constitucional a favor de los menores e incapaces es el que quedó establecido por reforma de fecha 20 de marzo de 1974, originalmente en el artículo 107, a fin de incorporar la suplencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten los derechos de los menores e incapaces.

El Código Civil en vigor en su artículo 23, en cuanto a lo que nos interesa, a la letra señala: la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia.

De igual manera, el Código Civil del estado de Jalisco en su artículo 22 señala: la minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la capacidad de ejercicio. Sin embargo, los incapaces pueden ejercer sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.

En el Código Civil del Distrito Federal en el artículo 31, se establecen las normas respecto de los menores de edad para determinar el domicilio de los menores.

En el artículo 98 se señalan los requisitos para que celebren el contrato de matrimonio la administración de los bienes, la separación de los mismos, los alimentos y la adopción, son reglas que se determinan a favor de los menores e incapaces.

De la misma forma, la Ley Federal del Trabajo prevé un régimen especial a favor de los menores al establecer garantías para hacer efectivos los principios constitucionales como la prohibición al trabajo a los menores de 18 años y se establecen además los trabajos permitidos a los menores de 16 años, entre otros beneficios más.

Otras leyes federales que señalan disposiciones a favor de los menores, además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son la Ley General de Educación, la Ley General de Población, la Ley Federal del Trabajo, además de tratados, convenciones internacionales, reglamentos, circulares, etcétera.

En este tenor la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversos criterios respecto de los menores e incapaces, al señalar que en cualquier clase de juicio de amparo y particularmente en materia penal, puede afectarse directa o indirectamente su esfera jurídica.

Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tienen el deber ineludible de suplir la queda deficiente en toda su amplitud, entre otros criterios.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, atendiendo el interés superior del menor e incapaz, presentamos esta iniciativa con el fin de proporcionar protección y certeza jurídica a los menores e incapaces en el juicio constitucional.

Pretendemos ampliar la legitimación para que cualquier persona pueda promover el juicio de garantías a favor de los menores, se elimine el desistimiento y la caducidad por inactividad procesal. Se establezca expresamente que los jueces recaben las pruebas de oficio, así como suplir las actuaciones defectuosas de los menores e incapaces durante todo el trámite del juicio constitucional, tanto de los recursos como de los incidentes, y se exceptúe de presentar copias de la demanda como requisito indispensable para que se admita a trámite la demanda de garantía. Que la suspensión proceda de oficio contra actos que pongan en peligro la vida, la salud, la libertad, la educación, las propiedades y posesiones de los menores e incapaces.

Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas es que sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 6o., un segundo párrafo al artículo 14, un párrafo quinto a la fracción V del artículo 74, un párrafo tercero al artículo 78, un párrafo segundo al artículo 120, una fracción III al artículo 123. Se reforma el artículo 76 Bis, párrafo primero, todos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito a usted, señor presidente, se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados, así como desde luego a la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 6, y adiciona el artículo 14, la fracción quinta del artículo 74, el artículo 78, el artículo 120, una fracción tercera al artículo 123, y reforma el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, en la sesión del jueves 4 de noviembre de 2010

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presenteiniciativa con proyecto de decreto por el que Se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 14, un párrafo quinto a la fracción quinta del artículo 74, un párrafo tercero al artículo 78, un párrafo segundo al artículo 120, una fracción tercera al artículo 123, se reforma el artículo 76 Bis, párrafo primero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El primer antecedente constitucional a favor de los menores e incapaces es el que quedó establecido por reforma de fecha 20 de marzo de 1974, originalmente en el artículo 107 a fin de incorporar la suplencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten los derechos de los menores e incapaces.

El Código Civil Federal en vigor, en su artículo 23 en cuanto a lo que nos interesa señala: “La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia”.

De igual manera, el Código Civil del Estado de Jalisco, en su artículo 22 señala: “La menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio”.

“Sin embargo, los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes”

El Código Civil del estado de Querétaro señala: “Artículo 23.La minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.

La autoridad buscará y protegerá en todo momento el interés superior de los menores.

Para los efectos del presente Código, se entenderá como interés superior la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de los menores, respecto de los de cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos:

I.El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal;

II.El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia;

III.El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos.

IV.El fomento de la responsabilidad personal y social, así como la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional; y

V.Los demás derechos que a favor de las niñas, niños y adolescentes reconozcan otras leyes y tratados aplicables.”

La protección jurídico-formal a los menores de edad e incapaces, se encuentra establecida con abundancia en nuestro país, pero, desde nuestro punto de vista se encuentra dispersa y su aplicación resulta difícil, así como su debido cumplimiento.

En este tenor, existen múltiples disposiciones en esta materia, además de tratados y convenciones internacionales, reglamentos, circulares, etcétera.

Algunas de las leyes federales señaladas son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de Población, la Ley Federal del Trabajo, entre otras.

Las normas protectoras antes señaladas, son de orden público y como consecuencia de estricto cumplimiento, el tema de los menores e incapaces no lo vemos reflejado en los juicios de amparo que se tramitan en los diferentes tribunales federales del país, por lo que nos preguntamos, ¿a qué se debe esta problemática?

En nuestra perspectiva, es al incumplimiento de las leyes, al desconocimiento de la norma, al desinterés de los representantes legales de los menores e incapaces, y desde nuestro punto de vista a la falta de normas más claras y precisas en la Ley de Amparo.

En el Código Civil del Distrito Federal, artículo 31 se establecen las normas respecto a los menores de edad para determinar el domicilio de los menores, en el artículo 98 se señalan los requisitos para que celebren el contrato de matrimonio, la administración de los bienes, la separación de los mismos, los alimentos y la adopción son reglas que se determinan a favor de los menores e incapaces.

De la misma forma la Ley Federal del Trabajo, prevé un régimen especial a favor de los menores, al establecer garantías para hacer efectivos los principios constitucionales, como la prohibición al trabajo a los menores de catorce años, se establecen además los trabajos permitidos a los menores de dieciséis años, entre otros beneficios más.

En este tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversos criterios respecto a los menores e incapaces, al señalar que en cualquier clase de juicio de amparo, y particularmente en materia penal, pueda afectarse directa o indirectamente su esfera jurídica, los órganos jurisdiccionales del poder judicial de la federación tienen el deber ineludible de suplir la queja deficiente en toda su amplitud, entre otros criterios.

Compañeras y compañeros legisladores: el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, atendiendo el interés superior del menor e incapaz, presenta esta iniciativa con el fin de proporcionar protección y certeza jurídica a los menores e incapaces en el Juicio Constitucional, pretendemos ampliar la legitimación, para que cualquier persona pueda promover el juicio de garantías a favor de los menores; se elimine el desistimiento y la caducidad por inactividad procesal, se establezca expresamente que los jueces recaben las pruebas de oficio, así como de suplir las actuaciones defectuosas de los menores e incapaces durante todo el trámite del juicio constitucional tanto de los recursos como los incidentes y se les exceptúe de presentar copias de la demanda como requisito indispensable para que se admita a trámite la demanda de garantías.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único: Se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 14, un párrafo quinto a la fracción quinta del artículo 74, un párrafo tercero al artículo 78, un párrafo segundo al artículo 120, una fracción tercera al artículo 123, y se reforma el artículo 76 Bis, párrafo primero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6. Cualquier persona con capacidad legal podrá solicitar el amparo en favor del menor de edad y el incapaz si su legítimo representante por acción u omisión no lo hace, si nadie interviene a favor del menor o incapaz, el juez, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio.

...

Si durante el transcurso del juicio de amparo el menor de edad cumpliere su mayoría de edad, el juez lo prevendrá por un término de tres días para que manifieste si continúa el trámite por sí mismo o ratifica la designación de su representante.

Artículo 14. ...

El representante legítimo o cualquier persona que solicite el amparo a favor del menor o incapaz, no podrá desistirse de la tramitación del juicio de amparo.

Artículo 74.

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

...

...

...

En los juicios en los que intervenga el menor de edad o el incapaz, no procederá el sobreseimiento por inac-tividad procesal o la caducidad de la instancia.

Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos e incidentes que esta ley establece conforme a lo siguiente:

Artículo 78.

...

...

En los juicios en los que los que intervenga cualquier persona con capacidad legal, su representante legítimo o el que le designe el juez, se tomarán en cuenta las pruebas que aporten éstos y las que de oficio recabe el juez de amparo.

Artículo 120. ...

Quedarán exceptuados del párrafo anterior las solicitudes de amparo en los que intervengan los menores de edad e incapaces.

Artículo 123. ...

I. ...

II. ...

III. Cuando se trate de actos, que pongan en peligro, la vida, la libertad, la salud, la educación, las propiedades posesiones y derechos de los menores e incapaces.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado. Su iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 62 de la Ley General de Vida Silvestre.

Antes de que inicie su intervención el señor diputado, me complace saludar a nombre de esta Cámara a nuestros invitados de la escuela Casa del Niño, de Uruapan, Michoacán. Invitados del diputado Uriel López Paredes. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA - LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En tanto llega el diputado Arturo Vázquez Aguilar, le concedemos el uso de la palabra al diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Tiene usted la palabra, don Sabino, hasta por 5 minutos.

El diputado Sabino Bautista Concepción:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México es un país que se caracteriza por su gran diversidad social y cultural a lo largo de todo su territorio, particularmente, por la gran variedad de lenguas indígenas que aún existen y se siguen practicando.

La reforma constitucional en materia indígena de 2001 tuvo como objetivo lograr el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, ésta no respondió a los planteamientos plasmados en los acuerdos de San Andrés.

En materia de defensoría pública la reforma constitucional estableció la obligación de realizar modificaciones a diversos ordenamientos en materia penal, señalando que los indígenas tuvieran la asistencia de un intérprete o traductor en cualquier procedimiento judicial.

Sin embargo, esto no se ha logrado que se lleve a la práctica, por lo que la violación de los derechos procesales de los indígenas sigue siendo una constante en nuestro sistema judicial. La realidad del sistema de justicia penal en materia indígena nos demuestra otras circunstancias.

En teoría, desde hace nueve años todos los indígenas que enfrentan un juicio por haber cometido presuntamente un delito federal y que no cuenten con dinero para pagar a un abogado particular tienen el derecho de ser atendidos por un defensor público que hable su lengua y que conozca la cultura del grupo al que pertenecen. Pero en la práctica, en un país habitado por alrededor de más de 12 millones de indígenas, la realidad es otra.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado en reiteradas ocasiones que el Instituto Federal de Defensoría Pública, sólo cuenta con alrededor de 14 abogados con estas características, los cuales hablan el tzotzil, tzeltal, zapoteco, zapoteco del istmo, el rarámuri, el náhuatl, el maya, huichol, yaqui, chontal, chinanteco, purépecha, zapoteco del valle y zoque.

Mientras tanto, día con día en las cárceles de todo el país encontramos a presos indígenas enfrentando procesos judiciales, que lejos de ser justos y equitativos prevalece el abuso de autoridad y altos grados de discriminación. En donde las autoridades encargadas de la impartición de justicia ignoran las costumbres jurídicas indígenas, impidiendo con ello garantizar el respeto de sus derechos.

En tanto, el problema que enfrentan los defensores públicos es que al no conocer la lengua indígena deben apoyarse en traductores, lo que propicia que los procesos se alarguen, corriéndose el riesgo de que se cometan errores en las traducciones.

Eso sin contar con que si no conocen la cultura de sus defendidos, no pueden recurrir a sus usos y costumbres para librarlos de la prisión o garantizar una pena menor.

Es justa la demanda que hacen nuestros hermanos indígenas, exigiendo una defensa pública adecuada, defensores de oficio y traductores que los asesoren en su propia lengua indígena, que les permitan conocer y comprender los procesos que enfrentan, permitiendo con ello mejores oportunidades para defenderse.

Es trascendental y urgente que el derecho a un traductor y a la defensa a favor de los indígenas se haga valer desde que inicia la averiguación previa.

Por tal razón, por ello acudo a esta tribuna a presentar una iniciativa que tiene como objetivo consolidar y garantizar la responsabilidad de contar con un defensor público certificado en los procesos judiciales para los indígenas, con la finalidad de disminuir los altos índices de discriminación y abuso que sufren los mismos durante el proceso judicial.

Por tal motivo, solicito a los integrantes de las comisiones dictaminadoras de este proyecto su voto aprobatorio al mismo y en breve, en este pleno, estemos dando avances significativos al sistema de justicia penal en materia indígena.

No olvidemos que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado acuerdos en esta materia como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por lo que tienen la obligación de respetar y cumplir los principios ahí plasmados.

Es cuanto, señor presidente. Solicito sea insertado el texto íntegro de mi propuesta en el Diario de los Debates. Gracias, por su atención.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federal de Defensoría Pública, y General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país que se caracteriza por su gran diversidad social y cultural a lo largo de todo su territorio, particularmente por la gran variedad de lenguas indígenas que aún existen y se siguen practicando. La reforma constitucional en materia indígena de 2001 tuvo como objetivo lograr el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, ésta no respondió a los planeamientos plasmados en los acuerdos de San Andrés, en virtud de que delegó a los Congresos locales la facultad de dicho reconocimiento, que en la realidad sólo pocos que han legislado en la materia, trayendo como resultado que en lo jurídico nuestros pueblos sigan inexistentes, es decir, sólo se tenga un reconocimiento parcial de sus derechos.

En materia de defensoría pública, la reforma constitucional, estableció la obligación de realizar modificaciones a diversos ordenamientos como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Defensoría Pública, el Código Penal de Procedimientos Penales, y el Código Penal Federal, señalando que los indígenas tuvieran la asistencia de un intérprete o traductor en cualquier procedimiento judicial. Sin embargo, esto no se ha logrado que se lleve a la práctica, por lo que la violación de los derechos procesales de los indígenas sigue siendo una constante en nuestro sistema judicial.

Como se ha señalado, la reforma constitucional en materia indígena, plasmo que el probable autor de un delito tiene derecho de contar con una defensa adecuada, artículo 20, Apartado A, fracción IX, de la Constitución que a la letra dice:

“Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrá las siguientes garantías:

”Apartado A

”Del Delincuente

”Fracción IX. Desde el inicio de su proceso será infirmado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por si, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designara un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces lo requiera.”

Con respecto a los pueblos y comunidades indígenas, este derecho está plasmado en el artículo 2o., Apartado A, fracción VIII, que a la letra dice:

“Artículo 2°. ...

”Apartado A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

”VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado; para garantizar ese derecho, en todo los juicios y procedimientos en que sea parte, individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los Indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.”

Pero la realidad nos demuestra otras circunstancias, ya que en teoría, desde hace nueve años todos los indígenas que enfrentan un juicio por haber cometido, presuntamente, un delito federal, y que no tienen dinero para pagar a un abogado particular, tienen el derecho de ser atendidos por un defensor público que hable su lengua y que conozca la cultura del grupo al que pertenece, pero en la práctica, en un país habitado por alrededor de más de 12 millones de indígenas, la realidad es otra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado en reiteradas ocasiones que el Instituto Federal de Defensoría Pública sólo cuenta con alrededor de 14 abogados con estas características, los cuales hablan: Tzotzil, tzeltal, zapoteco del istmo, rarámuri, náhuatl, maya, huichol, yaqui, chontal, chinanteco, purépecha, zapoteco del valle y zoque.

Mientras tanto, día con día, en las cárceles de todo el país, encontramos a presos indígenas enfrentando procesos judiciales que lejos de ser justos y equitativos prevalece el abuso de autoridad y altos grados de discriminación. En donde las autoridades encargadas de la impartición de justicia, ignoran las costumbres jurídicas indígenas impidiendo con ello garantizar el respeto de sus derechos.

En tanto, el problema que enfrentan los defensores que no hablan español y no conocen la lengua es que deben apoyarse en traductores, lo que propicia que los procesos se alarguen corriéndose el riesgo de que se cometan errores en las traducciones. Eso sin contar que si no conocen la cultura de sus defendidos no pueden recurrir a sus usos y costumbres para librarlos de la prisión o garantizar una pena menor.

Por tal razón es justa la denuncia que hacen nuestros hermanos indígenas, exigiendo una defensa pública adecuada, defensores de oficio y traductores que los asesoren en su propia lengua indígena, que les permita conocer y comprender los procesos que enfrentan, permitiendo con ello mejores oportunidades para defenderse.

Ante tal circunstancia, es trascendental y urgente que el derecho a un traductor y a la defensa a favor de los indígenas se haga valer desde que inicia la averiguación previa, por tal razón, es necesario dotarlo de esta herramienta al indígena tanto en su calidad de probable responsable como víctima del delito. Por ello, resulta importante consolidar y garantizar la responsabilidad de contar con un defensor público certificado en los procesos judiciales para los indígenas, con la finalidad de disminuir los altos índices de discriminación y abuso que sufren los mismos durante el proceso judicial.

No olvidemos que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado acuerdos en esta materia como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por lo que tiene la obligación de respetar y cumplir los principios ahí plasmados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de lo siguiente

Primero. Se reforman la fracción I del artículo 4o., la fracción II del artículo 11, la fracción II del artículo 12 y la fracción V del artículo 15, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 10, todos de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal, en los asuntos en los que sea parte un indígena, desde la averiguación previa hasta la ejecución de las penas, y

Artículo 10. ...

Sólo en el caso en que el indiciado o inculpado sea indígena, el Instituto Federal de Defensoría Pública tendrá la obligación de asignarle un intérprete o defensor público hablante de su lengua, desde la averiguación previa hasta la ejecución de la pena.

Artículo 11. ...

I. ...

II.Solicitar al agente del Ministerio Público de la Federación correspondiente la libertad caucional, si procediera o el no ejercicio de la acción penal en favor de su defendido, cuando no existan elementos suficientes para su consignación, y en caso de que el defendido sea un indígena que no hable español, solicitará la asignación de un intérprete ó defensor público hablante de su lengua desde la averiguación previa hasta la ejecución de la pena;

Artículo 12. ...

I...

II. Solicitar al juez de la causa la libertad caucional, si procediera, y cuando el inculpado sea indígena, la asignación de un intérprete ó defensor público hablante de su lengua;

Artículo 15....

I. a IV. ...

V. Los indígenas a través de un traductor o intérprete hablante de su lengua, y

Segundo: Se reforman la fracción XI, del artículo 13, el inciso b) del artículo 14 y se adiciona un inciso m) al artículo 14, todos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas para quedar como sigue:

Artículo 13.

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español; asimismo, instrumente los mecanismos para la formación de dichos interpretes y traductores enfocados a garantizar la procuración y administración de justicia para los indígenas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 14.

a)...

b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas nacionales, así como para garantizar la procuración y administración de justicia para los indígenas.

m) Formar y acreditar intérpretes y traductores que auxilien a las autoridades responsables de la Procuración y Administración de justicia en coordinación con el Instituto Federal de Defensoría pública.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 7 de octubre de 2010.— Diputado Sabino Bautista Concepción (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así será, señor diputado. Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Asuntos Indígenas.

ARTICULOS 41 Y 116 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Samuel Herrera Chávez:Con su permiso, diputado presidente. Saludo a los ex braceros zacatecanos que hoy están aquí, en este Congreso, pidiendo a la Comisión de Presupuesto dictamine 5 mil 300 millones para terminar con esta injusticia y vergüenza nacional.

El suscrito Samuel Herrera Chávez, diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

La Revolución Mexicana propuso desde sus inicios el respeto al sufragio como uno de los postulados esenciales, a fin de establecer el voto directo y superar las prácticas electorales irregulares como en 2006 y las que caracterizaron aquella época.

La concesión democrática, el movimiento social iniciado en 1910, trascendió el ámbito de lo político para proyectarse a todas las relaciones sociales tal como quedó plasmado en la Constitución federal de 1917.

En el tránsito hacia la democracia, el Estado mexicano no ha podido garantizar las prerrogativas fundamentales de la participación ciudadana y los organismos constitucionales electorales, ha demeritado su credibilidad ante la ciudadanía.

Durante largos periodos las estructuras encargadas de la organización de los comicios encaminados a la renovación de los poderes estatales permanecen inactivas, convirtiéndose en burocracias administrativas para la economía del país.

No obstante lo anterior el Instituto Federal Electoral se ha considerado como una de las instituciones con mayor aceptación en materia de organización de elecciones.

En la pasada reforma electoral se modificaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las constituciones locales de las entidades federativas y las leyes electorales, tal como constituir al Instituto Federal como autoridad única para administrar el tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión. Que los partidos políticos tengan derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Que las autoridades electorales, amnistías y jurisdiccionales, sólo pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establece la Constitución y las leyes aplicables.

Nuevas normas en materia de fiscalización de los recursos ejercidos por los partidos políticos, la regulación de las precampañas electorales, las restricciones a la propaganda gubernamental durante campañas electorales, así como la discusión de un nuevo régimen sancionador electoral.

Sin duda al constituir y al crear el Instituto Nacional de Elecciones como el organizador de los procesos electorales en los ámbitos federal, estatal y municipal, para alcanzar a través de éste el propósito fundamental de nuestra Constitución: elecciones libres y democráticas, consecuentemente se debe otorgar al sufragio la categoría de bien jurídico tutelado, por medio del cual el proceso electoral debe plantearse como el objetivo principal que proteja y garantice el respeto al voto.

Ésta es la imparcialidad, la legalidad, la certeza, la independencia y la objetividad, como principios rectores  de la función electoral en todo el país, con una sola autoridad que esté sujeta a diversos instrumentos de control legal y al escrutinio transparente de toda la ciudadanía.

Al crear el Instituto Nacional de Elecciones como una respuesta a las exigencias ciudadanas, de contar con una institución electoral imparcial, debe brindar plena certeza de transparencia y legalidad a los partidos en contienda y a los ciudadanos en general, permitiendo la democratización del país y erradicando la desconfianza y sospecha que rodea a los procesos electorales, sobre todo a nivel local y en el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en los siguientes términos:

Artículo único. Se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la creación de una nueva forma jurídica, que será el Instituto Nacional de Elecciones en el país, lo cual dará certeza y confianza a las elecciones próximas de 2011 y 2012.

Con el objeto de obviar la lectura de las reformas propuestas, mismas que han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Presidencia se inserte completo el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

Invito a los diputados de las distintas fracciones, se puedan adherir a la presente iniciativa. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Samuel Herrera Chávez, diputado de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Revolución Mexicana propuso desde sus inicios el respeto al sufragio como uno de los postulados esenciales, a fin de establecer el voto directo y superar las prácticas electorales irregulares que características de aquella época.

La concepción democrática del movimiento social iniciada en 1910 trascendió al ámbito de lo político para proyectarse a toda las relaciones sociales, tal como quedó plasmado en la Constitución federal de 1917.

En el transito hacia la democracia, el Estado mexicano no ha podido garantizar las prerrogativas fundamentales de la participación ciudadana, y los organismos constitucionales electorales han demeritado su credibilidad ante la ciudadanía.

Durante largos periodos las estructuras encargadas de la organización de los comicios encaminados a la renovación de los poderes estatales, permanecen inactivas, convirtiéndose en burocracia administrativa para la economía del país.

No obstante lo anterior el Instituto Federal Electoral se ha consolidado como la institución con mayor aceptación en materia de organización de elecciones con funciones primordiales en los procesos electorales locales, como lo son: la administración y control del Registro Federal de Electores, la expedición y control de las credenciales para votar con fotografía, y la delimitación de las secciones electorales, entre otras.

En la pasada reforma electoral se modificaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las Constituciones locales de las entidades federativas y las leyes electorales locales; reformas a través de las que se dispuso un nuevo marco normativo electoral, que contempla diversas instituciones jurídicas para la renovación el sistema electoral tales como:

• Constituir al Instituto Federal Electoral como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, en todos los ámbitos, prohibiendo la contratación por persona diversa, de propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales.

• Que los partidos políticos tengan derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

• Que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, solo puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establezcan la Constitución y las leyes aplicables.

• Nuevas normas en materia de fiscalización de los recursos ejercidos por los partidos políticos.

• La regulación de las precampañas electorales.

• Las restricciones a la Propaganda gubernamental durante campañas electorales.

• Así como disposiciones de un nuevo régimen sancionador electoral.

Además se dispuso una facultad trascendental para nuestro sistema electoral que consiste en que el Instituto Federal Electoral tenga la posibilidad de organizar los procesos electorales locales en los términos que establezca la legislación aplicable, condicionando solamente dicha atribución a la celebración de un convenio entre el IFE y las autoridades competentes en las entidades federativas.

La modificaciones señaladas permiten dar paso a la institucionalización de un órgano constitucional autónomo, encargado de la organización de los procesos electorales con motivo de la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo en los ámbitos federal y estatal, así como los integrantes de los ayuntamientos en el país.

La institucionalización de dicho organismo permitirá acotar las formas de intervención de diversos intereses económicos y políticos, que influyen de facto al interior de los organismos electorales locales, consiguiendo así la consumación de los principios constitucionales de elecciones libres y autenticas.

Sin duda se debe hablar entonces de un “Instituto Nacional de Elecciones”, como el organizador de los procesos electorales en los ámbitos federal, estatal y municipal, para alcanzar a través de este, el propósito fundamental de nuestra Constitución; elecciones libres y democráticas.

Consecuentemente, se debe otorgar al sufragio la categoría de bien jurídico tutelado por medio del cual, el proceso electoral debe plantearse como objetivo principal, que proteja y garantice el respeto al voto.

Esto es, la imparcialidad, la legalidad, la certeza, la independencia y la objetividad, como principios rectores de la función electoral, en todo el País, con una sola autoridad que este sujeta a diversos instrumentos de control legal y al escrutinio transparente de toda la ciudadanía.

El “Instituto Nacional de Elecciones” como una respuesta a las exigencias ciudadanas de contar con una institución electoral imparcial, debe brindar plena certeza de transparencia y legalidad a los partidos en contienda y a los ciudadanos en general, permitiendo la democratización del país y erradicando la desconfianza y sospecha que rodea a los procesos electorales sobre todo a nivel local.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único: Se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. ...

II. ...

III. ...

Apartado A. El Instituto Nacional de Elecciones será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional de Elecciones cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

b) a f) ...

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional de Elecciones le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.

...

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional de Eleccionesadministrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

...

Cuando a juicio del Instituto Nacional de Eleccionesel tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C.

...

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Nacional de Elecciones mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.

IV. ...

V. La organización de las elecciones federales y locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional de Elecciones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional de Elecciones será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos nacionales y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

...

...

...

...

...

...

El Instituto Nacional de Elecciones tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados federales, senadores, cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, gobernadores de los estados, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos en todo el país,así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio consejo a propuesta del consejero presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

(se deroga)

(se deroga)

VI. ...

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los Poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. a III. ...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) a c) ...

d) El Instituto Nacional de Elecciones será la autoridad encargada de la organización de los procesos electorales locales;

e) a j)

k) Se disponga al Instituto Nacional de Elecciones como autoridad única en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41 de esta Constitución;

V. a VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputado Samuel Herrera Chávez.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado. Como lo ha solicitado, se insertará íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el señor diputado Juan Carlos Natale López, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa que suscribe con él el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Juan Carlos Natale López:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, es un hecho que las niñas y los niños, por su falta natural de madurez física y mental necesitan protección y cuidados especiales.

En este sentido la figura de la adopción se convierte entonces en un medio para proporcionar un desarrollo pleno y armonioso a los menores que se encuentran en situación de abandono o ante la falta de quienes tienen derecho a ejercer la patria potestad o la tutela con menores de edad.

En el ámbito internacional también se le reconoce como una medida de protección para los niños que se encuentran privados de un medio familiar y en la cual los intereses del niño deben ser la consideración fundamental.

De ahí que en diversos instrumentos internacionales como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño, que es vinculante para nuestro país, se señala que los Estados parte que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán que el interés superior del niño sea la consideración primordial.

El principio ha sido recogido en nuestro derecho interno y recientemente el pleno de esta soberanía aprobó el dictamen de reformas a diversos artículos, entre ellos el 4 constitucional, que en su parte conducente dispone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Acorde con la presente iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo 4 constitucional, proponemos establecer que el Estado cuidará que las adopciones de menores que se realicen en todo el país se otorguen a personas adultas libres de matrimonio y, en su caso, a las parejas formadas por mujer y hombre que estando unidos en matrimonio o concubinato estén dispuestos a considerar al adoptado como su hijo, siempre que se acredite que la adopción es benéfica para el menor que trata de adoptarse.

La intención de esta reforma consiste en velar por el interés superior del niño y que prevalezca el interés del adoptado sobre el del adoptante.

Desde ahora enfatizamos que en el Partido Verde Ecologista de México somos respetuosos de las preferencias sexuales, tal y como lo mandata el artículo 1 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, por lo que se refiere al bienestar de la niñez, estamos convencidos de la necesidad de contar con evidencia científica suficiente que presente conclusiones sólidas respecto de la mejor opción para los niños que carecen de un medio familiar.

Aun cuando diversos países han reconocido a parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio, no en todos se otorga el derecho de adoptar. En este sentido y en el marco de la litis de la acción de la inconstitucionalidad relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo y de la adopción, por éstas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que en México no se cuenta con estudios objetivos que evalúen las consecuencias que producen los matrimonios del mismo sexo con menores adoptados.

Por ello, con la presente iniciativa se busca garantizar el pleno respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la irrestricta protección y cuidado de la condición física, mental, emocional y social de la persona mediante reformas al texto constitucional que garanticen eliminar cualquier peligro potencial en la transgresión de sus derechos esenciales, como lo son el derecho a la vida y a la salud.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el Partido Verde somos respetuosos de las preferencias sexuales y, por ello, reconocemos las uniones de carácter civil entre personas del mismo sexo. En todo caso, con esta reforma los invitamos a iniciar un proceso de discusión con el fin de que juntos trabajemos para que nuestros niños mexicanos alcancen un pleno desarrollo y sobre todo, para que se respeten sus derechos fundamentales a una vida digna y a la salud. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan José Guerra Abud y Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan José Guerra Abud y Juan Carlos Natale López, diputados integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

La adopción como una institución del derecho de familia ha evolucionado gradualmente en los fines que persigue. Inicialmente se establecía para dotar de descendencia al que carecía de ella y se daba preferencia al interés del adoptante.

En su evolución se vio en la adopción como “el instrumento adecuado para ayuda y protección de los menores de-samparados y dejó de considerarse a esta institución desde el punto de vista del interés del adoptante, para tomar en cuenta principalmente el del adoptado. La adopción desde entonces, ha sido vista como institución de servicio social, de interés público y de asistencia a la niñez desvalida.”

Incluso ha sido tal la evolución de esta institución que en el ámbito internacional se le reconoce como una medida de protección para los niños que se encuentran privados de un medio familiar, y en la cual los intereses del niño deben ser la consideración fundamental.

Al respecto, la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y al Bienestar de los Niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en Hogares de Guarda en los Planos Nacional e Internacional, señala que en todos los procedimientos de adopción y colocación en hogares de guarda, los intereses del niño deben ser la consideración fundamental y en su artículo 5 establece:

“En todas las cuestiones relativas al cuidado de un niño por personas distintas de sus propios padres, los intereses del niño, en particular su necesidad de recibir afecto y su derecho a la seguridad y al cuidado continuado, deben ser la consideración fundamental.”

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 21, dispone que “los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial.”

Con la evolución de los fines de la adopción, hoy podemos afirmar que es una institución de protección del niño privado de una familia y que se basa en su interés superior, de forma preponderante sobre el deseo del adoptante de tener un hijo.

La adopción se convierte, entonces, en un medio para proporcionar un desarrollo pleno y armonioso a los menores, quienes son sujetos de protección especial por considerar que se encuentra en una posición de desventaja y mayor vulnerabilidad frente a otros sectores de la población.

La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada desde la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en diversos instrumentos internacionales, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

La Declaración de los Derechos del Niño señala que éste “por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.”

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados especiales proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia.

En este marco de protección especial a que tiene derecho el niño, la adopción como institución de derecho civil adquiere gran importancia, al ser un instrumento para asegurar el bienestar de un niño ante la falta o impedimento de quienes tienen derecho a ejercer la patria potestad sobre el menor o derecho a ejercer la tutela legítima.

El Estado, entonces, está interesado en que la adopción cumpla esta función de protección especial. Más aún nuestro país, en términos del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, está obligado a que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen ... los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Interés superior de las Niñas y los Niños

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opinión consultiva sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño, señaló:

“2. Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

3. Que el principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños, los cuales requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. Este trato debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños.”

Al permitirse un trato diferente en función de las condiciones especiales de los niños, este trato debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los mismos. Por lo que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho del interés superior del niño prevalece sobre cualquier otro que pueda afectar sus derechos fundamentales.

En consecuencia, si ni el interés de los padres, se considera prioritario en relación con los derechos de los menores, mucho menos debería considerarse prioritario el derecho de quienes desean adoptar para formar una familia. Por lo que en toda medida que adopte el Estado, debe asegurar, la prevalencia del interés superior del niño. Tal y como lo previene el artículo 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, en el sentido de que el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Implicaciones de la adopción por personas del mismo sexo

En nuestro sistema jurídico mexicano la adopción es una institución del derecho de familia, que actualmente es competencia de las entidades federativas y que se regula en la legislación civil, por lo que el marco jurídico de esta figura no es homogéneo.

El 29 de diciembre de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, Decreto de reformas a diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Por virtud de este decreto se elimina del concepto de matrimonio, la unión entre “un hombre y una mujer” y se establece que, en adelante, será una “unión libre entre dos personas”.

El alcance jurídico de la reforma consiste en que las personas del mismo sexo podrán celebrar la unión civil del matrimonio y se abre la posibilidad de que estas relaciones legales, así como las generadas en el concubinato, puedan adoptar hijos, según se desprende del artículo 391 del Código Civil para el Distrito Federal.

Las implicaciones de esta reforma en la formación de los menores mexicanos, son múltiples y desconocidas. Resultaría irresponsable llevar a cabo reformas en materia de adopción, sin considerar los resultados de investigaciones científicas.

Diversos países han reconocido, a parejas del mismo sexo, el derecho a contraer matrimonio, pero es tan importante esta figura jurídica, que no en todos se otorga el derecho a adoptar. Países como Holanda, Bélgica, Canadá, España, Noruega, Suecia, Argentina y Uruguay reconocen ambos derechos.

En el ámbito internacional, se han realizado estudios científicos sobre las relaciones familiares de matrimonios del mismo sexo y análisis comparativos sobre las características de estas relaciones, tanto en familias heterosexuales como homosexuales.

Entre esos estudios, se encuentran los realizados por Charlotte J. Patterson*, Perry Golombok y la Asociación Americana de Siquiatría, que coinciden en que no existe evidencia de que la orientación sexual de los padres tenga un impacto importante en el desarrollo del niño o del adolescente y que se ha encontrado que los hijos de parejas del mismo sexo se encuentran en buen estado mental.

Patterson reconoce que a pesar de que las investigaciones han arrojado importantes resultados, hay temas pendientes que requieren de estudio. Incluso señala que diversos investigadores han enfatizado el hecho de que hijos de parejas del mismo sexo pueden encontrar sentimientos anti-gay en su vida diaria, los cuales les generan enojo y tristeza, pero que no existe evidencia suficienteque pruebe que esos sentimientos afectan la adaptación del menor.

Por otra parte, ciertos sectores han manifestado que tienen temores respecto a la adopción de menores por parejas del mismo sexo como la generación de problemas en el desa-rrollo de la identidad sexual y en el desarrollo psicológico (problemas mentales y emocionales) de los niños. Sin embargo, de acuerdo con estudios científicos realizados por Patterson en hijos de madres lesbianas, no existe evidencia de que la identidad sexual sea un problema, más aún los hijos de éstas mostraron un desarrollo normal en todas sus relaciones personales.

Por el contrario, Robert Lerner y Althea Nagai, en su estudio “No basis: what the studies don´t tell us about same-sex parenting” sostienen que de la evaluación de 49 estudios realizados sobre la paternidad homosexual, se desprende al menos una grave deficiencia en la metodología, que impide la generalización de sus resultados. Entre esas, deficiencias se mencionan:

- Hipótesis y diseños de investigación poco claros

- Pérdida o comparación inadecuada de grupos

- Unidades de medida inválidas

- Muestras no escogidas al azar

- Muestras muy pequeñas para conducir a resultados significativos

- Falta de análisis estadístico o análisis inadecuado

Concluyen que los métodos utilizados en estos estudios son tan defectuosos que los mismos no prueban nada y recomiendan que no sean utilizados en casos legales para argumentar acerca de la crianza homosexual contra la heterosexual.

Otros estudios concluyen que la adopción de personas del mismo sexo privan “a los niños y niñas de los beneficios de tener padres relativamente mejor ajustados desde el punto de vista psicológico y de los beneficios de tener una figura paterna y materna” o se expone a los niños a sufrir alteraciones mentales.

En consecuencia, para legislar sobre las adopciones de menores, no podemos basarnos en estudios cuya finalidad es demostrar que la orientación sexual de una pareja no influye en el desarrollo del menor, cuando esos estudios presentan deficiencias metodológicas o basarnos sólo en estudios que reportan los daños psicoemocionales que sufren los menores adoptados por parejas del mismo sexo.

Requerimos evidencia científica que presente conclusiones sólidas respecto a la mejor opción para los niños que carecen de un medio familiar, realizados con una metodología eficiente basada en una adecuada selección de muestras comparadas, con un verdadero estudio de todas las variables de interés, con un tamaño muestral suficiente, con un ajuste de variables de confusión a través de métodos estadísticos, con un tiempo de seguimiento adecuado y suficiente que permita observar a corto, mediano y largo plazo la orientación sexual, la integración social, los probables problemas que pudieran presentarse durante la adolescencia.

Lo anterior, con el fin de contribuir a que nuestros niños mexicanos alcancen un pleno desarrollo y sobre todo para que se respeten sus derechos fundamentales a una vida digna y a la salud. Por lo que con la presente iniciativa al proponer reformas en materia de adopción, atendemos al interés del adoptado, más que al del adoptante.

Protección de derechos esenciales de los Niños

El Estado Mexicano, en términos de los artículos 20 y 21 de la Convención sobre Derechos del Niño, está obligado a garantizar el cuidado de los niños privados permanentemente de su medio familiar, lo cual acorde con su tradición jurídica realiza a través de la institución de la adopción.

Siguiendo la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, que es vinculante para el Estado Mexicano, la adopción debe ser concebida, en todo caso, como un recurso de protección para aquellos niños y niñas que no pueden permanecer en su propia familia o que, simplemente, no la tienen, y en la que se deben tomar en cuenta no solo los intereses de los adoptantes, sino el interés superior del niño como presupuesto esencial para determinar quien puede adoptarlo.

Lo que pretendemos con la presente iniciativa es lograr la eficacia de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante reformas al texto constitucional que garanticen eliminar cualquier peligro potencial en la transgresión de sus derechos esenciales, como lo son el derecho a la vida y a la salud, aún cuando la afectación que pudieran sufrir sólo sea probable.

Más aún cuando los estudios que se han utilizado para llevar a cabo reformas que permitan la adopción de menores por parejas homosexuales, son cuestionados desde el punto de vista metodológico.

Sobre todo porque en caso de duda, debe resolverse lo más favorable a los derechos fundamentales de los menores de edad, cuya protección compete al Estado Mexicano, al estar obligado a proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, en términos del artículo 4 constitucional e instrumentos internacionales vinculantes para nuestro país.

Derecho a la vida

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el respeto al derecho a la vida, en relación con los niños, abarca no sólo las prohibiciones, entre ellas, la de la privación arbitraria, establecidas en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, sino que comprende también la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la existencia de los niños se desarrolle en condiciones dignas.

El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo.”

Derecho a la salud

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 24 que los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. En el mismo sentido, el párrafo tercero del artículo 4 de nuestra Carta Magna prevé que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, y entre sus finalidades se encuentran “el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la Tesis: P. LXVIII/2009, que el derecho a la salud no se limita a la salud física del individuo, sino que se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.

En el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, coinciden en que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico y mental.

Nuestro máximo órgano jurisdiccional, ha interpretado en la Tesis: 1a. LXV/2008 que “el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano.”

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha interpretado que “la educación y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna por parte de los niños, que en virtud de su inmadurez y vulnerabilidad se hallan a menudo desprovistos de los medios adecuados para la defensa eficaz de sus derechos.”

Prevalencia derechos del niño a la vida y a la salud sobre el derecho de los adoptantes, incluso sobre el derecho del niño a tener una familia

Para garantizar una vida digna a los niños, la cual comprende un absoluto respeto al derecho a la vida y a la salud, es menester que la niñez de México (como se ha hecho en otros países) no sea objeto de experimentación,por lo que antes de aprobar la adopción de menores de edad por parejas del mismo sexo, resulta indispensable contar con un estudio integral del impacto psico-emocional que estas relaciones podrían tener en los menores sujetos a adopción.

En este mismo sentido se pronunciaron algunos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional por la que se estableció que los 31 estados de la Federación deben reconocer la validez de las bodas celebradas entre personas del mismo sexo, celebradas en el Distrito Federal y sin embargo en el tema de la adopción, no decidieron sobre las validez de las adopciones del mismo sexo por considerar que no existen evidencias claras que permitan señalar las consecuencias y efectos que dichos actos pudieran tener sobre los menores.

Destaca la postura, del ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien afirmó que la sociedad mexicana estigmatiza a los homosexuales y que eso provoca que no esté preparada para aceptar que las parejas del mismo sexo puedan adoptar.

Para el Poder Legislativo, no debe prevalecer el “derecho de adopción” de matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo sobre la consideración primordial del interés superior del niño, ya que la adopción es una institución de derecho civil para asegurar el bienestar de un niño ante la falta o impedimento de quienes tienen derecho a ejercer la patria potestad o a ejercer la tutela legítima.

En el entendido de que el bienestar del niño, incluye el respeto al derecho a la salud, que acorde con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquél se integra por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.

Según estudios internacionales, los niños adoptados por parejas del mismo sexo presentan trastornos psicológicos o de comportamiento. Con independencia de la solidez de esas conclusiones, la sola posibilidad de exponer a un menor a alteraciones psicoemocionales durante su desarrollo, pondría en riesgo su salud mental.

En términos del artículo 63 de la Ley General de Salud, acorde con lo dispuesto en los párrafos cuarto y sexto del artículo cuarto constitucional, somos responsables de la protección de la salud física y mental de los menores.

No incurramos en una omisión que nos haga responsables de la probable afectación del bienestar general de salud a que tienen derecho los menores de edad, más aún cuando según la Organización Mundial de la Salud “cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años.”

En consecuencia, considerando que el Estado Mexicano, incluyendo el Poder Legislativo, está obligado a respetar los derechos a una vida digna y a la salud de cada niño sujeto a su jurisdicción, así como a asegurarle la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, en materia de adopción proponemos reformar la Constitución Federal para establecer que “cuando una niña o un niño se vea privado de forma permanente de su familia, tendrá derecho a recibir la protección del Estado y a ser adoptado por persona libre de matrimonio o por el marido y la mujer que estén conformes en considerar al adoptado como hijo”.

La reforma que se propone tiene por objeto que el Poder Legislativo Federal, cumpla con una obligación internacional que consiste en que “en los sistemas de adopción se cuidará que el interés superior del niño sea la consideración primordial.”

Nuestra obligación consiste en generar los mecanismos que permitan garantizar el mejor desarrollo de los menores, en su formación física y emocional

Idoneidad para cuidar al menor

No nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, ni consideramos que nuestra propuesta de reforma sea discriminatoria, porque ante la colisión de dos sujetos de derecho, como el adoptante y el adoptado, debe prevalecer el menor, toda vez que el Estado Mexicano en su conjunto, está obligado a brindar protección especial a los menores de edad y a garantizar como fin legítimo el pleno respeto a sus derechos humanos, como son los derechos: a una vida digna y a la salud.

Aún cuando en nuestro país no contamos con evidencia científica que avale el probable daño psicoemocional que presentan menores adoptados por personas del mismo sexo, como se sostiene en diversos estudios internacionales, prevalece la obligación del Estado Mexicano de garantizar la eficacia de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Negar el derecho de adopción a este tipo de relaciones civiles, no atenta contra el derecho del menor a tener una familia, en virtud de que también existen listas de espera de parejas heterosexuales idóneas para la adopción, incluyendo las de la adopción internacional, por lo que ante la duda debemos inclinarnos por la mejor opción disponible para la niñez mexicana que carece de un medio familiar.

Por otra parte, no cuestionamos la responsabilidad que pudieran asumir las personas del mismo sexo al adoptar a algún menor, ni la idoneidad que pudieran demostrar para su cuidado, pero tenemos claro que el cuidado del menor no sólo comprende un apoyo económico, sino también la formación espiritual, emocional y social que propicie su desa-rrollo armónico e integral, lo que no podría lograrse si el medio ambiente en el que se desenvuelve no es benéfico para él.

Podríamos incurrir en responsabilidad si no atendemos al interés superior del niño, para establecer quienes podrán adoptarlos en caso de que no tengan familia. Más aún cuando existen estudios con resultados contradictorios que demuestran que las relaciones de parejas de homosexuales no afectan el sano desarrollo de un menor y estudios que a su vez sugieren que “la mejor opción para un niño sin familia sigue siendo una pareja heterosexual , por la frecuencia de problemas psicológicos y trastornos de la conducta que presentan los adoptados por parejas del mismo sexo.

Estamos convencidos que ante la duda, los menores no deben ser objeto de experimentación social, en todo caso estamos obligados a protegerlos e inclinarnos por eliminar cualquier peligro potencial de violación a sus derechos fundamentales, aún cuando el daño que pudieran sufrir sólo sea probable.

Reiteramos, ante la duda debe prevalecer la consideración primordial del menor, en toda medida administrativa, legislativa o judicial que adopte el Estado Mexicano, la cual deberá contribuir a la construcción de un entorno de protección especial para quienes se encuentran en posición de desventaja y mayor vulnerabilidad frente a otros sectores de la población, garantizando con ello el respeto a sus derechos a una vida digna y a la salud, atendiendo a lo dispuesto en el marco internacional y nacional.

Con este mismo espíritu y en el mismo sentido se han pronunciado los Tribunales en México al sentar la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se cita:

Guarda y custodia. Debe determinarse considerando el interes superior de niñas, niños y adolecentes conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

El derecho a la guarda y custodia de una niña, niño y adolescente, implica considerar no sólo las pruebas ofrecidas por las partes con las que pretendan demostrar una adecuada capacidad para el cuidado del menor, sino que atendiendo al beneficio directo de la infancia, el juzgador también debe considerar el interés superior de la niña, niño y adolescente como presupuesto esencial para determinar quien tiene derecho a la guarda y custodia. Ello porque conforme a lo dispuesto por el artículo 4º constitucional que establece el desarrollo integral, respecto ala dignidad y derechos de la niñez, a si como los artí3º,7º 9º, 12, 18 18,19, 20 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que establece que los Estados garantizarán que los tribunales judiciales velen por el interés superior del niño, los juicios en los que se vean involucrados derechos inherentes de las niñas, niños y adolescentes, como el caso en que se demande la guarda y custodia, debe tenerse como presupuesto esencial el interés superior del niño y darle intervención al Ministerio público, para que en su carácter de representante de la sociedad, vele por los derechos de los infantes y adolescentes.

Asimismo, es de resaltar que el 7 de octubre de 2010, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen con el que se presentó el Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o.; se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En particular destaca el texto que se propone para reformar el párrafo sexto del artículo 4º constitucional, mismo que a la letra señala:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desa-rrollo integral.”

La referencia a dicho texto se considera indispensable porque, en esencia, coincidimos con el espíritu de dicha propuesta de reforma y en ese tenor la propuesta que contiene la presente iniciativa resulta armónica con aquella en cuanto contenido y redacción, antes bien complementa y amplia el régimen de protección al menor que inspira ambas propuestas.

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se adicionan los párrafos séptimo y octavo, recorriéndose los demás en su orden, al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4. ..

..

..

..

..

...

El interés superior de la niñez se entiende como la garantía que tienen los menores a que sus derechos e intereses prevalezcan sobre los de cualquier otra persona que, aun siendo legítimo, ponga en riesgo su bienestar, integridad, salud física y mental, así como el sano desa-rrollo social y cultural acorde a los valores y principios que forman parte de su entorno.

En consecuencia, el Estado cuidará que las adopciones de menores que se realicen en todo el país, se otorguen a personas adultas libres de matrimonio y en su caso, a las parejas formadas por mujer y hombre que estando unidos en matrimonio o concubinato estén dispuestos a considerar al adoptado como su hijo, siempre que se acredite que la adopción es benéfica para el menor que trata de adoptarse y que los interesados en obtenerla cumplan con los requisitos legales y administrativos que establezcan las leyes que las legislaturas de los Estados y el Distrito Federal dicten en el ámbito de sus respectivas competencias las cuales no podrán dispensar en ningún supuesto los requisitos que establece la presente disposición.

..

..

...”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de los estados y el Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones que correspondan a su legislación local, en un plazo no mayor a tres meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Las adopciones realizadas con fundamento en leyes expedidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, conservarán su validez.

Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en este decreto.

Notas:

1 V. Galindo Garfias, Ignacio. Primer Curso de Derecho Civil. México, Porrúa, 2000.

2 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 3 de diciembre de 1986 en su resolución 41/85.

3 Ratificada por México, el 21 de septiembre de 1990. Entró en vigor el 21 de octubre de 1990.

4 En el Principio 2, la propia Declaración dispone que “el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda de-sarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.”

5 Opinión Consultiva OC-17/2002, de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

6 V. Children of Lesbian and Gay Parents: research, law and policy.

7 V. Children with lesbian parents: a community study.

8 V. Pérez Contreras, María de Montserrat. Derechos de los Homosexuales. México, Cámara de Diputados-UNAM, 2000.

9 Profesionales en el campo del análisis cuantitativo con Ph.D.s de la Universidad de Chicago en Sociología y Ciencia Política. Estudio publicado en 2001.

10 Homosexual parenting studies: myths and fallacies. Jokin de Irala, Cristina López Burgo.

11 Ley sobre Relaciones Familiares de 1917.

12 Ratificada por México el 24 de octubre de 1994.

13 Opinión Consultiva OC-17/2002, de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño.

14 Ratificada por México, el 24 de marzo de 1981.

15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Villagrán Morales y Otros. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

16 Artículo 2 de la Ley General de Salud.

17 Tesis: Derecho a la salud. No se limita al aspecto físico, sino que se traduce en la obtención de un determinado bienestar general. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX. Diciembre de 2009. Página: 6 Tesis: P. LXVIII/2009 Tesis Aislada Materia(s): Constitucional.

18 Entró en vigor internacional el 3 de enero de 1976, ratificado por México en 1981. Artículo 12.1

19 Ratificado por México el 16 de abril de 1996. Artículo 10.1. Incluye el bienestar social.

20 Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, Julio de 2008. Página: 457. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional, Administrativa.

21 Opinión Consultiva OC-17/2002, de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Párrafo 86. Cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

22 http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/es/inde x.html

23 V. Rekers, GA. Review of research on homosexual parenting, adoption and Foster parenting. www.narth.com/docs/rekers.html, Fontana M., Martínez P., Romeu, No es igual. Informe sobre el desarrollo infantil en parejas del mismo sexo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 4 días del mes de noviembre del año dos mil diez.— Diputados: Juan José Guerra Abud, Juan Carlos Natale López, Janet Graciela González Tostado, Juan Pablo Jiménez Concha, Leobardo Soto Martínez, Violeta Avilés Álvarez, Norma Leticia Orozco Torres, Benjamín Clariond Reyes Retana, Diego Guerrero Rubio, Laura Elena Estrada Rodríguez, Ana Elia Paredes Arciga, Laura Viviana Agúndiz Pérez, Adriana Fuentes Cortés, María Joann Novoa Mossberger, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Guadalupe Valenzuela Cabrales, María Isabel Merlo Talavera, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Silvia Esther Pérez Ceballos, Mario Alberto Becerra Pocoroba, Juan José Cuevas García, Arturo García Portillo, Arturo Ramírez Bucio, J. Guadalupe Vera Hernández, Miguel Martín López, Sergio Gama Dufour (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana(desde la curul): Diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sonido en la curul del diputado Canales Clariond. Perdón, Clariond Reyes Retana.

El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana(desde la curul): Muchas gracias. Quisiera pedir al señor diputado si me puedo adherir a su propuesta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Señor diputado?

El diputado Juan Carlos Natale López:Claro. Sí, gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Natale acepta que usted se adhiera a su propuesta. Puede usted pasar a firmar a la Secretaría.

CODIGO CIVIL FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Gracias, presidente.

Presento ante esta soberanía propuesta de reforma para que se prohíba la adopción de hijos a todo aquel que promueva el odio, la exclusión, la discriminación, la pena de muerte o haya robado o malversado dinero del erario o encubra a un pederasta. Es decir, por ejemplo, que pertenezcan al Partido Verde Ecologista o a Provida y no se arrepientan sinceramente de ello.

Se trata de proteger el bien superior del niño y de evitar que gente con tendencias antisociales pueda torcer a nuestra infancia o haga de ella una de sus víctimas.

Como prueba del menosprecio del Partido Verde y Provida por los niños, baste ver cómo lastiman sin empacho a los hijos de personas no heterosexuales, que son quienes sufren directamente el daño de sus prácticas excluyentes y discriminatorias motivadas sólo por su mezquindad, que pone a las encuestas de opinión, respecto del tema de la opinión, por encima de los derechos de las niñas y de los niños, y por encima de los razonamientos u otros procesos intelectuales —como la indagación científica de la realidad—, mismos que, evidentemente, les son innecesarios y estorbosos a sus intereses oportunistas.

Acaso no los preocupa que inocentes niños sean formados por personas que promueven instituir la pena de muerte o por santurrones que lanzan infundios y amagos contra las víctimas de pederastia de Marcial Maciel y otros usuarios de sotana. Temblemos de temor ético y de pánico estético al vislumbrar a una generación de infantes mexicanos sometidos a las enseñanzas inmorales sobre malversaciones y tangas malhabidas. La proclividad al odio y al asesinato del PVEM no distinguen entre la justicia y la venganza, entre la sociedad y la horda salvaje, entre el Estado laico y la Santa Inquisición.

¿Cómo no concluir que deben, sin duda, ser apartados de los niños del siglo XXI? Los verdes del mundo les han excluido de su concierto y ven con alarma la cultura de muerte que promueven en México. La misma Organización Internacional de Partidos Verdes Ecologistas no quiere verse asociada con el PVEM.

Las graves deficiencias psicológicas, morales, éticas, que por sí sólo trae el uso de la pena de muerte como herramienta electorera, corroboran la pérdida de valores y el respeto a la Constitución que vuelven riesgosa su influencia sobre la niñez nacional.

Atrabiliarios y prepotentes excluyen porque les va bien con la ignorancia propia y con la que suponen del electorado. Como el gobierno no hace su tarea de informar a los de-sinformados, de ofrecer los estudios científicos que muestren que la preferencia sexual, incluida la heterosexual, no determina si las personas serán buenos o malos padres, la apuesta de Provida y el PVEM es la propagación de las creencias precientíficas. De ahí su postura de: habemos unos más iguales de otros, en la búsqueda de que en la desinformación esté su nicho de ganancia electorera.

Sórdidos, irresponsables explotan el atraso de la gente y usan a la niñez para subir en las encuestas. Qué clase de padre puede ser, que con fines de lucro apuesta y usa así el rezago educativo de los mexicanos y su desinformación respecto de la diversidad humana.

Pedimos que se proteja a la niñez mexicana de personas irresponsables y demagógicas, que por lograr algunos votos del electorado indocto pretenden impedir que niños sean adoptados para recibir un hogar de una pareja atada por el amor.

Legisladores, legisladores, la utopía es la igualdad, con ese norte fue redactada la Constitución que hoy nos rige bajo la frontera generosa de esa utopía, los corazones mexicanos se serenan, soportan la violencia con la que nos asedian, y los incontables ineficacias de nuestro Estado, con la esperanza de que aún en este México, los pacíficos caminemos hacia ahí, hacia la igualdad.

Que no sirva este Congreso para agotar esta esperanza. Que no sirva para excluir de esta esperanza a ninguna familia. Que no sirva para privar a un huérfano del derecho a un hogar donde pueda ser criado por una pareja que desea entregarle su amor, su tiempo y su cuidado. Que no sirva este Congreso para enredar lo que la Constitución dilucida con rectitud. La utopía es la igualdad de derechos civiles para todas y todos. No al odio, no a la exclusión, no a la discriminación, no a la compra-venta del destino de niñas y niños a cambio del oportunismo que significa apostarle a la ignorancia de los ciudadanos.

Sí a la educación, sí a la difusión de la ciencia, sí a la diversidad en la igualdad, sí a mejores familias, con ese, de pluralidad. Que sirva este Congreso para incluir a todas y todos en el derecho a la felicidad, para frenar a aquellos que cicateados por el odio y el oportunismo irresponsable tratan de excluir a otros del derecho al amor y de negarle al país la oportunidad de vivir en armonía social.

Finalmente, y sobre todo, la propuesta es que esta Cámara, como medida ejemplar, únicamente excluya del derecho a la adopción a quienes excluyen y atentan contra el Estado laico y contra nuestras leyes, y que con ello se divulgue nuestro compromiso por la utopía de la igualdad. Muchas gracias.

Solicito se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates, señor presidente, el texto de la iniciativa.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Enoé Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión del jueves 4 de noviembre de 2010

La suscrita, Enoé Uranga Muñoz, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de este pleno la iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal y se adicionan los párrafos séptimo y octavo, recorriéndose el orden, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es indudable que en México debemos establecer las condiciones para que prevalezca el respeto de los derechos humanos de todos los integrantes de la sociedad, particularmente de los niños y los adolescentes, quienes constituyen gran parte de la población vulnerabilizada, pese a que en el marco legal resulta muy relevante lo señalado en el artículo 4o. de la Carta Magna, que en lo conducente dice:

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

En el ámbito internacional, la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por el país en septiembre de 1989 y ratificada por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, señala diversas garantías efectivas que debemos incorporar en la legislación:

Artículo 19

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicioo abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

La Cumbre Mundial en favor de la Infancia, de la cual México formó parte activa, asumió un compromiso vinculante para brindar un futuro mejor a todos los infantes. De ahí que resulte necesario reconocer el principio fundamental del interés superior del niño, entendido como el “conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar (a la infancia) un desarrollo integral y una vida digna, así como condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible”.

La Opinión Consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto de 2002, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiere: “La expresión ‘interés superior del niño’ implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

El país ha incumplido sistemáticamente lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, lo cual implica un grave atraso en la defensa del interés superior del niño, que el Estado mexicano en su conjunto se ha obligado a cumplir en varios tratados internacionales.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece lo siguiente:

Artículo 1.Los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, i ndependientementede la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padreso de sus representantes legales.

Artículo 2. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta losderechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Artículo 5. Los Estados parte respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención.

Artículo 14

1. Los Estados parte respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

2. Los Estados parte respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas en la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral ola salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Artículo 16

Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Artículo 18

1. Los Estados parte pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes por lo que respecta a la crianza y al desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

Artículo 24

1. Los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados parte asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para...

3. Los Estados parte adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

Artículo 26

1. Los Estados parte reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del Seguro Social,y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho, de conformidad con su legislación nacional.

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño,así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.

Artículo 27

1. Los Estados parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

2. A los padres u otras personas encargadas del niño incumbe la responsabilidadprimordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desa-rrollo del niño.

3. Los Estados parte, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derechoy, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

Sustentada en todo lo anterior, la presente iniciativa busca el reconocimiento del derecho de los niños a vivir sin discriminación y sin violencia, en familias que crean en el cumplimiento de la ley. Con esta reforma se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la igualdad de todos los mexicanos ante la ley; y 1o., que prohíbe todo acto discriminatorio, como que los hijos (biológicos o adoptados) sean señalados y estigmatizados o privados de algún derecho por la preferencia sexual o el estado civil de de sus madres, padres o tutores.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de éste a tener una familia. Ese tratado ampara la diversidad de grupos familiares que pudiere haber a escala mundial. La Declaración de Beijing+5 obliga al Estado a reconocer cualquier tipo de formación o grupo familiar. Desde esta perspectiva, el Estado tiene la obligación de garantizar que la familia cumpla sus funciones de salvaguardar los derechos de los niños, sin importar cómo esté constituida la familia.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha definido con claridad en la acción de inconstitucionalidad número 2/2010, los diferentes tipos de familias que la Carta Magna reconoce. Estableció: “Se consagra constitucionalmente la protección a la familia –de su organización y desarrollo–, sin que tal protección constitucional se refiera o se limite a un tipo de familia, como sería la nuclear (padre, madre e hijos). Por consiguiente, si partimos de que la Constitución no protege exclusivamente a la familia que surge o se constituye mediante aquella institución, debido a que la protección es a la familia, entonces, dentro de un estado democrático de derecho, en el que el respeto de la pluralidad es parte de su esencia, lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia en su realidad social. Por tanto, tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto la realidad existente alcanzando a dar cobertura a las familias que se constituyan por el matrimonio, por uniones de hecho, por un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, por cualquier otra forma, como las constituidas por parejas del mismo sexo que denote un vínculo similar (...). Asimismo, no es posible inferir que la Constitución protege sólo un único modelo de familia”.

Y determina que la preferencia sexual no debe ser un elemento que incida para determinar si una persona es candidata a adoptar un infante.

Es obligación de la Cámara recordar que la SCJN es la única facultada para interpretar la Constitución y que lo fundamental respecto a las normas es que estén ajustadas a nuestra realidad, pues lo contrario sería un retroceso y rompería el principio de igualdad consagrado en el artículo 1o. de la Carta Magna.

Desgraciadamente, desatendiendo esa disposición jurídica, en estos momentos niños que viven en familias con padres del mismo sexo padecen las consecuencias de los debates mediáticos promovidos por políticos mediocres. Estos infantes son víctimas de la carencia de información pública y objetiva sobre sus familias, y sufren la invisibilidad de sus derechos y la descalificación pública.

Por ello, considerando que el concepto de igualdad no significa una igualdad de trato por el Estado sino, más bien, un trato igual, sin distinción, y considerando que las instituciones del Estado, como ya señala expresamente la SCJN,deben siempre actuar buscando remover los obstáculos para que la igualdad impere por el bien superior del niño, es imperioso desalentar las prácticas violatorias de la ley.

El tema central es el derecho de los niños a ser reconocidos como parte de una familia, con todos los derechos que ello conlleva. Cuando a un niño se deniega el reconocimiento legal de uno de sus padres, se le niegan también todos los derechos que este ascendiente puede darle, como la herencia, la seguridad social o la alimentación.

Además, el niño sufre por extensión de la discriminación dirigida hacia sus padres si no son heterosexuales, y su familia es colocada en una posición inferior y de desventaja frente al resto de familias que forman la sociedad.

De todo lo anterior queda claro que no es sólo reprobable sino que debe ser un elemento restrictivo para adoptar un niño que una persona que lo solicite sea un promovente de la desintegración social y discrimine activamente a otras familias sólo porque están estructuradas en forma diferente de la suya.

Por ello no se trata solamente de si una madre o un padre no biológico tiene la posibilidad legal de ser reconocido como tal, fundamentalmente se trata en primer lugar de los derechos del niño a ser reconocido como hijo de sus padres.

Por otro lado, y sustentado en el principio de protección del bien superior de los niños, el Estado debe vigilar que éstos no sean adoptados por personas que promuevan atentar contra valores fundamentales para el estado de derecho, e incluso fomenten el asesinato como herramienta de castigo, usando para fines de ganancia o para su provecho falsas ofertas respecto a temas contrarios a la Constitución, como la pena de muerte, que sólo alimentan la violencia y la cultura de la muerte, aunque la ley ya dice que el adoptante debe ser persona apta para adoptar.

En el país, la pena capital ha sido abolida en materia penal federal y en abril de 2004 el Senado de la República derogó la pena de muerte del Código de Justicia Militar, pese a que dicha sanción no se ha aplicado desde 1961.

En abril de 2005, México suprimió la pena de muerte, los castigos corporales y los azotes, a través de la modificación de los artículos 14 y 22 de la Constitución Política.

México firmó en 1978 la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, el cual entró en vigor el 18 de julio de 1978, y México la ratificó el 24 de marzo de 1981. De igual manera, forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Diario Oficial de 20 de mayo de 1981 y que entró en vigor para México el 23 de junio del mismo año, de cuyo artículo 6 se desprende que es deseable la abolición de la pena de muerte. Derivado de ese pacto, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 15 de diciembre de 1989 el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Este Segundo Protocolo Facultativo obliga al país, en atención de que el instrumento de adhesión de México a él se realizó en la ceremonia de tratados convocada por el secretario general de Naciones Unidas y entró en vigor para México el 17 de junio de 2002.

En el artículo 1o. del segundo protocolo se previene que no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado parte en él y cada uno de los Estados parte adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción.

México se sumó el 28 de junio de 2007 al Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte. En el artículo 1o. se determina que los Estados parte no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.

De ahí que resulte toral adecuar desde la norma fundamental, en el artículo 4o., que cualquier persona que esté en favor de la pena de muerte está en pro de pasar por encima del estado de derecho y de la propia Constitución del país.

Dada la gravedad de tal implicación para la visión que México tiene respecto a su futuro, es fundamental que evitemos a través de la presente iniciativa que tengan la posibilidad de adoptar quienes vulneren los compromisos del Estado mexicano y pretendan violar la Carta Magna en materia de derechos humanos, particularmente a quienes lo hacen con el tema de la pena de muerte.

Una vez establecida la anterior propuesta de reforma, se requiere adecuar y armonizar la legislación secundaria, concretamente el Código Civil Federal.

Así, aun cuando el artículo 390 se refiere en la fracción II a ser apto para adoptar, es preciso incorporar una fracción IV a este precepto para inferir con claridad qué conductas no deben ser consideradas aptas para adoptar.

También se considera tal impedimento para adoptar a las personas que inciten o promuevan la exclusión, la discriminación.

La educación de los niños debe sobre todo atenerse al respeto de la laicidad del Estado y a la decencia de quienes educan, entendida ésta como el cumplimiento de las leyes de la nación. Por lo mismo, que se señale puntualmente que quienes han sido sancionados por cometer delitos patrimoniales contra el Estado o particulares ponen en riesgo los valores éticos de los niños, por lo que no deben adoptar.

Finalmente, uno de los más dolorosos problemas que enfrenta la infancia es el abuso sexual. En ese tema debemos señalar firmemente que los que estén sujetos a procesos por complicidad o encubrimiento de pederastas, y más si se trata de ministros de culto o personajes en situación de privilegio como ellos, tampoco podrán adoptar.

Como hemos señalado, la aspiración a la igualdad, que consagra la Carta Magna, es principal motivador de las presentes reformas, por lo que también tienen por objeto estandarizar y hacer incluyente el lenguaje de la ley, conscientes de las dificultades actuales de incardinación del lenguaje de género en el actual ordenamiento jurídico y de su necesaria graduación.

El lenguaje jurídico exige la mayor posibilidad de correspondencia de significados para evitar la inseguridad jurídica. Se hace necesario por tanto que las expresiones lingüísticas se aproximen en la mayor medida a la justa expresión que se pretende en su regulación.

Una vez establecida esa posición, en la estructura misma del derecho, y en el proceso de creación de las normas jurídicas, se impone la reflexión sobre la exigencia de integrar el lenguaje de género como un elemento más de corrección técnica en la creación de las normas. Esta concepción impone que la identidad de las mujeres, como sujeto diferenciado de los hombres, merezca su propia consideración en el lenguaje.

De ahí que en el texto de la presente reforma se distinga entre la y el adoptado, la y el adoptante, los padres y las madres, las extranjeras y los extranjeros.

Asimismo, se trasluce la posibilidad de que las uniones civiles reconocidas en las legislaciones locales puedan adoptar en los mismos términos y con las mismas obligaciones que actualmente se consideran para el matrimonio y el concubinato. Con ello se adecuan las normas a la realidad objetiva, se armoniza con términos ya aprobados por esta soberanía, como los establecidos en las reformas aprobadas en términos de seguridad social, y se materializan jurídicamente las resoluciones emitidas por la SCJN en referencia al artículo 4o. de la Constitución, y la constitucionalidad de las familias formadas por personas del mismo sexo, con hijos o sin ellos, que ya son reguladas en diferentes ordenamientos estatales en el país.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan los párrafos séptimo y octavo, recorriéndose el orden, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal

Primero. Se adicionan los párrafos séptimo y octavo, recorriéndose el orden, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

El interés superior de la niñez se refiere a todas las medidas concernientes a las niñas y los niños con la finalidad de erradicar su protección irregular que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos.

En consecuencia, el Estado cuidará que las adopciones de las niñas y de los niños que se realicen en todo el país se otorguen a personas adultasmayores de veinticinco años, libres de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos o en su caso las personas unidas en matrimonio, concubinato o uniones civiles cuando ambos estén conformes, siempre y cuando se acredite que la adopción es benéfica para el menor que trata de adoptarse y que los interesados en obtenerla no realicen conductas que promuevan violar los principios consagrados en esta Constitución Política y los tratados internacionales donde el Estado sea parte, particularmente en materia de derechos humanos, como la pena de muerte, y el principio de no discriminación, no hayan sido sancionados por delitos patrimoniales contra el estado o particulares, y no estén sujeto a procesos, tanto en el país como en el extranjero, por pederastia, complicidad o encubrimiento de ésta.

Segundo. Se reforman los artículos 390, 391, 394, 410 E y 410 F del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

De la Adopción Sección PrimeraDisposiciones Generales

Artículo 390. La o el mayor de veinticinco años, libres de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, pueden adoptar uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, siempre que la o el adoptante tenga diecisiete años más que la o el adoptado y que acredite además

I. (...)

II. Que el o la adoptante es persona apta y adecuada para adoptar;

III. (...)

IV. No realizar conductas que promuevan violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales donde el Estado sea parte, particularmente en materia de derechos humanos, como la pena de muerte, y el principio de no discriminación, como la exclusión;

V. No haber sido sancionado por delitos patrimoniales contra el Estado o particulares;

VI. No estar sujeto a procesos, tanto en el país como en el extranjero, por pederastia, complicidad o encubrimiento de ésta.

Artículo 391. Las personas unidas en matrimonio, concubinato o uniones civilespodrán adoptar, cuando ambos estén conformes en considerar al adoptado o la adoptada como hijo o hijayaunque sólo una de ellas cumpla el requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado o la adoptada sea de diecisiete años de edad cuando menos. Se deberán acreditar, además, los requisitos previstos en las fracciones del artículo anterior.

Artículo 394. El menor o la persona con incapacidad que haya sido adoptado bajo la forma de adopción simple podrá impugnar la adopción dentro del año siguiente a la mayoría de edad o a la fecha en que haya desaparecido la incapacidad, derechos y obligaciones que tienen los padres y madresrespecto de la persona y bienes de los hijos. El o la adoptante dará nombre y sus apellidos a l adoptado o adoptada, salvo que por circunstancias específicas, en el caso de la adopción simple, no se estime conveniente.

De la Adopción Internacional

Artículo 410 E. La adopción internacional es la promovida por ciudadanas y ciudadanosde otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar en una familia a un menor que no puede encontrar una familia en su país de origen. Esta adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y, en lo conducente, por las disposiciones de este código.

La adopción por extranjeras o extranjeros es la promovida por ciudadanas o ciudadanosde otro país con residencia permanente en el territorio nacional. Esta adopción se regirá por lo dispuesto en el presente código.

Artículo 410 F. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a mexicanas o mexicanos sobre extranjeras o extranjeros.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputados: Enoé Uranga Muñoz, Víctor Manuel Castro Cosío, Pedro Jiménez León, Ángeles Nazares Jerónimo, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Laura Piña Olmedo, Filemón Navarro Aguilar, Esthela Damián Peralta, José María Valencia Barajas, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Florentina Rosario Morales, Samuel Herrera Chávez, Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, con mucho gusto, diputada. Pero le comunico estimada diputada que su iniciativa es diferente de la que fue inscrita en el orden del día. Por tanto, el turno que le estamos dando a su iniciativa va a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Justicia,porque usted ha abordado temas constitucionales.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Es correcto, presidente. Le agradezco, y le agradezco que sea integrada en sus términos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, para solicitarle a la diputada Enoé Uranga adherirme a su iniciativa, porque es una iniciativa a favor de la igualdad de derechos entre heterosexuales y homosexuales, y porque combate la discriminación y garantiza plenamente lo previsto en el tercer párrafo del artículo primero constitucional que prohíbe la discriminación por razón de preferencias. En ese sentido quiero preguntarle a la diputada Enoé Uranga, si me permite adherirme a su iniciativa.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Sí, adelante.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La diputada Uranga Muñoz ha aceptado su adhesión, y también de todos aquellos diputados que quieran adherirse a su iniciativa. Pueden pasar a la Secretaría para firmar su adhesión.

La diputada Esthela Damián Peralta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Damián.

La diputada Esthela Damián Peralta(desde la curul): Gracias, diputado presidente. En el mismo sentido, solicitar adherirme a la propuesta que van en equidad, en la igualdad de derechos. Y felicitarla, diputada. Muchas gracias por su iniciativa.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ya ha manifestado su anuencia. Igual, a la diputada Incháustegui y todos los señores y señoras diputadas que quieran adherirse, pueden pasar a hacerlo.

LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 77 Bis a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El diputado Joel González Díaz:Gracias, señor presidente. Con su permiso.

Debidamente fundamentada, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un artículo 77 Bis, dos fracciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, bajo lo siguiente:

La tendencia histórica ha sido regular: acotar y limitar, pero sobre todo transparentar el ejercicio del poder a través de la división de poderes. El objetivo específico fue dejar de concentrar el poder en forma total en una sola persona. Ya existían antecedentes en la Constitución de 1917 de la necesidad de la pluralidad, el poder a través de la división de poderes.

Es hasta este año que dicha división se logra materializar y con esto se genera la participación de la sociedad en la política, a través del Congreso de la Unión como su representante soberano. Es precisamente en esta promulgación de 1917 que es manifiesta la división del supremo poder para su ejercicio Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Las políticas sociales constituyen un tipo particular de las políticas públicas, cuyo objetivo final es lograr el bienestar social mediante estrategias de distribución de la riqueza y del ingreso para impulsar un mejoramiento continuo de las condiciones de vida de la población. Pero, ¿cuáles han sido los impactos de las distintas políticas y programas aplicados? ¿Cuáles son los problemas que les han impedido lograr sus objetivos? ¿Qué cambios en su diseño e implementación permitirán mejorar su efectividad? ¿Qué otras alternativas podrían resultar más exitosas?

Las respuestas a estas y otras preguntas similares requieren de la evaluación y el aprendizaje a partir de la experiencia de los programas implementados, procesos que aún presentan limitados avances en México.

En todo este proceso de gobernar y dirigir tanto el ámbito privado como en el público destaca una nueva cultura de la evaluación, debido a que ésta nos ofrece parámetros confiables de la supervisión, medición, control y brinda mejores referencias para la aplicación de los nuevos programas y mejoramiento de los que ya existen.

Las políticas y programas públicos nos ayudan a dar mayor transparencia, y gracias a la evaluación se brinda información clave acerca del grado de desempeño del gobierno y sus actividades, que nos ayudan de igual forma a conocer si las políticas, programas y actividades de un gobierno son de calidad.

Resulta importante diferenciar la evaluación del mero control o fiscalización de la gestión, que se enfoca en optimización de la utilización de los recursos presupuestales de la auditoría tradicional centrada, de verificar y adecuar los procedimientos legales y administrativos.

La evaluación pública prácticamente es un concepto nuevo, de reciente aplicación en nuestro país.

Por este motivo es que presenta una buena cantidad de deficiencias y problemas en su aplicación dentro de la administración pública y que esto se debe a una gran parte de intereses políticos que derivan de las diversas contrariedades, concretamente en el ámbito operativo.

En resumen, hay acuerdo entre las instancias consultadas en el sentido de que la utilización de la información generada está muy lejos de ser la óptima, conclusión a la que también arribaron las metas de evaluaciones realizadas en otros contextos nacionales. Algunas de las propuestas buscan darle plena autonomía al Coneval política, financiera, de organización. El Coneval es un órgano institucional encargado de realizar o licitar las evaluaciones de los programas de las dependencias de administración pública y federal.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 77 Bis, dos fracciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Único. Se adicionan dos fracciones y un artículo 77 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis. Facultades de la Comisión. Ordenará evaluar a través de la Unidad de Evaluación y Control de manera extraordinaria cualquier programa público implementado por la Secretaría de Desarrollo Social o por alguna otra de las dependencias del Ejecutivo federal.

Cuando la comisión así lo considere o a petición de la mayoría del pleno o de alguna otra de las comisiones de esta Cámara de Diputados, estas evaluaciones deberán verificar y observar los resultados y el desempeño en cumplimiento de los objetivos, comprobar el alcance de las metas planteadas de los programas.

La mayoría simple del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ordenará a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, si así fuera necesario y de manera extraordinaria, se evalúe a través de la Unidad de Evaluación y Control cualquier programa público implementado por la Secretaría de Desarrollo Social o por alguna otra dependencia del Ejecutivo federal.

La Comisión en sus evaluaciones deberá verificar y observar los resultados y el desempeño en cumplimiento de los objetivos y comprobar el alcance de las metas planteadas en los programas en cuestión.

Es cuanto, señor presidente. Le solicito atentamente, señor presidente, se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que adiciona el artículo 77 Bis a la de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Ley de Fiscalización Superior de la Federación con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La tendencia histórica se ha centrado en razón de buscar darle pluralidad, regular, acotar y limitar, pero sobre todo transparentar el ejercicio del poder, a través de la división de poderes, de forma específica fue dejar de concentrar el poder total en una sola persona. Ya existían antecedentes anteriores a la constitución de 1917 de la necesidad de pluralizar el poder a través de la división de poderes, es hasta este año que dicha división se logra materializar y con esto se genera la participación de la sociedad en la política, a través del Congreso de la Unión como su representante soberano, es precisamente en esta promulgación la de 1917 que se manifiesta la división del supremo poder para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Este importante logro contiene básicamente, la razón de moderar, limitar y acotar en lo posible el ejercicio inmoderado del poder público, centrado en una sola persona y así lograr supervisar y regular de manera más efectiva el manejo de este, lo que ha dado pie al surgimiento de una serie de mecanismos que buscan darle una mayor supervisión y transparencia, a todos y cada uno de los poderes y principalmente como resultado de este largo proceso, hoy día se manifiesta como un instrumento importante para estos fines la evaluación de los programas públicos del ejecutivo federal.

Las políticas sociales constituyen un tipo particular de políticas públicas, cuyo objetivo final es el logro del bienestar social, mediante estrategias de redistribución de la riqueza y del ingreso para impulsar un mejoramiento continuo de las condiciones de vida de la población. Impulsadas en Europa, en un marco de Estado que busca el bienestar general, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y en menor medida por los latinoamericanos; estos tendieron a ampliar los derechos sociales y procurar condiciones de vida aceptables para el conjunto de la sociedad. La política social ha sido una función asumida por el Estado mexicano, con énfasis variables, junto a sus funciones clásicas de justicia, seguridad y orden público.

Al finalizar los ochenta, en el anterior énfasis, en lo que respecta a políticas universales estas fueron sustituidas por programas focalizados a la atención de la pobreza extrema, cuya medición en México (sí bien difiere en función del método empleado) mostraba magnitudes alarmantes.

En dicho marco, la nueva política social puede asumir objetivos de corto plazo, vinculados a la transferencia de recursos, para paliar la situación actual de los pobres en relación con la satisfacción de sus necesidades elementales más inmediatas; o puede también plantearse objetivos de largo plazo, a través de la inversión en capital humano y social (educación, salud, alimentación, construcción de redes, fomento del emprendimiento social, etcétera), en cuyo caso se habla de políticas de desarrollo social.

La aplicación de las reformas en la orientación del gasto y la inversión social llevó a que, en 2001, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reportara que la pobreza alcanzó a 57 millones de personas y la pobreza extrema a más de 10 millones (10.72 por ciento), que podrían aumentar a 75 y 54 millones respectivamente, según los cálculos realizados por Boltvinik y Hernández (1999). En 2002, esto se combina con uno de los índices de Gini más altos de América Latina: 0.531 (Naciones Unidas, 2002).

El Banco Mundial (2004) informa un retroceso importante en el combate a la pobreza, provocado por la crisis de 1994-1995, que incidió para que se incrementara la pobreza general y extrema, llegando la última a 20.3 por ciento en 2002, a pesar del descenso logrado en 1996-2002, con el que apenas se ha rebasado el nivel prevaleciente antes de la crisis mencionadas. Michel Walton, asesor regional para la Reducción de la Pobreza y el Desarrollo Humano en el citado banco, señala como algunos de los factores que contribuyen a la disminución registrada al “crecimiento de las remesas internacionales para los pobres extremos, en las zonas rurales y el aumento de las transferencias gubernamentales dirigidas a los pobres extremos a través de Oportunidades” (Banco Mundial, 2004).

Ante estos resultados, es necesario reorientar las políticas y programas sociales, rescatando los que han producido efectos positivos y desechando los que no lo han logrado, y valorando nuevas formas de gestión pública y social. Diversos autores (Kliksberg, 1997, 2000 y 2003; Nirenberg, 2003; Cunill, 1997; Bresser Pereira, 2004, etcétera) destacan la importancia de generar procesos de participación social, para mejorar la efectividad y ética de estos programas sociales; sin embargo, ésta presenta limitados avances.

En el conjunto de acciones directivas y actividades normativas, políticas y técnicas, cuyo propósito consisten en establecer los objetivos sociales de beneficio general, promover y prescribir las acciones que se consideran idóneas, para producir los objetivos deseados y de esta misma forma asignar adecuadamente los recursos de la administración pública.

Pero ¿cuáles han sido los impactos de las distintas políticas y programas aplicados?, ¿cuáles son los problemas que les han impedido lograr sus objetivos?, ¿qué cambios en su diseño e implementación permitirían mejorar su efectividad?, ¿qué otras alternativas podrían resultar, más exitosas? Las respuestas a éstas y otras preguntas similares requieren de la evaluación y aprendizaje a partir de la experiencia de los programas implementados, procesos que aún presentan limitados avances en México.

En todo este proceso de gobernar y dirigir tanto en el ámbito privado como en el público destaca como una nueva cultura la evaluación, debido a que esta nos ofrece parámetros confiables de supervisión, medición, control y brinda mejores referencias para la aplicación de nuevos programas y el mejoramiento de los que ya existen, en las políticas y programas públicos nos ayuda ha dar una mayor transparencia y gracias a la evaluación se brinda información clave a cerca del grado de desempeño real del gobierno y sus actividades, nos ayuda de igual forma a conocer si las políticas, programas y actividades de un gobierno son de calidad.

Resulta importante diferenciar a la evaluación del mero control o fiscalización de la gestión, que se enfoca a la utilización de los recursos presupuestales, y de la auditoria tradicional, centrada en verificar la adecuación de los procedimientos legales y administrativos.

El hecho es que en los gobiernos democráticos recientes ya no se gobierna, sin que el gobierno evalúede manera sistemática su propio desempeño a fin de transparentar el gasto publico y rendir cuentas a cerca de la legalidad, calidad y efectividad de sus acciones, de esta misma forma los resultados de la evaluación generan un proceso de aprendizaje continuo que hace posible corregir errores, defectos y de esta manera establecer directrices de mejor calidad.

La evaluación pública prácticamente es un concepto nuevo y de resiente aplicación en nuestro país, por este motivo es que presenta una buena cantidad de deficiencias y problemas en su aplicación dentro de la administración pública y esto se debe en gran parte a intereses políticos, los que derivan en diversas contrariedades concretamente en el ámbito operativo.

Entre los problemas más importantes se encuentra la capacitación permanente de los evaluadores, que busca mejores niveles de excelencia en la formación de estos y así lograr formar un criterio imparcial, para que no se encuentren de alguna manera influenciados por situaciones externas, con algún interés político, de grupo o personal.

En opinión de diferentes actores, las mayores dificultades para el desarrollo de las evaluaciones son, en orden de importancia, de carácter: cultural, social, político, administrativo, económico y metodológico. Si bien sólo las organizaciones de la sociedad civil (OSC) atribuyen a las causas metodológicas, tanta importancia como a las tres primeras mencionadas, con base en el análisis realizado se concluye que son los problemas de orden metodológico y organizacional los que están limitando más el avance del proceso.

Entre los criterios, mecanismos y políticas que se han implementado con respecto a la aplicación de las evaluaciones, se destaca el más frecuente el que se caracteriza por manejar la eficacia, precedido por la oportunidad y la satisfacción de los beneficiarios, y debido a esto se descuida en cierta medida la efectividad, la equidad, la pertinencia, la congruencia interna, la calidad e incluso la eficiencia.

El tipo de evaluación más común que actualmente se aplica es conocido como evaluación “ex post”, esto quiere decir, son en la  mayoría de los casos externas no participativas, parcialmente formadas desde dentro, con ciertos criterios preestablecidos por quien las practica y de carácter cuantitativo y cualitativo, con mayor tendencia en la primera. Pretenden ser sistemáticas y verdaderas aun cuando a veces puede caer en la seudoevaluación. También intentan cubrir la evaluación del contexto, los insumos, procesos, resultados, logro de metas, impactos y satisfacción de la población, pero en la práctica descuidan especialmente los últimos dos, por lo que no constituyen evaluaciones integrales.

La Ley de Desarrollo Social establece los lineamientos para la evaluación y seguimiento de los programas sociales, en este contexto a raíz de la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se ha visto un esfuerzo por ordenar y sistematizar el proceso de diseño de los programas de difusión de metas y de esquemas de evaluación y ha ido promoviendo su realización para los distintos programas de gobierno de acuerdo a un programa anual de evaluación.

No obstante, con toda esta serie de medidas y esfuerzos realizados por los distintos actores involucrados, por alguna razón no ha sido posible darle la importancia y el valor que verdaderamente requiere la evaluación en nuestro país, mientras en otros países del mundo este importante instrumento ha sido parte fundamental para lograr un desarrollo sostenido y sustentable en los distintos quehaceres de la vida social y política.

En México no se han tomado en cuenta, con la suficiente seriedad e importancia y el justo valor, los resultados de las evaluaciones, ni mucho menos se le ha otorgado los instrumentos institucionales necesarios, como son una mayor y más razonable participación del presupuesto de egresos, para este rubro, del mismo modo otorgarle mayor autoridad, autonomía de acción, decisión y gestión.

La experiencia de diversos países (en América Latina,  principalmente Costa Rica) muestra que no basta realizar una medición de logros de uso interno a la administración pública, sino que su divulgación constituye un medio poderoso de estimulación y control social de la gestión.

A diferencia de lo planteado por Duran (2002) para el contexto francés, en el sentido de que el análisis del contexto es más relevante que el del método de evaluación, la presente tesis considera aún muy importante la inclusión de este aspecto para el nivel de desarrollo de nuestro país en la materia. Se trata de investigar si las actividades desarrolladas en el proceso de investigación, son congruentes entre sí, con la  metodología adoptada y con los objetivos perseguidos por la evaluación y suficientes para fundamentar la valoración de la gestión del programa.

En resumen, hay acuerdos entre las instancias consultadas en el sentido de que la utilización de la información generada está muy lejos de ser la óptima, conclusión a la que también arribaron las meta-evaluaciones realizadas en otros contextos nacionales.

Algunas de las propuestas buscan darle plena autonomía al Coneval, política, financiera y de organización, el Coneval es el órgano institucional encargado de realizar o licitar las evaluaciones de los programas de las dependencias de la administración pública federal.

Es necesario continuar la integración de programas evitando duplicidades, no sólo al interior de la Secretaría de De-sarrollo Social, sino con otras secretarías que manejan programas similares, aumentar el número de instancias participantes en la evaluación, para generar mayores niveles de transparencia y optimizar su funcionamiento, precisar la redacción de los términos de referencia, mejorar las relaciones interorganizacionales, eliminar prácticas estereotipadas, mejorar los sistemas de información, aumentar la legitimidad del proceso, organizar la participación social, desarrollar una verdadera cultura de la evaluación y utilizar óptimamente e imparcialmente sus resultados.

En las tendencias del debate teórico sobre evaluación de programas y políticas públicas, existe consenso sobre la necesidad de transformar a la administración pública tradicional, para alcanzar mejor los objetivos de las políticas y programas gubernamentales, pero no lo hay en cuanto a la dirección de dicho cambio, en el que se enfrentan quienes priorizan la solución de problemas técnicos y macroeconómicos apoyados en el NPM (nueva gestión pública) y quienes anteponen la solución de los conflictos y demandas sociales mediante el diálogo continuo entre gobierno y sociedad.

La exigencia primordial para el Congreso, es lograr realizar los cambios necesarios y prioritarios, a fin de conseguir que se ejecuten en lo subsecuente las evaluaciones de forma imparcial, concreta y objetiva, de todos y cada uno de los programas sujetos a reglas de operación, que se comprendan los distintos aspectos sociales y financieros, lo que constituyen un reto amplió y demasiado ambicioso en cualquier contexto nacional y con mayor razón si se trata de programas de resiente creación y no se cuenta con los recursos y la experiencia necesarios.

Aun cuando para este objetivo sea necesario implantar medidas alternativas, como darle facultades a otras instancias, que como característica principal, mantengan una total autonomía e independencia de la administración pública federal, esta particularidad le dará a las evaluaciones lo más importante, la imparcialidad, lo que generara confianza y certidumbre y en el caso de ser necesario, abra un entidad evaluadora independiente e imparcial, lo que se reflejara en una mayor y mejor información, para la toma de decisiones, respecto de los cambios y modificaciones que se deban hacer, a los distintos programas públicos y esto a su vez, traerá consigo importantes beneficios y por consiguiente a la sociedad en general.

La problemática e ineficiencia en los resultados de las evaluaciones en materia de política social, hechas por el Consejo Nacional de Evaluación, se deben en gran parte a la cantidad de evaluaciones que se elaboran en los diferentes programas sociales, esto por una parte y por la otra, la obligada parcialidad con la que se maneja el Consejo Nacional de Evaluación, por razones de obvia prudencia y lealtad, en otras palabras, no se debe ser juez y parte, en un mismo tiempo ya que esto le resta, transparencia, certidumbre y confianza al quehacer público.

Tal pareciera que en México este importante recurso de la evaluación está manipulado o regido por intereses particulares, políticos o de grupo, esto indiscutiblemente le da a las evaluaciones un comportamiento parcial e indebido, por todo esto es que se deben crear diferentes instancias institucionales, que tengan competencia en la aplicación de  evaluaciones, pero sobre todo que estén calificadas y reconocidas con un alto sentido de imparcialidad y de este modo, se logre moderar de alguna manera las políticas  del Coneval, en materia de evaluaciones ya que al existir otra instancia con mayores facultades y competencias en esta materia pero sobre todo con un mayor margen de imparcialidad, esto generara mayores y mejores niveles de transparencia en el tema, que dicho de otra forma, en materia de política social se requiere urgentemente transparentar todos y cada uno de los programas y políticas sociales, ya que en este rubro precisamente es en donde se registran considerables desviaciones financieras de recursos y se da en mayor medida la falta de transparencia.

La vertiginosa caída en los últimos años, en lo concerniente a los índices de competitividad nacional, tiene su origen en buena medida precisamente en el tipo de políticas tan peculiares que se implementan en la actualidad en nuestra Administración Pública Federal, un ejemplo muy concreto de dicha situación, es la posición del Coneval en relación a la subordinación que mantiene necesariamente con la Secretaría de Desarrollo Social, a la que a su vez paradójicamente evalúa. Como lograr cambiar esta inercia regresiva, creando nuevas políticas, generadoras de una nueva cultura de la competitividad con un alto sentido común y con gran sensatez. Una sociedad competitiva utiliza la libre competencia para probar nuevas prácticas y nuevas tecnologías, privilegiando sobre todo la creatividad, la sensatez, el sentido común, la innovación y la inteligencia.

La salud de nuestras finanzas y la transparencia del gasto decidirán en buena medida el rumbo de nuestro futuro. La prudencia fiscal no es un atributo deseable, sino un elemento fundamental de un buen ejercicio de gobierno. Ante el aparente ocaso de la riqueza petrolera, tenemos dos opciones: una alternativa es optar por un cambio profundo en los ingresos y egresos públicos. La otra opción implica permitir que las circunstancias nos impongan las condiciones del cambio.

Es así que propongo que a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se le otorguen las facultades y competencias legales suficientes y necesarias, a fin de que esta pueda realizar, si así fuera necesario y de manera extraordinaria, todo tipo de evaluaciones a cualquier programa público, en las distintas dependencia del Ejecutivo federal, cundo la comisión así lo considere o a petición de la mayoría del pleno de alguna de las comisiones de esta honorable Cámara de Diputados, esta comisión en sus evaluaciones deberá verificar y observar los resultados y el desempeño del cumplimiento de los objetivos y comprobar el alcance de las metas planteadas de los programas en cuestión.

Del mismo modo, el pleno de esta Cámara de Diputados podrá solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, si así fuera necesario y de manera extraordinaria, que se aplique las evaluaciones que considere precisas, a cualquier programa generado por las distintas dependencias de la administración pública federal, esta comisión en sus evaluaciones deberá verificar y observar los resultados y el desempeño del cumplimiento de los objetivos y comprobar el alcance de las metas planteadas de los programas en cuestión.

Es verdaderamente urgente y necesario, buscar los acuerdos y mecanismos de negociación política, congruentes con el discurso y la realidad social, tendientes a erradicar la corrupción, la falta de transparencia y los grandes niveles de impunidad que a la fecha prevalecen dentro de la administración pública en los distintos ordenes de gobierno, de este modo restauraremos en mayor medida al Estado mexicano, debemos anular todo tipo de políticas y acuerdos negativos, nefastos y retrogradas, que lo único que hacen es lacerar y retrasar aun más el desarrollo del país, estamos obligados a fomentar y cimentar sin medida precisa la cultura de la transparencia institucional en el quehacer del servicio público y así acceder al desarrollo institucional, sostenido y sustentable.

Debemos tomar en cuenta que en los inicios del siglo XX durante el  período de Porfirio Díaz el autoritarismo, la violencia que ejercían los órganos represores del Estado, la ausencia de democracia y la concentración del poder y la riqueza en manos de unos cuantos, alcanzaron los puntos más álgidos, lo que propicio el movimiento armado de 1910. Es así que toda esta serie de modificaciones que se han dado, han sido en torno a lograr la permanencia de la institucionalidad, de percibir mayores niveles de transparencia en el ejercicio del poder y la pluralidad en este.

A 200 años de la Independencia de México y a 100 años de la Revolución, celebramos el ser orgullosamente mexicanos. Los importantes festejos del bicentenario sin lugar a duda nos dan la oportunidad de reflexionar sobre los logros y alcances, a los que hemos accedido a través de los tiempos, los que sin duda han abierto las puertas para dar paso a mejores niveles de convivencia y civilidad, si bien es cierto que nuestro país atraviesa por momentos difíciles, estos son parte importante de la estructura que forma el andamiaje por el que hemos de transitar hacia un mejor futuro y mejores niveles de desarrollo y calidad de vida, esto nos indica claramente el rumbo a seguir, pese a las contingencias o adversidades, problemas y divergencias, el rumbo esta marcado, trabajo y lucha para lograr mejores condiciones de equidad, transparencia,  igualdad y justicia social y para todos los mexicanos, en esta gran nación.

En torno a los festejos del bicentenario y tomando en cuenta que la serie de acontecimientos que han dado origen a estos trascendentales movimientos, tiene su más importante razón de ser prácticamente a tras de la necesidad de lograr alcanzar la tan anhelada soberanía nacional y que esta se centrara en el pueblo y para el pueblo.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 77 Bis y dos fracciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Único.Se adiciona un artículo 77 Bis y dos fracciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis. Son facultades de la comisión:

I. La comisión ordenará evaluar a través de la Unidad de Evaluación y Control, de forma extraordinaria, cualquier programa público implantado por la Secretaría de Desarrollo Social o por alguna otra dependencia del Ejecutivo federal cuando la comisión así lo considere o a petición de la mayoría del pleno de alguna otra de las comisiones de esta honorable Cámara de Diputados; dichas evaluaciones deberán verificar y observar los resultados y el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y comprobar el alcance de las metas planteadas en los programas.

II. La mayoría simple del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión ordenará a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, si así fuera necesario y de forma extraordinaria, se evalúen a través de la Unidad de Evaluación y Control cualquier programa público implantado por la Secretaría de Desarrollo Social o por alguna otra dependencia del Ejecutivo federal; la comisión en sus evaluaciones deberá verificar y observar los resultados y el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y comprobar el alcance de las metas planteadas en los programas.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo, a 7 de octubre de 2010.— Diputado Joel González Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

Señoras diputadas y señores diputados, les informo que tenemos la visita de maestros y alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria número 4 de la UNAM, Unidad Castañeda y Nájera, a invitación del diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida.

Igualmente nos visitan invitados especiales del estado de Querétaro, a invitación del diputado Reginaldo Rivera de la Torre.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame, diputada.

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez(desde la curul): Con una petición. Venía de comisión y me enteré por los monitores de la iniciativa que recién presentó el Partido Verde de los diputados Juan José Guerra Abud y Juan Carlos Natale López, en la cual les pido por favor me pueda adherir, pues me interesa el tema.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Pregunto a los diputados Natale y Guerra Abud si están de acuerdo con esta adhesión.

Adelante. Puede usted pasar, diputada Laura Estrada, a firmar junto con otras personas que quisieran adherirse a esta propuesta.

CODIGO PENAL FEDERAL - LEY GENERAL DE LA VIDA SILVESTRE

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 62 de la Ley General de la Vida Silvestre.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, como representantes de la nación debemos estar preocupados por el desarrollo sustentable de nuestro país y la relación armónica de los individuos con la naturaleza.

Por ello estoy convencido de que es necesario impulsar una cultura a favor del respeto por la fauna, principalmente por aquélla que se encuentra en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial.

México es el segundo lugar mundial en tipos de ecosistemas y diversidad de mamíferos, y undécimo lugar mundial en diversidad de aves. Hoy día existen mil 681 especies de mamíferos, mil 54 especies de aves, más de las que habitan en Estados Unidos y Canadá juntas. Hay 704 especies de reptiles, 51 por ciento de ellas endémicas. Por tanto, cabe destacar que, con excepción de Australia, no hay otro lugar en el mundo que cuente con tal variedad de especies.

Si bien es cierto que México se ubica como el cuarto país a nivel internacional con mayor riqueza biológica, también lo es que su diversidad está catalogada como amenazada y en riesgo.

El análisis realizado por la Alianza por la Extinción Cero reportó en 2007 la localización de 595 sitios en el mundo que concentraban 794 especies en peligro de extinción y ubicó a México con el país con más sitios críticos, 10 por ciento del total mundial, localizados estos sitios principalmente en los estados de Oaxaca, Baja California, Quintana Roo y Chiapas.

Más lamentable aún resulta una gran variedad de especímenes silvestres que se encuentran en peligro de extinción por el aprovechamiento ilegal, incluidas la cacería furtiva, la captura, la colecta, el transporte y el comercio no autorizado de ejemplares.

Es una situación alarmante que de las 5 mil 430 especies de vertebrados identificadas en el país, 9.6 por ciento se encuentra amenazada, 5 por ciento está en peligro de extinción y 15.4 por ciento está bajo protección especial.

Un tema en el que debemos poner especial atención es el tráfico ilegal de animales silvestres, pues según la Interpol se está convirtiendo en el tercer negocio más lucrativo en el mundo, después de las drogas y de las armas.

El comercio ilegal de la fauna y la flora en todo el mundo supera los 17 mil millones de dólares por año, 10 mil millones por fauna y 7 mil millones por flora y madera.

Ante este grave problema nuestro país debe mejorar su sistema de impartición de justicia, a efecto de que se castiguen con sanciones penales más severas a todas aquellas personas que atenten contra el patrimonio biológico de la nación.

México juega un papel trascendente en el asunto debido a dos factores importantes: el primero, que es una de las cinco naciones con mayor diversidad de vida silvestre en el planeta, y su vecindad con Estados Unidos, que es el país, que es el principal importador y exportador de plantas y animales salvajes en el mundo y lo convierte, a nuestro país, en presa fácil de los cazadores furtivos y traficantes de animales.

Estoy consciente de esta realidad y pienso que es una tarea impostergable fortalecer los procesos e iniciativas para prevenir y erradicar la impunidad de los delitos ambientales contra la fauna de este país.

Sé que establecer sanciones penales más severas a personas que capturen, dañen, priven, acopien o comercialicen ejemplares de especies o subespecies identificadas en riesgo será un instrumento eficaz para disuadir estas prácticas ilegales.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Vida Silvestre, con la finalidad de combatir de manera eficiente y eficaz este grave problema que aqueja a nuestro país.

Diputado presidente, por economía de tiempo, le solicito de la manera más atenta que el texto íntegro de esta iniciativa quede inscrito en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 62 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar

El suscrito, diputado Federal Jaime Arturo Vázquez Aguilar, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y diputado sin partido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal y el artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como representante de la nación, estoy preocupado por el desarrollo sustentable de nuestro país y la relación armónica de los individuos con la naturaleza, por ello, estoy convencido de que es necesario impulsar una cultura a favor del respeto por la fauna, principalmente por aquella que se encuentra en peligro de extinción, amenazada y sujeta a protección especial.

México es el segundo lugar mundial en tipos de ecosistemas y diversidad de mamíferos, asimismo onceavo lugar mundial en diversidad de aves. Hoy día, existen 1,681 especies de mamíferos, 1,054 especies de aves (más de las que habitan en Estados Unidos y Canadá juntas) y 704 especies de reptiles, 51 por ciento de ellas endémicas, por lo tanto, cabe destacar con excepción de Australia no hay otra región en el mundo que cuente con tantas.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señala que México posee una fauna silvestre de 23 mil 522 especies y se estima que el número podría acercarse a 31 mil. Se calcula que éstas representan entre 10 y 12 por ciento de las especies conocidas en todo el mundo, razón, por la cual, a nuestro país se le clasifica, al lado de Brasil, Perú, Indonesia, China, como “mega diverso”.

Si bien es cierto que México se ubica como el cuarto país a nivel internacional con mayor riqueza biológica, también lo es que su biodiversidad está catalogada como amenazada y en riesgo. El análisis realizado por la Alianza por la Extinción Cero (Zero Extinction), reportó en el año 2007 la localización de 595 sitios en el mundo que concentraban 794 especies en peligro de extinción, y ubicó a México como el país con más sitios críticos (10 por ciento del total mundial), localizados principalmente en Oaxaca, Baja California, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, entre otros.

Es de conocimiento común, que nuestro país alberga una riqueza biológica extraordinaria, incluyendo animales que durante generaciones han sido utilizados y comerciados por diversas poblaciones. Desgraciadamente, muchas de estas prácticas se realizan de manera no sostenible, poniendo en riesgo la viabilidad de especies y subespecies de fauna. Más lamentable aún, resulta que una gran variedad de especímenes silvestres se encuentran en peligro de extinción por el aprovechamiento ilegal, incluidas la cacería furtiva, captura, colecta, transporte y comercio no autorizado de ejemplares.

La norma oficial mexicana, NOM-059-ECOL-2001, actualizada en 2005 y principal instrumento del gobierno federal para enlistar a las especies en riesgo, menciona que en el país existen 221 animales en peligro de extinción. Entre ellos destacan 43 especies de mamíferos, 72 de aves, 14 de reptiles, 6 de anfibios, 70 de peces y 16 de invertebrados. Cabe señalar que la lista sólo es un intento para aproximarse a la realidad, pues existe una revisión continua de acuerdo con un mayor y mejor conocimiento de la flora y la fauna de México.

Es una situación alarmante que de las 5 mil 430 especies de vertebrados identificadas en el país, 9.6 por ciento se encuentra amenazada; 5.0 por ciento está en peligro de extinción y 15.4 por ciento está bajo protección especial. Entre las especies en riesgo destacan: el jaguar, la mariposa monarca, los peces de cuatrociénegas, la vaquita marina, el lobo mexicano, el oso negro, el tapir, entre otras. Según la norma, el total de especies probablemente extintas en la vida silvestre suma 41 (9 de aves, 11 de peces, 7 de mamíferos y 4 especies de plantas).

Un tema en el que debemos poner especial atención es el tráfico ilegal de animales silvestres, pues según la Policía Internacional (Interpol), se está convirtiendo en el tercer negocio más lucrativo en el mundo, después de las drogas y las armas. El comercio ilegal de fauna y flora en todo el mundo supera los 17 mil millones de dólares por año, 10 mil millones por fauna, y 7 mil millones por flora y madera. Ante la gravedad del problema, nuestro país debe mejorar su sistema de impartición de justicia, a efecto de que se castigue con sanciones penales más severas a todas aquellas personas que atenten contra el patrimonio biológico de la nación.

Durante el período 1996-2006, el promedio de especímenes, productos y subproductos de la vida silvestre asegurados por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), en operativos de inspección mantuvo un comportamiento irregular: alcanzó su máximo nivel en los años 2001 y 2002, con alrededor de 115 piezas, después de lo cual se redujo, en los últimos años del periodo citado, a valores de hasta 11 piezas por operativo en 2008. Es importante mencionar que estos datos tan sólo representan el tráfico mínimo detectable, debido a que se desconoce el volumen total de piezas que se trafican ilegalmente dentro y fuera del país.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), señala que los ilícitos relacionados con el ambiente han crecido en número y complejidad. Entre 2007 y 2009, la incidencia delictiva por delitos ambientales fue de 3,853 casos. Entre 2005 y 2009, el estado de México fue la entidad con mayor número de averiguaciones previas, con 52; le siguió el Distrito Federal, con 21; Morelos con 12 procedimientos; y finalmente está Chihuahua, con 10 averiguaciones.

En este sentido, México juega un papel trascendente en el asunto debido a dos factores importantes: 1. Es una de las 5 naciones con mayor diversidad de vida silvestre en el planeta, y 2. Su vecindad con los Estados Unidos, principal importador y exportador de plantas y animales salvajes del mundo, lo convierte en presa fácil de los cazadores furtivos y traficantes de animales.

Estoy consciente de esta realidad y pienso que es una tarea impostergable fortalecer los procesos e iniciativas para prevenir y erradicar la impunidad de los delitos ambientales contra la fauna del país. Sé que establecer sanciones penales más severas a personas que capturen, dañen, priven, acopien o comercialicen ejemplares de especies o subespecies identificadas en riesgo será un instrumento eficaz para disuadir estas prácticas ilegales.

Asimismo, por otra parte, comprendo que la protección de las especies constituye uno de los retos más importantes de la gestión ambiental, y por ello es fundamental que el Estado mexicano promueva, en coordinación con las universidades del país, organismos internacionales y todos aquellos actores preocupados por la biodiversidad, el desarrollo bases de datos de ADN y programas que permitan el manejo genético para la reproducción asistida de la fauna en peligro de extinción.

Por lo expuesto y motivado, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue.

Artículo Primero.Se reforman las fracciones IV y V, se adicionan las fracciones VI, VII, VIII y IX, y se adiciona un párrafo último del artículo 420 del Código Penal Federal.

Artículo 420. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. a III.  ...

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, comercie, cace, capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar vivo o muerto, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y las normas oficiales mexicanas, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte;

V. Dañe, hostigue, o perturbe intencionalmente a algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior, así como a quien destruya o altere su hábitat;

VI. Dé un uso distinto a las especies provenientes de la captura autorizada para los fines señalados en el artículo 59 de la Ley General de Vida Silvestre;

VII. Se dedique a la taxidermia o procesamiento de pieles de especies o subespecies de fauna protegidas;

VIII. Impida u obstaculice la reproducción de especies y subespecies amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial;

IX. Extraiga especies, productos o subproductos de áreas protegidas o refugios privados debidamente autorizados;

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

En caso de reincidencia, y si el daño causado fuera de notoria importancia calificada por la autoridad competente se duplicará la pena de prisión y se triplicará la multa.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo 62. La Secretaría promoverá el desarrollo de proyectos para la conservación, recuperación de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, con la participación en su caso de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás involucrados.

La información relativa a los proyectos de conservación y recuperación de especies y poblaciones prioritarias para la conservación, estará a disposición del público.

La Secretaría desarrollará y mantendrá un banco de datos nacional que incluya el ADN de especies y subespecies mexicanas en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección especial, el cual estará a disposición de instituciones, académicos y demás personas interesadas en la investigación de la reproducción asistida y supervivencia de la fauna en riesgo clasificada por las normas mexicanas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá 90 días naturales para desarrollar el banco de datos que se menciona en el artículo segundo del decreto y deberá publicarlo en su página de internet.

Notas:

1 México es uno de los cinco países que pueden preciarse de una diversidad biológica abundante. Así, puede decirse que es “mega diverso”, lo que significa que la superficie nacional es privilegiada en lo referente a tipos de ecosistemas, así como al número y la variación genética de las especies. Informe de la situación del medio ambiente en México, 2008, Capítulo 4, Biodiversidad, disponible en http://appl.semarnat.gob.mx/ dgeia/informe_2008/pdf/cap_4_biodiversidad.pdf

2 The Alliance for Zero Extinction (AZE), Pinpoiting and preventing imminent extinction, 2007, disponible en http://www .zeroextinction.org/AZE_report.pdf

3 La norma oficial mexicana, NOM-059-ECOL-2001, hace referencia a peligro de extinción cuando se trata de aquellas especies cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, lo cual, entre otras cosas, impide u obstaculiza su reproducción.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de octubre de 2010.— Diputados: Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Miguel Martín López, Sergio Gama Dufour (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como ha solicitado el señor diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, insértese el texto integro de su iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez:Con su venida, diputado presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II. El 73 fracción XXI, 122 párrafo sexto, apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 39 apartado dos fracción XX, y el 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito y a nombre de los signantes diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios en esta Cámara, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, y solicito que sea turnada a la Comisión del Distrito Federal, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

En nuestro país y conforme al artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual manera, en el artículo 122 de nuestra Carta Magna se define, por el artículo 44 del mismo ordenamiento, la naturaleza jurídica del Distrito Federal. Su gobierno está a cargo de  los Poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de carácter local. Y en su párrafo segundo y tercero se señala a la Asamblea Legislativa como la encargada de realizar la función legislativa y la forma en que se compone, en los términos que se señalan desde luego en la Constitución y el Estatuto de Gobierno.

En este ordenamiento se establece la facultad, en el apartado A, del Congreso de la Unión de legislar en lo relativo al Distrito Federal, expedir su Estatuto de Gobierno, legislar en materia de deuda pública y asegurar el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión y demás atribuciones que le confiere la Constitución.

La Asamblea Legislativa surge como respuesta ante la falta de representatividad a los habitantes del Distrito Federal mediante el decreto del 22 de agosto de 1996 y con las modificaciones al artículo 122 de la Constitución.

En ese entonces la Asamblea de Representantes, así concebida desde 1996, se transformó en la Asamblea Legislativa, integrada por diputados con facultades definidas en nuestra Carta Magna y en el Estatuto de Gobierno y que se define como el órgano legislativo encargado de las materias que expresamente le son conferidas por el artículo 122 y 42 del Estatuto de Gobierno.

En el Estatuto de Gobierno se establece un órgano de dirección, órgano que estará a cargo de la Comisión de Gobierno y se establece cuáles van a ser las funciones que estarán bajo su cargo y bajo su responsabilidad.

Sin embargo, en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa los artículos 41 y 42, de dicho ordenamiento establecen la forma de integración de la Comisión de Gobierno. Dicha integración establece que la mayoría absoluta del grupo parlamentario representado en la Asamblea Legislativa será la que estará a cargo de la Comisión de Gobierno y será quien presidirá la misma.

Sin embargo, se establece una segunda hipótesis, en la cual cuando un partido político no alcance la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa ahí representada, se estará a la presidencia rotativa de la Comisión de Gobierno.

Sin embargo el pasado 28 de octubre de 2010, el pleno de la Asamblea Legislativa modificó los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para efecto de que se evite la posibilidad de la presidencia rotativa de la Comisión de Gobierno. Sin embargo, este hecho constituye un atentado contra la institución del órgano de dirección de la Asamblea Legislativa, llamado Comisión de Gobierno.

Ante este hecho, este órgano legislativo y esta Cámara, así representada por diversos grupos parlamentarios, propone la modificación al artículo 50 del Estatuto de Gobierno para efecto de reintegrar la posibilidad de que se pueda instalar la presidencia de manera rotativa al interior de la Comisión de Gobierno.

Ante este hecho que desde luego en esta Cámara de Diputados lamentamos diversos grupos parlamentarios, proponemos la modificación y la reforma al Estatuto de Gobierno para el efecto de que este órgano legislativo pueda restituir la posibilidad de que la presidencia de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa pueda ser rotativa.

Por esta razón y en términos de la economía procesal, solicito al presidente de esta Mesa Directiva sea insertado íntegramente en el Diario de los Debates el texto de la presente iniciativa al tenor del presente decreto:

Artículo 50. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal habrá una Comisión de Gobierno integrada de manera plural por los diputados coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios y un diputado perteneciente a cada partido político distinto de aquellos integrados de forma grupal. Ésta se elegirá e instalará durante el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios integrarán la Comisión de Gobierno y aquel que ostente la mayoría absoluta presidirá la Comisión por la duración de la Legislatura.

De no configurarse tal condición será presidida anualmente y de forma alternada por los coordinadores de los tres grupos parlamentarios que cuenten con el mayor número de diputados en el orden que determine la propia comisión. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo ha solicitado el señor diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, insértese el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates y se ratifica el trámite dado como turno a la Comisión del Distrito Federal.

Les informo que nos visitan alumnos de la escuela primaria Celestine Freinet, del municipio de Naucalpan de Juárez, en el estado de México. Han sido invitados por el diputado Rodrigo Reina Liceaga y les damos la bienvenida.

Diputada Pérez Ceballos, dígame.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos(desde la curul): Para consultarle al diputado Ezequiel Rétiz si nos podemos adherir, como grupo parlamentario, y como diputados del Distrito Federal.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, el diputado Rétiz está manifestando su aceptación. Dígame, diputado Rétiz.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez(desde la curul): Quisiera señalar, presidente, que esta iniciativa, como lo señalé en un inicio, viene signada por los diputados del Partido Acción Nacional representados en esta Cámara en el Distrito Federal, así como por diversos diputados que también del PRI y de Convergencia se han sumado a la presente, de lo cual quiero dejar constancia, independientemente del agradecimiento para quienes se quieran adherir a la misma.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputado. Por tanto, todos aquellos diputados y diputadas que quieran adherirse pueden pasar a firmar la iniciativa presentada por el diputado Rétiz.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Les informo que el siguiente capítulo del orden del día es el de dictámenes de primera lectura y el siguiente punto del orden del día es la primera lectura de tres dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas de México.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada el día 30 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alfredo Ruíz Argueta, Alicia Chávez Castillo, Víctor Jair López Frausto, Héctor Ruíz Gamiño, Salomón Motte Santiago, Marcela González Meléndez, J. Darío Ortega Mercado y Adrián Leopoldo Navarro Soto, puedan prestar sus servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América y de Belice, en México, y en los consulados de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas; en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Alfredo Ruíz Argueta, para prestar servicios como auxiliar contable, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Alicia Chávez Castillo, para prestar servicios como inspector de mantenimiento rotativo, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Víctor Jair López Frausto, para prestar servicios como examinador de cuentas, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Héctor Ruíz Gamiño, para prestar servicios como chofer, en la embajada de Belice en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Salomón Motte Santiago, para prestar servicios como asistente en la oficina de seguridad, en el consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Marcela González Meléndez, para prestar servicios como empleada de visas temporal, en el consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano J. Darío Ortega Mercado, para prestar servicios como guardia de detección de vigilancia, en el consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Adrián Leopoldo Navarro Soto, para prestar servicios como chofer/mensajero, en el consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 26 de octubre de 2010.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruíz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David, Karla Verónica González Cruz, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazarez Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión celebrada el martes 12 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alfredo Aguirre Flores, Jesús Fernando Martínez Estrada, Ernesto Martínez Chávez, María Irene Salazar Ortega, Luis Patricio Garza Zaldívar y Abigail Reyes González, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Alfredo Aguirre Flores, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Jesús Fernando Martínez Estrada, para prestar servicios como chofer, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Martínez Chávez, para prestar servicios como chofer, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana María Irene Salazar Ortega, para prestar servicios como empleada telefonista en la sección consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Luis Patricio Garza Zaldívar, para prestar servicios como empleado de mensajería en la sección de información tecnológica, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Abigail Reyes González, para prestar servicios como empleada en la sección de visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 26 de octubre de 2010.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David, Karla Verónica González Cruz, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica en contra), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 19 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Christian Alfredo Álvarez Maciel, Jorge Ulises Bautista Magallón, Pedro Gómez Gómez, Leopoldo Miguel Espinosa Horcasitas, Valentín Martínez Soto, Adrián Sánchez Rosaldo, Leonardo Guzmán Maltos, Roberto Alonso Picos Rubio, Miguel Olguín Antonio, David James García Sotello y Eva Jenny Arias Moreno puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita comisión para dictamen el expediente relativo.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron la nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Christian Alfredo Álvarez Maciel para prestar servicios como asistente de recursos humanos en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Jorge Ulises Bautista Magallón para prestar servicios como abogado en la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Pedro Gómez Gómez para prestar servicios como escolta en la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Leopoldo Miguel Espinosa Horcasitas para prestar servicios como chofer en la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Valentín Martínez Soto para prestar servicios como escolta en la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Adrián Sánchez Rosaldo para prestar servicios como jefe de escolta en la Embajada del Estado de los Emiratos Árabes Unidos en México.

Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Leonardo Guzmán Maltos para prestar servicios como empleado telefonista en la Sección Consular del Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Roberto Alonso Picos Rubio para prestar servicios como ingeniero electromecánico en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano Miguel Olguín Antonio para prestar servicios como especialista en detección de vigilancia en el Departamento de Seguridad del Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Décimo. Se concede permiso al ciudadano David James García Sotello para prestar servicios como guardia de vigilancia en el Departamento de Seguridad del Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Undécimo. Se concede permiso a la ciudadana Eva Jenny Arias Moreno para prestar servicios como especialista en seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 26 de octubre de 2010.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Emilio Chayffet Chemor (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Ramón Martell López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, César Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez.»

Son de primera lectura.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:  Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya el cierre del sistema.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Se informa a la presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 417 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado José Antonio Yglesias Arreola sometió a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la citada Iniciativa y conforme a las deliberaciones que sobre la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea, el siguiente dictámen

Antecedentes

En sesión de fecha 20 de octubre de 2009, el diputado José Antonio Yglesias Arreola, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de precisar que en el rubro de infraestructura básica educativa se considere a la educación media superior.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa que se dictamina señala el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación obligan a las autoridades a dar mantenimiento y proveer de equipo básico e infraestructura a las escuelas públicas, además de facultarlas para atender de manera especial a las escuelas que se encuentran en localidades aisladas y zonas urbanas con altos niveles de marginación. Por lo que el gobierno de cada Entidad Federativa debe promover la participación directa de los ayuntamientos para proveer los recursos necesarios para que las escuelas públicas puedan funcionar y cumplir con este mandato constitucional.

También menciona que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, en el ramo 33 de “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios” se define el propósito fundamental del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Asimismo, el diputado Yglesias indica que el FAIS se divide en dos fondos: el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM). Siendo en este último, donde se encuentra el concepto de “infraestructura básica educativa”, en el cual no se hace ninguna distinción respecto al nivel educativo al que se destine dicho fondo (preescolar, primaria, secundaria, media superior), por lo que expresa que se entiende que la infraestructura básica educativa está dirigida a cualquier nivel.

Consideraciones de la Comisión

Primera.Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público está de acuerdo con la Iniciativa de mérito toda vez que el gobierno de cada Entidad Federativa debe promover la participación directa de los ayuntamientos para proveer los recursos necesarios para que las escuelas públicas puedan funcionar y cumplir con este mandato constitucional.

Segunda. Esta dictaminadora considera prioritario asignar mayores recursos en infraestructura básica educativa en todos los niveles educativos incluyendo la educación media superior y con ello generar mejores condiciones que permitan abatir con el problema de que las escuelas que se encuentran en localidades aisladas y zonas urbanas con altos niveles de marginación existan inconmensurables rezagos y atrasos educativos que se traducen en altos índices de deserción escolar.

Tercera. La que dictamina considera que en la Ley de Coordinación Fiscal, de la misma manera que en el ramo 33 (fondo 3) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 y 2010 no existe restricción ni diferenciación alguna respecto al nivel educativo al que va dirigido el rubro de infraestructura básica educativa.

Cuarta.La que Dictamina reconoce la necesidad de que se haga una precisión en el artículo 33, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal para que incluya al nivel medio superior, dado que las autoridades fiscalizadoras hacen una mala interpretación de dicho artículo y excluyen del uso de este fondo a la educación media.

Quinta.Esta Comisión Dictaminadora coincide con la Iniciativa de mérito en que debe establecerse en el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal que la “infraestructura básica educativa” no se limita al nivel de educación básica, ya que lo básico se refiere a obras y acciones en cuanto a infraestructura sin limitación del nivel o tipo educativo (construcciones de salones de clase, de usos múltiples, laboratorios, sanitarios, áreas deportivas, etcétera), por tanto debe considerarse al nivel medio superior en el goce de los recursos de dicho fondo y de esta forma poder abatir los problemas estructurales que aquejan a nuestro país y principalmente a los marginados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DECRETO QUE REFORMA EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

Único.Se reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa en los tipos de educación básica y media superior, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y

b) ...

...

...

I. a V. ...

Transitorios

Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Segundo.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados a * de octubre de 2010.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Víctor Manuel Báez Ceja, Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, secretarios; Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica en abstención), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Mario Alberto di Costanzo Armenta, Roberto Gil Zuarth, Ildefonso Guajardo Villarreal, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez, Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica en contra del procedimiento), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso (rúbrica).»

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame, diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente.

Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior, y antes de que inicie la discusión de este punto, quisiera que algún miembro de la comisión respectiva nos explicara por qué la reforma únicamente se refiere a la educación básica y media superior, y no a la educación preescolar, la educación normal, la educación universitaria, o media superior.

¿Cuáles son las razones para acotar la reforma exclusivamente a educación básica y media superior y no referirse a otro tipo de géneros educativos?

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, cómo no, diputado. Como lo está solicitando el diputado Cárdenas, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le pregunto a los integrantes de la comisión si alguno de sus miembros va a subir a fundamentar su dictamen.

La diputada Scherman Leaño lo hará a nombre de la comisión. Tiene la palabra la diputada Sherman Leaño.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño(desde la curul): Señor presidente, compañero Cárdenas. Lo voy a hacer brevemente desde mi curul porque sólo referiré el primer párrafo del artículo 3 de la Constitución que dice: todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, federación, estados, Distrito Federal y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

Ahí se condensa en el concepto básica obligatoria, los conceptos a los que usted hace referencia: preescolar, primaria y secundaria. Gracias.

El diputado José Antonio Yglesias Arreola(desde la curul): Por favor, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Desde su curul el diputado José Antonio Yglesias. Adelante, diputado.

El diputado José Antonio Yglesias Arreola(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente.

Es para precisar lo que pregunta el diputado Cárdenas, como autor de esta iniciativa. Propusimos su reforma, sobre todo una precisión al rubro que se refiere a infraestructura básica educativa.

La Ley de Coordinación Fiscal no permite a los municipios invertir en educación media superior. Como presidente municipal que fui, presenté este problema donde los ciudadanos de los municipios nos piden infraestructura en educación media superior y no lo podemos hacer porque las reglas de operación no permiten y las autoridades fiscalizadoras nos observan. Entonces es una precisión para que podamos invertir o los municipios del Ramo 33 puedan invertir en educación, en infraestructura básica educativa.

La infraestructura básica educativa no se limita al nivel de educación básica, ya que lo básico se refiere a obras y acciones en cuanto a infraestructura, sin limitación del nivel o tipo educativo. Ésa es la precisión que propusimos a este artículo. Muchas gracias.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Agradezco mucho las aclaraciones y los comentarios. Efectivamente, el primer párrafo del artículo 3o. define lo que es la educación básica obligatoria: preescolar, primaria y secundaria. Pero también la propia Constitución habla de la educación normal, en la fracción III del artículo 3o. constitucional. Y desde luego, también de la educación superior, universitaria. Estos rubros no están contemplados en la reforma propuesta.

Así como nos comentaba el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en el municipio en donde él fue alcalde había reclamo para apoyo a la educación media superior de obras de infraestructura, pues seguramente en otros municipios habrá reclamos o peticiones para atender infraestructura básica o infraestructura para la educación normal o para la educación universitaria.

A mí lo que me llamó la atención de este dictamen es lo restringido, que únicamente se ocupa de apoyar a la educación básica y la educación media superior, pero sin referencia a la educación normal y a la educación universitaria, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Cómo no, señor diputado. Los miembros de la comisión han fundamentado su dictamen, por tanto, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Diputado Di Costanzo?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Para hablar en contra.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En contra, el diputado Di Costanzo.

Tiene la palabra el señor diputado Di Costanzo para hablar en contra de la proposición, hasta por 5 minutos. En contra del proyecto de decreto.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente.

Este es un dictamen que a la mejor puede tener muy buenos fines, pero hecho de una manera muy mala. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar es un proyecto de dictamen que se sometió a la consideración de la Comisión de Hacienda, como se ha sometido casi todo lo que se ha visto en esta Legislatura. De repente, sin avisar, suben este proyecto.

Y si bien es cierto que es un buen fin, porque abre la posibilidad para que los presidentes municipales puedan destinar recursos derivados de este fondo a la educación media superior, también es cierto que estamos haciendo las cosas de manera apresurada.

No se cuenta con un impacto fiscal que pueda tener la medida, porque si bien es cierto que el municipio va a poder destinar a la educación media superior parte de estos fondos, también es cierto que le estamos creando una nueva demanda o posibilidad de demanda de este tipo de inversiones al propio municipio.

Es decir, le estamos generando una necesidad, porque van a tener demandas de la gente a que se invierta en esto. Y no viene acompañado de mayores recursos. Entonces, estamos abriendo la gama de posibilidades sin darle al municipio los recursos suficientes para poder satisfacer esta nueva gama de posibilidades o estas mayores posibilidades de inversión.

Entonces, ¿qué vamos a generar? Únicamente más presiones de gasto o de demandas sobre los presidentes municipales, sin un estudio previo de cuánto cuestan o a cuánto pueden ascender. Entonces, este tipo de decisiones, este tipo de proyectos son precisamente los que se toman en la Comisión de Hacienda nada más porque a alguien se le ocurrió, por cortesía legislativa o por cortesía parlamentaria, o por qué hubo algún tipo de negociación con algún integrante de este pleno para que votara a favor o en contra determinada ley.

Entonces no me parece que sea la manera correcta, la manera sensata de hacer este tipo de modificaciones. Todo mundo ha hablado de que la Ley de Coordinación Fiscal está rebasada. Todo mundo ha hablado de que se deben desarrollar, aprobar, modificar muchas normas relativas a la Ley de Coordinación.

Es más, la Ley de Coordinación Fiscal está rebasada, y lo único que hacemos con esto es poner parches que más adelante van abriendo boquetes que luego ni siquiera nos imaginamos y no podemos tapar o no podemos imaginar.

Y así como el día de hoy estamos abriéndole la posibilidad a un presidente municipal de que pueda destinar estos fondos a la educación media superior, también estamos abriendo la posibilidad a que la misma gente del municipio le demande que lo haga, sin darle mayor cantidad de recursos.

Que el problema de fondo, con el federalismo en México es ése. Que se han descentralizado funciones,  que se han abierto posibilidades y que no han ido acompañadas de una estrategia de dotar de mayores recursos a los municipios.

Por eso es que yo estoy en contra de este dictamen. Voy a votar en contra porque no es la manera sensata de hacer las cosas, y mucho menos en la Comisión de Hacienda, donde se suben los dictámenes sin la previa discusión del impacto presupuestario que este tipo de modificaciones, que al parecer no deberían tener, van a tener. Porque si bien es cierto que no se está hablando de ninguna obligación adicional para el presidente municipal, sí se está hablando de posibles demandas sociales en virtud de la gama de posibilidades de inversión que se abren.

Yo creo que en un asunto como la educación hay que tomarlo con mayor seriedad. A mí me gustaría en todo caso que si se les está dando la posibilidad de invertir estos fondos en educación media superior, también se viera la manera de cómo esta modificación va acompañada de mayores recursos para que puedan hacer frente a estas obligaciones, porque lo que estamos aprobando el día de hoy es una obligación más para el municipio, y así se lo va a demandar la gente que en él viva. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado.

Para hablar en pro del dictamen tiene la palabra el diputado José Antonio Yglesias Arreola, hasta por 5 minutos.

El diputado José Antonio Yglesias Arreola:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, efectivamente quiero plantear ante ustedes, los que hemos tenido la oportunidad y la responsabilidad de ser presidentes municipales nos hemos enfrentado a las demandas de los ciudadanos, donde se nos pide, se nos exige otro nivel académico más en nuestros municipios. Municipios de alta y muy alta marginación como fue el caso de donde yo fui presidente municipal.

Este rubro que se refiere a infraestructura básica educativa no tiene que ver nada con educación básica. Nuestros municipios ya cuentan con educación básica, lo que necesitamos es educación media superior para que los jóvenes se sigan desarrollando. Y aquí es donde nosotros consideramos que hay una imprecisión en la Ley de Coordinación Fiscal, porque las autoridades fiscalizadoras establecen que no podemos invertir en educación media porque se refiere únicamente a infraestructura básica educativa. Infraestructura básica educativa no es educación básica.

Por eso es que nosotros hemos planteado en los municipios, sobre todo los de muy alta marginación, como lo decía, como es en el estado de Oaxaca, tenemos que invertir en educación media superior. Los recursos que son asignados del Ramo 33 para este tipo de obras a los municipios, las mismas autoridades los destinan para primarias o secundarias, pero éstas —insisto— ya se construyeron. Ahora necesitamos invertir en educación media.

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación Pública establecen que todo individuo tiene derecho a recibir educación y el Estado, la federación, deberá impartirla.

En este sentido, el gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa de los ayuntamientos para proveer los recursos necesarios para que las escuelas públicas puedan funcionar y cumplir con este mandato constitucional.

Estas leyes obligan a las autoridades a dar mantenimiento y proveer de equipo básico e infraestructura a las escuelas públicas, además de facultarlas para atender de manera especial a las escuelas que se encuentran en localidades aisladas y zonas urbanas con altos niveles de marginación.

Cabe destacar que en estas escuelas marginadas existen inconmensurables rezagos y atrasos educativos que se traducen en altos índices de deserción escolar. Por lo anterior, se considera prioritario reasignar mayores recursos en infraestructura básica educativa en todos los niveles educativos, incluyendo la educación media superior, y con ello generar mejores condiciones que permitan abatir éstos graves problemas.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, en el Ramo 33, “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios”, se define el propósito fundamental del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

El Fondo de Infraestructura Social Estatal y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal. En éste último se encuentra el concepto de infraestructura básica educativa, en el cual no se hace ninguna distinción respecto del nivel educativo al que se destine dicho fondo, por lo que se entiende que la infraestructura básica educativa está dirigida a cualquier nivel.

En la Ley de Coordinación Fiscal, de la misma manera que en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, no existe restricción alguna respecto del nivel educativo al que va dirigido dicho rubro de infraestructura básica educativa, por lo que se considera necesario se haga una precisión en el artículo 33, inciso a) de la Ley de Coordinación Fiscal, para que incluya al nivel medio superior, dado que las autoridades fiscalizadoras hacen una mala interpretación de dicho artículo y excluyen del uso de este fondo a la educación media superior.

Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Solicito a mis compañeros diputados y compañeras diputadas apoyen este dictamen que previamente fue aprobado por la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado Yglesias Arreola. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por 12 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí. Dígame, señor diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Quiero hacer una adición.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, señor diputado, nada más que ha sido declarado suficientemente discutido por la asamblea. En lo general y en lo particular fue declarado suficientemente discutido.

Hasta por 12 minutos puede abrir el sistema electrónico para la votación.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 12 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprovecho este tiempo para saludar muy atentamente a distinguidos ciudadanos que nos visitan. Entre ellos alumnos de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Economía, invitados por el diputado Marcos Cruz Martínez, bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También, amigos del Colegio de Bachilleres de la delegación de Michoacán, invitados por don Miguel Martínez Peñaloza, muchas gracias.

Invitados de diversas comunidades del municipio de Santo Tomás de los Plátanos, estado de México, bienvenidos, invitados del diputado Ignacio Pichardo Lechuga.

También, invitados por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, alumnos de la Universidad Mayab de Yucatán.

Proceda secretaria a hacer el cómputo de los votos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se emitieron 261 votos en pro, 0 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El decreto está aprobado en lo general y en lo particular por 261 votos, reformándose el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 9 de febrero de 2010, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0262, acordó se turnara a la Comisión de Justicia.

Contenido de la Iniciativa

Expone el autor que el artículo 135 de la Ley de Amparo establece que para que surta efecto la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo en que el quejoso señale como acto reclamado el cobro de contribuciones y aprovechamientos por parte de la autoridad fiscal, éste debe realizar un depósito del total efectivo de la cantidad que importe el crédito fiscal relativo.

Añadiendo que para el otorgamiento de la suspensión en esta materia, además de satisfacer los requisitos a que alude el artículo 124 de la Ley de Amparo, el quejoso debe exhibir indefectiblemente el monto total del crédito fiscal que le sea requerido, en dinero en efectivo.

Por otra parte, manifiesta que el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, así como a embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.

Puntualizando que en contra del referido acto de embargo, dictado en un procedimiento administrativo de ejecución, procede, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías ante el juez de distrito, quien podrá discrecionalmente, conforme al artículo 124 de la ley en cita, otorgar la suspensión del acto reclamado.

Como anteriormente quedó anotado, para que surta sus efectos la suspensión del acto reclamado, el artículo 135 de la Ley de Amparo dispone que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, la suspensión del acto reclamado podrá concederse previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, y que el precepto en comento prevé que el depósito debe cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal.

Señala que con las anteriores explicaciones para concluir que si el artículo 135 de la Ley de Amparo exige al contribuyente a quien ya se embargaron bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, volver a garantizar ese interés a través del depósito en efectivo del total de la deuda a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda; entonces, el artículo 135 es desproporcional y excesivo porque obliga al contribuyente deudor a garantizar dos veces un mismo crédito fiscal.

Al respecto, fundamenta su proposición en la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./j. 167/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, octubre de 2009, página 73, con rubro GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES INNECESARIO EL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO DEL CRÉDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS ANTE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE, PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, SI LA AUTORIDAD PREVIAMENTE PRACTICÓ EMBARGO SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA, SIEMPRE QUE A JUICIO DEL JUEZ DE AMPARO EL INTERÉS FISCAL DEL CRÉDITO EXIGIBLE ESTÉ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO.

Concluyendo que dicha jurisprudencia establece que si los bienes del quejoso están embargados en términos del artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación es innecesario que cumpla con el requisito del artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez esté suficientemente garantizado el interés fiscal del crédito exigible.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes:

Consideraciones

Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, esta Comisión considera procedente la reforma planteada por las siguientes consideraciones.

Primera. La suspensión en el juicio de Amparo es una medida cautelar que tiene por objeto mantener incólume o viva la materia u objeto sobre el que versa la controversia del juicio de garantías, en tanto se resuelve en definitiva el juicio.

En razón de ésta, las autoridades responsables se ven obligadas a detener su actuar durante el tiempo en que está en trámite el juicio de Amparo, evitando con ello, que se consume el acto que de ellas se reclama y daños o perjuicios de difícil reparación.

La Constitución Política de México señala en las fracciones IV, X y XI del artículo 107 expresamente lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

IV.En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión;

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;

XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito y la propia autoridad responsable decidirá al respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito;

Por su parte, la Ley de Amparo, establece que la suspensión procede en los juicios de Amparo Indirecto y Directo de la siguiente manera:

Ley de Amparo

Artículo 122. En los casos de la competencia de los jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este Capítulo.

Artículo 123. Procede la suspensión de oficio:

I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;

II. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.

Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.

Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado;

II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:

a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;

b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;

d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;

e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y

g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;

h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.

Artículo 170. En los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsable decidirá sobre la suspensión de la ejecución del acto reclamado con arreglo al artículo 107 de la Constitución, sujetándose a las disposiciones de esta ley.

Artículo 173. Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125 en su caso, y surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.

En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los artículos 125 párrafo segundo, 126, 127 y 128.

Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de tres días hábiles.

Segunda. La propuesta en estudio, propone adicionar un párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, a efecto de que los jueces de Amparo otorguen, en su caso, la suspensión del acto reclamado sin que se les solicite a los quejosos exhibir el monto total del crédito fiscal que le sea requerido, en dinero en efectivo, cuando estos hayan garantizado el crédito fiscal a través del embargo practicado por la autoridad hacendaria.

Dicho precepto en la actualidad señala, lo siguiente:

Ley de Amparo

Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectivos los depósitos.

Al respecto, esta Comisión coincide con la propuesta realizada por el diputado autor de la iniciativa, toda vez que, resulta un exceso que el quejoso tenga que garantizar, para que surta efectos la suspensión de los actos solicitada, el interés fiscal en tratándose de juicios de Amparo en contra del cobro de contribuciones y aprovechamientos, cuando la autoridad fiscal, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución proceda conforme al artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, a embargar al quejoso a fin de obtener, mediante su intervención, los ingresos necesarios para satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.

En ese sentido, resulta innecesario, para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, que el quejoso cumpla con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, toda vez que, a través del embargo trabado por la autoridad hacendaria ya se garantizó el interés fiscal. En el entendido de que dicha concesión de la suspensión siempre será a juicio del juez de amparo, quien decidirá que con dicho embargo administrativo se garantiza el interés fiscal del crédito exigible, toda vez que el embargo es una de las formas autorizadas por el artículo 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación para garantizarlo.

Dicho precepto establece lo siguiente:

Código Fiscal de la Federación

Artículo 141. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes:

I. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A de este Código.

II. Prenda o hipoteca.

III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión.

Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la afianzadora.

IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.

V. Embargo en la vía administrativa.

VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.

El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro o embargo de otros bienes.

En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía.

La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes al en que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de este Código.

Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de las contribuciones y aprovechamientos, por los causantes obligados directamente a su pago, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que correspondan ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.

En los casos en que de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se solicite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la suspensión contra el cobro de contribuciones o aprovechamientos, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que se cobren ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.

Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no exigirá el depósito cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio del Magistrado o Sala que deba conocer de la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante de la misma, cuando previamente se haya constituido garantía ante la autoridad exactora, o cuando se trate de personas distintas de los causantes obligados directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal en los términos indicados en los primeros dos párrafos de este artículo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció, emitiendo por contradicción de tesis la jurisprudencia número 2a./j. 167/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, octubre de 2009, página 73, misma que fundamenta la iniciativa a estudio:

Registro No. 166151

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXX, Octubre de 2009

Página: 73

Tesis: 2a./J. 167/2009

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES INNECESARIO EL DEPÓSITO DEL TOTAL EN EFECTIVO DEL CRÉDITO FISCAL Y SUS ACCESORIOS ANTE LA TESORERÍA CORRESPONDIENTE, PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, SI LA AUTORIDAD PREVIAMENTE PRACTICÓ EMBARGO SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON INTERVENCIÓN CON CARGO A LA CAJA, SIEMPRE QUE A JUICIO DEL JUEZ DE AMPARO EL INTERÉS FISCAL DEL CRÉDITO EXIGIBLE ESTÉ SUFICIENTEMENTE GARANTIZADO.El citado precepto establece que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, que surtirá efectos previo depósito del total de la cantidad, en efectivo, a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o del Municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. Sin embargo, cuando la autoridad fiscal, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución proceda conforme al artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, a embargar la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, a fin de obtener, mediante su intervención, los ingresos necesarios para satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales, para que surta efectos la suspensión del acto reclamado es innecesario que el quejoso cumpla con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez de amparo el interés fiscal del crédito exigible esté suficientemente garantizado, toda vez que el embargo es una de las formas autorizadas por el artículo 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación para garantizarlo. Lo anterior es así, ya que inobservar el referido embargo conllevaría al extremo de que la quejosa contribuyente tuviera que garantizar dos veces un mismo crédito fiscal, lo que sería contrario al principio de derecho consistente en que la garantía, como acto accesorio, es hasta por el monto de la obligación principal.

Contradicción de tesis 266/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de septiembre de 2009. Mayoría de tres votos. Ausente Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González.

De la jurisprudencia anterior, se advierte con meridiana claridad que, si los bienes del quejoso están embargados en términos del artículo 151, fracción II, del Código Fiscal de la Federación es innecesario que cumpla con el requisito del artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez esté suficientemente garantizado el interés fiscal del crédito exigible, como el propio iniciante refiere, lo anterior toda vez que de lo contrario se estaría rompiendo con el principio de derecho consistente en que la garantía, como acto accesorio, es hasta por el monto de la obligación principal.

En ese sentido, cuando el Amparo se solicite en contra del cobro de contribuciones y aprovechamientos, en caso de que el quejoso solicite la suspensión de dichos actos de autoridad, se deberá satisfacer los requisitos que señala el artículo 124 de la Ley de Amparo y, en su caso, el requisito del artículo 135 de la misma ley, pero con la excepción de que no será necesario garantizar el crédito fiscal exigible, cuando la autoridad fiscal haya embargado bienes del contribuyente en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, y dichos bienes embargados son suficientes para asegurar el interés del crédito fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de:

Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135. ...

Si se realizó embargo por las autoridades fiscales, y los bienes embargados son suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal, el contribuyente no tendrá que realizar el depósito en efectivo a que se refiere el párrafo anterior, siempre que el embargo sea firme.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.

La Comisión de Justicia, diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Retiz Gutiérrez, Eduardo Ledesma Romo(rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo, Ardelio Vargas Fosado (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunto a los señores integrantes de la comisión si alguno de ellos quisiera pasar a fundamentar el dictamen. En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular.

Don Pedro Vázquez a favor. Adelante, diputado. Por la comisión justifica el dictamen el diputado Ramírez Puente. En pro el diputado Heliodoro Díaz Escárraga y don Pedro Vázquez. Por la comisión, primero.

El diputado Camilo Ramírez Puente:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el día de hoy corresponde por parte de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados venir a fundamentar en pro el presente dictamen.

Estamos ante una situación real vigente, en la cual nos vemos inmersos día a día todos aquellos ciudadanos que comparecemos ante los tribunales federales con el objetivo de plantear alguna demanda de amparo y por separado la suspensión del acto reclamado.

Dentro de la regulación que se establece en la legislación de amparo tenemos precisamente un capítulo que es de la suspensión de los actos reclamados. Dentro del mismo encontramos que para que tenga efecto la suspensión del acto reclamado, cuando se trata de contribuciones o de créditos fiscales, el interesado debe garantizar el interés fiscal para obtener la suspensión, debe garantizar en efectivo precisamente el monto de la contribución.

Nosotros estimamos en la Comisión de Justicia que dicha práctica debe quedar desterrada en el caso de que las contribuciones y sus accesorios hayan quedado garantizados de manera firme. De esa forma tenemos, por un lado, que se accede a la justicia federal por parte de los ciudadanos y se tienen, por otro lado, garantizados los créditos fiscales que en un momento dado le son reclamados al particular.

Con esta determinación la Comisión de Justicia de esta Cámara busca, primero, el acceso a la justicia federal. Y por otro lado, busca que tenga, la autoridad fiscal, debidamente garantizadas las contribuciones que están reclamando. Evitamos así una doble contribución o una carga doble en el sentido del acceso a la justicia.

Es hoy por hoy obligación de esta Cámara de Diputados adecuar el cuerpo normativo que rige la vida de la sociedad, y de esta forma daremos así certidumbre a los actos que tenemos día con día en los tribunales.

Es por ello que estamos convencidos de que la reforma al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es viable, es procedente jurídicamente y para una fácil corroboración basta la simple lectura del dictamen que se encuentra debidamente expuesto en la Gaceta Parlamentaria.

Quiero señalar también en ese aspecto, que estamos ajustándonos a una realidad que vivimos y que inclusive nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado ya en ese sentido al momento de resolver distintos criterios en contradicción de tesis, lo que le da carácter obligatorio a ello.

Sin embargo, con esta reforma aseguramos que las autoridades federales, jueces de distrito y magistrados federales tengan un panorama claro, concreto, cierto, en el sentido de que lo que están resolviendo al momento de dar por garantizado el crédito sea la mejor decisión. Inclusive, que quede aquí fiel testimonio de que en un momento dado, en todo caso están a salvo los derechos de las autoridades responsables para en un momento dado pedir ampliación de las garantías cuando demuestren suficientemente que ello procede, pero no será en el primer acto de acceso a la justicia cuando se imponga una doble carga al contribuyente o al obligado fiscal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias y en espera de la aprobación, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, don Camilo Ramírez, por su intervención.

LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprovechando la presencia de don Pedro Vázquez González, esta Presidencia le solicita a Servicios Parlamentarios modificar el registro parlamentario, toda vez que la iniciativa presentada por el diputado Vázquez González, que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se turnó a la Comisión de Justicia, corresponde a otras iniciativas, por tanto queda presentada ésta y se turna a la Comisión de Justicia.Espero que se haya entendido todo ese galimatías.

LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, para hablar en pro de este dictamen.

El diputado Pedro Vázquez González:Gracias, presidente, por la rectificación del turno. Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para respaldar el dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo.

El propósito de la adición es eliminar la garantía del interés fiscal cuando se solicite la suspensión del acto reclamado en materia de amparo.

Es pertinente destacar que la autoridad hacendaria, al momento de embargar bienes de un contribuyente, cuenta ya con un monto suficiente que le permite, mediante la vía económica coactiva, rematar esos bienes y cobrar sus adeudos.

Sin embargo, el modelo actual del amparo en materia fiscal obliga a que se garantice el pago de estas obligaciones ante el juez de amparo al momento de solicitar la suspensión.

Esta situación es totalmente inequitativa para el contribuyente, en virtud de que el gobernado en los hechos paga doble: uno, mediante el embargo de bienes que pueden ser rematados y otro, mediante el pago de la garantía del interés fiscal ante el juez de amparo.

También hay que destacar que sobre este tema el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al resolver la contradicción de tesis, en el sentido de que es innecesario el depósito del total del efectivo del crédito fiscal si la autoridad administrativa previamente ha trabado embargo sobre los bienes del contribuyente.

En todo caso, es responsabilidad de la autoridad administrativa someter a remate de manera adecuada los bienes embargados, a efecto de evitar el menoscabo de los mismos y con el propósito del remate, que la autoridad hacendaria se cobre lo que el particular debía.

Bajo estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo invita a votar a todos los presentes a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Diputado Jaime Cárdenas, con qué objeto.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Preguntarle al diputado si me admite formularle una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Cárdenas desea formularle una pregunta.

El diputado Pedro Vázquez González:Sí, cómo no.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado. Acepta el orador.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Quiero preguntarle al diputado Pedro Vázquez si considera que este dictamen garantiza el acceso a la justicia, que a mí me parece muy relevante. Si es que es así, para garantizar derechos fundamentales.

El diputado Pedro Vázquez González:Desde luego, y soy muy puntual en la contestación, diputado Jaime Cárdenas, sí se alcanza la justicia, desde luego, definitivamente que sí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputados. Tiene la palabra la diputada Ángeles Nazares Jerónimo, por el Grupo Parlamentario del PRD, para que nuestra última intervención sea la que corresponde al diputado Heliodoro Díaz Escárraga.

La diputada Ángeles es también integrante de la Comisión de Justicia.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que se somete a la consideración de este pleno tiene que ver con afectaciones que tienen los contribuyentes al ser embargados en sus bienes por motivos de un crédito fiscal.

Actualmente el Código Fiscal de la Federación establece un procedimiento de embargo para que las autoridades fiscales puedan hacer efectivo el crédito fiscal. Para tal efecto, se procede a embargar bienes suficientes del contribuyente para garantizar su adeudo, luego rematarlos, enajenarlos o adjudicarlos a favor del fisco.

Dentro de los bienes que pueden ser susceptibles de embargo se encuentran los bienes inmuebles, muebles o negocios. En ese sentido, cuando un ciudadano afectado por un embargo fiscal recurre al juicio de amparo, independientemente de los bienes que le han sido embargados, debe adicionalmente realizar un depósito en efectivo a nombre de la Tesorería de la Federación para poder obtener la suspensión del acto reclamado.

Este depósito tiene que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se llegan a causar, asegurando con ello el interés fiscal.

Lo anterior resulta una doble afectación al contribuyente, ya que por un lado se le embargan bienes que ya cubren la totalidad del crédito fiscal. Y por otro lado, al solicitar la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo se le obliga al requisito de cubrir un depósito en efectivo a favor de la federación para que pueda surtir efecto dicha suspensión.

Por tanto, esta reforma beneficia a todo contribuyente que siendo embargado en sus bienes por la autoridad fiscal, y éstos sean suficientes para garantizar el crédito fiscal, ya no se vea obligado a garantizar doblemente un mismo adeudo fiscal.

El presente dictamen garantiza a los contribuyentes de menores recursos económicos el acceso real a la justicia y a la protección de la justicia federal. Por ello nuestro voto será a favor en el presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señora diputada. Tiene la palabra el diputado don Heliodoro Díaz Escárraga, en pro del dictamen.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, el dictamen que hoy se presenta ante esta honorable asamblea se origina en una iniciativa presentada por el de la voz. Una iniciativa que pretende favorecer a quienes pagamos impuestos en este país. Una iniciativa que busca evitar la duplicidad de un acto jurídico de molestia y desregular y hacer más eficiente y expedito el procedimiento en materia de amparo.

Según estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se había registrado una base de contribuyentes, la última, más actualizada, de más de 24 millones de personas. En ese mismo año —en este año, recientemente— se promovieron más de 40 mil juicios derivados de procedimientos administrativos de ejecución.

Esta numeralia habla por sí sola de la importancia cuantitativa del asunto al que refiere el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia de esta Cámara y que ahora se somete a la consideración de este pleno.

Potencialmente, la adición propuesta al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podría favorecer a igual número de causantes e incidir positivamente en los juicios de garantía en materia fiscal.

Cualitativamente dicha adición contribuirá a dar mayor certeza jurídica tanto a la autoridad fiscal como al contribuyente. Evitará la duplicidad de la garantía del interés fiscal. Simplificará trámites administrativos a cargo de la federación, estados y municipios. Suprimirá una carga innecesaria de actividad en los juzgados de distrito. Y principalmente, evitará que se siga cometiendo una injusticia.

El planteamiento recogido en el dictamen es muy sencillo. Si el artículo 135 de la Ley de Amparo exige al contribuyente a quien ya se embargaron bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, volver a garantizar ese interés a través del depósito en efectivo del total de la deuda a nombre de la Tesosería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, entonces este artículo es desproporcional y excesivo, porque obliga al contribuyente deudor a garantizar dos veces un mismo crédito fiscal, así lo ha admitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es conveniente entonces, traducir esta interpretación en una norma y en un texto legal vigente. Por ello es que, atentamente les solicito aprobar el dictamen relativo. Corrijamos lo que está mal. Con su voto a favor, tal vez es un acto discreto, de bajo perfil, pero sin duda trascendente en el fondo para el país, ya que favorecerá en su adecuada proporción a su economía.

Apoyemos al contribuyente aprobando una reforma legal que le beneficiará, sin lugar a dudas. Respaldemos el dictamen suscrito por los integrantes de la Comisión de Justicia, a quienes agradezco su voto favorable a esta iniciativa que hemos presentado. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Concluidos los razonamientos y posicionamientos de grupos parlamentarios tiene la palabra en pro, el diputado Humberto Benítez Treviño.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Con su venia, señor presidente. Distinguidas diputadas, compañeros legisladores, el dictamen que se está presentando a su consideración es de la mayor justicia y equidad. Toda vez que el artículo 31 constitucional, fracción IV, que establece las obligaciones de los mexicanos, establece asimismo que los mexicanos tenemos la obligación de contribuir, tanto en los gastos para la federación, el Distrito Federal, las entidades federativas y los municipios en que residimos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

El diputado Heliodoro Díaz propuso, y la comisión aprobó por unanimidad, la adición al artículo 135 de la Ley de Amparo que establece que para que la suspensión del acto reclamado surta efectos, el causante debe realizar un depósito del total en efectivo que garantice el crédito fiscal relativo.

Por otra parte, el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación establece que es facultad de las autoridades hacendarias embargar bienes suficientes del causante para garantizar el crédito fiscal impugnado.

Estamos hablando de dos disposiciones inequitativas, desproporcionales e injustas, porque se tiene que garantizar doblemente el crédito fiscal.

Por eso, compañeros, les pido el voto a favor del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, porque me permito recordarles a todas y todos ustedes que nosotros también, los legisladores, somos causantes cautivos y podemos ser sujetos de un crédito fiscal injusto y desproporcional.

Finalmente, el dictamen de referencia establece una adición al artículo 135 en los siguientes términos: si se realizó embargo por las autoridades fiscales y los bienes embargados son suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal, el contribuyente no tendrá que realizar el depósito en efectivo a que se refiere el párrafo anterior, siempre que el embargo sea firme.

Finalmente, felicitar al diputado proponente por esta medida proporcional, justa, equitativa que atiende a lo que debe ser la justicia fiscal en este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias a usted, señor diputado. Aprovechamos la oportunidad para darle la más cordial bienvenida al personal docente y estudiantes de la Universidad Internacional y de la escuela preparatoria José María Morelos y Pavón, de los municipios de Cuernavaca y Temixco, respectivamente, del estado de Morelos, invitados, todos ellos de la diputada federal Rosalina Mazari Espín.

Consulte la secretaria si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, está suficientemente discutido. Ordene la Secretaría se hagan los avisos necesarios y proceda a su votación en lo general y en lo particular, toda vez que no existen reservas sobre este dictamen.

Por tanto, estaremos votando en lo general y en lo particular en un solo acto el dictamen hasta por 10 minutos.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Damos la bienvenida a invitados especiales del estado de Querétaro, y ellos son convocados a visitarnos por el diputado Reginaldo Rivera de la Torre. Sean todos ustedes bienvenidos.

También nos acompañan en su calidad de visitantes distinguidos, alumnos y personal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Morelia, Michoacán. Todos ellos son invitados del diputado Agustín Torres Ibarrola. Sean ustedes bienvenidos.

Asimismo, se encuentran en esta sala alumnos y personal del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, del estado de Veracruz. Todos son invitados por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Sean bienvenidos.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se emitieron 289 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado en lo general y en lo particular por 289 votos, el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Sonido a la curul del diputado Fernández Noroña, por favor.

TRABAJO LEGISLATIVO

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, dos cosas. Insistir en la petición, andamos para arriba y para abajo con reuniones de comisiones, que ojalá cuando haya pleno no hubiese reuniones de comisiones, y que quede en actas que el diputado César Nava hoy otra vez no vino y sigue cobrando, y hoy sí nos urgía platicar con él porque ya hay un grupo muy grande de diputados que quiere departamentos en Polanco y quiere la asesoría del citado diputado.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Un momentito, diputado secretario. Diputado Luis Enrique Mercado. Sonido en su curul. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez(desde la curul): Nada más para aclarar, señor presidente, que el diputado César Nava sí vino a la sesión. Se acaba de retirar a trabajos de comisiones. Quien no estaba aquí es el diputado Fernández Noroña. Gracias.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fueron turnados para su estudio y dictamen:

I. El expediente No. 4155, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada durante la LX Legislatura por la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional, el día 21 de mayo de 2008.

II. El expediente No. 5756, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada durante la LX Legislatura por los diputados Elizabeth Morales García, Gerardo Lagunes Gallina, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Gustavo Fernando Caballero Camargo y Jorge Luis de la Garza Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Alma Hilda Medina Macías, Gregorio Barradas Miravete, Miguel Ángel Monraz Ibarra, José Inés Palafox Núñez, Alma Xóchil Cardona Benavidez, Carlos Alberto Torres Torres, Francisco Javier Plascencia Alonso, Fidel Antuña Batista, José de Jesús Solano Muñoz, Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Ricardo Franco Cazarez y Carlos Alberto Navarro Sugich, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Daisy Selene Hernández Gaytán, Francisco Sánchez Ramos, Ana Yurixi Leyva Piñón, Concepción Ojeda Hernández, Celso David Pulido Santiago, Martín Ramos Castellanos, Rafael Villicaña García y Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, y Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el día 26 de marzo de 2009.

Asimismo, la Comisión de Juventud y Deporte recibió de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ambas de la LX Legislatura, opinión de impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, citada en el párrafo anterior, mediante la cual señala que dicha iniciativa no implica impacto presupuestario.

III. El expediente No. 817, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3, 4, 8 y 15 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el día 3 de diciembre de 2009.

IV. El expediente No. 1547, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 4 de marzo de 2010.

V. El expediente No. 1728, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 25 de marzo de 2010.

VI. El expediente No. 2421, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 26 de mayo de 2010.

En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción I, la diputada expone que la razón de ser de los organismos gubernamentales que sectorizan su intervención hacia los ciudadanos, como las mujeres, los adultos mayores, las niñas y los niños, sería el esquema de ideal aplicación para el caso de las y los jóvenes, con una actuación que exprese un compromiso de mucho mayor impacto socio económico.

Por lo que la estructura del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) tendría que pensar su vinculación con otras instancias de la administración pública federal, para así conformar actividades coordinadas y que repartan responsabilidades a favor del desarrollo social, con un enfoque distinto para todos los diferentes subgrupos de la población juvenil.

En este sentido, el Instituto Mexicano de la Juventud debe dirigir esfuerzos más amplios, para enriquecerse de los aportes que las organizaciones de la sociedad civil general para la población joven cada vez más diversificada, indica la legisladora.

La diputada promovente señala que la experiencia internacional ha tenido éxito en la implementación de la Perspectiva de no discriminación, entendida ésta como un enfoque o dirección de las políticas públicas que contempla un parámetro de inclusión a partir del carácter integral e indivisible de los derechos humanos.

Por ello, mediante la iniciativa que presenta, pretende incorporar una visión garantizadora de tal instrumentalización institucional (la perspectiva de no discriminación), mediante la adición del presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) al grupo de funcionarios de la administración pública federal que conforman la Junta Directiva del referido Instituto.

En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción II, los legisladores destacan que, como una respuesta a las necesidades de la dinámica social de la época, en los años noventa surge la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, vigente a la fecha, la cual respondió positivamente a dichas exigencias; sin embargo, durante los años subsecuentes hubo cambios sociales importantes y la población juvenil se incrementó de manera relevante, al grado de alcanzar aproximadamente 27.2 millones de jóvenes, entre los 103 millones 263 mil 388 habitantes del territorio nacional.

Lamentablemente, destacan los diputados promoventes, estos cambios han llevado a los jóvenes a enfrentar serios problemas que impiden su desarrollo pleno e interrelación social. La persistencia de situaciones sociales adversas para el desarrollo de las y los jóvenes, como pobreza, de-sigualdad, desempleo, violencia, falta de valoración de sus aportes, discriminación, entre otros problemas, impactan a nuestra sociedad, lo que hace indispensable redoblar esfuerzos para impulsar el desarrollo y la inclusión de la juventud mexicana.

Para contrarrestar estos fenómenos sociales es indispensable actualizar la legislación en materia de Juventud, indican los promoventes, dotando al Estado mexicano de las herramientas jurídicas e institucionales necesarias, tales como fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud para que lidere la formulación, protección y garantía de los derechos de las y los jóvenes en toda la República Mexicana.

En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción III, la diputada expone que uno de los mayores problemas que enfrentamos como país es la alta incidencia de discriminación, violencia e inequidad de género que se vive tanto en la familia como en las escuelas y la calle.

En este sentido señala que, dada su importancia, el Instituto Mexicano de la Juventud debe guiar su quehacer a través de la óptica del derecho a la no discriminación, si en verdad se quiere que tenga una incidencia positiva en la calidad de vida de los jóvenes mexicanos. Por ello se considera como elemental que dentro de la ley que lo rige se haga especial énfasis en la no discriminación, por lo que propone incorporar con claridad a la Ley de la materia que los jóvenes serán objeto de los programas, servicios y acciones que el instituto lleve a cabo sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

Asimismo, considera que debe quedar plasmado en la ley que el Instituto tiene por objeto, además de los citados en la ley, el de promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Ello, a través de programas y cursos de orientación e información sobre la cultura de la no violencia, la no discriminación y la equidad de género con el objeto de que haya una mayor igualdad de trato y oportunidades para todos los jóvenes, y sus decisiones sean producto de una información completa y adecuada.

También argumenta la necesidad de orientar las políticas, programas y acciones en ámbitos estratégicos con el fin de informar y desarrollar las capacidades y conocimiento de los jóvenes para que conozcan sus derechos, y los mecanismos para exigirlos.

En el mismo sentido expone que, dada la relación hombres-mujeres que guarda la población mexicana que se encuentra entre los 12 y 29 años, el evidente impacto de la discriminación sobre ellos, y el significado negativo respecto del disfrute de sus derechos fundamentales, es necesario que formen parte de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud un representante del Instituto Nacional de las Mujeres y otro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. De esta manera se agregarían experiencias positivas, ampliamente probadas y profesionales, sin interferir en modo alguno en el proceso de toma de decisiones que caracteriza a instituciones como el Instituto.

En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción IV, el legislador señala que, ante las grandes dificultades para incorporar a la juventud mexicana al desarrollo económico nacional, una primera acción legislativa que se hace indispensable respecto a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, es modificar las disposiciones legales relativas a la integración de su órgano de dirección, a fin de incorporar en él a tres integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, con el propósito de que se garanticen dos aspectos básicos:

1. Mayor colaboración entre poderes en el diseño de la política nacional de juventud, así como de los programas especiales a cargo del Instituto.

2. Contribuir al mejor, eficiente e imparcial funcionamiento del Instituto en la prestación de sus servicios y aplicación de sus programas a fin de que se cumpla el objeto para el cual fue creado.

Asimismo indica el diputado, con el afán de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y fortalecer el sistema de rendición de cuentas, se propone establecer como facultad del director del Instituto presentar a la Cámara de Diputados un informe anual de actividades.

La razón que motiva esta propuesta para el promovente es dar cumplimiento cabal y urgente a objetivos y acciones pendientes en este rubro, y asegurar que dicha institución responda a los intereses de todos los jóvenes, sin distingo, conforme al orden jurídico establecido.

En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción V, el diputado promovente expone que se reporta la población de jóvenes mexicanos más grande que jamás se ha visto en la historia, lo que representa un rango de oportunidad para cambiar al país de verdad.

Asimismo señala que lamentablemente hay datos que nos muestran una realidad decepcionante tales como por ejemplo: de acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, nunca antes tantos jóvenes emigraron del país en busca de una vida mejor, de los cuales siete de cada 10 inmigrantes tienen entre 15 y 24 años; según la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 100 por ciento de los egresados a nivel nacional, únicamente 30 por ciento encuentra empleo en el primer año, y de éstos, sólo 30 por ciento labora en la actividad en la cual ha sido formado con sus estudios.

Ahora bien, agrega el legislador, al hacer una revisión de las funciones que lleva a cabo el Instituto Mexicano de la Juventud, en relación con las oportunidades laborales para los jóvenes, se detectó que su participación es únicamente informativa y en algunos casos de vinculación con programas también de carácter informativo, como el Servicio Nacional de Empleo por Teléfono.

En este contexto, propone dotar al Instituto Mexicano de la Juventud de atribuciones para el diseño, implementación y ejecución de programas con fondos presupuestales, que contribuyan directamente en la problemática de la incorporación laboral de los jóvenes, su alternativa al autoempleo, la generación de emprendedores juveniles y, decididamente, aprovechar al máximo el capital humano juvenil, hasta ahora desperdiciado.

La principal meta, agrega el diputado, es lograr por un lado el desarrollo de los jóvenes de México en el aspecto profesional y económico, y por el otro, fomentar una cultura empresarial que impulse el desarrollo económico por su elemento poblacional más importante: los jóvenes.

En la parte sustantiva de la propuesta citada en la fracción VI, el legislador promovente destaca que la importancia de las y los jóvenes en México es enorme, no sólo por el número que representan respecto a la población total, sino porque se erigen como los conductores del progreso en todos los ámbitos de la vida nacional, motivo por el cual han sido apoyados a fin de aprovechar su potencial en la construcción de un mejor país.

Asimismo, refiere que en 1999 fue creado el Instituto Mexicano de la Juventud, encargado de definir e instrumentar la política nacional de juventud para incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país.

Sobre el particular indica que la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud nace como respuesta a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que garantice el ejercicio pleno de los derechos de la juventud y dé marco y fundamento a la actuación del gobierno para poner en marcha una política que construya oportunidades verdaderas para los jóvenes.

En este sentido, agrega el diputado, este instrumento jurídico ha dotado al Instituto Mexicano de la Juventud de amplias atribuciones que han contribuido a cumplir su labor.

No obstante los logros obtenidos y la gran labor que ha venido realizando el Instituto, estos no han sido suficientes, comenta el promovente, toda vez que en nuestro país las y los jóvenes han llegado a sus niveles más altos de la historia, debido al bono demográfico que se ha estado experimentando, por lo que los requerimientos por parte de este sector de la población han sido aún más evidentes, debido a la situación de rezago que enfrentan en los distintos ámbitos así como los obstáculos para participar plenamente en las decisiones nacionales.

Por todo lo anterior, el promovente justifica la necesidad de fortalecer al Instituto para continuar cumpliendo eficazmente con su intención, para lo cual propone:

a. Definir los criterios que deberá observar el Instituto en el cumplimiento de su objetivo, como la integralidad y transversalidad de las políticas públicas, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres y el fomento al federalismo.

b. Establecer los lineamientos bajo los cuales el Instituto tendrá que definir e instrumentar la política nacional de juventud, una política tendiente a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y el respeto y acceso a sus derechos.

c. Fortalecer las atribuciones del Instituto otorgándole la atribución de elaborar el “Programa Nacional de Juventud”, estableciendo los criterios para su integración, diseño, contenido y evaluación de los resultados en el cumplimiento de sus objetivos y estrategias.

d. Fortalecer la política pública en materia de juventud mediante la creación de un “Órgano Coordinador de la Política Nacional de Juventud”, encargado de garantizar la integralidad y transversalidad de la política nacional de juventud, así como su instrumentación y ejecución.

e. Crear un “Sistema Nacional de Información, Investigación y Consulta sobre Juventud”, encargado de recabar la información más importante en materia de juventud, y establecer los mecanismos para generar las bases de datos con dicha información.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de todas y cada una de las iniciativas de referencia, tomando como eje rector la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado César Daniel González Madruga, última iniciativa presentada en esta legislatura, con un contenido en lo sustantivo abundante y valioso para fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud, misma que facilitó alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

El término joven corresponde a una etapa en la vida del ser humano que hace referencia a un parámetro cronológico comprendido dentro de los primeros años de vida, aunque los rangos que tal etapa incluye son variables; así, tanto la Organización de la Naciones Unidas como la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes identifican como joven a las personas que quedan comprendidas dentro del rango de los 15 y 24 años de edad. Para nuestra legislación vigente en materia de juventud son jóvenes las personas cuyo rango de edad se encuentra entre los 12 y los 29 años.

Actualmente en México, de los 107 millones de personas que componen la población total, 35 millones son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad es decir, el 33 por ciento del total de la población mexicana es de jóvenes.

Desafortunadamente la historia por la que han transitado los jóvenes ha estado marcada por obstáculos y dificultades sociales que no sólo han limitado su desarrollo integral sino que los tienen en un estado de rezago social que día con día se incrementa.

Las cifras estadísticas revelan la situación en la que se encuentran:

En educación y empleo, 8 millones de jóvenes, no estudian y no trabajan. De éstos, algunos son migrantes (2 millones), otros cuentan con trabajos no registrados (1 millón) como el empleo informal con bajos salarios, carencia de prestaciones sociales, falta de seguridad laboral y perspectivas de mejora laboral negativas, otros más están en los reclusorios (119 mil), y el resto, poco más de 4 millones, totalmente expuestos a las redes del crimen organizado bajo la esperanza de obtener prosperidad que mediante otras vías se ve muy complicado de conseguir.

De los jóvenes con empleo, la última encuesta sobre juventud arrojó que el 61.43 por ciento de las y los jóvenes ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Por lo que hace a la cobertura educativa sólo en el nivel medio superior, origina que cada año miles de jóvenes queden sin oportunidad de estudiar, así por ejemplo, para el ciclo escolar 2009-2010, 2.4 millones quedaron fuera del sistema escolarizado y, en educación superior, solamente ingresará el 27.6 por ciento de la población en edad de cursarla.

Respecto a la salud, el 50 por ciento de las y los jóvenes no tienen acceso a algún servicio de salud, y adicionalmente el 70 por ciento de los jóvenes, como grupo etario, tienen contacto con alcohol y drogas convirtiéndose para algunos en el principal problema que enfrentan durante su juventud.

En el tema de la seguridad, es alarmante que cerca del 50 por ciento de quienes están en las cárceles de toda la República Mexicana son jóvenes. Resulta igualmente alarmante el grado de desintegración del tejido social que se percibe con tristeza en diferentes ciudades del país en donde el sector juvenil es el principal afectado.

En este contexto, si bien es cierto que como una respuesta concreta a la creciente demanda para regular, coordinar, promover y operar programas y estrategias de atención a la juventud, a principios del año 1999 se crea el Instituto Mexicano de la Juventud, como un organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, también es verdad que la situación presente revela la necesidad de fortalecer a dicho Instituto, ya que ha sido rebasado en sus acciones para hacer frente a las necesidades de los jóvenes.

Por todo ello, las propuestas en estudio constituyen una fuente valiosa de aportación para fortalecer al Instituto, por lo que este órgano legislativo ha tenido a bien considerar el contenido de cada una de ellas, en los términos siguientes:

Sobre la propuesta citada en la fracción I:

Esta Comisión es consciente de la problemática que representa para los jóvenes la discriminación por parte de las autoridades o de otros grupos sociales, por el solo hecho de expresarse mediante diferentes gestos, movimientos, tatuajes, formas de vestir y expresiones artísticas como lo es la música.

De igual forma, este órgano legislativo coincide con la legisladora, sobre la necesidad de impulsar desde el Instituto una perspectiva de inclusión y no discriminación hacia los jóvenes en el quehacer de promover la integración de los jóvenes a la sociedad, por lo que se considera fundamental incluir su propuesta en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Sin embargo, respecto a la propuesta para el artículo 8, en el sentido de incluir al presidente de la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) en la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, esta Comisión llama la atención que esta modificación contravendría a la Ley Federal de Entidades Paraestatales en su artículo 18, pues se superaría el límite legal establecido de miembros propietarios y de sus respectivos suplentes, y siendo el Instituto un organismo descentralizado de la administración pública federal, este debe cumplir con lo establecido en dicha ley. Por lo tanto este órgano legislativo considera conveniente invitar de manera permanente a la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud a un representante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el cual, si bien no tendrá voto, enriquecerá con su opinión la visión de inclusión y no discriminación en las políticas dirigidas a los jóvenes.

Sobre la propuesta citada en la fracción II:

La Comisión de Juventud y Deporte coincide con los legisladores promoventes en el sentido de que, aunque en la ley vigente ya se contempla el Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas, hace falta dar una visión más clara del mismo, por lo que resulta conveniente cambiar su nombre al de Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud, y precisar su objeto, que será dar seguimiento a los programas tanto del instituto como de las demás secretarías y entidades, opinar sobre los mismos, recabar la opinión de los ciudadanos interesados en políticas públicas en materia de Juventud y presentar sus resultados y opiniones al director general del Instituto, formulando, en su caso, las propuestas que tenga a bien hacer.

Asimismo, es importante dotar al Instituto de atribuciones para promover la no discriminación o exclusión social de las y los jóvenes, y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intergeneracional, sin exceder sus atribuciones en el ámbito de juventud, por lo que la propuesta sin duda alguna contribuirá al cumplimiento de dicho fin.

La armonización de diversas disposiciones con los ordenamientos vigentes es básica para brindar certeza jurídica, por lo que la propuesta se recoge en lo que da mayor claridad.

Sobre la propuesta citada en la fracción III:

Este órgano legislativo comparte la visión de la legisladora promovente respecto a que uno de los mayores problemas que enfrentamos como país es la alta incidencia de discriminación, violencia e inequidad de género que se vive tanto en la familia como en las escuelas y la calle.

Por ello también coincide en que el Instituto Mexicano de la Juventud debe guiar su quehacer a través de la óptica del derecho a la inclusión y a la no discriminación, para generar una verdadera participación e integración de los jóvenes a la sociedad. En este sentido considera viable y de impacto positivo incorporar con claridad a la ley de la materia que los jóvenes serán objeto de los programas, servicios y acciones que el instituto lleve a cabo sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, como lo cita expresamente nuestra Constitución, y que además generará una perspectiva de cohesión social.

De la misma manera comparte la propuesta en el sentido de armonizar distintos artículos de la Ley de la materia para fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Ello, a través de programas y cursos de orientación e información sobre la cultura de la no violencia, la no discriminación y la equidad de género con el objeto de que haya una mayor igualdad de trato y oportunidades para todos los jóvenes y sus decisiones sean producto de una información completa y adecuada.

Este órgano dictaminador sostiene que toda política pública debe estar orientada correctamente para cumplir con el objetivo como el caso de las políticas de juventud, la cuales, en coincidencia con la promovente, deben estar orientadas en ámbitos estratégicos con el fin de informar y de-sarrollar las capacidades y conocimiento de los jóvenes, así como para que conozcan sus derechos, y los mecanismos para exigirlos. La indicación en la Ley de orientar las políticas públicas y difundirlas entre los jóvenes para conocer sus derechos y sus obligaciones, viene a dar mayor seguridad social.

Por último, en cuanto a la propuesta de fortalecer a la Junta Directiva del Instituto en la toma de sus decisiones, con una visión más clara sobre la equidad de género y la no discriminación, tomando en cuenta que son dos de los grandes problemas que se viven entre los jóvenes, esta comisión considera valiosa y de impacto positivo la propuesta de invitar a la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud tanto a representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y de cualquier otra institución de la cual el Consejo considere primordial conoces su opinión para el mejor despacho de sus responsabilidades, sin interferir en modo alguno en el proceso de toma de decisiones del Instituto.

Sobre la propuesta citada en la fracción IV:

Este órgano legislativo es consciente de que a lo largo de los años se han presentado grandes dificultades para incorporar a la juventud mexicana al desarrollo económico nacional, y aun más durante los últimos años durante los cuales la población juvenil se incrementó de manera histórica hasta alcanzar su mayor número, 35 millones de jóvenes de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población al 2010, la cual seguirá creciendo durante la próxima década. En este sentido, reconoce que es urgente implementar acciones para impulsar el desarrollo de los jóvenes. Así las cosas, la Comisión de Juventud y Deporte reconoce el empeño del diputado promovente por aportar a este fin, particularmente destaca la propuesta que plantea para incorporar a la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud a tres integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, con el propósito de que se garanticen dos aspectos básicos:

1. Mayor colaboración entre poderes en el diseño de la política nacional de juventud, así como de los programas especiales a cargo del Instituto.

2. Contribuir al mejor, eficiente e imparcial funcionamiento del Instituto en la prestación de sus servicios y aplicación de sus programas a fin de que se cumpla el objeto para el cual fue creado.

Sin embargo, atendiendo al principio de autonomía de poderes, resulta improcedente dicha propuesta. Lo anterior resulta contundente al revisar la disposición del artículo 19 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el cual prohíbe expresamente incluir a legisladores de la Cámara de Diputados en la Junta Directiva de los organismos paraestatales, y siendo el Instituto Mexicano de la Juventud un organismo paraestatal, no se pueden incluir legisladores de la Cámara de Diputados como miembros de su Junta Directiva.

En cuanto a la propuesta de establecer como obligación del director del Instituto presentar a la Cámara de Diputados un informe anual de actividades, en el afán de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y fortalecer el sistema de rendición de cuentas, este órgano legislativo encuentra innecesaria la propuesta en virtud de que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 69 ya se establece la obligación del Presidente de la República de presentar anualmente un informe de labores del estado que guarda la administración pública del país, y se faculta a la Cámara de Diputados para ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar, entre otros, a los directores de las entidades paraestatales, siendo el Instituto Mexicano de la Juventud uno de ellos, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. Asimismo, el artículo 93, faculta a la Cámara de Diputados para requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal.

Además, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud vigente ya contempla en el artículo 8, fracción VII, la obligación del director del Instituto el publicar el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto.

Sobre la propuesta citada en la fracción V:

La Comisión de Juventud y Deporte coincide con el diputado promovente respecto a la oportunidad que se presenta para nuestro país al contar con 35 millones de jóvenes, el mayor número en su historia, y que seguirá aumentando durante la próxima década. También concuerda con la difícil realidad en la que se encuentran estos jóvenes, con escasas oportunidades para estudiar y para encontrar empleo, por citar algunos ejemplos.

Bajo este panorama, la propuesta del legislador, en el sentido de dar mayores atribuciones al Instituto Mexicano de la Juventud, para el diseño, implementación y ejecución de programas con fondos presupuestales, que contribuyan directamente en la problemática de la incorporación laboral de los jóvenes, su alternativa al autoempleo, la generación de emprendedores juveniles y, decididamente, aprovechar al máximo el capital humano juvenil, resulta de la mayor relevancia como una manera vinculante del Estado hacia los jóvenes, que les otorgará mayores oportunidades de insertarse al campo laboral.

Por lo anterior, esta Comisión considera viable y valiosa la propuesta del diputado para trabajar en el desarrollo de los jóvenes.

Sobre la propuesta citada en la fracción VI:

La Comisión de Juventud y Deporte concuerda con la exposición de motivos expuesta por el diputado promovente la cual refiere sobre la oportunidad de desarrollo que representa para nuestra nación el contar con un verdadero bono demográfico constituido por 35 millones de jóvenes, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, al 2010, y de la necesidad de fortalecer nuestras instituciones, particularmente al Instituto Mexicano de la Juventud, para atender eficazmente las necesidades de esos jóvenes, de los cuales, muchos se encuentran en situaciones de rezago.

Asimismo, coincide en que la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud surge en el año de 1999 y viene a dar respuesta a las necesidades de las y los jóvenes de la época. Sin embargo, con el paso de los años la población juvenil fue creciendo considerablemente y es así como llegamos al 2010 con una población que asciende a 35 millones de jóvenes, y con una Ley del Instituto Mexicano de la Juventud sin actualizarse. Es decir, urge contar con una ley que incorpore las disposiciones jurídicas que otorguen al Instituto la fuerza para atender las necesidades de los jóvenes.

En este orden, al revisar las propuestas específicas del diputado esta comisión tuvo a bien hacer las siguientes reflexiones:

Sobre la propuesta de establecer en la ley los criterios que deberá observar el Instituto en el cumplimiento de su objetivo, como la integralidad y transversalidad de las políticas públicas, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres y el fomento al federalismo, la propuesta se considera viable y necesaria, máxime porque la visión que esta Comisión ha venido proyectando en su trabajo es precisamente el de la transversalidad en las políticas a favor de los jóvenes, las cuales deberán implementarse por el organismo rector en la materia, con la finalidad de permear a lo largo de las diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno, dentro del ámbito de sus competencias. En cuanto a la propuesta de incorporar a la ley los principios de no discriminación y de igualdad entre mujeres y hombres, esta comisión resalta que dichos principios ya están contemplados dentro del texto constitucional, sin embargo, debido a la cultura discriminatoria que aún se percibe en nuestra sociedad, resulta necesario incorporarlos al ordenamiento jurídico en estudio como criterios rectores de la conducción de las políticas de juventud, a fin de generar el impacto que se persigue. Finalmente, el principio del fomento al federalismo debe estar presente en la ley, para orientar el ejercicio de las políticas públicas de juventud en las que las instituciones competentes de los diferentes órdenes de gobierno deben trabajar.

Respecto a la sugerencia de establecer los lineamientos bajo los cuales el Instituto tendrá que definir e instrumentar la política nacional de juventud, una política tendiente a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y el respeto y acceso a sus derechos; este órgano legislativo considera que, primero; es necesario orientar las políticas de juventud tendientes al desarrollo de los jóvenes tomando en cuenta sus necesidades por lo que, la incorporación de los criterios que orientarían la ley resulta de suma funcionalidad, y segundo; los lineamientos que propone el diputado promovente se apegan a las necesidades que presentan los jóvenes de nuestro país, resultando viable su incorporación a la ley.

En cuanto a la iniciativa para que el Instituto Mexicano de la Juventud sea quien elabore el Programa Nacional de Juventud, la comisión dictaminadora la considera como necesaria ya que, si bien, actualmente es el propio Instituto quien se encarga de elaborar el documento tomando en cuenta el Plan Nacional de de Desarrollo, resulta fundamental establecer en la ley la atribución específica de que sea el Instituto quien tenga la obligación de elaborarlo, pues es el órgano rector de las políticas públicas de juventud en todo el país, es quien conoce las circunstancias en las que se encuentran los jóvenes en todo el país, y es quien jurídicamente debe establecer las metas, los compromisos y los mecanismos para su cumplimiento y evaluación.

Por lo que se refiere a la creación de un “Órgano Coordinador de la Política Nacional de Juventud”, encargado de garantizar la integralidad y transversalidad de la política nacional de juventud, así como su instrumentación y ejecución, para fortalecer la política pública en materia de juventud, esta Comisión de Juventud y Deporte aplaude la propuesta ya que comparte la idea de que es necesario crear este tipo de organismos que verdaderamente fortalecen las instituciones, pero también es de resaltarse que cualquier organismo de esta naturaleza deberá estar integrado por los actores idóneos en el tema, a fin de garantizar que realmente aportarán con su trabajo en el fortalecimiento de las políticas de la institución a la cual pertenecen. Asimismo, deberán tener objetivos y atribuciones específicas que orienten su trabajo y permitan alcanzar los objetivos por los que fueron creados.

El objeto del órgano que se propone es garantizar la correcta aplicación de las políticas, sin embargo, los integrantes que se consideran son los mismos titulares de las secretarías que conforman la Junta Directiva del Instituto, por lo cual resulta innecesaria la creación de este nuevo órgano. Asimismo, resultaría difícil de alcanzar el objetivo que se persigue al ser juez y parte las autoridades que presiden dicho órgano. En todo caso bastaría con darle mayores atribuciones a la Junta Directiva del Instituto. La propuesta no contiene atribuciones para el órgano que se propone, lo cual hace incierto el objetivo que se plantea para el mismo, máxime porque se deja en manos de la propia Junta Directiva la aprobación de sus atribuciones a través del Estatuto de Gobierno. Tampoco prevé quien presidirá el organismo, lo que es fundamental para su correcto funcionamiento. Tampoco se toma en cuenta el impacto presupuestal de la propuesta. Por lo anterior, se sugiere replantear la propuesta a partir de considerar su integración con actores ajenos a los miembros de la Junta Directiva del Instituto, que trabajen con los jóvenes; y desarrollar las atribuciones y funcionamiento que orientarán el trabajo del organismo.

Por lo anterior, atendiendo a la intención de la propuesta del legislador promovente, esta comisión le encuentra mayor viabilidad a través de enriquecer las atribuciones de la Junta Directiva, otorgándole la atribución para aprobar los programas y acciones que garanticen la correcta instrumentación y ejecución de la política nacional de juventud. De esta forma la Junta Directiva tendrá la obligación de garantizar el cumplimiento de la política nacional de juventud y con ello, la integralidad, la transversalidad, la mejor calidad de vida de los jóvenes, y todas las consideraciones previstas para la definición de la política nacional de juventud.

Sobre la propuesta para crear el “Sistema Nacional de Información, Investigación y Consulta sobre Juventud”, para encargarse de recabar la información más importante en materia de juventud, y establecer los mecanismos para generar las bases de datos con dicha información, este órgano dictaminador igualmente reconoce al diputado promovente su esfuerzo para fortalecer al Instituto Mexicano de la Juventud, asimismo, considera novedosa la propuesta y especialmente importante ya que tiene la convicción que, de esta manera, realmente se fortalece a las instituciones en pro de la sociedad. Lamentablemente, para el caso específico la comisión encuentra la propuesta con las siguientes deficiencias que la hacen inviable: no señala quienes serán las fuentes que alimentarán el sistema, por ejemplo, las secretarías que deberán segmentar la información relativa a la juventud; no se desarrollan sus atribuciones ni la manera de funcionar; no es clara la propuesta cuando se refiere que “permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias sobre las aspiraciones, intereses y prioridades, así como la realidad de los jóvenes ...”. Establece el sistema de difusión, pero no señala obligación alguna para difundir la información; no considera el impacto presupuestal. En resumen, la propuesta como está planteada difícilmente tendría un impacto positivo en el desarrollo de los jóvenes. Por ello, se sugiere replantearla desarrollándola a partir de establecer con claridad su integración, objetivo, funcionamiento, atribuciones, etcétera, para que de esa manera se cuente con organismos e instituciones fuertes y productivos. Ahora bien, rescatando la parte sustantiva de la propuesta del legislador, esta comisión incorpora al proyecto la facultad del Instituto para celebrar acuerdos y convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios, para intercambiar información y datos estadísticos sobre juventud. De esta manera el Instituto estará en posibilidades de allegarse de toda la información sobre juventud.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud:

Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 3, actual fracción V; 4, actuales fracciones I, II, y X; 5, fracción III; 8, párrafo segundo; 9, fracción II; 13; 14; 15; y se modifica la denominación del Capítulo IV, para quedar como “Del Régimen Laboral y Seguridad Social” y se adicionan los artículos 3, con una fracción I recorriéndose en su orden las demás fracciones; 3 Bis; 4, con las fracciones I, V, X, y XII, recorriéndose en su orden las demás fracciones; 4 Bis; 9, con una nueva fracción II, recorriéndose en su orden las demás fracciones y 15 Bis a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desa-rrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

Artículo 3....

I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. a V. ...

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y

VII. ...

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a la que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes;

II. Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos de los jóvenes, en los distintos ámbitos;

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad.

Los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad;

IV. Fomentar en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven los jóvenes el conocimiento de sus derechos, su comprensión, aprobación y los medios para hacerlos exigibles;

V. Observar los criterios de integralidad y transversalidad de las políticas públicas, y fomentar el federalismo institucional de las dependencias responsables en la materia de juventud.

Las políticas públicas con criterio de integralidad se refieren a la ejecución de programas y acciones que procuran cubrir las necesidades básicas de los jóvenes, y promueven su desarrollo personal, social y económico.

La transversalidad de las políticas públicas, es la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas entre las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, en el ámbito de su competencia;

VI. Prever una asignación y distribución presupuestal suficiente que permita cumplir con la política nacional de juventud.

El presupuesto tendrá un enfoque de juventud que implica programar un gasto público que tenga como objetivos: satisfacer las necesidades básicas de la juventud; promover su reconocimiento social, y potencializar a los jóvenes como agentes estratégicos para el desarrollo del país.

Para la institucionalización del presupuesto con enfoque de juventud, se identificarán los recursos destinados para cumplir los fines señalados en el párrafo anterior, asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con la normatividad aplicable, y

VII. Considerar a la familia, como institución social básica transmisora de los valores culturales de la sociedad, en la que los jóvenes representan el elemento más importante de enlace intergeneracional.

Artículo 4....

I. Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación;

II. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la juventud y la difusión de sus derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, así como los mecanismos para su exigibilidad;

III. Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte;

IV. y V. ...

VI. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios, para intercambiar información y datos estadísticos sobre juventud;

VII. a XI. ...

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la administración pública federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda;

XIV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior de los estudiantes indígenas;

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los tratados internacionales en materia de juventud, y

XVI. ...

Artículo 4 Bis. El Programa al que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberá ser diseñado desde una perspectiva que promueva la participación de las instituciones gubernamentales y académicas, organizaciones de la sociedad civil, principalmente de los jóvenes, y demás sectores involucrados con la juventud, además de lo que prevé la Ley de Planeación.

El Programa Nacional de Juventud será obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, y orientará la programación de las acciones de los estados y los municipios en la materia.

Artículo 5. ...

I. y II. ...

III. Los subsidios, aportaciones federales, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la ley.

Artículo 8. ...

I. y II. ...

La Junta Directiva podrá invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales, quienes tendrán derecho a voz, pero sin voto.

...

Artículo 9. ...

I. ...

II. Aprobar los programas y acciones que garanticen la correcta instrumentación y ejecución de la política nacional de juventud;

III. Autorizar los presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable;

IV. a XV. ...

Artículo 13. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control que formará parte de su estructura. El titular de dicho órgano, así como los responsables de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades dependerán y serán nombrados y removidos por la Secretaría de la Función Pública.

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior ejercerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades previstas en las disposiciones legales aplicables.

El Instituto proporcionará al titular del Órgano Interno de Control los recursos humanos y materiales que requieran para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos del Instituto estarán obligados a proporcionar el auxilio que requiera el titular de dicho órgano para el desempeño de sus facultades.

Artículo 14. El Órgano de Vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, y ejercerán las facultades que les confiere el artículo 60 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Artículo 15. El Consejo ciudadano de seguimiento de políticas públicas en materia de juventud es un órgano que tendrá por objeto conocer el cumplimiento dado a los programas dirigidos a los jóvenes tanto del Instituto como de las demás Secretarías y Entidades, opinar sobre los mismos, recabar la opinión de los ciudadanos interesados en políticas públicas en materia de juventud y presentar sus resultados y opiniones al Director General del Instituto, formulando, en su caso, las propuestas correspondientes.

Artículo 15 Bis. El Consejo ciudadano se integrará con 20 jóvenes mayores de edad y de manera equitativa en cuanto a su género, los cuales serán seleccionados por la Junta de Directiva de conformidad con la convocatoria pública difundida previamente entre las instituciones de educación superior, las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, los sectores público y privado, y los pueblos y comunidades indígenas.

Los cargos de consejero son honoríficos y se desempeñarán por un período de dos años. El Consejo ciudadano se renovará por mitad cada año.

Los demás requisitos para la integración y renovación del Consejo ciudadano, así como las atribuciones y funcionamiento de éste, se establecerán en el Estatuto Orgánico del Instituto y la convocatoria pública correspondiente aprobada por la Junta de Directiva.

Capítulo IVDel Régimen Laboral y Seguridad Social

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las nuevas atribuciones que en virtud de este decreto se otorgan al Instituto Mexicano de la Juventud serán atendidas con los recursos humanos, financieros y materiales con los que hasta la entrada en vigor del presente decreto cuenta dicho Instituto.

Tercero. El Consejo ciudadano de seguimiento de políticas públicas en materia de juventud deberá quedar constituido en un plazo no mayor a noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. Las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud se harán dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto y deberá inscribirse en el Registro Público de organismos descentralizados.

Notas:

1 Estimaciones para el 2010 del Conapo.

2 Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.

3 INEGI, conteo 2005.

4 Estimaciones al 2010 del Conapo y Encuesta Nacional de Juventud 2005.

5 SEP-SSP. Sistema penitenciario mexicano, 2008. Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.

6 Encuesta Nacional de Juventud 2005.

7 Encuesta Nacional de Salud 2006

8 Conferencia del Episcopado Mexicano, Estudio sobre el sistema penitenciario, 2009.

Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de octubre de dos mil diez.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados:José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López, secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Noé Martín Vázquez Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas, Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.»

TRABAJO LEGISLATIVO

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Dígame, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Nada más, qué bueno que vino el diputado César Nava, porque queremos que quede constancia en acta que un grupo de diputados queremos pedirle asesoría para comprar departamentos baratos en Polanco. Además, con el sueldo que tenemos, queremos saber cómo podemos hacer para acceder a un departamento de esa naturaleza y pagarlo de contado.

Es muy plural el grupo que quiere información y que tiene interés en la asesoría del diputado César Nava. Entonces el diputado Mercado, que es fiel cuidador de sus intereses, a ver si le pasa el recado.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El asunto en este momento es el dictamen. Tiene la palabra el diputado Francisco Landero Gutiérrez, por la Comisión para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez:Legisladores y legisladoras, a nombre de la Comisión de Juventud y Deporte hago uso de esta tribuna para presentarles este dictamen que recoge las propuestas del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Nueva Alianza, el cual votaremos en seguida.

En nuestro país, como sabemos, tenemos alrededor de 35 millones de jóvenes que representan una tercera parte de la población total y que constituyen el factor más importante en la generación de oportunidades para el desarrollo de nuestra nación, principalmente durante los próximos 10 años, cuando esta población alcanzará su máximo histórico, constituyendo en términos de la Conapo el verdadero bono demográfico.

Es decir, los jóvenes están ante la oportunidad del desarrollo más grande que le pueden aportar a la nación, gracias al potencial que representan en los diferentes aspectos de la vida económica, social y familiar de nuestro país.

Desafortunadamente, también estos jóvenes padecen grandes carencias en temas tan elementales como en el empleo, la educación y la salud. Por lo que día a día se enfrentan constantemente con obstáculos y problemas como la criminalización.

Con tristeza también lamentamos los asesinatos de los 48 jóvenes que han acontecido en los últimos días y durante la última semana de octubre en diversas partes del país, debido en gran parte a esa problemática que mencioné.

Hoy también existe un número indefinido de jóvenes que no estudian ni trabajan por esta falta de oportunidades y que constituyen una carnada fácil para las redes del crimen organizado, con las consecuencias fatales de las que todos hemos sido testigos.

Por ejemplo, existe una gran deserción escolar en la educación media superior, que llega a 15 por ciento de los jóvenes que están en este nivel educativo, a lo que se suma la falta de cobertura y que cada año es causa de que miles de jóvenes se queden sin oportunidades para estudiar.

Por todo lo anterior, el dictamen que la Comisión de Juventud y Deporte, con la aprobación de PRI, PAN, PRD y Partido Verde está poniendo a su consideración tiene como finalidad fortalecer las políticas de juventud que impulsen su desarrollo integral. Asimismo, promueven que la sociedad reconozca y se comprometa aún más con la juventud mexicana.

Con las modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud se buscan cinco objetivos específicos: 1. Establecer en la ley la atribución del instituto para elaborar una política nacional de juventud.

2. Señalar los lineamientos básicos que deben considerarse en esta política nacional de juventud, así como la transversalidad en el tema, con mayores atribuciones para que el Instituto pueda fortalecer su coordinación con las diversas secretarías generales.

3. Enriquecer el objeto del Instituto Mexicano de la Juventud, así como el trabajo coordinado con las autoridades, con los tres órdenes de gobierno. Por ejemplo, la  elaboración de políticas públicas integrales de juventud y el reconocimiento de la importancia de la asignación de un presupuesto público específico para su implementación.

4. Fortalecer la integración de la junta directiva del instituto mediante la facultad para invitar a cualquier dependencia, instituciones públicas, privadas y sociales a que puedan dar su opinión en los temas específicos que se requieran, a fin de orientar la toma de decisiones sobre la política de juventud.

5. Fortalecer las facultades del Consejo de Seguimiento de los Programas del Instituto, es decir, fortalecer la participación juvenil en las decisiones del propio Instituto, procurando la pluralidad y la equidad de género.

Se trata también de que el Consejo vigile la buena ejecución de los programas de la juventud, no solamente de los propios del Instituto sino los que se aplican en las diferentes secretarías de Estado.

Es importante resaltar que, acompañando este tipo de reformas debemos considerar en este presupuesto 2011 mayores recursos para crear programas específicos y etiquetados en los presupuestos como el apoyo al primer empleo, la prevención de la deserción escolar de los jóvenes de educación media superior.

Asimismo, es importante destinar mayores recursos al de-sarrollo de la cultura física y deporte como estrategia para contrarrestar los problemas de salud y seguridad que afectan a la juventud.

Por todo lo anterior, a nombre de la Comisión de Juventud y Deporte ponemos a su consideración este dictamen, pidiendo su aprobación a favor y sabiendo que con estas medidas contribuimos a fortalecer la política a favor de las jóvenes y los jóvenes de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado. En consecuencia está a discusión en lo general. Esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general el diputado Alfonso Primitivo Ríos, para hacer una intervención. Él pertenece al Partido del Trabajo.

Se encuentran en el pleno alumnos y personal de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Contaduría y Administración, son invitados del diputado José Luis Velasco Lino, sean ustedes bienvenidos.

Adelante, diputado.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el presente dictamen que presenta la Comisión de Juventud y Deporte pretende adoptar los ejemplos que señala la experiencia internacional en materia de no discriminación hacia las personas. Así como dar mayor énfasis a lo señalado en nuestra Constitución a través de las distintas acciones del Instituto Mexicano de la Juventud.

En este sentido hemos de decir que los jóvenes mexicanos tienen un gran sentido de participación y una gran tendencia a trabajar por triunfos en materia de deporte, por mencionar un ejemplo.

Por ello, son de destacar las participaciones que han tenido los competidores paralímpicos mexicanos, quienes han sido personas que siempre enaltecen la competencia nacional. Como ejemplo, México en las últimas competencias paralímpicas en 2008 en Pekín obtuvo el lugar 14 con 10 medallas de oro en diferentes disciplinas. Lo cual nos deja claro la capacidad y determinación de estas personas, contrario a la percepción equivocada que aún prevalece en nuestro país, de ver con desprecio a las personas con capacidades diferentes.

El presente dictamen, desde nuestro punto de vista, debe ser votado a favor y consecuentemente adoptar las medidas necesarias para fortalecer las políticas de la no discriminación, no sólo en el ámbito de la juventud y el deporte sino también en cualquier área de la vida pública del país. Para ello, es necesaria la aplicación de mayores recursos para la implementación de políticas públicas hacia ese sector.

Plantear la adición de la opinión de un Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación a las determinaciones de la Junta del Instituto Mexicano de la Juventud, es un acto que fortalecería y garantizaría la implementación de los programas del mismo Instituto.

Lo anterior para fortalecer, garantizar y eficientar las acciones tendentes a la no discriminación, sobre todo en los jóvenes deportistas. Además, para erradicar esta incorrecta visión que aún persiste en varios sectores de la sociedad mexicana y en varias áreas del gobierno federal.

Finalmente queremos decirles que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor por esta disposición y no cejaremos en la lucha por erradicar este tipo de apreciaciones discriminatorias que solamente denigran la integridad entre los ciudadanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado. No habiendo más oradores anotados, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Esta Presidencia informa a la asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos del proyecto de decreto: para el 3o. Bis, 15 Bis, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo. Y para el artículo 3o. Bis, 4o. Bis y 5o. Bis, el diputado Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Salvador Caro Cabrera(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido en la curul del diputado Salvador Caro Cabrera, por favor.

El diputado Salvador Caro Cabrera(desde la curul): Sí, presidente, para hacer una petición: es 3o. Bis, 4o. Bis y 5o. No 5o. Bis.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Perdón, sí, es 3o. Bis, 4o. Bis y 5o. natural.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se encuentran en este recinto de visita alumnos y personal de la escuela Casa del Niño, de Uruapan, Michoacán. Son invitados del diputado Uriel López Paredes. Sean todos ustedes bienvenidos.

También, en su calidad de visitantes distinguidos, nos acompañan en el recinto alumnos y personal de la Universidad Bicentenario, de Acambay, estado de México. Son invitados del compañero diputado Héctor Velasco Monroy. Sean bienvenidos.

Se encuentran en este recinto, en su calidad de visitantes distinguidos, alumnos de la Universidad Mexicana, de Cuautitlán, Izcalli, estado de México. Son invitados de un servidor. Bienvenidos.

Informamos a la asamblea que están en este recinto visitándonos alumnos y personal de la Universidad Latinoamérica, de Morelia, Michoacán. Son invitados de la diputada Claudia Edith Anaya Mota y les damos la más cordial bienvenida.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:¿Falta algún diputado de emitir su voto? Todavía se encuentra abierto el sistema.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 271 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobados en lo general y los artículos no impugnados por 271 votos.

Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos, para referirse en una sola intervención sobre los artículos 3o. Bis y 15 Bis, reservados.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Muchas gracias, diputado presidente. La reserva que estoy planteando tiene que ver específicamente con la fracción VII del artículo 3o. Bis. El objeto de la modificación que considero debe votarse favorablemente está relacionado con el concepto familia.

Dice: Considerar a la familia como institución social básica, trasmisora de los valores culturales de la sociedad en la que los jóvenes representan el elemento más importante de enlace intergeneracional.

Aquí se está hablando de la familia. Ésta es una discusión que durante mucho tiempo se ha venido planteando para que se entienda lo que significan los distintos tipos de familias. Es decir, que no exclusivamente tenemos que tomar en consideración a lo que sería la familia tradicional sino contemplar que tomando en cuenta que esta iniciativa es una iniciativa en contra de la discriminación, también en este concepto con relación al tipo conservador de la familia se estaría discriminando a todas las otras familias que componen la sociedad.

Por tal razón, considero que se debe retomar lo que está planteado en nuestra Carta Magna. La Constitución Política habla de toda familia. Por tanto, la propuesta que estoy haciendo en específico es que se considere a toda familia en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ya continuaría con lo demás.

Ésa es la propuesta en específico que estamos haciendo, ya que consideramos que es una contradicción que en una ley que se está contemplando que es en contra de la discriminación se esté considerando a un concepto conservador de la familia que no responde a la realidad.

La segunda propuesta que estoy haciendo para la modificación tiene que ver con el artículo 15 Bis. En este artículo se habla en específico de la integración del Consejo Ciudadano y señala cómo se deberá integrar el Consejo Ciudadano. Se dice que con 20 jóvenes mayores de edad, que tiene que ser de manera equitativa en cuanto al género, etcétera. Sin embargo, no está considerando a los jóvenes que no estudian y a los jóvenes que no trabajan.

Por tanto, una iniciativa que va en contra de la discriminación y que quiere ser una iniciativa incluyente debe considerar a todos los jóvenes de la sociedad, no exclusivamente a los que estén integrados a un trabajo político, comunitario, social o que estén dentro de una institución educativa como aquí se dice, si bien es cierto, se tienen que estar contemplando.

La propuesta que yo hago, para que sea de manera incluyente, es que se incorpore en donde se señala la convocatoria pública que diga que ésta tiene que ser abierta a la sociedad. Y al final de la redacción del primer párrafo de este artículo 15 Bis debe decir: a todos aquellos jóvenes que deseen participar. Es decir, que no solamente sean los que estén contemplados dentro de un trabajo comunitario, político o social, de los sectores, público y privado, y los pueblos y comunidades indígenas sino que sea una convocatoria abierta a la sociedad. Ésas son las dos propuestas que estoy haciendo para la modificación de la fracción VII del artículo 3o. Bis y del artículo 15 Bis.

Lo que estoy proponiendo en concreto es que una iniciativa que pretende ir en contra de la discriminación dentro de su articulado tiene que considerar, desde luego, la no discriminación. Muchas gracias.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Miguel Ángel García Granados, por favor. Diputado, dígame usted, ¿con qué objeto?

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para hacer una precisión respecto de una falsa interpretación que considero que tiene la diputada Laura Itzel Castillo.

Fundamentalmente lo establecido en el primer párrafo del artículo 15 de este dictamen que hoy se está sometiendo a consideración. Reitero, creo que hay una interpretación equívoca por parte de la diputada Laura Itzel Castillo, ya que no se refiere a los jóvenes que pertenezcan a alguna institución educativa, o a pueblos indígenas, o a organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social.

Se dice textualmente en el dictamen que los jóvenes serán seleccionados por la Junta Directiva de conformidad con la convocatoria pública difundida previamente entre las instituciones de educación. O sea, cualquiera de estas instituciones servirá solamente para difundir la convocatoria, no dice que los jóvenes tengan que pertenecer a estas instituciones o a estos pueblos indígenas o a estas organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo social, político o comunitario. Es solamente para el esquema de la difusión de las convocatorias.

Por ello, reitero, creo que hay una interpretación equívoca por parte de la diputada Laura Itzel Castillo, y solicitaría, en todo caso, que el dictamen fuese aprobado en sus términos.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Laura Itzel Castillo. Las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Por la negativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al artículo 3o. Bis, 4o. Bis y 5o., reservados en este acto.

El diputado Salvador Caro Cabrera:Gracias, diputado presidente. Con el fin de abonar al tema de juventud, mediante el dictamen que se está presentando se han reservado los artículos 3o. Bis en sus fracciones V y VI, primero y segundo párrafos. El 4o. Bis, segundo párrafo. El 5o., fracción III. Básicamente para hacer llegar una propuesta sencilla que enriquece el contenido del dictamen y en el cual todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión dictaminadora hemos estado de acuerdo.

Los cambios que se proponen son los siguientes: el artículo 3o. Bis, fracciones V y VI, primero y segundo párrafo relativo a las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, en su fracción V dice: observar los criterios de integralidad y transversalidad de las políticas públicas y fomentar el federalismo institucional de las dependencias responsables en materia de juventud.

Las políticas públicas con criterios de integralidad se refieren a la ejecución de programas y acciones que procuran cubrir las necesidades básicas de los jóvenes y promueven su desarrollo personal, social y económico.

La transversalidad de las políticas es la ejecución de los programas, acciones coordinadas o conjuntas entre las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal en el ámbito de su competencia.

Y debe decir: observar los criterios de integralidad y transversalidad en la ejecución de programas y acciones que procuren cubrir las necesidades básicas de los jóvenes y promover su desarrollo personal, social y económico.

Asimismo, se impulsará un federalismo institucional en la ejecución de los programas y acciones que, en su caso, se coordinen entre las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal en el ámbito de su competencia con los gobiernos de las entidades federativas, y a través de ellos con los municipios.

En la fracción IV, párrafo primero, dice: prever una asignación y distribución presupuestal. Y debe decir: proponer en el ámbito de su competencia, la asignación y distribución presupuestal.

En el párrafo segundo dice: el presupuesto tendrá un enfoque de juventud que implica programar un gasto público. Y debe decir: el presupuesto tendrá un enfoque de juventud que impulse un gasto público.

El artículo 4o. Bis, relativo a los fines del programa Nacional de Juventud, dice: orientará la programación de las acciones de los estados y los municipios en la materia. Y debe decir: orientará las acciones de los estados y los municipios en la materia.

El artículo 5o. en su fracción III, relativa a la integración del patrimonio del Instituto Mexicano de la Juventud dice: los subsidios, aportaciones federales, donaciones y legados que reciba. Y debe decir: los subsidios, transferencias, donaciones y legados que reciba.

Como pueden enterarse, son modificaciones que tienen que ver básicamente con precisiones de forma para que la ley en la materia se actualice y cumpla de mejor manera su función. Es cuanto.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Salvador Caro Cabrera a los artículos 3o. Bis, 4o. Bis y 5o.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se admiten.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Salvador Caro Cabrera, a los artículos 3o. Bis, 4o. Bis y 5o.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se admiten.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos reservados.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos propuestos. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Suficientemente discutidos.

Se pide a la Secretaría abra hasta por 10 minutos el sistema electrónico para proceder a la votación de los artículos 3o. Bis, 4o. Bis, 5o., con las modificaciones aceptadas por la asamblea; y el 15 Bis, en términos del dictamen.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos.

(Votación)

¿Falta algún diputado por emitir su voto? Todavía está abierto el sistema. ¿Algún diputado falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 273 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobados los artículos 3o. Bis, 4o. Bis y 5o. Así como el 15 Bis en los términos del dictamen, y los anteriores artículos para las modificaciones.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Pasamos al capítulo de proposiciones. Esta Presidencia recibió del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat y al gobierno del estado de Michoacán a que realicen las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades de Uruapan en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat y al gobierno de Michoacán a realizar las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades de Uruapan en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual este órgano legislativo exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del gobierno del estado de Michoacán para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para que garanticen la participación de las comunidades del municipio de Uruapan, Michoacán; en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio”, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La problemática del medio ambiente en la actualidad ha tenido un peso considerable en los debates concernientes al cambio climático, pues el desgaste ocasionado a la naturaleza por la industria y las actividades humanas cotidianas, han creado un cuadro de incertidumbre para la sobrevivencia de las próximas generaciones.

Ahora, los asuntos de discusión no sólo intentan resolver problemas de índole política o económica, sino también establecer programas y mecanismos que permitan atender los efectos contraproducentes que cualquier sujeto o entidad económica llegara a provocar al medio ambiente.

Como punto de referencia, es importante señalar que el Índice Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza, estima que en los últimos 30 años las especies forestales, marinas y animales han disminuido en 15.0, 54.0 y 37.0 por ciento, respectivamente.

No obstante, lo más preocupante de estas cifras es su proximidad a aquellas etapas de la historia en que se documentaban las grandes extinciones de la vida, razón suficiente que ha presionado a los gobiernos de cada país a diseñar mecanismos de conservación y preservación del medio ambiente.

Al respecto, México, conforme a lo dispuesto en el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, ha realizado una serie de acciones relacionadas a crear una adecuada normatividad y planeación estratégica en pos de regular de manera explícita, cualquier actividad humana que pueda generar un efecto adverso a la naturaleza.

En este sentido, la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, ha enmarcado hasta la fecha en beneficio de la sociedad, las disposiciones generales relacionadas con la preservación y restauración del medio ambiente en el país.

Como consecuencia de lo anterior, se ha creado un importante marco jurídico basado en la aprobación y aplicación de reglamentos, normas oficiales mexicanas o convenios de concertación, los cuales han permitido a las autoridades competentes implementar de manera propia o en coordinación con otros órganos institucionales o inclusive, con la participación de la sociedad; programas conducentes a la reducción gradual del deterioro ambiental.

Bajo esta lógica, se han protegido numerosos espacios naturales donde la biodiversidad vegetal y animal han logrado sobrevivir ante las graves condiciones de contaminación y degradación ambiental que vivimos.

Entre muchos casos observables, podemos citar el referente al parque nacional Barranca del Cupatitzio, el cual por decreto del general Lázaro Cárdenas del Río, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre de 1938, se otorga a los habitantes de Uruapan, “el soporte legal para disfrutar de esta Área, y con ello, la obligación de preservarla a través de sus instituciones”.

El parque nacional en comento, se ubica en el estado de Michoacán a 130 kilómetros de la ciudad de Morelia y colindando con el área urbana de Uruapan.

En cuanto a la estructura del parque, se divide en dos secciones. La primera, denominada Área de Montaña, se localiza al poniente con una extensión de 438.55 hectáreas abarcando parte de los municipios de Uruapan y Nuevo Parangaricutiro.

La segunda sección, designada Área de Río, se encuentra al oriente, dentro del municipio de Uruapan, con una extensión de 19.66 hectáreas.

El parque en comento se considera área natural protegida, pues su composición original no ha sido gravemente alterada por la acción humana, por lo que requiere ser preservada y restaurada con el paso del tiempo, de conformidad a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cabe mencionar que, dadas las dimensiones de la Barranca del Cupatitzio, se considera una de las áreas naturales protegidas más pequeñas del país, distinguida por los siguientes elementos:

• Contiene 84 distintas variedades de hongos, “495 especies de plantas nativas y 213 especies de vertebrados terrestres.

• Protege a 28 especies endémicas de México: dos de anfibios, tres de reptiles, 14 de aves, cinco de mamíferos y cuatro de orquídeas.

• Es un sitio en el que están representados dos tipos de vegetación del bosque templado, pino y pino-encino.

• Conserva rasgos representativos de la flora y la fauna del Eje Neovolcánico Transversal, especialmente de las zonas medias y bajas de la Sierra Purépecha.

• Protege los manantiales que dan origen al río Cupatitzio.

• Por sus características fisiográficas, ubicación geográfica y su relación con otros grandes macizos montañosos, forma parte de un importante corredor biológico entre el parque nacional Pico de Tancítaro y la zona protectora forestal de Uruapan.

• Cuenta con 31 especies de plantas y animales en situación de riesgo, según la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001.

En adición a lo anterior, para el municipio de Uruapan, el parque representa un importante centro económico debido a los siguientes aspectos:

• Es un polo de atracción turística nacional.

• Genera 83 empleos permanentes y más de 100 empleos indirectos.

• La zona está catalogada como de alta capacidad para la captación de agua y sus manantiales abastecen a la zona urbana e industrial del municipio y la región agrícola en la parte baja de la subcuenca hacia el sur.

• Abastece a tres hidroeléctricas que aprovechan las aguas del río Cupatitzio.

Cabe señalar que desde el decreto presidencial publicado en noviembre de 1938, el parque en comento, es una zona propicia para el establecimiento de una estación piscícola enfocada a la propagación de peces, alimento básico para la dieta de la población residente.

En este sentido, dado el relevante impacto económico y social que genera el parque nacional al interior del estado de Michoacán; en el año de 1979, la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), transfiere la administración del Área de Río al municipio de Uruapan bajo la figura de patronato.

Para agosto de 1996, el patronato se ve fortalecido en su estructura operativa por el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en el que “se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación, la fracción del parque nacional Barranca del Cupatitzio”; la cual será enajenada a título gratuito al gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán a fin de efectuar la regularización de la tenencia de la tierra para sus ocupantes, quienes conforman en este momento las colonias 28 de Octubre y Plan de Ayala.

Como consecuencia, el 15 de diciembre de 1999 queda formalmente constituido el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC, el cual estará representado por los tres órganos de gobierno, la sociedad civil y las instituciones que muestren interés por salvaguardar el lugar.

El organismo en comento, tendrá por objeto social, “administrar los recursos naturales, económicos y humanos del Parque  además de ejercer las funciones de protección y conservación de las zonas naturales que sean representativas del patrimonio cultural de la región y del país, conforme al reglamento interno del mismo.

Por otro lado, con la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en el año 2000 y con el objetivo de mantener las actividades de conservación y preservación ambiental de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) fue necesario celebrar un convenio de concertación con el patronato del parque nacional en noviembre del mismo año, donde esta comisión le transfiere las dos secciones del parque para emprender acciones de restauración, conservación, desa-rrollo y vigilancia del lugar.

Para el cumplimiento de tales objetivos, ambos organismos han elaborado el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio como eje rector de planeación y regulación del mismo; enfocado a “promover el desarrollo de flora, fauna, piscicultura, turismo alternativo, educación ambiental, el crecimiento profesional y desarrollo humano del personal”.

Dicho programa ha mostrado ser “una amplia gama de mecanismos de participación, tanto en las actividades de planeación, como en el desarrollo e instrumentación de programas específicos en materia de conservación”.

No obstante, dado que cierta porción del parque nacional se ubica en la ciudad de Uruapan, se generan constantemente eventos de pérdida de control ambiental que los subprogramas en cuestión no han sido capaces de solucionar.

Al mismo tiempo, estas situaciones inducen a “buscar apoyos adicionales que permitan aplicar recursos económicos en el mantenimiento y protección para mejorar la conservación de su diversidad biológica y recursos naturales, además de incrementar las acciones en pro de la conservación en su zona de influencia”.

Recientemente se ha detectado que la vegetación del Área de Montaña del parque se ha visto agravada con los incendios “provocados por quemas agrícolas en los pastizales y huertas de los alrededores, así como por agentes naturales, como eventos meteorológicos”.

“Otra causa la constituían paseantes y vecinos del Parque, que intencionalmente iniciaban incendios de manera vandálica”.

Basta mencionar que durante el periodo 2003-2005, acontecieron dos incendios por año afectando a más de tres hectáreas del parque. No obstante, se cuentan con registros históricos que datan una destrucción gradual de 70 hectáreas durante 10 años (1983-1991).

“Otro factor antropogénico de alteración de la composición natural del bosque y sus procesos, lo representa la tala clandestina en los linderos del Área de montaña con las colonias vecinas al este y en su zona norte en el límite con el ejido Cheranguerán”. Continuamente los habitantes de las colonias talan árboles ya sea para la formación de postes o “para abastecer hornos de carbón y carpinterías clandestinas”.

Por otro lado, el ambiente natural del parque se ha ido modificando por la inserción de plantas de ornato para reforestación que no cumplen con “la adecuada planificación ni control de procedencias”. Como caso grave de esto, lo conforma el Área de Río, pues “más del 80 por ciento de la superficie de vegetación original ha sido sustituida por especies de ornato”.

A su vez, las “plagas y enfermedades forestales pueden representar un peligro para los bosques de coníferas del parque”. Entre los años 2001 y 2005, alrededor de 400 árboles de pino fueron afectados por hongos e insectos descortezadores, “los cuales fueron sujetos de prácticas de saneamiento forestal para evitar la infestación del arbolado sano”.

En relación a la fauna silvestre, se presume la existencia de cacería ilegal, dado que “es frecuente encontrar casquillos y cartuchos percutidos en las zonas más alejadas del Área de Montaña”. Como consecuencia, “los zorrillos, conejos y musarañas, se han vuelto difíciles de detectar; de los dos primeros es posible que sus poblaciones hayan disminuido por la presión humana”.

Por otro lado, los “caminos y las edificaciones existentes en el interior del parque, tienen un impacto negativo en la hidrología, suelos y calidad del paisaje”, en especial de las instalaciones que colocan los vendedores de alimentos y artesanías, sin descontar la basura que es arrojada al río Cupatitzio.

A pesar de que el parque se ha convertido en un importante espacio económico y fuente de empleo para la región, la ampliación de la mancha urbana ha tenido repercusiones en “la zona de recarga de acuíferos, con la consecuente reducción del gasto de los manantiales del río Cupatitzio y disminución de la disponibilidad de agua para la población de Uruapan”.

Como se puede observar, de no atenderse tales problemáticas de forma inmediata, “se provocaría un empobrecimiento de la diversidad florística, así como la modificación del hábitat de la fauna silvestre” del parque.

Por tales circunstancias, el presente punto de acuerdo propone exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, para que en el ámbito de su competencia, realice las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades que habitan cercanas al parque nacional Barranca del Cupatitzio en pos de realizar actividades de administración, custodia y operación del mismo.

En dicho sentido, se fomentaría en los habitantes del municipio de Uruapan, la responsabilidad de la conservación, mantenimiento y restauración del parque en coordinación con las autoridades correspondientes (incluyendo al patronato responsable del lugar), conforme a las disposiciones legales aplicables.

Al respecto se podrían formar y capacitar brigadas locales que ayuden a:

• Prevenir incendios en el área natural protegida.

• Sustituir las plantaciones de especies exóticas por flora nativa del lugar.

• Monitorear y vigilar las instalaciones del parque para evitar las prácticas de tala clandestina o cacería ilegal.

• Establecer acuerdos con los propietarios de los comercios relacionados con la venta de alimentos y artesanías al interior de las instalaciones, con el objeto de evitar que la basura siga siendo arrojada al río Cupatitzio.

Lo anterior resulta factible porque dentro de las cláusulas del convenio de concertación entre la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC, se establece que estos órganos institucionales “podrán celebrar conjunta o separadamente, acuerdos, convenios o contratos con otras dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con agrupaciones de los sectores social y privado, a efecto de coordinar y concertar acciones e inversiones que permitan apoyar la consecución objeto del presente instrumento y los objetivos del establecimiento” de dicho parque.

Con ello, indirectamente se estarían creando sinergias importantes en cuanto al crecimiento y desarrollo económico de la región. Por ejemplo, la organización de recorridos ecoturísticos en el parque nacional podría generar otras fuentes de empleo que a la vez permitiría elevar el nivel de vida de la población bajo un esquema de sustentabilidad ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el suscrito diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual este órgano legislativo exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del gobierno del estado de Michoacán para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para que garanticen la participación de las comunidades del municipio de Uruapan, Michoacán, en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio.

Acuerdos

Primero. Este órgano legislativo exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias a fin de garantizar el cumplimiento estricto de lo dispuesto por el convenio de concertación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC.

Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que de manera urgente realice lo debido, a efecto de llevar a cabo el rescate ecológico de la cascada de agua denominada como la Tzararácua, ubicada en las proximidades del parque nacional Barranca del Cupatitzio, en Uruapan, Michoacán.

Tercero. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el titular del gobierno del estado de Michoacán, establezcan lo conducente a efecto de que no se permita el cambio de uso de suelo de la zona de absorción de la subcuenca del río Cupatitzio.

Cuarto. Que este órgano legislativo solicite al titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que determine lo preciso para que cualquier modificación o adición que se pretenda realizar al convenio de concertación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC, estás deberán contar con la aprobación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la honorable Cámara de Diputados.

Notas:

1 Honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o. Última reforma: Diario Oficial de la Federación, 29/07/2010.

2 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Programa de Conservación y Manejo Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, México, DF, p. 3.

3 Ídem, p. 11.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ídem, p. 10.

9 Ídem, p. 43.

10 Órgano administrativo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; responsable de conservar el patrimonio natural del país mediante las áreas naturales protegidas y los programas de desarrollo rural en regiones prioritarias para la conservación.

11 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Op. Cit., p. 4.

12 Ídem, p. 16.

13 Ídem, p. 9.

14 Ídem, p. 47.

15 Ídem, p. 46.

16 Ídem, p. 48.

17 Ibídem.

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Ídem, p. 49.

21 Ídem, p. 50.

22 Ídem, p. 52.

23 Ídem, p. 53.

24 Ibídem.

25 Ídem, p. 54.

26 Ídem, p. 46.

27 Convenio de concertación que celebran, por una parte, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, representada por su director general, el ciudadano Javier de la Maza Elvira, y, por la otra, la asociación civil denominada Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC; representada por su presidente de la mesa directiva, el ciudadano Luis Eduardo Romero Camberos, partes a quienes en lo sucesivo se les denominará “la Conanp” y la “Asociación” respectivamente, con el objeto de transferir a ésta última, la administración del área natural protegida, con la categoría de parque nacional denominado Barranca del Cupatitzio; así como para llevar a cabo diversas acciones que apoyen la restauración, conservación, desarrollo y vigilancia del mismo. Firmado en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 23 de noviembre del año 2000.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de octubre de 2010.— Diputado Fernando Espino Arévalo (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

FONDO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA Y BIOSEGURIDAD

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que instrumente el Fondo para la Investigación de Biotecnología y Bioseguridad, para que atienda las necesidades de los productores nacionales.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar el fondo de investigación en biotecnología y bioseguridad que atienda las necesidades de los productores nacionales, a cargo del diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Héctor Eduardo Velasco Monroy, diputado a la LXI Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. La biotecnología no constituye en sí misma un sector industrial sino una plataforma tecnológica que interactúa en forma transversal con numerosas disciplinas y encuentra aplicaciones en diversos sectores productivos, permitiendo un aumento de su productividad y competitividad. El sector agropecuario es sin duda el que se ha visto más beneficiado por esta tecnología, pero la salud humana y animal, la industria y el mejoramiento del medio ambiente también han encontrado aplicaciones de la misma.

2. El sector agropecuario es sin duda el que se ha visto más beneficiado mediante la comercialización de la primera generación de semillas genéticamente modificadas para aumentar su tolerancia a herbicidas y su resistencia a insectos, hongos y virus, por el contundente aumento de la productividad y la disminución del costo de los cultivos. Sin embargo ya se están concretando ejemplos una segunda generación de cultivos Organismos Genéticamente Modificados (OGM) que presentan mejoras en su calidad nutricional, en su contenido vitamínico, en la extensión de su tiempo de preservación y también en las características medicinales.

3. En el sector agrícola de México la capacidad científica y tecnológica está dispersa y sin integración sin poder impactar positivamente al campo mexicano. En el caso particular de la biotecnológica aplicada a la producción de alimentos, no obstante la capacidad del país en materia de investigación y desarrollo en biotecnología, con más 750 doctores que laboran en centros de investigación nacional, en el país, la oferta de los instrumentos para el empleo de los productos de la biotecnología está liderada por las empresas trasnacionales, el país requiere de recursos económicos que permitan generar sus propias capacidades para el empleo de esta herramienta resultado de la ciencia y la tecnología. Recursos que serían destinados a aspectos de biotecnología y bioseguridad.

4. Estos recursos permitirían dar complimiento a las disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), disposiciones que establecen la formulación de un Programa y de un Fondo orientado a atender las necesidades de los productores nacionales.

5. La LBOGM tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de OGM, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 18 de marzo de 2005.

6. En el capítulo VI, Del Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, señala que el Ejecutivo federal fomentará, apoyará y fortalecerá la investigación científica y tecnológica en materia de bioseguridad y de biotecnología a través de las políticas y los instrumentos establecidos en la misma y en la Ley Ciencia y Tecnología (LCT) (artículo 28).

7. La LBOGM establece para la biotecnología: impulsar proyectos de investigación y desarrollo e innovación, formación de recursos humanos especializados y el fortalecimiento de grupos e infraestructura de las universidades, instituciones de educación superior y centros públicos de investigación, que se lleven a cabo para resolver necesidades productivas específicas del país y que beneficien directamente a los productores nacionales.

8. Además, instituye que para lograr el fomento a la investigación científica y tecnológica en materia de bioseguridad y de biotecnología se establezca un programa cuya formulación estará a cargo del Conacyt con base en las propuestas que presenten las Secretarías y las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que apoyen o realicen investigación científica y desa-rrollo tecnológico. Dicho programa forma parte del Programa Especial de Ciencia y Tecnología que establece la LCT (artículo 29).

9. La ley establece que el Conacyt constituya un Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología conforme a la LCT, al cual se destinen recursos fiscales que aporten las dependencias y entidades para tal fin, recursos de terceros e ingresos que por concepto de derechos determinen las disposiciones fiscales, que deriven de actos realizados en aplicación de la ley (artículo 31).

10. Además, en el artículo décimo transitorio se estableció que el programa para el desarrollo de la bioseguridad y la biotecnología a que se refiere el artículo 29, debió ser formulado y expedido en un plazo no mayor a un año contado a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir antes de marzo de 2006.

11. Con estos recursos se fortalece la capacidad del país para el empleo de los productos de la biotecnología moderna acorde a las necesidades nacionales y no a la oferta internacional. Este fondo sería administración por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhorta al Ejecutivo federal a instrumentar el Fondo a la Investigación de Biotecnología y Bioseguridad, que atienda las necesidades de los productores nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

RECURSOS FEDERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo relativo al ejercicio de los recursos federales en materia de seguridad pública, asignados a estados, municipios y al Distrito Federal.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al ejercicio de los recursos federales en materia de seguridad pública asignados a estados, a municipios y al Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo al ejercicio de los recursos federales en materia de seguridad pública asignados a estados, municipios y al Distrito Federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública es una función con competencia concurrente entre la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal, que requiere de la mejor coordinación entre autoridades para lograr la máxima eficiencia en la aplicación de los recursos públicos a fin de lograr ciudades y colonias más seguras en donde puedan vivir con tranquilidad las familias mexicanas.

Los recursos económicos en materia de seguridad pública se traducen en condición necesaria para implementar con éxito la estrategia nacional en la materia y para cumplir cabalmente con las obligaciones constitucionales a cargo del Estado mexicano.

Así, la Ley de Coordinación Fiscal establece que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituye con cargo a recursos federales, que son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por su parte, la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades exclusivas que le encomienda el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso en el anexo 14 (ramo 33, “Aportaciones federales para entidades federativas y municipios”) del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2010, que el citado fondo tendría un monto de 6 mil 916.8 millones de pesos, y que el monto total del ramo 36, “Seguridad pública” sería de 32 mil 437.7 millones de pesos.

Además, de conformidad con el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, se determinó la cantidad de 4 mil 137.9 millones de pesos para el otorgamiento de subsidios a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal con el objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública. Con este monto se apoyaron 206 municipios con altos índices delictivos, mientras que en el ejercicio fiscal 2008, con un presupuesto de 3 mil 589.4 millones de pesos, se apoyaron 150 municipios del país.

En ese marco de actuación, los gobiernos beneficiados con ese subsidio adquieren una serie de compromisos para llevar a cabo acciones tendentes a profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad pública, así como a mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables.

Además, los gobiernos beneficiados deben reportar trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo; las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten, y el presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente.

En ese mismo tenor, encontramos que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad contiene como compromiso XXIV “garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de seguridad pública”.

De acuerdo con la información que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de la matriz de cumplimiento de requisitos del Subsemun, con corte al 8 octubre 2010, existen reportes parciales de los gobiernos beneficiados sobre el ejercicio de los recursos financieros recibidos, así como respecto de la comprobación del inicio de los procesos de contratación de las obras, adquisiciones y acciones.

Es por ello que resulta necesario exhortar a los gobiernos beneficiados de los recursos aportados por la Federación a través del Subsemun y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que destinen y ejerzan los recursos recibidos a los objetos, materias y fines establecidos, así como que reporten oportunamente a las instancias correspondientes, así como informen a esta Cámara de Diputados, el cumplimiento de las metas y objetivos afectos al ejercicio de tales recursos.

Por lo anterior, someto a aprobación de la asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos beneficiados de los recursos aportados por la federación a través del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a destinar y ejercer oportunamente los recursos recibidos para cumplir los objetos, materias y fines conducentes.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos beneficiados de los recursos aportados por la Federación a través del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a reportar oportunamente a las instancias correspondientes y a informar a esta Cámara de Diputados, el cumplimiento de las metas y los objetivos afectos al ejercicio de tales recursos.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recinto legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a que presente ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de ley de coordinación fiscal del Distrito Federal, para fortalecer la autonomía administrativa de los órganos político-administrativos.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a presentar ante la ALDF una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal del Distrito Federal para fortalecer la autonomía administrativa de los órganos político-administrativos, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal del Distrito Federal, para fortalecer la autonomía administrativa de los órganos político-administrativos al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las nuevas circunstancias que enfrenta el país exigen ir hacia adelante y construir los acuerdos necesarios para modernizar el andamiaje institucional del sistema político. Para modernizar a México, es necesaria la corresponsabilidad de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno.

En este sentido, es necesario impulsar la corresponsabilidad y subsidiariedad entre los gobiernos federal, estatal y municipal. Se debe fortalecer su colaboración, así como evitar duplicidades u omisiones para dar solución expedita a los problemas cotidianos que enfrentan los ciudadanos. Dicho de otra manera, se debe fortalecer el sistema federal, reconociendo la importancia de la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, al tiempo que se está consciente de la necesidad de impulsar el ejercicio responsable de las funciones que corresponden a cada uno de ellos.

A la par, se requiere fortalecer la autonomía y las capacidades de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. De esta manera, los gobiernos locales se convertirán en actores fundamentales del pacto federal y tendrán una mayor participación en la planeación y programación de las políticas públicas sectoriales y regionales, pues se armonizarán dos necesidades: los gobiernos obtendrán mayores recursos, pero también rendirán cuentas sobre el uso de los mismos.

Si bien es cierto las demarcaciones territoriales en el Distrito Federal no son municipios, existen varios ordenamientos que las señalan como beneficiarias de aportaciones federales. Además, en virtud de algunas controversias constitucionales que se han interpuesto desde el 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación las ha reconocido como otro nivel de gobierno, distinto al gobierno del Distrito Federal.

Por su parte, el gobierno del Distrito Federal en su Programa General de Desarrollo 2007-2012 menciona como una obligación luchar junto con los habitantes de la ciudad para defender sus derechos a una ciudadanía plena, a un gobierno moderno, eficiente y transparente, con las facultades suficientes para promover el crecimiento económico y el bienestar social. En el mismo sentido, el artículo 12 del Estatuto de Gobierno señala que la organización política y administrativa del Distrito Federal debe atender, entre otras cosas, a la definición de políticas en materia de finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal de la capital.

La Ciudad de México alcanzó el derecho a un gobierno electo desde 1996, cuando el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales que permitieron la elección de un jefe de gobierno. Sin embargo, sigue sin reconocerse el derecho a tener gobiernos delegacionales con las facultades necesarias para atender el conjunto de necesidades que demanda la población, como sí lo tienen los estados de la república.

Tómese en cuenta que en el periodo 2007-2009, las delegaciones solamente tuvieron disponibles, en promedio,  17 por ciento del total de los ingresos recibidos por el gobierno del Distrito Federal, aún cuando es el primer vínculo con el ciudadano.

Además, el limitado ámbito de competencias del Distrito Federal dificulta la operación de la coordinación metropolitana. De proseguir las deficiencias en la coordinación metropolitana, problemas urgentes como el reordenamiento territorial, la calidad ambiental y el manejo de desechos rebasarán las capacidades de los gobiernos delegacionales.

Para lograr lo anterior, se requiere una reforma administrativa que dote a los gobiernos delegacionales de las facultades suficientes para que puedan atender las necesidades ciudadanas. Con ella se busca un trato fiscal equitativo a fin de incrementar la capacidad de planeación social, económica y financiera del gobierno capitalino.

Se considera necesario obtener las condiciones necesarias para incrementar la autonomía tributaria y financiera, así como un trato fiscal más justo al interior del Distrito Federal. Con ello se pretende apoyar la transparencia en el gobierno y establecer la rendición de cuentas como principio rector en el ejercicio presupuestal.

Se requiere establecer un sistema de coordinación fiscal y financiera del Distrito Federal con la finalidad de modernizar las finanzas públicas de las delegaciones en beneficio de sus habitantes, incentivar la recaudación delegacional conforme a sus facultades actuales, dar transparencia al proceso de determinación y transferencia de los montos de las participaciones y transferencias a las delegaciones y establecer las bases, los montos y los plazos de la distribución de las participaciones federales.

Con esto, la Secretaría de Finanzas deberá calcular y entregar con periodicidad mensual los recursos presupuestales a las delegaciones conforme a los fondos que establece la Ley de Coordinación Fiscal Federal y al monto determinado por la Asamblea Legislativa de los recursos propios y deuda aprobada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Una de las medidas más importantes que se deberá tener en cuenta durante el diseño de dicho sistema será el establecimiento de un fondo delegacional de participaciones y una determinación de criterios mencionados en el artículo 28 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, mediante el establecimiento de fórmulas claras que deriven en porcentajes de distribución con indicadores públicos y oficiales.

Además, será preciso establecer que datos como el nivel de marginación, la población, la infraestructura y el equipamiento urbano, no permiten distribuir de manera justa los ingresos de la Ciudad de México, por lo que se deberán tomar en cuenta otros factores, como la necesidad de servicios, la eficiencia en la prestación de éstos, la innovación, la educación, entre otros. Asimismo, se deberá eliminar la injerencia de la Secretaría de Finanzas en la determinación de los requerimientos mínimos de operación de los servicios públicos de las Delegaciones o de su programa de inversión.

Por lo anterior, y tomando en cuenta que el gobierno del Distrito Federal se ha comprometido a impulsar reformas legislativas que den al Distrito Federal los mismos derechos, obligaciones y atribuciones de una entidad federativa, someto a la aprobación de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal del Distrito Federal, para fortalecer la autonomía administrativa de los órganos político-administrativos.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, al gobierno del estado de Michoacán, al gobierno municipal de Morelia y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inicien las actividades necesarias para la creación del hospital universitario de dicha institución universitaria.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la Secretaría de Salud, al gobierno de Michoacán, al ayuntamiento de Morelia y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a iniciar las actividades necesarias para crear en ésta el hospital universitario, a cargo del diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Manuel Hinojosa Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública y a la Secretaría de Salud Federal, al gobierno del estado de Michoacán, al gobierno municipal de Morelia y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inicien las actividades necesarias para la creación del Hospital Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En 1540 Don Vasco de Quiroga fundó en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, el Colegio San Nicolás Obispo, con el propósito de formar sacerdotes que lo auxiliaran en la evangelización de los naturales del vasto territorio bajo su jurisdicción.

2. El 1 de mayo de 1543, Carlos I de España expidió una cédula real, en la que aceptaba asumir el patronazgo de dicho colegio y a partir de esa fecha pasaba a ser el Real Colegio de San Nicolás Obispo.

3. En 1580 con el cambio de la residencia episcopal de Pátzcuaro a Valladolid, el Colegio de San Nicolás también fue trasladado y fusionado al Colegio San Miguel Guayangareo, esta nueva sede presentó un gran avance para el fortalecimiento del obispado de Michoacán.

4. A finales del siglo XVII el Colegio de San Nicolás sufrió una profunda reforma en su reglamento y constituciones, que sirvió de base para la modificación al plan de estudios en el que entre otras cosas se incluyeron las asignaturas de Filosofía, Teología Escolástica y Moral.

5. Un real decreto del 23 de noviembre de 1797, concedió a San Nicolás el privilegio de incorporar las cátedras de Derecho Civil y Derecho Canónico a su estructura, sin embargo el movimiento de independencia acaudillado por un selecto grupo de maestros y alumnos nicolaitas, entre los que podemos mencionar a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, José Sixto Verdusco, José María Izazaga e Ignacio López Rayón llevaron al gobierno virreinal a clausurarlo. Con esta base el gobernador Melchor Ocampo procedió a su reapertura el 17 de enero de 1847 dándole nombre Primitivo y Nacional Colegio San Nicolás de Hidalgo y, a escasos días de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio logró establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917, formada con el colegio San Nicolás de Hidalgo, las escuelas de artes y oficios, la industrial y comercial para señoritas, superior de comercio y administración, normal para profesores y normal para profesoras, medicina y jurisprudencia.

6. En el año de 1920, el gobernador Francisco J Múgica modificó la ley constitutiva y nombró nuevas autoridades entre ellas la rectoría, la cual fue ocupada por el doctor Ignacio Chávez, quien fortaleció esencialmente el programa de enseñanza de medicina.

7. Desde hace más de veinte años, profesores, médicos en formación y autoridades en turno de la comunidad nicolaita han realizado una serie de acciones para la conformación del hospital universitario, el cual está basado en realidades y bien fundamentado en los diferentes marcos tanto legales, económicos, académicos, científicos y políticos, multidisciplinarios y en la relación y coordinación con la iniciativa privada y con órganos gubernamentales y no gubernamentales locales, nacionales e internacionales.

8. La construcción de este hospital universitario surge de la necesidad de elevar el nivel de atención de salud de los habitantes de la ciudad de Morelia y de los michoacanos en general, principalmente en aquellos sectores de la sociedad que por su situación socioeconómica se encuentran carentes de atención medica integral, como es el caso de los universitarios nicolaitas, de los migrantes y de sus familias así como de personas de la tercera edad.

9. Actualmente el estado de Michoacán cuenta con hospitales y clínicas de diversas instituciones, tanto federales como locales, sin embargo, la dinámica de crecimiento de la población ha generado una fuerte demanda de servicios médicos integrales con una insuficiente oferta para su atención, tal es el caso del municipio de Morelia, el cual ha registrado un importante crecimiento poblacional en los últimos años, presentando elevados índices de marginación, a su vez, carece de infraestructura suficiente para atender los requerimientos de salud de sus habitantes, sobre todo si se considera entre otros aspectos la creciente demanda de servicios de salud de la población femenina en edad fértil, la mayor expectativa de vida con aumento de miembros de la tercera edad y no contar con aéreas especificas de gerontología y geriatría entre otros aspectos que hacen necesario un centro de atención hospitalario que complemente a los que actualmente existen.

10. Entre otras de las ventajas de impulsar un hospital de este tipo, es que se puede contar con personal calificado que estará bajo la supervisión de los especialistas calificados tanto a nivel local, estatal, nacional e internacional con los que ya cuenta la universidad, tecnología de punta, entre otras.

11. Aunado a lo anterior, un hospital-escuela será de gran beneficio para la comunidad estudiantil perteneciente a las Facultades de Medicina, Odontología, Enfermería, Químico-Farmacobiología, Psicología, entre otras, toda vez que se podrán abrir campos clínicos de la misma universidad, donde podrán desarrollar sus expectativas de servicio social, internado, especialización y estudios de postgrados, tales como maestrías y doctorados, todo para proporcionar servicios integrados con calidad, calidez, oportunos y con tecnología de punta a la población en general.

12. Por otra parte, se estará contribuyendo a cubrir las expectativas del sector salud en el estado y en México, abatiendo la carga ya existente del Seguro Popular entre otros programas, coadyuvando a las instituciones a través de la creación de la Clínica del Migrante y de los institutos geriátricos, aunado al hecho de que podría ser un ejemplo para el desarrollo de este tipo de centros médicos universitarios en todo el país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública y a la Secretaría de Salud Federal, al gobierno del estado de Michoacán, al gobierno municipal de Morelia y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inicien las actividades necesarias para la creación del Hospital Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos para la creación del Fondo Nacional de Apoyo al Jornalero Agrícola y se exhorta a la Sedesol a que instrumente un programa de provisión de identificación documental a jornaleros agrícolas.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear el fondo nacional de apoyo de jornaleros agrícolas, y de que se exhorte a la Sedesol a aplicar un programa de provisión de identificación documental de éstos, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Carlos Luis Meillón Johnston diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para que en el marco de análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, considere la creación del Fondo Nacional de Apoyo al Jornalero Agrícola (Fonaja), e instrumente un Programa de Provisión de Identificación Documental a Jornaleros Agrícolas (Proidoja), que contribuya a abatir la marginación y el rezago de los jornaleros agrícolas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los jornaleros agrícolas dan viabilidad económica a la operación de un sector muy tecnificado, moderno, productivo, rentable y destinado fundamentalmente a los mercados de exportación, y en contrapartida, son trabajadores que sobreviven en condiciones laborales deplorables.

La actividad laboral del jornalero exhibe condiciones adversas y de rezago social, y al tratarse, en parte, de familias que emigran a otras entidades del país en búsqueda de trabajo e ingresos, incluye la contratación de mano de obra infantil, siendo esta población en su conjunto más vulnerable a enfermedades propias de la pobreza, a la desnutrición, a la reducción en la esperanza de vida, a la marginación social y a la violación de derechos humanos.

La problemática de dicho grupo es diversa y está asociada a la discontinuidad escolar, discriminación, analfabetismo, falta de patrimonio, falta de cohesión social, incertidumbre laboral, ausencia de servicios de salud, falta de vivienda digna, contención salarial, altas tasas de morbilidad, falta de documentos de identidad y dificultad para regularizarlos, entre otros.

Para contribuir a que este grupo social pueda disfrutar plenamente de sus derechos humanos y laborales y evitar el trabajo infantil, la política social de la presente administración ha buscado propiciar la igualdad de oportunidades como una obligación del estado hacia los grupos vulnerables.

Parte de dicha política social es el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, que contribuye con la protección social de los jornaleros agrícolas y sus familias, mediante acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades y ampliación de capacidades, asimismo, a través del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim), a cargo de la Secretaría de Educación Pública, se busca contribuir a superar la marginación educativa de las niñas y niños de México en contexto de migración. Además de que este segmento de la población puede acceder a apoyos de los programas de empleo temporal, 70 y más, y al de Desarrollo Humano Oportunidades.

No obstante la existencia de programas enfocados a la atención de jornaleros agrícolas y a sus familias, la condición de dicho grupo sigue siendo paupérrima, por lo que es necesario fortalecer la política social de abatimiento de la marginación y del rezago de grupos vulnerables. Es importante avanzar con mayor celeridad en la seguridad social, en que las personas en estas condiciones de vulnerabilidad accedan a redes sociales de protección.

Para la mayoría de la sociedad mexicana la problemática descrita es invisible, sin embargo, existen organizaciones de la sociedad civil que contribuyen directamente con servicios de vivienda, de educación, de salud, de capacitación y de alimentación de este grupo de la población, contribuyendo así con la política social de atención a grupos vulnerables, en ese sentido, el fortalecimiento de proyectos de coinversión social entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil enfocados a dicha tarea, resulta positivo.

Existen ejemplos de grupos de la sociedad comprometidos con el desarrollo social y humano, reflejado en el tiempo, recursos físicos y humanos que invierten a fin de financiar y operar proyectos que contribuyen a reducir la inequidad e injusticia social, no obstante, se enfrentan al reto de mantenerse económicamente y de seguir una estrategia que sume los esfuerzos del gobierno y la sociedad civil, en aras de conseguir un impacto que se traduzca en reducir la brecha de desigualdad.

A razón de lo anterior, consideramos precisa la creación de un Fondo Nacional de Apoyo al Jornalero Agrícola (Fonaja) que corresponda con la necesidad de incrementar los esfuerzos para apoyar a casi cinco millones de trabajadores, que siendo participes del desarrollo económico del campo, acusan una miseria vergonzosa, asimismo, que fomente y posibilite la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil.

Es posible financiar el fondo a partir de una reasignación del gasto de diversos programas sociales, como pudieran ser el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias o el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, que en la propuesta de presupuesto 2011 registran 6 mil 447 millones de pesos y casi 2 mil millones de pesos, respectivamente, y que pudieran ser reorientados al apoyo social de trabajadores agrícolas que contribuyen productivamente con el sector agroalimentario.

Con el Fonaja se busca apoyar a jornaleros agrícolas migrantes y locales por medio de la coinversión de proyectos de la sociedad civil como instancia ejecutora, siendo un recurso determinado con normas y procedimientos de la administración pública federal, en términos operativos y de evaluación, que permita una coparticipación de las distintas secretarías de estado y de las dependencias de los distintos órdenes de gobierno, de forma congruente con la política social nacional, con la ampliación de capacidades, la generación de oportunidades, la procuración de certidumbre jurídica, la protección social y la formación de patrimonio de los jornaleros agrícolas.

Aunado a lo anterior, se propone la creación de un programa abocado exclusivamente a provisión de documentos de identidad, denominado Programa de Provisión de Identificación Documental a Jornaleros Agrícolas (Proidoja), ya que la falta de documentos de identidad deriva en otros problemas que se extienden a la familia, como la falta de reconocimiento de derechos que den certidumbre laboral y acceso a la seguridad social o cualquier tipo de prerrogativas legales de las cuales debemos gozar todos los mexicanos, e incluso el incumplimiento de obligaciones por parte de patrones que incurren en irregularidades ante la falta de documentación de los trabajadores.

El Proidoja estaría a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con otras dependencias y órdenes de gobierno involucrados en el registro y acreditación de la identidad de la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el marco de análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, considere la creación del Fondo Nacional de Apoyo al Jornalero Agrícola (Fonaja), en aras de abatir la marginación y el rezago de los jornaleros agrícolas.

Segundo. Se hace un atento exhorto a la Secretaría de De-sarrollo Social (Sedesol), para que instrumente un Programa de Provisión de Identificación Documental a Jornaleros Agrícolas (Proidoja) que robustezca la procuración de justicia en términos de que estos trabajadores obtengan y regularicen sus documentos de identidad y el de sus familias, a fin de garantizar mejores condiciones laborales y de vida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese el primer resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el segundo resolutivo a la Comisión de Desarrollo Social.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Sagarpa a que programe el establecimiento de una cuenca lechera en el estado de Sonora y para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se consideren recursos para llevar a cabo el proyecto denominado Cuenca Lechera del Río Magdalena, Sonora.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a programar el establecimiento de una cuenca lechera en el estado de Sonora, y a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para llevar a cabo el proyecto de cuenca lechera de Río Magdalena, Sonora, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Enrique Torres Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a tomar en cuenta el potencial productivo de leche y de productos lácteos de los municipios de Magdalena, Imuris, Santa Ana, Cucurpe, Trincheras y Benjamin Hill, y programe una inversión que capitalice dicho potencial mediante el establecimiento de una cuenca lechera en la región; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el marco de análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 tome las previsiones necesarias que permitan llevar a cabo el proyecto “cuenca lechera del Río Magdalena”, en Sonora, de conformidad con los siguientes

Considerandos

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, México ocupa uno de los primeros países que consumen leche entera, después de países como Estados Unidos de América y España, además de que en 2009, la leche producida en el país habría alcanzado para distribuir casi cien litros a cada mexicano, considerando una población de 107.6 millones de personas (cifra del Consejo Nacional de Población).

Asimismo, la producción nacional de leche tuvo una variación porcentual anual positiva de 1.4 por ciento entre 2000 y 2009, sin embargo, nuestras importaciones de leche de bovino durante el periodo referido tuvieron una tasa media anual de crecimiento de 9.6 por ciento, y el valor de la leche importada en 2009 sumó 422 millones 963 mil dólares (información del sector agroalimentario, Sagarpa 2010).

De 2000 a 2009 el saldo de la balanza comercial de leche de bovino fue deficitario y, si bien, los cupos de importación de leche permiten cubrir en parte los requerimientos del programa de abasto social de leche, así como complementar el abasto de materia prima de la industria privada, es importante fortalecer la producción nacional y que esta aumente su participación en el mercado interno.

Garantizar el abasto de alimentos basándose en la importación puede representar presiones presupuestarias en el largo plazo y a medida que esto aumente, además de que distorsiona el mercado, afectando a productores mexicanos.

En el país existen productores que pudieran contribuir al crecimiento de la planta productiva nacional, pero que requieren de apoyo técnico y económico que les permita de-sarrollar proyectos viables.

Este es el caso de productores del estado de Sonora, que consideran que tienen potencial para constituir una cuenca lechera en el norte de la entidad y que acusan falta de inversión, de capacitación y de tecnología para llevar a cabo el proyecto “cuenca lechera del Río Magdalena”.

De acuerdo con estos productores que forman parte del distrito de desarrollo rural 140-Magdalena, la actividad productiva incluiría los municipios de Magdalena, Santa Ana, Trincheras, Benjamín Hill, Imuris y Cucurpe, zona con vocación en la producción de leche y de lácteos, y que según sus estimaciones, cuentan con un potencial para producir más de 11 millones de litros de leche al año.

Los productores de dicho distrito como parte del proyecto de la Magdalena han realizado estudios que señalan la necesidad de establecer una integradora que aglutine la producción de leche de los seis municipios señalados,  de invertir en mejoramiento genético, de invertir en una red de tanques frío para la concentración de leche en 5 microrregiones, de adquirir vientres y sementales, de adquirir equipo de transporte, de acceder a equipos de ordeña manual, y de contar con capacitación que les permita potenciar la actividad productiva y organizarse de forma más eficiente.

El apoyo requerido para el establecimiento de la cuenca lechera del Río Magdalena significa una inversión estimada de 17 millones 852 mil pesos que sin duda además de fortalecer la planta productiva nacional representaría la creación de autoempleos en el medio rural con un gran impacto para la región.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se hace un atento exhorto al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a tomar en cuenta el potencial productivo de leche y de productos lácteos de los municipios de Magdalena, Imuris, Santa Ana, Cucurpe, Trincheras y Benjamin Hill, y programe una inversión que capitalice dicho potencial mediante el establecimiento de una cuenca lechera en la región.

Segundo.Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el marco de análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2011 tome las previsiones necesarias que permitan llevar a cabo el proyecto “cuenca lechera del Río Magdalena”, en Sonora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese el primer resolutivo a la Comisión de Agricultura y Ganadería y el segundo resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat y Sener analicen las bases financieras e institucionales existentes con el apoyo del gobierno del estado de Tabasco.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a analizar a través de la Semarnat y de la Sener las bases financieras e institucionales existentes, con el apoyo del gobierno de Tabasco, a efecto de determinar la viabilidad de mantener inexplotadas las reservas petroleras de la reserva de la biosfera Pantanos de Centla, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan Gerardo Flores Ramírez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los pantanos de Centla es un área natural protegida, con categoría de reserva de la biosfera, y considerada el humedal más extenso de Norteamérica. La reserva posee 302 mil hectáreas, repartidas entre Centla, Jonuta y Macuspana. Comprende uno de los grupos de ecosistemas con mayor diversidad biológica del país, debido a la variedad de biotipos que presenta, como dunas, pantanos, manglares, esteros, marismas, espejos de agua dulce y salobre e islas fluviales, los cuales albergan amplia riqueza biótica, específicamente de insectos, moluscos, algas, reptiles, plantas fanerógamas y peces. Además, constituye un punto básico del equilibrio hídrico de Tabasco.

Históricamente, esta área natural ha sido explotada por la industria petrolera desde la década de 1950: en ella se ha llevado a cabo un sinnúmero de trabajos de prospección, exploración, producción y conducción de hidrocarburos, convirtiéndose a la fecha en una importante zona de producción de gas natural, con 55 campos petroleros y 295 pozos; 5 estaciones de recolección, 150 líneas de descarga de pozos y 5 ductos principales, todos diseminados en zona núcleo y de amortiguamiento.

Esa actividad petrolera ocasiona graves daños a la flora y la fauna, pues contamina el agua y el suelo con desechos tóxicos provenientes de pozos y gasoductos, que en el corto, mediano y largo plazos exterminan buena parte de los seres vivos del lugar. Además, la actividad ha sido reconocida por la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como un catalizador del proceso de deterioro de los pantanos de Centla, por retención de aguas, derrame de hidrocarburos, salinización, vertimiento de desechos tóxicos y extracción de materiales, entre otros factores.

En fechas recientes, Petróleos Mexicanos pretendió reanudar la exploración de yacimientos de gas en la zona a través de los proyectos Cobo II y Tojual, que implicaban el uso de explosivos sismográficos en la zona de amortiguamiento e incluso en parte de su zona núcleo.

Los efectos a escala mundial del cambio climático son cada vez más evidentes. Un ejemplo de ello son las lluvias atípicas, que en los últimos años han afectado a región, con inundaciones históricas en la mayor parte del territorio estatal.

Tabasco es clara muestra de los graves daños que la actividad petrolera puede ocasionar al ambiente. Desde la década de 1970, el estado ha enfrentado graves problemas ambientales provocados por esta actividad. Las lagunas y los pantanos tabasqueños, por ser las áreas más ricas en petróleo, son las que más han tenido afectaciones por la extracción de hidrocarburos, al provocar en ellos salinización y acidez. La quema constante de gas natural en instalaciones petroleras provoca la emisión al ambiente de grandes cantidades de dióxido de carbono y azufre.

Por ello se necesita reencauzar las políticas públicas en el país, dando valor prioritario a la conservación de las reservas naturales a través del desarrollo de proyectos para producir energía limpia o verde, como la eólica o la solar, que no genera residuos que afectan el ambiente, contrario a lo que sucede con la producción de gas o petróleo, que conlleva la emisión de gran cantidad de residuos, como el dióxido de carbono, cuyos efectos inciden directamente en el cambio climático que hoy nos aqueja.

A escala internacional hay opciones importantes de financiamiento para este tipo de proyectos como resultado de los objetivos vinculantes del Protocolo de Kioto, acuerdo internacional que tiene como finalidad reducir las emisiones de los seis gases que causan el calentamiento global, entre ellos el dióxido de carbono, que permite a los países firmantes, para cumplir sus objetivos, patrocinar en países en vías de desarrollo proyectos de producción de energía que reduzcan o eviten las emisiones de contaminantes al ambiente.

Se trata de un procedimiento eficaz en función de su flexibilidad para los países industrializados que tratan de cumplir sus objetivos en materia de cambio climático, ya que para ellos es más eficiente realizar actividades beneficiosas para el ambiente en los países en desarrollo que en su territorio.

México debe comprometerse ya en la ejecución de acciones que contribuyan a mejorar el ambiente; los efectos del cambio climático son hoy más evidentes que nunca. Por tanto, es viable que el Estado mexicano asuma el costo económico de la no explotación petrolera en esta área a cambio de los aportes internacionales que pudieran obtenerse, pero sobre todo a fin de iniciar el ejercicio de políticas públicas que hagan efectiva la garantía constitucional de que toda persona tenga derecho a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y la obligación del Estado de dirigir el desarrollo nacional garantizando que éste sea integral y sustentable.

La propuesta es viable y oportuna porque, como se ha señalado, hay bases financieras e institucionales para su ejecución.

Para robustecer lo expuesto, cabe citar el ejemplo de la Iniciativa Yasuní, presentada desde 2007 por la República de Ecuador. En ella, el gobierno se compromete a mantener indefinidamente inexplotadas las reservas petroleras en el parque nacional Yasuní, garantizando de esa forma la conservación de su biodiversidad.

La iniciativa propone no explotar los 846 millones de barriles de petróleo de reservas comprobadas a fin de evitar la emisión de dióxido de carbono de 407 millones de toneladas a la atmósfera provenientes de la quema de combustibles fósiles. Como compensación, el Estado recibirá una contribución solidaria internacional equivalente, como mínimo, a 50 por ciento de las utilidades que recibiría en el caso de explotar esas reservas. La iniciativa recibió el apoyo de países como Alemania, España, Bélgica, Francia y Suecia.

Por tanto, hoy se propone que el país inicie la construcción de bases financieras e institucionales sólidas para lograr la conservación efectiva y permanente de las áreas naturales protegidas, contribuyendo a los objetivos internacionales comunes que buscan la mitigación del cambio climático, la preservación de la biodiversidad y el desarrollo humano.

Es necesario que las autoridades federales competentes, con la coadyuvancia de las áreas estatales respectivas, analicen las bases financieras e institucionales de la propuesta que hoy se presenta, y determinen la viabilidad de su aplicación.

Los artículos 4o., quinto párrafo, y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalan como una garantía que toda persona tenga derecho a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y la obligación del Estado de dirigir el desarrollo nacional, garantizando que éste sea integral y sustentable.

Considero por ello razonable exhortar al Ejecutivo federal a ordenar a las áreas competentes de la administración pública federal que, con la colaboración de las áreas estatales respectivas, analicen las bases financieras e institucionales existentes, a efecto de determinar la viabilidad de mantener permanentemente inexplotadas las reservas petroleras del área natural protegida, con categoría de reserva de la biosfera, Pantanos de Centla.

En mérito de lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a analizar a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía las bases financieras e institucionales existentes, con apoyo del gobierno de Tabasco, a efecto de determinar la viabilidad de mantener permanentemente inexplotadas las reservas petroleras del área natural protegida Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, para garantizar la conservación de sus ecosistemas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía.

DERECHOS DE JORNALEROS AGRICOLAS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social a que tutelen con energía lo mandatado por la ley, para el debido respeto de los derechos de jornaleros agrícolas.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y al IMSS a tutelar con energía lo dispuesto en la ley para el debido respeto de los derechos de los jornaleros agrícolas, a cargo del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rodolfo Lara Lagunas, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los  artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Estamos a unos días de conmemorar los 100 años de la Revolución Mexicana, y nos encontramos con que los jornaleros agrícolas del país, siguen viviendo entre la sobreexplotación y la negación de sus más elementales derechos. El diario “La Jornada” del 29 de enero de 2009, nos informa que “Ángela Barraza López, de 10 años perdió el brazo izquierdo la semana pasada. Una máquina se lo destrozó cuando limpiaba ejotes en la banda transportadora de una planta empacadora de productos agrícolas, en esta capital (Culiacán, Sinaloa)”. De acuerdo a la nota periodística Ángela recibía como salario diario la cantidad de 70 pesos, pero sin prestaciones.

Una y otra vez, diversos grupos parlamentarios, hemos denunciado la situación de violencia general a los derechos laborales de los jornaleros agrícolas en el país, especialmente en materia de seguridad e higiene. Sin que a la fecha, se hayan tomado las medidas de fondo que esta grave situación reclama.

Debemos desechar, el acontecer cercano, en que sólo en presencia de  masacres, la autoridad se decide a actuar, ante todo por la presión internacional.

Sabemos que muchos de los jornaleros agrícolas laboran en una verdadera situación de neoesclavitud, de manera que les es negado la posibilidad de desplazarse más allá de los confines de los respectivos centros de trabajo, sujetos a la expoliación de la nueva versión de las tiendas de raya, con jornadas extenuantes, escasas o nulas condiciones de seguridad e higiene, salarios más que raquíticos y la negación de su derecho de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.

La abusiva conducta de estos empresarios,  nuevos señores “feudales”, no podría prosperar sin la complicidad de las autoridades de todos los niveles, ante algo que es un hecho público.

Esto extremos, cobran niveles de crueldad, cuando las víctimas son niñas y niños desde la más tierna edad, que no sólo deben soportar jornadas extenuantes, sino riesgos permanentes para su vida y salud. Aunado a la violación de sus derechos a la educación básica, al juego, al pleno desarrollo.

Ya no podemos seguir con la imposición de la “ley del más fuerte”; el sentido de nación y de democracia exige un equilibrio en la legalidad y la justicia.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta con urgencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones tutelen con energía lo mandatado por el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, de manera que se respeten los derechos laborales y a la seguridad social de los jornaleros agrícolas, especialmente, tratándose de las niñas y los niños.

Segundo. También se les exhorta a las mismas, para que inicien las investigaciones que procedan a fin de deslindar responsabilidades, sobre las violaciones a los derechos humanos laborales y de la seguridad social de que son víctimas los jornaleros agrícolas en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.— Diputado Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Las siguientes 86 proposiciones con punto de acuerdo están registradas en el orden del día para trámite de sólo turno a comisión. Por economía procesal se instruye insertar los textos íntegros en el Diario de los Debates y se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para llevar a cabo acciones que permitan operar con mayor seguridad la Línea A y dar mantenimiento mayor a trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita respetuosamente a este órgano legislativo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el ámbito de sus atribuciones, asigne dentro del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para Ejercicio Fiscal de 2011 la partida de recursos presupuestales suficientes para llevar a cabo las acciones que permitan operar con mayor seguridad la línea A y el mantenimiento mayor de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro,de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente la Ciudad de México comprende una vasta gama de infraestructura y urbanización que a la par del crecimiento demográfico, ha sido necesaria la aplicación de numerosas políticas públicas que permitan atenuar problemas de índole social y económica.

Lamentablemente, las autoridades gubernamentales locales han enfrentado continuamente situaciones que rebasan la disponibilidad de los recursos con los que cuentan y por lógica, la prestación de los servicios públicos no logra satisfacer las crecientes necesidades de la sociedad.

Al mismo tiempo, es preocupante que una ciudad como la nuestra, presente diariamente congestionamientos viales donde millones de emisiones contaminantes se esparcen en el ambiente con sus repercusiones a la salud de los habitantes.

Basta mencionar, que de acuerdo a investigaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la zona metropolitana del valle de México registra 36 millones de viajes al día, de los cuales cerca de 60.0 por ciento del total acontecen al interior del Distrito Federal mientras que otro 23.0 por ciento ocurre en los municipios conurbados del estado de México.

Como se puede observar, el número de traslados que suceden diariamente genera efectos contraproducentes en la infraestructura urbana derivado del congestionamiento vial y la contaminación ambiental, mismo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias cobra la vida de aproximadamente 4 mil personas al año.

Ante esta circunstancia, previamente se había planteado como respuesta a este fenómeno, la creación por decreto presidencial publicado el 29 de abril de 1967, del organismo público descentralizado Sistema de Transporte Colectivo, comúnmente conocido como Metro. La función primordial que llevaría a cabo esta empresa paraestatal, sería la administración y operación de un tren en la Ciudad de México.

Derivado de lo anterior, a partir de 1969 el Metro se convirtió en la gran empresa de infraestructura de largo plazo que a la fecha, su impacto de operación abarca el Distrito Federal y las áreas conurbadas del estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla.

Rápidamente, el Metro se consolidó como un sistema de transportación masivo, eficiente y amigable con el medio ambiente, donde más de 4.5 millones de personas se trasladan diariamente a sus correspondientes destinos.

Para esta enorme demanda, el Metro se compone por una red de 11 líneas con 175 estaciones en una longitud de 201.4 kilómetros de vías dobles.

Para medir los resultados por la prestación del servicio, se puede decir que las líneas 1 (Pantitlán-Observatorio), 2 (Cuatro Caminos-Tasqueña) y 3 (Indios Verdes-Universidad) concentran la mayor afluencia de pasajeros (aproximadamente 53.0 por ciento del total).

Por tal situación, en los últimos años, el Organismo ha puesto en marcha, programas y proyectos de mejora para elevar sus niveles de seguridad, calidad y rendimiento, de tal manera que pueda reducir los costos vinculados a su funcionamiento.

Como parte del plan maestro del Metro, el 12 de agosto de 1991 se puso en operación la línea A ubicada al oriente de la ciudad, la cual cuenta con una extensión de 17 kilómetros de vías dobles en las que se distribuyen 10 estaciones que dan servicio a los habitantes del DF y del estado de México.

Debemos señalar que la línea A en el año 2007 transportó 99.9 millones, para el 2008 la cifra disminuyo a 97.6 millones, en el 2009 este descenso continuo al ubicar la cifre en 83.1 millones y al mes de agosto del 2010 escasamente esta línea ha transportado a 19 millones de personas; como se puede apreciar de 2007 a 2008 la afluencia decreció en un 2.8 por ciento, mientras que del 2008 al 2009 este descenso se elevo a un 17.42 por ciento, está perdida de usuarios no es obra de la casualidad, pues hoy por hoy las condiciones de operación que prevalecen en la línea A no son precisamente las ideales lo que aunado a la falta de material rodante fiable provoca que los usuarios busquen otras opciones que satisfagan sus necesidades.

No podemos pasar por alto que las condiciones geográficas que presenta la zona oriente de la ciudad de México, derivado de la excesiva sobreexplotación de agua del subsuelo, además de las condiciones del mismo, así como las fallas estructurales que presenta la región, han provocado grandes oquedades que ponen en grave riesgo la resistencia del cajón y del largo riel soldado con los que está construida la línea A.

Desafortunadamente, la condición que prevalece en torno al cajón y las vías data de varios años y alguno de sus efectos se mostró en marzo de 2002, cuando un movimiento abrupto de los estratos del subsuelo, deformó el trazo de las vías en la inter-estación Peñón Viejo- Guelatao lo que provocó el descarrilamiento de un tren, evento que gracias a la pericia y capacidad del conductor no arrojo consecuencias para los usuarios; sin embargo esta condición de inseguridad y disminución de la calidad del servicio provocó que los usuarios se abstuvieran de usar esta línea, pues del 2002 al 2003 la afluencia disminuyó sensiblemente en un 37.89 por ciento.

Debemos apuntar que respecto de los hundimientos diferenciales del subsuelo en la línea A, el STC Metro los ha venido monitoreando de forma permanente desde 2005, de tal suerte que se tienen perfectamente ubicados 54 puntos críticos a lo largo de 17 kilómetros de la línea, mismos que por muy diversas causas no han sido atendidos, lo que ha propiciado que se tomen algunas medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, como son las reducciones de velocidad en ciertos tramos, hecho que necesariamente demerita la calidad y fluidez del servicio, provocando que los usuarios busquen otras alternativas para satisfacer sus necesidades de transporte.

En razón de lo expuesto y ante los constantes reclamos de los habitantes de la zona oriente de la ciudad y su zona metropolitana resulta ingente atender dichas demandas, aun cuando esta problemática es la suma de factores exógenos, el Sistema de Transporte Colectivo tiene la responsabilidad de buscar a través de todos los medios a su alcance la solución a los multicitados problemas, y como ya hemos apuntado se tienen identificados los puntos críticos, así como la forma de solventarlos, para lo cual existen 13 de ellos que presentan una condición extrema que se debe atender de forma inmediata; en tal virtud, resulta indispensable que este órgano legislativo, dentro del Presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011, asigne y etiquete los recursos para cumplir dicho fin.

Es evidente que al tratarse de una línea de rodadura férrea las condiciones de la vía resultan fundamentales para garantizar la circulación segura de los trenes y si a ello le agregamos las condiciones relacionadas con el cambio climático que dan como resultado variaciones muy marcadas de las temperaturas ambientales, se potencializan la multicitada problemática, se potencializan pues el largo riel soldado puede elongarse o contraerse, pudiendo materializarse en descarrilamientos de trenes.

Bajo esta premisa, si el incidente ocurriera en horas pico, muy probablemente habría un número elevado de personas lesionadas que no sería sencillo atender a través de los servicios de emergencia.

Más grave aún sería el caso, si el descarrilamiento del tren llegara a derribar el murete central cuando en ese mismo instante pasara el otro tren por la otra vía, habría una alta probabilidad de que chocaran entre sí, con efectos catastróficos.

Cabe agregar, que las condiciones actuales de las instalaciones fijas y el cajón de la línea A, presentan mayor vulnerabilidad a fenómenos naturales como los sismos, o asentamientos diferenciales, que dependiendo de su magnitud, podría ocasionar una mayor deformación de las mismas y el posterior descarrilamiento de trenes.

Lo expuesto nos lleva a concluir que es imprescindible ejecutar acciones que reduzcan el riesgo de una catástrofe que podría afectar no sólo a la operación del organismo sino también, la integridad de todos los trabajadores y usuarios que utilizan este transporte

En otro orden de ideas tenemos que apuntar que, el Sistema de Transporte Colectivo cuenta con 355 trenes, sin embargo el parque vehicular destinado a la prestación del servicio al público, hoy en día es de 253 trenes.

Desafortunadamente en los últimos años el metro está manejando un polígono de servicio que involucra sólo al 72 por ciento del parque vehicular, pues resulta que el 28 por ciento de los trenes restantes se encuentran fuera de servicio por falta de refacciones o mantenimiento, es tal el caso que algunos de estos trenes se han usado para refaccionar otros o simplemente se han excedido por mucho los limites de kilometraje para proporcionarles el mantenimiento mayor, como es el caso de 33 trenes férreos de la línea A que se sobreexplotaron hasta los 2 millones kilómetros cuando la ficha técnica del fabricante indica que deben entrar a mantenimiento mayor a los 500 mil kilómetros, circunstancias que necesariamente implican en un mayor número de fallas, incremento de los riesgos y baja de la fiabilidad, lo que se refleja en la disminución de los niveles de seguridad y calidad del servicio.

Paralelamente y supuestamente bajo el argumento de que para mejorar el servicio, el organismo, modificó la capacidad de algunos trenes de nueve a seis carros con el fin de incrementar la frecuencia del paso de los convoyes, sin embargo, esta situación ha generado una reducción de capacidad de pasajeros por tren en 33.3 por ciento, implicando una mayor utilización del parque vehicular.

Cabe señalar y como ya se comento que la red del metro cuenta con 355 trenes cuya estructura general se basa en seis y nueve carros. Del total, 90.7 por ciento son de rodadura neumática mientras que el resto son de rodadura férrea.

Asimismo, 30.0 por ciento del parque vehicular cuenta con sistemas de tracción –frenado electromecánico mientras que el resto posee un sistema de tracción– frenado con semiconductores y control electrónico, lo que en cierta medida, permite aumentar la fiabilidad y disminuir los costos de operación y mantenimiento.

Como se puede observar, el Metro cuenta con diversos sistemas tecnológicos para operar, lo que implica el uso de diferentes materiales y refacciones para el mantenimiento de los trenes, lo que puede acarrear mayores costos si alguno de ellos es sobre utilizado.

Por tal motivo, compañeras y compañeros diputados la propuesta que hay someto a su distinguida consideración en comento, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que analice, evalúe y asigne dentro del Presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, recursos presupuestales al Sistema de Transporte Colectivo Metro por un monto mínimo de mil 600 millones de pesos para ser canalizados directamente a la solución de los problemas planteados previamente.

Por lo expuesto, fundado y motivado, el suscrito diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita respetuosamente a este órgano legislativo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el ámbito de sus atribuciones, asigne dentro del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, la partida de recursos presupuestales suficientes para llevar a cabo las acciones que permitan operar con mayor seguridad la Línea A y el mantenimiento mayor de trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para lo cual se emite el siguiente:

Acuerdo

Único.Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de este Órgano Legislativo, para que en el ámbito de sus atribuciones, asigne y etiquete dentro del ramo 23 del Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Valle de México del Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercicio fiscal 2011, los recursos presupuestales por un monto de 800 millones de pesos para que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, realice la estabilización y renivelación de 13 puntos de la Línea A; así como 800 millones de pesos más para efectuar la rehabilitación y mantenimiento mayor de 35 trenes.

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.— Diputados Fernando Espino Arévalo (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para restaurar, construir, ampliar y mejorar los planteles educativos de todos los niveles en Ecatepec de Morelos, México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política; y 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Jorge Hernández Hernández, diputado del distrito 11 de Ecatepec de Morelos, México, ocurre a esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se incrementen en 250 millones los recursos de dicho municipio, en el concepto de restauración, construcción, ampliación y mejoramiento de los planteles educativos de todos los niveles.

Exposición de Motivos

Ecatepec tiene 2 mil 998 escuelas, federales, estatales y particulares:

Fuente: Portal del gobierno del estado México.

Son imperiosos la restauración, la construcción, la ampliación y el mejoramiento de los Planteles Educativos, donde se imparte día a día el conocimiento objetivo y se forman a los jóvenes que en un futuro conformarán la base productiva de nuestra nación.

Ecatepec requiere el incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 con la finalidad primordial de mantener una educación vanguardista y de elevado nivel académico.

La educación es sin duda la piedra angular que sostiene el desarrollo de los pueblos; es la bujía del motor que impulsa el progreso de la raza humana. Educarnos es apropiarnos de los conocimientos, de las conductas, de las costumbres, de la idiosincrasia, entre oros aspectos, que ha ido acumulando la cultura de nuestros ancestros, para convertirnos en transformadores de nuestra realidad y aportar al futuro sustantivos que permitan el desarrollo y la innovación tecnológicos, científicos y culturales.

Esto se da en las instalaciones educativas, en sus laboratorios y en investigaciones aportadas por la población académica en de los planteles educativos.

Por ello solicito a esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se incrementen en 250 millones de pesos los recursos de Ecatepec de Morelos, México, en el concepto de restauración, construcción, ampliación y mejoramientos de los planteles educativos de todos los niveles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública..

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para becas en todos los niveles escolares en Ecatepec de Morelos, México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política, y 56, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Jorge Hernández Hernández, diputado del distrito 11 de Ecatepec de Morelos, México, ocurre a esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se incrementen en 250 millones de pesos los recursos de dicho municipio, en el concepto de becas en todos los niveles escolares.

Exposición de Motivos

Ecatepec tiene una población de 3 millones de habitantes, de los que 782 mil 190 se hallan inscritos en los diferentes niveles educativos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con datos de 2008, 128 mil 967 son profesionales.

Se tiene el propósito democrático e institucional de detonar el rendimiento educativo en Ecatepec de Morelos, el municipio más poblado de Latinoamérica, donde hay en matrícula escolar una población en la educación básica un promedio de 679 mil 921:

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El artículo 3o. constitucional consagra la educación pública como la fuente del conocimiento en que el individuo se desarrolla, fomentándole el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

Como educación básica obligatoria, el Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá la educación preescolar, primaria y la secundaria.

Por ello y para dar mejor alcance a los programas educativos previstos e implantados en el sistema educativo federal, estatales, del Distrito Federal y de los municipios y para estimular el aprovechamiento académico como la ayuda para los que no tienen los recursos necesarios para el acceso a la educación, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se incrementen en 250 millones de pesos los recursos de Ecatepec de Morelos, México, en el concepto de becas en todos los niveles escolares.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para infraestructura carretera, hidráulica, deportiva, cultural, educativa, de desarrollo social y de salud en Melchor Ocampo, México, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la normatividad aplicable, se somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio es la base del federalismo en México. Como en otras naciones con sistema federal, este nivel de gobierno es autónomo; sin embargo, a diferencia del de otros paí-ses, el gobierno municipal mexicano aún está en un proceso de consolidación de sus atribuciones, derechos y responsabilidades administrativas.

Hay casos en que la autonomía de los municipios llega a ser de tal magnitud e importancia, que su fortaleza y sustentabilidad jurídica y económica son fundamentales para lograr el desarrollo de un país.

Uno de los ejemplos más claros es el ocurrido en Brasil, que en 1999 debió presentar un recurso de moratoria financiera de su deuda porque Minas Gerais tuvo problemas financieros que le impidieron cumplir sus compromisos de deuda pública.

En México, gracias a la firma de un pacto federal, es posible la coordinación de los tres niveles de gobierno, lo cual permite la implantación de proyectos y programas regionales de amplio efecto social, generando un beneficio colectivo en favor de la sociedad que habita en dichas localidades.

Indico lo anterior para enmarcar la situación que prevalece en Melchor Ocampo, localidad situada al norte del estado de México y que requiere apoyos financieros que le permitan detonar las oportunidades de desarrollo económico que se presentan en la región.

La ampliación de la infraestructura e instalaciones de diversa índole permite generar un efecto integral, complementario, donde cada una de las propuestas de inversión tiene como fin lograr la meta de beneficiar a la colectividad social.

Los proyectos enmarcados en la solicitud de recursos que se presenta mediante la coordinación del sector agrario incluyen inversiones destinadas al mejoramiento, a la ampliación y al mantenimiento de infraestructura carretera, así como a la construcción de instalaciones que beneficien a los grupos vulnerables, como es el caso de la edificación de la casa del adulto mayor.

Otros proyectos de amplio efecto social se encuentran en la construcción de un espacio de recreación y práctica de actividades deportivas, elemento importante para alejar de las manos de la delincuencia y la drogadicción a los jóvenes.

Un aspecto relevante son los proyectos relacionados con la red de agua potable, alcantarillado y obras de saneamiento que deben realizarse en Melchor Ocampo: de no hacerse, se pondría en riesgo la viabilidad de la localidad, debido a la insuficiencia para atender la demanda creciente de agua potable.

Los factores educativo y cultural van de la mano, permiten el desarrollo pleno de las personas, dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de la educación. Por ello, la edificación de aulas de uso múltiple para realizar actividades culturales es importante. De igual forma, la rehabilitación y ampliación de las instalaciones educativas es una prioridad, pues permiten ampliar la oferta educativa en favor de los jóvenes que requieren mayores oportunidades para su desarrollo.

La salud deber ser uno de los temas inmediatos de la agenda nacional. Consciente de esa situación, Melchor Ocampo solicita que se le asignen recursos federalizados para construir una unidad de rehabilitación e integración social, a fin de ampliar la red del sistema de salud vigente.

Como legisladores, tenemos la responsabilidad de manifestar ante el Congreso de la Unión las necesidades más sentidas e inmediatas de los componentes de la sociedad mexicana. En razón de ello, la solicitud que ahora presento se sustenta en dicho precepto.

Con fundamento en lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos a Melchor Ocampo, México, a fin de que desarrolle los proyectos que se mencionan a continuación:

• Infraestructura carretera

a) Construcción de guarniciones, banquetas y arrollo vehicular de concreto hidráulico en el nuevo bulevar Deportistas (segunda etapa);

b) Ampliación de dos a cuatro carriles con concreto hidráulico de la carretera nacional Cuautitlán-Zumpango;

c) Reacondicionamiento con concreto hidráulico de la avenida Corregidora (Visitación-Tenopalco);

d) Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Justo Sierra, en Visitación;

e) Construcción de guarniciones, banquetas y arroyo vehicular de concreto hidráulico en la calle Pino Suárez;

f) Construcción de guarniciones, banquetas y arroyo vehicular de concreto hidráulico en la calle Carrillo Puerto; y

g) Construcción de arroyo vehicular con concreto hidráulico en la calle Víctor Bravo Ahúja.

• Infraestructura hidráulica

a) Introducción de red de agua potable, sanitaria y alcantarillado en las calles Emiliano Zapata y Adolfo López Mateos;

b) Construcción de redes hidráulica y sanitaria en el nuevo bulevar Techachalco-Totoltepec;

c) Introducción de redes hidráulica y sanitaria, así como de alcantarillado, y construcción de pozos de absorción en la ampliación de carriles de la carretera nacional Cuautitlán-Zumpango;

d) Introducción de redes de agua potable, sanitaria y de alcantarillado en la calle Zitlaltepec;

e) Introducción de redes de agua potable y sanitaria, y construcción de pozos en la ampliación de carriles de la carretera nacional Cuautitlán Zumpango; y

f) Introducción de redes de agua potable y sanitaria, y construcción de pozos en la calle Pino Suárez.

• Infraestructura deportiva

a) Construcción de aéreas deportivas en Tenopalco.

• Infraestructura cultural

a) Construcción de tres aulas de usos múltiples y obra exterior de la cabecera municipal.

• Infraestructura educativa

a) Construcción de ocho aulas y un cubo de escalera en la escuela primaria Francisco I. Madero;

b) Construcción de cuatro aulas y un cubo de escalera en la escuela preparatoria oficial del estado de México número 190;

c) Construcción de cuatro aulas y un cubo de escalera en el centro de bachillerato tecnológico Isaac Newton, situado en la cabecera municipal;

d) Construcción de cuatro aulas y de cubo de escalera en la escuela secundaria técnica Juan Nepomuceno Pérez, situada en la cabecera municipal;

e) Construcción de cuatro aulas y de un cubo de escalera en la escuela secundaria técnica Juan Nepomuceno Pérez, situada en la cabecera municipal;

f) Construcción de cuatro aulas y un cubo de escalera en la Escuela Pedagógica Nacional, situada en la cabecera municipal; y

g) Remodelación de la biblioteca Bicentenario, de la cabecera municipal.

• Infraestructura para el desarrollo social

a) Construcción de la casa del adulto mayor en la cabecera municipal.

• Infraestructura para salud

a) Construcción de la unidad de rehabilitación e integración social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputados: Héctor Eduardo Velasco Monroy, Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la línea de agua tratada que alimente la zona chinampera de Tetelco y Míxquic, en Tláhuac, Distrito Federal, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Roberto Rebollo Vivero y Alberto Jiménez Merino, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, someten a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país en el cual las políticas públicas de impulso a la conservación y uso del agua son insuficientes para resarcir los problemas derivados de la escasez del vital líquido.

El anterior problema, se manifiesta en mayor medida en las grandes urbes y ciudades, en donde la concentración poblacional día a día se incrementa de manera preocupante, ya que se saturan los servicios públicos requeridos ante una demanda creciente.

El urbanismo y las políticas sobre el tema se han dejado de lado, dando paso a las políticas inmediatistas, de corto plazo, en donde los efectos son marginales y de poca relevancia.

En el tema de la disponibilidad, la Ciudad de México enfrenta un problema grave, a pesar de que en los últimos años los índices de lluvia han aumentado de manera considerable, no se cuenta con la infraestructura necesaria para aprovechar de manera eficiente el agua de lluvia.

Esta problemática ha puesto en jaque la viabilidad de la propia ciudad, poniéndonos en la disyuntiva de elegir entre la posibilidad de generar agua para consumo humano y actividades industriales, y la opción de mantener vigente la escasa producción agrícola de la capital.

No debemos perder de vista que la zona sur del Distrito Federal se caracteriza por contar con zonas con alta productividad agrícola, en donde destacan las localidades ubicadas en la delegación Tlahuac, siendo las localidades de Tetelco y Mixquic, dos de las más representativas.

En los lugares mencionados se generan un conjunto de productos agrícolas de alta comercialización y consumo entre la población de la Ciudad de México y la zona conurbada. Sin embargo, durante los últimos años se ha complicado el panorama que enfrentan, ello como consecuencia de la disponibilidad de agua en la región.

Lo anterior, hace necesario implantar acciones inmediatas para subsanar dicho problema. Es por ello que la presente solicitud tiene por objeto, exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, para que designe una partida presupuestal para desarrollar el proyecto de la construcción de la línea de agua tratada para alimentar la zona chinampera de Tetelco y Mixquic, en la delegación Tlahuac, del Distrito Federal.

Al realizar la provisión de los recursos, estaremos contribuyendo a fortalecer y dar sustentabilidad a la producción agrícola de esta zona de la Ciudad de México. Asimismo, permitirá detonar la posibilidad de alcanzar un mayor nivel de desarrollo, en beneficio de las familias que dependen de dichas actividades productivas.

Con fundamento en lo mencionado, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos para el proyecto de la construcción de la línea de agua tratada para alimentar la zona chinampera de Tetelco y Mixquic, Tláhuac, Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2010.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto de cultivo y reproducción de bagre del Balsas en Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en La LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, somete a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace más de 18 años, la pesca marítima mundial se ha estancado en 89 millones de toneladas al año. La acuacultura es una de las actividades agropecuarias que cada vez adquiere mayor relevancia en el conjunto de ramas que integran el sector primario y representa alrededor del 60 por ciento de la producción de peces y similares.

El bagre es una especie de importancia en las actividades deportivas recreativas en México y otros países. Su cuerpo es aplanado dorsoventralmente por su parte anterior. El dorso es de color gris o azul grisáceo con los costados plateados y puntos obscuros, su cabeza es grande y gruesa, con hocico amplio? el labio inferior presenta dos pares de barbas negras y en el superior un par, en donde inicia el ángulo de su boca existe un par de barbillas más pequeñas.

No obstante que es una importante fuente de proteína de alta calidad y que su precio de venta en el mercado regional de Puebla, Oaxaca y Guerrero alcanza más de 100 pesos, las artes de pesca inadecuadas y la contaminación de los ríos ha disminuido drásticamente las poblaciones, afectando negativamente las posibilidades de alimentación e ingreso de las familias y comunidades ribereñas que se encuentran en las afluentes del río Balsas, situadas en las mixtecas.

El bagre, habita en aguas de poco flujo, con fondo de roca grava o arena, lo mismo prefieren aguas claras o turbias con vegetación sumergida o emergente, evita la vegetación densa.

Es una especie con hábitos nocturnos refugiándose durante el día en la parte profunda de los embalses. Es omnívora, consumiendo restos de plantas y animales, en ocasiones es carroñera o predador de especies menores.

El pez adulto come en el fondo, mientras que el joven lo hace en la superficie. Los bigotes los utiliza para seleccionar el alimento que va a ingerir.

En cautiverio acepta el alimento artificial, los desechos de rastros y vegetales, así como harinas y peces frescos.

Esta especie es una alternativa al complemento alimenticio, ya que 250 gramos proporcionan el 85 por ciento de las proteínas requeridas por los niños y el 65 por ciento en los adolescentes.

Con relación a su tipo de reproducción, se puede mencionar que los adultos se reproducen a la edad de 2 a 4 años, cuando pesan de 1.5 a 4.5 kilogramos, presentan dimorfismo sexual con fecundación externa. La época de reproducción es de abril a agosto, en aguas con temperaturas de 20 a 30 grados centígrados.

Ya se han puesto en marcha proyectos de esta índole en algunas de las entidades federativas del país, siendo exitosas en la mayoría de los casos, razón por la cual es imperativo continuar fomentando e impulsando este tipo de actividades acuícolas.

Hace más de cuatro años, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla, inició una investigación para desarrollar la reproducción del bagre nativo del río Balsas en cautiverio.

Hace tres meses los investigadores acaban de validar el método de producción y ahora se requiere de apoyo financiero para la instalación de laboratorios, la ampliación de la infraestructura en donde se realiza la reproducción, así como los recursos para la implementación de dicho proceso en las localidades en que exista viabilidad para su producción.

Lo anterior beneficia a más de 100 mil familias, ubicadas en poco más de 350 comunidades, las cuales se encuentran en alrededor de 120 municipios, de una región que comprende 4 estados donde la pobreza encuentra una respuesta económica en la migración hacia Estados Unidos de América.

Con fundamento en lo mencionado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos para el proyecto de cultivo y reproducción del bagre del Balsas, a desarrollarse en Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para apoyar proyectos de inversión en materia agropecuaria en Puebla, Francisco Z. Mena y Chiautla de Tapia, Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, someto a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El campo mexicano es un sector que ha demostrado su fortaleza y empuje a pesar de la falta de atención y de políticas púbicas que impulsen el crecimiento y la productividad del sector primario.

De acuerdo a información proporcionada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el sector agropecuario presenta una tasa de crecimiento superior a la del sector industrial, ello demuestra la capacidad y el potencial con que cuenta el campo mexicano.

El desarrollo del sector agropecuario se ha debido, en una parte, a la incorporación de nuevos métodos e innovaciones tecnológicas aplicadas a las actividades del sector rural. Esta combinación es la clave para el crecimiento sustentable y mejor aprovechamiento de los recursos naturales y la eficiencia en la producción de bienes.

No podemos dejar de mencionar una parte del éxito en el sector primario se debe al fomento y apoyo de proyectos de inversión dirigidos a mejorar el proceso de producción, industrialización, comercialización y traslado de los bienes generados en el campo.

Lo anterior, hace necesario continuar con este tipo de políticas de fomento debido a que un gran número de productores no cuentan con los recursos económicos para poner en marcha dichos proyectos. De igual forma, se deben considerar otro tipo de factores, tales como el educativo, siendo el promedio de escolaridad de 3.5 años; el nivel de ingresos, ya que cerca del 20 por ciento de quienes trabajan en el campo no reciben algún tipo de ingreso.

Si bien es cierto que los gobiernos locales tienen la responsabilidad de apoyar proyectos de inversión de esta índole, también se debe reconocer la incapacidad financiera de este nivel de gobierno, razón por la cual es necesario que el gobierno federal otorgue financiamiento para desarrollar las propuestas.

En el estado de Puebla se han puesto en marcha numerosos proyectos de inversión vinculados a la actividad agropecuaria, generando un efecto positivo en las familias rurales, dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Los proyectos son diversos e integrales, en el caso de la solicitud que a través de este documento realizo, destacan las propuestas para producir y distribuir abono orgánico para la agricultura en la capital del estado de Puebla; la implementación de invernaderos para producir jitomate, así como una empacadora para dicho producto.

En el caso del municipio de Francisco Z. Mena, se solicita se destinen recursos para establecer un Centro de engorda de bovinos, lo cual permita producir carne de alta calidad, así como un centro de pies para la cría de sementales.

Por su parte, el proyecto a realizarse en Chiautla de Tapia tiene por objeto desarrollar al agroindustria para la elaboración de productos derivados de la jamaica.

Los anteriores, son sólo algunas de las propuestas más sensibles que deben ser sujetas de financiamiento, ello en aras de contribuir al desarrollo regional, el crecimiento económico del sector e incrementar la productividad del campo mexicano.

Con fundamento en lo anteriormente mencionado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos para apoyar proyectos de inversión en materia agropecuaria, en los municipios de Puebla, Francisco Z. Mena y Chiautla de Tapia, en donde se propone poner en marcha procesadoras y empacadoras de jitomate, el establecimiento de centros de cría de sementales y de carne de alta calidad, así como desarrollar la agroindustria de la jamaica, en el estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para infraestructura cultural en Teotlalco, Huehuetlan el Chico y Chiautla de Tapia, Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la educación va estrechamente ligado con el derecho a la cultura, entendiendo esta última como la posibilidad de que los habitantes de una nación puedan contar con los elementos necesarios que le permitan tener una mejor formación educativa, profesional y humana.

En el caso de México, como lo han señalado estudios en la materia, la población mexicana tiene un promedio de escolaridad de 8.5 años, equivalente al segundo año de educación secundaria, este indicador nos ubica entre los últimos lugares en el conjunto de países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

La educación debe ser integral, incluyendo aspectos que permiten al individuo formarse un carácter, una personalidad y una plena identificación con sus orígenes, su historia, y el avance de la modernidad, a la cual estamos habituados.

Sin embargo, la heterogeneidad y la ausencia de factores que permitan cohesionar y aglutinar los conocimientos, a lo largo y ancho del territorio nacional, no ha permitido alcanzar un mayor nivel de preparación.

En este sentido, la cultura es una de las principales debilidades de la sociedad mexicana, aún y cuando se sabe que el sistema educativo nacional tiene la responsabilidad de enseñar los lineamientos mínimos necesarios para que un individuo cuente con la preparación cultura, también se debe reconocer que esta es una labor conjunta, complementaria.

La descentralización de la educación en México, otorgó mayores opciones y responsabilidades para los gobiernos locales, jugando un papel fundamental los ayuntamientos y regímenes municipales, los cuales, deben poner en marcha una serie de acciones que le permitan contribuir en mejor medida a lograr el objetivo de incrementar el nivel cultural de las personas,

Cabe destacar que los gobiernos municipales son los principales promotores de la cultura, para lo cual destinan parte de sus recursos, infraestructura y propiedades, para el desarrollo de la cultura.

Es bien sabido que los recursos con que cuenta un municipio son insuficientes para lograr un mayor impulso de este tipo de acciones, es por ello que se requiere de la asignación de recursos por parte del gobierno federal para realizar proyectos vinculados con el fomento de la cultura.

En esta situación se encuentran los municipios de Teotlalco, Huhuetlán el Chico, y Chiautla de Tapia, quienes requieren de recursos económicos para construir una casa de cultura en sus respectivas cabeceras municipales.

En el caso particular de Chiautla de Tapia, además de la construcción de la Casa de Cultura, se deben asignar una partida presupuestal que permita la edificación de un museo regional, el cual tiene como principal objetivo, resguardar los acervos pertenecientes a personajes que participaron en las gestas de independencia y la revolución mexicana.

Con fundamento en lo anteriormente mencionado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos para la construcción de una casa de cultura en los municipios de Teotlalco, Huehuetlán el Chico, y Chiautla de Tapia, asimismo, en este último, ayuntamiento, se construirá un museo regional, a desarrollarse en el estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para infraestructura hidráulica, agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en diversos municipios de Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en La LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, somete a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua, es un recurso natural que escasea cada vez en mayor cuantía, poniendo en riesgo la sustentabilidad de las regiones en el mundo, muchas de las cuales han puesto en marcha acciones que les permitan superar los riesgos y efectos negativos de la falta del vital líquido.

México no está ajeno a esta problemática, muestra de ello es que algunas entidades federativas padecen los estragos de la escasez del agua necesaria para la vida humana y el desarrollo de actividades económicas.

Ante este panorama, algunas entidades federativas han mostrado su preocupación, y sensibles de la complejidad que conlleva la falta de agua en algunos municipios y comunidades, se han dado a la tarea de desarrollar estrategias, planes, programas y proyectos hidráulicos, tal y como lo demuestra el estado de Puebla.

Uno de los objetivos fundamentales es la búsqueda de la eficiencia en el uso, aprovechamiento y tratamiento del agua disponible, este último elemento adquiere cada vez mayor relevancia debido a que es imperativo aprovechar de manera racional los recursos disponibles.

Los gobiernos municipales conocen de mejor manera la problemática que aqueja a las familias rurales y de las cabeceras del Ayuntamiento, sin embargo, las haciendas locales no cuentan con los recursos económicos suficientes para desarrollar obras hidráulicas de gran envergadura y con un alto impacto social.

En razón de lo anterior, los representantes institucionales municipales, de las comunidades y de los grupos organizados acuden a esta Soberanía con el objetivo de buscar que sus necesidades más inmediatas sean atendidas, ello a través de la asignación de partidas presupuestales que permitan poner en marcha proyectos hidráulicos.

En esta situación se encuentran los municipios de San Pedro Cholula, Huauchinango, Petlalcingo, Huehuetlán el Chico, Chila de la Sal, Santa Inés Ahuatempan, ubicados en el estado de Puebla.

En San Pedro Cholula, los proyectos incluyen la gestión de caudales, el aprovechamiento de agua residual para riego y para el proceso de rastro, en suma, los proyectos de tipo hidráulico son 26; en Huahuchinango la solicitud es para ampliar la red de agua potable; en Petlalcingo, el apoyo solicitado es para la construcción del sistema de alcantarillado, al igual que en el municipio de Huehuetlán el Chico y Santa Inés Ahuatempan.

Con fundamento en lo mencionado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos para la construcción y ampliación de la red de agua potable, alcantarillado público, proyectos de aprovechamiento de agua residual para riego y rastro, en los municipios de San Pedro Cholula, Huauchinango, Petlalcingo, Huehuetlán el Chico, Chila de la Sal, Santa Inés Ahuatempan, a desarrollarse en el Estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para infraestructura carretera y caminos rurales en diversos municipios de Puebla, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en La LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, somete a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La infraestructura carretera y de caminos rurales es un componente fundamental para determinar el grado de desa-rrollo de una nación, de ahí su importancia y relevancia para lograr el crecimiento económico y el beneficio colectivo.

La inversión en la construcción de carreteras, caminos rurales y demás infraestructura complementaria, entre la que se encuentran los puentes vehiculares, boulevares, periféricos, y demás obras complementarias, representan una de las mejores opciones para reactivar las economías locales, regionales, y por ende, el mercado nacional.

Los sectores, ramas y actividades económicas que convergen en torno a los proyectos carreteros generan externalidades positivas que se traducen en un impacto a favor de mejores condiciones de vida para millones de familias.

Desde la perspectiva del sistema productivo, el contar con una infraestructura carretera adecuada y en óptimas condiciones, permite el eslabonamiento productivo, gracias a que el traslado de las mercancías se puede realizar de manera pronta, segura y con menores costos de traslado, derivados del uso del combustible, el embalaje y otro tipo de elementos usados para la conservación.

Desde la óptica de los beneficios inmediatos, la construcción de obras carreteras genera empleos de corto y mediano plazo, no sólo para quienes desempeñan actividades de mano de obra calificada, sino también se deben considerar los empleos que otras ramas económicas pueden proporcionar, siendo las industrias del acero y el concreto, las que mayor dinámica presentan.

Puebla es, sin lugar a dudas, una entidad ejemplar en el tema de la red carretera y de caminos rurales. Durante los últimos años, se ha construido una red de vías de comunicación que agiliza el traslado, permite la conexión y la incorporación de comunidades que se consideraban alejadas y marginadas.

El hecho de saber que una determinada comunidad o poblado cuenta con una carretera que la comunica con el resto de su entorno, cambia el contexto en el que se desarrollan los habitantes de estas zonas.

Al igual que en otros temas, las haciendas municipales no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente al costo que implica la construcción de una carretera. En algunos casos, el diseño del proyecto ejecutivo se encuentra por encima de su capacidad financiera, ya que a pesar de que al construirse dicha obra el impacto positivo será muy alto, el gobierno municipal no puede solventar el pago de dicho proyecto.

Con lo anterior se hace referencia a que los apoyos solicitados no son sólo para la construcción de la obra, ya que se requiere del apoyo financiero que permita diseñar el proyecto ejecutivo de dicha infraestructura.

Dotando a los municipios de los recursos económicos para carreteras y caminos rurales, estaremos contribuyendo a lograr la meta de reactivar la economía, de igual forma, como legisladores, daríamos respuesta a las necesidades inmediatas más sensibles, trayendo beneficios a las poblaciones que no cuentan con una vía terrestre de comunicación.

Con fundamento en lo mencionado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos para la construcción, remodelación, diseño de proyecto ejecutivo en materia de infraestructura carretera, en los municipios de:

• Izúcar de Matamoros: construcción de carretera Izúcar de Matamoros-Huajuapan de León, tramo: Izúcar de Matamoros-Acatlán de Osorio

• Tulcingo de Valle: modernización de camino Tulcingo de Valle-San Miguel Tlaltepexi-Xixingo de los Reyes; pavimentación de camino Atzompa-Guadalupe Victoria 9+379.37.

• Acatlán de Osorio: modernización de camino Ahuatempan-Acatlán de Osorio, y, modernización de camino el Capulín-San José Petlalcingo-ejido San José Tierra Colorada-Texcalapa, y construcción de carretera: libramiento Acatlán-Huajuapan de León; construcción y pavimentación del camino Hermenegildo Galeana-Rancho Nuevo, 4 kilómetros; pago de servicios profesionales para la elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción y pavimentación del camino Nuevos Horizontes-la noria chica; pago de servicios profesionales para la elaboración del proyecto Acatlán de Osorio-La Trinidad.

• Cuayuca de Andrade: modernización de camino San Pedro Cuayuca - Puente Márquez y modernización de camino Tehuitzingo - los Hornos de Zaragoza - San Pedro Cuayuca.

• Tehuitzingo: modernización de camino San Francisco de Asis-e.c. Mexico – Oaxaca;

• Chila de la Sal: modernización de camino Huehuepiaxtla-ec, (Tulcingo-Chila de la Sal).

• Chiautla de Tapia: construcción y pavimentación de libramiento de Chiautla - Tlanhuanpican - Tulcingo del Valle; continuación de pavimentación de camino Chiautla de Tapia-San Miguel Ejido-Izúcar de Matamoros, longitud 12 kilómetros; construcción del libramiento Pilcaya-entronque con carretera Chiautla de Tapia-Ixcamipa de Guerrero, longitud 1.5 kilómetros.

• Chietla: conclusión de la pavimentación de camino lagunillas de rayón - Cuayuca, longitud 3 kilómetros; construcción y pavimentación de camino al mirador, (entronque de carretera Izúcar-Barranca del Muerto, longitud 800 metros; reconstrucción y pavimentación de carretera Atencingo-El Organal, longitud 3 kilómetros construcción del puente vehicular con longitud de 60 metros en la población de Atencingo, municipio de Chietla; continuación de pavimentación del camino Tzompahuacán-Coayuca.

• Chila de las Flores: pavimentación de camino Yucunduchi-San José Chapultepec, municipio de Chila de las Flores e.q. carretera Huajuapan, longitud, 8+327.11 kilómetros.

• Guadalupe Santa Ana: modernización y ampliación del camino Guadalupe-Mariscala de Juárez, tramo Guadalupe-Barranca Honda; modernización y ampliación del camino tramo Jehuital-Vista Hermosa-San Antonio Chiltepec.

• Huehuetlán el Chico: pavimentación de camino Huehuetlán el Chico-Tecocoyuco.

• Jolalpan: elaboración de estudio y proyecto para pavimentación de camino Huachinantla-El Salado, 6 kilómetos; elaboración de estudio y proyecto del camino Xochitepec-Jolalpan-Cohetzala.

• Petlalcingo: Reencarpetamiento de carretera de Salitrillo-Tepejillo, 8.7 kilómetros; continuación de pavimentación de camino Petlalcingo-Santo Domingo Tonahuixtla, 12 kilómetros.

• San jerónimo Xayacatlán: pavimentación de camino la Tepachera a Gabino Barreda, 8 kilómetros; construcción de puente vehicular rio Tizac-Cañada Estaca.

• San Miguel Ixitlán: continuación de pavimentación del camino San Miguel Ixitlàn-San Miguel Ixtapan, 11.5 kilómetros.

• Tecomatlán: construcción de carretera Tecomatlán-Mixquiapan-Quicayan, 20 kilómetros.

• Tilapa: terminación de la carretera de Cuexpala-Cuautepec, 3.5 kilómetros.

• Teotlalco: construcción de carretera en San Miguel Teotlalco, segunda etapa: Achichipilco-Teotlalco-Quicayan, 5 kilómetros; pavimentación de camino tipo C de Teotlalco-San Miguel: construcción de un puente vehicular en Teotlalco.

• Santa Inés Ahuatempan: pavimentación del camino Santa Inés Ahuatempán-comunidad La Concepción, 4.5 kilómetros.

• Xicotlán: continuación de construcción y pavimentación de camino Xicotlán-Chila de la Sal, incluye libramiento 1.5 kilómetros.

• Xicotlán: pago de servicios profesionales para elaboración del proyecto ejecutivo de camino Xicotlán-Coacalco 25 kilómetros.

• Atzitzihuacan: construcción de carretera de camino entronque Atzitzihuacán-El Mirador.

• San José Miahuatlán: modernización y ampliación de camino  San José Axuxco tramo: del 0+000.00 al kilómetro 4+522.55.

• Ttlacotepec de Benito Juárez: construcción de carretera Ixcaquixtla-Tlacotepec de Benito Juárez, tramo 1 km 0+000 a kilómetro 26+000; tramo 2, kilómetro 26+000 a kilómetro 42+954; ramal 3 ramal a Atenayuca de kilómetro 0+000 a kilómetro 10+623.

A desarrollarse en Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para que las entidades federativas implanten campañas zoosanitarias que mejoren la inocuidad de sus productos agropecuarios, a cargo del diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Héctor Eduardo Velasco Monroy, diputado a LXI Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a destinar un mayor presupuesto a las entidades federativas para la implementación de campañas zoosanitarias con el objetivo de mejorar la inocuidad de sus productos agropecuarios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 define al sector agropecuario y pesquero como estratégico y prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas; provee de materias primas a las industrias manufacturera y de transformación y se ha convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador.

De acuerdo con el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, la presencia reciente en otros países de enfermedades tales como la encefalopatía espongiforme bovina y los brotes de influenza aviar de alta patogenicidad, aunada a los avances nacionales en sanidad animal, propician oportunidades de crecimiento para algunas actividades de la ganadería mexicana, como la avicultura, porcicultura y la producción de carne y leche de bovino, ya que México puede ofrecer productos libres de dichas enfermedades hacia los mercados nacionales e internacionales más exigentes en términos de calidad, sanidad e inocuidad.

En la dinámica internacional, un factor que ha redefinido los flujos comerciales es la sanidad e inocuidad en los alimentos. La sanidad se ha convertido en un importante activo de los países para participar en el comercio agroalimentario. En la actualidad, los países son más estrictos en el control de las plagas y enfermedades, en línea con políticas orientadas a preservar la vida silvestre, la salud animal y con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos para la población.

De tal manera que éstos son factores determinantes en el intercambio de mercancías en el ámbito internacional.

Las implicaciones sanitarias para los exportadores van más allá de un rechazo a un embarque de productos porque no sólo se cierra una puerta comercial, sino que afecta la imagen del país, al resto de los productores y a la economía nacional.

Entre las estrategias del programa sectorial se incluye la Estrategia 2.2, “Proteger al país de plagas y enfermedades y mejorar la situación sanitaria”. La protección al país de la introducción y establecimiento de plagas y enfermedades, mediante acciones de inspección, vigilancia y activación de dispositivos de emergencia sanitaria, así como la mejora de las condiciones sanitarias que actualmente se tienen mediante campañas sanitarias y operaciones de reducción de riesgos, permitirá a los productores, industriales, comercializadores y consumidores de bienes y productos del campo y los mares una mayor posibilidad de superación económica y a la vez, una mejor calidad de vida.

Entre los problemas de sanidades e inocuidad se pueden mencionar los siguientes:

a. Existencia de plagas y enfermedades endémicas.

b. Carencia de recursos impide potenciar campañas sanitarias.

A. Prevalencia de plagas y enfermedades restrictivas para la producción y el comercio.

a. Dificultades de control en frontera genera introducción de enfermedades y plagas desde el exterior.

b. Dificultades de barreras sanitarias generan transmisión de plagas y enfermedades entre Estados.

B. Riesgo de diseminación de plagas y enfermedades.

a. Baja difusión de los estándares de calidad e inocuidad.

b. Falencias de los sistemas de apoyo técnico a los procesos de certificación.

c. Productos con problemas de calidad e inocuidad.

C.Baja capacidad para obtener certificaciones para productos y procesos.

De alguna forma (a) y (b) contribuyen a que se presente (A), que junto con (B) y (C) dan lugar a la problemática final expresada como.... Productores agropecuarios, pesqueros y rurales tienen un entorno sanitario desfavorable para una inserción sostenible de sus productos en los mercados.

El país cuenta con el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En los avances presentados en los diferentes informes sobre el estado que guarda el Senasica, permiten reconocer que en materia de sanidad agroalimentaria se cubren los indicadores presentados dentro del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2007-2012. Sin embargo, dada la escasa capacidad humana y económica del Senasica para cubrir al 100 por ciento de las Unidades de Producción, es importante la participación de los gobierno locales en los avances sobre el estatus fito y zoosanitarios para las diferentes entidades federativas y municipios.

Además, las principales tareas de vigilancia, inspección y monitoreo se realizan de manera coordinada con las entidades federativas. La falta de recursos ha ocasionado que diversas tareas relacionadas con la sanidad hayan sido dejadas de lado, por este motivo se solicitarán más recursos para que los estados puedan atender las demandas de los productores en la materia.

Tan sólo para el estado de México, la falta de recursos ha significado que se dejaron de operan 4 campañas en sanidad vegetal perdiendo los avances tendientes a mejorar estatus sanitarios a zona libre, también se dejaron de operar 3 campañas de salud animal, 2 áreas de inocuidad pecuaria y 13 puntos de verificación zoosanitaria quedando vulnerables al ingreso de plagas y enfermedades. Por lo que disminuyo la cobertura de todas las actividades sanitarias y de inocuidad, dejando de atender la demanda de los productores y se perdió a profesionales sanitarios capacitados.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a destinar un mayor presupuesto a las entidades federativas para la implementación de campañas zoosanitarias con el objetivo de mejorar la inocuidad de sus productos agropecuarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un cajón captador de aguas pluviales de concreto armado en Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El acelerado crecimiento demográfico, la expansión urbana y las limitaciones financieras de Playas de Rosarito, han provocado un importante rezago en términos de infraestructura, equipamiento urbano y obras complementarias, situación que condiciona que uno de los grandes problemas que enfrenta la ciudad sea entre otros, precisamente la falta de obras de protección a pavimentos, equipamientos urbanos y construcciones que garanticen su conservación.

Uno de los principales problemas que enfrenta Playas de Rosarito es la falta de obras de protección que garanticen la conservación de infraestructura, construcciones y en última instancia la vida, salud y el patrimonio de las personas, no sólo en los nuevos asentamientos, sino que también de las colonias tradicionales de la ciudad.

Este es el caso de bulevar Benito Juárez, entre el puente Machado y la avenida Guadalupe Victoria, principal vialidad del centro de Rosarito que, en razón de la topografía del municipio y su ubicación en período de lluvias se ve severamente afectado por escurrimientos que afectan al patrimonio público y privado, así como a la salud pública y la comunicación interna y externa de la ciudad.

La solución a este problema es la construcción de un cajón captador de aguas pluviales de concreto armado con una inversión de 14’867,750.00 pesos, cantidad que no contiene el impuesto al valor agregado.

El beneficio social directo de esta obra será garantizar la salud, la protección civil, la seguridad patrimonial y la comunicación de 56,687 personas que habitan 30 colonias en la localidad Playas de Rosarito.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 14.86 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de un cajón captador de aguas pluviales de concreto armado, en el municipio de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el puente Machado, en Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La infraestructura de transporte en México presenta deficiencias que obligarán a llevar a cabo un gran esfuerzo de inversión pública y privada durante los próximos años, para poder continuar con la construcción, la modernización y la ampliación de la red carretera en todas las regiones del país.

Las características de las secciones viales que conforma el sistema vial de Playas de Rosarito en su mayoría se observan limitadas con respecto a la cantidad de vehículos que circulan por ellas, lo que es mayormente notorio en días festivos para vacacionistas provenientes de diferentes puntos de la región inclusive de los Estados Unidos, lo anterior se puede interpretar como una alta demanda de movimiento vehicular contra una oferta limitada en cuanto a vialidades.

El impacto de la creación de un nuevo carril de este tramo se verá reflejado en una mayor velocidad de operación de todos los vehículos que transitan por él, reduciendo así los costos de operación vehicular, los tiempos de recorrido y los accidentes por maniobras de rebase.

Las condiciones climáticas, los volúmenes de transito, la demanda por satisfacer, así como la disponibilidad presupuestal para su atención, desarrollo y mantenimiento, provoca que exista una clara limitación en el nivel de operación y servicio de esta vialidad.

Por su parte, el desarrollo y consolidación de las mismas, presenta principalmente dos desafíos; primero seguir extendiendo la cobertura de las redes y asegurar el adecuado mantenimiento de los caminos existentes.

Ubicado en la colonia villa turística, misma que se ha convertido en la zona comercial y de servicios en Rosarito, aunando a la alta densidad existente en la colonia Lucio Blanco y Constitución, tomando en cuenta que la única alternativa  para cruzar la autopista Tijuana-Ensenada en el sentido este-oeste; es el denominado Puente Machado, reviste gran importancia.

Es por la enorme necesidad de integrar al gran flujo de vehicular que existe en esa zona que es imperativo construir las modificaciones geométricas en salidas del puente  una vez que los movimientos direccionales que se requieren  en la actualidad no cuentan con una solución directa, lo que provoca una serie de problemas en el funcionamiento del mismo.

El beneficio de mejoramiento del servicio del tráfico en tanto se construye otros cruces del poblado. La población directamente beneficiada es de aproximadamente de 30.000 habitantes. El tiempo de ejecución de la obra del Puente Machado será de aproximadamente 4 meses.

El proyecto contempla realizar el acondicionamiento de cruce de carga vehicular obra orientación y desvío, además de ser un nuevo enfoque al boulevard Bicentenario, por lo que se tendrá un mejoramiento del servicio de tráfico en tanto se construyen otros cruces del Municipio.

La ejecución y puesta en marcha de este proyecto coadyuvará al desarrollo regional, mejorando vías de comunicación, evitará también problemas sociales y movilizaciones por parte de la población solicitando la atención a la problemática de congestionamiento viales, las autoridades locales podrán canalizar esfuerzos a zonas diferentes que también lo necesiten. También se podrá programar la pavimentación de las vialidades, colocación de señalización y semaforización para una mejor circulación beneficiando en general al municipio de Playas de Rosarito. Así también mejorando la imagen de los gobierno ante la sociedad.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 11.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del puente Machado, en el municipio de Playas de Rosarito, en el Estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el Gran Parque Metropolitano Rosarito, en Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Playas de Rosarito es el municipio con la mayor tasa de crecimiento demográfico en el estado, situación que lo lleva a que su población se duplique cada 20 años; lo anterior es resultado de una integración acelerada al núcleo central de la zona metropolitana, Tijuana, como resultado de la conurbación física, así como de la intensa migración poblacional de Tijuana y del interior del país a este municipio ante la saturación y carecimiento del suelo urbano de aquella ciudad.

Estudios han determinado que, Rosarito tiene el más alto grado de incorporación e integración funcional a la metrópoli, como se acredita con la población que radica en Rosarito y trabaja en Tijuana y la población de esta ciudad que labora en Rosarito.

A efecto de prevenir una mayor degradación en el tejido social, el incremento de la inseguridad y la delincuencia, y la erosión y degradación de los recursos naturales, así como garantizar un nivel de calidad de vida que garantice el desa-rrollo social, económico e institucional de la zona metropolitana, crear espacios que posibiliten el desarrollo social y humano de los habitantes de la metrópoli Tijuana/Tecate/Rosarito, el gobierno municipal de Playas de Rosarito, con la colaboración del ejido Mazatlán, del gobierno del estado, del Patronato y del Comité Ciudadano de Promoción ha logrado arrancar el proyecto del gran parque metropolitano de Rosarito.

El polígono del gran parque metropolitano cuenta con 53 hectáreas, con caminos de acceso, el primero por la avenida Lomas de Coronado la cual actualmente da acceso a la población estudiantil de la Universidad de Baja California, el otro camino es una ruta de uso ancestral hacia la zona rural, conectando este camino desde el entronque con la carretera escénica TIJ-ENS y por el otro extremo con el boulevard 2000, el cual da fácil acceso con Tecate y Mexicali.

A la fecha más allá de la población residente se cuenta con una demanda del parque por asociaciones de la sociedad civil como Scout de Tijuana, Clubs de Ciclismo de Montaña de Tijuana y Playas de Rosarito, Turismo de Tijuana.

La falta de espacios públicos para el fortalecimiento del tejido social comunitario, la interacción social a través del desarrollo humano mediante la práctica de actividades recreativas, deportivas, culturales y la conservación de los recursos naturales, como condición fundamental para la prevención y el combate social a la inseguridad y la delincuencia.

Con la ejecución de dicho proyecto se busca proporcionar un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades recreativas, deportivas, culturales y de convivencia social hacia la población de los municipios de Tijuana-Tecate y Rosarito, pues debido al crecimiento acelerado que se está dando en el estado y la falta de espacios con las dimensiones  que ofrece este proyecto, estamos seguros que el impacto de este proyecto será un bien para la población que obtendrá  un espacio de calidad y apto para la realización de cualquiera de las actividades antes mencionadas.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 128.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del gran parque metropolitano Rosarito, en el municipio de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el proyecto Arroyo Huahuatay, en Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México presenta un problema muy grave en cuanto al tema de inundaciones; y Baja California no es la excepción.

La ciudad de Playas de Rosarito y su zona conurbada es surcada por escurrimientos y arroyos que anualmente, en la temporada de lluvias, presenta situaciones de riesgo, por los daños que las avenidas causan a la población; pero esto, masque a su magnitud, se debe a la ocupación que sus habitantes han hecho de la zona federal y hasta el cauce, con viviendas construidas con todo tipo de materiales, al ejecutar obras a su arbitrio, ocasionado estrangulamientos o cambios de dirección, depositando toda clase de desperdicios; así mismo, por lo general los ocupantes de estos terrenos no están conectados al drenaje sanitario y descargan directamente a los cauces las aguas servidas, provocando contaminación y azolve tanto en los cauces como en las estructuras de control, situación por lo que es indispensable llevar a cabo los proyectos y trabajos de canalización y proceder conforme a derecho para su recuperación.

El proyecto tiene como propósito fundamental el evitar inundaciones en los márgenes del arroyo Huahuatay, propiciando el desarrollo armónico de la zona, al garantizar la seguridad de los habitantes de la zona, como aguas abajo, dando certidumbre para invertir en equipamiento urbano e instalaciones diversas, permitiendo la comunicación eficiente tanto en forma paralela al cauce como perpendicularmente, enlazando ambas márgenes, mejorando el entorno y protegiendo el centro de población compuesto por la zona conurbana de la ciudad de Playas de Rosarito.

Con esto se evitara el riesgo de desbordamientos del cauce en precipitaciones extraordinarias eliminando con ello las pérdidas materiales y humanas debido a inundaciones en la infraestructura urbana, áreas comerciales e industriales y a las viviendas ubicadas en las márgenes y que se encuentran habitadas actualmente.

Con la ejecución del proyecto propuesto se mejoran las condiciones de vida de los residentes de su área de influencia, se garantiza su seguridad de sus bienes, se abaten los índices de algunos padecimientos y enfermedades asociadas con la presencia regular a la humedad, y de la infraestructura existente en la zona, independientemente que se evitan los problemas por la afectación al tránsito de vehículos, se prolonga la vida de la superficie de rodamiento, cordones y banquetas, ya que prácticamente en su totalidad están pavimentadas, los problemas son de los residentes, si no entorpeciéndolo tanto en las vialidades primarias con encharcamientos importantes, por lo que los automovilistas pierden tiempo al reducirse el número de carriles y la velocidad, por lo que en muchas ocasiones se recurre a rutas alternas que se saturan, con la multicitada pérdida de tiempo, el aumento de consumo de gasolina y los apresuramientos y retardos para presentarse a los centros escolares y de trabajo.

Se considera que los beneficiarios directos una vez finalizada la construcción de dicho proyecto serán los habitantes del municipio, esto es 50 mil habitantes

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 56.06 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la construcción del proyecto Arroyo Huahuatay, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el tercer acceso a playas, en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Baja California, es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia  para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor  manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Tijuana es el municipio del estado con mayor población y la quinta más grande en México, favorecida por su posición geográfica, es la ciudad más visitada del estado. Su infraestructura hotelera, permite recibir anualmente un gran número de turistas lo que deja una derrama económica muy importante para la entidad.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural. El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción del tercer acceso a Playas, es sin duda una obra prioritaria para el municipio, la construcción de este tercer acceso generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 123.56 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del tercer acceso a playas, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para rehabilitar y construir la unidad deportiva San Antonio, en Linares, Nuevo León, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La juventud hoy en día se encuentra expuesta a una campaña de pérdida de valores, ya que si bien es cierto que la juventud es la etapa de mayor crecimiento emocional, donde se prepara para llegar a la edad adulta. La participación del estado debe ser esencial para el fortalecimiento de los valores y principios básicos, que pueden verse reflejados en inversiones aplicadas a la construcción y rehabilitación  de áreas recreativas como unidades deportivas, parques, áreas de recreación, etcétera.

Es indispensable invertir en proyectos que apoyen  la formación de nuestros jóvenes, ya que esto sin duda alguna es invertir a futuro. Como es sabido en este periodo de la vida se prepara para adquirir nuevas responsabilidades, como formar un hogar o insertarse en la vida laboral

El deporte y la actividad dentro de la formación de los jóvenes se integra en gran parte de su educación, cultura y salud, así mismo, agiliza los conocimientos teóricos y técnicos de su naturaleza. De tal manera se puede decir que el deporte forma parte como un valor de la sociedad que perfecciona a la persona en su dimensión física y a su vez perfecciona a la sociedad a la que pertenece, transmitiendo valores como la lealtad, la energía, la perseverancia y la decisión.

El proyecto de rehabilitación y construcción de la unidad deportiva San Antonio, que se pone a consideración es de suma importancia para el municipio ya que cuenta con gran afluencia de jóvenes y actualmente se encuentra en una deteriorada situación. La inversión traerá grandes beneficios a su comunidad, ya que igualmente sirve como espacio de esparcimiento para familias completas, que sin duda alguna es un punto importante para el desarrollo armónico y normal de la sociedad.

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 12.21 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la rehabilitación y construcción de la unidad deportiva San Antonio, en el municipio de Linares, Nuevo León.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar la avenida Reforma, de Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California, es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia  para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor  manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural. El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la modernización de la avenida reforma es, sin duda, una obra prioritaria para el municipio, la modernización generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

Dotar a la zona sur de la ciudad con una vialidad segura, rápida y cómoda es el objetivo principal que tiene la modernización de la avenida reforma, con una eficaz circulación y desalojo de parque vehicular que se encuentra en continuo crecimiento en esta área de la ciudad, 650,000 es el número de habitantes que se verán beneficiados con esta obra.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 60.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la modernización de la avenida Reforma, en el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el nodo vial Clouthier-Cucapah, en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California, es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Tijuana es el municipio del estado con mayor población y la quinta más grande en México, favorecida por su posición geográfica, es la ciudad más visitada del estado. Su infraestructura hotelera, permite recibir anualmente un gran número de turistas lo que deja una derrama económica muy importante para la entidad.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural. El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción del nodo vial Clouthier-Cucapah, es sin duda una obra prioritaria para el municipio, la construcción de éste nodo vial generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del Estado.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 50.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del nodo vial Clouthier-Cucapah, en el municipio de Tijuana, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el plan de desarrollo regional del valle de San Quintín, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pobreza es uno de los problemas sociales más extendidos en nuestro país. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2006 y 2008, los dos primeros años de la actual administración federal, el número de pobres en México aumento en 5.9 millones de personas.

En este contexto, la lucha contra la pobreza, particularmente contra la pobreza extrema, es uno de los objetivos prioritarios de la política social, si bien hay causas estructurales que la generan, existen instrumentos, programas y acciones que pueden realizarse a través de los cuales es posible el acceso de grandes núcleos de población a mejores condiciones de vida, que contribuyan a que salgan paulatinamente de esta situación de pobreza que lastima y desalienta a quienes la padecen y afrenta a la sociedad en su conjunto.

Tal es el caso de la zona rural sur en el municipio de Ensenada, Baja California, integrada por 13 delegaciones municipales que son: Maneadero, Santo Tomás, Eréndira, San Vicente, Colonet, Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín, El Rosario, El mármol, Bahía de Los Ángeles, Punta Prieta y Villa de Jesús María, en la que existen grandes contrastes en relación con otras regiones y municipios del estado. La cual cuenta con diversos valles cuya vocación es la agricultura de exportación, entre estos sobresalen el valle de Maneadero, San Vicente y el Valle de San Quintín. El caso del Valle de San Quintín destaca por ser el de mayor población indígena y diversidad pluricultural. La situación en la que viven actualmente miles de personas en San Quintín, hace que sea un imperativo tomar medidas inmediatas y aplicar una política social orientada a mejorar radicalmente sus condiciones de vida y resolver sus carencias.

Es necesario un esfuerzo deliberado, organizado y sostenido para dar respuesta institucional a las demandas acumuladas de la población desposeída, constituida en su gran mayoría por indígenas provenientes del sur del país, y jornaleros migrantes quienes llegaron a la región en la búsqueda de nuevos y mejores horizontes de vida para ellos y sus familias; y que en su gran mayoría viven en condiciones similares a las que los obligaron a salir de sus comunidades.

En la región de San Quintín sobre todo en la zona denominada Valle de San Quintín, predominan los asentamientos con población indígena provenientes del sur del país, mismos que han llegado a esta parte de Baja California, trayendo sus propios usos y costumbres.

Otro de los elementos culturales más arraigados en esta población, es el valor que tiene la decisión de la comunidad para elegir los aspectos de interés general. La toma de decisiones colectiva es un patrimonio que es defendido con firmeza y que constituye un elemento vital en la vida cotidiana de la gente. La palabra de la asamblea es ley, considerando que los pueblos indígenas en México, siguen practicando formas propias de autogobierno y rigiéndose por sus propios sistemas normativos, lo cual es una forma de preservar su autonomía.

Considerando que por la grave situación de pobreza la suma de la demanda acumulada para atender las necesidades asciende a varios miles de pesos, la solicitud que se pone a la atenta consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es que, en una primera etapa, se autorice una bolsa etiquetada para obras y acciones en materia de desarrollo social del orden de 305 millones de pesos. Las obras a realizarse serían tomadas de la demanda global acumulada, con el fin de evitar el desvío de recursos.

Se trataría de que esta bolsa se distribuyera en la forma más equitativamente posible en la región, siendo fundamental en este proceso el tener la sensibilidad institucional para realizar a través de personal con experiencia y conocimiento de la realidad y de los liderazgos existentes, consultas a las comunidades y propiciar que las obras y acciones a realizarse fueran las decididas y priorizadas en su ejecución por ellas mismas, de conformidad con sus formas de gobierno y procesos asamblearios, con el fin de trabajar bajo un enfoque intercultural y no violentar sus usos y costumbres ni imponer verticalmente algo que, aunque fuera necesario, pudiera ser rechazado por la forma empleada en decidirlo o el orden de su realización.

El municipio de Ensenada tiene un área de 53,304 Kilómetros cuadrados, en el cual se desarrollan actividades acuícola, agrícola, científica, comercial, ganadera, industrial, minera, pesquera, turística y vitivinícola; siendo el de mayor extensión territorial de la República Mexicana. Abarca la mayor parte del Estado de Baja California, colindando al norte con todos los demás municipios de esta entidad: Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, al sur con el Estado de Baja California Sur; al este con el municipio de Mexicali y el Golfo de California o Mar de Cortés y al oeste con el Océano Pacífico.

El inmenso territorio municipal, la falta de planeación de los asentamientos y el que coexistan en una misma extensión muy diversas características económicas, ambientales, sociales, culturales, socio-demográficas, geográficas y vocaciones productivas, dificultan la existencia de una adecuada cobertura institucional para resolver todas las necesidades y demandas existentes, por lo que existen numerosos problemas y rezagos aún no atendidos. Las autoridades municipales requieren formular estrategias de atención adecuadas a cada región y sector específico; y aplicar programas sociales comunes a la problemática que sea similar en las distintas circunscripciones, colonias y comunidades.

Particularmente el desarrollo agrícola, comercial, industrial, portuario, turístico de Ensenada en los últimos años han acelerado el crecimiento de la población sin precedentes. A lo anterior hay que agregar que Baja California es uno de los Estados de mayor atracción migratoria, tanto por ser frontera con los Estados Unidos, país al que desean entrar –ya sea legal o ilegalmente– miles de mexicanos, centroamericanos y trabajadores provenientes de Sudamérica, como por contar, sobre todo en el Valle de San Quintín, del municipio de Ensenada, con enormes extensiones de campos agrícolas productores de hortalizas de exportación, que demandan mano de obra, que es aportada por jornaleros agrícolas.

El desarrollo económico y el social se encuentran estrechamente vinculados. El desarrollo social no puede descansar exclusivamente en la política social, sobre todo, porque no alcanzarían los recursos presupuestales para atender todas las necesidades. Por otra parte, el crecimiento y la política económica no pueden, por si solas, generar condiciones de equidad y de mejoramiento social. Ambos desarrollados son complementarios y habrán de estar interrelacionados; la política económica que se establezca tendrá que ir de la mano de la política social.

Así, el desarrollo económico condiciona las posibilidades e impacto de la política social; y viceversa, habiendo inversión en capital humano e infraestructura social y un ambiente de equidad, se propician condiciones favorables para el desarrollo económico y la estabilidad política y social que genere igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Desde una perspectiva de la política social, que es la que se trata en este documento, en un contexto de recursos escasos habrán de priorizarse los beneficios sociales directos para la población, como son la salud, la educación, la adecuada nutrición, la vivienda, la protección social, otros servicios básicos y la atención a todos los sectores vulnerables, además de los enlistados constitucionalmente y que correspondan a las necesidades específicas de la región de San Quintín en Ensenada, como son la electrificación donde aún no llega, la construcción de espacios deportivos, escuelas, la instalación de agua potable y drenaje sanitario, plazas públicas, embanquetados, y el establecimiento de programas específicos de atención a sus grupos vulnerables, entre muchas otras obras y acciones necesarias para elevar la calidad de vida de los ensenadenses más pobres, que habitan en San Quintín.

Debe manifestar la voluntad política del más alto nivel para llevar a cabo el cumplimiento de los fines del Estado en materia de desarrollo social.

Requiere definirse mediante el consenso de todos los sectores sociales involucrados, incluyendo a los propios beneficiarios.

El proyecto de Inversión que requiere la región, abarca diferentes sectores, los cuales en conjunto crean el desarrollo que se pretende alcanzar.

El resumen de requerimientos para que se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 es el siguiente:

Atención grupos vulnerables

Subtotal: $19,791,600.00

Comunicación y transportes

Subtotal: $29,600,000.00

Cultura

Subtotal: $16,755,000.00

Desarrollo metropolitano

Subtotal: $ 5,150,000.00

Desarrollo social

Subtotal: $57,350,000.00

Educación

Subtotal: $57,718,400.00

Juventud y deporte

Subtotal: $ 6,015,000.00

Medio ambiente

Subtotal: $14,420,000.00

Vivienda

Subtotal: $98,2000,000.00

Total: $305,000,000.00

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 305 millones de pesos para aplicarlos en el Plan de Desarrollo Regional para el Valle de San Quintín, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la remodelación y el proyecto de la unidad deportiva Rosarito, en Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es una nación orgullosa de la riqueza milenaria de una cultura que se ha manifestado en muy diversas formas a lo largo de la historia. Hoy, los mexicanos tienen un horizonte formidable de retos y logros y un pasado glorioso al cual volver la mirada. El futuro sólo tiene sentido en función de ese pasado y de un presente que debe asumirse con pasión y orgullo para engrandecer a la patria, dignificando el destino de cada mexicana y de cada mexicano. La cultura de México es la suma de lo mejor del pasado y del presente. Es la voz viva de un pueblo; es el colorido de expresiones que distinguen al país en el mundo. Por ello, el Gobierno de la República considera que fortalecer nuestras manifestaciones culturales es fortalecer a México, y este mismo razonamiento se aplica al arte, el deporte y la recreación. Lamentablemente, las brechas existentes en la sociedad mexicana impiden que gran parte de la población tenga.

Para el ayuntamiento de Rosarito el deporte es una estrategia para que los jóvenes se alejen de actividades ilícitas, por lo que es importante poder apoyar la realización de este tipo de proyectos, toda vez que los deportistas rosaritenses han logrado despuntar y sobresalir en las competencias a nivel nacional.

Por lo que el proyecto dentro de la unidad deportiva Rosarito, adquiere gran importancia, en dicho espacio se carece de espacios para la práctica de deportes de alto rendimiento tales como: Squash, box, raquetbol, frontón, artes marciales y luchas asociadas, dichas disciplinas se pretenden impartir en el gimnasio de usos múltiples cuya medida será de 1,480 m2, la cual también contara con baños, gimnasio de pesas y salón de usos múltiples. Además se pretende techar el área de la alberca y el área de las canchas de basquetbol.

Por otro lado los problemas de seguridad pública de Playas de Rosarito están estrechamente ligados en primer lugar a la drogadicción, siendo sus causas principales la desintegración familiar y las malas relaciones personales de su entorno. Las actividades del municipio enfocadas a la diversión sana de la juventud son escasas entre ellas para la práctica deportiva por lo que aparte de dotar de infraestructura se tendrá que realizar un trabajo arduo de difusión e implementar programas para el entrenamiento de dichas disciplinas.

De ahí lo importante de desarrollar este tipo de espacios, con la construcción de este espacio  se busca complementar y modernizar la unidad, construyendo instalaciones con tecnología de primer nivel aplicando el concepto funcional y espacial  de la arquitectura contemporánea  y el cual permita el máximo desarrollo de los deportistas de Baja California.

Con la remodelación de la Unidad deportiva, se obtendrá un espacio digno y moderno con instalaciones deportivas para la práctica de Squash, box, raquetbol, frontón, artes marciales y luchas asociadas, dichos deportes se estarán impulsando ya que esta será la única unidad deportiva que cuente con áreas específicamente para estos deportes, por lo que tendrá gran impacto en la población. Además este lugar servirá para que los deportistas que sobresalieron en estas disciplinas en las olimpiadas nacionales tengan un lugar para la práctica y también se identifiquen nuevos talentos.

Los espacios públicos deben ser para los ciudadanos y no para los delincuentes. Los criminales deben ser aprehendidos y consignados para que haya tranquilidad en los hogares, las calles, las plazas, en las escuelas, en los centros de trabajo y en donde viven las familias. De esta manera, se fomenta también la convivencia comunitaria, que ayuda a crear redes y generar capital social.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 12.87 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la remodelación y proyecto de la unidad deportiva Rosarito, en el municipio de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la unidad deportiva Ignacio Zaragoza, en Linares, Nuevo León, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La juventud hoy en día se encuentra expuesta a una campaña de pérdida de valores, ya que si bien es cierto que la juventud es la etapa de mayor crecimiento emocional, donde se prepara para llegar a la edad adulta. La participación del estado debe ser esencial para el fortalecimiento de los valores y principios básicos, que pueden verse reflejados en inversiones aplicadas a la construcción y rehabilitación  de áreas recreativas como unidades deportivas, parques, áreas de recreación, etcétera.

Es indispensable invertir en proyectos que apoyen  la formación de nuestros jóvenes, ya que esto sin duda alguna es invertir a futuro. Como es sabido en este periodo de la vida se prepara para adquirir nuevas responsabilidades, como formar un hogar o insertarse en la vida laboral

El deporte y la actividad dentro de la formación de los jóvenes se integra en gran parte de su educación, cultura y salud, así mismo, agiliza los conocimientos teóricos y técnicos de su naturaleza. De tal manera se puede decir que el deporte forma parte como un valor de la sociedad que perfecciona a la persona en su dimensión física y a su vez perfecciona a la sociedad a la que pertenece, transmitiendo valores como la lealtad, la energía, la perseverancia y la decisión.

El proyecto de construcción de la unidad deportiva Ignacio Zaragoza que se pone a consideración es de suma importancia para el municipio ya que esta zona donde pretende realizarse existe una gran afluencia de jóvenes y actualmente no cuenta con canchas deportivas, ni áreas de recrea-ción. La inversión traerá grandes beneficios a su comunidad, ya que igualmente sirve como espacio de esparcimiento para familias completas, que sin duda alguna es un punto importante para el desarrollo armónico y normal de la sociedad.

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 9.5 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción de la unidad deportiva Ignacio Zaragoza; en el municipio de Linares, en el estado de Nuevo León.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el bulevar Zertuche Norte, en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Humberto Lepe Lepe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Baja California es una de las entidades del país con mayor turismo nacional y extranjero. Por ello, invertir en infraestructura carretera es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento del estado, la construcción de carreteras, nodos viales, bulevares y ampliaciones, permitirá la creación de circuitos turísticos y en consecuencia detonará el desarrollo regional.

La infraestructura carretera es uno de los componentes que impacta de mayor  manera las diversas ramas del la economía; los beneficios son de mediano y largo plazo, provocando la generación de empleos, lo que conlleva a un progreso en el municipio y sin duda alguna el mejoramiento del estado.

Contar con recursos suficientes a fin de construir, modernizar, rehabilitar y ampliar obras viales en beneficio de la comunidad significa desarrollo en diversos ámbitos, como el turístico y cultural. El problema de viabilidad en el municipio comienza a generar caos vial y peatonal; por ello, la construcción del bulevar Zertuche Norte, es sin duda una obra prioritaria para el municipio, la construcción de éste Bulevar generará un gran impacto para la región, favoreciendo la comunicación, el desarrollo social y económico del municipio y del estado.

El bulevar Zertuche Norte facilitara el acceso a zonas habitacionales populares, creando una ruta alterna al bulevar Reforma, dando servicio a los centros de gobierno y educativos de la zona, beneficiando a 65,000 habitantes

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica destine una partida de 45.00 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la construcción del bulevar Zertuche Norte, en el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Humberto Lepe Lepe (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la apertura del camino tipo rural, tramo entronque a carretera Simojovel de Allende-El Chacacal, en Simojovel, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Diputado Federal Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda, de servicios; así como de escases de oportunidades de empleo y en general, de desarrollo humano, es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional. Se trata de Chiapas, estado rico en bellezas naturales, rico en cultura, rico en historia, sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes, de los cien municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en el que fue electo el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los diez municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza que existe en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo a información del Coneval. Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse Coneval a pobreza multidimensional, se refiera a tres espacios analíticos que comprenden: bienestar económico,  derechos sociales y contexto territorial. Variables que determinan la multidimensionalidad de un estado especifico de carencias.

En estas condiciones, si alguna entidad requiere de atención y recursos especiales, ese es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional,  son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso, es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrirle brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas cuesta hora y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o la compra de algún alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, de etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, es que solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a la consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 17 millones 250 mil 486.33 pesos, para la apertura de 4.550 kilómetros del camino tipo rural, tramo entronque a carretera Simojovel de Allende-El Chacacal, del municipio de Simojovel, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir terracería, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento en Chichelalo, de Larráinzar, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 5 millones 203 mil 89.92 pesos para construir terracería, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento de 1.36 kilómetros de camino en Chichelalo, de Larráinzar, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentar el camino Desvío José María Morelos-Límite Raya con Tabasco, en Huitiupán, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 119 millones 504 mil 934.06 pesos para pavimentar del kilómetro 0+000 al 24+857.47 del camino Desvío José María Morelos-Límite Raya con Tabasco, de Huitiupán, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar y ampliar el camino Portugal-El Jardín, en Simojovel, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 52 millones 650 mil 276.24 pesos para modernizar y ampliar el camino Portugal-El Jardín, kilómetro 0+000 a 8+700, en Simojovel, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir terracerías, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento en Jolnachoj, de Larráinzar, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 6 millones 284 mil 872.35 pesos para construir terracería, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento de 1.82 kilómetros de camino en Jolnachoj, de Larráinzar, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir terracerías, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento del camino Simojovel-La Pimienta, en Simojovel, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 35 millones 228 mil 59.94 pesos para construir terracería, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento de 8.8 kilómetros del camino Simojovel-La Pimienta, en Simojovel, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y pavimentar carretera, tramo Majomut-Los Chorros de Chenalhó, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 48 millones de pesos para construir y pavimentar carretera, tramo Majomut-Los Chorros, kilómetros 0+000 a 12+000, en Chenalhó, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y pavimentar carretera, tramo Mitontic-Belisario Domínguez, en Chenalhó, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 22 millones de pesos para construir y pavimentar carretera, tramo Mitontic-Belisario Domínguez, kilómetros 0+000 a 4+000, en Chenalhó, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para apertura de camino, revestimiento y obras de drenaje, en Tres Puentes, de Larráinzar, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 5 millones 996 mil 34.23 pesos para apertura de camino, revestimiento y obras de drenaje de 3.2 kilómetros en Tres Puentes, de Larráinzar, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y pavimentar carretera, tramo Yabteclum-Tanate Puebla, en Chenalhó, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 65 millones de pesos para construir y pavimentar carretera, tramo Yabteclum-Tanate Puebla, kilómetros 0+000 a 12+000, en Chenalhó, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias, en el tramo Bochil-Ejido Pomilo, de Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 16 millones 887 mil 715.63 pesos para pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias en el tramo Bochil-Ejido Pomilo, kilómetros 0+000 a 3+340, en Ejido Pomilo, de Bochil, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para modernizar camino, tramo Entronque Rayón-Ribera San Isidro, en Pantepec, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 45 millones 471 mil 220 pesos para modernizar 9.60 kilómetros de camino, en el tramo Entronque Rayón-Ribera San Isidro, de Pantepec, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con  punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentar camino rural, tramo Ejido Rincón Chamula-Ejido La Florida, en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 7 millones de pesos para pavimentar 6.5 kilómetros de camino rural, en el tramo Ejido Rincón Chamula-Ejido La Florida, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la apertura del camino San Andrés-Sonora, en San Andrés Duraznal, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 15 millones 394 mil 635.40 pesos para la apertura del camino San Andrés-Sonora, tramo kilómetros 0+00 a 6+060, en San Andrés Duraznal, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias, en el tramo Bochil-Tierra Colorada, en Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 19 millones 62 mil 646.46 pesos para la pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias, en el tramo Bochil-Tierra Colorada, kilómetros 0+000 a 3+235, ramales número 1, kilómetro 0+000-0+240, y 2, kilómetro 3+040-3+329, en Tierra Colorada, de Bochil, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para apertura de camino, revestimiento y obras de drenaje en Tzajalho, de Larráinzar, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de no-sotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 3 millones 170 mil 58 pesos para la apertura de camino, revestimiento y obras de drenaje de 1.70 kilómetros en Tzajalho, de Larráinzar, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias en el tramo Bochil-Paraje La Yerbabuena, de Bochil, Chiapas, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hernán de Jesús Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de pobreza, marginación, atraso y rezagos en infraestructura carretera, educativa, deportiva, de salud, de energía, de vivienda y de servicios, así como de escasez de oportunidades de empleo y, en general, de desarrollo humano es hablar de uno de los estados con el mayor contraste nacional: Chiapas, rico en bellezas naturales, en cultura y en historia. Sin embargo, su gente, sobre todo la de la zona indígena, padece la pobreza más extrema.

Las cifras no pueden ser más elocuentes: de los 100 municipios más pobres de México, 28 están en Chiapas. De esos 28, en el distrito en que fue elegido el que suscribe se encuentran 13. Más aún, de los 10 municipios más pobres del país, 3 están en Chiapas, todos en el distrito del promovente.

La profundidad e intensidad de la pobreza existente en el estado cuna de Belisario Domínguez es de tal magnitud, que encabeza la lista de las tres entidades federativas con el mayor número de carencias sociales, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas tiene 3.43 millones de pobres multidimensionales: 1.58 en pobreza extrema y 1.85 moderada.

Al referirse el Coneval a pobreza multidimensional, habla de tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial. Esas variables determinan la multidimensionalidad de un estado específico de carencias.

Si alguna entidad requiere atención y recursos especiales, es Chiapas. Los recursos que se demandan para esta entidad no son para fortalecer alguna rama productiva, o detonar el desarrollo regional: son apenas para abrir brechas, que acorten distancias y acerquen algo de bienestar a la gente.

Se trata de justicia mínima para una sociedad alejada de los avances sociales que ha tenido México; que está ausente de recursos básicos, ya no se diga de mercados y globalizaciones que en esa región suenan a años luz de distancia.

En estas condiciones de atraso es indispensable, entre otras muchas cosas, porque en esas tierras falta todo, invertir en infraestructura carretera y caminos rurales, por su trascendencia para abrir brecha a mejores oportunidades a la población que habita la montaña y la selva.

Para mucha gente de esas zonas, cuesta horas y hasta días de camino salir a un lugar para lograr algún intercambio de productos o comprar alimento.

No se trata de destinar recursos para la modernización, rehabilitación o embellecimiento de vías de comunicación. Se trata de, en un acto de plena justicia, etiquetar fondos para abrir una esperanza a quienes están muy lejos de nosotros, padeciendo atraso y marginación.

Con este marco de deuda ancestral con nuestros hermanos de las zonas más pobres de Chiapas, solicito el apoyo de los compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios para lograr recursos que abran nuevas esperanzas a un pueblo olvidado. La miseria no tiene colores.

Es hora de tomar las riendas de un México más justo y trabajar todos unidos hasta alcanzar mejores condiciones de vida. Por ello pongo a consideración de la Cámara de Diputados, en espera de su respaldo, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública destine una partida de 16 millones 146 mil 450.54 pesos para la pavimentación de camino con concreto asfáltico y obras complementarias en el tramo Bochil-Paraje La Yerbabuena, kilómetros 0+000 a 3+420, en Bochil, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para pagar la cuota alimenticia por internos del fuero federal en centros penitenciarios estatales del ramo 36, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  presenta al pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema penitenciario en México sufre de diversas problemáticas que producen que el proceso de reinserción social de los sentenciados se realice de forma eficiente. Algunos problemas radican en las condiciones en que se encuentran las instalaciones de los centros de readaptación y otros tienen origen en aspectos presupuestales.

Dentro de las deficiencias presupuestales encontramos una que es bastante grave para las entidades federativas, que es la saturación de los penales estatales de presos que cumplen alguna condena por cometer algún ilícito concerniente al fuero federal, lo cual representa un alto costo de manutención  para las autoridades locales.

Para comprender dicha situación hay que tomar en cuenta que según  datos de la Secretaría de Seguridad Pública, 44 mil 446 personas están encarceladas por su implicación en delitos federales, de los cuales 34 mil 952 se encuentran en centros penitenciarios estatales, mientras que 9 mil 494 en penales federales, lo cual quiere decir que 8 de cada 10 presos por su participación en delitos del fuero federal son custodiados en las instalaciones de las entidades federativas.

El problema se agudiza cuando analizamos que el costo diario de manutención alimenticia de un interno federal es de 173 pesos, sin embargo, la aportación federal es de tan sólo 50 pesos, el resto es aportado por la entidades federativas, situación que se ha convertido en una carga presupuestal importante para los estados y el Distrito Federal, pues también hay que considerar gastos de logística, seguridad, salud y los demás pertinentes para desarrollar todos los trabajos propios del proceso de readaptación social.

De hecho, el presupuesto para el pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en centros penitenciarios estatales según el proyecto de Presupuesto 2011, dentro del ramo 36,  tiene la misma asignación de recursos que en 2010, pero en términos reales es menor si consideramos la inflación, que según el objetivo del Banco de México es de 3 por ciento.

Como se puede observar, el presupuesto es insuficiente y el costo para las entidades federativas es alto, tan sólo para poner un ejemplo, en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, 25 por ciento de los presos son del fuero federal y su sobrepoblación es en más de mil personas.

Este problema imposibilita que se pueda cumplir con los ordenamientos jurídicos relacionados con la materia. Como es el caso del párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir...”, y como vemos en la realidad, estas medidas no son suficientes dado que no aseguran la completa rehabilitación del reo y mucho menos su reinserción en la sociedad.

Por otro lado, la sobrepoblación y la manutención de reos del fuero federal hace que no se pueda realizar un tratamiento especializado para cada reo, tal cual lo mandata el artículo 6 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en el cual se ordena una correcta clasificación de los reos en instituciones especializadas, no obstante y dado el problema de la falta de recursos, no existe un manejo correcto de los reos en instituciones de alta, media y baja peligrosidad, lo que conlleva a que dentro de la población penitenciaria se encuentren delincuentes tanto del fuero común como del fuero federal y por tanto las cárceles, muchas veces, son verdaderas escuelas del crimen.

Por los argumentos anteriormente mencionados es necesario que se otorguen mayores recursos para que la manutención de presos por delitos federales no sea una carga presupuestal para las entidades federativas, además para que los centros estatales puedan invertir en sus instalaciones y proveer de los esquemas seguridad que permitan una sana reinserción social de las y los sentenciados.

También es necesario que el gobierno federal invierta en la construcción de centros de reinserción social, pues la mayoría de las cárceles estatales están diseñadas para albergar reos de baja peligrosidad, mientras que una gran parte los presos por delitos del fuero federal son catalogados como de alto peligro, lo cual es un riesgo importante para los trabajos de los sistemas penitenciarios de las entidades federativas así como para su seguridad.

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en el penal de Cieneguillas, en Zacatecas, donde 53 presuntos integrantes de Los Zetas fueron liberados por un comando armado el 16 de mayo de 2009.

También hay que considerar que las entidades federativas hacen un esfuerzo para mantener sus cárceles en óptimas condiciones y sin sobrepoblación con el objetivo de evitar el hacinamiento, la violación de los derechos humanos de los presos, violencia, insalubridad y demás situaciones que eviten el desarrollo de la reinserción social de los sentenciados.

Ante tales consideraciones, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta  a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados incrementar sustancialmente los recursos para el pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en centros penitenciarios estatales del ramo 36.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se propone la adición del artículo 56, en el título quinto, capítulo único, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Alma Carolina Vaggiano Austria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. La inseguridad constituye uno de los grandes retos que México debe afrontar con corresponsabilidad y visión de estado. En los últimos años la violencia y la delincuencia han presentado incrementos alarmantes que ponen en jaque a las instituciones y generan graves problemas económicos y sociales en las familias mexicanas.

En nuestro país se registran alrededor de 12 millones de delitos, de los cuales sólo millón y medio se denuncian ante el agente del Ministerio Público. De estos, se consignan 250 mil y únicamente 190 mil obtienen sentencia condenatoria. Es decir, tan sólo el 1.5 por ciento de los delitos cometidos en México se sancionan.

La violencia y la delincuencia se vive con distinta intensidad según el estado y el grupo social al que se pertenezca. Los graves problemas socioeconómicos que arrastra el país repercuten en la seguridad y la gobernabilidad. Los hechos violentos tienen lugar no sólo en la calle como actos aislados sino en entornos familiares, escolares y laborales.

Lo anterior genera un entorno propicio para el desarrollo de conductas violentas, para la comisión de delitos y la victimización.

2. La seguridad ciudadana incide en el desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se encuentran las políticas y programas de gobierno; aspectos económicos, sociales, culturales y de salud; así como el entorno físico en que se desa-rrollan las familias.

En diverso ejercicios de intercambio internacional, de los que México ha formado parte, se ha definido a la Prevención social de la violencia y la delincuencia como el conjunto de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, conductas antisociales y la delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones.

3. De un análisis general realizado por la Subdirección de Economía del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados a la estructura programática presupuestal del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, resulta que existen por lo menos 24 dependencias y 140 programas con recursos federales que tienen implicaciones directas o indirectas con la prevención social de la violencia y la delincuencia. Es decir, del gasto total propuesto para el próximo ejercicio fiscal, cuando menos el 3.8 por ciento incide en este importante tema.

Sin embargo, pese a existir decenas de programas vinculados a la prevención social de la violencia y la delincuencia, estos se encuentran desarticulados y carecen de una política transversal que los oriente y los sume para incidir en las causas generadoras de la violencia y la delincuencia en México.

En otras palabras, existen múltiples programas que, por encontrarse a cargo de diversas secretarías (Educación Pública, Desarrollo Social, Salud, Seguridad Pública, Gobernación, etcétera), carecen de integralidad en su aplicación y su desarticulación los convierte en acciones aisladas que no contribuyen a mejorar el entorno social, cultural y económico de los mexicanos a efecto de incidir en los índices de violencia y delincuencia.

4. En tal virtud, se considera primordial fijar lineamientos generales que doten de integralidad la ejecución de los programas públicos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que por su naturaleza se encuentran vinculados a la prevención social de la violencia y de la delincuencia.

Tales lineamientos, deberán ser considerados por las entidades y dependencias de la administración pública federal encargadas de la ejecución de los programas respectivos, de tal forma que se incorpore a la prevención social de la violencia y la delincuencia como elemento transversal a las acciones prioritarias para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Lo anterior permitirá que todos aquellos programas vinculados a la prevención sean desarrollados tomando en cuenta los grupos prioritarios a los que se enfocarán; la construcción de acciones interinstitucionales para abordar de manera integral las causas que generan la violencia y la delincuencia; así como el desarrollo de estrategias y acciones de prevención social en la aplicación de los recursos públicos en los programas respectivos.

Consecuentemente, se propone que dichos lineamientos sean establecidos mediante la adición de un artículo 56 al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, dentro del Título Quinto donde se detallan otras disposiciones para el ejercicio fiscal.

Para tal efecto, el artículo propuesto, parte de una definición que permita identificar aquellos programas vinculados a la prevención social de la violencia y la delincuencia y enumera en ocho fracciones los aspectos que deberán tomarse en cuenta para incluir una perspectiva de prevención social en la ejecución de los programas respectivos.

De ser aprobada, la inclusión del artículo propuesto, permitirá garantizar que aun y cuando los programas que inciden en la prevención social de la violencia y la delincuencia se encuentren dispersos en distintas entidades y dependencias de la administración pública federal, su ejercicio, en aquellos rubros en que resulte congruente por su propia naturaleza sean ejercidos con una visión integral y transversal que permitan no sólo disminuir los índices delictivos sino crear una mejor ciudadanía y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere la procedencia de adicionar el artículo 56 dentro del Título Quinto, capítulo único, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, para quedar como sigue:

Titulo Quinto

Otras disposiciones para el ejercicio fiscal

Capítulo Único

Artículo 47. a 55. ...

Artículo 56. Todos aquellos programas que propicien mejores condiciones de vida e incrementen el bienestar  y las posibilidades de desarrollo individual  y de la comunidad; incidan en factores de riesgo específicos en niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y poblaciones vulnerables;  incidan en la creación de capacidades de desarrollo metropolitano; aborden problemáticas de desarrollo de capacidades de gestión para seguridad; tienen incidencia en la prevención social de la violencia y la delincuencia. Para tal efecto las entidades y dependencias de la administración pública federal deberán considerar, lo siguiente:

I. La incorporación de la prevención social de la violencia y la delincuencia como elemento transversal a las acciones prioritarias para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas;

II. Los diagnósticos gubernamentales y de la sociedad civil que revelen un análisis sistemático de los problemas de la violencia y la delincuencia, sus causas, sus factores de riesgo, factores de protección y consecuencia; incluidas encuestas de victimización;

III. Los ámbitos y grupos prioritarios que deberán ser atendidos sobre la base de los diagnósticos realizados; y debidamente institucionalizados en programas específicos idóneos;

IV. Las principales acciones especificas de ejecución que deben llevarse a cabo, incluidos los procesos de planeación e implementación para la consecución de los objetivos de los programas, además de seminarios y estudios e investigaciones o programas de formación, para asegurar que la aplicación de los recursos se realice de manera apropiada, eficiente, eficaz y sostenible;

V. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales que tengan capacidad para abordar y contrarrestar las causas que generan la violencia y la delincuencia y que incluyan a la sociedad civil;

VI. El desarrollo de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia en la aplicación de los recursos públicos del programa respectivo;

VII. El desarrollo e implementación de un plan de acciones concretas para la aplicación de los recursos que incluya a la prevención social de la violencia y la delincuencia; y

VIII. El monitoreo y evaluación continuos.”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el programa de electrificación rural y sostenibilidad energética en la cuenca del río Lerma, dentro del parque nacional Nevado de Toluca, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en  los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de 3 millones 12 mil 956.00 pesos para el programa de electrificación rural y sostenibilidad energética en la cuenca del rio Lerma dentro del parque nacional Nevado de Toluca, estado de México.

Hechos

A finales de 2007 se realizó una encuesta a los habitantes de las localidades dentro del parque nacional Nevado de Toluca, en la que se les cuestiono sobre el servicio recibido de luz eléctrica, respondiendo 60 por ciento que contaba con un servicio de luz eléctrica aceptable, 34 por ciento recibía un servicio de mediana calidad –pues esta se va deteriorando entre más elevada se localiza la comunidad, aunque la mayoría se quejaron de un mal servicio– y 6 por ciento no disponía de luz eléctrica.

Para determinar las localidades que podrían recibir este apoyo, la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro de Estudios Territoriales Aplicados, llevó a cabo un análisis de las necesidades en la zona del Nevado de Toluca, concluyendo lo siguiente: las localidades con mayores grados de marginación están identificadas como zonas de pobreza extrema y con problemas sociales en donde su población bajo condiciones de carencias, ubicadas principalmente en los Municipios de Zinacantepec , Almoloya de Juárez, Calimaya y Tenango del Valle, tienden a emigrar, hecho que no propicia ni incentiva los proyectos de desa-rrollo local.

Las localidades elegidas para beneficiarse de este programa que consiste en la colocación de celdas solares lo fueron de acuerdo a su cercanía una con la otra y al valle de Toluca, su marginación y oportunidad para aumentar su desarrollo, lo que traerá consigo elevar su calidad de vida, ahorro económico e integración social.

Es por lo anterior, que se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por 3 millones 12 mil 956.00 pesos para el programa de electrificación rural y sostenibilidad energética en la cuenca del río Lerma dentro del parque nacional Nevado de Toluca, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el programa de electrificación solar en el zoológico de Zacango, en Calimaya, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en  los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado federal por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante la cual solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por 2 millones 524 mil 160.00 pesos para el programa de electrificación solar en el zoológico de Zacango, en el municipio de Calimaya , estado de México, por lo que presenta el siguiente punto de acuerdo.

Hechos

Considerando una disponibilidad de área aproximadamente 500 metros cuadrados, el sitio de instalación del proyecto foto voltaico está localizado sobre la carretera 55 Metepec-Ixtapan de la Sal kilómetro 7, Santa María Nativitas, municipio de Calimaya, estado de México.

Al considerar el recurso solar de la localidad estimado en un promedio diario mensual de 5.11kilovatios-hora/metros cuadrados para un captador orientado hacia el “sur verdadero” y una inclinación igual a 18 grados, valor cercano de la latitud del lugar, para una superficie en el plano horizontal del captador de 213.25 metros cuadrados, se estará recibiendo una energía promedio diario  anual de 130 kilovatios-hora, siempre y cuando el arreglo fotovoltaico (AFV) esté formado por módulos solares con una eficiencia mínima del 14 por ciento

El sitio presenta una buena radiación solar, la temperatura ambiente promedio diario mensual fluctúa los 12 grados Celsius, presentándose valores máximos de 22 grados Celsius y mínimos de -1 grado Celsius, en consecuencia es necesario diseñar una unidad básica de generación  fotovoltaica (UB), que se reproducirá en toda el área disponible y que permita realizar una instalación sencilla, estable desde el punto de vista estructural y que presente la mínima sección de área a la carga del viento.

El sistema estará interconectado a la red eléctrica nacional mediante el modelo de contrato de interconexión a la red (CIR) con la CFE en la modalidad de sistema de cogeneración en media escala la interconexión de hasta 500 kilovatios.

Es por lo anterior, que se solicita a esta soberanía que se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por 2 millones 524 mil 160.00 pesos para el programa de electrificación solar en el zoológico de Zacango, en el municipio de Calimaya, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para rehabilitar el alumbrado público por medio de energía solar en Amanalco, México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado por el distrito 16 del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos por un monto de 42 millones 393 mil 579 pesos para la rehabilitación del alumbrado público por medio de energía solar en el municipio de Amanalco, estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo.

Hechos

Amanalco, estado de México, es predominantemente rural y la parte urbana se encuentra dispersa debido a la tradicional actividad en el campo y la crianza de trucha, situación que no ha permitido despuntar a sus habitantes en lo económico, por lo que al hablar de pobreza extrema es posible diferenciar ciertos sectores por el nivel de consolidación de sus construcciones, pues la mayoría de sus pobladores cuenta con servicios de agua y electricidad.

En el caso de Amanalco la cobertura del servicio eléctrico es del 91.02 por ciento y para la cabecera municipal es de 100 por ciento. Estos sectores podrían definirse en forma circular alrededor de los actuales núcleos urbanos y con mayor precisión hacia el sur de la cabecera municipal, incluso sería la primera red que se rehabilitara, lo cual empíricamente ayudara al crecimiento urbano en el corto plazo.

Amanalco al ser un municipio de bajos recursos ha realizado una gran labor para dotar los servicios básicos que requiere la ciudadanía, aun así existen demandas en la restitución de la energía eléctrica principalmente en la temporada de lluvias, utilizando nuevas y eficientes tecnologías como lo son la tecnología fotovoltaica aislada, iluminación LED y sistemas interconectados para el alumbrado público.

Es por lo anterior, que se solicita a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, para el estado de México, así como la inserción integra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos por un monto de 42 millones 393 mil 579 pesos para la rehabilitación del alumbrado público por medio de energía solar en el municipio de Amanalco, estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para elaborar un programa de uso de energías alternativas en el estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luis Soto Oseguera, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos por un monto de 3,000,000.00 de pesos (tres millones de pesos 00/100 m.n.) para la elaboración de un programa para utilizar energías alternativas en el estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo

Hechos

Genéricamente se denomina energía alternativa o fuentes de energía alternativa a aquellas fuentes diferentes a las tradicionales o clásicas. Algunos autores la definen como el equivalente al concepto de energía renovable o sustentable.

Las energías alternativas y renovables se basan en los flujos y ciclos implícitos en la naturaleza, son aquellas que se regeneran y se espera que perduren por cientos o miles de años, además se distribuyen en amplias zonas y su adecuada utilización tiene un impacto ambiental favorable en el entorno.

Con el objeto de reducir los costos por consumo de energéticos en las instalaciones y dependencias del gobierno del estado de México y la necesidad de incorporar políticas ambientales se enfatiza la pertinencia de desarrollar un programa para la utilización de energías alternativas y promover su uso eficiente.

En este sentido se pretende producir energía alternativa para pequeñas comunidades y así satisfacer su demanda de electrificación aprovechando sus niveles de insolación, recursos hidráulicos, campos geotérmicos, movimiento horizontal de los vientos, etcétera, disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero.

Es por lo anterior que se solicita a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos por un monto de 3,000,000.00 de pesos (tres millones de pesos 00/100 m.n.) para la elaboración de un programa para utilizar energías alternativas en el estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para fortalecer las capacidades de infraestructura y equipo en investigación nuclear en el estado de México, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Luís Soto Oseguera, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual solicito que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos por un monto de 180,095,000.00 de pesos (ciento ochenta millones noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.) para el fortalecimiento de las capacidades de infraestructura y equipo en investigación nuclear en el estado de México, por lo que presento el siguiente punto de acuerdo

Hechos

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tiene como objeto realizar investigación y desarrollo en el campo de la ciencia y la tecnología nuclear, promover su uso pacífico en medio ambiente, salud, alimentación, agroindustria, minería entre otras, así como difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país.

En los últimos años el instituto no ha podido renovar ni incrementar su capacidad en infraestructura y equipo provocando una reducción en su capacidad para coadyuvar a la resolución de los problemas prioritarios de México.

Es por lo anterior que se solicita a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, así como la inserción íntegra de su texto en la Gaceta Parlamentaria.

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos por un monto de 180,095,000.00 de pesos (ciento ochenta millones noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.) para el fortalecimiento de las capacidades de infraestructura y equipo en investigación nuclear en el estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado José Luis Soto Oseguera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a un fondo de rescate completo para defraudados por cajas de ahorro en Oaxaca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada federal, licenciada Sofía Castro Ríos, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El uso de las cajas de ahorro en el estado de Oaxaca se ha popularizado en gran medida; más de 90 por ciento de los usuarios que las utilizan son de escasos recursos y su única pretensión es  proteger el patrimonio que han logrado acumular a lo largo de su vida productiva, porque muchos son jubilados o personas que obtuvieron un retiro y, otros, de los familiares que envían las divisas obtenidas de su trabajo en el exterior. Este segmento poblacional vive en pequeñas comunidades marginadas e indígenas o, en el mejor de los casos, en colonias periféricas de las ciudades del estado. Muchos de ellos  no saben leer ni escribir, no hablan castellano, ni tienen acceso a los avances tecnológicos que existen hoy día; es decir, son  presa fácil de cualquiera que se diga tener una empresa en la que solo es necesario que se  deposite una cifra económica determinada, para que en corto plazo ésta se duplique o triplique. Es cierto que es la emoción por obtener una ganancia fácil la que hace que la población ahorradora deposite su patrimonio en una caja de ahorros, aunado a la ignorancia de la ley que regula el ahorro y préstamo populares, pero también es pertinente señalar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no usa el tiempo oficial en los medios de comunicación  para prevenir a los ciudadanos.

En  la administración de cada una de las sociedades de ahorro y préstamo siempre existe la “cuenta clave”, “cuenta única”, “cuenta mayor”, “cuenta general”, cualquiera que sea el nombre para denominarla, que concentra los recursos obtenidos de todos y cada uno de los ahorradores, recursos que son destinados, arbitraria  y dolosamente de manera contraria a derecho, para situaciones completamente distintas de las que la ley permite en el rubro de ahorro popular.

En las cajas de ahorro del estado se han detectado omisiones como la falta de firma del título de crédito, acta constitutiva no registrada ente el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, estados financieros no auditados o falsos, prestanombres, entre otros,  sin que se vean obligados a que sus negocios sean supervisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o corregidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nadie, absolutamente nadie puede decidir sobre el futuro de esas captaciones sociales sino únicamente el dueño o propietario y el Consejo de Administración de una Sociedad Cooperativa de ahorro e inversión.

Al día de hoy, en la única organización de defraudados de cajas de ahorro existente en el país, el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C, existen 23 mil 157 afectados, debidamente empadronados, que suman un perjuicio económico de 3 mil 515 millones 307 mil 184.28 pesos, pero hay una cantidad incuantificable de ahorradores defraudados de los cuales no se tiene registro, por lo que es necesario que este honorable Congreso de la Unión, del que emergió la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, sea solidario con quienes han perdido su patrimonio a causa de los fraudes efectuados por los dueños de las cajas de ahorro, quienes amparados en la “prórroga condicionada”, que es el plazo que tienen para tramitar su regularización ante la ley, apoyada por la federación, tienen un plan de trabajo que les ayuda para cumplir con todos los requisitos que requiera la ley para que puedan ser autorizadas y está considerada en la Ley de Ahorro y Crédito Popular; pero que  han usado para defraudar a los usuarios, anteponiendo el pretexto de la prórroga condicionada.

Es de suma importancia señalar también que los ahorradores defraudados que  depositaron su dinero en cajas cuyo proceso de registro está considerado en la prórroga condicionada, de acuerdo al fideicomiso de pago (Fipago), considerado en la  Ley que crea al Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores;de acuerdo a sus reglas de operación, los defraudados únicamente podrán recuperar 70 por ciento de su inversión con un tope máximo de 260 mil pesos:  ahorros mayores a 260 mil pesos se apoyarán con 167 mil pesos, que es el 70 por ciento; de ese porcentaje 40 por ciento es una aportación federal y 30 por ciento debe ser aportado por el estado afectado; sin embargo, la previa etiquetación de recursos hace que los estados afectados no cuenten con la posibilidad de destinar recurso alguno a gastos extraordinarios.

A todas luces las disposiciones del Fipago también resultan un fraude, dado que por lo menos 10 por ciento de los ahorradores depositaron más de 260 mil pesos, encontrándonos casos de mujeres indígenas cuyo patrimonio procedente de envíos de Estados Unidos de América, depositados por sus familiares, rebasan los 4 millones de pesos. Es una obligación moral apoyar esos casos.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 etiquete la cantidad de 4 mil millones de pesos para un fondo de rescate al 100 por ciento para defraudados de las cajas de ahorro en Oaxaca, en los programas del ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Sofía Castro Ríos (rubrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone a la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 73, fracción XIV, y 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desempeña una función importante en el desarrollo del Estado mexicano: preservar la seguridad nacional; sus acciones y resultados derivan de la observancia de las órdenes que el poder civil les encomienda así como de las misiones generales establecidas en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El Ejército Nacional, en sus tareas de combate a la delincuencia organizada, ha multiplicado sus actividades y los desafíos que enfrenta, por lo que es obligación de esta Cámara de Diputados no sólo fortalecer el aparato operativo de nuestro Ejército sino ahora también es necesario e ineludible responder a la demanda de reforzar las áreas de respeto a los derechos humanos y de capacitación en materia de equidad de género, áreas que en su conjunto no representan más que el 0.27 por ciento del gasto total de la Sedena, señalado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Recientemente, con el propósito de fortalecer la relación de las fuerzas armadas de la Sedena con la sociedad civil, se emitió el acuerdo por el que se crea en el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, la Unidad de Vinculación Ciudadana, publicado el 21 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Esta unidad se creó con el propósito de contar con un organismo para la solución de conflictos que se generen entre la Sedena y la sociedad en general.

En el acuerdo de creación se precisa la conveniencia de contar con la participación de civiles con experiencia en políticas públicas y vinculación ciudadana. Y las iniciativas en materia de derechos humanos, promoción y desarrollo de la equidad de género y de vinculación ciudadana son esfuerzos institucionales relativamente recientes en la Sedena, razón por la que se requiere su mejoría y ampliación.

Se requiere entonces que la Cámara de Diputados, instancia facultada para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, coadyuve a materializar el cumplimiento del acuerdo de creación de la Unidad de Vinculación Ciudadana, con el propósito de generar las condiciones necesarias para afrontar la solución de conflictos, entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la sociedad en general.

Cabe destacar que en el año 2009, se iniciaron los trabajos dedicados a la capacitación y sensibilización de los efectivos en una perspectiva de género. No obstante lo anterior, para el ejercicio del 2010 estos recursos disminuyeron de 200 a 100 millones de pesos y, para el 2011, se tiene proyectado un gasto de 104 millones de pesos, es decir, se mantiene prácticamente igual, pues sólo se le actualiza la inflación.

Por lo que hace específicamente al Programa de Derechos Humanos, a partir de la creación de la dirección general en derechos humanos, en el ejercicio del 2010, se aprobó un monto de 36.5 millones de pesos y para el próximo ejercicio sólo se considera un incremento a 41.5 millones de pesos; sin embargo, este incremento resulta menor a las necesidades de atención al respecto.

En la lucha contra el narcotráfico se debe empeñar todo el esfuerzo en la recuperación de la seguridad, debemos también reconocer errores y tristemente, las muertes de los civiles ocurridas en Acapulco, Tamaulipas o en Monterrey, entre otros. Las condolencias y los pésames no bastan ante las pérdidas irreparables, por lo que es necesario fortalecer y construir los puentes tendentes al acercamiento y fortalecimiento de la relación de la Sedena con la sociedad, para que se respeten los derechos humanos.

Aunque todavía falta desarrollar una metodología para establecer, articular y mantener una efectiva comunicación que permita facilitar la solución de conflictos, lo conducente es reforzar el trabajo y otorgar un presupuesto suficiente a la Unidad de Vinculación Ciudadana así como a los Programas de Derechos Humanos y de Sensibilización en Perspectiva de Género.

Cabe aclarar que para el Programa de Derechos Humanos y el de Capacitación en materia de Perspectiva de Género, aún y cuando se incrementan sus recursos en poco más de 10 millones de pesos, estos no representa más que el 0.27 por ciento del gasto total de la Sedena. Pero además, no es posible tomar presupuesto de esos programas para la Unidad de Vinculación Ciudadana, en virtud de que ese monto se utiliza en actividades institucionales propias de su naturaleza.

Por lo que deberá realizarse un ajuste 300 millones de pesos adicionales al monto contemplado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en el Ramo 07, Secretaría de la Defensa Nacional,a fin de contar con los elementos humanos y materiales necesarios para la renovación de las relaciones de las fuerzas armadas con la sociedad civil.

Es por ello que someto a esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con la finalidad de aprobar una ampliación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 que permita el fortalecimiento de las instituciones armadas de nuestro país y las políticas de respeto a los derechos humanos, en los términos siguientes

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda otorgar, en el Ramo 07, Defensa Nacional, una ampliación presupuestal etiquetada de 300 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

a) 100 millones de pesos a la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional, para el desempeño de sus actividades institucionales relativas al Programa M001 Actividades Apoyo Administrativo;

b) 100 millones de pesos para intensificar las actividades del A900 Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género;

c) Así como 100 millones de pesos para intensificar las acciones del Programa A017 Derechos Humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Rubén Moreira Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para infraestructura deportiva en los municipios donde se requiera, particularmente en Jalisco, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan José Cuevas García, diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cultura física y el deporte son sin duda alguna dos elementos que contribuyen de manera importante a la conservación de la salud, al mismo tiempo permiten un mejor de-sarrollo intelectual, propiciando personas más ágiles física y mentalmente.

En este sentido, el gobierno ha emprendido una serie de acciones a efecto de promover que la población realice algún tipo de actividad física, o bien, la práctica de algún deporte con la finalidad de alcanzar un mejor nivel de salud y una mejor calidad de vida.

No obstante dichas acciones, aún hay una escasa cultura física en el país, y en consecuencia se han generado una serie de problemas de salud pública, como son la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas.

Desafortunadamente el sobrepeso y la obesidad constituyen uno de los problemas de mayor magnitud en todos los grupos de edad, está aumentando a un ritmo acelerado, por lo que hoy más de la mitad de los mexicanos presentan padecimientos de este tipo.

La problemática asociada al exceso de peso corporal afecta también a la población joven, esto debido a que de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de la Juventud, la realización de alguna actividad física es reducida entre este grupo poblacional, toda vez que “60 por ciento de los jóvenes no practica ninguna actividad física”.

Aunado a este problema de salud que se presenta entre los jóvenes, existen otros como son el consumo cada vez más frecuente de alcohol, drogas y tabaco. Al respecto tenemos que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, “los jóvenes entre 12 y 17 años presentan mayores prevalencias en los niveles considerados como bebedores altos y con abuso/dependencia”. Asimismo, datos de la Encuesta Nacional de Juventud señalan que 63 de cada 100 jóvenes mexicanos fuman, es decir, que se tienen más de 21 millones de fumadores jóvenes, de los cuales, los porcentajes más elevados se registran entre los 20 y 24 años con 69 por ciento y de 25 a 29 años con 65 por ciento.

Sumado a las adicciones, la falta de oportunidades para acceder a la educación y a un empleo, hacen más vulnerable a este sector y conforman factores de riesgo que los llevan en muchas ocasiones a realizar actividades delictivas y a unirse a la delincuencia organizada.

Estos problemas pueden prevenirse acercando a nuestros jóvenes a todos aquellos espacios e instalaciones en donde puedan practicar de manera regular actividades físicas, deportivas y recreativas, ya que conforman una de las opciones más viables para el uso del tiempo libre.

En este sentido, resulta de gran importancia contar con infraestructura deportiva suficiente y óptima para que la población y en especial nuestros jóvenes mexicanos desarrollen actividades físicas y deportivas, logrando así mejorar su calidad de vida.

Sin duda, el desarrollo de infraestructura e instalaciones adecuadas y funcionales a lo largo del país, constituirá un medio eficaz para promover la práctica del deporte entre los jóvenes y alejarlos de la delincuencia y las adicciones.

Indudablemente tenemos un compromiso con la juventud, por ello debemos facilitarles más y mejores espacios en los que puedan desarrollar deportes en todas sus modalidades. En este sentido, es de suma relevancia continuar invirtiendo en la infraestructura deportiva municipal, ya que a través de diversos proyectos se fortalecerá el desarrollo de una cultura física y deportiva beneficiando directamente a las comunidades y en especial a la juventud.

Como diputado federal por el estado de Jalisco, conozco la problemática que enfrenta la población joven de la entidad, la cual no se encuentra ajena al desempleo, al rezago educativo, a las adicciones y a la delincuencia. Asimismo, estoy conciente de que la mejor manera para hacerle frente a esta situación es apoyar a los distintos municipios, a fin de que continúen generando acciones para crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte.

Por lo que propongo se tenga a bien considerar mayores recursos para los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Villa Purificación, Atengo, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Guachinango, Mixtlán, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, para apoyar la realización de diversos proyectos de infraestructura deportiva y atender las necesidades de promoción y fortalecimiento del deporte entre la población.

En Acción Nacional estamos convencidos de que en la medida en que contemos con más y mejores instalaciones deportivas en donde se realicen actividades físicas y se practiquen diversos deportes, podremos prevenir que muchos de nuestros jóvenes caigan en las adicciones y en la delincuencia.

Por lo expuesto, someto a  su consideración, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Juventud y Deporte de la honorable Cámara de Diputados a considerar mayores recursos para el ejercicio fiscal de 2011 para infraestructura deportiva en los municipios de las distintas entidades del país en donde se requiera, particularmente para los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Villa Purificación, Atengo, Atenguillo, Ayutla, Cuautla, Guachinango, Mixtlán, Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, del estado de Jalisco; con el propósito de contar con más espacios para fomentar la práctica del deporte entre los jóvenes.

Notas:

1 Perspectiva de la juventud 2008.

2 Realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud en 2005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010. — Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para obras de mantenimiento y remodelación de las instalaciones deportivas de Miguel Hidalgo, Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en el artículo 4o. como garantía constitucional el derecho universal de toda persona a tener un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

El citado precepto establece que los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

El eje rector de igualdad de oportunidades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 establece la necesidad de promover las actividades físicas en los planteles escolares y de deporte en todo el país, así como fomentar una cultura física que incentive a todos los mexicanos a realizar algún ejercicio o deporte de manera regular.

En el Distrito Federal, la obligación de construir, rehabilitar y mantener centros de servicio social, cultural y deportivo recae en los órganos político-administrativos, de conformidad con lo establecido en la fracción XXXI del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. También les corresponde atender y vigilar su adecuado funcionamiento, incluidos la instalación de bebederos de agua potable y el mantenimiento de los ya instalados, así como la construcción y rehabilitación de espacios con la infraestructura humana, inmobiliaria y material necesaria para la educación física y la práctica de las diversas especialidades deportivas.

La Ley de Educación Física y del Deporte del Distrito Federal establece que el Instituto del Deporte del Distrito Federal y los órganos político-administrativos tienen la obligación de construir, equipar, mantener, rehabilitar y supervisar las instalaciones deportivas de la capital para que éstas puedan ser utilizadas de manera eficiente y segura por todas las personas que acudan a realizar actividades y disciplinas deportivas.

En el Distrito Federal hay 160 instalaciones deportivas, sin contar los módulos deportivos. Miguel Hidalgo ocupa el cuarto lugar por número de deportivos; Gustavo A. Madero tiene el primero, con 22 deportivos. En tanto, La Magdalena Contreras y Xochimilco se encuentran en segundo, con 19 unidades; y Tláhuac en tercero, con 13.

Delegación                                    Deportivos

Álvaro Obregón                                             8

Azcapotzalco                                                 8

Benito Juárez                                                 5

Coyoacán                                                      4

Cuajimalpa de Morelos                                  2

Cuauhtémoc                                                  9

Gustavo A. Madero                                     22

Iztacalco                                                        8

Iztapalapa                                                    12

La Magdalena Contreras                              19

Miguel Hidalgo                                           12

Milpa Alta                                                      0

Tláhuac                                                        13

Tlalpan                                                        11

Venustiano Carranza                                    8

Xochimilco                                                  19

Total                                                         160

Miguel Hidalgo concentra en su territorio un número importante de este tipo de equipamiento de recreación y deporte que, por sus dimensiones, es considerado de carácter metropolitano y en el cual se entrena a deportistas de alto rendimiento.

Además de los 12 deportivos, cuenta con 18 módulos, que dan servicio a los usuarios de las 81 colonias de la delegación y a todo el Distrito Federal. Entre los principales centros deportivos se encuentra el Plan Sexenal, que atiende a más de 5 mil usuarios y cuya población flotante triplica esta cantidad.

Centros deportivos, delegación Miguel Hidalgo

Deportivo                                           Colonia

Plan Sexenal                                        Nextitla

José María Morelos                                                  y Pavón           Pensil Norte

Parque Lira              Ampliación Daniel Garza

Constituyentes         Ampliación Daniel Garza

Gran Libertador                     Lomas de Sotelo

Valle Escandón     Escandón, Primera Sección

Anáhuac                                            Tlaxpana

18 de Marzo                  San Diego Ocoyoacac

San Lorenzo Tlaltenango San Lorenzo Tlaltenango

Centro Hípico             Lomas de Chapultepec,        Tercera Sección

Gimnasio Miguel Hidalgo         Nuevo México

Nueva Argentina                Argentina Poniente

Sin embargo, en la mayoría de las instalaciones deportivas de Miguel Hidalgo el deterioro es una constante, pese a que año con año se inyectan recursos para el mantenimiento y mejoramiento de los 12 centros deportivos que, por sus dimensiones, requieren mayor inversión y mejoras de gran tamaño. Sólo por mencionar algunas, se citan las siguientes:

• Las canchas deportivas requieren pintura perimetral y de tableros, así como cambio de redes y de luminarias.

• Las áreas de juegos necesitan soldaduras y, en el mejor de los escenarios, la sustitución completa de los módulos por unos de material que no represente tanto riesgo para los infantes, como los actuales de lámina.

• Las instalaciones sanitarias y de regaderas necesitan sustitución de mobiliario, recubrimientos y tubería.

• Las techumbres y estructuras requieren sustitución de piezas y soldaduras.

• Las albercas necesitan calderas, pintura y recubrimientos.

• Las mallas que delimitan las áreas internas se encuentran dobladas o rotas.

• Las llaves de agua presentan en la mayoría de los casos fugas.

• Faltan adecuaciones para que las personas con capacidades especiales puedan acceder a todas las instalaciones.

• No hay pisos antiderrapantes en las áreas húmedas de las instalaciones.

Los centros deportivos deben ser vistos como agentes de transformación a través de los cuales se exalten valores como la disciplina y la constancia, pues con la práctica de la actividad física y el deporte pueden lograrse la integración familiar y el desarrollo integral de niños, de jóvenes y de adultos para que sean competentes y competitivos en todas las acciones de la vida.

Destinar mayores recursos para ejecutar obras de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones mejorará el estado y la imagen de la infraestructura de los deportivos de Miguel Hidalgo, lo cual también incentivará a la población a realizar alguna práctica deportiva en los espacios adecuados.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar un incremento de 70 millones de pesos en el ejercicio de 2011 para realizar obras de mantenimiento y remodelación en las instalaciones deportivas de la delegación Miguel Hidalgo.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para llevar a cabo los proyectos de inversión en materia de seguridad pública en Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos a fin de llevar a cabo los proyectos de inversión en materia de seguridad pública del estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La seguridad pública es uno de los mayores problemas que la sociedad en México debe de enfrentar, la seguridad es una exigencia de la sociedad toda para que el gobierno cumpla sus compromisos fundamentales, es por ello que debemos redoblar esfuerzos para atender la integridad, las libertades y derechos de los ciudadanos, así como para garantizar la aplicación irrestricta de la ley.

Para hacer a Baja California un estado más seguro, en donde sus habitantes cuenten con un ambiente de tranquilidad y respeto para el desarrollo social, se están instrumentando un conjunto de estrategias en las vertientes de prevención del delito, procuración, administración de justicia y readaptación social con la participación de las instituciones de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

La tendencia a mejorar y ampliar la cobertura en materia de seguridad pública, se pretende cristalizar mediante la inversión en equipamiento e infraestructura, garantizando el cumplimiento de las leyes y reglamentos, encaminadas a guardar el orden público, recuperando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, por ello, resulta imperativo el dotar a las corporaciones encargadas de velar por la Seguridad y Justicia de la ciudadanía de infraestructura digna y moderna

Optimizar el sistema estatal penitenciario en todos sus ámbitos como lo son la readaptación y reinserción social, justicia para menores, dignificación del trato a la población penitenciaria, despresurización de los centros de internación, capacitación y profesionalización del personal de seguridad y custodia y la aplicación puntual de los derechos de los internos para alcanzar preliberación o liberación anticipada, entre otros aspectos, implican también la realización de un profundo y preciso diagnóstico para definir acciones concretas que dentro de un programa de seguridad pública prevea la aplicación de medidas correctivas que brinden resultados primarios concretos y duraderos, por ello planteamos la necesidad de la inversión en materia de seguridad para el estado de Baja California.

La construcción del Centro de Diagnóstico para Adolescentes en Tijuana, ofrecerá abatir el alto déficit de espacios para los centros de diagnostico en una ciudad que tiene los más altos índices de delincuencia en el estado.

Esto permitirá contar con una adecuada clasificación de los adolescentes, separando a los que se encuentran en etapa de diagnóstico, de aquéllos que están cumpliendo con su medida de tratamiento.

La construcción del Centro de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, eficientará los procesos de investigación de la Procuraduría General de Justicia, estos serán con una alta precisión científica y documental en sustento de los procedimientos judiciales, además de dotar de la infraestructura necesaria para con métodos y equipo científico obtener datos e información que se utiliza con valor probatorio en el nuevo modelo de justicia.

Con la inversión realizada en el equipamiento técnico y científico de la jefatura de servicios periciales de Mexicali, que tiene la función de atender la demanda de dictámenes periciales en tránsito terrestre, balística comparativa y de identificación, criminalística de campo, médicos, grafos copia, avalúos de muebles e inmuebles, dactiloscopia y dictámenes químicos.

La construcción del centro de Seguridad y Justicia en Ensenada, obra que implica el diseño y desarrollo de un conjunto de proyectos de moderna infraestructura acorde con los principios y las características funcionales de las instituciones operativas del nuevo modelo penal de corte acusatorio y oral.

Este Centro de Seguridad y Justicia contempla la construcción de 2 edificios para 4 juzgados, centro integral de atención ciudadana espacios de dormitorios, administración y servicios de alimentación, salud, educación, con criterios de seguridad y control e investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Es importante contar con un sistema de seguridad, procuración y administración de justicia que permita otorgar a la población en general un servicio en instalaciones funcionales suficientes y dignas, por ello es importante señalar que este nuevo sistema de justicia generará en el estado los siguientes efectos positivo como la modernización y mayor eficacia y transparencia en la procuración y administración de justicia en el estado; una justicia penal más humana, transparente, eficiente, accesible y expedita; Una mejor atención y protección de las víctimas de los delitos y que su voz sea escuchada dentro del proceso penal; la resolución de los conflictos penales de manera más efectiva, a través de salidas alternas de solución de controversias como la justicia alternativa, lo que permitirá a su vez fomentar la cultura de la paz; la racionalización adecuada de los recursos humanos y materiales con que cuenta el Poder Judicial y la PGJE, para enfocarse con mayor precisión a los delitos que más impactan a la sociedad.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 100 millones de pesos para la construcción del Centro de Centro de Diagnóstico para Adolescentes en Tijuana, en el estado de Baja California.

Segundo.-Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 70 millones de pesos para la construcción de Centro de Servicios Periciales para la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California.

Tercero.-Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 150 millones de pesos para la construcción del Centro de Seguridad y Justicia en Ensenada, en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.

Diputados: Sergio Tolento Hernández, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir, modernizar y equipar infraestructura deportiva en Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren recursos para la construcción y modernización de infraestructura deportiva en el estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Entre las actividades que promueven el desarrollo integral equilibrado de los individuos, se consideran la práctica del deporte y la actividad física en general; por ello, en el estado de Baja California se llevan a cabo acciones que fomentan la identidad, la unidad familiar, el sano esparcimiento, la práctica y desarrollo de diferentes disciplinas deportivas; impulso de talentos deportivos; y consolidar la infraestructura y coordinación institucional para fomentar el deporte.

Con el afán de contar con infraestructura deportiva adecuada a las necesidades de los programas de desarrollo deportivo y de activación física y así brindar una mejor opción a los prospectos y talentos deportivos, es por ello que se plantean los diferentes proyectos de inversión y dotar a la ciudadanía de infraestructura digna acorde a las necesidades de cada disciplina.

• Por la necesidad de fomentar, impulsar y fortalecer dentro de los programas el patinaje en Baja California, éste no cuenta con pista oficial para su práctica y carece de infraestructura a la fecha se han habilitado espacios que no cumplen con las medidas de seguridad necesarias para atender a los atletas en su desarrollo de este deporte. Esta disciplina cuenta con un gran número de interesados en su práctica en el municipio de Ensenada, por lo que en coordinación con la asociación estatal de patinaje y la comunidad local, se propone concluir la Segunda etapa para la construcción de pista de patinaje, en la unidad deportiva de Valle Dorado.

• En Baja California el deporte de los últimos años ha tenido una evolución considerable, destacando el deporte de competencia y de manera especial las categorías infantil y juvenil (entre los 11 y los 18 años). Los programas permanentes dirigidos hacia los menores han establecido un modelo de desarrollo deportivo en el país; una muestra de ello es el ascenso de Baja California dentro de la justa en la Olimpiada Nacional, por esta razón, la detección y desarrollo de Talentos Deportivos en los municipios y el valle es uno de los retos por alcanzar en el estado de Baja California, por ello y a fin de canalizar estos talentos, se propone en 2011 concluir con la segunda etapa construcción de gimnasio de box y lucha olímpica en San Quintín, para lo cual se ha contado con un importante donativo de un predio por parte de los ejidatarios para uso del desarrollo del centro deportivo.

• Atender las disciplinas de raqueta dentro del programa de desarrollo del deporte, el cual cubre: raquetbol, squash, tenis de mesa, trinquete, frontón techado muy importante. Actualmente En el municipio de Mexicali no cuenta con instalaciones públicas para el desarrollo de estas disciplinas, por lo que se requiere fomentarlo e impulsarlo para fortalecerlo dentro de los programas y competencias del mismo, por ello se pretende construir un gimnasio de raqueta en la Ciudad Deportiva de Mexicali, que sea abierta a la comunidad y beneficie directamente a la población local.

• La tercera etapa de gimnasio bajo techo de remo. San Felipe se debe a la necesidad de que actualmente se cuenta con un gimnasio de fortalecimiento pero es necesario continuar con el desarrollo del Centro de Desarrollo Deportivo en San Felipe ya que es la única delegación que practica este deporte como priorizado y contar con instalaciones apropiadas dará la oportunidad de que se sumen más jóvenes y niños a esta actividad deportiva que ha dado tantos logros en nuestro Estado, y que gracias al apoyo de la comunidad local para el seguimiento y desarrollo del primer centro de alto rendimiento de remo en San Felipe, se tendrá dicha obra.

• Para elevar el nivel de competencia de los atletas bajacalifornianos, se requiere del fortalecimiento y la consolidación de los programas deportivos sustentados en el apoyo técnico calificado y procedimientos especializados que permita potenciar sus habilidades y su rendimiento deportivo por estos motivos el fortalecimiento de la infraestructura constituye una de las principales necesidades de la comunidad deportiva que se refiere a la creación y mejora de las instalaciones, equipamiento y mantenimiento de centros deportivos para fortalecer programas dirigidos hacia el alto rendimiento deportivo. La segunda etapa construcción de gimnasio polideportivo en el centro de alto rendimiento, atenderá a los atletas selectivos y de alto nivel de competencia y éstos se verán beneficiados con infraestructura acorde al desa-rrollo de su disciplina.

• Como proyecto para dar pauta a la atención de una gran parte de la comunidad deportiva de frontón y trinquete que actualmente cuenta el Estado, la Quinta Etapa de construcción del gimnasio polideportivo en unidad deportiva Valle Dorado pretendo subsanar las carencias de instalaciones apropiadas para el desarrollo de esta disciplina con sus modalidades, actualmente se está concluyendo con el edificio Gimnasio polideportivo el cual atiende 9 disciplinas de especialidad.

• Ensenada no cuenta con infraestructura apropiada para la práctica de este deporte el cual requiere de una instalación especial que permita contar con seguridad tanto para los atletas como para los usuarios que asisten a esta unidad deportiva a realizar alguna actividad física y que con la construcción de un campo de tiro con arco en la unidad deportiva Valle Dorado se busca el desarrollo y preparación de atletas en esta disciplina especial.

• La Construcción de sala de gimnasia rítmica y artística, en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana busca elevar la calidad en la atención a los deportistas de nuestro Estado, para elevar el nivel de competencia de los atletas bajacalifornianos, se requiere del fortalecimiento y la consolidación de los programas deportivos sustentados en el apoyo técnico calificado y procedimientos especializados que permita potenciar sus habilidades y su rendimiento deportivo por estos motivos el fortalecimiento de la infraestructura constituye una de las principales necesidades de la comunidad deportiva que se refiere a la creación y mejora de las instalaciones, equipamiento y mantenimiento de centros deportivos para fortalecer programas dirigidos hacia el alto rendimiento deportivo.

• Continuar con el desarrollo del centro de alto rendimiento de Playas de Rosarito, permitiendo el acceso a nuevos valores deportivos de la comunidad y contribuir a estimular el desarrollo integral de las personas y la salud en el ámbito comunitario, así como fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, es donde radica la importancia de la construcción de la cancha de usos múltiples, de la Unidad Deportiva Reforma

• La construcción de un campo sintético techado de hockey y handball, en Ciudad Deportiva, Mexicali viene a elevar la calidad de vida en la zona incrementando la infraestructura y equipamiento y con esto revirtiendo acciones destructivas y de conflicto en actividades constructivas en el deporte como el deporte y la cultura física, toda vez que estas instalaciones brindan a la niñez y juventud una oportunidad de canalizar sus esfuerzos e inquietudes en actividades positivas que incrementan el desarrollo sano de uno de los mayores sectores del municipio.

• La distancia y el resguardo de los botes para la práctica de esta disciplina, ocasiona un constante retraso al desarrollo de la misma, por ello se requiere el espacio para albergar el equipo, los botes y la cercanía con el mar para el buen funcionamiento. La construcción del muelle y de la casa de botes, es parte de la continuación del proyecto de Centro de alto rendimiento de Remo y canotaje, lo que servirá como poyo para el desarrollo del primer muelle en el puerto de San Felipe para embarcación de deportes acuáticos que beneficia tanto a la comunidad deportiva como a la zona turística de este puerto.

El deporte constituye una alternativa para alcanzar un estilo de vida saludable, así como para crear valores de solidaridad dirigidos hacia toda la población. Pero de manera particular a los niños y jóvenes. Es una pieza fundamental en el desarrollo integral de las personas.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 55 millones de pesos para la construcción del polideportivo en Ciudad Deportiva Mexicali, en el estado de Baja California.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 25 millones de pesos para la construcción de casa de botes y muelles en San Felipe, en el estado de Baja California.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 2 millones de pesos para la segunda etapa de la construcción de la pista de patinaje en la unidad deportiva Valle Dorado, en el estado de Baja California.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 10 millones de pesos para la segunda etapa construcción de gimnasio de box y lucha olímpica en San Quintín, en el estado de Baja California.

Quinto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 15 millones de pesos para la construcción de un gimnasio de raqueta en la Ciudad Deportiva de Mexicali, en el estado de Baja California.

Sexto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 3.5 millones de pesos para la construcción de la tercera etapa del gimnasio bajo techo de remo en San Felipe, en el estado de Baja California.

Séptimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 15 millones de pesos para la segunda etapa de la construcción del gimnasio polideportivo en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, en el estado de Baja California.

Octavo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 20 millones de pesos para la quinta etapa de construcción del gimnasio polideportivo en la Unidad Deportiva Valle Dorado de Ensenada, en el estado de Baja California.

Noveno. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 3.8 millones de pesos para la construcción de campo de tiro con arco en la Unidad Deportiva Valle Dorado de Ensenada, en el estado de Baja California.

Décimo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 28 millones de pesos para Construcción de una sala de gimnasia rítmica y artística en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, en el estado de Baja California.

Undécimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 10 millones de pesos para la construcción de una cancha de usos múltiples en la Unidad Deportiva Reforma, en el municipio de Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.

Duodécimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 55 millones de pesos para la construcción de un campo sintético techado de hockey y handball en la Ciudad Deportiva de Mexicali, en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.— Diputados: Sergio Tolento Hernández, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y modernizar infraestructura turística en Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos para la construcción y modernización de infraestructura turística en el estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México será un país líder en la actividad turística, para lograrlo, se requiere reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico, Diversificar los productos turísticos y desarrollar nuevos mercados, impulsar a las empresas turísticas a ser competitivas a nivel nacional e internacional, desarrollar el turismo respetando los entornos naturales, culturales y sociales.

La actividad turística es compleja y dinámica, generadora de desarrollo económico y social, promueve la cultura, la integración familiar y el desarrollo de comunidades.

La importancia que tiene el turismo para Baja California, se puede resumir en las contribuciones de esta actividad al logro de los siguientes objetivos: como creador de empleos en el sector servicios y de manera indirecta en la construcción; como impulsor del desarrollo urbano al propiciar la formación de distritos turísticos urbanos asociados a la aglomeración de establecimientos comerciales y de servicios que constituyen puntos desde los cuales se articula la vida urbana en las principales ciudades del estado; como base de encadenamientos entre las actividades de servicio y comercio en el ámbito regional e internacional, y como agente promotor del cuidado, apreciación y valorización del patrimonio natural y cultural.

En lo económico, el turismo continúa siendo una de las principales actividades en Baja California, la frontera norte de México es considerada como una de las más dinámicas y complejas del mundo, tanto por la intensidad como por el número de cruces que se registran en ambos sentidos.

La importancia del segmento de estadounidenses en la actividad turística de la Frontera Norte ha venido adquiriendo gradualmente un peso fundamental tanto en la participación al consumo como en la estructuración misma de las diferentes lógicas y dinámicas de integración de los productos turísticos locales y regionales. En este sentido, independientemente de la fuerza de su posicionamiento en los segmentos del consumo turístico, el turista estadounidense se ha convertido en un catalizador de nuevas inversiones y fuente primordial para la consolidación de la actividad turística en la región de la frontera norte.

El Centro de Convenciones Metropolitano de Tijuana-Playas de Rosarito, propone ser un espacio moderno y funcional que permita alojar eventos tanto a nivel regional como nacional e internacional, promoviendo el desarrollo de Tijuana y proyectando a Baja California como un gran estado.

Los alcances que se pretenden conseguir con ésta obra son

• Contar en la región con un espacio para la realización de congresos, convenciones y exposiciones de gran magnitud.

• Situar a la región como una opción competitiva para la realización de convenciones a nivel nacional.

• Generar empleos directos e indirectos.

• Ser un elemento impulsor del desarrollo urbano y económico de la zona.

• Constituirse como una base del desarrollo inmobiliario de más de mil hectáreas de su contexto

La falta de espacios adecuados para la atracción del turismo médico, que principalmente es el que visita el poblado de Los Algodones, lo que ha motivado a la a construir un espacio para promover el turismo y contar con un sitio para llevar a cabo eventos y promociones tanto a locales como extranjeros.

El turismo médico de “pájaros de la nieve” actualmente representa más de 400 mil visitantes anuales, con esta obra se estaría dotando de un lugar para llevar a cabo eventos de bienvenida, promoción, para los visitantes al mismo tiempo ofrecer un espacio para estacionar sus autos y con esto la comodidad para el regreso a los Estados Unidos, además de promover la visita de un millón de turistas al año, beneficiando al comercio de la localidad.

La playa es el principal recurso natural y atractivo que tiene la ciudad, por lo que este proyecto viene a consolidar el desarrollo sustentable de este importante patrimonio turístico de los habitantes de la ciudad.

La necesidad de construir la playa Norte en Playas de Rosarito se debe a falta de infraestructura turística afecta el nivel competitivo del municipio para la atracción de visitantes y turistas.

La regeneración urbana de Puerto Nuevo ayudara a mitigar la falta de infraestructura turística adecuada para el manejo de turismo principalmente por la gastronomía que se ofrece en el lugar.

Puerto Nuevo es uno de los tres principales atractivos turísticos del estado, generando por si solo más de 400 mil visitantes anuales, por lo que se ha emprendido desde el 2006 el proyecto de regeneración urbana con la finalidad de consolidar el desarrollo sustentable de este destino, a la fecha dicho proyecto representa un 70% de avance, donde el comercio organizado se adaptara al concepto de imagen urbana que se desea proyectar al turista en la zona.

La Ruta del Vino se encuentra considerada como uno de los productos turísticos que se deben impulsar, de acuerdo al Plan de Acción y Visión para el Turismo en la Frontera Norte de México, es por ellos la importancia de mejorar la imagen urbana de los poblados del Valle de Guadalupe para la promoción del desarrollo turístico y hacer más amigable la vista de los turistas a la Ruta.

El mejoramiento de imagen urbana de los poblados integrantes de la Ruta del Vino, es una de las recomendaciones del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada para el mejoramiento del producto turístico (elaborado por Fonatur).

Con la inversión en el mejoramiento de la imagen urbana para la ruta del vino, se lograra definir y fortalecer la imagen urbana de los poblados aprovechando los elementos naturales existentes; cuidar y reglamentar la imagen urbana en cuanto a fachadas y anuncios comerciales, etcétera; cuidar y mejorar el paisaje natural y urbano del Valle de Guadalupe.

Uno de los principales objetivos para la construcción del Museo Integral Kumiai, Histórico-Contemporáneo de Tecate, es dotar a la ciudad de infraestructura turística en la ciudad, así como la Creación de oferta turística adicional, que permita a los visitantes al municipio de Tecate, principalmente que acuden a los ranchos y balnearios con que cuenta, una oportunidad de conocer en un solo sitio de la historia, atractivos y cultura de Tecate.

Será el primer museo de la ciudad, el cual vendrá a resaltar la historia de las primeras comunidades de la zona, la participación de la comunidad indígena existente y fortalecer la identidad de los tecatenses.

La construcción de un Museo del Vino que complementa las instalaciones de la Escuela de Enología y Gastronomía de la UABC, unidad de seminarios, recinto principal de la vendimia, en donde se ofrecerán servicios de alimentos, bebidas y exposición de las actividades agrícolas típicas de la región que visitan 167 mil personas anualmente.

Esta obra permitirá posicionar al Valle de Guadalupe como destino enoturístico a nivel nacional e internacional, incrementar el flujo de visitantes que alcanza a más de 167,000 personas anualmente, asimismo, las casas vitivinícolas y comerciantes locales podrán contar con un espacio para otorgar muestras y montar eventos promocionales.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 100 millones de pesos para continuar la construcción del Centro de Convenciones Metropolitano de Tijuana-Playas De Rosarito, en el estado de Baja California.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 15 millones de pesos para la construcción de la Plaza Fundadores en Los Algodones, en el estado de Baja California.

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 10 millones de pesos para la playa norte en Playas de Rosarito, en el estado de Baja California.

Cuarto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 10 millones de pesos para la regeneración urbana de Puerto Nuevo, en el estado de Baja California.

Quinto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 10 millones de pesos para el mejoramiento de la imagen urbana para la ruta del vino, en el estado de Baja California.

Sexto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 1,523.6 millones de pesos para continuar la construcción del Museo Integral Kumiai, Histórico-Contemporáneo de Tecate, en el estado de Baja California.

Séptimo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 80 millones de pesos para la construcción del museo del vino, en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.— Diputados: Sergio Tolento Hernández, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los proyectos de inversión en materia de salud de Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos para los proyectos de inversión en materia de salud del estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Garantizar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud en la población de Baja California facilitando el acceso a los servicios de salud con humanismo, calidad, equidad y participación ciudadana, requiere además del personal capacitado y la Participación social, de nuevas unidades inmobiliarias del sector salud, con la incorporación de tecnologías modernas para hacer accesibles localmente los servicios especializados.

La reforma a la Ley General de Salud en materia de Protección Social, aprobada por el Congreso de la Unión en mayo de 2003 amplió las oportunidades estratégicas para el desarrollo y fortalecimiento de la oferta de servicios de salud.

Además de los mecanismos de la integración a un sistema aseguramiento social como el IMMSS, el ISSSTE o el Seguro Popular, se requiere la ampliación de la oferta de intervenciones personales de salud, de cambios organizacionales para asegurar la adecuada prestación y de una nueva arquitectura de los servicios de salud. La transformación de la infraestructura para la salud debe responder a la dinámica actual de nuestro país, tanto en lo político como en lo demográfico-epidemiológico.

Por ello buscamos proteger el patrimonio de la población que carece de seguridad social contra gastos en salud, mediante su incorporación voluntaria y equitativa al Sistema de Protección Social en Salud, con lo cual se busca que la población tenga acceso a servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, pero esto requiere de instalaciones sanitarias acordes a las necesidades de las demandas de la población.

Por éstos motivos, los diputados federales que suscribimos ésta proposición, buscamos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen partidas para mejorar la infraestructura, optimizar recursos e incrementar la capacidad resolutiva, con base a la aplicación de tecnologías de vanguardia son estrategias con las cuales el sector salud se viene desarrollando para hacer frente a la demanda de servicios.

Asimismo, se busca consolidar la infraestructura existente para ampliar la oferta de servicios y tener mayor capacidad en el ámbito local lo cual es una prioridad impostergable, por ello buscamos dichos recursos que serán orientados al fortalecimiento y ampliación de la infraestructura médica, y con los cuales se busca brindar atención y dar un tratamiento integral a problemas de salud que afectan a la población adulta de nuestra entidad.

Esta misma infraestructura constituye el ambiente de trabajo de cientos de hombres y mujeres que requieren de condiciones ergonómicas y recursos para desarrollar de manera efectiva y eficiente sus actividades productivas.

Los servicios médicos en el estado de Baja California, están organizados en 4 jurisdicciones sanitarias, las cuales son Mexicali, Tijuana, Ensenada y Vicente Guerrero. Estas jurisdicciones atienden a la población del estado y tienen diferentes unidades médicas, que se dividen en dos: las que atienden a la población asegurada y las que atienden a la población abierta.

En el estado de Baja California existen unidades médicas del Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali), que atienden a las personas afiliadas a sus servicios. Asimismo, existen las unidades médicas del Instituto de Servicios de Salud Pública del estado de Baja California (Isesalud), que atiende a la población abierta y a la que está afiliada al Seguro Popular.

En Abril del año 2010, ocurrió un terremoto que afectó entre otros inmuebles, el Hospital General de Mexicali, el cual tuvo que reducir sus áreas de atención. Este hospital tenía en operación 7 pisos antes del terremoto; sin embargo, en el año 2010, sólo está operando la planta baja y se han rentado dos clínicas privadas, para atender a la población.

Ante la problemática de la postergación de servicios médicos de tercer nivel, el gobierno del estado de Baja California, a través de Isesalud, ha propuesto la construcción del hospital regional de alta especialidad en la ciudad de Mexicali. Este hospital tendría 150 camas censables, 6 salas de cirugía, 35 consultorios de especialidades y área de laboratorio y servicios auxiliares de diagnóstico.

La edificación de este hospital, aumentaría la oferta de servicios médicos de tercer nivel, lo que permitiría tener atención oportuna para la población de esta jurisdicción sanitaria; asimismo, como sería el único hospital de tercer nivel en el estado de Baja California, podría atender a pacientes de las otras jurisdicciones sanitarias, o bien, a pacientes de este estado que tienen seguridad social. De esta manera, el área de influencia del proyecto, se definió como todo el estado de Baja California.

Con la construcción y equipamiento hospital Florido Morita tercera etapa, se espera llegar a una cobertura universal de los servicios de salud integrales a población abierta mayor al 74 por ciento que actualmente se cuenta, así como de contribuir a mejorar la atención brindada a los usuarios y sus familias en una zona en que habitan más de 400 mil habitantes, ya que se pretende atender localmente los padecimientos de segundo nivel, que de otra forma implicaban para su atención el traslado a otras instituciones, evitando con ello mayores gastos tanto para la familia como para la institución.

La Rehabilitación de obra exterior del hospital general de Tijuana, pretende el contar con un área que garantice la operatividad y maniobras que requiere una instalación hospitalaria que atiende a más de 600 mil habitantes de Tijuana.

Lo anterior considerando que recientemente se crearon las áreas de pediatría para atención en oncología y terapia intensiva, así como el área de terapia intensiva para adultos y la unidad de trasplantes, con lo cual se mejora la atención de alta especialidad a la población usuaria la obra exterior como patio de maniobras, accesos, estacionamiento le dará mayor funcionabilidad al Hospital en beneficio directo de la comunidad de Tijuana.

La construcción y equipamiento centro de salud Calle Octana (sustitución), en Tijuana, Baja California, se busca brindar una mejor atención médica a los derechohabientes, dicha unidad constara de 11 núcleos básicos, 2 unidades dentales completas, con su equipo médico correspondiente, con ésta obra se beneficiará con atención medica de primer nivel a personas no aseguradas, dando atención medica integral básica tales como enfermedades infecciosas, crónico degenerativas y control prenatal.

Con la construcción y equipamiento del Centro de Salud Sánchez Taboada (sustitución), en Tijuana, Baja California, se busca que la Población acceda a la rede de múltiples servicios complementarios para incrementar y hacer más eficiente la capacidad de respuesta a las necesidades de salud de la población beneficiada, por ello se propone que ésta unidad cuente con 3 núcleos básicos, 1 unidad dental completa, con su equipo médico correspondiente, Se beneficiará con atención medica de primer nivel a personas no aseguradas, dando atención medica integral básica.

La construcción de hospital de 20 camas en San Quintín, y la construcción de hospital de 20 camas en San Felipe, se busca sean unidades medicas de servicios hospitalarias y constarán cada una de un quirófano, una sala de partos, un área de expulsión, sala de recuperación, un área de urgencias adultos y pediátricas, rayos x, banco de sangre; así como núcleos de especialidad y básicos, será un hospital que cubra la necesidad de atención beneficiarios no asegurados, que pueda otorgar servicios médicos de urgencias y especialidades básicas para la población sin seguridad social.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 1,315.81 millones de pesos para la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Mexicali, en el estado de Baja California.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 25 millones de pesos para la Construcción y equipamiento hospital Florido Morita tercera etapa, en el estado de Baja California.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 20 millones de pesos para la rehabilitación de obra exterior del hospital general de Tijuana, en el estado de Baja California.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 19 millones de pesos para la construcción y equipamiento centro de salud Calle Octava (sustitución), en Tijuana, en el estado de Baja California.

Quinto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 6 millones de pesos para la construcción y equipamiento del centro de salud Sánchez Taboada (sustitución), en Tijuana, en el estado de Baja California.

Sexto. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 40 millones de pesos para la construcción de un hospital de 20 camas en San Felipe, en el estado de Baja California.

Séptimo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 40 millones de pesos para la construcción de un hospital de 20 camas en San Quintín, en el estado de Baja California.

Octavo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 85 millones de pesos para la construcción y el equipamiento complementario del Hospital del Niño y la Mujer de Tijuana, en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.— Diputados: Sergio Tolento Hernández, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir, remodelar y equipar los proyectos culturales de Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos para la construcción, remodelación y equipamiento de los distintos proyectos culturales en el estado de Baja California para el ejercicio Presupuestal 2011., al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El estímulo y fomento de la creación tanto artística como cultural así como la promoción, preservación y enriquecimiento de los bienes artísticos, culturales y patrimonios históricos con los que cuenta la Nación, son factores fundamentales por los que deben velar los gobiernos.

Las políticas públicas en materia de cultura, deben estar encaminadas a mantener un compromiso profesional que beneficie a toda la sociedad con la promoción y difusión de todo el sector cultural y artístico.

El conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a la sociedad mexicana , sus modos de vida, derechos humanos, sistema de valores, tradiciones y creencias; así como toda manifestación de la creatividad humana, energía generativa de lo humano objetivada en las artes del hacer, la invención, la expresión, cualquiera sea su modalidad, mérito o destino, en función de la diversidad, el bienestar y riqueza de la vida, del desarrollo social, del mejoramiento de la educación, el equilibrio ecológico y territorial, requieren de espacios de difusión

Los modelos de gestión cultural a partir de un principio de corresponsabilidad permiten contar con infraestructura moderna y dotada de tecnología, respetando la tradición de inmuebles de gran valor histórico, además dicha infraestructura debe estar diseñada para ofrecer una alternativa en la educación artística, que multiplicará la oferta para los ciudadanos interesados en los procesos del arte.

Con los proyectos de inversión en Baja California, se pretende estimular la creación artística y cultural con la garantía de que los creadores tengan plena libertad, garantizando que el estado promoverá, difundirá y elevará la presencia del arte y la cultura a través de dichos proyectos, a través de exposiciones, eventos culturales y cinematografía.

La construcción y equipamiento de la unidad Tijuana del Centro Estatal de las Artes de Baja California (Ceart), busca ampliar la cobertura del Ceart con el proyecto de construcción y equipamiento de la unidad Tijuana así, se obtendrá un beneficio para aproximadamente 2,500 alumnos al año en todas las disciplinas y 8,300 personas en actividades artísticas.

La construcción y equipamiento Museo El Caracol, dotará a la sociedad de Ensenada y de nuestra región, particularmente a los niños y jóvenes de “un espacio para disfrutar y crecer descubriendo”; dicha obra consiste en construir un acuario y museo de ciencias en el cual, a través de actividades recreativas, con experimentos y observaciones, se propicie en los niños y jóvenes la curiosidad y el placer de descubrir, que no es otra cosa que recrear en ellos lo que les es propio, innato.

La conclusión y equipamiento de Museo El Trompo que representa un espacio interactivo dedicado a la difusión de la ciencia y tecnología enfocado principalmente a la población infantil de la ciudad de Tijuana, en su conclusión se construirán 2 salas de exhibición, equipamiento, audiorama y el estacionamiento.

La construcción y equipamiento del museo El Ambar, consiste en la construcción de un centro interactivo, el cual en su parte medular tiene cuatro salas para uso de proyección multimedia y una sala para padres. Dicho espacio se basa en la ampliación de la base del conocimiento de la prevención en el uso de las drogas, en que su impacto es inmediato sobre la población estudiantil como mercado cautivo.

Rehabilitar un edificio histórico para la ciudad de Tijuana, como lo es el teatro Zaragoza, el cual requiere remodelación de baños, pisos, butacas, pintura, iluminación, aire acondicionado, acabados, restauración de la fachada principal, el rescate de tan importante recinto, representa un espacio idóneo para la creación, la comunicación, la expresión individual y colectiva, así como para la prestación de los servicios públicos culturales.

La construcción y equipamiento del Centro de Artes Musicales, consiste en una escuela para la enseñanza y desarrollo de alto nivel de las artes musicales la cual cuenta con salones para la teoría y practica del aprendizaje de diversos instrumentos, así la comunidad artística y en general la población que requiera desarrollar talentos musicales, lo podrá realizar en dicha sede lo que garantizará el despertar y desarrollar el potencial en dicha materia.

La plaza 11 de Julio, en Tijuana, que es una ciudad relativamente joven, pretende aumentar los escasos espacios públicos en donde se puedan realizar eventos cívicos, culturales, de recreación a gran escala y que sean identificados por los ciudadanos como un punto de referencia urbana. Es por esto que el se ha decidido construir este proyecto de gran importancia para los Baja Californianos, el cuales vengan a satisfacer la necesidad de espacios en donde se fomente valores, cultura, familia, recreación y vengan a multiplicar el sentido de pertenencia e identidad.

Para garantizar el éxito de algunas de éstas obras estas obras se creó un patronato ciudadano ajeno a los partidos políticos que promueva, mediante la organización, coordinación, difusión y la colaboración activa de organismos ciudadanos con el Gobierno del Estado, así como con instituciones  públicas y privadas, la realización de estas magnas obras.

Con la participación de la sociedad, el Patronato 11 de Julio es un grupo no gubernamental y sin fines de lucro, conformado por líderes de la región y de reconocida solvencia moral cuya participación relevante y asesoría oportuna en la ciudad contribuirá de manera significativa al buen desa-rrollo  de los dos proyectos más importantes en infraestructura de la ciudad de Tijuana: El zócalo 11 de Julio y el Bosque de la Ciudad.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 60 millones de pesos para la construcción y equipamiento de la unidad Tijuana del Ceart.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 50 millones de pesos para la construcción y equipamiento museo El Caracol, en el estado de Baja California.

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 35 millones de pesos para la Conclusión y equipamiento de museo El Trompo en el estado de Baja California.

Cuarto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 50 millones de pesos para Construcción y equipamiento  de la Segunda etapa del museo El Ámbar, en el estado de Baja California.

Quinto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 5 millones de pesos para la restauración y remodelación del teatro Zaragoza, en el estado de Baja California.

Sexto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 30 millones de pesos para la Construcción y equipamiento del Centro de Artes Musicales en el estado de Baja California.

Séptimo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 150 millones de pesos para la Construcción y equipamiento de la plaza 11 de Julio en Tijuana, Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.— Diputados: Sergio Tolento Hernández, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los proyectos de inversión en materia ambiental y de recursos naturales de Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos para los diversos proyectos de inversión en materia de medio ambiente y recursos naturales del estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Baja California enfrenta retos en todos los aspectos de la agenda ambiental, por lo que realiza diversas acciones a través de las cuales impulsa el desarrollo urbano y económico con base en la sustentabilidad; además, atiende temas relevantes que permiten una planeación a largo plazo y promueve la participación corresponsable de los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

Convertir la sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las políticas públicas es una necesidad que reclama la sociedad, ya que los modelos de desarrollo que no han tomado en cuenta al medio ambiente se manifiestan en problemas de orden mundial como el cambio climático. Baja California se ha sumado a los esfuerzos para lo cual, se han planteado diferentes proyectos de investigación y desarrollo para proponer medidas de mitigación a estos fenómenos en el estado.

Por ello y para enfrentar a esta problemática que nos ha hecho reflexionar sobre la importancia del medio que nos rodea y sobre la necesidad de un cambio de actitud y de participación de los distintos sectores de la sociedad y del gobierno, para la búsqueda de alternativas de solución a dicha problemática, de tal manera que nos permita alcanzar un desarrollo sustentable, es que se plantean los proyectos para ejecutarse en 2011.

Con una inversions de 12 millones de pesos por parte de la federacion, el estudio técnico e infraestructura para el rescate del humedal del complejo de lagunas urbanas de Mexicali, se persigue es brindar las condiciones de un microclima adecuado a los grupos humanos que habitan en el lugar, un ecosistema que contribuya al bienestar de las familias, elevar la calidad de vida de los habitantes y que sea un pulmón necesario en la ciudad.

Además de contar con el recurso de tratar las aguas bajo un sistema confiable de sanidad, brindar seguimiento comprobando y controlando los índices de contaminación, propiciar la infraestructura que debe prevalecer en la zona y llevar a cabo el mantenimiento constante, para evitar su descomposición.

El proyecto del parque ecológico de La Presa, busca asegurar la sustentabilidad de su contribución productiva a la sociedad, estableciendo un sistema efectivo para el manejo participativo y sustentable de los ecosistemas y aprovechamiento en el uso del agua, así como el fomento al deporte.

Provocar una verdadera conciencia respecto al cuidado del medio ambiente en la población de Baja California, contribuir a la creación de una cultura ambiental en la ciudadanía y Posicionar en la conciencia colectiva de la población adulta, infantil y juvenil del estado, por lo que se requieren de 5 millones de pesos para ejecutar dicho proyecto.

La construcción del vivero de ensenada consiste en hacer un invernadero en las inmediaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales de Ensenada con capacidad para producir 700,000 árboles anualmente.

Esto ayudara a promover la una cultura de cuidado y preservación de la vegetación en el estado, llevando a cabo acciones de forestación (jornadas y otros) a un costo muy por debajo del costo actual de 45 pesos por pieza de árbol comprado.

La construcción de los humedales Las Arenitas, pretende mejorar la calidad del agua del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales Las Arenitas, buscando que la descarga del efluente de la planta de tratamiento al Río Hardy no origine ninguna afectación al ser humano ni a las actividades económicas y sociales que se realizan en el río.

Al término del proyecto se tendrá un humedal artificial de tratamiento de 4.7 hectáreas en desarrollo, incluyendo vegetación emergente y lagunas. Esta área se medirá en campo mediante un levantamiento topográfico y monitoreo de las condiciones de la vegetación emergente.

Con una inversión federal de 8 millones de pesos, para llevar a cabo acciones de adaptación al cambio climático mediante forestación en arreas y espacios urbanos de la ciudad de Mexicali, se busca que sea una acción detonadora para el rescate y mejora espacial ambiental e integración urbana del antiguo cauce del río Nuevo al desarrollo urbano de la ciudad de Mexicali.

La construcción de la segunda etapa del humedal río Tecate bajo la instrumentación de neumáticos de desechos pretende crear un espacio recreativo, educativo y de convivencia para los tecatenses y el resto de los bajacalifornianos, a fin crear espacios 100 por ciento sustentables, garantizando de esta manera el cumplimiento a las encomiendas por parte de la Organización mundial de la Salud (OMS) promoviendo la sustentabilidad del medio ambiente a través de la reutilización de las aguas tratadas del municipio de Tecate, BC, brindando una mejor calidad de vida a los habitantes de la región.

Como éstos, existen 33 proyectos de inversión, los cuales buscan redoblar los esfuerzos de educación ambiental dentro de las áreas, naturales protegidas con que cuenta nuestro país, tomar las medidas necesarias para el tratamiento y control de las plagas y enfermedades que estén afectando la salud y vitalidad de las zonas boscosas, así como planificar la instrumentación de estrategias que contribuyan a la conservación y uso sustentable de los espacios geográficos que funcionan como corredores biológicos transfronterizos de Baja California.

Cabe destacar y es de suma importancia resaltar que la región de Baja California y Sonora, limítrofe con el Alto Golfo de California y la costa Pacifico de Baja California, tienen perspectiva de desarrollo económico a nivel internacional con la serie de propuestas que se vienen realizando como por ejemplo, la construcción de un puerto de altura en Colonet y el consecuente desarrollo de vialidades terrestres y derroteros marítimos, que incrementarán significativamente el desarrollo comercial, industrial y poblacional del noroeste de México.

Para ello, se requiere mayor seguridad a las inversiones y la apropiada dotación de agua y energía para la consecución de un desarrollo armónicamente sustentable. Uno de los aspectos de seguridad que se deben de considerar, es el de riesgo geológico y sísmico.

Esta región es el límite entre las placas Pacífico y Norteamérica y está sujeta a un continuo movimiento tectónico que se manifiesta esporádicamente con la ocurrencia de temblores de hasta 7.0 – 7.8 de magnitud; tal es el caso del temblor ocurrido el pasado 4 de abril de 2010 denominado en el argot científico, el Mayor Cucapah, de magnitud momento Mw=7.2.

Ello provoca la continua y permanente separación de la península de Baja California con respecto al macizo continental norteamericano y que con la construcción de un sistema integrado de sismicidad, subsidencia, suelo, medio ambiente y control de agua, en Baja California como aspecto técnico práctico, deseamos lograr la modernización del sistema de medición de la componente vertical o altura en un contexto geodinámico congruente con la tendencia internacional de la geodesia en este siglo XXI.

Así pues, en esta propuesta se incluyen 10 estaciones que se instalarán en la zona de mayor riesgo sísmico de la región, la cual está asociada a las fallas Imperial y Cerro Prieto y que afecta las poblaciones de Mexicali, BC, y San Luís Río Colorado, Sonora; 10 estaciones mas en el Delta del Río Colorado donde la subsidencia observada a raíz del sismo el Mayor Cucapah provocará cambios ecológicos que deseamos observar y documentar; y 10 estaciones más en el Alto Golfo de California, donde deseamos llevar un control del incremento del nivel de mar con objeto de contrastarlo con mediciones mareográficas tradicionales alrededor del mundo y que proporcionan 1.5 mm por año de incremento en el nivel de mar, y las recientes observaciones por satélite que proporcionan un aumento del nivel del mar del orden de 3.4 mm por año.

En un lapso de lapso de 10 años con las mediciones en el Alto Golfo de California se puede dilucidar esta enorme diferencia de 2 mm por año en la elevación del nivel del mar, ello puede convertir este sitio de observación del nivel del mar en un icono a nivel internacional.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 161.83 millones de pesos para la inversión en Proyectos de medio ambiente y recursos naturales, en el estado de Baja California.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 20 millones de pesos para la construcción del Sistema Integrado de Sismicidad, Subsidencia, Suelo, Medio Ambiente y Control de Agua, en los estados de Baja California y Sonora.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.— Diputados: Sergio Tolento Hernández, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la inversión en las zonas metropolitanas de Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos para las zonas metropolitanas Del Estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inversión en las zonas metropolitanas coadyuva a la ampliación y adecuación de la infraestructura y el equipamiento, de la cobertura de dotación de servicios públicos suficientes y con calidad, lo que permite que las ciudades guarden congruencia con instrumentos de planeación de nivel federal, estatal y municipal, impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, incentiven la consolidación urbana, permitan el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas, acrediten su beneficio económico y social, así como la evaluación de su impacto ambiental y amplíen los alcances de Impacto metropolitano.

Evidentemente, en las ciudades se requiere fortalecer el financiamiento público para ordenar las actividades productivas, fomentar la inversión privada y adecuar las infraestructuras, los equipamientos y los servicios públicos que sirven a las zonas metropolitanas.

Con la inversión del Fondo Metropolitano de 172 millones de pesos, la zona metropolitana de las ciudades de Tijuana, Tecate, y Rosarito y de 104 millones de pesos, zona metropolitana de la ciudad de Mexicali, BC, se obtendrá el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico de las ciudades de Tijuana, Playas de Rosarito Tecate y Mexicali.

Con esto se pretende:

• Fomentar la coordinación entre los diferentes actores públicos, privados y sociales a fin de crear acciones que permitan un desarrollo integral.

• El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico de la ciudad de Mexicali y su Valle, Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate

• Identificar áreas de fortaleza y oportunidad para los municipios.

• Crear instrumentos de planeación, dirección y evaluación estratégica que permita responder con oportunidad al proceso de metropolización.

• Impulsar la planeación de gran visión del municipio.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 172 millones de pesos para la zona metropolitana de las ciudades de Tijuana, Tecate y Rosarito, en el estado de Baja California.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 104 millones de pesos para la zona metropolitana de la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.— Diputados: Sergio Tolento Hernández, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y modernizar infraestructura carretera en Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Sergio Tolento Hernández, Óscar Martín Arce Paniagua, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón y Francisco Arturo Vega de Lamadrid, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo con el propósito de que se consideren recursos para la construcción y modernización de infraestructura carretera en el estado de Baja California para el ejercicio presupuestal 2011, lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inversión y el desarrollo en infraestructura carretera es fuente generadora de actividad económica para el país, los estados y municipios, además de ser un factor fundamental en la integración de los núcleos poblacionales, comerciales y turísticos de las regiones, con los centros de producción y de consumo al interior del estado y con el resto del país.

La modernización de la red carretera permite eficientar los servicios de calidad, cobertura y accesibilidad, que son factores esenciales para elevar la competitividad de las regiones ya que reduce los costos y tiempos de transporte, facilita el acceso a mercados distantes, fomenta la integración de cadenas productivas e impulsa la generación de los empleos.

Por su ubicación geográfica, Baja California mantiene ventajas de transporte regional comparado con otros estados fronterizos mexicanos, razón por la cual, se requiere que el sistema carretero estatal se modernice, conjuntamente con aquellas estrategias necesarias para prestar un mejor servicio para el transporte de uso particular, de mercancías y de los turistas. Para ello, en los últimos años se han financiado proyectos con este objetivo, como es la ampliación de la carretera a cuatro carriles, Mexicali-San Felipe y de la carretera Tijuana-Tecate, sin embargo, se requiere gestionar una mayor inversión en estos rubros, especialmente donde la actividad comercial, industrial y agrícola lo requieren.

La modernización de la Carretera Puertecitos-Laguna Chapala, con una longitud de 19 kilómetros, beneficiara a más de 150 mil habitantes, esto ya que la comunicación hacia el sur de la península se hace a través de la carretera Transpeninsular, siendo conveniente contar con un eje paralelo por la costa del golfo, que en este caso reduce en 5 horas el tiempo de traslado hacia el sur de la Entidad.

Esto permitirá proporcionar acceso directo y permanente a 20,500 habitantes y dotarlos de manera permanente a los servicios básicos de salud, educación, agua potable, electricidad, drenaje, etcétera, disminuyendo el tiempo de recorrido en un 75 por ciento, obteniendo importantes ahorros en los costos de operación vehicular, además de incrementar notablemente la seguridad de los usuarios

Con la modernización de este camino beneficiara directamente a 20,500 habitantes que habitan en la región del municipio de Ensenada, se mejorará el nivel de servicio, se generarán ahorros en los costos de operación vehicular, se disminuirá el tiempo de recorrido y se incrementará la seguridad de los usuarios, además, se generarán ahorros en el transporte de bienes y productos, coadyuvando al desarrollo económico y social de la región.

Además, se permitirá abatir de manera importante los altos costos de conservación que actualmente requiere este camino, ya que al no tener protegida la superficie de rodamiento, resulta vulnerable en la temporada de lluvias.

Modernización Maneadero-Punta Colonet, con esta obra, se prevé el aumento en las velocidades de operación de los diferentes tipos de usuarios, reduciendo los tiempos de recorrido los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos y los niveles de contaminación auditiva coadyuvando también a la baja en la degradación del medio ambiente, además de la posibilidad de hacer las operaciones más seguras para los usuarios al disminuirse la posibilidad de accidentes por maniobras de rebase, esto implica el mejoramiento del nivel de servicio para los usuarios.

Con esta modernización, se pretende dar un buen servicio al tránsito que utiliza el corredor Transpeninsular de Baja California. Lo anterior, contribuirá a impulsar las actividades comerciales, turísticas, agrícolas e industriales de la región.

El proyecto se sustenta también en el desarrollo del Puerto Colonet, como obra prioritaria en los contextos estatal y nacional, así como contribuir a la disminución de los dese-quilibrios socioeconómicos de la región al apoyar la actividad de los valles agrícolas ubicados al sur de Ensenada.

Modernización Mexicali-San Felipe, después del sismo del pasado mes de abril en la región de Mexicali, las afecciones en las vías de comunicación terrestre, lo que ocasiono cortes al transito entre la ciudad y la zona turística.

El propósito del proyecto de ampliación de la carretera Mexicali-San Felipe es proporcionar una vía acorde a la calidad mundial de los desarrollos turísticos actuales y que cumpla con las expectativas para potencializar el desarrollo turístico del corredor Mexicali-San Felipe-Puertecitos, en términos de incremento en la accesibilidad, la velocidad de viaje y la seguridad percibida por los usuarios de la carretera.

Asimismo se pretende Impulsar el crecimiento del turismo hacia los grandes desarrollos en el área de San Felipe, mejorar la accesibilidad, seguridad y confort de los usuarios provenientes de Tijuana, Tecate, Mexicali y principalmente de Estados Unidos, provenientes de los estados de California y Arizona, atraídos por los grandes desarrollos turísticos en el área de San Felipe.

Modernización Tecate-El Sauzal La puesta en operación de esta obra permitirá mejorar la movilidad de los viajeros de la carretera Tecate-El Sauzal, lo que dará una mejor conectividad entre las localidades de Tecate-Tijuana-Playas de Rosarito y el Valle de Mexicali, del estado de Baja California. Además, se tendrá la infraestructura adecuada para atender los flujos de transporte generados por el puerto de altura de Ensenada.

Este proyecto prevé aumentar las velocidades de operación y reducir los tiempos de recorrido, así como los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos, ofrecer comodidad y seguridad para los usuarios al contar con acotamientos lo que dará seguridad a los usuarios al disminuirse la posibilidad de accidentes por maniobras de rebase, mejorando los niveles de servicio.

Con ésta obra, se tendrá la infraestructura necesaria para atender a los flujos de transporte de carga relacionados con las zonas de producción vitivinícolas.

Modernización de la carretera libre Tijuana-Ensenada, Con una longitud de 30 Kilómetros, esta modernización beneficiara a más de 115 mil usuarios de la red carretera del estado de Baja California, ampliando de 4 a 6 carriles en el tramo del Kilómetro 10+000 al 22+00.

La construcción de dos puntos de verificación interna, esta obra incluye accesos, señalamientos y obras complementarias, esto permitirá garantizar al turismo mejores condiciones de vialidad y seguridad, además de transitar en cintas asfálticas de primer nivel, lo que favorece menores tiempos de recorrido.

Construcción del libramiento Ensenada, tramo Sauzal-Avenida Ruiz, con una longitud de 25 kilómetros de vialidad, esta obra beneficiará a 300,000 personas, se realizara la construcción de una vialidad de cuatro carriles de circulación (dos por sentido) del kilómetro 1+750 al kilómetro 25, desde la carretera libre Tecate- Ensenada a la salida a Ojos Negros, incluye accesos, señalamientos y obras complementarias.

Cruce fronterizo El Chaparral. Esta obra es la complementación de la Garita Internacional actual, beneficiando a 500 000 habitantes, donde se realizara la construcción de una serie de acciones compuestas por puentes y vialidades que enlazaran a la ciudad de Tijuana de Manera ágil, así como la readecuación de la Garita de Entrada a México en la zona denominada El Chaparral.

Modernización de la carretera Mexicali-Tecate, ramal rjido Jacume, con una longitud de 8 kilómetros de vialidad, esta obra beneficiando a 75,000 personas, esta obra de modernización de camino rural existente, contempla dos carriles de circulación (uno por sentido),  incluye señalamientos y obras complementarias.

Modernización de la carretera libre bulevar Camalu. Con una longitud de 3 kilómetros de vialidad,  beneficiando a 175,000 personas, estas obras de Modernización de incluyen camellón central, acotamientos, alumbrado, señalamientos y obras complementarias

Las importancia de la construcción de las carreteras alimentadoras y los caminos rurales constituye la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados, con ello representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear una mayor conexión del en el estado y de reducir los costos de transacción y transporte locales.

Con una inversión de 1,523.6 millones de pesos, para la inversión en construcción, mantenimiento, ampliación y modernización de las carreteras alimentadoras, permitirán al estado de Baja California, desarrollar actividades que por su gran dinamismo económico se constituyen en pilares fundamentales de la economía de la región. Es por ello la importancia de canalizar las inversiones públicas necesarias para posibilitar el sano desarrollo del sector en beneficio de la población en general.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este pleno los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 130 millones de pesos para la modernización de la carretera Puertecitos-Laguna Chapala, en el estado de Baja California.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 450 millones de pesos para la modernización de la carretera Maneado-Punta Colonet, en el estado de Baja California.

Tercero.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 170 millones de pesos para la modernización de la carretera Mexicali-San Felipe, en el estado de Baja California.

Cuarto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 300 millones de pesos para la modernización de la carretera Tecate-El Sauzal, en el estado de Baja California.

Quinto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 40 millones de pesos para la modernización de la carretera libre Tijuana-Ensenada, en el estado de Baja California.

Sexto.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 120 millones de pesos para la Construcción de la carretera Tijuana -Tecate entronques Bulevar 2000 y Zona Industrial de Tijuana, en el estado de Baja California.

Séptimo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 400 millones de pesos para la Construcción del libramiento Ensenada; Tramo Sauzal-Av. Ruiz, en el estado de Baja California.

Octavo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 100 millones de pesos para la construcción del cruce fronterizo El Chaparral en el estado de Baja California.

Noveno.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 30 millones de pesos para la modernización de la carretera Mexicali-Tecate, Ramal Ejido Jacume, en el estado de Baja California.

Décimo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 40 millones de pesos para la modernización de la carretera libre bulevar Camalu, en el estado de Baja California.

Undécimo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida de 1,523.6 millones de pesos para la construcción y modernización de las carreteras alimentadoras y caminos rurales en el estado de Baja California.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.— Diputados: Sergio Tolento Hernández, Alejandro Bahena Flores, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Gastón Luken Garza, César Mancillas Amador, Francisco Javier Orduño Valdez, Miguel Antonio Osuna Millán, José Luis Ovando Patrón, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la red de alcantarillado sanitario del predio Vista Hermosa, en Martínez de la Torre, Veracruz, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Alba Leonila Méndez Herrera, diputada de la  LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

• El servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario es indispensable para  un crecimiento sostenido con bienestar y  calidad de vida, por ello la  ampliación de su cobertura beneficia la salud de la población. Llevar el alcantarillado a las colonias populares  y comunidades rurales  es un compromiso ineludible del Estado, pues se trata de un derecho humano que debe garantizar la disminución de los  índices de morbilidad en la población y  una vida digna que le permita al ser humano y a la colectividad un desarrollo sustentable.

• La cabecera municipal de Martínez de la Torre  ha ido en crecimiento, sobre todo en la zona suburbana donde se asientan familias que vienen de comunidades rurales cercanas y que requieren de los servicios públicos básicos para vivir mejor. Es el caso del predio Vista Hermosa, situado en la periferia, al norte de la ciudad; consta de una superficie de 69 hectáreas divididas en 9 secciones, donde viven 2 mil 800 familias, todas de escasos recursos. Es pertinente señalar que ya cuentan con los servicios de agua potable, energía eléctrica y en algunas zonas con transporte público.

• A pesar del contexto de limitaciones económicas que prevalece en dicho predio, sus habitantes han insistido en la introducción del alcantarillado sanitario, argumentando principalmente que en época de lluvias se inundan, por lo que además del daño que sufren sus viviendas, su preocupación principal es el foco de infección que representa para ellos estas contingencias que pone en riesgo su salud.

• Su lucha por lograr su cometido ha llevado a las familias de Vista Hermosa a buscar la concreción de un proyecto de alcantarillado sanitario, cuyo costo total está calculado en 11 millones 432 mil 398.00 pesos, los que solicitan a esta soberanía se les asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación; lo que como representante del distrito de Martínez de la Torre, me he comprometido a promover. Por ser familias sumamente pobres, solicitan que el monto de la inversión sea aportado en su totalidad por el gobierno federal.

• Los servicios de agua potable y alcantarillado forman parte de los derechos  humanos reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene como finalidad liberar al ser humano de la miseria para que pueda alcanzar una vida digna y es el fin de esta propuesta: satisfacer las necesidades básicas de los habitantes de Vista Hermosa, municipio de Martínez de la Torre.

Por ello solicito a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos que asignen recursos para construir esta red de alcantarillado sanitario en la comunidad de Vista Hermosa, municipio de Martínez de la Torre.

Por lo expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar 11 millones 432 mil 398.00 pesos para la construcción de la red de alcantarillado sanitario del predio Vista Hermosa, municipio de Martínez de la Torre, Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una alberca semiolímpica en la unidad deportiva de Romita, Guanajuato, a cargo de la diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Cecilia Arévalo Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, fracción I, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo

Considerandos

En un mundo ideal, todas las regiones del país contarían con un espacio digno para la realización de diversas disciplinas deportivas. Los dirigentes deportivos siempre están en la búsqueda de inversiones para lograr el desarrollo del deporte con el que se ha asumido un compromiso. Esta inversión se ve limitada por factores económicos, legales, éticos entre otros.

El ingreso proveniente de la federación, es limitado, porque el presupuesto y fondos que destina el estado para el desa-rrollo del deporte no son suficientes para las necesidades y demandas deportivas que presenta nuestro país.

Estoy clara de que el deporte no es un fin en sí, sino que es un medio para contribuir a la formación integral de los individuos y que eso abone a tener sociedades más sanas y productivas, alejadas también de la delincuencia y las adicciones.

México, tiene talento y la gestión que ha desempeñado el presidente Felipe Calderón Hinojosa en estos años de su administración, se ha venido desarrollando un trabajo de nivel y compromiso con los jóvenes de nuestro país; se están cosechando resultados positivos en el ámbito deportivo.

Pero mi interés como legisladora no es sencillamente obtener resultados deportivos, mi interés es contribuir a la formación de la juventud de forma integral y transversal en nuestro país, abrirles espacios deportivos que les permitan generar alternativas para mejorar su calidad, es una de las aristas en las que tenemos que trabajar; es hacer de la actividad física un modelo de vida para la ciudadanía que la gente tienda a ejercitarse. Esto va a contribuir a la salud de la sociedad de forma general y transversal, que se verá reflejada en los tres niveles de gobierno.

El proyecto de concluir una alberca semiolímpica en el municipio de Romita en el estado de Guanajuato, responde de forma significativa a las necesidades no sólo en materia de espacios deportivos sino también a la recreación de la población en general, principalmente de los jóvenes donde además, se les brinda la oportunidad de interactuar con otras personas así como una alternativa para una mejor forma de vida. Este proyecto fortalece la identidad y orgullo de los ciudadanos del municipio de Romita, respecto a su espacio público deportivo.

Con la rehabilitación de dicha infraestructura se fomenta el deporte y la propia integración de los diferentes grupos sociales, mediante instalaciones públicas de excelente calidad, de tal modo que con el proyecto se logre beneficiar a más de cincuenta mil ciento treinta y dos habitantes por año.

Por ello, considero la necesidad de recrear actividad física y deportiva que de algún modo detona y amplia la oportunidad de desarrollo para la infancia y juventud del municipio de Silao. De esta forma también respondemos a la demanda de los habitantes de ese municipio como representantes del pueblo; se pueden enumerar un sin fin de argumentos para apoyar este proyecto, podemos mencionar que los beneficios más significativos del proyecto en comento son que contribuye a un fin integral de acuerdo a las expectativas actuales de ese municipio, renueva y mejora significativamente un espacio público deportivo ya existente, genera empleos, comercios y mejor forma de vida para los vecinos del municipio el cual, cuenta con ciento cincuenta mil trescientos cuarenta habitantes. El proyecto es integral, significa un trabajo con los padres de familia, con los maestros, con los directores de escuela, con toda la comunidad.

Debe ser prioridad de la sociedad y los gobiernos desarrollar el deporte porque esto significa desarrollar la cultura, valores y educación, y la inversión tiene como principal destino el recurso humano, elemento fundamental del desa-rrollo de nuestra sociedad.

Espero que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputado se sume a este proyecto de infraestructura deportiva que se desea concluir y poner en camino el municipio de Silao, creo que esto es importante para generar un modelo de vida más sano, además de que redundará en un mediano plazo en la economía del país, en el tema de salud, y además en una sociedad más sana física y culturalmente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2011, sea considerado el presupuesto suficiente para la construcción de una alberca semiolímpica para la unidad deportiva municipal en el municipio de Romita en el estado de Guanajuato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para pavimentación en Río Bravo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se considere para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la suficiente asignación de recursos para la pavimentación asfáltica en diversas localidades del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Ante ello, resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorgue el país para crear negocios y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a ésta.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad productiva a fin de crear una mayor conexión del territorio nacional y de reducir los costos de transacción y transporte nacionales.

Tanto el sector público como el sector privado juegan un papel importante en la creación de infraestructura básica, pues ante la falta de recursos disponibles del gobierno se deben buscar alternativas para lograr la colaboración del sector privado de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo de obras y servicios públicos.

Una de las características más relevantes de la red carretera nacional es la centralización de su ubicación, pues una elevada proporción de sus carreteras en mejores condiciones y mayor capacidad de transporte confluyen hacia el centro del país, región que a su vez concentra un gran porcentaje de las actividades económicas. No obstante, hay regiones cuyo mercado de producción y de consumo necesita de una mayor conexión para poder impulsar sus actividades, como lo son las zonas con potencial turístico.

La inversión en infraestructura resulta pues indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión de infraestructura básica y de servicios conexos modernizados toma mayor importancia en una economía con actividades orientadas al comercio exterior, pues permite reducir costos de transporte y de transacción.

Además, la inversión en infraestructura estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo.

Este es precisamente el caso del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, situado al norte del estado. Su ubicación geográfica representa una alta importancia para el estado fronterizo, ya que comunica a los municipios de Reynosa y Matamoros, dada su colindancia y es vía de paso para los transportes terrestres que se dirigen hacia la frontera con Estados Unidos de América.

El municipio de Río Bravo ofrece una comunicación vía terrestre con transportes colectivos con alta incidencia de accidentes, ya que las vialidades se caracterizan por su innumerable cantidad de baches y topes, que se han ido incrementando por la presencia de lluvias y del paso de transportes pesados.

La pavimentación, reencarpetamiento y bacheo de calles y avenidas, permitirá garantizar a la población en general, la existencia de calles y avenidas por las que se transite fácilmente para dirigirse a centros de trabajo, educativos, comerciales, deportivos o los de otros prestadores de bienes y servicios.

En este sentido, se tiene conocimiento que el ayuntamiento del citado municipio cuenta actualmente con un proyecto ejecutivo que tiene por objeto la pavimentación de diversas localidades del municipio, lo que brindaría atención y un enorme beneficio no sólo a los habitantes de aquella región sino que también fomentaría el desarrollo económico de la entidad y del país, al satisfacer las condiciones básicas necesarias para las actividades productivas a través de una adecuada transportación de personas y mercancías.

Dicho proyecto ejecutivo considera la pavimentación asfáltica de avenidas con un costo aproximado de 72 millones 929 mil 452.00 pesos, motivo por el cual es que se estima que el costo sería relativamente menor al beneficio que brindaría en aquella región del país, considerando los elevados índices de transporte de mercancías y personas que se llevan en el citado municipio.

Es en esta tesitura y tomando en cuenta que parte de los objetivos de la presente administración se encuentra el de asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo de la red carretera nacional, a fin de lograr una mayor conexión del país, que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía, es que considero que el Poder Legislativo tienen que hacer su parte en lo que hace a la asignación de recursos suficientes que permitan el desarrollo de nuestra red carretera con el objeto de estimular la competitividad de nuestro país y elevar con ello, la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación al Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere la suficiente asignación de recursos para la pavimentación de diversas localidades del municipio de Río Bravo, estado de Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir terracería a unidades de producción de Tenabo, Campeche, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Yolanda del Carmen Montalvo López, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el ejercicio presupuestal de 2011 se consideren recursos suficientes para construir 3 kilómetros de terracería a unidades de producción de la comunidad de Emiliano Zapata y otros 6 a unidades de producción, en Tenabo, Campeche.

Consideraciones

1. Que la transitabilidad permanente de las vías de acceso a las explotaciones agropecuarias productivas es una necesidad inexpugnable para cualquier comunidad o municipio que vive de estas actividades económicas, ya que sólo mediante obras de mejorado y afirmado de la superficie de rodamiento de éstas puede asegurarse el incremento sostenido de la producción agrícola, tanto en cantidad como en calidad, en zonas del territorio provincial con potencialidad productiva postergada.

2. Que a través del establecimiento de efectivos mecanismos institucionales para asegurar la construcción, operación y mantenimiento de las obras de afirmado de caminos de tierra.- Materialización de las obras de estabilización de los suelos en los 3 y 6 kilómetros que forman los tramos objeto de ambos proyectos.- Incorporación de mejoras en la actividad productiva de explotación agropecuaria por lograr independencia de las condiciones climáticas para algunas de las operaciones vinculadas a la producción.

3. Que el área de influencia del proyecto propuesto en el presente acuerdo comprende caminos de producción en Tenabo, municipio que cuenta con aproximadamente 30 productores vinculados a actividades de agricultura, ganadería y de avicultura, según la zona agroeconómica en que se encuentran.

4. Que ambos proyectos pretenden volver transitables 9 kilómetros de caminos de tierra mediante el terraceado para insensibilizarlos a la acción del agua de lluvia, permitiendo su transitabilidad en forma permanente a las unidades de producción. Para lograrlo, se proyecta construir un camino de terracería con una corona de 4 metros.

5. Que el problema de la intransitabilidad de caminos es grave en Tenabo, pues la imposibilidad de comunicación entre los pobladores rurales y los consumidores de sus productos, tanto plantas de procesamiento como agroindustrias, mercados locales, etcétera, ha generado pérdidas para todos los sectores productivos, originando demandas permanentes ante autoridades comunales y provinciales, lo cual pretende solucionarse parcialmente con la ejecución del presente proyecto.

6. Que con las obras propuestas se pretende dar regularidad al transporte de productos desde las unidades de producción hasta las industrias, eliminando de esa forma un motivo de desaliento para los productores por la pérdida de valor del producido debido a la disminución de calidad; asimismo, se impediría la expulsión del circuito productivo de muchos productores avícolas que no cumplen el requisito impuesto por las plantas industriales de poseer acceso permanente. Al mismo tiempo, se promoverá el ingreso a la actividad de muchos otros productores.

7. Que, por otra parte, para hacer más efectivo el uso de esta obra, los usuarios de las trazas serán capacitados en las normas de su uso, mediante la realización de reuniones explicativas de dos meses. Posteriormente se entregarán folletos, a la vez que se instalarán carteles metálicos de advertencia, en lugares estratégicos elegidos para tal fin. Finalmente, la obra tendrá las siguientes etapas: a) construcción de obras viales de estabilización. b) difusión y fiscalización de normas de uso (capacitación de los beneficiarios, difusión de normas de uso del camino, señalización de éstos y otros)

8. Que la imposibilidad de comunicación entre los pobladores rurales y el mercado de sus productos, ya sea plantas de procesamiento, agroindustrias o mercados locales, ha generado pérdidas para todos los sectores productivos, originando demandas permanentes ante autoridades comunales y provinciales.

9. Que con la ejecución de estas obras se espera tener los siguientes resultados en las unidades de producción: a) aumento de la producción física en actividades tradicionales; b) reducción de costos de producción por ajustes en los costos de comercialización (fletes, secado) y en la escala de la planta, por efecto de disminución de los riesgos de producción derivados de la inseguridad de cosecha en tiempo y forma, o de extracción y venta del producto; c) mejora de los ingresos brutos por doble efecto de venta de mayor volumen, que posibilita mejor posicionamiento negociador y de productos de mayor calidad (leche y granos); d) mejora en el ingreso neto, de la que podrá surgir un excedente económico que genere capacidad de adquisición de crédito para inversiones necesarias; y e) afianzamiento de las familias en el medio rural, con lo cual se busca revertir la tendencia gradual de empobrecimiento de los núcleos familiares vinculados a las pequeñas y medianas unidades de producción.

10. Finalmente, se consideran beneficiarios directos del proyecto los 70 productores agrícolas que, a su vez, representan alrededor de 300 habitantes del municipio y comunidades aledañas, situados sobre la traza de los caminos a mejorar y los que poseen sus explotaciones en el área de influencia o sea hasta 1.000 metros de distancia de éstas. Dichos productores tendrán una reducción en las pérdidas de calidad de sus productos y el consiguiente aumento de rentabilidad y de ingresos.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados a considerar recursos suficientes en el ejercicio presupuestal de 2011 para construir 3 kilómetros de terracería a unidades de producción de la comunidad de Emiliano Zapata y de otros 6 a unidades de producción, en Tenabo, Campeche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de inversión en infraestructura para la ampliación y el mejoramiento del puerto de Isla del Carmen, Campeche, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

José Ignacio Seara Sierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Marina de la Cámara de Diputados a destinar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos a proyectos de inversión en infraestructura para ampliar y mejorar el puerto de Isla del Carmen, Campeche, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El puerto de Isla del Carmen, Campeche, se halla a la entrada de la Laguna de Términos, entre el estero de la Caleta y el Golfo de México, el cual se forma por un canal de acceso y tres dársenas, alrededor de las que se tienen 17 bandas de atraque.

La actividad portuaria se desarrolla con 113 unidades para el servicio de carga y descarga, donde descuellan las terminales especializadas de Petróleos Mexicanos, que casi en su totalidad realizan actividades de cabotaje, abastecimiento, importación de insumos catalogados como carga general suelta, tubería, estructuras metálicas, botes, cuerdas, etcétera.

La situación por la que atraviesa el puerto de Isla del Carmen hace necesaria una reactivación económica que repercuta en la comunidad, proyectando opciones para la generación de empleo y, a su vez, una derrama económica mediante el fortalecimiento portuario, pues no basta que se considere el puerto como el número uno por la cantidad de movimientos registrados debido a la industria petrolera, sino que se requiere que sea el motor de desarrollo social para el municipio y del mismo Campeche, que no dependa de la actividad petrolera.

Es necesario diversificar las actividades económicas del puerto. Debemos impulsar actividades diferentes de la petrolera, ya que ésta tiende a desaparecer una vez que las plataformas ahí asentadas terminen con el insumo. Por tanto, es necesario invertir en infraestructura para ampliar y mejorar el puerto, en busca de actividades tendentes a la industria turística.

Esta importancia de incorporar la nueva infraestructura radica en la ampliación del puerto carmelita con la reconversión de los muelles, el dragado y el mantenimiento integral, entre otras mejoras, como ha solicitado el Comité de Operaciones del Puerto: 120 millones de pesos para tal fin, pues el gobierno federal ha realizado diversas obras que si no las fortalecemos con un presupuesto viable, podían quedar inconclusas, y son de gran importancia para el puerto.

Así las cosas, los diputados del Partido Acción Nacional tenemos el compromiso social de proponer e impulsar todo proyecto que permita la subsidiariedad y desarrollo en favor de un mejor México.

Por tanto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Marina de la Cámara de Diputados a destinar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos a proyectos de inversión en infraestructura para ampliar y mejorar el puerto de Isla del Carmen, Campeche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la Secretaría de Marina-Armada de México, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN

José Ignacio Seara Sierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta amablemente al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se destinen más recursos a la Secretaría de Marina Armada de México para que se fortalezcan los buenos resultados obtenidos de su función al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad nacional es una obligación de nuestro gobierno federal que se ha legitimado a través de las fuerzas armadas por lo que se realizan incansables operativos de protección del territorio nacional orientados a vigilar las fronteras y el espacio aéreo, mares nacionales e instalaciones estratégicas para hacer frente a la delincuencia organizada y al mismo tiempo, auxilian a la población ante la presencia de desastres naturales como se ha comprobado en el presente año.

Nuestro presidente de la República se ha esforzado por robustecer tanto al Ejército como a la Marina Armada de México en el combate a la delincuencia desde que inició el sexenio dentro de la ofensiva gubernamental contra el crimen organizado ya que las fuerzas federales libran una batalla no sólo contra los cárteles de la droga, sino también contra el robo, la extorsión, el secuestro y el acoso de la delincuencia a la sociedad.

La Secretaría de Marina tenazmente ha otorgado apoyo inmediato a la población en casos de desastre por fenómenos meteorológicos, manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, para la ejecución oportuna del “Plan DNIII”, así como ha fortalecido sus capacidades de actualización, adiestramiento de las fuerzas armadas, la modernización de su equipamiento que han dado frutos en sus resultados y eficiencia que nos obliga a los legisladores en proveerlos de más recursos.

Por tanto, la seguridad nacional del país y el combate a la delincuencia organizada trasnacional requiere nuestra sensibilidad para el Presupuesto de Egresos de 2011, debemos convencernos de que el problema que vivimos de seguridad y defensa no sólo es un asunto del gobierno y de las fuerzas armadas también es de la sociedad y de los representantes sociales por lo que en Acción Nacional tenemos el compromiso y la confianza de que la Marina Armada de México tienen un solo propósito, el de dedicarse única y exclusivamente a proteger la soberanía nacional y combatir a los enemigos de la nación, por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un amable exhorto al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se destinen más recursos a la Secretaría de Marina Armada de México para que se fortalezcan los buenos resultados obtenidos de su función.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren al menos recursos similares a los asignados en 2010 para los programas de desarrollo social sujetos a reglas de operación del ramo 20, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Enrique Torres Delgado, diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, la proposición con punto de acuerdo a fin de que se considere para el Ejercicio Fiscal de 2011, al menos un presupuesto similar en términos reales al presupuestado asignado en 2010 para los programas sujetos a reglas de operación del ramo 20, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La actual política de desarrollo social del Gobierno Federal tiene como principal objetivo promover la igualdad de oportunidades entre los mexicanos para reducir la brecha entre quienes más tienen y quienes más necesitan.

La política de desarrollo social del presidente Calderón se ha sustentado en una serie de programas exitosos que han tenido como objetivos fundamentales la formación de capital humano; atención a grupos vulnerables que no habían sido incorporados a los beneficios de las políticas públicas; disminución de las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial y la dotación de infraestructura básica que permita integrar a las regiones rurales marginadas a los procesos de desarrollo y detonar sus potencialidades productivas; lo cual redunda en la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades para hacerlas más seguras y habitables.

Contamos con programas como Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentario para dotar de capacidades básicas a la población con el fin de que puedan que otorga suplementos de alimentación, atención médica gratuita, becas para los niños y una transferencia monetaria. Buscando con ello que las personas cuenten con un techo nivel mínimo de capital humano, para que con su propio esfuerzo obtengan un buen trabajo, alejándonos de las prácticas paternalistas o populistas.

También existen programas como Hábitat, el programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y el programa de Rescate de Espacios Públicos para llevar a cabo las obras y acciones que permiten el mejoramiento o rehabilitación de: sistemas para la provisión de agua potable, obras de saneamiento, incluyendo alcantarillado, drenaje, colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios o similares, redes o sistemas de energía eléctrica, infraestructura educativa, centros de salud o similares, infraestructura productiva comunitaria, sistemas de comunicación y centros comunitarios digitales y otros espacios para el desarrollo comunitario.

Asimismo, para crear puentes desde la política social con el desarrollo económico, los programas de la Sedesol tales como el programa de Empleo Temporal, Opciones Productivas y el programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, buscan ampliar las oportunidades de ingreso, impulsar las capacidades productivas de la población a través de microcréditos y acompañamiento empresarial, que redunden en proyectos económicamente viables; propiciar una mayor integración de las madres de familia al mercado laboral; e impulsar obras de infraestructura en las regiones más rezagadas del país para romper su aislamiento, promover su integración a los mercados locales y permitirles aprovechar su capital natural.

Ciertamente, es necesaria una revisión a fondo de los 20 programas sujetos a operación de la Sedesol, pero también es justo reconocer que varios de estos programas han recibido evaluaciones positivas por parte del CONEVAL e incluso de organismos internacionales debido a los buenos resultados que han arrojado en cuanto a los objetivos que persiguen cada uno de ellos. Lo anterior resulta relevante ya que en la actualidad nos encontramos en una situación difícil. La economía mundial vive la mayor contracción de la actividad económica producción, empleo, consumo y comercio de las últimas décadas. El bienestar de la población se ha visto afectado por la falta de dinamismo en el crecimiento económico, que ha implicado una disminución considerable de los ingresos tributarios, limitando las posibilidades de crear satisfactores básicos para la mayoría de la población y de avanzar en la reducción de la pobreza.

Compañeros legisladores, es necesario que en esta Cámara de Diputados, lleguemos a los acuerdos a que haya lugar para aumentar el presupuesto de los programas de combate a la pobreza para el Ejercicio Fiscal de 2011. Cabe mencionar que el aumento de la pobreza en nuestro país como resultado de la crisis económica mundial, y de la inflación internacional en el precio de los alimentos se estima en casi 10 millones, cifra que hace impensable e inconcebible una reducción en los recursos destinados al desarrollo social.

De acuerdo con cifras del proyecto de Presupuesto deEgresos de la Federación para 2011, el programa de Apoyo Alimentario muestra una reducción en términos reales del 20.8 por ciento; el programa de Abasto Social de Leche de Liconsa viene con un presupuesto reducido en un 22.2 por ciento; el programa de Empleo Temporal en 9.6 por ciento, el programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias en 12.5 por ciento.Contraviniendo lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social, que a la letra dice:

“Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

En este contexto, los legisladores de Acción Nacional proponemos que los programas de desarrollo social sujetos a reglas de operación, particularmente los antes mencionados tengan recursos autorizados para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 que sea al menos similar en términos reales al presupuestado para 2010. De tal modo que, para el programa de Abasto Social de Leche de Liconsa le corresponde un incremento de 54.8 millones de pesos, al programa de Empleo Temporal de 33.7 millones de pesos, al programa de Apoyo Alimentario de 204.4 millones de pesos, al programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias de 283.4 millones de pesos y para el programa Oportunidades de 289.7 millones de pesos.

Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sabemos de nuestra responsabilidad de tomar las decisiones necesarias para salvaguardar a las familias más pobres del país, que se encuentran en una situación de desventaja y vulnerabilidad social. Consideramos que el paquete económico enviado por el Ejecutivo federal es adecuado para la situación que enfrenta el país, pero debemos imprimirle un mayor espíritu social para beneficiar a aquellos que menos tienen, con el fortalecimiento de programas sociales que benefician a amplios sectores de la población.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social de la honorable Cámara de Diputados, a fin de que se considere para el Ejercicio Fiscal de 2011 al menos un presupuesto similar en términos reales al del presupuestado asignado en 2010 para los programas sujetos a reglas de operación del ramo 20, particularmente para los programas de Abasto Social de Leche de Liconsa, de Empleo Temporal, de Apoyo Alimentario, para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y para el de Desarrollo Humano Oportunidades.

Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos que se destinen a la debida aplicación de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, suscrita por los diputados Óscar Martín Arce Paniagua y Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben la presente, diputados Óscar Martín Arce Paniagua y Norma Leticia Salazar Vázquez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante este pleno, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Seguridad Pública para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se consideren recursos para la debida aplicación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Consideraciones

México vive una sensible crisis de inseguridad encabezada por las grandes bandas criminales quienes se han atrevido a lucrar con la libertad del pueblo de México, poniendo en riesgo uno de los más grandes derechos del hombre.

Vivimos tiempos en los que si queremos acabar con el terror y la sangre derramada por los grupos dedicados al secuestro, debemos asumir la responsabilidad reproducir las herramientas que sean útiles y eficaces y que permitan erradicar a un flagelo compuesto por individuos bien organizados para cometer estos actos que, de forma deleznable, han coartado la libertad de los mexicanos con base en los comisión de actos degradantes, indignantes y hasta sanguinarios, con plena ausencia de respeto por la vida y la dignidad humana.

El secuestro representa una gravísima violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad, integridad y tranquilidad de las familias, ya que no sólo afecta a la persona que se encuentra en cautiverio; las madres, los padres, los hermanos, la esposa o los hijos se convierten en víctimas también al sufrir un impacto emocional traumático que se expande a la actividad laboral y otros ámbitos de la vida. El correr de las horas y el timbrar del teléfono se convierten en los peores enemigos; sin embargo, se mantiene la esperanza de que la siguiente llamada sea el final de un infierno.

Los secuestradores no se detienen en esa actividad, son capaces de engendrar otras actividades delictivas como el tráfico de menores que también pone en riesgo la estabilidad social.

Las inclemencias provocadas por aquellos que, a través de la extrema violencia, se han profesionalizado en dañar los cimientos de una sociedad con valores bien arraigados como es la mexicana, nos convoca a todos los ámbitos de gobierno a formar un frente común para lograr el abatimiento de esas bandas.

En Acción Nacional, reconocemos la labor del Ejecutivo federal de quien destacamos que hasta diciembre de 2009 se contó con el establecimiento de 32 Unidades Especializadas en el Combate al Delito de Secuestro (UECS), dependientes de las procuradurías generales de justicia estatales, una por cada entidad de la república y se cumplió de manera integral la capacitación base y especialización de los 331 servidores públicos adscritos a las UECS.

Asimismo, el gobierno federal ha colaborado y respaldado a las autoridades locales para ponerle un freno total al flagelo ocasionado por el secuestro. Así, en el periodo de diciembre de 2006 al 19 de agosto de 2010, se han detenido 2,990 secuestradores, se han desarticulado 564 bandas dedicadas al secuestro y liberado 3,746 victimas.

En el Congreso de la Unión también nos hemos sumado a esta lucha trabajando para lograr erigir un marco jurídico que sea un arma letal que cimbre a las organizaciones delictivas especializadas en el secuestro. Por ello, aquí en este mismo recinto legislativo, en un alarde de voluntad política, patriotismo y preocupación por el pueblo de México el 7 de octubre de este año aprobamos la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Con la aprobación de dicho ordenamiento legal, se atenderá la defensa social de los derechos fundamentales de cada mexicano fortaleciendo, la respuesta y reacción pública que el estado asuma para enfrentar el delito de secuestro; se establecen tipos penales y sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre la federación, el D F, estados y municipios; se impulsará y estimulará la participación de seguridad que permitan a jueces o magistrados sancionar hechos delictivos cuando se trate de deshonestidad y desvío doloso de la conducta de servidores públicos.

Otro aspecto importante que se contempla en esta ley es lo referente a los apoyos a las víctimas y testigos de cargo, a la restitución inmediata de derechos y reparación, así como la valiosa creación de fondo de apoyo para las víctimas u ofendidos. El objetivo principal es dotar a las autoridades de recursos para apoyar a las víctimas, así como incentivar la denuncia.

Compañeros legisladores, la aprobación de la ley antisecuestro es un arma invaluable en la lucha en contra de esa conducta bestial cuyo efecto expansivo de afectación es indescriptible, dejando huellas de dolor y odio que marcan para siempre a las víctimas, daños irreversibles tanto en lo psicológico como en lo patrimonial.

No obstante, debemos seguir en pie de lucha, otorgando aquellos complementos del nuevo marco jurídico que permitan su debida implementación, así como su eficacia. Por eso, resulta imperioso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen todos los recursos que sean necesarios para dar vida a las bondades que la ley antisecuestro brinda.

Debemos destinar recursos para capacitación, para el apoyo a las víctimas del delito que permita dar la atención médica, psicológica y el apoyo económico con sumas de dinero, apoyos fiscales. Además es imperioso integrar el fondo de apoyo a víctimas del delito. Asimismo se deben considerar las cantidades que van a ser destinadas a las entidades federativas y los municipios para que sus distintos órganos lleven a cabo su trabajo de manera efectiva, eficiente, profesional y especializada.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Seguridad Pública para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos para la debida aplicación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para reestructurar el sistema penitenciario, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 21 constitucionales, suscrita por los diputados Óscar Martín Arce Paniagua y Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben la presente, diputados Óscar Martin Arce Paniagua y Bonifacio Herrera Rivera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante este pleno, una proposición con punto de acuerdo por que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Seguridad Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos para reestructurar el sistema penitenciario conforme a lo establecido por los artículo 18 y 21 de la Constitución.

Consideraciones

Compañeras y compañeros legisladores, tal y cómo lo señala el importante jurista Jürgen Habermas, el derecho positivo genera expectativas que pueden ser defraudadas al ser confrontadas con la realidad.

En ese sentido con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, publicada el pasado 18 de junio de 2008, se modifico el artículo 18 constitucional a efecto de reestructurar el sistema penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, por su parte, en el artículo 21 se estableció la innovadora figura del juez de ejecución de sentencias.

Tal disposición tiene propósito y, a su vez, genera la expectativa de poner fin a un sistema penitenciario que México ha arrastrado por décadas y cuyas principales características son la saturación de los penales, con mezcla de población procesada y sentenciada y la falta de coordinación para la aplicación de un programa de prevención y reinserción social de observancia genera para todas las entidades federativas.

Asimismo, se caracteriza porque la mayoría de los centros penitenciarios del país muestran un deterioro y carencias importantes en lo que se refiere al acondicionamiento de sus espacios, al estado de las instalaciones y el mobiliario, así como a la disponibilidad y el acceso universal por parte de los internos a bienes y servicios básicos.

Se suman a lo anterior, el abuso de poder, la corrupción administrativa y la desvinculación con los otros sectores del sistema de justicia penal que impiden cualquier posibilidad de reinserción. Así pues, se trata de una situación de permanente vulneración a los derechos humanos.

Por otra parte, los familiares de los internos son quienes con sus propios recursos sostienen una parte importante de los costos de reclusión del interno, dado que los abastecen de bienes y servicios básicos que la institución no les proporciona o lo hace de manera insuficiente.

Por lo mismo, las cárceles son lugares que propician la existencia de un gobierno paralelo al orden institucional ya que éstas no se encuentran en condiciones de cumplir con los preceptos legales, así como con la doctrina de la reinserción social mediante el trabajo, la educación y la capacitación para el trabajo.

Además, existe el problema de que en México no se logra la reinserción social, propiciando la profesionalización del delincuente, así como la gestación de delitos que han sembrado el terror entre el pueblo de México como el narcotráfico, secuestro, extorsión, todos de autoría intelectual desde las entrañas de cada centro de reclusión.

Señoras y señores legisladores, los problemas son inevitables, lo que cuenta es cómo respondemos a ellos.  Por eso resulta imperioso dotar a los centros carcelarios de un marco jurídico idóneo que garantice por un lado el respeto a los principios de la legalidad y la efectiva reinserción social de aquellos que han cumplido una condena.

El que se guarda un elogio, se queda con algo ajeno. Por eso hay que reconocer que ante este problema de gran magnitud, la Secretaría de Seguridad Pública ha estructurado e implantado la Estrategia Penitenciaria 2008-2012 cuyo fin es el de evolucionar hacia y a un nuevo sistema penitenciario centrado en la reinserción social, en el cual el trabajo es la arteria de los demás elementos: capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte.

Recordemos que la seguridad pública es un valor fundamental, garantizado por nuestra ley suprema. Debemos promover la prevención del delito, así como la reinserción de aquellos que ya han cometido un delito.  Las acciones se están concretando,. Razón por la que es de suma importancia acompañar al Ejecutivo federal en tales acciones, asignando a la Secretaría de Seguridad  Pública mayores recursos para su aplicación en el sistema penitenciario. Con ello, sin duda, estaremos haciendo frente a la delincuencia común y a la delincuencia organizada que tanto mal y daño han generado entre nuestra población.

Por lo anterior, el objetivo de presentar este punto de acuerdo es el que de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren mayores recursos destinados al Sistema Penitenciario, tal situación permitir5ía fortalecer la infraestructura con la ampliación de la capacidad de cada reclusorio o la rehabilitación del Complejo Penitenciario Islas Marías; asimismo, coadyuvaríamos a la debida construcción de nuevos centros de reclusión que permitirían una adecuada distribución de los reos federales.

Si tomamos en cuenta lo anterior, lograremos que lo prescrito por la ley se convierta en una realidad congruente con las expectativas generadas por la reforma constitucional de 2008, fortaleciendo la seguridad pública través de la prevención del delito y la efectiva reinserción  social en un plano de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la de Seguridad Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se consideren recursos para reestructurar el sistema penitenciario conforme a lo establecido por los artículos 18 y 21 de la Constitución

Notas:

1 Habermas, Jürgen, Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 2008, página 84.

2 Pablo Picasso

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para implantar el sistema de justicia penal acusatorio, conforme a lo establecido en el artículo 18 constitucional, suscrita por los diputados Óscar Martín Arce Paniagua y Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben la presente, diputados Óscar Martín Arce Paniagua y Sonia Mendoza Díaz, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante este pleno una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Justicia para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011, se consideren recursos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, establecido en la Constitución mediante la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de seguridad y justicia.

Consideraciones

Por décadas México ha lucha por emerger como un país plenamente democrático, en donde la eficacia y el respeto por los derechos humanos se constituyan en una síntesis que le den contenido material a una prevención del delito limitada.

Ello conforma una meta largamente anhelada por la ciudadanía de justicia y seguridad, a los que el pueblo de México se acerca con cada paso.

Recordar el pasado es importante para no repetir aquellos errores que hoy lastiman a nuestra sociedad; así pues, no olvidemos que nuestro proceso penal se ha distinguido por la figura de un juez cegado por las barreras de su oficina y que delega sus funciones en un secretario de acuerdos u otros funcionarios del tribunal, quienes presiden los debates y las diligencias; de esa manera el proceso se convierte en una serie de encuentros entre los secretarios y los abogados, Ministerio Público, los testigos y el probable responsable.

Por lo mismo, la escritura prevalece dentro del proceso penal como método de construcción de la verdad que sirve para condenar a una persona. En virtud de ello, lo que no está escrito, simplemente, no existe dentro del mundo de la verdad jurídica quedando excluido todo aquello que permite al juez conocer todos los elementos que le son de utilidad para decidir sobre el asunto en cuestión.

Aunado a lo anterior, nuestro sistema de justicia da cabida a que el juez delegue la función de redactar sentencias y otras resoluciones a los demás funcionarios del juzgado, por lo tanto se elaboran a través de filtros que pueden desvirtuar los hechos, las pruebas, declaraciones y en general todo lo asentado ene l expediente, lo cual es interpretado previamente por el Ministerio Publico derivando en la anticipación del resultado final del proceso.

Tampoco debemos olvidar que en México la justicia es excesivamente lenta y que por ello, al final, no satisface a ninguno de los sujetos que por desgracia tienen que enfrentar un juicio de carácter penal.

Señoras y señores legisladores, la democracia sólo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Por eso el Estado mexicano ha trabajado incesantemente para consolidar un cambio radical en el d penal mexicano, cuyo objetivo principal es el de enaltecer los derechos humanos ante los actos de gobierno que pueden vulnerarlos. Poe se motivo, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad y justicia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de junio de 2008 en un gran salto para lograr la gloriosa transformación de la justicia penal en México.

Con el cumplimiento de dicha meta, se reformó el primer párrafo del artículo 20. De esa forma se estableció que el proceso penal será acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Asimismo, en su apartado B se impone un catálogo de derechos para todos los sujetos imputados.

Sumado a lo anterior, el apartado C del citado artículo otorga una serie de derechos a la víctima y ofendido, tales como: recibir asesoría jurídica, a coadyuvar con el Ministerio Público, así como el derecho a recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia y la reparación del daño.

Compañeras y compañeros, la reforma constitucional del 2008 es, sin duda, una meta importante; sin embargo, representa sólo uno de los elementos de todo el sistema normativo que debemos construir para lograr una justicia que satisfaga las expectativas de los ciudadanos. No podemos vivir añorando la aprobación de dicha reforma, hay que seguir adelante con la ambición de consolidar una segunda generación de reformas legales que conduzcan al a plena implementación del sistema acusatorio.

No hay que olvidar que para edificar las cosas grandes y arduas se requiere de una combinación, no sólo de reformas legales, de recursos que permitan superar aspectos como las condiciones física de los juzgados, tecnología o que concreten la impartición de capacitación y la difusión del nuevo sistema de justicia.

Por lo mismo, en cumplimiento con lo establecido en el decreto de fecha 13 de octubre de 2008 se creó la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), cuyo principal objetivo es coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del sistema de justicia penal. Luego entonces la SETEC brinda respaldo en:

1. El diseño de reformas legales,

2. Cambios organizacionales,

3. Construcción y operación de infraestructura,

4. Capacitación para jueves, Ministerios Públicos, policías y defensores, y

5. Difusión

Para el ejercicio 2009, la SETEC dio inicio a las operaciones sin contar con recursos propios, por lo que sus actividades de llevaron a cabo con los recursos generados por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Para lograr su cometido, el citado órgano requiere sostener las 89 plazas que actualmente operan, así como la creación de 18 adicionales. Para lograr lo anterior, el proyecto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 considera la cantidad de $55’484,732.00 en el gasto corriente de Servicios Personales.

Por otra parte, la SETECE requiere recursos suficientes que le permitan llevar a cabo estudios relativos a la implementación del sistema de justicia penal en donde se consideren temas como: “Las Etapas del Procedimiento Penal en el Sistema Acusatorio según la Reforma Constitucional”; “La Función de la Policía Municipal en el Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio” o “Estudios sobre las Garantías y Derechos Procesales de las Víctimas del Delito”.

Con el fin de transparentar y eficientar los subsidios, la Segob en el 2010 diseñó y elaboró un conjunto de directrices, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2010, que permitieron, junto con los Convenios de Coordinación firmados con las Entidades Federativas, la autorización de recursos por un total de $312,027,210.00 a 22 Entidades Federativas, de las cuales Baja California Sur se encuentra en etapa inicial, 15 en planeación (Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán), 4 en operación (Chihuahua, Durango, Estado de México y Morelos) y en etapa de entrada en vigor están Baja California e Hidalgo.

El objetivo es que para el 2011 todas las Entidades Federativas de manera progresiva, con el debido respeto a su soberanía, avancen hacia la etapa inicial o entren a la de planeación y estas a su vez sean impulsadas a la etapa de entrada en vigor y estas últimas avancen en función de la estrategia de gradualidad establecida.

Por tanto, el presente Punto de Acuerdo tiene el objetivo de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se destinen los recursos que sean necesarios y suficientes para avanzar de forma sólida, segura y consistente en la aplicación e implementación del sistema acusatorio adversarial establecido en nuestra Carta Magna y así concretar una de las más grandes reformas que nuestro país haya logrado.

Para lograr lo anterior es necesario destinar todos los recursos que sean necesarios para cumplir 5 ejes estratégicos, mismos que consisten en:

1. Servicios de Capacitación

2. Asistencia Técnica

3. Servicios de Difusión

4. Infraestructura y Equipamiento de las salas de audiencia, y

5. Tecnología basada en el diseño, desarrollo e implementación de software de gestión, equipamiento y capacitación

Diputadas y diputados, sería una equivocación garrafal el sentar los fundamentos jurídicos de lo que pretender ser un parte aguas en la vida democrática de México, sin disponer de todos los recursos económicos que hagan progresar a la reforma del sistema de justicia penal hasta convertirla en una realidad que dé a nuestro pueblo seguridad jurídica, confianza en las instituciones encargadas de la impartición de justicia y que contribuya a combatir los problemas de seguridad pública que hoy padecemos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Justicia a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011, se consideren recursos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, establecido en la Constitución mediante la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de seguridad y justicia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2010.— Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se asignen recursos a la Secretaría de Salud para una campaña intensiva en los medios de comunicación, a favor de la no discriminación de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren los recursos necesarios a la Secretaría de Salud para una campaña intensiva en los medios de comunicación a favor de la no discriminación de las personas con discapacidad, para el ejercicio presupuestal de 2011, con base en las siguientes

Consideraciones

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo cuarto estipula que los Estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

Por otro lado, el artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación prevé que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

De acuerdo a este ordenamiento, también se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. Mediante  esta  ley  se  creó  el Consejo Nacional  para prevenir  la  Discriminación (Conapred), cuyo  objeto es contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del  país;  llevar a cabo las acciones conducentes para  prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato en favor de las  personas que se encuentran en territorio nacional y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

Además de estas disposiciones, el artículo cuarto de la Ley General de las Personas con Discapacidad también establece que los derechos previstos en su texto serán reconocidos a todas las personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra que atente contra su dignidad. Aunado a ello define que uno de los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, es el de la no discriminación.

No obstante estos avances en el marco legal para prevenir y eliminar la discriminación, principalmente en contra de los sectores más vulnerables de la población como son las personas con discapacidad, se observa que se siguen presentando situaciones de exclusión social debido a la discriminación que persiste en contra de dichos sectores.

Muestra de ello son los  resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada en 2005. De acuerdo a estos resultados,  las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como  grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como  grupo social más discriminado. Según este estudio,  14.5 por ciento de  las personas entrevistadas señaló que después de las personas adultas mayores  y  de  los indígenas  las personas  con  discapacidad son las que quieren mayor protección. Asimismo,  luego de los homosexuales, las personas con discapacidad se perciben como el sector más discriminado, el 94.4 por ciento.

Este estudio también reveló que más de la mitad de las personas con discapacidad, 52.1 por ciento señaló que no se le han  respetado sus derechos en México. Una de cada tres personas con discapacidad fue víctima de un acto de discriminación durante el año previo a la encuesta.

El 53.4 por ciento de las personas con discapacidad han sufrido discriminación en su trabajo, lo cual los coloca en el primer lugar como grupo social con mayor discriminación en este entorno. Casi 60 por ciento de las personas con discapacidad se sienten rechazadas por la sociedad. Cerca de 90 por ciento de este sector de la población cree tener menos oportunidades para conseguir un empleo que el resto de las personas.

En el entorno familiar una de cada tres personas con discapacidad se han sentido víctimas de discriminación, el 19 por ciento manifestó que al interior de la familia se les da menos libertad que a sus hermanos, y el 14.5 por ciento que se les da prioridad a sus hermanos que no tienen discapacidad.

Estos datos revelan la enorme necesidad de establecer acciones orientadas a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

En este contexto, el Conapred publicó en 2006 el Programa Nacional para prevenir y eliminar la Discriminación, cuyo objetivo general es impulsar una política de Estado que favorezca la adopción de medidas y acciones de política pública para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de los derechos fundamentales, libertades e igualdad real de oportunidades. Este programa considera líneas de acción muy específicas en favor de las personas con discapacidad.

Adicionalmente,  el Conapred diseñó y puso en operación el modelo de reconocimiento por  la cultura de la no discriminación, cuyo objetivo es reconocer públicamente a las organizaciones públicas, sociales o privadas, que se distingan por  llevar a cabo programas y medidas para prevenir la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos.

De acuerdo a lo anterior, se observa que aun y cuando  ha  habido algunos  avances legislativos y de política pública en este  campo, el reto consiste en fomentar un cambio de cultura entre la población general, que permita  eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra  los derechos de las personas con discapacidad. Sólo de esta forma se podrá asegurar un mejor entorno para las personas con discapacidad y favorecer la igualdad  de oportunidades en  todos los ámbitos de la vida.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos de que requerimos leyes y acciones incluyentes que consideren la diversidad de nuestra población. Por ello, asumimos la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para incorporar a las personas con discapacidad a los diferentes ámbitos de la vida nacional en condiciones de igualdad y oportunidades.

En ese sentido, consideramos que la mejor manera de incidir positivamente en la población para fomentar una cultura de respeto, inclusión y no discriminación contra las personas con discapacidad, es impulsando una campaña intensiva en los medios de comunicación a favor de la no discriminación de este sector vulnerable de la población, para lo cual se requieren 30 millones de pesos.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Atención a Grupos Vulnerables de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que se consideren los recursos necesarios a la Secretaría de Salud para una campaña intensiva en los medios de comunicación a favor de la no discriminación de las personas con discapacidad, para el ejercicio presupuestal de 2011.

Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para las urgentes medidas de limpieza del cauce, desazolve, bordeo y saneamiento de las aguas del río Zahuapán y la reparación de las plantas de tratamiento de aguas residuales que están suspendidas en Tlaxcala, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Oralia López Hernández, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Recursos Hidráulicos a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para las urgentes medidas de limpieza del cauce, desazolve, bordeo y saneamiento de las aguas del río Zahuapan y a destinar recursos para reparar las plantas de tratamiento de aguas residuales, obras que se encuentran suspendidas en el estado de Tlaxcala.

Considerandos

Diputadas y diputados el motivo de este punto de acuerdo, se basa en la extrema necesidad de exigir acciones que den una solución pronta por los daños que está ocasionando la contaminación del río Zahuapan en el estado de Tlaxcala, considerado como el más contaminado del país, además de comenzar a provocar problemas de salud en un amplio sector de habitantes del estado.

El Zahuapan es una corriente de agua que nace en el estado de Tlaxcala, y forma parte de la cuenca alta del río Atoyac, en la región hidrológica del Balsas. Tiene sus fuentes en la sierra de Tlaxco, al norte del estado, y atraviesa la entidad de norte a sur, hacia el estado de Puebla, donde de-semboca finalmente en el río Atoyac.

El río cruza de forma directa por 25 de los 60 municipios de Tlaxcala, aunque de forma indirecta otros 20 realizan descargas de aguas negras a través de sus drenajes, sin ningún tipo de control, esto ha originado que los niveles de contaminación alcancen niveles desproporcionados.

El Zahuapan presenta una gran problemática ambiental. La sobreexplotación de su caudal con propósito de abastecer a una de las mayores concentraciones urbanas de México, aunada a la gran actividad industrial del valle poblano-tlaxcalteca, han puesto en peligro los ecosistemas asociados al río y la salud de los que habitamos en el estado, cabe señalar que todos los ríos de la entidad son considerados zonas críticas y los afluentes resultan auténticos depósitos de aguas negras. Esto ha traído como consecuencia el aniquilamiento de especies acuícolas y ha provocado un desequilibrio ecológico entre numerosas especies de animales y plantas.

Seis de los siete ríos del estado de Tlaxcala presentan altos índices de contaminación, causados por elevadas descargas de desechos sólidos y líquidos degradados de usos domésticos, agrícolas e industriales. El principal río contaminado por tales circunstancias es el Zahuapan y en menor proporción los ríos Atenco, Atotonilco (Tlaxco), el Atlixtac (San Benito Yauquemehcan) y el río Los Negros, entre otros.

El origen de los principales contaminantes que presenta el agua se genera en los desechos domésticos: detergentes y jabones, basuras; desechos industriales: colorantes y pigmentos, disolventes, ácidos grasos, sales, metales y diversas sustancias químicas que suelen ser tóxicas para la salud del hombre, la flora y fauna; así como los agropecuarios: insecticidas, plaguicidas, sales inorgánicas, minerales, de-sechos animales y fertilizantes entre otros.

Desafortunadamente, el principal motivo en la contaminación de los cuerpos de agua, se debe a las aguas residuales urbanas que se vierten en los diferentes causes que atraviesan al estado, la mayor contaminación es originada por las descargas de los ayuntamientos con más desarrollo, lo que origina, como ya lo he mencionado, problemas en los ecosistemas y de salud.

Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Nacional de Pediatría, arrojó que existe una alta incidencia de cáncer en comunidades de Tlaxcala y Puebla aledañas a los ríos mencionados por la presencia de desechos industriales en sus aguas, dentro de los principales contaminantes detectados se encuentran: cloruro de metileno, cloroformo, pesticidas como Aldrin, plastificantes del tipo de los f-talatos y compuestos policíclicos aromáticos como el trifenilo y el crisano, de igual manera se encontraron metales pesados como el níquel, cadmio, plomo y cromo metales que son evidentemente altamente cancerigenos para el humano, esto, es altamente relacionable con que el aumento de cáncer en niños se aumentó en un 500 por ciento del 2008 a la fecha.

En la actualidad , existen cincuenta y seis plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado, de las cuales veintitrés se encuentran fuera de operación totalmente y de las treinta y tres restantes, 17 requieren de distintos tipos de reparaciones algunas mayores y en otras menores, alcanzando un total de cuatrocientos millones doscientos cincuenta mil pesos para su reparación, ampliación y rehabilitación, y con ello, lograr su eficiente funcionamiento, siendo las de Tlaxcala, Totolac, Chiautempan las que requieren una mayor inversión según datos de la Coordinación General de Ecología del estado.

Lamentablemente el esfuerzo de reparar estás plantas de tratamiento de aguas negras, quedaría incompleto sin otorgar al problema, una solución de fondo, una solución integral que ponga un fin a la contaminación de los ríos en Tlaxcala, además de contribuir con los esfuerzos anteriores, se deben de construir más plantas que ataquen de fondo el problema, los municipios de Amaxac, Contla, Panzacola, San Pablo del Monte, Nopalucan, Santa Cruz Tlaxcala, Tepetitla, Nativitas, Chiautempan, Apizaco y Tetla son de los más afectados en la contaminación de sus aguas, donde la inversión económica para la construcción de plantas residuales en estos municipios, alcanza de igual manera casi los cuatrocientos millones de pesos según datos de la Coordinación General de Ecología del estado.

Es necesaria la inversión de recursos por parte del gobierno estatal para que estas plantas cumplan con su función y se dé solución inmediata a la contaminación en los ríos de Tlaxcala, este problema por las consecuencias que origina es considerado como una emergencia nacional que debemos atender de manera inmediata, ya que en el futuro los gastos y la inversión por problemas en la salud de los tlaxcaltecas será mucho mayor que el que representa actualmente sanear los ríos del estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante está honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Recursos Hidráulicos, a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se consideren mayores recursos para las urgentes medidas de limpieza del cauce, desazolve, bordeo y saneamiento de las aguas del río Zahuapan y a destinar recursos para reparar las plantas de tratamiento de aguas residuales, instalaciones que se encuentran fuera de funcionamiento en el estado de Tlaxcala.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Oralia López Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el INEA, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Marcos Pérez Esquer, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a analizar la pertinencia de incrementar en 10 por ciento el monto asignado al capítulo de servicios personales correspondiente al ramo administrativo 11, “Educación pública”, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, previsto para el organismo público descentralizado Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El 31 de agosto de 1981, el gobierno federal creó el INEA, con la finalidad de impulsar, “promover, organizar e impartir la educación básica para adultos”, a fin de que las personas jóvenes y adultas mayores de quince años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de recibir una educación básica, pudieran contar con una opción gratuita, accesible, integral e innovadora que además de contar con los servicios de alfabetización, primaria y secundaria, pudiera incrementar sus capacidades para elevar su calidad de vida y contribuir a la construcción de un mejor país.

Segunda.Instituir la modalidad de la educación para jóvenes y adultos, significa para el gobierno federal una práctica efectiva para hacer llegar la educación a las personas en condiciones de rezago educativo, pues esta modalidad educativa incluye un “...conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad”. Además, por su flexibilidad, integralidad, interculturalidad y dinamismo “comprende la educación formal y la permanente, la educación no formal y toda la gama de oportunidades de educación informal y ocasional existentes en una sociedad educativa multicultural, en la que se reconocen los enfoques teóricos y los basados en la práctica”.

Tercera. Por lo anterior es imprescindible reconocer que el conjunto de procesos que involucra la educación para jóvenes y adultos representa:

a) Geográficamente, hacer llegar los servicios educativos a los estratos sociales bajo, medio bajo e inclusive medio alto e indígena, en todos sus grados de urbanización. Es decir, desde las comunidades marginales cuyo acceso es complejo, difícil e incluso arriesgado, dadas las condiciones de inseguridad que actualmente en muchas localidades concurren, hasta las regiones más urbanizadas, donde también se localizan personas en rezago educativo.

b) Culturalmente, considerar todas las formas pedagógicas que involucren integralmente su lengua, costumbres, modo de vida, creencias, tradiciones, etc., para que tanto formativa como disciplinariamente se tenga un acceso eficaz de los servicios educativos.

c) Socialmente, sensibilizar en un entorno de responsabilidad social a todos los actores del país, sobre la importancia que implica superar el rezago educativo en México.

d) Demográficamente, considerar que la población en condiciones de rezago educativo está formada por más de 30 millones de personas, cuya mayoría sobrevive en condiciones vulnerables y de exclusión por su grado de pobreza, marginalidad, cultura, lengua, capacidad psicomotriz, etcétera.

e) De infraestructura, detonar la consolidación de una estructura productiva, suficiente y calificada, donde los recursos materiales, técnicos, tecnológicos, financieros, de obra pública y humanos, permitan desarrollar servicios educativos integrales y atender su demanda en forma efectiva.

f) Políticamente, reflexionar sobre la realidad de los factores que inciden en la existencia y, en su caso, el crecimiento de la población en condición de rezago educativo, y la importancia de abatir el déficit presupuestario que permita implantar las políticas públicas que aborden las áreas de oportunidad que se advierten para atender a esta población.

g) Económicamente, diseñar e implantar estrategias que permitan, en un entorno de responsabilidad y transparencia, que la administración, la aplicación y el control de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, etcétera, observen año con año los principios de austeridad, optimización y eficiencia, sin que ello signifique limitar o disminuir los servicios que involucra la educación para jóvenes y adultos.

Todos estos factores resultan importantes para fortalecer al INEA permitiéndole contar con públicas modernas e innovadoras que coadyuven a materializar una plataforma educativa suficiente, cuyos servicios lleguen de forma efectiva y oportuna a este sector de la población.

Cuarta.Estadística del rezago educativo. Al revisar algunas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se observa en México lo siguiente:

• Más de la tercera parte de la población total (33 millones 400 mil personas) se encuentra en condición de rezago educativo, lo que equivale a 47 por ciento de la población de 15 años en adelante.

• En el mismo segmento de población, durante el quinquenio de julio de 2005 a julio de 2010, el analfabetismo se mantuvo constante en 8.4 por ciento, el rezago educativo a nivel primaria representó 15.3 y a nivel secundaria 16.1.

• En el sistema formal o escolarizado, la tasa de deserción a nivel primaria es de 1.2 por ciento y a nivel secundaria de 7.3, en tanto que el índice de eficiencia terminal es de 92.1 para el nivel primaria y de 78.8 para el nivel secundaria.

Lo anterior se traduce en lo siguiente:

1. De la población en educación básica en el sistema formal

a) A nivel primaria, cerca de 1 por ciento abandona sus estudios y alrededor de 8 por ciento no concluyen oportunamente su proyecto educativo conforme a los años que se tienen programados.

b) A nivel secundaria, poco más de 7 por ciento deserta de sus estudios, aunado a que aproximadamente 20 por ciento no los concluye conforme a los años programados.

2. De la población total en México de 15 años en adelante

a) Poco más de 70 por ciento se sitúa en estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, la cual en el último quinquenio observó un incremento de 6 por ciento.

b) Aproximadamente 48 por ciento de esta población se halla en localidades con nivel de urbanización medio, bajo y rural; y cuyo incremento en los últimos cinco años ha representado cerca de 6 por ciento.

c) En la actualidad, esta población tiende a incorporarse a muy temprana edad al ámbito laboral, con objeto de solventar sus primeras necesidades, como alimentación, vestimenta, vivienda y salud.

Conforme a los datos del Inegi (en su consulta interactiva) al cierre de 2009

• De la población de 15 años en adelante, más de 40 millones de personas (es decir, más de 50 por ciento) es población económicamente activa;

• De la población anterior, más de 30 millones (+60 por ciento) se encuentran en condición socioeconómica baja y medio-baja; y

• De esta última población, más de 18 millones 500 mil personas (+60 por ciento) viven en localidades menos urbanizadas; es decir, con un grado de urbanización media, baja y rural.

Lo expuesto nos obliga a reflexionar respecto a que la población en rezago educativo en condiciones de marginalidad y pobreza extrema es un fenómeno que merece especial atención.

Quinta. Dada la importancia de lo referido, y al comparar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, respecto al INEA, se hace inaceptable observar que el gasto corriente programado para solventar los servicios personales disminuyó en 5.2 por ciento. Esto significa que, en términos reales, el decremento presupuestal para 2011 en este concepto es mucho mayor.

Es evidente que esta disminución afecta significativamente el cometido de la educación para jóvenes y adultos, que es contribuir a “desarrollar la autonomía y el sentido de responsabilidad de las personas y las comunidades, reforzar la capacidad de hacer frente a las transformaciones de la economía, la cultura y la sociedad en su conjunto, y promover la coexistencia, la tolerancia y la participación consciente y creativa de los ciudadanos en su comunidad”.

Sexta. Considerando la importancia que tiene el contar con recursos humanos suficientes y calificados para asegurar la eficaz procuración de la educación básica a jóvenes y adultos en condiciones de rezago educativo, así como la disminución del presupuesto referida para el concepto de servicios personales, se propone observar lo dispuesto en las fracciones IV y VI del Apartado B del artículo 123 constitucional, que a la letra dicen:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

I. a III. ...

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las entidades de la república.

V. ...

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes;

...

Igual que el párrafo primero de la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo que celebraran el INEA y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA), aplicable también para el personal sindicalizado de los Institutos Estatales para la Educación de los Adultos (2008-2010), que refiere:

Cláusula 64.El salario no es susceptible de retenciones, descuentos o deducciones si no en los casos previstos en el artículo 110 fracción I de la ley, o por resolución de autoridad judicial competente.

Séptima. El acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, publicado el jueves 10 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, establece que el capítulo 1000, “Servicios personales”

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

Octava.Entre los acuerdos del 21 de mayo de 2010 que concertaran el SNTEA, las Secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público, y el INEA, se pactó que los trabajadores de la educación para adultos recibieran 4.5 por ciento de incremento directo al salario, además de 1.2 por ciento a prestaciones.

Novena. De conformidad con el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados “aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal”.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 39, numerales 2, fracciones XIII, XX, XXVIII y XXXVII, y 3, que la Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura entre las cuales se encuentran las de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, las cuales tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio.

Para tales efectos, el 23 de agosto de 2010 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44, numeral 4, y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 42, fracción VIII, inciso f), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, emitió el acuerdo por el que se establece el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en el cual se establece:

Primero. La comisión enviará a las comisiones ordinarias relacionadas con el ramo del Presupuesto respectivo el proyecto de Presupuesto de 2011, entregado por el Ejecutivo federal, y las propuestas de proyectos de inversión que le sean turnadas, para su análisis, discusión y opinión. Asimismo, les podrá enviar para opinión los puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados relacionados con el Presupuesto de 2011.

Segundo. Las comisiones ordinarias, una vez analizadas las propuestas señaladas en el punto anterior, deberán enviar a la comisión, a más tardar el viernes 29 de octubre de 2010, sus opiniones respecto del proyecto de Presupuesto de 2011.

Por todo lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública a analizar la pertinencia de incrementar en 10 por ciento el monto asignado al capítulo de servicios personales correspondiente al ramo administrativo 11, “Educación pública”, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, previsto para el organismo público descentralizado Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Notas:

1 Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, artículo 1, página 1.

2 Rezago educativo: condición de atraso del país y de las entidades federativas por la falta de alfabetización y estudio y conclusión de la educación primaria y secundaria de las personas de 15 y más años que no están siendo atendidas por el sistema educativo, “Glosario”, acuerdo número 504 por el que se emiten las Reglas de Operación de los programas Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA), página 67.

3 Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos, quinta Conferencia internacional de educación de las personas adultas, 14 a 18 de julio de 1997, numeral 3, página 11.

4 Ídem.

5 Inegi. Cifras a julio de 2010.

6 Datos obtenidos del análisis de cifras proporcionadas por el Inegi mediante la consulta interactiva de datos, http://wwwinegi.gob.mx/lib/lap/general_ver4

7 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, carta del presidente, proyecto de decreto del PEF de 2010, paquete económico, en http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2010/indez2.html

8 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, carta del presidente, proyecto de decreto del PEF de 2010, paquete económico, en http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2011/indez2.html

9 Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos, quinta Conferencia internacional de educación de las personas adultas, 14 a 18 de julio de 1997, numeral 5, página 12.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Marcos Pérez Esquer (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de infraestructura hidráulica en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El  siglo XXI nos plantea grandes retos. Uno de ellos, quizás el más importante, es el conflicto geopolítico por el agua. La pugna se centra desde ya entre los gobiernos neoliberales, que consideran que el agua debe tratarse como un bien comerciable, y aquellos que mas sensatamente piensan que es un recurso natural que debe ser tutelado por el Estado como cualquier otro de los derechos universales del hombre. En nuestro país, y en particular en el estado de Oaxaca, la dificultad realmente radica en la mala gestión y distribución del vital liquido, pues en muchas poblaciones se presenta ya como un problema de salud pública. Miles de de personas, en su mayoría niños, enferman por el consumo de agua no potable. Con un suministro eficiente de agua potable y saneamiento adecuado, los índices de enfermos podrían reducirse hasta 75 por ciento. Con la ejecución de estas 28 obras, que suman un total de 284 millones 545 mil 387.25 pesos, se beneficiarán  mas 225 mil habitantes de 9 municipios del estado de Oaxaca.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 consideren la programación de 284 millones 545 mil 387.25 pesos para 28 proyectos de infraestructura hidráulica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Juanita Arcelia Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de infraestructura eléctrica en Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El inicio del nuevo siglo y el avance tecnológico que lo caracteriza obligan a estrechar y fortalecer los medios de comunicación entre los pueblos, como un instrumento fundamental para su desarrollo económico y social. En el estado de Oaxaca existen cientos de comunidades rurales e indígenas que carecen de los servicios más elementales, al no contar con el servicio de electricidad. Por tanto, al atenderlos no solamente se cumple con una obligación moral y política, sino que se hace también una acción de justicia histórica. Con la ejecución de estas 31 obras, que suman un total de 237 millones 699 mil 900.68 pesos se beneficiarán  mas 160 mil habitantes de 11 municipios de Oaxaca.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Energía, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 consideren la programación de 237 millones 699 mil 900.68 pesos para 31 proyectos de infraestructura eléctrica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Juanita Arcelia Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de infraestructura hidráulica en Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El consumo racional del agua, así como la conservación y el cuidado de nuestro medio ambiente son responsabilidad ineludible de todos los mexicanos. Especial atención merece el proceso de captación, tratamiento y disposición de aguas residuales domiciliarias y pluviales. En el estado de Oaxaca, la dificultad realmente radica en la limitada asignación de recursos económicos que se asignan año con año para dar respuesta a la demanda ciudadana, y en su deficiente administración. Incluso, en muchos municipios oaxaqueños, al no contar con las instalaciones adecuadas se ha tornado en un problema de salud pública, afectando principalmente a niños y adultos mayores. Con un manejo más responsable del agua, los índices de contaminación ambiental podrían reducirse de manera considerable. Por tanto, con la ejecución de estas 13 obras, que suman un total de 208 millones 716 mil 262.25 pesos se beneficiará a mas 175 mil habitantes de 6 municipios de Oaxaca.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 consideren la programación de 208 millones 716 mil 262.25 pesos para 13 proyectos de infraestructura hidráulica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Juanita Arcelia Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos de infraestructura educativa en Oaxaca, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cualquier cantidad de recursos económicos destinados al rubro de la educación debe ser considerada como la más grande inversión en el desarrollo de un pueblo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o., considera la obligatoriedad del Estado en la educación de los mexicanos. En el estado de Oaxaca, cuya población alcanza los 3  millones y medio de habitantes, cuando menos 19 por ciento, esto es 649 mil habitantes, carecen de los medios para recibir esta instrucción básica, situación que lo sitúa con un rezago educativo de 67.7 por ciento. Sin embargo, lo mas critico aún, es que 13 por ciento de la población es analfabeta. El sector más vulnerable es el indígena, pues es ahí donde se encuentra el mayor número de población que no cuentan con dicha instrucción. Con una inversión de 31 millones 319 mil 337.12 pesos, para la ejecución de 6 obras se tiene la oportunidad de beneficiar al menos 110 mil personas de 5 municipios indígenas del estado de Oaxaca.

Por expuesto, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 consideren la programación de 31 millones 319 mil 337.12 pesos para  6 proyectos de infraestructura educativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Juanita Arcelia Cruz (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el fortalecimiento de los programas de derechos humanos, de equidad de género y de vinculación ciudadana en la Sedena, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución  Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar a integrantes de las Comisiones de Equidad y Género, de Derechos Humanos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 aprueben una partida etiquetada y adicional al ramo 07, “Defensa Nacional”, para el fortalecimiento de los programas de derechos humanos, de equidad de género y de vinculación ciudadana en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),con base en los siguientes

Antecedentes

1. Las iniciativas en materia de derechos humanos, promoción y desarrollo de la equidad de género y de vinculación ciudadana son esfuerzos institucionales relativamente recientes en la Sedena y que, con responsabilidad, nos convocan a su mejoría y ampliación.

2. De forma paulatina, se está abriendo espacio a una actuación de las fuerzas armadas que refuerce sus vínculos con el desarrollo de las libertades y derechos de las personas y la atención a la sociedad, que debe ser la principal beneficiaria de la actuación castrense.

3. La LXI Legislatura está convocada a tomar decisiones que fortalezcan esos esfuerzos institucionales, como una aportación concreta al desarrollo de una cultura de paz y el fortalecimiento de la legalidad como soporte del Estado constitucional y de los derechos humanos.

En particular, debemos responder a la demanda de reforzar las áreas de respeto a los derechos humanos y de capacitación en materia de equidad de género, áreas que, en conjunto, no representan más que 0.27 por ciento del gasto total de la secretaría, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se nos propone para el ejercicio fiscal de 2011 y que, sin duda, constituye una de las demandas más sentidas de la sociedad civil en su relación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Considerando

I. En 2009 se iniciaron los trabajos dedicados a capacitar y sensibilizar a los efectivos en una perspectiva de género. No obstante las ingentes necesidades que se le presentan, para el ejercicio de 2010, estos recursos disminuyeron de 200 a 100 millones de pesos y para el 2011 se tiene proyectado un gasto de 104 millones de pesos, es decir se mantiene prácticamente igual, pues sólo se le actualiza la inflación.

II. Por lo que hace específicamente al programa de derechos humanos, a partir de la creación de la dirección general en la materia, en el ejercicio de 2010, se aprobó un monto de 36.5 millones de pesos y para el próximo ejercicio sólo se considera un incremento a 41.5 millones de pesos; dicho incremento resulta menor a las necesidades de atención a este tema por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

III. En relación al fortalecimiento del vínculo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con la sociedad civil apenas se están dando los primeros pasos. Uno de ellos es el acuerdo por el que se crea la Unidad de Vinculación Ciudadana, publicado el 21 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Esa unidad tiene el propósito de institucionalizar un organismo para la solución de los conflictos que se generen entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la sociedad, con motivo de la lucha que se libra contra las acciones criminales y brindar a la sociedad en general mayor información sobre el desempeño del Ejército y Fuerza Aérea.

IV. Aún cuando hay mucho terreno que avanzar, sin duda se está en la dirección correcta al generar mecanismos para la debida atención de la ciudadanía. Ante los conflictos que traen aparejada la presencia militar en las calles y en las carreteras del país lo responsable no es negar esos hechos, sino encararlos y desarrollar acciones que eviten su agudización o, mejor aún, que den cause a una conducta institucional que los inhiba y tienda a eliminarlos.

V. En la lucha contra el narcotráfico no sólo es necesario empeñar los mayores esfuerzos en la recuperación de la seguridad, debemos también reconocer errores y las muertes de los civiles muertos como los tristemente ocurridos en Acapulco, Tamaulipas o en Monterrey. Las condolencias y los pésames no bastan ante las pérdidas irreparables; es necesario seguir fortaleciendo y construyendo los puentes tendentes al acercamiento y fortalecimiento de la relación de los mandos de este instituto armado con la sociedad. Aunque todavía falta desarrollar una metodología para establecer, articular y mantener una efectiva comunicación entre los citados interlocutores para facilitar la solución de conflictos, lo conducente es reforzar el trabajo y otorgar un presupuesto suficiente a la Unidad de Vinculación Ciudadana, así como a los programas de derechos humanos y de sensibilización en perspectiva de género.

VI. Nuestro país y sus instituciones están emplazados a encarar el gran problema de la violencia y la criminalidad. No sólo mediante acciones punitivas, sino sumando al conjunto de la intervención pública y social en la inhibición de las condiciones que propician el deterioro social.

VII. De esta forma, en otros países, e incluso en Estados Unidos de América, se está observando una convergencia que tiende a vincular las fuerzas públicas a la prevención al consumo de drogas, la instrumentación de pruebas en la población con mayor riesgo, el acercamiento hacia las comunidades y de manera particular a los segmentos de los jóvenes, campañas de alto impacto contra el consumo de drogas y la criminalidad en medios de comunicación, y directamente en escuelas, hospitales e instituciones públicas, y la colaboración entre las agencias de seguridad pública y las instituciones de salud y educativas.

VIII. Estas líneas de acción y muchas más, sólo se consiguen en un ambiente democrático, en donde las instituciones, civiles y armadas están al servicio ciudadano, pero sobre todo, están cerca de los núcleos de la sociedad civil y contribuyen a la recuperación de la legalidad y del tejido social. Toca ahora a esta soberanía cimentar la edificación de las nuevas relaciones de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil en un marco de pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda otorgar en el ramo 07, “Defensa Nacional”, una ampliación presupuestal etiquetada de 300 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

a) 100 millones de pesos para la Unidad de Vinculación Ciudadana, para el desempeño de sus actividades institucionales del Programa M001, “Actividades Apoyo Administrativo”;

b) 100 millones de pesos para intensificar de las actividades del A900, “Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género”; y

c) 100 millones de pesos para intensificar las acciones del Programa A017, “Derechos Humanos”.

Lo anterior representa un ajuste 300 millones de pesos adicionales al monto considerado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en el ramo 07, “Secretaría de la Defensa Nacional”,con objeto de contar con los elementos humanos y materiales necesarios para la renovación de las relaciones de las fuerzas armadas con la sociedad civil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la construcción de una vía de acceso que comunique la población de Hierbabuena con La Concordia, municipio de Tlahuiltelpa, Hidalgo, así como para la introducción de servicios públicos básicos y electrificación de la comunidad, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Leticia Quezada Contreras, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión,proposición con punto de acuerdo para exhortar a los diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Presupuesto y Cuenta Pública así como al pleno de la LXI Legislatura, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011 se aprueben recursos etiquetados para la construcción de una vía de acceso que comunique la población de Hierbabuena con La Concordia, municipio de Tlahuiltelpa, Hidalgo, así como para la introducción de servicios públicos básicos y electrificación de la comunidad, bajo los siguientes

Antecedentes

Tlahuiltepa, Hidalgo ocupa una superficie de 468 kilómetros cuadrados, y se encuentra a una altitud sobre el nivel del mar de 2 mil metros. Sus colindancias son: Al norte con los municipios de Tepehuacán de Guerrero, La Misión y Chapulhuacán, al sur con el de Eloxochitlán, al oeste con el de Jacala y al este con los de Molango y Eloxochitlán.

Este municipio cuenta con tres zonas escolares, la zona número 147 zona escolar número 38, zona escolar número 101. La educación que se imparte es preprimaria, primaria, secundaria y actualmente la educación media superior a distancia.

En materia de salud el municipio cuenta con centros de salud, 12 en total, una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social, 5 unidades de asistencia social de IMSS Solidaridad y 6 unidades de la Secretaría de Salud, insuficientes para atender la demanda de la población más pobre del país.

En lo que respecta a vivienda, en el municipio los hogares son de piso de tierra en su mayoría, con paredes de madera y techo de sácate colorado, caña o tejamanil algunas otras ya cuentan con paredes de madera con lodo apisonado y techado de lamina, en un mínimo porcentaje cuentan con su casa de block y techado de loza.

Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del Inegi, el porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 0.6 por ciento, con respecto a la población total. Actualmente la mayoría de los pobladores hablan el español y los idiomas como el Nahualt y Otomí.

En este municipio se encuentra enclavada la comunidad de Hierbabuena (Yerbabuena), la cual no cuenta con los servicios básicos que son indispensables para un desarrollo adecuado de las y los habitantes en sus actividades cotidianas.

Que en Hierbabuena comunidad de Hidalgo carecen de drenaje, electrificación, incluso carecen de un camino adecuado para comunicar su comunidad con la población más cercana que es la de La Concordia, que se encuentra a 5 kilómetros de distancia, estando obligados a llevar todos sus traslados a pie.

Los habitantes de la comunidad de Hierbabuena están obligados a trasladarse diariamente, sujetos a las inclemencias del tiempo a La Concordia solo con el apoyo de animales de carga, de esta manera se abastecen de víveres o trasladan su producción agrícola para venta en las poblaciones aledañas. Esta población carece de electrificación hecho que limita su calidad de vida y los aísla de los beneficios de este servicio público indispensable para desarrollar cualquier actividad de la vida moderna.

El aislamiento y el abandono gubernamental que padecen los habitantes de esta pequeña población son el día a día y pese a que han reiterado sus solicitudes a las autoridades municipales y estatales, las autoridades han sido omisas orillándolos as construir con sus propios medios y trabajo, apenas un camino rural de poco más de  un kilómetro, pero sus recursos son escasos y requieren del apoyo del sector público para concluir el tramo de 5 kilómetros que los comunicará con La Concordia que es el poblado más cercano.

Considerando

Primero. Que es una realidad que en dicha población habitan decenas de familias que viven en un alto grado de marginalidad que carecen además de muchas otras cosas, de la infraestructura urbana básica para resolver sus necesidades cotidianas a las que se enfrentan cada a día.

Segundo.Que es nuestro deber como legisladores velar por el bienestar de todas y todos los mexicanos, en particular de los que menos tienen, garantizando que en el presupuesto aprobado a los gobiernos estatales y municipales  sea destinado a cubrir, entre otras, las necesidades básicas de la población con la finalidad de elevar la calidad de vida de los habitantes del país.

Por ello es imprescindible que el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe esta soberanía, establezca una partida presupuestal suficiente y etiquetada para la construcción del camino que durante años han gestionado los habitantes de la comunidad de Hierbabuena, municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo, así como para la introducción y dotación de servicios básicos y electrificación.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Presupuesto y Cuenta Pública así como al pleno de la LXI Legislatura a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011 se aprueben 10 millones de pesos destinados para la construcción de una vía de acceso que comunique la población de Hierbabuena con La Concordia, municipio de Tlahuiltelpa, Hidalgo.

Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2011.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

María Araceli Vázquez Camacho, integrante de la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida presupuestas por 100 millones de pesos más para la  unidad académica Universidad Autónoma de la Ciudad de Méxicoal tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar el conocimiento y la cultura, entre otras. Asimismo es un derecho tutelado por las Carta Magna.

La recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura dispone destinar como mínimo un monto anual equivalente a 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país al gasto público federal en educación, no obstante de que la Ley General de Educación dispone en el artículo segundo transitorio de la reforma del 30 de diciembre de 2002 que los presupuestos del Estado, considerarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en 2006, recursos equivalentes a 8 por ciento del producto interno bruto del país para el financiamiento de la educación, del cual al menos 1 por ciento debe ser destinado a la investigación científica y al desa-rrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.

La proporción del PIB que nuestro país destina a la educación es menor que la destinada en promedio por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el De-sarrollo Económico.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) es una institución de educación superior pública, decretada en abril de 2001, en la Ciudad de México, por el entonces jefe de gobierno, licenciado Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de los demás estados de la república, la Ciudad de México no contaba con una institución de educación pública propia.

El 16 de diciembre de 2004 obtuvo la autonomía, que la hace una institución con la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, definir su estructura y las funciones de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del artículo 3 constitucional.

La UACM es una institución de cultura fiel a la vocación humanista, científica y crítica que ha animado a las auténticas universidades a lo largo de su historia centenaria. Sus funciones son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, la extensión de los servicios educativos a la sociedad y la cooperación con las comunidades de la Ciudad de México para la solución de sus problemas y su desarrollo cultural.

La UACM posee estudios de licenciatura y posgrado en áreas científicas, humanísticas e ingenierías. Está integrada por diversos planteles y es la primera institución pública educativa de nivel superior no federal creada en la Ciudad de México.

De acuerdo con las leyes vigentes, su función también es otorgar títulos, grados académicos, diplomas y certificados correspondientes a los conocimientos que se imparten en sus programas, independientemente de cómo fueron adquiridos dichos conocimientos. Los servicios educativos de la UACM se sustentan en los criterios que orientan la educación pública mexicana, entre ellos: laicismo; la democracia entendida no solamente como un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; la atención especial a nuestros problemas y al aprovechamiento de nuestros recursos; la defensa de nuestra independencia política y económica; la continuidad y el acrecentamiento de nuestra cultura y la contribución a la mejor convivencia humana.

Para la UACM la educación, más que la suma de información es el desarrollo de actitudes que hagan realidad los valores antes señalados y de las habilidades de análisis, crítica e investigación que permiten al estudiante ser participe de la evolución de la cultura y la sociedad.

Toda persona que ha obtenido el certificado de bachillerato tiene derecho a realizar sus estudios de nivel superior y, consecuentemente, no impone otra condición de ingreso.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, ramo 11, “Educación pública”, bajo el rubro de programas presupuestarios en clasificación económica, clave U otros subsidios programa 039, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se le asigna una partida por 100 millones de pesos, lo que es insuficiente ante la demanda educativa al nivel superior en la Ciudad de México. Por ello se propone en el presente punto exhorte y solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a que en el ámbito de sus facultades, etiquete o reasigne 100 millones de pesos más para que la UACM pueda seguir fortaleciendo su oferta educativa.

Puesto que la UACM no tiene recursos para admitir a todos los solicitantes, acude a un sorteo que se realiza ante notario público. Los aspirantes que no logran ingresar el año que hicieron su solicitud quedan registrados para la siguiente inscripción, y son incorporados en el orden que resulte del sorteo.

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la de Educación Pública y Servicios Educativos, a efecto de que en el proceso de análisis, discusión, reasignación y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 incluya una partida presupuestal por 100 millones de pesos más en el ramo 11, “Educación pública”, bajo el rubro de programas presupuestarios en clasificación económica, clave U otros subsidios programa 039, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México .

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear un fondo de fomento a la participación ciudadana en la prevención social del delito, a cargo de la diputada Teresa Incháustegui Romero, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Las suscritas, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 4, párrafo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que la violencia y la criminalidad que enfrenta México constituyen un fenómeno complejo y diverso, cuya intensidad, alcances y expresiones dependen en buena parte de la localización de las zonas y  regiones de las localidades, así como de la capacidad de los gobiernos municipales para crear redes sociales de contención de la inseguridad; proveer servicios policiales más eficaces y para mejorar la calidad de los entornos urbanos en aras de  propiciar ciudades más seguras.

En esta perspectiva, la seguridad es resultante de un conjunto de condiciones económicas, sociales, urbanísticas, institucionales y culturales, que requieren ser producidas con la concurrencia de diversos sectores de política pública y bajo un modelo integral. Se requiere por consiguiente, acompañar la política de contención y combate a la delincuencia con intervenciones sociales integrales de carácter preventivo, capaces de incidir sobre los actores clave y modificar los contextos locales de riesgo –cultural, social, económico, demográfico, urbano y jurídico–, que alientan y detonan violaciones a la ley, comportamientos violentos y actividades delictivas.

2. La victimización delictiva y la inseguridad no afecta de la misma manera a mujeres que a hombres; a población indígena y no indígena; a migrantes y no migrantes; a adultos y niños o adolecentes; a población rural que urbana. Diferentes formas y tipos de delito se dan también de acuerdo a los ámbitos de vida: en el hogar, en el lugar de trabajo, en los espacios públicos, en los centros de estudio, en las instalaciones de reclusión o de cuidado, etcétera. De ahí la necesidad de definir estrategias diferenciadas y situadas en la perspectiva de género, edad, diferencia cultural y tipo de lugar.

3. Las experiencias internacionales exitosas en materia de prevención del delito muestran claramente que el protagonismo de los gobiernos municipales y las instancias locales, unido a la concurrencia del trabajo sectorial de los otros niveles de gobierno, para recuperar la calidad de vida, reconstruir el espacio urbano y fortalecer la participación ciudadana y vecinal; han logrado la recuperación del tejido social, el incremento de la confianza entre ciudadanos y, respecto a las autoridades, teniendo como resultado final la reducción de la criminalidad.

De tal manera que prevención social del delito y participación ciudadana son dos elementos indisolubles. No puede haber prevención efectiva sin la participación de los diversos actores y grupos sociales. Y  la participación ciudadana resulta formal y pasiva si no se articula a las acciones preventivas. En la prevención se expresa, hoy más que nunca, el rol fundamental de las comunidades y los ciudadanos como corresponsables de producir seguridad para todos.

4. La activa participación ciudadana y vecinal en acciones en favor de generar condiciones de mayor seguridad  y en intervenciones para atender a las víctimas de la violencia delictiva o, bien, para dar seguimiento y apoyos al trabajo de cuerpos policiales ya se está dando en nuestro país. Muchas de ellas trabajan sin recursos, o con recursos muy escasos, conjuntando el trabajo de profesionistas voluntarios, organizaciones civiles, universitarios, atendiendo las secuelas de la victimización delictiva en las familias y grupos de la población. Se trata de esfuerzos que deben ser reconocidos y promovidos porque prestan servicios en áreas insuficientemente cubiertas por los gobierno o donde las instituciones públicas muestran menores capacidades conceptuales, metodológicas y operativas. Además de contar con el reconocimiento y la confianza en las comunidades donde actúan y conocen las problemáticas locales.

Todo lo cual convierte a las organizaciones sociales y ciudadanas, por derecho propio en interlocutores que deben ser tomados en cuenta para diseñar y operar políticas públicas  con enfoque ciudadano y participativo en materia de prevención del delito.

5.  Por lo anterior, planteamos la creación de un fondo de fomento a la participación ciudadana en la prevención social de la violencia y el delito, que permita impulsar y de-sarrollar acciones de prevención de la violencia social y de género y promover la organización de la ciudadanía en la generación de condiciones de vida seguras. Además de incidir en el diseño de las acciones y programas locales, darles seguimiento y evaluarlas.

Por lo expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011 considere la asignación de 550 millones de pesos al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que, dentro del Programa de Desarrollo y Aplicación de Programas y Políticas en materia de Prevención Social del Delito y Promoción de la Participación Ciudadana, se dé la creación de un Fondo de Fomento a la Participación Ciudadana en la Prevención Social del Delito.

Presentado ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputadas: Teresa del Carmen Incháustegui Romero, María Joann Novoa Mossberger, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los proyectos, programas y propuestas que presentan presidentes municipales de Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, Tabasco, estado de México, Jalisco y Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete al pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Considerando que son muchas las necesidades que tienen los municipios de este país y que desde hace varias décadas de manera reiterada han solicitado recursos que permitan un desarrollo adecuado para sus pueblos, es urgente que como legisladores federales, apoyemos la aprobación de sus peticiones, tenemos la obligación de velar por el bienestar de todos, pero sobre todo de los mas necesitados, debemos garantizar que la aprobación del Presupuesto cubra las necesidades básicas de la población, que permita elevar la calidad de vida de todos los habitantes, es indispensable que se aprueben los recursos solicitados, para el mejor desarrollo comunitario, es una actividad encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades y  necesidades básicas de la comunidad, donde el mejoramiento en infraestructura carretera es básica para orientar la actividad económica para obtener el máximo beneficio social.

Así, tomando en cuenta los requerimientos establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los criterios del gobierno de los estados y las demandas locales, los legisladores debemos asumir nuestro papel de promotores de la voz de nuestros representados.

Por esta razón, y conociendo las carencias y dificultades que los munícipes presentan para hacer llegar su propuestas, debo señalar la importancia de dar seguimiento y apoyo a cada demanda, pues sus esfuerzos deben materializarse en la asignación de recursos que permitan solventar sus requerimientos.

Asimismo, y debido a la dispersión de la población, encontramos que existen también grupos sociales en desventaja, cuya principal característica la constituye el hecho de no contar con los servicios básicos necesarios y vivir alejados de los grandes centros urbanos.

Convencido que su aprobación y asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 coadyuvará a un mejor desarrollo, pongo a consideración los siguientes proyectos que en materia de infraestructura carretera y desarrollo social, solicitan los presidentes municipales, gobernadores y representantes de las diferentes comunidades.

Por lo expuesto, me permito presentar la siguiente propuesta a las Comisiones de Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados; la aprobación de los siguientes proyectos:

1. Ampliación y pavimentación del camino que inicia en santiago Quiotepec y que comunica con otras comunidades y concluye en la comunidad de Santa María Tlalistac, así como la introducción de otros servicios públicos en favor de la región de la cañada, en el estado de Oaxaca, por un monto de 15 millones de pesos.

2. Construcción de una vía acceso que comunique a la población de Hierbabuena con la comunidad de la Concordia, municipio de Tlahuiltelpa, del estado de Hidalgo, así como para la introducción de servicios básicos y electrificación de la comunidad, por un monto de 10 millones de pesos.

 3 . Modernización y ampliación del camino Santa María Lachixio-Santa María Zaniza, del kilómetro 27+000 al kilómetro 34+000, del estado de Oaxaca, por un monto de 790 mil pesos.

4. Construcción de puente a desnivel, salida a Morelia, situado en la avenida Juárez, a la altura de la central de autobuses, en el municipio de Zamora, del estado de Michoacán, por un monto total de 51 millones 756 mil 587.00 pesos.

5. Construcción de tratamiento planta de aguas residuales,en el municipio de Trancoso, del estado de Zacatecas, por un monto total de 7 millones 23 mil 333.20 pesos.

6 . Construcción de bulevar de cuatro carriles, del tramo carretera federal número 180 Comalcalco-Cárdenas a la autopista La Isla–Puerto Ceiba, del kilómetro 0+000 al kilómetro 1+253.00, por un monto total de 22 millones 510 mil 193.89 pesos.

7. Construcción de un aula de medio, en la comunidad de San Pedro Yosotatu, Tlaxiaco, Oaxaca, por un monto total de 483 mil 448.58 pesos.

8. Municipio de Poncitlán, Jalisco: Infraestructura deportiva por 48 millones 770 mil 712.19 pesos; infraestructura de salud: 3 millones 580 mil 17.52 pesos; infraestructura educativa:  537 mil 228.48 pesos; equipamiento urbano y vialidades: 36 millones 879 mil 184.00 pesos; pavimento en caminos: 57 millones 106 mil 223.40 pesos.

9. Municipio de Tultepec, estado de México: ampliación a cuatro carriles del ramal Los Reyes FFCC, tramo del circuito exterior mexiquense a la vialidad mexiquense por un monto de 10.47 millones de pesos.

Dichos proyectos tendrán un alto impacto en la sociedad y son indispensables para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos estados y municipios.

Por lo anterior, pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Transportes, y a las ordinarias a efecto de que en la discusión y asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación  para 2011 se etiqueten recursos que cubran lo solicitado por los municipios de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Michoacán, estado de México, Jalisco y Zacatecas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el fortalecimiento del programa de escuelas de jornada ampliada para el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, LXI Legislatura del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los diputados integrantes de las Comisiones de Educación Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011, aprueben una partida etiquetada y adicional al fortalecimiento del Programa de Escuelas de Jornada Ampliada para el Distrito Federal , bajo los siguientes

Antecedentes

1. En educación básica es necesario fortalecer la igualdad de oportunidades. Esto significa considerar los diferentes roles que mujeres y hombres tienen dentro de la familia y la sociedad, y sus repercusiones en su entorno. Para alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo se requiere afianzar las condiciones educativas a través de políticas de equidad con oportunidad y sobre todo, impulsar una educación con calidad para la igualdad.

2. Las Escuelas de Jornada Ampliada, no son sólo la extensión del horario, sino un cambio cualitativo de gran impacto en la transformación al modelo educativo de la Ciudad de México.

3. El Programa Escuelas de Jornada Ampliada se sustenta normativamente en los preceptos básicos siguientes:

a. Artículo 3o. constitucional que señala como obligación del Estado mexicano el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano.

b. Programa Sectorial de Educación 2007-2012.

Objetivo 1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bie-nestar y contribuyan al desarrollo nacional.

Objetivo 2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

...

Objetivo 4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.

4. Las Escuelas de Jornada Ampliada en preescolar y primaria, se buscan crear las condiciones institucionales para que los alumnos, niños y niñas, tengan mayores y mejores oportunidades de alcanzar los aprendizajes definidos en los programas de estudio y desarrollen las competencias necesarias para la vida.

5. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desi-gualdades entre sectores de la población y de género, cerrar brechas e impulsar la equidad, desarrollar en los estudiantes mayores capacidades para construir y fortalecer la democracia en todos los espacios de la vida ciudadana y contribuir a los requerimientos de nuevas competencias en las personas para asumir los desafíos del desarrollo productivo y de la inserción del país en un mundo y en una economía global son prioridades para la política educativa en el Distrito Federal.

6. La Jornada Ampliada promueve y fomenta programas y proyectos novedosos que buscan ofrecer a los niños, niñas y jóvenes herramientas para su formación integral y su de-sarrollo con igualdad de oportunidades.

7. Las Escuelas de Jornada Ampliada aumentan 50 por ciento de horas el servicio educativo. Se podría decir que un alumno que curse sus seis grados en una escuela primaria de jornada ampliada habrá tomado tres ciclos escolares más de clases que en una escuela regular.

8. En los centros educativos de jornada ampliada, el trabajo escolar se prolonga dos horas adicionales diarias, desde las 8:00 a.m. hasta las 14:30 horas. Diez horas más a la semana y 400 en un ciclo escolar que permitirán a la escuela fortalecer el trabajo con los contenidos curriculares, intensificar el desarrollo de la competencia lectora y matemática, la comprensión de la ciencia, e incorporar la adquisición del inglés como segunda lengua, desarrollar habilidades para el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación, fomentar una cultura para una vida saludable y fortalecer las competencias para la convivencia y de-sarrollo cultural.

9. Por otra parte, Jornada Ampliada es sin duda un apoyo a madres de familia trabajadoras (inclusión de la mujer en la vida laboral), para satisfacer la necesidad de que sus hijos sean atendidos más tiempo y con calidad.

10. Con más tiempo en la escuela se está propiciando que alumnos y alumnas adquieran herramientas de aprendizaje que les permitan consolidar su vida de estudios hasta educación superior.

Considerandos

Primero. En el ciclo escolar 2010-2011 en el Distrito Federal se implementó en 662 escuelas de educación preescolar y primaria de jornada ampliada y se brinda a los alumnos tres horas del idioma inglés; a través del propio maestro frente al grupo, se les enseña a manejar las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación, así como desarrollar las competencias para una vida saludable, a través de la educación física, las cuales constituyen herramientas indispensables para los niños.

Segundo. Los avances alcanzados en el actual ciclo escolar permiten que basados en dos estrategias fundamentales, se proyecte que se consolide el programa en las 662 escuelas en que ya existe y se incorpore personal especializado en actividades artísticas y se contribuya a formar a los alumnos en el dominio de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación. Adicionalmente se planea que se incremente el monto de la jornada laboral, con una compensación al sueldo del docente y en consecuencia también exista un impacto favorable en seguridad social. La segunda estrategia consiste en incorporar a este modelo a 4,200 grupos de aproximadamente 350 escuelas de educación preescolar y primaria a partir del ciclo escolar 2011-2012.

Tercero. En consecuencia, la consolidación de los servicios existentes, para el ciclo escolar 2011-2012, requiere de 728.2 millones de pesos.

Cuarto. Es decir, se requeriría una ampliación al ramo 25, consistente en 339.3 millones de pesos.

Quinto. Por otra parte y para complementar el apoyo que requiere éste programa, se requiere en forma urgente y progresiva, la reposición de mobiliario y equipo para aulas, laboratorios, talleres y bibliotecas, por lo que es indispensable destinar al menos 500 millones de pesos anuales para este gasto de inversión, con lo cual se beneficiará a un promedio de mil escuelas, que en caso de ser progresivo, en un horizonte de cinco años se repondría casi la totalidad del mobiliario en los plantes oficiales de educación básica en la ciudad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta los diputados integrantes de las Comisiones de Educación Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de esta LXI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2011, aprueben una partida etiquetada de 1,067.5 millones de pesos destinados al fortalecimiento del Programa de Escuelas de Jornada Ampliada para el Distrito Federal.

Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el Fondo de Desarrollo Regional, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La desigualdad, la marginación y la pobreza, son problemas que atañen a esta soberanía, sin embargo, la desproporcionalidad regional, y sobre todo el rezago en el que viven algunas entidades federativas, es un problema que no se ha podido subsanar en nuestro país.

A lo largo de los últimos años, se ha intentado crear mecanismos que generen mayor desarrollo regional sobre todo en aquellas entidades en las que el desarrollo social se encuentra muy por debajo de la media nacional.

La desigualdad regional se hace visible en la diferencia de 0.1652 del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Entidad con menor rezago como el Distrito Federal el cual cuenta con un índice de 0.8837 respecto a la más rezagada que es Chiapas con 0.7185. La diferencia entre la entidad con mayor desarrollo es equivalente a la de algunos países desarrollados, y la de menor desarrollo es parecida a algunos países del sur de África.

Considerando que el Índice de Desarrollo Humano se encuentra constituido por una variable de ingreso per cápita, la esperanza de vida, la matricula y el año promedio de escolaridad; la divergencia entre cada una de estas variables, entre las entidades federativas se acentúa cuando de acuerdo a la metodología del PNUD se correlacionan entre sí.

Así es nuestro país, un país de divergencia, de desigualdad y de marginación. Los esfuerzos realizados para aminorar esta situación no han sido suficientes, han funcionado como paliativos y no acciones que ataquen el problema de raíz.

De entre los esfuerzos realizados para reducir la brecha de desigualdad se encuentra la creación del Fondo de Desa-rrollo Regional, por primera vez propuesto por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, el cual fue incluido en el ramo general 23, “Provisiones Salariales y Económicas”.

El Fondo de Desarrollo Regional surge con la finalidad de proporcionar mayor presupuesto para inversiones en infraestructura pública a las 10 entidades federativas que presentan mayor rezago, y por ende un menor Índice de Desa-rrollo Humano, considerando la estimación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por ser un indicador de aceptación internacional.

Este fondo inicialmente era por un monto de 2 mil millones de pesos, llegando en 2010 a un monto de 5 mil 500 millones de pesos. La importancia de este fondo radica en que se trata de un fondo resarcitorio, que busca compensar el rezago existente entre las Entidades a través de dotar de recursos para inversión en infraestructura a las más afectadas en materia de desarrollo humano.

La distribución del mencionado fondo, se encuentra planteada inicialmente de acuerdo a la desviación estándar del índice de cada entidad con respecto a la media nacional. Sin embargo, es a partir de 2009 cuando se subdivide dicho fondo, con la finalidad de considerar mayores recursos para las 3 entidades más rezagadas, como son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, las cuales por sus atrasos históricos tienen niveles muy altos de marginación, y por lo tanto su desa-rrollo humano se encuentra muy por debajo de la media nacional.

Por la naturaleza del Índice de Desarrollo Humano, y el impacto que tiene la creación de infraestructura en la actividad económica y por ende en el desarrollo económico y social, es fundamental considerar que un incremento en la inversión para infraestructura de estas entidades acarreará en un mediano plazo mayores niveles de desarrollo social y humano.

México, se encuentra sumamente segmentado, en cuanto a niveles de vida se trata, y es fundamental que estas diferencias regionales se disminuyan. Es nuestra responsabilidad como legisladores generar mecanismos de equidad que coadyuven a una mejor vida para todos, y sobre todo para los sectores más desprotegidos y marginados.

El fondo regional constituye un avance importante en el esfuerzo del país por incorporar a las regiones menos desa-rrolladas a la dinámica del crecimiento nacional. También, al permitir que los estados inviertan en aquellas obras que de acuerdo a sus necesidades consideren más importantes, apoya la descentralización del gasto e incentiva la participación activa de los agentes económicos locales.

Es indispensable redoblar esfuerzos para mejorar la situación de las personas que viven en estas Entidades marginadas con el incremento de los fondos que se dedican a mejorar la infraestructura como es el Fondo de Desarrollo Regional. Por lo que los incrementos a éste deben de ser de acuerdo a las necesidades.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considera un monto de 3 mil millones de pesos para el Fonregion, cuestión que me parece inadmisible, ya que el año pasado se aprobó un monto de 5 mil 500 millones, y propongo que se incremente lo aprobado el año pasado más el 5 por ciento del indicador inflacionario.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en la discusión del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere incrementar el monto del Fondo de Desarrollo Regional a 5 mil 775 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2008.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el programa social 70 y Más, y la creación de apoyos a madres solteras y discapacitados, cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. A lo largo de la historia se han observado vaivenes en las llamadas “estrategias de política social”, el origen las consideró de carácter general y a la población rural se le protegió a través de la reforma agraria, con la fijación de precios de garantía para productos básicos, y por otra parte a la población urbana se le garantizaron derechos laborales, el mantenimiento de los salarios mínimos y la seguridad social; por muchos años considerando a estas políticas como suficientes para mejorar las condiciones de vida de la población, dando prioridad a la política económica y a la búsqueda del desarrollo del país.

En consecuencia se diseñaron programas sectoriales orientados al fomento de la producción, el consumo y a la asistencia directa de los grupos desfavorecidos, conceptualizando a la pobreza un fenómeno predominantemente rural y por ende relativo a zonas “marginadas” asociadas a la desnutrición, la insalubridad, altas tasas de natalidad y mortalidad infantil, reducida esperanza de vida, ignorancia y desempleo.

Evidentemente la investigación y el análisis sobre políticas públicas enfocadas al desarrollo social resulta abrumadoramente técnico, prevaleciendo la inercia de estudios cuantitativos cuyo objeto es la medición de efectos en la aplicación de programas, pero es justamente aquí donde se encuentra uno de los principales errores sobre el tema, ya que sistemáticamente nos limitamos al funcionamiento de los programas de asistencia social y olvidamos la formulación y aplicación de verdaderas políticas redistributivas con valores tales como, a quién serán dirigidas, cual es el criterio correcto para decidirlo y si podemos basarnos solo en los ingresos que percibe un individuo, lo cual no puede y no debe ser medido únicamente con modelos estadísticos.

Cabe preguntarse entonces sobre la posibilidad de seguir otro rumbo en nuestras políticas redistributivas, la conveniencia de implementar políticas universales e incondicionales, y con ello la posibilidad de implementar estrategias que impacten directamente en el empleo y los niveles de ingreso, pensando en un camino posible y seguro por etapas que se ajuste a la realidad de nuestro país. Más allá del costo fiscal deberíamos pensar en los beneficios que podrían generarse, pues sin duda se contaría con un sistema de amplia cobertura que a cada ciudadano le otorgaría oportunidades reales de acceso al desarrollo social. Si partimos del supuesto en concordancia con nuestra realidad sobre la universalidad, haciéndolo solo en algunas políticas redistributivas, no se afectaría el desempeño económico del país, seguramente lograríamos alcanzar el éxito de forma progresiva, se abatiría la pobreza y el rezago a través del desa-rrollo de un sistema concentrado en los segmentos más desprotegidos de la sociedad.

La existencia de múltiples programas diseñados con años y en muchos casos décadas de diferencia, muestran esquemas redistributivos incapaces de responder eficazmente a los problemas actuales. En ese sentido es claro que la mayoría de los programas fueron concebidos como planes de emergencia social, dirigidos sin duda a compensar sectores vulnerables; por ende hoy se da la implicación forzosa de una revisión, así como la reconstrucción de estructuras y la reconfiguración de políticas sociales que permitan a través de la universalidad en el mediano plazo, el acceso a mejores condiciones de vida y desarrollo de nuestra población conformada por más de cuarenta y siete millones de pobres.

Lo anterior nos remite a mejorar nuestros niveles de justicia social, apostar por una política que tenga como principal objetivo mejorar las condiciones de vida y desarrollo social y así trascender la lógica asistencialista. Los programas actuales pueden ser concebidos como respuestas más o menos razonables frente a los graves problemas de vulnerabilidad y exclusión social, sin embargo, habrá que tener presente su naturaleza de corto plazo; si queremos pensar en el mediano y largo plazo, comencemos a estudiar la viabilidad de propuestas redistributivas universales. La pobreza invariablemente influirá en los problemas que enfrenta la sociedad, determina sus aspiraciones; desde la alimentación, la educación, la atención en salud y por supuesto la inserción de las personas en el ámbito laboral. Cuando existe pobreza no se tienen perspectivas de desarrollo, hay núcleos de la población en los que la alimentación es un problema, y como hecho vital hay que recurrir rápidamente a su atención, si uno cubre este aspecto, aparece el tema de la salud como asunto fundamental a resolver, pero inmediatamente aparecerá el problema educativo, como elemento accesorio a estos dos anteriores, de tal suerte urgen replanteamientos en torno al funcionamiento mediático de programas para la asistencia social.

Cada grupo social demanda atención para poner en marcha programas como los que actualmente existen de manera focalizada, pero la realidad abarca el denominador, “totalidad de la población”, y no acciones sociales insuficientes o ineficaces.

Sabemos que las crisis económicas en México inclinan el crecimiento de problemas en el núcleo de la sociedad (la familia), y si a esto sumamos el cambio en la estructura de la población con la explosión demográfica de los años setenta y los rezagos sociales acumulados, tenemos una sociedad tan plural, tan desigual, tan heterogénea y tan compleja que hoy se experimenta un proceso creciente de segmentación donde no existe comunicación, no se comparten proyectos y la mayoría se siente excluida.

Estos factores llevan a la pérdida de cohesión pero debemos pensar en impulsar una conciencia colectiva sobre la necesidad de revertir este proceso. El Estado, como la sociedad civil advierten el peligro de esas tendencias, mientras que los grupos más vulnerables buscan refugios y formas de existencia que les permitan sobrevivir.

Consecuentemente “los derechos sociales”, incluyen la satisfacción de necesidades esenciales, consignadas todas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además  de nuevos y diversos bienes y servicios vinculados a valores universales como la equidad, la igualdad de oportunidades, la tolerancia y el reconocimiento, siendo el Estado el responsable directo que tiene la obligación fundamental de garantizar que estos derechos se cumplan.

Lamentablemente lo que se vislumbra de continuar como hasta ahora es mayor desigualdad entre grupos sociales y regiones geográficas. No podemos permitir que la situación empeore porque cada administración imponga una estrategia no solo diferente, sino equivocada para atacar la pobreza.

Una propuesta viable y global de apoyo a grupos vulnerables podría el considerar a la población de adultos mayores, a personas con discapacidad y madres solteras.

II. Programa Setenta y Más

De acuerdo a las reglas de operación del programa a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los beneficiarios deberán de cumplir con los criterios de elegibilidad enunciados a continuación:

– Tener 70 años de edad o más.

– Habitar en localidades de hasta 30 mil habitantes.

– No ser beneficiario del apoyo de adulto mayor del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades o aceptar la suspensión en caso de ser beneficiario de éste.

Los tipos de apoyo que se otorgan son los siguientes:

– Económicos directos: que consisten en el otorgamiento de 500.00 pesos mensuales.

– Acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental: consistentes en la integración de grupos de crecimiento y clubes, así como dar jornadas o sesiones informativas.

– Acciones para la protección social: consistentes en promover actividades productivas y ocupacionales, atender discapacidades y dar acceso a los servicios de salud.

El objetivo debe ser ampliar la cobertura para la totalidad de la población mayor a 70 años, conservando los apoyos que consideran las reglas de operación del programa.

El costo de ampliación de cobertura:

Para calcular el requerimiento de recursos para ampliar la cobertura del programa se consideró lo siguiente:

– La proyección de población del Consejo Nacional de Población (Conapo) para estimar el total de posibles beneficiarios.

– El otorgamiento de un apoyo de 500.00 pesos.

– El costo de operación de 7 por ciento (máximo) señalado en las reglas de operación del programa.

– Los beneficiarios no reciben apoyo alguno por parte de gobiernos locales o cualquier otro apoyo.

La situación económica de la sociedad en nuestro país, la pobreza no solo rural sino urbana y la falta de servicios de salud, obliga a plantear el aumento generalizado de forma progresiva y en algún momento de manera universal del padrón de beneficiarios. Además de realizar los ajustes al monto económico otorgado, tomando en cuenta entre otras cosas el índice nacional de precios al consumidor.

III. Programa de apoyo a personas con discapacidad

El 10 de junio de 2005 se publica la Ley General de las Personas con Discapacidad que tiene como propósito reconocer a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio. Asimismo, se constituye el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de esta ley.

Adicionalmente, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ejecuta el Programa de Atención a Personas con Discapacidad que tiene como finalidad la de prestar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad o en riesgo de presentarla, así como planear, organizar y controlar la operación y seguimiento de los centros, unidades básicas y unidades móviles de rehabilitación con el propósito de contribuir a su integración social.

De acuerdo a la información se observa que las acciones para atender a personas con discapacidad comprenden básicamente los ámbitos de la atención médica, estrategias de información, prevención y rehabilitación.

Ahora bien, se debe considerar la posibilidad de otorgar un apoyo económico de 500.00 pesos mensuales a las personas que presentan alguna discapacidad, tal y como se realiza con uno de los grupos vulnerables de la sociedad en la actualidad (adultos mayores) de tal suerte que el costo del apoyo económico de conformidad con el Censo General de Población y Vivienda realizado en el 2000, en el que la prevalencia de discapacidad en el país representó el 1.84 por ciento del total de la población, pero en la encuesta censal de ese mismo año y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud (Ensa 2000) también de ese año, se mostró que la prevalencia era aproximadamente de 2.30 por ciento.

Se presenta el siguiente cálculo:

Población total 2000: 97,483,412

Prevalencia según Ensa 2000: 2,242,118

Apoyo económico de 500.00 pesos mensuales (millones de pesos): 1,121.1

Costo anual del apoyo económico (millones de pesos): 13,452.7

Es importante señalar que debido a los problemas en la medición de la prevalencia de la discapacidad se consideró inconveniente hacer una estimación para los años siguientes de que se cuenta con información, por lo que la cifra deberá de considerarse como aproximada.

IV. Programa de apoyo a madres solteras

En el pasado reciente se han observado cambios en la estructura familiar, de tal manera que el papel de la mujer ha cobrado relevancia para encabezar el núcleo familiar, debido fundamentalmente a embarazos fuera del matrimonio y al crecimiento en la separación conyugal y divorcios.

En este sentido, se han incrementado acciones para atender a las mujeres que son madres, así por ejemplo se han implementado programas como el de becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, de estancias infantiles para madres trabajadoras, centros asistenciales de desarrollo infantil y apoyos productivos entre otros.

Si se considera la posibilidad de otorgar un apoyo económico de 500.00 pesos mensuales como en los dos programas anteriores el costo del apoyo económico de conformidad con el material publicado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) denominado Análisis de la situación de las madres solteras, en su apartado de indicadores señala que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2008, en México hay 28.3 millones de mujeres de 14 años y más con al menos un hijo nacido vivo; de ellas, 7.3 millones no tiene cónyuge, son madres solas (solteras, viudas, divorciadas y separadas) lo que representa 26.0 por ciento del total.

Con los datos anteriores se tiene el siguiente cálculo:

Madres solteras ENOE 2008 (millones de personas): 7.3

Apoyo económico de 500.00 pesos mensuales (millones de pesos): 3,650.0

Costo anual del apoyo económico (millones de pesos): 43,800.0

Entonces la pregunta es, ¿acaso no es posible garantizar por principio de cuentas a los grupos sociales en mayor desventaja los apoyos que verdaderamente requieren para lograr una mejor calidad de vida? Y si esto es así, ¿por qué no pensar en mejorar nuestras políticas en materia de desarrollo social a través de un camino por etapas, posible y seguro, de acuerdo a la realidad de nuestro país?

Por lo expuesto, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se somete a consideración de las Comisiones de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incrementen los recursos otorgados al programa social setenta y más, estableciendo mayor equidad distributiva con el aumento de la población objetivo a que se dirige dicho programa, hasta 50 mil habitantes.

Segundo.Se somete a consideración de las Comisiones de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos para le creación del Programa Social de Apoyo Económico a Madres Solteras a nivel federal, con un monto similar al otorgado a adultos mayores (setenta y más).

Tercero. Se somete a consideración de las Comisiones de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos para le creación del programa social de apoyo a discapacitados a nivel federal, con un monto similar al otorgado a adultos mayores (setenta y más).

Cuarto. Dichos recursos serán de ejecución federalizada sin necesidad de contrapartidas de las entidades federativas.

Notas:

1 Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012, Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, Secretaría de Salud, pagina 55.

2 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, Análisis de la situación de las madres solteras en México”,30 de julio de 2010, página 64.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere la realización de modificaciones a efecto de incluir disposiciones relevantes en materia de ejecución del gasto, informes respectivos y evaluación del desempeño, a cargo del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Rodrigo Pérez-Alonso González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la realización de las modificaciones correspondientes al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011 a fin de incluir disposiciones relevantes en materia de ejercicio de éste, informes respectivos y evaluación del desempeño, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El PEF constituye el elemento primordial de orientación de política pública: asigna los recursos a las prioridades del país. El Plan Nacional de Desarrollo establece los ejes de política pública relevantes; entre ellos, el de “economía competitiva y generadora de empleos”, que orienta los programas de la Secretaría de Economía.

Un componente importante en el PEF es el presupuesto relacionado con la promoción industrial y sectorial a cargo de la Secretaría de Economía.

En el proceso de análisis, discusión y aprobación del paquete económico, la Cámara de Diputados desempeña un papel primordial, y es facultad exclusiva la aprobación del PEF.

Las atribuciones de la Cámara no radican únicamente en la aprobación del Presupuesto: una tarea primordial es la revisión del ejercicio del gasto en el transcurso del año a fin de alertar y reorientar sobre las dificultades y los problemas en el ejercicio de los recursos aprobados por esta soberanía, exhortando a los ejecutores de gasto a la aplicación oportuna, eficiente y transparente de sus recursos.

Ello implica una revisión en línea de los programas y recursos, así como un seguimiento puntual de los informes presentados por el Poder Ejecutivo de forma periódica y una fiscalización ex post al cierre del ejercicio de los recursos, revisión a cargo de los órganos técnicos de la Cámara y de las propias comisiones.

Fiscalización y evaluación

La fiscalización de los programas y los recursos se encuentra como una tarea relevante de la Cámara, a través de sus órganos técnicos, principalmente la Auditoría Superior de la Federación, e implica el análisis de los indicadores derivados de la creación e implantación del Presupuesto basado en resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, así como de las evaluaciones internas y de las externas que el Poder Ejecutivo envía al Congreso para su estudio. Ello además debe vincular, en un círculo virtuoso, el proceso de evaluación con el proceso de toma de decisiones al momento de reasignación de recursos.

Reglas de operación

Igualmente, es importante para el ejercicio eficiente eficaz, con criterios de economía y oportunidad, el diseño de las Reglas de Operación y el mecanismo de ejercicio de los recursos. El proyecto de decreto del PEF de 2011 establece medidas relevantes para coordinar la participación del Congreso en el proceso de creación de las reglas de operación.

Por lo anterior, se considera necesario que, aunado a la creación de una estrategia de impulso a programas prioritarios durante la aprobación del PEF, logrado mediante el trabajo de acuerdos y consensos, se generen disposiciones para su mejor ejercicio, seguimiento, evaluación y fiscalización a través de la inclusión de artículos y normas en el decreto del PEF.

Ejercicio de los recursos, distribución regional y ejercicio oportuno

A fin de promover que los programas de acceso a financiamiento productivo de la Secretaría de Economía se conviertan en verdaderos mecanismos de política industrial, basadas en el fomento de las actividades productivas y de impulso a la reactivación económica, es necesario mejorar los lineamientos de asignación y ejercicio de los recursos, así como las reglas de operación y los informes que las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público rinden periódicamente a fin de dar un puntual seguimiento a su ejercicio, distribución regional, consecución de metas y evaluación del desempeño.

Con la finalidad de garantizar un ejercicio oportuno de los recursos de los programas sujetos a reglas de operación, es necesario determinar criterios generales para promover que los recursos se distribuyan a los beneficiarios desde el inicio del año de forma regular, con objeto evitar que al final del año se ministre a las dependencias y a los beneficiarios el porcentaje mayor de recursos, afectando la creación y el desarrollo de las actividades productivas y generación de empleos, estrangulando el flujo de recursos de forma armónica y eficiente, y la consecución de metas de los beneficiarios, y orillando a un ejercicio apresurado de dichos recursos.

Es importante retomar las disposiciones señaladas a fin de que la Cámara de Diputados desempeñe un papel importante en el proceso de toma de decisiones e información respecto del ejercicio y avance de estos recursos.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita que el presente punto de acuerdo se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que se considere que, en el marco de los trabajos de discusión e integración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incluyan estas modificaciones en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.

Segundo.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto a incluir en el proceso de discusión del dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación siguientes adiciones a dicho decreto:

Se adicionan un párrafo quinto al numeral VI del artículo 29 y un numeral XII al mismo artículo; se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto del inciso h), numeral III, del artículo 30; se reforman el numeral VII del artículo 29, el inciso f) del numeral I del artículo 30 y los párrafos primero y segundo del numeral II del artículo 30

Artículo 29.

...

...

...

...

A fin de promover la reactivación económica de manera urgente, los programas de fomento de las actividades productivas, los programas de empleo temporal y de reconstrucción de de las zonas dañadas por los desastres naturales ocurridos en 2010, ya sea en su modalidad de apoyo y subsidios a las regiones, así como los de construcción de infraestructura, deberán llevar un seguimiento puntual. Ello comprende además los programas de la Secretaría de Economía y otros relacionados. Por lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá presentar a la Cámara de Diputados, de forma extraordinaria, un informe trimestral, pormenorizado y puntual respecto al ejercicio de los recursos de los programas sujetos a reglas de operación, el otorgamiento de subsidios y entrega efectiva a beneficiarios, señalando el número de proyectos beneficiados, padrón de beneficiarios y el monto total entregado, así como el porcentaje de avance del ejercicio anual. Dicho informe deberá incluir un resumen de las evaluaciones practicadas, las observaciones señaladas y el avance de metas en la matriz de indicadores, indicando su avance trimestral respecto de las planteadas en el proyecto de Presupuesto de Egresos.

...

VII. La Cámara de Diputados, a través de las comisiones legislativas, ordinarias y especiales, la Auditoría Superior de la Federación y los centros de estudios correspondientes que lo soliciten, en los términos previstos en las disposiciones aplicables, tendrán acceso a la información relativa a la matriz de indicadores para resultados de los programas, al seguimiento del avance de cumplimiento de las metas de los indicadores de los programas, y a las evaluaciones realizadas, misma que será publicada en términos de su normativa interna.

...

XII. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con las dependencias y entidades, deberá diseñar un esquema de reportes homologado y con definiciones precisas respecto del estado del ejercicio del presupuesto aprobado, el cual incluya el presupuesto aprobado, modificado, ejercido al periodo, el porcentaje de avance del presupuesto al periodo, señalando el presupuesto devengado y comprometido y el recurso efectivamente transferido a las entidades, dependencias, beneficiarios y proveedores respectivos y el monto de recursos pendientes de comprometer y ejercer.

Artículo 30. Los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son los señalados en el anexo 18 de este decreto. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá incluir otros programas que, por razones de su impacto social, deban sujetarse a reglas de operación:

I. Las reglas de operación de los programas federales deberán sujetarse a los siguientes criterios generales:

...

f) Se promoverá un calendario eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos, el cual deberá incluir un porcentaje de avance del ejercicio de los recursos en cada trimestre del año, de forma que al tercer trimestre se haya ejercido 85 por ciento de los recursos de dichos programas, y

...

II. La Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria y especial que en razón de su competencia corresponda, podrá emitir opinión sobre las reglas de operación que el Ejecutivo federal haya emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera previa a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y a más tardar el 1 de diciembre, con objeto de que la aplicación de los recursos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

En el contexto de la revisión de la planeación nacional del desarrollo en términos del artículo 34, fracción I, de la Ley de Planeación, los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Estados podrán participar con las comisiones ordinarias y especiales de la Cámara de Diputados en la elaboración de las opiniones sobre las reglas de operación de los programas federales.

En el caso de los programas sujetos a reglas de operación de la Secretaria de Economía, se deberá privilegiar un ejercicio eficiente, eficaz y con criterios de transparencia y economía. Asimismo, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía deberán informar trimestralmente de los avances del ejercicio de los recursos, detallando la información señalada en el artículo 29, fracción XII, así como los aspectos relevantes de la evaluación del desempeño de acuerdo con la matriz de indicadores de dichos programas y sus avances trimestrales en función de las metas anuales.

De igual manera, a fin de asegurar un ejercicio oportuno de los recursos, la Secretaría de Economía publicará las reglas de operación de los programas a más tardar 30 días hábiles después de publicado el decreto de Presupuesto de Egresos.

En dichas reglas de operación se deberá especificar que, a fin de promover un ejercicio oportuno de los recursos, al primer trimestre del año se deberá tener ejercido 25 por ciento de los recursos asignados al programa, al segundo trimestre, 55 por ciento de los recursos; y al tercer trimestre, 85 por ciento de los recursos aprobados del programa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos adicionales para superar los rezagos sociales en Oaxaca, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos adicionales para superar los rezagas sociales en el estado de Oaxaca que le permitan enfrentar los enormes problemas económicos y la profunda desigualdad social que padece, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante décadas, el estado de Oaxaca ha venido padecido un sometimiento indolente traducido en una forma de gobierno caracterizada por la represión contra la movilización, la indiferencia ante la pobreza y una aparente exclusión presupuestaria que hace sentir a su pueblo relegado dentro del pacto federal.

Los deseos de cambio, la búsqueda de la mejora material y de un mayor grado de desarrollo social se han topado de frente con el poder de los cacicazgos locales, económicos y políticos, que frenaron todo anhelo de tener una entidad federativa próspera y alejada de la pobreza.

Ahora que el empuje social, frenado en múltiples ocasiones, h logrado vencer la inercia de un poder político y económico que se había resistido al cambio, los oaxaqueños tenemos la oportunidad de alcanzar mejores estadios de desarrollo.

En Oaxaca, estamos forjando un nuevo rumbo para la gente. Hoy, podemos decirlo abiertamente, se puede superar el amplio velo de pobreza y miseria que cubrió el suelo oaxaqueño; cuyo saldo nos muestra un desolador panorama para el estado:

En 2006, Oaxaca se ubicó en la posición 31 a nivel nacional, al registrar un producto interno bruto (PIB) per cápita de 6,785 pesos, es decir, cerca de 8 mil pesos por debajo de la media nacional.

En 2007 se ubicaba en el lugar número 32 de entre las entidades federativas en materia de transparencia en cuanto a la evaluación hecha al poder Ejecutivo local y en la posición 30 en la evaluación al Poder Legislativo local (según datos del Centro de Investigación y Docencia Económicos).

En 2008 ocupó el lugar número 32 en el indicador de gobierno eficiente y eficaz (información del Instituto Mexicano para la Competitividad).

Desde 2006 Oaxaca se ha mantenido en la posición número 31, de entre todas las entidades federativas, respecto del índice de desarrollo humano, y el lugar 29 en relación al índice de desarrollo relativo al género (reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

A partir de 2003, nuestro estado se ha mantenido en la posición 32 el indicador de una sociedad incluyente, preparada y sana (datos de Instituto Mexicano para la Competitividad).

En 2005 Oaxaca ocupó el lugar 31 en el promedio de escolaridad de la población con tan sólo 6.4 grados y un 19.3 por ciento de analfabetismo (información del segundo Conteo de Población y Vivienda 2005).

Junto con Chiapas y Guerrero, Oaxaca es la entidad con mayor incidencia de pobreza alimentaria (38.1 por ciento), de capacidades (46.9 por ciento) y de patrimonio (68.0 por ciento), reporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

También con datos de mismo Coneval, Oaxaca tiene un muy alto grado de rezago, derivado del alto porcentaje de carencias en materia educativa, muy baja cobertura de servicios básicos y un muy bajo acceso a la seguridad social.

Lo anterior muestra el deshonroso tercer lugar en cuanto al grado de pobreza de la población. Esto significa que de los 3 millones 506 mil 821 habitantes, 1 millón 337 mil 597 oaxaqueños sufrían pobreza alimentaria; en tanto que 1 millón 644 mil 680 personas padecían pobreza de capacidades y un total de 2 millones 384 mil 776 padecían pobreza de patrimonio (Conteo de Población y Vivienda 2005).

Con base en datos del Inegi (2005), en el estado sólo el 22.5 por ciento de la población total recibe servicios médicos, cuando la media nacional asciende a 46.9 por ciento.

En cuanto a las características de la vivienda, el 33.1 por ciento de los hogares oaxaqueños cuenta con piso de tierra, en tanto, el promedio nacional llega al 10.2 por ciento.

Además el 35.54 de las viviendas no dispone de drenaje, ocupando el primer lugar en este indicador; y en cuanto a agua entubada de red pública, Oaxaca ocupa el segundo lugar, pues el 28.04 por ciento no cuenta con ese servicio.

En materia educativa, la población de 15 años y más con educación media superior y superior, alcanza el 20.4 por ciento, cifra muy inferior al promedio nacional que es de 32.1 por ciento.

Otro aspecto profundamente significativo, lo representa el alto grado de analfabetismo, el cual en 2005 ascendía a 19.33 por ciento, superando ampliamente el promedio nacional del 8.35 por ciento, superando sólo a Chiapas (21.33 por ciento) ya Guerrero (19.86).

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigó y encontró elementos suficientes para determinar que el gobierno de Oaxaca es responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

Este sinuoso camino demanda una respuesta firme, pues sin duda el abatimiento de la marcada desigualdad social es el principal desafío para el estado. Sin embargo, son muchos los frentes que se tienen que atender: trabajar en la eliminación de las distorsiones regionales con una estrategia de desarrollo social incluyente que revierta los factores que han obstaculizado el desarrollo productivo de la entidad, de tal forma que no dependa tanto de los subsidios y apoyos federales.

Igualmente, ese pretendido desarrollo social implica imaginación gubernamental para reasignar recursos presupuestales y adecuar políticas públicas para alcanzar los cambios que el pueblo espera.

Los retos de Oaxaca son inmensos: crecimiento solidario de la economía; expansión de los beneficios a toda la población; mejor distribución del ingreso; acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, nutrición; respeto irrestricto a los derechos humanos; respeto a la diversidad de toda naturaleza; políticas públicas con inclusión de los sectores socialmente marginados: mujeres, indígenas, discapacitados, jóvenes , adultos mayores; promoción de la participación ciudadana; fortalecimiento de la seguridad y la justicia en beneficio de todos; aplicación puntual de los principios de transparencia y rendición de cuentas, entre otros.

La profunda crisis en que se encuentra sumergida Oaxaca demanda voltear los ojos a políticas que combatan decididamente la desigualdad, aprovechar mejor el sector forestal, emprender acciones en los rubros educativo, ecológico y forestal e invertir en infraestructura para potencializar el desarrollo.

Un sector en el que ha impactado fuertemente la grave situación económica es el empresarial. Esto obliga a atender al sector micro empresarial de Oaxaca, pues se estima que cerca del 90 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas continúa sus labores en malas condiciones.

Ahora, los esfuerzos y voluntades para construir una agenda mínima que permita la construcción de un fortalecido estado de Oaxaca, en donde impere un ambiente de justicia social y de convivencia pacífica, han delineado la instauración de un Gobierno que, mediante la participación activa de la sociedad, plantea la reestructuración institucional y del tejido social para el bienestar general.

En el fondo, lo que Oaxaca demanda y que se reflejó en el reciente proceso electoral, es la búsqueda de un nuevo pacto social que, sobre la base de nuevas reglas, implemente acciones y reformas legales que garanticen un horizonte mínimo de bienestar a su población.

En este contexto, para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, indígenas, micro y pequeñas empresas, así como de la población en general, se requiere del esfuerzo y comprensión de todos, respecto a las difíciles condiciones que vive Oaxaca, sobre todo considerando los enormes daños ocasionados por las recientes lluvias, que orillaron a esta soberanía a aprobar recursos adicionales para la atención de miles de damnificados.

Por lo expuesto, es que someto a la consideración del esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Esta soberanía exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se consideren recursos adicionales para superar los rezagos sociales en el estado de Oaxaca que le permitan enfrentar los enormes problemas económicos y la profunda desigualdad social que padece.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2011.— Diputada María Guadalupe García Almanza (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Proceda la Secretaría a dar cuenta de las proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

MUCOPOLISACARIDOSIS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la mucopolisacaridosis en todas sus versiones o tipos, especialmente los identificados como II y VI

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que presenta el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte al Consejo de Salubridad General para que, de manera urgente, actualice las categorías de enfermedades, específicamente la denominada mucopolisacaridosis, en todas sus versiones y/o tipos, especialmente los identificados como II y VI.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, perteneciente a la Secretaría de Salud, para que actualice el catálogo correspondiente e incluya el tratamiento de reemplazo enzimático para el tratamiento de la enfermedad mucopolisacaridosis, especialmente en los tipos identificados como II y VI.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado. Comuníquese.Continúe secretaria.

CANCER DE MAMA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Saluda a expedir a través del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2009

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que presenta el diputado  Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva expida la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2009, para la prevención diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, y la envíe a la Segob para su correspondiente publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

No habiendo quien haga uso de la palabra...

El diputado Gerardo del Mazo Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido en la curul del diputado Gerardo del Mazo, por favor.

El diputado Gerardo del Mazo Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente agradecer a nombre de mi fracción parlamentaria, Nueva Alianza, el que en esta Legislatura hemos logrado coincidencias muy importantes.

El hecho de que la Junta de Coordinación Política haga suyo este punto de acuerdo por el que exigimos al sector salud que tome una decisión necesaria para el combate de un mal como es el cáncer de mama, que tantas vidas cuesta y que se puede prevenir, es de reconocerse.

De esta manera podemos contribuir a que se cuente con mayores recursos para garantizar la salud de las mujeres en México. A todos mi agradecimiento. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe la Secretaría.

TRABAJO LEGISLATIVO

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Gerardo Cortez, por favor.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza(desde la curul). Sí, diputado presidente, nada más para que quede constancia que ya regresó el diputado Fernández Noroña y la güera.

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Dígame, diputado Ignacio Téllez. ¿Con qué objeto, diputado Ignacio Téllez?

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): Presidente, nada más para informar que el día de ayer hice llegar un comunicado en donde decía que si hoy no había bases en mi postura volvería a retomar mi protesta. Le pido de la manera más atenta que me haga llegar mi catre que puse el día de ayer ahí, que no sé quién lo tomó, porque hoy mismo me quedo aquí en forma de protesta por esa actitud del presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe la Secretaría.

CANCER DE MAMA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA FINAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de lahonorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por acuerdo de los grupos parlamentarios, me permito comunicarle que el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña sustituirá al diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas como representante de esta Cámara del Congreso de la Unión ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Por lo anterior, le solicito que se hagan las comunicaciones correspondientes al titular del Ejecutivo federal, así como a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: De enterado. Comuníquese.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió solicitud de excitativa de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Excitativa a la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

Lucila del Carmen Gallegos Camarena, en su calidad de diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso p) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita, respetuosamente, que la Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Gobernación, a efecto de que dictamine la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a realizar y publicar el diagnóstico nacional y los estudios complementarios con perspectiva de género, sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos a que hace referencia la fracción XII del artículo 42 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, a fin de contar con información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención , sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, con base en los siguientes

Antecedentes

Con fecha 24 de marzo de 2010, la diputada Tomasa Vives Preciado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y Niñas; y a los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal a revisar y actualizar junto con la sociedad civil, el marco normativo para atender la violencia contra las mujeres.

La proposición presentada por la diputada Tomasa Vives Preciado fue turnada en la misma fecha para su dictamen a la Comisión de Gobernación, sin que a la fecha ésta haya sometido a consideración del pleno el dictamen respectivo.

Consideraciones

La dimensión de las consecuencias de la violencia con base en el género, es tan grave que no sólo viola los derechos humanos, también obstaculiza la productividad, reduce el capital humano y mina el crecimiento económico, generando costos sociales y económicos que repercuten en toda la sociedad.

Debido a la violencia, las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, pierden su sueldo, dejan de participar en actividades cotidianas y ven menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.

Para combatir este problema y con el objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bie-nestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desa-rrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha primero de febrero de 2007, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

Para el logro de sus objetivos esta ley dispone, entre otras cosas, la elaboración de un Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que de acuerdo con el artículo 42, fracción XII, está a cargo de la Secretaría de Gobernación.

La realización del diagnóstico señalado tiene como fin proporcionar información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

El artículo quinto transitorio del decreto por el que se crea la ley en comento dispone que el diagnóstico citado deberá realizarse dentro de los 365 días siguientes a la integración del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

No obstante que el 11 de mayo de 2007, se celebró la primera reunión extraordinaria del sistema y que de esa fecha al día de hoy han transcurrido aproximadamente mil 300 días, es decir, tres veces más el término que prevé la ley para la realización del diagnóstico, este no ha sido publicado.

La gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas y de sus efectos hace urgente contar con información objetiva, que permita la elaboración de políticas gubernamentales tendentes a la prevención, atención, sanción y erradicación de ésta.

Esta imperiosa necesidad hace que la proposición planteada por la diputada Vives Preciado, sea de urgente y obvio dictamen y resolución.

Por lo expuesto y fundado, a usted, ciudadano presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva

Único. Excite a la Comisión de Gobernación para presente el dictamen respectivo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y Niñas; y a los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal a revisar y actualizar junto con la sociedad civil, el marco normativo para atender la violencia contra las mujeres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación para que emita el dictamen correspondiente.

Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 9 de noviembre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada(a las 15:18 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 9 de noviembre del año 2010, a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 4 horas 4 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 260 diputados • Asistencia al cierre de registro: 417 diputados • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 • Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 2 • Oradores que participaron: 152 PRI                                  67PAN                                 42PRD                                 18PVEM                      7PT                                       15Convergencia                   1Nueva Alianza                   1Diputado Independeinte     1 Se recibió o presentó: • 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonia cívica conmemorativa; • 2 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que se comunican cambios de integrantes en las Comisiones de Marina; de Desarrollo Rural; de la Función Pública; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Justicia; de Gobernación; y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; • 1 asamblea de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; • 2 excitativas de senadores del PAN; • 5 iniciativas del PRI; • 2 iniciativas del PAN; • 2 iniciativas del PRD; • 3 iniciativas del PVEM; • 2 iniciativas del PT; • 1 iniciativa de Diputado Independiente; • 95 proposiciones con puntos de acuerdo; • 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política; • 1 excitativa a comisión Dictámenes de primera lectura: • 3 de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que 25 ciudadanos puedan para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente Dictámenes aprobados: • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; • 1 de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; • 1 de la Comisión de Juventud y Deporte con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud