SUMARIO

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Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

ASISTENCIA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Para poder dar inicio a esta sesión solicito a los representantes de los distintos medios de comunicación que se sirvan pasar a sus lugares asignados y así puedan cumplir tranquilamente con la labor tan importante que desarrollan.

Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de la asistencia de los diputados y de las diputadas.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 256 diputados, por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada (12:10 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Permítame tantito, secretaria. Antes, sonido a las curules de los diputados Cárdenas y Fernández Noroña. Uno por uno, por favor. También a la del diputado Pablo Escudero.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, la duda, la pregunta que tengo es respecto a por qué en el orden del día de la sesión de hoy no aparece el tema de la designación de los tres consejeros electorales que tenemos pendiente.

Como usted recordará, en la sesión anterior insistí sobre este tema y se me informó, creo que por parte de usted, que la Junta de Coordinación Política le informaría, presidente. Quiero saber si ya la Junta de Coordinación Política le ha informado algo o tenemos alguna fecha probable para que se plantee ante este pleno la designación de los tres consejeros electorales.

Creo que estamos colocando a esa institución en una situación muy delicada. Se está violando al propio Cofipe porque el artículo 116, párrafo segundo, de la Ley Electoral del Cofipe, establece que ningún consejero electoral puede formar parte de más de dos comisiones.

Actualmente varios de ellos y por tratarse de una situación extraordinaria, responsabilidad de esta Cámara, están formando más de dos comisiones del Consejo General, lo que violenta la letra y el espíritu del Cofipe.

Creo que no podemos seguir colocando a esa institución en una situación lamentable. Que es importante que este pleno de la Cámara de Diputados exija a la Junta de Coordinación Política para que la Junta de Coordinación Política, a la brevedad, envíe los nombres correspondientes a este pleno y nosotros proceder en los términos del artículo 41 constitucional.

Creo que no podemos seguir tolerando la irresponsabilidad de los miembros de la Junta de Coordinación Política, que no hacen la propuesta correspondiente a este pleno, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En cumplimiento con la Ley Orgánica y los acuerdos aprobados por el pleno, el orden del día se integra con los asuntos que oportunamente envía la Junta de Coordinación Política. El tema que usted nos plantea no está incluido en el orden, no ha sido remitido. Esperamos que en el transcurso de esta sesión podamos tener noticias al respecto. Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Diputado presidente, varias cosas muy puntuales.

Primero, quiero solicitarle formalmente a la Mesa Directiva haga un comunicado a los compañeros y compañeras integrantes de esta soberanía para que por lo menos se pase lista a tiempo. Es nuestra obligación estar en este pleno, pero no puede ser que nos citen a las 10 horas y que a las 12:30 estemos empezando porque no se hace el quórum y los que llegan temprano, los que llegan a tiempo están esperando horas aquí a que la sesión inicie. Es nuestra obligación estar en las sesiones del pleno.

Entiendo que habrá compañeros y compañeras en comisiones. Entiendo que hay varias tareas. Pero lo menos que pueden hacer es venir a pasar su asistencia a tiempo para poder iniciar las sesiones. Todavía no entramos en diciembre y ya están desangeladas las sesiones de esta Cámara, ya me quiero imaginar cómo va estar el mes entrante. Entonces, creo que el llamado es necesario.

Segundo, volverle a solicitar que la Junta de Coordinación Política. Yo no sé qué haga la Junta de Coordinación Política, francamente, pero sería bueno que algo hiciera sobre los temas que tiene pendientes. Nuestro compañero Jaime Cárdenas ha insistido en éste, que es muy importante, y yo he insistido en lo de Lozano, el secretario de Trabajo del gobierno usurpador. Pedí que se declarara persona, interlocutor no válido. Bueno, si la Junta de Coordinación no quiere hacer nada, le pido a la Mesa Directiva que ya ponga a votación ese tema al pleno, porque lo presenté por escrito y ya va a acabar pronto el periodo y sigue sin decidirse sobre el particular. Sigue sin informársenos por qué el caso de Kessel, tampoco fue finalmente citada y se le permitió ya no asistir —por la vía de los hechos— a esta soberanía, lo cual me parece incorrecto y una falta de respeto del Ejecutivo al Poder Legislativo. Quiero solicitarle estos puntos, por favor, diputado presidente.

También le solicitó formalmente nos pudieran proporcionar copia de las inasistencias y saber por qué hay compañeros que no vienen y sí les pagan el día correspondiente cuando no se han hecho los procedimientos establecidos con base en el marco legal para la justificación correspondiente. Particularmente el caso de César Nava, que lleva muchas inasistencias. Hoy no lo veo tampoco y andamos, también, muy preocupados por la asesoría que no nos da en materia inmobiliaria.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Esta Mesa recoge sus inquietudes con respeto y atención, señor diputado.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero, por favor.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Para otro tema. Cuando usted lo considere conveniente, pedirle si pudiéramos dar un minuto de silencio para los cinco oficiales de la Sedena, del Ejército mexicano, que perdieron la vida en un accidente aéreo.

También aprovechar para hacer una reflexión y un exhorto al gobierno federal y a los gobiernos estatales a que revisen y puedan renovar la flota aérea. No podemos olvidar el caso del gobernador del Colima, el caso del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta y del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Es evidente que algo está sucediendo con la flota aérea mexicana, lamentablemente están cayendo las aeronaves del Estado mexicano y se tienen que tomar cartas en el asunto. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se va a atender su solicitud, señor diputado. En uso de la palabra, la diputada Laura Itzel, por favor...

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida(desde la curul): Presidente...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Porque pidió la palabra antes que usted, diputado, con mucho gusto.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Diputado presidente. El asunto en concreto es con relación a la Ley de Derechos. Aquí se aprobó una fe de erratas con relación a lo que se denominaba en la exposición de motivos campos maduros, y que yo señalé que desde la Comisión de Energía habíamos tomado en consideración que se trataba de campos marginales. Se aprobó que se considerara esta fe de erratas y sin embargo, hasta el día de hoy, no ha aparecido en la Gaceta Parlamentaria.

Quiero señalar que el día de ayer el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó los contratos incentivados, que son estos contratos de riesgo donde finalmente se les está cediendo la renta petrolera a las trasnacionales. Por lo cual, es muy grave que todavía no aparezca esta fe de erratas, ya que hay una diferencia sustancial entre lo que son campos marginales y campos maduros.

En el caso de los campos marginales se contempla que son los que actualmente no son rentables con los impuestos que les cobra Petróleos Mexicanos. En el caso de los campos maduros son aquellos campos que ya se encuentran en una producción secundaria.

Yo advertí que esto podría ser una trampa. Se dijo que sí se consideraría esta modificación, sin embargo, ahora vemos que, a partir de lo que se aprobó ayer, también se habla de campos maduros. Por tanto, yo exigiría que aparezca en la Gaceta Parlamentaria lo que sería esta fe de erratas.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada Laura Itzel, su propuesta se recoge y va a ser insertada en el Diario de los Debates íntegramente. Tiene la palabra el diputado Alfonso Navarrete Prida.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Solicitándole respetuosamente que pudiera quedar asentado en la sesión de hoy el justificante que he entregado a la Mesa Directiva, el justificante médico por el cual me ausenté de la sesión en la previa que tuvimos el pasado martes. Es un asunto que tiene que ver con la salud.

Aprovechando esto, sé que durante mi ausencia se hicieron dos intervenciones respetuosas en las cuales se me preguntaba sobre las conclusiones que entregué en su momento a nombre de un grupo plural que analizó la viabilidad de presentar una controversia constitucional en contra del decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, por parte del Ejecutivo federal, y que al parecer traía problemas de memoria de mediano plazo de uno de sus integrantes, de mi amigo el diputado Ramón Jiménez.

Está en la Junta de Coordinación Política, nada más para recordarlo. Leí aquí las conclusiones que fueron aprobadas por unanimidad del grupo plural, del cual —repito— formó parte el señor diputado Ramón Jiménez, puede, y le haré llegar una copia en su momento.

No hubo complicidad absolutamente con nadie que no sea con la Cámara e incluso esta Cámara tomó la decisión en el pleno de que para que no se partidizara la posibilidad del voto, no generar una votación abierta sino permitir que quien quisiera y así tuviera conciencia de que era viable presentar la controversia constitucional, pudiera acudir a firmar y estampar su firma, para ver si se juntaba el número de firmas necesarias.

Se actuó con absoluta transparencia en esta comisión y supongo que es simplemente un problema de memoria de mediano plazo, que desde luego está a su disposición y yo con mucho gusto se la hago llegar.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Ignacio Rubí.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar(desde la curul): Gracias, señor presidente. En cuanto al orden del día, para esta sesión quiero solicitar a la Mesa Directiva que revisen la conveniencia de excluir el dictamen a discusión ubicado en el número 15 por razones de legalidad.

Dicho dictamen está relacionado con el decreto del 2 de septiembre, publicado por el Ejecutivo federal, que a la vez se refiere a la transición de la tecnología analógica a la digital en la televisión.

Como usted lo sabe, fue admitida por el Poder Judicial la controversia presentada precisamente por esta Cámara y con base en ello la solicitud de retiro en el dictamen de referencia resultaría improcedente, dado que se refiere a la política pública y la programación específica, para llevar a cabo la transición de referencia. Ésa es la sugerencia y la atenta solicitud, para ubicarnos precisamente en el marco de la legalidad.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado, le aclaro no viene en el número 15, viene considerado en el número 16, sin embargo, le solicitamos que por escrito nos lo presente, para que se ponga a consideración de la asamblea en su momento. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 25 de noviembre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

Deldiputado José Tomás Carrillo Sánchez.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que devuelve expediente de la Minuta con proyecto de decreto, que reforma el artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la fracción D) del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

En el que transcribe Acuerdo aprobado, por el que solicita a la Cámara de Diputados dé vista a la Auditoría Superior de la Federación. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro, para aceptar y usar la Medalla Antorcha a la Excelencia Académica, que le otorga el Gobierno de El Salvador. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro, para aceptar y usar la Medalla Servicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que le otorga el Gobierno de la República de Cuba. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro, para aceptar y usar la Medalla Minerva, que le otorga el Gobierno de La República de Chile. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro, para aceptar y usar la Medalla Escuela Superior de Guerra, que le otorga el Gobierno de La República de Argentina. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Arturo Coronel Flores, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Estrella de Carabobo, en grado único que le otorga el Gobierno de La República Bolivariana de Venezuela. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Rafael Eduardo García Urbina, para aceptar y usar la Medalla de Oro al Rendimiento militar, que le otorga el Gobierno de La República Federal de Alemania. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y  64 y 84 de la Ley del Seguro Social, para los efectos de la fracción E) del artículo 72 Constitucional.

Oficio del Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite contestación del Secretario de Gobierno, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al cumplimiento de los reglamentos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción.

Oficio del Gobierno del Estado de Guanajuato

Con el que remite contestación del Secretario de Gobierno del Estado, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la elaboración y expedición de un Programa de Derechos Humanos.

Con el que remite contestación del Secretario de Gobierno del Estado, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al consumo de vinos y bebidas de origen mexicano en las festividades y compromisos sociales del Bicentenario.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación del director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la prohibición de útiles escolares que contengan cualquier tipo de solventes en todos los planteles educativos del país.

Con el que remite contestación del coordinador de asesores del Secretario de Economía, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al apoyo a la industria vitivinícola del país.

Con el que remite contestación de la subprocuradora de Inspección Industrial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la planta generadora de energía de la subestación eléctrica Los Remedios, en Naucalpan de Juárez, México.

Con el que remite contestación del director general de Asociaciones Religiosas, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero.

Con el que remite contestación de la coordinación de asesores del Secretario de Comunicaciones y Transportes, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la ampliación de recursos para cubrir las afectaciones por las lluvias en diversos Estados del País.

Con el que remite contestación del subjefe Operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, en acciones operativas en contra de la delincuencia organizada en el estado de Morelos.

Con el que remite contestación del director general adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la ampliación de recursos para cubrir las afectaciones por las lluvias en diversos Estados del País.

Con el que remite contestación del director general adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la creación de un Fondo Nacional de Reconstrucción para apoyar a las entidades federativas, afectadas por los fenómenos naturales.

Con el que remite contestación del director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones sociales impulsadas para Ciudad Juárez, Chihuahua.

Con el que remite contestación de la directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la creación de un Fondo de Indemnización para víctimas relacionadas con operativos o acciones del Gobierno Federal contra la Delincuencia, con los bienes y dinero incautados.

Con el que remite contestación del titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a declarar a los “Chiles en Nogada, Platillo Bicentenario del Estado de Puebla”.

Con el que remite contestación del director de Vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la liberación de las indígenas Araceli Alcántara Alejandro y Lucia Martínez Melitón.

Con el que remite contestación del director general de Operación Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Parque Ecológico Estatal Guerrero.

Con el que remite contestación de la subprocuradora de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la Planta Geotérmica de Cerro Prieto, Baja California.

Con el que remite contestación del coordinador de asesores de la Secretaría de Economía, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para hacer viable y productiva la explotación de gas metano, asociado al carbón.

Con el que remite contestación del coordinador de asesores de la Secretaría de Economía, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que Pemex reduzca el precio del gasóleo, del gas LP y del gas natural, en el estado de Chihuahua, durante la temporada invernal 2010-2011.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Roberto Centeno Blanco, Jorge Arturo García Gutiérrez, Sergio Igor Almazán Dávila, Betsabé Álvarez Muñoz, Prana Álvarez Rivas, Mónica Buitrón Bravo, Sagra Margarita Clorio Jessel, Patricia Ytalivi Cordero Rosas, Mónica Patricia Cortina Peresola, Victoria Guadalupe Correa Delgado, María Teresa Correa Delgado, Euridice Jael Duran López, Alejandra Cristina Espinosa Mendoza, Lucia Espejel Gómez, Edgar Ignacio Fernández Montoya, Lorena Berenice González López, José Elías Guzmán Martínez, Adrian Herrera Sotelo, Maria De Lourdes Huelgas Plaza, Paola Jiménez Vázquez, Diana León Treviño, Michelle Rosalía Lezama Díaz, Edgar López Zuazua Carmona, Antonio Meléndez Adell, Irasema Mendoza Martínez, Magaly Palacios Morales, Gabriela Carolina Pereda Domínguez, Jenefer Pineda Verhoogh, Oralia Paulina Piña Reyes, Francisco Javier Ponce Castanedo, Lucero Bibiñe Oropeza Aguilar, Cynthia Ortiz Mildare, Jessica Román Ramírez, María Abigail Sandoval Elizondo, Lizbeth Segundo Juárez, María Del Pilar Tristán Martínez, Laura Patricia Torres Limón, Isaac Álvaro Vargas Arroyo, Ariadna Cecilia Villalobos Gutiérrez, Edgar Zepeda Hernández, Graciela Alejandra Sandoval Maas y Beatriz Liliana Rivera Reyes, puedan prestar servicios en las Embajadas de la República de Nicaragua, de Haití, de la Gran Bretaña de Irlanda del Norte, en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Martha Isabel Chávez Silva y María del Carmen Samano López, puedan prestar servicios en las Embajadas Real de Tailandia y de Brasil, en México y comunica que ha dejado de prestar servicios el ciudadano Raymundo Guzmán Cisneros, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7º de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3°, 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4°A, 6° y 9° de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Francisco Alberto Jiménez Merino y Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley Orgánica de la Armada de México, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados emita una enérgica condena a los ataques perpetrados a la población de la República Árabe Saharaui Democrática, por las fuerzas armadas de Marruecos; y exhorta al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la SRE se pronuncie en el mismo sentido, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al proyecto denominado Desarrollo del Puerto El Sauzal, en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del INAH, considere Las Labradas, en el estado de Sinaloa, como Zona Arqueológica. Asimismo, se exhorta a la Sectur, a la SE, a la Sedesol, a la SCT y al Gobierno del estado de Sinaloa, lleven a cabo acciones para crear la infraestructura necesaria, y se implementen medidas que permitan desarrollar dicha zona arqueológica, a cargo del diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, realice el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida, la montaña que rodea a Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, realice las gestiones necesarias para que el cáncer linfático o “cáncer no hodgkin”, sea incorporado al Catálogo Universal de Servicios de Salud para el próximo año y el presupuesto necesario para su atención, sea utilizado del Fondo de Gastos Catastróficos con que cuenta dicha Secretaría, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión, a efecto de diseñar un logotipo que represente a sus Comisiones Bicamerales, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SRE, de la PGR y del Instituto Nacional de Migración, tomen las acciones necesarias para crear los mecanismos de asistencia, a efecto de prestar apoyo e información a las integrantes de la caravana de madres centroamericanas, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía se solidariza con los 51 connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos de América, y se exhorta al Ejecutivo Federal, realice una revisión integral de sus políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en ese país, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la Segob, a efecto de dar cumplimiento a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que se refiere al pago de la indemnización a las víctimas de los casos Campo Algodonero, Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas estatales, analicen la viabilidad de incorporar al sistema de educación pública la Licenciatura en Puericultura, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que a partir de 2011, reclasifique a los municipios del estado de San Luis Potosí, del área geográfica “C” al área geográfica “B”, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea una comisión que investigue los actos y hechos de corrupción en el IMSS, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que la SRE, proteja los derechos y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, así como de las empresas con participación de capital mexicano, particularmente los que han sido constituidos para superación en la República Bolivariana de Venezuela y que han sido afectadas por las políticas públicas de carácter intervencionista, discriminatorias y abusivas por parte de su Presidente, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, otorgue la toma de nota a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, División Administrativos, electa democráticamente el 13 de julio, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, establezca un Programa de Formación y Desarrollo de Coros Juveniles, que provean a los adolescentes de educación musical y propicien el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana, a cargo de la diputada Beatríz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la realización anual del Parlamento de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial Investigadora de Comisiones Unidas de Vigilancia, Función Pública, Salud y Seguridad Social, para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencia que involucra a servidores públicos del IMSS, el titular de la COFEPRIS y los que resulten, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la conformación del Sistema de Seguridad de la República, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, garantice las condiciones de seguridad necesarias para que en México las organizaciones no gubernamentales ejerzan la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a la SRA, a la Procuraduría Agraria, al Instituto Nacional de Migración y a la SHCP, pongan en marcha acciones para la promoción y formalización del Testamento Agrario, entre la comunidad mexicana que radica en los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, publique los decretos de Veda de los Acuíferos denominados “Cuatrociénegas-Ocampo” y “Cuatrociénegas”, en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al IMSS, instrumenten las medidas necesarias para dar solución integral y definitiva al déficit en los seguros, problema que coloca al IMSS en situación de inviabilidad financiera, a cargo de la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Sedesol expida el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos Federal, estatales y municipales, la creación de fondos específicos para dotar de una computadora a los Jóvenes que cursan estudios de nivel Medio Superior y Superior en las escuelas públicas del país, a cargo del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para que investiguen y sancionen a los responsables de la muerte de seis trabajadoras de la empresa Coppel y se repare, en la medida de lo posible, el daño a los familiares de las víctimas, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Yucatán y a sus autoridades educativas y culturales, a reforzar, apoyar y articular acciones de preservación, difusión y enseñanza de la lengua maya, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Órganos e Instituciones de Gobierno, adquieran artesanías, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la realización e instrumentación de medidas y acciones tendientes a captar, almacenar e infiltrar agua de lluvia, y así propiciar la recarga de los mantos freáticos, para su disponibilidad superficial y subterránea de largo plazo, hacia su aplicación en el desarrollo rural sustentable, mediante su uso y aprovechamiento en las diversas regiones de los estados de la federación, particularmente en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Margarita Liborio Arrazola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, a la Semar, a la Sedena y al DIF, realicen campañas de promoción para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT y al Director General del AICM, restituyan los espacios de trabajo, sus derechos y cesen las hostilidades a trabajadores de la agrupación de taxistas permisionarios asociados, denominada Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 A.C., a cargo del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en la estrategia Caravanas de la Salud, implemente caravanas específicas para atender la salud de las mujeres y de los hombres, en especial para la prevención y detección de cáncer de mama y de próstata, respectivamente, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SCT y de la Cofetel, para que expliquen los criterios jurídico – económicos bajo los cuales proyectará la nueva licitación del espectro de 700 mhz, la cual se destinará a los servicios de banda ancha móvil, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo para que se declare al Municipio de Indaparapeo, Michoacán, como cuna militar de José María Morelos y Pavón, a cargo de la diputada María Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a efecto de que se autorice la realización del Foro y Conferencia denominados “Ven, siente y mira, para quién legislas”, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se propone la continuación de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, hasta el término de la LXI Legislatura, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, informe sobre los subejercicios registrados en el curso del ejercicio 2010 por la Administración Pública Federal, y para que a través de sus dependencias defina el monto que debe integrar al FONDEN, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, reponga la licitación 21, sobre la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico que van de los 1740 al 1755 (15 MHz) y de los 2140 al 2155 (15 MHz), a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, ejerza la facultad de atracción de la denuncia AP/PGR/DDF/ SPE-XXXI/3479/10-08, de fecha 11 de octubre de 2010 y se investiguen en la Ciudad de México los hechos posibles constitutivos de delito resultantes del incendio de la Guardería ABC de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a los gobiernos de los estados de Tlaxcala y Puebla, hagan pública la investigación referente a la contaminación de los ríos Atoyac, Zaguapán y Alseseca, así como las medidas que están llevando a cabo por ser éste un problema de salubridad general, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la construcción de un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Tlaxcala, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, rectifique y retome el Acuerdo con el Instituto ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, para que coordine las encuestas nacionales sobre el tema, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, realicen las acciones necesarias para instrumentar y desarrollar una política pública que tenga por objetivo capacitar para el autoempleo y fomentar la educación técnica entre las adolescentes embarazadas, a fin de promover su incorporación a la vida laboral, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo Federal, expida el decreto que instituye el 12 de octubre como: “Día Nacional del Reconocimiento de las Culturas Originarias de México y Latinoamérica”, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los Comisionados de la Cofetel, para que expliquen el proceso deliberativo por el que se otorgaron las concesiones para la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, conocida también como la Licitación 21, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal someta a consideración de la Cámara de Senadores, el retiro de la declaración interpretativa hecha al párrafo primero del artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al proceder al depósito de instrumento de adhesión el 24 de marzo de 1981, a cargo del diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud del Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, implementen de manera permanente campañas de carácter preventivo, integral y estratégico a fin de abatir la obesidad y el sobrepeso, a cargo del diputado Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Grupos Parlamentarios de esta Soberanía, apoyen la propuesta de cancelación de la Alianza por la Calidad Educativa, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol, modifique las reglas de operación del programa para el desarrollo de zonas prioritarias a fin de considerar un rubro de desarrollo comunitario que contemple recursos destinados a la construcción de espacios de convivencia y esparcimiento para las familias, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, exprese su beneplácito por la aprobación de la Dream Act, y manifieste la preocupación del Estado Mexicano al veto que ha realizado a dicha Ley el Gobernador del Estado de California, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores, analicen la posibilidad de establecer consultas entre los parlamentos de México y Japón, y se nombre a los diputados que representan a esta Soberanía para formalizar los intercambios en materias como economía, política, cultura, medio ambiente, educación, fiscal, legal, industrial y/o aquellas que sean de principal interés para ambos parlamentos, a cargo del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

51. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a la representación de nuestro país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a efecto de que respalde la resolución a la solicitud presentada por Cuba sobre la necesidad de poner fin al bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica contra dicho país, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Posicionamiento

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, a cargo de los grupos parlamentarios.

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 2 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México y de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Anaid de la Fuente Martínez, Ricardo Eduardo Domínguez Medrano y José Manuel González Torres, para prestar servicios en la Embajada de la República Federativa del Brasil y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo Tamaulipas y en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Michele Melissa Gutiérrez Dandridge y Jorge Gabriel Rivas Barbosa, para prestar servicios en la Embajada Bolivariana de Venezuela, en México y en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo Tamaulipas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jorge Alberto Burguete Kaller, Esperanza Cagiao Alonso, Mario Alberto Gasque Ramos, Javier Laynez Potisek, Eduardo Lizalde y Chávez Ramírez, José Ignacio Madrazo Bolívar, Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, Rafael Rangel Sostmann, Abel Reyna Castro, Gerardo Lino Ruiz López, Ernesto Velázquez Briseño, Sonia Esther Amelio Amador, Mario Enrique Díaz Quesada, Roxana del Consuelo Sáizar Guerrero, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y José Francisco Alejandro Ruíz Robles, para aceptar y usar las Condecoraciones, Medallas y Distinciones que en diferentes grados les otorgan Gobiernos Extranjeros.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto, que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 13, fracciones II del Apartado A y I del Apartado B, de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instaurar medidas que favorezcan al sector campesino y que contrarresten el alza debida al aumento del costo de las gasolinas y del diesel.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Pública, consulte al Consejo Nacional de Seguridad Pública, por conducto del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a lo señalado por la Conago, con relación al pronunciamiento para la creación de mandos únicos de policía en las respectivas entidades federativas.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo, en materia de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, Justicia, Seguridad Pública y Participación Ciudadana.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos locales, actores económicos y sociales de la región fronteriza norte, a reforzar y en su caso a promover propuestas que permitan impulsar el fortalecimiento y desa-rrollo integral en sus regiones desde una perspectiva sustentable y con visión de largo plazo.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que en el censo de población que se lleva a cabo en este año 2010, contenga el mayor número de elementos similares a los que se recabaron en el año 2000.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, establezca garitas secundarias en la frontera norte, que comprende los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, permitiendo con ello, el libre tránsito de los turistas y connacionales.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al ejecutivo Federal, la elaboración de un programa regional fronterizo para el fomento de la cohesión social en las comunidades de la frontera norte.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Instituto Nacional de Migración, promueva el fortalecimiento de las políticas públicas de atención integral a migrantes mexicanos deportados a las ciudades fronterizas.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, expliquen cuál será la política pública y los tiempos específicos para transitar las señales de televisión abierta de la tecnología analógica a la digital.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas a constituir el Foro Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que exhorta al Gobernador del Estado de Nayarit y al Ayuntamiento de Tepic, emprender acciones conjuntas, a fin de abatir los índices delictivos en el estado.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas, federales, estatales y municipales a que realicen las acciones conducentes con el objeto de que todas las instituciones educativas públicas y privadas, apliquen las leyes y normas correspondientes en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Economía, elaborar un informe de los recursos que se han destinado para apoyar la creación de talleres o maquiladoras sociales en la presente administración.

Dictámenes negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Transportes y de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo, por los que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

De las Comisiones Unidas de Energía, de la Función Pública y de Justicia, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 43 y 172 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De las Comisiones Unidas de Salud, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley Federal del Trabajo, Ley que Establece las Nomas Mínimas Sobre Readaptación de Sentenciados.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso g) al numeral XII del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial y un párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo IV al Título Primero de la Ley de Inversión Extranjera.

De la Comisión de Defensa Nacional, con puntos de acuerdo, por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Excitativa

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Economía, a solicitud del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios en relación a la represión y persecución política de ejidatarios de la comunidad de Xolotepec, Municipio de San Diego Anaya de Hidalgo, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios en relación a la conmemoración del Día Nacional del Maíz, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Efemérides

Con motivo del 161 Aniversario de la creación del estado de Guerrero, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con motivo del 19 de noviembre, conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 19 de noviembre, conmemoración del Día de Lucha Contra la Mutilación Genital Femenina (MGF), a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 20 de noviembre, Día Internacional de la Niña y del Niño, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 2 de diciembre, conmemoración del trigésimo sexto aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Homenaje a Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo de la conmemoración del Día Universal del Niño, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se invita a la asamblea a brindar un minuto de silencio por los recientes decesos de los militares en cumplimiento de su deber.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintitrés de noviembre de dos mil diez, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 277 diputadas y diputados, a las 12 horas con 5 minutos del martes 23 de noviembre de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

Desde sus respectivas curules realizaron comentarios con relación al orden del día los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en dos ocasiones; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo; José Ramón Martel López, en tres ocasiones; César Augusto Santiago Ramírez, en dos ocasiones, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Rodríguez Regordosa, del Partido Acción Nacional; Felipe Solís Acero, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Agustín Guerrero Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. El presidente hizo aclaraciones y en sendas votaciones económicas se dispensó la lectura al orden del día y al acta de la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera.

Se dio cuenta con comunicaciones:

• Tres, de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes en mesas directivas e integrantes de comisiones: de Marina; del Grupo de Amistad México-Francia; de la Comisión Especial de la industria automotriz; Grupo de Amistad México-Marruecos. En votación económica se aprobaron, comuníquense.

• Del diputado Eviel Pérez Magaña, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. De enterado, comuníquese.

Se dio cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se formulan a los titulares de diversas dependencias federales preguntas por escrito, conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivadas de la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se aprobó, comuníquese.

Se da cuenta con oficios:

a) Del Congreso de Jalisco, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

b) De la Cámara de Senadores:

• Con el que remitió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional . Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Por el que comunica que se integra al recinto del Senado de la República, el inmueble ubicado en avenida Paseo de la Reforma número 135, de la Ciudad de México, Distrito Federal. De enterado.

• Con el que remite solicitud del senador José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Se remitió a las Comisiones de Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público.

c) Del Distrito Federal, con los que remite contestaciones:

Del coordinador de asesores del Procurador General de Justicia, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual infantil y la pederastia. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

• Del director general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la captura de los gases de efecto invernadero, que se producen en el relleno sanitario Bordo Poniente. Se remitió a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

d) Del gobierno del estado de México, con el que remite contestación del secretario del Trabajo del gobierno del estado de México, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las causas estructurales que originan el fenómeno migratorio –temporal y periódico– de la población indígena y campesina. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

e) Del gobierno de Nuevo León con los que remite contestaciones de la directora general del Sistema para el Desa-rrollo Integral de la Familia de Nuevo León, a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados, relativos:

• Al Día de la Familia. Se remitió a la Comisión de De-sarrollo Social, para su conocimiento.

• A la seguridad física y derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en campos agrícolas. Se remitió a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Gobernación, con los que se remitieron contestaciones:

• Del subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la planta geotérmica de Cerro Prieto, Baja California. Se remitió a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Del director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la ampliación de recursos para cubrir las afectaciones por las lluvias en diversos estados del país. Se remitió a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

• Del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la creación de un Fondo de Indemnización para víctimas relacionadas con operativos o acciones del gobierno federal contra la delincuencia, con los bienes y dinero incautados. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

g) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente a octubre de 2010, desagregada por tipo de fondo. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

• Con el que informa que durante el ejercicio fiscal de 2010, el Servicio de Administración Tributaria no ejerció la facultad establecida en el primer y segundo párrafos del artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 por lo que no procedió a la cancelación de créditos fiscales por incosteabilidad. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

Por el que informa que en octubre de 2010, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y  Enajenación de Bienes. Se remitió a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

h) Del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que remite el Informe correspondiente al tercer trimestre de dos mil diez, sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, para su conocimiento.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la  Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.

• Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 18 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 78 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 21 y 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional:

- Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

- Que reforma el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo.

- Que reforma el artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo.

Se turnaron a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Partido Revolucionario Institucional:

- Que reforma el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se turnaron a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Francisco Ramos Montaño, del Partido Revolucionario Institucional, que declara al estado de Puebla como “Sitio de inicio de la Revolución Mexicana”, al estado de Chihuahua como “Cuna de la Revolución Mexicana” y a Coahuila, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Yucatán, Durango, Sinaloa y Tlaxcala, como “Precursores de la Revolución Mexicana”. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Se concedió el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley Federal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Justicia y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 6o., 12 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Susana Hurtado Vallejo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 3o., 4o. y 17 de la Ley General de Protección Civil. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 204 y 206 Bis del Código Penal Federal. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 18 Constitucional en Materia del Sistema Penitenciario. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza, que reforma el artículo ochenta y siete-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Adriana Fuentes Cortés, en nombre propio, de los diputados Josefina Eugenia Vázquez Mota; Carlos Alberto Pérez Cuevas e integrantes del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 33, 40 y 142 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turnó a la Comisión de Defensa Nacional.

• Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Carlos Manuel Joaquín González, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia.

• Ilich Augusto Lozano Herrera, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación.

A las 14 horas con 34 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 418 diputadas y diputados.

En senda votación económica la asamblea dispensó la lectura y quedaron de primera lectura los dictámenes con proyectos de decreto de las comisiones:

a) De Salud, que reforma los artículos 3o. y 13, fracciones II, del Apartado A, y I, del Apartado B, de la Ley General de Salud.

b) De Gobernación, que concede permiso a los ciudadanos:

• Anaid de la Fuente Martínez, Ricardo Eduardo Domínguez Medrano y José Manuel González Torres, para prestar servicios en la Embajada de la República Federativa del Brasil y en los Consulados de Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Ciudad Juárez, Chihuahua.

• Michele Melissa Gutiérrez Dandridge y Jorge Gabriel Rivas Barbosa, para prestar servicios en la Embajada Bolivariana de Venezuela, en México y en el Consulado General de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

• Jorge Alberto Burguete Kaller, Esperanza Cagiao Alonso, Mario Alberto Gasque Ramos, Javier Laynez Potisek, Eduardo Lizalde y Chávez Ramírez, José Ignacio Madrazo Bolívar, Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, Rafael Rangel Sostmann, Abel Reyna Castro, Gerardo Lino Ruiz López, Ernesto Velázquez Briseño, Sonia Esther Amelio Amador, Mario Enrique Díaz Quesada, Roxana del Consuelo Sáizar Guerrero, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y José Francisco Alejandro Ruíz Robles, para aceptar y usar las condecoraciones, medallas y distinciones que en diferentes grados les otorgan gobiernos extranjeros.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En su oportunidad y desde su curul el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, realizaron comentarios. El presidente hizo aclaraciones.

En el capítulo de agenda política se concedió el uso de la tribuna para referirse a los siguientes temas:

• En relación con el estudiante Darío Álvarez, baleado por agentes de la Policía Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

• En relación con la complicidad de los gobiernos de facto a nivel federal y de Oaxaca en los recientes asesinatos perpetrados en contra de los habitantes de los municipios de San Juan Copala, a los diputados Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones, la segunda desde su curul; Heliodoro Carlos Díaz Escarrága, del Partido Revolucionario Institucional y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

• En relación con la situación económica y de violencia del país, los diputados Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Partido Revolucionario Institucional; Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia; Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional; Hilda Ceballos Llerenas, del Partido Revolucionario Institucional; Balfre Vargas Cortez, del Partido de la Revolución Democrática; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza; Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Partido Acción Nacional, quien aceptó interpelación del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia. En su oportunidad y desde sus curules realizaron comentarios con relación al tema los diputados Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Partido Revolucionario Institucional; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; Agustín Guerrero Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Ramírez Bucio y Leoncio Alfonso Morán Sánchez, ambos del Partido Acción Nacional. El presidente hizo aclaraciones.

Se recibieron solicitudes de excitativas de los diputados:

• Ninfa Clara Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México, a la Comisión de Gobernación.

• Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación.

• Adriana Terrazas Porras, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Gobernación.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, a la Comisión de Gobernación.

• Jaime Arturo Vázquez Aguilar, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente excitó a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 17 horas con 55 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el jueves 25 de noviembre de 2010, a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobada el acta.

Pido a la Secretaría que continúe con el capítulo de comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comisión de Gobernación

Baja. Diputado Jesús María Rodríguez Hernández (integrante)

Alta. Diputado Arturo Zamora Jiménez (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (p.a. rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: De enterado. Comuníquese.Adelante, secretario.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, José Tomás Carrillo Sánchez, en mi carácter de diputado federal, representante del XVII distrito electoral federal, con cabecera en Cosamaloapan, Veracruz, y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, me dirijo a usted, de manera atenta y respetuosa, para manifestar lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito respetuosamente que tenga a bien dar trámite y someter a consideración de esta soberanía mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de Diputado Federal, a partir del 1 de diciembre del año en curso.

Sin otro particular por el momento, cordialmente quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2010.— Diputado José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Están a discusión los puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José Tomás Carrillo Sánchez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XVII distrito del estado de Veracruz, a partir del 1 de diciembre del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado y comuníquese.

Continúe la Secretaría, por favor.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Continúe la Secretaría.

ESTADO DE VERACRUZ

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes con los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir, con la mayor brevedad, un informe detallado sobre la asignación de recursos presupuestarios federales y del estado en que se encuentra la construcción del libramiento ferroviario de Córdoba, Veracruz.

Segundo. El Senado de la República exhorta al gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a instruir a la Secretaría de Finanzas y de Planeación del estado para que remita, con la mayor la brevedad, a esta soberanía un informe detallado sobre la forma en que se ha hecho la aplicación de los recursos presupuestales federales y del estado actual en que se encuentran las obras del libramiento ferroviario de la ciudad de Córdoba, así como del paso inferior vehicular en la salle Norte 5, Vía Férrea Jesús Nazareno-Fortín.

Tercero.El Senado de la República solicita a la Cámara de Diputados que dé vista a la Auditoría Superior de la Federación para que, en uso de sus facultades constitucionales y legales, revise y audite ampliamente que los recursos estén dentro del fideicomiso formado para este fin.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Remítase el tercer punto a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Artículo Único. Se reforman los artículos 6, último párrafo; 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, y se adicionan los artículos 6, con una fracción V Bis; un nuevo artículo 63 Bis, un capítulo IX Bis, “Premio Nacional de Mérito Deportivo”, que comprende los artículos 57 y 58, y un capítulo IX Ter, “Disposiciones Comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo”, que comprende los artículos 59 a 63 Bis; todos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para quedar como siguen:

Artículo 6. ...

I. a V ....

V Bis. De Mérito Deportivo;

VI. a XVII ....

La misma persona puede recibir dos o más premios distintos, pero sólo una vez el premio correspondiente a uno de los campos de los conceptos instituidos, o a un solo concepto si éste no se divide en campos, a excepción del Premio Nacional de la Cerámica, el cual podrá otorgarse a una misma persona las veces que lo amerite, considerando su desempeño, virtud, actuación y trayectoria.

Capítulo IX Premio Nacional de Deportes

Artículo 56. El Premio Nacional de Deportes se concederá a quienes por su actuación y desempeño hayan resaltado o sobresalido en el año que se califica dentro del ámbito deportivo, en cualquiera de las siguientes modalidades.

a) En el deporte no profesional;

b) En el deporte profesional;

c) En el deporte paralímpico;

d) Al entrenador; y

e) Al juez-árbitro.

Las modalidades previstas en los incisos a, c, d y e podrán hacerse acompañar de numerario cuyo monto será determinado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Para la modalidad prevista en el inciso b no se acompañará numerario alguno.

El otorgamiento del Premio Nacional de Deportes obtenido en grupo no será impedimento para ser premiado de manera individual, pero cuando se otorgue por segunda o más ocasiones a la misma persona, no se acompañará de numerario.

Capítulo IX Bis Premio Nacional de Mérito Deportivo

Artículo 57.El Premio Nacional de Mérito Deportivo se concederá en las siguientes categorías:

I. Por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano; y

II. Por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.

La categoría prevista en la fracción I podrá hacerse acompañar de numerario cuyo monto será determinado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Para la categoría prevista en la fracción II no se acompañará numerario alguno.

Cuando el premio se otorgue por segunda o más ocasiones a la misma persona, no se acompañará de numerario.

Artículo 58. El Premio Nacional de Mérito Deportivo, a que se refiere la fracción II del artículo anterior, se otorgará a un solo aspirante de entre las asociaciones y sociedades deportivas, así como entes de promoción deportiva a que se refiere la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Capítulo IX Ter Disposiciones Comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo

Artículo 59. El mismo Consejo de Premiación designado para el Premio Nacional de Deportes funcionará para el Premio Nacional de Mérito Deportivo.

Este se integrará por el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y por los titulares de las Comisiones de Juventud y Deporte de las Cámaras de Diputados y de Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de la Confederación Deportiva Mexicana, AC, del Comité Olímpico Mexicano, AC, y del Comité Paralímpico Mexicano, AC.

Cualquier controversia será resuelta por el consejo.

Artículo 60. Los premios consistirán en medalla de primera clase y se tramitarán ante la Secretaría de Educación Pública a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Si el premio se otorga a un grupo o equipo de deportistas, el conjunto recibirá un diploma y cada uno de los individuos medalla.

Artículo 61. Por cada año habrá una asignación de premios determinados atendiendo a lo establecido en la ley y con base en las definiciones del jurado y del consejo de premiación, si ocurrieren vacantes de los premios en alguno de los campos, modalidades o categorías, así lo declarará el consejo de premiación fundando y motivando tal determinación.

Artículo 62. Estos premios se concederán exclusivamente a candidatos propuestos por asociaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas registradas ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y reconocidas ante la Confederación Deportiva Mexicana, AC, o por los responsables de la información deportiva difundida por prensa escrita, radio o televisión, quienes lo podrán proponer a través de las asociaciones deportivas nacionales o asociaciones deportivas registradas.

Las candidaturas se propondrán al consejo de premiación dentro del periodo comprendido del primero de octubre al cinco de noviembre de cada año. El consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los 10 días naturales siguientes y a continuación los pondrá en manos del Jurado, quien entregará su dictamen debidamente fundado, motivado y por escrito al consejo, a más tardar el 28 de noviembre.

Una vez que el consejo conozca los nombres de quienes serán premiados, se los hará de su conocimiento inmediatamente.

Artículo 63. Habrá un solo jurado para los dos premios, que se integrará por: un representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, uno de la Confederación Deportiva Mexicana, AC, uno del Comité Olímpico Mexicano, AC, y uno del Comité Paralímpico Mexicano, AC, quienes serán designados por los titulares de dichos organismos, respectivamente. Asimismo, por un ex galardonado del Premio Nacional de Deportes, un ex galardonado del Premio Nacional de Mérito Deportivo, un medallista olímpico, un medallista paralímpico, un representante de la prensa escrita, un representante de la televisión y un representante de la radio.

Los miembros del jurado deberán conducirse con imparcialidad, legalidad y equidad, y su actuación en los asuntos que conozcan en el ejercicio de sus funciones estará sujeta a la secrecía, a la ética y a la confidencialidad. Su incumplimiento será motivo de expulsión a consideración del consejo quien, en su caso, ordenará la reposición de las actuaciones afectadas por la falta de los miembros.

Además de las disposiciones previstas en esta ley, el jurado podrá proponer la entrega de premios adicionales en una misma modalidad y categoría.

Artículo 63 Bis. Los premios se entregarán el primer domingo del mes de diciembre de cada año.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Si a la fecha en que la presente reforma inicie su vigencia se han iniciado los trámites para la entrega del Premio Nacional de Deportes instituido por la ley vigente, correspondiente al año que se curse, las disposiciones de esta reforma se aplicarán a partir del año siguiente.

Tercero.Durante el primer año de vigencia de la presente reforma, la conformación del jurado previsto en el artículo 63, referente a los ex galardonados, se integrará por única vez por dos ex galardonados del Premio Nacional de Deportes.

Cuarto. Cuando el primer domingo de diciembre al que se refiere el artículo 63 Bis coincida con el día del cambio del titular del Poder Ejecutivo, la entrega de los premios se recorrerá al siguiente domingo.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente;senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretaría.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PERMISOS PARA ACEPTAR CONDECORACIONES QUE OTORGAN GOBIERNOS EXTRANJEROS

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro pueda aceptar y usar la medalla Antorcha a la Excelencia Académica, que le otorga el gobierno de la República de El Salvador.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro pueda aceptar y usar la medalla Antorcha a la Excelencia Académica, que le otorga el gobierno de la República de El Salvador.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro pueda aceptar y usar la medalla Servicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que le otorga el gobierno de la República de Cuba.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro pueda aceptar y usar la medalla Servicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que le otorga el gobierno de la República de Cuba.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se concede permiso para que Ibrahim Manuel Malja Castro pueda aceptar y usar la medalla Minerva, que le otorga el gobierno de la República de Chile.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que Ibrahim Manuel Malja Castro pueda aceptar y usar la medalla Minerva, que le otorga el gobierno de la República de Chile.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro pueda aceptar y usar la medalla Escuela Superior de Guerra, que le otorga el gobierno de la República de Argentina.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro pueda aceptar y usar la medalla Escuela Superior de Guerra, que le otorga el gobierno de la República de Argentina.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se concede permiso para que Arturo Coronel Flores pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estrella de Carabobo, en grado único, que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que Arturo Coronel Flores pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Estrella de Carabobo, en grado único, que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Rafael Eduardo García Urbina pueda aceptar y usar la Medalla de Oro al Rendimiento Militar, que le otorga el gobierno de la República Federal de Alemania.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Rafael Eduardo García Urbina pueda aceptar y usar la Medalla de Oro al Rendimiento Militar, que le otorga el gobierno de la República Federal de Alemania.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 64 y 84 de la Ley del Seguro Social.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 64 y 84 de la Ley del Seguro Social

Artículo Primero. Se reforman los artículos 6, fracción XII, inciso c) y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue

Artículo 6. Para los efectos de esta ley, se entenderá por

I. a XI. ...

XII. Familiares derechohabientes a:

a) ...

b) ...

c) Los hijos del trabajador o pensionado mayores de dieciocho años, cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen, lo que se comprobará mediante certificado médico, expedido por el instituto y por medios legales procedentes; o hasta la edad de veinticinco años, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo, y

d) ...

...

1) ...

2) ...

XIII. a XXIX ....

Artículo 134. Si el pensionado por orfandad llegare a los dieciocho años y no pudiere mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, el pago de la pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante dictamen médico emitido por el propio instituto para efecto de determinar su estado de invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la pensión; asimismo continuarán disfrutando de la pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 64, fracción VI y 84, fracción VI, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue

Artículo 64 ...

a) .

b) .

...

I. a V ...

VI. A cada uno de los huérfanos, cuando lo sean de padre y madre, menores de dieciséis años o hasta veinticinco años si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, o en tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que les impida mantenerse por su propio trabajo se les otorgará una pensión equivalente al treinta por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose de incapacidad permanente total.

...

...

...

Artículo 84...

I a V ...

VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desa-parezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años, cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional;

VII a IX ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente; senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.

CIRCULACION EN CAMINOS Y PUENTES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con otros órganos de gobierno local, poderes de la unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto el oficio número DV-1780/2010, mediante el cual el director general de Planeación y Vialidad de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales a determinar las medidas necesarias, a fin de que se cumplan los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción.

Lo anterior, con relación con el oficio número DGPL 61-II-7-527, donde se comunicó por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la aprobación de un punto de acuerdo relacionado con el asunto citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de noviembre de 2010.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Luis Villanueva Herrera, asesor Jurídico del Secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención de su oficio número SG/LVH/875/2010, mediante el cual informa a esta secretaría sobre el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados en el cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a los gobiernos estatales respecto a determinar las medidas necesarias a fin de que se cumplan los reglamentos establecidos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción, referente al peso de los vehículos de carga que circulan en las carreteras del país.

Me permito informar a usted que de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-STC-2-2008, su objetivo y campo de aplicación son establecer las especificaciones de peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. El artículo 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece lo siguiente:

Artículo 3. ... Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operen en ellas quedan sujetos exclusivamente a los poderes federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio de las facultades expresas que otros ordenamientos concedan a otras dependencias del Ejecutivo federal:

Fracción III. Otorgamiento, interpretación y cumplimiento de las concesiones;

Fracción XII. Infracciones de esta ley y su reglamento;

Fracción XIII. Toda cuestión de carácter relacionada con las vías generales de comunicación y medios de transporte.

La norma de pesos y dimensiones, NOM-012-STC-2-2008, establece en los numerales 8 y 9 lo siguiente:

8. ... Sanciones

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente norma será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, y demás ordenamientos que resulten aplicables.

9. Vigilancia

La secretaría y la Secretaría de Seguridad Pública se coordinarán en la vigilancia del cumplimiento de la presente norma, en el ámbito de sus respectivas competencias.

De acuerdo con lo citado, esta dependencia del gobierno del Distrito Federal no tiene la facultad jurídica para vigilar y, en su caso, sancionar el incumplimiento de la norma en mención, ya que los preceptos mencionados establecen que están sujetos exclusivamente a los poderes federales por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito de sus respectivas competencias.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

México, DF, a 11 de noviembre de 2010.— Arquitecto Sergio Aníbal Martínez Sánchez (rúbrica), director general de Planeación y Vialidad.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo.— Guanajuato Gobierno del Estado.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional de Guanajuato, y en respuesta a su atento oficio número D.G.P.L. 61-II-7-546, de fecha 5 de octubre del año en curso, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que señala: “Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la república, que no cuenten con sus respectivos programas de derechos humanos, a elaborarlos y expedirlos, a fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos establecidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos”, con base en lo anterior, me permito manifestarle:

Los derechos humanos son todos aquellos que tenemos como personas desde que nacemos hasta que morimos. Esos derechos garantizan que podamos vivir, y hacerlo con dignidad y libertad. Es el Estado, representado en las autoridades, quien tiene la obligación de respetar, proteger y defender esos derechos.

En Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos, organismo constitucionalmente autónomo, es la encargada de la protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, así como de fomentar una cultura de respeto a éstos.

Dentro del marco jurídico que rige la actuación de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, se contempla la atribución de ésta, para establecer y coordinar la política estatal en materia de derechos humanos y para ello, implantar los programas preventivos, de educación y capacitación en materia de derechos humanos.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 27 de octubre de 2010.— Licenciado Héctor Germán René López Santillana (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

VINOS DE ORIGEN MEXICANO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo.— Guanajuato Gobierno del Estado.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, y en respuesta a su atento oficio número D.G.P.L. 61-II-3-683, de fecha 12 de octubre del año en curso, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que señala: “Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso exhorta respetuosamente a las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipales para que en el marco de sus festividades y compromisos sociales del bicentenario y en adelante, se consuman vinos y bebidas de origen mexicano”. Con base en lo anterior, me permito manifestarle lo siguiente:

México tiene una historia vitivinícola antiquísima, incluso, anterior a la conquista española, pues ya desde tiempos de la época prehispánica nuestros pueblos indígenas utilizaban las vides salvajes para hacer una bebida a la que agregaban otras frutas y miel; hasta la fecha, en algunos lugares se elabora el vino de acachul con uvas y frutas silvestres. El vino y la viña son inseparables en la cultura de la humanidad; desde el comienzo de las civilizaciones, el hombre observó las bondades de la viña e hizo de esta y el vino parte de su dieta diaria.

México es pionero en todo el continente americano en la elaboración y producción de vino; sin embargo, su industria vitivinícola no se desarrolló como lo han hecho otras, como la del tequila. La situación geográfica y meteorológica de algunas zonas del territorio nacional han permitido la elaboración y creación de magníficos vinos; ello ha hecho posible que nuestros vinos hayan ganado innumerables premios a nivel mundial; lo anterior, hay que decirlo, a pesar de la desventaja comparativa que padecen nuestros vitivinicultores frente a sus similares de España, Francia, Chile y Argentina.

En la década de los 80, la producción de vinos nacionales observó un crecimiento sin precedente, lo anterior, debido en gran parte al hecho de que en 1982 se cerraron las fronteras a la importación de vinos, lo cual trajo un breve lapso de bonanza para los vitivinicultores mexicanos; así, en 1987, uno de los últimos buenos años para los productores nacionales, se vendieron en México 2 millones de cajas de vino (24 millones de botellas de 750 mililitros). De esa cifra, 98 por ciento fue de vino nacional.

Empero, a últimas fechas la industria vitivinícola ha decrecido en su producción, lo que implica que se impulsen medidas encaminadas a su consumo en todo el país, por lo que el estado de Guanajuato siempre tiene la apertura para impulsar a la pequeña y mediana empresa, situación que queda de manifiesto en el Plan de Gobierno 2006-2012, que en su eje estratégico “Contigo vamos empresa, empleo y competitividad”, dentro de su objetivo general 4.1., tiene el compromiso de “apoyar integralmente a los sectores productivos del estado, haciendo énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa”, el cual cuenta con una serie de metas, acciones y estrategias que impulsan la industria en el estado.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 27 de octubre de 2010.— Licenciado Héctor Germán René López Santillana (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

UTILES ESCOLARES TOXICOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-2070, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 170/ UCVPS/ DGAVS/ 1424/ 2010, suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la prohibición de útiles escolares que contengan cualquier tipo de disolventes en todos los planteles educativos del país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al punto de acuerdo presentado el 12 de octubre pasado por la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en los siguientes términos:

Primero. Se exhorta a las Secretarías de Educación Pública, y de Salud a prohibir –en el ámbito de sus respectivas competencias– en todos los planteles educativos del país de primaria y de secundaria el uso de útiles escolares que contengan tolueno, benceno, metanol, cloruro de metileno o disolventes de cualquier tipo.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional contra las Adicciones a instruir en el ámbito de sus respectivas competencias para que se inicie y acelere el proceso de certificación de las escuelas de educación básica del país como “escuelas libres de adicciones”.

Al respecto, me permito acompañar el oficio número CGJC/ 1/ OR/ 578/ 2010, suscrito por el licenciado Enrique Ignacio Urbina Bado, coordinador general jurídico y consultivo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quien emite comentarios sobre el punto de acuerdo referido.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2010.— Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández (rúbrica), director general adjunto de Vinculación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.

En atención de su oficio número 170/ UCVPS/ DGAVS/ 1305/ 2010, por medio del cual solicitó opinión relacionada con el proyecto de punto de acuerdo sobre la revisión de las atribuciones legales conferidas a esta comisión federal en materia de insumos para el sector agropecuario (plaguicidas, feromonas, atrayentes alimenticios de uso agrícola, nutrientes vegetales, reguladores de crecimiento y acondicionamiento de suelo), por presentarse por el diputado francisco Javier Usabiaga Arroyo, del PAN, me permito emitir los siguientes comentarios:

Esta área entiende que el punto de acuerdo deriva de la preocupación por la supuesta invasión de competencias que esta comisión federal efectúa en materia de plaguicidas y nutrientes vegetales, lo cual se considera que resulta incorrecto, pues la intervención que en la materia efectúa la Secretaría de Salud a través de este órgano desconcentrado se encuentra fundamentada en diversas disposiciones sanitarias.

1. La intervención en materia de plaguicidas que ejerce salud se encuentra fundamentada en los artículos 4o., párrafo tercero, 14 y 16 de la Constitución; 39, fracciones XXI y XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); 4, fracción III, 17 Bis, fracciones IV y XI, 194, fracción III, 278, fracción I, 279, 281, 368, 369, 371, 376, 378 y 380 de la Ley General de Salud; 1 y 2, inciso c), fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3, fracciones I, incisos g) y h), VII, y 109, fracciones VIII y X, del Reglamento de la Cofepris; Reglamento en materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

2. Por otra parte se cuenta con el acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas; y las Normas Oficiales Mexicanas NOM-182-SSA1-1998, “Etiquetado de nutrientes vegetales”, y NOM-232-SSA1-2009; “Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico”.

3. La intervención de la Secretaría de Salud se efectúa en el correspondiente marco de competencias atribuidas a esta dependencia en materia de salud humana y protección contra riesgos sanitarios, quedando la materia ambiental a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la producción primaria a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dependencias que confluyen en el desarrollo de acciones coordinadas en la materia en la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas, de acuerdo con las competencias asignadas a cada una por los artículos 32 Bis, 25 y 39 de la LOAPF.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Enrique Ignacio Urbina Bado (rúbrica), coordinador General Jurídico y Consultivo.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

VINOS DE ORIGEN MEXICANO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-682 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2010.DGE.0850 suscrito por el ciudadano José Antonio Torre Medina, coordinador de Asesores del secretario de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al apoyo a la industria vitivinícola del país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con referencia al oficio SEL/UEL/311/3373/10 del 13 de octubre del año en curso, mediante el cual comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 12 de octubre, en el que se exhorta a las dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales, para que en el marco de sus festividades y compromisos sociales del bicentenario y en adelante, se consuman vinos y bebidas de origen mexicano, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Esta secretaría coincide con el legislador en la importancia de fomentar el consumo de productos mexicanos, por lo que, de ser procedente atenderemos a su recomendación en los actos que se realicen en esta dependencia para apoyar a la industria vitivinícola del país.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de noviembre de 2010.— José Antonio Torre Medina (rúbrica), coordinador de Asesores del Secretario.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-531 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/3/8C.17.5/ 0361-10 suscrito por la ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández, subprocuradora de Inspección Industrial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la planta generadora de energía de la subestación eléctrica Los Remedios, en Naucalpan de Juárez, estado de México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3183/10, de fecha 1o. de octubre de 2010, a través del cual el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo a su digno cargo, tuvo a bien informar, al licenciado Wilehaldo David Cruz Bresaant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 30 de septiembre del presente año, que en su punto tercero a la letra dice: “ Tercero. Se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar, conforme a sus atribuciones, la operación de la planta generadora de energía de la subestación eléctrica “Los Remedios” colindante con los fraccionamientos Jardines de San Mateo y Alcanfores, en Naucalpan de Juárez, estado de México, respecto a sus emisiones al medio ambiente y, conforme a los resultados y legislación vigente en la materia, emitir las medidas que considere necesarias.”

Sobre el particular, por instrucciones superiores, aprovecho este conducto para acusar recibo del referido oficio, y hacer de su conocimiento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el ejercicio de las atribuciones que le confieren las fracciones VIII a la XII del artículo 139 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, a través de la delegación Profepa en la zona metropolitana del Valle de México, en marzo de 2007, llevó a cabo una visita de inspección a la planta generadora de energía de la subestación eléctrica Los Remedios, ubicada en la calle de Alcanfores, colonia Jardines de San Mateo, en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, emitiendo la resolución administrativa correspondiente, en la que se ordenaron diversas medidas técnicas correctivas tendientes a subsanar las irregularidades observadas durante dicha visita de inspección.

Asimismo, le informo que mediante oficio número PFPA/3.2/8C.17.5/0859-10, de fecha 26 de octubre de 2010, la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación, adscrita a esta Subprocuraduría a mi cargo, solicitó a la delegación de la Profepa en la zona metropolitana del Valle de México, llevar a cabo los actos de inspección complementarios que, en su caso, resulten necesarios para verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de la planta generadora de electricidad.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

México, DF, a 1 de noviembre de 2010.— Ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández (rúbrica), subprocuradora.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

LAICIDAD DEL ESTADO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0560, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número AR-03/14008/2010, suscrito por el licenciado Paulo Tort Ortega, director general de Asociaciones Religiosas, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SEL/UEL/311/3021/10, de fecha 24 de septiembre del año en curso, por el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 23 de septiembre del presente, mismo que a continuación se reproduce:

“La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, realice los actos necesarios que le son competentes para garantizar el principio de laicidad del Estado que redunde en el respeto de los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero.”

Al respecto, le manifiesto que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos así como de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, reitera su compromiso por salvaguardar el carácter laico del Estado mexicano y el principio de separación entre el Estado y las iglesias, reafirmando su vocación por consolidar la convivencia y tolerancia entre todos los ciudadanos y actores políticos, sociales y religiosos.

En tal sentido, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en sus artículos 29, 30, 31 y 32, prevé tanto las hipótesis que constituyen infracciones así como las correspondientes sanciones para el caso de que se actualice cualquiera de los supuestos contemplados, sujetando su imposición a la sustanciación de un procedimiento previo a través del cual se garantice el debido proceso tanto del posible infractor como del denunciante. Esto significa que de acuerdo a la ley, ninguna sanción a ministros de culto o asociaciones religiosas puede ser impuesta de manera automática, si no que en todos los casos deberá de cumplirse con el procedimiento establecido para determinar conforme a derecho.

Bajo esta tesitura, la Dirección General de Asociaciones Religiosas está sujeta a cumplir con las atribuciones que con motivo de su competencia le otorga la normatividad de la materia; vigilando se cumpla la laicidad del Estado mexicano y garantizando los derechos y libertades de todos los gobernados, los cuales se encuentran consagrados en la Carta Magna.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 3o., 25, 29, 30, y 31 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 1o., 3o., 32, 39 del Reglamento de dicha Ley; y 9o. y 24 del reglamento interior de esta secretaría.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de noviembre de 2010.— Licenciado Paulo Tort Ortega (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

FENOMENOS METEOROLOGICOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-1954, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-455/2010, suscrito por el doctor Amado Crotte Alvarado, Encargado del Despacho de la Coordinación de Asesores del Secretario de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la ampliación de recursos para cubrir las afectaciones por las lluvias e inundaciones en el estado de Guerrero.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su atento oficio SEL/UEL/311/3121/10, de fecha 29 de septiembre del presente año, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 21 de septiembre de 2010, que a continuación se transcribe:

“ Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que asigne recursos del Fonden, para los municipios y comunidades afectados por las lluvias e inundaciones del estado de Guerrero, así como la implementación de proyectos de rehabilitación para los tramos carreteros dañados.”

Sobre el particular, con respecto a la solicitud de recursos al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en el sector carretero, se han autorizado 47.5 millones de pesos (mdp) para la red carretera federal y 9.5 mdp para la red carretera rural a cargo del gobierno del estado de Chiapas, en el evento denominado lluvia severa el día 27 de junio de 2010 en el municipio de Suchiate en el estado de Chiapas.

En el evento denominado ocurrencia de lluvias severas el día 18 de agosto de 2010, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, está en proceso de autorización por parte del Fonden, una solicitud por 95.2 mdp para la red carretera federal y 53.5 mdp para la red carretera rural a cargo del gobierno del estado como coparticipación del Fonden.

Se encuentran pendiente de entrega de resultados de la evaluación de daños, tres eventos denominados: ocurrencia de lluvias severas los días 3 al 5 de septiembre de 2010, en 17 municipios en el estado de Chiapas, daños por lluvias severas el 4 de septiembre en el municipio de Motozintla en el estado de Chiapas, daños por lluvias severas el día 25, 26 y 27 de septiembre de 2010, en 14 municipios en el estado de Chiapas.

En el estado de Guerrero ya se autorizaron recursos por parte del Fonden por la cantidad de 26.5 mdp para el evento ocurrencia de lluvias severas los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en 12 municipios del estado de Guerrero, así como 23.9 mdp para ocurrencia de lluvias severas los días 3, 4 y 5 de febrero de 2010, en 16 municipios del estado de Guerrero.

Se encuentra pendiente la entrega de evaluación de daños del evento ocurrencia de lluvias severas el día 30 de agosto de 2010, en 7 municipios del estado de Guerrero.

Se encuentra en proceso de autorización ante el Comité 2003 del Fonden, 5.3 mdp que es el 50 por ciento de la coparticipación total de daños, por el evento ocurrencia de inundación fluvial el día 25 de agosto de 2010, en 3 municipios del estado de Morelos.

Para el estado de Tamaulipas se autorizaron con cargo al Fonden, 182.5 mdp para la reconstrucción de la red federal y 80.2 mdp para la red estatal de caminos rurales para el evento ocurrencia de lluvia severa el día 30 de junio y 1° de julio de 2010, en 19 municipios del estado de Tamaulipas, también 9.9 mdp para la red estatal para el evento ocurrencia de lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010, en 11 municipios del estado de Tamaulipas, y 9.4 mdp para la red estatal para la ocurrencia de lluvia severa en los municipios de Ciudad Madero y Tampico el día 24 de julio e inundación fluvial en los municipios de Altamira y González, los días 26, 29 y 30 de julio de 2010, en el estado de Tamaulipas.

Se encuentra en proceso de entrega de la evaluación de daños, el costo de la reconstrucción para la Ocurrencia de inundación fluvial durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y 28 de agosto de 2010, en siete municipios del estado de Tamaulipas.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de octubre de 2010.— Doctor Amado Crotte Alvarado (rúbrica), encargado del Despacho.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

ESTADO DE MORELOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-937 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 89397 suscrito por el general de brigada diplomado de estado mayor Edgar Luis Villegas Meléndez, subjefe operativo del estado mayor de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a que prevalezca el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, en acciones operativas en contra de la delincuencia organizada en el estado de Morelos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Defensa Nacional.— Estado Mayor.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Señor Subsecretario

Con fundamento en el artículo 27/o. fracc. XIV de la L.O.A.P.F. y en relación con el oficio número SEL/UEL/311/3381/10 de 13 de octubre de 2010, emitido por la Unidad de Enlace Legislativo de esa dependencia, hago referencia al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de·Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual

• Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que instruya a los secretarios de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Marina, para que en el desarrollo de sus funciones y acciones operativas en contra de la delincuencia organizada en el estado de Morelos, prevalezca el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos.

• Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Morelos, para que instruya al Secretario de Seguridad Pública de esa entidad, para que en el desa-rrollo de sus funciones y acciones operativas en contra de la delincuencia organizada en ese estado, prevalezca el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos.

Agradeceré a usted que en el ámbito de su competencia, se haga del conocimiento de la referida Cámara de Diputados.

– Respecto al primer asunto

• Que las acciones citadas ya han sido atendidas y debidamente cumplimentadas por esta Secretaría, con las diversas acciones derivadas del “Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario SDN” de aplicación permanente en todo el país.

• El propósito de dicho programa es desarrollar actividades para dar cumplimiento a la Estrategia 6.2 del “Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007- 2012” por lo que respecta a promover y fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en el personal militar, inculcando el estricto apego al marco jurídico vigente, a través de los Sistemas Educativo Militar y de Adiestramiento Militar, consolidando la eficiencia de la actuación del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos en las operaciones.

• Además de lo anterior, se ha reiterado al comandante de la 24a. zona militar (Cuernavaca, Morelos) que en el desarrollo de las operaciones que realice en apoyo a las autoridades de seguridad pública y por solicitud de éstas, el personal militar jurisdiccionado a dicho mando territorial deberá continuar conduciéndose con apego al respeto a las garantías individuales y los derechos humanos.

– Con relación al segundo asunto

En cuanto a las funciones y acciones operativas en contra de la delincuencia organizada realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Morelos, esta Secretaría de estado no es competente para intervenir o tomar acción alguna en dicho asunto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lomas de Sotelo, DF, a 10 de noviembre de 2010.— General de brigada DEM Edgar Luis Villegas Meléndez (rúbrica), subjefe operativo estado mayor Defensa Nacional.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

DESASTRES NATURALES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-1954 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 307-A.7.-547 suscrito por Alonso de Gortari Rabiela, director general adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la ampliación de recursos para cubrir las afectaciones por las lluvias e inundaciones en Chiapas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/3120/10, de fecha 29 de septiembre último, mediante el cual se solicita el seguimiento al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, conforme al oficio girado al doctor Ignacio Quezada Morales, coordinador de asesores del secretario de Hacienda y Crédito Público, en el que da a conocer los puntos aprobados en la sesión de fecha 28 de septiembre de 2010.

Al respecto me permito informarle de los puntos correspondientes al Fondo de Desastres Naturales de esta secretaría:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal instruya a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público se solicite y autorice la ampliación de recursos destinados para la atención de desastres naturales, con la finalidad de que sean destinados para cubrir las afectaciones por las lluvias e inundaciones en diversos municipios de Chiapas, con cargo a los excedentes, que en su caso resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos, de conformidad con lo previsto en los artículos 19 y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

• En relación a este punto le informo que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha otorgado recursos para la atención de los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores que han afectado al estado, cuyo monto a la fecha asciende a 481.8 millones de pesos, es de importancia mencionar que aún se continua con la evaluación de los daños y una vez que se entreguen los diagnósticos definitivos se aprobaran los recursos que solicite el estado.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que asigne recursos del Fonden, para los municipios y comunidades afectados por las lluvias e inundaciones de Guerrero, así como la implantación de proyectos de rehabilitación para los tramos carreteros dañados.

• Al respecto le informo que a esta fecha se han entregado la totalidad de los recursos que ha solicitado el estado durante el presente año, para la atención de los daños ocasionados por fenómenos naturales en esa entidad federativa cuyo monto asciende a 66 millones de pesos.

Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de sus dependencias, al gobierno de Tamaulipas y al ayuntamiento de Matamoros, a que realicen las acciones pertinentes para apoyar a las familias del ejido Las Blancas, afectadas por el impacto del huracán Alex en esa entidad.

• Me permito informarle que Tamaulipas ha solicitado al Fondo de Desastres Naturales recursos por un monto de 839.2 millones de pesos para la atención de los daños ocasionados por el paso del huracán Alex, cabe señalar en dicha solicitud de recursos se encuentra incluido el municipio de Matamoros dentro del cual se encuentra el ejido Las Blancas.

Finalmente, cabe señalar que se continúa con la evaluación final de daños y una vez que sean entregados los diagnósticos definitivos se presentaran para la aprobación de recursos ante el Comité Técnico del Fideicomiso Fonden 2003.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de noviembre de 2010.— Alonso de Gortari Rabiela (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

FENOMENOS NATURALES - FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCION

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-1978 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 307-A.7.-546 suscrito por Alonso de Gortari Rabiela, director general adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la creación de un fondo nacional de reconstrucción para apoyar a las entidades federativas afectadas por los fenómenos naturales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/3176/10, de fecha 1o. de octubre último, mediante el cual se solicita el seguimiento al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dirigido al doctor Ignacio Quezada Morales, coordinador de Asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el que da a conocer los puntos aprobados en la sesión de fecha 30 de septiembre de 2010.

Al respecto me permito informarle lo que compete al Fondo de Desastres Naturales (Fonden):

Primero. Que el gobierno federal asigne recursos suficientes, en forma inmediata, para atender los daños provocados por los fenómenos naturales de este año, en todas las entidades federativas afectadas y, de igual manera, atienda debidamente a la población damnificada.

Al tercer trimestre se han otorgado con cargo al Fonden recursos a todas las entidades federativas afectadas por desastres naturales, conforme a los anexos 1 y 2.

Segundo. Se creé de manera inmediata un fondo nacional de reconstrucción, para iniciar en este mismo ejercicio presupuestal el apoyo a las entidades federativas afectadas por los fenómenos naturales de este año.

Actualmente el Fonden, apoya la reconstrucción de la infraestructura pública al 100 por ciento cuando se trata de infraestructura federal y en promedio en un 50 por ciento a la infraestructura estatal. A la fecha, el Fonden ha otorgado todos los recursos solicitados por las entidades federativas para los daños ocasionados por los desastres naturales, sin que éste haya resultado insuficiente al día de hoy.

Tercero. Que se asignen a dicho fondo los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2011.

Con relación a este punto se informa que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se está considerando un monto de diez mil millones de pesos para el Fonden en el ejercicio 2011.

Cuarto. Que se flexibilicen las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para que, ocurrida una contingencia, existan recursos disponibles en forma inmediata que permitan a todos los órdenes de gobierno auxiliar oportuna y eficazmente a la población afectada, así como iniciar a la brevedad las tareas de reconstrucción de infraestructura.

Por cuanto hace a este punto le informo que en el numeral tercero de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (ROF), se contempla la utilización del fondo revolvente, que “tiene por objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador”.

Las ROF establecen el mecanismo para acceder a los recursos para la reconstrucción de la infraestructura pública dañada de carácter federal y estatal, de los sectores carretero, educativo, salud, vivienda, urbano e hidráulico.

En las ROF en el numeral cuarto, fracción IV, se contempla la figura de Apoyo Parcial Inmediato (API). Este apoyo prevé “otorgar recursos para la ejecución de las acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica derivada del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población, dichos apoyos se otorgan en un lapso de 24 horas después de haber solicitado.”

Asimismo, en el numeral 21 del ordenamiento jurídico citado se contempla la figura de los Anticipas, con estos “la entidad federativa afectada mediante solicitud formal al Ejecutivo o del funcionario facultado para tal efecto, podrá solicitar a la dependencia o entidad federal que corresponda, que se realicen las gestiones necesarias para que se otorguen anticipas respecto de un determinado sector afectado por un desastre natural, para realizar acciones de competencia de las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas.

Quinto. Se aumenten en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, los recursos asignados a los Fondos de Desastres Naturales (Fonden) y para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), a fin de que existan los recursos suficientes que permitan prevenir daños a la población a causa de este tipo de fenómenos y, en su caso, hacer frente a las situaciones de emergencia provocadas por ellos.

En el punto 3 antes mencionado, se informa que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se ha considerado para el ejercicio 2011 un monto por diez mil millones de pesos para el Fondo de Desastres Naturales, el cual a esta fecha no ha resultado insuficiente para la atención de los daños ocasionados por desastres naturales en las entidades federativas.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1 de noviembre de 2010.— Alonso de Gortari Rabiela (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-648 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGVI/667 2010 suscrito por el licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las acciones sociales impulsadas para Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su Oficio SEL/UEL/311/3188/10 a través del cual comunica a esta dependencia, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta a esta dependencia a presentar un informe detallado sobre las acciones sociales impulsadas para Ciudad Juárez, Chihuahua, me permito enviarle la siguiente documentación:

• Copia del oficio 313/2205/2010, suscrito por la licenciada María Eugenia González Alcocer, titular de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana, a través del cual se atiende el punto de acuerdo referido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de noviembre de 2010.— Licenciado Enrique Lepine Muñoz (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional.— Presente.

En referencia al oficio número SEL/UEL/311/3188/10, signado por el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, en la Secretaría de Gobernación, a través del cual hace referencia al oficio D.G.P.L. 61-II-3-648 en el que los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican el punto de acuerdo aprobado por el pleno, en el cual la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a presentar un informe detallado sobre las acciones sociales que se están realizando como parte de la estrategia del gobierno federal “Todos somos Juárez”.

Al respecto, me permito enviar dicho informe, el cual indica el impacto social de las acciones a través de indicadores comprobables, así como material fotográfico de avances.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

María Eugenia González Alcocer (rúbrica), titular de la Unidad.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

FONDO DE INDEMNIZACION PARA VICTIMAS RELACIONADAS CON OPERATIVOS O ACCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA, CON LOS BIENES Y DINEROS INCAUTADOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-2069 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCIN/2511/10 suscrito por Erika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la creación de un fondo de indemnización para víctimas de la delincuencia, con los bienes y dinero incautados.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/3315/10, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que exhorta al Ejecutivo federal a crear un fondo de indemnización para víctimas relacionadas con operativos o acciones del gobierno federal contra la delincuencia, con los bienes y dinero incautados, me permito comentarle que la Procuraduría General de la República tomó debido conocimiento del punto de acuerdo que nos ocupa, y asimismo le informo que se tomarán las acciones pertinentes dentro del ámbito de competencia de esta procuraduría.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 25 de octubre de 2010.— Erika Santoyo Morales (rúbrica), directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

CHILES EN NOGADA, PLATILLO BICENTENARIO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0677, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0453/10, suscrito por el licenciado Gonzalo Altamirano Dimas, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a declarar a los “chiles en nogada, platillo bicentenario del estado de Puebla”.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL311/3409/10, mediante el cual se hace del conocimiento a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la honorable Cámara de Diputados, en la sesión celebrada el 12 de octubre del presente año, el cual señala lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que declare el platillo típico de los chiles en nogada como “chiles en nogada, platillo bicentenario del Estado de Puebla”.

Sobre el particular, me permito adjuntar a usted la respuesta emitida por la Dirección General Jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Atentamente

México, DF, a 13 de noviembre de 2010.— Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas (rúbrica), titular.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

José Francisco Dafour Sánchez, coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública.— Presente.

Me refiero a su oficio número UR 120/UCE/CECU/ 404/10, recibido el 28 de octubre del año en curso, mediante el cual solicita que se opine el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del 12 de octubre de 2010, que señala lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que declare al platillo típico de los chiles en nogada como “chiles en nogada, platillo bicentenario del estado de Puebla”.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que a consideración de esta Dirección General, no existe fundamento jurídico alguno para que el titular del Poder Ejecutivo federal realice la declaratoria solicitada.

Envío un cordial saludo y, asimismo, agradezco su respuesta a la presente consulta.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2010.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

LAICIDAD DEL ESTADO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Permítame, secretaria, por favor. Adelante, diputada Enoé.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Le agradezco, presidente. Es en relación con el oficio con el que da amable cuenta la secretaria, que nos envía el director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

A todos aquí en la comparecencia del secretario Blake nos quedó muy claro que Gobernación no entiende el concepto de Estado laico, pero ahorita ya aumentó la preocupación porque no sólo es que están dando respuesta a un oficio que el presidente de la Mesa Directiva le dirige al secretario de Gobernación y aquí lo responde un tercero al equipo del secretariado, sino que parece, una de dos, o que les importan más en este exhorto los llamados a misa que los llamados que hace la Cámara o que no entendieron el contenido del oficio.

Nos están respondiendo como si la Cámara hubiera planteado un juicio sumario contra las asociaciones religiosas y no están respondiendo al pedido que la Cámara de Diputados hace para que la Secretaría de Gobernación cumpla la ley y defienda el Estado laico.

Es decir, están usando de excusa la ley para no cumplir puntualmente el artículo 30 de la Ley y el 32 del Reglamento, en relación con asociaciones religiosas.

La solicitud muy puntual es que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, pudieran revalorar cómo le enviamos el exhorto. Tal vez si se los explicamos más detalladamente, más clarito, de manera más sencilla, ellos puedan comprender que lo que les estamos pidiendo es que cumplan la ley y no nos regresan, como lo que nos han respondido, lo que puede ser una majadería o un error.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada, se recoge su intervención como una moción, ya que estamos en el capítulo de comunicaciones y éstas no se discuten. Adelante, secretaria.

ARACELI ALCANTARAALEJANDRO - LUCIA MARTINEZ MELITON

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-1186, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCIN/2632/10 suscrito por el licenciado José Luis Martínez Garza, director de Vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la liberación de las indígenas Araceli Alcántara Alejandro y Lucía Martínez Melitón.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/1087/10, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través del procurador general de la república, intervenga en la liberación de las indígenas Araceli Alcántara Alejandro y Lucía Martínez Melitón, injustamente acusadas de delitos contra la salud, debido a la existencia de vicios y contradicciones en el proceso.

Sobre el particular, me permito comentarle que una vez declarada agotada la etapa de instrucción y de conformidad con las disposiciones legales conducentes, el día 11 de noviembre de 2010, se ha notificado a las procesadas Araceli Alcántara Alejandro y Lucía Martínez Melitón, su libertad con motivo de la presentación de conclusiones no acusatorias por parte del agente del Ministerio Público de la federación, sin omitir que durante todo el proceso, esta institución se ha mantenido respetuosa y atenta a la observancia de la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 11 de noviembre de 2010.— Erika Santoyo Morales (rúbrica), directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0612 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número FOO. DGOR.- 541/10 suscrito por David Gutiérrez Carbonell, director general de Operación Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a establecer como área natural protegida la zona de Omiltemi, conocida como Parque Ecológico Estatal, Guerrero.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/3392/10, de fecha 13 de octubre de 2010, remitida al titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, a través del cual comunica a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el cual “La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizar el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida a la zona de Omiltemi, conocida como Parque Ecológico Estatal, Guerrero”. Al respecto, le informo lo siguiente:

El predio Omiltemi presenta relevancia ambiental tanto por su biodiversidad como para la conservación de servicios ambientales fundamentales para la ciudad de Chilpancingo en Guerrero, condiciones propicias que le permiten calificar para su establecimiento como área natural de carácter estatal. Sin embargo, la superficie se encuentra sujeta a un proceso de presión continua, por cambio de uso de suelo debido a desmontes para la apertura de superficies agrícolas, tala inmoderada, incendios, así como por la afectación del bosque de pino por descortezador.

Por lo anterior, el gobierno del Guerrero, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), actualmente realiza las gestiones para la declaratoria de un parque estatal, y en 2007 firmó un convenio de colaboración con el ejido de Xocomanatlán para realizar acciones de vigilancia, conservación y mejoramiento de la región de Omiltemi. Por lo anterior, le recomiendo consulte la opinión de la Semaren, cuyo titular es el licenciado Sabas Arturo de la Rosa Camacho, con domicilio en edificio Vicente Guerrero, tercer piso, avenida Juárez esquina Quintana Roo, colonia Centro, Chilpancingo, Guerrero, Teléfonos: (01 747) 471-95-43 y 48, correo electrónico: semaren@guerrero.gob.mx.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2010.— David Gutiérrez Carbonell (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que se recibió oficio en respuesta de acuerdo de la Cámara de Diputados, el que se anexa.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-1-0640, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número PFPA/ 3/ 8C.17.5/ 0362-10, suscrito por la ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández, subprocuradora de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la contaminación y al riesgo que produce la planta de generación geotérmica de Cerro Prieto.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/ UEL/ 311/ 3136/ 10, de fecha 29 de septiembre de 2010, a través del cual el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, a su digno cargo, tuvo a bien informar al licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que mediante el oficio número DGPL 61-II-1-0640, de fecha 28 de septiembre de 2010, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente, informaron al secretario de Gobernación sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el mismo 28 de septiembre que, en el punto segundo, a la letra dice: “Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a evaluar la operación de la planta de generación geotérmica de Cerro Prieto respecto a la contaminación y el riesgo que genera, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el ambiente y la salud de los habitantes de las poblaciones circundantes”.

Sobre el particular, por instrucciones superiores, aprovecho este medio para acusar recibo del referido oficio, y hacer de su conocimiento que en el ejercicio de las atribuciones que le confieren el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás disposiciones jurídicas aplicables, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por conducto de su delegación en Baja California y a través de la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación, adscrita a la Subprocuraduría de Inspección Industrial, en agosto de 2004, octubre de 2006 y diciembre de 2008 llevó a cabo sendas visitas de inspección a la Comisión Federal de Electricidad campo geotérmico y central geotermoeléctrica de Cerro Prieto, con ubicación en la carretera Ejido Nuevo León kilómetro 33.5, Cerro Prieto, Mexicali, Baja California.

Con motivo de las visitas de inspección realizadas por la citada delegación y por la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación se emitieron las resoluciones administrativas correspondientes, en las que además de las medidas técnicas correctivas que le fueron ordenadas, se impuso a la empresa una multa total por 338 mil 200 pesos.

La Profepa, en la esfera de su competencia, continuará realizando los actos de inspección que resulten necesarios para verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales por dicha empresa.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

México, DF, a 1 de noviembre de 2010.— Ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández (rúbrica), subprocuradora de Inspección Industrial.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

GAS METANO ASOCIADO AL CARBON

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-593, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2010.DGE.885, suscrito por José Antonio Torre Medina, Coordinador de Asesores del Secretario de Economía, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo relativo a las disposiciones contenidas en la Ley Minera, así como en el Programa Sectorial de Energía 2007 -2012, sobre el aprovechamiento y recuperación del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con referencia al oficio SEL/UUL/311/3186/10 del 1 de octubre del año en curso, mediante el cual comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de septiembre, en el que se exhorta a esta secretaría a formular y ejecutar las políticas necesarias para poder llevar a la práctica las disposiciones contenidas en la Ley Minera, así como en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, relacionadas con el aprovechamiento y recuperación del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral para autoconsumo de concesionarios o su entrega a Petróleos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En el marco de las disposiciones aplicables de la Ley Minera y su Reglamento en Materia de Gas Asociado a los Yacimientos de Carbón Mineral, la Secretaría de Energía y esta dependencia se encuentran trabajando en la evaluación y elaboración de un proyecto de reforma al reglamento, para regular el aprovechamiento racional y promover el uso eficiente de dicho insumo.

Igualmente, esta secretaría ha colaborado técnicamente en la elaboración de la normatividad requerida para el adecuado aprovechamiento de este recurso.

En paralelo el Servicio Geológico Mexicano continúa determinando, en sus asignaciones mineras, el potencial de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.

No se omite mencionar que conforme al artículo 4 del Reglamento, corresponde a la Secretaría de Energía la aplicación de las disposiciones relativas a permisos y autorizaciones que se establecen en el mismo ordenamiento.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del Acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al Secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2010.— José Antonio Torre Medina (rúbrica), coordinador de Asesores del Ciudadano Secretario.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

ESTADO DE CHIHUAHUA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-543, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.201 0.DGE.886, suscrito por José Antonio Torre Medina, coordinador de asesores del secretario de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la reducción del precio del gasóleo doméstico, el gas LP y el gas natural en el estado de Chihuahua.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con referencia al oficio número SEL/UEL/311/3300/10, del 7 de octubre del año en curso, mediante el cual comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 5 de octubre, en el que se exhorta a esta secretaría a realizar las gestiones necesarias a efecto de que el precio al consumidor final de gasóleo doméstico, el gas LP y el gas natural en el estado de Chihuahua se reduzca para el periodo de la temporada invernal 2010-2011, a partir del 1 de noviembre de 2010, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

La metodología y determinación de dichos precios no es competencia de esta secretaría, tal como se prevé en el artículo 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; y 11 del Reglamento del Gas Licuado de Petróleo.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— José Antonio Torre Medina (rúbrica), coordinador de Asesores del Secretario.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-01799/10, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Graciela Alejandra Sandoval Maas.

Puesto: Operadora de teléfono.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Nombre: Beatriz Liliana Rivera Reyes.

Puesto: Asistente de Visas.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Roberto Centeno Blanco.

Puesto: Conductor.

Lugar de trabajo:Embajada de la República de Nicaragua en México.

Nombre: Jorge Arturo García Gutiérrez

Puesto: Chofer/mensajero.

Lugar de trabajo:Embajada de la República de Haití en México.

Nombre: Sergio Igor Almazán Dávila.

Puesto: Oficial de Prensa.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Betsabé Álvarez Muñoz.

Puesto: Gerente de Recursos Humanos y oficial adjunta de Administración.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Prana Álvarez Rivas.

Puesto: Asistente de Servicios Corporativos.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Mónica Buitrón Bravo.

Puesto: Oficial de Proyectos.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Sagra Margarita Clorio Jessel.

Puesto: Agregado adjunto de Comercio e Inversión.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Patricia Ytalivi Cordero Rosas.

Puesto: Oficial de Prensa y Comunicación.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Mónica Patricia Cortina Peresola.

Puesto: Asistente de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Victoria Guadalupe Correa Delgado.

Puesto: Personal de limpieza.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: María Teresa Correa Delgado.

Puesto: Personal de limpieza.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Eurídice Jael Durán López.

Puesto: Oficial consular regional.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Alejandra Cristina Espinosa Mendoza.

Puesto: Agregada de Comercio e Inversión.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Lucía Espejel Gómez.

Puesto: Gerente de Proyectos.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Édgar Ignacio Fernández Montoya.

Puesto: Asistente consular.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Lorena Berenice González López.

Puesto: Oficial de Política de Cambio Climático.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: José Elías Guzmán Martínez.

Puesto: Jardinero y asistente de Mantenimiento.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Adrián Herrera Sotelo.

Puesto: Agregado adjunto de Inversión.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: María de Lourdes Huelgas Plaza.

Puesto: Agregado adjunto de Comercio e Inversión.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Paola Jiménez Vázquez.

Puesto: Agregada adjunta de Comercio e Inversión.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Diana León Treviño.

Puesto: Oficial de Comercio e Inversión.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Michelle Rosalía Lezama Díaz.

Puesto: Asistente de Contabilidad.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Édgar López Zuazua Carmona.

Puesto: Administrador de Sistemas.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Antonio Meléndez Adell.

Puesto: Asistente de Prensa y Comunicación.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Irasema Mendoza Martínez.

Puesto: Agregada de Comercio e Inversión.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Magaly Palacios Morales.

Puesto: Gerente de Internet.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Gabriela Carolina Pereda Domínguez.

Puesto: Oficial de Cambio Climático.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Jenefer Pineda Verhoogh.

Puesto: Oficial de Cambio Climático.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Oralia Paulina Piña Reyes.

Puesto: Gerente de Bases de Datos y Apoyo Administrativo.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Francisco Javier Ponce Castanedo.

Puesto: Encargado de Diseño y Mercadotecnia.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Lucero Bibiñe Oropeza Aguilar.

Puesto: Empleada.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Cynthia Ortiz Mildare.

Puesto: Asistente personal.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Jéssica Román Ramírez.

Puesto: Oficial administrativo del Dialogo de Desarrollo Sustentable.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: María Abigail Sandoval Elizondo.

Puesto: Asistente personal de la embajadora.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Lizbeth Segundo Juárez.

Puesto: Recamarera para la residencia de la embajadora.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: María del Pilar Tristán Martínez.

Puesto: Asistente personal.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Laura Patricia Torres Limón

Puesto: Asistente de Visas.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Isaac Álvaro Vargas Arroyo.

Puesto: Director de Inversiones.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Ariadna Cecilia Villalobos Gutiérrez.

Puesto: Asistente de Logística.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Nombre: Édgar Zepeda Hernández.

Puesto: Contador.

Lugar de trabajo:Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento y cartas de naturalización, que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 18 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-01749/10, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Martha Isabel Chávez Silva.

Puesto: Asistente.

Lugar de trabajo: Embajada Real de Tailandia en México.

Nombre: María del Carmen Samano López.

Puesto: Auxiliar administrativa.

Lugar de trabajo: Embajada de Brasil en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Raymundo Guzmán Cisneros

Puesto: Supervisor de Grupo de Choferes

Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2010.— Licenciado Julián Hernández Santillán (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación.Por lo que se refiere al ciudadano que deja de prestar servicios, remítase a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Proseguimos con el capítulo de iniciativas. La Presidencia recibió del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Seguridad Nacional, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Seguridad Nacional, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El que esto suscribe, diputado Gustavo González Hernández, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me presento ante esta soberanía a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

El Congreso de la Unión juega un papel relevante en la seguridad nacional del país, a través de su acción legislativa, modificando la Constitución y la legislación secundaria; a través de acciones de control, las cuales ejerce por conducto de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y por último, a través de su acción presupuestal y fiscalizadora.

La actual presidencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional ha realizado un profundo análisis de los temas más urgentes para el debido funcionamiento de dicha comisión y del sistema de supervisión parlamentaria que debiera regir en nuestro país. Así, uno de los suscritos, el diputado Gustavo González Hernández, tras haber escrito un ensayo denominado “Los retos del Poder Legislativo en Seguridad Nacional”, han dejado claro que las atribuciones actuales de la comisión son endebles e insuficientes para ejercer un verdadero control legislativo de los servicios de inteligencia y de seguridad nacional que existen en nuestro país. Producto de dicha experiencia es que consideramos importante proponer una serie de reformas que fortalezcan desde la ley a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

A manera de antecedente, en nuestro país podemos identificar dos etapas por las cuales transitó el tema de la seguridad nacional. La primera etapa se puede denominar de “política administrativa”, en razón que su tratamiento estaba confinado exclusivamente a la esfera del Poder Ejecutivo. Dentro de esta primera etapa se presentan dos énfasis: uno como estructura de “espionaje político” y el otro como estructura de “seguridad interior”.

La segunda etapa la podemos denominar de “política pública”, porque su tratamiento se eleva a rango constitucional, promulgándose una ley reglamentaria y estableciéndose la participación de los tres poderes de gobierno con acciones legislativas, ejecutivas y de control. Esta etapa coincide con la transición y la alternancia partidista en el Ejecutivo federal.

Consideramos pertinente señalar que producto del análisis que hemos realizado a la problemática de la seguridad nacional en México, desde el punto de vista legislativo, hemos detectado varias carencias que en opinión de los suscritos deben ser transformadas en verdaderos retos para el Poder Legislativo, tales como la búsqueda de una definición legal más adecuada de los términos “Seguridad Nacional” y “Seguridad Interior”. Sin embargo, la presente iniciativa solamente versa sobre uno de esos retos: El fortalecimiento de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

La referida comisión fue creada recientemente mediante la expedición de la Ley de Seguridad Nacional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de enero del año 2005. En el artículo 56 de dicha ley se establece que esta comisión estará integrada por 3 senadores y 3 diputados, y que la presidencia de la comisión será rotativa y recaerá alternadamente en un senador y un diputado.

Así las cosas, sin duda alguna la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional se constituye como una de las comisiones bicamerales más importantes que existen en México, ya que su función es primordial para impulsar y velar por la seguridad nacional en nuestro país, para hacer los estudios y emitir las opiniones legislativas que la fortalezcan y también para vigilar el actuar de las instituciones ligadas a ella, evitando que en la búsqueda de su consecución, se violenten, por las fuerzas encargadas de asegurarla, la Carta Magna y las diversas leyes y disposiciones reglamentarias.

El primer antecedente en el mundo sobre el control de actividades de seguridad nacional son los comités selectos de inteligencia en el Senado y la Casa de los Representantes de los Estados Unidos, creados en 1976 y 1977, respectivamente; y producto de los abusos de la comunidad de inteligencia, así como la ausencia de una supervisión y rendición de cuentas del Ejecutivo al Congreso (U.S. Senate 1995: 5). Posteriormente, se dieron reformas en otros países reproduciendo este tipo de comités o comisiones, tales como Canadá (1979), Australia (1984), Dinamarca (1988), Reino Unido (1989), Austria (1991), Grecia (1994), Noruega (1996) e Italia (1997). Asimismo, tras el colapso de la Unión Soviética, se presentó otra “ola de reformas” en Rumania, Eslovenia, Lituania, Estonia, Croacia y Bosnia-Herzegovina (Born, 2007:142).

Esta necesidad de una efectiva supervisión democrática ha recibido el respaldo de cuerpos internacionales tales como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de la Unión Europea Occidental. La principal preocupación es la supervisión de las áreas de inteligencia de la seguridad nacional, las cuales por su naturaleza pueden incurrir en abusos y violaciones a los derechos humanos. Es por eso que todas estas comisiones están orientadas a la supervisión y control de las áreas de inteligencia, existiendo en nuestro país una discrepancia y convirtiéndose en una de las primeras comisiones que realiza control de la política de seguridad nacional en lo general, y con menor énfasis, sobre el área de inteligencia civil del estado, pues desde la iniciativa se afirmaba que la participación del Congreso “va más allá de un simple control de las actividades de inteligencia”.

Sin embargo, según investigaciones realizadas por expertos (Johnson, 2009: 343), el ideal esperado por los reformadores en la supervisión congresional está lejos de ser realidad. Incluso en Estados Unidos, con su larga trayectoria en la materia, se habla de la inoperancia del sistema actual y se busca una reforma (Kibbe, 2010: 1). En México, la Comisión Bicamaral es muy joven y aún no logra consolidarse del todo, pues en una evaluación reciente, desde su creación, solamente una de sus ocho atribuciones se ha ejercido, y esto ha sido aunque sólo de manera parcial (Romero, 2010: 1).

Por su parte, la “Guía sobre el Control Parlamentario del Sector de la Seguridad”, emitida conjuntamente por la Unión InterParlamentaria y por el Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF, por sus siglas en inglés), señala que un Estado viable precisa la existencia de dos condiciones fundamentales: la soberanía nacional y la seguridad, siendo ésta última considerada como un bien primordial para la civilidad y el interés general de la sociedad.

En el mismo documento se señala que en un Estado democrático, el papel que desempeñan los parlamentos en el tema de la seguridad consiste en la fiscalización, entendida ésta como aquellas actividades relacionadas con la vigilancia en cuanto al diseño y la implementación de políticas públicas en materia de seguridad nacional, en el marco de la transparencia y la responsabilidad. Para lo cual, el Poder Legislativo precisa de una colaboración permanente y estrecha con el Ejecutivo, especialmente con los sectores de la seguridad y la inteligencia, contar con acceso a la información, conocimiento práctico en el tema y la fiscalización de las políticas de seguridad.

Finalmente vale la pena señalar que en la reciente visita oficial realizada por los integrantes de la Comisión Bicamaral a la ciudad de Washington, DC, en los Estados Unidos de Norteamérica (2 al 4 marzo 2010), se percibió el gran interés que se tienen en aquella nación por la seguridad nacional, asignándose un impresionante monto de recursos a las instituciones encargadas de velar por su existencia, así como a los 4 organismos parlamentarios encargados de la revisión de dichos temas e instituciones.

Por ello, consideramos pertinente que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sea fortalecida desde la ley, ya que actualmente sufre de carencias en sus atribuciones y forma de operar, que la debilitan y no le permiten cumplir, en muchas ocasiones, a cabalidad el fin último por el cual fue concebida esta comisión.

Las reformas, atribuciones y disposiciones que aquí proponemos y que consideramos las más importantes y urgentes, fueron producto de un análisis profundo realizado en base a 4 elementos básicos:

- La experiencia y análisis de actuar histórico de la Comisión,

- La opinión de diversos autores y organismos calificados en la materia,

- Las recomendaciones internacionales en la materia y

- El análisis de la estructura legal de las comisiones de control parlamentario afines, en países tales como Estados Unidos, Inglaterra, España, Argentina, Canadá y Alemania.

En consecuencia, es necesario y urgente fortalecer a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional con las siguientes acciones:

a. Elevarla a comisión especial permanente. La Comisión Bicamaral debe ser considerada como una comisión permanente y quedar establecida como tal en la ley. Aunque el hecho de que dicha comisión haya sido creada y se encuentre contemplada en una ley pareciera ser una razón suficiente para que ésta sea considerada ordinaria para todos los efectos legales y administrativos, al no existir ninguna disposición expresa al respecto, sigue quedando al arbitrio del comité o comisión de administración en turno el tratamiento administrativo que se le otorga. Actualmente, la presidencia recae en un diputado y la Comisión de Administración de la Cámara de Diputados resolvió reducir su tratamiento administrativo de comisión ordinaria a comisión especial.

La repercusión más grave fue la reducción que sufre en los recursos materiales y humanos que tiene a su disposición, contrario a los estándares internacionales que recomiendan contar con los recursos “proporcionales” al alcance de su mandato. (Born, 2005: 82).

b. Otorgarle facultad de opinión presupuestal. Uno de los roles que juega la supervisión congresional en seguridad nacional, es tratar de reconciliar los “imperativos” de la seguridad nacional y los “requerimientos de la democracia”. Por la naturaleza de información reservada, la comisión debe fungir como los ojos y los oídos de la sociedad, la cual debe confiar a su vez en ésta. En otras palabras, la comisión representa a las instancias de seguridad nacional ante el congreso y la ciudadanía, convirtiéndose en parte en un aliado de las áreas de seguridad nacional (Spaulding, 2008: 76-77).

Esta situación obliga a por lo menos tener injerencia y opinión en el proceso del presupuesto y poder realizar dicho rol. De hecho, la propuesta original en la iniciativa de la ley sí se había contemplado esta atribución, pero al dictaminarse se le suprimió bajo el argumento que interfería con una función constitucional de toda la Cámara de Diputados.

Este argumento realmente está desenfocado, pues no se proponía una potestad de presupuestación ajena a la que esencialmente le compete al pleno, sino la posibilidad de emitir opiniones bajo el rol que se menciona y en cumplimiento de los estándares internacionales que se sugieren para este tipo de comisiones.

c. Otorgarle atribuciones de supervisión funcional. La Comisión Bicamaral debe tener la atribución expresa para supervisar y controlar cualquier área de gobierno que realice funciones de inteligencia, pues es un defecto muy común otorgarle atribuciones sobre la principal área de inteligencia, o sea, siguiendo un criterio institucional, mientras que la recomendación de los expertos es seguir un criterio funcional (Whitaker, 1999: 144-145), por ejemplo, las labores de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Procuraduría General de la República. En consecuencia, no se cumple uno de los principios de supervisión legislativa denominado “alcance horizontal del mandato” y que exige que el sector de inteligencia en su totalidad, incluyendo todos los departamentos y funcionarios auxiliares, deba estar bajo el mandato de uno o más entes de supervisión parlamentaria (Born, 2005: 125).

A continuación señalamos las atribuciones y disposiciones principales que consideramos deben ser contempladas en el capítulo de la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley Orgánica del Congreso General que nos rige:

Propuesta:La Comisión podrá opinar ante las comisiones dictaminadoras que discutan reformas o cuestiones relativas a inteligencia y seguridad nacional.

Justificación: Aunque se entiende y justifica que la Comisión no tenga el carácter de dictaminadora, ello no justifica que carezca de una atribución expresa para opinar sobre las iniciativas y dictámenes en la materia, pues sus integrantes están debidamente informados sobre dichos temas.

Propuesta:Tendrá el carácter de permanente especial para efectos administrativos.

Justificación: En la actual Legislatura, se le ha degradado a comisión transitoria especial, y con ello, se la han quitado recursos, bienes muebles, espacio físico y apoyo de personal para realizar su función.

Esto es sencillamente injustificable e inconcebible dada la importancia de los temas de Seguridad Nacional que corresponde conocer a la Comisión.

Propuesta: Supervisar a las áreas del gobierno federal que realicen labores de inteligencia.

Justificación: La Ley de Seguridad Nacional vigente se concentra en la vigilancia parlamentario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), sin embargo, no es la única entidad que realiza actividades de inteligencia y, por ende, al igual que países como Alemania y Estados Unidos, la atribución de la Comisión debe abarcar a todas las áreas y dependencias del gobierno que realicen labores de inteligencia.

Propuesta: Recibir denuncias sobre abusos que cometan funcionarios en labores de inteligencia y realizar las investigaciones necesarias.

Justificación: Esta atribución, presente en Comisiones de otros países como en la República de Argentina, es necesaria para que los ciudadanos tengan una instancia imparcial y ajena al Poder Ejecutivo, que conozca e investigue este tipo de abusos.

Propuesta: Opinar sobre los nombramientos que realice el Presidente sobre el Secretario Técnico y el titular del Centro.

Justificación: Aunque la opinión no será vinculatoria, sentará un precedente del análisis que el Legislativo realizó sobre los nombramientos de dichos funcionarios claves para la Seguridad Nacional del país. Esta atribución ya existe contemplada en comisiones afines de otros países del mundo.

Propuesta: Dispondrá de una base de asesores de carácter permanente y con estabilidad laboral.

Justificación: Este apoyo técnico es necesario por dos cuestiones, a saber: porque el tema de la Seguridad Nacional es profundamente delicado y requiere una especialización y también porque al estar la presidencia en constante rotación, es necesario que exista personal de base que evite se reinvente cada año la Comisión.

Propuesta: La comisión deberá emitir las normas que garanticen la protección y resguardo de la información clasificada

Justificación: En virtud de que la Comisión emite y tiene acceso a muchos documentos que pudieran considerarse de trascendencia para la Seguridad Nacional, en los términos de la fracción I del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Comisión tendrá facultades para clasificar los documentos que considere se encuentren en esta situación.

Propuesta: La Comisión puede dar a conocer al Centro la información que pretenda hacer pública, para que opine sobre la información que deba ser reservada.

Justificación: En relación con la atribución anterior, esta facultad permitirá mayor protección de la información en poder de la Comisión, y una mayor participación y colaboración con el Centro en su manejo.

Propuesta: La Comisión podrá opinar sobre temas presupuestales.

Justificación: En el proceso de presupuestación anual, la Comisión deberá tener injerencia sobre la asignación de recursos contemplada para las áreas de Inteligencia.

Propuesta: La rotación de las presidencias será en el mes de septiembre de cada año.

Justificación: Con ello, se evitarán que la Comisión quedé acéfala el año en que le toque asumir la Presidencia a un diputado o senador que concluya su periodo en el mes de agosto.

Propuesta: Definir el nombre de la Comisión en la Ley, como “Comisión Bicameral de Seguridad Nacional e Inteligencia”

Justificación: En virtud de que actualmente no existe dicha definición, y consideramos importante añadir el término “inteligencia” que refleje con mayor claridad las funciones de la Comisión, por un lado, y por el otro la palabra correcta, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española es “Bicameral” y no “Bicamaral”.

Por lo expuesto y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de fortalecer las instancias de inteligencia y seguridad nacional del Estado mexicano.

Artículo Primero. Se modifica la denominación del Capítulo Único del Título Cuarto; se reforman las fracciones IV y V del artículo 6°, la fracción VII del artículo 15, 56, el primer párrafo y las fracciones I, II y VIII del artículo 57, 58 y 60; y se adicionan una fracción VI al artículo 6°, un segundo párrafo al artículo 50, y una fracción IX recorriendo la subsecuente del artículo 57, todos los numerales de la Ley Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. a III. ...

IV. Centro: Centro de Investigación y Seguridad Nacional;

V. Información gubernamental confidencial: Los datos personales otorgados a una instancia por servidores públicos, así como los datos personales proporcionados al Estado Mexicano para determinar o prevenir una amenaza a la Seguridad Nacional; y

VI. Comisión Bicameral: La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional e Inteligencia.

Artículo 15. ...

I. a VI. ...

VII. Entregar en tiempo a la Comisión Bicameral la documentación e informes a las que se refiere el artículo 57 de la presente Ley;

VIII. a XIII. ...

Artículo 50. ...

El Consejo deberá emitir un protocolo de niveles de acceso a la información de Seguridad Nacional, el cual deberá hacer de su conocimiento a la Comisión Bicameral.

Título Cuarto Capítulo ÚnicoLa Comisión Bicameral de Seguridad Nacional e Inteligencia

Artículo 56. Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional y la inteligencia estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo federal, por conducto de una Comisión Bicameral integrada por tres senadores y tres diputados.

La presidencia de la Comisión Bicameral será rotativa de forma anual y recaerá alternadamente en un senador y un diputado.

Artículo 57. La Comisión Bicameral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Solicitar informes concretos al Centro o a cualquier dependencia, órgano u organismo del Poder Ejecutivo federal que dentro del ámbito de atribuciones realicen actividades de Seguridad Nacional e Inteligencia, o cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades, conforme el protocolo de niveles de acceso a la información;

II. Conocer antes del 30 del mes de octubre de cada año el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos y emitir a más tardar el 15 del mes de diciembre sus observaciones al respecto;

III. a VII. ...

VIII. Enviar al Consejo cualquier recomendación que considere apropiada;

IX. Opinar sobre los nombramientos que realice el Presidente sobre el Secretario Técnico del Consejo y el titular del Centro, y

X. Las demás que le otorgue otras disposiciones legales.

Artículo 58. En los meses en que inicien los periodos ordinarios de sesiones del Congreso, el Secretario Técnico del Consejo deberá rendir a la Comisión Bicameral, un informe general de las actividades desarrolladas en el semestre inmediato anterior.

La Comisión Bicameral podrá citar al Secretario Técnico para que explique el contenido del informe.

Artículo 60. Los integrantes y personal de apoyo de la Comisión Bicameral deberán resguardar y proteger la información y documentación que se les proporcione, evitando su uso indebido, sin que pueda ser difundida o referida. En caso contrario, se aplicarán las sanciones que las leyes prescriban.

Artículo Segundo. Se adiciona un Título Sexto “De la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional e Inteligencia” con los artículos 136 al 140 en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, para quedar como sigue:

Título SextoDe la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional e Inteligencia Capítulo Único

Artículo 136.

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional e Inteligencia se integra por tres senadores y tres diputados, y tiene a su cargo, además de las previstas en la Ley de Seguridad Nacional, las siguientes tareas:

a) Emitir opinión con relación a toda iniciativa de reforma constitucional o legal, así como de algún proyecto legislativo vinculado a las actividades de Seguridad Nacional e Inteligencia;

b) Conocer y opinar sobre la partida presupuestal que se pretenda asignar cada año al Centro de Investigación y Seguridad Nacional;

c) Proteger y custodiar la información proporcionada por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional o de cualquier dependencia, órgano u organismo del Poder Ejecutivo federal que dentro del ámbito de atribuciones realicen actividades de Seguridad Nacional e Inteligencia, de conformidad con las disposiciones aplicables;

d) Impulsar y realizar estudios que versen sobre Seguridad Nacional e Inteligencia;

e) Realizar la investigación, cuando se estime necesario, sobre denuncias o presuntos hechos sobre abusos o ilícitos cometidos en el accionar de los organismos de inteligencia; así como, en la investigación de los mismos organismos. Al finalizar la investigación, la comisión emitirá las recomendaciones correspondientes;

f) Elaborar lineamientos para el ingreso del personal administrativo, técnico y de apoyo en las funciones de la Comisión Bicameral; así como los procedimientos de control de confianza;

g) Emitir disposiciones que garanticen la custodia y resguardo de la información de carácter reservado que tenga a disposición la Comisión Bicameral o sus miembros, de conformidad con la legislación aplicable; y

h) Las demás que le otorgue esta ley y otras disposiciones legales.

Artículo 137.

1. La Comisión Bicameral será constituida durante el primer mes del ejercicio de cada legislatura. Su organización y funcionamiento se sujetará a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentaciones específicas que al efecto emita el Congreso de la Unión, en lo que no contravengan a lo señalado en el presente capítulo.

2. Para la integración de la Comisión Bicameral, las Juntas de Coordinación Política correspondiente a cada Cámara, deberán dar prioridad a la designación de los miembros para su instalación y funcionamiento, con base a lo dispuesto en esta ley.

3. El nombramiento de sus integrantes será por el mismo tiempo de su encargo.

4. La presidencia de la Comisión Bicameral será rotativa anualmente y recaerá de forma alternada en un senador y un diputado. Cuando se renueven los miembros de ambas Cámaras la iniciará con un diputado.

Artículo 138.

1. La Comisión Bicameral se reunirá en sesiones públicas o privadas, según lo acuerden sus integrantes. También podrán celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores o las personas que la comisión considere que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto de que se trate.

2. La Comisión Bicameral tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. Las opiniones que emitan deberán presentarse firmadas por la mayoría de los integrantes. Si alguno o algunos de ellos disienten del parecer de la mayoría, podrán presentar por escrito voto particular.

3. La Comisión Bicameral seguirá funcionando durante los recesos del Congreso, en el despacho de los asuntos a su cargo. Para tal efecto, deberá sesionar tantas veces como sea necesario.

Artículo 139.

1. La Comisión Bicameral no podrá modificar la clasificación ni temporalidad de reserva o confidencialidad de la información, que le haya sido proporcionada por alguna dependencia o entidad del Poder Ejecutivo federal o cualquier órgano público.

2. La Comisión Bicameral no podrá difundir, publicar, transmitir o poner a disposición del público por cualquier medio, la información que sea reservada o confidencial, que tenga en su poder.

3. Cuando la información sea solicitada al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, será atendida conforme lo dispuesto por el protocolo de niveles de acceso a la información de Seguridad Nacional, elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional.

4. Si la información es requerida a cualquier otro órgano u organismo público, diverso al señalado en el numeral anterior, el titular de la dependencia o entidad estará obligado a proporcionar la información en un plazo razonable; si la misma no fuere remitida, la Comisión podrá dirigirse oficialmente en queja al titular de la dependencia, entidad o, en su caso, al Presidente de la República, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva de la misma Cámara que pertenezca el Presidente de la Comisión Bicameral.

Artículo 140.

1. La Comisión Bicameral contará para el desempeño de sus tareas, con el espacio físico necesario para su trabajo y para la celebración de sus reuniones plenarias. Contarán con el apoyo material y técnico de carácter jurídico que sea pertinente para la formulación de proyectos de dictamen o de informes, así como para el levantamiento y registro de las actas de sus reuniones.

2. Para el desempeño de sus funciones la Comisión Bicameral deberá crear una Subcomisión de carácter técnico, integrado por un senador y un diputado, con el objeto realizar los estudios que versen sobre Seguridad Nacional e Inteligencia.

3. La Subcomisión contará con asesores designado por la Comisión Bicameral, quienes deberán aprobar las evaluaciones de admisión, permanencia, ascenso y los procesos de control de confianza dispuestos por la propia Comisión.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Recomendaciones 1402/1999 y 1713/2005 de la APCE y Resolución 113 del 2002 de la Asamblea de la Unión Europea Occidental.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, noviembre de 2010.— Diputado Gustavo González Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL - LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de las Leyes Federal del Trabajo, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Federal del Trabajo, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el presente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México, desafortunadamente mantiene tasas preocupantes de trabajo infantil, lo cual es resultado, por un lado, de la precaria condición de la economía nacional, que adolece del decremento constante de su productividad y del pobre desarrollo de su mercado interno y por el otro de una laxa legislación que no responde a las necesidades actuales de la estructura social mexicana.

Este fenómeno perjudica el desarrollo de las y los niños mexicanos que tienen la necesidad de trabajar, pues los sujeta al penoso círculo de la pobreza, les limita las posibilidades de desarrollo profesional y problematiza las opciones de desarrollo económico e igualdad social del país.

Ante tal planteamiento es necesario que se formulen soluciones dentro del ámbito legislativo que permitan la consecución de nuevos postulados en aras de disminuir el trabajo infantil.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo infantil como todo aquél que priva a los niños y niñas de su potencial y dignidad, perjudica su desarrollo físico y psicológico, es nocivo para su bienestar físico, mental o moral e interfiere con su escolarización.

Debido a que el trabajo infantil es un fenómeno multifactorial, complejo y tiene diversas aristas, es difícil precisar las causas que lo originan, no obstante se observa con preocupación la existencia de un círculo vicioso en torno al trabajo infantil, es decir, datos oficiales demuestran que hay una relación directa entre la escolaridad del o la jefe de familia y la incidencia de trabajo infantil: a mayor escolaridad, menor incidencia. En 6 de cada 10 hogares con trabajo infantil, el jefe de familia no tiene secundaria (Instituto Nacional de Estadística y Geografía –Inegi–, 2004).

En el corto plazo el trabajo infantil incrementa el ingreso familiar pero en el largo plazo genera efectos adversos ya que aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso, hace más grande la brecha que separa a los pobres y a los ricos; además de que restringe las oportunidades para salir de la pobreza, ya que impacta de manera negativa en el nivel educativo de la población, la productividad de la fuerza laboral y su competitividad.

En nuestro país existen dos categorías de menores trabajadores: los de menos de 14 años, de quienes la Constitución y la Ley Federal del Trabajo prohíben que se utilice su trabajo, y los de edades entre 14 y 16, cuyo trabajo permite la ley bajo determinadas circunstancias (haber cursado su educación obligatoria, jornada máxima de seis horas, no trabajo nocturno ni horas extras, etc.)

Sin embargo, cada día observamos la gran deserción escolar de miles de jóvenes, que para contribuir con el ingreso familiar, se ven obligados a laborar en trabajos mal remunerados.

Las cifras nos demuestran que más de una cuarta parte de los menores que trabajan no asiste a la escuela. De acuerdo al censo de población del año 2000, hecho por el Inegi, 959 mil 640 menores en edad de 6 a 11 años de edad no acudían a la escuela primaria y un millón 469 mil 441 de edades entre 13 y 15 no asistían a la escuela secundaria, lo que haría un total de dos millones 429 mil 82 infantes en edad de cursar la educación básica que están fuera de ella. Hay que destacar que existe un subregistro en esta área, pues muchos menores trabajadores no se reconocen ni son reconocidos como tales, así como la existencia de pasos hacia delante en la materia, aunque sin las metas óptimas para un país que es miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

Por otro lado, México ha suscrito diversos instrumentos internacionales orientados a atender esta problemática, entre los que se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por este país en 1990, y el Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, ratificado por México en el 2000.

El primer instrumento, en su artículo 32, reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, que sea nocivo para su salud, educación o desarrollo; y establece la obligación de los Estados parte de adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar la aplicación de este artículo.

Mientras que el segundo indica que entre las peores formas de trabajo infantil se encuentra “el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.

En el ámbito regional, la Corte Interamericana ha determinado, en su opinión consultiva OC-17/2002 Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, de 28 de agosto de 2002, que “la expresión ‘interés superior del niño’ consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño... Los Estados parte en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño”. En la presente iniciativa así se entiende al interés superior de las niñas y niños.

Sin embargo, aún está pendiente la ratificación del Convenio 138 de la OIT  sobre edad mínima, el cual establece en su artículo 1 que: “Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores”.

En este sentido, el Convenio 138 insta a los Estados a elevar progresivamente la edad mínima de admisión al mercado laboral, permitiendo establecer diferentes edades y criterios. Argentina, Brasil, Francia, España, Portugal e Irlanda son sólo algunos de los países que han ratificado dicho Convenio y todos ellos han establecido como edad mínima los 16 años de edad.

El caso de Argentina es de particular relevancia para nuestro país, no sólo por la similitud social y cultural, sino porque previo a la ratificación de este convenio el gobierno argentino aprobó una iniciativa para elevar la edad mínima de admisión al empleo de los 14 a los 16 años de edad, conocida como Ley Nacional 26.390.

Cabe señalar que tanto el Convenio número 138 como el Convenio número 182 son fundamentales. De conformidad con la Declaración de la OIT, incluso los Estados Miembros que aún no han ratificado estos Convenios deben observar, promover y poner en práctica los principios.

Así la OIT ha establecido los siguientes criterios a fin de que los países alcancen progresivamente estos estándares:

Este esfuerzo por elevar progresivamente la edad mínima para la admisión al mercado laboral no es cosa menor, representa para miles de jóvenes la diferencia entre seguir sus estudios y mejorar su nivel de vida o aumentar su nivel de marginación social y de analfabetismo.

Por otro lado, el que exista una edad mínima de admisión al empleo de 14 años es incongruente con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todo individuo tiene derecho a recibir  educación y precisa al Estado a otorgar la educación básica (pre escolar, primaria y secundaria), la cual se culmina entre los 15 y 16 años de edad, situación que impera a modificar nuestra legislación.

En México tanto empleadores como autoridad, violentan las especificaciones que prohíben la contratación de personas menores de 14 años y la legislación especial para las personas entre 14 y 16 años que obliga a los padres o tutores a otorgar su permiso ante la autoridad laboral, respetar la jornada máxima de seis horas, con un intervalo cuando menos de una hora de reposo, prohíbe el trabajo industrial nocturno o después de las 10 de la noche, trabajar horas extras o en labores insalubres, peligrosas o que afecten su moral, a facilitar la asistencia a la escuela e impartir cursos de capacitación, etcétera.

Los patrones incumplen con su obligación legal de llevar un registro de trabajadores menores que empleen y las autoridades del trabajo no cumplen con su obligación de realizar inspecciones para verificar que el patrón cumpla con sus obligaciones o de lo contrario aplicar la sanción correspondiente.

Queda claro que estamos ante un problema que requiere de toda la atención del Estado Mexicano, también es evidente que el problema tiene solución en la medida en que emprendamos acciones conjuntas y progresivas en diferentes ámbitos.

Por tal motivo es la presenta iniciativa que pretende incrementar la edad mínima para trabajo a 16 años, con la finalidad de que la legislación nacional sea congruente con nuestra realidad social y permita que las y los jóvenes tengan la oportunidad de terminar su educación básica, la cual es fundamental para que tengan un mayor conocimiento de su entorno y así adquieran las herramientas suficientes para su crecimiento personal y el desarrollo de mejores oportunidades para el futuro.

Es pertinente que el trabajo crezca para los mayores de edad y no para quienes deben estudiar, pues de lo contrario sometemos a un sector de nuestra niñez y juventud a cumplir con una doble jornada, que les limita las posibilidades de aprovechar su estancia educativa y les niega el desarrollo de su sana convivencia y esparcimiento.

La urgencia de esta iniciativa radica en las siguientes cifras, que nos indican, según el documento especializado en estadísticas sobre niñez “Cuéntame” del Inegi, que Al 2007 en México, había 29 millones de niños y niñas de 5 a 17 años de edad, de los cuales más de 3 millones y medio realizaron alguna actividad económica, el 67 por ciento eran niños y 33 por ciento niñas.

De estos menores, 55.5 por ciento realiza quehaceres domésticos en el hogar y estudia, 28.5 por ciento sólo estudia y 4.7 por ciento combina el trabajo remunerado con los quehaceres domésticos y el estudio. Sin embargo el problema se agudiza cuando analizamos que de los 3 millones y medio de niños y niñas ocupados en el país, 39.7 por ciento no asiste a la escuela, es decir 1.2 millones, de los cuales 70.5 por ciento son niños y 29.5 por ciento son niñas.

Los niños y niñas que trabajan, lo hacen principalmente en el campo, en el comercio, y en la industria manufacturera. Mientras que al analizar la situación en las entidades federativas encontramos que en primer lugar se encuentra Guerrero que presentó el mayor porcentaje de niños que trabajan con 20 por ciento, le siguen Michoacán y Zacatecas con 18 por ciento, mientras que el Distrito Federal obtuvo 6 por ciento seguido de Sonora con 7 por ciento.

Estas características nos demuestran el importante problema que sufre la niñez mexicana, que está expuesta a mantener la reproducción de la pobreza, a trabajos peligrosos y a dejar sus estudios escolares.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforman el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 5, 22, 23, 173, 174, 363 y 988 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo Primero. Se reforma la fracción tercera del inciso A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno...

A. ...

I. y II. ...

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciséis años. Los mayores de esta edad y menores de dieciocho tendrán como jornada máxima la de seis horas.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción primera del artículo 5o, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público...

I. Trabajos para niños menores de dieciséis años;

II. a XIII. ...

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 22, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciséis años y de los mayores de esta edad y menores de dieciocho que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 23, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 23. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años necesitarán autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política, para prestar sus servicios.

Artículo Quinto. Se reforma el artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 173. El trabajo de los mayores de dieciséis años y menores de dieciocho queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo.

Artículo Sexto. Se reforma el artículo 174 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 174. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo. Sin el requisito del certificado, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo Séptimo. Se reforma el artículo 362 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 362.Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de dieciséis años.

Artículo Octavo. Se reforma el artículo 988 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 988. Los trabajadores mayores de dieciséis años, pero menores de dieciocho, que no hayan terminado su educación obligatoria, deberán acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo Noveno. Se reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 35. Para garantizar la protección de los derechos reconocidos en esta ley, se reitera la prohibición constitucional de contratar laboralmente a menores de 16 años bajo cualquier circunstancia.

..

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

- Arenal., Sandra No hay tiempo para jugar... (Niños trabajadores). Editorial Nuestro Tiempo. México, 1991.

- Barrón, Antonieta 1, Los mercados de trabajo rurales. El caso de las hortalizas en México. Tesis de doctorado. Facultad de Economía. UNAM, 1992, p.1.

- Barrón, Antonieta 2 et al. Apertura económica de las frutas y hortalizas de exportación en México. Un acercamiento al estudio de la segmentación de los mercados de fuerza de trabajo. Edición de la Universidad Autónoma de Nayarit. 2002.

- Boletín internacional de intercambio y preparación del Tribunal Internacional Independiente contra el Trabajo infantil No. 5. “Informe de la OIT de noviembre de 1995 sobre trabajo infantil”. Diciembre de 1995. México.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Cruz Aguirre, Javier. “Nueva selección de jornaleros”. Semanario Zeta del 8 al 14 de mayo de 1998. Tijuana, BC, p. 38 A

- El Financiero. “Un millón de muertes por accidentes de trabajo”. 12 de abril de 1999.

- Inegi. El trabajo infantil en México 1995-2002. México, 2004.

- Juárez González, Irma P. “Los niños jornaleros migrantes. El trabajo infantil, el rezago educativo en el perpetuo círculo de la pobreza”. Taller La situación del campo mexicano. Impacto del ajuste estructural. Alternativas y casos. 1998. Sitio web  www.unam.mx/rer/juarez.html Consulta 16/11/00.

- López Limón, Mercedes Gema. Datos propios de la investigación “Incorporación prematura al mercado laboral. Trabajo de menores en la industria, trayectoria escolar y capacitación”. IIS-UABC. 2000.

- López Limón, Mercedes Gema. El trabajo infantil, fruto amargo del capital .Edición de la autora.Impresora San Andrés . Mexicali, BC, 1998.

-Inegi. Cuéntame 2007, México, 2007. http://cuentame.inegi.org.mx/ poblacion/ninos.aspx?tema=P

- Inegi, Encuesta Nacional sobre Ocupación y Trabajo 2007, México, 2007.

- CNN, 5 millones de niños trabajan, México  13 de julio de 2010. http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/13/5-millones-de-ninos-trabajan-en -mexico

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de noviembre de 2010.— Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa que modifica las fracciones XV del artículo 39 y XIII del 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Todas las sociedades a lo largo de la historia se han construido a partir de las diferencias anatómicas entre los sexos, convirtiendo éstas en desigualdad social y política. La noción de género alude a esta construcción sociocultural e histórica.

El enfoque basado en las variables sexo y género permite identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, contribuye a reconocer las causas de éstos y ha ayudado a formular mecanismos para superar estas brechas, ya que sitúa la problemática no en las mujeres o los hombres sino en las relaciones socialmente construidas sobre el poder y la exclusión.

La equidad de género implica la posibilidad de tratamientos diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. Estas medidas son conocidas como “acciones positivas” o “afirmativas”, pues facilitan a los grupos de personas considerados en desventaja en una sociedad, en este caso mujeres y niñas, el acceso a esas oportunidades. Esas oportunidades pasan de forma ineludible por el acceso a una educación no sexista, a una salud integral, al empleo digno, a la planificación familiar, a una vida sin violencia, entre muchos otros.

De lo anterior podemos concluir entonces que la equidad no es otra cosa que un medio para llegar a la igualdad de género, lo cual es sin duda el objetivo por alcanzar.

La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera, es decir, el pleno y universal derecho de hombres y de mujeres al disfrute de la ciudadanía, no solamente política sino también civil y social. Ello no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales sino que tengan las mismas condiciones y oportunidades para ejercer plenamente sus derechos, responsabilidades y oportunidades sin importar el sexo con que han nacido.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, afirmó: “La igualdad de las mujeres y las niñas constituye también un imperativo económico y social. Hasta que no se logre liberar a mujeres y a niñas de la pobreza y la injusticia, todos nuestros objetivos –la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible– correrán peligro”.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha señalado que la igualdad entre los géneros es un prerrequisito del desarrollo y un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social.

El PNUD considera además que la inversión en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son vitales, no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto sino para lograr una ciudadanía integral y una democracia más sólida.

Conscientes de lo anterior, los gobiernos, en particular el de México, han adquirido diversos compromisos con los derechos de la mujer y la igualdad de género, que han sido acordados en numerosos foros mundiales y en la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer.

Uno de los foros mundiales más importantes es la IV ConferenciaMundialsobre las Mujeres, celebrada en Beijing, en 1995, donde se manifestó el compromiso de la comunidad internacional por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El mensaje principal de la conferencia fue que igualdad de género significa la aceptación y la valoración por igual de las diferencias entre mujeres y hombres y los distintos papeles que desempeñan en la sociedad.

A partir de esta conferencia, la igualdad de género deja de ser percibida como un asunto de mujeres, para considerarse como un objetivo que afecta de manera transversal todos los ámbitos del desarrollo. Se trata del enfoque conocido como “género en el desarrollo”, que plantea la necesidad de definir, con la activa participación de las mujeres, un nuevo modelo de desarrollo que subvierte las relaciones de poder basadas en la subordinación de las mujeres.

De esta conferencia surgieron la declaración, la cual deja de manifiesto la decisión de los Estados, entre ellos el de nuestro país, de garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y de mujeres en la educación y la atención de salud, entre otros temas; y la Plataforma de Acción, que señala que su aplicación es responsabilidad de los Estados y que ésta debe hacerse de conformidad con todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el completo respeto de valores, antecedentes y convicciones, los cuales deberán contribuir al pleno disfrute de los derechos humanos por las mujeres a fin de conseguir la igualdad, el desarrollo y la paz.

Estos compromisos, así como los adquiridos por los Estados en otras conferencias y reuniones internacionales, fueron reafirmados por la comunidad mundial en la Cumbre del Milenio e incorporados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2000.

La Declaración del Milenio sostiene que la igualdad de género no es apenas un objetivo en sí mismo sino una condición esencial para alcanzar todas las metas de desarrollo. En la Cumbre del Milenio, los declarantes resolvieron “promover la igualdad de géneros y la potenciación de la mujer como forma eficaz de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, así como de estimular un desarrollo realmente sostenible”.

El gobierno de México ha recibido algunas observaciones derivadas del incumplimiento de obligaciones internacionales o bien del poco avance de nuestro país en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (Cocedaw), de las que llaman la atención las siguientes:

18. El comité observa con preocupación que si bien la convención se refiere al concepto de igualdad, en los planes y programas del Estado parte se utiliza equidad. También preocupa al comité que el Estado parte entienda la equidad como un paso preliminar para el logro de la igualdad.

19. El comité pide al Estado parte que tome nota de que los términos equidad e igualdad transmiten mensajes distintos, y su uso simultáneo puede dar lugar a una confusión conceptual. La convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad de hecho y de derecho (en la forma y el fondo) entre mujeres y hombres. El comité recomienda al Estado parte que en sus planes y programas utilice sistemáticamente el término igualdad.

Estamos convencidos de que el Congreso de la Unión debe contribuir al cumplimiento de las recomendaciones que el Cocedaw formuló al país. Atendiendo a este deber, se propone cambiar el nombre de la Comisión de Equidad y Género por el de Comisión para la Igualdad de Género.

A la igualdad debemos aspirar, por la igualdad debemos trabajar. Como ha señalado el presidente Felipe Calderón, “es momento de que hagamos realidad la igualdad ante la ley de que, por principio constitucional, gozamos tanto hombres como mujeres. Es momento de romper con barreras culturales que detienen nuestro crecimiento, porque sólo con el esfuerzo conjunto de todos los mexicanos y las mexicanas podremos construir un país más democrático con igualdad, justicia y prosperidad para todos”.

Por eso estamos seguros de que con la aprobación de esta iniciativa contribuiremos a que se tome conciencia de la importancia que tiene realizar acciones para abatir la discriminación y desigualdad existentes por razones de género, así como a mejorar las leyes, políticas y modalidades que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, conforme a los principios de no discriminación y de equidad, así como de los que garanticen la democracia, y el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En atención de lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma las fracciones V del artículo 39 y XIII del 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se modifica la fracción V del artículo 39, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ...

V. Comisión para la Igualdad de Género.

Segundo.Se modifica la fracción XIII del artículo 90, para quedar como sigue:

Artículo 90.

1. ...

XIII. Comisión para la Igualdad de Género.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2010.— Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL - LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa que reforma la fracción III del apartado B del artículo 20 constitucional y el párrafo tercero del artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La prisión representa, dentro de nuestra sociedad, una institución totalitaria y punitiva; sus fines se circunscriben, en primera instancia, a la intimidación, bajo el postulado de que es un medio eficaz para amenazar a posibles delincuentes o para evitar que reincidan los que ya han incurrido en una conducta antisocial. Otro de sus fines parte de la hipótesis de que la corrección de la conducta delictiva supone la aplicación de medidas tendientes a readaptar a los individuos “desviados” dentro del marco de la legalidad y la “normalidad”, las cuales, sólo podrían llevarse a cabo, si tales personas se hallan encerradas: la prisión cumple, entonces, con el propósito de contener y excluir a los sujetos transgresores del consenso social.

Sobre el particular, Elías Neuman (1994) afirma que la cárcel se ha constituido en un lugar para estar malque acepta naturalmentela idea de contención y depósito de seres humanos acusados por delitos contra la propiedad. Neuman analiza el papel dañino de la cárcel y refiere que el Estado, a través de la aplicación de la pena privativa de la libertad, se apropia del individuo; planifica allí, en la prisión, su vida presente y futura, y logra una de las formas más arteras del control y la dominación mediante la coerción física: se convierte, así, en el planificador absoluto de la violencia que refuerza la legitimación del sistema.

A este respecto, el doctor Sergio García Ramírez señala que quien ingresa a prisión lo hace despojado de cualquier grandeza; sólo lleva la etiqueta de “hombre vencido”, “enemigo social”, “delincuente”. El poder político puede hacer todo, o casi todo, con este sujeto. La historia de las penas en la época moderna y particularmente de la prisión cerrada, es un relato de los esfuerzos que muchas mujeres y muchos hombres han hecho –contra viento y marea- para reducir ese poderío del gobierno, privarle de omnipotencia, recatar al hombre vencido y reconocerle en la realidad de su reclusión cotidiana lo que de buena o mala gana le atribuyen las leyes que, con frecuencia, se quedan a la puerta de la celda: derechos, sólo eso, derechos efectivos para los reclusos hombres de carne y hueso.

En nuestro país, la Secretaría de Seguridad Pública reportó este año que en el conjunto de las prisiones de México hay actualmente 172 mil espacios penitenciarios y 230 mil internos, lo que sitúa los niveles de sobre cupo en casi 34 por ciento. Esta crisis de sobrepoblación del sistema penitenciario genera, además del menoscabo a los derechos de los internos, un detrimento en la aplicación de los reglamentos de cada centro.

Al tratar de encontrar algunas causas de esta innegable y manifiesta crisis penitenciaria, con el fin de construir alternativas de solución a ella, expertos en la materia destacan tres principales y grandes aspectos que se han traducido en factores determinantes de este complejo problema público: primero, el abuso y uso de la prisión como medida casi exclusiva de la sanción penal; segundo, el rezago judicial como una de las características que afecta de forma inminente la situación jurídica de los reclusos, y tercero, la incapacidad técnica y profesional de quienes dirigen y operan el sistema penitenciario; factores todos éstos interdependientes que han motivado e impulsado un gran círculo vicioso, que desde hace muchas décadas no sólo no logramos erradicar, sino ni siquiera disminuir.

La doctrina contemporánea sostiene que sólo deben prohibirse, en el ordenamiento punitivo, aquellas conductas que realmente entrañen gravedad. La naturaleza subsidiaria del derecho penal alude a que el Estado debe emplear este instrumento como un último recurso, allí donde no basten otras normas. El derecho penal es la más drástica reacción del Estado, sobre todo en lo que se refiere a la pena privativa de libertad, la cual suele dejar secuelas imborrables.

En este mismo orden de ideas, cabe destacar el postulado de numerosas investigaciones criminológicas, así como la posición de diversos expertos en la materia, quienes aluden y pugnan por una estrategia de política criminal encaminada a disminuir la población de las cárceles, como una necesidad inminente del sistema; y uno de los caminos para lograrlo es haciendo efectivos diversos recursos establecidos en el marco jurídico nacional, como es el caso de la libertad provisional bajo caución, la libertad provisional bajo protesta y la libertad por desvanecimiento de datos, los cuales son derechos a disposición de los individuos sujetos a proceso penal, establecidos en el Código Federal de Procedimientos Penales; asimismo, haciendo efectivo el derecho a la libertad condicional y a la libertad preparatoria, como derechos de los individuos sentenciados a prisión, establecidos en el mismo código; como también, haciendo efectivos los sustitutos y alternativas a la prisión establecidos en el Código Penal Federal, mediante el tratamiento en libertad, semilibertad, el trabajo en favor de la comunidad y la multa. Cabe destacar que las formas de libertad anticipada constituyen un derecho de la persona presa y no una prerrogativa del Ejecutivo.

No debemos olvidar que paralelo al derecho de castigar por parte del Estado, cuyo fin es proteger el orden social, transitan los derechos del infractor en cuanto a persona. Quien delinque tiene por disposición constitucional el derecho a que se le instruya para reformarlo y reintegrarlo como ser productivo al seno mismo de la vida comunitaria. En la mayoría de las ocasiones los reos que son objeto de derechos penitenciarios tienen más oportunidad de reformarse y reintegrarse a la sociedad que aquellos que están en reclusión. Ni el Estado tiene el derecho de excluir, ni el reo pierde su derecho a ser considerado un ser humano.

Como ejemplo de lo anterior, Fernando García Cordero señala que la experiencia que ha dejado la libertad provisional, medida que tiene por objeto asegurar la comparecencia del procesado o garantizar la efectividad de la sentencia, constituye un avance indudable en la sustitución de la prisión preventiva. Es una medida que agiliza el proceso, humaniza la impartición de justicia, abate costos administrativos y garantiza un mejor equilibrio entre autoridades penales y gobernados.

No obstante los beneficios que conlleva la adopción de este tipo de medidas a las que muchos de los reclusos tienen derecho, la falta de conocimiento de los mismos, así como de las autoridades y las formas en que se hacen valer, constituyen una barrera para su acceso.

De acuerdo con las conclusiones del diagnóstico sobre la incidencia de los delitos cometidos por las mujeres privadas de su libertad, procesadas y sentenciadas, elaborado por el Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer y la Equidad de Género de esta honorable Cámara de Diputados, algunas mujeres están internas en los centros penitenciarios y, como nadie las visita ni pregunta si pueden acceder a algún beneficio, como la libertad anticipada por buena conducta, sustitución de la pena, etcétera, siguen privadas de su libertad cuando ya habrían podido obtenerla.

El conocimiento de los derechos constituye un derecho en sí, no podemos permitir que la ignorancia sea un factor por el cual las personas que cumplen con los requisitos de ley continúen o sean privadas de su libertad.

A este respecto las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, que en su regla 35, incisos 1) y 2), disponen:

“Información y derecho de queja de los reclusos

“35. 1) A su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas; y cualquiera otra información necesaria para conocer sus derechos y obligaciones, que le permita su adaptación a la vida del establecimiento.

“2) Si el recluso es analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente.”

Nuestra legislación, particularmente el artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados dispone que se entregará a cada interno un instructivo, en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes, y el régimen general de vida en la institución y que tratándose de reclusos indígenas, el instructivo se les dará traducido a su lengua.

Como se desprende de lo anterior, nuestra legislación se adapta al instrumento internacional citado, salvo por lo que hace a los reclusos analfabetos, en cuyo caso se le debe proporcionar la información de manera verbal, por lo que uno de los propósitos de la presente iniciativa es modificar la ley de la materia en ese sentido.

Asimismo, nos parece importante señalar de una manera más detallada en el texto del artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados que en el instructivo que se entregue a los reclusos contenga tanto los beneficios de los que pueden ser sujetos como los requisitos que deben cumplir para tal efecto.

Por otra parte, consideramos que el conocimiento de los beneficios a que hemos aludido en la presente exposición de motivos es tan relevante, tanto para los imputados y sentenciados como para todo el sistema penitenciario, que debe ser considerado un derecho constitucional, por lo que siendo el artículo 20 apartado B de nuestra Carta Magna el que dispone los derechos de los imputados proponemos modificar la fracción III a fin de garantizar el acceso a esta información.

Estamos convencidos de que, con la aprobación de esta iniciativa, este honorable Congreso estará coadyuvando al cumplimiento del Estado de derecho, a solucionar la grave crisis que enfrenta el Sistema Penitenciario en México y a garantizar a los procesados y sentenciados el respeto a sus derechos humanos.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la fracción III del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el párrafo tercero del artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Primero. Se modifica la fracción III del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 20. ...

A. ...

I. a X. ...

B. ...

I. a II...

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, así como en la ejecución de sentencia, los hechos que se le imputan y los derechos y beneficios que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y los datos del acusador.

IV. a IX. ...

...

...

C. ...

I. a VII. ...

Segundo. Se reforma el párrafo tercero del artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

...

Se entregará a cada interno un instructivo, en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes, los beneficios que para él prevé la ley y el régimen general de vida en la institución. Tratándose de reclusos indígenas, el instructivo se les dará traducido a su lengua. En el caso de que el recluso fuera analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente.

...

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Marcela Briseño López. Garantizando los derechos de las mujeres en reclusión, Inmujeres, PNUD. México, 2006

2 Fernández Muñoz Dolores Eugenia. La pena de prisión, propuestas para sustituirla o abolirla. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2010.— Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, diputado federal a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo a la fracción VII del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

1. Para lograr una sana relación entre el trabajador y el patrón, éste último debe siempre proporcionar al primero los elementos necesarios que acrediten y certifiquen las condiciones de trabajo, por ejemplo, el sueldo y la jornada.

2. En el caso de un problema que llegue a juicio, es de suma importancia presentar estos comprobantes de pago, ya que amparan tanto al trabajador como al patrón.

3. Es indispensable que este recibo o constancia de días trabajados y salario percibido sea entregado al trabajador de forma escrita y con los requerimientos mínimos legales que le den validez a la misma, ya que en algún momento puede representar una prueba crucial en algún conflicto laboral, o en reclamación de derechos.

4. Por ello la Ley Federal de Trabajo dicta en su artículo 132 fracción VII que es obligación del patrón expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido; sin embargo, debemos tener presente que no cualquier documento escrito es válido ya que en estos tiempos modernos, la tecnología facilita y ha vuelto de uso común que se proporcionen estos documentos de manera digital para que los trabajadores las impriman, pero no tienen ninguna validez.

5. Por esta razón es importante que la Ley especifique que este documento además de ser escrito deberá contar con los requerimientos mínimos legales que le den plena validez, tales como la firma del patrón o su representante, sello de la empresa, impreso en hoja membretada, etcétera

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones del patrón:

De la I a la VI.

VII. Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido.

Dicha constancia deberá contar con los requerimientos mínimos legales que le den plena validez.

De la VIII a la XXVIII.

Transitorio

Único:El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.— Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Salud.

La diputada María del Pilar Torre Canales:Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, tanto a nivel nacional como internacional se ha reconocido uno de los principales objetivos, tanto de desarrollo social, como del económico, que es el mejoramiento de la salud y el bienestar de las personas.

El proceso demográfico, los movimientos constantes de la economía y las finanzas públicas, la calidad de vida y el cambio de las conductas humanas, entre otros factores inherentes a la evolución de las sociedades, hacen necesario el fortalecimiento, adaptación y, en algunos casos, adaptación-reforma de los sistemas de salud.

En México muchas han sido las modificaciones que al respecto se han elaborado en el transcurso de los últimos 10 años. Hoy la mirada está puesta en la política farmacéutica, pues se le ha ubicado como un sector de alta prioridad dentro del sistema de salud mexicano.

Las discusiones que al interior de este recinto legislativo se han emprendido respecto del incremento significativo en el gasto de medicamentos y la insuficiente infraestructura para abastecer la demanda y suministración de medicamentos, tanto de la federación como de los estados que han puesto en la mesa las posturas de todas las ideologías que aquí conviven. Sin embargo, las soluciones concretas han sido pocas.

Sin duda, la falta de consensos respecto del tema ha sido una constante y lo ha sido también la falta de definición clara de alternativas de solución al tema. Consciente de que las grandes decisiones requieren de evaluaciones consensuadas pongo a consideración de este pleno una iniciativa que emprende modificaciones al artículo 7o. de la Ley General de Salud, con el fin de otorgar a la coordinación del Sistema Nacional de Salud la obligación de proporcionar datos estadísticos necesarios para que el Ejecutivo federal presente información al Congreso de la Unión sobre la evaluación en la adquisición del sector público de medicamentos y otros insumos para la salud.

El objetivo es que se cuente con información clara para deliberar y, en su caso, emprender acciones respecto de los precios, calidad, almacenamiento, prescripción y caducidad, entre otros elementos referidos a los medicamentos.

Tal y como lo señalo en esta iniciativa, la medida propuesta tiene una alta posibilidad de arrojar resultados favorables al objetivo que se persigue. Testimonios y experiencias internacionales, así como diversos estudios lo demuestran.

En Nueva Alianza consideramos urgente que en este país se implementen las estrategias necesarias para garantizar una política farmacéutica que garantice la disponibilidad y el acceso equitativo a medicamentos, con precios asequibles y de calidad, y que a la par se implementen las medidas necesarias para que su uso se dé de una forma adecuada, tanto por parte de los consumidores como de los profesionales del sistema de salud.

Para emprender esta tarea es necesario, a todas luces, un sistema de vigilancia y de evaluación de gestión que de manera constructiva permita efectuar una valoración constante de los progresos y que a la vez proporcione elementos para reconocer las áreas en la que se deben realizar estos cambios.

La salud es un derecho universal. Generemos condiciones para que el ejercicio de dicho derecho se consolide. Para que todos y cada uno de los mexicanos puedan vivir lo más saludable posible.

Hagámoslo a través del ejercicio pleno del derecho y el poder que da la información. La disponibilidad de información actualizada y precisa sobre la situación que guarda el sector farmacéutico del sistema de salud será un factor clave para el diseño y ejecución de las políticas públicas integrales.

No hay duda de la existencia de mecanismos y acceso a la información pertinente. Habrá una mayor y mejor involucramiento a los actores que intervienen en el sistema de salud. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

María del Pilar Torre Canales, diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los objetivos principales de una política farmacéutica nacional son la disponibilidad y el acceso equitativo a medicamentos con precios asequibles, su calidad, seguridad y eficacia y el uso adecuado y eficiente de los medicamentos por parte de los profesionales del cuidado de la salud y los consumidores.

No hay duda de que el tema de la política farmacéutica se ubica actualmente entre las más altas prioridades del sector salud mexicano. México está en un proceso importante con la creación del seguro popular donde la meta es proveer de seguro médico a todos los mexicanos.

Esta y otras reformas políticas de salud han tenido gran impacto sobre la política farmacéutica: está incrementando significativamente el gasto en medicamentos, demanda la creación de una nueva infraestructura para la adquisición y suministro de medicamentos a nivel federal así como en los estados.

Uno de los mayores retos es la creación de mecanismos que permitan fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, que son dos elementos de una buena rectoría que asegura la sustentabilidad de los servicios que presta el sector salud.

La vigilancia y la evaluación del impacto de una política farmacéutica nacional son tareas arduas. Aparte de la falta de tiempo, de recursos humanos y de presupuesto, existe a menudo una carencia básica de comprensión del valor de la vigilancia, e incluso cierta resistencia a la revisión objetiva o crítica de los efectos de las actividades formuladas.

La vigilancia es una forma de examen continuo que proporciona una visión de la aplicación de las actividades planificadas e indica si se están cumpliendo los objetivos.

Una evaluación a medio plazo puede suministrar datos valiosos sobre si el programa funciona, y en caso contrario por qué no. La evaluación final permite hacer un repaso completo de los logros del programa, del cual se puedan extraer enseñanzas para el futuro.

Un sistema de vigilancia y evaluación es un instrumento de gestión constructiva que permite efectuar una valoración constante de los progresos y contribuye a informar las decisiones de gestión necesarias. También proporciona transparencia y debe determinar plenas responsabilidades.

Este sistema de evaluación debe ayudarnos a determinar el valor que debemos darle al uso de la información sobre el medicamento, como una estrategia para la toma de decisiones, realizando estudios y análisis, para identificar las áreas de oportunidad y además por otro lado la sistematización de los procesos también deberá ser una herramienta de apoyo eficazmente en la evaluación de la cadena de suministro, así como el monitoreo lo cual se traduce en ahorro de tiempo, disminución de caducidades, robo de producto y una mejora en el abasto de medicamentos.

La evaluación deberá también en el mediano y largo plazo fortalecer las estrategias de compra, identificando quién compra y cuál es el valor real para lograr una mayor eficiencia, trabajando también para armonizar los sistemas de compras y modernizarlos para que el sistema impacte en transparencia y mejore el gasto público en México, trabajando también en políticas que permitan la creación de un centro de información y documentación para el control y acciones de fármaco vigilancia en cada unidad o institución que preste servicios de salud pública en el país.

Existen diversos testimonios y experiencias internacionales, así como diferentes estudios que han evaluado el impacto de los servicios farmacéuticos, presentando mejoras considerables en disminución de costos, disminución de días de estancia hospitalaria, incrementos, en la calidad de atención, prevención de reacciones adversas, entre otros.

Como experiencia internacional se encuentra Chile donde su estrategia para realizar las compras de medicamentos, con un sistema nacional, pero voluntario para las instituciones u hospitales ha logrado reducciones de precios hasta en 45 por ciento. Con este sistema pueden distribuir el medicamento en cualquier zona sin tener que modificar el precio. Tienen una política muy transparente y la información está disponible para todos en línea, lo cual es un mecanismo también que reduce costos, pero tiene un criterio principal y es la calidad del medicamento.

De acuerdo con la Management Sciences for Health, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Fundación Panamericana para la Salud y la Educación, el derroche en la gestión del medicamento está influenciado por los siguientes factores: precios elevados, calidad deficiente, robos, almacenamiento inadecuado, caducidad de medicamentos, prescripción irracional e incumplimiento de los pacientes.

La operación de las instituciones de salud es costosa y bajo las condiciones actuales de la economía, existen pocos recursos económicos, por tanto deben de ser más eficientes para el aprovechamiento de los mismos, es por ello que se debe propiciar un cambio en la manera en que las diversas dependencias y entidades adquieren productos, no sólo aquellas bajo la tutela del Poder Ejecutivo federal, sino de los gobiernos de los estados y municipios.

En este orden de ideas, propongo que la Secretaría de Salud esté obligada a proporcionar los datos estadísticos necesarios para que el Ejecutivo federal presente información al Congreso de la Unión sobre la evolución en la adquisición del sector público de medicamentos y otros insumos para la salud, en donde se observe en forma clara los impactos de una política tendiente a reducir costos de adquisición, favoreciendo los sistemas eficientes de abasto y reposición de medicamentos, así como el uso racional de los mismos en la prescripción y consumo en los establecimientos para la atención médica del sistema.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el cual se reforma el artículo 7 de la Ley General de Salud para quedar como sigue

Artículo Primero. Se adiciona una fracción VI al artículo 7 de la Ley General de Salud, recorriendo las subsecuentes.

Artículo 7. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta

Fracciones I a V...

Fracción VI. Proporcionar los datos estadísticos necesarios para que el Ejecutivo federal presente información al Congreso de la Unión sobre la evolución en la adquisición del sector público de medicamentos y otros insumos para la salud, en donde se observen en forma clara los impactos de una política tendiente a mejorar problemas como precios elevados, calidad deficiente, robos, almacenamiento inadecuado, caducidad de medicamentos, prescripción irracional e incumplimiento de los pacientes.

Lo anterior con la intención de evaluar la reducción en costos de adquisición, favoreciendo los sistemas eficientes de abasto y reposición de medicamentos, así como el uso racional de los mismos en la prescripción y consumo en los establecimientos para la atención médica del sistema.

Dicho informe deberá presentarse a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados a más tardar 90 días después de terminado el ejercicio de que se trate, señalando con detalle los beneficios en mejoras de políticas públicas o áreas de oportunidad que se hayan presentado o puedan presentarse en el sistema público de salud por estos conceptos.

En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones aplicables.

Fracciones VI a XVI...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que la Secretaría de Salud cuente con oportunidad en la recopilación y análisis de la información de las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública federal responsables del financiamiento y adquisición de medicamentos y otros insumos para la salud como parte de sus funciones en materia de prestación de servicios de salud a su población beneficiaria o a la población en general.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.— Diputados: María del Pilar Torre Canales, Malco Ramírez Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Miguel Martínez Peñaloza, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Turismo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo médico es el término utilizado para describir la práctica creciente de viajar a otro país en búsqueda de tratamientos médicos de buena calidad a menores costos, esta modalidad de turismo hace que miles de personas de diversas nacionalidades viajen al extranjero cada año para someterse a operaciones quirúrgicas y otro tipo de servicios de salud, al mismo tiempo que aprovechan para realizar actividades turísticas generando con ello divisas importantes al país que les recibe.

Esta practica se ha convertido en una opción atractiva para el crecimiento económico potencial en muchos países, aunque se desconocen las cifras reales se sabe que cada vez es más popular al reducirse los costes del viaje en avión y ser muy competitivos los precios de la estancia, incluso en destinos considerados paradisíacos en todo el orbe, por ello se prevé que el turismo médico se dispare en la próxima década de forma muy considerable.

Varios países europeos han modificado sus políticas de salud debido a los problemas económicos existentes, excluyendo de la cobertura del seguro los servicios de salud, como tratamientos dentales, operaciones de estética, cirugía ocular con láser, la cirugía de próstata, entre otros.

Por estas razones, los europeos han comenzado a buscar sus tratamientos en los países donde las tasas de servicios de salud son relativamente más bajos.

La globalización, la reducción del poder adquisitivo de la población y el alto costo que ha alcanzado la atención médica en países industrializados como Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y China, ha propiciado que economías emergentes vean al turismo de salud como un importante nicho de negocios.

El costo, la calidad y el confort son las razones más comunes para que las personas viajen al extranjero para el cuidado de la salud. Los Norteamericanos, por ejemplo, viajar a la India, Tailandia, Singapur, Costa Rica y otros países para reemplazo de articulaciones, cosméticos, de cirugía, tratamientos dentales, o cirugía del corazón por que los costos pueden ser drásticamente más bajos que en Estados Unidos. Algunos estadounidenses también buscan atención fuera de su país de origen para poder acceder a lo que se consideran tratamientos alternativos que aún no están aprobados en Estados Unidos.

Entre las especialidades más solicitadas dentro del turismo medico, están cirugías ortopédicas de reemplazo de cadera y rodillas, cirugía de hernia inguinal, operación de corazón, y la salud preventiva.

Otro segmento de importancia en este tipo de turismo medico, es el estético o cosmetológico, en el que cada día es mayor la población que acude a un especialista para mejorar su apariencia física. Tratamientos que generalmente no son cubiertos por los seguros de Estados Unidos, Canadá o Europa, por lo que el diferencial de precios en tratamientos profesionales, puede ser el incentivo para viajar a países latinoamericanos para atenderse.

La estancia promedio del turista médico es de 7 días, mientras que el turista regular permanece 2 días y la derrama económica es de 13 mil dólares promedio del turismo medico contra 400 dólares del turista regular.

En los últimos 10 años, países como la India, Tailandia, Taiwán, Filipinas, Malasia, Turquía y Singapur han perfilado una creciente oferta de viajes y servicios hospitalarios de alta especialidad para extranjeros, mercado que tradicionalmente era atendido por Houston, la Habana y Caracas.

El turismo médico representa el segmento de más rápido crecimiento en la rama de la atención a la salud a nivel mundial y muchas aseguradoras estadounidenses ya lo incluyen en sus planes de seguros.

En el caso de México, el mercado potencial se encuentra en  Estados Unidos ya que según estimaciones oficiales de los poco más de 45 millones de estadounidenses sin cobertura medica en su país, es decir más del 15 por ciento de su población, podemos traer bajo la oferta del turismo medico aproximadamente 300 mil pacientes por año con las políticas y capacitación adecuadas.

México tiene personal altamente capacitado y costos inferiores en la iniciativa privada a los de otros países, además contamos con la infraestructura necesaria para la realización del turismo médico, el cual ya genera ingresos por 122 millones de dólares anualmente de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo.

Además de lo anterior, se estima que una intervención quirúrgica en nuestro país es hasta 60% más barata que en las naciones más desarrolladas . De este modo, México podría erigirse como una alternativa para los pacientes que requieren de una operación costosa, pero cuyo presupuesto no les permite realizarla en sus países de origen.

Según datos de la Medical Tourism Association de Estados Unidos, una cirugía de corazón de bypass en México es menor en 81 por ciento que en un hospital de Estados Unidos.

Al respecto, existen iniciativas regionales para promover el turismo médico, estas se están realizando en la frontera norte de Chihuahua ,Baja Californiay Nuevo León, y si bien son bastante buenas para el desarrollo de esta practica, es necesaria una mayor coordinación a nivel federal, a través de un nuevo contexto legal.

Actualmente los esfuerzos relizados por el gobierno federal se han canalizado a brindar asesoría técnica e información a empresarios, gobiernos municipales, estatales, emprendedores y al público en general interesado en este segmento. Entre septiembre de 2009 y agosto de 2010 se atendieron 25 solicitudes y actualmente la Secretaría de Salud elabora el padrón de medicos y hospitales para lanzar el producto “Turismo Medico”.

Asimismo, el gobierno federal participó en el encuentro “Turismo y Salud para Todos”, organizado para la Diabetes, SC, con el objetivo de realizar la planeación estratégica de coordinación interinstitucional de acciones educativas vinculadas al turismo y enfocadas a la prevención y atención integral de los enfermos de diabetes, sus factores de riesgo, complicaciones y secuelas, dejando abierta la posibilidad de que esta actividad se realice no solo con turistas de internación, sino también a través del turismo domestico.

Pese a lo anterior, México participa aún de forma incipiente en este mercado, considerando su cercanía con Estados Unidos. Si bien es cierto, las Secretarías de Turismo y de Salud  trabajan con la iniciativa privada para la creación de una política que permita aprovechar este nicho, como la certificación hospitalaria y la creación de la infraestructura médica necesaria, es momento de fomentar esta practica desde nuestra legislación para fortalecer su importancia y aprovechar al máximo sus beneficios dentro de un marco jurídico que permitan su correcto desarrollo.

Mientras México planea una política que detone el turismo médico en el país, naciones como Argentina, Colombia, Canadá, Costa Rica y Brasil ya iniciaron estrategias y actividades específicas para aprovechar esta practica; por lo que, en primer término, los competidores potenciales de México estarían ubicados en Latinoamérica.

Asimismo, otros países europeos ya iniciaron la promoción de esta actividad. Es el caso de España, Bélgica o Polonia, quienes pueden promocionar sus servicios médicos a precios competitivos.

La búsqueda de tratamientos médicos por parte del turismo extranjero a precios bajos en México se ha convertido en una oportunidad de negocio para el país, que podría generar miles de empleos, debemos aprovechar este momento y darle la debida importancia a este modelo turístico y de salud.

Si México aprovecha esta práctica nuestro turismo nacional puede crecer a una tasa de más de 10 por ciento y podría generar un alza en empleos de 4 a 5 por ciento anual, si se impulsa esta modalidad del sector turístico en el país, según estimaciones, México puede captar en ocho años, alrededor de 800 mil pacientes anualmente que dejarían una derrama económica superior a los 4 mil millones de dólares.

Si bien, regionalmente el primer lugar en turismo de salud lo ocupa Colombia, nosotros podemos ser líderes en América Latina en corto plazo, si contamos con una legislación que permita liberar todo el potencial del turismo medico en México.

Realizando campañas de promoción en Estados Unidos y las principales naciones de Europa y Asia, con especial énfasis en ciudades con concentraciones importantes de comunidades latinas, promoviendo la alta capacidad de nuestros médicos así como el alto nivel científico y tecnológico de la red hospitalaria mexicana, sin olvidar claro, nuestra belleza turística.

El turismo médico es una realidad, hay muchas acciones en proceso para que en el mediano plazo podamos constatar de los beneficios en términos de empleo, así como infraestructura médica y turística.

Esta es una gran oportunidad para México, y por ello en necesario crear las condiciones jurídicas necesarias con la finalidad de permitirle a nuestro país explotar su turismo a través de la salud.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 16 Bis a la Ley General de Turismo

Único. Se reforma y adiciona la fracción XVIII del artículo 7o. de la Ley General de Turismo recorriéndose la actual fracción XVIII para quedar desde ahora como la fracción XIX de este artículo:

Articulo 7. Para dar cumplimiento de la presente ley, le corresponde a la Secretaría:

I. a XVII. ...

XVIII. La Secretaría, se encargara en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, de fomentar la creación de las políticas públicas necesarias para la promoción y pleno desarrollo del Turismo Médico en todo el país.

XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.— Diputado Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la comisión correspondiente.

ARTICULO 116 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican el párrafo sexto de la fracción II, artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En la agenda política nacional, los procesos de rendición de cuentas se inscriben en la corresponsabilidad que existe entre los poderes públicos federales, y en la relación política y económica que registra la federación con respecto a los estados que la conforman.

En ese contexto, el 7 de mayo de 2008 se publicó el decreto que contiene las reformas constitucionales en materia de gasto público y fiscalización aprobadas por el Congreso de la Unión, entre cuyas importantes aportaciones destacó la regulación que se efectúa de las entidades de fiscalización locales para contar con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para que sus titulares sean electos por las dos terceras partes de los miembros de los congresos por periodos no menores de 7 años.

Esta modificación constitucional materializa los esfuerzos empeñados en actualizar y modernizar las administraciones estatales, y representa un avance importante en la construcción de un mejor sistema nacional de rendición de cuentas.

No obstante esta reforma, se requiere del impulso de otras acciones adicionales que hagan posible una mayor viabilidad y sustento a los procesos de transparencia y rendición de cuentas. En tal sentido, es menester:

• Elegir a los titulares de las entidades de fiscalización mediante convocatoria pública, abierta y transparente.

• Realizar los procesos de elección de dichos titulares, en tiempo distinto al de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para garantizar la neutralidad y la autonomía técnica y de gestión de las entidades de fiscalización.

• Aprobar, por parte de los congresos estatales, legislaciones claras y puntuales que propicien una mayor transparencia y una adecuada rendición de cuentas, análogas al marco jurídico que rige la actuación de la Auditoría Superior de la Federación.

Hoy en día, la fiscalización superior se coloca indiscutiblemente como herramienta fundamental de la reforma del Estado, en tanto que el federalismo debe tener una alta prioridad en los trabajos legislativos. La fiscalización superior y el federalismo son elementos estratégicos y vinculatorios para la gobernabilidad democrática.

La descentralización de facultades, programas, recursos e infraestructura física ha sido un objetivo de la mayor trascendencia para hacer vigente el espíritu federalista de la nación.

Las sucesivas reformas legales y normativas efectuadas en esta materia se han orientado, sobre todo, a la descentralización de la administración pública federal así como al ejercicio del gasto público. Sin embargo, la descentralización de recursos como uno de los objetivos centrales de la modernización del país, ha sido un proceso incompleto, al haberse efectuado sin construir los adecuados mecanismos institucionales de control y rendición de cuentas.

Durante los últimos 12 años, las transferencias de recursos a estados y municipios han aumentado más de tres veces al pasar de 254 mil millones de pesos en 1998, a 940 mil millones de pesos en 2010. Y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011 el gasto federalizado propuesto, equivale al 30 por ciento del gasto neto total.

Estos recursos, con excepción del Distrito Federal y del estado de Nuevo León, representan en promedio 85 por ciento de los ingresos de los estados. La mayoría de ellos provienen de la federación a través de los ramos 28 y 33.

El ramo 28 se refiere a los montos que a cada estado le corresponden por la recaudación de impuestos federales; estos recursos son ejercidos libremente por los gobiernos de las entidades federativas.

El ramo 33 está conformado por ocho fondos y es alimentado por los recursos que el gobierno federal canaliza para que gobiernos locales atiendan los rubros que antes eran su responsabilidad como los servicios de salud y educación; cada peso de este ramo viene etiquetado desde la federación.

Sin embargo, para que esta descentralización creciente de recursos a estados y municipios alcance plenamente sus objetivos socio-económicos y se administre con la mayor transparencia, tiene que acompañarse de adecuados mecanismos institucionales de control y rendición de cuentas.

Para lo anterior, es preciso que los titulares de las entidades de fiscalización estén alejados de consignas partidistas y de fobias y filias políticas, que gocen de buena reputación y cuenten con suficiente capacidad profesional y experiencia para impulsar de manera decidida una gestión pública consistente con los valores de imparcialidad, honestidad, rigor técnico y transparencia.

En todo caso, el propósito superior es que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados, tal y como lo establece el artículo 134 de nuestra Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo Único.Se reforma el séptimo párrafo y se adicionan dos últimos párrafos a la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. ...

...

...

...

...

...

Mediante un proceso de convocatoria pública, abierta y transparente, determinado en las leyes correspondientes, el titular de las entidad de fiscalización de las entidades federativas, será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

Para ser titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas se requiere que durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

No podrá ser titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas la persona que haya ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de su designación.

Transitorio

Único.Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.— Diputado Martín Rico Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se recibió del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Martín Rico Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

Martín Rico Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía iniciativa que adiciona la fracción VIII al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El fideicomiso (del latín fideicommissum; a su vez, de fides, “fe”, y commissus, “comisión”) es un contrato o convenio en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente o también fiduciante, transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (una persona natural, llamada fiduciaria), para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado “fideicomisario”.

Al momento de la creación del fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del bien objeto del fideicomiso. El fideicomiso es por tanto un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria en todas las empresas.

El fideicomiso público se define como un contrato por medio del cual, el gobierno federal, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos, a través de sus dependencias centrales o paraestatales, con el carácter de fideicomitente, transmite la titularidad de bienes del dominio público (previo decreto de desincorporación), o del dominio privado de la federación, entidad o municipios o afecta fondos públicos locales y municipales.

Los fines de los fideicomisos públicos varían desde un contexto muy amplio, ya que siempre serán de interés público, satisfacer mejor las necesidades colectivas, obtener mejores rendimientos de los elementos de la administración pública, optimizar esa actividad y tender a una mayor eficiencia y eficacia. Sus principales objetivos son la inversión, el manejo y administración de obras públicas, la prestación de servicios y la producción de bienes para el mercado.

Diversas disposiciones legales regulan la operación de los fideicomisos públicos desde su constitución, operación, administración, evaluación y extinción.

La Ley de Instituciones de Crédito, en el artículo 46, fracción XV, establece que las instituciones de crédito podrán “practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones”. En el artículo 47 dice: “Las instituciones de banca de desarrollo realizarán, además de las señaladas en el artículo 46, las operaciones necesarias para la adecuada atención del correspondiente sector de la economía nacional y el cumplimiento de las funciones y objetivos que le sean propios”.

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos públicos destaca a nivel federal lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Fiscal, los artículos 74, fracción IV, 75, 126, 127 y 134 constitucionales, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. El artículo 1 establece que los sujetos obligados deben observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en diversos criterios, en especial, transparencia y rendición de cuentas. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, por parte de los sujetos obligados (entre éstos, los fideicomisos). Esto significa que, por ley, el ejercicio de los recursos públicos federales debe realizarse con transparencia y presentar la rendición de cuentas correspondiente a su ejercicio por los sujetos obligados.

El artículo 4 especifica en qué consiste el gasto público federal que realizan los ejecutores del gasto entre ellos las dependencias y las entidades, y establece que los ejecutores del gasto están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables.

El artículo 7 establece que las dependencias (secretarías de Estado) coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades bajo su coordinación. Por lo tanto, la coordinadora sectorial es responsable de la adecuada administración de los recursos federales del fideicomiso público. En el párrafo sexto de este artículo, dice que los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar programas y proyectos de inversión deben sujetarse a las disposiciones generales en la materia.

El artículo 9 de esta ley define nuevamente el fideicomiso público e incluso establece que son fideicomisos públicos los que constituyan los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos a que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos que éste establece.

Un punto clave del fideicomiso se refiere al secreto fiduciario. El artículo 117 dice: “La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46, tendrá carácter de confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección al derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios; en ningún caso podrán dar noticias o información de depósitos, operaciones o servicios, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio”. En el tercer párrafo, fracción VII, del mismo artículo se establece: “Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo y, por tanto, obligadas a dar noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades: La Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de sus facultades de revisión de fiscalización de la Cuenta Pública Federal y respecto a cuentas y contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales”.

Está claramente establecido que si se puede conocer la información relativa a la operación del fideicomiso público a nivel federal, ya que se puede obtener la información por medio del fideicomitente (SHCP) el fideicomisario (el fideicomiso del que se trate) y de la propia Auditoría Superior de la Federación. El párrafo octavo establece: “Se entenderá que no existe violación al secreto propio de las operaciones fiduciarias, en los casos en que la ASF, con fundamento en la ley que norma su gestión, requiera la información a que se refiere el presente artículo”.

Sin embargo, en las entidades federativas el problema que se presenta para efectos de la rendición de cuentas es que los responsables de su administración no cumplen con sus obligaciones, es decir, son malos servidores públicos que aprovechan la complejidad del fideicomiso, ya que es un campo de trabajo muy especializado y no es muy conocido en las entidades federativas, pese a que a escala federal se tiene muchos años de experiencia en su administración y en su fiscalización y transparencia. Dichos servidores públicos argumentan razones que no son válidas para evadir y presentar cuentas obscuras a la sociedad.

En relación con este delicado tema, hay diversas opiniones sobre la obligación de los fideicomisos estatales que reciben recursos presupuestales federales, para dar a conocer con transparencia la información sobre el manejo de dichos recursos, e inclusive, los responsables de las diversas dependencias que coordinan fideicomisos públicos y sus titulares, argumentan indebidamente el “secreto fiduciario” para evadir la obligaciónde efectuar su rendición de cuentas a la sociedad mexicana, alegando el secreto fiduciario que establece la Ley de Instituciones de Crédito; asimismo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece la información fiduciaria como reservada, amparada en el secreto fiduciario.

Algunas entidades federativas han incorporado en su marco legal disposiciones similares en sus Presupuestos de Egresos, Leyes de Fiscalización y de Transparencia y Acceso a la Información. Sin embargo, la Ley de Instituciones de Crédito no permite a las instituciones fiduciarias proporcionar información a los órganos de fiscalización locales sobre las operaciones de los fideicomisos públicos constituidos por estados y municipios, con lo cual se deja de revisar y fiscalizar una gran cantidad de recursos públicos.

Actualmente, algunas Cuentas Públicas de las entidades federativas reflejan el número de fideicomisos y los montos que manejan estos, sin embargo son recursos que no son fiscalizados, ya que son clasificados como fondos u otra figura jurídica, lo que hace difícil su transparencia y gran opacidad.

La presente iniciativa pretende exceptuar las instituciones de crédito del secreto fiduciario cuando los órganos de fiscalización locales, en el ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de Cuenta Pública, les soliciten información relacionada con los fideicomisos públicos estatales o municipales.

Por lo expuesto, se propone modificar el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que los órganos estatales de fiscalización, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas estatales y municipales, tengan atribuciones para acceder a la información protegida por el secreto bancario o fiduciario a través de los mecanismos que prevé dicho artículo, a semejanza de la Auditoría Superior de la Federación, para lo cual se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito

Artículo Único.Se adicionala fracción VIII al artículo 117, con lo cual las actuales VII a IX pasan a ser VIII a X, de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 117....

...

...

I. a VI. ...

VII. Los órganos estatales de fiscalización u órgano equivalente conforme a lo que establezcan sus propias leyes, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas estatales y municipales.

VIII. a X. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.— Diputado Martín Rico Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:Con la venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, los Residuos Peligrosos Biológicos e Infecciosos, RPBI, son aquellos que se generan durante las actividades asistenciales a la salud en pacientes humanos o de especies animales, manejados en los centros de salud, quirófanos en hospitales, laboratorios clínicos o de investigación en distintas áreas de la medicina, centros de enseñanza e investigación médica principalmente, y que por el contenido en sus componentes son un riesgo para la salud, tanto para las personas que lo manejan como de la población, después de considerar su inadecuado manejo y su exposición al medio ambiente.

Este tipo de materiales se clasifican, entre otros, en sangre, desechos patológicos, líquidos y tejidos corporales e incluso órganos, cultivos y cepas, desechos de materiales no anatómicos como son gasas, torundas, guantes, etcétera. Materiales punzocortantes como agujas, lancetas, bisturíes, objetos de vidrio, tan sólo por citar algunos ejemplos.

Debemos decir que este tipo de residuos son de gran importancia, en virtud de que se han acumulado evidencias de poblaciones y ecosistemas expuestos de manera continua a este tipo de residuos, provocando daños a la salud de las personas y animales.

Las consecuencias de esto podemos verlas como ejemplo en casos como lo ocurrido en Europa con la fiebre aviar, donde en febrero de 2006 la gripe aviar casi era considerada como una pandemia debido a su extensión en países como Italia, Grecia, Austria, Alemania, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Francia y España.

O, por si fuera poco, también hemos sido testigos aquí en México de acontecimientos insólitos que tienen que ver con la falta de cuidado para el manejo de desechos orgánicos en especies porcinas, por lo que debido a ello se propagó casi sin poder contener el virus de la influenza humana, mejor conocido como virus AH1N1, ocasionando el deceso de mil 200 personas y un gasto de más de 4 mil millones de dólares, sobre todo destinados al sector turístico hasta el pasado junio, cuando se levantó la alerta sanitaria.

La generación de los residuos peligrosos biológicos infecciosos no tiene una cifra que se pueda considerar exacta, ya que depende de varios factores como el número de personas que no se encuentran dentro de los esquemas de seguridad.

Es preciso señalar que la capacidad de manejo adecuado de los residuos peligrosos en México es sumamente limitada, de tal forma que sólo una muy pequeña proporción del total generado es transportado, tratado y dispuesto según lo regula la normatividad ambiental.

Las razones son variadas, y en términos generales conviene enumerar algunas de ellas, por ejemplo: persiste una política oficial que deliberadamente induce una opinión pública desinformada. Existe una normatividad incompleta o mal orientada. Representan altos costos en el manejo de los residuos peligrosos. Existen mercados poco desarrollados. Se mantienen esquemas de inspección y vigilancia insuficientes y deficientes.

A lo anterior se deben añadir algunas características de los microgeneradores de residuos biológicos que han complicado todavía más la creación de normas institucionales que favorezcan un manejo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos biológicos e infecciosos. Estos microgeneradores no cuentan con suficiente capacitación tecnológica y administrativa, ni con el capital e información sobre los avances en materia ambiental.

La infraestructura existente en México, para su manejo es de 96 empresas según se conoce, involucradas en este giro, marcándose con las siguientes características: 24 empresas para el tratamiento de residuos peligrosos por esterilización con capacidad de 118 mil 610.4 toneladas por año. Veintitrés empresas incineradoras con capacidad de 93 mil 728 toneladas por año. Cuarenta y nueve empresas transportadoras de residuos peligrosos con 155 unidades.

Por último, debemos compartir con ustedes la idea de que el buen manejo, tratamiento y control de estos residuos debe efectuarse tanto por el sector privado y el sector público, como por los gobiernos de los estados, lo que permitiría hacer menos riesgoso su manejo y sobre todo, para el ahorro de millones de pesos con la construcción de confinamientos, así como con la capacitación del número suficiente en esas áreas de personas, para insertarse con mayores fuentes de trabajo. Siendo así, proponemos que se acondicione una fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Deberá ser obligatoria la promoción de los centros de confinamiento, para recolección, almacenamiento, tratamiento...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado, le invito a concluir.

El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:... y disposición final de los residuos peligrosos biológicos e infecciosos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción quinta al artículo 119 de la Ley General de Salud con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI) son aquellos que se generan durante las actividades asistenciales a la salud en pacientes humanos o de especies animales, manejados en los centros de salud, quirófanos en hospitales, laboratorios clínicos o de investigación en distintas áreas de la medicina, bioteros, centros de enseñanza e investigación médica principalmente y que por el contenido en sus componentes, son un riesgo para la salud tanto de las personas quienes los manejan, como de la población después de considerar su inadecuado manejo y su exposición al medio ambiente.

Este tipo de materiales se clasifican en

• Sangre;

• Desechos patológicos (líquidos y tejidos corporales e incluso órganos);

• Cultivos y cepas;

• Desechos de materiales no anatómicos (gasas, torundas, guantes, hisopos, etcétera); y

• Materiales punzocortantes (agujas, lancetas, bisturís, objetos de vidrio), tan sólo por citar algunos ejemplos.

Debemos decir que este tipo de residuos son de gran importancia, en virtud de que se han acumulado evidencias de poblaciones y ecosistemas expuestos de manera continua a este tipo de residuos provocando daños a la salud de las personas y animales.

De esta forma, enfermedades contagiosas como el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, la hepatitis B, la tifoidea y la tuberculosis son ejemplos de males que pueden transmitirse por contacto de residuos biológicos y por la exposición a la intemperie, por los que pueden transmitirse virus o bacterias.

Las consecuencias podemos verlas como ejemplo en casos como lo ocurrido en Europa con la fiebre aviar, donde en febrero de 2006, la gripe aviaria casi era considerada una pandemia debido a su extensión en países como Italia, Grecia, Austria, Alemania, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Francia y España.

O por si fuera poco, también hemos sido testigos aquí en México de acontecimientos insólitos que tienen que ver con la falta de cuidado para el manejo de desechos orgánicos en especies porcinas, por lo que debido a ello, se propago casi sin poderlo contener el virus de la influenza humana o mejor conocido como virus H1N1, ocasionando el deceso de mil 200 personas y un gasto de los 4 mil millones de dólares, sobre todo en el sector turístico, hasta el pasado junio, cuando se levantó la alerta sanitaria.

La generación de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, no tiene una cifra que se pueda considerar exacta, ya que depende de varios factores, como la generación por personas que no se encuentran dentro de los esquemas de salubridad.

Para presentar un valor aproximado se estima que, de acuerdo a la información que ha proporcionado el sector salud en diferentes foros, es de aproximadamente un kilogramo y medio de residuos por cama en un día.

El cálculo estimado para el número de camas censables con que se cuenta es de 127 mil 705 unidades, por lo que la generación diaria se estimaría en 191 mil 553 kilogramos por día, esto sin considerar los centros de salud de consulta externa, los laboratorios de muestras y análisis clínicos, los consultorios particulares, los centros de atención quirúrgica ambulatorios, los centros veterinarios y aquellos establecimientos rurales con actividades veterinarias y de rastro, por lo que se puede concluir que es un valor que se debe manejar con cierta reserva.

Es preciso señalar que la capacidad de manejo adecuado de los residuos peligrosos en México es sumamente limitada, de tal forma que sólo una muy pequeña proporción del total generado es transportado, tratado y dispuesto según lo regula la normatividad ambiental.

Las razones son variadas y en términos generales conviene enumerar algunas de ellas:

• Persiste una opinión pública desinformada.

• Existe una normatividad incompleta o mal orientada.

• Representan altos costos en el manejo de los residuos peligrosos.

• Existen mercados poco desarrollados.

• Se mantienen esquemas de inspección y vigilancia insuficientes.

A lo anterior, se deben añadir algunas características de los microgeneradores de residuos biológicos, que han complicado todavía más la creación de arreglos institucionales que favorezcan un manejo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Estos microgeneradores no cuentan con suficiente capacitación tecnológica y administrativa, ni con el capital e información sobre los avances en materia ambiental.

La infraestructura existente en México para su manejo es de 96 empresas involucradas en este giro, marcándose con las siguientes características:

• 24 empresas para el tratamiento de residuos peligrosos por esterilización con capacidad de 118 mil 610.4 toneladas por año.

• 23 empresas incineradoras con una capacidad de 93 mil 728 toneladas por año.

• 49 empresas transportadoras de residuos peligrosos con 155 unidades.

Esto puede suponer que la infraestructura existente cubre la demanda para el manejo de los residuos peligrosos, sin embargo la problemática deriva del hecho de que ésta no se encuentra distribuida adecuadamente; por ejemplo, los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas no cuentan con infraestructura para el tratamiento, por tal motivo deben recurrir al transporte y manejo de empresas externas, resultando entonces que los residuos peligrosos generados en dichos estados son conducidos hacia plantas situadas principalmente en el centro del país, pudiendo generar contingencias al ser transportados.

Por último, debemos compartir con ustedes nuestra idea de que el buen manejo, tratamiento y control de estos residuos deba hacerlo tanto la Secretaría de Salud a nivel federal, así como los gobiernos de los estados, mostraría sensiblemente signos de eficacia para su manejo y sobre todo para el ahorro de millones de pesos con la construcción de confinamientos, así como con la capacitación de muchas personas para insertarse en mayores fuentes de trabajo en estas áreas.

Propuesta legal

Artículo Primero. Se adiciona una fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 119. ..

..

..

......

V. La creación de centros de confinamiento para recolección, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI).

Transitorios

Primero. La reforma contenida en el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2010.— Diputados: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.

Se encuentran en este recinto en su calidad de visitantes distinguidos alumnos y personal del Colegio Porter del estado de Morelos, invitados por la diputada Rosalina Mazari Espín. Sean todos bienvenidos.

También en este recinto, es grato comunicar a esta asamblea que se encuentran visitantes del Colegio de Bachilleres plantel Pajacuarán, Michoacán. Son invitados del diputado Ricardo Sánchez Gálvez. Sean bienvenidos.

Se encuentran en este salón de sesiones, en su calidad de visitantes distinguidos, alumnos y personal del Centro Universitario de la UAEM, estado de México. Son invitados del diputado Emilio Chuayffet Chemor. Esta asamblea les da la más cordial bienvenida.

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL - SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Cárdenas, por favor.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente.

Para manifestar mi protesta, señor presidente, con lo que ocurre en los trabajos de esta Cámara. Tengo aquí una invitación que me indica que va a estar presente el día de hoy a las 2 de la tarde, el señor Roger Pardo Maurer, que fue subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos y se va a reunir con un grupo de diputados para hablar de temas de seguridad pública, combate a la delincuencia organizada y defensa nacional.

Está bien que en esta Cámara seamos tolerantes y estemos dispuestos al diálogo, tanto con personas de este país como de otros países, lo que me llama la atención es que a esta Cámara de Diputados venga un miembro o un ex miembro de la Defensa de los Estados Unidos y que el propio secretario de la Defensa Nacional o el secretario de la Marina no comparezcan a las comisiones de esta Cámara de Diputados.

Es muy grave que en México, personajes de la Defensa de otros países vengan y los que deben concurrir a la Cámara, como es el propio secretario de la Defensa, a rendir cuentas o el secretario de la Marina, no comparezcan.

Entonces yo manifiesto mi protesta formal y clara por esta asistencia, y que los funcionarios encargados del gobierno mexicano no comparezcan para rendir cuentas y ser sujetos al control legislativo por parte de la Cámara de Diputados, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La asamblea escuchó respetuosamente su propuesta, sus comentarios y su inquietud, y las recoge.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino:Honorables diputados, tengo a bien presentar ante ustedes una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona una fracción y se recorren los artículos numerales.

¿Qué es esto? Lo que quiero es proponerles que convirtamos la Comisión Especial de Cambio Climático en una comisión ordinaria.

México ha reconocido a través de su Programa Especial de Cambio Climático que éste es un proceso que se perfila como el problema ambiental global más relevante de nuestro siglo en función de sus impactos previsibles sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la infraestructura, la salud pública y, en general, sobre los diversos componentes que configuran el proceso de desarrollo.

Es hoy tema ineludible de la agenda internacional y objeto de preocupación para las instancias del más alto nivel de los gobiernos.

El fenómeno del cambio climático ha sido ocasionado por la emisión de bióxido de carbono y otros gases conocidos como gases de efecto invernadero a la atmósfera que han generado que el sistema climático global sufra cambios radicales en su dinámica, y que es necesario detener y revertir por la misma subsistencia de la especie humana y de la especie animal en el planeta.

En el afán de mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y capturando carbono de la atmósfera, es un proceso que se encuentra marchando. Sin embargo, su implementación ha sido cuestionada muy fuertemente a nivel internacional. El cambio tecnológico para reducir la dependencia energética de combustibles fósiles es sólo una de las modificaciones que tenemos que analizar para mediano y largo plazo.

Ante este reto mundial la Cámara de Diputados estableció una Comisión Especial de Cambio Climático y hoy lo que queremos es pedirles y someter a la consideración de todos ustedes que esta propuesta que hicimos el diputado Del Mazo, la diputada Torre, el diputado Jaime Álvarez Cisneros, la diputada Augusta Valentina, sea vista por ustedes con la posibilidad de convertirla en una comisión ordinaria.

No hay un solo ser vivo en el planeta que no vaya a ser afectado por esto del cambio climático. No es ya un tema coyuntural, es un tema de actualidad. Es un tema tan importante como el comer o el respirar. Por ello, yo quiero exhortarlos de la manera más humilde para que juntas, todas las fracciones políticas representadas en esta Cámara, vayamos a firmar este documento.

En los próximos días, la Conferencia de las Partes número 16 de la ONU se va a celebrar en Cancún, Quintana Roo. Ya están algunas personas, compañeros legisladores acreditados y, sin embargo, México no ha presentado de lleno algunas propuestas específicas sobre el tema.

Ya se presentó una adición al artículo 3o. constitucional para hacer de esta materia una materia obligatoria a los niños de primaria.

Ya se presentó una modificación al artículo 130 de la Ley de Egresos, para que parte de los subejercicios que tenemos sean destinados a la mitigación del cambio climático.

Ya presentó mi compañera diputada del PRD una propuesta de ley, para ver una nueva opción de cambio climático, poderlo mitigar.

Hoy México puede ser la diferencia, no nada más una alternativa, por lo mismo les pido de la manera más respetuosa me ayuden a integrar esta idea de todos los miembros de la Comisión de Cambio Climático y permitamos estar en avanzada, como lo hacen potencias del calibre de Brasil, que debemos seguir como ejemplo, de España o de Gran Bretaña. Señores, sean felices.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados de la república de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV y se recorren el resto de las fracciones del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México ha reconocido a través de su Programa Especial de Cambio Climático lo siguiente:

El cambio climático es un proceso que se perfila como el problema ambiental global más relevante de nuestro siglo, en función de sus impactos previsibles sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la infraestructura, la salud pública y, en general, sobre los diversos componentes que configuran el proceso de desarrollo... es hoy tema ineludible de la agenda internacional y objeto de preocupación para las instancias de más alto nivel de los gobiernos.

Asimismo, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), en su último reporte publicado, indicó:

El incremento de la temperatura en el sistema climático es inequívoco, como lo demuestran las observaciones del incremento en el porcentaje mundial de las temperaturas de los océanos y el aire, el derretimiento generalizado de la nieve y el hielo y la elevación del nivel medio del mar.

El fenómeno del cambio climático ha sido ocasionado por la emisión de bióxido de carbono y otros gases, conocidos como gases de efecto invernadero, a la atmosfera lo que ha generado que el sistema climático global sufra cambios radicales en su dinámica y que es necesario detener y revertir, por la misma subsistencia de la especie humana en el planeta.

Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera continúan y continuarán, independientemente de los compromisos de mitigación (reducción de emisiones y captura de carbono) asumidos por los diversos países parte a través del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Las proyecciones del IPCC indican que este proceso de aumento en la temperatura global del planeta no se revertirá y de hecho continuará. Se proyecta que para las siguientes dos décadas, el aumento en la temperatura sea de 0.2 grados Celsius  (considerando un escenario sin reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, GEI); sin embargo, aunque las emisiones de todos los GEI y aerosoles se mantuvieran en niveles del año 2000, el incremento esperado por década sería de 0.1 grados Celsius.

En consecuencia, la temperatura media de la Tierra se ha elevado en 0.76 grados Celsius de 1850-1899 hasta 2001-2005 y continúa con esta tendencia. Los fenómenos meteorológicos son cada vez más fuertes e impredecibles, esto genera la necesidad de que los países inicien de manera constante y consistente un proceso de adaptación para no verse tan afectados ni comprometidos por este fenómeno, sobre todo por lo que hace a la protección civil de las poblaciones y su salud.

México es un país sumamente vulnerable al cambio climático. Por su ubicación entre dos grandes océanos en la zona tropical del hemisferio norte, será afectado con mayor frecuencia y fuerza por ciclones tropicales y huracanes, grandes cantidades de vapor de agua serán trasladadas desde los océanos (Atlántico y Pacífico) hacia el continente precipitándose al chocar con las cordilleras (Sierra Madre Oriental y Occidental) que nos rodean y generando que los caudales de los ríos y otros escurrimientos se incrementen de manera importante y se provoquen inundaciones en las zonas bajas (Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero). El incremento del nivel del mar que genera el cambio climático, aunado a la degradación existente de los ecosistemas costeros que servían de protección a las poblaciones ahí situadas (manglares, humedales, dunas costeras) y a la subsidencia (hundimiento y erosión) de los suelos en esta zona provocarán que muchas ciudades costeras estén en riesgo de ser inundadas o de desaparecer completamente, considerando que México cuenta con un litoral de más de 11 mil kilómetros de costeras, por tanto la vulnerabilidad y riesgo que se presenta en el país por este fenómeno es sumamente importante.

El afán de mitigar el cambio climático, reduciendo las emisiones de GEI y capturando carbono de la atmósfera, es un proceso que se encuentra marchando sin embargo su implementación ha sido cuestionada muy fuertemente a nivel internacional. El cambio tecnológico (migración a energías renovables) para reducir la dependencia energética de combustibles fósiles es una modificación que se dará a mediano y largo plazo, requerirá grandes inversiones al igual que voluntad de los sectores involucrados (gubernamental y privado), e independientemente que se lograra evitar la emisión de GEI a la atmósfera, los efectos del calentamiento global no se eliminarían ni revertirían de inmediato; sino que el sistema climático tendría que recuperar su resiliencia en el largo plazo para poder regresar a los niveles previos a 1850.

La única estrategia obligatoria que los países vulnerables al cambio climático, como México, es adaptarse lo mejor posible a los efectos previsibles que ocasionarán por el cambio climático en el corto,  mediano y largo plazos, para buscar minimizar los riesgos que conllevan.

Ante este reto mundial, en la Cámara de Diputados se estableció la Comisión Especial de Cambio Climático, con objeto de revertir la dependencia de combustibles fósiles, fortalecer la reforestación y frenar la contaminación del agua y el suelo.

Las comisiones especiales de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, indica que éstas se harán cargo de un asunto específico, y se extinguirán cuando se haya cumplido el plazo bajo el cual fueron creadas, cuando su objeto se haya cumplido o bien termine la legislatura que la estableció; lo que suceda primero. En tanto las Comisiones ordinarias, se indica en el artículo 40 de dicho ordenamiento, corresponderán en lo general a las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

El tema del cambio climático, como ya quedó asentado en párrafos anteriores, no es un tema coyuntural que pueda terminar de atenderse y resolverse en el tiempo que dura una legislatura. Impacta de manera trascendental la vida de la sociedad mexicana, al ponerla en riesgo; e incide en muchas, si no es en todas las actividades económicas, como el turismo, la producción de energía, la agricultura, la ganadería, la prestación de servicios, etcétera. Los efectos del cambio climático, de ahora en adelante, serán una variable que se tendrá que considerar en todos los aspectos de la vida humana, y en particular, de la vida legislativa, si se quiere realmente que México se adapte a esta nueva realidad que nuestro descuido del medio ambiente ha generado.

Es por ello que se presenta esta iniciativa, en la cual se propone que la Comisión de Cambio Climático se convierta en una comisión ordinaria de la Cámara de Diputados, con la finalidad de cubrir la necesidad de contar con legisladores especializados en el tema, que sirvan de contrapartes a los servidores públicos por parte de la administración pública federal, así como para atender las preocupaciones de otras organizaciones sociales, académicas y en general no gubernamentales; para diseñar y mejorar el marco normativo que responda a los retos de una realidad cambiante y para realmente ser eficaces en los compromisos de mitigación y adaptación asumidos por México a nivel internacional y nacional.

Decreto por el que  se adiciona una fracción IV y se recorren el resto de las fracciones del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona una fracción IV y se recorren el resto de las fracciones del numeral 2 del artículo 36 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 39

1. ...

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I. a III. ...

...

...

IV. Cambio climático;

V. Ciencia y Tecnología;

VI. Comunicaciones;

VII. Cultura;

VIII. Defensa Nacional;

IX. Derechos Humanos;

X. Desarrollo Metropolitano;

XI. Desarrollo Rural;

XII. Desarrollo Social;

XIII. Economía;

XIV. Educación Pública y Servicios Educativos;

XV. Energía;

XVI. Equidad y Género;

XVII. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XVIII. Fortalecimiento al Federalismo;

XIX. Función Pública;

XX. Gobernación;

XXI. Hacienda y Crédito Público;

XXII. Justicia;

XXIII. Juventud y Deporte;

XXIV. Marina;

XXV. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXVI. Participación Ciudadana;

XXVII. Pesca;

XXVIII. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXX. Puntos Constitucionales;

XXXI. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXII. Recursos Hidráulicos;

XXXIII. Reforma Agraria;

XXXIV. Relaciones Exteriores;

XXXV. Salud;

XXXVI. Seguridad Pública;

XXXVII. Seguridad Social;

XXXVIII. Trabajo y Previsión social;

XXXIX. Transportes;

XL. Turismo; y

XLI. Vivienda.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan o contravengan el presente decreto.

Notas:

1 Programa Especial de Cambio Climático 2009-2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009, página 3.

2 y 3 IPCC Fourth Assessment Report, página5, en http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm (21 de septiembre de 2010).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2010.— Diputados: Alejandro Moreno Merino, César Francisco Burelo Burelo, César Daniel González Madruga, Jaime Álvarez Cisneros, Agustín Torres Ibarrola, Susana Hurtado Vallejo, María del Pilar Torres Canales, Alejandro del Mazo Maza, Laura Itzel Castillo Juárez, Francisco Alberto Jiménez Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Eduardo Mendoza Arellano, Miguel Ernesto Pompa Corella, Rafael Rodríguez González, José Manuel Hinojosa Pérez, José Francisco Yunes Zorrilla, Héctor Franco López, Roberto Pérez de Alva Blanco, María del Pilar Torre Canales, Rodrigo Pérez Alonso González, Alejandro del Mazo Maza, Samuel Herrera Chávez, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Gerardo del Mazo Morales, María Araceli Vázquez Camacho, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, J. Guadalupe Vera Hernández, Kenia López Rabadán, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

El diputado Gerardo del Mazo Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Por favor, sonido a la curul del diputado Gerardo del Mazo, del Partido Nueva Alianza.

El diputado Gerardo del Mazo Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para preguntarle al diputado Moreno si nos permite adherirnos a la propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Francisco Alejandro Moreno, le están solicitando su anuencia para adherirse a su propuesta.

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino(desde la curul): Sí, no tengo ningún inconveniente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Alejandro Moreno no tiene inconveniente para que usted o algún otro diputado o diputada puedan adherirse a su propuesta.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a lo largo de nuestra historia ha existido un trato injusto para los menores de edad. Tal problema ha hecho reflexionar con seriedad a diversos organismos públicos y privados, con el fin de lograr que los niños gocen plenamente del respeto a sus derechos y de los beneficios propios de su edad.

México fue uno de los países que promovió la primera Cumbre Mundial de la Infancia en el año 1990. También fue uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990. Igualmente, ratificó el 15 de marzo de 2002 los protocolos facultativos de la Convención de los Derechos del Niño, en Materia de Venta de Niños, Prostitución y Pornografía Infantil y sobre la Protección de Niños en Conflictos Armados.

Al ser ratificada la Convención de los Derechos del Niño, el Estado mexicano se comprometió a adecuar las leyes y a establecer los mecanismos necesarios para dar seguimiento a los derechos establecidos en ese acuerdo internacional, así como para garantizar su cabal cumplimiento.

Es así que con la reforma del artículo 4o. de nuestra Constitución, aprobada en diciembre de 1999 y publicada en abril de 2000, se inicia la adecuación del marco jurídico de las niñas y de los niños a los postulados internacionales.

En ese sentido también es publicada, en mayo de 2000, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto garantizar a niños, niñas y adolescentes, la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Esta soberanía aprobó, el pasado 7 de octubre, una reforma a los párrafos sexto y séptimo al artículo 4o., y se adicionó la fracción XXI P al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la niñez, que contempla la expresión, interés superior del niño.

En ese sentido, aunque en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece la distinción entre niño y adolescente, se requiere que esa diferencia se reconozca a nivel constitucional y que igualmente se definan los alcances de la protección de los derechos.

Es importante destacar que a pesar de las capacidades adquiridas al momento de iniciar la adolescencia, ésta se caracteriza al igual que la infancia por ser un periodo de de-sarrollo que requiere de satisfactores especiales y por ende, de una equivalente protección de derechos a los primeros años de la vida humana.

Nos encontramos así que la distinción entre infancia y adolescencia obedece a razones plenamente justificadas que pueden ayudar a la garantía de los derechos mediante el reconocimiento, por ejemplo, de una mayor autonomía a partir del inicio de la pubertad.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que a partir de la reforma al artículo 18 constitucional en 2005, el término adolescente quedó incorporado al texto de la norma fundamental, generando falta de coherencia con el actual artículo 4o.

Con dicha reforma se dispone la creación de un sistema integral de justicia para los adolescentes, definiendo a éstos como aquellas personas que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años.

Esta situación crea confusión en la interpretación de la norma, toda vez que por una parte se entiende que el artículo 4o. protege a todas las personas menores de 18 años, identificándolas como niñas y niños, utilizando la norma de la Convención, pero sin definirlo expresamente.

En el artículo 18 se incorpora el concepto jurídico adolescente, que está incluido también en el rango de edad por debajo de los 18 años.

Esta iniciativa busca contribuir a que las disposiciones contenidas en el texto constitucional en materia de derechos de niñas y niños sean más cercanas a los principios y nociones establecidas en la Convención, no sólo porque son compromisos sino porque existe una amplia reflexión en torno a ello y sobre la forma en que dan origen a leyes o políticas para cumplir dicho acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforman los párrafos sexto y séptimo vigentes y se adiciona un párrafo, que será el sexto, recorriéndose el orden de los actuales, todos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4, párrafo sexto. Son niñas y niños las personas que hasta 12 años incompletos y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Las niñas y los niños tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar y a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y participación. Todas las acciones y medidas que se adopten deben atender a su interés superior. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá los recursos necesarios de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Yolanda del Carmen Montalvo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 71, fracción II, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos sexto y séptimo, y adiciona un párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

A lo largo de nuestra historia desafortunadamente siempre ha existido un trato injusto para los menores de edad. Tal problema ha hecho reflexionar con seriedad a las personas que integran los diversos organismos tanto públicos como privados, con el fin de lograr que los niños gocen plenamente del respeto a sus derechos y de los beneficios propios de su edad, así como para que se les proteja de su natural vulnerabilidad.

Si bien es cierto que el Estado, a través de sus instituciones, debe velar por el desarrollo de los menores, satisfaciendo las necesidades de educación, salud, juego, deporte, alimentación, que tienen, también lo es que la formación que en la familia reciben los hijos es insustituible.

Lo vivido en la edad temprana es fundamental para la edad adulta; por ello, a la niña y el niño, debe garantizárseles el respeto y la protección de sus derechos; asimismo, en el seno familiar deben brindárseles todos los cuidados necesarios para su completo desarrollo.

El primer documento de carácter internacional sobre los derechos del niño fue la Declaración de Ginebra de 1924 adoptada por la Sociedad de Naciones, seguida por la Declaración de Derechos del Niño de 1959. La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, tras diez años de trabajo.

México fue uno de los países que promovió la primera Cumbre Mundial en Favor de la Infancia de 1990. También fue uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990. Igualmente, México ratificó el 15 de marzo de 2002, los Protocolos Facultativos a la Convención de los Derechos del Niño, en materia de Venta de Niños, Prostitución y Pornografía Infantil y sobre la Protección de Niños en Conflictos Armados.

Al ser ratificada la Convención de los Derechos del Niño, el Estado mexicano se comprometió a adecuar sus leyes y a establecer los mecanismos necesarios para dar seguimiento a los derechos establecidos en este acuerdo internacional, así como para garantizar su cabal cumplimiento. Este ordenamiento internacional además de constituir un instrumento jurídicamente vinculante frente a los Estados que lo han ratificado, sus disposiciones expresan la clara tendencia a traducir en términos de derechos, prácticamente todo aspecto relacionado con las niñas y los niños.

Es así que con la última reforma del artículo cuarto de nuestra Constitución aprobada en diciembre de 1999 y publicada en abril de 2000, se inicia la adecuación del marco jurídico de las niñas y los niños a los postulados internacionales. Con estas modificaciones se prevé que: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral...

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos... El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”

En ese sentido, también es publicada en mayo de 2000 la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes, la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Además, se han logrado reformas penales importantes en materia de explotación sexual infantil.

No se puede negar que a partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por el Estado Mexicano, los progresos han sido notables. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer en la labor de superar las disparidades que persisten en el país y garantizar para todos y cada uno de los niños y niñas el acceso a una educación de calidad; la protección contra el trabajo infantil; su participación en todos los asuntos que los afecten; la erradicación de la violencia, y la consecución plena de la igualdad y la no discriminación, entre otros.

Por ello, si bien es cierto que la reforma al artículo cuarto constitucional significó un gran avance, también lo es que continúa siendo insuficiente en el reconocimiento de los derechos de las niñas y los niños. Aunque la Convención recoge un catálogo amplísimo de derechos y libertades, la Constitución se limita a reconocer el derecho a la satisfacción de ciertas necesidades.

“Ciertamente, como señalan algunos autores, los principios relativos a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes se encuentran recogidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 4º; sin embargo, al no estar contemplados constitucionalmente no son susceptibles de ser protegidos mediante los mecanismos de garantía previstos en la norma fundamental. Por esta misma razón, no pueden ser considerados pautas rectoras de la legislación inferior por estar en el mismo rango que esta,...”

Es importante considerar que la presente iniciativa no busca hacer de la Constitución un compendio de los derechos de la niñez establecidos en la Convención, sino de construir los principios y los derechos básicos que den el soporte necesario para su cumplimiento.

En este sentido, aunque en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece la distinción entre niño y adolescente, se requiere que esta diferencia se reconozca a nivel constitucional y que igualmente se definan los alcances de la protección de los derechos. Es importante destacar que a pesar de las capacidades adquiridas al momento de iniciar la adolescencia, ésta se caracteriza, al igual que la infancia, por ser un periodo de desarrollo que requiere de satisfactores especiales y, por ende, de una equivalente protección de derechos a los de los primeros años de la vida humana.

“Nos encontramos así que la distinción entre infancia y adolescencia obedece a razones plenamente justificadas que pueden ayudar a la garantía de los derechos mediante el reconocimiento, por ejemplo, de una mayor autonomía a partir del inicio de la pubertad. Esta distinción debe recogerse constitucionalmente para ser identificada como un principio de interpretación de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que a partir de la reforma al artículo 18 constitucional en 2005, el término “adolescente” quedó incorporado al texto de la norma fundamental generando así falta de coherencia con el actual artículo cuarto. Con dicha reforma se dispone la creación de un sistema integral de justicia para los adolescentes, definiendo a éstos como aquellas personas que tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Lo anterior crea confusión en la interpretación de la norma, toda vez que por una parte se entiende que el artículo cuarto protege a todos las personas menores de 18 años identificándolas como niñas y niños, utilizando la norma de la Convención pero sin definirlo expresamente, y en el artículo 18 se incorpora el concepto jurídico “adolescente”, que está incluido también en el rango de edad por debajo de los 18 años.

Es por ello que se hace necesario adecuar el texto constitucional a efecto de definir las edades para los niños y adolescentes, buscando subsanar las confusiones e interpretaciones que se puedan presentar. Se requiere definir estos nuevos términos incorporados al lenguaje constitucional para hacer explícito el alcance de cada norma jurídica.

Por otro lado, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el principio del interés superior de la niñez como el eje sobre el que se desarrollarán las medidas en torno a niños y niñas, y fue reconocido por el Comité de los Derechos del Niño. En el artículo cuarto de la Constitución no aparece este principio, al menos como tal.

“Algunos países han introducido en sus Constituciones el principio del interés superior de la niñez tal cual, otros lo han hecho en Códigos específicos. Sin embargo los alcances de este principio van más allá de su mera inclusión literal. Tal inclusión sin otros elementos puede llevar a desviaciones como considerar que los derechos de la niñez están por encima de los derechos de otros individuos.”

El texto mismo del artículo tercero de la Convención da la pauta de los elementos que deben de ser considerados como constitutivos del interés superior del niño:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Un elemento constitutivo de la noción del interés superior de la niñez es el derecho del niño o la niña a manifestar su opinión y a que sea escuchada en aquellos asuntos que le afectan. El reconocimiento de este derecho no hace otra cosa sino enfatizar la importancia de la participación infantil como elemento constitutivo del desarrollo de la niñez, y contribuye al fortalecimiento de la cultura democrática no solo como posibilidad de futuro, sino como práctica presente, pues la participación infantil involucra a los adultos que les rodean.

Al ratificar el Senado mexicano la Convención en 1990, México también se comprometió a presentar informes periódicos sobre la situación que guarda la niñez en el país, así como sobre las medidas implementadas para mejorar sus condiciones de bienestar.

En las Observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, respecto al II Informe de México sobre Niñez, el Comité recomienda que el gobierno mexicano adopte medidas para sensibilizar a la población acerca del significado y la importancia de aplicar el principio del interés superior del niño y vele por que el artículo 3 de la Convención esté debidamente reflejado en sus medidas legislativas y administrativas, como las relacionadas con la asignación de los recursos públicos.

Esta iniciativa busca contribuir a que las disposiciones contenidas en el texto constitucional en materia de derechos de niñas y niños, sean más cercanas a los principios y nociones establecidas en la Convención, no solo porque son compromiso, sino porque existe una amplia reflexión en torno a ello, y sobre la forma en que dan origen a leyes o políticas para hacer cumplir dicho acuerdo. Estos elementos son los que impulsan a proponer la modificación a los párrafos sexto y séptimo del artículo cuarto de la Carta Magna.

En esas observaciones del Comité, también se recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos por aumentar considerablemente la parte del presupuesto asignada a la realización de los derechos del niño, prestando atención especial a los niños de grupos económicamente desfavorecidos. Y que intensifique sus esfuerzos por promover, dentro de la familia, en las escuelas y en otras instituciones, el respeto a las opiniones de los niños, en especial de las niñas, y facilitar su participación en todos los asuntos que los afecten.

Compañeras y compañeros legisladores, tenemos que luchar por la construcción de una sociedad más justa, responsable y democrática, creando e instrumentando más y mejores ordenamientos legales y políticas públicas que permitan una protección más eficiente de los derechos de las niños y los niños, pero también, un ejercicio pleno de ellos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los párrafos sexto y séptimo vigentes, y se adiciona un párrafo que será el sexto, recorriéndose el orden de los actuales, todos del artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. (Se deroga el párrafo primero)

...

...

...

...

Son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Los niños y las niñas tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar, y a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y participación. Todas las acciones y medidas que se adopten deben atender a su interés superior.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá los recursos necesarios, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Mónica González Contró. La reforma constitucional pendiente en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; 2008.

2 Ibíd, p. 241.

3 Red por los derechos de la infancia en México. http://www.derechosinfancia.org.mx/

Diputada Yolanda Montalvo López, María Felicitas Parra Becerra, Rubén Arellano Rodríguez, Tomás Gutiérrez Ramírez, Sergio Tolento Hernández, María Yolanda Valencia Vales, María Joann Novoa Mossberger, María Sandra Ugalde Basaldúa, Kenia López Rabadán, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se encuentran en este recinto alumnos y personal de la escuela Netzahualcóyotl, del estado de México. Son invitados de la diputada Elvia Hernández García. Les damos a todos la más cordial bienvenida.

ARTICULOS 3, 25 Y 31 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez:Buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso del presidente. Pobreza, desempleo, falta de educación, falta de acceso a la salud, violencia, inseguridad han fracturado los lazos sociales en nuestro país.

El tejido social es el conjunto de redes personales, categoriales, estructurales, formales y funcionales que constituyen un activo para que los individuos y la sociedad tengan mejor calidad de vida.

Es un nuevo término que se ha incorporado al discurso de todas y todos los que argumentan cuando hablan en público en nuestro país. La inseguridad que vivimos es un claro ejemplo de la descomposición del tejido social y de la exclusión.

El deterioro y del debilitamiento del tejido social en nuestro país significa el rompimiento de un individuo con la sociedad. El tejido social también se debilita cuando las normas de convivencia ciudadana no son respetadas, son violentadas de manera impune o cuando las leyes son fácilmente irrespetadas o no son cumplidas.

Las instituciones gubernamentales como las no gubernamentales, deben contribuir a la cohesión del tejido social. De igual forma, sin la participación de las personas en la cohesión del tejido social no se lograría esto.

La presente iniciativa de reforma constitucional sienta las bases para incorporar este término, cohesión del tejido social, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Éste es un término de argumentación reciente que busca que se fomente la cohesión del tejido social a través de la única manera como se puede lograr: por medio de la educación en casa y en los centros educativos de nuestro país.

Por lo expuesto, creo que la modificación es necesaria. Si bien estos términos son novedosos dentro del ámbito de la sociología jurídica es indispensable que sean incorporados ante las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país.

Quiero decirles que ésta es una visión eminentemente ciudadana de algo tan complejo y tan fundamental como es la Constitución. Ante ello, someto a ustedes, honorable asamblea, una propuesta de reforma al artículo 3o. en donde se incorpore la frase, así como contribuir a la cohesión del tejido social.

El artículo 25 se reforma en la parte final, donde propongo que quede como sigue:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, y la cohesión del tejido social cuya seguridad protege esta Constitución.

Tercero. Se reforma el artículo 31 constitucional para quedar como sigue:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

V. Contribuir a la cohesión del tejido social.

Ésta es mi propuesta, ojalá sea considerada y sea revisada por la comisión correspondiente, en el entendido de que es una visión ciudadana de algo que se tiene que hacer para asentar las bases de que en todo el resto de nuestra política pública se destinen los recursos necesarios y las modificaciones convenientes para que esto que se argumenta tanto se vuelva una cosa seria y una cosa real. Por su atención, muchas gracias, y enhorabuena.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o., 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente: iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (tejido social), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A través del contrato social, las personas hemos delegado al Estado la titularidad del poder; ello nos sustrae del estado de naturaleza, de la ley del más fuerte y nos permite obtener mayor seguridad y garantías de carácter social.

Históricamente hemos avanzado en el reconocimiento legal de derechos civiles, políticos, sociales y culturales, cuyo sentido último es que las personas contemos con niveles básicos de bienestar.

En México los avances legales han sido superados de manera negativa por la realidad: la pobreza, el desempleo, la inseguridad social, la violencia, la falta de acceso a la salud, la explotación sexual e infantil, la discriminación, el narcotráfico, la desigualdad en el acceso a las oportunidades y al desarrollo, las diferencias de clase, sólo por citar algunas. Estos factores fracturan los lazos sociales, que imposibilitan el acceso a los derechos y excluyen a un número importante de ciudadanos de las oportunidades del mercado laboral y de los beneficios sociales como el acceso a la salud, la educación y la cultura.

Cabe destacar que la sociedad existe como tejido social de sus ciudadanas y ciudadanos; a mayor tejido social, más sociedad, pues el tejido social es el conjunto de redes personales, categoriales, estructurales, formales y funcionales, de iniciativas o asociativas y mixtas o ínter sistémicas; que constituyen un activo para los individuos y la sociedad pues les permite ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad de vida.

La inseguridad que vivimos en nuestro país es un claro ejemplo de la descomposición del tejido social, pues para desarrollarnos necesitamos vivir en un ambiente de seguridad, entendida como la cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.

En consecuencia, el deterioro, debilitamiento o rompimiento del tejido social significa el aislamiento del individuo, de la sociedad debido a la pérdida de sus principales redes sociales y de valores como la confianza y la solidaridad.

El tejido social también se debilita cuando las normas de convivencia ciudadana son irrespetadas y violentadas impunemente, o cuando las leyes son fácilmente irrespetadas e incumplidas.

El rico entramado del tejido social obliga tanto a las instituciones gubernamentales como a las no gubernamentales y las personas que integran la comunidad a contribuir en su justa dimensión a la cohesión del tejido social. Las personas como integrantes de una comunidad tienen la capacidad de activar procesos y acontecimientos que transformen la realidad en la cual están inmersas según un proyecto de vida en común; por ello, también deben participar, pues si se carece de la participación de las personas en la cohesión del tejido social, no es posible la transformación.

La presente iniciativa de reforma constitucional sienta las bases para lograr la cohesión del tejido social, que conlleva que la acumulación individual de capital humano y la formación colectiva de capital social se articulen, equilibradamente, con la acumulación física individual y colectiva, para potenciar al máximo el desarrollo nacional y lograr un crecimiento económico sostenible con cohesión social

Por lo expuesto y fundado pongo a consideración el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero.Se reforma el artículo tercero constitucional para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, así como contribuir a la cohesión del tejido social.

I. a VIII...

Segundo.Se reforma el artículo veinticinco constitucional para quedar como sigue:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nacióny su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos, y clases sociales; y la cohesión del tejido social, cuya seguridad protege esta Constitución.

...

...

...

Tercero.Se reforma el artículo treinta y uno constitucional para quedar como sigue:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I a IV...

V. Contribuir a la cohesión del tejido social

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Sergio García Ramírez, En torno a la seguridad pública. Desarrollo penal y evolución del delito, en Pedro José Peñaloza y Mario A. Garza Salinas (coordinadores), Los desafíos de la seguridad pública en México, Universidad Iberoamericana, UNAM, PGR, México, 2002, página 81.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2010.— Diputados: Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Informo a la asamblea que se encuentran en este recinto, en su calidad de visitantes, alumnos y personal de la Universidad Continente Americano de Celaya, Guanajuato, son invitados del diputado Martín Rico Jiménez. Sean ustedes bienvenidos.

También en este recinto se encuentran invitados especiales de la diputada Elvia Hernández García, esta asamblea les da a ustedes la más cordial bienvenida.

Tiene la palabra el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o A, 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Toda vez que no se encuentra el diputado referido en el salón de sesiones, pasa al final del capítulo que estamos abordando.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja:Muchas gracias, señor presidente. Señoras diputadas y diputados. Hoy presento ante ustedes esta iniciativa para reformar los artículos 188, 189 y 190, y adicionar los artículos 190 Bis, 190 Quáter, 190 Quintus del Capítulo III, Título Décimo Primero de la Ley General de Salud. Esto, con el propósito de regular la venta y comercialización de bebidas energizantes, aunque más bien deberían denominarse estimulantes, por su acción farmacológica.

Estas bebidas son un fenómeno mundial que gana importancia en la sociedad en la que los individuos desempeñan largas y agotadoras jornadas laborales, que los llevan a buscar estimulantes que les permitan prolongar su capacidad de trabajo, su atención y su energía.

Su comercialización es apoyada por costosas campañas publicitarias en las que se oculta su composición y las posibles consecuencias para quienes las consumen. Dependiendo de la marca, estas bebidas contienen taurina, una proteína que acelera el metabolismo. Vitamina B, que estimula la producción de energía a nivel celular. Algunas hierbas y semillas como el ginseng, mate, guaraná, que actúan como estimulantes. Y cafeína, para estimular el sistema nervioso central.

Entre las marcas con las que se venden en el mundo, encontramos Red Bull o Toro rojo, Dark Dog o Perro oscuro, Private Energy o Energía privada. En total son cerca de 200 nombres diferentes y curiosamente la mayoría son de origen austriaco.

No es la primera vez que se propone normar esas bebidas. En el 2004 Nueva Alianza propuso un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a revisar las normas oficiales mexicanas en relación con el consumo y comercialización de bebidas energizantes.

En el 2007, diputadas del PAN y del PRD, cada una por separado, volvieron a la carga sin lograr el objetivo, y mientras tanto, el abuso en el consumo de bebidas energizantes ha tenido una gran demanda en jóvenes, niños y adultos, provocando una disminución del apetito y las necesidades del sueño hasta el aumento en la frecuencia cardiaca y la presión arterial.

Esto causa graves daños al organismo, y un número creciente de incidentes cuando es mezclado con el alcohol, sobre todo por los jóvenes porque fácilmente pierden la noción de cuánto alcohol han tomado, y no perciben el cansancio.

Estudios realizados por la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario señalan que la cafeína y la taurina son sustancias que anulan las señales de alarma que da el cuerpo en relación al cansancio y al sueño, sensaciones que indican cuando hay que detenerse a descansar.

No está demás señalar que en algunos países como Francia, Dinamarca y Noruega, la venta de estas sustancias estimulantes está restringida y sólo se pueden adquirir en farmacias, incluso, en Colombia, Chile, Argentina y Ecuador se busca restringir la venta libre de estas sustancias.

Además, no podemos ignorar que para los jóvenes el consumir esta clase de bebidas es como una puerta de entrada a cualquier otro tipo de estupefacientes o psicotrópicos. Todo lo anterior obliga a abordar nuevamente a discusión el tema, y a pedir su compromiso, compañeros legisladores, para impulsar esta iniciativa.

El problema es actual; está latente. La salud de nuestros hijos está en riesgo. Tenemos la responsabilidad de ejercer nuestras facultades y proporcionar a la autoridad el marco legal que obliga a tomar las medidas necesarias para evitar un desastre en la salud de jóvenes, incluso, de adultos.

Es por ello que presento ante ustedes, compañeras y compañeros, esta iniciativa para normar la comercialización y publicidad de las bebidas energizantes, restringiendo el acceso a ellas por parte de menores de edad, estableciendo las sanciones que corresponden a los infractores. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, recordemos que en esto pueden ingresar nuestros propios hijos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Víctor Manuel Báez Ceja, diputado a LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía iniciativa que reforma los artículos 188, 189 y 190, y adiciona los artículos 190 Bis a 190 Quintus del capítulo III del título décimo primero de la Ley General de Salud, para regular la venta y comercialización de bebidas energizantes, en atención de la siguiente

Exposición de Motivos

Las “bebidas energizantes” se venden al público en el mercado mundial; además, con largas propagandas y comerciales que captan la atención de todo público y nos dejan mensajes que no podrían ser los correctos, lo que conllevaría a su uso y abuso indiscriminado.

Más que “bebidas energizantes”, resultaría más adecuado llamarlas “bebidas estimulantes” por su acción farmacológica. Al parecer, el término energía estaría denominado por esta acción, más que por el aporte de calorías.

Las bebidas energizantes se inventaron en Tailandia en la década de 1980 para mejorar el rendimiento durante la jornada laboral y la actividad física, aumentando el estado de alerta mental y evitando el sueño. En estos días son cada vez más consumidas, tanto en discotecas como gimnasios y oficinas, ya que son muy fáciles de adquirir. Estas bebidas contienen taurina, vitamina B, algunas hierbas, semillas (ginseng, mate, guaraná y otras) y cafeína.

La mayoría de las marcas de bebidas energéticas, o energy drinks, que se encuentran en el mercado mundial (alrededor de 200) es de origen austriaco: XTC, Dark Dog, Private Energy. Están entre las más conocidas Red Bull (Toro Rojo), Battery (Batería, elaborada en Finlandia), Maxx, Power Horse (Caballo de Fuerza), Red Devil (Demonio Rojo) y Dark Dog (Perro Oscuro).

La taurina es una proteína que acelera el metabolismo, y la vitamina B fomenta la producción de energía a nivel celular, en tanto que las hierbas y las semillas actúan como estimulantes o sedantes. Por su parte, la cafeína estimula el sistema nervioso central, disminuyendo el cansancio y manteniendo en alerta el organismo en forma momentánea, según declaró Mae León, nutricionista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Por eso se ha denominado “sustancia estimulante” prohibida en juegos olímpicos. Puede producir efectos adversos, como temblores, irritabilidad, vértigo, cefalea, náuseas, vómitos, taquicardia, palpitaciones o arritmias. Una taza de café contiene de 80 a 150 miligramos de cafeína, la de té 50, las gaseosas entre 40 y 50, y las bebidas estimulantes 80 o más.

Con fecha 4 de febrero de 2004, el entonces diputado Luis Antonio Rodríguez Roldán, de Nueva Alianza, presentó en esta tribuna legislativa un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a revisar las normas oficiales mexicanas relacionadas con el consumo y la comercialización de bebidas energéticas, en el cual el diputado en cita propone el etiquetamiento de las especificaciones nutrimentales y, en su caso, que fueran actualizadas a efecto de que los consumidores pudieran tomar adecuadamente sus decisiones de compra.

El 26 de febrero de 2007, la diputada Dolores de María Manuel Gómez Angulo, del Partido Acción Nacional, presentó punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a revisar a través de las Secretarías de Salud, y de Economía las normas oficiales mexicanas relativas a la venta de las bebidas energizantes.

El 27 de septiembre de 2007, la diputada Susana Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática, presentó un punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para la venta de las bebidas energizantes.

Esta circunstancia obliga a traer a discusión un tema que ha sido objeto de proposiciones con puntos de acuerdo ante esta Cámara. Las bebidas energizantes han tenido gran demanda entre jóvenes, niños y adultos; son nocivas y elevadas en gravedad cuando se mezclan con alcohol.

Tales puntos de acuerdo quedaron en un esfuerzo por los legisladores y fueron sólo un exhorto, sin mayor efecto.

Compañeros, se preguntarán por qué es importante regular la venta en bebidas energizantes. La respuesta es que su consumo no sólo va en adultos mayores, sino que menores de edad, que pueden ser sus hijos los que han digerido tal sustancia estimulante, y con ello origina la disminución del apetito y las necesidades de sueño, hasta el aumento de la frecuencia cardiaca y la presión arterial.

Estudios profesionales de nutriólogos nacionales e internacionales han señalado que a dosis muy altas puede resultar peligroso, pues un consumo diario superior a 250 miligramos de cafeína (3 o 4 latas de bebidas energizantes por día) ocasiona arritmias cardiacas, ansiedad, irritabilidad, dificultades de concentración, diarreas, temblores. O también, el consumo exagerado en las fiestas, discotecas o centros autorizados para vender bebidas alcohólicas, donde las bebidas energizantes mezcladas con alcohol se han vuelto muy populares, y asociadas a la ingesta de éxtasis pueden resultar extremadamente peligrosas, dado que podría ocurrir una sobredosis.

En países como Francia, Dinamarca y Noruega, la venta de estas sustancias estimulantes está restringida, y sólo se pueden adquirir en farmacias.

Otro ejemplo que me permito citar: la Asociación Nacional de Administración de Alimentos de Suecia advirtió no mezclar este tipo de bebidas y alcohol,más aun si se ha estado sometido a un alto nivel de ejercicio físico. Ello, en razón de que tanto la cafeína como el alcohol actúan como poderosos diuréticos. Si a ello se suma una fuerte actividad física en una pista de baile o trabajos en un gimnasio, la deshidratación puede alcanzar niveles de peligrosidad, hasta la muerte.

Pero jóvenes menores de edad que acuden a discotecas, fiestas y demás lugares de recreación y diversión frecuentan el uso de las referidas bebidas y las mezclan con alcohol u otros medicamentos; pierden la noción de cuánto están ingiriendo y no perciben el cansancio.

Cuando los jóvenes no obedecen a dichas sensaciones de manera natural, entonces puede sufrir desde delirios, taquicardias y deshidrataciones hasta un infarto.

El consumo exagerado de bebidas energéticas es dañino para la salud. Embarazadas, niños, personas en tratamiento psiquiátrico o con problemas cardiacos deberían abstenerse de consumir esas bebidas, que no deben estar asociadas con otros estimulantes; en un largo plazo, el uso frecuente y a dosis altas puede generar dependencia psicológica.

Algunos países de la región, como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, evalúan la posibilidad de restringir la venta libre de estas sustancias.

Estudios realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios revelan que por cada botella hay 175 mililitros de cafeína y otras sustancias con efectos semejantes, sólo los que tienen tolerancia al café, en el equivalente a 10 tazas, puedan tomar hasta dos de estas bebidas energizantes por día sin que les produzcan alteraciones del sistema nervioso. “La cafeína y la taurina son sustancias que anulan las señales de alarma que da el cuerpo con relación al cansancio y sueño, sensaciones que indican cuándo hay que detenerse a descansar”.

Reitero: resulta complejo mezclar las bebidas energizantes con otros fármacos o drogas excitantes (como anfetaminas, antidepresivos o cocaína). Esto puede causar daños irreparables en la salud, que va desde unas crisis hipertensiva hasta hemorragias cerebrales o infartos cardiacos. Un consumo exagerado de estas bebidas (más de tres a cuatro latas al día) puede producir insomnio, nerviosismo, ansiedad, molestias gástricas, hiperalerta, crisis de pánico y, en un largo plazo, dependencia.

Por esta razón su consumo está contraindicado para menores de 15 años,embarazadas y lactantes, quienes tengan enfermedades cardiacas y gástricas, las que sufren de insomnio y las que están en tratamiento con algún tipo de benzodiazepinas.

El problema es actual, está latente. El futuro de la salud de nuestros hijos está en riesgo; y tenemos la responsabilidad de ejercer nuestras facultades y que se tomen las medidas necesarias para evitar un desastre en la salud de jóvenes e incluso adultos.

En los hospitales y centros de salud son atendidos cada vez más jóvenes con enfermedades coronarias previas, que presentan cuadros de infartos, taquicardias, hipertensión arterial, arritmias y alteraciones cardiacas propias de personas mayores, provocados por un factor de riesgo nuevo: el consumo de las bebidas energizantes, mezcladas con alcohol.

A estos casos hay que sumar los de los chicos que tienen patologías cardiacas y no lo saben, para los que el consumo excesivo de estas bebidas es mucho más peligroso.

Algunos especialistas en toxicología consideran que, aunque se denomine a estas bebidas “energizantes”, en realidad no lo son. Debería llamárselas “desfatigantes” o “estimulantes”, dado que quitan la sensación de fatiga: no es que el que las toma no se canse sino que no siente el cansancio. De esa forma, la gran cantidad de cafeína que contienen les permite tomar en exceso hasta llegar a la ebriedad, o incluso el coma alcohólico, porque retrasa los efectos del alcohol.

Para los jóvenes, consumir esta clase de bebidas es como la puerta de entrada a cualquier otro tipo de estupefacientes o psicotrópicos. Sus efectos son comparables a los de una droga porque estimulan el sistema nervioso central, y pueden llegar a dañarlo, trastornando las funciones cardiacas, provocando hipertensión, hiperactividad, dilatación de pupilas, vómitos, actitudes agresivas, cambios de humor inesperados, como pasar rápidamente de la euforia a la depresión, e incluso pueden provocar depresión crónica.

Las bebidas energizantes poseen diversas composiciones, siendo la sustancia característica de su formulación la cafeína, que tiene efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central.

Además de la cafeína, están compuestas en su mayor parte de azúcar, agua carbonatada, taurina, extracto de guaraná y otros estimulantes, que en combinación con el alcohol pueden provocar taquicardia, arritmia, fallas cardiopulmonares e incluso una muerte súbita.

El Comité Científico de la Alimentación de la Unión Europea emitió un informe en 2003 donde indica que los jóvenes que no suelen consumir habitualmente té o café y que sustituyen estas sustancias por bebidas energizantes, ante el aumento en el consumo de cafeína pueden experimentar cambios transitorios de conducta, como irritabilidad, nerviosismo o ansiedad.

El comité hizo notar que los efectos de la acción de los elementos constituyentes de las bebidas energizantes aún no han sido suficientemente estudiados.

Reitero: en países europeos como Francia, Dinamarca y Noruega, las bebidas energizantes solamente pueden ser adquiridas en farmacias.

En Francia, la Agencia de Seguridad Sanitaria de los Alimentos ha decidido optar por una actitud preventiva, dado que aún no se conocen los efectos de largo plazo en el organismo humano de la taurina y de otro de sus componentes, la glucuronolactona, ante ciertos estudios que siembran dudas sobre la inocuidad de este producto.

En 2003, la agencia divulgó un trabajo realizado tras suministrar a ratas bebidas energizantes compuestas de cafeína, taurina y glucuronolactona. En los animales estudiados aparecieron disminuidos los niveles de calcio, de proteínas y de plaquetas en sangre. Asimismo, aparecieron afectadas la tiroides y las glándulas suprarrenales. Por último, se señalaba que los roedores estudiados sufrían hipersensibilidad al ruido y adoptaban comportamientos violentos de automutilación.

Se ha desvirtuado el uso de estos productos, por lo cual resulta necesario tomar medidas adicionales al respecto.

Por ello presento ante ustedes, compañeros parlamentarios, esta iniciativa para llenar el vacío legislativo existente en materia de “bebidas estimulantes”, legislando sobre su comercialización y publicidad, restringiendo el acceso a ellas por menores de edad, con el establecimiento de las responsabilidades que caben a los infractores, ante los daños que puede ocasionar a la salud de la población, en particular a los jóvenes y adolescentes, el consumo de esta clase de bebidas.

Su publicidad debe ser regulada y sus envases hacer constar en lugar visible, con caracteres destacados, que contrasten con los colores de fondo y de tamaño sobresaliente, las siguientes leyendas:

• “Prohibida su venta a menores de 18 años”;

• “El consumo con alcohol es nocivo para la salud”;

• “Este producto contiene cafeína en dosis elevadas y sustancias estimulantes. Su consumo en exceso puede producir afecciones cardiacas”;

• “No usar en caso de embarazo, lactancia o en niños”;

• “Consulte a su médico”; o

• “Mantener fuera del alcance de los niños”.

En virtud de que en cualquier centro comercial ofrecen muestras de pruebas a todo público, incluidos niños, se propone restringir su venta y que se habilite a las farmacias para venderlas.

Queda prohibida su venta a menores de edad. El establecimiento que no cumpla lo dispuesto será acreedor al decomiso, multa y demás medidas de apremio que considere la autoridad competente.

Por otra parte, en virtud que el 30 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para el Control del Tabaco y, por ende, los artículos 188 a 190 del capítulo III, título undécimo, de la Ley General de Salud, correspondientes al programa contra el tabaquismo, quedaron derogados, se considera pertinente por técnica legislativa regular en ese apartado la denominación de dicho capítulo, titulado “Programa para regular la Venta y Comercialización de Bebidas Energizantes”, por tratarse un título que regula “las adicciones”, ya que tales “bebidas energizantes” o “estimulantes” –se ha comprobado– pueden causar adicción.

Conforme a lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reforman los artículos 188 a 190, y se adicionan los artículos 190 Bis a 190 Quintus del capítulo III del título décimo primero de la Ley General de Salud, a fin de regular la venta y comercialización de bebidas energizantes, para quedar como sigue:

Capítulo IIIPrograma para regular la Venta y Comercialización de Bebidas Energizantes

Artículo 188. A los efectos de la presente ley se definen como bebidas energizantes o estimulantes todas las bebidas, gasificadas o no, que en su composición contengan cafeína en un nivel igual o superior a 20 miligramos por cada 100 mililitros. Estas bebidas no podrán ser consideradas suplementos dietarios o alimentarios.

Artículo 189. Se prohíben en todo el territorio de la República Mexicana la promoción, comercialización, distribución onerosa o gratuita de muestras o envases originales, expendio o suministro a cualquier título de las bebidas indicadas en el artículo 188 en locales bailables, de recreación, salas de espectáculos, bares, restaurantes o cualquier otro lugar de acceso público donde la comercialización y el consumo de alcohol sean habituales, así como también de todo otro local comercial, con excepción de los habilitados como farmacias.

Artículo 190. Se prohíbe la venta a los menores de 18 años de las bebidas comprendidas en el artículo 188 de la presente ley.

Artículo 190 Bis. Las bebidas energizantes o estimulantes que se comercialicen en el territorio nacional deberán hacer constar en sus envases esta denominación y llevar, en lugar visible, con caracteres destacados, que contrasten con los colores de fondo y de tamaño sobresaliente, las siguientes leyendas: “Prohibida su venta a menores de 18 años”, “El consumo con alcohol es nocivo para la salud”, “Este producto contiene cafeína en dosis elevadas y sustancias estimulantes. Su consumo en exceso puede producir afecciones cardiacas”, “No usar en caso de embarazo, lactancia o en niños”, “Consulte a su médico” o “Mantener fuera del alcance de los niños”.

Artículo 190 Ter. La publicidad y promoción de consumo de las bebidas energizantes o estimulantes, por cualquier medio, quedan sujetas a las siguientes restricciones:

a) No deben asociarse directa o indirectamente al consumo de bebidas alcohólicas.

b) No deben presentarse como productoras de bie-nestar o salud.

c) Su consumo no debe vincularse con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida intelectual, afectiva o sexual de las personas, o en actividades deportivas, o hacer exaltación de prestigio social, virilidad o feminidad.

d) En el mensaje no deben participar, en imágenes o sonidos, personas menores de dieciocho años.

e) Deben incluir las leyendas establecidas en el artículo 190 Bis.

Artículo 190 Quáter. El incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 189 de la presente ley será sancionado con decomiso de la mercadería, multa o clausura de los establecimientos infractores. La autoridad de aplicación establecerá los montos por aplicar en concepto de multa y los plazos de clausura, de acuerdo con la gravedad y la reincidencia en la falta.

Artículo 190 Quintus. La Secretaría de Salud es la autoridad responsable y se coordinará con las respectivas delegaciones y autoridades municipales para tomar las medidas necesarias que hagan efectivo el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

La Secretaría de Salud enviará un informe trimestral a la Cámara de Diputados sobre las acciones ejercitadas y el cumplimiento de lo dispuesto en la ley y por conducto de la Comisión de Salud emitirá sus observaciones al respecto a más tardar 30 días hábiles contados a partir de la correspondiente entrega. Dichas observaciones tendrán que ser cumplidas por la Secretaria de Salud.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Las bebidas energizantes, ¿posible nueva dependencia?, Víctor Hugo Cano Bedoya, psicólogo USB.

2 La Crónica de Hoy, martes 31 de octubre de 2006.

3 La Crónica de Hoy, sección “La Cuarta”, 11 de marzo de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.— Diputados: Víctor Manuel Báez Ceja, María Araceli Vázquez Camacho, Silvia Puppo Gastelum, José M.Torres Robledo, José María Valencia Barajas, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Javier Corral Jurado, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Se turna a la Comisión de Salud.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano:Con su venia, diputado presidente.

Antes de iniciar mi intervención, enviar un fraternal saludo a las organizaciones de la sociedad civil, a empresarios y a dependencias de gobierno que, en el marco del inicio de la COP, este próximo lunes llevarán adelante una labor importante respecto de cultura del agua allá en la explanada de la delegación Iztapalapa. Mis mejores deseos.

Acudo a esta tribuna a exponer y sensibilizar a mis compañeras diputadas y compañeros diputados sobre un tema que en el discurso es con manera frecuente defendido. Sin embargo, no nos hemos percatado o no nos hemos tomado el tiempo necesario para debatir sobre la menor manera de incluirlo y para que finalmente se cristalice en la Ley de Aguas Nacionales. Me refiero al tema de poder infiltrar el agua.

No es necesario, aunque traía un gran estudio completo de números sobre cómo se vienen terminando los mantos acuíferos. Creo que las consecuencias las estamos observando todos, desde agrietamientos, desde hundimientos y algunos asociados a la agricultura, en donde al problema del cambio en el ciclo de la agricultura que está generando el cambio climático ahora se suma un fenómeno que estoy seguro que en el futuro se va a estudiar. Es cómo es que los suelos se vuelven más permeables y, además, que la humedad inicial con la que inician las cosechas se agota.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo de un lugar en donde la escasez y la calidad del agua ha sido una constante. Me tocó ser elegido diputado federal por Iztapalapa, un lugar en donde con mucha frecuencia hemos visto en carne propia el costo de la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

Por eso es que una deuda con mis electores es traer a esta tribuna este tema, para pedir que se pueda reformar la Ley de Aguas Nacionales.

Con el tiempo que me queda, brevemente, intentaré leer los agregados que se tendrían que hacer a los artículos de la Ley de Aguas Nacionales.

En cuanto a lo que se refiere al artículo 6, éste a su letra dice, en su fracción VII, artículo 6, repito: aprobar el Programa Nacional Hídrico conforme a lo previsto en la Ley de Planeación y emitir políticas y lineamientos que originen la gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y de los recursos hídricos. Hasta aquí llega el texto.

Qué propongo que se agregue: Considerándose a la extracción, distribución, reuso e infiltración de aguas urbanas como parte integral del manejo sustentable de los recursos hídricos. Ésta es una manera de poder hacer justicia y de poder plasmar en la ley esta necesidad de filtrar el agua.

En el artículo 7 en la fracción VI, también pretendo que se agregue una leyenda más, aquí no voy a leer el artículo, sólo voy a leer lo que se agregaría: Así como sistemas para la infiltración de aguas urbanas y residuales.

En el artículo 7 Bis en la fracción sexta, también pretendo que quede de la siguiente manera, dice a la fecha: el control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales y del subsuelo.

Propongo que se agregue: De igual manera el reuso de las aguas urbanas residuales, mediante previo tratamiento o infiltración, para reabastecer los mantos acuíferos.

Éste es el tono en el que va la reforma, que los invito a poder leer desde luego, y a quienes lo han leído los invito a aprobar.

Propongo que se reforme el artículo 9 en su fracción XIII. El artículo 12 Bis 6 en su fracción VII. El artículo 13 Bis 3 en su fracción XVI. El artículo 14 Bis en su fracción V. El artículo 22, que me parece importante, porque en éste propongo algunos estímulos fiscales. De tal suerte que la reforma que hoy traigo, no requiere de un horizonte de presupuesto sino simplemente contempla el poder estimular.

Con esto voy a concluir, la autoridad del agua establecerá estímulos fiscales en el pago de derechos a aquellos usuarios cuyas descargas de agua residual, previo tratamiento de acuerdo con las normas de calidad correspondientes se destinen a la infiltración individual de los acuíferos.

Por amor a la tierra filtremos el agua. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD

Eduardo Mendoza Arellano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente

Exposición de Motivos

La historia de la humanidad ha girado siempre alrededor del agua, no sólo como condición de sobrevivencia, sino como factor determinante del desarrollo de los pueblos. No es casualidad que todas las grandes culturas se hayan desa-rrollado en sitios con abundancia de agua.

La situación del agua en México, es uno de los problemas más urgentes a los que hace frente la sociedad. Dicho recurso ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo regional y nacional, ya que durante décadas el uso expansivo del agua en irrigación, ciudades e industrias, ha estado supeditado al desarrollo de infraestructura hidráulica; sin embargo, el crecimiento de la población y la urbanización han incrementado el número en las demandas de agua, por lo que han surgido conflictos entre los usuarios urbanos y rurales, entre ciudades vecinas y, de manera más frecuente, entre los estados y las regiones vecinas.

Las brechas crecientes entre quienes tienen acceso al servicio de agua con los que no lo tienen, el mayor deterioro de la calidad del agua en los ríos y lagos, la degradación de los servicios de suministro de agua debida al deficiente mantenimiento de las instalaciones, así como a la poca capacidad tanto técnica como administrativa de las organizaciones encargadas de proporcionarlos; amén del desperdicio de agua o las prácticas de uso ineficiente del recurso, constituyen, entre otras cosas, problemas que exigen nuevos planteamientos para la regulación y administración del agua en México.

La tradición hidráulica nacional se remonta al México prehispánico, donde la relación con el agua no era solamente de índole religiosa, sino que también estuvo asociada a los quehaceres diarios de sus pueblos.

La íntima relación entre el desarrollo socioeconómico-obra hidráulica queda plenamente ejemplificada en la vida de las culturas del valle de México, con sus acueductos, sistemas de riego, sus chinampas así como el complejo hidráulico de la gran Tenochtitlán para el control de avenidas y la navegación; de esta manera el agua como condición primordial para el establecimiento de los asentamientos humanos en el periodo prehispánico es de tal relevancia como lo demuestra el que los antiguos habitantes de la gran ciudad de Tenochtitlán hayan decidido establecer la capital de su imperio en la zona lacustre del valle de México, en contraparte los problemas que en relación al agua ha enfrentado la ciudad desde ese entonces han sido innumerables; Así como lo fueron el que los conquistadores hayan decido fundar sus ciudades mineras en zonas áridas que no contaban con el vital liquido en cantidades requeridas para el suministro de sus poblaciones teniendo que traerlas de grandes distancias.

Como puede observarse el agua como elemento vital para la subsistencia del ser humano y el desarrollo de las civilizaciones, ha llevado, a través de la historia de nuestro país, a realizar grandes construcciones para el abastecimiento del agua, esto último se ha logrado cada vez con mayor trabajo y también con mayores costos; sin embargo el agotamiento de los medios tradicionales de abastecimiento como lo eran lagos, lagunas, ríos, entre otros, ha hecho cada vez más difícil la obtención del preciado recurso, lo que ha llevado a la explotación sin control de los mantos acuíferos.

Se calcula que en los últimos 40 años, los acuíferos en México han sido sobreexplotados y a pesar de esto se sigue extrayendo agua a un ritmo de 5 mil 400 millones de metros cúbicos por año.

De acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tenemos en el país 653 acuíferos, de los cuales 104 se encuentran sobreexplotados. Los acuíferos del Valle de México, los acuíferos de la laguna, los acuíferos en el estado de Chihuahua y en general muchos de los acuíferos asociados a los distritos de riego son los que están más sobreexplotados

Esta sobreexplotación ha ocasionado la pérdida de ecosistemas, asentamientos, agrietamientos en la superficie, contaminación del agua subterránea, la intrusión de salinidad en acuíferos costeros además de un incremento en los costos de extracción.

México cuenta con una red hidrográfica de 633 mil kilómetros, donde destacan 50 ríos principales por los que fluye el 87 por ciento del escurrimiento superficial y cuyas cuencas cubren 65 por ciento de la superficie nacional. De entre estos, el Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago, así como el Tonalá, representan dos terceras partes del escurrimiento superficial, sus cuencas cubren 22 por ciento del territorio nacional. Se comparten cuencas con Estados Unidos (Bravo, Colorado y Tijuana), Guatemala (Grijalva-Usumacinta, Suchiate, Coatán y Candelaria); con Belice y Guatemala (Hondo).

El agua subterránea proporciona 37 por ciento del volumen total concesionado para usos consuntivos. Se consideran sobreexplotados los acuíferos cuya extracción es mayor que su recarga total en un periodo determinado; en esta condición para el año 2007 se tienen 101 acuíferos

La sobreexplotación de los mantos acuíferos revela que estos no están siendo administrados de manera racional y sustentable; el concepto de gestión hidráulica es de reciente cuño por lo que inicia el desarrollo en nuestra sociedad de una cultura del agua que abarque no sólo la obtención y distribución de los recursos hidráulicos, sino que aparejados al ciclo del agua se contemple el reuso, recirculación, así como la infiltración del agua, como actividades necesarias en la conservación de esta fuente de vida.

El agua subterránea es un recurso natural vital que es seguro para el suministro de agua potable tanto en el medio urbano como rural, jugando un papel fundamental (pero frecuentemente poco apreciado) en el bienestar del ser humano y de muchos ecosistemas acuáticos.

Las aguas subterráneas se originan principalmente por exceso de precipitación que se infiltra directa o indirectamente en la superficie del suelo.

Así la filtración de aguas es un proceso por el cual el agua penetra por la superficie del suelo  llegando hasta sus capas inferiores, alimentando los mantos acuíferos para su recarga y posterior reutilización, cerrando de esta manera el ciclo hidrológico.

Sin embargo las actividades humanas en la superficie pueden constituir una amenaza a la calidad del agua subterránea. La contaminación de los mantos acuíferos ocurre cuando la carga de contaminantes sobre los subsuelos generados por descargas o lixiviados de actividades urbanas, industriales, agrícolas o mineras no es controlada adecuadamente, de tal manera que ciertos componentes exceden la capacidad natural de atenuación del subsuelo y estratos subyacentes.

A escala mundial, los acuíferos (definidos como formaciones geológicas que contienen recursos hídricos utilizables) están experimentando una creciente amenaza de sobreexplotación causada por la urbanización, el desarrollo industrial, así como las actividades agrícolas y mineras.

El agua potable en términos per cápita disminuye a pasos agigantados, toda vez que en el mundo, el consumo se duplica cada 20 años, ritmo poco más de dos veces mayor al crecimiento de la población.

Se prevé que la demanda de agua para usos industriales aumente si seguimos creciendo como en la actualidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente 31 países padecen escasez y más de mil millones de personas carecen de agua potable; de igual manera está previsto que hasta dos terceras partes de la población mundial padecerán graves problemas de escasez. La tercera parte restante se verá casi totalmente privada del vital líquido.

Estas cifras las confirma la Organización Mundial de la Salud, al informar que 1.1 millones de personas no tienen acceso al agua potable, el 17 por ciento de la población mundial, siendo los más afectados los países del continente asiático y africano.

Asimismo, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), más de dos mil millones de personas de los países más pobres carecen de infraestructura básica (alcantarillado o drenaje), esto es, 42 por ciento de la población mundial.

La explotación irracional de este recurso y el agotamiento de los mantos acuíferos se han convertido en graves problemas para las regiones mayormente agrícolas del mundo.

El vital líquido destinado a la agricultura representa el 65 por ciento del consumo total, mientras que el 25 por ciento lo absorbe la industria y el 10 por ciento los hogares.

En el caso de México, existe un gran desequilibrio entre disponibilidad de agua-actividad económica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las zonas norte, centro y noroeste, donde se aglutina 77 por ciento de la población en las que se genera 87 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), registran únicamente 31 por ciento del agua potable, mientras que las regiones sur y sureste, donde habita 23 por ciento de la población, se produce el 13 por ciento del PIB, concentrándose 69 por ciento. En 30 años el número de mantos acuíferos sobreexplotados ha ido en aumento; en 1975 había 32 en esta situación; actualmente existen 104 de un total de 653. Uno de los problemas más conocidos y, aunque no el único, respecto al desabasto de agua, es el de la Ciudad de México.

Sin embargo, existe una gran cantidad de comunidades rurales y algunas urbanas en donde carecen del vital liquido, es irregular y/o no tiene un suministro del 100 por ciento. En promedio, el país registra 90 por ciento de cobertura de agua potable, mientras que los países europeos desarrollados cuentan con un abastecimiento total.

Chiapas figura como el estado que concentra alrededor de 30 por ciento del agua dulce del país, pero 25 por ciento de sus viviendas carece de agua entubada.

En suma, estos simples indicadores nos señalan que debemos empezar por redefinir nuestra relación con este recurso y reconocer su importancia en el seno de la naturaleza y la sociedad. El agua debe ser considerada como elemento vital para el desarrollo de las comunidades, esencial para la supervivencia del ser humano. Disponer de agua potable suficiente debe considerarse un derecho fundamental; su conservación debe ser prioridad para cualquier estado, encuéntrese ésta en ríos, mares, o bien en mantos acuíferos.

Existe una gran necesidad de llevar a cabo campañas y acciones prácticas destinadas a proteger la calidad natural del agua subterránea (que por lo general aún se encuentra sin contaminar), las cuales se pueden justificar sobre la base tanto de criterios de sustentabilidad ambiental e incluso como el de traer aparejados beneficios económicos. La infiltración de aguas residuales mediante su previo tratamiento es una de las medidas que coadyuvarían a recuperar el nivel de los mantos acuíferos ante la sobreexplotación a la que están siendo sometidos.

Al respecto la Ley de Aguas Nacionales se refiere de manera difusa e inconexa al concepto de infiltración, sin darle mucha importancia al tema dentro de las políticas hídricas.

De esta manera, el sentido de esta iniciativa tiene por objeto considerar a la infiltración de agua como una medida que coadyuve a mantener sin abatimiento los niveles de los mantos acuíferos mediante su recarga natural o artificial utilizando las técnicas de las que se dispone en la actualidad, ya que al considerar esta acción como de utilidad e interés público se establece en el futuro inmediato la obligación de llevar a cabo acciones y estudios necesarios para el desarrollo de técnicas que mejoren esta actividad que permitan abaratar los costos de operación.

Por otra parte, y con el propósito de incentivar que los usuarios de títulos de concesión lleven a cabo la infiltración de sus aguas residuales de manera artificial mediante las normas de calidad establecidas al respecto; se establecen estímulos fiscales que les permitan realizar esta actividad sin detrimento de sus economías, de tal manera que se dé un uso sustentable del recurso hídrico.

Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa

De decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo primero. Se reforman y adicionan los artículos 6 fracción VII; 7 fracción VII; 7 BIS fracción VII; 9 fracción XIV; 12 Bis 6 fracción VIII, 13 Bis 3 fracción  XVII y 14 bis 5 fracción XII, 22 inciso e) segundo párrafo, 28 fracción VII BIS, 96 BIS 2 fracciones VII y VIII

Para quedar como sigue

Artículo 6. Compete al Ejecutivo federal:

I. a VI. ...

“VII. Aprobar el Programa Nacional Hídrico, conforme a lo previsto en la Ley de Planeación, y emitir políticas y lineamientos que orienten la gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y de los recursos hídricos, considerándose a la extracción, distribución, reuso, e infiltración de aguas urbanas como parte integral del manejo sustentable de los recursos hídricos.”

Artículo 7. Se declara de utilidad pública

I. a VI. ...

“VII. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación, y el reuso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales así como sistemas para la infiltración de aguas urbanas residuales.”

Artículo 7 BIS. Se declara de interés público:

I. a VI. ...

“ VII. El control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales y del subsuelo. De igual manera, el reuso de las aguas urbanas residuales mediante previo tratamiento o infiltración para reabastecer los mantos acuíferos.”

Artículo 9 ...

I. a XIII. ...

“XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado, los de saneamiento, tratamiento, reuso e infiltración de aguas, los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente artículo; contratar concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los gobiernos estatales y, por conducto de estos, con los municipales o con terceros;”

Artículo 12 BIS 6...

I. a VII. ...

“VIII Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento, infiltración y reuso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones: en su caso, contratar o concesionar las prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los gobiernos de los estados o con terceros;”

Artículo 13 Bis 3. Los Consejos de Cuenca tendrán a su cargo:..

I. a XVI. ...

“XVII Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua, y en forma específica impulsar el reuso, la recirculación e infiltración de aguas;

Artículo 14 Bis  5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:

I. a XI. ...

“XII. El aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia y debe promoverse su reuso, recirculación e infiltración para reabastecer los mantos acuíferos.

Artículo 22.“La autoridad del agua” deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente.

a)  a  d)

e) Las condiciones particulares de descarga de agua residual a cuerpos receptores que hubieren sido dictadas por la autoridad.

...............

La autoridad del agua establecerá estímulos fiscales en el pago de derechos, a aquellos usuarios cuyas descargas de agua residual previo tratamiento de acuerdo a las normas de calidad correspondientes se destinen a la infiltración individual de los acuíferos

Artículo 28. Los concesionarios tendrán los siguientes derechos:

I. a VII. ...

VII Bis. Ser beneficiario de incentivos fiscales cuando el usuario destine las aguas a la infiltración previo tratamiento correspondiente.

Artículo 96 Bis 2. Se consideran como obras públicas necesarias que competen al Ejecutivo federal a través de la “Comisión”, las que:

I  a  VI

VII. Permitan llevar a cabo el aprovechamiento de aguas residuales mediante su reuso e infiltración a los mantos acuíferos.

VIII. Sean necesarias para el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Situación de los recursos hídricos, Estadísticas del Agua en México 2008. Sistema Nacional de Información del Agua.. www. conagua. com.mx

2. Ídem

3. http:inegi.org.mx prod_serv/contenidos/español/biblioteca

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.— Diputados: Eduardo Mendoza Arellano, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Sergio Lobato García, Alfredo Francisco Lugo Oñate, José María Valencia Barajas, Silvia Puppo Gastelum, José M.Torres Robledo, Samuel Herrera Chávez, José Ignacio Pichardo Lechuga, César Daniel González Madruga, Juan José Cuevas García, Ramón Merino Loo, Gastón Luken Garza, Inocencio Ibarra Piña (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.Diputado González Madruga, dígame.

El diputado César Daniel González Madruga(desde la curul): Puede preguntarle al diputado Mendoza si me puedo adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Mendoza, le preguntan que si puede aceptar que se adhieran a su iniciativa.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano:Es un honor, diputado Madruga.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputado González Madruga. También otros señores diputados que quieren adherirse pueden pasar a la Secretaría para hacerlo. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con el objetivo de incorporar en los contenidos de cada currículo escolar del nivel de enseñanza básico, la educación rural y las materias que fomenten las vocaciones regionales, y mejoren el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, en virtud de las siguientes consideraciones.

Conocerse a sí mismo todavía es el problema más difícil de una persona, pero ayudar a los niños y jóvenes a identificar sus talentos y habilidades, así como a conocer los recursos naturales y las posibilidades para vivir o a desarrollar independencia financiera de sus padres aún son tareas pendientes de la escuela.

La educación rural desapareció conceptualmente de la ley, en la práctica el sistema de educación básica actualmente no la considera como un contenido prioritario. Nunca antes tantos jóvenes se fueron en busca de una vida mejor. Siete de cada 10 migrantes tienen entre 15 y 24 años. En 22 mil ejidos de México el 70 por ciento de éstos, los jóvenes, están abandonando las actividades del campo, situación que incrementa el índice de migración hacia los Estados Unidos.

Durante los últimos 10 años se ha incrementado la cantidad de personas en situación de pobreza, llegando a ser superior a los 54 millones, siendo la pobreza alimentaria, con más de 20 millones de personas, la que mayor preocupación causa por ser una necesidad elemental.

Además, estamos perdiendo en forma muy acelerada el agua disponible, que es la base de la producción alimentaria y vemos con preocupación el incremento continuo de las importaciones alimentarias, en perjuicio de la planta productiva nacional, el empleo y el ingreso de los mexicanos.

Contrariamente a la falta de agua, el gasto anual en refrescos y otras bebidas asciende a 203 mil millones de pesos, sólo en refrescos se gastan 153 mil millones de pesos anuales.

México pierde cada año 540 millones de toneladas de suelo fértil y 247 mil millones de metros cúbicos de agua, que se van al mar sin ningún aprovechamiento.

Cada mexicano genera alrededor de 960 gramos de basura por día. A lo anterior hay que sumar la falta de cultura para el reciclaje y la separación de la basura, así como la afectación ambiental que ocasiona el hecho de que los rellenos sanitarios están superando su capacidad.

Vivir en la oscuridad del conocimiento debe ser una de las formas más condenables porque ello limita cualquier posibilidad de crear por lo menos las condiciones mínimas para contar con un entorno de vida favorable.

No estamos capacitando adecuadamente a las personas para la vida y el trabajo, para sobrevivir y vivir con dignidad. Más aún, no les damos opciones de vida a quienes, por diversas razones, entre ellas la escasez de recursos económicos y la falta de cobertura educativa tienen que dejar los estudios. La estadística señala a 83 de cada 100 que se inscriben a primaria. Tener hijos universitarios todavía sigue siendo una ilusión para millones de padres.

Las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos no forman parte de los contenidos del sistema educativo nacional. Lo que hacen los niños y jóvenes en sus hogares, en sus actividades económicas y productivas no tiene relación con lo que se enseña en las escuelas.

El problema de la educación es, además, de contenidos de calidad.

En razón de lo anterior es necesario actualizar el marco legal, aumentar la coordinación institucional, establecer políticas más claras y precisas, estrategias y plazos concretos, así como establecer indicadores de seguimiento, eficiencia y mayores y mejores presupuestos.

Señor presidente, le solicito se incluya de manera íntegra el texto de esta iniciativa, así como mi participación en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Francisco Alberto Jiménez Merino y Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Grupo Parlamentario del PRI

Sólo tenemos una oportunidad

de preparar a nuestros jóvenes para un futuro

que ninguno de nosotros puede predecir

¿Qué estamos haciendo con esa única oportunidad?

Stephen R. Covey

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a fin de incorporar en los contenidos del nivel de educación básico la enseñanza rural, así como la modificación de los planes y programas de estudio a fin de fomenten las vocaciones regionales y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, con el objetivo de que la educación que imparten en los planteles escolares del medio rural atienda de manera integral a los educandos, fomentando el arraigo de los educandos, en virtud de la siguiente:

Exposición de Motivos

Seis millones de mexicanos no saben leer ni escribir; 17 millones no han terminado la primaria y 10 millones no han terminado la secundaria; 33 millones de  mexicanos mayores de 15 años están en alguna de estas condiciones. El 75 por ciento de los productores del campo supera los 55 años. Más de 9 millones de personas en el medio rural  ganan menos de un salario mínimo y 10 millones no tienen ingresos registrados.

Más de 32 millones de mexicanos están actualmente inscritos al sistema educativo nacional; 4.2 en preescolar, 15 en primaria, 8.5 en secundaria, 5 en bachillerato y 2.2 en universidad.

De acuerdo a un estudio elaborado por la Universidad de las Américas, sólo 4 de cada 100 que se inscriben a primaria llegan a la universidad. El sistema educativo no ha preparado en forma suficiente a la población para la vida y el trabajo y esa situación es más grave en aquellos que no pudieron continuar sus estudios.

La educación es la única acción transformadora del ser humano y la que aporta la mayor cantidad de elementos para tener una vida digna.

Vivir en la oscuridad del conocimiento debe ser una de las formas más condenables, porque ello limita cualquier posibilidad de crear por lo menos las condiciones mínimas para contar con un entorno de vida favorable.

Más de 54 millones de pobres hay en México, 20 millones se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria, mas de 40 millones tienen algún grado de desnutrición, la obesidad y el sobrepeso afectan al 70 por ciento de los mayores de 15 años pero los contenidos educativos no incluyen la atención de este problema ni de los principales problemas de los más pobres. No sabemos qué comer; ni cuánto. Cabe mencionar que nuestra constitución política no incluye el derecho a la alimentación.

Como respuesta para atender el problema alimentario de México se han creado programas de carácter eminentemente asistencial, caritativos, que si bien han contenido el problema, lo que indudablemente es un logro, han retardado o cancelado el desarrollo de las familias.

Hace 11 años Oportunidades inició sus operaciones con 9 mil millones de pesos para atender a 2.5 millones de familias; actualmente cuenta con recursos por 45 mil millones de pesos y atiende a 5.5 millones de familias sin embargo, hay 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria.

Es contradictorio que cuando más recursos se aplican contra la pobreza más pobres tenemos. Lao Tsé lo expresó con gran sabiduría: si quieres que un hombre coma un día dale un pescado pero si quieres que coma toda la vida enséñalo a pescar.

No tener para comer es la preocupación de miles de millones actualmente en el mundo. Según estimaciones de Muahamad Yunus, el banquero de los pobres, más de 3 mil millones de seres humanos viven hoy con menos de dos dólares diarios pero de ellos, más de mil millones lo hacen con menos de un dólar.

Las diferencias entre ricos y pobres en el mundo son abismales. El 40 por ciento de la población concentra el 94 por ciento de los ingresos mundiales y al 60 por ciento solo le corresponde el 6 por ciento. Cada día los pobres son más consientes de esta situación y ello incrementa el riesgo de la convivencia social, crea escenarios favorables para una mayor delincuencia.

Además, estamos perdiendo en forma muy acelerada el agua disponible por cada mexicano, que es la base de la producción alimentaria y vemos con preocupación el incremento continuo de las importaciones alimentarias en perjuicio de la planta productiva nacional, el empleo y el ingreso de los mexicanos.

No podemos dejar de mencionar los aspectos más preocupantes en materia de recursos naturales, muestra de ello es que durante los últimos cincuenta años ha disminuido de manera preocupante la disponibilidad de agua al pasar de 11 mil metros cúbicos por persona a cuatro mil 547 metros cúbicos. Contrariamente, el gasto anual en refrescos y otras bebidas asciende a 203 mil millones de pesos; sólo en refrescos se gastan 153 mil millones.

La importación de alimentos supera el 33 por ciento de las necesidades nacionales de maíz; 65 por ciento de trigo; 75 por ciento de arroz y 95 por ciento de soya. Del 2008 a la fecha la importación de carne de bovino aumentó 440 por ciento; la de aves 280 por ciento; de cerdo 210 por ciento; de huevo 50 por ciento; 85 por ciento maíz; 44 por ciento sorgo.

El 80 por ciento de los productores son de autoconsumo, 15 por ciento son productores intermedios y un 5 por ciento son grandes empresarios. Sin embargo, los contenidos educativos no consideran las necesidades de estos segmentos mayoritarios de la población y sus problemas se agudizan.

Más de 4.5 millones de niños entre los 5 y los 11 años y el 70 por ciento de los adultos en México presentan sobrepeso; de 1980 a la fecha el porcentaje de hombres y mujeres con sobrepeso u obesidad se ha triplicado. La desnutrición afecta a más de 40 millones de mexicanos

La escolaridad nacional promedia 8.5 años. No estamos enseñando lo suficiente, ni del agua, ni de los demás recursos naturales como suelo, vegetación, aire y fauna. Se nos acabaron los peces en los ríos, la vegetación en los montes, estamos perdiendo el suelo a una velocidad de 2 mil 500 kilogramos de tierra fértil por hectárea por año. Producir un kilogramo de maíz cuesta ecológicamente un kilogramo de suelo.

Estamos llenos de basura por todas partes; más de 800 gramos diarios de desechos sólidos generamos al día cada uno de nosotros y las aguas residuales están acabando con la poca agua limpia que aún nos queda. La tierra se está calentando peligrosamente, acercándose ya a dos grados centígrados.

No estamos enseñando planes de vida, no enseñamos a reconocer los recursos naturales a partir de los cuales se sustentará la vida de nuestros jóvenes. No hay información para una sexualidad responsable y segura. Cada vez los embarazos se presentan a edades más tempranas. Pero tampoco hay información para desarrollar independencia financiera de los jóvenes.

La pobreza en la que se encuentran sumidos más de la mitad de los mexicanos, la falta de empleo de 2.5 millones, los bajos ingresos de las personas, la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso, el deterioro ambiental, la perdida de los recursos naturales, la inseguridad pública, la baja productividad del campo, los altos niveles de importación de alimentos y tecnologías y la creación de un futuro mejor para las nuevas generaciones, todavía son tareas pendientes de la educación en México.

Por ello, es necesario actualizar el marco legal, aumentar la coordinación institucional, políticas más claras y precisas, estrategias y plazos concretos, así como establecer indicadores y mayores presupuestos.

Pero fundamentalmente se requiere conocimiento del problema y voluntad política para resolverlo. La educación no resolverá todos los problemas de México, pero es responsable de una gran parte de las soluciones a éstos.

En general se propone que el futuro ciudadano tenga elementos para; Identificar, aprovechar y manejar racionalmente los recursos naturales disponibles en su entorno, identificar sus talentos y habilidades, aprender una lengua extranjera, aprender computación, reconocer y adoptar valores cívicos.

La educación en el medio rural enfrenta una serie de problemáticas que han dificultado el desarrollo pleno del campo y entre las principales dificultades que se presentan se pueden mencionar:

• Bajos niveles de escolaridad en el campo. Ejemplo de ello es que los beneficiarios del Procampo sólo alcanzan 3.3 años de estudio y los. Jornaleros Agrícolas 3 años. En lo que respecta a la enseñanza la poca relación entre contenidos educativos; necesidades familiares y necesidades del sector, dificulta el desarrollo del sector agropecuario.

• Educación informativa y poco formativa, altamente orientada hacia la agricultura empresarial. Menosprecio por el minifundio, el patio rural y la economía social. La economía familiar no forma parte de la currícula de los sistemas educativos.

• Formación de todólogos poco vinculados con las comunidades y los productores. Escasez de profesionistas ejecutores; graves problemas de diagnóstico y ausencia de planeación institucional.

• Poco interés de los jóvenes en las profesiones rurales y en las actividades del campo. Altos niveles de desempleo de profesionistas y bajos ingresos de los empleados. Subutilización de las parcelas escolares.

De igual forma, es imperativo que los contenidos educativos en el nivel básico dirigidos a la promoción de las actividades agropecuarias, sean un mecanismo que permita, entre otras cosas:

• Enseñar a reconocer y aprovechar racionalmente los recursos disponibles.

• Conocer las actividades productivas de las comunidades y regiones.

• Identificar los problemas ambientales, productivos y socioeconómicos.

• Identificar las actividades productivas potenciales de comunidades y regiones.

• Generar y difundir información sobre la demanda de los mercados.

• Identificar, conformar y fortalecer sistemas producto,  cadenas productivas, clústeres y cadenas de suministro. Crear modelos integrales repetibles.

• Desarrollar modelos de autoproducción alimentaria como condición para generar excedentes y generar ingresos.

• Ayudar a los niños y jóvenes a identificar y desarrollar talentos y capacidades.

• Enseñar el conocimiento de una lengua extranjera y computación como herramienta de trabajo.

• Formar personas que antes de 20 años tengan independencia financiera.

• Formar líderes y profesionistas ejecutores, que hagan mejores productores.

En lo que se refiere a los elementos que deben ser considerados para integrar las materias a impartir, se pueden mencionar los siguientes:

• En el caso del nivel primaria: Valores morales; sociales y patrios; Producción familiar de alimentos para el autoconsumo, productividad, agroecología y agricultura orgánica; Importancia del agua, suelo, vegetación y fauna; composteo y uso de materia orgánica como abono; Separación, rehúso y reciclaje de residuos sólidos; Recorridos de campo a unidades de producción exitosas en su región; aprovechamiento integral del traspatio; conceptos elementales y técnicas básicas de producción en la agricultura, acuacultura y ganadería; Crear centro demostrativo en la parcela escolar.

• Para la enseñanza de secundaria: Motivación y desa-rrollo humano; El ciclo del agua, la importancia de cuidar este recurso y su relación con la conservación del suelo; ampliar y reforzar los aspectos técnicos de la producción de alimentos para su aplicación en módulos demostrativos; introducción a las cadenas productivas y comercialización de productos agropecuarios; autodescubrimiento y orientación vocacional; establecimiento y manejo de unidades demostrativas de producción agropecuaria y acuícola en la parcela escolar; paquetes tecnológicos aplicados en la agricultura, acuacultura y ganadería; construcción de obras agrícolas, acuícolas y ganaderas; mejoramiento parcelario y reductivo; elaboración de perfiles de proyectos productivos; establecimiento de agronegocios a nivel individual, familiar o escolar; Independencia financiera;  y el desarrollo de artes y oficios.

En razón de lo anterior, se pone a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Único . Se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley General de Educación, asimismo, se agrega la Sección 2 Bis. De la Educación Rural, al Capítulo IV Del Proceso Educativo, quedando de la siguiente manera:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado...

I. Promover el desarrollo integral del individuo para que identifique y desarrolle plenamente sus capacidades y pueda tener una vida digna.

II. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas;

III. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;

IV. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;

V. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

VI. Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua  y español.

VII. Diseñar, promover y fomentar la educación rural, implementando las acciones necesarias que permitan el desarrollo regional sobre la base de la enseñanza y fomento de las vocaciones regionales rurales, impulsando el desarrollo pleno de las personas que habitan en las comunidades rurales del país.

VIII. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;

IX. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones ypropiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos;

X. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas;

XI. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la nación;

XII. Estimular la educación física y la práctica del deporte;

XIII. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XIV. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el de-senvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad,

XV. ...

XVI. Fomentar y resaltar el valor de lasactitudes solidarias, la importancia del trabajo, de la organización, así como las acciones conjuntas, el ahorro y el bienestar general,  que les permita tener una vida digna.

XVII. Fomentar los valores y principios del cooperativismo.

XVIII. Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.

XVIII Bis. Promover y fomentar la lectura y el libro.

XIX. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.

XX. Estimular la educación física y la práctica del deporte, fomentar una mentalidad ganadora, el valor de la solidaridad y la importancia de ser el mejor.

XXI. Promover el reconocimiento e importancia de los recursos naturales: agua, suelo, vegetación, aire, fauna, la gravedad del deterioro ambiental, y otros temas relacionados con la protección y preservación del medio ambiente.

XXII. Fomentar la detección de talentos individuales en los adolescentes a fin de fortalecer sus habilidades.

XXIII. Promover la orientación vocacional adecuada a fin de que los menores puedan diseñar un plan de vida de mediano y largo plazo.

XXIV. Promover la enseñanza de lenguas extranjeras y nuevas tecnologías, como herramientas útiles para el trabajo.

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, atenderá prioritariamente los grandes problemas y necesidades nacionales –tales como la pobreza, la migración, la alimentación, empleo e ingreso, vivienda, abasto de agua, los trastornos alimenticios, la erosión del suelo, desarrollo tecnológico, el fomento de la producción agropecuaria, importaciones, energías alternativas, cambio climático, desarrollo sustentable, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

Artículo 10.La educación que impartan...

...

I. a VII. ...

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que identifiquen las habilidades y orienten al individuo hacia aquello que  le resulte más conveniente, a fin de que puedan desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, que eltrabajador pueda continuar capacitándose.

Artículo 12.Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. ...

I Bis.- Realizar un diagnóstico de la problemática nacional y establecer el Programa de Formación de Recursos Humanos que requiere el país, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. El cual deberá diseñarse y aplicarse en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social y Economìa.

II. y III....

IV.Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria y la secundaria, así como el que se usará en la enseñanza rural

V.Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, primaria y la secundaria, en los medios rural y urbano

VI.Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica, de igual forma, se debe procurar una formación especializada y diferenciada para aquel personal que se desempeñe en el medio rural.

Artículo 13.Corresponden...

I....

II.Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal así como la orientada a la educación rural y demás para la formación de maestros de educación básica;

Artículo 14. Adicionalmente...

I. ...

II.Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12, considerando los contenidos educativos que permitan el fomento y la enseñanza  orientada al medio rural.

VII. Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa; así como promover y establecer parcelas escolares para conservar la biodiversidad local e incentivar el desarrollo, valoración y transferencia de procesos productivos y tecnologías que impulsen el desarrollo comunitario.

Artículo 20.Las autoridades...

Se impulsarán acciones encaminadas a la capacitación sobre actividades rurales para aquellos maestros que impartan clases en zonas y regiones rurales, promoviendo e impulsando las vocaciones regionales que caracterizan a la entidad.

Artículo 32.Las autoridades...

De igual forma, contribuirán al fomento e implementación de un programa de estudio dirigido al medio rural, el cual permita el desarrollo pleno de las capacidades y potencialidades de los menores que habitan en dicho medio.

...

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XIV. ...

XV. Diseñar un programa de estudio avocado a atender a los alumnos que habitan en el medio rural, considerando las características regionales y las fortalezas de la entidad, a fin de impulsar el desarrollo regional que se traduzca en acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.

Artículo 38.La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a la problemática prevaleciente y a las necesidades de desarrollo, así como las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.

En el nivel básico se incluye la educación rural, la cual tendrá como base los contenidos programáticos y curriculares aprobados por el Consejo Nacional Técnico de la Educación y del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, y será complementada con asignaturas que fomenten y promuevan las vocaciones regionales de los alumnos, privilegiando la enseñanza de las actividades agropecuarias que se desarrollan en la entidad, otorgándole al alumno, los conocimientos básicos que le permitan realizar un mejor aprovechamiento de su entorno, el cual se traduzca en una mejora en su calidad de vida.

Artículo 39.En el sistema...

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades más importantes de las familias; agua, alimentos, vivienda, empleo e ingresos.

Artículo 43. La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. La misma se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como la formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población, promoviendo el desarrollo del empleo y autoempleo. Esta educación se apoyará en la solidaridad social.

Artículo 47.Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio.

I. a IV. ...

V. Se deberán incluir asignaturas relacionadas con las actividades agropecuarias que permitan una mayor vinculación y arraigo de los alumnos que estudian en el medio rural.

...

Artículo 48.La Secretaría...

...

...

De igual forma, en la propuesta de los contenidos regionales se deberá fomentar la enseñanza de asignaturas vinculadas con las actividades rurales, ello con el objetivo de fortalecer este tipo de educación, así como impulsar el desarrollo regional.

Sección 2 Bis. De la educación rural

Artículo 50 Bis. En el caso de la enseñanza rural, los contenidos educativos deberán estar integrados, en todo momento, por información sobre las necesidades prioritarias de las familias y los problemas comunitarios y regionales más importantes a fin de abordar sus posibles soluciones en las aulas.

Artículo 50 Ter. Los contenidos educativos incluirán, invariablemente, información sobre los factores para tener una vida digna, agua, alimentación, desarrollo de capacidades, higiene, salud, empleo, ingresos y vivienda.

Artículo 50 Quáter. Se deberá fomentar la capacitación para la vida y el trabajo, con énfasis en la motivación del ser humano, la identificación de los talentos y habilidades, tomando en cuenta a quienes no pueden continuar sus estudios.

Artículo 50 Quinto. La secretaría promoverá que cada comunidad se vincule en la enseñanza rural a través de la transferencia de la experiencia en la producción agropecuaria de la región, enseñándola en las aulas escolares.

Artículo 50 Sexto. La secretaría, en coordinación con las dependencias gubernamentales afines y los gobiernos locales y municipales, desarrollará el plan nacional de formación de recursos humanos, a fin de contribuir con el desarrollo del medio rural.

Artículo 50 Séptimo. Los contenidos educativos de la enseñanza rural deberán estar apegados a las tendencias nacionales e internacionales que propicien una mejoría en el dicho sector.

Artículo 50 Octavo. A partir del nivel secundaria, en los contenidos educativos se deberá fomentar el espíritu emprendedor y la enseñanza de actividades propias de la región, con el objetivo de otorgarle herramientas que le permitan desarrollarse de manera plena.

De igual forma, se considerará la enseñanza de la conservación y preservación de los recursos naturales; así como aspectos relacionados con la economía familiar, el minifundio y la producción agropecuaria en condiciones de adversidad, la incorporación productiva del patio rural, la producción alimentaria en pequeños espacios tecnificados, el trabajo en equipo y la división del trabajo en el campo, entre otros.

Artículo 50 Noveno. Con el objetivo de poner en práctica los conocimientos de la enseñanza rural, se fomentará la instalación productiva de la parcela escolar, la cual será el centro demostrativo que permitirá desarrollar, evaluar y transferir tecnología, con el objetivo de revertir el rezago regional.

Artículo 50 Décimo. En los contenidos educativos de la enseñanza rural se deberán incluir temas relacionados con el cuidado, conservación y aprovechamiento del agua; el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, la reforestación, el cuidado del suelo y la mejora parcelaria, a fin de dar sustentabilidad a las familias rurales y contribuir a mejorar el ambiente.

Artículo 70.En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

Este consejo realizará un diagnóstico municipal que permita vincular la educación a la solución de los principales problemas,gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio; propondrá un plan municipal de formación de recursos humanos a fin de contar en cada comunidad, en el corto, mediano y largo plazo con un grupo básico de profesionistas que incluya; un médico, un maestro, un arquitecto, un ingeniero civil, un ingeniero agrónomo, un abogado, un médico veterinario, un contador público, y los que se considere necesarios para su desarrollo;conocerá de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de educación básica del propio municipio; estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario; promoverá, en su caso, el establecimiento y operación de la parcela escolar para formar al educando en actividades productivas; hará aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la formulación de contenidos locales a ser propuestos para los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia escolar; promoverá la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares; promoverá actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa; podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados escolares; procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública y, en general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

Artículo 74.Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7, conforme a los criterios establecidos en el artículo 8o.

Se promoverá el uso intensivo de medios electrónicos de comunicación para la actualización y capacitación a distancia, tanto de los profesores como educandos y padres de familia, incorporando el uso de EDUSAT, Internet, teleaulas, radio y televisión.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal tiene un plazo de 180 días hábiles para adecuar el Reglamento de la Secretaría de Educación Pública.

Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los gobiernos de los estados, en el marco del Sistema Educativo Mexicano, contarán con un plazo de 180 días naturales para realizar las modificaciones necesarias que permitan la implementación integral del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre 2010.— Diputados: Alberto Jiménez Merino, Tomás Gutiérrez Ramírez, Juan José Cuevas García, Ramón Merino Loo, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, J. Guadalupe Vera Hernández, Jaime Sánchez Vélez, Kenia López Rabadán, Gloria Trinidad Luna Ruíz, Gastón Luken Garza, Arturo Zamora Jiménez, Yolanda del Carmen Montalvo López, Sergio Lobato García, José Alberto González Morales, Juan Pablo Jiménez Concha, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Sergio Tolento Hernández, Alfredo Francisco Lugo Oñate, José Antonio Aysa Bernat, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, María Sandra Ugalde Basaldua, María del Carmen Izaguirre Francos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Rubén Arellano Rodríguez, Armando Jesús Báez Pinal, José Francisco Rábago Castillo, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Laura Margarita Suárez González, Norma Leticia Orozco Torres  (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como lo solicita el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Javier Usabiaga, dígame, señor diputado.

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo(desde la curul): Si fuera usted tan amable de preguntar al diputado Jiménez Merino si nos permite adherirnos a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Jiménez Merino, ¿estaría usted de acuerdo?

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino(desde la curul): Con gusto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ha manifestado su anuencia, señor diputado, puede usted pasar. Y todos aquellos compañeros que quieran pasar a la Secretaría para adherirse a la propuesta del diputado Jiménez Merino.

Les informo, señoras diputadas y señores diputados, que nos visitan invitados del municipio de Ecatepec, estado de México, que han sido convocados por el diputado Martín Vázquez Pérez.

Igualmente damos la bienvenida a alumnos y maestros de la Universidad ETAC, campus Coacalco, invitados por el diputado Gerardo Fernández Noroña.

Así como a maestros y alumnos de la Universidad del Mar, estado de Oaxaca, a invitación del diputado Rosendo Marín Díaz.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada Novoa Mossberger.

La diputada María Joann Novoa Mossberger:Diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa que adiciona un párrafo primero al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El derecho positivo internacional ha recogido el derecho a la vida de diversas formas, como es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 3o. reconoce el derecho a la vida y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6o. hace lo propio.

En el mismo sentido lo hace la Declaración y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, siendo ésta última la que reconoce la vida desde la concepción en su artículo 4o. En el caso de las niñas y los niños la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, establece el derecho a la vida.

Por lo que toca a nuestro derecho interno tenemos que recurrir a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dilucidar la protección constitucional a la vida y después realizar un análisis vasto de la Carta Magna en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 llega a las siguientes conclusiones:

Dentro de los parámetros internacionalmente establecidos como mínimos de protección y garantía, y con un sentido de progresividad, el derecho a la vida debe ser regulado por el legislador nacional de conformidad con sus competencias y facultades.

Es indudable que los ministros observan en ésta y otras tantas resoluciones, la necesidad de que se legisle en la materia.

La evidencia científica, los razonamientos jurídicos, antropológicos y filosóficos, establecen claramente la preeminencia del derecho a la vida. La ausencia de un elemento escrito en el derecho nacional genera un sistema legal sujeto a interpretaciones.

Sirvan para robustecer esta propuesta los razonamientos de Jorge Adame Goddard, quien categóricamente afirma...

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada Novoa, permítame un segundo. Sí, diputada Incháustegui, ¿con qué objeto?

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Gracias, señor presidente. Simplemente sé que en el proceso legislativo esta iniciativa no está a discusión y que habría que turnarla a la comisión correspondiente, pero tengo una duda y quisiera pedirle respetuosamente a la proponente si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como usted lo ha dicho, diputada, no ha lugar en el momento de presentación de iniciativas. Si tiene usted algún comentario ya lo está usted haciendo, puede usted presentar otra iniciativa.

La diputada María Joann Novoa Mossberger:...enmendar la Constitución para que se ajuste a lo dictado por el derecho internacional e impedir toda posibilidad de suspender la vida sin duda será un gran avance para todos los mexicanos.

En la actualidad nuestra legislación adolece de un dispositivo...

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Permítame, por favor, diputada. Sí, diputada Incháustegui, dígame.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Para preguntarle a la proponente si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: ¿Acepta usted una pregunta, diputada Novoa?

La diputada María Joann Novoa Mossberger:No, diputado presidente, creo que el proceso es la presentación de la iniciativa y ya estará a su disposición en discusión cuando esté en proceso de dictaminación.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Continúe, diputada Novoa.

La diputada María Joann Novoa Mossberger: En la actualidad nuestra legislación adolece de un dispositivo garantista que siguiendo el principio de prevalencia de la vida sobre todas las cosas, proteja este derecho fundamental, hasta la muerte natural.

De ahí la importancia de incluir en la máxima norma de nuestro país el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, evitando con ello la privación antinatural de la vida e impulsando la plena dignificación del ser humano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se adiciona un párrafo primero al artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue.

Artículo 4o.: Toda persona tiene derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. El Estado garantizará la protección integral de los derechos del niño no nacido desde la concepción.

Presidente, le solicito de la manera más atenta se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Joann Novoa Mossberger, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, iniciativa que adiciona un párrafo primero al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos según la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El derecho a la vida es una condición del ser humano que se encuentra inherente a su naturaleza, es parte primaria y esencia del principio mismo de su existencia, pues su negativa representa a la vez la pérdida de las condiciones espontáneas que surgen del estado físico de la presencia del hombre y la mujer en el mundo. El hecho de iniciar un proceso de existencia con las singularidades de la condición de nuestro género, es en sí mismo, un estado o situación de surgimiento de derechos adheridos al individuo que por tener características biológicas particulares que lo hacen ser singular, individual, racional y trascendente, se encuentra bajo la protección de la naturaleza misma que lo ampara bajo un principio esencial de desarrollo de la especie, y establece la condiciones para que viva, crezca y se desarrolle.

Siendo el derecho a la vida el inicio de todo orden social, pues el proceso de asociación humana deriva precisamente del respeto a esta inalienable garantía, es fundamental su observancia, ahí se gesta el proceso de creación del ente social, del Estado mismo y del proceso natural de elevación del ser a los niveles máximos de trascendencia. No podemos entender la existencia de ningún otro derecho, sin la existencia y respeto del derecho a la vida, todos los demás son consecuencias del cumplimiento de esta garantía. El derecho a la libertad, la equidad de género, la salud, la educación, la propiedad y en general todas las garantías fundamentales, son consecuenciales y derivan de la preeminencia de la vida.

II. La misma condición natural del ser humano, lo obliga a trazar las normas que sean necesarias para respetar la vida desde su inicio, es decir desde que es concebida, no podemos pensar en una civilización respetuosa de su naturaleza humana, si no cuenta con los elementos jurídicos necesarios para defender la vida de los más vulnerables: los no nacidos. Al respecto, el licenciado Julio Antonio Hernández Barros, miembro distinguido de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación señala:

...el derecho a la vida es un derecho inalienable del ser humano desde su propia concepción y por ningún motivo puede ser limitado ni contar con excepción alguna...

Diversos filósofos, juristas y hombres de ciencia destacan la preponderancia del derecho a la vida, y existencia anterior al derecho escrito. Ministros de la Corte y académicos destacados de nuestro país así lo han sostenido, e incluso existen resoluciones de nuestro máximo tribunal que asientan la eminente protección del niño no nacido desde el momento de su concepción.

III. Bajo estas premisas, el derecho positivo internacional ha recogido el derecho a la vida de diversas formas, como es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 3, establece que:

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6, reconoce este derecho al precisar:

Artículo 6. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

En el mismo sentido lo hacen la Declaración Americana de los Derechos Humanos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo esta ultima la que reconoce la vida desde la concepción al establecer:

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

En el caso de las niñas y los niños, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, establece en su artículo 6 y 37 el reconocimiento del derecho a la vida. De manera complementaria los siguientes acuerdos internacionales también reconocen este derecho:

Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en su artículo 3; Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, principios 4, 5, 6 y 9; Convenios de Ginebra de 1949 en su artículo 3; Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, artículos primero y segundo; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, artículo primero, entre otros tantos.

Esta más que comprobado, que la comunidad internacional cuenta ya con protocolos que defienden este derecho fundamental, incluso cobra especial relevancia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce la existencia de la vida desde la concepción y por ende la necesidad de que los estados nacionales de América la defiendan desde ese momento. Sobre este caso, aunque la Suprema Corte de Justicia ha establecido que se trata de un dispositivo que no obliga a los Estados nacionales a establecer la defensa de vida desde la concepción, sí está plenamente reconocido que de forma potestativa sugiere a los Estados miembros defiendan la vida desde el momento que inicia, desde la concepción, y en este sentido México ha dado muestras claras de defender a la vida desde su inicio, ejemplo de ello tenemos gran cantidad de constituciones estatales que reconocen el derecho del no nacido, protegiendo a esos niños de los ataques que se pueden gestar contra su derecho a existir.

IV. Por lo que toca a nuestro derecho interno, tenemos que actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce explícitamente el derecho a la vida, se tiene que recurrir a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dilucidar la protección constitucional a la vida. La única alusión directa que se realizaba de este derecho se encontraba en su numeral 14, que a la letra señalaba:

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Como podemos evidenciar de su lectura el numeral expresamente establecía la prohibición de privar de la vida a alguien, y por ende consagraba el derecho a la vida, sin embargo hay que advertir que este dispositivo fue reformado por medio del decreto publicado el 9 de diciembre de 2005, para quedar con la siguiente redacción:

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

Con ello se eliminó la escasa protección positiva de la vida que se encuentra dentro de la Constitución federal, y deja de nueva cuenta un amplio campo para la interpretación, lo que constituye a todas luces una laguna que amerita ser saciada por este Poder Legislativo, pues no hay artículo que directamente establezca esta garantía primaria y determinante para la existencia de todos los demás derechos del hombre.

V. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de realizar un análisis vasto, gramatical y sistemático de la Carta Magna en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, llega a las siguientes conclusiones:

“...Dentro de los parámetros internacionalmente establecidos como mínimos de protección y garantía, y con un sentido de progresividad, el derecho a la vida debe ser regulado por el legislador nacional de conformidad con sus competencias y facultades...”

Continúa señalando y advirtiendo la laguna legal:

“...este Tribunal considera que lo único que podemos encontrar en la Constitución de manera expresa, son previsiones constitucionales que de manera positiva establecen obligaciones para el Estado de promocionar y hacer normativamente efectivos los derechos relacionados con la vida, por ejemplo el artículo 4º de la Constitución, que contiene previsiones relacionadas con la salud, el medio ambiente, la vivienda, a la protección a la niñez, a la alimentación y el artículo 123 que contiene disposiciones específicas para el cuidado de las mujeres en estado de embarazo y parto.”

Es indudable que los ministros observan en ésta y otras tantas resoluciones, la necesidad de que se legisle en la materia y se pueda establecer con presión los alcances de la garantía individual, es decir, deberá señalarse que la vida tiene un inicio y que está de acuerdo con las tesis científicas más elevadas y aceptadas, que establecen que inicia desde el momento de la concepción.

En cuanto al tema, el Tribunal citado estableció el siguiente criterio jurisprudencial donde se pronunció sobre la protección del derecho a la vida del producto de la concepción, y estableció la siguiente tesis jurisprudencial número P./J. 14/2002, lo siguiente:

“DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES. Si se toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4o. y 123, apartado A, fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión que dieron origen a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla, independientemente del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro, que del examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la propia Norma Fundamental, se desprende que establecen, el primero, la protección de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal Federal y Penal para el Distrito Federal, y los Códigos Civil Federal y Civil para el Distrito, se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser designado como heredero o donatario, se concluye que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales.” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XV, febrero de 2002, página 588.)

Con este criterio, la Corte reconoce la existencia ya de la vida jurídicamente hablando desde la concepción, y advierte en una interpretación sistemática que efectivamente la Constitución da derechos al niño no nacido, por lo que este criterio debe impulsarnos como Constituyente Permanente a dejar claramente establecido el derecho a la vida desde la concepción, con lo que mexicanos que están por nacer y los que ya nacieron tendrán una Carta Magna que con suma claridad que los proteja en cualquiera de las etapas de su crecimiento biológico, intelectual, emocional o social y hasta su muerte natural.

V. Por otra parte, tenemos que científicos de diversas nacionalidades, que son autoridades reconocidas en materia biológica, han expresado la existencia científica de la vida desde la concepción, por lo que todo Estado que tenga la calidad de democrático, debe garantizar a cualquier ciudadano la protección decidida de la ley, más aun cuando se trata de una persona en proceso de formación y crecimiento y que por estar indefensa, necesita en mayor medida la protección social y del Estado traducida en una ley que le garantice el derecho primario a la vida.

En este sentido tenemos que Jérome Lejeune, médico genetista francés, autor de grandes descubrimientos en las ciencias médicas, uno de los padres de la genética moderna, doctor honoris causa, miembro o laureado de numerosas academias, universidades o comunidades de intelectuales extranjeras, sobre el tema de la protección de la vida del no nacido se expresa:

“...Porque sabemos con certeza que toda la información que definirá a un individuo, que le dictará no sólo su desarrollo, sino también su conducta ulterior, sabemos que todas esas características están escritas en la primera célula. Y lo sabemos con una certeza que va más allá de toda duda razonable, porque si esta información no estuviera ya completa desde el principio, no podría tener lugar; porque ningún tipo de información entra en un huevo después de su fecundación. (...).

Pero habrá quien diga que, al principio del todo, dos o tres días después de la fecundación, sólo hay un pequeño amasijo de células. ¡Qué digo! Al principio se trata de una sola célula, la que proviene de la unión del óvulo y del espermatozoide. Ciertamente, las células se multiplican activamente, pero esa pequeña mora que anida en la pared del útero ¿es ya diferente de la de su madre? Claro que sí, ya tiene su propia individualidad y, lo que es a duras penas creíble, ya es capaz de dar órdenes al organismo de su madre.”

Como podemos evidenciar para esta autoridad científica en la materia, la vida tiene un origen en el momento mismo de la concepción, no deja lugar a dudas de ello y por tanto se cuenta con argumentos de primer orden para avalar la protección que el niño no nacido demanda. En este mismo orden de ideas, Javier Vega Gutiérrez, profesor titular de Medicina de la Universidad de Valladolid, España, señala:

“Los datos embriológicos permiten afirmar que desde la fecundación existe un individuo de la especie humana; existen varias características fundamentales que lo justifican:

1. Novedad Biológica. Nace algo nuevo al fundirse los núcleos de las células germinales; no se ha dado ni se dará una información genética exactamente igual. Ahí está escrito el color de los ojos, la forma de la nariz, etc. Se trata de un ser biológicamente único e irrepetible.

2. Unidad.Si se trata de una individualidad biológica, de un todo compuesto de partes organizadas, tiene que haber un centro coordinador; es el genoma el centro organizador que va haciendo que se den las sucesivas fases en esa novedad biológica de forma armónica.

3. Continuidad. No existe ningún salto cualitativo desde la fecundación hasta la muerte; no puede decirse que en un momento es una cosa y más adelante otra diferente; todo el desarrollo está previsto en el genoma. Desde la fecundación existe un individuo de la especie humana que se va desarrollando de manera continua.

4. Autonomía.Desde el punto de vista biológico, todo el desarrollo sucede desde el principio hasta el final de manera autónoma. La información para dirigir esos procesos viene del embrión mismo, de su genoma.

5. Especificidad. Todo ser vivo pertenece a una especie. El embrión, analizando su cariotipo, desde el primer momento pertenece a la especie homo sapiens.

6. Historicidad o biografía. Todo viviente tiene “una historia”, no es solamente lo que se ve en un momento dado, sino que todo viviente es lo que ha sido hasta ese momento y lo que será después.”

Estas características que encuentra el profesor establecen la existencia de un ser humano sujeto de derecho desde el inicio de su vida en el vientre materno, es decir, desde la concepción. Por otra parte, tenemos que el doctor Micheline M. Mathews-Roth, de la Escuela de Medicina de Harvard, autor de gran cantidad de estudios de materia embriológica y médica, en una comparecencia ante una subcomisión del Senado norteamericano, en abril de 1981, dijo categóricamente que la vida humana comienza desde la concepción. Así lo hicieron gran cantidad de prestigiados médicos y científicos que estuvieron en aquella ocasión en el Senado de los Estados Unidos, que concluyó con la expedición de leyes que defendían la vida desde el momento de la concepción.

El argumento de la vida desde la concepción se soporta aún mas en los peritajes medico emitidos por los doctores Jesús Kumate Rodríguez, María Cristina Márquez Orozco y Fabio Salamanca Gómez, quienes fueron llamados como peritos en la resolución de la controversia constitucional 146/2007 y su acumulada 147/2007, en donde los tres sostienen con argumentos científicos que la vida humana inicia desde la fecundación. Siendo ellos autoridades reconocidas en México en materia biológica, su comparecencia acredita la evidente existencia de una persona sujeta de derechos desde que es concebida y durante todo su desarrollo dentro del seno materno.

VI. Las posturas políticas de tres partidos políticos representados en el Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, durante la discusión y proceso de aprobación del decreto que reforma los artículos 22 y 14 de la Carta Magna, por medio de los cuales quedó abolida la pena de muerte en México, externaron su postura sobre la vida, en el cual todos coincidieron en la preponderancia que la preservación de la vida significa para el Estado Mexicano. Por ello existe un acuerdo toral en la necesidad de legislar por la vida, mismo que si fue coincidente en este dictamen, lo puede ser también en la declaratoria constitucional del derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.

VII. La evidencia científica, los razonamientos jurídicos, antropológicos y filosóficos, establecen claramente la preeminencia del derecho a la vida, la situación natural de su existencia, que por lo mismo y para tener ley acorde con los principios más elementales de la naturaleza humana se requiere el reconocimiento del derecho positivo interno, pues aunque existe ya internacionalmente una gama de dispositivos, la ausencia de un elemento escrito en el derecho nacional genera un sistema legal sujeto a interpretaciones que no necesariamente se apegan al respeto de la dignidad humana y que sí dan pie a lagunas que hoy en día está dejando sin defensa a las niñas y niños no nacidos, y se prestan a discusiones y debates que se disiparían con legislación precisa y pertinente.

Por otra, parte tenemos que la Corte misma advierte que el legislador tendría que establecer en la ley el derecho a la vida con sus consecuentes alcances, es por ello que proponemos el establecimiento expreso del derecho a la vida desde la concepción en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con ello se resuelve el debate sobre la protección legal de la vida en la Constitución, se tendría una norma más humana y respetuosa de la dignidad de todos los mexicanos, incluyendo a los mas indefensos que son los que están por nacer.

Sírvase para robustecer esta propuesta los razonamientos de Jorge Adame Goddard, quien categóricamente afirma:

“Enmendar la Constitución para que se ajuste a lo dictado por el derecho internacional e impedir toda posibilidad de suspender la vida, sin duda, será un gran avance para todos los mexicanos.”

En el mismo sentido se pronuncia Julio Antonio Hernández Barros, quien advierte de la necesidad de establecer en la Carta Magna un artículo que defienda la vida desde la concepción, en su propuesta el presenta una nueva redacción al artículo 4 donde quedaría señalado que “Todo individuo tiene derecho a la vida...”.

Todos estos razonamientos nos llevan a concluir en la obligación que como representantes tenemos de establecer en la Constitución el derecho a la vida desde la concepción, el ejemplo de esta garantía eminente humana ya nos los dieron diversas entidades federativas que establecieron en su Constitución estatal el derecho a la vida desde su inicio, y no solo eso, en Latinoamérica, Chile da un ejemplo de su entereza y avance en la protección de sus ciudadanos no nacidos al establecer dentro de su Constitución nacional, el derecho a la vida desde la concepción, pues este documento señala:

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:

1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer...”

Por otra parte, en Argentina existen esfuerzos legislativos destacados para proteger la vida del niño no nacido y así en los últimos años se presentó una declaratoria de los derechos del niño por nacer que en su artículo primero señala:

Declaración de los Derechos del Niño por nacer:

1. Se entiende por niño por nacer a todo ser humano desde el momento de la concepción, es decir, desde la penetración del óvulo por el espermatozoide, hasta el momento de su nacimiento.

Es por ello que resulta imperativo decidir por la protección de lo más humanitario, sagrado y natural que existe que es la vida, misma que tal y como expuse inicia desde la concepción, en este sentido es fundamental que tener en nuestra Constitución política un artículo que proteja el derecho a la vida de todas y todos los mexicanos desde la concepción.

VIII. Bajo el mismo rubro, se advierte que la dignidad del ser humano esta impuesta por derecho natural desde su concepción hasta su muerte natural, el derecho a la vida prevalece en todo momento de la existencia de hombre, carece de caducidad, es de carácter público, y por lo mismo, nadie puede ser privado de él, ningún ciudadano bajo ninguna circunstancia. El carácter natural, su inherencia a la calidad de ser humano, aun cuando fuera exógena al derecho positivo, es innegable que subsiste. Empero, en la actualidad nuestra legislación adolece de un dispositivo garantista que siguiendo el principio de prevalencia de la vida sobre todas las cosas, proteja este derecho fundamental hasta su fenecimiento natural, es decir, hasta la muerte natural. De ahí la importancia de incluir en la máxima norma de nuestro país, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, evitando con ello la privación antinatural de la vida e impulsando la plena dignificación del ser, el pleno goce de los derechos más elementales de las mexicanas y los mexicanos y, por supuesto, evitando a toda costa que una o un mexicano sean privados de la vida de forma ilegitima.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo primero al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. El estado garantizara la protección integral de los derechos del niño no nacido desde la concepción.

“Párrafos segundo al décimo ...”

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados deberán realizar las adecuaciones que correspondan a sus Constituciones locales, así como a su legislación secundaria en un plazo máximo de seis meses a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2010.— Diputados: María Joann Novoa Mossberger, Yolanda del Carmen Montalvo López, María Sandra Ugalde Basaldúa, Juan José Cuevas García, Rubén Arellano Rodríguez, Joel González Díaz, Armando Jesús Báez Pinal, Raúl Gerardo Cuadra García, J. Guadalupe Vera Hernández, Laura Viviana Agundiz Pérez, José Gerardo de los Cobos Silva, Tomás Gutiérrez Ramírez, José Francisco Rábago Castillo, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Arturo Ramírez Bucio, Gastón Luken Garza, Sergio Tolento Hernández, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como usted lo ha solicitado, se inserta el texto íntegro de su presentación en el Diario de los Debates y se inscribe en la Gaceta Parlamentaria. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Dígame, diputada Incháustegui.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para comentar que este derecho a la vida que se está proponiendo no está tomando en cuenta a la persona humana, aun cuando así lo diga, porque está otorgando derecho o está pretendiendo otorgar derechos de persona a una célula y está pasando por encima de los derechos de una persona constituida.

En la misma iniciativa que presenta la diputada Novoa, se utiliza el término, individuo, y el término de individuo no es propio para otorgárselo a una célula.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputada, no está a discusión, es solamente la presentación de la iniciativa, usted ya lo había mencionado. Dígame, diputada Quezada.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Diputado presidente, para solicitarle de manera respetuosa que se pueda ampliar el turno a la Comisión de Equidad y Género, debido a que hay una serie de iniciativas presentadas, inclusive yo presenté una al 4o., constitucional que se presentó el año pasado, del mismo tema, pero diferente visión, obviamente, conforme a las ideologías de nuestros partidos, derecha o izquierda, y existen varias iniciativas para reformar el 4o. constitucional respecto de los derechos humanos y respecto del derecho a la vida, como aquí lo acaban de mencionar.

Solicitaría la ampliación de turno también a la Comisión de Equidad y Género para que puedan ser discutidas en general todas las iniciativas.

Con esta iniciativa que acaban de presentar, obviamente invitamos a que se abra un debate a fondo sobre este tema, que está pendiente, y defenderemos, sobre todo en este caso el derecho a la libertad que tienen las mujeres en este país. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Quedan registradas sus expresiones. En primer lugar, les recuerdo a los diputados que el derecho a presentar iniciativas es inalienable a los señores diputados. Precisamente por eso en esta parte procesal no hay ni preguntas ni intervenciones ni respuestas.

Con relación a la solicitud de ampliación de turno, diputada, tiene usted que presentar la solicitud por escrito para que la Mesa Directiva la revise. Les recuerdo también que tratándose de reformas constitucionales, va directa y generalmente exclusivamente a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde todos podemos hacer uso de nuestro derecho de participación.

Si no es sobre el mismo tema, con muchísimo gusto, señora diputada. Si es sobre el mismo tema, le recuerdo que las iniciativas sólo se presentan. ¿Con qué objeto, diputada Uranga?

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Le agradezco mucho la tención, presidente. Desde luego no se trata de cuestionar el derecho de iniciativa que tienen los compañeros de acción nacional, sólo de dejar sentado el regalazo que le dan a las mujeres en el Día Internacional contra la Violencia y recordar que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres firmada por México establece la esclavitud sexual y el embarazo forzado como violencia.

De ahí el no poder dejar pasar el comentario de la incongruencia con esta fecha.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ramírez Bucio y termino con la diputada Reyes Sahagún.

El diputado Arturo Ramírez Bucio(desde la curul): Gracias, diputado. Primeramente para felicitar a la diputada Joann y que nos permita suscribirla. Creemos que la vida es desde la concepción hasta la terminación de ésta. Creemos que es algo trascendente para el país someterlo también a su consideración y que se respete el turno a la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Reyes Sahagún.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún(desde la curul): En el sentido que ya comentaron otras diputadas que me antecedieron, solicito que se haga la ampliación de turno a la Comisión de Derechos Humanos toda vez que, como ya lo explicaron, hay tratados internacionales, hay legislación internacional al respecto, que México como Estado tiene que cumplir, más allá de las opiniones muy personales y muy respetables de cada uno de nosotros.

Entiendo que usted tiene las facultades para hacer la ampliación de turno. Por tanto, le solicito, por favor, que así proceda.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, las facultades del presidente se aplican a solicitud de la comisión respectiva. Tratándose de la solicitud de un diputado le suplico que nos la haga llegar por escrito para plantearlas ante la Mesa Directiva, como se hace regularmente.

Si aplico las facultades del presidente, aplico las que regularmente aplica el presidente: va a la Comisión de Puntos Constitucionales porque es una reforma constitucional. Pero si usted me hace llegar las solicitudes, con mucho gusto las revisaremos.

Sí, ¿diputado Guerra Abud? Ya no.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Diputado presidente, para comentar que de acuerdo con la Ley Orgánica, en el artículo 21, fracción III señala que dentro de las facultades que tiene el presidente de la Mesa Directiva está turnar directamente este tipo de asuntos a las comisiones, ampliando el turno. No considero que tenga que ser a través de un proceso burocrático donde finalmente se nos responda que no es adecuado.

Creo que sobre todo siendo hoy 25 de noviembre, en que estamos luchando en contra de la violencia que se ejerce hacia las mujeres, verdaderamente éste es el rostro de la violencia que están planteando desde el Partido Acción Nacional: retrógrados y conservadores.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No está a debate la iniciativa. Simplemente fue presentada. El trámite está turnado como que corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, y el derecho de los señores diputados a solicitar las ampliaciones de trámite se mantiene intacto siempre y cuando lo presenten por escrito.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): Por favor, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Pérez de Tejada, si es sobre otro tema, con mucho gusto. Si no, le cedo la palabra al diputado Gerardo del Mazo, quien la tiene.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): No, presidente. Es sobre el mismo tema...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entonces no está a debate el tema, diputada.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero (desde la curul): No, presidente. Me parece que son alusiones del partido de la diputada hacia la bancada, y creo que tengo derecho a externar mi opinión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No, diputada, no ha lugar. Procesalmente no es la instancia para presentar esa defensa. Hoy tenemos inscrito un tema en la agenda política o puede inscribirse uno nuevo para el efecto.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - LEY DE EDUCACION MILITAR DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA - LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA, DE LA LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA - LEY ORGANICA DE LA ARMADA DE MEXICO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Gerardo del Mazo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea, y de la Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, y de la Ley Orgánica de la Armada de México.

El diputado Gerardo del Mazo Morales:Gracias, presidente. Compañeras legisladores y compañeros legisladores, la transformación de la realidad nacional en los últimos años ha hecho necesario que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México requieran de una constante modernización para enfrentar los nuevos desafíos que plantean los riesgos y amenazas que enfrentamos al interior del país.

La situación actual exige disponer de tropas mejor adiestradas, preparadas profesionalmente, que permitan incrementar la operatividad y eficiencia de las Fuerzas Armadas en todos los ámbitos y cumplir eficazmente con las misiones que les son asignadas. Para lograrlo, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea requieren de una mejora educativa, una mayor preparación profesional y un adiestramiento acorde a las nuevas necesidades.

En nuestro país el sistema educativo militar es quien lleva a cabo dichas tareas, y la educación que se imparte en las instituciones que prestan dicho servicio está encaminada a la formación de quienes se encargan de la defensa nacional y la seguridad de la nación.

Por ello, su adiestramiento, formación, aplicación, capacitación, actualización y especialización debe estar a la vanguardia del avance científico y tecnológico a nivel mundial.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos de suma importancia que la ciencia y la tecnología e innovación formen parte esencial de dicha educación y las instituciones de educación militar estén vinculadas con aquellas que están encargadas de la investigación científica y el de-sarrollo tecnológico e innovación del país.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el acelerado avance científico y tecnológico a nivel mundial ha obligado a nuestro país a darle un lugar prioritario a la educación e investigación, impulsando la ciencia y la tecnología como condición indispensable para garantizar la viabilidad de México como una nación desarrollada y el sistema educativo militar debe también estar en el mismo camino.

La inversión que se realice en estos campos permitirá atender las necesidades actuales de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, y mejorar su función diaria. No podemos exigir eficacia y eficiencia si no les brindamos las herramientas para lograrlo.

Por ello, y dado que  la cadena educación, ciencia, tecnología e innovación es la que nos permitirá hacer una nación más competitiva, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Armada de México, cuyo texto íntegro se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley Orgánica de la Armada de México, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Gerardo del Mazo Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política; 26 de la Ley Orgánica; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 5, 6 y 11 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 3 de la Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea; 75 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, tradicionalmente ocupados en la defensa nacional y en el auxilio de la población en casos de desastre, se han convertido en los últimos años en pieza fundamental en las tareas de seguridad pública para el gobierno federal. Si bien ello ha ocasionado opiniones encontradas en la sociedad y duras críticas respecto a la estrategia planteada por la actual administración, es innegable que, debido a los cambios ocurridos en el escenario internacional y el incremento de los riesgos y de las amenazas internas, combinados con factores bien conocidos, como el tráfico ilícito de drogas, la delincuencia y el crimen organizado, y el deterioro ambiental, las Fuerzas Armadas de México tienen en la actualidad una importancia estratégica para la seguridad y el desarrollo del país.

Varias son las acciones y los resultados obtenidos a partir de la transformación y modernización que las instituciones armadas han tenido que llevar a cabo a raíz de los nuevos desafíos. Sin embargo, la situación actual exige disponer de tropas mejor adiestradas y preparadas profesionalmente, que permitan incrementar la operatividad y eficiencia del Ejército y de la Fuerza Aérea en todos los ámbitos, y cumplir cabalmente las misiones que les son asignadas, independientemente de cuáles sean.

Para lograrlo, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea requieren mejora educativa, mayor preparación profesional y adiestramiento acorde con las nuevas necesidades.

El sistema educativo militar lleva a cabo dichas tareas y, en el caso del Ejército y la Fuerza Aérea, está integrado por el conjunto de planteles en los que se imparten las carreras y los cursos para la preparación profesional del personal de generales, jefes, oficiales y tropa de las Fuerzas Armadas, regidas por principios y normas doctrinarias emanados de la Dirección General de Educación Militar y de la Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El sistema educativo naval tiene como objetivo general establecer las normas y bases que han de regir las funciones didáctico-pedagógicas en el currículo educativo naval, así como la proyección académica y jerárquica del personal de los cuerpos y servicios de la Secretaría de Marina-Armada de México.

La educación que se imparte en esas instituciones está encaminada a la formación de líderes militares y especialistas para los servicios técnicos, a la capacitación para el ejercicio del mando y conducción, a la administración y la operación de unidades, y al desarrollo y fortalecimiento de la doctrina militar.

La educación militar y la naval comprenden de forma general el adiestramiento, la formación, la aplicación, la capacitación, la actualización y la especialización. Deben, como la educación en general, estar vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación.

El acelerado avance científico y tecnológico mundial ha obligado al país a dar un lugar prioritario a la educación e investigación, impulsando la ciencia y la tecnología como condición indispensable para garantizar la viabilidad de México como nación desarrollada. El sistema educativo militar debe estar en el mismo camino.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece el fomento y la implantación de políticas de Estado de corto, mediano y largo plazos que permitan fortalecer la cadena educación-ciencia básica y aplicada-tecnología-innovación, en busca de generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Para ello, según el propio plan, uno de los componentes esenciales es la articulación de la educación con la ciencia, la tecnología y la innovación y, por ende, con los centros educativos.

El Plan Sectorial de Educación 2007-2012 indica que es necesario que en el sector educativo se apoyen proyectos de investigación científica básica y aplicada que generen conocimiento de frontera y contribuyan a mejorar la calidad de la educación superior y la formación de científicos y académicos, la divulgación científica, la creación y el fortalecimiento de grupos y cuerpos académicos de investigación, y el desarrollo de la infraestructura que requiera cada sector.

En el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 encontramos que la reestructuración y el fortalecimiento de la política pública en materia de conocimiento e innovación resultan fundamentales para crear condiciones que permitan alcanzar mayores niveles de crecimiento y desarrollo. Mejorar la competitividad requiere que se eleve la calidad de la educación y, por consiguiente, que se apoyen el fomento y la vinculación de la educación con la ciencia, la tecnología y la innovación.

México debe dar mayor importancia a la cadena educación-ciencia-tecnología-innovación, consideradas actividades estratégicas para todos los sectores. La inversión que se realice en estos campos permitirá atender las necesidades actuales de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y mejorar su función diaria.

La estructura educativa militar y naval es pilar fundamental de su funcionamiento y operatividad. Por ello, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos de suma importancia que la ciencia, tecnología e innovación formen parte esencial de dicha educación y las instituciones de educación militar estén vinculadas con las encargadas de la investigación científica y el desarrollo tecnológico e innovación en el país.

La presente iniciativa propone reformar el artículo 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología para que los secretarios de la Defensa Nacional, y de Marina formen parte del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, órgano encargado de establecer, entre otras funciones, las políticas nacionales para el avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el desarrollo nacional, y aprobar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con ello, la vinculación entre el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y las ramas de la ciencia, la tecnología y la innovación es directa y las Fuerzas Armadas, su educación y conocimiento podrán mantenerse actualizados y a la vanguardia.

Asimismo, proponemos reformar las Leyes de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y Orgánica de la Armada de México a fin de vincular permanentemente la educación, la investigación y la innovación científica y tecnológica al adiestramiento de los militares. Consideramos que la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea debe impartir al personal militar conocimientos científicos, tecnológicos, de innovación, técnicos y humanísticos para el cumplimiento de las misiones de las armas y servicios propios, así como realizar investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación relacionadas con el avance de la ciencia y el arte militar.

Finalmente, se plantea reformar el artículo 75 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a fin de que las direcciones y los departamentos de la Secretaría de la Defensa Nacional mantengan estrecha colaboración con órganos afines, oficiales y particulares para llevar a cabo investigaciones en los campos científico, tecnológico y de innovación.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 5, 6 y 11 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 3 de la Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea; 75 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México

Primero.Se reforma la fracción II del artículo 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 5.

Se crea el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, como órgano de política y coordinación que tendrá las facultades que establece esta ley. Serán miembros permanentes del Consejo General

I. ...

II. Los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, de Salud, de Marina, y de la Defensa Nacional.

III. a IX. ...

...

...

...

Segundo. Se reforman las fracciones III del artículo 5, I y II del artículo 6 y VI del artículo 11 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 5. Los objetivos de la educación militar son los siguientes:

I. y II. ...

III. Vincular permanentemente la educación , la investigación y la innovación científica y tecnológica al adiestramiento de los militares;

IV. a VI. ...

Artículo 6. La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea tiene las finalidades siguientes:

I. Impartir al personal militar los conocimientos científicos , tecnológicos, de innovación, técnicos y humanísticos a nivel de educación medio superior y superior para el cumplimiento de las misiones de las armas y servicios propios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

II. Realizar investigaciones científicas , desarrollo tecnológico e innovación relacionadas con el avance de la ciencia y el arte militar;

III. y IV. ...

Artículo 11. Los objetivos del sistema educativo militar son los siguientes:

I. a V. ...

VI. Impulsar, organizar y normar las actividades de investigación sobre el arte y ciencia de la guerra, así como aspectos tecnológicos, científicos y de innovaciónde los servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

VII. y VIII. ...

Tercero.Se reforman las fracciones I y III del artículo 3 de la Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, para quedar como sigue:

Articulo 3. La Universidad del Ejército y Fuerza Aérea tendrá las siguientes finalidades:

I. Impartir a los militares conocimientos científicos, tecnológicos, de innovación, técnicos y humanísticos a nivel de educación media superior y educación superior, para el mejor cumplimiento de las misiones de las armas, ramas y servicios de dichas instituciones.

II. ...

III. Realizar investigación científica , desarrollo tecnológico e innovación relacionada con el avance de la ciencia y arte militares.

IV. y V. ...

Cuarto.Se reforma el artículo 75 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 75. Las direcciones generales, direcciones y departamentos, previa autorización del secretario de la Defensa Nacional, mantendrán estrecha colaboración con órganos afines, oficiales y particulares, a efecto de obtener los datos necesarios que sirvan de fundamento a sus informes y opiniones de carácter técnico, para controlar las obras, instalaciones y organizaciones de la misma naturaleza, cuya importancia lo amerite desde el punto de vista militar y para llevar a cabo investigaciones en los campos científico, tecnológico y de innovación, relativas a sus respectivos servicios.

Quinto.Se reforman las fracciones X y XIV del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 2.Son atribuciones de la Armada de México las siguientes:

I. a IX. ...

X. Realizar actividades de investigación científica, tecnológica, oceanográfica, meteorológica, biológica y de los recursos marítimos, actuando por sí o en colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras, o en coordinación con dependencias del Ejecutivo;

XI. a XIII. ...

XIV. Administrar y fomentar la educación naval en el país , y vincularla con la investigación y la innovación científica y tecnológica; y

XV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados, a 14 de octubre de 2010.— Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Del Mazo. Se turna a las Comisiones de Ciencia y Tecnología, Defensa y Marina, la propuesta del diputado Del Mazo, como iniciativa.

REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos al capítulo de proposiciones. Recibimos solicitudes en proposiciones del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, para que la Cámara emita una enérgica condena a los ataques perpetrados a la población de la República Árabe Saharaui.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados emita una enérgica condena por los ataques de las Fuerzas Armadas de Marruecos contra población de la República Árabe Saharaui Democrática; y se exhorte al Ejecutivo federal a pronunciarse en el mismo sentido mediante la SRE, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, en nombre de los diputados federales del estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La República Árabe Saharauí Democrática es un país que se encuentra ubicado al noroeste del continente africano, limita al norte con Marruecos, al este con Argelia, y al sur con Mauritania, en el oeste se encuentra bordeado por más de 1,000 kilómetros de costa del océano atlántico, en la cual se puede encontrar el segundo banco pesquero más grande del mundo, contando también con la reserva de fosfatos más importante del planeta, la cual fue descubierta en 1947.

El Sáhara Occidental fue la provincia número 53 de España, hasta que ésta la abandonara en 1975 sin concluir de manera correcta su proceso de descolonización, tal como lo delineaba las Naciones Unidas en su resolución 1514 del 14 de diciembre de 1960, la cual sin lugar a dudas desde ese año abrió una nueva etapa en el tratamiento del tema de la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

Diferentes países de América Latina empezaron a reconocer a la naciente República Árabe Saharauí Democrática, en el caso de México, lo hicimos en septiembre de 1979. Dicha República hoy es miembro de la Unidad Africana y reconocida por más de 70 países.

Sin embargo, a partir de que España abandona su colonia en el Sáhara Occidental, ésta fue invadida por Marruecos pese a que España se había comprometido a realizar un referéndum sobre la independencia de la colonia.

Ante estos hechos se inicia una guerra entre el Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Polisario) que es el movimiento político y militar del Sáhara Occidental que lucha por la autodeterminación del pueblo saharauí contra Marruecos, sus vecinos del Norte, y Mauritania del Sur que se intentan adueñar de la zona occidental por ser un área con importantes yacimientos de fosfato, petróleo y gas natural.

En 1979, Mauritania firma la paz con la República de Saharauí y renuncia a sus pretensiones sobre el territorio y para 1991, Marruecos firma el alto al fuego con los saharauís. La ONU se compromete a realizar un referéndum en febrero de 1992. La consulta nunca se celebró. Por este motivo Marruecos ejerce su soberanía sobre la zona, pese a que la comunidad internacional considera que el Sáhara Occidental sigue siendo territorio pendiente de descolonización.

Cabe aclarar que dicho referéndum nunca se ha llevado a cabo por los recursos de apelación interpuestos por Marruecos en los que exige que los marroquíes instalados en la zona también tengan derecho a voto.

La invasión marroquí obligó a decenas de miles de saharauís a huir al desierto argelino y vivir en campos de refugiados. Los que no pudieron huir permanecen en el territorio ocupado por Marruecos bajo su hegemonía. Diferentes ONG han denunciado las constantes violaciones de los derechos humanos que sufre la población saharauí que vive bajo bandera marroquí.

Esta situación ha desencadenado a lo largo de todo este tiempo una serie de desencuentros entre los países en conflicto, culminando el pasado lunes con la invasión de las fuerzas marroquíes que asaltaron el campamento en el que se alojaban miles de refugiados en las afueras de la ciudad de El Aaiún, capital de la antigua colonia española anexionada por Rabat en 1975.

El campamento atacado se había levantado hace cuatro semanas en las afueras de Al Aaiún, la principal ciudad del Sahara Occidental y contaba con alrededor de 12 000 personas, los vecinos de la zona dijeron que fue totalmente desmantelado en el ataque y el Polisario indicó el lunes que las fuerzas de seguridad marroquíes habían asaltado el campamento por tierra y aire, utilizando helicópteros, militares y policías marroquíes intervinieron con cañones de agua, gases lacrimógenos, y macanas en el campamento.

De acuerdo con información dada a conocer por diversos medios, el ataque de Marruecos a Saharauí dejó al menos once muertos y el propio Polisario señaló que hay además 723 heridos y 159 desaparecidos.

Estos incidentes coinciden con el inicio en Nueva York de unas conversaciones de paz auspiciadas por Naciones Unidas entre el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario.

Alrededor del mundo se han realizado algunas protestas en las embajadas de marruecos en contra de la invasión perpetrada contra Saharahui, sin embargo, éstas no han sido muchas, para empezar ni el gobierno de España y de Francia han condenado dicho ataque, países europeos relacionados con el país africano por los pasados tiempos del colonialismo.

Cabe destacar que en particular algunas comunidades autónomas de España a través de sus parlamentos sí han condenado “los actos de violencia del Gobierno de Marruecos sobre la población saharauí”, entre éstas se encuentran Navarra, Galicia, Islas Baleares e Islas Canarias entre otras.

El día 9 de noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Franco Fratini, expresó en Roma, su “profunda preocupación” por los actos violentos en el Sahara Occidental, tras el desmantelamiento del campamento de protesta saharauí de Gdeim Izik cerca de El Aaiún ocupado. “Estamos extremadamente preocupados por la muerte y lesiones de numerosas personas” en una declaración.

La Comisión Europea, expresó el martes, en Bruselas, Bélgica su preocupación por la “ola de violencia” en el Sahara Occidental, y lamentó las víctimas mortales de los incidentes ocurridos este lunes en El Aaiún, capital ocupada del Sahara Occidental: “La UE lamenta los incidentes mortales que se produjeron ayer en el territorio del Sahara Occidental. Estamos muy inquietos por la ola de violencia en el Sahara Occidental y seguimos muy de cerca los acontecimientos”, dijo la portavoz de la Alta Representante para la Política Exterior, Catherine Ashton.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos, precisado en la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales de 1960 y que también se incluye en las dos Convenciones de 1966 (sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales) precisa que:

1. “La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundial.

2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desa-rrollo económico, social y cultural.”

México, en el concierto internacional se ha destacado por la defensa y el respeto a la vigencia de los principios de autodeterminación de los pueblos; de no intervención, de solución pacífica de todas las controversias y la proscripción de uso de la fuerza, para dirimir los conflictos internacionales.

En ese sentido estamos convencidos de que es necesario que resurja el valor de la diplomacia a través del diálogo y la concertación política para resolver dentro de las normas del derecho internacional el conflicto territorial entre Marruecos y la República de Saharahui.

Nuestro país ha condenado sistemáticamente el uso de la fuerza y la intervención externa sobre todo cuando se trata de Estados con condiciones militares diferentes.

Consideramos que es necesario que nuestro país se solidarice con la comunidad internacional que condena el uso de la fuerza como medida para solucionar cualquier conflicto de carácter nacional o internacional.

Por todo lo anterior acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo para respaldar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados emite una enérgica condena a los ataques perpetrados a la población de la República Árabe Saharauí Democrática, por las fuerzas armadas de Marruecos.

Segundo: Se exhorta al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie, en el marco de las disposiciones internacionales y diplomáticas aplicables, en el mismo sentido.

Nota:

1 http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/dh-futuros.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de noviembre del año 2010. — Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Franco López, Hugo Héctor Martínez González, Francisco Saracho Navarro, Héctor Fernández Aguirre (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Junta de Coordinación Política el primer resolutivo, y el segundo a la Comisión de Relaciones Exteriores.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos del diputado Ledesma Romo, proposición para que el proyecto denominado Desarrollo del Puerto El Sauzal, en Ensenada, Baja California.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al proyecto Desarrollo del Puerto El Sauzal, en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Diputado Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de julio de 1997, se habilitó entre otros puertos nacionales, el puerto de El Sauzal, que se localiza en el municipio de Ensenada en el estado de Baja California, para la navegación de cabotaje y altura, el cual fue delimitado como recinto portuario en 2003, con una superficie total de 2’111,892.21 metros cuadrados.

Para efectos de la construcción de marinas, terminales e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en El Sauzal, la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. solicitó modificación al título de concesión otorgado en 1994, para la incorporación a su concesión integral de los bienes de dominio público de la federación del recinto portuario del Puerto de El Sauzal, la cual fue aprobada mediante el segundo addendum al título de concesión del puerto de Ensenada, publicado en el DOF el 6 de marzo de 2007.

Con el propósito de cumplir con lo establecido en este Segundo addendum, el 22 de febrero del presente año, la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. (API) presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Manifestación de Impacto Ambiental Regional modalidad A, para el proyecto denominado De-sarrollo del Puerto El Sauzal, Baja California, por su posible afectación a ecosistemas costeros, en términos de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

El proyecto que promueve la Administración Portuaria Integral de Ensenada busca aumentar el nivel de servicios que ofrece El Sauzal, mediante su modernización y la reubicación paulatina de actividades que se realizan en el puerto de Ensenada como las actividades relacionadas con la pesca y los astilleros, los servicios de carga general y contenerizada; y, si las condiciones se presentan, también se incluirían las actividades de graneles agrícolas y graneles minerales.

El proyecto consiste en la realización de un conjunto de obras, pertenecientes al sector de vías generales de comunicación, dentro del recinto portuario de El Sauzal. Entre las obras se prevén

• La construcción de 3 muelles para el manejo de cargas a granel y carga general unitizada.

• La ampliación del rompeolas existente y construcción de nuevo espigón.

• Dragado para ampliar la zona navegable dentro del puerto (canal de acceso y dársena).

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales llevó a cabo del 9 de marzo al 4 de mayo de 2010 la consulta pública del proyecto Desarrollo del Puerto de El Sauzal, Baja California, y realizó una reunión pública de información el 21 de abril de 2010, en Ensenada, Baja California, de la que destaca

Que en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto de desarrollo del puerto El Sauzal que presentó la API, a pesar de que se identifican 17 impactos ambientales, no se identifican otros, como

• Contaminación permanente del aire con gases tóxicos derivados del uso masivo de diesel por parte de las embarcaciones, camiones de transporte de mercancías y equipo para movilizarlas dentro del recinto porturario.

• Daños colaterales a los habitantes de El Sauzal y zonas urbanas circunvecinas en materia de seguridad, iluminación, ruido y fealdad.

• Alteraciones al medio ambiente marino y a una de las mejores playas para la práctica del surf en Baja California, la playa Staks que brinda además un atractivo recreativo para la zona.

• Deterioro irreversible de la actividad pesquera ribereña que practican en la zona decenas de familias.

En consecuencia, la MIA del proyecto, no incluye medidas de prevención y mitigación para minimizar los riesgos a la salud que entraña la emisión de partículas y gases tóxicos durante la operación portuaria; la destrucción de mantos de sargazo que alimentan a las especies que dan sustento a las actividades pesqueras; la playa Staks como la única playa de arena del Sauzal que se utiliza no sólo para la práctica de surf, sino por bañistas en época de primavera y verano; la falta de infraestructura vial para el tránsito de vehículos transportes de carga y personas, entre otras.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estableció como fecha límite el 30 de noviembre para dictar la Resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (RMIA) para el proyecto denominado Desarrollo del Puerto El Sauzal que presentó la Administración Portuaria Integral de Ensenada, de acuerdo con información disponible, por lo que resulta procedente solicitar a la secretaría tome en cuenta en el resolutivo de impacto ambiental, las opiniones de otras instituciones en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 4 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental.

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental constituye un mecanismo preventivo, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se hace de información para determinar la viabilidad de una obra o actividad que pueda causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas.

La obra sujeta a evaluación de impacto ambiental afectará la actividad pesquera ribereña por lo que es necesario que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicite la opinión técnica del Instituto Nacional de la Pesca, toda vez que a este órgano desconcentrado le corresponde, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 73 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, elaborar investigaciones con un enfoque integral e interdisciplinario y vinculadas a los procesos naturales, económicos y sociales de la actividad pesquera, así como ofrecer a los usuarios públicos y privados, servicios profesionales de investigación científica y tecnológica, opiniones y dictámenes técnicos y consultoría, en las áreas de competencia del instituto.

Finalmente, se reconoce que El Sauzal es uno de los grandes puertos pesqueros de la región que brinda servicios a las flotas de atún, sardinas, anchovetas, entre otras, así como turísticas y comerciales, también se reconoce que con la realización de proyectos de desarrollo en el puerto, se podría incentivar la economía regional, por lo que no existe oposición a la construcción de obras que propicien el desa-rrollo económico y social de la región, pero sí oposición a las obras que impliquen amenazas o daños al medio ambiente.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a valorar y ponderar al resolver sobre la autorización en materia ambiental del proyecto denominado Desarrollo del puerto El Sauzal, Ensenada, Baja California:

a) La opinión técnica del Instituto Nacional de la Pesca.

b) Las observaciones que se hayan obtenido a partir del proceso de consulta pública.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta soberanía la resolución que emita con relación al proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado Desarrollo del puerto El Sauzal, Ensenada, Baja California y los elementos de análisis que haya tomado en cuenta para su decisión.

Notas:

1. Acuerdo conjunto de los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de julio de 2003.

2.Segundo Addendum al Título de Concesión de fecha 30 de junio de 1994 que otorga el Ejecutivo Federal a la empresa Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

3. http://app1.semarnat.gob.mx/portal/NvoPortal/estado.php consultada el 9 de noviembre de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.— Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE SINALOA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos del diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, que exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del INAH, considere Las Labradas, en el estado de Sinaloa, como Zona Arqueológica.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante el INAH zona arqueológica Las Labradas, Sinaloa; y a la Sectur, a la SE, a la Sedesol, a la SCT y al gobierno de Sinaloa, a llevar a cabo acciones para crear la infraestructura necesaria e implantar medidas que permitan desarrollar dicha zona arqueológica, a cargo del diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Guadalupe Eduardo Robles Medina a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que la zona de Las Labradas en el estado de Sinaloa, sea considerada como zona arqueológica, y a las Secretarías de Turismo, Economía, Desarrollo Social, y Comunicaciones y Transportes, y al gobierno del estado de Sinaloa, a fin de que lleven a cabo acciones para crear la infraestructura necesaria, así como también se implementen medidas que permitan desarrollar la zona arqueológica de Las Labradas, para que se beneficie a las comunidades locales de toda la región, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La zona arqueológica Las Labradas que se localiza en la zona federal marítimo terrestre, colinda con el ejido la Chicayota en San Ignacio, Sinaloa; forma parte del área natural protegida de flora y fauna la Meseta de Cacaxtla, la cual tiene una superficie de 50 mil 862 hectáreas.

El acceso se realiza por la carretera internacional No. 15, tramo Mazatlán-Culiacán, en el retorno del kilómetro 51, por el poblado la Chicayota. De este poblado existe un camino de terracería teniendo una distancia de 3 kilómetros hacia el sitio, que es muy frecuente que se encuentre en malas condiciones, haciendo el acceso muy complicado por las características naturales de la zona, impidiendo la circulación hacia la región.

Las Labradas es la primera zona arqueológica de Sinaloa abierta al público, la cual repercute favorablemente al interés cultural y turístico de la entidad a nivel regional, nacional e internacional; particularmente en el sur del estado, al desarrollo turístico de Mazatlán y del municipio de San Ignacio, así como en las comunidades que circundan a la zona arqueológica.

Se requiere que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) considere la zona de las Labradas como zona arqueológica, al encontrarse alrededor de 640 grabados rupestres de la época prehispánica con un valioso contenido cultural.

Por lo que es urgente que se realice la declaratoria por las autoridades competentes, y el INAH tome cartas en el asunto con la finalidad de evitar los daños que están recibiendo los grabados de las rocas basálticas por la erosión natural, y por los actos vandálicos al no haber un acceso controlado.

Las Labradas se localizan en una zona de comunidades que presentan un alto grado de marginación, como es el poblado principal de la Chicayota. La principal fuente de empleo para los habitantes era el corte de madera, así como un bajo porcentaje la ganadería, pero debido a que esta zona fue declarada área natural protegida, estas dos actividades quedaron prohibidas, razón por la que sus pobladores tuvieron que salir a buscar trabajo, empleándose mayormente en los campos agrícolas.

El principal problema se presenta cuando el trabajo en el campo se termina y no tienen otra forma de allegarse de ingresos para subsistir, por lo que la situación económica se agrava en las comunidades. En este sentido, es urgente que los tres niveles de gobierno tomen cartas en el asunto, para mitigar los rezagos económicos que se tienen, fomentando la llegada de turistas a través de la zona arqueológica y la zona natural protegida, por medio del turismo cultural y natural que beneficien a las comunidades locales.

Una zona arqueológica representa una gran oportunidad para reactivar la actividad económica en la región, ya que repercute directamente en la comunidad, lo que le permite generar fuentes de empleo, fomenta el desarrollo de las comunidades locales, fortalece los valores regionales de identidad, lo cual contribuye a la protección y conservación del patrimonio arqueológico.

De acuerdo a lo anterior, considero necesario que la Secretarías de Turismo, Economía, Desarrollo Social, y Comunicaciones y Transportes implementen acciones que permitan reactivar productivamente a las comunidades locales para detonar el potencial que representa la zona arqueológica, y se genere la infraestructura suficiente y necesaria a fin de facilitar los accesos, se dé la creación de empresas, se generen empleos y se erradique la pobreza que se tiene en esta zona del país.

De esta manera, compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a sumarse a este esfuerzo, en donde involucremos al gobierno federal y al gobierno estatal, para que implementen medidas que fomenten el desarrollo de toda la región, con la finalidad de erradicar los rezagos económicos que se tienen, creando la infraestructura suficiente, se fomente el turismo, se implementen programas sociales, y se dé apoyo a las microempresas, que sin duda, son fuentes de empleo que tanto necesitan las localidades de la zona.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso y atento exhorto al Ejecutivo federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que se considere Las Labradas ubicadas en Sinaloa, como zona arqueológica.

Segundo. Se hace un respetuoso y atento exhorto al Ejecutivo federal a través de las Secretarías de Turismo, Economía, Desarrollo Social, y Comunicaciones y Transportes, y al gobierno de Sinaloa, a fin de que lleven a cabo acciones para crear la infraestructura necesaria, así como también se implementen medidas que permitan desarrollar la zona arqueológica de Las Labradas, para que se beneficie a las comunidades locales de toda la región.

Palacio Legislativo, a 26 de octubre de 2010.— Diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Economía.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos del diputado Juan José Cuevas García, que exhorta a la Semarnat para que realice el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida la montaña que rodea a Puerto Vallarta, Jalisco.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar el estudio previo justificativo sobre la viabilidad de establecer como área natural protegida la montaña que rodea Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal Juan José Cuevas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción I, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Puerto Vallarta es uno de los principales destinos turísticos dentro de nuestro país, pues ofrece una excelente gama de atractivos como lo son sus playas, arquitectura, cultura y demás recursos naturales, lo que ha permitido posicionarse a nivel nacional e internacional.

Entre los recursos naturales que son un ícono de Puerto Vallarta se encuentran sus más de 19 mil hectáreas de montañas que rodean la ciudad propiedad mayoritaria de los ejidos El Coapinole, Playa Grande, Puerto Vallarta, Ixtapa, Boca de Tomatlán y Mismaloya.

Estas montañas además de ser un verdadero atractivo escénico, representan una importante fuente de servicios ambientales como la conservación de la biodiversidad, mantenimiento de los procesos ecológicos y evolutivos, regulación del microclima, producción y conservación de agua y suelo, mitigación de la contaminación, mejora de los sistemas de producción agrícola y pecuario, generación de oportunidades de empleo y de actividades recreativas, por mencionar algunos.

Es importante mencionar que el Plan Municipal de Desarrollo 2030 de Puerto Vallarta señala la gran variedad de flora y fauna de la región, en donde destaca que por lo menos 7 de las 115 especies de aves del municipio se encuentran en algún estatus de vulnerabilidad de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001. Asimismo, se estima que de 10 géneros endémicos de mamíferos del occidente de México, cinco están registrados en el municipio, por citar unos ejemplos.

Sin embargo, los ecosistemas de estas montañas se encuentran amenazados por la acción humana, principalmente por la deforestación que se realiza de manera clandestina, favorecida por la falta de vigilancia y la complicidad de las autoridades.

Cada día se tumban árboles y cubierta forestal con el fin de utilizar los recursos maderables, ganar espacio para cultivos y establecer más asentamientos humanos. Esto no sólo tiene implicaciones ecológicas, sino que pone en riesgo la dinámica económica y social del municipio.

La deforestación y los cambios de uso de suelo tienen impactos irreversibles en los ecosistemas e incrementan la vulnerabilidad del municipio, así por ejemplo se han acentuado los deslaves sobre las carreteras Las Palmas-Mascota y Vallarta-Melaque, así como en los centros de población, lo que pone en riesgo a los ciudadanos y su patrimonio.

A pesar de que la problemática ha sido identificada, esta zona montañosa no se encuentra protegida por alguna de las figuras que contempla la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Es importante resaltar que legisladores como la senadora Eva Contreras Sandoval y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores de la LX Legislatura, en febrero de 2007 manifestaron su preocupación al respecto, por lo que solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analizar la procedencia de establecer un área natural protegida de competencia de la federación en esta zona.

En este sentido, coincido con la necesidad de proteger los ecosistemas que se albergan en estas montañas, así como preservar los servicios ambientales que proporcionan, pues además de representar una fuente de sustento para la población, brindan protección al municipio ante las lluvias y deslaves, principalmente.

Es por esto que vengo ante esta soberanía con el fin de exhortar a la Semarnat para que realice los estudios justificativos que permitan obtener los elementos e información técnica, social y legal para evaluar la viabilidad de crear un área natural protegida (ANP) de jurisdicción federal en las montañas del municipio de Puerto Vallarta.

Declarar como ANP esta zona permitiría contar con un programa de manejo que sería el instrumento rector de la planeación, regulación y ejecución de actividades a fin de proteger el área.

Asimismo, considero de vital importancia exhortar al ayuntamiento de Puerto Vallarta para que se coordine con las demás autoridades a fin de proteger y conservar las montañas de su municipio, pues a pesar de que la preservación del medio ambiente es una facultad concurrente, el municipio es la autoridad directamente vinculada con las actividades que se realizan en esta zona.

Estoy seguro que con la aprobación de esta proposición, así como su atención por parte de las autoridades, contribuiremos a la conservación del medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida el área de montaña que rodea a Puerto Vallarta, Jalisco.

Segundo. Se exhorta al ayuntamiento de Puerto Vallarta para que, en el ámbito de su competencia y de manera coordinada con las autoridades de los demás órdenes de gobierno, lleve a cabo las acciones que permitan proteger y conservar los ecosistemas de las montañas del municipio de Puerto Vallarta.

Nota:

1 Con base en el Plan Municipal de Desarrollo 2030 de Puerto Vallarta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CANCER LINFATICO - CANCER “NO HODGKIN”

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, exhorta a la Secretaría de Salud a que realice las gestiones necesarias para que el cáncer linfático o cáncer no Hodgkin, sea incorporado al Catálogo Universal de Servicios de Salud para el próximo año.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar –por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud– las gestiones necesarias a fin de que el cáncer linfático, o no Hodgkin, se incorpore al catálogo universal de servicios de salud el próximo año y que el presupuesto necesario para atenderlo se utilice del Fondo de Gastos Catastróficos de dicha dependencia, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Malco Ramírez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo; se exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que se realicen las gestiones necesarias para que el cáncer linfático o “cáncer no Hodgkin”, sea incorporado al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) para el próximo año y el presupuesto necesario para su atención, sea utilizado del Fondo de Gastos Catastróficos con que cuenta la Secretaría de Salud, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante la época de frío son comunes las enfermedades respiratorias, principalmente las relacionadas a la inflamación de los ganglios en la zona de boca y garganta.

Sin embargo, no todas las inflamaciones de ganglios son producto de enfermedades respiratorias, ya que podría tratarse de un cáncer linfático.

Los principales síntomas del linfoma no Hodgkin como se conoce técnicamente al cáncer linfático son fiebre; diaforesis (sudor excesivo, especialmente por la noche); pérdida de peso inexplicable; falta de apetito; cansancio anormal, tos o falta de respiración y lesiones en la piel como tumoraciones.

Es muy frecuente que el linfoma no Hodgkin se asocie a enfermedades respiratorias, ya que los síntomas en un inicio se parecen a los de infecciones en el sistema respiratorio, pero si la inflamación de los ganglios de la garganta, como las amígdalas, persiste por más de dos semanas, no es normal.

También si estos bultos crecen arriba de un centímetro, deben ser analizados con una biopsia, a fin de descartar cáncer, señala la doctora Alva Zaragoza, hematóloga del hospital regional del IMSS, en Chihuahua.

Es importante poner atención si hay un crecimiento no habitual en la faringe, aunado a fiebre vespertina y nocturna, pérdida de peso, y sudoraciones.

Según el artículo “Medicamentos biológicos combaten los linfomas” publicado en la revista médica, Acontecer Médico, escrito por Héctor Medina Varalta.

Los medicamentos biológicos son una gran esperanza para mejorar la calidad de vida en pacientes con cáncer linfático o linfoma. Estos tratamientos ayudan a combatir los tumores malignos que se presentan en los ganglios, y al mismo tiempo, fortalecen el sistema inmunológico.

Los medicamentos biológicos son una nueva herramienta con la que dispone tanto la oncología como la hematología. Estos medicamentos están diseñados para atacar específicamente algunas zonas del tumor, con lo cual se evita los efectos secundarios no deseables que tienen otras terapéuticas, por ejemplo, la quimioterapia.

Los medicamentos biológicos han venido a revolucionar el tratamiento, aumentando la supervivencia de los pacientes de manera muy importante. La manera en que trabajan es ayudando y aportando al sistema inmunológico anticuerpos que el organismo no es capaz de producir porque en condiciones normales no son necesarios. Ayuda, entonces, identificando un blanco específico y muy característico de la enfermedad para que se logren erradicar las células malignas con mucha precisión.

Receptor CD 20

Los linfomas son un cáncer de los linfocitos, y están relacionados con otros tipos de leucemias. Los linfocitos se encuentran en todo nuestro organismo y su función principal es la de combatir las infecciones. Al convertirse en malignos forman tumores y están en todo nuestro organismo.

El medicamento es un anticuerpo monoclonal. Desarrolla un anticuerpo para combatir específicamente una zona de la célula que está enferma. La célula expresa un receptor o un punto que se llama CD 20; este receptor es atacado mediante el Rituximab que se pega a este receptor y condiciona la muerte de la célula. Esto es muy efectivo porque este receptor es muy específico o muy característico de este tipo de células que están enfermas. Por lo tanto, la terapia es mucho muy específica a diferencia de lo que sucede con la quimioterapia. El uso del medicamento biológico es altamente moderno y muy efectivo.

Riesgo de desarrollar un linfoma

Las personas que han recibido un trasplante de cualquier órgano tienen mayor posibilidad de desarrollar un linfoma, pues éste surge por una alteración del sistema inmune.

Lo mismo sucede con los pacientes que tienen SIDA, pues si no son tratados adecuadamente tienen 100 veces más riesgo que el resto de la población de desarrollar un linfoma.

En resumen, el linfoma es un cáncer de los ganglios linfáticos y como los tenemos en todo el organismo, este tipo de cáncer puede aparecer en cualquier parte de éste. Habitualmente, son el cuello, las axilas o las ingles. Pero puede aparecer en cualquier órgano.

Afortunadamente, la información es cada vez mejor difundida y si bien, ya estamos conociendo los cambios que da la información en otros cánceres más frecuentes como el cáncer de mama, en el que vemos que las mujeres se atienden en etapas más tempranas, se tiene que seguir con los siguientes en orden de importancia.

El cáncer de los ganglios o linfoma, ocupa en nuestro país el quinto lugar en importancia; no es un cáncer raro, sino mucho más frecuente de lo que se piensa. Fin de la cita.

El cáncer linfático, es curable si se trata a tiempo, por ello es necesario implementar acciones de difusión, de detección temprana y de tratamiento, para abatir el índice de mortalidad que este cáncer actualmente tiene.

Atento a la ciudadanía, como procuro estar, se acercó a mis oficinas, la directora ejecutiva de la asociación Gerardo Alfaro, la contadora pública Silvia Infante, dicha asociación sin fines de lucro, tiene como misión difundir los síntomas del cáncer linfático, buscando así generar detección y tratamiento oportunos, así como aumentar la posibilidad de supervivencia y/o remisión de quienes lo padecen.

Se acercaron, para explicarme sus actividades y solicitar el apoyo para que esta soberanía se sensibilice sobre este tema que representa el quinto cáncer causante de mortalidad en México.

Refieren que actualmente el CAUSES o Catálogo Universal de Servicios de Salud, que contiene todas las enfermedades que cubre el Seguro Popular.

La integración del catálogo se basa en criterios epidemiológicos, estimando que las intervenciones de primer nivel seleccionadas cubren cerca del 100 por ciento de la demanda de atención a la salud. La información derivada de dichas intervenciones queda registrada en el Sistema de Información en Salud (SIS) y en el Sistema Único de Información para Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) de la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud.

Sin embargo, como he referido líneas arriba, existe cada día más cantidad de personas con estas enfermedad, que puede ser prevenible y curable, detectada a tiempo.

Considero que se vuelve fundamental apoyar las causas que la ciudadanía demanda, debemos ser sensibles y atentos a lo que los mexicanos nos solicitan, porque es a través de esa real atención que podemos dar buenos resultados como representantes populares.

Por lo anteriormente expuesto, fundado someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que se realicen las gestiones necesarias para que el cáncer linfático o cáncer no Hodgkin, sea incorporado al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) para el próximo año y el presupuesto necesario para su atención, sea utilizado del Fondo de Gastos Catastróficos con que cuenta la Secretaría de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.— Diputado Malco Ramírez Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud.

COMISIONES BICAMERALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, que exhorta al Congreso de la Unión a efecto de diseñar un logotipo que represente a sus Comisiones Bicamerales.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a diseñar un logotipo que represente las comisiones bicamarales, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a efecto de diseñar un solo logotipo para ser utilizado a nivel nacional e internacional por las comisiones bicamarales de la Cámara de Diputados, así como para ser implantado dicho logotipo en la Comisión Bicamaral Globe, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Poder Legislativo recae en el Congreso de la Unión, un cuerpo legislativo bicameral compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Desde la creación del Congreso de la Unión a principios del siglo XX, en su proceso de integración, éste fue consiente de la necesidad de dar un símbolo de identidad con el que los Estados pudieran identificar al Poder Legislativo como Congreso, desde ese momento, los congresistas eligieron por unanimidad un emblema, el escudo nacional, dándose así el Congreso de la Unión.

El Congreso de la Unión, además de las funciones legislativas y presupuestarias, están los trabajos legislativos, los cuales se desempeñan conjuntamente, es por ello, que parte la necesidad de crear las comisiones bicamarales.

A nivel nacional como internacional las comisiones bicamarales realizan sus diversas actividades legislativas, usando individualmente un logotipo distintivo para cada una de las Cámaras, representando la imagen gráfica del Congreso, pero esto hecho no sólo se sustenta en logotipos sino que también implica un sistema de identidad.

No obstante, surge la idea de proyectar una sola imagen gráfica, con el propósito prioritario de contar con un elemento visual unificado, como es el logotipo.

A través de la historia de México, el logo tiene un lugar especial, porque se formula a partir de representaciones visuales o verbales que pretenden difundir valores o personajes célebres de cada país. De ahí queel logotipo del Congreso tuvo como objeto lograr una identidad institucional y de armonía entre las dos Cámaras, tanto a nivel nacional como internacional.

Además, es el momento idóneo de tener un logotipo único para las comisiones bicamarales del Congreso de la Unión, ya que primordialmente en las comisiones bicamarales con proyectos y tareas internacionales, como es el caso de la Comisión Bicamaral Globe. La cual propone emplear un solo logotipo ideal, con el propósito de llevar una imagen de identidad nacional como elemento visual de homogeneidad a la comunidad internacional Globe.

El carácter fundamental de un logo dentro de la identidad de un país, demuestra la institucionalidad, por eso el uso permanente de un mismo logotipo en las comisiones bicamarales del Congreso de la Unión, tendría como consecuencia identificación personal en toda la documentación que éstas a su vez emitan.

Nuestra tarea y compromiso fundamental y conforme a los tiempos actuales de interacción y desarrollo que actualmente caracteriza a las comisiones bicamarales del Congreso de la Unión, es prioritario y positivo que se cuente con una identidad grafica única, exclusiva y de fácil identificación que represente a dichas Comisiones.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Congreso de la Unión a efecto de diseñar un solo logotipo, que represente a las comisiones bicamerales del Congreso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.— Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

CARAVANA DE MADRES CENTROAMERICANAS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos del diputado Héctor Pedraza, que exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional de Migración, a prestar apoyo e información a las integrantes de la caravana de Madres Centroamericanas.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SRE, de la PGR y del Instituto Nacional de Migración a realizar acciones para crear procedimientos de asistencia que proporcionen apoyo e información a las integrantes de la caravana de madres centroamericanas, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es de su conocimiento el pasado día 31 de octubre del año en curso partió de la ciudad de Tapachula, Chiapas, hacia distintos puntos del país, una caravana de madres centroamericanas con el objeto de solicitar apoyo para localizar a sus hijos extraviados en su travesía por el territorio nacional y con destino hacia los Estados Unidos.

Su estrategia desde hace seis años es transitar los mismos caminos que sus familiares, en su recorrido hacia los Estados Unidos, ir a los parques públicos, recorrer las vías del tren, visitar los albergues y mostrar las fotografías de sus seres queridos a las personas, dando como resultado que hayan sido localizadas 50 personas que estaban desaparecidas.

De acuerdo a los organizadores de la marcha existen alrededor de 1000 inmigrantes perdidos en México, el propio gobierno federal ha reconocido que se necesita hacer más para proteger a los migrantes centroamericanos que, como es cotidiano, son asaltados, secuestrados y asesinados, como fue el caso reciente de 72 migrantes en el estado de Tamaulipas.

Con motivo de este clima de inseguridad, que no sólo afecta a los migrantes centroamericanos, sino a nuestros connacionales, también se realizó por parte de 13 mujeres procedentes de Ciudad Juárez, que representan a muchas otras, una protesta frente a la Casa Blanca para exigir mayor atención por parte del gobierno estadunidense por el clima de violencia, persecución, desempleo y migración que se vive en esa zona de la frontera norte del país.

Asimismo expresaron que la protesta es con motivo del desempleo y pobreza que se vive en el país, aunado a que no encuentran respuesta por parte de las autoridades mexicanas en su demanda de mejores condiciones de vida, ya que actualmente las políticas sociales son poco sustantivas, de corte asistencialista y alejados de las recomendaciones de los órganos internacionales en encargados de abatir la pobreza y marginación.

Dicha caravana de madres centroamericanas, tuvo un encuentro el pasado día 4 de noviembre del año en curso, con los secretarios de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en dicha reunión pidieron la intervención de esta H. Cámara de Diputados, para solicitar al gobierno federal, a efecto de que tome las medidas necesarias para la localización de sus familiares extraviados en el territorio nacional y, en su caso, su repatriación a sus países de origen.

En este sentido, como ya lo he manifestado en otras intervenciones, se confirma que la política migratoria está de-sacertada, sólo atiende la simple administración de los flujos migratorios, y no tiene un enfoque integral de protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes. Ello aunado a la descomposición social, la impunidad y la corrupción de las autoridades; obliga a aplicar nuevas políticas y a modernizar los programas de atención y protección a los migrantes.

En este orden de ideas, resulta prioritario que las diversas dependencias del gobierno federal en el ámbito de sus respectivas competencias, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República a través de su Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas y Ausentes y del Instituto Nacional de Migración, destinen los recursos y personal necesarios para la localización de los familiares extraviados de las integrantes de la caravana de madres centroamericanas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría General de la República y del Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomen las acciones necesarias para crear los mecanismos de asistencia, a efecto de prestar apoyo e información a las integrantes de la caravana de madres centroamericanas para la localización y en su caso repatriación de sus familiares que se encuentren extraviados en el territorio nacional y destinen los recursos y personal necesarios para dicho propósito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2010.— Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

CONNACIONALES SENTENCIADOS A MUERTE EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, que propone que esta soberanía se solidarice con los 51 connacionales condenados a muerte en Estados Unidos de América, y exhorta al Ejecutivo Federal a que realice una revisión integral de sus políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en ese país.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se solidariza con los 51 connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos de América, y se exhorta al Ejecutivo federal a realizar una revisión integral de sus políticas y programas de protección de los derechos humanos de los migrantes en ese país, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone a la honorable asamblea como de urgente y obvia resolución la aprobación de la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de motivos

1. La LIX Legislatura del Congreso del estado de Jalisco aprobó el 10 de junio de 2010, entre otras acciones, un exhorto a los congresos estatales y al Congreso de la Unión para que se solidaricen con 51 connacionales condenados a muerte en Estados Unidos.

2. La Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Derechos Humanos, los días 5, 13 y 14 de octubre del año en curso, los acuerdos aprobados por los Congresos de los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí e Hidalgo, respectivamente, para que la Cámara de Diputados manifieste la solidaridad que se requiere para los 51 connacionales condenados a muerte en Estados Unidos.

Los hechos que motivan esta proposición con punto de acuerdo son los mismos que originalmente condujeron al acuerdo del Congreso de Jalisco; varios de los cuales retomamos de manera textual a continuación.

1. El nueve de enero de 2003 el gobierno federal, interpuso demanda en contra de los Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, aduciendo violaciones al artículo 36 de la Convención de Viena, al omitirse informar a los detenidos sobre su derecho de comunicarse con los consulados mexicanos, figura jurídica que dentro del Derecho Internacional se conoce como la “Garantía de Asistencia Consular”, en relación a 51 ciudadanos mexicanos que fueron condenados a muerte por ilícitos cometidos en los estados de Texas, Oklahoma, California, Ohio y Oregón.

2. La Corte Internacional de Justicia de la Haya ordenó el día último de marzo de 2004 a los Tribunales de los Estados Unidos de América, revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte, al comprobarse la violación al artículo 36 de la Convención de Viena, que como se mencionó con antelación garantiza el derecho de asistencia consular.

3. Con motivo de la Resolución de la Corte Internacional de la Haya, la Casa Blanca el jueves 1o. de abril de 2004, informó que realizaría una revisión muy cuidadosa de la sentencia no vinculante, señalando el portavoz Mac Clelam que, “Es un dictamen muy completo, hay muchos asuntos qué encara el fallo, así que estaremos haciendo una revisión muy cuidadosa”.

4. El equipo legal que representó a México en la Haya expresó su confianza en que el Gobierno de los Estados Unidos de América, cumpla con el mandato de la Corte Internacional de Justicia, aunque no se descartó recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en caso de incumplimiento.

5. Dicha resolución involucraba a 51 mexicanos condenados a muerte que se encontraban sentenciados en los Estados Unidos de América, en donde se pronunciaba la Corte Internacional de la Haya por la revisión y reconsideración a las sentencias de nuestros connacionales, ajustándose la resolución al marco jurídico de la Convención de Viena, siendo esto un hito en los anales del derecho internacional al resolverse por unanimidad en contra de los Estados Unidos de América, el fallo internacional, al advertir el incumplimiento al derecho de asistencia consular de nuestros connacionales.

Todos los estados miembros de las Naciones Unidas, tenemos la obligación de, más allá de un compromiso moral, dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de las personas, sin distinción de ningún tipo, en virtud de que estamos ceñidos al contenido, alcance y cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyos considerandos se establece que “los estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre”.

Tanto México como Estados Unidos tenemos, como estados miembros de las Naciones Unidas, la obligación internacional de respetar y garantizar los derechos humanos en la administración de justicia. Por lo que, además de la sujeción que tenemos a la Corte Internacional de la Haya, nos encontramos sujetos a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuyo instrumento incluye el derecho de asistencia consular que permitiría, sin lugar a dudas, un procedimiento justo a nuestros connacionales.

Nuestro país, como estado que aspira a ser garante de los derechos humanos, debe velar por el respeto a tales derechos, no sólo de aquellas personas que se encuentran en nuestro país, sino también de aquellas que para obtener una mejor calidad de vida cruzan nuestras fronteras.

Por lo que nosotros, como Cámara de Diputados, atendiendo la reflexión que nos demandan los Congresos estatales, debemos externar nuestro interés y preocupación por el desacato del gobierno de Estados Unidos a la sentencia dictada por la Corte Internacional de la Haya, el 31 de marzo de 2004, relativa a la falta de asistencia consular de nuestros connacionales sentenciados a muerte.

En los casos que nos remiten los congresos locales, resulta preocupante la falta de atención que el gobierno estadunidense ha tenido a la sentencia emitida por la Corte Internacional de la Haya. Pero tampoco podemos olvidar que como Estado mexicano hemos asumido cabalmente durante muchos años, el respeto absoluto a los principios de la libre determinación de los pueblos y el de la no intervención, los cuales nos han permitido mantener una sana convivencia con la comunidad internacional, basada en el respeto mutuo y en la cooperación entre naciones.

La Cámara de Diputados no puede más que sumarse a las peticiones de los congresos estatales, subrayando el exhorto que se hace al Poder Ejecutivo para que, en caso de que persista la negativa de Estados Unidos a revisar los casos de los sentenciados a muerte, nuestro gobierno acuda a las instancias superiores de la ONU a hacer valer los principios consagrados en los instrumentos internacionales que hemos suscrito.

En virtud de lo anterior, someto a esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo como de urgente y obvia resolución, en los términos siguientes

Acuerdos

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respondiendo al exhorto hecho por el Congreso del estado de Jalisco, se solidariza con los 51 connacionales que se encuentran sentenciados a muerte en Estados Unidos.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que recurra al Consejo de Seguridad de la ONU por el incumplimiento de Estados Unidos a la resolución dictada por unanimidad por la Corte Internacional de La Haya, el 31 de marzo de 2004, relativa a los 51 mexicanos sentenciados a muerte.

Tercero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal para que realice una revisión integral de las políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, con el propósito de que se respeten de manera absoluta sus derechos humanos.

Cuarto.Comuníquese el presente acuerdo a las legislaturas estatales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Cámara de Senadores, para los efectos legales que correspondan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores.

CAMPO ALGODONERO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, a efecto de que en el proyecto de Presupuesto se consideren recursos para la Segob, y pueda dar cumplimiento a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que se refiere al pago de la indemnización a las víctimas de los casos Campo Algodonero, Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para que la Segob cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el pago de la indemnización a las víctimas de los casos Campo Algodonero, Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, integrantes de diversos Grupo Parlamentarios de la LXI Legislatura, proponemos a la honorable asamblea como de urgente y obvia resolución la aprobación de la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Para que la responsabilidad del Estado por violación a derechos humanos sea determinada, deben concurrir los tres siguientes elementos: a) acción u omisión del Estado; b) que cause un daño y que vulnere un derecho humano, y c) una resolución del órgano competente que así lo declare.

México ratificó en 1981 la Convención Americana de Derechos Humanos y no fue sino hasta 1998, que nuestro país reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh). En este sentido, conforme a los artículos 67 de la Convención Americana y 31 del Reglamento de la Coidh –los cuales, para el caso de nuestro país son vinculantes como lo establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– nuestro país acepta y reconoce el carácter inapelable y definitivo de las sentencias emitidas por este tribunal y se obliga a cumplir en todos sus términos y plazos, todas las disposiciones derivadas de cualquier sentencia que esta Corte emita.

El marco jurídico de la responsabilidad de reparar el daño en materia de derechos humanos en México se fundamenta en el artículo 113 constitucional. La reforma a dicho artículo en 2002, tuvo por objeto garantizar el derecho a exigir la responsabilidad del Estado por el actuar de sus representantes y obligar al Estado de establecer un régimen de responsabilidad patrimonial:

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Asimismo, en la exposición de motivos de la reforma de 2002 a dicho artículo se señala que:

Estas modificaciones constitucionales permitirán desarrollar más adelante, a través de una ley reglamentaria de la materia, un sistema de responsabilidad directa y objetiva del Estado, en mérito de la cual se reconocería la obligación de éste de resarcir los daños y perjuicios que cause a los particulares, cuando éstos no tengan la obligación jurídica de soportarlos y, al mismo tiempo, impulsar la eficiencia y el control de las actividades en su conjunto.

La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LFRPE) fue expedida en 2004 como reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113. Esta Ley, fija las bases y procedimientos para reconocer el derecho de las victimas de daños a la indemnización, (como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado); y establece en su artículo 2o. que, en materia de indemnización, será aplicable “para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos...”

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tiene la partida de gasto 394 (antes 3904) denominada “Sentencias y resoluciones judiciales” y se describe como “Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente”.Esta partida, atiende específicamente lo que dispone el artículo 5o. de la LFRPE,a saber:

Los entes públicos federales cubrirán las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial que se determinen conforme a esta Ley, con cargo a sus respectivos presupuestos.

Los pagos de las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En la fijación de los montos de las partidas presupuestales deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior, según lo dispuesto en los artículos 8 y 11 de la presente ley.

Todo lo anterior nos permite dar sustento jurídico y legal al carácter vinculante de las sentencias que condenan al Estado mexicano y lo obligan a cumplir –en todos sus términos– sus disposiciones, dado que concurren los tres elementos que determinan la responsabilidad del Estado por la violación a derechos humanos y que se describen al inicio de este punto de acuerdo.

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Corte IDH en los años 2009 y 2010, el Estado mexicano está obligado a cumplir con la reparación del daño por ser responsable internacionalmente de diversas violaciones a los derechos humanos,y ha sido condenado a pagar a las víctimas y a sus familias por concepto de indemnización las siguientes cantidades:

a) Sentencia dictada el 16 de noviembre de 2009 en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) versus México

Daño material...................... US$1`172,600.00

Daño inmaterial...................... US$383,000.00

Costas y gastos.......................... US$45.000,00

Total................................... US$ 1’600,600.00

b) Sentencia dictada el 23 de noviembre de 2009 en el caso Rosendo Radilla Pacheco versus México

Daño material........................... US$13,300.00

Daño inmaterial...................... US$120,000.00

Costas y gastos.......................... US$25,000.00

Total......................................... US 158,300.00

c) Sentencia dictada el 30 de agosto de 2010 en el caso Inés Fernández Ortega vs México

Daño material............................. US$5,500.00

Daño inmaterial........................ US$87,500.00

Costas y gastos.......................... US$25,000.00

Total........................................ US$118,0 00.00

d) Sentencia dictada el 31 de agosto de 2010 en el caso Valentina Rosendo Cantú vs México. 

Daño material............................. US$5.500,00

Daño inmaterial........................ US$60.000,00

.................................................... US$10.000,00

Costas y gastos.......................... US$25,000.00

Total........................................ US$100,5 00.00

Monto en dólares estadounidenses US $ 1`977,400.00

Monto en pesos mexicanos.... $ 24’717,500.00

(*Tipo de cambio: $12.50 MN = $1.00 USD)

Al ser condenado el Estado mexicano, la obligación de responder se hace efectiva para los tres ámbitos del gobierno federal. De ahí que el Poder Legislativo esté sujeto a la obligación de realizar las gestiones necesarias para asegurar que sean pagadas íntegramente las indemnizaciones a las víctimas y a sus familiasy evitar con ello, una nueva re-victimización que no puede ser tolerada por esta Soberanía. Asimismo, el Estado mexicano deberá cubrir las cantidades líquidas devengadas por sentencias que eventualmente se emitan por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo sería una resolución condenatoria en el caso de los señores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (“Campesinos Ecologistas”).

Por lo expuesto, ponemos a su consideración la siguiente propuesta de

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2011, considere la asignación de $24’717,500.00 (veinticuatro millones setecientos diecisiete mil quinientos pesos moneda nacional) a la Secretaría de Gobernación en la partida de gasto 394, (antes 3904) denominada “Sentencias y resoluciones judiciales” que se describe como “asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente”,conla finalidad de dar cabal cumplimiento a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que se refiere al pago de la indemnización a las víctimas de los casos Campo Algodonero, Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2010.— Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Filemón Navarro Aguilar, Mario Moreno Arcos, Vidal Llerenas Morales, Javier Corral Jurado, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LICENCIATURA EN PUERICULTURA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, que propone un punto de acuerdo en el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas estatales a que analicen la viabilidad de incorporar al sistema de educación pública la licenciatura en puericultura.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas estatales a analizar la viabilidad de incorporar en el sistema de educación pública la licenciatura en puericultura, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, y a las autoridades educativas estatales, para que analicen, mediante un estudio, la viabilidad de incorporar al sistema de educación pública la licenciatura en Puericultura, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

La historia del cuidado de los menores por instituciones en nuestro país, se remonta desde la época de la conquista, en enero de 1767 el señor arzobispo Lorenzana y Builtrón fundó el primer albergue infantil la “Casa para Niños Expósitos”; en la primer mitad del siglo XIX en el año de 1837, se inauguró la primera guardería en México, dirigida para el cuidado de los hijos de comerciantes del entonces Mercado del Volador.

En el México del siglo XX para el año de 1941, se inició con el carácter de seguridad social la prestación del servicio de guarderías para los trabajadores al servicio del Estado, por parte del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y fue hasta 1973, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proporcionó, entre las prestaciones a sus derechohabientes, el servicio de guardería.

La puericultura en México data del año 1884, bajo la dirección del doctor Manuel Domínguez que entre las primeras medidas tomadas para el bienestar de los niños, fue separar a los niños que cumplían seis o siete años del resto de los menores, y para el año 1900 se instituyó la práctica de la biometría en los niños, así como la aplicación de la vacuna antivariolosa a cada niño que ingresaba a la casa de expósitos.

Consideraciones

La importancia de la puericultura recae en las aportaciones que ha realizado a la sociedad y al desarrollo de la infancia. La puericultura o “cuidado de los niños”, surge dentro de las ciencias médicas, actualmente está dirigida a identificar las características cognoscitivas y sociales del niño, valorando los trastornos del desarrollo y discapacidades para determinar su atención; aplica programas para desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes tomando en cuenta la edad del menor. Los conocimientos médicos de esta especialidad la califican para la prevención de enfermedades, así como para la atención de los accidentes más comunes en la infancia, asimismo, realiza el diseño, aplicación de programas educativos, nutricionales y didácticos.

En nuestro país tenemos aproximadamente una población de 14,400,669 niños entre 0 y 6 años de edad, de los cuales, aproximadamente 509,337 niños son cuidados por sistemas públicos como guarderías o estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social.

Existe una gran diversidad de prestadores de servicios de guarderías, estancias infantiles, centros de desarrollo, clínicas y hospitales de carácter público y privado dedicadas al cuidado de los niños, el crecimiento en la demanda de estos servicios hacen que la necesidad de profesionalizar al personal sea primordial para los intereses y bienestar de las familias.

Por otra parte, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la niñez y de velar por el interés superior de la infancia en cumplimiento con lo estipulado en el párrafo sexto del artículo 4º cuarto de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual prevé en su artículo 18 que “Los Estados Parte adoptarán todas mas medidas apropiadas para que los niños cuyos padres tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas”.

En la actualidad, la puericultura es un programa de capacitación que se imparte en 448 horas en el nivel de educación media superior, lo que genera que nuestra infancia esté bajo el cuidado de jóvenes con una preparación básica. Por otra parte la responsabilidad del Estado es asegurar el bie-nestar de la infancia que actualmente es aproximadamente del 10 por ciento de la población total del país y por lo tanto, éste sector de la sociedad debe de contar personal con un mayor nivel de formación para beneficio de toda la sociedad mexicana, para contar con profesionistas formadores de una nueva generación de ciudadanos mejor preparados.

Por lo anteriormente expuesto, se sustenta la solicitud dirigida a la Secretaría de Educación Pública, para la realización de un análisis en el cual se contemple la viabilidad de la creación e incorporación al sistema de educación pública de la carrera profesional a nivel de licenciatura en puericultura.

Son de considerarse los grandes beneficios que esta propuesta traería aparejados para la sociedad: la oportunidad con la que los jóvenes contarían al ofrecerles una nueva opción para su formación profesional, al capacitarse para un campo laboral que está en desarrollo y crecimiento; el estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la norma oficial mexicana, NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores; el contar con una nueva generación de mexicanos con una formación de valores sociales, familiares y cívicos, mas sólidas que generaciones anteriores, así como con una mejor cimentación para su preparación académica y del cuidado de su salud, lo cual generaría un gran impacto social y económico en nuestro país.

Conforme al principio rector del Plan Nacional de Desarrollo, el propósito del desarrollo, es crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras, por lo tanto, hay que crear conciencia que teniendo una niñez protegida se crea una juventud con futuro y que cualquier esfuerzo que se realice para el bien de este sector de la población, es mínimo para los beneficios que como nación podemos recibir en los años venideros.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales, para que analicen, mediante un estudio, la viabilidad de incorporar al sistema de educación pública la licenciatura en Puericultura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos de la diputada Delia Guerrero Coronado, que exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que a partir de 2011 reclasifiquen a los municipios del estado de San Luis Potosí, del área geográfica C al área geográfica B.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a reclasificar a partir de 2011 del área geográfica C a la B los municipios de San Luis Potosí, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. La fracción VI del Apartado A) del artículo 123 constitucional faculta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para fijar éstos y a su vez el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo establece que dichos salarios se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente, los cuáles deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural.

2. Durante diciembre del presente año, los miembros del honorable Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos procederán a fijar los salarios mínimos generales y profesionales que entrarán en vigor en la República Mexicana a partir del primero de enero de 2011.

3. En cumplimiento de los deberes y atribuciones señalados en la fracción III del artículo 561 y en el artículo 562 de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica lleva a cabo los trabajos de investigación y los estudios necesarios para determinar las condiciones generales de la economía del país, los principales cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así como las variaciones en el costo de la vida de las familias en todo el país.

4. En San Luis Potosí los efectos de la crisis económica del 2009 y la débil actividad económica del 2010, generó una importante caída en la capacidad adquisitiva de la población de la entidad con los sucesivos retrasos en materia de desarrollo social.

5. Con base en el desempeño esperado de la economía internacional y la información más reciente acerca de la actividad productiva nacional, en el 2010, el producto interno bruto de México será uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor crecimiento económico este año, sin embargo, la economía mexicana registró una profunda crisis que llevó a que el crecimiento económico durante el 2009 fuera negativo a una tasa del 6.5 por ciento, con la consecuente pérdida de empleos.

6. En adición a lo anterior, el Consejo de Representantes al establecer los salarios mínimos que habrán de regir a partir del 1o. de enero de 2011, deben de considerar que el objetivo del empleo productivo debe ser una meta fundamental de la política y de la estrategia nacional de desarrollo, y base de la estrategia de reducción de la pobreza, más tratándose de entidades con elevados índices de marginación y rezago social.

7. La gente de San Luis Potosí está padeciendo con la crisis del empleo. Detrás de cada empleo perdido hay un drama personal, una familia en grandes dificultades y una crisis social. La incertidumbre y la disminución de los ingresos alimentan la inseguridad. Cuando el desempleo se prolonga, los trabajadores pierden progresivamente sus competencias laborales.

8. En varios municipios de San Luis Potosí hay ahora trabajadores calificados del sector formal que se están dedicando a actividades provisionales en la economía informal, donde están sometidos a condiciones laborales más desfavorables.

9. De acuerdo a las áreas geográficas vigentes en que para fines salariales se ha dividido a la República Mexicana, los municipios de San Luis Potosí se encuentran clasificados en el área geográfica C, mientras que algunos municipios de Tamaulipas como Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, El Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico y Xicoténcatl se encuentran en la zona con nivel salarial B.

10. Actualmente los salarios mínimos generales que tienen vigencia a partir del 1 de enero de 2010 en las áreas geográficas son los que se señalan a continuación: Área geográfica A, corresponde un salario de 57.46 pesos; área geográfica B, un salario de 55.84 pesos y área geográfica C que corresponde un salario mínimo diario de 54.47 pesos.

En virtud de lo expuesto y fundado, se pone a consideración de esta honorable asamblea como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a reclasificar, a partir de 2011, los municipios de San Luis Potosí, del área geográfica C al área geográfica B, en materia de salarios mínimos, con el fin de favorecer a los trabajadores y familias potosinas que registran una pérdida del poder adquisitivo acumulada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.— Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

COMISION INVESTIGADORA DE LOS ACTOS DE CORRUPCION EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, que crea una comisión que investigue los actos y hechos de corrupción en el IMSS.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión investigadora de los actos de corrupción en el IMSS, a cargo del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado martes 9 de noviembre se dieron a conocer a la opinión pública presumibles hechos que constituyen gravísimos actos delictivos y de corrupción, que denigran el eficiente y correcto ejercicio de la función pública en una de las instituciones que ha sido por más de 50 años piedra angular de la seguridad social en el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Todos hemos sido testigos de la difusión en los principales medios de comunicación de una grabación telefónica en la que un directivo del laboratorio Novartis presuntamente negocia un contrato con un funcionario del IMSS, César Mora Eguiarte.

Se ha informado que en estos hechos presuntamente se encuentra involucrado también el presidente ejecutivo del laboratorio farmacéutico Stendhal, Carlos Abelleyra, quien fuera presidente de la Canifarma, por lo que se dice que se trata de un acto de colusión y no de soborno.

Aun cuando ahora se maneja la versión de que la grabación telefónica es entre particulares, lo más grave y lamentable es que en estos hechos se utilicen recursos públicos y las instituciones como instrumento de negocio entre particulares.

No debemos permitir tal situación, más aún cuando aquí año con año aprobamos para el IMSS la asignación de esos recursos, cuyo destino es robustecer su operación y funcionamiento en favor de los trabajadores y los ciudadanos.

En años recientes hemos visto cómo el IMSS ha sufrido embates y acusaciones de inoperatividad, atención médica y hospitalaria deficiente, trato incorrecto a los usuarios y demás calamidades que también se ciñen sobre las instituciones públicas de servicio social que dan cobertura y asistencia a las clases más desprotegidas y vulnerables.

En días pasados, al celebrarse la asamblea general ordinaria del IMSS, el presidente de la República alertó sobre la falta de recursos para garantizar las pensiones de los trabajadores que gozan de dicha protección, toda vez que según la información que dijo conocer a más tardar en 2012 se dejaría de contar con recursos para la cobertura de la única fuente de subsistencia, precaria por cierto, de millones de trabajadores que entregaron los mejores años de su vida al engrandecimiento de México.

La información presidencial contradice lo que hechos recientes nos han demostrado: la exhibición en medios electrónicos de cobertura nacional de notorios actos de corrupción en los que presuntamente se encuentran involucrados funcionarios del más alto nivel del IMSS, y quizá de diversos ámbitos del sector salud, lo que arroja a la cara de la opinión pública la incongruencia de las afirmaciones oficiales.

Esos hechos, lejos de revertir el panorama que priva en las instituciones de seguridad social y de fortalecerlas, abonan y profundizan la situación compleja y de crisis por la que atraviesan éstas, concretamente el IMSS.

Tales hechos nos obligan a reparar y actuar con prontitud, toda vez que del diagnóstico último que emite Transparencia Internacional en materia de corrupción, se concluiría que el país es hoy más corrupto y menos democrático.

No en vano tal organismo señala que México obtuvo para este año 3.1 de calificación, por lo que toca fondo en el índice de percepción de corrupción: se coloca en el sitio 98, 9 lugares abajo con relación a 2009, cuando estuvo en el 89. Eso significa que el país es más corrupto que nunca, a la par de Egipto y Burkina Faso.

En suma, estas viejas prácticas y comportamientos perversos que ahora se han dado a conocer en el IMSS afectan la correcta administración y función pública. Deben ser aclarados.

El Congreso de la Unión no puede permitir que las instituciones públicas sigan siendo presa de situaciones y comportamientos que, de ser ciertos, deber ser sancionados con todo rigor.

Como representante popular interesado y comprometido con la ciudadanía y la clase trabajadora en la defensa de sus intereses y en la búsqueda de soluciones a sus reclamos, hago desde esta tribuna un firme llamado a quien dirige el IMSS para que venga a la Cámara a dar una explicación de cara a la sociedad sobre estos hechos, vergonzosos y lastimosos para todos los mexicanos.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General pido a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, como de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confieren el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General, acuerda la integración de una comisión cuyo objeto es investigar los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en torno de las adjudicaciones y contrataciones del inicio de la presente administración a la fecha; particularmente por la Coordinación de Adquisiciones de Bienes de dicho instituto, a cargo del ciudadano César Mora Eguiarte.

La comisión se integrará y funcionará conforme a los lineamientos básicos siguientes:

1. La comisión de investigación podrá allegarse de toda la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime conveniente con las autoridades correspondientes y realizar las gestiones necesarias, conforme a su marco normativo aplicable.

2. Se integra con nueve diputados, propuestos por los grupos parlamentarios, con base en la siguiente proporción:

2 del PRI, 2 del PRD, 1 del PAN; 1 del PVEM, 1 de Convergencia, 1 del PT y 1 de Nueva Alianza.

3. Los resultados de la actuación, investigaciones y conclusiones de la comisión se harán del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, de la Procuraduría General de la República y demás autoridades competentes, para los efectos legales a que haya lugar.

Segundo.La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados cita a comparecer ante el pleno de esta soberanía al ciudadano Daniel Karam Toumeh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con objeto de que informe a detalle sobre los procesos de licitaciones, adjudicaciones y contrataciones que se realizan desde el inicio de su gestión hasta la fecha, así como de los presuntos hechos de corrupción ocurridos recientemente en la Coordinación de Adquisiciones de Bienes del instituto.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.— Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

DERECHOS DE CIUDADANOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos del diputado Guillermo Cueva Sada, con punto de acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores proteja los derechos y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos en el extranjero.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la SRE proteja los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos mexicanos en el extranjero y de las empresas con participación de capital mexicano, particularmente las constituidas para superación en la República Bolivariana de Venezuela y que han sido afectadas por las políticas públicas de carácter intervencionista, discriminatorio y abusivo por su presidente, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM

Guillermo Cueva Sada, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde 2008 el mundo padece una de las peores crisis económicas, misma que comenzó y tuvo origen en los Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos precios de las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial, una elevada inflación y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. La causa raíz de toda crisis según la teoría austríaca del ciclo económico es una expansión artificial del crédito. En palabras de Jesús Huerta de Soto esta crisis “surge de la expansión crediticia ficticia orquestada por los bancos centrales, y que ha motivado que los empresarios invirtieran donde no debían”.

Para agravar más aún este factor mundial de desequilibrio, en la República Bolivariana de Venezuela particularmente los mexicanos se han visto gravemente afectados en sus patrimonios, ya que el cambio en la línea ideológica de las políticas de Venezuela por la llamada Revolución Bolivariana hacia el socialismo del siglo XXI, implementadas por el presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, se ha caracterizado por la serie de ordenanzas de nacionalización de diversas empresas con participación de capitales mexicanos.

En México la Doctrina Estrada, que postula los principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, indica que el reconocimiento de gobiernos es una interferencia de un estado en otro, por lo cual el gobierno de México se limita y actúa al margen sin calificar el derecho de otros países a cambiar sus gobiernos o autoridades buscando relaciones diplomáticas sanas y de acuerdo, donde no cabe la injerencia de un estado en otro en cuanto a los cambios ideológicos, sociales o de gobierno.

De acuerdo a lo anterior es que reprobamos enérgicamente la implementación de las políticas y ordenanzas realizadas por dicho mandatario, ya que la belicosidad generada en la sociedad, la sustracción injustificada de recursos tanto de su pueblo, como de mexicanos que en un afán de progreso armónico han invertido en dicha nación, la falta de diplomacia por parte del gobierno y el trato discriminatorio del gobierno venezolano, ha generado daños evidentes a México y sus nacionales, a empresas de capital mexicano y a quienes en ellas trabajan.

Es totalmente reprobable el doble discurso con que se arropan la injusticia y abuso del gobernante venezolano, discurso que por un lado ondea una bandera que pugna por justicia, que pregona la unificación y respeto de los pueblos de la América Latina y, que por otro lesiona personas, menoscaba sus intereses y sobre todo su patrimonio, sin que medie en ello ningún respeto ni consideración sutil de convenios y cooperación.

El cambio ideológico y social comenzado desde el 4 de febrero de 1992 en Venezuela, basado en el ideario del libertador Simón Bolívar, las doctrinas de Simón Rodríguez, quien proponía que Latinoamérica inventase su propio sistema político, y el general Ezequiel Zamora, quien defendía la tenencia de la tierra para los campesinos que la trabajaban y tiene como fin llegar a un nuevo socialismo, no es el motivo del presente documento, sino las consecuencias de los actos abusivos e injustificados de un presidente que con sus abusos ha lesionado en su camino patrimonio hermano. México y sus ciudadanos han padecido los embates de estas estrategias del gobierno sufriendo un trato discriminatorio y socavando la inversión en su país.

Por lo anterior es que tenemos la obligación y compromiso como legisladores de velar por el respeto a los derechos y los intereses de nuestros representados en el extranjero, respaldar mediante las instituciones encargadas y competentes la estabilidad en el marco de la cooperación internacional y el respeto a la soberanía. Los países de la América Latina, como ha señalado Hugo Chávez en reiteradas ocasiones deben tener una estrecha relación de armonía y cooperación. Por eso es que consideramos la necesidad de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para que intervenga en el ámbito de sus facultades protegiendo los intereses de los ciudadanos y empresas mexicanas, y manifieste enérgicamente una solicitud al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que en estricto apegó a derecho se dé cause a las negociaciones sobre la base de los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y apertura.

Punto de Acuerdo

Único.El Congreso mexicano hace un enérgico pronunciamiento para que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga todo lo que se encuentre en el ámbito de sus atribuciones, para proteger en el marco de los tratados internacionales de cooperación y comerciales, los derechos y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos en el extranjero así como de las empresas con participación de capital mexicano, particularmente los que han sido constituidos legalmente para su operación en la República Bolivariana de Venezuela y han sido afectadas por políticas públicas de carácter intervencionista, discriminatorias y abusivas por parte de su presidente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.— Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Antes de proceder, saludamos a los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, invitados por la diputada Ángeles Nazares Jerónimo. Bienvenidos, estimados amigos estudiantes michoacanos.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Herón Agustín Escobar García, para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que otorgue la toma de nota a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El diputado Herón Agustín Escobar García:Muchas gracias, señor presidente.

Antes que nada, quisiera agradecer a la fracción parlamentaria del PRI, del PRD, del PAN, del Partido Verde, del Partido de Nueva Alianza, del Partido de Convergencia, por haberme permitido poner este punto de acuerdo en este orden.

Una vez más se pretende vulnerar la autonomía sindical de nuestro país. Los trabajadores administrativos sindicalizados de la Universidad de Sinaloa en los meses recientes renovaron su dirigencia con apego a su estatuto y normatividad.

Este proceso dio inicio en mayo pasado con la emisión de la convocatoria a la asamblea general ordinaria donde se acordó la integración del colegio electoral, el cual tuvo un periodo de vigencia del 27 de mayo hasta el 27 de julio de 2010, que fueron los meses en que se desarrolló el proceso para la renovación de la dirigencia.

El Consejo Electoral legalmente acordó emitir la convocatoria de elecciones para renovar el Comité Ejecutivo para el periodo 2010-2013, señalando como fecha para emitir la votación el 13 de julio, de las 8 a las 20 horas.

El 16 de julio del presente año el Consejo Electoral dio a conocer los resultados de la elección llevada a cabo el 13 de julio, en la que resultó ganadora la planilla Movimiento Estatal de Trabajadores Activos y Jubilados, con un total de mil 700 votos, contra mil 619 votos de la planilla Unidad Fortaleza y Sindical.

En esa misma fecha el reporte del Colegio Electoral fue avalado por la asamblea ordinaria del sindicato, donde se le tomó protesta al nuevo Comité Ejecutivo sindical para el periodo 2010, encabezado por el ingeniero Marco Antonio Medrano Palazuelos.

A raíz de la aprobación por la asamblea sindical se procedió a solicitar la toma de nota a la Junta de Conciliación y Arbitraje, hecho que hasta la fecha no se ha llevado a efecto, dejando al sindicato y a los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa en una situación de vulnerabilidad.

Los documentos que avalan el proceso de elección no dejan lugar a dudas de que no hay anomalía, ni irregularidad alguna que impida que la Junta de Conciliación emita la toma de nota y la dirigencia sindical pueda ejercer sus funciones de salvaguardar los intereses de los trabajadores en dicho centro de estudios.

Las autoridades universitarias no han reconocido al nuevo Comité y señalan que la única dirigencia reconocida es la que terminó funciones en julio pasado. La información más reciente que tenemos es que se pretende llamar a elecciones de manera irregular...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado Herón Agustín Escobar García: Con el afán de imponer una dirigencia a modo y en contubernio con las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Concluyo...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le otorgamos un minuto, para concluir, señor diputado.

El diputado Herón Agustín Escobar García:Gracias, señor presidente.

Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a que otorgue la toma de nota a la dirigencia única del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa división administrativos, electa democráticamente el 13 de julio.

Segundo. En términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se propone la creación de una comisión especial de seguimiento y medición entre el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Sinaloa división administrativos y las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de noviembre de 2010. Muchas gracias, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a otorgar la toma de nota a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, división administrativos, elegida democráticamente el 13 de julio, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal a la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerado como de urgente resolución, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

Una vez más se pretende vulnerar la autonomía sindical en nuestro país.

Los trabajadores administrativos sindicalizados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en los meses recientes, renovaron su dirigencia con apego a su estatuto y normatividad.

Este proceso dio inicio en mayo pasado, con la emisión de la convocatoria a la asamblea general ordinaria donde se acordó la integración del colegio electoral, el cual tuvo un periodo de vigencia del 27 de mayo hasta el día 17 de julio de 2010, que fueron los meses en los que se desarrolló el proceso para renovación de la dirigencia.

El consejo electoral legalmente electo acordó emitir la convocatoria a elecciones ordinarias para renovar el comité ejecutivo para el periodo 2010-2013, señalando como fecha para emitir la votación el 13 de julio, de las 8:00 a las 20:00 horas.

El 16 de julio del presente año, el consejo electoral dio a conocer los resultados de la elección llevada a cabo el 13 de julio, en la que resultó ganadora la planilla Movimiento Estatal de Trabajadores Activos y Jubilados, con un total de mil 720 votos contra mil 619 votos de la planilla Unidad y Fortaleza Sindical.

En esa misma fecha, el reporte del colegio electoral, fue avalado por la asamblea ordinaria del sindicato, donde se le tomó protesta al nuevo comité para el periodo 2010-2013, encabezado por el ingeniero Marco Antonio Medrano Palazuelos.

A raíz de la aprobación por parte de la asamblea sindical, se procedió a solicitar la toma de nota a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hecho que hasta la fecha no se ha llevado a efecto, dejando al sindicato y a los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa en una situación de vulnerabilidad.

Los documentos que avalan el proceso de elección no dejan lugar a duda de que no hay anomalía ni irregularidad alguna que impida que la Junta de Conciliación emita la toma de nota y la dirigencia sindical pueda ejercer las funciones de salvaguardar los intereses de los trabajadores de dicho centro de estudios.

Las autoridades universitarias no han reconocido al nuevo comité del sindicato y señalan que la única dirigencia reconocida es la que terminó funciones en julio pasado.

La información más reciente que tenemos es que se pretende llamar a elecciones de manera irregular con el afán de imponer una dirigencia a modo y en contubernio con las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Compañeras y compañeros diputados: los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, eligieron de manera democrática, abierta y transparente a la dirigencia de su sindicato, siempre en apego a sus disposiciones estatutarias.

La intervención de las autoridades para enturbiar el proceso y negar la toma de nota rompe con los principios democráticos del sindicato y vulneran a la base trabajadora.

Es por ello, que creemos que se debe buscar que le sea otorgada la toma de nota a la dirigencia electa el 13 de julio pasado, que encabeza el ingeniero Marco Antonio Medrano Palazuelos.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a otorgar la toma de nota a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, División Administrativos, electa democráticamente el 13 de julio, y que encabeza el ingeniero Marco Antonio Medrano Palazuelos.

Segundo.En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se propone la creación de una comisión especial de seguimiento y medición entre el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa división administrativos y las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. D

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 noviembre de 2010.— Diputado Herón Agustín Escobar García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al contrario señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, hay dos terceras partes por la negativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se considera de urgente resolución, y se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Dado que se trata de un exhorto y de una situación extraordinaria, me voy a permitir cambiar el turno y la vamos a turnar a la Junta de Coordinación Política.

Diputada, adelante.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): En este caso sí está usted modificando el turno. Yo  considero que en el otro caso también, porque me parece muy grave que un asunto que está hablando con relación a la penalización del aborto, que para mí debería ser un derecho humano, en este día que es un día que se conmemora lo que es la lucha que se da en contra de la violencia, no turne una iniciativa con estas características a la Comisión de Equidad y Género.

Me parece que es una decisión que usted mismo podría tomar, y que realmente sería en honor al mismo día que hoy se celebra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Como usted sabe, trato de ser absolutamente considerado a esas expresiones. He mantenido el turno a la comisión que corresponde legalmente, que es la de Puntos Constitucionales. De ninguna manera he desechado la posibilidad de que, tras hacer el análisis respectivo, le ampliemos ese turno entre otros análisis. Lo haré con el propio presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tenga usted por seguro que atenderé su solicitud debidamente. Diputado Herón.

El diputado Herón Agustín Escobar García:Señor presidente, yo considero que el turnar a la Junta de Coordinación Política el punto que acabo yo de proponer, sí es imprescindible porque en el estado de Sinaloa ya hay visos muy cercanos a la violencia, y no queremos que en el estado de Sinaloa haya violencia.

Si de hecho ya está la situación como está con esa narcoguerra que trae Felipe Calderón, esto puede provocar algo en la intromisión de sectores ajenos a la universidad para provocar violencia. Por eso yo sometí este punto a consideración del pleno, en aras de la sensibilidad que podamos tener todos, porque todos aquí, todas las fracciones se han parado aquí a repudiar esa guerra falsa contra el narcotráfico que ha traído más de 30 mil muertos, y nosotros no queremos que en Sinaloa haya una provocación que nos lleve a que haya manos ajenas en la Universidad y provoque sangre en el estado de Sinaloa.

Señor presidente, le pido de favor que esto se turne de urgente resolución.

Ante la opinión pública y ante los trabajadores administrativos del Sindicato de la Universidad de Sinaloa, estamos luchando para que el problema se resuelva adecuadamente para el bienestar y estabilidad del estado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Ratificamos el turno en ese sentido, va a la Junta de Coordinación Política.

PROGRAMA DE FORMACION Y DESARROLLO DE COROS JUVENILES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada doña Beatriz Elena Paredes Rangel, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a la SEP a que establezca un programa de Formación y Desarrollo de Foros Juveniles.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:Compañeras diputadas y compañeros diputados, de manera muy breve, para señalar que la cultura nacional se entreverá con la fuerza que proyectó el Movimiento de la Revolución Mexicana.

Que la plástica mexicana se transformó con el colorido de los grandes muralistas que dejaron inmortalizados en los muros de los edificios principales de México las características de esa gesta heroica de nuestro pueblo.

También la música mexicana se enriqueció y adquirió un perfil propio al recoger, como en una crónica llena de armonía, lo que fueron momentos luminosos de las Adelitas, de las Valentinas y de quienes hicieron posible el trastocamiento de la realidad social a inicios del siglo XX. Estos elementos de nuestra cultura nacional deben proyectar la conciencia de las nuevas generaciones.

En ese sentido, y en el marco de las conmemoraciones del bicentenario de nuestra Independencia y del centenario de nuestra Revolución, estimamos pertinente el proyectar con los jóvenes y las jóvenes de nuestro país los valores de nuestra cultura mexicana, para refrendar nuestra pertenencia a este país pluriétnico y pluricultural.

Por ello, y agradeciendo la suscripción de este punto de acuerdo a los señores coordinadores y vicecoordinadores de las bancadas de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, estamos proponiendo que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que, con motivo de las conmemoraciones del inicio del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, establezca un programa de Formación y Desarrollo de Coros Juveniles que provean a los adolescentes de educación musical y propicien el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana.

Segundo. El mencionado programa se establecerá en cada una de las escuelas de nivel secundaria de todo el sistema educativo escolarizado, en las fases que determine la Secretaría de Educación Pública.

Tercero. El Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes, los institutos de cultura de los estados y otras instituciones culturales de carácter público y privado podrán coadyuvar para el establecimiento de los coros juveniles en todo el sistema de educación escolarizado público.

Cuarto. Las escuelas secundarias particulares que deseen sumarse al programa podrán hacerlo cumpliendo la normatividad que al efecto establezca la Secretaría de Educación Pública.

Quito. De ser necesario, la Secretaría de Educación Pública dispondrá parte de los recursos autorizados por esta soberanía en el Ramo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, para la realización de este programa.

Aprecio a los presidentes de la Comisión de Educación y de Cultura la suscripción, así como al secretario de la Comisión de Cultura y a otras y otros compañeros diputados.

Que sea para bien de la formación de los jóvenes mexicanos, en el entendido de que asomarse al arte y a la música es asomar los ojos del hombre a la grandeza del espíritu, y la grandeza del espíritu requiere también ideología para forjarse consistentemente. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a establecer un programa de formación y desarrollo de coros juveniles, que provea a los adolescentes de educación musical y propicie el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana, a cargo de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el bicentenario y el centenario de los inicios de la Independencia y de la Revolución Mexicana han motivado la realización de un conjunto de celebraciones que tienen como propósito la evocación histórica, la valoración de los elementos constitutivos de la identidad nacional derivados de estas gestas y el aquilatamiento de los valores de libertad, democracia y justicia que inspiraron a nuestros héroes patrios.

Segunda. Que un elemento fundamental de la identidad nacional se vincula con las expresiones artísticas populares derivadas de los movimientos de Independencia y de la Revolución. De manera muy significativa tanto la Independencia como la Revolución inspiraron a la plástica mexicana, y la música popular recoge diversos momentos del heroísmo popular y de la crónica de los sucesos acontecidos. El impacto en la cultura popular de ambos movimientos fue de tal trascendencia que le imprimió un sentido; en el caso de la música, produjo géneros musicales reconocidos que han tenido una gran repercusión en la música nacional y han trascendido nuestras fronteras, como el corrido revolucionario, entre otros.

Tercera. Que, el aprendizaje de la música desarrolla en niños y adolescentes el desenvolvimiento de sus sentidos, particularmente del oído musical, favorece y estimula la memoria y cuando se trata de trabajo en grupos, como son los coros y las orquestas, provocan un ambiente propicio para estimular la buena conducta vinculada al espíritu de cooperación, a la puntualidad, entre otros.

Cuarta. Que, habida cuenta de que participar en un grupo musical implica un esfuerzo de organización del tiempo, de higiene personal, de disciplina, para concurrir a los ensayos y propicia el trabajo en equipo, y que las experiencias de enseñanza musical en grupo han demostrado su repercusión positiva en el comportamiento de los educandos y en su concentración en el aprendizaje académico en otras materias.

Quinta. Que, considerando que en México es necesario estimular el espíritu de cuerpo, el trabajo en equipo, apoyar el reconocimiento de los atributos de un mexicano por otros mexicanos y favorecer todo lo que implique un trabajo de conjunto para desarrollar una conciencia de cooperación y de solidaridad entre los mexicanos.

Sexta. Que en los tres niveles de la educación de tipo básico se busca aproximar a los alumnos a las distintas maneras de hacer arte, pero es en la educación secundaria en donde se enfatiza la contextualización histórica y social de las manifestaciones artísticas como elemento que favorece la formación de la conciencia histórica y fortalece la construcción del sentido de pertenencia a una cultura nacional. Con pleno respeto a las preferencias musicales de los alumnos, es conveniente que en este nivel se les ofrezca la posibilidad de acceder a géneros y estilos valorados históricamente por nuestra sociedad.

Con base en las consideraciones anteriores, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

1. Se instruye a la Secretaría de Educación Pública para que, con motivo de las conmemoraciones del inicio del bicentenario y el centenario de la Independencia y de la Revolución, establezca un programa de formación y desarrollo de coros juveniles, que provean a los adolescentes de educación musical y propicien el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana.

2. El mencionado programa se establecerá en cada una de las escuelas de nivel secundaria de todo el sistema educativo escolarizado, en las fases que determine la Secretaría de Educación Pública.

3. El Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes, los Institutos de Cultura de los Estados y otras instituciones culturales de carácter público y privado, podrán coadyuvar para el establecimiento de los coros juveniles en todo el sistema de educación escolarizado público.

4. Las escuelas secundarias particulares que deseen sumarse al programa, podrán hacerlo, cumpliendo la normatividad que al efecto establezca la Secretaría de Educación Pública.

5. De ser necesario, la Secretaría de Educación Pública dispondrá de parte de los recursos autorizados por esta soberanía en el Ramo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, para la realización de este programa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.— Diputados: Beatriz Elena Paredes Rangel, Josefina Eugenia Vázquez Mota, Francisco José Rojas Gutiérrez, José Trinidad Padilla López, Pedro Jiménez León, Beatríz Elena Paredes Rangel, Pablo Escudero Morales, Armando Jesús Báez Pinal, José de Jesús Zambrano Grijalva, Juan José Guerra Abud, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Joel González Díaz, Roberto Pérez de Alva Blanco, Kenia López Rabadán, María de Jesús Aguirre Maldonado, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Rosalina Mazari Espín, Humberto Lepe Lepe,  Oscar García Barrón, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, Héctor Fernández Aguirre, Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, Lorena Corona Valdés, Hilda Ceballos Llerenas, Adriana Terrazas Porras, Caritina Sáenz Vargas, José Antonio Aysa Bernat, David Ricardo Sánchez Guevara, Elvia Hernández García, José Ramón Martel López, Rodrigo Reina Liceaga, Laura Felícitas García Dávila,  Norma Leticia Orozco Torres, Silvia Puppo Gastelum, María del Carmen Izaguirre Francos, Francisco Alberto Jiménez Merino, Óscar Guillermo Levin Coppel,  Obdulia Magdalena Torres Abarca, Noé Fernando Garza Flores, Clara Gómez Caro, Héctor Franco López,  Víctor Humberto Benítez Treviño, Arturo Zamora Jiménez, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Carlos Cruz Mendoza, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Alejandro Cano Ricaud, Jaime Flores Castañeda, Luis Carlos Campos Villegas, Malco Ramírez Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señora diputada. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Zamora. Sonido en la curul en la que se encuentra el diputado Zamora.

El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Por la identidad pluricultural y étnica de México y de todas sus regiones, le solicito a la diputada Beatriz Paredes si me permite adherirme a este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Zamora solicita adherirse a su punto de acuerdo, ¿diputada Paredes, admite usted la adhesión del diputado Zamora?

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul): Es un honor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda adherido el diputado Zamora al punto de acuerdo y todos los demás señores diputados que así lo consideren. Registro al diputado don Humberto Lepe. Pueden pasar a la Secretaría para hacer lo propio. El diputado Benítez, diputado David Sánchez. Gracias, señores diputados.

TELEVISA-NEXTEL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Javier Corral Jurado, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que reponga la Licitación 21 sobre la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico, que van de los mil 740 al mil 755, y de los 2 mil 140 a 2 mil 155.

El diputado Javier Corral Jurado:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, como la mayoría de los miembros de este pleno tienen conocimiento, el 13 de agosto del presente año la Comisión Federal de Telecomunicaciones dio a conocer al ganador de la Licitación 21 en lo que va el bloque nacional de 30 megahertz, favoreciendo al consorcio conformado por Nextel y Televisa, quienes a lo largo del proceso licitatorio concurrieron como un grupo de inversionistas para obtener la frecuencia.

Dicho bloque de 30 megahertz se reservó para nuevos operadores, en virtud de que la Comisión Federal de Competencia impuso restricciones a la acumulación de espectro por un máximo de 80 megahertz. Esto evidentemente limitaba desde entonces la posibilidad de los operadores actuales, lo que en realidad se constituyó como la primera maniobra para favorecer en el resultado a Televisa-Nextel, mientras que a otros operadores se les acotaron las posibilidades en la obtención del espectro.

Con estos antecedentes se sabe que el pasado primero de octubre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó el título de concesión y el pasado 18 de octubre Televisa y Nextel dieron a conocer en un comunicado, en el cual dan por terminado el acuerdo de inversión previamente anunciado, mediante un escueto comunicado que dice: “Ambas partes han decidido dar por terminado el acuerdo de inversión previamente anunciado el 15 de febrero de 2010”, bajo el cual Televisa adquiriría una participación en el capital de Nextel México.

Debe considerarse que el consorcio Televisa-Nextel creó una sociedad mercantil para recibir el título de concesión, pues conforme al punto 18 de las bases: “la sociedad mercantil debe constituirse en términos de los porcentajes de participación de los miembros del grupo de inversionistas consignados por el participante”. Y más adelante señal que las personas físicas o morales que constituyan la sociedad antes referida, deberán coincidir con aquellas que hayan sido consideradas en la resolución de la Comisión Federal de Competencia.

Considerando que en sintonía con lo dispuesto en el punto 18 de la bases, la unión de Televisa-Nextel estaba obligada a crear una sociedad mercantil para recibir el título de concesión en términos de los porcentajes de participación de los miembros del grupo de inversionistas consignados por el participante, tomando en cuenta que las personas físicas o morales que constituyan la sociedad antes referida deberán coincidir con aquellas que hayan sido consideradas en la resolución de la Comisión Federal de Competencia.

De ser así, NI Digital es con toda seguridad una sociedad mercantil creada conforme a la legislación mexicana que cuenta entre sus socios a Nextel y a Televisa, pues de otra manera no se les habría entregado el título de concesión. De lo contrario resultaría muy grave que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se haya asegurado de que los socios de NI Digital sean los mismos que declararon su participación en la Licitación 21 y que son también los mismos que la Comisión Federal de Competencia autorizó que entraran como grupo de inversionistas.

Por todo lo anterior y porque está debidamente publicada en la Gaceta Parlamentaria, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que, en términos de la fracción IV del artículo 9 A y las fracciones IV y VII del artículo 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como del numeral 18 de las bases de la Licitación número 21, declare la revocación del título de concesión por dejar de existir la figura jurídica que concursó en el proceso y reponga a la brevedad el proceso de licitación emitiendo nueva convocatoria.

En la reposición de la licitación se deben exponer de manera clara...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado. Con qué objeto, diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Es muy importante el tema que está presentando el diputado Corral, pero me parece que todos los diputados somos iguales y se les debe tratar en igualdad de circunstancias. Hace rato que se le acabó el tiempo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estamos haciendo una consulta respecto del tema y eso es lo que ha podido aprovechar el diputado Corral. Le exhorto a que termine, diputado. Permítame escuchar primero al diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Cuando termine el compañero Corral quiero preguntarle si me permite adherirme a su exhorto, a su punto de acuerdo.

El diputado Javier Corral Jurado:Termino, presidente. Efectivamente, ha terminado mi tiempo. Lo que buscamos en este punto de acuerdo es que se revoque el título de concesión, toda vez que ha desaparecido la figura jurídica que fue objeto del título de concesión en la llamada Licitación 21.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado Corral. Diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Si me permite una pregunta el orador.

El diputado Javier Corral Jurado:Con mucho gusto.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Diputado Corral, durante el penoso, lamentable y corrupto proceso de la Licitación 21, ¿usted puede recordar o tiene alguna idea de cuántos exhortos se le hicieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los integrantes de la Cofetel para que suspendieran, para que rectificaran, para que tomaran alguna acción sobre esta licitación? Porque yo no sé qué vamos a ganar con este exhorto si nunca le hacen caso a la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Javier Corral Jurado:Gracias, diputado. Ha habido un solo exhorto de la Comisión Permanente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cofetel; pero ese exhorto fue con base en el artículo 14, en términos de la figura de declarar desierta la licitación, toda vez que se advirtieron una serie de irregularidades, como usted bien lo dijo, en términos del proceso de adjudicación de los 30 megahertz del bloque nacional.

Hasta ahora no se ha presentado ninguna propuesta de exhorto para que revoque el título de concesión que ya se otorgó y que incluso el secretario de Comunicaciones el día que compareció nos había señalado que todavía no se otorgaba, cosa que sucedió después de la comparecencia del secretario Molinar Horcasitas.

Este punto de acuerdo tiende a exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que revoque el título de concesión. ¿Qué fuerza puede tener este punto de acuerdo? Pues la que hoy le brinde la decisión unánime de esta Cámara. Si todos los diputados y las diputadas de todos los grupos parlamentarios votamos este punto de acuerdo a favor, no puede ser desoído ni por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni por la Presidencia de la República un exhorto en el que concurra la voluntad de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.

Por eso recupero, señor presidente, la solicitud inicial que presenté en mi escrito, con proposición de punto de acuerdo, con base en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El trámite que solicité fue que se pusiera a la consideración de la Cámara, bajo el trámite de obvia o urgente resolución. Así ha sido y he hecho constar en la publicación de la Gaceta Parlamentaria. Por lo cual solicito que por favor nos auxilien y nos apoyen los grupos parlamentarios para llevar adelante este trámite. Gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a reponer la licitación 21, sobre la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico que van del 1740 al 1755 (15 megahercios) y del 2140 al 2155 (15 megahercios), a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Corral Jurado, diputado federal a la LXI Legislatura de la H Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reponer la licitación 21, sobre la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico que van de los 1740 al 1755 (15 MHz) y de los 2140 al 2155 (15 MHz).

Consideraciones

Han sido diversas las voces que han señalado su oposición para que el consorcio conformado por Nextel de México S.A. de C.V. y Grupo Televisa S.A.B., recibiera el Título de Concesión para usar, explotar y aprovechar 30 MHz en la banda de frecuencia 1.7 GHZ, que por sus características es considerada una de las más cotizada para su explotación comercial, pues permite la prestación de servicios de cuarta generación.

A lo largo del proceso de licitación, se pronunciaron diversos sectores de la sociedad en el sentido de declarar desierta la licitación, en razón de no cumplirse con los principios constitucionales, no ofrecer las mejores condiciones para la prestación del servicio, ni mucho menos la mejor contraprestación en favor del Estado. Incluso el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no atendió el exhorto que la Comisión Permanente le hiciera, por unanimidad de sus integrantes, el pasado 11 de agosto de 2010.

El 13 de agosto del presente año la Comisión Federal de Telecomunicaciones dio a conocer al ganador de la Licitación 21, en lo que hace al bloque nacional de 30 MHz, favoreciendo al consorcio conformado por Nextel de México y Grupo Televisa, en una sesión extraordinaria cuestionada por la forma de tomar su determinación, pues con sólo dos de cinco de los Comisionados que integran el pleno de la Cofetel, se avaló el proceso, esto es con el voto del Comisionado Presidente Mony de Swan y el Comisionado Gonzalo Martínez Pous, negándose a participar uno de los Comisionados, Ernesto Gil Elorduy, por estar en conocimiento de medidas cautelares que impedían declarar algún ganador; el Dr. Rafael del Villar, votó en contra por considerar que no se reunían las mejores condiciones propuestas por los licitantes conjuntos; y el Comisionado José Luis Peralta Higuera se negó a participar en la sesión extraordinaria, porque desde el 14 de diciembre 2009, emitió voto particular considerando que: “el diseño de las bases de licitación no correspondía a los requerimientos para el desarrollo y crecimiento del sector, ni fomentaba una participación equitativa en el concurso, ni una mayor competencia en el mercado de telecomunicaciones”.

Se debe hacer notar que los licitantes conjuntos, esto es Nextel de México y Grupo Televisa, solicitaron a la Comisión Federal de Competencia opinión favorable sobre la conformación de un grupo de inversionistas, para participar en las Licitaciones 20 y 21, concediéndoles dicha autorización mediante oficio SE-10-096-2010-054, de fecha 11 de febrero de 2010.

Así, a lo largo del proceso licitatorio concurrieron como un grupo de inversionistas para obtener la frecuencia. Cabe recordar que en la Licitación 21 se consideraron 90 MHz en dos bloques nacionales de 30 MHz y 3 bloques de 10 MHz cada uno de cobertura regional, distribuidos en tres bloques en cada una de las 9 regiones en que tradicionalmente se ha dividido el territorio nacional para este tipo de servicios.

Dichos bloques de 30 MHz se reservaron para nuevos operadores, en virtud de que la Comisión Federal de Competencia impuso restricciones a la acumulación de espectro por un máximo de 80 MHz. Esto, evidentemente, limitaba desde entonces la posibilidad de los operadores actuales para acceder a cualquiera de los bloques mencionados, ya que el órgano antimonopolio consideró la suma de espectro que se tuviera y/o se tendría concesionado, al final de la licitación, en las siguientes bandas: 806-821/851-866 MHz, 824-849/869-894 MHz, 1850-1910/1930-1990 MHz y 1710-1770/2110-2170 MHz. Ante estas restricciones, se facilitó la licitación a Televisa y Nextel de México, mientras que a otros operadores se les acotaron las posibilidades en la obtención de espectro.

Con estos antecedentes, se sabe que el pasado 1° de octubre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entregó el título de concesión y el pasado 18 de octubre Televisa y Nextel de México dieron a conocer un comunicado en el cual dan por terminado el acuerdo de inversión previamente anunciado el 15 de febrero, bajo el cual Televisa adquiría una participación del capital de Nextel de México.

La razón del rompimiento podemos suponerla en dos determinaciones judiciales:

a) El jueves 14 de octubre, el segundo Juez de Distrito en materia de amparos y de juicios civiles federales con sede en Toluca, concedió la suspensión definitiva a fin de que paralicen los efectos naturales y jurídicos derivados de la entrega de concesiones por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Televisa-Nextel. Es decir, para que no se lleve a cabo el aprovechamiento y explotación del espectro asignado, en tanto no se resuelva el fondo del amparo presentado por Iusacell, excluido de la licitación; y

b) El viernes 15 de octubre, la resolución del juez vigésimo séptimo de lo civil con sede en el DF, que emitió una medida cautelar que ordena la nulidad de la empresa NII Digital, conformada por Televisa-Nextel de México, para operar un bloque de 30 MHz, “por ejecutar actos habitualmente ilícitos y proceder a la liquidación inmediata de la misma”. Esta medida además ordena a NII Digital, abstenerse de hacer uso, aprovechamiento y explotación, por sí o por otra persona, de los derechos derivados de los títulos de concesión de la licitación 21 del espectro. Le ordena abstenerse de celebrar o ejecutar actos, convenios o contratos con cualquiera de las personas físicas o morales que cedan, transmitan, arrienden, otorguen en comodato o transfieran derechos de uso, aprovechamiento y explotación de los títulos de concesión.

Por otra parte, debe considerarse que el consorcio Televisa-Nextel debió crear una sociedad mercantil para recibir el Título de Concesión y según se sabe esa empresa es NII DIGITAL S. de R.L. de C.V., pues conforme al punto 18 de las Bases, la sociedad mercantil deberá constituirse “en términos de los porcentajes de participación de los miembros del grupo de inversionistas consignados por el participante” y señala más adelante que “las personas físicas o morales que constituyan la sociedad antes referida, deberán coincidir con aquellas que hayan sido consideradas en la resolución de la Comisión Federal de Competencia”.

Considerando que en sintonía con lo dispuesto en el punto 18 de las Bases, el consorcio Televisa-Nextel debió crear una sociedad mercantil para recibir el Título de Concesión “en términos de los porcentajes de participación de los miembros del grupo de inversionistas consignados por el participante” tomando en cuenta que “las personas físicas o morales que constituyan la sociedad antes referida, deberán coincidir con aquellas que hayan sido consideradas en la resolución de la Comisión Federal de Competencia”, se puede deducir que esa sociedad mercantil es NII DIGITAL S. de R.L. de C.V.

De ser así, NII DIGITAL es, con toda seguridad, una sociedad mercantil creada conforme a la legislación mexicana, que cuenta entre sus socios a Nextel y a Televisa, pues de otra manera no se les habría entregado el título de concesión. De lo contrario, resultaría muy grave que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se haya asegurado que los socios de NII DIGITAL sean los mismos que declararon su participación en la Licitación 21 y que son también los mismos que la Comisión Federal de Competencia autorizó que entraran como grupo de inversionistas. Aunado a lo anterior las Bases obligan a que la empresa que recibe el Título sea una empresa mexicana, y sus accionistas sean los mismos autorizados por la Comisión.

De todo lo anterior surgen dudas y suspicacias ante la falta de transparencia, lo irregular del proceso de licitación, así mismo el reciente comunicado de los favorecidos en la licitación, nos dan elementos suficientes para solicitar la reposición de la licitación y la revocación del Título de Concesión otorgado, para así recuperar el bien de dominio público.

Por lo anterior se presenta la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en términos de la fracción IV del artículo 9 A y las fracciones IV y VII del artículo 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como del numeral 18 de las Bases de la Licitación N° 21, declare la revocación del Título de Concesión por dejar de existir la figura jurídica que concursó en el proceso y reponga a la brevedad el proceso de licitación, emitiendo nueva convocatoria.

En la reposición de la licitación se deben exponer de manera clara las condiciones que atiendan la responsabilidad del Estado establecida en el artículo 28 constitucional que obliga al uso eficiente del espectro, el uso social de los bienes concesionados y evitar fenómenos de concentración contrarios al interés general.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a 21 de octubre de 2010.— Diputados: Javier Corral Jurado, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El artículo 59 es que el regula la urgente resolución, pero la vicecoordinación del PAN ha anunciado que lo respalda inscrito como de urgente resolución, así lo ha procesado la Mesa Directiva y en esos términos se procesa.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si el punto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el punto de acuerdo se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, está a discusión. El diputado Mario di Costanzo tiene el uso de la palabra. A favor, seguramente.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente, con su venia.

Miren, compañeros, yo vengo a razonar mi voto, porque seguimos con las llamadas a misa al Poder Ejecutivo. Este exhorto va a ser uno de los 500 que ha hecho esta Cámara de Diputados, sin embargo tenemos denuncias de juicio político, tanto en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como de los integrantes de la Cofetel, y éstas están congeladas durmiendo el sueño de los justos.

Me parece absurdo que ahorita todo mundo se ponga a votar en favor de este exhorto para que repongan, cuando este señor, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues poco caso le ha hecho al Congreso. Entonces puede que estemos perdiendo el tiempo miserablemente, en vez de darle trámite a estas denuncias de juicio político que hay.

Incluso más allá, todos vemos cómo se está desgarrando el caso de Mexicana de Aviación y nadie habla de eso, nadie hace nada. Quieren hacer otro punto de acuerdo, a lo mejor el 15 de diciembre para exhortar a que se resuelva el problema de Mexicana de Aviación, me parece muy lamentable.

Yo les pediría que quienes voten a favor de este punto de acuerdo, pues también voten a favor de darle entrada a las denuncias de juicio político que hay contra Molinar Horcasitas y contra los integrantes de la Cofetel.

Es evidente que el asunto no ha terminado. Es evidente que nuevamente nos encontramos ante estas lagunas que aprovecha el Ejecutivo federal para hacer lo que se le dé la gana. Pero lo que también es un hecho es con exhortitos no vamos a llegar a ninguna parte y lo hemos visto muchas veces.

Por eso yo los invito a tomar acciones más contundentes y más concretas, y las denuncias de juicio político no deben estar durmiendo el sueño de los justos y nuevamente querernos lavar la cara, lavar la conciencia con estos puntos de acuerdo con los que yo les aseguro que no va a pasar y no ha pasado nada. Muchas gracias, presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Di Costanzo.

Tiene la palabra...

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): De los exhortos, presidente. Yo sé que muchas veces nuestros exhortos o casi nunca son tomados en cuenta por las autoridades, principalmente por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en este caso, sí es importante la señal que manda la Cámara de Diputados para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones a reponer el procedimiento respecto de la Licitación 21.

Me parece importante que hagamos este señalamiento. Es cierto que se trata de una norma jurídica sin sanción. Hay quien discutiría si es una norma jurídica, pero no hay que olvidar que las principales normas de nuestro sistema jurídico, como son las normas constitucionales, muchas de ellas no contienen sanción y son las normas más importantes dentro del sistema jurídico.

Por esas razones yo votaré a favor de este exhorto, como ya se ha planteado aquí, de urgente u obvia resolución, porque me parece trascendente para esta Cámara de Diputados y para la legalidad que debe prevalecer en nuestro país, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Tiene la palabra el diputado Javier Corral Jurado.

El diputado Javier Corral Jurado:En primer lugar agradecer a todas las diputadas y diputados que hayan considerado la discusión de este tema.

En efecto, se trata de un asunto del mayor interés de la nación en el que debe reponerse todo el procedimiento y por tanto, revocarse el título de concesión que bajo las expresiones que el consorcio Televisa-Nextel ha hecho, ahora solamente está en manos de Nextel.

Yo no puedo diferir de lo que ha dicho Mario di Costanzo. Muchos de los puntos de acuerdo y de los exhortos que las Cámaras aprueban se quedan en el olvido y constituyen simples,  como se dice, llamados a misa.

Es también una obligación de los propios legisladores darle seguimiento a los exhortos y puntos de acuerdo que promueven, y tiene que ver también con la fuerza del consenso que suscitan los distintos temas.

Yo creo que cuando una Cámara concurre de manera unánime en exhortar a una dependencia del Ejecutivo federal tiene una fuerza moral y política indiscutible, pero doy un dato adicional al diputado Di Constanzo, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República presentó la semana pasada una propuesta con punto de acuerdo que contiene varios de los mismos argumentos que ahora nosotros estamos estableciendo en nuestra propuesta.

Esto es, se configura una decisión en el Senado de la República que también exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revocar el título de concesión. Sería muy delicado que ante el llamado de las dos Cámaras del Congreso, el Ejecutivo federal ignorara un exhorto de esta naturaleza.

Incluso sería en lo que llevamos como Legislatura, el primer caso en el que concurriéramos en un exhorto ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de los Senadores y la Cámara de los Diputados.

No es, pues, menor el hecho que hoy puede acontecer aquí en el pleno de la Cámara de los Diputados, no es un dato menor. Tendrá la fuerza de la votación que hoy se realice y el seguimiento será obligación nuestra dárselo ante la dependencia a la que estamos exhortando.

Gracias a todas y a todos por su respaldo a este punto de acuerdo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Corral. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario di Costanzo. Luego, el diputado Agustín Guerrero. Después preguntaremos a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente.

Quizá en el fondo coincidimos, diputado Corral. En lo que no coincidimos es en el instrumento, en la manera. Usted sabe bien que no solamente ha ignorado este señor Horcasitas los exhortos, ha desacatado resoluciones de jueces. Yo le invito mejor a tomar soluciones de fondo.

Si de veras estamos tan unidos en esto y es tan importante para el país, démosle entrada a la denuncia de juicio político que hay contra Molinar Horcasitas por este tema. Exijámosle a la Auditoría Superior de la Federación que dé la información que se le pidió ya desde hace tiempo y de la que no sabemos nada. Démosle entrada también a la denuncia de juicio político contra los consejeros de la Cofetel. Eso es actuar de fondo.

Yo siento y coincido en que los exhortos son llamados a misa y que, aunque les demos seguimiento, todo va a acabar en una invitación a la oficina del secretario a tomar un café para que nos explique. Así terminan los exhortos y a ver qué más se puede sacar.

Hay casos también verdaderamente importantes donde ha habido pronunciamientos de las dos Cámaras. Ahí está el caso de Mexicana de Aviación, ha habido puntos de acuerdo aquí, allá y no pasa nada. El presidente de la Comisión de seguimiento para el caso de Mexicana llega muy temprano a las sesiones, pero nada más.

No ha habido más reuniones acerca de este tema, no ha habido pronunciamientos. Es un desgarriate lo que sucede con PC Capital, nadie sabe nada y no actuamos. Los puntos de acuerdo y los exhortos sirven para eso.

Yo lo invito a que juntos la diputación panista, el Grupo Parlamentario del PAN, el del PT, el del PRD le demos entrada ya al juicio político. Dejemos de exhortar y empecemos a actuar. Gracias, presidente.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al contrario, señor diputado, muchas gracias a usted. Tiene la palabra don Agustín Guerrero, desde su curul.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Con su permiso, diputado presidente. Sólo para comentar que, efectivamente, los puntos de acuerdo son instrumentos que las Cámaras tenemos para hacer público que hay cosas que no se comparten o que hay hechos en los cuales hay una diferencia de opinión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y que desde mi punto de vista ha habido un abuso, pero es responsabilidad de la Cámara el que se tengan puntos de acuerdo, exhortos sobre una variedad de temas que a veces no tienen realmente una importancia como es este que se presenta el día de hoy por el diputado Corral. Es una responsabilidad de nosotros.

Todavía recuerdo que había ocasiones en que la Cámara de Diputados hacía un exhorto al Ejecutivo al mes o cada dos meses sobre un tema. Ahora, tenemos acá sesiones donde hay 300 puntos de acuerdo, 300 exhortos sobre cualquier cosa. Quien le ha restado la importancia a los exhortos somos nosotros mismos.

Creo que también es una llamada de atención a la Cámara, para darle mayor importancia a este instrumento y efectivamente hay otros que tenemos: los juicios políticos, reformas de ley que acoten o que establezcan con mayor puntualidad las facultades del Ejecutivo en determinadas materias.

Hay una iniciativa, ahora mismo, que está discutiéndose para darle autonomía plena a la Cofetel, que es una institución que tiene que ver justamente con este tema y que tendremos que abordarlo en el futuro y resolverlo, me parece, también positivamente.

Pero, creo que es una muy buena señal el que de manera unánime y ahí coincido con el diputado Corral, que la fuerza de este exhorto la da la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, pero en particular me parece y hay que resaltarlo, lo da el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional compartiendo este tema, por lo que todos sabemos que implica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en relación con el Partido Acción Nacional.

Por eso, el Grupo Parlamentario del PRD en su conjunto respalda este exhorto y manifestaremos positivamente nuestro respaldo al mismo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Acosta, ¿con qué objeto? Sonido, con el objeto que hablará el diputado.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo(desde la curul): Solamente y de igual manera que el diputado Agustín Guerrero, manifestar nuestra adhesión a este punto de acuerdo y este exhorto presentado por el diputado Corral. Y creo que efectivamente siendo un tema muy delicado y habiendo sido abordado por el Senado de la República y por la Cámara de Diputados debemos estar muy al pendiente de que esta recomendación que se le hace al titular del Poder Ejecutivo sea observada, pues no es fácil que en un tema tan delicado se logre unanimidad.

Además quisiera reiterarle mi respeto al diputado Corral, porque siendo un tema delicado al interior de su pro4pia bancada y con el titular del Poder Ejecutivo, él ha puesto en este caso por delante su actividad de muchos años en esta materia, y por tanto, mi reconocimiento a su congruencia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Rubí, diputado Báez Ceja y al terminar el diputado Castro.

Le pregunto con qué objeto, diputado Rubí.  Sonido para el diputado Rubí.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (desde la curul): Con el objeto de hacer dos comentarios respecto de lo que se está planteando en estos momentos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿No le parecerá más adecuado hacerlos en la tribuna, diputado?

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (desde la curul): Con gusto. Claro que sí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene usted el uso de la palabra. Diputado Báez, usted está solicitando el uso de la palabra para que sea incluido en la lista. Diputado Castro, también.

Al terminar el diputado Castro preguntaremos si está suficientemente discutido.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar:Muchas gracias, señor presidente.

Quiero hacer dos comentarios respecto de lo que se ha vertido con relación a esta propuesta de exhorto, a efecto de que el Ejecutivo pudiese llevar a cabo la reposición de la Licitación 21 comúnmente señalada.

Debo decirles que en el fondo de esta discusión hay un elemento muy delicado que tiene que ver con la legalidad, por un lado, y por el otro lado tiene que ver y está también inscrito, en el mismo marco, con la institucionalidad.

Un exhorto del Poder Legislativo, que ya se comentó hace un momento, por parte en particular del Senado de la República, por supuesto que no es un referente obligado para que en este caso la Cámara de Diputados asuma una posición esencialmente similar.

¿Por qué? Porque no podemos de ninguna forma atender la esencia en los términos que en el propio Senado lo están haciendo. Un exhorto de ninguna forma puede ser una invitación o una solicitud para actuar en contra del Estado de derecho. Ése es el planteamiento de fondo.

Al momento en que se otorgó la concesión a las empresas beneficiaras o a la empresa beneficiaria, ya existía un acto de autoridad, a través del cual esta persona moral o personas morales tienen el derecho precisamente de utilizar, de aprovechar el objeto de la propia licitación, que fue el uso de una parte del espectro radioeléctrico.

Obviamente si la Cámara de Diputados, atendiendo al argumento de que por parte de los senadores ya se dio algo similar, hacemos un exhorto al Ejecutivo —lo debemos entender—, este exhorto es una invitación atenta, amable al Ejecutivo para que violente el Estado de derecho.

No podemos de ninguna forma actuar en esa línea o de esta manera. ¿Por qué? Porque el exhorto —repito— constituye un mecanismo de orden político eminentemente, que no es otra cosa más que una atenta y respetuosa invitación; pero no lo podemos hacer de ninguna forma para que, en este caso, el Ejecutivo violente —repito— el Estado de derecho.

Termino en tres segundos. En el caso de Mexicana, que también fui aludido hace un momento por el diputado Di Costanzo, a él le consta que efectivamente estamos trabajando y que obra en poder de la Junta de Coordinación Política un informe.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Un segundo, diputado; si me permite usted, diputado Rubí.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Sí, cómo no.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Di Costanzo, por favor. ¿Cuál es el objeto de su intervención, diputado Di Costanzo?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Simplemente pedir la palabra por alusiones.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar:Termino y ya después.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Rubí solicita concluir y después.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar:Gracias. Respecto del asunto de Mexicana de Aviación, obra en poder de la Junta de Coordinación Política un informe previo detallado, pormenorizado, en donde estamos señalando las acciones que la comisión que se integró para este propósito hemos venido realizando. Incluso me extraña que el diputado Di Costanzo señale, que nos señale que no se ha hecho nada, puesto que él mismo ha participado en todas y cada una de las reuniones que se señalan en el informe. Más aún, que el informe que refiero esté firmado también por él, por eso me causa extrañeza. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo, para responder a alusiones personales.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Antes de que inicie el señor diputado Di Costanzo, aprovechamos la ocasión para saludar la presencia de líderes sindicales de la Confederación de de Trabajadores y Campesinos, invitados a esta Cámara por el diputado Amador Monroy Estrada. Bienvenidos. Adelante, señor diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. Mire, diputado Rubí, el hecho de que a veces me digan Costanzo no quiere decir que a mí me conste nada, ¿sí?

Lo que usted mandó a la Junta de Coordinación Política fue una carta, una petición, para pedir que vinieran a explicar a una reunión de trabajo. No fue un informe. Porque si fuera un informe, creo que nos hemos reunido tres veces, a lo mucho, eso no da para nada.

Entonces, no venga aquí a decir que a mí me consta que su comisión ha trabajado, que a mí me consta el informe. Yo firmé una carta en donde se estaba pidiendo la presencia de algunos actores de este penoso momento de la aviación comercial en México. Entonces, dejemos las cosas muy claras.

Por lo que puedo entender ustedes están en contra del punto de acuerdo. No sé si traiga negocios con Horcasitas, porque desde la comparecencia usted lo estuvo protegiendo. Pero el hecho, y refiriendo otra vez a la comisión que usted preside, de seguimiento en el caso...

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado. Diputado Rubí.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Perdón, quisiera que me dejara terminar.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar(desde la curul): Sí, es para alusiones personales, si me da la oportunidad posteriormente de hacer uso de la palabra, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al concluir el diputado, con mucho gusto.Adelante diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Entonces, respecto de lo que está pasando ahorita con Mexicana de Aviación, que es el tema principal, yo no he sabido que usted tenga algún informe, algún pronunciamiento, haya citado a reunión por el tema de PC Capital que ya se están retirando los inversionistas por como se ha tratado a TG Group o a BMC, es decir, usted no ha llamado a nada, entonces no me diga que está mandando informes y que yo los estoy firmando.

Yo firmé una carta, diputado Rubí, pero una carta es diferente a un informe. Entonces, no venga aquí a confundir. No ha ayudado mucho a resolver este problema. Ha actuado como el mejor aliado de Horcasitas y Lozano. Hasta el momento es lo único que yo sé de su actuación al frente de la Comisión. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Ignacio Rubí.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar:Con su permiso, señor presidente, con el permiso de los integrantes de esta asamblea. Quiero aprovechar esta oportunidad para retomar los dos puntos que abordé en mi primera intervención.

Primero. No podemos, de ninguna forma, institucionalmente actuar, me refiero a que el Poder Legislativo en lo que corresponde a la Cámara de Diputados, actuar en el sentido que se está proponiendo. Un exhorto para que se violente el Estado de derecho, por supuesto que es improcedente.

¿Cuál es la propuesta que en este sentido quiero expresar y que creo que se encuentra en un marco de racionalidad?

Que el área jurídica de la propia Cámara haga un análisis cuidadoso, minucioso, de lo que estoy afirmando, es decir, si esta actuación institucional no significa o no puede interpretarse como una invitación a la violación del Estado de derecho, adelante, procedamos con el exhorto. Pero si el exhorto en sí mismo constituye lo que estoy afirmando, creo que estaremos deteriorando aún más la integridad, la imagen, precisamente del Poder Legislativo.

Respecto de la afirmación del diputado Di Costanzo, que señala que ha habido tres reuniones. Por lo pronto está reconociendo que nos hemos reunido. No son tres, son muchas más y dice que firmó una carta que señala todas y cada una de las actividades que hemos realizado para integrar un diagnóstico, para presentar recomendaciones, para fundar nuestra opinión tal y como el acuerdo que creó esta comisión plural bicameral lo señala, esa carta, según lo entiendo, precisamente puede ser interpretada, no puede ser interpretada, es propiamente dicho, a la luz de lo que el diccionario señala, precisamente un informe.

Y es un informe porque, repito, con fecha, con acciones, con participantes se relata, se señala todo lo que hemos venido realizando los que conformamos esta comisión plural que integró la Cámara de Diputados para hacer el seguimiento del problema por el que atraviesa la empresa Mexicana de Aviación.

No insistiré, no voy a redundar en este planteamiento medular. Lo que sí voy a mencionar de manera subrayada es que está en estos momentos en el campo de actuación de la Junta de Coordinación Política este informe, subrayo, que hemos suscrito quienes formamos parte de la comisión antes señalada. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): Declino, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Declina. Pregunte la Secretaría a la asamblea si lo considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si el punto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.

COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA PARA DAR SEGUIMIENTO A PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION Y TRAFICO DE INFLUENCIAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Antonio Benítez Lucho, para presentar proposición con punto de acuerdo relativa a la creación de una Comisión Especial Investigadora de Comisiones Unidas de Vigilancia, Función Pública, Salud y Seguridad Social para dar seguimiento a presuntos actos de corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Comunico a la asamblea que después de este punto de acuerdo pasaremos a las efemérides relativas al Día de la no Violencia contra la Mujer.

El diputado Antonio Benítez Lucho:Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, espero que éste no sea uno más de los llamados a misa. Como ustedes saben, ha sido del dominio público que un canal de televisión, el día 9 de noviembre, denunció conversaciones entre directivos de laboratorios en las que se involucran funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Cofepris, y un funcionario de la Secretaría de Salud, en donde se presumen delitos que la autoridad jurisdiccional pudiera tipificar entre otros como fraude, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, y cohecho.

Este tema es de gran importancia nacional porque ustedes recordarán que en el 2010 los diputados aprobamos para que las reservas financieras del Instituto Mexicano del Seguro Social se utilizaran justamente para el servicio y para el gasto corriente.

En el 2011 los diputados, en la Ley de Ingresos, también aprobamos que los fondos superavitarios se dispusieran para los fondos deficitarios.

El propio director general del IMSS dice que cada año o al menos en el 2010 se están licitando recursos para compra de medicamentos por casi 22 mil millones de pesos. Eso significa que, con regateo o sin regateo, estamos hablando que en el mercado negro de la corrupción son casi 120 millones de pesos.

Pero si consideramos que el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y el Seguro Popular licitan medicamentos, estamos hablando de casi, sin contar que también en las licitaciones viene, Equipamiento e insumos para la salud, entonces estaríamos hablando de casi 100 mil millones de pesos anuales. Y si le metemos la fórmula del soborno de 5 por ciento, estamos hablando de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos más.

Señores diputados, considero que la sociedad merece una explicación a tantos escándalos. Hoy mismo el diputado Corral está hablando de una institución del Estado mexicano como es la SCT, pero más allá está Comisión Federal, está Cofepris, está por supuesto el IMSS y está el ISSSTE, que el IFAI justamente la semana pasada, en su resolución dice que tendrá que transparentar los contratos millonarios con motivos de las fiestas del bicentenario.

Esperemos que el Ejecutivo no premie a los funcionarios que dispusieron de recursos y los desviaron.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado Antonio Benítez Lucho:Por ello, señor presidente, señores diputados, la propuesta específica del que les habla es que se conformen Comisiones Unidas de la Función Pública, del ISSSTE, de la Comisión de Salud, para efectos de que se le dé puntual seguimiento a los actos de corrupción que lastiman las finanzas de las instituciones públicas.

Y, aprovechando el rigor con el que se separó del cargo a César Mora, funcionario del IMSS, con ese mismo rigor que también se separe al propio comisionado de Cofepris, que por cierto, en el caso de los registros sanitarios hay 4 mil registros sanitarios que no ha puesto en regla.

Y todavía más, señor presidente, espero que usted me pueda ilustrar acerca del por qué el dictamen en donde se supone que va la regulación de los registros sanitarios no se ha enlistado en la agenda legislativa. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial investigadora de comisiones unidas de vigilancia, función pública, salud y seguridad social para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucran a servidores públicos del IMSS, el titular de la Cofepris y los que resulten, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Antonio Benítez Lucho, diputado federal del el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, fracción II, de nuestro reglamento y artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los diputados integrantes de la LXI Legislatura que se forme una comisión especial plural investigadora de comisiones unidas de las comisiones de vigilancia, función pública, salud y seguridad social, para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencia, mencionado en los medios comunicación en relación a la denuncia que involucra a los diversos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Veslasco, y los que resulten, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 19 de octubre la Cámara de Diputados en sesión aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, plantea prever como parte de las medidas para fortalecer las finanzas públicas, que durante el siguiente ejercicio fiscal el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda transferir a la reserva financiera y actuarial del seguro de enfermedades y maternidad el excedente de las reservas de los seguros de invalidez y vida y de riesgo de trabajo, de acuerdo con las estimaciones de suficiencia financiera de largo plazo de estos últimos seguros, así como posibilitar de nueva cuenta que el gasto que realice el citado organismo descentralizado con cargo a los recursos acumulados en las reservas a que se refiere el artículo 280 de la Ley del Seguro Social, así como en la subcuenta 1 del fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter contractual y legal deba ser registrado en los ingresos y en los egresos del flujo de efectivo autorizado para el ejercicio fiscal que corresponda, de tal manera que no se afecte la meta de las reservas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

2. Posteriormente, en la centésima primera asamblea general ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), prevista el 3 de noviembre de 2010, el director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, declara que la situación financiera que vive el IMSS es la más delicada de la historia. Por un lado el régimen de jubilaciones y pensiones de los propios trabajadores del instituto, que fueron contratados antes de 2008, implican una presión financiera que llega a los 11 puntos del producto interno bruto.

El riesgo es inminente, de no hacer cambios al sistema en el corto plazo, veremos comprometida nuestra capacidad para atender las necesidades de nuestra derechohabiencia.

Por ello, hemos planteado transferir el excedente de las reservas de los seguros superativos a aquellos que son deficitarios. En concreto, se trata de que los seguros de invalidez y vida, y riesgo de trabajo, no generen recursos ociosos que podrían utilizarse para atender la demanda de salud de la derechohabiencia. Esto es importante, y no debe haber ine-quívocos, nuestros esfuerzos de planeación financiera tienen que ser responsables en dos sentidos.

Por un lado, se debe estimar, con toda precisión, el monto de los recursos que se requieren para darle viabilidad, presente y futura, a los seguros de invalidez y vida y de riesgo de trabajo y que, por ningún motivo, se comprometa su futuro por decisiones coyunturales. Y, por otra parte, sería igualmente irresponsable acumular recursos innecesarios cuando se tienen presiones de gasto para las atenciones de salud.

3. A su vez, el Ejecutivo federal en la misma asamblea general ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social prevista el 3 de noviembre de 2010, menciona que la compleja situación financiera del seguro social no puede resolverse ya con medidas meramente administrativas.

El uso de las reservas, que ahora son indispensables para garantizar la operación del seguro, no es, ni puede ser la puerta de salida de las dificultades que enfrentan no alcanzarían las reservas, ya no para cumplir sus fines propios, sino para ser frente a la propia operación del instituto.

4. Que la Auditoría Superior de la Federación, en su reciente informe de la auditoría realizada en el 2008 a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios señalo 34 recomendaciones, de las cuales 4 han sido atendidas; y 26 de promoción de responsabilidades administrativa sancionatorias; todas han sido promovidas por parte de la Auditoría.

5. Con fecha 9 de noviembre de 2010, se difunde en los medios de comunicación las conversaciones de un presuntos actos de corrupción al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre lo que se destaca en las conversaciones la complicidad con la que operan los diversos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Salud, en la que mencionan al coordinador de Adquisición de Bienes del IMSS, César Mora Eguiarte, y al director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Velasco; esto sin dejar de mencionar al encargado de relaciones del laboratorio Norvartis, Rafael Castro, en la que pretendía llevar a cabo una licitación pública por más de 80 millones de pesos, que se presentaría el jueves 11 de noviembre del presente año, y obsequiarle una comisión del 5 por ciento.

Considerandos

I. Que es necesario que desde este órgano legislativo exijamos que los actos de corrupción y tráfico de influencia sean esclarecidos por las autoridades correspondientes.

II. Que es imperiosa la necesidad de que este cuerpo colegiado cuente con una comisión especial investigadora que dé seguimiento puntual a este gravísimo problema de corrupción que afecta seriamente a las finanzas públicas y a la rendición de cuentas y transparencia de las instituciones en comento.

III. cabe mencionar que, de acuerdo con los documentos publicados el mercado de medicamentos en México es cercano a los 9500 millones de dólares anuales, de los cuales el 18 por ciento corresponde en valor al sector publico y 50 por ciento en volumen para el caso del IMSS, sus compra de medicamentos representan en promedio el 14.4 por ciento del mercado esto equivale a precios actuales a una compra de medicamentos por un monto aproximado de 1368 millones de dólares, equivalentes a 16,990 millones de pesos a una paridad de 12.42 pesos por dólar ( El Universal,10 de noviembre de 2010).

IV. esto quiere decir si hacemos una extrapolación sencilla del 5 por ciento de supuesta comisión, los funcionarios del IMSS estarían recibiendo un monto superior de casi 850 millones de pesos por este presunto acto de corrupción.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a esta honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura que forme una comisión especial investigadora de Comisiones Unidas de Vigilancia, de la Función Pública, de Salud, y de Seguridad Social, para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencia que involucra a servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Velasco, y los que resulten.

Diputados: Antonio Benítez Lucho, Leticia Quezada Contreras, Florentina Rosario Morales (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.Con gusto atenderemos su solicitud, por escrito.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Quezada y el diputado Uriel López. Primero la diputada Quezada.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Gracias, diputado. Para solicitar al diputado Benítez Lucho poderme adherir a este punto de acuerdo en donde coincidimos en que la corrupción en las instituciones debe terminar y el escándalo que hace algunos días se dio a conocer en los medios de comunicación, esta Cámara de Diputados no debe dejar que pase de noche; al contrario.

Adherirme también a la petición que se hace en cuanto a que se separe del cargo el comisionado de Cofepris de la manera más inmediata posible. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Benítez Lucho, le solicita la diputada Quezada adherirse a su punto de acuerdo.

El diputado Uriel López Paredes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Uriel, ¿es con el mismo sentido? A ver, tiene la palabra el diputado Uriel López, desde su lugar. ¿Diputada Paredes?

El diputado Uriel López Paredes(desde la curul): Sí, presidente, nada más para comunicar, informar al pleno, que la Comisión de Seguridad Social determinó por unanimidad citar a comparecer al director general del IMSS.

También la Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Social acordó solicitar a través de la Comisión de Vigilancia, la auditoría a tres rubros del IMSS, el que tiene que ver con las compras de medicamentos y equipo, el del Fondo de Pensiones y el de... No recuerdo el otro, son tres puntos los que se determinó que se auditaran al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Yo le sugeriría al diputado Lucho, que pudiéramos, junto con la Comisión de Seguridad Social, integrar lo que él propone a las Comisiones de Salud, de Vigilancia y la otra comisión, está proponiendo dos o tres comisiones. Que pudiéramos reunirnos las Mesas Directivas para tomar un acuerdo al respecto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y hacérselo llegar a la Junta de Coordinación Política a donde hemos turnado la solicitud, me parecería muy pertinente. Adelante, diputado Uriel.

Diputado Benítez, ¿acepta usted las adiciones solicitadas? Sonido a la curul del diputado Benítez Lucho.

El diputado Antonio Benítez Lucho(desde la curul): Estoy de acuerdo. Pero eso no obsta par que se pueda formar la comisión. Estoy de acuerdo en auditar los Fondos de Pensiones y especialmente el de Enfermedad y Maternidad, porque ése es el tema de donde se licitan los recursos. Es el fondo de Enfermedad y Maternidad, me refiero a los medicamentos y especialmente a los insumos para la salud, entre otros equipamientos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Benítez Lucho. El asunto ya  ha sido turnado a la Junta de Coordinación Política, tal y como lo solicitó el proponente, y cualquier información adicional que pudiera hacérsele llegar a la Junta, seguramente serviría y sería de utilidad para este análisis.

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para entrar al capítulo de efemérides,  con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tiene la palabra la diputada María Guadalupe García Almanza, del partido de Convergencia. Adelante diputada García Almanza.

La diputada María Guadalupe García Almanza:Gracias, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer debiera inscribirse, en nuestra opinión, en el despegue de la puesta en marcha de una serie de políticas públicas que contribuyan a dar solución a la desigualdad de género que aún persiste con sus rostros de injusticia y manifestaciones de violencia de las más diversas índoles en contra de las mujeres.

No es posible admitir bajo ninguna circunstancia o argumento, las sin razones que todavía guían a quienes someten a las mujeres a diversas vejaciones, como ocurre particularmente en países donde la pobreza y la ignorancia se convierten en una terrible fórmula para preservar estos actos de barbarie.

Sin embargo, datos que refieren que México es el país donde han ocurrido el mayor número de feminicidios en los últimos años sin que exista una situación de conflicto bélico, resultan altamente preocupantes ante el desinterés mostrado por las autoridades responsables del esclarecimiento de estos crímenes.

Mientras exista un hecho de violencia en contra de la mujer, ya sea en el campo o en la ciudad, en el hogar o en la vía pública, en el trabajo o en cualquier espacio en donde se desarrolle la convivencia social, debemos considerarlo como un agravio y debe ser sancionado enérgicamente a fin de erradicar su ominosa presencia y enviar un claro mensaje a quienes lo realizan, de que la impunidad ha cedido su lugar a penalidades que impedirán su repetición.

La violencia contra la mujer no es una cuestión cultural sino de orden delictivo. Es a nivel mundial y se ha convertido en una pandemia que no respeta razas, clases sociales, religiones, niveles educativos ni económicos ni fronteras internacionales, ante la que los gobiernos deben dar respuesta.

Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora, una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. En Irán se les lapida por supuestas infidelidades. En México, los feminicidios se acercan, si no es que superan el número de muertos ocasionados por la narcoviolencia.

Señoras legisladoras y señores legisladores, resulta imperante que como parte de la conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, esta soberanía logre acuerdos orientados a garantizar el derecho a las mujeres y niñas, una vida libre de violencia.

Debemos renovar nuestro compromiso para luchar contra toda modalidad de violencia que afecte el bienestar físico y emocional de las mujeres y niñas. El uso de esta tribuna nos sensibiliza y obliga a redefinir el trabajo legislativo para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer, en todas sus formas y un compromiso de los gobiernos en sus diferentes órdenes y de la comunidad internacional en general, para eliminar cualquier acto lesivo en contra de la mujer. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señora diputada.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, para hacerle una pregunta, porque se me indicó que no iba a haber ronda de oradores después de los posicionamientos. Entonces, si va a haber ronda de oradores, quiero me inscriban, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo inscribo como posicionamiento.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Pilar Torre Canales.

La diputada María del Pilar Torre Canales:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, 2010 constituye un año de celebración, reflexión y transformación. No solamente festejamos el Año Interamericano de las Mujeres y el décimo aniversario del programa para la Promulgación de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad y la Igualdad de Género de la OEA, sino que también los 15 años de la entrada en vigor de la Convención de Belém do Pará y el XXV aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

Todos estos acontecimientos son la antesala y el mejor escenario para los cuestionamientos e interrogantes que traen consigo la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha que denota una fecha casi invisible ante las alarmantes cifras que año con año se dan a conocer.

Más de 67 por ciento de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica, patrimonial o sexual, lo que demuestra que uno de los mayores problemas que enfrentamos como país es la alta incidencia de discriminación, violencia e inequidad de género que se vive tanto en la familia como en las escuelas y en la calle.

Gran parte de la población mexicana crece y aprende a vivir patrones de vida violentos y peligrosos, que tienden a reproducirse en la vida adulta y dañan gravemente no sólo su desarrollo sino el de la sociedad en su conjunto.

Por ejemplo, resultados del Informe Nacional de Violencia de Género en la Educación Básica muestran que en México casi la mitad de las mujeres que han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja también fueron violentadas desde que fueron niñas en sus lugares de origen, en tanto que 27 por ciento de los hombres agresores también fueron violentados durante su niñez.

El 50.1 por ciento de los niños y 37.1 por ciento de las niñas de primaria que están de acuerdo con que el hombre es quien manda y decide lo que conviene a la familia. El 16.3 por ciento declaró que la violencia forma parte de la naturaleza humana y 13 por ciento aceptó que los hombres les pegan a las mujeres por instinto.

El 44.6 por ciento de los hombres y 27.2 por ciento de las mujeres reconoció haber sido abusada física y/o psicológicamente por sus compañeros. Estos resultados muestran que, a pesar de la existencia de un discurso institucional alrededor de la igualdad, la equidad y la no discriminación, éste no se encuentra internalizado entre las generaciones actuales.

Desde la infancia se sigue reforzando la asignación de roles en función del sexo, lo que deriva en prácticas discriminatorias que con el tiempo se convierten en violencia para más de la mitad de las mexicanas y en muerte para mil 205 mujeres al año.

Según reportes de la Organización de Estados Americanos, México está por encima de los indicadores de violencia de género comparado con otros países como España. De junio 2009 a 2010 se registraron mil 728 homicidios dolorosos de mujeres en 18 estados de la república. Más de 60 por ciento pudieron definirse como feminicidios.

Ante estas cifras es indudable que la violencia de género ocupa un lugar latente en la vida de cada una de nosotras. Todas estamos expuestas a sufrir impunidad, desigualdad, intolerancia y apatía.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia representó hace tres años una esperanza para mejorar nuestras condiciones de vida, sin embargo, mientras no haya un sistema verdaderamente integral para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla. Mientras los reglamentos no respeten lo que dice la ley. Mientras no exijamos su cumplimiento y mientras no se armonicen las normatividades con los tratados y convenios internacionales, dicha ley y todas las acciones que la han complementado serán letra muerta.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza la educación tiene un papel absolutamente central en la prevención de la violencia de género y en el fomento de una cultura inclusiva y respetuosa de las diferencias. Una nación capaz de vivir en la múltiple diversidad que nos caracteriza.

Es verdad que México es una nación aún con grandes rezagos y graves desigualdades en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, a pesar de la crítica situación por la que transitamos, hoy contamos con un mayor conocimiento de las condiciones y los problemas específicos que confrontamos en cada uno de los ámbitos de la vida.

Tenemos más herramientas para cambiar aquellas situaciones que impidan y obstaculicen nuestro desarrollo. La ignorancia no debe continuar siendo una justificación. La educación e información son las únicas vías para tener pleno conocimiento de los derechos y responsabilidades que tenemos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Torre Canales. Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún por el Partido del Trabajo.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Buenas tardes. El Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres fue instituido a partir del año de 1999 y se celebra en todo el mundo.

Es importante recordar que este día es en honor a la lucha y a la vida de las hermanas Mirabal que fueron activistas políticas de la República Dominicana y que fueron asesinadas vilmente. La propuesta para que se celebrara esa fecha a nivel internacional fue propuesta por República Dominicana y contó con el apoyo de 60 países.

Miren ustedes, hablar de la violencia hacia las mujeres pareciera que casi siempre cae en el nivel de lo personal. Los hombres, incluso algunas mujeres que lastiman a las mujeres, lastiman a las niñas, hombres que están deteriorados emocional y psicológicamente y que ven a las mujeres, efectivamente, como un objeto al que pueden usar, desusar, maltratar, incluso matar. Esta situación hace que una de cada tres mujeres sea maltratada físicamente en sus hogares, casi de forma habitual a nivel del mundo. Hace que una de cada cuatro mujeres declare que ha sido violada en algún momento de su vida.

En el caso de México contamos con el honroso primer lugar de muertes violentas de mujeres en un país en el que se supone que no hay guerra.

Hasta 2007, en México se calculaba la violencia contra las mujeres embarazadas hasta en un 32 por ciento, por ejemplo. Es decir, la violencia hacia las mujeres en el ámbito de lo personal, en el nivel de lo personal es socialmente aceptable. Más allá de las leyes que se han ido trabajando y de las leyes que debemos seguir construyendo es socialmente aceptable.

Pero hay algo que también es más grave. La violencia del Estado, la violencia que ejercen las instituciones gubernamentales en contra de las mujeres. Por ejemplo, el caso paradigmático es el de Campo Algodonero. El día lunes próximo vamos a ir una comisión de diputadas y diputados a Campo Algodonero, a Ciudad Juárez, Chihuahua, porque resulta que no se ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, por las violaciones a derechos humanos en relación a los tres asesinatos de tres mujeres ahí, en Campo Algodonero.

Es una violencia del Estado el que los pagos de gastos y costas los haya depositado en juzgados para que ahora las familias tengan que hacer otro juicio, para ver quién puede cobrar algo que el Estado mexicano les está debiendo a las familias de estas mujeres. Ésa es violencia de Estado.

Es violencia de Estado que con 30 mil muertos en 4 años, no nos quieran decir cuántos de esos muertos son mujeres, cuáles eran sus nombres, qué edades tenían, quiénes son sus deudos, a cuántos hijos dejaron huérfanos. Pero resulta que incluso actualmente hay un nivel de la violencia aún más grave: la violencia sistémica, la violencia que ejerce el sistema, el statu quo.

No existe violencia contra mujeres y hombres más grave que la miseria, que el impedir que puedan trabajar. Hoy mismo vino una comisión de mujeres esmeitas, mujeres que trabajaban en el SME, miembros del SME, que vinieron aquí y que tardaron horas en poder entrar, porque si ellas intentan entrar se les trata como si fueran criminales.

El dejar a las mujeres del SME sin trabajo, sin posibilidades de sobrevivencia es una violencia sistémica.

Hay muy pocos diputados y diputadas en este pleno ya. El tema de la violencia hacia las mujeres no es significativo para la mayoría de este pleno. Lo lamentamos mucho, pero desde el movimiento una vez más hacemos el compromiso de seguir ayudando en la organización de mujeres y hombres que luchamos por transformar este país, para que llegue el día en que podamos erradicar el nivel de la violencia cotidiana, ese obscuro y triste que se genera en los hogares de las mujeres, pero también que hagamos que el Estado cumpla sus deberes, que deje de violar los derechos humanos de las mujeres y que el sistema deje de matarlas de hambre. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Norma Leticia Orozco, por el Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Norma Leticia Orozco Torres:Con su venia, señor presidente diputado.

En 1981 las militantes en favor de los derechos de la mujer evocaron el 25 de noviembre como el Día contra la Violencia. La fecha fue elegida en conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana.

Sin embargo, no fue sino hasta el 17 de diciembre de 1999 donde la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha invitado a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones internacionales a que realicen en este día actividades dirigidas a sensibilizar la opinión pública respecto del problema de violencia contra la mujer.

La violencia en contra del sexo femenino constituye una transgresión de los derechos humanos y de las libertades fundamentales e impide a la mujer gozar plenamente de sus derechos.

En México la última cifra oficial de violencia en contra de las mujeres estima que alrededor de 24 millones de mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos un acto de violencia a lo largo de su vida. Tanto en su entorno conyugal, familiar, laboral, educativo o en espacios públicos. Representan el 67 por ciento de las mujeres en este rango de edad.

Ante estos datos es inconcebible que más de 65 por ciento de las mujeres que padecieron violencia física o sexual por parte de su pareja no recurrieran a ninguna autoridad, situación ocasionada por el desconocimiento de las mujeres sobre sus derechos, por el miedo a ser agredidas con mayor violencia y por la desconfianza en el sistema de seguridad y procuración de justicia.

Que sirva este día esta exposición para exhortar a toda la mujer que ha sufrido algún tipo de violencia a denunciar a su agresor ante las autoridades. Tenemos que tener en cuenta que la que no denuncia está protegiendo a su agresor o facilitando las condiciones para que el delito vuelva a ocurrir.

Hay que denunciar para no heredar la violencia a nuestras hijas. No permitamos que las agresiones se pasen de generación en generación.

Compañeros, compañeras, no quiero dejar pasar este día sin recordar a todas aquellas mujeres que han sufrido violencia en su entorno y más aún, aquellas que han sido cruelmente violadas y ejecutadas.

Debemos reconocer que la violencia de género constituye una manifestación de dominación y discriminación contra la mujer, que ha impedido el adelanto pleno de nosotras. La violencia en contra de la mujer deja secuelas emocionales, corporales, pero la agresión no solamente vulnera a la agredida sino que el agresor se denigra como ser humano.

En este día y para concluir mi participación, quiero resaltar la siguiente frase del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan: “La violencia contra la mujer es quizá la más vergonzosa violación a los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe no podremos afirmar que hemos realmente avanzando hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, a usted señora diputada. Tiene la palabra la diputada Martha Elena García Gómez, del PRD, y aprovechamos la ocasión para despedir a nuestros amigos invitados, alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, invitados del diputado Pablo Rodríguez Regordosa.

La diputada Martha Elena García Gómez:Con su permiso, diputado presidente y a los pocos y pocas compañeras diputadas que se encuentran en este recinto. Realmente es una lástima que no estén aquí presentes, siendo que este día y este tema es muy importante para todas las mujeres.

Decirles que vengo en nombre de mi grupo parlamentario, porque hoy conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, hacer una efeméride de este día no consuela la dignidad, la integridad física, la libertad y la vida de muchas mujeres.

Hoy reclamamos en nombre de millones de mujeres la justicia que todavía no llega para la mayoría de la población. Pedimos justicia porque ha costado mucho esfuerzo, sudor, lágrimas y lamentablemente, sangre.

Hacer ver a nuestra sociedad que las mujeres nos encontramos en desventaja frente a los hombres. Ver que no contamos con las mismas oportunidades y sobre todo, no existe un respeto total a nuestros derechos.

Si hablamos de cifras, las cosas  no nos son muy favorables, pues podemos decir que de cada 10 mexicanas, por lo menos 7 han sufrido algún tipo de violencia. Esto es verdaderamente triste.

Pese a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en las diferentes convenciones como la CEDAW, la Conferencia del Cairo, Belém do Pará, la Plataforma de Beijing, la aprobación de las Leyes Generales de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pese a todo esto, la situación de violencia en que viven millones de mexicanas no ha cambiado.

Esto se debe a varios factores y en este momento los debemos de enunciar: la pobreza, una mala educación, falta de políticas públicas, recursos, falta de conciencia, y lo más grave, falta de voluntad.

Todo esto nos lleva a seguir viendo en nuestro país las violaciones, abusos y acosos sexuales, la violencia doméstica, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la violencia en situaciones de conflicto como el ataque al narcotráfico, el embarazo forzado, los asesinatos por cuestiones de honor, la discriminación laboral y de género, así como otras prácticas y abusos, siguen siendo ejercidos con impunidad en nuestro territorio nacional.

La violencia generalizada en México día a día se incrementa y los feminicidios son la parte extrema y visible de la violencia dirigida contra las niñas y las mujeres.

La conclusión de una situación recurrente y sistemática de la violación de sus derechos humanos, violentadas por el solo hecho de ser mujeres y asesinadas como resultado de la violencia pública o privada y lo peor, bajo la indolente mirada de las autoridades.

Esta situación se agrava ante las políticas neoliberales de hambre, miseria y desempleo, el aumento de la delincuencia y la inseguridad en todos los niveles, cuando el valor de la vida se pierde, sobre todo, cuando se es mujer, pobre, indígena, joven o adulta mayor. Es decir, mujeres a quienes se les niega la seguridad, el poder y la justicia, como ocurre en el caso de Ciudad Juárez y lamentable y alarmantemente en todo el territorio.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la violencia no sólo es física, y de eso debemos estar conscientes, también está la violencia psicológica, patrimonial, económica y sexual. Y posiblemente las y los que estamos aquí hayamos vivido o provocado una de estas situaciones y no estamos conscientes de esto. Lo que sí es seguro es que allá afuera esto es un hecho.

Debo mencionar que esta Cámara de Diputados ha puesto un granito de arena en esta lucha, pues hemos asignado recursos en los presupuestos de egresos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, recursos para refugios para mujeres víctimas, para capacitar a ministerios públicos en perspectiva de género, para que haya políticas de prevención del delito contra las mujeres, para que se rescaten espacios públicos en municipios con alto grado de violencia a las mujeres, en fin, hemos avanzado, pero hay muchos asuntos pendientes.

Compañeras y compañeros, les pido unidad para que el Estado mexicano afronte su responsabilidad para que la justicia no sea una dádiva para las niñas y mujeres de este país, sino un acto de completo respeto a los derechos humanos. No más violencia contra las mujeres. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lucila del Carmen Gallegos. Diputado Fernández Noroña, con qué objeto.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente sólo para comentar. La diputada García y su muy buena intervención y las diputadas que le antecedieron, prácticamente todas, se han manifestado reclamando la asistencia en este pleno.

Tienen razón, el tema es muy importante, no sólo es importante para las mujeres, es para el ser humano en general. Esta situación de desigualdad, de injusticia e inequidad hay que erradicarla.

Me parece incorrecto que se esté abordando en este contexto este tema. Creo que ya a lo hecho pecho. Debió haberse tratado al principio de la sesión. Creo que la Mesa Directiva debería tomar esta experiencia para que, cuando se tomen temas de esta naturaleza, sea al principio de la sesión, que esté la mayoría de compañeros y compañeras atendiendo este tipo de temas tan importantes.

Termino planteando que debería salir de aquí un compromiso, más allá de los posicionamientos, una legislación que haga un esfuerzo muy grande para erradicar la violencia en contra de la mujer y todo tipo de desigualdad e injusticia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda registrado, señor diputado. Adelante, diputada Gallegos Camarena.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decretado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas para honrar a las hermanas Mirabal, activistas de la República Dominicana, asesinadas por orden del gobernante Rafael Trujillo, pero sobre todo para recordar que la conmemoración de este día nos invita a reflexionar sobre los avances y retos a los que nos enfrentamos todavía en la lucha para erradicar este fenómeno social que se manifiesta de muy diferentes maneras, incluidas el abuso sexual, físico o emocional de la pareja, por familiares u otras personas. El acoso y el abuso sexual por figuras de autoridad como profesores, funcionarios o empleadores, el tráfico para trabajos forzados o la explotación sexual. Las prácticas tradicionales tales como los matrimonios forzados o infantiles, la violencia relacionada con la dote, los homicidios por honor o la violación como arma de guerra.

Lamentablemente las proporciones de este fenómeno social son todavía inmensas. Para Acción Nacional la violencia contra las mujeres es inaceptable ya que constituye la violación de los derechos humanos más generalizada de las que conocemos hoy, pues no reconoce barreras geográficas, sociales o económicas.

Al menos una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sido golpeada, coaccionada sexualmente o ha sufrido otro tipo de abuso en su vida. Cada año unas 5 mil mujeres en el mundo son asesinadas por miembros de su familia en defensa de su honor.

En México, de acuerdo con cifras de la Organización de Estados Americanos (OEA) ocurren mil 205 asesinatos de mujeres al año, de los cuales el 60 por ciento ocurren en la vía pública y el 40 por ciento en el hogar.

Según el Instituto Nacional de las Mujeres más de 67 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han padecido alguna vez violencia en el hogar por parte de sus parejas o familiares, o en la comunidad, el trabajo o en la escuela. De las mujeres que trabajan en fábricas, talleres o maquilas el 45.4 por ciento han sido víctimas de violencia familiar.

Lamentablemente la violencia no afecta sólo a las mujeres que la padecen. En el ámbito social la gravedad de las consecuencias de este problema social es de igual magnitud ya que rompe comunidades, obstaculiza la productividad, reduce el capital humano y mina el crecimiento económico de nuestro país.

En los últimos tiempos se ha logrado un avance fundamental en la concienciación de la magnitud de este problema. Sin embargo, y a pesar de este progreso, el mundo de hoy no es más seguro para las mujeres que el de hace dos décadas.

Hay una violencia creciente en las sociedades en general y un continuo alejamiento entre los compromisos políticos y los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Las intervenciones contra la violencia no serán eficaces hasta que el nivel de los recursos se equipare al de la magnitud de este problema.

Es por eso que urgimos al gobierno federal a diseñar una política de Estado que defina una clara coordinación con los tres niveles de gobierno y determine acciones claras y contundentes dirigidas a prevenir, a atender, a sancionar y a erradicar la violencia de género.

Urgimos particularmente a la Secretaría de Gobernación a que emita el programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con lo que además de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se estaría dando un importante paso en la lucha contra la violencia de género.

Por otra parte, la gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas, así como de sus efectos, hace urgente contar con información objetiva que permita la elaboración de este tipo de programas y acciones. La ley de la materia así lo reconoce.

Es por eso que instamos también a la Secretaría de Gobernación a que publique el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Una ley sin observar es letra muerta, los tres Poderes de la Unión, los estados y los municipios debemos observar los compromisos internacionales adquiridos en los diversos instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como todas y cada una de las disposiciones legales nacionales en la materia para poder avanzar en la erradicación de este mal social.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos convencidos de que el reto más importante sigue siendo pasar de la conciencia de que se trata de una violación a los derechos humanos y un delito, a hacer de la violencia de género algo inaceptable para la sociedad y contrario a sus normas.

En Acción Nacional estamos seguros de que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los organismos internacionales debemos trabajar juntos para enfrentar este reto de forma competente y para aportar la voluntad política, el compromiso y el valor para erradicar esta laceración de la vida humana.

Debemos luchar juntos por alcanzar un México en el que sus mujeres nunca más sean violentadas. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Con su permiso, señor presidente. Triste época la nuestra. Se dice que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio: Albert Einstein.

Compañeras y compañeros legisladores, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha en que recordamos a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, mujeres ejemplares a quienes hoy reconocemos por su fuerza de carácter al oponerse a la dictadura de Trujillo. Pero también recordamos a millones de mujeres que a lo largo y ancho del orbe han sido y son, para vergüenza de la humanidad, víctimas de abusos, discriminación y violencia por el solo hecho de ser mujeres.

En nuestro país a pesar de los avances se registran atrasos importantes en materia de violencia contra las mujeres. En la primera década del siglo XXI la estadística es desalentadora. Es inadmisible que México ocupe el primer lugar dentro del índice mundial de muertes violentas de mujeres dentro de los países que no están en situación de guerra, estadística que registra el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Es decir, el primer lugar entre 135 países.

Señalo además que de acuerdo a los datos del Banco Mundial, las mexicanas de entre 15 y 44 años corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir cáncer o accidentes.

Cada día mueren seis mujeres en forma violenta: cuatro por homicidio y dos por suicido, y entre 30 y 50 por ciento de las víctimas de abuso son menores de 15 años. Mientras 20 por ciento son menores de 10. Y en esta época de violencia inusitada en Ciudad  Juárez y la frontera mueren cada día más mujeres.

Es preciso entender que la violencia perpetrada en contra de las mujeres por causa de género es un tema fundamental de gran importancia que atañe al Estado mexicano y que requiere el compromiso decidido de los tres poderes del Estado, por lo que es urgente que este tema sea prioritario en la agenda nacional.

Si el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no hubiese sido declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1999, en recuerdo a las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, hoy el tema hubiera pasado desapercibido como lamentablemente sucede el resto del año.

La invisibilidad, compañeras y compañeros, es una forma de exclusión y, desde luego, constituye violencia. La no denuncia de los delitos, la indiferencia institucional ante los mismos y su aceptación como algo natural en algunos sectores sociales, son acciones que degradan colectivamente no sólo a las mujeres sino al ser humano.

Aprovecho la ocasión para manifestar que las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos deslindamos de la iniciativa de reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al derecho a la vida, porque estimamos que trastocaría el pensamiento liberal y social de la ley fundamental de la República.

El asunto del llamado derecho a la vida es un asunto filosófico con una expresión jurídica que debe abordarse con esa óptica y no con el señalamiento de presuntos derechos preeminentes o que anteceden a otros.

Las posiciones religiosas o de carácter moral derivadas de un credo religioso no deben inscribirse en la Constitución liberal y social que nos hemos dado los mexicanos.

Desde esta tribuna sostengo que la tolerancia institucional es la principal promotora de la violencia entre los géneros. La doble victimización, la falta de políticas públicas eficientes, la opacidad en los programas públicos, la impunidad, la corrupción, la insensibilidad de los servidores públicos y en general la misoginia institucionalizada que resulta en omisiones, atención inadecuada o inoportuna y desinterés frente a los temas que afectan a las mujeres, no hacen más que perpetrar conductas violentas y discriminatorias.

La doble moral, el doble discurso, la irresponsabilidad con que se continúa abordando el tema de la violencia hacia las mujeres es, por supuesto, el ancla ideológica que impide el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y de nuestro desarrollo.

Es menester una auténtica política de Estado con estrategias de largo alcance, en donde se construyan políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal para que puedan permear.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, concluyo. Vivimos un momento crucial en la historia de México, hacemos un llamado a que la atención de los problemas de la coyuntura actual no nos desvíe de los problemas estructurales que tenemos que resolver, como el de la violencia de género, para poder transitar a una sociedad más justa y a la altura del proyecto nacional que nos hemos trazado todas las mexicanas y todos los mexicanos para construir un México mejor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señora diputada.

El tema previsto se calcificó para el orden del día de esta mañana como posicionamiento de los grupos parlamentarios, tal y como es usual en las efemérides. Sin embargo, me han solicitado hacer uso de la palabra los siguientes diputados: Jaime Cárdenas Gracia, Teresa Incháustegui Romero, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Víctor Manuel Castro Cosío y Leticia Quezada Contreras.

Para que puedan intervenir en esta sesión, en este capítulo, es necesario que la asamblea autorice las intervenciones de los señores diputados.

Pregunte la Secretaría a la asamblea si está de acuerdo con admitir una nueva lista de oradores en este tema. Permítame un segundo.

PRESUPUESTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Téllez.

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): Presidente, nada más recordarle que el 16 de junio del año en curso exhorté a los integrantes de la Junta de Coordinación Política a que contemplaran en la aprobación del proyecto del Presupuesto anual de la Cámara, del Ejercicio Fiscal 2011, que la remuneración del titular de la Secretaría General de este recinto no fuera superior a las retribuciones que percibimos los diputados, cumpliendo así con el principio constitucional establecido en el artículo 127.

Hace 5 meses con 10 días de esto y a la fecha no he recibido ninguna contestación, por lo que le pido de la manera más atenta haga un llamado a la Junta de Coordinación Política. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo hago en los términos que usted solicita, señor diputado, a efecto de que le envíen una respuesta a su planteamiento. Pregunte usted, diputada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si se autoriza la intervención de las diputadas y de los diputados que han solicitado el uso de la palabra. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, hasta por 3 minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados, parte de la desigualdad entre los géneros, entre la mujer y el hombre, tiene que ver una parte de ello con la falta de oportunidades políticas a la mujer. ¿A qué se debe esa falta de las mismas oportunidades políticas entre las mujeres y los hombres? Desde nuestro punto de vista son cinco las causas fundamentales.

La vida política de este país es sobre todo un espacio masculino. También es cierto que aunque la mujer en las últimas décadas se ha incorporado masivamente al mundo laboral, conviven estas obligaciones laborales con sus obligaciones domésticas y familiares. Y esas obligaciones domésticas y familiares no son adecuadamente valoradas ni social, ni culturalmente, ni tampoco son retribuidas.

La mujer en la vida pública, en la vida política está asediada y limitada por una cauda y un peso muy grande de los prejuicios masculinos y también hay que decirlo compañeras diputadas y compañeros diputados, los partidos políticos, los grupos parlamentarios no hacen en serio su trabajo a favor de la igualdad entre los géneros y no hacen lo suficiente para evitar la discriminación de la mujer.

Por otra parte, aunque ha habido avances importantes, por ejemplo, en la legislación electoral a favor del establecimiento de cuotas de género, esta cuota de género vigente hoy día en la legislación es apenas de 40 por ciento.

Necesitamos una reforma en materia electoral que permita la paridad o que establezca la paridad entre los géneros, que la representación en esta Cámara, en el Senado de la República y en otras instancias del Estado y gubernamentales sea de 50 por ciento para cada uno de los géneros.

Y desde luego, lo que debemos evitar fue lo que hicimos al inicio de esta Legislatura, el haber permitido incidentes como el de las Juanitas. En donde con franca violación, con franca actualización del fraude a la ley esta Cámara de Diputados permitió la vulneración de la cuota de género a favor de las mujeres.

Yo pienso por tanto, que es necesario entre otras cosas, en materia política tomar en cuenta cuatro asuntos fundamentales o cuatro aspectos fundamentales: lograr la paridad de cuotas, 50 y 50 por ciento en todos los poderes públicos del Estado...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya por favor, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: En segundo lugar, presidente, y voy a concluir, pedirle a los órganos judiciales de este país que se decante a favor de una interpretación evolutiva, para que maximicen los derechos de género.

En tercer lugar, que este Congreso de la Unión apruebe las reformas pendientes en materia de género, y finalmente, señor presidente, que a mí me parece fundamental que en este pleno demos la discusión de si la cuota de género es una medida transitoria, es una simple acción afirmativa o constituye efectivamente un derecho fundamental: el derecho a la paridad de géneros en los cargos públicos de este país.

Por su atención, muchas gracias compañeras diputadas, y enhorabuena por el día de la mujer, para ellas y para todos nosotros que colaboramos en este Congreso de la Unión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Incháustegui, por favor hasta por 3 minutos.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero:Gracias, señor presidente.

Ya todas las compañeras y compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra han dado cifras sobre el tema de la violencia de pareja en este país, en contra de las mujeres. Yo quiero hablar de otro tipo de violencia que también está en nuestra legislación, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la violencia institucional en contra de las mujeres, es decir, la violencia que las propias organizaciones públicas y las instituciones del Estado, a partir de sus políticas hacen en contra de las mujeres.

Les voy a citar además puntos que son de los objetivos del desarrollo del milenio. La muerte materna, por ejemplo. En México, desde el año 2000 están rezagadas las metas de reducción de muerte materna.

Tenemos indicadores de muerte materna que no son adecuados para un país del tamaño de la economía que tenemos en el país. Tenemos además esta tasa agravada entre las poblaciones indígenas, hasta 5 veces más, y esto es por falta de atención durante el parto, durante todo el embarazo y también posteriormente al parto.

La muerte por cáncer cervicouterino y la muerte por cáncer mamario. Tenemos también entres los Objetivos del Milenio reducir la brecha de salarios. En México tenemos por el mismo empleo y con el mismo nivel de educación una brecha salarial entre hombres y mujeres de 25 por ciento menos de percepciones de las mujeres. Tenemos también mayores despidos —se prefieren a las mujeres a la hora de hacer despidos— y mayor informalidad del trabajo femenino. Es decir más precariedad.

Hay por ejemplo también menor acceso de las mujeres a la justicia. Hay invisibilidad —aquí ya una compañera lo señaló— de los feminicidios que ni siquiera se registran de manera consistente en el país y ahora están invisibilizados entre la ola de muertos que hay.

Hay dificultades para el acceso a la justicia. Ustedes saben que cuando llega un familiar a denunciar la desaparición o la muerte de una niña, de una adolescente —porque se trata normalmente de niñas y de adolescentes, ya que el 60 por ciento de las mujeres asesinadas está entre 12 y 30 años de edad—, la primera incriminada es la mujer. Tiene que probar que llevaba una vida decente una niña y que no es responsable de su muerte.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señora diputada.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero:Hay un escamoteo también en derechos sexuales y reproductivos. Aquí algunos compañeros vienen a hablar de su compromiso en contra de la violencia, pero han aprobado leyes antiaborto y han reducido en la consecución de metas en materia de planificación familiar. La sentencia de Campo Algodonero es una redistribución y competencias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señora diputada.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Ni los gobiernos locales ni el federal asumen su responsabilidad. Yo nada más exhorto a todos los compañeros de todas las bancadas a hacer efectivo su compromiso con la igualdad y con la democracia, realmente legislando a favor de la igualdad entre los hombres y las mujeres y no viniendo a tirar choros que luego no se sostienen en los hechos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Torres Abarca tiene la palabra hasta por e minutos.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como dicen algunos jóvenes: “vieja el último”; “ha de andar en sus días”; “mujer al volante, peligro constante”; “yo estoy a favor de los derechos de las mujeres, pero no soy feminista”. Mientras no dejen de escucharse ese tipo de expresiones, no podemos afirmar que la inequidad, la discriminación y la violencia contra las mujeres se han superado.

El lenguaje desafortunadamente es lo de menos. Grados más altos de violencia contra millones de mujeres y niñas se viven de manera cotidiana en el mundo, según la OMS.

La violencia de género es la primera causa de muerte entre mujeres de 15 a 44 años por encima de las guerras, los accidentes de tránsito o el cáncer. Y en muchos países 7 de cada 10 asesinatos de mujeres son cometidos en el ámbito familiar.

En México, según el INEGI, por cada 100 víctimas de violencia doméstica 96 son mujeres. Una de cada 5 mujeres sufrió alguna forma de agresión en sus hogares el año pasado y una de cada 3 ha sufrido en la familia violencia de distintos tipos a lo largo de su vida.

El largo camino emprendido por la mujer, para lograr una vida digna y mejores condiciones de desarrollo tuvo avances jurídicos importantes a partir de la última mitad del siglo pasado y sin duda el Estado de derecho a favor de la mujer se ha venido construyendo con muchas dificultades, principalmente culturales.

El Partido de la Revolución Democrática desde su fundación ha dejado constancia y se ha unido a la lucha y perseverancia de miles de mujeres en México por lograr su igualdad frente al hombre y el pleno ejercicio de sus derechos.

El día de hoy no es un día para celebraciones. Es un día para la reflexión y la autocrítica, de analizar cuáles han sido nuestras acciones para eliminar este mal que acecha a mujeres y niñas mexicanas.

No basta con congratularnos en tener una Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación ni tampoco una Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.

Claro que es un avance, no lo dudo, pero compañeras diputadas y compañeros diputados, nuestra labor no termina aquí. No podemos quedarnos cruzados de brazos como si el asunto ya no dependiera de nosotros. Tenemos la obligación de seguir alzando la voz, de buscar y poner en marcha los mecanismos necesarios para eliminar toda violencia contra las mujeres.

Quiero aprovechar esta tribuna para ser la voz de miles de mujeres indígenas. En varias comunidades indígenas, bajo el pretexto de los llamados usos y costumbres se están produciendo día a día situaciones lacerantes en contra de las mujeres, pareciera que los siglos no hubieran trascendido, que hubieran pasado de largo o simplemente que los derechos de la mujer nunca hubiesen sido creados ni existido...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señora diputada.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca:Miles de mujeres indígenas, niñas, son vendidas dentro de la más pura tradición esclavista.

Existe una explotación sexual indignante, una violencia física tan común que se asume normal...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor, diputada.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca: Y de los derechos políticos o el derecho de decidir de manera libre sobre sus hijos menor ni hablar.

El problema es que casi nadie se atreve a cuestionar y mucho menos castigar estos hechos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor, diputada.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca:Cómo no, presidente.

Por tanto, es nuestra obligación colaborar y coordinarnos con los demás poderes de Estado, con los partidos políticos, organizaciones civiles y con la sociedad en general, para remover estas estructuras culturales arcaicas para eliminar la violencia contra las mujeres indígenas.

Afortunadamente no todas son malas noticas. El pasado 27 de octubre, cinco agencias de Naciones Unidas, con la participación del Instituto de las Mujeres y autoridades del estado de Chiapas y Oaxaca lanzaron un programa contra la violencia de género en comunidades indígenas de Chiapas y Oaxaca.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor.

La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca:Para este 25 de noviembre, el día de hoy, no bastan las buenas intenciones, hacen falta mecanismos para que las mujeres realmente vivamos libres de violencia, que nadie, si no nosotras, hable por nosotras, Ahora les toca escuchar y más aún actuar. Por una vida libre de violencia nunca más un México sin nosotras las mujeres. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a suplicar a los señores oradores atenerse al tiempo establecido, dándole la palabra al diputado Víctor Manuel Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío:Compañeras diputadas y compañeros diputados, quisiera expresarles primero una preocupación, porque he insistido una y otra vez en que el ejemplo de algunas y algunos compañeros no ha bastado para que pasemos a la legalidad.

Aquí hay discursos constantes sobre el respeto a la legalidad y una serie de reflexiones, sin embargo, ustedes se dan cuenta de que se simula y se sigue simulando como que estamos completos. No habemos 60 diputados el día de hoy.

Y quiero dejar constancia porque es algo que tenemos que definir juntos, la Mesa Directiva, los grupos parlamentarios. O nos mantenemos por esta simulación, y de ahí parto, del doble discurso que alguien dijo aquí. Es parte del mal ejemplo: la ilegalidad, la impunidad y la permanente forma en cómo se violentan los derechos de las compañeras en la vida pública y privada.

Nosotros quisimos hoy, por acuerdo de la bancada del PRD, que no sólo se escuchara la voz de las mujeres, porque consideramos y estamos convencidos de que el problema no es de las mujeres, lo sufren las compañeras mujeres, pero el asunto más grave está en los hombres, está en esa formación o deformación, más bien, que esta sociedad machista ha venido dándonos a través de los años, a través de un sistema educativo que refleja el dominio del varón, de un sistema religioso que también contribuye a tener una visión desde la perspectiva machista.

Rehenes de nuestras propias instituciones, la familia, la religión, la escuela, hemos sido incapaces de construir una cultura de equidad.

Pareciera que entre más se legisla, mientras avanzan las compañeras mujeres en procesos legislativos y de derechos concretos, más se violenta a las compañeras mujeres. Es una civilización que en esta parte ha sido incapaz de generar una vida de fraternidad, de solidaridad y de equidad.

Por eso el PRD hoy decidió que no participaran solamente compañeras mujeres en este día, sino que había que asumir la responsabilidad de que desde la perspectiva democrática de nuestro partido y de muchas mujeres de todos los partidos, de muchos hombres de todos los partidos, consideramos que este asunto no compete solamente a las mujeres. La violencia contra las mujeres es también un asunto de los hombres. Hay que asumirlo con todas sus consecuencias.

Gracias, compañeras y compañeros, por haber esperado esta nueva ronda de oradores porque es inadmisible que esta sociedad siga guardando silencio y sigamos cruzados de brazos frente a esta terrible enfermedad que es la violencia de los hombres contra las mujeres. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sonido en la curul del diputado Alberto González.

CLAUSURA

El diputado José Alberto González Morales(desde la curul): Agradeceríamos a usted se hiciera la revisión de la verificación del quórum porque por lo visto estamos muy pocos compañeros diputados aquí en este pleno, señor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 16:10 horas): Hay 50 diputados en este pleno. En términos de los artículos 104, 105 y 112 declaro la falta de quórum y concluida la presente sesión.

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RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 4 horas • Quórum a la apertura de sesión: 256 diputados • Minuto de silencio: 1 • Diputado que solicita licencia: 1 • Oradores que participaron: 86 PRI                                  23PAN                                 19PRD                                 16PVEM                      4PT                                       19Convergencia                   1Nueva Alianza                   4 Se recibió o presentó: • 1 oficio de la Junta de Coordinación Política por el que se comunica cambios de integrantes en la Comisión de Gobernación; • 1 minuta con proyecto de decreto, para los efectos de la fracción D), del artículo 72 constitucional; • 1 minuta con proyecto de decreto, para los efectos de la fracción E), del artículo 72 constitucional; • 1 acuerdo de la Cámara de Senadores; • 1 minuta con proyecto de decreto; • 6 minutas con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que igual número de ciudadanos puedan para aceptar y usar las condecoraciones, medallas y distinciones que en diferentes grados les otorgan gobiernos extranjeros, respectivamente; • 1 oficio del gobierno del Distrito Federal con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 2 oficios del gobierno de Guanajuato con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 15 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite de la Secretaría de Gobernación contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita los permisos constitucionales necesarios para que 44 ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, y otro ciudadano ha dejado de prestar servicios, respectivamente; • 4 iniciativas del PRI; • 7 iniciativas del PAN; • 3 iniciativas del PRD; • 1 iniciativa del PT; • 2 iniciativas de Nueva Alianza; • 16 proposiciones con puntos de acuerdo; • 1 proposición con punto de acuerdo aprobada; • 1 efeméride