SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, que la Secretaría haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de diputados presentes o registrados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 303 diputados, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(12:16 horas): Se abre la sesión.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña. Adelante, diputado Fernández; sonido a su curul.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, pues ya debería haber una grabación mía para que no estuviera yo insistiendo y que se presentara de manera automática al principio de la sesión, de que solicité que se declarara interlocutor no válido al secretario del Trabajo del gobierno usurpador, y ya se nos va a acabar el periodo, ya acabó noviembre, nos quedan ya muy pocas sesiones y es la hora que la Junta de Coordinación Política no presenta el tema al pleno.

Entonces yo volvería a solicitar a la Mesa Directiva que sea entonces la propia Mesa Directiva quien directamente presente al pleno este punto, al igual que nuestro reclamo por la no comparecencia de la señora Kessel, quien encabeza la Secretaría de Energía del gobierno de facto.

Además, diputado presidente, quiero solicitarle dos cosas muy puntuales: una, preguntarle si está finalmente en el orden del día una excitativa para que la Comisión de Energía dictamine la iniciativa de ley para crear una nueva empresa que sustituya a Luz y Fuerza en el abastecimiento de energía eléctrica en el centro del país. Ésa es una pregunta porque parece que no estaba, pero sí se iba a meter, entonces no sé si al final quedó en los temas del día de hoy.

Y finalmente, mejor no. Con eso, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Cárdenas.

ORDEN DEL DIA

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Son cuatro comentarios, presidente. Volver a insistir en el tema de los consejeros electorales del IFE. Sigue habiendo problemas en el Instituto Federal Electoral. Creo que por la irresponsabilidad de esta Cámara, sobre todo de la Junta de Coordinación Política, estamos poniendo en riesgo a esa institución porque no está debidamente integrada.

El segundo comentario, presidente, tiene que ver con el gran cúmulo de iniciativas y de puntos de acuerdo que están pendientes. Yo quisiera solicitarle muy atentamente a usted, para que en su momento el pleno lo aprobara, que hubiera sesiones también los miércoles, presidente; porque no vamos a acabar, hay mucho rezago en este periodo de sesiones.

El tercer punto, presidente, por los medios de comunicación nos hemos enterado de la posibilidad de un periodo extraordinario. Yo quisiera preguntarle, ¿cuándo se informaría a los diputados la fecha del periodo extraordinario, si es que lo va a haber?

Finalmente, presidente, como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, quiero informarlo a usted y a todo el pleno, de problemas que hemos tenido para sesionar en Puntos Constitucionales. En tres ocasiones el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha hecho el vacío y no se ha reunido el quórum para dictaminar dos importantes iniciativas: una que tiene que ver con la obligatoriedad de la educación preparatoria, una reforma al artículo 3o. de la Constitución, y otra para restringir el veto de bolsillo del Ejecutivo.

En tres ocasiones los diputados del Partido Acción Nacional nos han hecho el vacío y ha sido imposible sesionar en Puntos Constitucionales. Quiero hacer del conocimiento de todos los diputados esta anomalía que me parece muy grave, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Respondo puntualmente. Diputada Castillo y diputado Benítez Lucho.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Diputado presidente, solamente reiterar que no ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, lo que sería específicamente la fe de erratas en torno a la Ley de Derechos, donde se plantea que en lugar de campos maduros sean campos marginales. Han pasado ya muchos días y no encontramos en este documento esta fe de erratas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Diputado Benítez Lucho.

El diputado Antonio Benítez Lucho(desde la curul): Presidente. Avalar la propuesta del señor diputado Fernández Noroña, en relación a la comparecencia del señor secretario del Trabajo, porque ésa es una obligación constitucional que tiene que cumplir con la Cámara de Diputados.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Benítez. Diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Se me había quedado en el tintero un tema, diputado presidente. Y quisiera proponer de manera formal, al hacerlo aquí al pleno, de que se informara a la opinión pública puntualmente sobre el aguinaldo que vamos a recibir porque hay un ataque permanente a esta soberanía, al respecto.

Y me parece que no estaría mal que se informara cuánto va a recibir quien usurpa la Presidencia de la República, los consejeros del IFE, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los senadores, los funcionarios del gobierno de facto, de tal manera que la gente tuviera una opinión clara de cuánto realmente se está recibiendo. Hay una especulación muy fuerte sobre el tema.

El año pasado sumaron todo el ingreso que hubo, aparte de la dieta, el aguinaldo, y entonces dijeron que habíamos recibido dos cientos y tantos mil pesos de aguinaldo, lo cual era falso. Me parece que una manera de parar esos ataques a la Cámara es transparentando esta información.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Independientemente de que todo lo expresado aquí por los señores diputados, se inscribe ya en el Diario de los Debates. Sí quisiera contestar puntualmente algunas de las expresiones de los señores diputados.

En relación con la solicitud del diputado Fernández Noroña, la Junta de Coordinación Política ha enviado a esta Mesa Directiva una resolución, pero como no tiene ese carácter ni expresa un resolutivo, voy a regresarla a la Junta de Coordinación Política a efecto de que nos dé, efectivamente, una resolución.

Respecto del periodo extraordinario y los programas para desahogar el rezago pendiente, esta Mesa Directiva envió a la Junta de Coordinación Política una proposición ya de programa que incluya sesiones vespertinas, para efecto de que podamos destinar las mañanas a los debates y a los dictámenes, y las tardes a la presentación de iniciativas y puntos de acuerdo. Esto implica un compromiso de los grupos parlamentarios para mantener una adecuada asistencia al salón de sesiones.

Con relación a la publicación y la fe de erratas de la Ley de Derechos, en este momento estoy dictando el trámite de que sea publicada de inmediato y sin más tardanza, toda vez que, efectivamente, es un acuerdo del pleno que obra desde hace prácticamente tres semanas.

Y con relación al informe del aguinaldo que recibirán los señores diputados, le solicito, por favor, al presidente del Comité de Administración tome nota a fin de que se de-sahogue esta solicitud.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Cuevas.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Si, diputado presidente. Aquí me gustaría valorar la posibilidad de los compañeros, en que efectivamente, como usted bien lo menciona, buscar la manera de que los miércoles o los martes y jueves, que tenemos para atender el rezago. Totalmente de acuerdo en ello.

Pero sí, en el periodo extraordinario, me gustaría en lo particular, buscar que se trabajara sobre cuatro o cinco reformas para llevarlas a cabo y ojalá tengamos el consenso entre todos, por ejemplo la fiscal, la de trabajo, la de educación, la de salud que son muy necesarias para el país, para el México que todos queremos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Como ustedes saben, los periodos extraordinarios tienen que ser convocados para temas específicos, o sea que tiene que existir la certeza de que vamos a estar discutiendo y trabajando esos temas para efecto de que puedan ser tratados.

Por tanto, será hasta después de la reunión de la Junta de Coordinación Política que podamos saber si va a aplicarse o no esta medida. Muchas gracias, señores diputados.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:En votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 30 de noviembre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 181 Aniversario del Natalicio de Francisco Zarco Mateos, que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre a las 9:00 horas.

Declaración de la Reunión de la Comisión de la Internacional Socialista para una Sociedad Mundial Sostenible.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Oficio del Gobierno del Estado de Jalisco

Con el que remite contestación del secretario general de Gobierno del Estado, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los actos de intimidación y hostigamiento hacia los defensores de los poblados afectados por la construcción de la presa el Zapotillo en Jalisco.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cinco, con los que remite contestaciones del titular de la unidad coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a: la asignación de recursos al municipio de Cananea en el Programa de Empleo Temporal; la conservación de especies en categoría de riesgo y el combate de la venta ilegal en el Municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí; la publicación del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, Guanajuato; la conservación de la vida silvestre, a través de las Unidades de Manejo Ambiental; y a la emisión de una Norma Oficial Mexicana que regule el cierre de operaciones de las Minas en México.

Tres, con los que remite contestaciones del coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la expedición del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Julio de 2007; a la Declaratoria de Desastre de las comunidades de Santa María Tlahuitoltepec y de Villa Hidalgo Yalalag; y a la declaratoria de desastre, para los 166 municipios del Estado del Oaxaca afectados por las lluvias.

Dos, con los que remiten contestaciones del Coordinador de Asesores del Secretario de Economía, a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la organización de eventos para enlazar a los proveedores nacionales de insumos y servicios con los productores de bienes y servicios finales, como vía generadora de empleo; y a las importaciones en el sector lechero del país.

Con el que remite contestación del director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la conservación de la población de Totoaba, en el alto Golfo de California.

Con el que remite contestación, del director general de la Comisión Federal de Electricidad al Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las solicitudes de Declaratoria de Desastre que presenten los diversos municipios que se encuentran en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Jalisco y Nayarit.

Con el que remite contestación de la directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la protección, evaluación y remediación de las aguas del Golfo de México, por el derrame petrolero.

Con el que remite contestación de la subprocuradora de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los niveles de contaminación de la Cuenca Alta del Río Santiago, Jalisco.

Con el que remite contestación del jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las medidas conducentes para que Pemex reduzca el precio del gasóleo, del gas LP y del gas natural, en el Estado de Chihuahua.

Con el que remite el informe de la evaluación en materia de diseño del Fondo para la Reconversión de Sectores Productivos de las industria Textil, Vestido, Calzado y Juguetes (Fondo Reconversión).

Con el que remite el informe sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2010.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ileana Rivera Muciño, Iván Joel Adrián Espinosa Hernández, Patricia Simpson Valadéz, Miriam Vera López, Alma Rosa Soto González, Patricia Frías Moreno, Cecilio Miguel Montero Marín y Juan Carlos Zúñiga Flores, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, del Reino de los Países Bajos, de la República Islámica de Irán, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, respectivamente. (Turno a Comisión)

Oficio del Poder Judicial de la Federación

Con el que remite el informe semestral de labores del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, correspondiente al periodo del 1º de junio de 2010 al 15 de noviembre de 2010. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma el artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 71 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4o.-A, 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 22, 38 y 65 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9o. de la Ley de Asistencia Social, 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 7o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 343 Quintus al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para el De-sarrollo de Microrregiones. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel, realicen las acciones pertinentes a fin de autorizar la trasmisión de la estación de radio “Radio Universidad” en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, a cargo del diputado Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que se declare la Plaza de Toros México como monumento artístico y patrimonio cultural y urbano del Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, realice las acciones necesarias para el rescate de los Bosques de Chapultepec y de San Juan de Aragón, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la recuperación y preservación del predio denominado “Pensil Mexicano”, ubicado en la Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía, establezca mesas de trabajo para regular y prohibir, en su caso, la aplicación de los métodos de minería de tajo a cielo abierto y lixiviación, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la SHCP, fomenten la cultura empresarial entre los jóvenes, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la libertad de tránsito de ciudadanos en el estado de Michoacán, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, al Procurador de Justicia del estado de Sinaloa, al Poder Judicial, al titular de la Delegación de la STPS y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado, investiguen, sancionen y reparen el daño por el siniestro ocurrido en la tienda COPPEL, sucursal Hidalgo de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de su Secretaría de Finanzas, así como a la ALDF, reciban a los representantes de las unidades habitacionales Pedregales de Coyoacán y ajusten el impuesto predial, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la conformación del Sistema de Seguridad de la República, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, garantice las condiciones de seguridad necesarias para que en México las organizaciones no gubernamentales ejerzan la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a la SRA, a la Procuraduría Agraria, al Instituto Nacional de Migración y a la SHCP, pongan en marcha acciones para la promoción y formalización del Testamento Agrario, entre la comunidad mexicana que radica en los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, publique los decretos de Veda de los Acuíferos denominados “Cuatrociénegas-Ocampo” y “Cuatrociénegas”, en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al IMSS, instrumenten las medidas necesarias para dar solución integral y definitiva al déficit en los seguros, problema que coloca al IMSS en situación de inviabilidad financiera, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Sedesol expida el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos Federal, estatales y municipales, la creación de fondos específicos para dotar de una computadora a los Jóvenes que cursan estudios de nivel Medio Superior y Superior en las escuelas públicas del país, a cargo del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para que investiguen y sancionen a los responsables de la muerte de seis trabajadoras de la empresa COPPEL y se repare, en la medida de lo posible, el daño a los familiares de las víctimas, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Yucatán y a sus autoridades educativas y culturales, a reforzar, apoyar y articular acciones de preservación, difusión y enseñanza de la lengua maya, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Órganos e Instituciones de Gobierno, adquieran artesanías, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores, analicen la posibilidad de establecer consultas entre los parlamentos de México y Japón, y se nombre a los diputados que representan a esta Soberanía para formalizar los intercambios en materias como economía, política, cultura, medio ambiente, educación, fiscal, legal, industrial y/o aquellas que sean de principal interés para ambos parlamentos, a cargo del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, a la Semar, a la Sedena y al DIF, realicen campañas de promoción para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT y al director general del AICM, restituyan los espacios de trabajo, sus derechos y cesen las hostilidades a trabajadores de la agrupación de taxistas permisionarios asociados, denominada Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 A.C., a cargo del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en la estrategia Caravanas de la Salud, implemente caravanas específicas para atender la salud de las mujeres y de los hombres, en especial para la prevención y detección de cáncer de mama y de próstata, respectivamente, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SCT y de la Cofetel, para que expliquen los criterios jurídico – económicos bajo los cuales proyectará la nueva licitación del espectro de 700 mhz, la cual se destinará a los servicios de banda ancha móvil, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo para que se declare al Municipio de Indaparapeo, Michoacán, como cuna militar de José María Morelos y Pavón, a cargo de la diputada María Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a efecto de que se autorice la realización del Foro y Conferencia denominados “Ven, siente y mira, para quién legislas”, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se propone la continuación de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, hasta el término de la LXI Legislatura, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, informe sobre los subejercicios registrados en el curso del ejercicio 2010 por la Administración Pública Federal, y para que a través de sus dependencias defina el monto que debe integrar al Fonden, a cargo del diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la realización anual del Parlamento de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, ejerza la facultad de atracción de la denuncia AP/PGR/DDF/SPE-XXXI/3479/10-08, de fecha 11 de octubre de 2010 y se investiguen en la Ciudad de México los hechos posibles constitutivos de delito resultantes del incendio de la Guardería ABC de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT y a los gobiernos de los estados de Tlaxcala y Puebla, hagan pública la investigación referente a la contaminación de los ríos Atoyac, Zaguapán y Alseseca, así como las medidas que están llevando a cabo por ser éste un problema de salubridad general, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la construcción de un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Tlaxcala, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, rectifique y retome el Acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, para que coordine las encuestas nacionales sobre el tema, a cargo del diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno, realicen las acciones necesarias para instrumentar y desarrollar una política pública que tenga por objetivo capacitar para el autoempleo y fomentar la educación técnica entre las adolescentes embarazadas, a fin de promover su incorporación a la vida laboral, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta Ejecutivo Federal, expida el decreto que instituye el 12 de octubre como: “Día Nacional del Reconocimiento de las Culturas Originarias de México y Latinoamérica”, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los Comisionados de la Cofetel, para que expliquen el proceso deliberativo por el que se otorgaron las concesiones para la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, conocida también como la Licitación 21, a cargo del diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal someta a consideración de la Cámara de Senadores, el retiro de la declaración interpretativa hecha al párrafo primero del artículo 4o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al proceder al depósito de instrumento de adhesión el 24 de marzo de 1981, a cargo del diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud del Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, implementen de manera permanente campañas de carácter preventivo, integral y estratégico a fin de abatir la obesidad y el sobrepeso, a cargo del diputado Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Grupos Parlamentarios de esta Soberanía, apoyen la propuesta de cancelación de la Alianza por la Calidad Educativa, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDESOL, modifique las reglas de operación del programa para el de-sarrollo de zonas prioritarias a fin de considerar un rubro de desarrollo comunitario que contemple recursos destinados a la construcción de espacios de convivencia y esparcimiento para las familias, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, exprese su beneplácito por la aprobación de la Dream Act, y manifieste la preocupación del Estado Mexicano al veto que ha realizado a dicha Ley el Gobernador del Estado de California, a cargo del diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo para que las Comisiones de Gobernación y de Justicia de esta Soberanía, integren e instalen la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, por la demanda de juicio político en contra del Gobernador del estado de Jalisco, por su responsabilidad en la problemática que se ha suscitado en el predio El Divisadero de Tenacatita y en la Zona Federal de la Bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a la representación de nuestro país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a efecto de que respalde la resolución a la solicitud presentada por Cuba sobre la necesidad de poner fin al bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica contra dicho país, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco, entregue los recursos federales y estatales destinados al desarrollo sus municipios. Asimismo, se solicita a la ASF, realice una auditoría forense a los recursos federales de los fondos contemplados en los ramos 23, 25, 33 y 36 trasferidos a dicho estado, a cargo de la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la CONADE, informe a esta Soberanía el monto de los recursos erogados durante la celebración del Bicentenario, realizada los días 9 y 10 de octubre en la Cd. de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Yucatán, establezca el delito de trata de personas dentro de su legislación penal, conforme a lo previsto en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como expedir una Ley para prevenir dicho delito, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través del Conaculta, instrumente las medidas necesarias a efecto de apoyar a los creadores culturales, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

48. Con punto de acuerdo por el que exhorta a la SHCP, establezca el mecanismo necesario para que los recursos cobrados por los seguros contra siniestros, sean aplicados por la SEP a la reparación de los daños de las escuelas afectadas, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PROFECO, tome las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos del Grupo Mexicana, vigilando que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los consumidores, con el fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se crea un Grupo plural de trabajo que investigue las causas que han retrasado el abasto de agua en la zona conurbada de Guadalajara, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos Federal, estatales y municipales, implementen acciones tendientes a fortalecer las medidas preventivas para evitar la realización de actos de extorsión hacia los connacionales durante su regreso a territorio nacional, con motivo de las próximas fiestas decembrinas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, resuelva la improcedencia del concepto de cobro correspondiente a la contratación de los instrumentos financieros de cobertura hecha por Gas Natural de Juárez, S. A. de C. V., a cargo de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal, intensifiquen las acciones de vigilancia contra la venta de comida chatarra en el entorno de las escuelas, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo para que la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía, presente a la brevedad Controversia Constitucional ante la SCJN, en contra del Decreto del Ejecutivo Federal que extinguió el Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SEP y de la Secretaría de Educación del GDF, para que expliquen la reducción de los recursos asignados para la educación básica en el Distrito Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Chiapas, cese la represión en contra de dirigentes sociales de diversas organizaciones, asimismo, libere al C. Caralampio Gómez Hernández, detenido el 16 de junio de 2010, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo para que la SAGARPA diseñe y opere la ampliación, con cobertura nacional, del Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida, a cargo del diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativa

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Economía, a solicitud del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios en relación a la represión y persecución política de ejidatarios de la comunidad de Xolotepec, Municipio de San Diego Anaya de Hidalgo, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios en relación a la conmemoración del Día Nacional del Maíz, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Comentarios en relación con las disponibilidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios en torno a la educación, ciencia y tecnología en México, a cargo del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del 161 aniversario de la creación del estado de Guerrero, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con motivo del 2 de diciembre, conmemoración del trigésimo sexto aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Homenaje a Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa al 2 de diciembre, conmemoración del “Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud”, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticinco de noviembre de dos mil diez, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 256 diputadas y diputados, a las 12 horas con 10 minutos del jueves 25 de noviembre de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas se dispensó la lectura al orden del día y del acta de la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera. Desde sus respectivas curules realizaron comentarios con relación al orden del día los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Jesús Alfonso Navarrete Prida y José Adán Ignacio Rubí Salazar, ambos del Partido Revolucionario Institucional. El presidente hizo aclaraciones y a solicitud del diputado Escudero Morales, pidió a la asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de los militares fallecidos en cumplimiento de su deber.

Se dio cuenta con comunicaciones

• De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes de la Comisión de Gobernación. De enterado, comuníquese.

• Del diputado José Tomás Carrillo Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado, electo en el decimoséptimo distrito del estado de Veracruz, a partir del primero de diciembre del año en curso. En votación económica se aprueba y se llama al suplente, comuníquese.

Se dio cuenta con oficios de la Cámara de Senadores:

a) Con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto, que reforma el artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

b) En el que transcribe el acuerdo aprobado, por el que se solicita a la Cámara de Diputados dé vista a la Auditoría Superior de la Federación. Se remitió el tercer resolutivo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

c) Con los que se remitieron minutas con proyecto de decreto:

• Que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

• Que concede permiso para aceptar y usar a los ciudadanos:

Ibrahim Manuel Malja Castro, las medallas:

- Antorcha a la Excelencia Académica, que le otorga el gobierno de El Salvador.

- Servicio distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que le otorga el gobierno de la República de Cuba.

- Minerva, que le otorga el gobierno de la República de Chile.

- Escuela Superior de Guerra, que le otorga el gobierno de la República de Argentina.

Arturo Coronel Flores, la condecoración de la Orden Estrella de Carabobo, en grado único que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Rafael Eduardo García Urbina, la Medalla de Oro al Rendimiento Militar, que le otorga el gobierno de la República Federal de Alemania.

Se turnaron a la Comisión de Gobernación.

d) Con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 64 y 84 de la Ley del Seguro Social, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

Se dio cuenta con oficios:

a) Del gobierno del Distrito Federal, con el que remitió contestación del secretario de Gobierno a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al cumplimiento de los reglamentos que rigen la circulación en los caminos y puentes de su jurisdicción. Se remitió a la Comisión de Transportes.

b) Del gobierno del estado de Guanajuato:

• Con el que remitió contestación del secretario de Gobierno del estado, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la elaboración y expedición de un programa de derechos humanos. Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos.

• Con el que remitió contestación del secretario de Gobierno del estado, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al consumo de vinos y bebidas de origen mexicano en las festividades y compromisos sociales del bicentenario. Se remitió a la Comisión de Economía.

c) De la Secretaría de Gobernación:

• Con los que se remitieron contestaciones:

- Del director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la prohibición de útiles escolares que contengan cualquier tipo de solventes en todos los planteles educativos del país. Se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

- Del coordinador de asesores del secretario de Economía, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al apoyo a la industria vitivinícola del país. Se remitió a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

- De la subprocuradora de Inspección Industrial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la planta generadora de energía de la subestación eléctrica Los Remedios, en Naucalpan de Juárez, México. Se remitió a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

- Del director general de Asociaciones Religiosas, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero. Desde su curul realizó comentarios con relación al tema, la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática. El presidente hizo aclaraciones. Se remitió a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

- De la Coordinación de Asesores del secretario de Comunicaciones y Transportes, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la ampliación de recursos para cubrir las afectaciones por las lluvias en diversos estados del país. Se remitió a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

- Del subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, en acciones operativas en contra de la delincuencia organizada en Morelos. Se remitió a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

- Del director general adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la ampliación de recursos para cubrir las afectaciones por las lluvias en diversos entidades del país. Se remitió a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

- Del director general adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestaría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la creación de un Fondo Nacional de Reconstrucción para apoyar a las entidades federativas, afectadas por los fenómenos naturales. Se remitió a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

- Del director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones sociales impulsadas para Ciudad Juárez, Chihuahua. Se remitió a la Comisión de De-sarrollo Social, para su conocimiento.

- De la directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la creación de un fondo de indemnización para víctimas relacionadas con operativos o acciones del gobierno federal contra la delincuencia, con los bienes y dinero incautados. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

- Del titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a declarar a los chiles en Nogada, platillo bicentenario del estado de Puebla. Se remitió a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

- Del director de Vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la liberación de las indígenas Araceli Alcántara Alejandro y Lucia Martínez Melitón. Se remitió a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

- Del director general de Operación Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Parque Ecológico Estatal de Guerrero. Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

- De la subprocuradora de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la planta geotérmica de Cerro Prieto, Baja California. Se remitió a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

- Del coordinador de asesores de la Secretaría de Economía, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para hacer viable y productiva la explotación de gas metano, asociado al carbón. Se remitió a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

- Del coordinador de asesores de la Secretaría de Economía, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que Pemex reduzca el precio del gasóleo, del gas LP y del gas natural, en Chihuahua, durante la temporada invernal 2010-2011. Se remitió a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

Por el que solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:

- Roberto Centeno Blanco, Jorge Arturo García Gutiérrez, Sergio Igor Almazán Dávila, Betsabé Álvarez Muñoz, Prana Álvarez Rivas, Mónica Buitrón Bravo, Sagra Margarita Clorio Jessel, Patricia Ytalivi Cordero Rosas, Mónica Patricia Cortina Peresola, Victoria Guadalupe Correa Delgado, María Teresa Correa Delgado, Eurídice Jael Durán López, Alejandra Cristina Espinosa Mendoza, Lucia Espejel Gómez, Édgar Ignacio Fernández Montoya, Lorena Berenice González López, José Elías Guzmán Martínez, Adrian Herrera Sotelo, María de Lourdes Huelgas Plaza, Paola Jiménez Vázquez, Diana León Treviño, Michelle Rosalía Lezama Díaz, Édgar López Zuazua Carmona, Antonio Meléndez Adell, Irasema Mendoza Martínez, Magaly Palacios Morales, Gabriela Carolina Pereda Domínguez, Jenefer Pineda Verhoogh, Oralia Paulina Piña Reyes, Francisco Javier Ponce Castanedo, Lucero Bibiñe Oropeza Aguilar, Cynthia Ortiz Mildare, Jessica Román Ramírez, María Abigail Sandoval Elizondo, Lizbeth Segundo Juárez, María del Pilar Tristán Martínez, Laura Patricia Torres Limón, Isaac Álvaro Vargas Arroyo, Ariadna Cecilia Villalobos Gutiérrez, Édgar Zepeda Hernández, Graciela Alejandra Sandoval Maas y Beatriz Liliana Rivera Reyes, puedan prestar servicios en las Embajadas de la República de Nicaragua, de Haití, de la Gran Bretaña, de Irlanda del Norte, en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán y Ciudad Juárez, Chihuahua.

- Martha Isabel Chávez Silva y María del Carmen Sámano López, puedan prestar servicios en las Embajadas Real de Tailandia y de Brasil, en México y comunica que ha dejado de prestar servicios el ciudadano Raymundo Guzmán Cisneros, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Las solicitudes de permiso se turnaron a la Comisión de Gobernación, por lo que se refiere al ciudadano que deja de prestar servicios, se remitió a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley que establece las Normas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se concedió el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza, que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

Se recibió del diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo. Se turnó a la Comisión de Turismo.

Se recibió del diputado Martín Rico Jiménez, del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibió del diputado Martín Rico Jiménez, del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo 119 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

Desde su curul realizó comentarios el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. El presidente hizo aclaraciones.

• Francisco Alejandro Moreno Merino, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Yolanda del Carmen Montalvo López, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos 3o., 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

• Eduardo Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Francisco Alberto Jiménez Merino y Héctor Eduardo Velasco Monroy, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• María Joann Novoa Mossberger, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

Desde sus respectivas curules, realizaron comentarios las diputadas: Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Leticia Quezada Contreras; Enóe Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática; Teresa Guadalupe Reyes Sahagún y Laura Itzel Cástillo Juárez, del Partido del Trabajo y María Elena Pérez de Tejada Romero, del Partido Acción Nacional. El presidente hizo aclaraciones.

• Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Ciencia y Tecnología, de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea, Orgánica del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos, y Orgánica de la Armada de México.

Se recibieron proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, para que la Cámara de Diputados emita una enérgica condena a los ataques perpetrados a la población de la República Árabe Saharaui Democrática, por las fuerzas armadas de Marruecos; y exhorta al Ejecutivo federal, para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie en el mismo sentido. El primer resolutivo se turnó a la Junta de Coordinación Política y el segundo resolutivo a la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al proyecto denominado Desarrollo del puerto El Sauzal, en Ensenada, Baja California. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, considere Las Labradas, en Sinaloa, como zona arqueológica. Asimismo, se exhorta a las Secretarías de Turismo, de Economía, de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes y al gobierno de Sinaloa, a que lleven a cabo acciones para crear la infraestructura necesaria, y se implanten medidas que permitan de-sarrollar dicha zona arqueológica. Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y Economía.

• Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realice el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida, la montaña que rodea a Puerto Vallarta, Jalisco. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Malco Ramírez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, realice las gestiones necesarias para que el cáncer linfático o “cáncer no hodgkin”, sea incorporado al Catálogo Universal de Servicios de Salud para el próximo año y el presupuesto necesario para su atención, sea utilizado del Fondo de Gastos Catastróficos con que cuenta dicha secretaría. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Congreso de la Unión, a efecto de diseñar un logotipo que represente a sus comisiones bicamerales. Se turnó a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

• Héctor Pedraza Olguín, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría General de la República y del Instituto Nacional de Migración, a que tomen las acciones necesarias para crear los procedimientos de asistencia, a efecto de prestar apoyo e información a las integrantes de la caravana de madres centroamericanas. Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

• Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que esta soberanía se solidariza con los 51 connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos de América, y se exhorta al Ejecutivo federal, a que realice una revisión integral de sus políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en ese país. Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores.

• Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la Secretaría de Gobernación, a efecto de dar cumplimiento a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que se refiere al pago de la indemnización a las víctimas de los casos Campo Algodonero, Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales, a que analicen la viabilidad de incorporar al sistema de educación pública la licenciatura en puericultura. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que a partir de 2011, reclasifique a los municipios de San Luis Potosí, del área geográfica C al área geográfica B. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea una comisión que investigue los actos y hechos de corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Guillermo Cueva Sada, del Partido Verde Ecologista de México, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, proteja los derechos y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, así como de las empresas con participación de capital mexicano, particularmente los que han sido constituidos para superación en la República Bolivariana de Venezuela y que han sido afectadas por las políticas públicas de carácter intervencionista, discriminatorias y abusivas por parte de su presidente. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Se concedió el uso de la palabra para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

• Herón Agustín Escobar García, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a que otorgue la toma de nota a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, División Administrativos, electa democráticamente el 13 de julio del año en curso. En votación económica no se consideró de urgente resolución y se turnó a la Junta de Coordinación Política. Desde su curul, realizó comentarios la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo.

• Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a que establezca un programa de formación y desarrollo de coros juveniles, que provean a los adolecentes de educación musical y propicien el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que reponga la licitación 21, sobre la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico que van de los 1740 al 1755 (quince megahertz) y de 2140 al 2155 (quince megahertz). En votación económica se consideró de urgente resolución. Se sometió a discusión.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Intervienen los diputados Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, para razonar el sentido de su voto, hablar en contra y responder alusiones personales, desde sus respectivas curules los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Agustín Guerrero Castillo y

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

Guadalupe Acosta Naranjo, ambos del Partido de la Revolución Democrática; José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, para responder alusiones personales y hablar a favor del punto de acuerdo. En sendas votaciones económicas se consideró suficientemente discutido y se aprobó el punto de acuerdo, comuníquese.

Antonio Benítez Lucho, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea una comisión especial investigadora de Comisiones Unidas de Vigilancia, Función Pública, Salud y Seguridad Social, para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencia que involucra a servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y los que resulten. Se turnó a la Junta de Coordinación Política. Desde su curul realizó comentarios el diputado Uriel López Paredes, del Partido de la Revolución Democrática. El presidente hizo aclaraciones.

Para fijar posición de sus respectivos grupos parlamentarios:

Con relación al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Intervinieron los diputados María Guadalupe García Almanza, de Convergencia; María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza; Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo; Norma Leticia Orozco Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Martha Elena García Gómez, del Partido de la Revolución Democrática; Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional y Mercedes del Carmen Guillen Vicente, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad y desde su curul realizó comentarios el diputado José Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. Se sometió a consideración de la asamblea una nueva lista de oradores, que se autorizó en votación económica. Intervinieron los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Magdalena Obdulia Torres Abarca y Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul el diputado José Alberto González Morales, del Partido Revolucionario Institucional, solicitó la verificación de quórum, el presidente levantó la sesión por falta de quórum a las 16 horas con 4 minutos.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Ponga a discusión el acta. Como no hay oradores inscritos, ponga a votación el acta.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.Pase al capítulo de comunicaciones.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Secretarios de la Cámara de Diputados.—Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica del 181 aniversario del natalicio de Francisco Zarco Mateos para el sábado 4 de diciembre, a las 10:00 horas, en el monumento erigido a su memoria, situado en las calles Francisco Zarco y Paseo de la Reforma, frente a la Iglesia de San Hipólito, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Guadalupe Lozada León coordinadora.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Para asistir en representación de esta Cámara ha sido designado un grupo de diputados que serán dados a conocer a través de la Gaceta Parlamentaria.

COMISION DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA PARA UNA SOCIEDAD MUNDIAL SOSTENIBLE

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Declaración de la reunión de la Comisión de la Internacional Socialista para una Sociedad Mundial Sostenible.

Reunión de la Comisión de la Internacional Socialista para una Sociedad Mundial Sostenible

Declaración

La Comisión de la Internacional Socialista para una Sociedad Mundial Sostenible, habiéndose reunido en Ciudad de México el día 27 de noviembre, con anterioridad a la apertura de la decimosexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático:

Consciente de las expectativas no alcanzadas en la COP15 celebrada el año pasado en Copenhague y de que la COP16 en Cancún ofrece a la comunidad internacional una nueva oportunidad para abordar las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático,

Considera crucial que la Conferencia logre avances en los siguientes puntos:

• Insistir en la urgencia de avanzar hacia la conclusión de un acuerdo internacional ambicioso y realista en materia de cambio climático, con compromisos vinculantes, objetivos y plazos.

• La necesidad de hacer mayores reducciones en las emisiones. Tal como se ha declarado en el pasado, los compromisos de las naciones individuales deberían estar basados en los niveles de emisiones pasadas, presentes y futuras y en la capacidad económica del país para reducirlas, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y de capacidades respectivas. Las naciones más ricas con el mayor volumen de emisiones deberían ser las primeras en reducir sus emisiones en mayor cantidad. En este contexto, reconocemos las altas ambiciones de la Unión Europea de reducir sus propias emisiones.

• Las promesas voluntarias hechas desde Copenhague deberían ser formalizadas, ratificadas y respetadas, sin olvidar que la suma total de todas las promesas hechas hasta la fecha es insuficiente para proveer la necesaria reducción en emisiones para que la concentración de carbono en la atmósfera se reduzca a 350 partes por millón (ppm), una figura que siempre hemos tenido a la vista con el objeto de limitar el incremento de la temperatura global a un máximo de 2 grados Celcius.

• Dentro de este contexto, incumbe a los países en desarrollos tomar las apropiadas acciones de mitigación para limitar sus emisiones. Al mismo tiempo que el potencial para el desarrollo económico de estos estados no debería resultar perjudicado, es vital que este desarrollo sea sostenible. Todo compromiso para reducir las emisiones debe ser mensurable, susceptible a ser informado y verificable.

• Establecer sistemas de medición, reporte y verificación de los compromisos asumidos y de las acciones emprendidas para reducir las emisiones, contemplando al mismo tiempo mecanismos para hacer vinculantes estas obligaciones y acordar sanciones para casos de no cumplimiento.

• Promover los esquemas de compensación, cooperación tecnológica, capacitación y financiamiento de las medidas de adaptación y mitigación. Un aumento urgente y significativo se debe dar a las acciones en adaptación, principalmente a los países en desarrollo que tengan los menores índices de desarrollo humano o mayor riesgo y vulnerabilidad al cambio climático.

• Profundizar la cooperación científica y tecnológica entre los países desarrollados y en desarrollo en materia de cambio climático. Este intercambio debe apostar por el fomento de la investigación y el uso de tecnologías modernas.

• Definir el diseño de una arquitectura financiera internacional para luchar contra el cambio climático, materializando la propuesta de crear el Fondo Verde acordado en Copenhague, de modo de movilizar para el año 2020, 100 mil millones de dólares anuales para asistir a los países en de-sarrollo. En el corto plazo, el compromiso de proveer 10 billones de dólares en 2010, 2011 y 2012 para este propósito debe ser realizado a través de un marco multilateral y de manera transparente.

• Apoyar las recomendaciones del Grupo Consultor de Alto Nivel de la ONU sobre Financiamiento al Cambio Climático, incluyendo la sugerencia de un precio de 20-25 USD por tonelada de carbono para el 2020, y al potencial de generar ingresos tanto del impuesto al carbón como fuera propuesto en el informe de la Comisión, como de un impuesto global sobre las transacciones financieras que ha sido también propuesto por la Internacional Socialista.

• Establecer objetivos para la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD+), que sean claros, exhaustivos y de estricto cumplimiento. La deforestación industrial no solamente contribuye a las emisiones, sino que reduce también la capacidad global de los bosques para la eliminación de gases de efecto invernadero y destruye el hábitat natural de muchas especies en peligro. Es inaceptable que siga teniendo lugar esta insostenible deforestación cuando sus perjudiciales consecuencias son tan ampliamente reconocidas. Un acuerdo sobre el REDD+ debería incluir un flujo de fondos para premiar una significativa reducción en las emisiones de carbono, apoyando la conservación, gestión sustentable de bosques, el fomento de reservas de carbón forestal y la reforestación.

El Acuerdo de Copenhague, una declaración de intención, contiene promesas voluntarias que ahora deben ser transformadas en acuerdos vinculantes. Para lograrlo, se debe encontrar un marco de trabajo basado en la equidad, en el cual todos los países cuenten con la confianza para asumir los compromisos que sean necesarios.

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2010.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y la Especial sobre Cambio Climático, para su conocimiento.

ESTADO DE JALISCO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Ejecutivo.— Secretaría General de Gobierno.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente

Por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo del estado y en contestación a su atento oficio número D.G.P.L 61-II-7-542, de fecha 5 de octubre de 2010, mediante el cual le comunica el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco a conciliar intereses con los ciudadanos opositores a la construcción de la presa El Zapotillo, y aceptar la recomendación número 2939/2010, emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, me permito manifestarle lo siguiente:

Mediante oficio número SAJ/499/2010, de fecha 15 de abril del año en curso, se dio por parte del gobierno del estado de Jalisco puntual contestación debidamente fundada y motivada a la recomendación número 35/2009, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, relativa a la construcción de la presa El Zapotillo, donde se establece de manera contundente la no aceptación a ésta, dado que la responsable del proyecto es la Comisión Nacional del Agua, esto es de competencia federal, postura que sigue sosteniendo el gobierno del estado de Jalisco.

Asimismo, se insiste en negar rotundamente que el gobierno del estado haya llevado o lleve a cabo actos de hostigamiento en contra de pobladores y propietarios de fincas en Temacapulin, Acasico y Palmarejo, con la intención de conseguir su anuencia para la construcción de la presa El Zapotillo.

Por último, se reitera que es prioritario para el gobierno del estado el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos del estado de Jalisco

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 20 de octubre de 2010.— El secretario General de Gobierno, licenciado Fernando A. Guzmán Pérez Peláez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-7-565, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112/ 00005176, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la asignación de recursos a Cananea en el Programa de Empleo Temporal (PET).

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En alcance de mi oficio número 112/4842, referente al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobado en sesión del 12 de octubre del presente año en el que se exhorta a esta dependencia del Ejecutivo federal a efecto de que a través del Comité Estatal del PET se considere la necesidad de hacer una excepción en la asignación de recursos a Cananea, a fin de generar opciones de empleo, anexo al presente el oficio número DGPAIRS/ DFID/ 484/ 2010, mediante el cual el doctor Antonio Díaz de León Corral, director general de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de esta secretaría, da respuesta al punto primero del acuerdo de mérito.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 17 de noviembre de 2010.— Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.

Me refiero a su oficio número 112/04703, del pasado 25 de octubre, relacionado con el punto de acuerdo primero aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en reunión celebrada el 12 de octubre del presente año.

Le informo que para el presente ejercicio fiscal los recursos del PET se han agotado en su totalidad. Sin embargo, estamos próximos a iniciar el programa de 2011.

Por lo mismo, de acuerdo con las Reglas de Operación del PET vigentes, los proyectos deberán presentarse en las representaciones de la Conanp, Conafor, Conagua o delegación federal de la Semarnat en Sonora para que sean atendidas.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2010.— Doctor Antonio Díaz de León Corral (rúbrica), director general de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0702 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00005175, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a combatir la captura y venta ilegal de especies de fauna en categoría de riesgo en el municipio de Guadalcázar en San Luis Potosí.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En alcance a mi oficio número 112/4837 de fecha 27 de octubre de 2010, mediante el cual se envió a esa Unidad, de Enlace Legislativo a su digno cargo información para atender el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 14 de octubre del presente año, relativo a la captura y venta ilegal de especies de fauna en categoría de riesgo en el municipio de Guadalcázar en San Luis Potosí.

Sobre el particular, sírvase encontrar anexo al presente copia del oficio número SGPA/DGVS/09248/2010, mediante el cual el médico veterinario zootecnista Martín Vargas Prieto, director general de Vida Silvestre, envía información sobre el punto de acuerdo de mérito.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 18 de noviembre de 2010.— Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.— Presente.

Con relación a su oficio número 112/4713 del 25 de octubre de 2010, en el que informa sobre el punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados en el que exhorta a esta secretaría que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el gobierno del estado de San Luis Potosí, se elabore e implemente un programa de acción permanente que incluya estrategias para combatir la captura y venta ilegal de especies de fauna en categorías de riesgo, principalmente reptiles y aves en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí.

Al respecto le comento que la Dirección General de Vida Silvestre ha desarrollado acciones de manera coordinada con la Profepa, y la participación del gobierno del estado de San Luis Potosí, para atender la problemática de venta ilegal de vida silvestre en el poblado de Charco Cercado, municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí.

En marzo de 2008; se incorporaron al padrón Predios o Instalaciones con Manejo de Vida Silvestre de forma Confinada (PIMVS) 29 predios que tienen dentro de sus objetivos la comercialización legal de ejemplares, partes y derivados de especies silvestres, esto contribuye en la generación de empleos, mejora de las condiciones de vida de los pobladores de la región, mejora en la salud y educación ambiental, lo que permitirá beneficios directos a los propietarios así como frenar la venta ilegal bajo esquemas de aprovechamiento sustentable en beneficio de la comunidad y como consecuencia, disminución de la presión ejercida sobre las poblaciones silvestres.

Las especies solicitadas para su manejo en estos predios son cactus de diferentes especies (tanto nacionales como exóticas), reptiles (víbora de cascabel) y psitácidos (ninfas y agapornis).

Asimismo se ha autorizado en 2008 y 2009; el aprovechamiento extractivo para ejemplares de cactus nacionales, cactus y aves exóticas (ninfas y agapornis), que han acreditado su legal procedencia.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2010.— Médico veterinario zootecnista Martín Vargas Prieto (rúbrica), director general de Vida Silvestre.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

ESTADO DE GUANAJUATO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-6-0629, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112/ 00005174, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Doy respuesta a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 3425/ 10, mediante el cual hace del conocimiento, para la atención de esta secretaría, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 14 de octubre del presente año, relativo al programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.

Sobre el particular, sírvase encontrar anexa al presente copia del oficio número F00. 6DRCEN. 1197/ 2010, signado por Miguel Ángel Cuéllar Colín, jefe de departamento de la Unidad Técnica de la Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico, en suplencia por ausencia del director regional, por el que se da respuesta al punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 17 de noviembre de 2010.— Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.

Hago referencia al oficio número DGPL 61-II-6-0630, remitido al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante el cual la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a informar sobre las razones que han impedido la elaboración, publicación e implantación del programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato. Asimismo, hace extensiva esta solicitud el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad Legislativa de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio número SEL/ UEL/ 311/ 3425/ 10.

Esta dirección regional, en coordinación con la Dirección del Área Natural Protegida de referencia, ha iniciado la formulación del programa de manejo, considerando los siguientes aspectos:

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat autorizó mediante el oficio número SGPA DGIRA/ DG. 1258.08, del 21 de abril de 2008, la ejecución del proyecto ejecutivo para la construcción de la presa El Realito y estudio de factibilidad de la ingeniería básica del acueducto El Realito a localidades de Guanajuato y de San Luis Potosí, toda vez que dicha obra de infraestructura hidráulica realizada en la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato y por ende se ordena la realización de medidas compensatorias contenidas en el programa restauración y conservación de ecosistemas por compensación en la referida reserva de la biosfera, elaborado por la dirección.

La condicionante 15 de referido resolutivo establece que la Comisión Nacional del Agua, en su carácter de promovente, deberá colaborar con la dirección de la reserva en la elaboración y entrega del programa de manejo del área natural protegida en comento, y la realización de los trámites correspondientes en coordinación con la Conanp para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como la ejecución de las acciones de restauración y conservación de ecosistemas por compensación en la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato.

Por lo expuesto, el 7 de octubre de 2009 en la Rectoría de la Universidad de San Luis Potosí se firmó el convenio de servicios número CNA- SLP- UASLP- COPNANP- 09/0l- RF- CC con la Semarnat, por conducto de las Comisiones Nacionales del Agua, y de Áreas Naturales Protegidas, respectivamente, esta última a través de su Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para dar cumplimiento a la condicionante 15 del resolutivo.

El 25 de febrero de 2010, la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato en San Luis de la Paz, Guanajuato, sometió a consideración de las partes signatarias del convenio un plan de trabajo que contiene las acciones necesarias para cumplir la condicionante y las medidas compensatorias. Aprobado el programa de trabajo propuesto e incorporando el Instituto de Ecología de Guanajuato, se constituyó un comité técnico para elaborar el programa de manejo, el cual supervisa los trabajos de las Universidades Autónomas de Guanajuato, de San Luis Potosí y de Querétaro.

El proceso de formulación del programa de manejo de la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato se encuentra en su primera fase, consistente en la integración de un borrador que incluya la parte de planeación conocimiento de las características físicas, biológicas y socioeconómicas, problemática, aprovechamiento de los recursos naturales y necesidades de conservación, estableciendo las prioridades, las metas, los objetivos y las acciones para lograr la conservación del área, cuyos avances serán entregados al referido comité técnico en noviembre del año en curso, a fin de estar en posibilidades de avanzar en la integración, conforme al programa de trabajo mencionado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Con fundamento en lo establecido en el párrafo segundo del artículo 154 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2003, y reformado para esta comisión nacional el 29 de noviembre de 2006, en suplencia por ausencia del director regional, firma el presente documento el jefe de departamento de la Unidad Técnica de la Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico

Cuernavaca, Morelos, a 3 de noviembre de 2010.— Miguel Ángel Cuéllar Colín (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-569, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00005173, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a fortalecer las políticas públicas de conservación de vida silvestre.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En alcance a mi oficio número 112/4838, de fecha 27 de octubre de 2010, mediante el cual se envió a esa Unidad de Enlace Legislativo, a su digno cargo, información para atender el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 14 de  octubre del presente año, relativo a las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

Sobre el particular, sírvase encontrar anexo al presente copia del oficio número SGPA/DGVS/09269/2010, mediante  el cual el médico veterinario zootecnista Martín Vargas Prieto, director general de Vida Silvestre, envía información sobre el punto de acuerdo de mérito.

Si más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 18 de noviembre de 2010.— Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.— Presente

Con relación a su oficio número 112/4698, del 25 de octubre de2010, en el que informa sobre el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 14 de octubre de 2010, mediante el cual exhorta a esta secretaría a fortalecer las políticas públicas de conservación de vida silvestre, relativas a las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Uma), así como a fomentar y garantizar el adecuado funcionamiento y transparencia de las actividades realizadas por el Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable.

Al respecto se informa que la Dirección General de Vida Silvestre, como parte de las acciones para fomentar la creación de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, durante 2010 operó los “lineamientos de fomento a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, a través de las Uma o predios o instalaciones que manejan vida silvestre (PIMVS) de forma confinada fuera de su hábitat natural en comunidades rurales”, y subsidio proyectos en comunidades rurales preferentemente en el centro y sur del país a través del establecimiento o fortalecimiento de las Uma o predios o instalaciones que manejen vida silvestre de manera confinada fuera de su hábitat natural, en los rubros de infraestructura, equipamiento, pie de cría, capacitación y asistencia técnica. Los objetivos del subsidio son los siguientes:

• Fomentar el establecimiento y operación de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, así como de los predios o instalaciones de manejo de la vida silvestre en beneficio de los habitantes de zonas rurales.

• Impulsar la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre del país, así como elevar la competitividad del sector en el mercado nacional e internacional para contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

• Generar desarrollo y expansión económica, a partir de la valoración, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nativa del país.

• Crear oportunidades de desarrollo a través de la operación de proyectos productivos y planes de manejo de la vida silvestre.

El proceso de fomento de conservación y aprovechamiento de las Uma consistió en una convocatoria abierta realizada en febrero de 2010, mediante la cual se recibieron un total de 973 proyectos, de los cuales se seleccionaron 198 en diferentes regiones del país, como se muestra a continuación:

Estados Proyectos beneficiados                     Total asignado                                                                                    (pesos)

Región sur           122                                         44,829,377,51

Región centro     58                                           20,303,509.99

Región norte       18                                           3,687,885.00

Total nacional   198                                         68,820,772.50

Estos proyectos pretenden generar una ocupación laboral para un total de 6 mil 561 personas, distribuyéndose entre 5 mil 163 hombres y mil 398 mujeres; asimismo, los grupos de especies que se manejarán incluyen orquídeas, palmas, reptiles, pequeños mamíferos, aves canoras y de ornato, codornices; la mayoría de los proyectos se orientan a la-diversificación productiva en el sector rural, empleando como estrategia el establecimiento o fortalecimiento de las Uma, tanto en la modalidad de manejo en vida libre (extensiva) como de manera confinada (intensiva), o bien a través de los predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural.

Por otra parte, con relación al Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (Conavis), se informa que la Ley General de Vida Silvestre prevé, en el artículo 16, la creación de este consejo con el propósito de propiciar y fomentar la participación equilibrada de la sociedad en la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

El 17 de marzo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación “el acuerdo por el que se crea y define la estructura, organización y funcionamiento del Conavis”, reconociendo a este órgano con carácter consultivo y de apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el cual cuenta con comités que fungen como cuerpos colegiados de carácter técnico de apoyo al consejo.

El 23 de marzo de 2009 se publicó en 2 periódicos de circulación nacional, y el 14 de mayo del mismo año, en el portal electrónico de la Secretaría, la convocatoria para participar en la elección de consejeros.

El 20 y el 21 de mayo de 2009, mediante ejercicios democráticos, fueron elegidos los consejeros, participando en el proceso de elección el siguiente número de personas y sectores:

Sector                    Candidatos                     Elección

Organizaciones no                                             24             20 de mayo de 2009

gubernamentales

Académico               7                                    20 de mayo de 2009

y de investigación

Productores              27                                   21 de mayo de 2009

y empresarios

Social y privado      12                                   21 de mayo de 2009

El 8 de octubre del mismo año quedó formalmente constituido el Conavis, el cual de conformidad al artículo 16 de la LGVS, se reconoce como órgano de carácter consultivo y de apoyo de la Semarnat.

Con el propósito de dar cumplimiento al acuerdo de creación del Conavis, relacionado con la participación de comités y por haberlo así consensuado por el pleno del consejo, en su segunda sesión ordinaria celebrada el 21 de abril de 2010. Posteriormente el 20 de julio del mismo año se extendió invitación a los diferentes sectores del Conavis, solicitándoles hacerla extensiva a todas aquellas personas físicas y morales interesadas y con experiencia en vida silvestre para participar en la conformación de los diferentes comités.

Derivado de la invitación formulada, los comités se instalaron el 23 y el 24 de septiembre de 2010 mediante ejercicios democráticos, eligiendo los miembros de sus mesas directivas, quedando conformados de la siguiente manera:

Sector                    Candidatos                     Elección

Organizaciones        24                                  20 de mayo de 2009

no gubernamentales

Académico               7                                    20 de mayo de 2009

y de investigación

Productores               27                                  21 de mayo de 2009

 y empresarios

Social y privado       12                                  21 de mayo de 2009

Actividades realizadas por el Conavis:

• Celebración de tres sesiones ordinarias (8 de octubre de 2009, 21 de abril y 4 de octubre de 2010).

• El 20 de abril de 2010 se realizó el Taller de identificación de temas relevantes en materia de conservación y uso sustentable de la vida silvestre, cuyos resultados fueron aprobados y adoptados por el Conavis.

• Participación, con recomendaciones técnicas, en la elaboración de la estrategia nacional sobre especies invasoras en México: prevención, control y erradicación.

• Aprobación, en lo general, del reglamento interno del Conavis.

• Presencia del Conavis en la Subcomisión de Derechos Humanos y Medio Ambiente.

• Participación en la elaboración de la propuesta de declaración conjunta con el Consejo Consultivo Nacional para Desarrollo Sustentable, para la COP 16 sobre cambio climático.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2010.— MVZ Martín Vargas Prieto (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

CESE DE OPERACIONES DE MINAS EN MEXICO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-4-604, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112/ 00005171, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la emisión de una norma oficial mexicana que regule el cierre de operaciones de las minas en el país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En alcance de mi diverso número 112/4786, relativo al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 5 de octubre del presente año, relativo a la emisión de una norma oficial mexicana que regule el cierre de operaciones de las minas en el país, me permito remitirle copia del oficio número 279, suscrito por la ingeniera Sandra Denisse Herrera Hernández, subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental, a través del cual da respuesta al punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 17 de noviembre de 2010.— Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.— Presente.

Hago referencia al oficio número 112/4704, de fecha 25 de octubre de 2010 de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos a su digno cargo, en el que hace de mi conocimiento y para los efectos procedentes el contenido del oficio número SEL/ UEL/ 311/ 3292/ 10, signado por el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, sobre el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 5 del presente mes y año, que menciona:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir una norma oficial mexicana que regule eficazmente los procedimientos de cierre de operaciones de las minas en el país, evitando así la generación de pasivos ambientales.

Al respecto, le comento que con objeto de atender el exhorto del Congreso de la Unión y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en el programa de trabajo del Subcomité II de Energía y Actividades Extractivas, propondré en mi carácter de presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales la integración del tema solicitado en el suplemento del Programa Nacional de Normalización 2011, para ser desarrollado como norma oficial mexicana.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de noviembre de 2010.— Ingeniera Sandra Denisse Herrera Flores (rúbrica), subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0587, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.-800/2010, suscrito por el ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/3289/10, del 7 de octubre de 2010, a través del cual nos remite punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 5 de octubre del presente año, mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a informar las razones por las cuales no se ha publicado el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Fotocopia del oficio número 110.01.01.-3736/10, del 3 de noviembre de 2010, elaborado por la Coordinación General Jurídica, informando que el proyecto de reglamento en comento se encuentra en estudio en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de noviembre de 2010.— Coordinador general ingeniero Jorge Zermeño González (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial.— Presente.

Con relación al oficio numero SEL/UEL/311/3289/10, de fecha 7 de octubre del presente año, mediante el cual el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación informa a usted el punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 5 de octubre del presente año, mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a informar las razones por las cuales no se ha publicado el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables a cargo de esta secretaría; al respecto, le comento lo siguiente:

Mediante oficio numero 110.01.01.-3559/10, de fecha 24 de agosto del año en curso, esta Coordinación General Jurídica remitió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Federal (CJEF) el proyecto de reglamento del instrumento en cita, con objeto de someterlo a consideración de dicha instancia.

Posteriormente, mediante oficio numero 4.1510/2010, la CJEF solicitó un cuadro comparativo que confronte el texto de las disposiciones vigentes con el texto del proyecto y los comentarios relativos a cada una de las modificaciones que se proponen.

En este sentido, mediante oficio numero 11.01.01.-3621/10, de fecha 10 de septiembre del presente año, esta área jurídica dio atención a la solicitud realizada remitiendo a la CJEF la información solicitada.

En este orden de ideas, a la fecha el proyecto de reglamento en comento continúa en estudio de la CJEF, y esta Coordinación General Jurídica no ha recibido observación alguna por parte de dicha instancia.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de noviembre de 2010.— La directora general adjunta de lo Consultivo Liz Angélica Mora Flores (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-1951, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.-817/2010 suscrito por el Ing. Jorge Zermeño González, Coordinador General de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la utilización de recursos para atender a las comunidades afectadas de Santa María Tlahuitolpetec y de Villa Hidalgo Yalalag, derivado del desgajamiento de un cerro.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/311/3150/10, del 29 de septiembre de 2010, a través del cual nos remite punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se solicita que el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, emita la declaratoria de desastre de las comunidades de Santa María Tlahuitolpetec y de Villa Hidalgo Yalalag, derivado del desgajamiento de un cerro y cuyo alud afectó a más de 300 viviendas, provocando un número indeterminado de víctimas; Asimismo se solicita la utilización de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo para Apoyar a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, me permito hacerle llegar la siguiente documentación.

Fotocopia del oficio 412.-612 del 10 de noviembre de 2010, elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, informando que el gobierno del estado solicitó el apoyo del Programa para la Adquisición del Seguro Agropecuario Catastrófico, este seguro fue contratado con Agroasemex, con una aportación federal de 53.4 millones de pesos y una aportación estatal de 7.6 millones de pesos y cuya vigencia abarca del 1 de mayo de 2010 al 31 de mayo de 2011.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2010.— Ingeniero Jorge Zermeño González (rúbrica), coordinador general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial de la Sagarpa.— Presente

Hago referencia al documento SEL/UEL/311/3150/10, en el que se anexa el punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 28 de septiembre 2010, al respecto, cito el punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión solicita que el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, emita la declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre de las comunidades de Santa María Tlahuitolpetec y de Villa Hidalgo Yalalag, derivado del desgajamiento de un cerro y cuyo alud afectó a más de 300 viviendas, provocando un número indeterminado de víctimas.

Segundo. Se solicita la utilización de recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para Apoyar a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, para la atención de las poblaciones afectadas.

Con el fin dar atención al segundo punto del acuerdo antes mencionado, pongo a su consideración la siguiente información:

La Sagarpa tiene a su cargo la operación del Programa de Atención a Contingencias (PACC), cuyo objetivo es la atención de productores rurales de bajos ingresos afectados por contingencias climatológicas para su reincorporación a las actividades productivas.

Para lograr dicho objetivo, el PACC opera dos vertientes de atención, la adquisición de Seguros Agropecuarios Catastróficos (SAC) y los apoyos directos, los cuales operan donde no existe SAC o bien cuando los daños superan la superficie o unidades animal cubiertas por el SAC.

En el caso del estado de Oaxaca, el gobierno del estado solicitó el apoyo del Programa para la Adquisición del Seguro Agropecuario Catastrófico, con lo que se dio protección a 520,529 hectáreas en 411 municipios para los cultivos de frijol, maíz, sorgo, trigo, café, limón, mango y plátano en caso de suceder lluvia, sequía, inundación, helada, granizada y ciclón. Este seguro fue contratado con Agroasemex con una aportación federal de 53.4 millones de pesos (millones de pesos y una aportación estatal de 7.6 millones de pesos. con lo que se dio protección a esta superficie por un monto de 529 millones de pesos y cuya vigencia abarca del 01/05/2010 al 31/05/2011. En lo que respecta específicamente al municipio de Santa María Tlahuitolpetec, se tiene una cobertura de 821 hectáreas de maíz, las cuales se encuentran en inspección de daños por parte de la compañía aseguradora con el fin de identificar afectaciones totales. En cuanto al municipio de Villa Hidalgo Yalalag, no se encuentra dentro de la cobertura contratada.

A la fecha, el gobierno del estado de Oaxaca está dando atención a las afectaciones derivadas de contingencias climatológicas que se han presentado durante el presente año, con estos esquemas de aseguramiento. A la fecha, no ha iniciado ningún proceso de gestión para la solicitar apoyos directos del programa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de noviembre de 2010.— Ingeniero Víctor Celaya del Toro (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-1887, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.-816/2010, suscrito por el ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la utilización de recursos para atender a los municipios del estado de Oaxaca afectados por las lluvias.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/311/3006/10 del 24 de septiembre de 2010, a través del cual nos remite punto de acuerdo aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se solicita se emita la declaratoria de desastre, por lo tanto la utilización de recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para Apoyar a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas para atender a los 166 municipios del estado de Oaxaca afectados por las lluvias, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Fotocopia del oficio 412.-614, del 10 de noviembre de 2010, elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, informando que el gobierno del estado solicitó el apoyo del Programa para la adquisición del seguro agropecuario catastrófico, con lo que se dio protección a 520,529 hectáreas en 411 municipios para los cultivos de frijol, maíz, sorgo, trigo, café, limón, mango y plátano en caso de suceder lluvia, seguía, inundación, helada, granizada y ciclón.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2010.— Ingeniero Jorge Zermeño González (rúbrica), coordinador general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Hago referencia al documento SEL/UEL/311/3006/10, en el que se anexa el punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 23 de septiembre 2010, al respecto, cito el punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados solicita que se emita la declaratoria de desastre, por lo tanto la utilización de recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para Apoyar a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, para atender a los 166 municipios del estado de Oaxaca afectados por las lluvias”.

Con el fin dar atención al punto de acuerdo antes mencionado, pongo a su consideración la siguiente información.

La Sagarpa tiene a su cargo la operación del Programa de Atención a Contingencias (PACC), cuyo objetivo es la atención de productores rurales de bajos ingresos afectados por contingencias climatológicas para su reincorporación a las actividades productivas.

Para lograr dicho objetivo, el PACC opera dos vertientes de atención, la adquisición de Seguros Agropecuarios Catastróficos (SAC) y los apoyos directos, los cuales operan donde no existe SAC o bien cuando los daños superan la superficie o unidades animal cubiertas por el SAC.

En el caso del estado de Oaxaca, el Gobierno del Estado solicitó el apoyo del Programa para la Adquisición del Seguro Agropecuario Catastrófico, con lo que se dio protección a 520,529 hectáreas en 411 municipios para los cultivos de frijol, maíz, sorgo, trigo, café, limón, mango y plátano en caso de suceder lluvia, sequía, inundación, helada, granizada y ciclón. Este seguro fue contratado con Agroasemex, con una aportación federal de 53.4 millones de pesos (mdp) y una aportación estatal de 7.6 mdp, con lo que se dio protección a esta superficie por un monto de 529 mdp y cuya vigencia abarca del 01/05/2010 al 31/05/2011.

De este seguro, actualmente se encuentran en inspección de daños en campo 121,477 hectáreas y donde las condiciones de acceso y el estado de los cultivos ha permitido determinarlo, se han identificado pérdidas totales en 123 hectáreas.

Adicionalmente, con la misma compañía seguradora, se protegieron 57,685 unidades animal de ganado bovino en 146 municipios en caso de suceder sequía, exceso de humedad, inundación, onda cálida, heladas, bajas temperaturas, inundación, granizo y huracán.

Este seguro se contrató con una aportación federal de 2.3 mdp y una aportación estatal de 0.3 mdp y da protección a estas unidades animal con una suma asegurada de hasta 26 mdp. A la fecha, se han identificado afectaciones que han derivado indemnizaciones al gobierno estatal para 2,246 unidades animal.

A la fecha, el gobierno del estado de Oaxaca está dando atención a las afectaciones derivadas de contingencias climatológicas que se han presentado durante el presente año, con estos esquemas de aseguramiento. A la fecha, no ha iniciado ningún proceso de gestión para la solicitar apoyos directos del programa y, por ende, no ha solicitado la correspondiente publicación de declaratoria de contingencia climatológica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de noviembre de 2010.— Ingeniero Víctor Celaya del Toro, director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

SECRETARIA DE ECONOMIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-2-623, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 100. 2010. DGE. 900, suscrito por José Antonio Torre Medina, coordinador de asesores del secretario de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la organización de encuentros para enlazar a los grupos empresariales de las ramas industriales, comerciales y de servicios con las ramas económicas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con referencia al oficio número SEL/ UEL/ 311/ 3009/ 10, del 24 de septiembre del año en curso, mediante el cual comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 23 de septiembre, en el que se exhorta a esta secretaría a organizar las actividades necesarias, como foros, encuentros, ferias, conferencias, simposios y seminarios, para enlazar a los grupos empresariales locales de las distintas ramas industriales, comerciales y de servicios con los emprendedores y grupos empresariales de todas las ramas económicas, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

Durante el presente año, esta secretaría, a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, ha impulsado la realización de este tipo de actividades, destacando de manera especial la Expo Compras de Gobierno 2010, realizada en abril, y la Semana Nacional Pyme 2010, del 1 al 5 de noviembre.

A través del Fondo Pyme se ha apoyado la realización de 96 encuentros empresariales, como semanas regionales Pyme en Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez, Mérida, Acapulco y, próximamente, en Morelia, Mexicali y Durango. De igual manera, se han realizado foros regionales, estatales y especializados, así como de las ramas industrial, comercial y de servicios.

Esta secretaría mantendrá el apoyo de este tipo de actividades de promoción empresarial en lo que resta de 2010 y fortaleciendo su realización durante 2011.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente que haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de noviembre de 2010.— José Antonio Torre Medina (rúbrica), coordinador de asesores del Secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

SECTOR LECHERO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0562 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2010.DGE.863 suscrito por José Antonio Torre Medina, coordinador de asesores del Secretario de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las importaciones en el sector lechero del país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con referencia al oficio SEL/UEL/311/3028/10 del 24 de septiembre del año en curso, mediante el cual comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 23 de septiembre, en el que se solicita a esta secretaría enviar a esa soberanía las evaluaciones que, en su caso, realizó para determinar las fechas, montos y procedimiento de cupos de importación de leche en polvo; realizar la evaluación del impacto que tienen las importaciones en el sector lechero del país, así como realizar los estudios necesarios a fin de identificar si la leche que se importa a través de los cupos tiene algún nivel de subsidio por parte de su país de origen, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: .

La producción nacional de leche fluida en nuestro país es insuficiente para satisfacer los requerimientos de abasto de materia prima de la industria de leche y derivados lácteos, por lo que es necesario complementar el abasto de materias primas a través de la importación de leche en polvo.

Para el presente año el pronóstico de la producción nacional de leche fluida es de diez millones ochocientos cinco mil litros (fuente: SIAP/Sagarpa), que representa un crecimiento de 2.0 por ciento respecto al volumen obtenido en 2008 (diez millones quinientos ochenta y nueve mil litros). Cabe señalar, que en 2009 la producción nacional de leche registró un volumen ligeramente menor al de 2008, lo que representó un descenso de 0.4 por ciento.

En contraste, entre 2006 y 2009 el comportamiento del consumo final de leche y derivados lácteos (considerando producción nacional más importaciones) mantiene un ritmo de crecimiento mayor al de la producción nacional, al registrar en el primer caso una tasa anual promedio de 3.3 por ciento, mientras que la producción nacional de leche fluida creció a una tasa anual de 1.5 por ciento, en el citado periodo.

En 2010, se estima que el consumo final de leche y derivados lácteos siga siendo superior a la disponibilidad de la producción nacional de leche fluida, lo que conlleva que los requerimientos de abasto complementario tengan que cubrirse a través de la importación de leche en polvo, a fin de que la empresa del sector público y la industria cuenten con los insumos suficientes para atender el crecimiento de la demanda nacional así como los requerimientos del programa de abasto social de Liconsa.

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Cabe señalar que a partir de 2008, el único cupo de importación de leche en polvo que se distribuye para cubrir los requerimientos del programa de abasto social de Liconsa, así como el abasto complementario de la industria privada, es el negociado con la Organización Mundial de Comercio (OMC). A partir de ese mismo año, se cumplió con el plazo de desgravación negociado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para las importaciones de leche en polvo originarias de los Estados Unidos de América, por lo que desde ese año las importaciones de leche en polvo se realizan exentas de arancel.

Con base en lo anterior, las importaciones totales de leche en polvo en los últimos años proceden en mayor proporción de los Estados Unidos de América, al amparo de la preferencia arancelaria que otorga el TLCAN. En contraste, las importaciones realizadas al amparo del cupo de importación de leche en polvo de la OMC registran una participación menor. Lo anterior, debido a las ventajas que representan para el país la disponibilidad de materia prima y precios competitivos a los que se puede conseguir la leche en polvo en las principales zonas productoras en el mundo.

Cabe señalar que entre 2005 y 2007, los criterios y mecanismos de asignación de los cupos de importación estuvieron sujetos a lo establecido en las leyes de ingresos de la federación aprobadas para cada uno de esos años.

A partir de 2008, se han mantenido los criterios y mecanismos de asignación de los cupos, sin modificaciones sustanciales a lo establecido en los años previos, sólo buscando dar certeza y certidumbre para la operación del programa de abasto social de leche de Liconsa, así como del abasto complementario de la industria de leche y derivados lácteos.

Adicionalmente, el ejercicio de las atribuciones que tiene esta secretaría en materia de cupos de importación, por las cuales tiene la facultad de definir los criterios y mecanismos de asignación de los cupos de exportación e importación, se basan en lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por otra parte, antes de emitir una regulación como los acuerdos secretariales mediante los cuales se dan a conocer los cupos de importación de leche en polvo de la OMC, la secretaría está obligada (Ley Federal de Procedimiento Administrativo) a enviar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el anteproyecto de la regulación acompañado de su Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), con el objetivo de promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.

El proceso de mejora regulatoria tiene como propósito realizar un análisis ex-ante de la regulación que se pretende emitir, el cual es enriquecido mediante una consulta pública (flujo regulatorio). Este proceso genera un importante valor agregado en términos de beneficios y costos sociales, toda vez que los reguladores deben justificar cada una de las acciones regulatorias que pretenden establecer y deben evaluar su respectivo impacto.

Del análisis que realiza la Cofemer y de los comentarios recibidos durante la consulta pública (comentarios de la sociedad civil, de la industria y del propio gobierno) se contribuye significativamente a mejorar el marco regulatorio propuesto.

Por otra parte, con relación a la solicitud de realizar estudios para identificar si la leche que se importa a través de cupos tiene algún subsidio por parte de su país de origen, se comenta que de conformidad con el acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (DOF 30-12-1994), las investigaciones encaminadas a determinar la existencia, el grado y los efectos de un supuesto dumping (entendiéndose éste como el ingreso de un producto al mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal) sólo se iniciarán previa solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional afectada.

El inicio de una investigación procederá cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen al menos el 25 por ciento del total de la producción nacional de la mercancía similar afectada.

Actualmente, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, perteneciente a esta secretaría, ha realizado algunas reuniones exploratorias con el propósito de apoyar a un grupo de productores que se han acercado a esta dependencia, a fin de que se investigue sobre la posible importación de leche en polvo con subsidios.

Hasta el momento, los productores se encuentran recabando la información que permita dar sustento al inicio de la investigación por la denuncia de daño a la producción nacional. De esta manera, al concluir la investigación y determinar que existen prácticas desleales de comercio de algún país del que se importe leche en polvo, se procederá a la aplicación, en su caso, de medidas compensatorias por parte de nuestro país, que deberán comunicarse a su caso, a la Organización Mundial de Comercio.

En el caso de los Estados Unidos de América la información sobre los subsidios a la exportación de productos lácteos, es la siguiente

Respecto a los subsidios a la exportación otorgados por la Comunidad Europea, la representación de dicha entidad en nuestro país ha confirmado a esta secretaría que a la fecha de elaboración de este reporte, no existe ningún apoyo para exportaciones de la Unión Europea para productos lácteos específicamente hacia México, además de que es un sector que no está liberalizado todavía en algún tratado de libre comercio entre la Unión Europea y nuestro país.

Por último, en los casos de las zonas de Oceanía y Sudamérica, no se tiene ningún antecedente ni se reporta alguna demanda o queja ante la OMC de que hayan otorgado subsidios a la exportación de leche en polvo.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— José Antonio Torre Medina (rúbrica), coordinador de Asesores del Secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-898 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 511.1/ 3874 suscrito por Jesús Antonio Berumen Preciado, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al proyecto HK050 “Estado de salud y estatus de conservación de la(s) poblacion(es) de Totoaba (Totoaba macdonali) en el Golfo de California: una especie en peligro de extinción”.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Asunto. Oficio número 312A- 002770 de fecha 19 de octubre del presente, mediante el cual la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señala que la Cámara de Diputados solicita a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), informe a este órgano legislativo sobre los avances y resultados del proyecto HK50 “Estado de salud y estatus de conservación de la(s) poblacion(es) de Totoaba (Totoaba macdonaldi) en el Golfo de California: una especie en peligro de extinción”.

Fundamento legal. Artículo 32-Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley); 7 del Reglamento de la Ley y 34, fracción III del Reglamento Interior de la Semarnat.

Seguimiento. Se envía copia del oficio número CA-OF.403/2010 del 17 de noviembre del 2010, a través del cual se da respuesta a los puntos de acuerdo de la solicitud realizada por la Mesa Directiva LXI Legislatura de la Cámara de Diputados a la Conabio, respecto al proyecto antes mencionado.

Anexos. Copia de los oficios número 312.A.-2770 del 19 de octubre del 2010, CA-OF.403/2010 del 17 de noviembre del 2010, DGPL 61-II-5-899 del 5 de octubre del 2010, CN-0179/2010 del 21 de octubre del 2010 y la Atenta Nota CN-039/2010 del 25 de octubre del 2010.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Jesús Antonio Berumen Preciado (rúbrica), director general.»

«Escudo.— Conabio.

Maestro en Ciencias Jesús Antonio Berumen Preciado, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.

En respuesta al oficio número 511.1.27/3747 de fecha 11 de noviembre del año en curso, envío copia de los documentos con los que se atendió la solicitud realizada por la Cámara de Diputados y que enlisto a continuación:

– Copia de oficio DGPL61-II-5-899 de la Cámara de Diputados dirigido al doctor Sarukhán.

– Copia de oficio CN-0179/2010 de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio) dirigida al presidente y secretario de la Mesa Directiva, LXI Legislatura.

– Copia de Atenta Nota de la secretaría particular del coordinador nacional de la Conabio enviada al licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de noviembre de 2010.— M.A.P. Antonio Guillermo Robles Licea (p.a. rúbrica), coordinador Administrativo.»

«Escudo.— Conabio.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva LXI Legislatura;diputado Balfre Vargas Cortez, secretario de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura.— Presentes.

Me refiero al oficio número DGPL 61-II-5-899 recibido el pasado 7 de octubre en esta comisión nacional, donde nos informa sobre los puntos de acuerdo en la sesión celebrada el pasado 5 de octubre en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

A continuación les envío la información solicitada en los puntos 1 y 3 que competen a la Conabio: sobre el primer punto les informo que el proyecto HK050 “Estado de salud y estatus de conservación de la(s) poblacion(es) de Totoaba (Totoaba macdonaldi) en el Golfo de California; una especie en peligro de extinción” es una primera fase cuyo apoyo financiero se formalizó mediante la firma del convenio FB1508/HK050/10, con fecha de inicio de 31 de agosto del año en curso y tendrá una duración de 12 meses.

El primer informe de avance de esta primera fase, esperamos recibirlo el 1 de marzo de 2011 y la entrega del informe final y de los resultados comprometidos, está programado para el mes de septiembre de 2011.

Para esta primera etapa el proyecto recabará información sobre la biología reproductiva, alimentación y dinámica poblacional de la totoaba. Asimismo, se llevará a cabo un estudio de la ecología de la comunidad de peces relacionados con esta especie, para determinar su riqueza, abundancia y diversidad; se harán estudios para conocer las condiciones oceanográficas del área de estudio y su relación con la población de la totoaba. Y por último, se identificarán los factores de riesgo que amenazan a las poblaciones de la totoaba y se aplicará el método de evaluación de riesgo (MER).

Respecto al tercer punto de acuerdo, les informo que la segunda fase del proyecto aún no inicia. Esta etapa será financiada con recursos aportados por la Dirección General de Vida Silvestre que ascienden a novecientos cincuenta mil pesos.

En este momento estamos en espera de que el doctor Juan Antonio de Anda del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.(CIBNOR), nos haga llegar la propuesta para la segunda fase, cuyos alcances lo definirá de manera conjunta con la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat.

Atentamente

México, DF, a 21 de octubre de 2010.— Doctor José Sarukhán (rúbrica), coordinador Nacional.»

«Escudo.— Conabio.

Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.

Anexo envío a usted la respuesta a la solicitud realizada por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, relativa al proyecto sobre Totoaba macdonaldi. Le agradeceré gire sus instrucciones para que la respuesta sea entregada a los diputados.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente

México, DF, a 25 de octubre de 2010.— Bióloga Jessica Montiel Almanza (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Jorge López Vergara, oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3290/10 del 7 de octubre de 2010, recibido en esta área el 13 del mismo mes y año, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo adscrita a la Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación envía al coordinador de asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2010, que señala lo siguiente:

“ Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), informe a este órgano legislativo sobre los avances y resultados del proyecto HK050 “Estado de salud y estatus de conservación de la(s) población(es) de Totoaba (Totoaba macdonaldi) en el Golfo de California: una especie en peligro de extinción”. Segundo. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal, contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal siguiente, una partida para que se asignen los recursos necesarios a la Dirección General de Vida Silvestre, para la realización de acciones de conservación de la población de Totoaba (Totoaba macdonaldi), cómo es la realización de estudios del estado de salud y conservación de su población en el Golfo de California. Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a este órgano legislativo sobre las actividades que realizará en la segunda etapa del proyecto HK050 “Estado de salud y estatus de conservación de la(s) poblacion(es) de Totoaba (Totoaba macdonaldi) en el Golfo de California: una especie en peligro de extinción”.

Al respecto, me permito comentar que por considerar que el asunto en cuestión recaen en el ámbito de competencia de esa dependencia, de conformidad con el artículo 32-Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en anexo se remite copia del documento de referencia, a fin de que sea canalizado al área responsable, solicitando que de la respuesta que se emita se turne copla a esta dirección general.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de octubre de 2010.— Jaime F. Hernández Martínez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

FENOMENOS METEOROLOGICOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 61-II-9-1737, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG/276/2010, suscrito por Alfredo Elías, director general de la Comisión Federal de Electricidad, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la información sobre el manejo de avenidas, aforos y desfogues de las presas del país, después de la ocurrencia de las lluvias torrenciales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— CFE Una empresa de clase mundial.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me dirijo a usted con motivo del oficio número SEL/ UEL/311/2874/10, emitido por el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo, en el cual comunica un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de La Unión.

Sobre el particular, me permito anexar oficio número DG/275/2010 y anexo que da respuesta a la solicitud del órgano legislativo, con la atenta solicitud de que por su digno conducto se transmita a la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, de considerarlo procedente.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 17 de noviembre de 2010.— El director general Alfredo Elías (rúbrica).»

«Diputado Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-1739, de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, relacionado con los puntos de acuerdo y en específico al que compete a esta entidad:

Tercero. Se solicita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que remitan información relativa al manejo de avenidas, aforos y desfogues de las presas del país, antes, durante y después de la ocurrencia de las lluvias torrenciales.

Anexo la información correspondiente al 15 de octubre de 2010 de las presas que controla CFE en coordinación con la Conagua: Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, en el estado de Chiapas; El Caracol, en el estado de Guerrero; El Infiernillo y La Villita, en el estado de Michoacán; Santa Rosa, en el estado de Jalisco; El Cajón y Aguamilpa, en el estado de Nayarit.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 17 de noviembre de 2010.— El director general Alfredo Elías (rúbrica).»

« Comportamiento de la temporada de lluvias 2010 y el control de presas de CFE

El comportamiento de la temporada de lluvias en el país y la operación de presas están ligadas para hacer una operación adecuada del llenado y vaciado de los embalses para el mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos, como es el caso de la producción de energía eléctrica, con la prioridad de la seguridad hidráulica de presas y de los usuarios de los cauces bajos de estas, durante el manejo y control de avenidas.

Para comprender la forma como se realiza la operación de presas, debe señalarse que se toman en consideración varios aspectos desde las condiciones meteorológicas y su correspondiente impacto en las variables hidroclimatológicas hasta lo que se espera obtener del aprovechamiento hidráulico, tomando en consideración los aspectos operativos y de seguridad de este tipo de estructuras y como elemento de protección de los asentamientos aguas abajo de ellas. Se describe a continuación algunos de estos aspectos que contribuyeron a la operación de las presas de CFE durante la presente temporada de lluvias.

Comportamiento hidrológico en 2010

Durante la presente temporada de lluvias (junio-septiembre), el país estuvo afectado principalmente por la afluencia de aire húmedo proveniente del Caribe y del Océano Pacífico; para el caso de los meses de julio y agosto, el periodo se caracterizó por la persistencia de vientos dominantes del Suroeste sobre los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas; este sistema se denominó por la NOAA (Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos) como Monzón del Suroeste. Para septiembre persiste el flujo de aire húmedo del suroeste y hasta la segunda semana de este mes en que se establece flujo de aire proveniente del este que favoreció la entrada del huracán Karl (del 14 al 18 de septiembre) y la tormenta tropical Mathew. En la figura 1, se muestran los ciclones tropicales que afectaron al país durante septiembre.

Comportamiento climatológico en 2010

Para tener una idea del comportamiento del clima en esta temporada de lluvias y sus efectos en las diferentes cuencas, como es la de los ríos Grijalva, Balsas, Santiago, Papaloapan, Apulco, Yaquí y el río Fuerte, en donde CFE tiene centrales hidroeléctricas, se señala que el comportamiento climático especialmente para el periodo julio-septiembre ha sido de altas precipitaciones atípicas del periodo del registro de los últimos años.

Para ejemplificar esta situación se muestra en las figuras 2 a 7 la distribución de la precipitación en el territorio nacional a nivel mensual y su comparativo con los valores medios históricos para el periodo junio-septiembre.

De aquí puede observarse que para junio, las precipitaciones fueron muy similares al valor medio con pequeñas anomalías positivas, principalmente en el sureste del país. Para julio se presentó el valor máximo histórico nacional de precipitación desde 1941, con anomalías muy importantes en la misma región del sureste (cuenca del río Grijalva), Golfo de México (cuenca del río Papaloapan), así como el centro y occidente del país (cuenca del río Balsas). Para agosto, nuevamente los valores de precipitación estuvieron por arriba de la media nacional con 19 por ciento, pero con anomalías muy importantes concentradas en la zona sur del país, en donde se alcanzaron valores de +246 por ciento en Chiapas (cuenca del río Grijalva), +132 por ciento en Tabasco, afectándose también los estados de Oaxaca (cuenca del Papaloapan), Guerrero (cuenca del río Balsas) y centro sur de Veracruz.

Para septiembre de 2010, los registros de precipitación de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, se sitúa dentro de los septiembres mas húmedos de los últimos 70 años que se han presentado en el país, destacando en mayor grado las anomalías positivas que se presentaron en Veracruz, Puebla, Tabasco y Chiapas.

En la zona sur, las láminas medias de precipitación histórica al compararse con 2010, indica altas precipitaciones para los meses de febrero y el período julio-septiembre de acuerdo a la grafica de la figura 8.

Comportamiento de las aportaciones a las cuencas de los ríos

Para conocer el comportamiento que vienen presentando las presas que alimentan a centrales hidroeléctricas, se da un seguimiento diario a los niveles y aportaciones que se presentan en ellos, lo que se compara con una parte con el comportamiento típico del vaciado y llenado del mismo y por otra parte con la clasificación de las aportaciones que se viene registrando en el embalse.

Para el primer caso se elabora una gráfica donde se consigna los niveles y su comparación con los años anteriores, para tener una idea de la ubicación del nivel. Esta observación se complementa con la llamada “simulación del funcionamiento de vaso”, que es una herramienta que permite predecir el comportamiento de la presa bajo varios escenarios de aportaciones y de extracciones, conociendo las características· de capacidad de almacenamiento de la presa y el registro histórico de aportaciones.

Por otro lado, se determinan las aportaciones reales recibidas en las presas para ratificar o rectificar los esquemas de extracción adoptados, estos datos se utilizan adicionalmente para ir conformando el registro histórico.

Para la clasificación del tipo de aportaciones, tanto las históricas que se han presentado como aquellas que se están recibiendo; convencionalmente se ha ideado un registro como el que se muestra en la figura 9, en el cual se han consignado un registro histórico de escurrimientos mensuales en orden decreciente para cada mes y su clasificación en tres rangos que están marcados por el 33 por ciento del total de los datos en cada clasificación, de este modo puede apreciarse la ubicación de estos valores dentro de sus tres rangos que se han llamando convencionalmente: Húmedo, Medio y Seco para el tercio superior, medio e inferior respectivamente; dentro de este registro, se ha marcado con azul la marcha de los escurrimientos registrados durante 2010 hasta septiembre para el caso de la presa Angostura del río Grijalva que se ha tomado como ejemplo.

En la tabla de la figura 10, se presenta un resumen de las aportaciones acumuladas hasta septiembre de 2010 de las principales presas con central hidroeléctrica a cargo de CFE, con la clasificación del tipo de año según el registro histórico de aportaciones, que permite identificar el comportamiento de cada embalse y tomar las precauciones y recomendaciones para incrementar las extracciones por turbinas y tratar de reducir la evolución del incremento de niveles y el evitar las extracciones por la obra de excedencias para la seguridad hidráulica.

Operación de las presas en esta temporada de lluvias de 2010

Para el caso de las presas que controla Comisión Federal de Electricidad, se tuvo la necesidad de hacer derrames excedentes de los embalses y presas de los ríos Grijalva y Balsas principalmente, y otras presas con derrames rutinarios como Santa Rosa, en Jalisco; La Soledad, en Puebla; y El Novillo, en Sonora; los demás embalses se controlaron con la extracción del agua excedente solo por turbinas.

Las presas que han operado sus vertedores en la temporada de lluvias de 2010 para la extracción del agua excedente por las grandes aportaciones son las siguientes:

Río Grijalva. Presas Angostura, Chicoasén, Malpasoy Peñitas, Chiapas.

Rio Balsas. Presas El Caracol, El Infiernillo y La Villita, Guerrero.

Río Santiago. Presa Santa Rosa, Jalisco (sin derramar en Aguamilpa y Cajón, Nayarit).

Presas del Grijalva: El control del las presas del río Grijalva tienen un seguimiento de operación muy a detalle prácticamente en todo el año. Con reuniones de al menos una vez al mes dentro de un comité técnico, conformado especialmente para analizar y decidir sobre las políticas de operación de este sistema, por las restricciones que existen para el tránsito de los gastos de extracciones para las que fueron diseñadas.

La planeación de las extracciones de este sistema se hace, como fue señalado, con base en las expectativas que meteorológica y climatológicamente emite el Servicio Meteorológico Nacional; sin embargo, originado por las características excepcionales de aportación que se presento en el año, hubo necesidad de operar no solamente las centrales a su plena capacidad, sino también abriendo sus vertedores de excedencias, una vez que se retuvieron volúmenes importantes de agua en ellos, como medida de protección a la planicie tabasqueña.

La situación de grandes precipitaciones por la presencia de los fenómenos que fueron explicados antes, obligó en este año a operar el vertedor de excedencias de Malpaso, que no se había operado desde 1973 y el vertedor de Angostura siendo la primera vez que se opera desde su construcción en 1975.

A la fecha el sistema de presas sigue operando en cascada para hacer las extracciones de los volúmenes de agua que se han retenido temporalmente en el sistema, con objeto de abatir los niveles de los dos embalses reguladores de Malpaso y Angostura y recuperar paulatinamente su capacidad de control, dado que la temporada de lluvias aún no concluye.

Presas del Balsas: Para el caso del río Balsas, de la misma manera por las aportaciones extraordinarias en la cuenca alta y baja, se tuvo que operar las presas El Caracol, El Infiernillo y La Villita. Esta operación de vertedores se inició con el vertedor de La Villita, el 11 de agosto y se cerró totalmente el 7 de octubre, con gastos de extracción de hasta 4 mil 700 metros cúbicos por segundo, incluyendo los gastos por turbinas. Para el caso del vertedor de Infiernillo, la operación inició el 16 de agosto y terminó el 1 de octubre, con gastos de extracción de hasta 4 mil metros cúbicos por segundo, incluyendo también las extracciones por turbinas. De toda la operación desde la apertura y hasta el cierre de los vertedores se reportaron sin novedad.

Presas del Santiago. En las presas de este cauce no hubo necesidad de operar las grandes presas Aguamilpa y El Cajón, en el estado de Nayarit; sin embargo, la presa Santa Rosa, sobre este mismo río en Jalisco, operó rutinariamente como en cada temporada de lluvias, haciéndose extracciones mínimas excedentes por vertedor, al no tener capacidad suficiente el embalse para regular avenidas y se reporta sin novedad.

Presas del Papaloapan. Las presas Miguel Alemán (Temascal) y Miguel de la Madrid (Cerro de Oro), Oaxaca, están situadas sobre los ríos Tonto y Santo Domingo, respectivamente, y afluentes del río Papaloapan, son propiedad y control de la Conagua. La central hidroeléctrica Temascal, que se localiza en la margen derecha de la cortina de la presa Miguel Alemán, aprovecha la capacidad útil del embalse Temascal y del vaso Cerro de Oro que se comunica mediante un canal de interconexión. La operación de vertedores y extracciones de control están a cargo de la misma Conagua; sin embargo, se puede informar que las compuertas del vertedor excedencias de la presa Temascal no se operaron, pues la regulación de este embalse se hizo a base extracciones de agua por turbinas en apoyo a las emergencias de los asentamientos río abajo.

Presa Mazatepec, Puebla. En esta presa sobre el río Apulco se operó el vertedor para hacer extracciones mínimas rutinarias, sin novedad.

Finalmente, en las tablas de las figuras 11 a 14, se presenta los resultados de niveles, volumen de aportaciones y extracciones por turbinas y vertedor de mayo al 23 de septiembre de 2010.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

DERRAME PETROLERO EN GOLFO DE MEXICO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-3-662, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP-1836, suscrito por la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al derrame petrolero de la plataforma de perforación petrolífera Deepwater Horizon.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con arreglo a las facultades de la subsecretaría a su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 5 de octubre de 2010, remitido para la consideración de esta secretaría mediante su comunicación número SEL/ UEL/311/ 3285/10, con fecha 7 de octubre de 2010.

Elementos de respuesta

• Las acciones y medidas del gobierno federal para atender las posibles repercusiones del derrame de hidrocarburos por la explosión y el hundimiento en el Golfo de México debidos a la explosión y al hundimiento de la unidad Deepwater Horizon de British Petroleum, están siendo coordinadas por la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cimares). Conforme al acuerdo de su creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2008, las dependencias que la integran actúan de acuerdo con sus respectivas atribuciones para la atención del caso.

• El gobierno de México, con los insumos suministrados por las dependencias que integran la Cimares, envió una nota al de Estados Unidos de América para solicitar de manera urgente la celebración de consultas formales y la cooperación para recibir, de manera urgente y oportuna, toda la información pertinente a efecto de que México “tome todas las medidas preventivas necesarias”.

• Como resultado de esta gestión, un grupo de técnicos y científicos en los ámbitos de hidrocarburos y conservación ambiental de México y de Estados Unidos de América se reunió en Washington, DC, el 4 de agosto pasado, con el propósito de intercambiar información sobre el estado y la posible trayectoria del derrame, así como para examinar juntos medidas de monitoreo, prevención, control y mitigación.

• El gobierno de México determina las acciones a fin de estar en posibilidad de emprender algún proceso jurídico para obtener compensación procedente por los daños del derrame a las compañías involucradas.

Le solicito de la manera más atenta que por su atento y gentil conducto se hagan llegar los elementos de respuesta aquí presentados al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuando así se estime pertinente.

Sin otro particular, le envío las seguridades de mi más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 19 de noviembre de 2010.— Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica), directora general de Coordinación Política.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

ESTADO DE JALISCO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0692 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PFPN3/8C.17.51 0374-10 suscrito por la ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández, subprocuradora de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la grave contaminación de las aguas del río Santiago de los municipios Del Salto y Juanacatlán, en el estado de Jalisco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3424/10, de fecha 15 de octubre de 2010, recibido en esta Subprocuraduría de Inspección Industrial el día 28 del mismo mes y año, a través del cual el licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo a su digno cargo, tuvo a bien informar, al licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que mediante oficio número D.G.P.L.61-1I-1-0692, de fecha 14 de octubre de 2010, los diputados Jorge Carlos Ramlrez Marín y Maria Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente, informaron al titular de la Secretaría de Gobernación, sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el mismo 14 de octubre del año en curso, que en su punto segundo a la letra dice: “ Segundo. Se solicita a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de la Comisión Nacional del Agua, informen a este órgano legislativo sobre las acciones que se han implementado para contrarrestar la grave contaminación de las aguas del río Santiago de los municipios Del Salto y Juanacatlán, en el estado de Jalisco”.

Sobre el particular, por instrucciones superiores, aprovecho este medio para acusar recibo del referido oficio, y hacer de su conocimiento que en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por conducto de su delegación en el estado de Jalisco, realizó durante el periodo comprendido del 2001 a la fecha, 395 visitas de inspección y verificación a 350 empresas de jurisdicción federal, ubicadas en los municipios Del Salto y Juanacatlán, en el estado de Jalisco, en materia de residuos peligrosos, a fin de evitar que dichas empresas descarguen o viertan sus residuos peligrosos en el sistema de drenaje y alcantarillado.

Cabe señalar que con motivo de las visitas de inspección realizadas por la citada delegación se emitieron las resoluciones administrativas correspondientes, en las que además de las medidas técnicas correctivas que fueron ordenadas, se impusieron multas por una cantidad total de cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil doscientos noventa y siete pesos 79/100 m.n.

Por otra parte, le informo que la Profepa, en la esfera de su competencia, continuará realizando los actos de inspección que resulten necesarios para verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de las empresas ubicadas en dichos municipios.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

México, DF, a 12 de noviembre de 2010.— Subprocuradora ingeniera Yanet Gabriela Manzo Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-11-7-543, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 349-A- 1105, suscrito por Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al precio del gasóleo doméstico, el gas LP y el gas natural en el estado de Chihuahua.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SEL/UEL/311/3299/ 10, de fecha 7 de octubre de2010, dirigido al doctor Ignacio Quezada Morales, coordinador de asesores del secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de La Unión, en el cual exhortan al Ejecutivo Federal a reducir el precio al consumidor final del gasóleo doméstico, del gas LP y gas natural en el estado de Chihuahua, en el periodo de la temporada invernal 2010-2011, a partir del 1 de noviembre d 2010.

Al respecto, le comento las medidas que se han tomado en relación con los precios de los productos mencionados:

• Desde 1997, mediante el acuerdo 76.4 del Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos de Petróleos Mexicanos, se autorizó a ese organismo para que apoye a la población de Chihuahua con un descuento de 30 por ciento en el precio del Gasóleo Doméstico en el periodo invernal (diciembre-febrero de cada año).

Por otro lado, en el pasado se han analizado solicitudes similares y se han encontrado los siguientes inconvenientes:

Uso intensivo de estos combustibles. Menores precios fomentarían un mayor consumo de estos energéticos. Los subsidios distorsionan las decisiones de consumo de los individuos, generando una mayor demanda por estos combustibles, inhibiendo la adopción de tecnologías ahorradoras, y generando problemas ambientales.

Por otra parte, en virtud de que el país es deficitario tanto en diesel como en gas LP, el mayor consumo implicaría aumentar las importaciones y, en consecuencia, empeoraría el balance comercial del país.

Los apoyos vía precio son difíciles de administrar; se sienta un precedente negativo y se considera que la política de precios no es la vía adecuada para otorgar subsidios.

Lo recomendable es que se otorgue un subsidio directo dirigido a las familias que realmente lo requieren; para lo cual, se tendría que proponer al honorable Congreso de la Unión que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación el otorgamiento de un subsidio, y cumplir con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; o bien, que dicho subsidio sea otorgado de manera explícita por el gobierno de ese estado con cargo a su presupuestos de egresos. Lo anterior evitará distorsionar el costo de la producción de los combustibles mencionados y evitar comprometer la situación financiera del organismo suministrador.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 noviembre 2010.— Juan Manuel Pérez Porrúa (rúbrica), jefe de la Unidad.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento

INDUSTRIAS TEXTIL, DEL VESTIDO, DEL CALZADO Y DE JUGUETES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto hago de su conocimiento que mediante oficio número 100.2010.DGE.901, José Antonio Torre Medina, coordinador de asesores del secretario de Economía, envía el informe de la evaluación en materia de diseño del Fondo para la Reconversión de Sectores Productivos de las Industria Textil, Vestido, Calzado y Juguetes (Fondo Reconversión) de dicha dependencia, respecto al Programa Anual de Evaluación 2009 y 2010.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes copia del documento al que me he referido y de su anexo en formato impreso y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2010 y a los numerales 15 del Programa Anual de Evaluación 2009 y 2010 expedidos conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, esta dependencia llevó a cabo la evaluación en materia de diseño del Programa Fondo para la Reconversión de Sectores Productivos de las Industrias Textil, Vestido, Calzado y Juguetes (Fondo Reconversión).

Al respecto, con fundamento en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente solicito su valiosa intervención para enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el informe final de la evaluación en comento, el cual se anexa, en formato impreso y electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de noviembre de 2010.— José Antonio Torre Medina (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número D00/100/110/2010, el licenciado Pedro Ordorica Leñero, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo julio–septiembre de 2010.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se menciona, en forma impresa y medio magnético.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP-1844/10, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Patricia Frías Moreno.

Puesto: Secretaria y asistente del embajador.

Lugar de trabajo: Embajada de la República Islámica de Irán.

Nombre: Ileana Rivera Muciño.

Puesto: Asistente del Programa de Seguridad Portuaria y Fronteriza.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Cecilio Miguel Montero Marín.

Puesto: Empleado de mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Juan Carlos Zúñiga Flores.

Puesto: Guardia de seguridad en la Oficina Regional de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Iván Joel Adrián Espinosa Hernández.

Puesto: Asesor senior en asuntos políticos, prensa y cultura.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino de los Países Bajos en México.

Nombre: Patricia Simpson Valadez.

Puesto: Asesora económica.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino de los Países Bajos en México.

Nombre: Míriam Vera López.

Puesto: Asistente ejecutiva.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino de los Países Bajos en México.

Nombre: Alma Rosa Soto González.

Puesto: Asesora comercial.

Lugar de trabajo: Embajada del Reino de los Países Bajos en México.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de los expedientes copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2010.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Gobernación.

INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Judicial de la Federación.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 311, fracción XV, de la Ley de Concursos Mercantiles, así como de la decisión tomada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente número 698/2000, notificada a este órgano por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el oficio número SEP/PLE/003/8422/2000, del 25 de octubre de 2000, presento a esta honorable asamblea, en mi carácter de directora general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el informe semestral de labores ordenado en dichas disposiciones.

Atentamente

México, DF, a 25 de noviembre de 2010.— Licenciada Griselda Nieblas Aldana (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

NARCOTRAFICO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Vamos a pasar al capítulo correspondiente a la agenda política. Se informa a la asamblea que este capítulo tendrá una duración exacta de 2 horas, al término de las cuales reanudaremos la sesión ordinaria. Dos horas máximo, por supuesto.

De acuerdo al orden del día, estaban inscritos en primer término comentarios en relación a la represión y persecución política de ejidatarios de la comunidad de Xolotepec, municipio de San Diego Anaya de Hidalgo, y en segundo término la conmemoración del Día Nacional de Maíz.

Tengo conocimiento de que el Grupo Parlamentario del PT, que presenta ambos puntos, ha decidido diferirlo a fin de que sea tratado en primer lugar el tercer punto inscrito en la agenda política, con el tema comentarios en relación con las declaraciones del presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, referente a los 10 años de gobierno emanados del Partido Acción Nacional, sustentado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra hasta por 10 minutos, el diputado Sebastián Lerdo de Tejada. Suplico a los grupos parlamentarios inscriban a sus oradores en este tema, en el que respetaremos estrictamente el turno por rondas. Diputado Martel. Sonido en la curul del diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Señor presidente, con todo respeto el tercer tema, según la agenda que nos pasaron como tema de agenda política, es el que correspondía a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Quiero entender que, ¿ya se desahogaron los temas anteriores?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Los otros dos temas fueron caballerosamente declinados por el Partido del Trabajo, a fin de que pueda iniciar la agenda política con el tema principal propuesto por el Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Señor presidente, es que en estos momentos viene el diputado Sebastián Lerdo de Tejada en traslado a este recinto, por desconocer de este cambio que se acaba de realizar, suplicando las atenciones pertinentes que pudiesen darse por el caso específico.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunto al diputado Fernández Noroña si quiere hacer uso de la palabra en tal efecto, dado que él es el sustentante del primer tema.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:A estas alturas, diputado presidente —buenos días, compañeros diputados y compañeras diputadas—, ya no sé ni cuál va a ser el tema, porque originalmente habíamos acordado que entrara por delante lo de los 10 años del gobierno de Acción Nacional.

Luego yo solicité una modificación porque el tema que tengo inscrito en la agenda es un tema de un grupo de ejidatarios de Hidalgo que habían sufrido persecución y represión en aquél estado, pero la diputada Carolina Viggiano intervino auxiliándonos para resolver y el gobernador del estado de Hidalgo también. Y al final, el asunto ha quedado superado y resuelto, porque este punto estaba agendado, estaba incluido en la agenda desde hace muchas semanas.

Yo había pedido, por tanto, que se incluyera el tema de los cacheos ilegales que hay a quienes usan el servicio de transporte aéreo para acudir a los Estados Unidos, que es una violación muy grave y sistemática que hay a derechos y garantías constitucionales.

Pero la verdad es que viendo el libro de Anabel Hernández, el tercero, Los señores del narco, primero fueron Los cómplices del presidente, donde acredita cómo Mouriño y un sector cercano a Calderón, García Luna, están vinculados a negocios ilícitos, al narco, al secuestro, a todo lo que dicen estar combatiendo.

Luego, el segundo libro que hizo de Camisas azules y manos negras, que acredita todos los negocios hechos al cobijo del poder. Pero me parece que este tercer libro de Los señores del narco es definitivamente un acto de valentía y un acto que llega a una conclusión poderosísima.

El gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa está absolutamente vinculado al narco. Absolutamente vinculado al narco. Lo que ahí denuncia Anabel Hernández y su investigación, es que el desastre del país que tenemos no es por la lucha con el narco sino es porque están vendiendo doble las plazas, porque están entregando todo el territorio nacional a los diferentes tipos del narco y han generado un nivel de violencia, un nivel de confrontación, un nivel de deterioro terrible que está poniendo al país en la situación de absoluta ingobernabilidad.

En cualquier país del mundo una denuncia de este tipo obligaría a la denuncia del gobierno en turno. En cualquier país después de un reportaje como el de Proceso, de que Mouriño fue enviado a negociar la paz con los grupos del narco y que no cumplió los compromisos asumidos, eso implicaría definitivamente la salida de ese gobierno, y está precedido por una denuncia de Proceso también sobre el asunto de los vínculos de Calderón con el Grande, del propio grupo del Chapo.

Y las propias declaraciones del Chapo, que dice que fue soltado por los gobiernos panistas que celebraban sus 10 años al frente del gobierno. Es una situación gravísima que esta soberanía no puede dejar pasar.

Cómo se va a seguir tolerando ese nivel de impunidad, ese nivel de corrupción, ese nivel de sevicia, ese nivel de perversidad de quien desde el gobierno dice que no quiere volver al pasado, pero si está instalado en lo peor del pasado, en los peores niveles de corrupción, en niveles de vínculos con el narcotráfico, que ninguno de los gobiernos anteriores, por corruptos que fueran, habían tenido en tal dimensión: vender las plazas del país doble a diferentes grupos de narcos, generando el nivel de confrontación y de violencia, de sangre, de muerte, de barbarie que hay en el territorio nacional.

Ésa es una denuncia gravísima, es una denuncia de tal dimensión, de tal peso, de tal envergadura, que esta soberanía no puede estar ajena a esta problemática.

No podemos, me parece, seguir sustentando, además aprobando iniciativas de ley que manda Calderón y que van encaminadas a fortalecer su simulación de lucha contra el narco, que van encaminadas a seguir violentando derechos y garantías constitucionales, que van encaminadas a generar una antesala de un Estado militar y de Estado de sitio, de suspensión de derechos y de garantías constitucionales y que queda acreditado con estos trabajos muy fuertes de Anabel Hernández, de que son absoluta simulación, de que son la mascarada para que este gobierno siga impulsando el proceso de desmantelamiento del Estado nacional y siga siendo un narcoestado el que esté funcionando o un narcogobierno, si se quiere plantear de manera mucho menos fuerte, mucho menos controvertida.

Entonces es muy serio porque aquí, desde esta tribuna, se ha reclamado a los gobernadores que no hacen lo suficiente en la lucha contra el narco, pero cómo pueden hacerlo si es un asunto en materia federal y están vendidas dobles las plazas del territorio nacional.

La denuncia que hacen sobre que Mouriño, vendió al estado de México dos veces, es verdaderamente increíble, podría explicar inclusive la muerte del propio funcionario español del gobierno usurpador.

Me parece, compañeras, compañeros, que este tema n puede dejarse pasar, me parece que la gravedad de lo que aquí se está denunciando implica que nosotros actuemos con absoluta responsabilidad.

Me parece que como he insistido muchas veces en tribuna, esta vez mi petición de exigir la renuncia de quien usurpa la Presidencia de la República no puede ser tomada como un exabrupto, como un agravio por el robo de la Presidencia, como un asunto de discurso, sino es un planteamiento absolutamente serio.

Qué tiene que pasar en este país, digo, y puedo incluir el tema también de los servicios de inteligencia estadounidense, funcionando en pleno Paseo de la Reforma, en una entrega brutal de la soberanía nacional y en un nivel ya de entreguismo verdaderamente inaceptable.

Vuelvo a preguntar, como lo he hecho muchas veces desde esta tribuna, ¿qué tiene que pasar para que reaccionemos? ¿Qué tiene que suceder para que le pongamos un alto ya a este gobierno usurpador? ¿Qué está pensando el Partido Revolucionario Institucional con todo esto, que está haciendo sus cuentas alegres de que va a llegar a la Presidencia de la República en el 2012 con todo esto?

¿Está roto el Estado de derecho, está rota la más elemental convivencia, están generadas las condiciones para violentar el proceso electoral del 2012? Sin duda alguna y se le sigue dando a este gobierno de facto todo lo que solicita. Es un despropósito, es una ingenuidad y un nivel de irresponsabilidad que no se debe permitir.

Termino haciendo un llamado a esta soberanía. Reitero que el tema es de la mayor importancia. Hay por primera vez lo que era un rumor, lo que era un secreto a voces, evidencias duras sobre los vínculos de este gobierno con el grupo del Chapo Guzmán, muy sólidos.

Está poniéndose en evidencia la complicidad de este gobierno, donde García Luna, que ha sido permanentemente señalado y Cárdenas Palomino, uno de sus principales operadores, vuelven a salir a la luz y nada menos que tienen la responsabilidad de la seguridad pública de este país.

Es verdaderamente el mundo al revés. La delincuencia está con las responsabilidades públicas más importantes de nuestra nación. Y nosotros dejamos pasar, como si fuera no sé qué cosa lo que estuviera sucediendo.

Espero que compartan conmigo la preocupación sobre la gravedad de estos hechos, que compartan conmigo la necesidad de tomar decisiones políticas serias y contundentes para cambiar el rumbo de las cosas en el país y que compartamos de verdad la necesidad de obligar a este gobierno de facto a dejar la responsabilidad pública porque el baño de sangre va a ir en aumento.

No sea que ahora se les ocurra dar las plazas no dobles sino triples, con el nivel de voracidad, con el nivel de rapacidad, con el nivel de cinismo que los caracteriza. Caray, la verdad es que todo lo que se perfila es de un mayor sufrimiento para el pueblo de México. Esto no puede ser.

Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sonido en la curul del diputado García Barrón.

El diputado Óscar García Barrón(desde la curul): Nada más para pedir al diputado Fernández Noroña si nos puede mostrar la revista.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Sí, es la revista Proceso. Y estábamos hablando del libro Los señores del narco, de Anabel Hernández, que desde ayer ya está en librerías. Es la tercera denuncia que esta valiente periodista hace sobre los niveles de corrupción de este gobierno de facto.

El diputado Óscar García Barrón(desde la curul): Gracias, compañero. Solamente para pedirle a los compañeros diputados y compañeras diputadas que lean la revista para que vean lo que realmente es el gobierno que está al frente de nuestro país. Muchas gracias.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Gracias, diputado presidente y compañeros diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señores diputados. Me sirvo recordar a ustedes que en las rondas de agenda política no hay preguntas al orador. Es estrictamente inscripciones por rondas. Dado que la ronda del primer tema tratado por el diputado Fernández no tiene más oradores, me permito pasar al segundo tema.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez para pasar al tema relativo a las declaraciones del presidente de la República.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El discurso último de Calderón no es una cuestión ocasional, es la conclusión obvia de un desempeño torpe, ineficaz, mentiroso, partidista que ha sumido a la nación entera en la preocupación y en la desesperanza.

No ofenden a sus adversarios los calificativos de quien no tiene autoridad moral para hacerlos. No nos ofende. Nos preocupa el nivel del presidente. Nos preocupa su cerrazón a entender lo que significa ser jefe del Estado mexicano, que no lo ha entendido nunca.

Varias veces hemos dicho en esta tribuna que un jefe de Estado mira por el bien de la nación, no de su partido, que un jefe de Estado promueve políticas para servir al pueblo, incluidos sus adversarios. No es un vulgar encargado del éxito electoral de su partido. Se supone, algunos dicen que sin derecho es el jefe del Estado mexicano. El domingo se mostró como lo que únicamente ha sabido hacer durante el sexenio, que es comandar —no sé si bien, le toca juzgarlo al PAN— las tareas electorales de su partido.

Pero no hay que detenernos en lo anecdótico, porque una de tantas formas de evitar el debate de fondo siempre ha sido el buscar cosas aledañas para centrarnos ahí y evitar el debate de fondo. El debate de fondo es que el país vive circunstancias inéditas, la república entera está en crisis. No hay un renglón, uno sólo de la administración pública en que pueda haber un posicionamiento elogioso de los hombres de bien, uno sólo.

Veamos rápidamente, cómo está la educación, Martha Lujambio o Elba Esther Gordillo, ha ejercido el presupuesto con exactitud o se ha convertido, incluso el secretario de Educación, en un promotor de negocios, fíjense bien, con la celebración del bicentenario.

¿Ésa es la educación de este país? Que no pasa los exámenes de calidad. Que no mejora la educación secundaria, que está atrapado en un sindicalismo que lamentablemente no ha permitido que este país avance en materia educativa.

¿Cómo está la salud? Qué ya nos olvidamos todos que anduvimos con un tapabocas por una epidemia mal manejada por la Secretaría de Salud. Qué ya nos olvidamos de los debates medievales de un secretario triste que esté en contra del condón, en contra del aborto y de todos los temas que la sociedad contemporánea quiere discutir y que él no tiene capacidad para hacerlo.

¿Cómo está en lo energético? ¿Qué no esta Cámara ha aprobado varias controversias constitucionales para defender los abusos del Ejecutivo en su afán privatizador de los energéticos de este país? ¿No hoy la Suprema Corte está discutiendo una controversia de esta Cámara para evitar que Pemex siga en esa ruta de privatización y de los negocios baratos? ¿Qué no hay una comisión especial para indagar la corrupción infinita de la Comisión Federal de Electricidad?

¿Qué no saben ustedes que el Seguro Social está invirtiendo el dinero de sus reservas en inversiones en Cemex, en industrias Coppel, en la Financiera Su Casita que está a punto de quebrar? Así estamos en lo energético.

¿Y cómo está lo económico? Dice el presidente, ufano, que la crisis económica no afectó a México como lo hizo en otros países y no será porque las grandes instituciones del Estado están rescatando a empresas en quiebra. Aquí nos tendrán que explicar por qué le están invirtiendo a empresas que están en quiebra. Por qué rescatamos con dinero público a América Móvil, a Cemex, a Coppel, a Financiera Su Casita, a Metrofinanciera. Son crímenes contra la salud de la economía mexicana que ni siquiera nos atrevemos a mencionar.

¿Y cómo está lo social? ¿Cómo está lo social? ¿Cuántos billones de pobres hay en este país? ¿Cuánta gente está en las calles pidiendo trabajo? ¿Cuántos lavadores de parabrisas, mujeres pidiendo limosna? ¿Ése es el legado social de este gobierno? ¿Esto es lo que tenemos que celebrar a 10 años?

¿Y cómo está lo social? Vuelvo a preguntar. ¿Dónde está el vigor de esta sociedad que supo salir de la pobreza, del analfabetismo, que supo generar sus opciones para crecer? ¿En dónde está? En un secretario de Desarrollo Social que dice que ante la pobreza de la gente hay que darle mercado y más mercado con un discurso, amigas y amigos, que en los ochenta sonó como interesante pero que ahora es absolutamente irrelevante. Y la seguridad pública. ¿Cómo está la seguridad pública?

Tenemos, amigas y amigos, que parar este baño de sangre. Tenemos que evitar que la sociedad siga todos los días perdiendo su capacidad de asombro. Fosas clandestinas, niños asesinados en sus escuelas, estudiantes, dirigentes secuestrados. Todo en una espiral en donde únicamente florece la posibilidad del secretario Seguridad Pública para comprar más armas, uniformes, celulares, contratar gente para su guardia pretoriana.

Amigas y amigos: ¿Cómo está la política? ¿Qué ha pasado en la política? ¿No es este señor el único que ha sido sancionado por meterse donde no le importa? ¿Acaso ya nos olvidamos de eso? ¿Que el tribunal lo sanciona por intervenir en defensa de su partido, agraviando a la sociedad en su conjunto?

¿Dónde estamos en lo político? Con una propuesta contradictoria en materia de derechos políticos, con una cerrazón excesiva para abrir los cauces a la democracia real, con una decisión para fomentar la impunidad a este país, que debiera hervirle la sangre a los mexicanos.

No es posible que el gobierno se haya convertido en una asociación, ésa sí, para hacer negocitos baratos.

Amigas y amigos, a 10 años no hay nada que celebrar, excepto que los que somos adversarios del PAN teníamos razón: Calderón no merece el honor de ser jefe del Estado mexicano. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se recibieron solicitudes de intervención por parte de Nueva Alianza y Convergencia en esta ronda, por lo que tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La tiene usted, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Es una burla al pueblo de México lo que señaló Felipe Calderón el domingo pasado. Yo los reto a que me digan en qué sector, en qué ramo, en qué parte el país está mejor que antes, y ya no que hace 4 o que hace 10 años.

Prácticamente el único sector, el único negocio que ha avanzado durante los últimos tres años es el de las funerarias. No hay otro. El país ha perdido competitividad, exportamos y producimos menos petróleo, hemos perdido lugares en competitividad y hemos ganado lugares en corrupción. Tenemos una de las más bajas calificaciones en calidad educativa. Tenemos 11 millones más de pobres y muchos más millones de desempleados.

Ésos son los saldos de otra decena perdida, de otra decena de años que se ha caracterizado por privilegiar a un grupo de empresarios que tienen secuestrado al Estado mexicano, que persisten en ocupar mecanismos legales para eludir impuestos.

Tenemos una alta burocracia que ha venido creciendo a tasas geométricas y con ello, el gasto corriente del sector público, limitando la inversión productiva.

Pero esto es parte, solamente parte de este esquema neoliberal pervertido, en donde el Estado ha entrado a proteger a unos cuantos en detrimento del pueblo de México.

Ésa es la verdad, el incremento a los insumos, a los comestibles ha pulverizado el poder adquisitivo.

En cambio, los paraísos fiscales, en cambio los rescates se han caracterizado por ser parte fundamental de este gobierno. Ahí está Cemex, ahí está Comercial Mexicana y hemos cerrado los ojos ante otros fenómenos más importantes, como el caso de Mexicana de Aviación.

Hemos acabado o han acabado con el Sindicato Mexicano de Electricistas bajo pretextos de la empresa de clase mundial. A esta empresa, a la que no se le han cuestionado sus disponibilidades.

Es decir, la economía mexicana está fracturada, y con ello la sociedad se ha polarizado más.

Creo que este tipo de mensajes lo único que hacen es ofender a los ciudadanos y ofender al pueblo de México.

Lo reto, ahí está César Nava, a que me diga un sector, un sector de la economía mexicana que está mejor. ¿Qué hiciste en Pemex?

¿Qué hicieron con la soberanía energética del país? ¿Qué han hecho con la soberanía alimentaria? Importamos 25 mil millones de dólares de alimentos al año y seguimos diciendo que tenemos autosuficiencia alimentaria. Me parece que es una burla.

Pero también quiero hacer un llamado a este Congreso, porque siempre lo he sostenido, muchas cosas de las que han sucedido en estos últimos 10 años han contado con la aprobación de los grupos mayoritarios en esta Cámara de Diputados. No se podía haber incrementado el IVA, si no se hubiera tenido el voto mayoritario. No se podía haber hecho la mal llamada reforma energética si no se contara con el voto mayoritario de otros grupos parlamentarios. Lo más lamentable es que a la anterior decena trágica, a los 10 años de oscurantismo, antes del 2000, se le han sumado otros 10 años.

Pregunto, y no se lo pregunto a ustedes, porque no me van a contestar, se lo pregunto a la gente, ¿hasta cuándo van a permitir que esta situación continúe? ¿Hasta cuándo esta Cámara va a estar gobernada por dos grupos parlamentarios mayoritarios que han contribuido al desastre de estos 10 últimos años? ¿Hasta cuándo vamos a solapar a Felipe Calderón en el gobierno de este país? Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo, por el Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo:Con su venia, señor presidente.

Compañeras y compañeros, al Partido Verde le extraña mucho el mensaje del presidente del domingo pasado, y nos preocupa porque en el discurso del primer mandatario lejos quedó la autocrítica, lejos estuvo también el presidente de presentar una radiografía real de la situación por la que atraviesa el país y de las estrategias necesarias para salir del hoyo en que nos encontramos.

Dar cuentas alegres ante una claque de 10 mil personas y a puerta cerrada, no es serio. Un ejemplo del decir del presidente. Cito: “vamos por más, mexicanos. México no se merece quedar varado a la mitad del camino del cambio democrático que hemos emprendido, y mucho menos la tragedia de regresar a lo antiguo, a lo autoritario, a lo irresponsable. Y no se lo merece porque eso significa pobreza, significa corrupción, significa negociación, significa negación o simulación de la libertad y el derecho”.

Qué irresponsable. Vamos por partes.

México no se merece quedar varado a la mitad del camino del cambio democrático, dice el presidente. Compañeros, los cambios democráticos se dan con la alternancia en el poder. Cuando un gobierno y sus políticas no cumplen las expectativas de la gente, es derecho de ésta buscar nuevas opciones.

La responsabilidad del presidente es garantizar el respeto a la voluntad ciudadana, el Ejecutivo debe actuar siempre como jefe de Estado y no como cabeza de partido, aunque ello conlleve regresar a un sistema, que si bien no fue de su agrado, sí lo es para la mayoría de quienes gobierna.

Calderón agrega: “y no se lo merece porque eso significa pobreza, significa corrupción, significa negociación, significa negación o simulación de la libertad y el derecho”.

Compañeros, es una realidad que la pobreza en México no ha disminuido en la última década, por el contrario, cada día hay más personas a quienes el dinero no alcanza.

Los millones que han visto disminuido su poder adquisitivo no comparten el decir del presidente ni quieren que las cosas continúen como hasta ahora. Por el contrario; pretenden que el mandatario privilegie las negociaciones en búsqueda de resultados y de un bienestar para aquellos que menos tienen.

¿Corrupción? ¿No se habrá mordido la lengua? Diversos casos han abundado en la última década, ejemplos sobran.

Señor presidente, simular el derecho volteando de lado para proteger a los suyos no es regresar al pasado, es el presente en que vivimos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, por el Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Narro Céspedes:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, 10 años, ¿10 años de qué? ¿De cambio? ¿Cuál cambio? Al final lo que hemos visto es que la política neoliberal que se implementó en el 82 sigue a la fecha caminando.

¿Cuál cambio? Si gobernaba el PRI con el PAN y ahora gobierna el PAN con el PRI, ¿cuál cambio? Nosotros, 10 años, ¿qué festejamos? La gran alianza indudablemente es entre el PRI y el PAN y lo hemos visto. Lo hemos visto en la política económica, lo hemos visto en la continuidad de la política neoliberal. Por eso decimos ¿cuál cambio? No es más que la misma política que siguió el PRI, que dejó el PRI y que ahora continúa el PAN:

Por eso, para nosotros como para el pueblo de México no ha habido cambio. Por eso, para nosotros como para la gente, lo que hemos vivido es más desigualdad. Más de 60 por ciento de nuestra población en el desempleo o en el empleo informal. Más de 60 por ciento de nuestra población económicamente activa. Los niveles más altos en la historia. Más de 5 por ciento totalmente desempleada.

Ésa es la pobreza como nunca en la historia. Vuelve a crecer y se vuelve a aposentar en nuestro país. Crece. Somos uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo, producto de esa política que se ha aplicado.

Por eso cuando decimos ¿cuál cambio de régimen, cuál cambio hemos vivido? No ha habido realmente un cambio de régimen. No ha habido voluntad política desde los gobiernos anteriores a impulsar realmente un gran diálogo nacional que nos lleve a construir los grandes cambios que reclama y que requiere nuestro país.

Hemos visto desde ahora, pero problemas que se vienen generando desde hace muchísimos años, los problemas de la inseguridad. Los problemas de que en estos últimos 10 años no podemos decir que las cosas han mejorado, porque lo que es cierto es que la situación de este país, si veníamos de mal en peor, hemos empeorado aún más en estos últimos años.

Teníamos un país que andaba en el crecimiento y hemos pasado a un país estancado y destrozado prácticamente. Teníamos a un Estados Unidos con una población envejecida y a un México con muchos jóvenes que se han quedado sin empleo y sin oportunidades y muchos han tenido que enrolarse en la delincuencia o vivir en situaciones paupérrimas a nivel nacional.

Sin esperanza y sin alternativa hemos visto cómo hace 10 años teníamos una deuda pública de 2.3 billones de pesos y ahora tenemos una deuda pública de 4.5 billones de pesos, cuando eso nos dicen que es actuar con responsabilidad.

No. Al contrario. Lo que han aplicado ha sido la misma fórmula neoliberal que aplicaban el viejo régimen autoritario que ustedes critican. Los del PAN han seguido aplicando en este nuevo gobierno no nada más prácticas autoritarias sino ese mismo modelo, y estamos en el mismo régimen. Estructuralmente sigue habiendo una gran alianza entre las derechas de este país, que es el PAN y el PRI en México.

Por eso nosotros, como Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, convocamos, sí, a un gran diálogo nacional para impulsar las reformas reales que este país necesita, los cambios en la política económica...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado José Narro Céspedes:Concluimos. Sin lugar a dudas, el cambio y la esperanza, el diálogo y los acuerdos están con el Partido de la Revolución Democrática, están con la izquierda de este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Arturo García Portillo, del Partido Acción Nacional.

El diputado Arturo García Portillo:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, qué bueno que hemos sido convocados a esta tribuna a debatir, a discutir, a hablar de estos 10 primeros años del Partido Acción Nacional al frente de la Presidencia de la República.

Y justamente lo vamos a hacer con argumentos, justamente lo vamos a hacer no a partir de posiciones maniqueas que solamente se empeñan en ver la política en blanco y negro y que pretenden reducir a buenos y malos el debate de nuestro país, y pretenden reducir a que solamente hay errores y no reconocen un solo acierto en ningún acto de gobierno.

Una política bajo este enfoque de negros y blancos, de absolutos irreductibles no le hace bien a México, no le hace bien a quien sostiene con sus palabras este tipo de debates.

Nos decían hace un momento, lo escuchamos perfectamente, decían que les preocupaba que el presidente no fuera un jefe de Estado que mira por el bien de su nación y solamente lo hace por el bien de su partido.

Efectivamente, lo dijo desde los años setenta, desde los años ochenta, en que el PRI fungía como la secretaria de asuntos electorales del presidente de la República, que por eso, por supuesto que no era un jefe de Estado.

Tenemos derecho a decir y lo decimos aquí y lo decimos en el auditorio o lo decimos en la calle y lo decimos todos los días en los medios de comunicación, que estos 10 años han sido buenos para México.

Aquí los acreditamos con resultados a la vista para todos. En el panorama político tenemos derecho a decir que la libertad de expresión que hoy disfrutamos y que muchos años no se vio en esta Cámara, podemos llegar a decirlo aquí, la transparencia, la rendición de cuentas, el producto interno bruto que se incrementó en 49 por ciento y ha pasado en estos 10 años de 8 mil 380 dólares a 12 mil 499. La inversión extranjera que ha crecido de 8 mil millones a 22 mil. El gasto público en comunicaciones, energía, urbanización; la inflación que ha pasado de un 16.9 promedio, a una inflación anual de 4.7, gracias a que celebramos que no hemos tenido en estos sexenios ni qué defender el peso como perros ni echarnos la bolita entre presidentes a ver quién cometió el error de diciembre.

Y el presidente tiene derecho a decir sus argumentos, como ustedes tienen el derecho a decir, y lo respetamos, que no están de acuerdo con ello, que tienen el derecho a decir y a venir a esta tribuna a exponer sus argumentos con su retórica, con su verdad probable, con sus argumentos. Y tenemos derecho a defender nuestra posición y lo hacemos aquí de cara a todos ustedes.

Celebramos 10 años de gobierno democrático, celebramos 10 años de alternancia en este país, celebramos 10 años de buenos resultados en lo político, en lo social y en lo económico. Y celebramos que podemos estarnos expresando aquí con esta libertad, que podemos disentir, que podemos diferir, que podemos decírnoslo cara a cara porque —y lo puede decir el presidente y lo decimos nosotros y los ciudadanos— porque como bien dice el pueblo de México: debemos hacerlo y ésa es la ruta.

Señoras y señores, las palabras no agujeran, sigamos debatiendo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Flores Rico, por el Partido Revolucionario Institucional. Don Pedro, se inscriben por rondas. Tiene la palabra el diputado Flores Rico.

Permítame, antes de iniciar diputado, solamente para saludar a estos jóvenes que hacen el esfuerzo de venir a visitarnos de la Facultad de Estudios Superiores del Campus Aragón, de periodismo y comunicación, invitados por el diputado Luis Felipe Eguía, invitados por el diputado Martín Vázquez, del municipio de Ecatepec, estado de México y los niños de la escuela primaria Manuel Contreras, de Nicolás Romero, estado de México, invitados por la diputada Elvia Hernández García. Gracias, diputado.

El diputado Carlos Flores Rico:Gracias, presidente. El señor presidente de la República debe tener muchos asesores porque son demasiados errores para una sola persona.

Díganme ustedes a quién se le ocurre, en qué cabeza cabe, cuando el país está sumido en la incertidumbre, en la matazón, en la pobreza, en la desigualdad, en el desempleo, en la regresión, en la corrupción, celebrar 10 años de gobierno de la ineficacia, de la estulticia, de la nulidad, de la opacidad, de lo gris, de lo oscuro, de lo malo, de la noche. En qué cabeza cabe, señor presidente.

Señor presidente, ¿qué película está usted viendo? Señor presidente, ¿en qué libro está leyendo? Señor presidente, ¿dónde está usted, señor presidente? ¿Sabe dónde está usted, señor presidente?

Los mexicanos sí lo sabemos. Si uno pensara una palabra por cada política pública de este país, tendría la foto exacta de lo que está pasando. Política económica: estancamiento. Política de seguridad pública: matazón. Política social: pobreza. Política exterior: opacidad. Política laboral: ni palabra alcanza. Política-política: corrupción.

Señor presidente, ésta es la película, éste es el país que está usted, perdón, ¿gobernando? Éste es el país, señor presidente.

¿Dónde está el presidente? ¿A qué hora cierra la cortina de Los Pinos el señor presidente? ¿Por qué no se va, señor presidente? ¿Por qué no tiene vergüenza, señor presidente? ¿Cuántos asesores más requiere usted, señor presidente, para seguirse equivocando? Se equivoca en todo. Absolutamente en todo. Una cosa es tener una intención y otra muy distinta tener la capacidad, la herramienta, la visión, el corazón para hacerlo.

Usted tiene un solo mérito, señor presidente, un solo mérito que no le voy a regatear: tiene usted valor para enfrentar al narco, pero cero resultados. Eh. Cero resultados.

Usted tiene buena intención de combatir la pobreza, pero cero resultados, señor presidente. Usted tiene intención, señor presidente, de combatir la corrupción, pero cero resultados.

Señor presidente, ya basta de buena intención. Ya basta de rollo; queremos desarrollo, señor presidente, amigas y amigos diputados, ustedes lo saben muy bien. Nunca en la historia hubo un presidente de la República con tantos recursos económicos aprobados por el Congreso. Nunca. Y nunca en la historia hubo un presidente tan caro y tan malo para gobernar. Ésa es la verdad.

Señor presidente, usted puede militar en su partido, por supuesto que lo puede hacer. Lo que no puede hacer usted, lo que usted no puede hacer, de ninguna manera, es usar la Presidencia para dirigir a su partido.

Lo que usted no puede hacer de ninguna manera, señor presidente, es acusar sin pruebas. Lo que usted no puede hacer es evitar el argumento y usar la cizaña, la intriga, la mala vibra, el mal decir para descalificar al adversario. Así, señor presidente, lo único que va a conseguir es desaliento, es falta de cohesión, es falta de comprensión y consideración. Es una regresión más a las muchas que ya lleva su Presidencia. Señor presidente, ya póngase a trabajar.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para la segunda ronda se encuentran inscritos los diputados Jaime Cárdenas Gracia, Agustín Guerrero Castillo, César Octavio Pedroza Gaitán y Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias.

Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, se está celebrando, sí, una década, pero una década pérdida. Es la década nini: ni democracia ni bienestar social.

En todas las áreas del gobierno prevalece la ineficacia, la ineficiencia, la corrupción, la impunidad, la entrega del patrimonio nacional y de las decisiones a los poderes fácticos. No existe compromiso con el interés general. No hay ni un sentido de apoyo a los excluidos, a los marginados.

En democracia, ¿qué hemos tenido? No tenemos democracia. No se ha concluido el proceso de transición a la democracia en México. No se ha promovido la consolidación democrática en nuestro país. Este gobierno o estos gobiernos del PAN no han construido un Estado de derecho con instituciones sólidas.

¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un Estado fallido en donde los carteles de la droga y del crimen organizado tienen el control de vastas áreas del territorio nacional. Ellos, el crimen organizado, tienen el monopolio de la fuerza pública. Ellos, el crimen organizado, tienen el monopolio de la recaudación vía la extorsión. Ellos, el crimen organizado, tienen el monopolio de la procuración y la administración de justicia en sus territorios.

La estrategia de Calderón de combate al crimen organizado es una estrategia fallida. Como da cuenta el último libro de Anabel Hernández, hay una complicidad de este gobierno, vínculos indebidos con el crimen organizado, principalmente con el Chapo Guzmán. Si podemos decir algo de Calderón podríamos decir que es el presidente del Chapo, es el presidente que protege y tutela a una de las bandas del crimen organizado.

¿Qué más podríamos decir de Calderón? Además de que es un presidente ilegítimo, un usurpador que no ganó con lealtad, ni con limpieza ni con libertad las elecciones en el 2006, es un presidente que ha vendido el patrimonio nacional.

Veamos, ¿cómo está la industria petrolera de nuestro país? En manos de empresarios nacionales y extranjeros. ¿Cómo está la industria eléctrica? En manos de los negocios de empresas españolas que comercian con el gas del Perú para vendérselo a altos precios a la Comisión Federal de Electricidad. ¿En manos de quién están las minas de este país? En manos de empresas canadienses que explotan las minas de este país. ¿Cuál es el tipo de soberanía? ¿Qué tipo de soberanía tenemos frente al resto del mundo? Somos un país subordinado a los dictados de los Estados Unidos, a los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Seguramente ahora que se hagan públicos los cables que Wikileaks ha puesto disposición del mundo entero, aparecerán en estos más de 2 mil 285 cables, cómo el gobierno de Calderón, cómo el gobierno de Fox se han subordinado a los intereses económicos y a los intereses políticos de los Estados Unidos.

Aparecerá ahí con claridad, cómo se ha puesto a la venta del mejor postor el petróleo de México. Cómo han entregado los recursos mineros y cómo han entregado los recursos eléctricos de este país.

Aparecerá, también, cómo esta estrategia del crimen organizado es una estrategia dictada desde el gobierno de los Estados Unidos.

Si México —o el gobierno mexicano— se puede caracterizar por algo en estos diez años, es por ser el policía de los Estados Unidos. Eso somos, el policía de los Estados Unidos. Lo que ellos no quieren realizar, combatir el crimen organizado, eso es lo que realizamos nosotros o que realiza este gobierno.

No hay motivo de celebración ni de festejo alguno. Calderón pasará a la historia no solamente como un traidor a la patria sino como una persona que tendrá que ser sujeto a los procesos de tribunales internacionales.

A Calderón, después de este sexenio, y a García Luna les espera el sometimiento al proceso de la Corte Penal Internacional. Ése es el lugar que tendrán en la historia de México y en la historia universal. Por su atención, muchas gracias, presidente.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A sus órdenes, diputado.

El diputado Pedro Ávila Nevárez(desde la curul): Presidente, quiero que se me conceda la palabra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No puedo concederle la palabra, don Pedro, porque se trata de la agenda política que se inscribe por rondas. Tiene la palabra el diputado Agustín Guerrero Castillo.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Con su permiso, diputado presidente. Si pudiéramos resumir en una sola frase lo que han sido estos últimos 10 años en nuestro país, podríamos describirlo como el paso de la esperanza al de-sencanto.

Diez años en los cuales la expectativa, el entusiasmo de millones de mexicanos que en el año 2000 cansados, agotados, enojados de vivir en un sistema que había dejado atrás sus compromisos de justicia social, de desarrollo económico nacional, que había hecho de la corrupción un modus operandi de la vida pública de nuestro país, que había dejado de lado la idea de la soberanía nacional y, sobre todo, de una sociedad  que ya no veía en el viejo régimen la posibilidad de una vida mejor, decidió en el año 2000 votar por el Partido Acción Nacional y votar por Vicente Fox.

Con el paso del tiempo podemos hoy evaluar que Vicente Fox traicionó su palabra, traicionó sus compromisos y traicionó la confianza de los mexicanos.

Ni víboras negras de tepocatas ni nada. Si algún gobierno tuvo mejores condiciones de ingresos por la venta del petróleo fue el gobierno de Vicente Fox, y todo ese dinero no se canalizó hacia la sociedad. Todo ese dinero, la inmensa mayoría se fue por el caño de la corrupción y vimos de pronto que la alternancia resultó ser un gatopardismo, que aparentemente todo cambiaba pero todo seguía igual y que los que gobernaban antes seguían gobernando con Vicente Fox.

¿O quién era el secretario de Hacienda de Vicente Fox? Francisco Gil Díaz, quien venía de la vieja escuela. Y el PAN refrendó mantener la misma política económica que ha sumido en la pobreza cada vez más, cada año más, a miles y a millones de mexicanos.

Este desencanto en el que se ha sumido la sociedad mexicana nos coloca efectivamente en que no tenemos nada que celebrar 10 años después.

La CEPAL acaba de dar a conocer los índices de pobreza de América Latina. Todos los países de América Latina crecieron, poquito, pero todos crecieron. El único que no creció en estos 10 años es nuestro país. Decrecimos 3.1 por ciento con relación a como estábamos hace 10 años. Ésos son los números que ha entregado Felipe Calderón.

Cuando se fue Vicente Fox todos pensábamos que las cosas no podían estar peor con un gobierno que no tuvo ni pies ni cabeza. Entonces, Felipe Calderón se robó la Presidencia de la República, y no se puede gobernar contra la voluntad del soberano, contra la voluntad del pueblo.

Por eso la pobreza de resultados que hoy tenemos en todos los rubros no son sino una expresión fiel de que quien está al frente del Ejecutivo es de este tamañito y no se pueden esperar grandes resultados cuando la visión que se tiene no es la visión de un jefe de Estado, sino la visión de un jefe de partido, de un jefe de mafia, de un jefe de secta. Eso es hoy Felipe Calderón.

Pero no ha dejado de ser quien entró a este recinto por la puerta de atrás y no por enfrente, como han entrado todos los mexicanos que tienen las manos limpias y la autoridad para hacerlo. Entrar a escondidas a tomar posesión del gobierno, no podría ofrecer buenos resultados para nuestro país.

La mala noticia que tenemos no es esta década perdida, la mala noticia para los mexicanos es que todavía quedan 2 años, 2 años donde lo único que vemos es más desesperanza, más matazón, más fracaso para el pueblo mexicano...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor, diputado.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Concluyo con esto, diputado presidente. Por eso, lo hemos dicho en otra ocasión, cuando uno en un trabajo no hace bien las cosas, porque no sabe o porque no puede, después de que se le ha dado la oportunidad de aprender, de desarrollarse y los resultados que entrega son puro fracaso, en cualquier trabajo lo corren.

Creo que por el bien del país Felipe Calderón debería ahorrarnos estos 2 años que ya sabemos qué es lo que puede hacer, que es nada y debería retirarse, debería renunciar y ahorrarnos esta pena a los mexicanos. Muchas gracias.

Aprovechamos la ocasión para saludar a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria Número 3, Justo Sierra, invitados del diputado Juan Pablo Jiménez Concha.

Del mismo modo, a los invitados de la colonia El Salado, de Xalostoc, municipio de Ecatepec, estado de México, invitados del diputado Torres Huitrón.

Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado César Octavio Pedroza Gaitán, del Partido Acción Nacional.

El diputado César Octavio Pedroza Gaitán:Gracias, señor presidente. Con su anuencia. La diferencia es que hoy el poder público no tiene secretos. La diferencia es que hoy en México se puede hablar de cara a la nación, sin cortapisas. La diferencia es que desde que Acción Nacional gobierna hay la posibilidad de que se hable sin temor a la censura y al prejuicio de las otras fuerzas políticas. La diferencia es que hoy tenemos la oportunidad de debatir de cara al país con responsabilidad.

Cuando los gritos afloran es porque los argumentos faltan.

El Presidente de la República, Felipe Calderón, en el ejercicio de uno de sus fundamentales derechos le habló no sólo a su partido, le habló a todos los ciudadanos mexicanos, y dio su visión y compartió sus argumentos, así como con el mismo derecho aquí se viene a opinar diferente, en este sano y responsable ejercicio democrático.

Celebremos que en nuestro país podemos debatir, celebremos que podemos respetarnos aunque pensemos distinto. Hoy México tiene un escenario promisorio por delante, porque las fuerzas políticas podemos hablar y decirnos las cosas en el marco de ese respeto a la opinión, podemos discrepar, podemos hablar nuestra verdad. Lo que no podemos es insultar, lo que no debemos es faltarnos al respeto que nos permite encontrar las coincidencias que hoy exige nuestra nación.

México no está más para agravios. México requiere del concurso de todas las visiones. Éste es el verdadero discurso que debemos escuchar a lo largo y ancho del país. Éste es el mensaje que en el respeto a escucharnos como iguales debemos todos aportar para construir esa nación con la que soñamos.

Es cierto, hay grandes asignaturas pendientes en nuestro país. Es innegable que todavía tenemos mucho por hacer en México. Sería necio de nuestra parte, desde la visión de Acción Nacional, el no reconocer lo mucho hecho en otros momentos de la vida nacional, cuando gobernaba otro partido. Como también sería mezquino no reconocer los avances importantes que se han dado en México en los últimos 10 años, en materia económica, en materia de salud.

No veamos únicamente el vaso medio vacío. El país en su dinámica cotidiana es de claroscuros, tenemos muchas cosas por hacer. La apuesta de Acción Nacional es a la convocatoria para que nos sepamos sumar, aún entendiendo nuestras diferencias, respetándonos como distintos, pero sabiendo encontrar en la mejor definición de justicia el respeto inequívoco aún entre distintos.

Yo por eso a nombre de la bancada de Acción Nacional hoy convoco a todos los partidos a que teniendo como premisa fundamental el respeto y un amor incondicional a nuestra patria, sepamos fincar y construir el México que nos espera y nos demandan nuestras generaciones por venir.

Ojalá todas las fuerzas políticas sepamos ver ese México promisorio que nos aguarda y no nos ciclemos en una lamentable cadena de agravios. Aprendamos a construir juntos. Aprendamos que México es lo más importante. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para concluir esta ronda tiene la palabra el diputado Sebastián Lerdo de Tejada.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Di Costanzo?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Con una propuesta, presidente, porque veo que los diputados del PAN no se sujetan al tema. Que traten de habilitar a algún funcionario de la Secretaría de Hacienda para que venga a dar debate, porque no están hablando de nada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Agradecemos la presencia de un grupo invitado del Centro de Análisis e Investigación AC Fundar. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Invitados por la Presidenta de la Junta de Coordinación Política.

Adelante, diputado Lerdo.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Gracias, presidente; con su permiso. Compañeras, compañeros, buenas tardes.

Cuando decimos que la derecha no tiene remedio, justamente a eso nos referimos. Justamente a esto. La bipolaridad del Ejecutivo federal es clarísima. Por la mañana reconoce al Congreso y por la tarde ofende a sus integrantes. Resulta paradójico.

Aquí la pregunta, más allá de un debate tradicional en donde los partidos políticos representados en este Congreso distintos al del presidente de la República reclamen su pirotecnia verbal o sus excesos mediáticos.

Más allá de eso, la pregunta que valdría la pena hacerle a una derecha extraviada, a una derecha que no acaba de poner en orden sus contradicciones internas, que no encuentra el rumbo en la propuesta, no encuentra el rumbo en la acción de gobierno, no encuentra el rumbo en las soluciones a la sociedad.

Más allá del debate entre partidos políticos o entre integrantes del Congreso la pregunta es ¿qué sigue? Y lamentablemente no hay respuesta del otro lado. Hay ejercicios verbales, hay pirotecnias, hay andanadas mediáticas. Pero de fondo, de fondo, encontramos actitudes, lamentablemente para la patria, que rayan en la esquizofrenia.

Quien critica el pasado no se mira en el espejo siquiera ante los resultados. Ya se ha dicho aquí por mis compañeros de prácticamente todas las fracciones parlamentarias. Ya lo hemos dicho muchas veces en muchos foros: el fracaso de los 10 años de los gobiernos de la derecha no necesitan ser calificados por integrantes de partidos políticos distintos, las evidencias son contundentes.

En asesinatos, en la inseguridad, en crecimiento económico, en un país en donde el desempleo campea en todos los lares, en donde el salario no alcanza no hay discurso que valga.

La gente que nos visita y pone atención a los debates seguramente se preguntará: “muy bien, se dijeron todo, ¿y qué sigue?”

Del lado de Acción Nacional encontramos retórica, no encontramos compromiso. Eso sí, un día en la mañana nos piden generar acuerdos y en la tarde nos ofenden. Se acabó señores. Así no se transita en un régimen democrático.

¿Quieren debate? Enfrenten el debate. ¿Quieren debatir a la nación? Planteemos los modelos de nación, contrastémoslos y ahora sí vayamos asumiendo posiciones definitivas, porque todo lo demás es retórica.

Ante esta paradoja verbal del Ejecutivo federal yo les preguntaría: ¿para qué buscaron tanto el poder? ¿Para qué tanto esfuerzo? Seguramente de algunos de sus integrantes de Acción Nacional, bien intencionados, ¿para qué? Si al llegar al poder no supieron qué hacer con él. ¿Para qué estos discursos que siguen dividiendo a la sociedad y luego se quejan de una sociedad polarizada? ¿Por qué quejarse del pasado y no atreverse a concretar acciones de transparencia hacia el futuro?

Señor presidente, le ruego que a la conclusión del debate se pueda someter a la consideración de esta sala la creación de la Comisión Especial que investigue la corrupción en Pemex, documentada en el libro Camisas azules manos negras, que ha sido turnada a la Junta de Coordinación Política el 10 de marzo.

Vamos a enfrentar debates de fondo. ¿Quieren entrarle al debate de la corrupción? Nosotros también. De fondo. Que mire, que en 10 años vaya que han salido aventajados y con esta doble moral le han dado al traste al país.

Vamos a construir hacia el futuro. Le preguntaría yo desde aquí al presidente de la República: ¿qué sigue, señor presidente? ¿Elogios por la mañana y epítetos por la tarde? Así no. Así no cuenten con nosotros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para la tercera ronda se han inscrito los diputados Gerardo Fernández Noroña, Alejandro del Mazo Maza, Emilio Serrano Jiménez, Julián Francisco Velázquez y Llorente y el diputado Omar Fayad Meneses.

Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña, hasta por 5 minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeras diputadas, compañeros diputados, hace un momento el diputado Pedroza, del Partido Acción Nacional, vino a tendernos la mano a todas las fracciones parlamentarias y como en el 68 los líderes estudiantiles, cuando Díaz Ordaz tendía la mano y decía que le hicieran la prueba de la parafina, yo pediría lo mismo para quienes gobiernan hoy en este país.

¿Cómo puede Calderón extender una mano manchada de sangre? ¿Cómo puede Calderón extender una mano cuando incumple sus acuerdos? ¿Cómo puede Calderón extender una mano cuando está vinculado al narcotráfico?

Sostengo, no hubo una sola respuesta de Acción Nacional, que el gobierno de Calderón con él a la cabeza, el gobierno de facto, está vinculado al crimen organizado y al narcotráfico. Sostengo que han vendido las plazas más de una vez. Sostengo que García Luna es uno de los criminales más peligrosos de este país y está al frente de la seguridad pública.

¿Cómo puede plantearse frente al nivel de pobreza, de miseria, de hambre y de desesperanza que hay en la gente, que los indicadores están muy bien?

Hay una muy importante cantidad de reservas en el Banco de México. Y para qué sirven si no sirven para el desarrollo del país. Hay un ingreso per cápita de 130 mil pesos que podría darle a cada mexicano 10 mil pesos de ingreso mensual y para qué sirve si en realidad la mayoría está debatiéndose en el hambre y la miseria.

En el año 2000 Vicente Fox ganó la Presidencia de la República con el voto de la gente. Una participación ciudadana muy importante, cansada de los pésimos gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, que habían rematado el patrimonio nacional de manera dramática, que habían privatizado los principales activos del Estado mexicano y que habían venido, desmantelando el Estado benefactor.

Con la lucha que Acción Nacional tenía a favor de la democratización del país la gente pensó que Vicente Fox sería el cambio verdadero y defraudó a la ciudadanía. Pero hoy con los cuatro años del gobierno usurpador la gente piensa que el gobierno de Fox era mejor.

Mira cómo están las cosas que Calderón es mucho peor que la incompetencia y la corrupción y la superficialidad de Vicente Fox.

Son muy graves los resultados de este gobierno. ¿Podrían decir que hay un desarrollo cuando hay niños asesinados en retenes militares? ¿Podrían decir que hay paz social cuando hay ciudadanos asesinados en retenes militares? ¿Podrían decirle lo que han venido a sostener aquí a tribuna a las familias de Juárez, a las madres de los jóvenes asesinados, al baño de sangre que hay a lo largo y ancho del país? ¿Podrían decirle eso a los trabajadores del SME o a los de Mexicana o a los de Cananea o a los hombres y mujeres que a diario se acercan a nosotros a pedirnos empleo porque no hay empleo? Si es joven, porque es joven. Si es maduro, porque es maduro. Si es adulto mayor, porque es adulto mayor. Si tiene experiencia, porque la tiene. Si no la tiene, porque no la tiene. ¿Podrían decirle eso a los 7 y medio millones de jóvenes sin acceso a la universidad, o al 40 por ciento de adolescentes que no ingresan a la preparatoria?

Es una desgracia el país, es una tragedia lo que estamos viviendo. ¿Cómo pueden plantear aquí cualquier posibilidad de diálogo si están sumidos en la corrupción, si están sumidos en toda la podredumbre que no se había visto en ningún gobierno? Bueno, ya superaron a Salinas, ya superaron a Salinas, eso está más o menos complicado y han logrado hacerlo.

Aquí se mueve mucha hipocresía y mucha demagogia porque las cúpulas del PRI y del PAN sí están representando lo mismo, lamentablemente.

Están desgarrándose las vestiduras, pero sin ir a las cosas de fondo. Ojalá y ahora que el PRI plantea la comisión de investigación de las cosas en Pemex ahora sí se vaya en serio. Ya se planteó en esta tribuna y se echaron para atrás, como se echaron para atrás en bajar el IVA de 16 a 15 por ciento y como se han echado para atrás en montones de cosas, montones de cosas. Y por eso han salido de esta Cámara decisiones contrarias al interés nacional.

Ya es hora de ponerle un alto a Calderón, ya es hora de meter a la cárcel a esos hampones. Ahí debería estar Calderón, en un reclusorio. Ahí debería estar García Luna, ahí debería estar  Lozano, ahí debería estar Molinar Horcasitas, ahí debería estar Cesar Nava, que viene y se sienta tan tranquilo aquí como si tuviera autoridad para ser compañero de nosotros y agravia al Congreso con su presencia corrupta y desvergonzada en esta soberanía.

Qué tiene que pasar para que ya pongamos un alto a este tipo de cosas. Por su nombre los estoy llamando, por su nombre los estoy citando y no les falto al respeto porque ahora decirle a un corrupto, corrupto, es una falta de respeto. Ahora decirle a un asesino, asesino, es una falta de respeto. Ahora decirle a un desvergonzado, desvergonzado, es falta de respeto. Por favor, si eso les molesta, paguen por sus crímenes que mucho han dañado a nuestro país. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Alejandro del Mazo Maza, por el Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Alejandro del Mazo Maza:Este tema tratado el día de hoy no es un tema menor. El Presupuesto de Egresos de la Federación se ha triplicado en estos últimos 10 años. Sin embargo, los problemas no sólo se han triplicado, sino se han multiplicado día a día.

Estos 10 años han servido para destruir tres de las principales fuentes de ingresos que tenemos en nuestro país. Se ha destruido el turismo en este país, se han destruido los ingresos petroleros y los ingresos de divisas.

En el índice de corrupción hemos caído más de 20 lugares y no sólo nosotros reprobamos las funciones y las acciones de este gobierno, sino las agencias especiales internacionales también lo reprueban y nos bajan la calificación.

Con eso estamos afectando nuevamente el turismo, las divisas, la inversión extranjera directa. Cuántas cosas no estamos perjudicando con esto. Las empresas nacionales se están yendo al extranjero. La gente en la calle ya no se siente segura. Cuántos asesinatos hemos visto, ya es cosa de diario. A diario abrimos los periódicos y el tema son los asesinatos.

Asesinatos, lo hemos vivido, lamentablemente, incluso a candidatos a gobiernos estatales, alcaldes electos y alcaldes en funciones. ¿Cuánto más soporta nuestro país? ¿Cuánto más soporta nuestra sociedad? ¿Cuánto más vamos a seguir permitiendo?

¿Transparencia, rendición de cuentas? ¿Cuáles, compañeros? ¿De qué nos hablan? Para muestra un botón: los festejos del bicentenario. La Comisión de la Función Pública, la Comisión de Vigilancia de la ASF, y muchos ciudadanos llevan ocho meses pidiendo los contratos que regaló el Turissste, y no los quieren dar. Los ocultan. Más de 3 mil millones adjudicados de manera indirecta. Más de 400 contratos adjudicados de manera indirecta. No es posible. No podemos seguir permitiendo esto.

El 10 por ciento de la población más pobre recibe apenas el 1.4 por ciento del ingreso. En México sí hemos crecido, hemos crecido más de lo esperado, pero en tasa poblacional. Ya somos más de 112 millones en este país, y todos secuestrados por la violencia.

¿Quién tiene el control de México? ¿Quién está asumiendo el control y la responsabilidad que tiene el Ejecutivo? Tan sólo tenemos 15 millones de empleos formales y más de 50 millones de pobres.

En el sector automotriz en el 2001, por ejemplo, en Brasil se vendieron mil 200 millones de automóviles, y en México, 1 millón. Este año México vende 800 mil y Brasil casi 4 millones. En seguridad, ya lo mencionábamos, nadie nos sentimos seguros, casos tenemos muchos.

Necesitamos un Ejecutivo responsable. Necesitamos un Ejecutivo que mire por los acuerdos que necesita la nación. Necesitamos un Ejecutivo que su bandera no sea una bandera partidista. Necesitamos un Ejecutivo que su bandera sea la bandera de México, sea la bandera de todos los mexicanos, que vea por los intereses de todos y sea una fuerza conciliadora entre las diferentes fuerzas para llegar a los acuerdos que necesitamos crear entre los diferentes órdenes de gobierno.

No podemos seguir calentándonos al son de la situación y de las alturas. Necesitamos dar respuesta a las demandas ciudadanas. Muchas gracias.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Con qué objeto, diputado Di Costanzo?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Hace un momento el diputado que acaba de intervenir, acertadamente se refirió al Fideicomiso del Bicentenario. Me estoy enterando que ayer la Junta de Coordinación Política volvió a cancelar la comparecencia de tres funcionarios con relación al Fideicomiso del Bicentenario.

Yo quisiera preguntar, ¿a qué estamos jugando? No es la primera comparecencia que se cancela, y menos de un tema tan serio. No sé ahora qué se le atravesó a alguno de los funcionarios que iban a venir. Se me hace, de veras, un insulto a este pleno y que lo avisen un día antes, a lo oscurito y sin dar una explicación puntual de por qué un tema que ofende a los mexicanos le están dando vueltas y se está postergando.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Escudero. Sonido a la curul del diputado.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Para hacer la aclaración e informar a la asamblea que la Junta de Coordinación Política no canceló nada. Esa información no es correcta.

Hay comunicado de los secretarios diciendo que están ocupados, que no pueden venir, porque la verdad de las cosas es que no tienen cara para venir a rendir cuentas. Ésa es la verdad. Pero en la Junta de Coordinación Política no se suspendió nada. Los tres funcionarios públicos no tienen cara para venir a rendir cuentas a esta asamblea. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados.

Yo creo que es sabido por todos que México es uno de los países más ricos del mundo. Tenemos litorales, tenemos bosques, selvas, lagunas —aunque contaminadas— y ríos. Tenemos minerales, tenemos desierto, tenemos petróleo, tenemos climas excelentes, y en México hay mucho, mucho dinero.

El problema número uno es que hemos tenido gobiernos rateros que han dejado en la miseria a México. Gobiernos ricos con pueblo pobre.

El diputado de Acción Nacional, César Pedroza, acertadamente decía que hay libertad de expresión.

Yo reconozco públicamente que sí hay libertad de expresión, y ahora la gente se entera de muchas verdades que durante años fueron ocultas. Ahora se sabe lo que hacen a los diputados, lo que hace el presidente y los secretarios de Estado, y se critica públicamente.

Yo le diría al diputado César Pedroza que el pueblo preferiría los insultos verbales a morir de hambre. Y, efectivamente, como dice Fernández Noroña, no es insulto, ahora resulta que nosotros somos los culpables de los errores que comete el gobierno federal, aunque los diputados del PRI sí tienen culpa, porque le han solapado todo al gobierno federal con tal de que no le saquen sus trapitos al sol, de que los descubran, los desenmascaren, y se ponen de acuerdo.

Yo les preguntaría a los diputados del PRI si siguen estando dispuestos a apoyar todo lo que diga el Ejecutivo federal, permitir que sigan robando al pueblo, engañándolo. Es muy bonito decir discursos. Es muy bonito criticar aquí en la tribuna, pero yo le tomo la palabra a Sebastián Lerdo de Tejada, para que nos vayamos a fondo. Ustedes, los diputados del PRI, con otro partido hacemos mayoría. ¿Por qué no trabajamos en serio y terminamos ya con los abusos, con las corruptelas y las tranzas del gobierno?

Vamos a poner, de a de veras, el trabajo legislativo para evitar ya tantos abusos. Hay diputados de Acción Nacional, diputados y diputadas...

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Serrano, ¿me permite un segundito? Sonido a la curul del diputado Fayad, por favor.

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Presidente, ¿puedo realizarse una pregunta al orador, presidente?

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Serrano, ¿acepta usted una pregunta del diputado Fayad?

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Yo sí le acepto todas las preguntas que quieran, aunque no está permitido.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado Fayad.

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Nada más preguntarle ¿por qué esa doble moral? ¿Por qué dice que el PRI le consecuenta al PAN y el PAN al PRI? Ustedes son socios, ustedes son aliados. Ustedes le perdonan todo y van a competir juntos a los procesos electorales. Eso es doble moral.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Le voy a contestar, si me permite, diputado presidente. Diputado Fayad, yo sí tengo calidad moral para responderle todas las preguntas que usted me haga, y afortunadamente ustedes tienen forma de investigarnos a nosotros como lo tiene el Ejecutivo federal, y no hay comparación, eh, entre ustedes y nosotros.

Nosotros decimos que somos honrados y lo comprobamos, y no en discurso. Porque una cosa es decir que hay que respetar las leyes, que hay que respetar la Ley Electoral, que ustedes fueron cómplices con Acción Nacional para aceptar el triunfo ilegítimo de Felipe Calderón, ustedes lo avalaron aquí. Ésa es doble moral, la de ustedes.

Por otra parte —voy a continuar, diputado presidente...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Perdón diputado, debo admitir que hubo una omisión de parte de esta Presidencia, ya que en el capítulo en el que estamos no se permiten las preguntas sino sólo la intervención de los oradores inscritos.

Adelante. De aquí en adelante nos vamos a atener sólo a lo estrictamente reglamentado.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Continúo, diputado presidente. Decía que hay diputadas y diputados de Acción Nacional que les reconozco que son honestos, que son respetables, que son decentes, igual que hay en el PRI y en los demás partidos y que hay diputados que en este momento se avergüenzan de los errores que está cometiendo Felipe Calderón y que quisieran meter la cabeza en la tierra por vergüenza. Sin embargo, yo creo que entre ustedes pueden hacer algo también para llamarle la atención.

Yo les haría una pregunta a las diputadas y diputados de Acción Nacional que están muy cerca de Felipe Calderón: ¿Es verdad que todos los días a partir de las 5 de la tarde se dedica a alcoholizarse? Es la pregunta que hacía Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Por qué en la tarde reacciona de otra manera? ¿Por qué tantos errores? ¿Por qué tanto daño al país?

Y preguntaba también Sebastián Lerdo de Tejada: ¿Para qué querían el poder? ¿Para qué querían la Presidencia? ¿Para hacer negocios? ¿Para enriquecerse más? ¿Para dejar más a la miseria al pueblo?

¿Qué le vamos a contestar a la gente ahora que vayamos a los distritos? ¿Que nuestra conducta ha sido decorosa, ha sido la adecuada? Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a trabajar, de veras, en serio, haciendo esa mayoría para repetir —señor diputado— ya parar la corrupción, las tranzas, parar los errores y el desprestigio del gobierno y el desprestigio del país y sólo basta ir a otros países para ver la diferencia ...

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Señor presidente.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Lerdo?

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para rogarle al orador que, en términos de mis intervenciones, simple y llanamente me cite, no me interprete. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda registrado en el Diarios de los Debates.

Adelante, diputado Serrano, concluya por favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente.

En estos momentos quiero distinguir la presencia del excelentísimo señor embajador de Panamá en México, Francisco Troya Aguirre y la agrupación folklórica Panamá Folklor, junto con distinguidos empresarios panameños, invitados por el señor diputado Jorge Arana Arana, presidente del Grupo de Amistad México-Panamá.

Si fueran tan amables de dejarles el frente a nuestros amigos de Panamá para que puedan ser saludados por los señores diputados.

Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, distinguidos invitados, por visitarnos en el Congreso.

Tiene usted la palabra diputado Velázquez y Llorente.

El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy podemos hablar con libertad después de 10 años. La alternancia fue la puerta para la práctica de la democracia sin adjetivos, como lo muestra este debate en el que hoy estamos participando.

Los que tenemos memoria y no una amnesia selectiva podemos decir que en México se acabaron los tiempos de la presidencia imperial.

Desde luego que debemos reconocer que después de las luchas fratricidas que se desarrollaron en la primera mitad del siglo pasado se logró la institucionalización de un país que no veía la puerta. Tenemos que reconocer que no todo es blanco, no todo es negro, ha habido logros importantes que han hecho que nuestro país esté hoy con las puertas abiertas hacia un desarrollo equilibrado.

No se puede cambiar a un país en tan poco tiempo. Se han sentado las bases. Hoy tenemos más posibilidades de crecimiento que hace algunas décadas.

Los llamo, compañeros diputados, como el pueblo de México está esperando, a que busquemos las coincidencias, a que hagamos juntos las reformas que tenemos pendientes. Los convoco también a un ejercicio de autocrítica, sin la fácil denostación en la tribuna, tan mala como la autocomplacencia.

Debemos reconocer que ha habido avances en estos tiempos. Si no pregúntenle a los mexicanos, que antes se empobrecían cuando tenían una urgencia médica, cuando el niño se enfermaba y no tenían a dónde llevarlo y tenían que vender los animalitos y tenían que hipotecar el terrenito para poder atender a sus hijos, para poder atender a su familia.

La mayoría de los mexicanos no tenían acceso más que a la seguridad social y esto un 45, 46 por ciento de los mexicanos. Y mucho menos podían llegar a un hospital para poder ser atendidos. Hoy en el Seguro Popular hemos visto cómo se ha duplicado la posibilidad de atender sobre todo los problemas que antes empobrecían a los mexicanos.

Los convoco para que en un ejercicio de autocrítica aceptemos que las cosas que están mal podemos cambiarlas, pero también debemos reconocer que se han hecho cosas buenas para nuestra patria, para todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Omar Fayad Meneses, hasta por 5 minutos.

El diputado Omar Fayad Meneses:Gracias, señor presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, creo que al Partido Acción Nacional, y a su bancada, poco le interesa lo que digan del presidente de la República. Yo creo que les da vergüenza y no tienen argumentos ni siquiera para estar presentes en la sala cuando se están debatiendo los cuatro años de gobierno de este presidente y los seis del anterior. Nadie del PAN.

Cómo me hubiera gustado que mi compañera Josefina Vázquez Mota y que César Nava, cuando menos, hubieran tenido la atención de venir el día en que estamos analizando los magros, pobres e insignificantes resultados que han traído a este país 10 años de gobiernos panistas. Vergüenza deberían tener.

En el marco de este cuarto año de gobierno, y a 10 años de que los panistas ocupan la titularidad del Ejecutivo Federal, el presidente Calderón el pasado domingo afirmó que sería una tragedia retornar a lo viejo, dando cuentas alegres de lo que son los resultados de su gobierno.

¿Tragedia, señor presidente? Tragedia son los millones de mexicanos que viven en pobreza, ésa es tragedia. Tragedia son los miles de mexicanos que viven en el desempleo. Ésa sí es una tragedia. Tragedia son los mexicanos que no tienen acceso a la educación, a la salud. Tragedia es el tema de la seguridad en este país. Eso es tragedia, pero el presidente Calderón no lo entiende así.

Los panistas hoy se están quebrando la cabeza —y ya vimos que no mucho— para ver de dónde sacan cifras que maquillen un rotundo fracaso. No lo pueden maquillar, los mexicanos sabemos perfectamente cómo estamos en materia de empleo y éste —que anunció ser el gobierno del empleo o el sexenio del empleo, el presidente del empleo— ha resultado ser solamente en lo mediático el presidente del empleo, porque la realidad de este país es que hoy vivimos un país en el desempleo, y las cifras no mienten.

Más de 5 y medio millones de mexicanos han desistido ya de buscar chamba. ¿Qué van a hacer, presidente? La tasa del desempleo abierto que había cuando recibieron de otros gobiernos el poder era menor al 3 por ciento. Hoy es superior al 6 por ciento.

La corrupción, la corrupción es un problema que aqueja seriamente a México. Según el índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, hemos pasado del lugar 51 en el año 2001 —escúchenlo bien— al lugar 89 en el 2009. Así que, señor presidente, si usted retomara lo viejo, cuando menos recuperaríamos 38 escaños en un tema tan importante como el de la corrupción.

¿Cómo hablar de oportunidades? En el año 2000 se destinaba 6 por ciento del producto interno bruto a fortalecer a la Banca de Desarrollo. Hoy, señor presidente, cuando mucho aspiramos a que se le asigne un 3 por ciento.

¿Cómo hablar de igualdad, de justicia, cuando hace una década la canasta básica rural tenía un costo de 640 pesos? Tras 10 años de gobiernos panistas el costo es superior a los mil pesos.

¿Cómo hablar de equidad mientras el gasto corriente se ha elevado 25 veces en los gobiernos panistas de la última década? ¿Esos son sus logros? ¿Eso es lo que presumen?

Pero la realidad del país no sólo arrastra la miseria y la de-socupación que en 10 años de haber llegado el PAN al poder, Fox y Calderón —aunque ahora se reparten culpas y señalamientos entre ambos— han hecho de México un país de guerra y esto es lo más lamentable. Casi 30 mil muertos, 900 secuestros diarios, un incremento de 15 por ciento en el delito de privación ilegal de la libertad, y más de 6 mil llamadas de extorsión cada 24 horas.

Si Calderón cree que la tragedia está por venir, es porque vive aislado de la realidad. Estamos viviendo la tragedia en su gobierno. Ésta es una guerra que no pedimos los mexicanos. Ésta es una guerra que está perdiendo el gobierno de México por una mala dirección, por una desatinada orientación hacia las políticas públicas.

Ya es momento de cambiar. No queremos más los mexicanos a un dirigente de partido en el poder. Queremos un jefe de Estado y aquí se dijo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado Omar Fayad Meneses:Como no pudieron sostener con argumentos nada –y con esto concluyo-, reto a Josefina Vázquez Mota y a César Nava a que bajen de sus oficinas y a ver si tienen cifras. Los reto cifra por cifra. Vamos a ver cuáles son sus avances. Ninguno, señores. Vergüenza deberían tener.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Abrimos a continuación la cuarta ronda en la que intervendrán los diputados Porfirio Muñoz Ledo, Víctor Manuel Báez Ceja, Kenia López Rabadán y David Penchyna Grub, hasta por 5 minutos cada uno.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Con su venia, señor presidente.

El diputado Francisco Hernández Juárez(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado Muñoz Ledo. Diputado Hernández Juárez.

El diputado Francisco Hernández Juárez(desde la curul): No quiero parecer irrespetuoso, pero quisiera sugerir a la Mesa Directiva, a la Presidencia, a esta Cámara, que hagamos un esfuerzo de síntesis para aprovechar mejor el tiempo.

No sé si somos necios al ver que las cosas no mejoran, la economía no crece. El salario hace 10 años compraba 20 kilos de tortillas, hoy sólo 5. Y según esto el país ahora está mejor. Por qué no acordamos que pasen puros diputados del PAN, para que nos convenzan de la realidad que ellos tienen, a ver si eso realmente hace que el país funcione mejor.

Ojalá lo pudieran considerar, porque no veo a dónde nos va a llevar esto. Yo no los veo ni siquiera considerar algunas rectificaciones en relación a la política. Nada más se están defendiendo y diciendo aquí cosas que no tienen que ver con el tono de la discusión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Vamos a continuar en el orden establecido para el debate, terminando en el tiempo señalado por la asamblea para el efecto, lo cual será a las dos con treinta y cuatro minutos. Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Muchas gracias, señor presidente. Sin memoria no hay historia y sin historia no hay democracia. No discutiría ninguna de las cifras aportadas por el documento que se nos ha presentado, pero creo que eluden el pasado anterior no por falla de conjugación, sino por falsificación.

Desde el acuerdo de 1988 hay una responsabilidad compartida en el ejercicio del poder por dos partidos políticos. No tiene la culpa el espurio, sino el que lo hizo compadre. Hay declaraciones expresas en esta sala cuando se rompió el contubernio de la ley fiscal del año anterior, en el sentido de que colocaron a Calderón en la silla para asegurar la estabilidad del país.

Hay testimonios del antiguo candidato presidencial del PRI en un libro llamado La traición, en donde narra cómo gobierno por gobierno de los estados se unieron al carro de Calderón. Había soluciones constitucionales, primera, evitar una toma de posesión contraria a la ley. Segunda, la revocación de mandato, seguida de una presidencia interina por mayoría absoluta del Congreso, como lo prevé nuestro texto constitucional. No quisieron y ahora se arrepienten.

Se han dedicado las dos bancadas a proteger, a consentir, a esquilmar al Ejecutivo. Aquí le arrebataron 1 por ciento del Presupuesto en distribución de migajas, cuando ya en 1997 y 99 habíamos logrado el voto de un Presupuesto de la oposición.

Estábamos a punto de un cambio de régimen. Se abandonó la reforma del Estado y se confundió la alternancia en el poder con la democracia.

El Ejecutivo de entonces, Fox, prefirió entenderse con su comadre, que era la coordinadora de la bancada política del PRI, para llevar a contubernios al margen de la democratización del país.

Estalló la piñata del antiguo régimen y todos se fueron sobre las golosinas. Se generó una auténtica metástasis de la corrupción.

No son 10 años, son más de 25 años de ignominia repartidos, 15 en un partido apoyado por el otro y 10 en otro partido apoyado por el de antes. Los hechos obran en libros y en documentos indiscutibles.

Todas las cifras...

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Serrano, ¿con qué objeto?

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado presidente, para que seamos parejos, cuando yo estaba en la tribuna, aceptaron una pregunta, entonces le pido que sea tan amable de preguntarle al diputado orador si me permite una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo que pasa es que eso significa justamente quebrantar el acuerdo que hay en relación a este capítulo. Voy a obsequiarle un poco más de tiempo al diputado Muñoz Ledo, a fin de que pueda concluir su intervención. Gracias, diputado Serrano.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:No será mucho, presidente. Cualquiera de las cifras mencionadas puede proyectarse hacia el pasado. Es falso que hayamos crecido al 2 por ciento sólo durante estos dos años.

Tenemos 25 años de crecer abajo de 2 por ciento, cuando la cifra histórica era de 6.4. La desigualdad se ha ahondado desde entonces, el deterioro institucional, el vaciamiento de la soberanía y la aceptación de una estrategia de seguridad que va a arrebatarnos la soberanía sobre el país.

¿Qué no existió la rebeldía civil de 1968? ¿Qué no votó mayoritariamente el pueblo de México contra una enorme desviación del antiguo régimen?

Cómo ahora quienes desviaron el rumbo del México posrevolucionario pretenden reivindicarlo a aquellos valores a los que traicionaron.

El debate de hoy, para que las cosas sean claras, y las cuentas lo sean más ¿cuál es la posición de cada partido sobre los grandes temas de la agenda nacional?

¿Está de acuerdo el PRI en la estrategia de seguridad del PAN? Si así fuera, no votaríamos la Ley de Seguridad. ¿Está de acuerdo el PRI en las reformas laborales neoliberales? Si es así, no las aprobaríamos.

¿Está de acuerdo el PRI con reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de forma de gobierno, de descentralización política, de participación social en la toma de decisiones y de una nueva ley y reforma constitucional de los medios? Si lo están, no tienen porqué venirse aquí a rasgar las vestiduras. Si no lo están, usen su mayoría, que para eso sirve.

Estamos en el más dramático de los supuestos: la dilución de la responsabilidad política, y luego vienen a decirle aquí: no te entiendo, en la mañana me das tus caricias y por la tarde me avientas de patadas. Que se acabe el contubernio, que se acabe la falsedad y que nazca una interpretación sensata del presente y una actitud clara ante el porvenir. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja:Con su venia, señor presidente. Señores diputados, señoras diputadas, estamos el día de hoy realizando un debate que nace de los comentarios que realizó el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

Comentarios en los que acusa al Partido Revolucionario Institucional de mentir en relación con el desarrollo que ha tenido el Partido Acción Nacional durante estos años al frente del gobierno de la república.

Seguimos viviendo en esta Cámara de Diputados pugnas, discusiones infructuosas, acusaciones entre un partido y otro que no traen ningún beneficio a la nación.

Efectivamente, el desarrollo del Partido Acción Nacional no ha dado la respuesta a las expectativas de la población. Efectivamente, no ha habido un avance económico y nos encontramos con la realidad de un desempleo que sangra la economía de los mexicanos.

Nos encontramos con un derramamiento de sangre por esta confrontación con el crimen organizado que, a pesar de que ha sido exhortado el gobierno federal a cambiar la estrategia, ha hecho oídos sordos.

Que nosotros, los diputados federales estamos aquí en representación del pueblo y que por medio de nuestra voz hemos emitido la necesidad de un cambio de estrategia con relación a la lucha contra el crimen organizado. Que hemos emitido la necesidad de un cambio en la economía, de un cambio en el rumbo de esta nación.

Pero también es cierto que esta década no es la única que ha traído las consecuencias económicas que vive este país. Que tengamos memoria de que esto viene de 20 años atrás, y que el país se encuentra en una tremenda situación preocupante, que desgraciadamente, compañeros diputados y compañeras diputadas, este país ya no soporta otra década perdida.

Que este país no puede soportar estas políticas en donde hay derramamiento de sangre, desempleo, pobreza, falta de atención, falta de desarrollo y todas las necesidades que tiene la población. Que no hemos respondido a las expectativas. Que el pueblo está esperando día a día un cambio que no se ve, ni se avizora el camino al que debemos conducir a esta nación.

Yo exhorto a la Cámara de Diputados a que colaboremos, que nos hagamos responsables del compromiso legislativo y que participemos de manera frontal en las reformas que requiere este país en materia laboral, fiscal, en materia de seguridad, que realmente logremos la reforma de Estado que requiere esta nación para que estemos a la vanguardia y que podamos dar resultados de un cambio necesario para evitar que vayamos encaminando al país hacia el borde y hacia el colapso de un problema mayúsculo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Kenia López Rabadán:Con su venia, diputado presidente. Primero que nada quisiera decir que es increíble que en esta discusión no haya subido hasta el momento ninguna mujer. En ningún grupo parlamentario reconocen quizá, el talento que sus mujeres pueden tener para venir a debatir sobre los 10 años. Ojalá y las cosas puedan cambiar a lo interno de los grupos parlamentarios, y agradezco, por supuesto, a mi grupo parlamentario por permitirme estar aquí.

Quiero decir que es increíble escuchar a los compañeros del PRD hablando de varios temas, pero el que más me preocupa a mí es el tema de la transparencia. Vienen aquí a tribuna a llenarse la boca hablando sobre la transparencia a nivel federal y no recuerdan el cochinero que tienen hoy en la Asamblea Legislativa en donde, sin lugar a dudas, el mueble gay —que se le ha llamado— ha exhibido la corrupción y la ilegalidad en el órgano legislativo local en el Distrito Federal.

¿Con qué calidad moral, compañeros del PRD? ¿Con qué calidad moral vienen aquí a hablar de transparencia y no saben ejercerla en su ámbito de competencia en donde son mayoría? Sin lugar a dudas por sus hechos son conocidos y cuando ustedes ven la manipulación y la falta de respeto que en el Distrito Federal se le tienen a las fuerzas políticas distintas al PRD, uno se pregunta, ¿por qué piden a nivel federal lo que no saben dar a nivel local? Sin lugar a dudas es algo que tendremos que discutir. No solamente en retrospectiva de estos 10 años, sino en los 10 años que estarán por venir.

Igual a los compañeros del PRI, ¿cómo no venir a reconocer a esta tribuna que hoy por hoy los gobernadores en términos estatales han encontrado un asidero de recursos, de facultades, de competencias que antaño no tenían? ¿Cómo no venir a decir aquí que gracias a estos últimos 10 años hoy, desafortunadamente, muchos de ellos se han convertido en virreyes estatales?

¿Cómo poder venir a acusar aquí, cuando hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo en Oaxaca, con los desvíos de recursos en términos de salud, o las grabaciones que escuchamos del gobernador del estado de Veracruz apoyando a sus candidatos priístas? ¿Cómo no venir aquí a reconocerlo y a decir, evidentemente, que hay muchas cosas que cambiar en el país? ¿Con qué calidad moral, compañeros?

Pero no venimos a esta tribuna a descalificar; porque no es así como se construye el México que queremos, porque no es así como Acción Nacional entiende la política. Venimos a hablar de corresponsabilidad entre todos los grupos parlamentarios. Venimos a hablar de que nos toca a nosotros como legisladores. Venimos a hablar de esas grandes reformas pendientes que hoy por hoy tendríamos que estar discutiendo aquí. ¿Por qué no hablamos de la reforma política? Sí, aquella. Aquella reforma de la que todos hablan y de la que todos a través de algún medio de comunicación han dicho que están de acuerdo, pero que hoy por hoy no se ha resuelto.

¿Por qué no hablamos de la reforma laboral que nos permitirá a todos, empleados y empleadores, tener mejores condiciones de trabajo en este México que tanto se necesita? ¿Por qué no hablamos de esas reformas que sin lugar a dudas son lo que nos toca?

Nos toca hablar de la reforma energética, de la reforma hacendaria, de la reforma educativa. Ésa es nuestra obligación y ése es nuestro campo de definición. Ojalá y dejemos de preocuparnos por lo que sucede a través de cualquiera de los inconvenientes que ustedes han tenido para con el presidente Calderón cuando reconozcan ustedes esos logros, nosotros estaremos en condiciones aquí, de venir a decir: vamos a trabajar en conjunto.

Vamos a trabajar de la mano. Diputadas y diputados, por cierto, ojalá y en verdad, en las próximas discusiones haya más mujeres en esta trinchera. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Serrano, ¿con qué objeto?

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Para seguir participando en el debate. Hay alusiones en el partido.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias diputado, pero justamente está inscrito este debate como un debate por rondas. Tiene la palabra el diputado David Penchyna Grub.

Justo antes de su intervención, saludamos la presencia de los invitados de la Escuela Telesecundaria Oficial No. 368, Fernando Montes de Oca, invitados del diputado Josué Cirino Valdés. De la Escuela  Primaria Isaac Arriaga, invitados del diputado Amador Monroy Estrada. Y, también, invitados del diputado Octavio Germán Olivares, integrantes del Unitec de Atizapán, estado de México, todos ellos están aquí presenciando esta sesión. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Igualmente, jóvenes líderes de la CNOP del estado de Hidalgo, invitados del diputado Omar Fayad Meneses. Gracias.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Nada más, diputado presidente,  para comentarle a mis compañeros del PRD, que qué bueno que son sus aliados, imagínense si no fueran.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Penchyna.

El diputado David Penchyna Grub:Compañeras diputadas y compañeros diputados, señor presidente, con su permiso.

Sólo para precisar a quien me antecedió en el uso de la palabra. Nosotros no venimos a descalificar a nadie. El que se puso a la altura de las descalificaciones el domingo pasado fue el señor presidente de México. El presidente que necesitamos los mexicanos se redujo a un jefe de pandilla o a un presidente de partido, en el mejor de los casos.

Es increíble que a días de haber firmado un acuerdo, que como ejemplo sirve en la construcción de la democracia para tener un fondo de reconstrucción nacional, propuesta que salió de nuestro partido y que culminó en un acto republicano en Los Pinos, ante la encuesta donde lo califica en el más bajo de sus momentos —al señor presidente— el domingo revire con un discurso poco productivo para la nación.

Qué lamentable tener un presidente de esta estatura. Qué lamentable es ocultar en 10 años de falta de imaginación política para plantear políticas públicas acertadas y copiar mal las del pasado, el refugiarse en un discurso espurio y con falta de sentido político en los acuerdos que necesita este país.

Qué lamentable es ver que en los hechos las descalificaciones y el lodazal entre la izquierda y la derecha no se consuma en una práctica democrática en alianzas que no tienen sentido en el rumbo electoral. Qué lamentable es venir con una estrategia mediática, seguir gastando miles de millones de pesos, tratando de ocultar la realidad con un dedo.

No, señores de Acción Nacional, ustedes no han tenido la capacidad de aprender a hacer gobierno en 10 años. No tienen columna vertebral de una política económica acertada que destierre el cáncer de México, que es el desempleo, con una frase, con una tarde descorbatada donde un presidente recordó ser presidente del PAN, porque nunca ha sido presidente de México.

No nos confundamos, la inversión pública ha sido mayor en estos 10 años gracias a esta soberanía. No se confundan. No caigan en la mentira en la que cayó Vicente Fox y en la que hoy está cayendo Felipe Calderón.

La reasignación de recursos a la inversión productiva de este país es de esta soberanía, no del Ejecutivo federal. Lo podemos demostrar con todas y cada una de las iniciativas del Ejecutivo federal, donde le pega a la pobreza, donde le pega al gasto en educación, en agricultura, en comunicaciones y transportes y que aquí, en esta casa soberana, le hemos mejorado la plana al Ejecutivo federal en los últimos 10 años.

El señor presidente de la República se puso al nivel que quiere estar, no al que necesita este país.

Hoy necesitamos trabajar. El PRI ha trabajado por acuerdos, porque no creemos en destruir las instituciones, y no creemos en destruir las instituciones por la convicción de haberlas creado, de haber sido un partido con una formación, después de un movimiento armado, del que nos seguimos sintiendo orgullosos, del gran partido de México.

Que no se confunda nadie, el presidente inició la campaña política del 2012. El jefe de un partido político, porque seguramente hoy carecen de él, como en los hechos se constata: recurrir a alianzas espurias para conquistar el poder sin un sentido ideológico.

Nosotros no vamos a voltearle la cara al pueblo de México. Somos gobierno en los estados porque nos lo hemos ganado en las urnas. Somos mayoría en esta Cámara porque nos la hemos ganado en las urnas. Y todo lo que abone a los acuerdos institucionales por este país, ahí, el Partido Revolucionario Institucional va a estar.

Donde no vamos a estar es en compartir, en tratar a golpe de anuncios mediáticos el cambiar a un país que hoy vive en la desesperanza, con la tasa de desempleo más alta de su historia. Con 32 mil crímenes, que es el trofeo de esta década perdida, de un Estado fallido, que encabeza un presidente que ha querido ser un presidente fallido. Allá él y la historia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En los términos del orden del día, en estos momentos concluimos el debate relativo a la agenda política.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Efectivamente ya es la conclusión del debate, diputado presidente. Como no se permitieron preguntas, a mí me asombra mucho que el diputado Penchyna en la Comisión de Presupuesto le haga la tarea al gobierno usurpador y hoy venga a hacer el discurso que hizo.

No sé si ya es un hombre nuevo...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya terminamos el debate relativo, señor diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Bueno. Pero no quiero dejar pasar, de cualquier manera, que el diputado Penchyna o es esquizofrénico o es un hombre nuevo a partir de hoy.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, pero usted, al intervenir en este momento está justamente desequilibrando los términos del debate. Le suplico sea tomado en cuenta esto para futuras ocasiones.

Hemos concluido el capítulo de agenda política.

En relación con la proposición del Grupo Parlamentario del PRI, en los términos del artículo quinto del acuerdo que rige las discusiones de los dictámenes y el orden del día, me permito notificarle que no es posible desahogar en este proceso y en esta sesión dicha solicitud, pero esta Mesa Directiva instruye que sea considerado como primer punto del capítulo de proposiciones de la próxima sesión, la inmediata. Muchas gracias, señores diputados.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma el artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, diputado federal a la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

1. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en ella se forman los hijos y es la base de toda nación. Por esta razón se protege y se le dan diversas garantías en nuestras leyes, como lo es la que otorga la Constitución, en su artículo 123, fracción XXVIII, reglamentado para su aplicación por el Capítulo Duodécimo del Código Civil Federal, donde se establece lo que constituye el patrimonio familiar y lo declara exceptuado de embargo.

2. Uno de los bienes más importantes de la familia es la vivienda, a la cual se da en la ley mencionada la característica de inembargable, a pesar de esto, el mismo código establece los requerimientos que debe cubrir quien quiere constituir el patrimonio, este trámite se debe cumplir para que los bienes de la familia no sean objeto de embargo.

3. De acuerdo al Código Civil Federal en su artículo 723, “son objeto del patrimonio de la familia:

I. La casa habitación de la familia;

II. En algunos casos, una parcela cultivable”.

4. El artículo 731 del mismo código dicta que el miembro de la familia que quiera constituir el patrimonio, lo manifestará por escrito al juez de su domicilio, designando con tal precisión y de manera que puedan ser inscritos en el registro público, los bienes que van a quedar afectados.

Además, comprobará lo siguiente:

I. Que es mayor de edad o que está emancipado;

II. Que está domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio;

III. La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La comprobación de los vínculos familiares se hará con las copias certificadas de las actas del Registro Civil;

IV. Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio, y que no reportan gravámenes fuera de las servidumbres;

V. Que el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio no excede del fijado en el artículo 730.

5. El artículo 732 especifica que si se llenan las condiciones exigidas en el artículo 731 el juez, previos los trámites que fija el Código Civil, aprobará la constitución del patrimonio de la familia y mandará que se hagan las inscripciones correspondientes en el registro público.

6. A pesar de todos estos lineamientos que se especifican en el Código Civil Federal, en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 952, fracción primera, solo habla del patrimonio familiar sin aclarar que hay una ley respectiva, la cual exige que se constituya legalmente ante el juez el patrimonio de la familia, para que éste sea considerado como tal para los fines de la inembargabilidad.

7. Esta no especificación ocasiona confusión entre los trabajadores, ya que al leer “patrimonio familiar” dan por sentado que su casa y demás bienes que son de la utilidad familiar serán considerados exentos de embargo, por lo cual cuando tienen problemas relativos legales y les aclaran que debieron haber acudido a la autoridad correspondiente, es demasiado tarde y ya no pueden realizar el trámite para proteger sus bienes familiares.

8. Debido a que este conjunto de leyes en el Código Civil Federal fue creado para salvaguardar la casa de una familia, debe especificarse en la Ley Federal del Trabajo que existe un trámite previo a la declaración de patrimonio familiar como tal, para sus efectos jurídicos.

9. La Ley Federal del Trabajo dice en su artículo 952: “quedan únicamente exceptuados de embargo:

I. Los bienes que constituyen el patrimonio familiar”.

Es en esta fracción dónde la presente iniciativa propone hacer una adición, para que especifique que será de acuerdo “a la ley respectiva”, y así evitar confusiones y propiciar que los trabajadores protejan con tiempo el patrimonio de su familia.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único: Se modifica la fracción I del artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 952.

I. Los bienes que constituyen, de conformidad con la ley, el patrimonio de la familia.

De la II. a la VIII. ...

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.— Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, recibimos iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el presente proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 39 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La niñez mexicana es uno los temas fundamentales dentro de la agenda legislativa nacional, pues es necesario que el país cuente con las herramientas jurídicas suficientes y actualizadas para poder hacer valer los derechos de la infancia, así como tratar los temas esenciales para procurar el sano desarrollo de las y los niños de la nación.

Por tal motivo se creó una Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias en la LIX Legislatura y en la actual se instauró la Comisión de la Niñez, las cuales se han dado a la tarea de realizar los estudios necesarios, dentro de sus capacidades, para actualizar y mejorar la legislación nacional, con la finalidad de eliminar o disminuir distintas problemáticas que afectan al futuro de la niñez y juventud mexicana, como son: la explotación infantil, el tráfico de menores, la violencia intrafamiliar, los derechos humanos de la niñez indígena, salud, educación, desarrollo, equidad entre otros.

Dichos problemas nos recuerdan una deuda con la niñez del país, que exige un marco jurídico y una Cámara de Diputados sensible a sus intereses, los cuales son diversos y que en la actualidad no se han visto defendidos con la eficacia necesaria para proveerles un mejor futuro.

Es ineludible generar las condiciones óptimas para que las y los niños mexicanos puedan crecer en un ambiente sano, ya que esa es una condición indispensable para que nuestro país tenga las herramientas necesarias para diseñar un futuro promisorio, donde exista la posibilidad de tener un Estado que se caracterice por su desarrollo económico, seguridad y justicia social.

La existencia de dichas comisiones especiales evidencia la necesidad de que la Cámara de Diputados cuente con un órgano colegiado que trate específicamente los tópicos que incumben al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los niños, pues son complejos y requieren de un trabajo especializado para velar por el interés superior de la infancia que se encuentra contemplado en los 54 artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos facultativos, además de lo estipulado en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es necesario que exista una comisión ordinaria de la niñez, adolescencia y familias para modernizar nuestra legislación en la materia, así como para armonizarla con los distintos instrumentos internacionales que ha ratificado nuestro país y poder elaborar una estrategia para transversalizar éste importante tema en nuestro orden interno.

Una comisión ordinaria de la niñez, adolescencia y familias no sólo coadyuvará a la incorporación de los derechos humanos de la infancia al marco normativo mexicano, sino que posibilitará la realización de eventos de promoción de los mismos, servirá de enlace entre especialistas en la materia y la Cámara de Diputados, emitirá opiniones, recomendaciones y dictámenes acerca de las iniciativas de ley y proposiciones con punto de acuerdo que se presenten sobre temas que atañen a la infancia, la adolescencia y las familias, sensibilizará a las y los diputados al respecto, impulsará la presentación de iniciativas de ley que fortalezcan el marco jurídico mexicano aplicable a la personas menores de edad y las familias, y será un foro permanente en el que se aborden y discutan estos temas.

Por otro lado, es necesaria una comisión específica, pues aunque se relaciona con asuntos de muchas otras, es imperante que exista el espacio legislativo que atienda directamente las problemáticas y situaciones de un sector importante de la población que según las Estadísticas a Propósito del Día del Niño 2008 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alcanza los 31.3 millones de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 14 años.

Por los motivos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea la creación de una comisión ordinaria de la niñez, adolescencia y familias a través de la reforma del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se señala en el presente

Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión Ordinaria de la Niñez, Adolescencia y Familias

Único: Se reforman las fracciones XXXIX y XL y se adiciona la fracción XLI al párrafo segundo del artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ...

I. - XXXVIII. ...

XXXIX. Turismo,

XL. Vivienda, y

XLI. Niñez, Adolescencia y Familias.

3. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.— Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Francisco Saracho Navarro, recibimos iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

Francisco Saracho Navarro, integrante de la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Exposición de Motivos

La difusión de información actualmente produce consecuencias asimilables a las de una pena, decretada incluso antes de resolverse en sentencia definitiva la situación jurídica del procesado, ya que aunque la persona resulte inocente por diversas causas (sobreseimiento, falta de elementos probatorios, pruebas supervenientes, etcétera), ante los ojos de la sociedad ya se encuentra estigmatizada.

El poder de que disponen los grandes medios de comunicación es inmenso; y su capacidad de influir en la sociedad, innegable. Con un simple comentario u opinión respecto a una persona pueden estigmatizarla durante toda su vida. En efecto:

Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones tienen la facultad y el poder de provocar desequilibrios impensados, subrepticios, silenciosos, perversos, destructivos. Podrían catapultar a una persona a la grupa de su poder multiplicador, hasta el cadalso de la muerte civil –y social– en pocos instantes por tan sólo un error o una injusticia. Pero pueden ser portadoras del conocimiento, sabiduría, derecho, justicia, arte, cultura, salud, alivio, comodidad y otros bienestares.

Lo anterior situación se presenta con bastante frecuencia en la sociedad. Aquí deben entrar la ética y el profesionalismo de los periodistas y, en general, de los medios de difusión masiva.

La sociedad y, en particular, el periodismo deben aprender a aceptar que hay límites morales y legales para la información. En todo momento, ante cualquier noticia, para su difusión se tiene que analizar el interés social de ésta por sobre los objetivos comerciales o personales.

El imperativo moral obliga a abstenerse de publicar información no debidamente confirmada, y aun la cierta, hacerla conocer con seriedad y claridad. Por otra parte, la prensa debe aceptar que pueden existir razones de moral, orden público y seguridad... que justifiquen reticencia en la información que brinda el Poder Judicial y que, si se obtuvieran los datos vedados por otra fuente, tampoco puede hacerse conocer, si con ello no se respetan las razones que tuvo en cuenta el tribunal para restringir algunos aspectos de la noticia... límites estos que, indudablemente, deben encontrar su justificación en intereses superiores por tutelar por sobre el derecho a la información.

La Constitución señala en el artículo 20 que el proceso penal se regirá, entre otros, por el principio de publicidad. Esto último debe ser interpretado con los artículos 6o. y 16 constitucionales, de donde puede derivarse que el acceso a la información judicial tiene un doble aspecto, “igual que el derecho a la información en general: es al mismo tiempo un derecho individual y un derecho social. El aspecto social de este derecho se canaliza o desarrolla a través de los medios de comunicación social.

Los medios de comunicación deben cumplir un papel de facilitadores del control ciudadano, tan importante en una democracia. Sin ciudadanos informados sobre las actividades gubernamentales, incluidas las del Poder Judicial, la democracia corre peligro. El poder absoluto, sin observaciones y sin críticas, siempre facilita la corrupción, y precisamente los periodistas contribuyen con su actividad al logro de una sociedad más democrática.

No obstante, la labor periodística muchas veces se empaña cuando prefiere apartarse de su finalidad social para caer en la actividad lucrativa y sensacionalista sin importarle a quién pueda afectarse con esa información.

El punto de tensión es el límite que impone a la actividad periodística el derecho a la vida privada y a la intimidad. “Las diferencias éticas se atenúan si se ejerce un periodismo responsable y autorregulado que, recurriendo a criterios propios de la función informativa, se comprometa a respetar frente a la sociedad los compromisos éticos libremente adquiridos...

”... Los periodistas han desarrollado códigos de ética, en los que señalan los principales lineamientos que deben regir su comportamiento. Algunas organizaciones han agregado a los códigos tribunales de ética, que deben decidir si una actuación determinada transgrede o no las normas de los códigos... Por su parte, los medios de comunicación también han desarrollado instancias de autocontrol ético, como el ombudsman o defensor del lector que hay en algunos medios, especialmente en Estados Unidos, o los consejos de prensa o consejos de ética de la prensa, como el británico, el australiano, los de algunas provincias canadienses, y en América Latina, los de Chile y Perú...”

En el derecho comparado podemos encontrar el caso de Chile, donde hay un consejo de ética de los medios de comunicación, creado en 1992, el cual cuenta permanentemente entre sus miembros con un integrante del Poder Judicial, que se invita a participar a título estrictamente personal; y que ha recibido en más de una ocasión requerimientos para que se pronuncie, emanados de la Corte Suprema de Chile.

Tomando la experiencia chilena, donde se da un recíproco involucramiento de la actividad periodística y la judicial, deben considerarse ciertos criterios:

• En la ética periodística, los dos valores más respetados son la verdad y la lealtad con la fuente informativa.

• El punto de vista que debe regir la actuación del periodista es el “interés público”, noción que está estrechamente relacionada con el aporte que la noticia puede hacer al bien común de la sociedad en un momento determinado.

Algunas líneas de acción implantadas en Chile que pueden adaptarse a la realidad mexicana son éstas:

• Una capacitación conjunta y recíproca de jueces y periodistas en las materias culturales y comunicacionales enunciadas con antelación, especialmente respecto a los mecanismos propios de trabajo de cada sector y de sus lenguajes característicos.

• En Chile, la Academia Judicial mantiene desde hace varios años el curso taller Justicia y medios de comunicación social, que tiene como objetivo proporcionar a los jueces elementos básicos de comunicación, un ámbito de reflexión para entender la importancia de la relación con la empresa, y algunos ejercicios prácticos de presentación ante las cámaras, redacción periodística y análisis de prensa. Cursos como el anterior deberían extenderse tanto a nivel federal como local en México.

• Un diálogo interinstitucional que debe darse entre los jueces y los integrantes del sistema de medios.

• La existencia de oficinas de comunicaciones en los tribunales que asesoren en la formulación de políticas comunicacionales y luego sean responsables de ejecutarlas.

Acorde con lo anterior, la información periodística tiene límites éticos y morales que no pueden rebasarse. “Se considera que debe ser garantía de todo sujeto sometido a proceso, la no divulgación de los hechos delictivos que se le imputan mientras no sea declarado culpable por medio de una sentencia firme, porque el daño moral causado a un sujeto de un hecho que no cometió, difícilmente puede ser resarcido.

El aspecto medular de la defensa de este principio de reserva en materia penal, no sería garantizar la autonomía del juzgador y mantenerlo libre de presiones e influencias a la hora de dictar su resolución, sino la garantía del presunto responsable de no ser estigmatizado socialmente como delincuente mientras no se le declare formalmente culpable por una sentencia que no admita recurso”.

Debo aclarar que el principio de la reserva que establece la ley no es absoluto: es decir. El acuerdo que recaiga para declarar reservada una información deberá estar fundado en la ley y motivado por una razón que señale que el daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocerla”

Finalmente, podemos señalar que con respecto a la actividad de los medios de difusión masiva, no puede coartarse la libertad de expresión e información pero lo que sí puede hacerse es regular la forma en cómo la información es transmitida. Por esta razón, y acorde con todo lo anteriormente expuesto proponemos el establecimiento de una disposición que obligue a radio y televisión a colocar la advertencia de que la persona involucrada en un determinado procedimiento penal no ha sido declarada culpable del mismo y que se encuentra sometida a proceso.

Con la anterior aclaración se logrará preservar el principio de presunción de inocencia de quién resulte involucrado en un procedimiento penal, logrando además un control sobre los medios de difusión para evitar que con la información difundida puedan denigrar el buen nombre y la dignidad de la persona que se ve sometida a proceso.

En cuanto a la sanción por infringir lo establecido en la presente iniciativa ya se encuentra regulado en la fracción XIII del artículo 101 de la Ley Federal de Radio y Televisión, dado que en dicha fracción se prevén hipótesis de conductas sancionables análogas a la que es materia de la propuesta; de ahí que no se requiera realizar modificación o ajuste alguno en cuanto al capítulo de infracciones de la ley.

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se agregan un segundo y tercer párrafos al artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 63.Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.

Todas las estaciones de radio y televisión en las que se difunda información sobre alguna persona sometida a un procedimiento penal estarán obligadas a incorporar la siguiente expresión: “La(s) presente(s) persona(s) se encuentra(n) sujeta(s) a un proceso jurisdiccional, por lo que no puede(n) ser considerada(s) responsable(s) de la comisión de algún delito sino hasta en tanto no exista sentencia definitiva que cause estado. Esta noticia sólo tiene fines de difusión y acorde con el principio de presunción de inocencia, no se inclina a considerar culpable(s) a la(s) persona(s) involucrada(s)”.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Villar González, Alejandra. Obra citada, página 105.

2 Cosentino, Guillermo. “La información judicial es pública, pero contiene datos privados. Cómo enfocar esta dualidad”, en Caballero Juárez, José. El acceso a la información judicial en México: una visión comparada, UNAM, et al., México, 2005, página 250.

3 Rodríguez Villafañe, Miguel. “La transparencia en el Poder Judicial de Argentina”, en Caballero Juárez, José. El acceso a la información judicial en México: una visión comparada, UNAM, et al., México, 2005, páginas 30-31.

4 González Pinto, Miguel. “Acceso a la información judicial y relación con los medios de comunicación”, en Caballero Juárez, José. El acceso a la información judicial en México: una visión comparada, UNAM, et al., México, 2005, página 209.

5 Popkin, Margaret. “La difusión de las sentencias en Estados Unidos”, en Caballero Juárez, José. El acceso a la información judicial en México: una visión comparada, UNAM, et al., México, 2005, página 139.

6 González Pinto, Miguel. Obra citada, página 213.

7 González Pinto, Miguel. Obra citada, página 214.

8 González Pinto, Miguel. Obra citada, página 211-212.

9 Gómez Campos, Luis S. Obra citada, página 154.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 30 de noviembre de 2010.— Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

ARTICULOS 41, 116, 122 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Gastón Luken Garza, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Gastón Luken Garza de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración de esta soberanía una iniciativa de decreto que propone uniformar las fechas para celebrar las jornadas electorales de la federación, con las entidades federativas, a efecto de que exista un día único para elecciones ordinarias.

Lo anterior se promueve con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La democracia es un régimen de gobierno, en donde el pueblo, mediante mayorías, decide quién debe ejercer el poder público. En el caso en que los ciudadanos electores son numerosos, se opta por la modalidad de democracia representativa, es decir se eligen representantes de un cúmulo delimitado de población para decidir en determinados aspectos de materia pública.

El acto esencial para materializar la democracia representativa es a través del voto. Éste implica que el ciudadano elector deberá emitir dentro de una terna, cuál de los ciudadanos candidatos debe ocupar un cargo dentro del servicio público.

Los regímenes democráticos pueden adoptar diferentes formas de ordenar y armonizar la representación, y muy pocas veces ésta se logra mediante un solo criterio representativo. La representación democrática presupone el principio “una persona, un voto”, y ello implica la asignación de representación a los diferentes distritos electorales o subunidades de acuerdo al número de ciudadanos existente en cada uno de ellos, de manera tal que no haya ninguna ponderación en las preferencias.

El significado del voto como acto unipersonal, en el sistema mexicano trasciende a distintas formas de representación, por lo que su importancia es aditamento para el funcionamiento democrático, pues implica el punto central del sistema electoral de la nación. Existen elementos previos y posteriores a la jornada electoral, que resultan esenciales para legitimar el ejercicio del voto.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), señala en el numeral 1 del artículo 209:

1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y este código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

En tanto que el artículo 210 del mismo ordenamiento, establece los tiempos del proceso electoral ordinario, definiendo las siguientes etapas

a. Preparación de la elección;

b. Jornada electoral;

c. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones; y

d. Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo.

Existe una particular importancia en cuanto a la jornada electoral, pues es dicha etapa la que define todo el calendario del proceso electoral.

Por jornada electoral puede entenderse el periodo durante el que transcurre la votación o, dicho de una manera aún más simple, el número total de horas que permanecen abiertos los colegios electorales para recoger el voto de los electores.

Sin embargo, en una concepción más amplia, la justificación de entender por jornada electoral el día completo, es decir, desde las cero horas del día en que se inicia la votación a las cero horas del día siguiente de dicha votación se encuentra en que, precisamente, la votación es un acto complejo que no comprende, con exclusividad, el mero acto de los votantes de introducir sus papeletas en las correspondientes urnas, sino que, por el contrario engloba además una serie de actuaciones, previas y posteriores a la votación, que son fundamentales para que ésta se produzca y que tienen como finalidad esencial salvaguardar la pureza de todo el procedimiento electoral. Así, por ejemplo, como conjunto de actos previos a la votación estaría todo el proceso de constitución de las mesas electorales que han de presidir los comicios y velar por su legalidad, estaría también el acto de precintado de las urnas, a fin de que éstas no puedan ser manipuladas fraudulentamente durante la votación, así como la colocación de las papeletas en lugar visible para los electores en el colegio electoral a fin de que los votantes cuenten, en todo momento, con la posibilidad de tomar la papeleta de la candidatura a la que quieran prestar su voto. Pero, precisamente por la complejidad de la votación, ésta no sólo comprende actos previos a la misma, sino también actos posteriores; así, son actos posteriores a la votación los relativos al escrutinio, es decir, el recuento de los votos obtenidos por cada candidatura y su asignación a los distintos candidatos, según el sistema de representación, mayoritario o proporcional, establecido en la Ley Electoral.

No hay duda de la importancia del voto, ni de la necesidad de la celebración de adecuadas jornadas electorales, sin embargo se debe hacer un análisis semiótico de ello, para poder determinar todos los puntos clave que se deben atender en favor de la optimización de la democracia participativa y el bienestar ciudadano colectivo, específicamente en torno a la materia electoral. Es decir, independientemente de la función pública y la representación, resulta esencial para la credibilidad institucional, seguir perfeccionando las instituciones electorales y los elementos que de éstas se desprenden.

Con el proceso electoral federal que se realizó en México el 2 de julio del 2006, se evidenciaron limitaciones de la ley electoral que se encontraba vigente, como consecuencia, los actores políticos y sociales del país incorporaron dentro de la agenda de la reforma del Estado, lo concerniente a la reforma electoral.

Un aspecto importante que incluyó la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos de los Estados, está relacionado con la homologación del calendario electoral de las entidades federativas.

El 13 de noviembre del 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma al artículo 116 que estableció en el inciso a) de la fracción IV, que las jornadas comiciales de los estados deberán tener lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidieran en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por dicha disposición.

Es decir, se obligó a uniformar las jornadas electorales en día y mes, pero no en año, a aquellos estados que celebraran sus jornadas electorales en año distinto al de las elecciones federales, en tanto que lo estados que tengan sus comicios el mismo año que se celebran las elecciones federales quedarían excluidos del precepto.

La razón de dicha reforma fue homologar las jornadas electorales de los estados, es decir evitar que las elecciones para diputados locales, ayuntamientos y gobernadores se siguieran dando en fechas desfasadas.

Consideramos que es necesario evolucionar en cuanto la efectividad de los procesos electorales locales en relación a los procesos federales. El factor elemental es el calendario electoral del Estado mexicano, referido a los tiempos en que se deberán desarrollar las jornadas electorales para la elección de los distintos funcionarios públicos dentro de los distintos poderes y ámbitos de gobierno sujetos de elección popular.

Ciertamente cuando hablamos de la jornada electoral, debemos contemplar el proceso electoral en su integridad, con los elementos previos como son las precampañas y campañas y los costos monetarios que implican, las afectaciones de los medios de comunicación y difusión que se causa al medio ambiente, el impacto político a la función pública, etcétera.

También se deben considerar los ejercicios posteriores, como son el manejo del conteo de votos, declaraciones de validez, las referentes al ámbito jurisdiccional electoral, etcétera.

Como ya se ha mencionado, encontramos que cada jornada electoral, ya sea de carácter federal o local, conlleva un gasto determinado a costa del erario público, la implementación logística de funcionarios electorales y ciudadanos participantes en los comicios, el despliegue de campañas, etcétera

La propuesta de mérito, consiste en homologar los calendarios electorales de los estados y el Distrito Federal, con el calendario federal, a efecto de que las elecciones para elegir al titular del Ejecutivo de las entidades federativas, sean el mismo día, que se celebra la elección del Ejecutivo federal. De igual manera el día que se celebre dicha jornada electoral, se realizará la elección de senadores y de diputados federales y locales, así como de los integrantes de los ayuntamientos, sin demerito de las jornadas intermedias que se deban celebrar en el caso de los funcionarios públicos cuya duración de su encargo sea diferente a la sexenal.

Lo anterior tiene diversos beneficios integrales como son

• Ahorrar en costo y tiempo para los ciudadanos.

• Evitar un uso excesivo del tiempo oficial en radio y televisión para promover propaganda político-electoral.

• Disminuir la contaminación que se genera derivada de la publicidad electoral.

• Reducir los tiempos de tensión política previos a una elección.

• Permitir una mayor coordinación entre el Instituto Federal Electoral (IFE) y los institutos electorales locales, fortaleciendo funciones como el monitoreo de medios de comunicación, homologando competencias en la regulación de informes de servidores públicos con recursos públicos, etcétera.

• Permitir al electorado tener un panorama integral en cuanto la elección de sus autoridades locales y federales, fortaleciendo el voto razonado.

Algunos expertos suponen que las ventajas asociadas a la homologación de calendarios en los estados se verían reflejadas en un incremento de la participación electoral, una mayor capacidad ciudadana de monitoreo, la reducción de costos en la organización electoral y un mejor ambiente de negociación para los partidos que ocuparían menor tiempo en las contiendas electorales. Dichas ventajas también serían aplicadas a una homologación de los calendarios locales electorales con los de índole federal.

Se debe reconocer que es menester de las entidades federativas, derivado de su autonomía, establecer mediante sus constituciones las reglas generales en materia electoral, sin embargo existen puntos de coincidencia en los que se puede basar un calendario con fechas comunes para las jornadas electorales.

Dicho tópico no es nuevo, ya estados como Tabasco y Chiapas tuvieron fuertes discusiones, tanto de la ciudadanía, como en sus legislaturas, sobre la homologación de su calendario electoral con el calendario federal.

No podemos obviar ciertos elementos propios de cada entidad que generan circunstancias diferentes en los procesos electorales, como en el caso de Coahuila, donde la elección de ayuntamientos se realiza cada 4 años.

En tal sentido, en un respeto absoluto a la autonomía de los estados, se propone una reforma constitucional que modifique

• El artículo 41, para establecer en la norma suprema el día y mes en que se deberá realizar la elección del presidente de la República y del Congreso de la Unión, independientemente del año en que corresponda. Dicha disposición, actualmente se encuentra exclusivamente en el Cofipe.

• El inciso a) de la fracción IV del artículo 116, disponiendo expresamente que en el año que se celebren elecciones para renovar el Poder Ejecutivo federal, se deberán celebrar también las elecciones de los gobernadores de los estados. Toda vez que el artículo ya dispone que las elecciones locales deban ser en el mismo día, mes y año, también se elimina la disposición que exceptuaba a los estados que celebraban sus comicios el mismo año que las elecciones federales.

• La fracción primera de la base segunda del inciso C) del artículo 122, para que el jefe de gobierno del Distrito Federal, también sea electo en la misma fecha de la jornada electoral presidencial.

Finalmente se plantea que a efecto de dejar salvaguardados los derechos de los gobernadores electos, previo al inicio de vigencia de la presente reforma y de las adecuaciones constitucionales y legales de los estados y legales en el caso del Distrito Federal, se estipule dentro de los artículos transitorios, que será el primer domingo de julio del 2018, las elecciones simultáneas de presidente de la República, Congreso de la Unión, gobernadores, jefe de gobierno y en su caso de ayuntamientos y legisladores locales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Por el que se reforman los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 41, el inciso a) de la fracción IV del artículo 116 y la fracción primera de la base segunda del inciso C) del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 41. ...

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, el primer domingo de julio del año que corresponda, conforme a las siguientes bases:

I. a VI. ...

Artículo 116. ...

...

I. a III. ...

IV. Las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. En el año que se celebren elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo federal, se deberán celebrar también las elecciones de los gobernadores de los estados.

b) a n) ...

V. a VII. ...

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A. a B. ...

C. ...

Base Primera....

Base Segunda. Respecto al jefe de gobierno del Distrito Federal:

I. Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral, celebrándose el primer domingo de julio del año en que se celebren elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo federal.

...

...

II. ...

Base Tercera. a Base Quinta. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas deberán hacer las reformas constitucionales y legales que permitan homologar la elección del gobernador del estado a la elección del presidente de la República, a efecto de que a partir del primer domingo de julio del 2018, se celebren simultáneamente.

Tercero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá hacer las reformas legales que permitan homologar la elección del jefe de gobierno a la elección del presidente de la República, a efecto de que a partir del primer domingo de julio del 2018, se celebren simultáneamente.

Notas:

1. Reynoso Diego, Votos Ponderados, Ed. Porrúa, México, 2004.

2. Gutiérrez Casillas Ignacio, La Jornada Electoral, publicaciones Abella, Madrid, 1999.

3. Reyes Tepach M. La homologación de los calendarios electorales en las Entidades Federativas de México en los términos de la reforma al artículo 116 constitucional, Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados. 2007.

4. López Lara, Álvaro F. y Reyes Ramo, María Eugenia. La disputa por la homologación de los procesos electorales en Chiapas. Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos [en línea] 2008, Vol. VI [citado 2010-10-29].

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.— Diputado Gastón Luken Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del propio diputado Gastón Luken Garza, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gastón Luken Garza, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se dota de mayor autonomía al Instituto Federal Electoral, mediante la exclusión de la participación del Poder Legislativo en su Consejo General, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La actual dinámica del proceso político en el país, caracterizada por un ejercicio cada vez más amplio de los derechos políticos, por una participación más activa de los ciudadanos en los procesos electorales, por una expresión más clara de las corrientes ideológicas y por una presencia más vigorosa de los partidos políticos, reclama definiciones políticas fundamentales en la formación de los órganos encargados de organizar los procesos electorales.

Ante la proximidad de un proceso electoral federal reñido como pocas veces, sin duda es de interés de los ciudadanos, de los partidos políticos y de los órganos del Estado impulsar reformas orientadas a ampliar la vida democrática y fortalecer la funcionalidad y credibilidad de los organismos electorales.

Los mexicanos estamos dispuestos a convivir en paz y armonía, sujetos al imperio del derecho apoyado en la fortaleza de las instituciones.

En materia de autoridad electoral, el sistema mexicano ha vivido una larga evolución desde los tiempos en que no había ningún órgano centralizado a escala federal para la preparar, vigilar y desarrollar los comicios, situación que privó desde el inicio de la vigencia de la Constitución de 1917 hasta la Ley Electoral del 7 de enero de 1946, que creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Este órgano cambió a través de las distintas legislaciones electorales. Su diseño original se basaba en la coparticipación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Derivado de un proceso electoral reñido en 1988, que incluso en la opinión pública se mantuvo la duda sobre la legitimidad del triunfo del candidato priista a la Presidencia de la República, se promovió una nueva reforma política, en la que se encontraba la modificación del órgano encargado de actuar como autoridad electoral.

En la reforma constitucional del 6 de abril de 1990 se creó un órgano para realizar dicha función. Esta nueva autoridad en materia de elecciones federales gozaría de autonomía y tendría al frente un cuerpo colegiado que conservaba la intervención gubernamental y la representación de los partidos pero, y para evitar desequilibrios, se introdujeron los llamados consejeros magistrados. Estos funcionarios deberían ser totalmente independientes de los partidos, a fin de garantizar imparcialidad en la toma de decisiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral del que habrían de formar parte en número de seis.

Una vez concluido el proceso electoral de 1991, continuó el reclamo por ampliar las garantías de imparcialidad en el órgano supremo del IFE y en la reforma constitucional de 19 de abril de 1994, se introdujo la figura de los “consejeros ciudadanos” para formar parte del Consejo General de dicho instituto. Los consejeros ciudadanos vendrían a sustituir a los antiguos consejeros magistrados. Estos consejeros serían designados por la Cámara de Diputados mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes y a propuesta de los grupos parlamentarios. Con motivo de esta reforma se debatió intensamente acerca de la pertinencia de que permaneciera como presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral el secretario de Gobernación con el carácter de representante del Poder Ejecutivo, que no obstante diversos argumentos en contra subsistió el secretario de Gobernación como presidente del Consejo General del IFE.

Así, se había sostenido por diversos actores políticos que la autonomía del IFE debería fundarse en la ausencia de representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, particularmente en la no intervención del Poder Ejecutivo a través del secretario de Gobernación.

Al término del proceso electoral de 1994 hubo diversos reclamos respecto del desarrollo y conclusión del mismo, cobrando vigor la insistencia de crear condiciones de plena autonomía para el órgano responsable de la organización de las elecciones, mediante la exclusión de la representación del Poder Ejecutivo e incluso se cuestionó también la presencia de los representantes del Poder Legislativo.

Lo anterior derivó que en 1996 se modificara la Constitución e introdujera mayor autonomía del Instituto Federal Electoral al eliminar la intervención del Poder Ejecutivo, si bien aún permanecía el Poder Legislativo.

De esa manera, el texto constitucional que formó parte de la iniciativa suscrita por todos los partidos políticos con miembros en las cámaras y el presidente de la República incorporó en el artículo 41 constitucional el nombre del Instituto Federal Electoral como el del organismo público autónomo encargado de la función estatal de organizar las elecciones federales. Se reiteró, como ya refería el texto anterior, que dicho organismo está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.

Asimismo, se estableció que el Instituto Federal electoral será autoridad en la materia y se añadió su carácter de independiente en sus decisiones y en su funcionamiento. Para lograr esto se plantearon cambios en la integración del Consejo General del IFE.

En la Constitución se menciona por primera vez este órgano supremo del Instituto Federal Electoral, el cual quedará integrado por un consejero presidente y ocho consejeros electorales, los únicos que tienen voto en dicho organismo. El consejero presidente sustituye al anterior presidente del consejo que lo era el representante del Ejecutivo federal, cargo que correspondía al secretario de Gobernación. En lugar de los seis consejeros ciudadanos introducidos en la reforma de 1994, habrá nueve consejeros independientes y ajenos a la actividad partidista.

Un aspecto destacable y que motiva la presente iniciativa es que la participación del Poder Legislativo se mantuvo dentro de la estructura del IFE, pero en realidad perdiendo cualquier representación y participación institucional, como órgano del Estado.

Justamente, tenemos que los representantes de dicho poder no son tales, sino que se convierten en comisionados de los propios partidos por la vía de los grupos parlamentarios. Lo anterior, derivado de la redacción del artículo 41, fracción V, párrafo octavo, que dispone: “Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras”.

Esta fórmula cuya redacción es un tanto confusa en el texto constitucional, borra en buena medida la separación de las cámaras como integrantes del Poder Legislativo y remite en última instancia la decisión de la representación de dicho poder a los grupos parlamentarios y en consecuencia a las directivas de los partidos políticos.

La solución que se dio al problema de cómo podrían las Cámaras, como órganos del Congreso de la Unión, tomar las decisiones correspondientes y vincularlas a la voluntad de las directivas partidistas fue de naturaleza pragmática. Se dejó la facultad de decidir a la Cámara de Diputados acerca de quiénes representarían al Poder Legislativo a propuesta de los grupos parlamentarios.

La mecánica prevista abre la puerta de un número variable de representantes del Poder Legislativo tantos como grupos parlamentarios haya en las Cámaras pero consideradas en su conjunto.

El Poder Legislativo carece de representación real e institucional ante el Consejo General del IFE, y la fórmula establecida en la Constitución es en realidad mero mecanismo formal para acreditar representes de partidos políticos con voz pero sin voto. Estas organizaciones políticas ya tienen intervención y participación a través de miembros del Consejo General que son acreditados por ellas, como señala el código político.

Lo anterior genera duplicación de representación de los partidos políticos, que es innecesaria e incluso debilita la institucionalidad del Poder Legislativo y la credibilidad del Instituto Federal Electoral. Las razones anteriores son suficientes para proponer ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y derogan diversos párrafos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y segundo y se deroga el párrafo octavo de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 41. ..

...

I. a IV. ...

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una contraloría general tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

...............

(Derogado)

............

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que esté en desarrollo un proceso electoral federal, en cuyo caso entrará en vigor una vez concluido éste.

Segundo.El Congreso de la Unión dispondrá de un plazo de 180 días, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para llevar a cabo las modificaciones legales respectivas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.— Diputado Gastón Luken Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, diputado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La salud es ámbito primordial de una sociedad igualitaria, ya que esta se manifiesta en una vida sana de mejor calidad.

El régimen jurídico de la protección de la salud en México ha tenido siempre un lugar preponderante en la discusión académica y legislativa; sin embargo, recientemente ha tomado una gran importancia debido, por un lado, a que constituye la respuesta a una necesidad fundamental del individuo y, por otro, a la enorme complejidad que reviste tanto en los aspectos económicos, técnicos, asistenciales, jurídicos y humanos.

En materia de salud, día a día nos encontramos con problemas nuevos que afectan la salud de los mexicanos, un ejemplo de ellos son los llamados “productos milagro”, debido a que la mayoría de estos productos se identifican por engrosar, en su publicidad, una o varias propiedades terapéuticas, preventivas, rehabilitadoras, curativas o simplemente revitalizantes.

Actualmente, en el país la oferta de estos productos ha sido cada vez más frecuente y se ha llevado sin control, a pesar de que su enfoque sea para cuestiones importantes y delicadas de salud, como el sobrepeso y la obesidad, así como para el desempeño diario de la población como lo son las bebidas energizantes.

Es preocupante, que por lagunas en nuestra legislación, estos productos obtengan su registro ante la autoridad sanitaria, la mayoría de los casos como suplementos alimenticios, por lo que no tienen que someterse los ordenamientos jurídicos existentes de vigilancia, como los que tienen los medicamentos, además de que estos no cuentan con el respaldo serio de investigación científica que califique su efectividad así como sobre sus efectos secundarios, dosis ni contraindicaciones.

Hoy en día existen cerca de diez mil medicamentos registrados y cerca de 25 mil suplementos alimenticios, muchos de los cuales se anuncian como productos milagro.

Con relación a lo anterior, los suplementos alimenticios están constituidos por uno o varios nutrientes, los cuales se adicionan a la dieta para corregir o prevenir deficiencias de vitaminas, minerales y proteínas, ayudar en la recuperación del paciente que sufre alguna enfermedad o ha sido sometido a intervención quirúrgica, así como para mejorar el estado general de salud.

Sin embargo, algunos de estos productos son elaborados a base de plantas, sustancias o nutrientes de origen natural o sintético, quesuplen alguno de sus componentes o  sobrepasan los niveles que solicitan nuestras instituciones sanitarias y que además no se les puede atribuir propiedades farmacológicas o fines terapéuticos.

Estos productos logran expandirse por medio de publicidad engañosa la cual representa un grave riesgo sanitario, lo que provoca por un lado que las personas abandonen tratamientos médicos certificados que pueden enmascarar síntomas que permitan la detección de un problema de salud mayor, o también provoquen un daño futuro por el consumo de productos en exceso o que son mezclados con otras sustancias.

Su presentación puede variar, desde pastillas, soluciones, geles, cremas, parches, inyecciones o jabones, hasta bebidas; estas últimas siendo consumidas en gran medida por un grupo vulnerable como son niños y jóvenes, que lo agravan más al combinarlas con alcohol.

En tenor de lo anterior, las bebidas adicionadas con cafeína, son un ejemplo de estos productos dañinos a la salud, debido a que producen diversos estímulos, que desde hace más de una década han salido al mercado mundial ofreciendo al consumidor supuestas virtudes regeneradoras de la fatiga y el agotamiento, además de aumentar la habilidad mental y desintoxicar el cuerpo.

No obstante, diversos estudios demuestran que supuestas virtudes son completamente falsas, debido a que al tomar estas bebidas no incrementan el desempeño físico, escolar o laboral y tampoco eliminan la necesidad de dormir, sólo reducen la sensación de cansancio.

Es importante hacer mención que parte de la sensación de “supuesto” bienestar que producen estas bebidas, es a causa de un efecto energético producido por la acción de sustancias psicoactivas, principalmente por cafeína, la cual es un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central, inhibiendo, en diferentes grados, los neurotransmisores encargados de transmitir las sensaciones de cansancio sueño, etcétera y aumentando niveles extracelulares de los neurotransmisores noradrenilina y dopamina en la corteza pre frontal del cerebro, lo que explica buena parte de sus efectos “favorables sobre la concentración”.

A pesar de la difusión y alerta a la población sobre los diversos daños a la salud que provoca el consumo de estas bebidas, últimamente ha crecido la demanda entre personas de todas las edades, siendo más populares principalmente entre niños de 11 a 16 años y jóvenes de 20 a 25 años, los cuales consumen esta bebida por diversas justificaciones, ya sean físicas, escolares o laborales, sin tomar en cuenta el riesgo lo que esto conlleva, por ejemplo, síntomas de desorientación, excitación, taquicardia, e incluso intoxicación, por la ingesta excesiva de este producto, haciendo caso omiso e ignoran lo que puede a llegar a pasar cuando estas bebidas son mezcladas con bebidas alcohólicas, debido a que tiene efectos nocivos sobre el organismo, como el daño que genera en el hígado a causa de las secuelas del alcohol sobre este y la presencia de glucuronolactona.

Es cierto que este tema es controversial, sin embargo no debemos pasar por alto que este tema comienza a tener un impacto en la salud de la población, es por ello que como legisladores tenemos el compromiso de trabajar por un mayor bienestar de la población mediante la creación de acciones que tutelen la protección de la salud de una forma preventiva.

Proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en Materia de Suplementos Alimenticios

Artículo Único.Se reforma y adiciona el artículo 215, Se adicionan los artículos 215 Bis, 215 Ter, 215 Quáter; se adiciona el artículo 421, para quedar como sigue:

Artículo 215. ...

I a IV. ...

V.Suplementos alimenticios: Productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes y no se les podrá atribuir propiedades farmacológicas o fines terapéuticos.

VI. Bebidas adicionadas con cafeína: Bebidas no alcohólicas que son elaboradas por la disolución en agua para consumo humano, de ingredientes opcionales, con un contenido de cafeína mayor a 20 miligramos y hasta 33 miligramos de cafeína por 100 mililitros de producto.

Artículo 215 Bis. Las bebidas adicionadas con cafeína, no podrán ser adicionadas con vitaminas ni minerales, ni ser comercializadas en presentaciones mayores a 250 mililitros.

Artículo 215 Ter. El etiquetado de las bebidas adicionadas con cafeína, deberá incluir, además de los requisitos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, las siguientes leyendas:

No consumir más de 500 mililitros al día

No se recomienda su consumo por niños menores de 12 años

No se recomienda su consumo por personas sensibles a la cafeína

No mezclar o consumir junto con bebidas alcohólicas

Artículo 215 Quater. Queda prohibida la venta de bebidas adicionadas con cafeína mezcladas con bebidas alcohólicas.

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 215 Bis, 215 Ter, 215 Quáter, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338 último párrafo, 342, 348 primer párrafo, 350 Bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta ley.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.— Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Juan Carlos Natale López, se recibió proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Juan Carlos Natale López, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55  y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La provisión de inversión de infraestructura y proyectos productivos son un factor importante para el crecimiento económico y de las cadenas productivas, así lo registran todos los modelos económicos dedicados a este tema. Esto se puede atribuir principalmente a que la inversión determina en buena parte el dinamismo de la economía al incrementar el acervo de la infraestructura física y de inversión social productiva, que permite a su vez, aumentar la competitividad del país y, por tanto, el potencial de crecimiento económico y de desarrollo de mediano y largo plazos.

Tan sólo la inversión en infraestructura física es sumamente importante para poder mantener y aumentar el empleo de la mano de obra, respondiendo así, al crecimiento que la población económicamente activa requiere más aun en tiempos difíciles en materia de empleo.

Por otro lado, la inversión social productiva dirigida a especialmente a los sectores agropecuarios, posibilitan en gran medida un nivel de producción rentable para quienes se dedican a estas actividades de producción y comercio.

Sin embargo,  debe señalarse que en México existe un gran déficit de inversiones en proyectos de infraestructura y de programas productivos, ya que, de acuerdo con distintas estimaciones realizadas por organismos internacionales como por instituciones académicas, los sectores relacionados con infraestructura y de apoyo productivo especialmente al campo, requieren inversiones anuales de entre 3.5 y 7 por ciento del producto interno bruto (PIB) para mantener niveles de crecimiento adecuados. Esto sin tomar en consideración que dentro de estas inversiones se deben incluir la conservación y mantenimiento de la infraestructura ya existente y la consecución de programas productivos subsidiados o, en su caso, financiados.

No obstante la importancia del gasto público destinado a estos rubros para el crecimiento en la presente década, en diversos proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) normalmente el Ejecutivo federal ha planteado montos de inversiones muy por debajo de lo que la Cámara de Diputados aprueba finalmente para su ejecución en el año fiscal correspondiente. Aunado a ello, una parte considerable de las dependencias gubernamentales han registrado gastos no ejercidos en prácticamente todos los años precisamente estos rubros de egresos.

En este sentido, la iniciativa materia de nuestra propuesta, se enmarca a un hecho indudablemente prioritario para este Congreso y para diversos sectores sociales una vez que, trata corregir una falla del proceso de ejercicio y control del gasto público a través de los llamados subejercicios presupuestales a los que reiteradamente viene incurriendo el gobierno federal a través de sus ejecutores del gasto.

En efecto, hasta la fecha hemos sido testigos de cómo la actual administración federal ha eludido por casi cuatro años su responsabilidad por eficientar la correcta y oportuna aplicación de los recursos presupuestarios que la Cámara de Diputados aprueba año tras año como parte de su función esencial al ser una facultad exclusiva que posibilita el equilibrio y control entre poderes.

Sin embargo, lo peor aún es que a veces se ha incurrido en este tipo de actos de subejercer los recursos con el justificativo legal y la discrecionalidad que otorgan los cargos públicos en el hecho de que se ha venido argumentando a este Congreso, de que los subejercicios responden muchas veces a lo “inevitable” que resulta hacer adecuaciones o ajustes al gasto público cuando en realidad no se demuestran los elementos necesarios para hacerlo.

Antecedentes

Han sido extensas y objetivas las propuestas de reformas y adiciones por parte de diversos legisladores –principalmente de esta legislatura–  por adecuar y corregir esta debilidad de nuestro entramado institucional en materia de eficiencia del gasto, por ejemplo, entre las propuestas legislativas destaca la presentada por el diputado Jesús Alberto Cano Vélez, en nombre propio y de diversos diputados del Grupo Parlamentario del PRI, el 20 de octubre de 2009,  turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados.

Posteriormente, los diputados Francisco Rojas Gutiérrez, Luis Videgaray Caso y Silvio Lagos Galindo, todos ellos del PRI, presentaron el pasado 26 de abril del presente año una excelsa iniciativa de gran calado, en la cual se trata de aprovechar diversas áreas de oportunidad para corregir, controlar, transparentar  y eficientar el gasto público desde su presupuestación hasta su ejecución; dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Asimismo, destacan las iniciativas que en tiempos diferentes presentaron al pleno de la Cámara de Diputados las legisladoras del PRI: Janet González Tostado, Graciela Ortiz González y María del Carmen Izaguirre Francos; los pasados 18 de marzo, 20 de abril y 6 de octubre de este año, respectivamente, y que en esencia buscan modificar las Leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con los propósitos de facultar a la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación para investigar y sancionar los actos injustificados que generen subejercicios presupuestales;  conformar fideicomisos con recursos provenientes de los subejercicios y remanentes después de haber concluido el ejercicio fiscal correspondiente, así como considerar como grave a la conducta en que llegasen a incurrir los servidores públicos que generen de manera deliberada o injustificada subejercicios presupuestales, entre otros aspectos no menos importantes.

Implicaciones históricas de los subejercicios

En cuanto al diagnóstico del gasto público de los últimos cuatro años, todos coincidimos en lo mismo, se ha gastado con insuficiencia en los rubros prioritarios como lo son en inversión de capital y productiva y de lo poco que se invierte en estos, se gasta con muy mala calidad y de manera inoportuna.

Tan sólo en el periodo de 2007 a 2009, el gobierno federal dejó de ejercer en ciertos periodos de cada ejercicio correspondiente y con base a las disponibilidades presupuestarias, confrontadas con el calendario del presupuesto, un total de recursos de poco más de 100 mil millones de pesos, de los cuales, 70 por ciento fue subsanado conforme a ley, y el resto fue reasignado a diversos rubros desvirtuando con ello el destino del gasto para lo cual fue aprobado.

El caso más excepcional es el que registra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que dejó sin ejecutar el año pasado 159 obras con un valor de 14 mil 418.5 millones de pesos, lo que representó una tercera parte de lo autorizado para ejercer en ese periodo.

En efecto, el 2009 y durante la mayor crisis económica y de desempleo de la década, la dependencia no realizó los proyectos que en buena medida hubieran contribuido a evitar la caída tan pronunciada del producto interno bruto (PIB).

En el año que más se necesitaba la construcción de un volumen mayor de obras para aumentar el empleo en las distintas regiones del país, la SCT fue quien  ejerció el menor monto de recursos autorizados, y así se ha evidenciado desde el año 2005 a la fecha donde los mayores pendientes tiene que ver con caminos rurales y carreteras alimentadoras, rubro donde se dejó de aplicar en 2009 una inversión de 6 mil 700 millones de pesos; con respecto a lo no ejercido en autopistas y carreteras federales el año pasado sumó un total de 4 mil 358 millones de pesos, mientras que por puertos el monto ascendió a mil 676.6 millones.

Siendo los estados más afectados de acuerdo a los valores de los proyectos que no se ejecutaron: Veracruz, Colima y Durango, entidades que tuvieron reducciones que oscilaron entre 495 y 560 millones de pesos.

En lo que toca a 2010, en los primeros seis meses los subejercicios presupuestales acumulados según el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, correspondiente al segundo trimestre de 2010, ascendieron a 9 mil 126.6 millones de pesos sin considerar los montos totales previstos en el Presupuesto de Egresos.

Sin embargo, cifras dadas a conocer por órganos de seguimiento al gasto público, estiman que las dependencias que ejercen presupuesto para la creación de infraestructura registraron un subejercicio de 24.2 por ciento en los primeros siete meses del año, es decir, de enero a agosto se registró un rezago de 58 mil 815 millones de pesos.

El informe elaborado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) detalla que hasta el séptimo mes del año la inversión pública en infraestructura ascendió a 184 mil 460 millones de pesos, cuando la cifra optima debía ser de 243 mil 275 millones de pesos.

Asimismo, detalla que el avance mostrado por el ejercicio del gasto en inversión física de las 16 principales dependencias del gobierno federal fue de 44.2 por ciento; en el que destacan la Secretaría de Turismo con 85.2 por ciento, seguida de Pemex que registró 50.2 por ciento de avance. La Conagua y la Secretaría de Seguridad Pública, por su parte, son las instituciones federales más rezagadas con 24.6 y 25.1 por ciento de avance, respectivamente, en cuanto inversión física presupuestaria se refiere.

Este aspecto, conjuntamente con ciertas modificaciones y nuevas reglas de operación para la aplicación de programas y fondos de inversión de capital, ha influido de manera determinante en la transferencia y aplicación de recursos a estados y municipios destacando los Fondos Metropolitano, Regional, de Seguridad Pública a Municipios, del programa especial concurrente y los que tienen que ver con obras del rubro hidráulico, implicando, en la mayoría de los casos, retrasos en los convenios pari passu con los gobiernos subnacionales y la dilación de los recursos para la realización de obras y acciones sociales resultando en el peor de los casos, la perdida de los recursos por la excesiva rigidez de la normativa.

Si bien el Ejecutivo federal propone la forma en que habrán de utilizarse los ingresos públicos captados en cada ejercicio fiscal, también es cierto que el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, es quien decide cómo se asignarán los recursos públicos de conformidad con el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado. Dentro de este marco, el gasto programable destinado a la inversión pública es uno de los puntos más relevantes en las discusiones del PEF, ya que este tipo de erogaciones son las que definen de forma clara la política económica de largo plazo que se quiera promover.

Tal y como lo hemos referido anteriormente, han sido cuantiosas y variadas las propuestas de diversos legisladores en el sentido de reformar el vigente marco jurídico para regular con mucha mayor precisión y alcance todo lo que implica el componente del subejercicio en los presupuestos, así como lo conducente a las conductas de los servidores públicos que incumplan por acción u omisión, en el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos y en el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, entidades, unidades responsables y programas contenidos en los decretos de Presupuesto.

Sin embargo, también es cierto que de manera contestataria ha habido voces principalmente de las áreas gubernamental, que se empeñan en defender y promover el manejo del gasto público en términos de subejercicio antes que de sobreejercicio, más por cuestiones de experiencias históricas que por eficiencia y eficacia tal como lo disponen actualmente las normas presupuestarias.

Tan sólo el artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria asume que los sujetos obligados a cumplir sus disposiciones deberán observar que la administración  de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas y equidad de género. Sin embargo, y a pesar de que ha habido esfuerzos por regular todo lo concerniente a la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, aun existen áreas de opacidad y de discrecionalidad que demeritan y obstruyen el cabal cumplimiento de las normas y principios preexistentes. De tal suerte que es oportunamente necesario, la creación de nuevas disposiciones que normen y regulen de manera preventiva y correctiva la aplicación de los recursos públicos conforme a la planeación presupuestaria aprobada por el Legislativo federal.

Es un error pensar que los subejercicios dan pauta a mejores ahorros, a un mejor gasto y de que representa un medio eficaz para inhibir el derroche. Las implicaciones negativas que conlleva no ejercer los recursos disponibles y presupuestados son de gran envergadura para impedir el crecimiento y desarrollo de las regiones,  estados y municipios y que en conjunto perjudica al país entero.

Dilatar la aplicación de los recursos por cuestiones burocráticas deriva en asumir a la función pública como una condición de disputa por el control político del erario público de manera deliberada y sin los cuidados que infieren las más mínimas justificaciones, cuando debiera servir a los gobernados por encima de cualquier inclinación político-partidista puesto que la comprobación de cualquier conducta deliberada ó injustificada puede dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas o, en su caso, a denuncias penales que agrava la condición de cualquier servidor público.

En consecuencia, considero pertinente abonar al debate y al cúmulo de propuestas legislativas para incidir en una reforma real que corrija la inercia y los excesos en que algunos servidores públicos han incurrido principalmente en la inaplicación de los recursos públicos –al grado de no corresponder ni siquiera a comprometerlos–  cuando prevalecen las evidencias de que sí existen las disponibilidades presupuestarias para la realización de obras y programas.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforman los artículos 3, párrafo segundo; el artículo 4, párrafos primero y segundo; el artículo 23, párrafos primero, octavo y noveno; y el artículo 114, fracción IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 3. ...

Los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo dispuesto en esta ley y el reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales correspondientes.

...

Artículo 4. El gasto público federal comprende las erogaciones que resulten con base al calendario de presupuesto correspondiente, por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera, así como la responsabilidad patrimonial que realizan los siguientes ejecutores de gasto:

I. ...

...

VIII. ...

Los ejecutores de gasto antes mencionados, así como los servidores públicos responsables de ejercer el presupuesto anual autorizado están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos siendo sujetos de responsabilidad patrimonial y administrativa por el subejercicio de los recursos programados, y por el incumplimiento de metas contenidas en los planes y programas presupuestados, con o sin compromiso formal de ejecución, en los términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables.

...

...

...

Artículo 23. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad,  siendo sujetos de responsabilidad patrimonial y administrativa los servidores públicos responsables de ejercer el presupuesto anual autorizado  por el subejercicio de los recursos programados, y por el incumplimiento de metas contenidas en los planes y programas presupuestados, con o sin compromiso formal de ejecución,  en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de éstas.

...

...

...

...

...

La secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios no autorizados por la presente Ley.

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán oportunamente sancionarse patrimonial y administrativamente, en caso contrario, se dará parte a la Secretaría de la Función Pública para que se instruya el procedimiento administrativo inmediato en contra del  servidor público responsable, y se dé parte a las autoridades competentes, por el incumplimiento a la ejecución de programas sociales y de infraestructura autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, ocasionándole con dicha omisión un daño  patrimonial al país.

La secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.

Artículo 114. Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

I. y II. ...

IX. Realicen acciones u omisiones directamente imputables al servidor público que generen subejercicios e incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos; y

X. ...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 7, fracción VIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 7. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I. a VII. ...

VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, su calendarización, metas contenidas y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del distrito federal.

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos.

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. ...

II. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia con base en el calendario correspondiente y cumplir las metas contenidas en los planes y programas propios de su despacho, así como la observancia de las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos;

III. a XIII. ...

XXIV. Abstenerse de realizar acciones u omisiones que generen subejercicios e incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos; y

XXV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

...

Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en las siguientes:

I. a V. ...

....

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, genere un subejercicio directamente imputable a un servidor público o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 217, fracción III, del Código Penal Federal.

Articulo 217. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:

I. y II. ...

III. El servidor público que, teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas una aplicación publica distinta de aquella a que estuvieren destinados, hiciere un pago ilegal o genere un subejercicio que le sea directamente imputable. Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo federal cuenta con un plazo de sesenta días a partir del presente decreto para realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 30 de noviembre de 2010.— Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Justicia.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Rafael Pacchiano Alamán, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Rafael Pacchiano Alamán, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 16, 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la vida privada, es decir, el respeto de cada ser humano en todo lo que concierne a su familia, su domicilio, sus posesiones, sus papeles, su intimidad, su dignidad y su honra y reputación, constituye, en nuestro tiempos, un bien jurídico internacional y un patrimonio legal de todas las naciones que regulan la conducta de los ciudadanos con los principios propios de un estado de derecho que tutela las garantías fundamentales y asegura el imperio de la ley. El paradigma jurídico moderno establece que toda persona dispone de la protección de la ley contra cualquier ataque o injerencia que vulnere y quebrante los derechos fundamentales.

En su origen, el derecho a la vida privada hunde sus raíces hasta la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada en 1789 por la Asamblea Constituyente francesa. Ciento cincuenta y nueve años más tarde, alcanza dimensión mundial con el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948 y perfecciona sus alcances jurídicos y su fuerza ejecutiva con el artículo 17 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos aprobado por la Asamblea General del organismo. En el ámbito hemisférico, el “Pacto de San José”, esto es, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, ratificó y precisó en su artículo 11 estas disposiciones en la jurisdicción regional. Posteriormente, frente a las denuncias planetarias sobre tráfico de menores, prostitución infantil, pornografía y redes internacionales de pederastas, la Convención sobre Derechos del Niño de 1989 refrendó, en el artículo 16, la vigencia y la tutela de los derechos que protegen la vida privada de los infantes.

La defensa de la vida privada y de las comunicaciones entre personas se ha transformado en un agudo problema de las sociedades modernas. En éste fenómeno intervienen dos factores. Por un lado, el enriquecimiento del catálogo de derechos humanos, una ampliación que ha revitalizado múltiples acciones contra todas las formas de discriminación y, concomitantemente, el nuevo grado de madurez alcanzado por los ciudadanos, cada vez más conscientes, más participativos y más dueños de una cultura legal.

Por el otro lado, el impacto social de la revolución tecnológica en la comunicación, tanto en los medios masivos (televisión, radio, Internet, espectáculos, eventos oficiales y de entretenimiento a distancia y con transmisión simultánea, etc.), como en los medios individuales y mixtos. Se trata, en términos generales, de la computadora personal –de gabinete o portátil– de la telefonía celular, de equipos individuales de sonido y tabletas (iPad y otras), todos ellos, aparatos que, con el acceso a la Internet, crearon las premisas objetivas para el crecimiento exponencial de las redes sociales, auténticos circuitos de comunicación colectiva que hoy compiten con la radio y la televisión y que, lamentablemente, son muy vulnerables y carecen de un marco jurídico actualizado que contemple las eventuales intromisiones a la vida privada que pueden darse quebrantando la seguridad de estos equipos.

Bajo la presión de éstos dos nuevos impulsos, que mezclan lo tecnológico y lo social, los organismos internacionales, los órganos legislativos de los Estados y asociaciones sociales de todo tipo (académicas, profesionales, de partido, no gubernamentales, etcétera), han puesto en un primer plano la necesidad de un debate abierto y de un esfuerzo legislativo sobre los alcances de algunas categorías jurídicas, tales como derecho a la vida y derecho a la intimidad. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto que “El concepto de vida privada alcanza a la integridad jurídica y moral de una persona y, en consecuencia, incluye su vida sexual.” Se trata, simplemente, de una ampliación del concepto que sobre la categoría jurídica vida privada ha establecido la asamblea del Consejo de Europa. Fórmula que, textualmente, dice: “El derecho a la vida privada consiste esencialmente en el derecho a vivir la propia vida con el mínimo posible de interferencias. Abarca la vida privada y familiar, la que se desenvuelve en el ámbito doméstico; comprende la integridad física y moral, los derechos al honor y a la reputación, la garantía de no ser expuesto a la curiosidad pública de manera indebida o sacada de contexto, el derecho a que no sean revelados asuntos de carácter íntimo, intrascendentes o molestos, la protección frente a la publicación no autorizada de fotografías privadas, así como frente a la publicidad de informaciones dadas o recibidas a título confidencial.” En el perímetro regional, la voz “intimidad” ha entrado a las Constituciones de Brasil (1988), Colombia (2001), Paraguay (1992), y Perú (1993), aportando novedosas e importantes precisiones en torno al contenido contemporáneo del derecho a la vida privada.

En México, el derecho a la vida privada está contenido en el artículo 16 de la Carta Magna y, complementariamente, en los artículos 6o. y 7o. que regulan el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. El dispositivo 16 de la Constitución, en sus párrafos 1o., 2o., 12, 13, 14, 15 y 18, a la letra, dice:

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...........................

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

......

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.”

En cuanto a los artículos 6o. y 7o., tanto la libertad de expresión como la libertad de imprenta, tienen como límite el respeto a los derechos de tercero y de la vida privada. El presente es un momento difícil en la vida social porque los novísimos avances tecnológicos han propiciado toda una gama de nuevos delitos que afectan la seguridad de las instituciones, de la empresas y, desde luego, de la vida privada. Como se deprende del texto constitucional, la defensa, la tutela y la garantía de la vida privada frente a eventuales actos de las autoridades se encuentran debidamente establecidas. En efecto, para que una intervención de la autoridad en la vida privada sea válida, debe estar respaldada por una orden judicial, fundada, motivada y presentada por escrito. Además de las disposiciones previstas en el artículo 16 constitucional, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contempla otros supuestos para regular la intervención legal de las comunicaciones privadas.

Otro problema y para la presente iniciativa de importancia fundamental, se presenta cuando el derecho a la vida privada es vulnerado por particulares. En términos generales puede afirmarse que las comunicaciones que realizan los particulares entre sí se producen dentro del clima de confianza y seguridad que había sido alcanzado por los medios tradicionales, sobre todo, por la telefonía y, en un pasado más lejano, por la correspondencia. Esta atmósfera de confianza y respeto mutuo se vio bruscamente subvertida con el surgimiento de la telefonía celular, la Internet, las redes sociales y por lo tanto, la posibilidad de una difusión masiva de textos, imágenes, audios y videos. Se estima que en los próximos tres años la telefonía móvil crecerá en mil millones de unidades. La muy reciente expansión de las “tabletas”, un aparato que permite el acceso a la Internet –y por lo tanto la entrada a las redes sociales–, la recepción y envió de textos, fotografías, audios y videos, la posibilidad de realizar compras en línea y muchas otras funciones, complica todavía más el delicado terreno de las comunicaciones privadas. Así, el robo de información, las filtraciones, los mensajes maliciosos, la suplantación de identidades y la revelación de informaciones privadas, disponen de un descomunal territorio virtual para difundir datos malintencionados.

Al margen de los bienes jurídicos que son tutelados y protegidos por el derecho a la vida privada (uno de cuyos aspectos más delicados y sensibles lo es, exactamente, la protección de las comunicaciones), el comercio indebido de datos e imágenes de todo tipo se ha incrementado en flecha en los últimos tiempos. Se trata de un mercado subterráneo, secreto, clandestino, que sólo busca el lucro con el tráfico de información, aunque, muchas veces, esconde afanes o fines políticos, la intención de desprestigiar a la competencia, provocar escándalos, descalificar a los adversarios o, como es el caso de las prácticas de los llamados paparazzi, la búsqueda de beneficios personales. El ejemplo de estos traficantes y mercaderes de información es prudente, porque describe con precisión la figura de una transacción mercantil difusa, de la venta de información obtenida por medios subrepticios en provecho propio y, paradójicamente, tras la venta, también a favor de terceros. Como ha quedado claro, la violación de las comunicaciones privadas, una injerencia en la vida intima de las personas, atenta directamente contra la garantía de legalidad que la Constitución consagra.

En la legislación vigente, la protección de las comunicaciones privadas se encuentra prevista en el artículo 177 del Código Penal Federal, dentro el Título Quinto, concerniente a los “Delitos en materia de vías generales comunicación y correspondencia”, en el que la redacción actual tipifica la conducta por la que una persona sin autorización judicial intervine una comunicación privada.

Sin embargo, consideramos que la protección al derecho a la vida privada, en esos términos, es aún limitada, por lo que para ampliar esa protección proponemos que se adicione un párrafo segundo al artículo 177 en cita, a efecto de que en él se tipifique la conducta por la cual se castigue al que divulgue la información o las imágenes que se obtengan como producto de una intervención de comunicaciones privadas no autorizadas por autoridad judicial.

Asimismo, la presente iniciativa propone modificar la denominación del Título Noveno del Código Penal Federal, y de su Capitulo I, a fin de que se incluya la mención sobre la tutela que al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas resguardando los casos en los que la intervención se hace como producto de una intervención autorizada por mandamiento judicial, en los términos previsto por el artículo 16 de la Constitución.

En este tenor, se propone también modificar y adicionar el artículo 211 Bis del propio ordenamiento penal a efecto de que se haga referencia expresa de que la información o imágenes obtenidas son producto de una intervención de comunicación privada autorizada por mandato de autoridad judicial competente, para distinguirla de la referida en el artículo 177, que hace referencia a intervenciones de comunicaciones privadas no autorizadas por autoridad judicial.

Se propone también que adicione un segundo párrafo al propio artículo 211 a fin de establecer una agravante del delito, para el caso de que la divulgación la realice un servidor público que por razones de su cargo o comisión haya participado en la intervención autorizada por la autoridad judicial, imponiéndole además de la pena privativa de libertad que va de los ocho a los catorce años de prisión, una multa mayor a la establecida para el resto de los casos y la destitución e inhabilitación para ejercer cargo público durante el mismo plazo de la pena que se le imponga.

Por lo anterior, el legislador que suscribe, miembro del Partido Ecologista de México e integrante de su grupo parlamentario en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de ésta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal

Artículo Único.Se reforma y adiciona el artículo 177, se modifica la denominación del Título Noveno del Código Penal Federal y se modifica y adiciona el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 177. A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

Las sanciones previstas en el párrafo anterior se aplicarán a quien divulgue en perjuicio de otro, la información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada no autorizada por mandato autoridad judicial competente.

Título NovenoRevelación de secretos, violación a las comunicaciones privadasy acceso ilícito a sistemas y equipos de informática Capítulo IRevelación de secretos y violación a las comunicaciones privadas

Artículo 210. ...

Artículo 211. ...

Artículo 211 Bis. A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada autorizada por mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

Las penas se incrementarán de ocho a catorce años de prisión y de 500 a 700 días multa, si la conducta descrita en el párrafo anterior es cometida por servidor publico que por motivo de sus funciones, cargo o comisión haya tenido acceso a la información o imágenes objeto de la intervención, asimismo se le sancionara con destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A las personas que hayan cometido el delito previsto en el presente decreto, con anterioridad a su entrada en vigor, incluidas las procesadas o sentenciadas, les serán aplicadas las disposiciones del Código Penal Federal vigente en el momento de la comisión del delito.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diez.

Diputado Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Justicia.

LEY GENERAL DE POBLACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Eduardo Ledesma Romo, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71de la Ley General de Población.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 1o., 11, 71, fracción II, y 73, fracción XVI, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las estaciones migratorias son centros de detención a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), que se establecen como medidas de aseguramiento para la estancia provisional de los extranjeros, cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como los que deban ser expulsados.

El INM como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación está obligado a ejercer atribuciones de control y verificación migratoria en territorio nacional con pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes (último párrafo del artículo 7 de la Ley General de Población), ya sea mientras se lleve a cabo el proceso de verificación migratoria a que se refieren los artículos 151, 152 y demás aplicables de la Ley General de Población o durante su permanencia en las estaciones migratorias como disponen los artículos 71 de la misma ley y 208 y 209 de su reglamento.

No obstante lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias citadas, hay múltiples denuncias de irregularidades que implican la violación de los derechos humanos de los migrantes asegurados en las estaciones migratorias y, si bien es cierto, se ha avanzado en la materia a través de la expedición de disposiciones administrativas como el acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del INM publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2009, prevalece un trato indigno hacia los extranjeros asegurados.

La publicación de estas disposiciones administrativas constituye un avance importante en la protección de los derechos humanos de los migrantes extranjeros.

Sin embargo, hay temas pendientes para lograr un absoluto respeto de sus derechos en los procesos migratorios, como los previstos en las observaciones del relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes en su misión a México en 2008 o lo previsto en las recomendaciones formuladas en el informe del Grupo de Trabajo del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en materia de migración, en el sentido de que el país debe “velar por el pleno disfrute de los derechos de los migrantes en el territorio del Estado, promulgando leyes e impartiendo formación a los funcionarios competentes (A-79)” y “dar prioridad a las recomendaciones del relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes (A-80)”.

Según reportes de organizaciones no gubernamentales, se han documentado diversas violaciones de los derechos humanos de los migrantes durante su permanencia en las estaciones migratorias, entre las que destacan la falta de información inmediata a los extranjeros sobre su situación jurídica o no haber sido informados sobre sus derechos en el momento de su detención o al ingreso en una estación migratoria, así como la falta de un defensor en el proceso administrativo o de protección consular.

Lo anterior permite inferir que el INM como autoridad administrativa responsable de los aseguramientos de extranjeros contraviene diversos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano.

Entre ellos, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares que en su artículo 36, párrafo 1, inciso b), establece:

1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía:

a) ...

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado;

Así como la obligación de informar a toda persona en el momento de su detención, de las razones de la misma y notificarla, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella en términos de los artículos 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, ratificados por México.

Lo anterior, sin perjuicio de que el Reglamento de la Ley General de Población establece la obligación de notificar inmediatamente al representante consular acreditado en México y el derecho a hacerle saber al extranjero los hechos que se le imputan, su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, destacando que las disposiciones de cualquier reglamento deben ser congruentes con el orden legal que desarrollen y en el caso concreto la ley de la materia no establece disposición específica sobre el tema.

Así, los extranjeros asegurados en las estaciones migratorias no gozan de las garantías de la Constitución federal, como prevé en el artículo 1o., particularmente la relativa al “debido proceso legal”, consagrada en el artículo 14, y que se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento ... que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas, con la debida fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional.

Es decir, los migrantes tienen derecho a un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, a que se fundamenten y motiven las resoluciones dictadas por autoridad competente, a una defensa adecuada como lo prevén la Carta Magna y el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros instrumentos internacionales.

En la Ley General de Población no se establecen disposiciones normativas que garanticen el debido proceso legal a los extranjeros que son asegurados en alguna estación migratoria por probable violación de la propia ley, en lo relativo a que se le informen las garantías que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a una defensa adecuada, entre otros, que de existir facultarían al titular del Ejecutivo federal para expedir las disposiciones reglamentarias correspondientes en términos del artículo 89, fracción I, de la Constitución federal.

El ordenamiento en cita tan sólo dispone con relación a las estaciones migratorias en los artículos 71 y 128 lo siguiente:

Artículo 71.La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugares de la república que estime conveniente para alojar en las mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estima pertinente, a los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como a los que deben ser expulsados.

Artículo 128.Son de orden público, para todos los efectos legales, la expulsión de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para el aseguramiento de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello cuando tengan por objeto su expulsión del país.

Con la presente iniciativa se propone reformar la Ley General de Población para hacer efectivo el debido proceso legal a través del reconocimiento de diversos derechos, entre ellos, el derecho a asistencia jurídica gratuita a cargo del Estado, para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia a través de la designación de un asesor jurídico adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública, con el propósito de evitar que se vulneren sus garantías individuales y que los mismos permanezcan por varios meses en las estaciones migratorias por falta de una defensa adecuada.

La propuesta tiende a garantizar que tan pronto se asegure a un extranjero, éste contará con un representante legal asignado por un instituto que tiene como fin garantizar el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que establece la Ley Federal de Defensoría Pública.

Las reformas propuestas resultan apremiantes si consideramos que miles de extranjeros cada año son detenidos en las estaciones migratorias: sólo en 2009, el INM alojó a más de 69 mil extranjeros, y de enero a septiembre del presente año aseguró a más de 56 mil, que fueron detenidos conforme al procedimiento administrativo de aseguramiento o para repatriación voluntaria.

Por lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 71 de la Ley General de Población, para garantizar el debido proceso legal a los extranjeros asegurados en estaciones migratorias

Artículo Único.Se adiciona un párrafo segundo al artículo 71 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 71....

Cuando se asegure al extranjero en una estación migratoria en virtud de haber violado la ley o demás disposiciones aplicables que amerite su expulsión, se garantizarán al extranjero los siguientes derechos:

I. Ser informado en el momento del aseguramiento de las razones del mismo;

II. Ser informado de los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y demás disposiciones que resulten aplicables;

III. Informar sin retraso alguno a su representante consular acreditado en México, cuando así lo solicite;

IV. Tener una defensa adecuada, a través del asesor jurídico que le asigne el Instituto Federal de Defensoría Pública o el representante legal que designe el extranjero;

V. Contar con un traductor o intérprete, cuando no hable o entienda el idioma español; y

VI. Recurrir el fallo ante los tribunales competentes.

El instituto celebrará convenios con Instituto Federal de Defensoría Pública a fin de garantizar asistencia legal gratuita e inmediata a los extranjeros asegurados en las estaciones migratorias.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría de Gobernación deberá celebrar convenios con el Instituto Federal de Defensoría Pública para garantizar una defensa adecuada a los extranjeros que sean asegurados en una estación migratoria, en un plazo no mayor de treinta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero.La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, deberá garantizar a los extranjeros que asegure en una estación migratoria en virtud de haber violado la ley o demás disposiciones aplicables que amerite su expulsión el contacto inmediato con el Instituto Federal de Defensoría Pública para que éste les asigne un asesor jurídico en términos de las disposiciones que resulten aplicables.

Notas:

1 Para 2008, el INM contaba con 48 estaciones migratorias, con capacidad de alojamiento de cerca de 4 mil personas, en 23 estados.

2 En la sesión del Grupo de Trabajo del Mecanismo de Examen Periódico Universal, el gobierno de México aceptó las recomendaciones en el párrafo 93 del Informe del Grupo de Trabajo (A/HRC/11/27). Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 10 de febrero de 2009.

3 Entre ellas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC, en su informe Derechos humanos y condiciones de detención en la estación migratoria Siglo XXI, Tapachula, Chiapas, México; o Sin Fronteras, IAP, en Situación de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas en las estaciones migratorias de México, 2007-2009.

4 Tesis 1ª/J.139/2005. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5 Boletín número 554/10, del 2 de noviembre de 2010, Instituto Nacional de Migración.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 30 de noviembre de 2010.— Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o A, 6o y 9o de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma los artículos 4o.-A, 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, en uso de la atribución que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 71, fracción II, y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en el numeral 55, fracción II, acude a presentar iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que los estados y los municipios ya no puedan comprometer participaciones federales para el pago de deuda, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El nivel de crecimiento de la deuda pública de los estados y municipios en México es alarmante, sobre todo si se considera que ésta se está financiando principalmente con transferencias federales, lo cual ante la vulnerabilidad de las condiciones de los ingresos petroleros en el futuro próximo, amerita de un replanteamiento fundamental a fin de que los órdenes de gobierno subnacionales ya no puedan comprometer las transferencias federales para el pago de deuda, y así los compromisos que adquieran los realicen con la responsabilidad de pagarlos con sus ingresos propios. A continuación se presenta la fundamentación y motivación de esta propuesta:

I. Insostenibilidad de la deuda de los órdenes de gobierno subnacionales

Se entiende por sostenibilidad de las finanzas públicas (o financiera) en gobiernos subnacionales a la capacidad de generar o recaudar los recursos suficientes para afrontar permanentemente sus gastos y honrar el servicio de su deuda, sin necesidad de incurrir en mora, renegociar la deuda, o efectuar un ajuste fiscal significativo; entonces, la definición de sostenibilidad de las finanzas públicas incluye dos componentes: la sostenibilidad fiscal (capacidad de generar los recursos suficientes) y sostenibilidad de la deuda (un nivel que no genere problemas de pago).

El concepto de sostenibilidad fiscal es asociado comúnmente al equilibrio intertemporal de las finanzas públicas, bajo la condición de que cualquier desequilibrio presente (déficit) tiene que ser compensado en el futuro (superávit). No obstante, en términos más amplios y desde el punto de vista del bienestar de la sociedad, el concepto más importante para un gobierno subnacional está referido a la sostenibilidad de la prestación de servicios, que se puede definir como la capacidad de cumplir en cualquier periodo con la provisión de una determinada canasta de servicios a la comunidad en función del mandato legal designado, entendiéndose que la prestación de servicios debe tomar en cuenta una mezcla adecuada de cobertura, calidad y costo.

Tanto el concepto de sostenibilidad en la prestación de servicios como el de sostenibilidad de las finanzas públicas están interrelacionados, pues una situación de deuda insostenible en un gobierno subnacional generará presiones que, en ausencia de rescates, necesariamente pondrá en riesgo la capacidad de prestar servicios en uno o varios años. En otras palabras, el gobierno subnacional se enfrentará inevitablemente a situaciones en las que no podrá cumplir el mandato de preservar la prestación de una canasta mínima de servicios.

En el país, la importancia de la deuda de las entidades federativas y municipios se incrementó a partir de que el 15 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal para establecer que los municipios podrían afectar los pagos de las obligaciones garantizadas con la obligación de sus Participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda.

Sin embargo, el hecho de que los estados y municipios no hayan fortalecido a la par sus mecanismos de generación de ingresos propios y recaudatorios, los hace financieramente dependientes de los recursos federales, lo cual no es sostenible en un largo plazo. E incluso esto se ha estudiado por parte de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, en el documento de trabajo Subnational public financial management, y por Debt Relief International, en Sostenibilidad de las finanzas en gobiernos subnacionales, y se ha encontrado que la deuda subnacional también tiene implicaciones en la estabilidad del conjunto macroeconómico que concierne al gobierno federal.

El efecto macroeconómico de las finanzas de los gobiernos subnacionales sobre las economías puede ser importante. El nivel de demanda agregada puede tener un fuerte impulso derivado de un incremento en el nivel de gastos de los gobiernos subnacionales, y también impactar la balanza de pagos, a través de un mayor volumen de importaciones de bienes de capital, por citar un ejemplo. Incluso si el nivel general de gastos de los gobiernos subnacionales está limitado por topes a su capacidad de recaudar impuestos y endeudamiento, la modificación de la composición de sus gastos –por ejemplo, mayor utilización de partidas que tienen efectos multiplicadores relativamente fuertes, como las obras públicas o las transferencias a individuos con elevada propensión al consumo, puede dar un fuerte impulso a la demanda agregada.

La implantación de la política monetaria, la interacción y equilibrios de los mercados cambiario y financiero, también pueden llegar a depender en gran medida de la salud financiera de los gobiernos subnacionales, en especial en el caso de grandes ciudades.

Así como las finanzas de gobiernos subnacionales en condiciones de equilibrio afectan la macroeconomía, desequilibrios en las finanzas subnacionales pueden llegar a ser muy costosos par el gobierno nacional (por ejemplo rescates), y por ende el bienestar de la sociedad.

A continuación se presenta un cuadro presentado en el documento de Debt Relief International, donde se muestra el detalle de casos seleccionados de crisis fiscales y de deuda, donde el gobierno nacional tuvo que intervenir a través de rescates (bailouts) a los gobiernos subnacionales:

La preocupación sobre la deuda de estados y de municipios resulta válida debido a que ante eventos negativos en la economía, pueden enfrentar problemas de pago de su deuda, y dificultar el margen de maniobra en relación al nivel de solvencia de las Administraciones posteriores, y eventualmente repercutir en el conjunto macroeconómico del país.

Diversas instituciones como el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos coinciden en las siguientes propuestas en materia de la sostenibilidad de la deuda subnacional (citadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en La deuda subnacional en México): establecer un marco regulatorio institucional para la administración de la deuda subnacional; introducir métodos internacionales para marcar límites para la deuda subnacional, de manera que se asegure que la suma de la deuda nacional y las subnacionales estén dentro de dicho umbral; establecer compromisos para compilar y publicar datos referentes a la deuda subnacional, así como efectuar estudios de tendencia e indicadores; y reforzar la capacidad nacional para implantar estrategias de deuda para los gobiernos subnacionales, mejorando la estructura institucional, fortaleciendo los recursos humanos, pronosticando la posición de las finanzas públicas, analizando la sostenibilidad de la deuda y desarrollando e implementando estrategias de préstamo y negociación.

Las cuatro estrategias anteriormente señaladas pudieran ser efectivas en México, especialmente las primeras dos, si no fuera porque es en los órdenes de gobierno subnacionales en donde se aprueba y determina el nivel de deuda contraída a través de leyes estatales, lo cual los convierte en jueces y parte de su propia ‘viabilidad financiera’; y este término se pone entrecomillado, ya que como se señala en el estudio del Banco Mundial Fiscal responsibility laws for subnational discipline: the latin american experience, donde se analizan los casos de Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México: las leyes de responsabilidad fiscal han demostrado no siempre ser suficientes para asegurar la estabilidad fiscal.

A continuación se presenta el marco constitucional que da fundamento a la deuda pública de los estados y municipios del país, posteriormente un análisis de la evolución de las transferencias de recursos federales a las entidades federativas y municipios del país, y a continuación un estudio de la deuda subnacional y de su relación con el PIB, las participaciones federales y los ingresos estatales, a fin de concluir con la propuesta materia de esta iniciativa, que es detener que se pongan en garantía las participaciones federales para el pago de la deuda de los órdenes de gobierno subnacionales, y fomentar así la corresponsabilidad en la generación de ingresos y recaudación de impuestos, así como lograr tener finanzas públicas más sanas en las que los estados y municipios se comprometan a gastar únicamente lo que son capaces de pagar.

II. Fundamento constitucional de la deuda subnacional

En principio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos preceptúa en el artículo 177, fracción VIII, que los estados no pueden contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Asimismo, los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos, y los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

El endeudamiento del Distrito Federal se prevé en los numerales 73, fracción VIII, y 122, Apartados A, inciso 3, y B, fracción III, los cuales establecen que corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal, y al presidente de los Estados Unidos Mexicanos enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal, y para tal efecto el jefe del gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del presidente de la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la ley.

III. Evolución y situación actual de las transferencias federales a estados y municipios

De acuerdo con el Diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales,elaborado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en mayo de 2007, las fuentes de ingresos de los estados y de los municipios son las siguientes:

Las transferencias que reciben los gobiernos estatales y municipales por la hacienda pública federal equivalen a casi tres quintas partes de la recaudación federal participable (RFP), concepto que incluye todos los ingresos impositivos netos del gobierno federal, así como los derechos sobre hidrocarburos, excepto el extraordinario y el adicional.

En 2006, cuando fue elaborado el estudio en referencia, la federación transfirió a las entidades federativas y a los municipios, por concepto de participaciones y gasto federalizado, 727 mil 535.9 millones de pesos, 7.1 por ciento más recursos que durante el ejercicio anterior y 28.1 por ciento más que en 2000.

A continuación se presenta una tabla obtenida del Diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, elaborado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en mayo de 2007, que contiene el total de recursos federales descentralizados a entidades federativas y municipios de 1998 a 2006, posteriormente el total de los recursos federales descentralizados únicamente a entidades federativas, y a continuación uno con los recursos federales descentralizados solamente a municipios:

De estas tablas es posible destacar que las transferencias enviadas a los órdenes de gobierno subnacionales se dividen en dos, por una parte las participaciones y por otra el gasto primario transferido, las primeras consisten en participaciones e incentivos económicos, y las segundas comprenden el ramo 33 (“Aportaciones”), convenios de descentralización, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y el Fondo de Infraestructura de las Entidades Federativas (FIES).

Los recursos federales descentralizados a estados y municipios como porcentaje anual respecto a la RFP han sido de casi 60 por ciento en total, del cual aproximadamente 50 por ciento es para los estados y el restante 10 por ciento para los municipios; y que hacia los estados y los municipios, la relación históricamente ha sido de 20 por ciento de participaciones y 30 por ciento de aportaciones para estados, y 6 por ciento de participaciones y 4 por ciento de aportaciones a los municipios.

Históricamente, las participaciones han representado alrededor de 25 por ciento de la recaudación federal participable, mientras que el gasto primario transferido ha consistido en 32 por ciento de la recaudación federal participable.

Es preciso ahondar un poco en la RFP, ya que es un elemento esencial en la distribución de los recursos del sistema de participaciones de los fondos de aportaciones federales. Los fondos participables de las entidades federativas y de los municipios se calculan como proporción a este concepto.

De acuerdo con el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, la RFP se compone por la recaudación que obtiene la federación como producto de todos sus impuestos, así como por los derechos por la extracción de petróleo y de minería y los recargos (establecidos de acuerdo con el convenio de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal), disminuyéndole los siguientes conceptos: devoluciones; compensaciones; los derechos adicionales o extraordinarios sobre la extracción de petróleo; Participaciones específicas en los impuestos especiales sobre producción y servicios (IEPS); incentivos económicos autoliquidables por la recaudación de los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos (Istuv) y sobre automóviles nuevos (Isan), así como aquellos derivados de la colaboración administrativa; y otros que establece la Ley de Coordinación Fiscal.

Con base en lo anterior, y para fines explicativos, se utiliza el término RFP bruta que identifica la RFP integrada por todos los impuestos federales y los derechos sobre extracción de petróleo, minería, además de los recargos. Si a este concepto se le deducen los conceptos enlistados anteriormente, se obtiene la RFP neta.

A continuación se presenta la recaudación fiscal participable de 1990 a 2006, obtenida del Diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, elaborado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en mayo de 2007:

De esta tabla, sobresale que al observar la RFP a lo largo del tiempo: para el periodo de 1990 a 2006, ésta mostró un crecimiento real de 69.5 por ciento: pasó de 743.5 a mil 259.9 miles de millones de pesos, lo que significa un crecimiento anual promedio de 3.4 por ciento.

En 1995, debido a la contracción de la economía mexicana, los ingresos tributarios cayeron casi 169.5 mil millones en términos reales respecto del año anterior, es decir, 23.1 por ciento; sería interesante analizar los resultados de la crisis de 2009.

Con relación a las participaciones e incentivos económicos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios de adhesión al sistema de coordinación fiscal y de colaboración administrativa en materia fiscal federal, los recursos fiscales que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios por estos conceptos se enmarcan también en el Presupuesto de Egresos de la Federación como gasto no programable.

A continuación se presenta una gráfica con el histórico de la evolución de las participaciones y los incentivos económicos de 1990 a 2006, obtenida del Diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, elaborado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en mayo de 2007:

En esta gráfica es posible observar que las participaciones federales han tenido un comportamiento ascendente en el periodo 1990-2006, ya que en términos reales, en 1990 alcanzaron un monto de 156.4 miles de millones de pesos y para 2006 se obtuvo un monto de 329.3 millones de pesos, lo cual significó un crecimiento de 110.6 por ciento para dicho periodo, con una tasa media de crecimiento anual de 4.8 por ciento.

Las participaciones se han incrementado como porcentaje del producto interno bruto, ya que en 1990 representaron 2.8 por ciento del mismo, en tanto que para 2006 llegaron hasta 3.6 por ciento, lo que hasta esa fecha representaron su máximo histórico.

De 1990 a 2006, las participaciones mostraron un mayor dinamismo: crecieron en términos reales en 110.6 por ciento, en tanto que la RFP creció en 69.5 y el PIB en 61 por ciento.

IV. Evolución y situación actual de la deuda subnacional en México

A continuación se presenta un compendio del total de las obligaciones financieras de las entidades federativas y de los municipios, obtenido de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualizado al fin del segundo trimestre de 2010:

De lo anterior se desprende que de 1994 a la fecha, el saldo total de las obligaciones financieras de las entidades federativas y de los municipios prácticamente se ha multiplicado por diez. Asimismo, al presente año, estas obligaciones representan 46.6 por ciento de los ingresos totales garantizables, y 60.9 respecto a las participaciones, así como 2.1 por ciento del PIB. Ahora bien, el plazo promedio para pagar dichos compromisos aquí se marca en 17.6 años, pero es preciso advertir que esa es la deuda bancaria, ya que hay compromisos que han sido adquiridos a través de emisiones bursátiles con un periodo de pago de hasta de 30 años, lo cual se verá más adelante.

V. Deuda subnacional con la banca comercial, de desa-rrollo, emisiones bursátiles y fideicomisos

A continuación se presentan las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios con la banca comercial, banca de desarrollo, emisiones bursátiles y fideicomisos, garantizadas con participaciones, ingresos propios, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), obtenido de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualizado al fin del segundo trimestre de 2010:

De este cuadro se desprende que el total de la deuda a junio de 2010 es de 269,797.9 millones de pesos, de los cuales: 136 mil 455.2 mdp; es decir, 51 por ciento, están comprometidos con la banca comercial; 661 mil 104.03 mdp, 25 por ciento, están comprometidos con la banca de desa-rrollo; 48 mil 65.8 mdp, 18 por ciento, están comprometidos a través de emisiones bursátiles; y 19 mil 172.7 mdp, 7 por ciento, están comprometidos a través de fideicomisos.

A continuación se presenta una gráfica con las obligaciones financieras de cada entidad federativa y sus respectivos municipios realizada con los datos anteriores, ordenados por el porcentaje que su deuda representa del total de la deuda de los órdenes de gobierno subnacionales del país:

En la gráfica destaca que el Distrito Federal, con 49 mil 340.8 mdp, tenga 18 por ciento de la deuda; el estado de México, con 32 mil 862.04 mdp, tenga 12; Nuevo León, con 29 mil 545.08 mdp, tenga 11; y Jalisco, con 21 mil 6.8, tenga 8 por ciento de la deuda, lo que reunidos los hace representar 49 por ciento de la deuda de las entidades federativas y de los municipios del país.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, seis entidades federativas: Distrito Federal (17 por ciento), estado de México (8.8 por ciento), Nuevo León (7.5 por ciento), Campeche (6.9 por ciento), Jalisco (6.2 por ciento) y Veracruz (4.6 por ciento), concentran 51 por ciento del PIB nacional, y esto es relevante señalarlo porque en las páginas subsecuentes son el Distrito Federal, estado de México, Nuevo León y Jalisco las entidades que más destacan por sus características de endeudamiento.

VI. Deuda subnacional por tipo de deudor: gobierno del estado, organismos, y municipios

Se presenta a continuación el compendio de las obligaciones financieras de las entidades federativas y de los municipios por tipo de deudor, obtenido de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualizado al fin del segundo trimestre de 2010:

En este cuadro, la deuda total de los órdenes de gobierno subnacionales sigue siendo de 269 mil 797.9 millones de pesos, pero ahora se subdivide en si es deuda adquirida por el gobierno del estado, o es deuda municipal, o de organismos, o bien si son emisiones bursátiles tanto estatales como municipales, o si son obligaciones financieras garantizadas con fuente de pago propia (lo cual significa que incorpora la deuda bancaria y bursátil garantizada con otras fuentes de ingresos, diferentes de las participaciones federales). Si se suman las columnas “Gobierno del estado” y los “Totales” de las subsecuentes, el total es mayor en 46 mil 971.5 mdp (que los 269 mil 797.9 mdp), cifra que equivale a la de las Emisiones Bursátiles, motivo por el cual se deduce que la columna relativa a este tipo de deuda no se incluye en el total total, a efecto de no duplicar su contabilización, porque probablemente ya se encuentra incluida dentro de las obligaciones de los estados, municipios y organismos.

En el cuadro destaca que de la deuda de cada entidad federativa, 58.3 por ciento (157 mil 249.9 mdp) la tienen los gobiernos de los estados, 11 por ciento (29 mil 567.1 mdp) los municipios, 6.4 por ciento (17 mil 388.6 mdp) los organismos y 15.5 por ciento (41 mil 818.3 mdp) lo representan los compromisos de los gobiernos de los estados garantizados con fuente de pago propia, 0.35 por ciento (943.82 mdp) lo representan los compromisos de los municipios garantizados con fuente de pago propia (específicamente en Nuevo León y Sonora) y 8.6 por ciento (23 mil 72.9 mdp) lo constituyen los compromisos de los organismos garantizados con fuente de pago propia.

Es decir, en total los estados tienen (58.3+15.5 por ciento) 73.8 por ciento de la deuda subnacional, los organismos (6.4+8.6 por ciento) 15 por ciento y los municipios (11+0.35 por ciento) 11.35 por ciento; y que de la deuda subnacional del país (58.3+6.4+11 por ciento), 75.7 por ciento es deuda que compromete participaciones federales, y el restante (15.5+8.6+0.35 por ciento) 24.3 por ciento es deuda comprometida con fuentes de ingresos propios.

Destaca por ejemplo que en la lista de la deuda contraída, en 4 de ellos el gobierno del estado cuenta con 95 por ciento o más de la deuda: en Coahuila (cuya deuda representa 3 por ciento del total) 96 por ciento de la deuda es del gobierno del estado, 2 por ciento lo tienen organismos y el otro 2 por ciento es deuda municipal; en el Distrito Federal (cuya deuda representa 18 por ciento del total) 95 por ciento de la deuda es de la jefatura del gobierno, y el restante 5 por ciento es de organismos; en Hidalgo (cuya deuda representa 2 por ciento del total) 99 por ciento de la deuda es del gobierno estatal, y el restante 1 por ciento es entre organismos y municipios; y en Tabasco (cuya deuda representa 1 por ciento de la deuda del total) 95 por ciento de la deuda la tiene el gobierno del estado y el 5 por ciento restante, es deuda municipal. En ninguno de estos casos, los recursos que se están señalando corresponden a obligaciones financieras garantizadas con fuente de pago propia.

En el otro extremo, llama la atención que en las entidades federativas más endeudadas, es decir (sin contar al Distrito Federal –18 por ciento de la deuda subnacional–, ya que sus delegaciones al no ser municipios no pueden adquirir deuda), los gobiernos del estado de México (12 por ciento), Nuevo León (11 por ciento) y Jalisco (8 por ciento) cuentan con una diversificación en su “tipo” de deuda. Así:

• En el estado de México 83.5 por ciento de la deuda es del gobierno del estado 13.4 por ciento es deuda municipal y 3.1 por ciento es de organismos; y en ninguno de estos casos se están poniendo de garantía recursos propios –recordemos que los recursos propios hacen referencia a la deuda bancaria y bursátil garantizada con otras fuentes de ingresos, diferente de las participaciones federales.

• En Nuevo León, 30.2 por ciento de la deuda la tiene el gobierno del estado, 6.8 por ciento es deuda municipal; asimismo, 10.4 por ciento es deuda del gobierno del estado financiada con recursos propios, 2.4 por ciento es deuda de los municipios financiada con recursos propios, y el 50.2 por ciento es deuda de los organismos financiada con recursos propios; es decir, que el 90.8 por ciento de la deuda de Nuevo León, es deuda del gobierno del estado y sus organismos.

El saldo total de las obligaciones financieras del gobierno del estado incluye dos certificados bursátiles garantizados con ingresos correspondientes al Impuesto Sobre Nómina emitidos en 2003 a 11.3 años, una emisión de la red estatal de autopistas con ingresos del peaje vehicular, emitida en 2004 a 20 años, una emisión del Instituto de Control Vehicular donde se comprometieron ingresos propios del organismo en 2006 a 30 años, y otra emisión de 2006 en donde se comprometieron participaciones a 18 años. Las emisiones realizadas por la red estatal de autopistas y el Instituto de Control Vehicular obtuvieron calificaciones de AAA (mex) –la calificación más alta de las existentes– por parte de Fitch Ratings, y un aspecto que contribuyó a esto fue el hecho de estar respaldadas con ingresos propios de los Organismos; y este punto a la vez contribuye a que no toda la deuda esté concentrada en el gobierno estatal, y ésta al ser adjudicada a los “organismos”, disminuye aparentemente la proporción del endeudamiento respecto al total de los ingresos del gobierno central, lo que a éste le ha permitido recientemente seguir obteniendo buenas calificaciones crediticias a efecto de incrementar sus niveles de endeudamiento.

• En Jalisco, 64.3 por ciento de la deuda la tiene el gobierno del estado, 22.2 por ciento es deuda municipal, y 13.5 es de organismos; y en ninguno de estos casos se están poniendo de garantía recursos propios, es decir que se están garantizando participaciones federales.

VII. Evolución de los saldos de la deuda subnacional de las entidades federativas y sus municipios

A continuación se presenta una tabla con las obligaciones financieras de las entidades federativas y de los municipios de 1993 a junio de 2010, obtenida de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

De esta tabla destaca que de 1993 a 2010, la deuda se multiplicó 16.24 veces (de 16 mil 218.2 mdp a 269 mil 797.9 mdp), y en 1993, muy parecido a lo que actualmente ocurre, la deuda se encontraba concentrada en cinco entidades: estado de México (16 por ciento), Sonora (15 por ciento), Jalisco (14 por ciento), Nuevo León (8 por ciento) y Distrito Federal (6 por ciento), lo que juntas sumaban 59 por ciento de la deuda.

VIII. Relación entre la deuda subnacional y las participaciones federales

A continuación se presentan las obligaciones financieras de las entidades federativas y de los municipios, considerando la proporción existente entre la deuda subnacional y las participaciones federales desde 1994 a la fecha, obtenido de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

La tabla es muy interesante porque presenta la proporción de la deuda en relación a las Participaciones, y refleja que en 1994 había 64.5 por ciento en esta relación, el cual a partir del siguiente año disminuyó y se mantuvo relativamente estable alrededor de 50 por ciento, y en 2009 se incrementó a 59.9 por ciento y a la fecha, se encuentra en 61 por ciento. Ahora bien, cabe destacar que estos porcentajes no sólo dependen de los pagos realizados por los deudores al financiamiento, sino del incremento o disminución de las participaciones enviadas a las entidades federativas.

A continuación se presenta una gráfica realizada con los datos anteriores, a fin de observar de una manera más tangible la proporción de deuda en relación a las participaciones, que existe actualmente en las entidades federativas:

En la gráfica se observa la preocupante relación que hay entre la deuda y las participaciones en las entidades federativas y sus municipios pues, por ejemplo, en Nuevo León (el tercer estado más endeudado, con 11 por ciento) llega a 139.6 por ciento, en Chihuahua (el quinto más endeudado, con 5) la relación es de 101.2, en el Distrito Federal es de 92.4 (el más endeudado, con 18), en Sonora de 85.1 (el sexto más endeudado, con 4), en Quintana Roo (el decimoquinto más endeudado, con 2) de 83, en Michoacán (el séptimo más endeudado, con 4) de 78.2, en Jalisco (el cuarto más endeudado, con 4) de 74.1, en Coahuila (el undécimo más endeudado, con 3) de 71.5, en Baja California (el décimo más endeudado, con 3) de 70, en Durango (el vigésimo más endeudado, con 1) de 64.2, en Tamaulipas de 63.8 (el noveno más endeudado, con 3), y en el estado de México (el segundo más endeudado, con 15 por ciento) de 62.1 por ciento.

Consideradas todas las entidades federativas y sus municipios, llama la atención que en 12 de ellas la proporción de la deuda en relación con sus participaciones sobrepasa 60 por ciento, y en 18 de ellas la proporción sobrepasa 50 por ciento. Aquí, ¿cómo saber hasta qué rango de endeudamiento es prudente y sano? Si la proporción en el Distrito Federal (que representa 18 por ciento de la deuda) es de 92.4 por ciento, en el estado de México (con 12 por ciento de la deuda) de 62.1 por ciento, en Nuevo León (con 11 por ciento de la deuda) de 139.6 por ciento y en Jalisco (con 8 por ciento de la deuda) de 74.1 por ciento, lo que reunidos los hace representar 49 por ciento de la deuda de las entidades federativas y de los municipios del país. ¿Cómo establecer un marco que determine un tope de endeudamiento que sea responsable para las finanzas públicas de los órdenes de gobierno subnacionales?

Aquí, incluso en el foro de secretarios de Estado sobre sostenibilidad de la deuda, organizado por el Banco Mundial en abril de 2009, en el documento Sustainability of debt se afirmó que actualmente no hay umbrales establecidos para evaluar la sostenibilidad de la deuda de los gobiernos subnacionales, mas una buena aproximación para dicho análisis se puede obtener observando la tendencia del peso de la deuda en relación a los ingresos y la capacidad de pago de los gobiernos subnacionales, y en este sentido es fácil observar la dependencia que existe por los estados y los municipios respecto a las participaciones enviadas por la federación.

Considerando que en México de 1993 a la fecha, la deuda pública de los órdenes de gobierno subnacionales se ha multiplicado 16.24 veces, es necesario poner un límite que frene este comportamiento a fin de salvaguardar la viabilidad financiera del país, porque actualmente este nivel de deuda subnacional es equivalente a 2.1 por ciento del producto interno bruto, y en 60.9 por ciento se está garantizando con participaciones federales.

IX. Proporción entre los ingresos ordinarios de las entidades federativas y de los municipios, y las transferencias federales

De acuerdo con el análisis del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de 2008 realizado por la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Auditoría Superior de la Federación, en el apartado relativo a la “evaluación de la fiscalización superior sobre recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios”, con la entrada en vigor en 1980 de la Ley de Coordinación Fiscal y la consecuente adhesión de las entidades federativas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se logró homologar los sistemas fiscales locales, eliminando la concurrencia de dos o más niveles de gobierno sobre una misma fuente de ingresos.

A partir de ese año, a cambio de haber dejado de tributar sobre fuentes que cobraba la federación, las entidades federativas recibirían participaciones en ingresos federales, cuya distribución tendría dos efectos: uno resarcitorio para devolver por esa vía el producto del esfuerzo recaudatorio que generaba, y el otro compensatorio, que buscaría otorgar la misma posibilidad para que todas las entidades gozaran de la riqueza nacional, y esto tendría objetivos redistributivos del ingreso nacional.

Los ingresos ordinarios de las haciendas públicas estatales se constituirían con los recursos propios que generaran por el cobro de los impuestos locales, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras en los términos de las leyes de ingresos, así como con los recursos de las Participaciones federales.

Además de los ingresos ordinarios, las entidades federativas complementan sus presupuestos con financiamientos, así como con las aportaciones federales vía ramo 33, recursos estos últimos que no forman parte de las disponibilidades para financiar el gasto local, toda vez que por ley tienen un fin específico, es decir, se encuentran etiquetados; y por su parte, los recursos del ramo 28, es decir las participaciones federales, se pagan a las entidades federativas como resultado de su adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal, y no son sujetos de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con la UEC, desde la entrada en vigor de la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades federativas registran una elevada dependencia de las Participaciones federales, situación que se asocia al insuficiente esfuerzo recaudatorio, pero también a la baja productividad de los impuestos locales. Si se conjunta la recaudación tributaria a nivel nacional, es posible observar que los impuestos federales (ISR, IETU, IVA, IEPS, Tenencia, Isan, IDE) concentran poco más de 95 por ciento del total, los impuestos estatales (tenencia local, enajenación de inmuebles, nóminas, etcétera) aportan sólo el 2.5 por ciento y los impuestos municipales (predial, traslado de dominio, anuncios publicitarios y otras) generan únicamente el 2.3 por ciento del total. A continuación se presenta una tabla con esta información:

A continuación se presenta una tabla con información relativa a los ingresos ordinarios de las entidades federativas, que demuestra el grado de dependencia que tienen en relación a los recursos enviados por la federación:

Las participaciones federales se han convertido en la fuente más importante de recursos para las haciendas públicas estatales, ya que en promedio constituyeron el 75.2 por ciento de los ingresos ordinarios en 2007, en 20 de las 32 entidades federativas sobrepasan 80 por ciento de sus ingresos ordinarios, y en 29 sobrepasan 70 por ciento de sus ingresos ordinarios, lo cual a todas luces denota una situación de dependencia por parte de los gobiernos estatales respecto de estos recursos enviados por la federación.

El Distrito Federal presenta la menor dependencia respecto de las participaciones federales, con 53.5 por ciento, aunque ello está asociado, de acuerdo con la UEC, en gran medida a que dentro de sus ingresos propios se contabilizan los recursos por la vía del impuesto predial y los derechos de agua potable, conceptos que en el resto de las entidades federativas son de potestad municipal.

A continuación se presenta una tabla con los datos de los ingresos de las entidades federativas en el país, obtenido del análisis del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de 2008, en el apartado relativo a la “evaluación de la fiscalización superior sobre recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios”:

De la tabla se desprende que los recursos federales sumados al ‘resto’, el cual incluye a los ingresos de Organismos y Empresas y los ingresos extraordinarios (sobre la extracción de petróleo) han constituido en el periodo comprendido de 1994 a 2005, aproximadamente el 90 por ciento de los ingresos de las haciendas públicas estatales.

A continuación se presenta una tabla con los datos de los ingresos de los municipios en el país, obtenido del análisis del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de 2008, en el apartado relativo a la “evaluación de la fiscalización superior sobre recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios”:

En la tabla se observa que de 1991 a 2004, los ingresos brutos municipales mantienen una tendencia ascendente, registrándose una variación cercana a 160 por ciento, lo cual se debe principalmente al incremento de las participaciones y aportaciones federales y estatales, las cuales pasaron de aportar 48.4 por ciento en 1991 a 66 en 2004. Al respecto, debe señalarse que los cambios más importantes se dieron a mediados de la década de los noventa, particularmente entre 1995 y 1998, cuando se inició la descentralización de los fondos municipales.

Se aprecia hacia 2004 una tendencia creciente en las participaciones, aportaciones y en el financiamiento municipal, llegando a consistir éstas en 37, 29 y 6 por ciento respectivamente; es decir, en 72 por ciento de los ingresos municipales.

X. Proporción entre la deuda subnacional y el PIB en México y Latinoamérica

A continuación se presenta una tabla que muestra la variación porcentual real del producto interno bruto del país, obtenida del análisis del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de 2008, en el apartado relativo a la “evaluación de la fiscalización superior sobre recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios”:

De las tablas se desprende que aunque la deuda pública subnacional en México de 1993 a la fecha se ha multiplicado 16.24 veces, la variación porcentual real del PIB nacional ha alcanzado su máximo en 6.8 por ciento en este periodo, en 1997, y el mínimo en -6.5 por ciento en 2009.

En América Latina y el Caribe de 1999 a 2002 hubo un crecimiento acelerado de la deuda pública subnacional, y posteriormente dicha deuda disminuyó para 2006, como se muestra en las tablas presentadas a continuación, obtenidas de la presentación Determinants of subnational fiscal outcomes in Latin America, del Banco Interamericano de De-sarrollo, realizada en junio de 2009:

De las tablas se desprende que aunque México tenía una deuda pública subnacional como porcentaje del PIB de alrededor de 2 por ciento en el periodo de 2002 a 2006, en esos años el promedio del endeudamiento subnacional de los países de América Latina y el Caribe era de entre 6 y 8 por ciento, llegando los de Argentina y Brasil a niveles de 22 y 20 por ciento, respectivamente, en 2002, para luego decrecer a niveles de 13 y 16 por ciento, respectivamente, en 2006.

En esos años, el balance general de las finanzas públicas subnacionales en América Latina ha sido variable, considerando a México con déficit (en 2002) y superávit (en 1999 y 2006) de alrededor de 1 por ciento, mientras que por ejemplo Argentina en 1999 llegó a un déficit de -1.5 por ciento, Brasil aproximadamente de -0.3 por ciento, y ya para el 2006 el promedio de las finanzas de los gobiernos subnacionales en América Latina y el Caribe fue de 0.2 por ciento.

Estos datos es importante considerarlos porque instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el estudio La caja negra del gasto público, señalan que hay experiencias internacionales como Argentina, California en Estados Unidos, y Brasil, que nos demuestran la importancia de que los órdenes de gobierno subnacionales tomen su respectiva responsabilidad en la generación de ingresos y recaudación de impuestos, a fin de que todos juntos contribuyamos a tener un país con finanzas públicas más sanas y responsables.

De acuerdo con Debt Relief International y con el documento citado del foro de secretarios de Estado del Banco Mundial, los principales indicadores para medir el peso de la deuda de un gobierno subnacional, resultan de comparar variables de saldo y flujo de la deuda subnacional con la capacidad de pago. El peso de la deuda, es decir el numerador de los indicadores, puede ser analizado desde el punto de vista de solvencia, es decir, por los agregados de deuda en un momento determinado y desde el punto de liquidez a través del servicio de la deuda o los componentes del mismo; y respecto del denominador, normalmente se utilizan los ingresos corrientes de los gobiernos subnacionales, y en la presente iniciativa el punto de referencia son las Participaciones federales, debido a que también son de carácter recurrente, y a la oportunidad de recopilación de información.

Así, hay que pensar en profundizar en cada entidad federativa y sus municipios, en la cantidad que representan para sus ingresos las transferencias federales con recursos etiquetados (aportaciones) y recursos no etiquetados (participaciones), ya que estas últimas más el gasto corriente respecto a sus ingresos disponibles, son un buen indicador de su solvencia y liquidez para efecto de medir la eficacia y el control de su gasto, y esto es algo que es importante considerar, y así lo han afirmado calificadoras como Fitch Ratings en una presentación ante el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, en mayo de 2007. En dicha presentación, Fitch Ratings precisó que faltan controles efectivos en la relación a la cantidad que representa el gasto público, el endeudamiento y la afectación de flujos futuros respecto al ingreso disponible de los gobiernos subnacionales.

Otro factor en el que es importante poner atención a fin de establecer límites al endeudamiento subnacional son los ingresos petroleros. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) refiere en el estudio La caja negra del gasto público que la Administración de Información Energética de Estados Unidos prevé que México comenzará a importar petróleo en 2010, y a continuación señala “supongamos que dicho estudio exagera la carga pesimista de sus predicciones y arbitrariamente impongamos un criterio menos fatídico: para fines de 2018, las exportaciones mexicanas de petróleo caerán en 50 por ciento. Este hecho significaría una pérdida de 36 por ciento en la recaudación federal participable y una caída de 32 por ciento en las transferencias federales a estados y municipios”.

Es importante prever que dentro de los próximos 8 años, es decir en un futuro cercano, los estados y municipios habrán debido incrementar su nivel recaudatorio a efecto de poder hacer frente a las obligaciones financieras que han adquirido recientemente, con proyecciones incluso hasta los próximos 20 ó 30 años, ante un escenario en el que se verán disminuidas las transferencias de recursos que reciben de la federación.

XI. Deuda subnacional comparada con su producto interno bruto estatal

A continuación se presenta una tabla relativa al saldo promedio de la deuda de las entidades federativas y sus respectivos municipios, como porcentaje del producto interno bruto de cada estado, a fin de observar con mayor detalle cada caso. Esta tabla fue obtenida de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualizada al fin del segundo trimestre de 2010

Destaca que la deuda actual de Chiapas sea de 3.8 por ciento de su PIB, la de Chihuahua de 3.3 por ciento, la de Michoacán y Nayarit de 3.4 por ciento, la de Nuevo León de 3.1 por ciento, y la de Sonora de 3.6 por ciento, viéndolo seriamente, son porcentajes altos, porque representan una parte de la producción total de bienes y servicios de la entidad federativa en su conjunto; y además, considerando que el agregado de la deuda pública de los órdenes de gobierno subnacionales, de 1994 a la fecha, no ha superado en su conjunto 2.1 por ciento del producto interno bruto nacional.

A continuación se presenta una tabla que muestra el grado porcentual real del producto interno bruto de las entidades federativas en 2008, obtenida del análisis del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública de 2008, en el apartado relativo a la “evaluación de la fiscalización superior sobre recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios”:

En la gráfica es posible advertir que mientras en 2008 el país creció 1.3 por ciento real, y el saldo de la deuda subnacional creció en un 1.08 por ciento (de 186 mil 470.0 mdp en 2007 a 203 mil 70.2 mdp en 2008), Entidades como el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Estado de México, que son las que representan 49 por ciento de la deuda subnacional total, lo hicieron entre 0.9 y 1.3 por ciento, y el estado de México en 2.3 por ciento; considerando a la vez que su porcentaje de deuda respecto al PIB en ese año fue de 2.3 por ciento para el Distrito Federal, 3.2 por ciento para el estado de México, 1.7 por ciento para Jalisco y 2.0 por ciento para Nuevo León. Es decir, en 2008 el nivel de endeudamiento de estas entidades respecto al PIB fue mayor de lo que creció su producto interno bruto.

Se presentan datos de 2008 porque son los disponibles en el Análisis más reciente del Informe de Resultados de una Cuenta Pública, mismo que fue publicado en abril de 2010 por la UEC de la Auditoría Superior de la Federación, pero es un ejercicio útil para evaluar en un periodo reciente el nivel de deuda respecto al PIB, con respecto al nivel de crecimiento de dicho PIB, de las entidades federativas y de los municipios del país.

XII. Plazo de vencimiento de la deuda pública subnacional

Se presentan a continuación dos tablas realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales incluyen el plazo de vencimiento, tanto de la deuda bancaria, como la de emisiones bursátiles (cabe recordar que del total de la deuda a junio de 2010: 51 por ciento está comprometido con la banca comercial, 25 por ciento está comprometido con la banca de desarrollo, 18 por ciento está comprometido a través de emisiones bursátiles, y 7 por ciento está comprometido a través de fideicomisos):

Destaca que en promedio el plazo de vencimiento de la deuda ponderada bancaria en 1994 era de 6.6 años, considerando a Puebla con el plazo más largo de vencimiento a 8.9 años, seguido por Chiapas y Nuevo León a 8.6 años.

En 2010, el plazo promedio de vencimiento ponderado de la deuda bancaria casi se ha triplicado, llegando a 17.6 años, y del cual destaca el Distrito Federal con un plazo promedio de 24.9 años, Veracruz a 23.8 años, Tabasco a 22.6 años, Sinaloa a 21 años, y Oaxaca a 20.5 años.

Se presenta a continuación la tabla de los saldos vigentes relativos a las emisiones bursátiles de entidades federativas y de municipios:

De la tabla anterior se desprende que de los 25 proyectos señalados para emisiones bursátiles, en siete de ellos la deuda es a 30 años, en 2 de ellos es a 28 años, y en otros dos es a 20 años, cuyos montos en conjunto representan el 51 por ciento del total de los montos de las emisiones bursátiles de obligaciones financieras de las entidades federativas y de los municipios del país.

Las emisiones cuya fuente de pago son las participaciones representan en conjunto 30 por ciento de los montos de las emisiones bursátiles de obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios del país, y su rango de tiempo para el pago va de los 5, 9, 10, 12, 18 y 20 años.

XIII. Propuesta: poner un alto a que los órdenes de gobierno subnacionales sigan comprometiendo las participaciones federales para el pago de deuda

De lo señalado es posible concluir muchos puntos, pero principalmente destaca que el crecimiento de la deuda subnacional en México se ha disparado en los últimos años, multiplicándose 16.24 veces; que los porcentajes que representan con relación al PIB de los estados son más altos que las tasas de crecimiento del PIB en las entidades federativas; que el plazo para el pago de la deuda ha incrementado de un máximo de 8 años en 1993 (cuando únicamente era con la banca) a un máximo de 30 años en 2010 (ahora también en emisiones bursátiles); y que esa deuda se está financiando en su conjunto en 61 por ciento con participaciones federales, las cuales representan aproximadamente 75 por ciento de los ingresos ordinarios de las entidades federativas y 66 por ciento de los ingresos ordinarios de los municipios.

Es preciso establecer un alto radical al endeudamiento de las entidades federativas, ya que en 12 de ellas la proporción de la deuda en relación a sus participaciones sobrepasa de 60 por ciento, y en 18 de ellas la proporción sobrepasa de 50 por ciento. A saber, Nuevo León (el tercer estado más endeudado, con 11 por ciento de la deuda subnacional) la relación de deuda subnacional contra participaciones federales llega a 139.6 por ciento, en Chihuahua (el quinto más endeudado, con 5 por ciento) la relación es de 101.2 por ciento, en el Distrito Federal es de 92.4 por ciento (el más endeudado, con 18 por ciento), en Sonora la relación es de 85.1 por ciento (el sexto más endeudado, con 4 por ciento), en Quintana Roo (el decimoquinto más endeudado, con 2 por ciento) es de 83 por ciento, en Michoacán (el séptimo más endeudo, con 4 por ciento) de 78.2 por ciento, en Jalisco (el cuarto más endeudado, con 4 por ciento) de 74.1 por ciento, en Coahuila (el undécimo más endeudado, con 3 por ciento) de 71.5 por ciento, en Baja California (el décimo más endeudado, con 3 por ciento) de 70 por ciento, en Durango (el vigésimo más endeudado, con 1 por ciento) 64.2 por ciento, en Tamaulipas 63.8 por ciento (el noveno más endeudado, con 3 por ciento), y en el estado de México (el segundo más endeudado, con 15 por ciento) de 62.1 por ciento.

Considerando que tal como lo refieren diversos estudios internacionales, es preciso poner límites al endeudamiento de los órdenes de gobierno subnacionales, a fin de que en el tiempo presente y en un futuro, cuenten con la capacidad de generar o recaudar los recursos suficientes para afrontar permanentemente sus gastos y honrar el servicio de su deuda, sin necesidad de incurrir en mora, renegociar la deuda, o efectuar un ajuste fiscal significativo, o de generar consecuencias perjudiciales al contexto macroeconómico del país, se pone a consideración de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 4o.-A, fracción I, en los últimos dos párrafos, 6o., párrafo cuarto, y 9o., párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4o-A.La recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos partes:

I.Del total recaudado 9/11 corresponderá a las entidades federativas en función del consumo efectuado en su territorio, siempre y cuando se encuentren adheridas al sistema nacional de coordinación fiscal y celebren con la federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, convenio de colaboración en términos del artículo 13 de esta Ley, mediante el cual se sujeten, entre otras cosas, al cumplimiento de las obligaciones siguientes:

a)Administrar la totalidad de la recaudación del impuesto dentro de su territorio.

b)Reintegrar a la federación las cantidades equivalentes a los 2/11 restantes del total recaudado por la aplicación de las cuotas, a fin de que se proceda a su distribución en términos de la fracción II de este artículo, o bien, manifestar su autorización para que la federación compense dichas cantidades contra sus participaciones federales, en términos de lo establecido en el artículo 9o. de esta ley.

c)Destinar los recursos que correspondan a la entidad por la administración del impuesto a la compensación de las pérdidas en participaciones estatales que sufran sus municipios y en el caso del Distrito Federal sus demarcaciones territoriales, derivadas de modificaciones en la forma de distribución de la entidad a sus municipios o demarcaciones territoriales.

d)Incluir en las publicaciones a que se refiere el artículo 6o., último párrafo, de esta ley, el destino de los recursos que corresponderán a sus municipios y en el caso del Distrito Federal sus demarcaciones territoriales, así como acreditar su cumplimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II. ...

Artículo 6o.Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores a 20 por ciento de las cantidades que correspondan al estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general.

La federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los estados dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la federación hará la entrega directa a los municipios descontando la participación del monto que corresponda al estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales recibirán como mínimo 20 por ciento de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta ley.

Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones. Los gobiernos de las entidades, quince días después que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, a que está obligada conforme al artículo 3 de esta ley, deberán publicar en el Periódico Oficial de la entidad los mismos datos antes referidos, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus municipios o demarcaciones territoriales.

También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan esta disposición.

Artículo 9o.Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención

Las obligaciones de los municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del estado

En todo caso las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda.

El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al sistema nacional de coordinación fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.

En el reglamento que expida el Ejecutivo federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y municipios.

Transitorios

Primero.Este decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2011.

Segundo.La presente reforma no será aplicable a la deuda contraída por las entidades federativas y municipios al 31 de diciembre de 2010.

Palacio Legislativo, a 25 de noviembre de 2010.— Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Mendoza.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano(desde la curul): Diputado presidente. Para pedirle que pudiera quedar una constancia en actas, quitarle medio minuto, por favor.

Quiero decirle que como está publicado en la Gaceta Parlamentaria, he inscrito una efeméride respecto del aniversario luctuoso de la muerte del maestro rural Lucio Cabañas Barrientos. En vista de que desafortunadamente me doy cuenta que por la dinámica de la sesión no será posible que se desahogue esta efeméride, pedirle respetuosamente que quede inscrito que he tenido la atención y la intención además, de atender a un conjunto de ciudadanos guerrerenses que me han pedido poner en la tribuna este tema tan sentido para un sector de la población del estado de Guerrero.

Que en virtud de esto dejar inscrito desde luego. Son 36 años los que se conmemoran de la muerte de este profesor rural, que dio su vida como muchos otros mexicanos, para poder cambiar esta nación. Que se le recuerda, que se inscribe respetuosamente y que con ello se le da curso y trámite a la petición de los ciudadanos guerrerenses. Muchas gracias, diputado presidente.

«Efemeride con motivo del 2 de diciembre, trigésimo sexto aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD

Eduardo Mendoza Arellano, en mi carácter de diputado de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39, inciso 3, y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta efeméride relativa al 2 de diciembre, trigésimo sexto aniversario luctuoso de Lucio Cabañas Barrientos.

Lucio Cabañas Barrientos nació en el Porvenir, Atoyac de Álvarez, Guerrero, en diciembre de 1938. Durante su infancia, su padre, su padrastro y sus tíos Leonardo Cabañas y Juan Iturio fueron asesinados por pistoleros sin que nadie hiciera justicia. Para poder estudiar la normal, Lucio se escapó de su casa. En febrero de 1956 entró en la escuela normal Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, para terminar su sexto año de primaria. En este lugar se enfrentó con el ausentismo de los maestros, así que organizó a su grupo y logró la remoción del director del plantel.

Emergió de las luchas estudiantiles, primero en la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, y, luego, como militante de la Juventud Comunistas de México, a partir de su ingreso en 1959. Participó activamente en el movimiento cívico en la deposición del gobernador Caballero Aburto en 1960. Participó como secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México de 1962 a 1963. Ya titulado, se vinculó gremialmente con el Movimiento Revolucionario del Magisterio, luchó contra los que se enriquecían a costa del sufrimiento y trabajo de los más pobres, contra la estructura violenta que caciques, pistoleros, gobierno estatal y federal, policías y soldados, agredían a los trabajadores del campo.

De agosto a noviembre de 1967 recorre, junto con los profesores de los poblados de la sierra de Átoyac, Juan Mata Cebrián, Serafín Núñez e Hilda Flores Reinada publica el volante “El Huarachudo, Voz de los Pobres de Atoyac”.

Lucio se sumergió en la clandestinidad. Promueve la organización del Partido de los Pobres. Durante lo que resta de 1967 y 1968 recorre pueblos y barrios de la región. El 29 de julio de 1967 aparece el primer número de “El Huarachudo”. Difunde volantes con llamados a la población para que se sumaran a la naciente organización. Los pueblos mantienen formas de organización comunitaria, tomando acuerdos mediante asambleas, en donde abordan los diversos problemas a los que se enfrentan. Lucio aprende de esas formas de organización y aprende a llevarlas a cabo. Se acerca a las asambleas comunitarias para explicar y promover la necesidad de formar defensas armadas, de acumular esfuerzos para la lucha guerrillera.

Lucio el revolucionario forma círculos de estudio y promueve la movilización de los pueblos en torno a la defensa de los intereses más sentidos por los campesinos sin dejar de lado los problemas magisteriales. Busca hacer conciencia de su lucha. El Ejército detecta los círculos de estudio promovidos por Lucio. Los considera reuniones subversivas porque “se les enseña marxismo a los campesinos”.

El Partido de los Pobres se formó con una amplia base social. Se sostuvo en los comités clandestinos organizados en las comunidades (después llamados Comités Revolucionarios del Pueblo).

A partir de 1968, Lucio comienza a reclutar a los integrantes profesionales de la naciente Brigada Campesina de Ajusticiamiento, constituida por dos tipos de integrantes: a) los combatientes transitorios (campesinos que formaban parte de de las bases del partido y que se decidían a unirse a la brigada durante tres meses como combatientes, para luego regresar a sus lugares de origen y promover al Partido en sus comunidades, y, b) los combatientes fijos, los cuales se dedicaban de tiempo completo a la lucha político-militar.

Su área de acción predominante fue la sierra de Guerrero, aunque tuvo también varias células operando en Michoacán, la región Huasteca, en áreas urbanas diversas y en la Ciudad de México.

En agosto de 1968, la BCA-PDLP ejecuta a Tinito Villegas, de Cacalutla. El 11 de octubre se publica en el periódico La Verdad, un desplegado firmado por Lucio, exigiendo a las autoridades el cumplimiento de las leyes y el encarcelamiento del Ejecutivo del estado y su gabinete. El 14 de noviembre de 1968 el Ejército Mexicano emprende su primera ofensiva contrainsurgente contra las fuerzas político-militares de la ACNR y del PDLP.

De mayo de 1970 a mayo de 1971 la directiva del PDLP recae en Lucio. Para 1971 se incorporan elementos de La Partidaria, grupo que meses más tarde formará la Liga Comunista 23 de Septiembre.

En julio de 1971 había fundado, al lado del profesor Filemón Bahena Román, las Fuerzas Revolucionarias Armadas Socialistas. El 17 de enero de 1972 sus esfuerzos por desa-rrollar la guerrilla en Sonora fracasan al ser detenido la mayoría de sus participantes integrantes de la Brigada 10 de Julio.

El 15 de marzo de 1972 un comando de la BCA, donde participa Lucio, secuestra a Cuauhtémoc García Terán, se pide por su vida tres millones de pesos y 10 mil volantes con el ideario del PDLP. Tras el ataque, los guerrilleros se trasladan a su campamento en el cerro de La Patacua, donde se aprueba su plan anual 1972-1973, contemplando tres ataques al Ejército, un secuestro económico y otro político, y se designa una nueva dirección. Los mandos de la DFS reconocen que con esa acción han “dejado la fase de la subversión y entran de lleno a la lucha abierta como guerrilla, actuando como fuerza popular” en contra del Ejército y las fuerzas de seguridad.

En el DF Lucio se hospeda en la casa de Alberto Salvador Ulloa Borneman. El líder guerrillero usa el tiempo para contactar a simpatizantes en Michoacán, Aguascalientes, Sonora, Durango, Veracruz y Morelos. Además, organiza un comando mixto de militantes de la BCA, M23S, Liga Comunista Espartaco y Movimiento Jaramillista, para expropiar la sucursal bancaria del Banco Comercial Mexicano en la SEP, el 13 de abril de 1973.

Lucio refuerza su liderazgo expulsando del seno de la BCA-PDLP toda disidencia. El 10 de julio de 1973 expulsa a todos los integrantes de La Partidaria. A su reincorporación en la sierra, Lucio planea la extensión del movimiento armado a otros lugares de la república. Los hermanos Jorge Francisco y Moisés Pérez Cipriano en coordinación con Abelardo Morales Gervasio, Rammel, realizan varios intentos en Bolaños, Jalisco. Fracasan.

En agosto, la BCA-PDLP reanuda su campaña ofensiva contra el Ejército Mexicano. Para ese entonces prácticamente ejerce un gobierno autónomo, popular y democrático. Lucio se dedica a resolver todo tipo de asuntos en las poblaciones, desde las necesidades médicas, escases de dinero, alimentación; da medios para los traslados, consejos, impone orden dentro de los pueblos.

El 11 de noviembre de 1973 los rebeldes de la BCA, comandados por Lucio, chocan contra cerca de 300 elementos de tropa, entre los poblados de Yerbasantita y Las Compuertas, en la sierra de Coyuca de Benítez; muere un rebelde, un sargento, un cabo y dos soldados. Lucio y sus compañeros deciden retirarse hacia Santa Rosa, donde Lucio conoce a quien será su última esposa, Isabel Ayala Nava, con quien procrea una niña, a la que le ponen el nombre de Micaela.

El 25 se produce otro choque en Santa Rosa entre tropas del Ejército y la BCA-PDLP. Se continúan las detenciones ilegales y el acrecentamiento de las desapariciones forzadas. Lucio decide regresar a la sierra de Atoyac. Para fines de diciembre la lista de desaparecidos se ha incrementado a 55.

A fines de 1973, a través del maestro Inocencio Castro Arteaga, también militante del MRM, el senador Rubén Figueroa le dirige una carta a Lucio proponiéndole entablar pláticas para pacificar a Guerrero. Los guerrilleros rechazan la solicitud de la carta.

El 16 de marzo de 1974 la BCA-PDLP embosca a la policía montada en el tramo Coyuquilla Norte, Coyuquilla Sur. Al siguiente día, la BCA, con Lucio al frente, ocupa temporalmente el poblado, 14 jóvenes se les suman. Tres días después, la brigada se traslada a El Valle, donde intentan infructuosamente emboscar a tropas del Ejército. Se trasladan a El Salto, con los mismos resultados; se trasladan al cerro de San Andrés y posteriormente a El Saltito donde se unen a las fuerzas comandadas por Lucio.

El 22 de marzo los rebeldes llegan a El Cacao, se reúne toda la comunidad en la cancha; se celebra, durante una hora y media, una asamblea popular presidida por Lucio. En todas las asambleas que participa, Lucio expone las razones por las cuales se encuentran levantados en armas e invita al poblado a unirse en la lucha contra los gobiernos estatal y federal y derrocar al régimen actual.

El 18 de mayo de 1974 se celebra, con la asistencia de 100 delegados, la última asamblea del PDLP en El Ciruelar. Se toma como puntos fundamentales seguir golpeando al Ejército Mexicano a través de la BCA-PDLP y hacer mayor propaganda del PDLP. El 30 de mayo de a las 7:00 p.m. llega Lucio con 12 de sus compañeros. Después de tres días de negociaciones, no se llega a ningún acuerdo, pues Lucio fija como condición de inicio la liberación de todos los presos. El diálogo se interrumpe cuando se le comunica a Figueroa y su comitiva la decisión de la BCA-PDLP de secuestrarlos.

La respuesta del Ejército al secuestro de Figueroa fue brutal en contra de las comunidades campesinas, a las que considera como bases del movimiento guerrillero. Ante la impotencia de localizar a la BCA, los militares atacan a la población civil indefensa.

El 23 de junio de 1974 llegan a México un grupo de 63 militares de la Escuela Superior de Guerra de Brasil, encabezado por Walter de Meneses Paz, procurador militar. Al siguiente día, arriba otro contingente de militares brasileños se les une. Son expertos en tácticas contraguerrilleras. El 24 de junio el “Grupo Sangre”, organizado por la DFS, informa a su superioridad, a través del capitán Luis de la Barreda Moreno, director de la Federal de Seguridad, que en fechas recientes tanto en Acapulco como en otras poblaciones han venido apareciendo cuerpos sin vida de personas no identificadas.

Los cuerpos, pertenecen a personas conectadas con Lucio Cabañas Barrientos y su gente, que han sido aprehendidos cuando bajan de la sierra para abastecerse de víveres y otros objetos necesarios para ellos, o sirven de correo entre los remontados y quienes se encuentran en la zona urbana.

El 11 de julio de 1974 se reúnen los grupos de la BCA-PDLP. Analizan sus fallas, pues casi logra escaparse Figueroa. 11 milicianos renuncian a la BCA y regresan a sus zonas de origen. El 13 se produce un enfrentamiento entre el grupo que custodia al senador Figueroa y tropas del ejército, en el camino que lleva a San Juanito al Plan de los Metates. Muere un guerrillero. Ese mismo día, en La Gloria, tropas del ejército sorprenden a la BCA comandada por Lucio.

Del 26 al 28 de julio de 1974, se reúne el conjunto de la BCA-PDLP. Se da a conocer el tercer comunicado para la liberación de Figueroa. Ante la negativa del gobierno federal a negociar, los guerrilleros solicitan 50 millones de pesos por la libertad de Figueroa, para ser entregados el 02 de agosto de 1974. El 27 de julio en el campamento de La Delfa, se incorpora a la guerrilla Marcelo Serafín Juárez, Arturo. Con 15 años, permanecerá al lado de Lucio hasta su muerte y será capturado vivo por el ejército, para ser posteriormente desparecido.

La BCA decide dividirse en dos columnas independientes. La de mayor número de combatientes, 42; la otra, la menor, al mando de Lucio, equipada con las mejores armas y mayor cantidad de parque, debía dirigirse a la sierra de Tecpan con el objetivo de atacar a las fuerzas militares, distrayendo así su atención de la columna principal.

El pequeño grupo de Lucio se va al Cacao, cerca de la poza de Atoyac y Tecpan, para organizar emboscadas a convoyes militares. Tenía la intención de llegar a la sierra de San Luis, hasta llegar a los límites del estado de Michoacán. El 14 de agosto de 1974, 11 milicianos de la columna mayor desertan. Quedan 31 insurgentes.

El 8 de agosto de 1974 la columna comandada por Lucio se enfrenta contra 150 soldados del 27 Batallón de Infantería, en un lugar denominado “Monte Alegre”, entre Plan de los Molinos y ranchería La Cebada. Mueren 11 soldados y otros 6 son heridos. Sin embargo, días después Miguel Ángel de la Cruz Martínez es detenido por soldados. Informa de la existencia de tres grupos de la BCA-PDLP: el que comanda Lucio, el que escolta al senador y su comitiva y los del Grupo “18 de Mayo”.

Rammel redacta una carta para Lucio con las condiciones para liberar a Figueroa y en intercambio sería soltado él y dejarían en libertad al profesor Inocencio Castro. La carta es enviada a Lucio a través de Félix Bautista y Juan, quienes son conducidos a la sierra el 11 de agosto por Bonilla, entrando por Arteaga. Abelardo e Inocencio jamás fueron puestos en libertad. Se encuentran desaparecidos.

El 21 de agosto una columna de la BCA-PDLP sostiene un encuentro contra el Grupo Escobedo, Grupo Iñigo y Grupo Llanos del 48 Batallón de Infantería; son capturados dos combatientes. Ese día, por la noche, a la altura de La Huerta de Los López, la BCA-PDLP comandada por Lucio embosca una columna de 100 soldados que se dirigían de El Ticuí a Caña de Agua. Los soldados tienen 29 bajas, 14 muertos y 15 heridos.

El 7 de septiembre de 1974, la comandancia de la BCA-PDLP comete un error fatal. En el justo momento en el que se encuentran arreglando las condiciones para soltar al senador y sus compañeros, deciden enviar a José a Acapulco para acelerar la entrega de Figueroa. José, de tan sólo 15 años de edad, al bajar de la sierra es capturado. El 8 de septiembre de 1974 inicia la Operación Atoyac, bajo la comandancia del teniente coronel Juan López Ortiz de la XXVII zona militar.

La columna de la BCA que custodia al senador se encuentra en Las Pascuas, al oriente de El Quemado; lugar donde iban a soltar a Figueroa. Las 48 personas, 11 de ellas mujeres, son cercados por elementos del Ejército Mexicano. Abren fuego contra los insurgentes. Al final el Ejército rescata a Figueroa y sus compañeros. Pierden la vida Sixto Serafín Castro, Sebas, brazo principal de la BCA-PDLP. Febronio Díaz Figueroa y el tío de Lucio, Luis, resultan heridos por el fuego de los soldados. Al ser trasladados a un hospital, fallece Luis.

La primera derrota militar de la BCA-PDLP marca el inicio de su derrota estratégica. Sólo quedan 11 combatientes de los 42 integrantes originales de la columna. Al día siguiente de la liberación de Figueroa, son detenidos diversos trabajadores de la revista ¿Por Qué?, por el delito de publicar en números anteriores los comunicados del PDLP. Permanecen desaparecidos, internados en el Campo Militar número 1, del 9 al 21 de septiembre de 1974.

Lucio, ante las noticias, decide cambiar de planes y restablecer contacto con la columna que custodiaba a Figueroa. Avanzan rumbo Achotla y Las Palmas.

En la tarde el 20 de septiembre de 1974, la BCA-PDLP comandada por Lucio se enfrenta, por quinta ocasión, contra tropas del Ejército, en la carretera de Cacalutla a la sierra, entre los barrios de Ixta y Las Trincheras. Mueren 9 soldados y quedan 7 heridos. Los guerrilleros pierden la historia gráfica de la guerrilla, la cual queda hasta la fecha en poder del Ejército Mexicano.

Para septiembre, ubicando los mandos del Ejército Mexicano la disgregación de la columna principal de la BCA y la posible ruta seguida por las fuerzas reducidas comandadas por Lucio perfeccionan un nuevo plan que comienzan a impulsar a fines de septiembre.

Los 14 integrantes de la BCA-PDLP acampan en Los Toronjos el 10 de octubre. Por un error, son detectados por una columna volante. Al otro día, amanecen cercados. Los militares abren fuego con balas y granadas. Los guerrilleros intentan romper el cerco. Se dividen en tres grupos. Dejan todas sus mochilas, las grabaciones realizadas a Figueroa, la ropa, las hamacas; todo su equipo cae en poder del Ejército Mexicano.

Mientras tanto, Lucio rompe el cerco. Más de doce días le tarda llegar Atoyac. Va herido de los pies, pues tiene que caminar sin huaraches; se le entierra un espinal. Se cae en un barrancón; enfermo, con calentura por la infección de la planta de los pies. En Los Corrales recibe ayuda. Le dan una carabina R-15. Lo medio curan. Le acompañan sólo tres compañeros. Esta confiado, a pesar de las adversidades, en poder reestructurar a la BCA y al PDLP en 1975. Cree que el PDLP conserva los 25 millones del rescate de Figueroa. Planea el crecimiento de las fuerzas guerrilleras, la compra de armas más poderosas, el mejoramiento de las radio comunicaciones entre sus milicianos; la publicación de un periódico, la instalación de una radiodifusora propia; establecer contacto con grupos revolucionarios de otros países; visitar los estados; de extender la organización del PDLP a todo el país. Una traición puso fin a los sueños de Cabañas.

El 1 de diciembre de 1974, bajo la guía de José Isabel Ramos, Chavelo, campesino cafetalero del ejido de Santa Lucia, Tecpan, el pequeño grupo de cuatro guerrilleros, comandados por Lucio, llega a la región de El Otatal. Con el pretexto de ir a tratar un asunto relativo a sus créditos a las oficinas del Inmecafe, se separa temprano –ese día– del grupo. Lucio le entrega 2 mil pesos. Baja para delatarlos al Ejército. En El Guayabillo le da la mitad de esa suma a su primo Gilberto Ramos, que era comisario municipal; le indica el lugar donde se encuentra Lucio y sus compañeros, encargándole que hable con el oficial en turno del Ejército para concertar una cita con él en la tarde de ese día. A las 10 de la noche en la casa de Gilberto, José se reúne con un general, un mayor y un capitán en ropas de civil. Planificaron la emboscada.

A las 7 horas del 2 de diciembre de 1974 se levanta el delator. Con su sobrino y los demás que lo acompañan desde que los encontró en el camino de El Guayabillo a El Otatal, le lleva a Lucio y sus compañeros comida.

Sin percatarse son rodeados por los grupos “Avispa” y “Vallecitos”, patrullas tercera, uno y dos, Isaías una, sección Barraza y Coral, así como la sección ocho, al mando del comandante del 19 Batallón de Infantería. Cerca de 200 hombres. Al retirarse del campamento José Isabel, los soldados abren fuego. Durante una hora los cuatro guerrilleros resistieron. Al final Lucio Cabañas Barrientos, Lino Rosas Pérez, René, mueren en combate.

Queda en manos del Ejército un rifle AR-15 (el cual portaba Lucio), un AR-18, una carabina M-1 y 4 carabinas M-2; un rifle Winchester calibre 30-06, dos rifles calibre 22 y dos escopetas. Además de documentos, literatura y efectos personales de Lucio Cabañas Barrientos.

El 3 de diciembre de 1974, en la madrugada, con suma discreción, pues el Ejército no quería que se repitiera lo que sucedió en el entierro de Genaro Vázquez Rojas, donde miles de campesinos se volcaron para despedir los restos de su dirigente, es enterrado el cuerpo del profesor Lucio Cabañas Barrientos en el cementerio de Atoyac de Álvarez, en una tumba sin identificación. Tiempo después se construye sobre sus restos una tumba de cemento para recibir a un individuo llamado Raúl Gallardo Benítez. En 1999 sus restos son exhumados. Se les aplica una prueba de ADN. Se comprueba su autenticidad. Actualmente sus restos reposan al pie del monumento que el pueblo le construyó en su memoria, en el centro de Atoyac.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2010.— Diputado Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así queda constancia de su intervención en el Diario de los Debates, señor diputado, y su texto se publica íntegro en la Gaceta de esta Cámara. Muchas gracias a usted.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se informa a esta asamblea que la asamblea continuará hasta las 5 de la tarde con el capítulo de iniciativas. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Con todo gusto, señor presidente.

Compañeros diputados, el derecho a la identidad es el reconocimiento jurídico y social de toda persona, niño o adulto, como sujeto de derechos elementales de su pertenencia a un territorio, a una familia o a una comunidad.

La identidad constituye un elemento esencial para la supervivencia, desarrollo y tutela de todos los niños y niñas de este país. La omisión de registrar el nacimiento de un niño da origen a su exclusión temprana y permanente de la sociedad.

Aunque a primera vista el registro de nacimiento pueda parecer solamente un acto administrativo, éste constituye una herramienta necesaria para garantizar el derecho a la identidad y a otros derechos más de los niños y niñas mexicanos.  Por ello, y para que el Registro Civil constituya un verdadero portal de derechos, es indispensable que sea universal, gratuito y oportuno.

Es conveniente recordar que la identidad personal se conforma de un conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad.

Consecuentemente, al garantizar el derecho al nombre de una persona se posibilita el ejercicio de ciertos derechos como recibir una pensión alimenticia, participar en una sucesión testamentaria, a la educación básica en forma gratuita, a ser receptor de servicios de salud, entre otros derechos que les corresponden a todas las personas.

Conscientes de los graves problemas a los que se enfrentan las personas a quienes no se les reconoce su derecho a la identidad, la Cámara de Diputados organizó en el mes de julio pasado un foro sobre El Derecho a la identidad, con la participación de diferentes dependencias, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales.

A fin de materializar las conclusiones de dicho foro es que se construyó la presente iniciativa reconociendo la urgente necesidad de proteger constitucionalmente el derecho a la identidad y al registro de su nacimiento.

Considerando que en nuestro país existen millones de niñas y niños en extrema pobreza que no pueden acceder a ser registrados por sus padres, se hace necesario que dicho registro sea gratuito. La gratuidad en el trámite y lo expedito del mismo harán posible el acceso de toda la niñez en condiciones de vulnerabilidad para hacer efectivos estos derechos, aplicando el principio de interés superior de la infancia, porque ellos serán los mexicanos que construyan el futuro de este país.

En virtud de lo anterior, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

Toda persona tiene derecho a la identidad y al registro de nacimiento universal, gratuito y oportuno. El Estado proveerá los mecanismos necesarios para el ejercicio de este derecho.

Artículos transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación.

Segundo. Las Legislaturas de las entidades federativas y del Distrito Federal deberán realizar las reformas necesarias a fin de armonizar su legislación interna en un plazo que no exceda de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

El derecho a la identidad es el reconocimiento jurídico y social de toda persona, niño o adulto, como sujeto de derechos y obligaciones, de su pertenencia a un territorio, a una familia y a una comunidad. Constituye un elemento esencial para la supervivencia, el desarrollo y la protección de todos los niños y niñas.

De su cumplimiento depende que un niño pueda adquirir algo tan fundamental como una identidad, un nombre y una nacionalidad.

La omisión de registrar el nacimiento de un niño da origen a su exclusión de la sociedad. Es por ello que la inscripción de un nacimiento es el elemento esencial para el reconocimiento de la persona ante la ley como sujeto de derechos y obligaciones y, a su vez, la prueba más visible de su pertenencia a un territorio y a una familia.

Los niños y niñas a los cuales se les niega este derecho terminan por ser invisibles puesto que, desde el punto de vista legal, ni siquiera existen. En virtud de lo anterior, el registro debe suceder lo más cercano posible al momento del nacimiento.

Con relación a los derechos de la niñez, a partir del año 2000, se han realizado esfuerzos por lograr la armonización legislativa en relación con los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República y que han sido aprobados por el Senado de la República, que garantice los derechos a este sector de la población; sin embargo, en su momento, la reforma consistente en adicionar un párrafo sexto al artículo 4o. constitucional, fue omisa respecto a elevar a rango constitucional el derecho de niñas y niños a la identidad, así como a tener un nombre y un entronque u origen familiar, al sólo señalar que este sector tiene “derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.

Sin restar mérito al impacto que esta reforma tuvo en su momento, el derecho a la identidad y al nombre, ambos de carácter fundamental, quedaron como un pendiente en la agenda legislativa de la niñez, no obstante, encontrarse reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por nuestro país en junio de 1990 y con entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990.

Aunque, a primera vista, el registro de nacimiento pueda parecer un acto puramente administrativo, éste constituye la herramienta necesaria para garantizar el derecho a la identidad de todos los niños y niñas. Por ello, y para que el registro civil constituya un verdadero portal de derechos, es indispensable que éste sea universal, gratuito y oportuno, entendido, según la Convención sobre los Derechos del Niño, como

• Universal, en el sentido de garantizar la plena cobertura del registro para todos los niños y niñas nacidos en el territorio nacional, independientemente de la nacionalidad de los padres o de su situación migratoria. El estado debe asegurar que el servicio sea accesible para todos y garantizar la plena cobertura;

• Gratuito, lo que implica dejar de considerar al registro de nacimiento como una fuente de ingresos para el estado y suprimir todos los costos y tarifas asociados al servicio de inscripción y a la emisión del acta de nacimiento;

• Oportuno, de tal manera que el registro se haga inmediatamente después del nacimiento.

Es conveniente recordar que la identidad personal se conforma el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Esta identidad se despliega en el tiempo, es fluida y constante; tiene presencia desde nuestro origen, en el presente y tiene implicaciones en el futuro.

Parte de este derecho consiste en que toda niña o niño sea registrado inmediatamente después de su nacimiento; a tener un nombre, una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a ser cuidado por sus progenitores.

El registro de una persona menor de edad va más allá del criterio restringido del de la identificación, sino que conlleva la identidad personal en toda su complejidad.

Es por ello, que la protección constitucional que se haga de ésta, debe dirigirse a evitar falsear y desnaturalizar al propio sujeto, su verdad de origen, así como lo relativo a su proyección social al evitar que se desfigure la imagen de la persona frente a los demás.

El sentido de pertenencia es primordial para las personas, e influye en la construcción de la personalidad; para niña, niños y adolescentes no sólo es un derecho, sino una necesidad, saber quiénes son, de dónde vienen y los vínculos que guardan con las personas de su núcleo básico.

Además, consecuentemente, al garantizar el derecho al nombre de una persona, se posibilita el ejercicio de ciertos derechos, entre ellos el relativo a recibir una pensión alimenticia, a participar en la sucesión testamentaria, y a asegurar también, que recibirá la educación básica en forma gratuita, así como ser receptor de los servicios de salud, entre otros derechos que les corresponden a los menores de edad.

Conscientes de los graves problemas a los que se enfrentan las personas a quienes no se les reconoce su derecho a la identidad y que no son registradas, la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión organizó el pasado 20 de julio del año en curso, el foro “El Derecho a la Identidad en México: Situación actual, retos y desafíos”.

El objetivo de este evento fue generar un espacio de diálogo, análisis e intercambio de información, visiones y propuestas en torno al registro universal, gratuito y oportuno y la cobertura de actas de nacimiento en el país, así como acordar los mecanismos de colaboración interinstitucional necesarios para garantizarlo.

En el foro participaron la Secretaría de Gobernación (Segob), Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Registro Civil del Distrito Federal, legisladores, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Red Mexicana por los Derechos de la Infancia, Oxfam México,  BE Foundation, entre otros.

Los participantes coincidieron en la necesidad de reconocer este derecho y la urgencia de emprender políticas públicas y reformas legislativas tendientes a garantizar la protección al derecho a la identidad. Asimismo, se recibieron propuestas de parte de varias de las organizaciones participantes, que han sido consideradas en la integración de la presente iniciativa.

El ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes está sujeto a los requisitos que la ley señala, y que considera el estatus o las relaciones que éstos establezcan con otras personas. De esta forma, el estado a través del registro de los nacimientos hace factible que un menor de edad sea identificado como individuo.

Considerando que en nuestro país existen miles de niñas y niños en extrema pobreza, que no pueden acceder a ser registrados por sus padres, se hace necesario que dicho registro sea gratuito. La gratuidad en el trámite y lo expedito del mismo, harán posible el acceso de toda la niñez en condición de vulnerabilidad a hacer efectivos estos derechos, aplicando el principio del Interés Superior de la Infancia. Sólo así se podrá actualizar un marco jurídico que garantice realmente el derecho a la identidad y el nombre de la niñez mexicana.

En virtud de lo anterior se presenta la siguiente

Iniciativa

Con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue

Artículo 4o. ..

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Toda persona tiene derecho a la identidad, y al registro de nacimiento universal, gratuito y oportuno. El estado proveerá los mecanismos necesarios para el ejercicio de este derecho.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las legislaturas de las entidades federativas y de Distrito Federal deberán realizar las reformas necesarias a fin de armonizar su legislación interna en un plazo que no exceda de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2010.— Diputados: Arturo Zamora Jiménez, Humberto Agustín Macías Romero, María de Jesús Aguirre Maldonado, Emilio Serrano Jiménez, Leobardo Soto Martínez, Francisco Hernández Juárez, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Dina Herrera Soto, Clara Gómez Caro, Olivia Guillén Padilla, Lorena Corona Valdés, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, José Trinidad Padilla López, Florentina Rosario Morales, José Manuel Agüero Tovar, Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado.

Aprovechamos saludar a los señores comisarios ejidales del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, invitados por el diputado Federico Ovalle Vaquera. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Benítez Treviño.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): Gracias, señor presidente. La iniciativa que acaba de presentar nuestro compañero es de la mayor importancia, porque vuelve a replantear la Ley del Registro Civil del Presidente Juárez, de 1859, que marcó un parteaguas en la definición del estado civil de las personas.

Por tanto, le ruego le pregunte al diputado Zamora si acepta que avale esta importantísima iniciativa constitucional.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Zamora, el espíritu juarista, indudable en el diputado Benítez Treviño, le solicita le admita usted la adhesión.

El diputado Arturo Zarmora Jímenez(desde la curul): Acepto.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, don Emilio. Sonido en la curul de don Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Si es tan amable de preguntarle al proponente si nos permite adherirnos a su propuesta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El proponente acepta, diputado Serrano. La Secretaría está abierta para registrar las adhesiones de los señores diputados.

La iniciativa recién presentada se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 22, 38 y 65 de la Ley General de Educación.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, entre nuestras labores como representantes ciudadanos se encuentra el velar por el funcionamiento armonioso del Estado mexicano y hacer que el marco normativo que lo rige corresponda con este cometido.

En el ámbito educativo la labor pareciera ser adecuada. Se han brindado condiciones para que el acceso a la educación básica sea universal, y conforme lo señala la autoridad federal competente la meta ha sido alcanzada.

Sin embargo, hemos olvidado a un importante sector poblacional cuya desatención nos impide utilizar el término de universalidad para la cobertura educativa. Me refiero a ese importante número de niñas y niños mexicanos que no asisten a la escuela por razones diversas asociadas a la pobreza y marginación, situación que los mantiene alejados de las estructuras formales e institucionales que rigen nuestro quehacer cotidiano.

La evidencia más grave es que no cuentan con un acta de nacimiento. Por desgracia ni la ley ni la mayoría de los gobiernos estatales o municipales contemplan a quienes se encuentran en esta situación, por lo que se exacerba su condición, ya que al carecer de dicho documento se encuentran impedidos para gozar plenamente de casi la totalidad de las garantías individuales, consagradas en nuestra Constitución.

Millones de niños y jóvenes en el país se enfrentan con una barrera infranqueable al buscar un lugar en la escuela. Se estima que son 3.3 millones de niños mexicanos los que están afuera de las aulas y pertenecen en su mayoría a poblaciones indígenas o grupos en extrema pobreza.

Ya forma parte del consenso internacional la idea de que un país, cuya población no cuenta con al menos el nivel básico de educación, tiene una probabilidad casi nula de desa-rrollo. Pero más allá de este planteamiento, la educación es tanto un derecho humano como un medio vital para promover la paz y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Si queremos un México más pacífico, la educación debe ser universal y accesible de manera igualitaria. Lograrlo requiere de esfuerzos enormes por parte de todos los niveles de gobierno e incluso de la sociedad civil.

Por ello en la iniciativa que hoy presento buscamos el diseño de un marco normativo que permita a todo aquel que quiera acceder a la educación básica, a hacerlo, incluso, sin contar con un acta de nacimiento. Con ello no se busca romper la dinámica institucional que permite saber quiénes somos.

El acta de nacimiento se continúa reconociendo como un documento fundamental y lo que se busca es que no se convierta en una barrera.

Es así que se plantea en la ley que las autoridades educativas, una vez abiertas las puertas de la escuela al grupo poblacional referido, deberán canalizar a los padres de familia o tutores con la autoridad correspondiente, a fin de concluir el trámite correspondiente para la obtención de este documento oficial.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza apoyamos todas aquellas acciones que impulsan el acceso a la educación de todos los niños y niñas del país, buscamos con esa acción equidad en el acceso al conocimiento, habilidades, valores y aptitudes necesarias para comprender y desarrollarse en el mundo de hoy y del mañana.

En ese sentido los convocamos a que juntos impulsemos políticas educativas que sean planeadas con un enfoque integral para su atención, considerando el contexto en el que se desarrollan e incorporando la perspectiva de los derechos humanos.

Fortalecer el texto de la Ley General de Educación para hacer cumplir cabalmente el texto constitucional, mismo que es claro al señalar que todo individuo tiene derecho a recibir educación, que la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica obligatoria es una tarea apremiante.

Hagamos que la verdadera universalidad de la educación básica abrace a nuestra nación. Hagámosla efectiva. La educación es la solución. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 22, 38 y 65 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 22 y 38, y se adiciona un párrafo a la fracción I del 65 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el país, los índices de pobreza han ido en aumento y con ello se ha presentado un cúmulo de problemas sociales, así como el incumplimiento de derechos humanos con la población en esta situación.

Lo verdaderamente preocupante es que ello ocurra con millones de niños y jóvenes a lo largo del país, principalmente con los indígenas, quienes representan 35.9 por ciento de la población asentada en municipios con alta y muy alta marginación.

Se estima que 8.5 por ciento de la población de entre 6 y 14 años no asiste a la escuela y es hablante de una legua indígena. Ciertas cifras revelan que en esa situación se encuentran 2 de cada 3 menores.

A esas cifras, de por sí preocupantes, hay que sumar las que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reportó en abril del presente año: 44 por ciento de los 47.2 millones de mexicanos que están en situación de pobreza corresponde a niños, además del ya detectado problema de subregistro de niños en términos de actas de nacimiento, lo que refleja un problema aún mayor.

La educación como palanca de desarrollo

La educación ha mostrado ir de la mano con el desarrollo. Para muchos, es el principal vehículo para la movilidad social y el abatimiento del rezago social.

Sin duda, la población en condiciones de mayor vulnerabilidad es la que requiere más y mejores herramientas para construir un futuro mejor. Es decir, requiere más y mejor educación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 3o.: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación” y “la educación preescolar, primaria y secundaria forman la educación básica obligatoria”.

Además, hay que considerar el consenso mundial respecto a que el acceso a la educación sea un derecho humano e intransferible.

Sin embargo, no todos los niños y jóvenes que se encuentran en situación de pobreza o marginación pueden acceder a este derecho, principalmente porque no cuentan con un acta de nacimiento que los identifique y les permita acceder a la escuela.

La educación para este grupo poblacional resulta un privilegio y un lujo, más que un derecho. Y, por sobre todo, se posiciona como una necesidad. Se estima que en México hay 3.3 millones de niños fuera de las aulas, que pertenecen en su mayoría a poblaciones indígenas o grupos de extrema pobreza.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos comprometidos con la niñez y la juventud del país, por lo que estamos dispuestos, desde nuestra trinchera, a emprender y apoyar todas las medidas que eviten que uno solo de ellos carezca de educación básica. Para nosotros, atender el rezago educativo es una de nuestras prioridades.

Consideramos necesario que se sumen las acciones necesarias en cada estado y municipio, así como en las secretarías que correspondan, para que todos los niños y los jóvenes del país gocen del derecho que la Constitución les confiere.

Abrir los caminos hacia la educación es un ejercicio de justicia social y abona a incrementar los índices de cobertura y, por ende, a la posibilidad de desarrollo nacional en un futuro.

Acciones emprendidas

En los campos agrícolas del país, la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con un programa de apoyo a los jornaleros agrícolas migrantes, en el cual se otorgan respaldos económicos, y se ha implantado el servicio de escuela en los campos agrícolas.

Adicionalmente, hace algunos años, el Unicef emprendió en México el programa Todos los Niños a la Escuela, cuyo reto fue que los desnutridos, que tenían que trabajar para contribuir al ingreso familiar e incluso que no contaban con acta de nacimiento ingresaran en la escuela, regresaran a ella o permanecieran ahí.

Este programa contó con el apoyo de diversos planes sectoriales emprendidos por el gobierno federal, diversos gobiernos estatales y organizaciones de la sociedad civil, de forma tal que se formó un entorno de protección de los derechos de la niñez.

Se ha emprendido una nueva etapa del proyecto, que culminará en 2012 y que considera el apoyo específico a Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal, en los cuales se han identificado los mayores cinturones poblacionales de marginación y pobreza.

Todo parece indicar que el proyecto ha sido exitoso, pero no es un programa que normativamente cuente con elementos para trascender en el tiempo ni a los distintos gobiernos y, mucho menos, que sea de aplicación nacional.

El acta de nacimiento: la barrera para entrar

Dotar de acta de nacimiento a quienes no cuentan con ella es una tarea tan complicada como identificar quiénes y cuántos son. Tarea aún mayor resulta que sin ella puedan ejercer sus derechos fundamentales, o acceder a programas de apoyo a la situación de pobreza y marginación en que se encuentran.

El Unicef trabaja con el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Universidad Nacional Autónoma de México para calcular el nivel de subregistro de niños en términos de actas de nacimiento. Sin embargo, la tarea puede llevar años y los primeros resultados pueden no abarcar a toda la población en esa situación.

Por desgracia y pese a este enorme esfuerzo, cuyos avances se vislumbran positivos, se suma en sentido negativo una variable más: el caso de los hijos de migrantes mexicanos que retornan al país.

Este grupo poblacional cuenta en la mayoría de los casos con la nacionalidad del país al que migraron sus padres. Sin embargo, por circunstancias económicas o legales, como la recientemente aprobada Ley SB1070, retornan al país familias enteras con niños y jóvenes que por carecer de acta de nacimiento se ven impedidos para ejercer su derecho a la educación.

En Nueva Alianza apoyamos y aplaudimos los esfuerzos hasta ahora emprendidos, pero creemos que no debe esperarse más para que el derecho a la educación cuente con el respaldo normativo para ser ejercido en todo momento, sin menoscabo y sin barreras a la entrada en ninguna institución educativa del nivel básico público del país . El derecho a la educación debe ser garantizado en México como un derecho universal.

La tarea desde la trinchera legislativa

La Ley General de Educación señala a los padres de familia o tutores como los únicos agentes que permiten hacer válido el derecho a la educación que tienen los niños y jóvenes mexicanos:

Artículo 65.Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Ello evidencia que ejercer este derecho podría ser una posibilidad en tanto exista la figura de padre o tutor.

Adicionalmente, entre los requisitos de ingreso en la educación básica, que son emitidos por cada uno de los gobierno de los estados, el común denominador, además del cumplimiento de la edad establecida para cada nivel, se encuentra la entrega de

• Acta de nacimiento en original y fotocopia; y

• Solicitud de preinscripción (formato acorde con el nivel por cursar).

Ni la ley ni la mayoría de los gobiernos estatales considera a quienes no cuentan con el acta de nacimiento, con lo que se pone una barrera a la entrada de millones de niños y de jóvenes del país para ejercer su derecho a la educación.

Compañeros legisladores: los convoco a trabajar y comprometernos con todas las acciones que impulsen la provisión de educación para todos los niños y los jóvenes mexicanos; impulsemos políticas educativas planeadas con un enfoque integral para su atención considerando el contexto en que se desarrollan e incorporando la perspectiva de derechos humanos.

Con base en lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifican los artículos 22 y 38, y se adiciona un párrafo a la fracción I del 65 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se modifican los artículos 22 y 38, y se adiciona un párrafo a la fracción I del 65 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 22. Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias...

...

Será responsabilidad de las autoridades educativas canalizar con la autoridad correspondiente a los padres de familia o tutores que hayan realizado la inscripción de sus hijos o pupilos sin acta de nacimiento o documento legal equivalente, a fin de que éstos obtengan su registro y cumplan las disposiciones de la Ley General de Población que les correspondan.

Artículo 38.La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa ,grupos migratorios, y población en situación de pobreza y marginación.

Tratándose de menores de edad sin acta de nacimiento o documento legal equivalente, las adaptaciones necesarias para su ingreso en la educación básica se llevarán a cabo de manera coordinada con las autoridades correspondientes.

Artículo 65.Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijos o pupilos menores de edad que satisfagan los requisitos aplicables reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

La edad mínima para ingresar en la educación básica en el nivel preescolar es de tres años, y para nivel primaria seis años, cumplidos al treinta y uno de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

A fin de garantizar el derecho a la educación conferido a los individuos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán exigir a las escuelas la inscripción de sus hijos o pupilos menores de edad sin el acta de nacimiento o el documento legal equivalente, comprometiéndose a realizar el trámite con las autoridades correspondientes en un periodo no mayor de un ciclo escolar.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2010.— Diputados: Cora Cecilia Pinedo Alonso, Adán Augusto López Hernández, Emilio Serrano Jiménez, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Florentina Rosario Morales, Leobardo Soto Martínez, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Pinedo. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dígame, diputada.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún(desde la curul): Si me permite la diputada adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Le pregunta la diputada Tere Lupe, como la conocemos coloquialmente, si acepta usted que suscriba su iniciativa.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Con todo gusto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí lo acepta, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Serrano?

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado presidente, si es tan amable también de preguntarle a la diputada si nos permite adherirnos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada está de acuerdo. Para todos quienes deseen suscribirla, está a su disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de De-sarrollo Social.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino:Con su permiso, señor presidente. Estimados compañeros y compañeras, me permito presentar a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, con el objeto de lograr mejores resultados en la política social aplicada por el gobierno de la república, con base en las siguientes consideraciones.

Lao-Tsé, un filósofo chino, escribió hace siglos: “si quieres que un hombre coma un día, dale un pescado, pero si quieres que coma toda la vida, enséñalo a pescar”. No obstante que muchos conocemos esta verdad, los tomadores de decisiones la desconocen.

La seguridad alimentaria de la población es la base de la gobernabilidad o la razón de su quebranto y la soberanía es la base del desarrollo productivo y económico nacional.

La política social es el elemento más importante del Estado para hacer frente a la problemática de atender a los grupos sociales que se encuentran en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad.

Para tener una vida digna se requiere contar con acceso al agua en cantidad suficiente y calidad aceptable, alimentación digna, desarrollo de capacidades, acceso a la salud, un medio ambiente limpio, ingresos que cubran las necesidades básicas y vivienda digna.

Pero estamos perdiendo en forma muy acelerada el agua disponible, base de la producción alimentaria y la riqueza. Durante las lluvias nos inundamos y durante la época seca no tenemos para tomar.

Como respuesta para atender el problema alimentario se han creado programas de carácter asistencial que si bien han ayudado a contener el problema, también se debe reconocer que han retardado el desarrollo de las familias. Cuando las familias ya no reciben el apoyo, no saben qué hacer.

Hemos privilegiado los apoyos materiales sobre los intelectuales, lo asistencial domina a lo autoproductivo y lo disperso le gana la batalla a lo integral cuando se ayuda a los más necesitados.

No se puede revertir la pobreza si no se ha asegurado la alimentación de la gente. La pobreza en la que se encuentra más de la mitad de la población todavía es el mayor problema nacional. Hace falta fijar un plazo., Obligarse a terminar con el problema que detiene el desarrollo nacional condena a millones a carencias eternas y cancela la esperanza de una vida mejor.

Resolver la pobreza alimentaria de México no debe tardar más de 15 años. Se requiere una Ley de Desarrollo Social que garantice la seguridad alimentaria de la población que se encuentra en situación de pobreza y marginación. Que la planeación del desarrollo social se construya con los diagnósticos y planes municipales y estatales en sus diferentes ámbitos. Que la política nacional de desarrollo social incluya, cuando menos, las vertientes de acceso a la educación, capacitación para la vida y el trabajo, servicios de salud, alimentación digna, empleo, ingresos dignos y vivienda digna.

Requerimos que del total del Presupuesto destinado al programa Oportunidades se destine, cuando menos, el 6 por ciento anual para el desarrollo de acciones y programas que tengan por objeto garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de los grupos sociales en situación de pobreza.

Que los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal fomenten actividades productivas para promover la producción familiar de alimentos en zonas rurales y urbanas, la elaboración de productos domésticos y artículos comercializables, la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas que promuevan también mecanismos para otorgar microcréditos para el desarrollo de actividades económicas.

Por lo anterior, diversos diputados del Partido Revolucionario Institucional sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Señor presidente, pido a usted que el texto íntegro y constancia de mi participación quede incluido en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta H Cámara de Diputados la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de establecer un conjunto de acciones y elementos que contribuirán a mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos que son beneficiarios de la política social, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

La política social es el elemento más importante de un Estado para hacer frente a la problemática de atender a los grupos sociales que se encuentran en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad.

Hay diversas y amplias conceptuaciones para especificar la política social, sin embargo, desde nuestra perspectiva, se puede definir como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad.

Otros especialistas en el tema, como Concepción Ceja Mena, definen política social como “la forma que por medio de estrategias y políticas concretas tiene el Estado para construir una sociedad cohesionada y equitativa. En una perspectiva de mayor equidad e integración social, la política social tiene como fin principal facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad”.

Ciertos componentes son fundamentales y prioritarios para cumplir los objetivos planteados en las estrategias de desa-rrollo social. Sin embargo, es fundamental identificar las carencias y deficiencias de la implantación de los programas gubernamentales.

La alimentación es una necesidad básica del ser humano, pues determina su desarrollo físico y mental, por tal razón, es imperativo que las personas cuenten con la suficiencia en este aspecto a fin de que se les pueda garantizar una vida plena y sana, ya que en caso contrario, su carencia es sinónimo del más profundo subdesarrollo, baja autoestima, escaso ánimo para luchar y superarse.

No tener para comer, no contar con recursos para adquirir los mínimos necesarios para alimentarse, es la mayor preocupación de miles de millones de personas en el mundo. De acuerdo con estimaciones realizadas por M. Yunus, el banquero de los pobres, más de 3 mil millones de personas viven con menos de 2 dólares al día, en tanto que más de mil millones sobreviven con menos de 1 dólar.

Respecto a la distribución del ingreso, en el mundo, las diferencias que prevalecen entre ricos y pobres son cada vez más amplias. Por ello, cerca de 40 por ciento de la población mundial concentra más de 90 por ciento del ingreso, en tanto que el restante 60 por ciento se distribuye menos de 10 por ciento del ingreso disponible.

En el caso de las particularidades que se presentan en nuestro país, destacan aristas que ponen en tela de juicio los resultados de la aplicación de la política social y por ende, afectan de manera multifactorial a la población mexicana.

En México hay más de 54 millones de pobres, de los que más de 20 millones se encuentran en situación de pobreza alimentaria, poco más de 40 millones tienen algún grado de desnutrición. Paradójicamente, la obesidad y el sobrepeso afectan a casi 70 por ciento de la población mayor de 15 años.

En la cuestión alimentaria, el gobierno federal, como respuesta para atender el problema ha creado programas de carácter asistencial, que si bien han coadyuvado a la solución del problema, también se debe reconocer que han retardado el desarrollo de las familias.

Con relación a los recursos destinados a implantar las estrategias de política social, es importante mencionar que el programa Oportunidades inició con un monto de 9 mil millones de pesos, atendiendo a 2.5 millones de familias. Hoy cuenta con recursos por 45 mil millones de pesos y atiende a 5.5 millones de familias. En este contexto, resulta contradictorio que a pesar del incremento en la cantidad de dinero del programa, durante los últimos años haya crecido el número de personas en situación de pobreza.

La política social, sus programas y estrategias deben ir acompañados y complementados con acciones que tengan por objeto dotar de herramientas suficientes a los beneficiarios a fin de hacerlos autosuficientes y responsables de la labor de generar una producción que les permita contar con un ingreso.

La suma de estos esfuerzos permitirá en el mediano y corto plazos disminuir la dependencia alimentaria del exterior, pues estos núcleos sociales serán las piedras angulares del desarrollo del aparato productivo nacional, ya que en conjunto, la producción social puede ser el detonante de la economía nacional.

Es fundamental fomentar el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos productivos, retomando aquellas experiencias que han brindado buenos resultados. Deben ser proyectos con amplia viabilidad, con resultados comprobables y de fácil repetición, lo cual permitirá contar con una amplia gama de posibilidades para que los beneficiarios de los programas sociales, a la par de los apoyos, puedan desempeñar una actividad productiva que les genere un ingreso.

La planificación para el desarrollo es una de las herramientas más importantes para lograr el desarrollo económico, para lo cual es fundamental considerar las problemáticas particulares, no sólo de las regiones, también de los estados y municipios, quienes, conocen de primera mano las afectaciones, razón por la cual, cuentan con los elementos suficientes para realizar propuestas, que deben ser plasmadas en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo.

Es necesario contar con mecanismos complementarios de apoyo que permitan a los grupos en situación de pobreza, poder acceder a mejores condiciones de vida mediante la puesta en marcha de pequeños negocios, negocios familiares o comunitarios, para lo cual es imperativo otorgar recursos para el financiamiento de estas acciones.

Con las reformas que se proponen avanzamos en un nuevo paradigma en materia de política social, ya que no sólo se trata de otorgar apoyos o subsidios, es necesario que las personas que se encuentran en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad tengan elementos que les otorguen la posibilidad de ser entes productivos, generadores de empleos y de un ingreso suficiente que les permita adquirir los mínimos necesarios para subsistir.

La política social debe cumplir el principio de integralidad, a fin de que se genere un mayor impacto en la sociedad. Por ello no debemos dejar al margen componentes vinculados con la provisión de alimentos, ya que más de 10 millones de mexicanos presentan pobreza alimentaria.

En razón de lo anterior, es imperativo considerar como parte de la política social la soberanía y la seguridad alimentarias, primordialmente de los sectores sociales en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad.

Con fundamento en lo señalado, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona la fracción X al artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto

I. a IX. ...

X. Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de la población que se encuentra en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad.

Segundo.Se adiciona una fracción al artículo 11, y se recorren las fracciones subsecuentes, de la Ley de General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 11. La política nacional de desarrollo social tiene los siguientes objetivos:

I. Promover las condiciones y los apoyos para los mexicanos, especialmente los de situación de pobreza y vulnerabilidad, para que puedan alcanzar una vida digna, consistente en alimentación, desarrollo de capacidades, vivienda, ingreso y un ambiente digno que les permita un pleno desarrollo personal.

II. Propiciar condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social;

III.Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución;

IV. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado; y

V. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.

Tercero.Se modifica el artículo 13 del mismo marco legal, para quedar como sigue:

Artículo 13 . La planeación del desarrollo social se construirá con los diagnósticos y planes municipales y estatales en sus diferentes ámbitos y se traducirá en el Plan Nacional de Desarrollo Social.

Cuarto.Se adiciona una fracción al artículo 14, y se recorren las fracciones subsecuentes, de la ley en mención, para quedar como sigue:

Artículo 14.La política nacional de desarrollo social debe incluir cuando menos las siguientes vertientes:

I. Acceso a la educación, servicios de salud, alimentación digna, empleo e ingresos dignos, vivienda digna.

II. Seguridad social y programas asistenciales;

III. Desarrollo regional;

IV. Infraestructura social básica; y

V. Fomento del sector social de la economía.

Quinto.Se adiciona una fracción al artículo 19 de la ley en mención, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público

I. a IX. ...

X. Los programas que tengan como objetivo fomentar la seguridad y la soberanía alimentaria de los grupos más vulnerables.

Sexto.Se modifica el artículo 20 de la misma ley, para quedar como sigue:

Artículo 20. El presupuesto federal...

Del total del presupuesto destinado a los programas de desarrollo social, se deberá destinar, cuando menos cinco por ciento para el desarrollo de acciones y programas que tengan por objeto garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias de los grupos sociales en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad.

Séptimo.Se modifica el artículo 33 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 33. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal fomentarán las actividades productivas para promover la producción de alimentos, la obtención de productos domésticos y artículos comercializables, la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas.

Octavo.Se modifica el artículo 34 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 34.Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal estimularán la organización de personas, familias y grupos sociales, destinando recursos públicos para promover proyectos de autoproducción alimentaria; impulsarproyectos productivos acordes a los recursos existentes, experiencia y necesidades del mercado; identificar oportunidades de inversión, y brindar, asistencia técnica y asesoría para la organización y el diseño de proyectos y apoyo legal para la realización de estas actividades.

Noveno.Se adiciona el artículo 34 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 34 Bis. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal promoverán mecanismos para otorgar microcréditos para el desa-rrollo de actividades productivas, iniciando por los que tienen por objeto la obtención de alimentos y todos los que se generen productos para su venta a fin de generar ingresos.

Décimo. Se modifican las fracciones I y VII del artículo 50de la ley en comento, para quedar como sigue:

Artículo 50. La Comisión Nacional...

I. Proponer políticas públicas de desarrollo social bajo los criterios de integralidad y transversalidad , que generen modelos repetibles y fáciles de transferir.

II. a VI. . ...

VII.Promover el intercambio de experiencias y casos de éxito en materia de desarrollo social y de superación de la pobreza;

VIII. a XIII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Queda sin efecto cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en la presente ley.

Tercero. El Ejecutivo federal, en coordinación con sus dependencias, diseñara e implantará el programa destinado a fomentar la seguridad y soberanía alimentarias de los grupos sociales que se encuentran en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad. Asimismo, en un plazo no mayor de sesenta días naturales deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de dicho programa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.— Diputados: Alberto Jiménez Merino, María Dina Herrera Soto, María del Carmen Izaguirre Francos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Héctor Fernández Aguirre, María Elena Perla López Loyo, José Alberto González Morales, Leobardo Soto Martínez, Rosalina Mazari Espín, José Manuel Aguero Tovar, Juan Carlos Natale López (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Jiménez Merino. Tal como usted lo solicita, insértese íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

LEY GENERAL DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Saludamos la presencia de estudiantes de legislación ambiental de la FES Iztacala, invitados por el diputado Roberto Rebollo Vivero.

Igualmente a personas que nos visitan, invitados de la colonia Popotla del Distrito Federal, amigos de la diputada Gabriela Cuevas Barron. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

Adelante, diputado.

El diputado José Manuel Agüero Tovar:Gracias. Con su venia, señor presidente.

El término de economía social se define como el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público, que con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios a la comunidad.

Nuestra cultura se caracteriza por recoger la experiencia de una economía mixta, una economía que no se agota en atender solo lo público o solo lo privado, sino también lo social como algo originario e irrenunciable. Lo social, a lo que de ahora en adelante le anexaremos el concepto de solidario, para proyectar su papel en las nuevas condiciones.

En las últimas dos décadas del siglo pasado se conceptualizó de estrategia, al adicionar al artículo 25 constitucional los párrafos que enuncian que nuestra economía está compuesta de tres sectores: el privado, el público y el social.

Este sector social agrupa hoy en día a millones de mexicanos, en todo género de empresas, fondos, cooperativas, ejidos, comunidades, uniones, cajas de ahorro, asociaciones de usuarios y tenedores paritarios de acciones.

Una de las prioridades de las empresas mercantiles es la generación de utilidad, pero en el impulso que aspiramos a dar al sector social se puede otorgar prioridad a la generación de empleo y de autoempleo, dado que va con la naturaleza de la economía social y solidaria en el que sus utilidades se traduzcan en nuevas inversiones productivas.

Todas las organizaciones y empresas del denominado sector social tienen sin duda un potencial importante y pueden realizar contribuciones decisivas en el desarrollo inmediato del país, aunque hasta ahora no han contado con el marco legal para hacerlo. Un sector poco creativo y carente de dinamismo.

Esta iniciativa pretende sacudirlo y sentar las bases para que se ponga de pie. Se ha contemplado la diversidad del universo cooperativo, ejidal y solidario sentando las bases para que funcione con eficiencia. Esto último es fundamental hoy en día, ya que todo organismo económico tiene que contemplar su integración a la actividad productiva y a la generación de empleos, cuidando sus criterios de rentabilidad, dejando atrás los periodos de paternalismo y corporativismo que distinguieron al sector durante muchos años.

Esta iniciativa indica que es una Ley Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Establece que el Estado apoyará e impulsará a las entidades del sector de la economía social y solidaria bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público en beneficio general de los recursos productivos que tendrán la obligación de proteger y conservar preservando el medio ambiente.

Forma la Confederación de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria que podrá tener representación en los órganos de participación institucional de la Secretaría de Economía  y en todas aquellas actividades de representación que le sean propias por su naturaleza jurídica y actividad.

Se establece que el gobierno actuará en el ámbito de la economía social con carácter general, a través de la Secretaría de Economía, a la que corresponderá impulsar la realización de las actuaciones de promoción, difusión y formación sin perjuicio de las facultades de otras secretarías en relación a la actividad económica, empresarial y social para el cumplimiento de su objetivo social.

Se crea el Consejo Nacional para el Fomento de la Economía Social y Solidaria como un órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la economía social, integrado a través de la Secretaría de Economía, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta.

Actuará como un órgano de colaboración, coordinación e interlocución de la economía social y la Secretaría de Economía. Se integrará por 12 miembros: 5 como representantes del gobierno federal, 5 representantes de los organismos del sector, un representante de la Comisión de Economía del Senado y un representante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

Por obviedad de tiempo, le pido a la Presidencia sea insertado de manera íntegra el texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción segunda, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados U nidos Mexicanos, propone a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

El concepto moderno de Economía Social se estructura a través de las primeras experiencias cooperativas, asociativas y mutualistas que surgen desde finales del siglo XVIII y se desarrollan a lo largo del siglo XIX en distintos países de Europa (Inglaterra, Italia, Francia y España). En la década de los años 70 y 80 del pasado siglo, en distintos países europeos, se fueron sucediendo declaraciones que caracterizan la identificación de la economía social en tomo a distintos principios.

En la actualidad, el término de economía social se define como “el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios a la comunidad”.

El párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social; de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La significación social de esta economía, con sus formas de trabajo y su organización, va más allá del peso específico que tienen en el producto nacional y en la generación de valores, mantienen parte de nuestra identidad, muestran mayor capacidad de respuesta ante los problemas contemporáneos y se caracterizan por atender las necesidades básicas antes que por un determinado nivel de rentabilidad.

Nuestra cultura se caracteriza por recoger la experiencia de una economía mixta, una economía que no se agota en atender solamente lo público o lo privado, sino también lo social como algo originario e irrenunciable; lo social, a lo que ahora hemos añadido el concepto de solidario para proyectar su papel en las nuevas condiciones.

En las últimas dos décadas del siglo pasado se conceptualizó de estrategia, al adicionar al artículo 25 constitucional los párrafos que enuncian que nuestra economía está compuesta de tres sectores: el privado, el público y el social.

Este sector social, agrupa hoy en día a millones de mexicanos, en todo género de empresas, fondos, cooperativas, ejidos, comunidades, uniones, cajas de ahorro, asociaciones de usuarios y tenedores paritarios de acciones.

Una de las prioridades de las empresas mercantiles es la generación de utilidades, muy diferente del impulso que aspiramos a dar al sector social, donde se debe otorgar prioridad a la generación de empleo y auto empleo propio de la naturaleza de la economía social y solidaria, en la que sus utilidades se traducen en nuevas inversiones productivas. Pueden citarse varios ejemplos de este género, donde el aumento de la nómina o el número de empleados tiene mayor importancia que el monto de la utilidad, sin que se quiera por ello impedir la generación de utilidades repartibles.

Dentro de las prioridades del estado están el desarrollar políticas públicas y el marco normativo que aliente la generación del empleo, la creación de la riqueza, la ampliación del mercado interno y la elevación de los índices de bie-nestar; por estas razones, la inversión y el gasto deben otorgar mayor importancia a la producción de alimentos y a los renglones en los que la generación de empleo y la producción de bienes de consumo básicos sean lo central, por lo tanto esto tiene que asumirse con la misma prioridad con que hoy se cuidan las variables macroeconómicas.

Todas las organizaciones y empresas del denominado sector social, tienen sin duda un potencial importante y pueden realizar contribuciones decisivas en el desarrollo inmediato del país, sin embargo, a la fecha, no han contado con el marco legal para hacerlo; el marco actual no ofrece la motivación para ello derivando en que los ejidatarios no participan en asambleas de balance y programación, los comuneros sólo conserven sus instituciones ancestrales de gobierno o administración y las cooperativas de ahorro no se planteen nada más allá del reparto de utilidades; es un sector poco creativo y carente de dinamismo, la propuesta de ley pretende sacudido y sentar las bases para que con una nueva dinámica, se active este sector de la economía.

La presente iniciativa recoge e incorpora las aportaciones del diputado Gustavo Arturo Vicencio Acevedo y del diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera; así mismo se hicieron consultas dentro del sector, se revisaron legislaciones de otros países y por supuesto se consideró la experiencia misma de los organismos que han venido operando en el territorio nacional.

El texto ha considerado la diversidad del universo cooperativo, ejidal y solidario, sentando las bases para una funcionalidad con eficacia; esto último es fundamental hoy en día ya que todo organismo económico tiene que contemplar su integración a la actividad productiva y a la generación de empleos, cuidando sus criterios de rentabilidad dejando atrás los periodos de paternalismo y corporativismo que distinguieron al sector durante muchos años.

Por lo expuesto, someto a consideración de este honorable pleno la Ley General de la Economía Social y Solidaria, que reglamenta el párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector de la Social de la Economía.

Ley General de la Economía Social y Solidaria

Título IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, es de orden público, interés social y observancia obligatoria en todo el territorio nacional, sin que ello limite la legislación de fomento y desarrollo que dicten los Congresos locales ni las normas del mismo carácter que corresponda expedir a las entidades federativas y municipios de conformidad con las disposiciones de esta ley, teniendo por objeto, definir el concepto de la economía social y determinar las entidades que integran su marco básico de actuación, así como establecer las medidas de fomento a favor de las mismas en consideración a los fines y principios que le son propios, estableciendo las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento de este sector.

Artículo 2. Se denomina a la economía social como el conjunto de actividades económicas y empresariales que llevan a cabo entidades sociales organizadas bajo un régimen democrático participativo y que define a las personas como principio y fin del beneficio a través de su desarrollo; adopta la forma autogestionaria de trabajo bajo los principios de solidaridad, ayuda mutua y bien común. El sector social de la economía en lo sucesivo se denominará como sector de la economía social y solidaria.

Artículo 3. Las entidades de la economía social actuarán en apego a los siguientes principios rectores:

I. Prioridad de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que conlleva priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad que en relación con sus aportaciones al capital social;

II. Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios y, en su caso, al fin social objeto de la entidad;

III. Fortalecimiento de la solidaridad interna, promoción en la sociedad para favorecer el compromiso con el de-sarrollo local, que fomente la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la sustentabilidad, y

IV. Independencia respecto a los poderes públicos.

Artículo 4. Forman parte del sector de la economía social y solidaria los ejidos, las comunidades indígenas, las fundaciones, las asociaciones, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las sociedades de producción rural, las sociedades de solidaridad social, los fondos de aseguramiento, las sociedades cooperativas de producción, de distribución y de consumo, prestadoras de servicios y de ahorro y préstamo, las cajas populares, las cajas solidarias, las sociedades que pertenezcan paritaria o totalmente a los socios trabajadores tales como las comercializadoras, las integradoras, los organismos de seguros, las sociedades mutualistas, las asociaciones y sociedades civiles que estén registradas según dispone la Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil; las empresas de trabajadores y en general todas las formas de organización social para la producción, distribución, consumo y prestación de bienes y servicios cuyo funcionamiento se apegue a los principios generales que establece la presente ley.

Comprende también a cualquier entidad y organismo de segundo o tercer nivel que se cree y que cumpla con los preceptos descritos de propiedad social, auto gestión democrática, reinversión de excedentes y/o constitución de reservas según sea el caso y distribución de excedentes entre sus socios.

Podrán por su ámbito geográfico, ser de carácter regional, estatal y nacional; aquellos de índole económica no necesariamente serán especializados en determinado ramo o actividad.

Los requisitos y procedimientos para su constitución, independientemente de su grado, serán los establecidos por la ley específica que corresponda y/o las leyes de materia civil aplicables; asimismo serán sujetos de todo beneficio y derecho emanado de las leyes aplicables al sector.

Artículo 5. Las organizaciones y empresas que forman parte del sector de la economía social y solidaria gozarán de autonomía en cuanto a su régimen interno, siguiendo los ordenamiento s dispuestos por las leyes que las rijan y sus estatutos teniendo plena libertad para el ejercicio de cualquier actividad lícita en el desarrollo de sus actividades autogestoras.

Artículo 6. Son fines del sector de la economía solidaria:

I. Promover el desarrollo integral del ser humano;

II. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país;

III. Generar prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y emprendedora;

IV. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa;

V. Participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social; y

VI. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y la distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna.

Artículo 7. Las entidades del sector se regirán por los siguientes principios y prácticas:

I. Preeminencia del ser humano y su trabajo sobre el capital;

II. Afiliación y retiro voluntario;

III. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora;

IV. Trabajo en beneficio mutuo y de la comunidad;

V. Propiedad social o paritaria de los medios de producción;

VI. Participación económica de los asociados en justicia y equidad;

VII. Reconocimiento del carácter de socios a por lo menos el setenta por ciento de las personas que presten servicios personales en las entidades del sector que se dediquen a la producción de bienes o servicios y el derecho de los que no sean socios puedan integrarse como tales sobre la base de su capacitación en los principios cooperativos y el cumplimiento de los requisitos correspondientes;

VIII. Los excedentes se destinen a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa;

IX. Educación y capacitación técnica administrativa permanente y continua para los asociados;

X. Promoción de la cultura solidaria y de la protección del medio ambiente entre sus miembros y hacia la comunidad;

XI. Información periódica de sus estados financieros y de resultados a todos y cada uno de sus socios, a través de los informes a la Asamblea General y a los Consejos de Representantes, así como el libre acceso a la información respectiva para los mismos;

XII. Integración y colaboración con otras organizaciones del mismo sector; y

XIII. Compromiso con las comunidades donde desarrollan su actividad.

Artículo 8. Se comprenden como valores del sector: la solidaridad, la equidad, la justicia, la democracia, la honestidad, la pluralidad, la ayuda mutua, la responsabilidad compartida, la igualdad, la transparencia y la subsidiariedad.

Artículo 9. El Estado apoyará e impulsará a las entidades del sector de la economía social y solidaria bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público en beneficio general de los recursos productivos que tendrán la obligación de proteger y conservar preservando el medio ambiente.

Título IIOrganización y Representación

Artículo 10. Corresponde a las entidades de la economía social dotarse de las organizaciones que las representen para formar la Confederación de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria. Las organizaciones de coordinación y representación nacional de cada tipo de entidad se regirán por su normativa específica, si la hubiere, o en su caso, por la normativa de asociaciones de conformidad con lo previsto en la Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Artículo 11. La confederación podrá tener representación en los órganos de participación institucional de la Secretaría de Economía y en todas aquellas actividades de representación que les sean propias por su naturaleza jurídica y actividad.

Serán tareas de la confederación, entre otras, las siguientes:

a) Fomentar y defender los intereses de la economía social y de las entidades que la integran;

b) Representar a la economía social ante la Secretaría de Economía así como participar en los encuentros y foros económicos, sociales y civiles tanto de ámbito nacional como internacional;

c) Promover cuantas iniciativas, proyectos y servicios convengan a los intereses comunes de sus socios y socias;

d) Realizar y promover estudios, análisis, encuestas, investigaciones y publicaciones relacionadas con la economía social;

e) Potenciar la formación de las socias y socios, dirigentes, trabajadoras y trabajadores de la economía social con la finalidad de reforzar la eficiencia y competitividad de dichas sociedades y entidades; la mejora de las condiciones de trabajo y la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres; y

f) En general, cualquier tipo de actuación que en el ámbito de su competencia sea de interés para la economía social.

Título IIIFomento y Difusión de la Economía Social

Artículo 12. Se reconoce como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas.

Artículo 13. El Gobierno, para la aplicación de esta Ley, actuará en el ámbito de la economía social con carácter general a través de la Secretaría de Economía, a la que corresponderá impulsar la realización de las actuaciones de promoción, difusión y formación sin perjuicio de las facultades de otras secretarías en relación con la actividad económica, empresarial y social que desarrollen las entidades de economía social para el cumplimiento de su objeto social.

Título IVConsejo Nacional para el Fomento de la Economía Social y Solidaria

Artículo 14. Se crea el Consejo Nacional para el Fomento de la Economía Social y Solidaria como órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la economía social integrado a través de la Secretaría de Economía, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta.

Actuará como un órgano de colaboración, coordinación e interlocución de la economía social y la Secretaría de Economía.

Artículo 15. El Consejo para el Fomento de la Economía Social y Solidaria se integrará por doce miembros, cinco como representantes del Gobierno Federal, cinco representantes de los organismos del sector, un representante de la Comisión de Economía del Senado y un representante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

15.1. Por el gobierno federal serán miembros de la Junta Directiva los siguientes titulares de las secretarías de Estado:

a) El secretario de Economía, quien lo presidirá;

b) El secretario de Hacienda y Crédito Público;

c) El secretario de Desarrollo Social;

d) El secretario de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, y Pesca; y

e) El secretario del Trabajo y Previsión Social.

15.2. Por las entidades del sector participarán cinco miembros de la Consejo Superior del Cooperativismo, por las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria, electos libremente por su Asamblea General; cada miembro propietario del consejo podrá nombrar a un suplente por cargo o por nombre y no se permitirán representantes que sustituyan al titular o suplente.

Artículo 16. De conformidad con las competencias atribuidas y de acuerdo con el ámbito de esta ley, tendrá las siguientes funciones:

a) Fomentar y difundir los principios, valores y fines del sector de la economía social y solidaria.

b) Promover la integración de las entidades del sector.

c) Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades que desarrollen.

d) Ser órgano consultivo del gobierno federal en la formulación de políticas relativas a la economía social y solidaria, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades que desarrollen.

e) Designar las comisiones técnicas especializadas que sean necesarias.

f) Promover y asesorar para la constitución de empresas sociales.

g) Promover en el ámbito nacional e internacional los bienes y servicios producidos por las entidades del sector social.

h) Promover la creación de órganos de integración y representación de las entidades del sector social considerando los lineamientos que señalen las leyes respectivas.

i) Las demás que establezca su reglamento interno, que no contravengan las disposiciones de esta ley.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La convocatoria y asuntos relativos a la reunión constitutiva de la confederación de organismos de la economía social y solidaria, será efectuada por la Secretaría de Economía a través de sus delegaciones estatales en un plazo no mayor a noventa días después de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez constituida la confederación, la Secretaría de Economía deberá convocar a la instalación del Consejo Nacional para el Fomento de la Economía Social y solidaria.

Artículo Tercero. El Consejo Nacional para el Fomento de la Economía Social y Solidaria deberá quedar instalado en un plazo no mayor de 180 días.

Artículo Cuarto. Todas aquellas empresas u organizaciones sociales que tengan personalidad jurídica como asociaciones o sociedades civiles y que deseen acogerse a los beneficios y prerrogativas de la presente ley, deberán cumplir con su registro legal según lo dispuesto en la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil o, en su defecto, constituirse legalmente en cualquiera de las figuras asociativas a que se refiere el artículo tercero de la presente ley.

Palacio Legislativo, a 30 de noviembre de 2010.— Diputados: José Manuel Agüero Tovar, Leobardo Soto Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Agüero Tovar. Tal y como usted lo solicita, insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ARTICULO 26 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Omar Fayad Meneses:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuevamente aquí en tribuna, ahora con un tema menos estridente, pero a lo mejor también menos importante que el que tratábamos hace rato en el análisis de los 10 años de gobiernos panistas en este país.

Hoy vengo a hablar de un tema en el que espero contar con la benevolencia de la opinión de las señoras diputadas y señores diputados, que incide en el tema del municipio mexicano. Ustedes saben que éste es un gran grupo de iniciativas que me he permitido impulsar a lo largo de esta Legislatura, que permiten fortalecer a la célula fundamental, al eje central de la división política mexicana, de la administración en este país, y hoy estoy planteándoles la posibilidad de darle carácter de órgano público a un organismo que aglutine a todas las asociaciones de municipios de México.

A partir del boom de los noventa en materia municipalista empezamos a ver que surgieron asociaciones, primero, de carácter ideológico, de carácter político y ahora las tenemos de todo tipo, temáticas.

Tenemos una Asociación de Presidentes Municipales priistas, la Fenamm. Una de perredistas, la AMMAC. Una de presidentes panistas, ANAC. Una plural, la AMMAC, y además tenemos ya decenas de grupos de municipios que se asocian por materia: los costeros, los petroleros, los turísticos, los patrimonios universales de la humanidad.

Por cada tema ha ido naciendo la necesidad de agruparse, de asociarse, en virtud de que solos representan un ente muy débil y desgraciadamente en este país el federalismo no ha cobrado vida. Ustedes saben que seguimos tratando al municipio mexicano no como un tercer orden de gobierno en este federalismo sino como un orden de gobierno de tercera.

Sin embargo, es en el municipio donde se dan las decisiones más cercanas a la gente, donde se viven las cuestiones más sentidas por la ciudadanía y no hemos logrado consolidar un esquema que permita apoyar y fortalecer al municipio.

No hay una sola oficina pública que pueda cumplir algunas funciones muy importantes para los municipios, y la gran mayoría de los países del mundo cuentan con una institución que impulsa las reformas institucionales legislativas, necesarias para fortalecer la tarea diaria de los municipios.

Se trata de instituciones que potencializan el desarrollo local y que en los países más avanzados del mundo han sido un factor importante en el proceso del desarrollo nacional en cada una de esas naciones.

Son claros los ejemplos de funcionalidad y ventajas de asociar a los municipios para cumplir de manera más eficiente con los objetivos que persiguen. Baste señalarles algunos casos como el de Argentina, el de Brasil y Ecuador, con los que tenemos una afinidad cultural, son importantes los alcances que han tenido estas asociaciones municipales.

La Federación Argentina de Municipios, organismo que aglutina la totalidad de los municipios en ese país, ha sido el pilar del fortalecimiento hacendario de los gobiernos municipales, la homologación para la contratación de empresas prestadoras de servicios municipales sujetas estándares y bajo un registro muy estricto, sin dejar de mencionar la implementación de un servicio de carrera municipal que en este país se ve verdaderamente lejano.

Son muchos los ejemplos, Brasil sería otro muy importante, pero hoy yo quiero llamar su atención para que por primera vez en la historia de México logremos acuñar en un apartado extra, en un Apartado C al artículo 26 de la Constitución Política Mexicana, la posibilidad de crear la Conferencia Nacional de Municipios de México, para que se convierta en un organismo público- plural que contribuya al fortalecimiento del federalismo, con el propósito de atender las necesidades colectivas, equilibrar, armonizar y estimular el crecimiento económico de nuestras entidades federativas, de nuestras regiones, de nuestros municipios, en un marco verdaderamente de federalismo del país.

Se ha estado intentando hacer, ha habido voluntad política en todas las asociaciones, falta ese pequeño impulso que nosotros los legisladores, que esta soberanía tiene, tiene la obligación de atender. Vamos a dar respuesta a esta y al cúmulo de iniciativas que permitan fortalecer al municipio mexicano.

Si se fortalece el municipio, que es el eje de todo este país, fortaleceremos sin duda a todo México y tendremos entonces un verdadero federalismo. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Omar Fayad Meneses, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C, al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Conferencia Nacional de Municipios de México, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de nuestra Constitución, ha sido voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal compuesta por estados libres y soberanos (autónomos según la teoría constitucional en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de nuestra ley fundamental. El artículo 115 establece que “los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial, y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre”.

El federalismo es una forma de estado constituida por la voluntad de entidades políticas soberanas que lo conforman, que deciden pactar entre ellas la constitución de un orden superior de gobierno, con el objetivo principal de formar una nación única, en pro del desarrollo de todas y cada una de las entidades y municipios.

El auge del federalismo que se da durante la década de los noventa, como un deseo de los ciudadanos de consolidar la democracia con gobiernos responsables que representen los intereses de los votantes como lo señala Ronald Watts, genera que la colaboración gobernantes–gobernados sea más estrecha; hecho que se ejemplifica a la perfección con el funcionamiento de los municipios en nuestro sistema federal, en donde la labor de los regidores se nutre de la voluntad del pueblo al tener un contacto más cercano con ellos, independientemente de que también sufren los problemas o gozan de los beneficios de su gestión de manera directa.

Esto que suena como el ideal en la vida municipal, se enfrenta con el grave hecho de que pese a este conocimiento de la problemática, el cumplimiento de las funciones municipales queda supeditado a la desproporción estructural de los mismos, lo que implica una urgente necesidad de asociarse en grupos que les permitan adquirir una mayor fortaleza compartiendo experiencias y logros.

La libre asociación como uno de los derechos fundamentales plasmados en el texto de la Carta Magna, persigue una actividad sustentada en los principios de equidad que deben regir las relaciones entre los individuos, esto se ha integrado al orden municipal, para cimentar la justa colaboración entre municipios y estados, como la base de federalismo democrático y participativo, tal y como se observa en el penúltimo párrafo de la fracción III del ya mencionado artículo 115 constitucional, que dota a los municipios de la facultad de coordinarse o asociarse libremente para garantizar la más eficaz prestación de los servicios públicos o un mejor desempeño en el ejercicio de las funciones que les correspondan, lo que redunda en beneficio de la sociedad, con gobiernos más activos y cooperativos.

En la gran mayoría de los países del mundo, los municipios cuentan con una institución que impulsa las reformas institucionales y legislativas necesarias para fortalecer su tarea diaria, se trata de instituciones que potencializan el desa-rrollo local, y que en los países más avanzados del mundo ha sido un factor importante en el proceso de desarrollo nacional.

Son claros los ejemplos de la funcionalidad y ventajas de la asociación de los municipios para cumplir de manera más eficiente los objetivos que estos persiguen. En países como Argentina, Brasil y Ecuador, con los que tenemos una afinidad cultural, son importantes los alcances que se han tenido con la asociación municipal.

La Federación Argentina de Municipios (FAM), organismo que aglutina a la totalidad de ellos, ha sido el pilar del fortalecimiento hacendario de los gobiernos municipales, la homologación para la contratación de empresas prestadoras de servicios municipales, sujetas a estándares y bajo un estricto registro, sin dejar de mencionar la implementación de un servicio de carrera a nivel municipal que redunda en personal que asegura la continuidad y profesionalización de las labores durante los cambios de periodos de gobierno, además son reconocidos como un interlocutor válido por las dependencias del gobierno federal lo que les permite obtener importantes resultados a favor de los gobiernos locales.

La Confederación Nacional de Municipios de Brasil (CNM), que acaba de cumplir 30 años, cuenta con un ambicioso programa de capacitación municipal nacional sobre los principales ejes de las administraciones municipales; además, ha logrado fortalecer las haciendas municipales. En el plano social, han contribuido a que los municipios sean los principales impulsores y rectores del desarrollo de sus comunidades.

La Asociación de Municipios Ecuatorianos (AME) ha logrado impulsar importantes iniciativas como la Ley del Servicio Público que brinda mayores atribuciones a los cabildos. Son considerados interlocutores válidos por la presidencia de la República y, por ende, incluidos en el proceso de toma de decisiones que repercuten en el ámbito local. Además, cuentan con los recursos para programas de capacitación sobre diversos temas entre los que destacan los planes de desarrollo y la presupuestación, entre otros.

En nuestro país, la asociación de municipios no es nueva, no se está ante una propuesta improvisada para el surgimiento de figuras, sino en capitalizar la experiencia internacional y nacional con la que ya se cuenta, para atender las graves deficiencias y obstáculos a los que se enfrentan los gobiernos municipales.

Son 2 mil 440 municipios en México que en el ámbito de la fortaleza institucional, resienten los efectos de un modelo de desarrollo que en lo político, en lo hacendario, en lo institucional y en lo competencial, les impide contribuir efectivamente al desarrollo local, en perjuicio de la sociedad.

El fuerte centralismo político y constitucional vigente en México genera un tercer orden de gobierno débil, con ataduras legislativas y con “nudos” estructurales (falta de reelección, períodos cortos de tres años, marginalidad fiscal, etcétera) que nulifican su vocación de instrumento central para elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Los gobiernos municipales tienen rezagos importantes en el ejercicio de sus gestiones, principalmente por la carencia de políticas públicas nacionales que les permitan dotarse de recursos humanos de calidad, capacidad técnica instalada y alianzas permanentes que propicien la consolidación de administraciones locales profesionales.

La corta duración del periodo de gobierno municipal en nuestro país, considerando que en América Latina sólo México y Haití tienen periodos de 3 años sin reelección, repercute en la interrupción de proyectos y la falta de profesionalización de los funcionarios municipales; a ello se suma la alta rotación de los propios funcionarios, cuyo promedio nacional es del 83 por ciento.

La comunicación y colaboración con los estados y la federación es deficiente y limitada, lo que impide una eficaz coordinación que clarifique la estructura de competencias y permita servir mejor a los ciudadanos; esto en general se debe a que los municipios no cuentan con una instancia de apoyo que compense sus deficiencias.

Los gobiernos municipales requieren una instancia aliada que les permita contar con asesoría especializada, apoyo técnico, servicios de consultoría, integración de proyectos, desarrollo de políticas públicas locales, mejoramiento de los servicios públicos o información sobre experiencias exitosas replicables, para compensar las carencias estructurales del municipalismo mexicano.

Las asociaciones municipalistas en México, han tratado de paliar estos problemas, los cuales no han prosperado ante la diversidad de organismos que trabajan más en cuestiones de ideología política o territorial, que como organismos de coordinación y unificación de la agenda municipalista.

A finales de los años noventa se constituyen las primeras asociaciones vinculadas en forma clara con sus respectivos partidos políticos, AMMAC (PAN), FENAMM (PRI) y AALMAC (PRD) y en los años posteriores surgen otras redes partidistas. Asimismo surgieron algunas asociaciones vinculadas a temas de interés para los municipios, como salud, educación y turismo, así como otras que responden a necesidades regionales o estatales.

Los objetivos de cada asociación son similares, sin embargo operan de forma aislada y por tanto limitada. Por ello es necesario crear un frente común de los municipios, que promueva iniciativas capaces de impulsar reformas estructurales en los ámbitos político, legislativo y hacendario que fortalezcan a los gobiernos municipales y que impulsen el fortalecimiento y modernización de las finanzas y de la hacienda pública municipal.

Por lo anterior es necesario unificar el movimiento municipalista en México, creando una Conferencia Nacional de Municipios de México, como organismo público que integre a la totalidad de los municipios y asociaciones, el cual sea un ente que logre la interlocución entre ellos, así como con los estados y la federación, a fin de participar y colaborar en las relaciones entre los tres órdenes de gobierno de nuestro país.

Teniendo en consideración que el municipio es la primera forma de organización política de nuestro país, propongo consolidar la Conferencia Nacional de Municipios de México, mediante su incorporación en la planeación nacional del desarrollo, con la adición de un apartado C al artículo 26 constitucional, garantizando su permanencia como un organismo público plural que contribuya al fortalecimiento del federalismo con el propósito de atender las necesidades colectivas, equilibrar, armonizar y estimular el crecimiento económico de nuestras entidades federativas, de nuestras regiones y municipios, en el marco de un verdadero diálogo y concertación con los poderes federales.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Conferencia Nacional de Municipios de México

Artículo Único. Se adiciona un apartado C, al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

“Artículo 26. ...

A. ....

B. ....

C. Para conseguir una verdadera planeación nacional del desarrollo, se crea la Conferencia Nacional de Municipios de México como el organismo público permanente, de representación, vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación de todos los municipios del país, con los estados y la federación, cuyo propósito será brindar apoyo técnico a los municipios y participar activamente en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas integrales que atiendan sus necesidades y propicien el desarrollo equilibrado entre los tres órdenes de gobierno, de conformidad con la ley que para el efecto expida el Congreso de la Unión.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Orgánica de la Conferencia Nacional de Municipios de México, la cual definirá su estructura y atribuciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2010.— Diputados: Omar Fayad Meneses, José Manuel Agüero Tovar, Carlos Manuel Joaquín González, Leobardo Soto Martínez (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fayad. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José del Pilar Córdova Hernández:Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los productos intelectuales son de gran valor para sus creadores, ya que representan la creatividad y dedicación de los mismos.

En México este tema en particular se encuentra regulado por la Ley de Derecho de Autor, la cual es bastante completa en los términos de protección al autor. Sin embargo, a pesar de ser una garantía que todos los habitantes de este país deberíamos tener, ésta no se encuentra como tal en nuestra Constitución, es decir, no está sustentada en la Ley Suprema de nuestro país.

En países vecinos de América Latina el derecho a la propiedad intelectual se encuentra garantizado constitucionalmente como inviolable.

La Constitución de Chile, por ejemplo, dicta que asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie.

Bajo el mismo tenor se encuentran las constituciones de Venezuela, Perú, Nicaragua y Colombia.

Una de nuestras principales encomiendas que nos da la ciudadanía con su voto es la de vigilar que las leyes de la nación estén acordes a las situaciones reales que atraviesa el país, que sean justas, que no existan vacíos que permitan que el mexicano sufra cualquier atropello.

Por ello, hoy vengo a esta tribuna a proponer ante ustedes, compañeras diputadas y diputados, que establezcamos como una garantía individual el derecho a la propiedad intelectual y que se proteja a los autores de cualquier condicionamiento.

En el último párrafo del artículo 4o constitucional se establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura. De igual manera dicta que será el Estado quien promueva el desarrollo y difusión de la misma con todo el respeto a la libertad creativa. Sin embargo, no nos habla de la creación técnica y científica ni tampoco de la propiedad intelectual sobre dichas creaciones.

Por eso propongo ante todas y todos ustedes, que se reforme el artículo 4o de nuestra Carta Magna para que —en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos— el Estado garantice la libertad a la creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la protección a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, diputado federal de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida en  la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

1. La creatividad, la dedicación y el trabajo duro tienen como producto una diversidad de logros que llegan a ser de suma importancia para su creador, por ello en las leyes se establece el derecho de propiedad intelectual o derecho de autor. En nuestro país este rubro está reglamentado por la Ley de Derechos de Autor; sin embargo, en la Carta Magna no está especificada esta garantía tal cual, siendo que todos los habitantes de este país deberíamos disfrutar de este derecho.

2. La Ley de Derechos de Autor es una ley muy completa que contiene especificidades apropiadas para brindar la protección de los derechos de los propietarios intelectuales de las distintas obras que reglamenta; a pesar de esto, no está debidamente sustentada en la Constitución ya que en esta última no está establecida dicha garantía, la cual protegería a los autores de cualquier condicionamiento que no esté especificado en la ley correspondiente.

3. En otros países de América Latina, el derecho a la propiedad intelectual está garantizado en la Constitución como uno inviolable y establecen que será protegido por la ley. Por citar algunos ejemplos, la Constitución de Chile dicta lo siguiente:

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:

25. La libertad de crear y difundir las artes así, como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

4. Como podemos observar el derecho a la propiedad intelectual está garantizado como una de las garantías individuales.

En la Constitución colombianaen el artículo 61 dice: El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

Aquí también establece que el estado más que como una facultad tiene la obligación de proteger este derecho y además lo sujeta a un reglamento tal cual la presente propuesta.

Nicaragua:

Artículo 125. El Estado promueve y protege la libre creación, investigación y difusión de las ciencias, la tecnología, las artes y las letras, y garantiza y protege la propiedad intelectual.

Perú:

Artículo 2. Toda persona tiene su derecho

A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

Venezuela:

Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la república en esta materia.

5. Como el Estado democrático y soberano que somos, y como legisladores preocupados por garantizar que las leyes estén acorde a las necesidades de la nación, es de suma importancia que garanticemos a los mexicanos el derecho a la propiedad intelectual, y la mejor manera es estableciéndolo constitucionalmente.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona un 10o. párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4. (Primeros 8 párrafos)

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así? como el ejercicio de sus  derechos culturales. El Estado promoverá? los medios para la difusión y desa-rrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá? los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

El Estado garantizará la libertad a la creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la protección a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2010.— Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Córdova. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Armando Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado Armando Jesús Báez Pinal:Con su venia, señor presidente.

Compañeros, el robo de bienes culturales representa uno de los problemas más graves dentro del comercio ilegal. Constantemente escuchamos las acciones que se emprenden en contra del tráfico de drogas, armas, secuestros, piratería o lavado de dinero, pero lamentablemente las corporaciones policíacas y los medios de comunicación le dan menos importancia cuando se trata de robo de bienes culturales, sobre todo los de carácter religioso, lo cual se vuelve muy delicado porque, independientemente de nuestras creencias se afectan aspectos de suma importancia para la gente que habita nuestro país.

Los amigos de lo ajeno, al despojar de los templos las imágenes plasmadas en las obras pictóricas, esculturas y objetos de culto, le arrebatan al pueblo elementos fundamentales del patrimonio cultural tangible de las comunidades, así como del patrimonio cultural intangible patente en la fe, tradiciones, costumbres y la confianza de la gente, de nuestra gente.

Vivimos en un Estado laico, pero la libertad de creencias es una de las garantías que establece nuestra Constitución, y gracias a ello prevalece el respeto y la tolerancia entre nosotros.

El Estado mexicano no puede ni debe promover que la gente profese religión alguna, sin embargo, sabemos que por razones inherentes a nuestra historia hay doctrinas religiosas claramente definidas en la mayoría de la población. A pesar de ello, la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no protege de manera exclusiva a los bienes religiosos de una fe en particular, ni siquiera se menciona que debe considerarse como arte sacro. Son bie-nes históricos y como tales son parte de la herencia de nuestros antepasados.

Son también el testimonio sobre el cual se asienta la historia de nuestra nación y los tenemos que considerar como tal. Con mayor razón a propósito de los aniversarios que se conmemoran durante este año.

La propia ley habla de los muebles que se encuentran o se hayan encontrado en los inmuebles construidos en los siglos XVI al XVII, destinados a templos y sus anexos: arzobispados, obispados, casas culturales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de culto religioso, así como a la educación y a la enseñanza con fines asistentes o benéficos. Al servicio y al ornato públicos y al uso de autoridades civiles, militares sin especificar una religión en particular.

Estos bienes son históricos y por estar o haber estado en uno de los recintos a los que se refiere la ley, el Estado debe protegerlos.

La preocupación por la protección de los bienes no se pone de manifiesto por primera vez en esta iniciativa. Desde la LIX Legislatura hubo, tanto en esta Cámara como en algunas iniciativas que proponían el incremento de las penas para aquellos delincuentes que fueran detenidos y consignados por sustraer y traficar con bienes históricos.

En la lista de asuntos encontramos un dictamen que dese-cha un conjunto de iniciativas y una minuta. Las primeras presentadas por compañeros diputados y por el Congreso del estado de Puebla.

Tanto las iniciativas como la minuta en comento proponen básicamente el incremento de penas a quienes sean consignados por delitos en contra de los bienes culturales de la nación, específicamente aquellos —cito textual— cometidos por el robo de arte sacro.

La preocupación no ha cesado. Hay que reconocer que el pasado 27 de julio la PGR y el INAH informaron públicamente, de un golpe, en contra de quienes trafican con bie-nes culturales.

Lo importante es que por primera vez el aseguramiento de este tipo de bienes se deriva de la investigación no como producto de la casualidad, pues en otras ocasiones los aseguramientos de bienes culturales se han dado porque se encuentran piezas arqueológicas o históricas en cateos en casas que originalmente lo hacían para buscar armas, piratería o drogas.

Este aseguramiento también fue posible gracias a que hubo la posibilidad de consignar al menos a uno de los delincuentes, el cual es muy complicado porque el robo de bie-nes culturales es un delito que no es considerado como grave. En una revisión de lo que acontece vemos con preocupación que el problema prevalece ante una detención en contra de quienes sean presuntamente responsables.

El Ministerio Público federal tiene que contemplar lo que señala el artículo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales que dice lo siguiente: “Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso a ser puesto en libertad provisional inmediatamente que lo solicite si reúne los siguientes requisitos: Que garantice el monto estimado de la reparación del daño tratándose de delitos que afecten a la vida o a la integridad corporal. El monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las exposiciones relativas a la Ley Federal del Trabajo.

—Termino, presidente. Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que establece la ley en razón del proceso y que no se trate de alguno de los delitos clasificados como graves del artículo 194. Ante esta situación, el agente del Ministerio Público tiene que solicitar a las autoridades competentes conocer el monto del daño de la pieza robada, a fin de fijar la garantía.

Por lo antes expuesto, formulo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo 1o. Se adiciona una fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 194.

XVIII. De la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos, Artísticos, lo previsto en los artículos 50 y 54.

Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Armando Báez Pinal, diputado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, de conformidad con la siguiente

ExposicióndeMotivos

El robo de bienes culturales representa uno de los problemas más graves dentro del comercio ilegal. Constantemente escuchamos las acciones que se emprenden en contra de tráfico de drogas, armas, secuestros, piratería o lavado de dinero. Pero lamentablemente, las corporaciones policíacas y los medios de comunicación le dan menos importancia cuando se trata de robo de bienes culturales, sobre todo los de caracter religioso, lo cual se vuelve muy delicado porque, independientemente de nuestras creencias, se afectan aspectos de suma importancia para la gente que habita en nuestro país. Los amigos de lo ajeno, al despojar de los templos las imágenes plasmadas en obras pictóricas, esculturas y objetos de culto, le arrebatan al pueblo elementos fundamentales del patrimonio cultural tangible de las comunidades, así como del patrimonio cultural intangible patente en la fe, tradiciones, costumbres y la confianza de la gente de nuestra gente.

Vivimos en un Estado laico, la libertad de creencias es una de las garantías que establece la Constitución y gracias a ello prevalece el respeto y la tolerancia entre nosotros. El Estado mexicano no puede ni debe promover que la gente profese religión alguna, sin embargo sabemos que por razones inherentes a nuestra historia, hay doctrinas religiosas claramente definidas en la mayoría de la población. A pesar de ello, la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no protege de manera exclusiva a los bienes religiosos de una fe en particular. Ni siquiera se menciona que deben considerarse como arte sacro. Son bienes históricos y como tales, son parte de la herencia de nuestros antepasados. Son también el testimonio sobre el cual se asienta la historia de nuestra nación y los tenemos que considerar como tal, con mayor razón, a propósito del los aniversarios que se conmemoran durante este año.

La propia ley habla de los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares, sin especificar una religión en particular. Esos bienes son históricos y por estar o haber estado en uno de los recintos a los que se refiere la ley, el Estado debe protegerlos.

La preocupación por la protección de los bienes no se pone de manifiesto por primera vez en esta Iniciativa. Desde la quincuagésima novena Legislatura hubo, tanto en esta Cámara como en la colegisladora, algunas iniciativas que proponían el incremento de las penas para aquellos delincuentes que fueran detenidos y consignados por sustraer y traficar con bienes históricos.

En la lista de asuntos de la LX Legislatura, encontramos un dictamen que desecha un conjunto de iniciativas y una minuta. Las primeras presentadas por compañeros diputados y por el Congreso de Puebla. Tanto las iniciativas como la minuta en comento, proponen básicamente el incremento de penas a quienes sean consignados por delitos en contra los bienes culturales de la nación, específicamente aquellos, y cito textual, cometidos por el robo de arte sacro.

La preocupación no ha cesado. Otros legisladores preocupados por esta situación han presentado diversos Puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes a que investiguen el robo de este tipo de bienes. Algunos de estos puntos de acuerdo han sido enviados para su análisis a las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública.

Hay que reconocer que el pasado 27 de julio, la PGR y el INAH informaron públicamente de un golpe en contra de quienes trafican con bienes culturales. Lo importante es que por primera vez, el aseguramiento de este tipo de bie-nes se deriva de la investigación y no como producto de la casualidad, pues en otras ocasiones, los aseguramientos de bienes culturales se han dado porque se encuentran piezas arqueológicas o históricas en cateos que originalmente eran para buscar armas, piratería o drogas. Este aseguramiento también fue posible a que hubo la posibilidad de consignar al menos a uno de los delincuentes, lo cual es muy complicado porque el robo de bienes culturales es un delito que no es considerado como grave.

En una revisión de lo que acontece, vemos con preocupación que el problema prevalece. Ante una detención en contra de quienes sean presuntamente responsables, el Ministerio Público Federal tiene que contemplar lo que señala el artículo 399 del Código Federal de Procedimiento Penales, que dice lo siguiente:

Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso a ser puesto en libertad provisional, inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos:

I. Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo;

II. Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele;

III. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso; y

IV. Que no se trate de alguno de los delitos calificados como graves en el artículo 194.

Ante esta situación, el Agente del Ministerio Público tiene que solicitar a las autoridades competentes un dictamen pericial para conocer el monto del daño o de la pieza robada para poder así fijar la garantía, lo que permitiría al inculpado seguir el proceso en libertad. Dicho de manera coloquial, salir bajo fianza. Como Servicios Periciales de la PGR no cuenta con especialistas que puedan determinar el valor de un bien cultural, el Ministerio Público, o la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, acude ante los especialistas con fundamento en el Artículo 225 del Código Federal de Procedimientos Penales que señala

La designación de peritos hecha por el tribunal o por el Ministerio Público deberá recaer en las personas que desempeñen ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo, o bien en personas que presten sus servicios en dependencias del gobierno federal, en universidades del país, o que pertenezcan a asociaciones de profesionistas reconocidas en la república.

La autoridad competente es, en el caso de bienes culturales de carácter histórico, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es entonces cuando el especialista se enfrenta a una situación por demás compleja, ya que cualquiera de ellos sabe perfectamente que este tipo de bienes tienen un valor histórico-cultural inherente al lugar a donde pertenecen. Son bienes que no deberían tener un valor comercial, pues deben estar en el lugar para el que fueron concebidos. Por otro lado, asignarles un valor es de alguna manera, aceptar que son vendibles. Lo ideal es que el especialista dijera que no tiene valor comercial. En una situación así, el Ministerio Público no puede fijar la caución correspondiente, por lo tanto el probable responsable queda en libertad, porque non la autoridad ministerial no tendría elementos para establecer cómo se puede reparar el daño.

Si el robo de bienes culturales se tratara de un delito de los considerados en el Artículo 194 del mismo código referido, no se tendría que fijar el valor del bien porque no habría que fijar un monto para la caución, ya que se consideraría el delito como grave.

Por lo expuesto, formulo la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.

I a XVII. ...

XVIII. De la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los previstos en los artículos 50 y 54.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 16 de noviembre de 2010.— Diputados: Armando Jesús Báez Pinal, Leobardo Soto Martínez, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Laura Itzel Castillo Juárez, Carlos Manuel Joaquín González, María de la Paz Quiñones Cornejo, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Báez. Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL - LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió iniciativa de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRI, con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. de la Ley de Asistencia Social, 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 7o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma los artículos 9o. de la Ley de Asistencia Social, 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 7o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Janet Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben diputados federales Janet González Tostado y Francisco Ramos Montaño, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Exposición de Motivos

La salud es una necesidad fundamental del individuo, reconocida como una garantía jurídica que se encuentra sintetizada en el contenido fundamental de los derechos sociales, es decir, aquellos derechos que requieren de una acción positiva del Estado en la prestación de un bien o servicio.

La idea del derecho social, tiene la característica principal de anteponer los intereses colectivos por encima de los intereses individuales como sucede en el derecho público y derecho privado, a través de leyes específicas y programas creados por el Estado para la construcción y consolidación de condiciones más justas de vida para la población en general, y en especial para aquellos sectores más desfavorecidos y en situación de desventaja.

A diferencia de los derechos individuales –como los de la propiedad o la libertad– el Estado sólo se encarga de vigilar que los mismos se ejerzan dentro de los límites establecidos, y en el caso de los derechos sociales, como el de la salud, la intervención del Estado es directa y activa mediante la aplicación de políticas públicas, programas sociales o de reformas legales con el propósito en común de atender y satisfacer una necesidad colectiva, como es la salud.

En este sentido, en lo referente a los derechos sociales, el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de generar las condiciones necesarias para que este derecho social – el de la salud - que es de índole individual pero colectivamente considerado como tal pueda atenderse y satisfacerse.

El 3 de febrero de 1983, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la adición al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a la salud. El 7 de febrero de 1984, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Salud, Reglamentaria del Artículo 4o. Constitucional, en dicha ley, se establecen las bases y modalidades para el acceso de todos los mexicanos a los servicios de salud con la concurrencia de la federación y las entidades federativa en materia de salubridad general.

La Ley General de Salud, en el artículo 2o., señala como finalidades de protección a la salud:

“I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

”II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

”III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

”IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

”V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

”VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

”VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud”.

La salud de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Reconoce además, que la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, edad, religión, ideología política o condición económica o social.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la salud es conceptualizada como “el completo estado de bie-nestar físico, psíquico y social de una persona”.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure tanto a ella como a los demás miembros de su familia la salud y el bienestar, en especial los relativos a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica.

En México, además del artículo 4o. constitucional que establece como un derecho de los mexicanos el de la salud, encontramos la Ley General de Salud como ya se ha mencionado.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2000– en su artículo 28 señala que estos tienen derecho a la salud, así como la atención médica y nutricional de la madre durante el embarazo y lactancia; la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002–, en su artículo 5, destaca el derecho y acceso preferente a los servicios de salud, además de gozar del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional, así como recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene y todo aquello que favorezca su cuidado personal; y la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005, en su artículo 7, señala que: “las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral”.

La Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004, en su artículo 7 enfatiza que: “los servicios de salud en materia de asistencia social que presten la federación, los estados, los municipios y los sectores social y privado, forman parte del Sistema Nacional de Salud, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada”.

A nivel internacional, existen tratados que contienen disposiciones específicas en materia de salud, entre ellos:

– La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada y ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965, señala en su artículo 5 el derecho de toda persona a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales, es una prerrogativa que debe garantizarse sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico.

– El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de diciembre de 1966, reconoce el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.

– La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada y ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, señala que los estados partes adoptarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera de la atención médica, a fin de asegurar el acceso a servicios de salud.

– El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador” firmado el 17 de noviembre de 1988, reconoce el derecho que tiene toda persona a la salud; el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social. En dicho instrumento, los estados firmantes reconocen a la salud como un bien público, adoptando entre otras medidas otorgar atención primaria de salud al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; extender los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; y satisfacer las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

– La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, los estados partes, reconocen en el artículo 24 el derecho a la salud como un derecho fundamental de las niñas y los niños al disfrute del nivel de salud más alto posible, así como a los servicios para el tratamiento de enfermedades y rehabilitación.

– La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1971.

– La Declaración de los Derechos de los Impedidos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1975.

– Los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 17 de diciembre de 1991.

En México, la salud y la asistencia social tienen una vinculación directa. Se entiende, que la asistencia social es una rama especializada del desarrollo social, la cual, mediante la aplicación de acciones específicas se orientan en la inclusión social de las personas que por diversas circunstancias viven en condiciones de desventaja o vulnerabilidad, situación que pueden derivar por algún tipo de limitaciones físicas, o bien por cuestiones de edad, de género, étnica, de pobreza o de marginación.

La asistencia social es una rama especializada del desarrollo social, que atiende tareas específicas en la promoción, la educación y la inclusión social de las personas que viven alguna circunstancia de vulnerabilidad o desventaja. Ante ello, la asistencia social se concibe como una acción institucional del Estado que intenta aminorar o resarcir los daños causados por la vulnerabilidad social.

La institucionalización de las funciones gubernamentales de asistencia, se estableció mediante la creación de la Dirección de Beneficencia Pública el 2 de mayo de 1861, adscrita a la Secretaría de Gobernación.

En el periodo del presidente Lázaro Cárdenas del Río, se crearon instituciones de acción social a través de la secretarías de Asistencia Pública, del Trabajo y Previsión Social, el Departamento Autónomo de Asistencia Social Infantil y la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, antecesora del Servicio Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con facultades para brindar servicios asistenciales a la población más necesitada en los ámbitos de asistencia médica, atención a la maternidad y a la infancia.

En 1991 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con funciones a favor de promover y prestar servicios de asistencia social; apoyar el desarrollo integral de la familia y de la comunidad; fomentar y apoyar a las asociaciones y sociedades civiles cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social; prestar servicios de asistencia jurídica y orientación social a menores, ancianos, minusválidos, discapacitados y en general a las personas sin recursos o en condiciones de vulnerabilidad.

En 1943 se realizó el Primer Congreso Nacional de Asistencia Pública, se formalizó la fusión del Departamento de Salubridad con la Secretaría de Asistencia, para transformarse en la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

El artículo 3 de la Ley de Asistencia Social –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004–, señala que la asistencia es el “conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación”.

La asistencia social es sin duda, una de las expresiones más importantes de la política social para enfrentar los rezagos en alimentación, salud, y atención médica de ciertos sectores de la población. Es mediante la asistencia social la acción por la cual se busca compensar las desigualdades de la población, promoviendo en igualdad de oportunidades la atención para quienes se encuentran en situación de desventaja, pobreza, vulnerabilidad o de riesgo que permitan su integración familiar y social, en especial a las niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad o con discapacidad.

En 1984, la Ley General de Salud reconoció la asistencia social como una tarea de interés prioritario a cargo del Estado. Fue así, como se contempló en la legislación sanitaria mexicana, a la asistencia social entre las materias de salubridad general y la distribución de su competencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios.

En este sentido, el artículo 167 de dicha ley, indica que por asistencia social se entiende “el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”.

En el artículo 168 de la misma, menciona como una de sus actividades básicas de la asistencia social:

“I. La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por problemas de invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo.

II. La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos;

III. La promoción del bienestar del senescente y el desa-rrollo de acciones de preparación para la senectud”.

La Ley de Asistencia Social, en su artículo 4, reconoce como sujetos de derecho a la asistencia social, “los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar”.

Reconoce el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por causa de desnutrición; deficiencias en su desarrollo físico o mental; o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas; de las mujeres en situación de maltrato o abandono, incluso en situación de explotación, incluyendo la sexual; de los Indígenas migrantes en situación vulnerable; de los migrantes; de los adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato; personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales; de los enfermos terminales; e indigentes.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la fracción II del artículo 3o., señala que la asistencia social es el “conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”.

La fracción primera del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, indica que la asistencia social es el “Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el de-sarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 4 señala como interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Además, en el artículo 19 de dicha ley, establece como derecho de las niñas, niños y adolescentes vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social.

Se estima que en el país, de acuerdo con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, existen más de 10 millones de personas con alguna discapacidad, reportándose 265 nuevos casos, estimando que la mayoría de este sector poblacional vive en condiciones de marginación, pobreza y discriminación.

En lo que se refiere a la población de adultos mayores, el Consejo Nacional de Población (Conapo), para este año 2010, estima que en el país serán 10 millones de personas mayores. El Consejo, indica, que en las últimas tres décadas la esperanza de vida de los mexicanos ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, se considera que la población nacida en el año 2009, alcanzará un promedio de vida de 75.3 años, es decir la tendencia en la calidad de vida aumentará 3.1 años en comparación como hace quince años. Pese a estos indicadores, el Conapo, proyecta que más de 2 millones de personas adultas mayores tienen algún tipo de deterioro funcional, es decir, de incapacidad o impedimento para realizar actividades cotidianas.

En este sentido, la presente propuesta de reforma, pretende otorgar como una atribución del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en materia de salubridad pública, celebrar convenios de colaboración con universidades públicas o privadas a efecto de recibir prestadores de servicio social en las áreas de trabajo social, psicología, medicina, odontología y enfermería en apoyo a las acciones institucionales en la atención de las personas adultas mayores en las unidades geriátricas y/o domicilio, tal y como lo prevé la fracción VIII del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; además de que dichos convenios puedan incluirse en la Ley para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley General de Personas con Discapacidad, para que los prestadores de servicio social, apoyen las acciones institucionales en la atención de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad en las unidades médicas y/o domicilio, quienes por su condición se encuentren en estado de abandono, pobreza o vulnerabilidad y con ello dar una mayor cobertura en lo que a salud se refiere a estos sectores.

Considerando que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como organismo del Estado, debe asumir el reto de consolidar una mayor integración social de la población de mexicanos que se encuentran en mayores condiciones de pobreza o vulnerabilidad, en especial la niñez y los adultos mayores que se encuentren con alguna discapacidad y que dicha condición pueda significar un obstáculo para asistir a los centros y hospitales de salud, por lo que, a través de la asistencia social que constituye el rostro humano de la política social podría atenderse la salud de estos sectores sociales.

Sin duda, la unión de esfuerzos y recursos públicos y privados destinados a la asistencia social, constituyen una valiosa opción para atender precisamente los rezagos y necesidades de la población –en especial los de salud– en situación de desventaja social.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se crea una nueva fracción VIII, recorriéndose sucesivamente las demás del artículo 9 de la Ley de Asistencia Social; se reforma el artículo 28 y se crea un nuevo inciso J, recorriéndose los demás, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y se crea una nueva fracción VI, recorriéndose las demás, del artículo 7 de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Artículo Primero. Se crea una nueva fracción VIII, recorriéndose sucesivamente las demás fracciones del artículo 9 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 9. La Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, tendrán respecto de la asistencia social, y como materia de salubridad general, las siguientes atribuciones:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. Celebrar convenios con universidades públicas y privadas para recibir prestadores de servicio social en las áreas de trabajo social, psicología, medicina, odontología y enfermería para que apoyen las acciones institucionales en la atención de las personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad en las unidades geriátricas, médicas y/o domicilio;

IX. ...

X. ...

XI. ...

XII...

XIII. ...

XIV. ...

XV. ...

XVI. ...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 28 y se crea un nuevo inciso J, recorriéndose sucesivamente los demás incisos del mismo artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales, municipales y las instituciones públicas del sector salud en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de:

A. ...

B. ...

C. ...

D. ...

E. ...

F. ...

G. ...

H. ...

I. ...

J. Celebrar convenios con universidades públicas y privadas para recibir prestadores de servicio social en las áreas de trabajo social, psicología, medicina, odontología y enfermería para que apoyen las acciones institucionales en la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en las unidades médicas y/o domicilio;

K. ...

Artículo Tercero. Se crea una nueva fracción VI, recorriéndose sucesivamente las demás fracciones del artículo 7 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Celebrar convenios con universidades públicas y privadas para recibir prestadores de servicio social en las áreas de trabajo social, psicología, medicina, odontología y enfermería para que apoyen las acciones institucionales en la atención de las personas con discapacidad en unidades médicas y/o domicilio;

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

VIII. ...

IX. ...

XI. ...

XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre de 2010.— Diputados: Janet González Tostado, Francisco Ramos Montaño (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables.

Tiene ahora la...

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Balderas.

El diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera(desde la curul): Señor presidente, si le pregunta al diputado Báez si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Báez, el diputado Balderas le pregunta si usted admite su adscripción.

El diputado Armando Jesús Báez Pinal(desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está de acuerdo. Nos dice que está de acuerdo. Puede pasar el diputado y quienes así lo consideren, a su disposición en la Secretaría de la Mesa.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 343 Quintus al Código Penal Federal.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, la suscrita del Grupo Parlamentario del PRI, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 343 Quintus al Código Penal Federal, en materia de violencia familiar de acuerdo con lo siguiente.

México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen por objeto que los Estados participantes adopten diversas medidas, prácticamente legislativas, para contrarrestar y combatir la violencia familiar, principalmente la que se ejerce en contra de la mujer, las niñas, los niños y los adolescentes, introduciendo o incrementando las sanciones administrativas, civiles, laborales y hasta penales que garanticen el respeto a los derechos, el acceso a la justicia y la reparación del daño, entre otros instrumentos cito lo siguiente:

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada en la ONU el pasado 20 de diciembre de 1993. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención de Belém do Pará, aprobada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994.

En cumplimiento a esos compromisos internacionales, México ha aprobado y puesto en vigor, entre otras, las siguientes leyes:

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado primero de febrero de 2007 y la Ley de la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial el pasado 29 de mayo de 2000.

En términos generales la legislación mexicana protectora de este sector tan importante y a la vez tan vulnerable de la población mexicana, los niños, las niñas, adolescentes y mujeres, es la adecuada y responde debidamente a los convenios y tratados internacionales.

Nos preocupa puntualizar en algunos aspectos especialmente sensibles, referentes a la erradicación más eficiente de la violencia familiar y buscar mecanismos que garanticen y promuevan el desarrollo de los miembros de estos sectores de la población.

En beneficio de la brevedad, omitiremos reproducir ciertas cifras estadísticas y argumentaré que tienen el propósito de justificar la necesidad de atender de manera principal y prioritaria el fortalecimiento de los derechos del niño, de la niña, del adolescente y las mujeres.

Me enfocaré de manera sumaria a explicar y justificar la necesidad de una reforma legal que tenga por objeto salvaguardar y proveer el acceso indispensable y sosteniendo la educación, cultura y desarrollo intelectual y social de los integrantes de los sectores vulnerables de la población que pretendemos proteger.

En los instrumentos internacionales y en la legislación nacional que he invocado destaca la defensa y protección de los derechos del niño y de la mujer, prohibiendo toda forma de discriminación que sea un menoscabo o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales y civiles.

Se trata de asegurar el pleno desarrollo y adelanto de los grupos en materia de tutela, de garantizar educación familiar y el acceso de los sujetos protegidos a los bienes de la educación y la cultura, así como de erradicar cualquier forma de discriminación, explotación o violencia que sea en perjuicio de su integridad, su libertad y su desarrollo.

También se destaca el compromiso establecido de adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para proveer las sanciones a las conductas contrarias a los derechos de los sujetos que aspiramos a proteger, a efecto de fortalecer estos derechos y garantizar su debido cumplimiento.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone en su artículo 32 que éstos tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3 de la Constitución.

El artículo 3 de la Constitución política de esta nación establece que la educación preescolar, primaria y secundaria formarán la educación básica obligatoria.

El artículo 343 Bis del Código Penal Federal define la violencia familiar como el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, síquica o ambas, independientemente de que puedan producir lesiones.

Este delito lo puede cometer, conforme al artículo citado, el cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta, ascendiente o descendiente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado como habitante en la misma casa de la víctima.

Por equiparación, el artículo 343 Ter incluye como sujetos activos del delito de los parientes por afinidad a los que esté sujeta la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en la misma casa.

Por tanto, en mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución, como ya lo mencioné, someto a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.

Decreto único. Se adiciona el artículo 343 Quintus del Código Penal Federal para quedar como sigue: Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses o cuatro años de prisión al que teniendo la relación de parentesco por consanguineidad o afinidad prevista en el artículo 343 Bis y 343 de este código, inhiban, impidan o dificulten de manera culposa o dolosa que niñas, niños, adolescentes y mujeres dependientes accedan a los beneficios de la educación y la cultura, sea mediante el incumplimiento de obligaciones a su cargo o mediante la realización de acciones, prohibición o intimidación en contra de sus infantes o mujeres dependientes.

Artículo transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 343 Quintus al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 343 Quintus al Código Penal Federal, en materia de violencia familiar, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen por objeto que los Estados participantes adopten diversas medidas, principalmente legislativas, para contrarrestar y combatir la violencia familiar, principalmente la que se ejerce en contra de la mujer, las niñas, niños y adolescentes, introduciendo o incrementando las sanciones administrativas, civiles, laborales y hasta penales que garanticen el respeto de los derechos, el acceso a la justicia y la reparación del daño. Entre estos instrumentos, citamos los siguientes:

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 18 de diciembre de 1979, suscrito y ratificado debidamente por México.

• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer adoptada en la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993.

• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belén do Pará”, aprobada en Belén do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, debidamente suscrita y ratificada por México.

• Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989, debidamente suscrita y ratificada por México.

En cumplimiento a sus compromisos internacionales, México ha aprobado y puesto en vigor, entre otras, las siguientes leyes:

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1 de febrero de 2007.

• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de mayo de 2000.

II. Consideraciones

En términos generales, la legislación mexicana protectora de este sector tan importante y a la vez tan vulnerable de la población mexicana: Los niños, niñas, adolescentes y mujeres, es la adecuada y responde debidamente a los convenios y tratados internacionales.

Nos preocupa puntualizar en algunos aspectos, especialmente sensibles, referentes a la erradicación más eficiente de la violencia familiar y buscar mecanismos que garanticen y promuevan el desarrollo de los miembros de estos sectores de la población.

En beneficio de la brevedad, omitiremos reproducir cifras estadísticas y argumentos que tienen el propósito de justificar la necesidad de atender de manera principal y prioritaria el fortalecimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Mucho de ello se ha dicho al sustentar y promover la legislación actualmente vigente.

Nos enfocaremos de manera sumaria a explicar y justificar la necesidad de una reforma legal que tenga por objeto salvaguardar y proveer al acceso indispensable y sostenido de la educación, cultura, y desarrollo intelectual y social de los integrantes de los sectores vulnerables de población que pretendemos proteger.

En los instrumentos internacionales y en la legislación nacional que hemos invocado destaca la defensa y protección de los derechos del niño y de la mujer, prohibiendo toda forma de discriminación que sea en menoscabo o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, y civil. Se trata de asegurar el pleno desa-rrollo y adelanto de los grupos materia de tutela; de garantizar la educación familiar y el acceso de los sujetos protegidos a los bienes de la educación y la cultura, así como erradicar cualquier forma de discriminación, explotación o violencia que sea en perjuicio de su integridad, su libertad y su desarrollo.

También destaca el compromiso establecido de adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para proveer de sanciones a las conductas contrarias a los derechos de los sujetos que aspiramos a proteger, a efecto de fortalecer esos derechos y garantizar su debido cumplimiento.

En todos los instrumentos normativos que invocamos se reconoce la importancia de la educación como medida insoslayable para resolver rezagos e inequidades, pero no hemos encontrado disposición alguna que prevea sanciones a quienes incumplan su obligación de educar a niños, niñas y adolescentes o de cualquier manera inhiban, impidan o dificulten, de manera culposa o dolosa, que aquéllos y las mujeres accedan a los beneficios de la educación y la cultura.

La situación de vulnerabilidad natural de los niños, niñas y adolescentes, así como de vulnerabilidad impuesta a la mujer por resabios históricos y culturales, no podrá resolverse si no abrimos todos los candados que inhiban y limitan las puertas del conocimiento y de la capacitación para el trabajo y para la vida.

Por ello, nuestro proyecto de reforma al Código Penal Federal tiene por objeto crear un delito equiparable al de la violencia familiar, para que sea precisamente en el seno de la familia en el que se deba impulsar la educación, formación y desenvolvimiento de todos los seres humanos.

La Ley para la Protección  de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes dispone en su artículo 32 que éstos “tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución...”.

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica obligatoria.

El artículo 343 Bis del Código Penal Federal define la violencia familiar como “el uso de la fuerza física o moral así como la omisión grave en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones”.

Este delito lo pueden cometer, conforme al artículo citado, el cónyuge, concubina o concubinario; pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima. Por equiparación, en el artículo 343 Ter, se incluyen como sujetos activos del delito a los parientes por afinidad a los que esté sujeta la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en la misma casa.

Es claro que el tipo delictivo de violencia familiar se caracteriza por una agresión que se realiza a través del uso de la fuerza física, moral o la omisión grave. A efecto de proteger la educación y el desarrollo de infantes y mujeres, se tiene que ampliar el tipo penal para señalar, por equiparación a la violencia familiar, aquellas conductas u omisiones que tengan por objeto o produzcan el resultado de inhibir, impedir o dificultar, de manera culposa o dolosa, que infantes y mujeres dependientes accedan a los beneficios de la educación y la cultura.

De esa manera, la educación y la cultura se transforman de un fin o ideal a alcanzar mediante normas meramente declarativas, en elementos constitutivos de un delito, para sancionar a aquéllos que tienen obligación de apoyar la educación y el desarrollo de los sujetos protegidos, como fórmula de garantía del cumplimiento y respeto de sus derechos y libertades.

El Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en la materia, con fundamento en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

Decreto

Único. Se adiciona un artículo 343 Quintus al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 343 Quintus. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años de prisión al que teniendo la relación de parentesco por consanguinidad o afinidad previsto en los artículos 343 Bis y 343 Ter de este Código, inhiban, impidan o dificulten, de manera culposa o dolosa, que niñas, niños, adolescentes y mujeres dependientes accedan a los beneficios de la educación y la cultura, sea mediante el incumplimiento de obligaciones a su cargo o mediante la realización de acciones, prohibición o intimidación en contra de sus infantes o mujeres dependientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2010.— Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Zapata. Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO - ARTICULOS 41, 116, 122 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Aprovechamos para saludar la presencia de alumnos de la preparatoria de Celaya, Guanajuato, invitados por el diputado José Luis Ovando Patrón. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Gastón Luken Garza:Buenas tardes. Gracias, señor presidente, con su venia. En opinión de un servidor, una de las mejores leyes aprobadas en la legislatura pasada fue la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El comprador más grande de México es el gobierno mexicano y las reformas a la citada ley le permitieron al gobierno comprar más barato mediante el uso de tecnologías más sofisticadas, mediante la innovación tecnológica, entre otras.

Esto también estimuló la competencia de pequeñas y medianas empresas para generar mejores precios y condiciones para el comprador, para el gobierno, para el dinero de los ciudadanos.

Existe en muchos partidos políticos el consenso de que esta ley fue de las mejores leyes que no se saben, que no se conocen. Sin embargo, sus impactos y beneficios se hacen sentir más cada vez pues dicha ley generó ahorros multimillonarios al erario.

Habiendo dicho sólo cosas buenas de esa ley, de esa reforma de ley, procedo a comentar su mayor limitación: esta ley nada más aplica al Poder Ejecutivo federal. Entonces pues, la iniciativa que presento es que la Ley de Adquisiciones reformada en la legislatura pasada sea vigente para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial y para el resto de los órganos que componen el gobierno federal.

Aprovechando el escaso tiempo que tengo, y por la cola que hay para presentar iniciativas, uso mi tiempo para otras dos iniciativas que fueron turnadas a comisión y pongo a su consideración. Una, que tiene que ver con el empate de elecciones.

Nuestro país sufre de eleccionitis. Elecciones por todos lados, en todo lugar. Hablo en particular de elecciones locales. En promedio cada año en México hay 13 estados que tienen algún tipo de proceso electoral. Esto, en adición a los procesos electorales federales.

El problema no son las elecciones en sí o el número de elecciones, sino el calendario, las fechas, pues, de las mismas. Es un desorden, es una cacofonía que no obedece a una lógica, a una visión nacional. Es un calendario caótico, mantiene a los partidos políticos en constante pugna electoral en detrimento de los acuerdos tan necesarios para el país.

Contamina la vida cotidiana de la nación. Complica a quien gobierna, no importa quién sea, y complica a quienes son gobernados. Hace que las elecciones también sean más costosas de lo necesario.

Hay estados que ya tienen concurrencia, es decir, que sus elecciones locales empatan en la misma fecha de la elección federal. Son 13 estados. Obviamente la diferencia es la que está pendiente de poder empatar, de homologar en la misma fecha.

Pero sobre todo este calendario caótico no responde al interés común. No cuida al elector, no atiende al ciudadano. Al contrario, lo cansa. Y precisamente luego nos preguntamos: ¿por qué es tan alto el abstencionismo? Este calendario es una de las razones. Es un esquema que merece quedar atrás.

En sí, ¿cuál es la propuesta de un servidor? Que haya elecciones solamente una vez cada tres años. Que todas las elecciones se realicen en la fecha de las elecciones federales.

Esta iniciativa busca conminar a los estados en esa dirección respetando su voluntad, su autonomía y el poder hacer realidad esta iniciativa llevará algunos años, pero el proceso requerido para esto es obligación, como oportunidad, para esta Legislatura: el sembrar la semilla para este cambio; para este cambio para bien.

Y por último, aprovechando el minuto que tengo —si usted me concede unos minutos más, señor presidente— otra que tiene que ver con que el IFE funcione mejor.

El propósito esencial del IFE es la transmisión de unas manos a otras de manera pacífica y de manera legal. Pequeña tarea que tiene el IFE. Pero al IFE a través del tiempo se le han dado más atribuciones, más cargas, más responsabilidades, más tareas. Por qué no decirlo, al IFE se le ha complicado su trabajo.

Esta Legislatura tiene asignaturas pendientes con el IFE en términos de mejorar su marco jurídico de cara a los próximos procesos electorales. Les recuerdo que el Consejo General está conformado por un consejero presidente, ocho consejeros electorales, todos estos con voz y voto, un secretario general, un representante por cada partido político, que en este caso son siete, y un representante del Poder Legislativo, que también en este caso son siete.

La realidad de las cosas es que hoy por hoy, la presencia del Poder Legislativo en la mesa del Consejo General del IFE no se traduce en un valor agregado para sus trabajos. Perdón por la franqueza, pero hoy por hoy ya no es necesaria la participación del Poder Legislativo, tuvo su valiosa razón de ser, pero esos tiempos han quedado atrás.

Debo enfatizar mi respeto a quienes son los representantes del Legislativo en la mesa del Consejo General del IFE. Pero desde hace tiempo es prudente este cambio, el Legislativo se autoinvitó en la mesa del Consejo General del IFE en su momento, en la creación del IFE. Es un buen momento para que el Legislativo se desautoinvite y dé pues pie a que el IFE pueda trabajar mejor, pueda trabajar de manera más eficiente. Claro hay muchas cosas más que el IFE tiene que hacer y cambiar y mejorar. Pero creo que ésta es una que le ayudaría a hacer su trabajo de manera más ágil, porque el Poder Legislativo y sus representantes de facto son duplicidad, se convierten en dupla de los representantes de los partidos políticos.

Entonces pues, hagamos caso al sentido común, y les invito y les agradezco su tiempo y su amabilidad y su atención para que esta iniciativa, como las otras dos presentadas, puedan ser de su agrado y prosperar. Gracias, con permiso.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Gastón Luken Garza, diputado a la LXI Legislatura federal por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman, y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el fin de incorporar como sujetos obligados al cumplimiento de la misma, a los Poderes Legislativo y Judicial federales, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y el Banco de México y, en general, cualquier organismo con autonomía reconocida en la Constitución y en las leyes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ejercicio de los recursos públicos, siempre ha tenido una gran importancia, ya que por un lado, son destinados para que el Estado, en ejercicio de sus funciones y en la realización de sus actividades, pueda satisfacer las necesidades públicas, y por el otro, por que dichos recursos se obtienen de las economías privadas de los gobernados.

Es indiscutible que las compras y las obras que realiza el sector público, constituyen aspectos trascendentales, por el volumen e importancia que representan, en los que de manera considerable se invierten grandes cantidades de fondos públicos.

Además, la contratación de bienes, arrendamientos y servicios por parte del Gobierno, representa un medio jurídico con el que cuenta la Administración Pública, para hacer más eficiente la actuación administrativa, ya que permite la colaboración voluntaria de los gobernados en la satisfacción de las necesidades públicas, y, además, ayuda al desa-rrollo económico, social y cultural del país.

El destino y la fuente de esos recursos económicos son factores que han influido en la sociedad y en el Estado, para crear los instrumentos necesarios para reflejar de manera transparente el gasto público, los cuales deben apegarse a los principios de eficacia, eficiencia, economía y honradez.

Tales principios están contenidos en el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución General. Este numeral constitucional, es parte fundamental del andamiaje jurídico construido en nuestro país, con el fin de garantizar la calidad del gasto público, y fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de los actos públicos; así como la eficacia, eficiencia y economía en el empleo de los recursos públicos.

Es importante destacar que el día 7 de mayo del año 2008, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas a la Constitución federal, cuyo fin central es mejorar el gasto público y la fiscalización.

Antes de dicha reforma, el primer párrafo del artículo 134 del nuestro Código Político, preveía como el ámbito orgánico de aplicación de su contenido, exclusivamente al “gobierno federal”, así como al Distrito Federal.

Derivado de los ajustes que realizó el llamado “Poder Constituyente Permanente”, es que se amplían los sujetos obligados a la observancia de dicho numeral constitucional, hacia los demás entes públicos que componen nuestro sistema federal, como lo son los estados, los municipios y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

Igualmente es importante subrayar la sustitución en el primer párrafo del numeral constitucional en cuestión, de la expresión “gobierno federal”, por la de Federación, como ente obligado al cumplimiento de los postulados contenidos en el mismo. Dicha sustitución no es menor, en tanto que viene a brindar meridiana claridad respecto del alcance de las disposiciones legales que se expidan para dar cumplimiento al mismo.

En ocasiones encontramos que en nuestro marco jurídico, el concepto “gobierno federal”, se identifica básicamente con los órganos que integran al Poder Ejecutivo federal, y el empleo en el texto constitucional de la expresión Federación, nos indica que los alcances del artículo 134 de nuestra Norma Máxima, son para todos los órganos que integran el orden federal, como lo son los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como aquellos organismos que cuentan con autonomía derivada de la propia Constitución o de las leyes federales.

En tal sentido, debe considerarse que las reformas de mayo del año 2008, tiene como fin central, regular el uso de los recursos económicos por parte de la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Esto significa una considerable amplitud de sujetos obligados a acatar el contenido de este mandamiento constitucional; así, quedan obligados todos los entes públicos del sistema constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a acatar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con miras a satisfacer los objetivos a los que están destinados.

La reforma que someto a consideración del Congreso de la Unión, por conducto de esta Cámara de Diputados, pretende precisamente dar cumplimiento a dicho mandato constitucional, toda vez que propone ampliar los sujetos obligados a atender el contenido de la Ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que contrate cualquiera de los órganos integrantes de la Federación, y no solamente la administración pública federal, como básicamente se lleva a cabo actualmente.

Así, en principio tenemos que el artículo 134 de la Constitución federal, prevé entre otros aspectos importantes, los principios que deben observarse en materia de gasto público. Dichos principios son eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; en éstos, encontramos la manera en cómo deben erogarse los recursos públicos.

Ahora bien, sobre la eficiencia señalada como uno de los principios en que debe orientarse la administración de los recursos públicos, ésta consiste en alcanzar los fines que se ha propuesto el Estado, de una manera más adecuada, con los medios que se tienen, empleándolos con el mayor cuidado y dedicación. La eficacia que se encuentra vinculada a la eficiencia, constituye un concepto relativo a los resultados deseados, lo cual obviamente se traduce en la satisfacción del interés público. La honradez por su parte, significa el buen obrar de quienes manejan los recursos públicos, lo que implica adecuar la actuación a los principios de moralidad administrativa, que debe regir la conducta de todo servidor público. La economía implica el debido aprovechamiento de los recursos públicos así como de los bienes que se adquieren, y por último la transparencia, que en consonancia con el artículo 6o. de la propia Constitución federal, se refiere a que exista una total claridad en la manera en cómo se adquieren, adjudican, contratan y utilizan los bienes y servicios que obtiene el Estado, con los recursos públicos.

Entre los principios citados, debe existir plena armonía con el fin de evitar desorden, arbitrariedad o irregularidad en el gasto público; es decir, el mensaje y la intención es clara, no debe haber distracción de las partidas presupuestales para cumplir fines para los que no fueron programadas y autorizadas.

Como complemento de lo anterior, en el tercer párrafo del artículo 134 constitucional, se prevé la figura jurídico administrativa de la licitación pública, como una forma de selección del cocontratante de la administración pública, la cual tiene como finalidad la obtención de la mejor oferta de compra y realización de obra pública para el Estado, no sólo en cuanto a precio, sino también en calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; dentro de un marco de competitividad u oposición entre los oferentes que se hayan interesado en participar en ese procedimiento de selección.

Por su parte, el párrafo cuarto del numeral constitucional mencionado, prevé que cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

La regulación de las compras del sector público se complementa con las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y sus respectivos reglamentos, ordenamientos que desarrollan el procedimiento de licitación pública, los requisitos que deben cumplir los diferentes oferentes, reglas de evaluación de las proposiciones presentadas y otros elementos tendientes a la obtención de la mejor oferta; asimismo, establecen las bases y reglas a que se sujetarán los casos en que se considere que no es idónea la licitación pública.

Debe destacarse que el ámbito personal de validez de las normas mencionadas, comprende únicamente a los órganos u organismos que integran la administración pública federal, y el Poder Ejecutivo federal –en tanto que la Procuraduría General de la República no forma parte de la Administración Pública Federal– así como las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal.

Luego entonces, dichos ordenamientos legales, como se ha señalado anteriormente, no son de observancia por otros órganos federales, como lo son aquellos que integran a los Poderes Legislativo y Judicial, así como los que están dotados de autonomía por la Constitución federal e incluso por las leyes; razón por la cual éstos, emiten disposiciones administrativas en la materia, tratando de ceñirse a los elementos centrales y principios previstos en la Constitución federal.

Como se ha señalado en esta iniciativa, la reforma del año 2008, vino a ampliar el ámbito orgánico de observancia y aplicación de los elementos contenidos en el artículo 134 de la Constitución federal, haciéndose referencia expresa a los órganos que integran el orden federal; por lo que las leyes reglamentarias en la materia, deben incorporar a dichos entes.

No perdemos de vista que sobre dicha propuesta, podrán argüirse diversas razones en contra de la misma, tales como la diversidad de funciones sustantivas que realiza cada uno de los órganos inmediatos del Estado, toda vez que habría que recordar que al Poder Ejecutivo le compete la función administrativa de satisfacer las necesidades de la sociedad, mediante la prestación de servicios públicos. Igualmente, pudiese argumentarse la diferencia estructural y orgánica que existe entre éstos, así como también, la desproporción que prevalece entre los montos y volúmenes de compras que llevan a cabo cada uno los órganos federales; pero Independientemente de lo anterior, creemos que es posible unificar el régimen jurídico de las adquisiciones en el orden federal, respetando las diversidades o especificidades citadas.

Lo anterior, deberá abonar sin duda, en garantizar una mayor transparencia, rendición de cuentas y eficacia en la erogación de recursos públicos en todos los órganos federales. Así la unificación del marco jurídico en materia de adquisiciones, dotara de certeza jurídica y seguramente también, deberá garantizar una mayor participación y competencia del sector privado y social, impulsando con ello nuestra economía.

En tal sentido, se propone ampliar el ámbito orgánico-personal de observancia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hacia los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos con autonomía reconocida en la Constitución federal y en las leyes, tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y el Banco de México.

La propuesta no modifica el contenido y alcance de la ley, sino que tiene como propósito fundamental, insertarse en la sistemática y estructura prevista en la misma, incorporando a los órganos señalados, y previendo artículo por artículo, las particularidades que correspondan.

A manera de ejemplo, se entiende que no es constitucional, ni técnicamente correcto o aceptable, imponer o sujetar a los órganos federales diversos del Ejecutivo, a la funciones de verificación o vigilancia de sus actos en materia de contrataciones, por parte de la Secretaría de la Función Pública, sino que corresponderá a sus propios órganos internos de control, realizar dicha función. Sin embargo, se considera que debe existir una estrecha colaboración de los poderes federales, en búsqueda de la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de las normas, por lo que habrá situaciones jurídicas en las que deberán actuar en forma coordinada.

Por ejemplo, en aras de la transparencia, se propone que todos los órganos federales, incorporen la información de las adquisiciones en una sola plataforma, como lo es Compranet. De igual manera, en algunos casos, por ejemplo, en los que se refieren a las licitaciones internacionales, o aquellas cuyos bienes se exige que tengan cierto componente nacional, sin duda que los órganos con mayor conocimiento sobre éstos temas, lo son algunas secretarías de Estado, y en tal sentido, se propone que éstas determinen algunos rangos o porcentajes, sin que pudiese considerarse alguna vulneración a nuestro sistema de división de funciones consagrado por la Constitución federal.

Algunos aspectos relevantes, serán la obligación de que se institucionalice la figura de testigos sociales en todos los órganos federales; así como también, unificar los mecanismos para los procesos de licitación y quizás, uno de los aspectos más trascendentes, lo será la uniformidad en las excepciones a dichos procesos de licitación.

Es indiscutible que este marco de actuación para los servidores públicos encargados de la contratación de adquisiciones o de obras públicas, que someto a consideración de esta Soberanía y representación nacional, debe detonar en un sector público más transparente, profesional, eficiente y eficaz; permitiendo que los recursos sean debidamente aplicados para la satisfacción de las necesidades públicas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Congreso de la Unión, a través de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Artículo Único. Se reforman el segundo, quinto, sexto y séptimo párrafos del artículo 1; las fracciones segunda, tercera y novena del artículo 3; el artículo 5; párrafos primero y segundo del artículo 7; primer párrafo artículo 9; artículo 10; segundo párrafo del artículo 13; primer párrafo artículo 14; primer párrafo del artículo 15; párrafo cuarto del artículo 16; párrafo primero del artículo 18; párrafo primero, segundo, cuarto y quinto del artículo 19; párrafo primero del artículo 20; párrafo primero del artículo 21; párrafo primero y sus fracciones II y II, así como los incisos d) y e) de la fracción VI y párrafos tercero y cuarto de la fracción VII del artículo 22; párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 25; párrafos primero, segundo y sexto del artículo 26; párrafo primero en sus fracciones I y II, fracción IV en sus incisos a) y c) y segundo y cuarto párrafos, todos ellos del artículo 26 ter; párrafos primero y segundo del artículo 27; párrafo primero en su fracción II inciso a), así como el párrafo quinto del artículo 28; párrafo primero en sus fracciones IX y XIV, así como el párrafo tercero del artículo 29; párrafo primero del artículo 33; párrafos primero y tercero del artículo 34; párrafo primero del artículo 33; párrafo tercero del artículo 36 bis; párrafos primero, cuarto y quinto del artículo 38; párrafo primero del artículo 39; párrafos primero y quinto del artículo 40; párrafo primero del artículo 41; párrafo primero del artículo 42; párrafo primero en su fracción I del artículo 43; párrafo segundo del artículo 44; párrafo tercero del artículo 45; párrafo primero así como su fracción I en el párrafo segundo, del artículo 47; párrafo primero, fracción II, en su segundo párrafo del artículo 47; párrafo primero, y sus fracciones II, III y XIII, así como el párrafo tercero del artículo 50; párrafo segundo del artículo 51; párrafo primero del artículo 52; párrafo primero del artículo 53; artículo 53 bis; párrafos primero, segundo, cuarto, quinto y sexto del artículo 54; artículo 54 bis; párrafos primero y segundo del artículo 55; párrafos primero y segundo del artículo 55 bis; párrafo primero y fracción I, así como párrafo segundo del artículo 56; párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 57; primer párrafo del artículo 58; primer párrafo del artículo 59; párrafos primero y segundo del artículo 60; párrafos primero y segundo del artículo 61; párrafos primero y segundo del artículo 62; párrafo primero del artículo 65; párrafos primero y segundo del artículo 66; párrafo sexto del artículo 75; párrafos primero y segundo del artículo 76; párrafos primero y segundo del artículo 77; artículo 78; párrafo primero del artículo 79; párrafo segundo del artículo 80, y el artículo 84. Se adicionan las fracciones V, VI y VII del primer párrafo del artículo1, recorriéndose en su orden las subsecuentes; un tercer párrafo a la fracción II, y una fracción V del artículo 2, recorriéndose en su orden las subsecuentes; un cuarto párrafo al artículo 7; un quinto párrafo al artículo 17; una fracción III recorriéndose en su orden los subsecuentes al párrafo primero del artículo 49, todos ellos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,para quedar de la siguiente forma:

Artículo 1. ...

I. a V. ...

VI. El Poder Legislativo federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Auditoría Superior de la Federación y cualquiera de sus órganos;

VII. El Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y cualquiera de sus órganos;

VIII. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, El Instituto Federal Electoral, el Banco de México y en general cualquier organismo con autonomía reconocida en la Constitución General o en las leyes federales, y

IXLas entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. Los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en la Constitución federal y las leyes, deberán observar este ordenamiento jurídico, en los términos señalados en él mismo, y deberán, mediante disposiciones generales que éstos emitan, proveer su aplicación y observancia.

...

...

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades u órganos públicos federales, o entre entidades u órganos públicos federales, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización.

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo. De igual manera, los titulares de los órganos públicos federales emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo.

Las dependencias y entidades , así como los órganos públicos federales, se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento.

Artículo 2. ...

I. ...

II. ...

...

Los órganos públicos federales celebrarán convenios con la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de incorporar la información señalada en el párrafo primero de esta fracción, en el sistema CompraNet;

III. ...

IV. ...

V. Órganos públicos federales: los señalados en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 1;

VI. a XIII. ...

Artículo 3 ....

I. ...

II.Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o los que suministren las dependencias, entidades o en su caso los órganos públicos federales, de acuerdo con lo pactado en los contratos de obras públicas;

III.Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de las dependencias, entidades y los órganos públicos federales, cuando su precio sea superior al de su instalación;

IV. a VIII ...

IX.En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias, entidades y órganos públicos federales, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la hipótesis de esta fracción.

Artículo 5.Será responsabilidad de las dependencias, entidades y órganos públicos federales, contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista oferta de seguros en el mercado para los bie-nes de que se trate. La Secretaría, por lo que se refiere a las dependencias y entidades, autorizará previamente la aplicación de la excepción . Por lo que se refiere a los órganos públicos federales, serán sus áreas de administración los que determinen los casos de excepción.

Artículo 7. La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, por lo que se refiere a las dependencias y entidades, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos.

La Secretaría de la Función Pública , con respecto a las dependencias y entidades, dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

...

Por lo que se refiere a los órganos públicos federales, serán sus áreas administrativas, las responsables de dar cumplimento a los previsto en este artículos, en sus respectivos ámbitos de competencias.

Artículo 9.En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las dependencias y los órganos públicos federales, así como, los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.

...

Artículo 10. En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios de las dependencias y entidades, financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes.

Artículo 12. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales, previamente al arrendamiento de bienes muebles, deberán realizar los estudios de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia para su adquisición, mediante arrendamiento con opción a compra.

Artículo 12 Bis. Para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos, las dependencias, entidades y órganos públicos federales, deberán realizar un estudio de costo beneficio, con el que se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos; el citado estudio deberá efectuarse mediante avalúo conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos, cuando el bien tenga un valor superior a cien mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el cual deberá integrarse al expediente de la contratación respectiva.

Artículo 13. ...

Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, las dependencias o entidades otorgarán en igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por ciento de anticipo cuando se trate de micro, pequeña y medianas empresas nacionales, conforme a lo establecido en el Reglamento de esta Ley, o en las disposiciones que al efecto emitan los órganos públicos federales.

...

Artículo 14. En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las dependencias, entidades y los órganos públicos federales optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional indicado en el artículo 28 fracción I, de esta Ley, los cuales deberán contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de preferencia en el precio respecto de los bie-nes de importación, conforme por lo que se refiere a las dependencias y entidades,a las reglas que establezca la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.

...

Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que las dependencias, entidades y órganos públicos federales realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.

...

Artículo 16 ...

...

...

En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este artículo, para acreditar la aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del proveedor, como de los bienes, arrendamientos y servicios a contratar y el precio de los mismos, según las circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente, y el dictamen de procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia, entidad u órgano público federal, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades y los órganos públicos federales.

Artículo 17 ...

...

...

...

Los órganos públicos federales, podrán celebrar convenios con la Secretaría de la Función Pública, con el fin de incorporarse a los procedimientos de contratación consolidada previstos en este artículo.

Artículo 18. En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar los sujetos a que se refieren las fracciones I a IXde esta Ley, según corresponda, deberán ajustarse a:

I. y II. ...

Artículo 19. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate .

En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la dependencia, entidad u órgano público federal, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos necesarios para su adecuación, actualización o complemento.

...

La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia, entidad u órgano público federal, o aquel servidor público en quién éste delegue dicha atribución, así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización.

La delegación a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades u órganos públicos federales.

Artículo 20.Las dependencias, entidades y órganos públicos federales, formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando:

I. a IX. ...

Artículo 21. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales pondrán a disposición del público en general, a través de CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

...

Artículo 22. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones:

I. ...

II.Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de esta Ley. Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia, entidad u órgano público federal, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades o los órganos públicos federales;

III.Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la dependencia, órgano público federal o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas.

...

IV. a V. ...

VI. ...

a) a c) ...

d)El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia, entidad u órgano público, deberán asistir a las sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico inferior al de director general o equivalente, y

e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración; el Reglamento de esta Ley, así como las disposiciones que al respecto emitan los órganos públicos federales, establecerá n las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión.

...

VII ....

...

En los casos en que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se justifique la instalación de un comité, la Secretaría de la Función Pública por lo que se refiere a las dependencias y entidades, podrá autorizar la excepción correspondiente.

La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que se refiere este artículo respecto de las dependencias y entidades, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones.

Artículo 25. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente.

...

En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, las dependencias, entidades y órganos públicos federales, deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias, entidades y órganos públicos federales, observarán lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos contratos se difundirá a través de CompraNet.

Artículo 26. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I. a III.

...

...

...

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias, entidades y órganos públicos federales, proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las dependencias, entidades y órganos públicos federales deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado.

...

...

...

...

...

Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública, o las áreas administrativas de los órganos públicos federales, atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia, entidad u órganos públicos federales, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:

I.La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia, entidad u organismo público federal, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo.

II.Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la Secretaría de la Función Pública, o las áreas administrativas de los órganos públicos federales;

III. ...

IV. ...

a)Proponer a las dependencias, entidades, a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos públicos federales mejoras para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios;

b) ...

c)Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un ejemplar a la Secretaría de la Función Pública o al órgano público federal correspondiente. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez días naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la dependencia, entidad u órgano público que corresponda.

En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia, entidad u órgano público convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos en que los procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales aplicables.

El reglamento de esta ley y las dispersiones que al efecto emitan los órganos públicos federales, especificará n los montos de la contraprestación al testigo social en función de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación.

Artículo 27. Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública o las áreas de administración de los órganos públicos federales, según corresponda, en cuyo caso las unidades administrativas que se encuentren autorizadas, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública o las áreas administrativas de los órganos públicos federales.

La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. Los órganos públicos convocantes celebrarán convenios con la Secretaría de la Función Pública, para dar cumplimiento a lo previsto en este párrafo.

...

....

...

Artículo 28 ...

I. ...

...

II. ...

a)Resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, por lo que se refiere a las dependencias y entidades, o

b) ...

III. ...

a) ...

b) ...

...

...

...

En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda realizar en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública o el área de administración de los órganos públicos federales correspondiente, siempre que las convocantes justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad y que constaten que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado correspondiente.

...

Artículo 29 ...

I. a VIII. ...

IX.Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia, entidad u órgano público federal, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes;

X. a XIII. ...

XIV.El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las entidades federativas, o de los órganos públicos federales o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la presente ley;

XV. a XVI. ...

...

Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, las dependencias, entidades u órganos públicos federales, podrán difundir el proyecto de la misma a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale.

...

Artículo 33. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.

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...

...

Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública, y en su caso, las áreas administrativas de los órganos públicos federales.

...

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública, y en su caso, las áreas administrativas de los órganos públicos federales.

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....

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Artículo 36. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales, para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación.

...

...

...

...

Artículo 36 Bis. ...

...

De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta Ley o de las disposiciones que al efecto emitan los órganos públicos federales, según corresponda. En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de control de la dependencia, entidad u órgano público federal de que se trate.

Artículo 38. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales procederán a declarar desierta una licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables.

..

...

Las dependencias, entidades y órganos públicos federales podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia, entidad u órgano público federal correspondiente, cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

Artículo 39. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan establecido en la convocatoria a la licitación, siempre que con ello no restrinjan la libre participación. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

...

Artículo 40. En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias, entidades y órganos públicos federales, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

...

...

En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia, entidad u órgano público federal de que se trate, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 41 fracciones IV y XII, de este ordenamiento.

...

...

Artículo 41. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

I. a XX. ...

...

...

Artículo 42. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.

...

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...

Artículo 43 ...

I.Se difundirá la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia, entidad u órgano público federal;

II. a V. ...

...

Artículo 44. ...

Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública o las áreas de administración de los órganos públicos federales.

...

Artículo 45. ...

...

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al efecto autorice la Secretaría de la Función Pública o las áreas administrativas de los órganos públicos federales, según corresponda.

Artículo 47. Las dependencias, entidades y los órganos públicos federales podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada conforme a lo siguiente:

I. ...

En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para las dependencias, entidades y órganos públicos federales, la cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al ochenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo que se establezca.

...

...

II. ...

...

Artículo 48. ...

I. ...

II. ...

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias, de los órganos de gobierno de las entidades, así como de los órganos públicos, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos celebrados con las dependencias, entidades y órganos públicos federales, a efecto de determinar montos menores para éstos, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los casos señalados en las fracciones II, IV, V, XI y XIV del artículo 41 y 42 de esta Ley, el servidor público que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo.

...

...

Artículo 49....

I. ...

II. ...

III. Los órganos públicos federales, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y

IV. ...

Artículo 50. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:

I. ...

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública, o del área competente de los órganos públicos federales, según corresponda;

III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia, entidad u órgano público federalconvocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia, entidad u órgano público federal convocante por el plazo que se establezca en las políticas, bases y lineamientos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser superior a dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato;

IV. a XII. ...

XIII.Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia, entidad u órgano público convocante por el plazo que se establezca en las políticas, bases y lineamientos a que se refiere el artículo 1 de esta ley, el cual no podrá ser superior a un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término establecido en la convocatoria a la licitación o, en su caso, por el artículo 46 de esta ley, para la formalización del contrato en cuestión, y

XIV. ...

...

El oficial mayor o su equivalente de la dependencia, entidad u órgano público federal, deberá llevar el registro, control y difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a través de CompraNet.

Artículo 51 ...

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia, entidad u órgano público federal, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.

...

...

...

Artículo 52. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

...

...

...

...

...

Artículo 53. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales deberán pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.

...

...

Artículo 53 Bis. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales podrán establecer en la convocatoria a la licitación, invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos de este artículo.

Artículo 54. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:

I. a III. ...

Iniciado un procedimiento de conciliación las dependencias, entidades y órganos públicos federales, bajo su responsabilidad, podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

...

La dependencia, entidad u órgano público federal podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia, entidad u órgano público federal establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de esta Ley.

Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, la dependencia, entidad u órgano público federal convocante podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.

Artículo 54 Bis. La dependencia, entidad u órgano público federal podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos la dependencia o entidad reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

Artículo 55. Las dependencias, entidades y órganos públicos federales estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias, entidades y órganos públicos federales en los contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del personal que operará los equipos.

...

Artículo 55 Bis. Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, la dependencia, entidad u órgano público federal, según corresponda, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la dependencia, entidad u órgano público federal, previa petición y justificación del proveedor, ésta reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

...

Artículo 56. La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la información relativa a los actos y los contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Por lo que se refiere a los órganos públicos federales, éstos deberán celebrar los convenios de colaboración respectivos, para dar cumplimiento a lo señalado en esta ley.

...

...

I.Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal y en cualquier órgano público federal, en materia de contrataciones;

II. a III. ...

Las dependencias, entidades y órganos públicos federales conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de dicho ordenamiento cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables.

...

Artículo 57. La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. Por lo que se refiere a los órganos públicos federales, serán sus órganos internos de control, los competentes para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Economía, atento a sus facultades y atribuciones podrá verificar que los bienes cumplan con los requisitos relativos al grado de contenido nacional o a las reglas de origen o mercado y, en caso de que éstos no cumplan con dichos requisitos, informará a la Secretaría de la Función Pública, y en su caso, a los órganos internos de control de los órganos públicos federales.

...

Los órganos internos de control de los órganos públicos federales, serán los competentes para llevar a cabo las visitas e inspecciones, en términos de lo señalado en el párrafo anterior.

Artículo 58.La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los bienes muebles a través de la propia dependencia o entidad de que se trate, o mediante las personas acreditadas en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Dicha responsabilidad, por lo que se refiere a los órganos públicos federales, recaerá en sus órganos internos de control.

...

Artículo 59. Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública , o por los órganos internos de control de los órganos públicos federales, según corresponda, con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

...

Artículo 60. La Secretaría de la Función Pública, o en su caso, los órganos internos de control de los órganos públicos federales, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. a VI. ...

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública , o en su caso, los órganos internos de control de los órganos públicos federales, la haga del conocimiento de las dependencias, entidades u órganos públicos federales, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet.

...

...

...

Artículo 61. La Secretaría de la Función Pública , o en su caso, los órganos internos de control de los órganos públicos federales, impondrá las sanciones considerando:

I. a IV. ...

En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la Secretaría de la Función Pública, o en su caso, los órganos internos de control de los órganos públicos federales, deberán observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal, como el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 62. La Secretaría de la Función Pública , así como los órganos internos de control de los órganos públicos federales, según corresponda, aplicará las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La Secretaría de la Función Pública, o en su caso, los órganos internos de control de los órganos públicos federales, según corresponda, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia, entidad o órgano público federal, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.

Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los órganos públicos federales, según corresponda,conocerá nde las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:

I. a V. ...

...

Artículo 66. La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, del órgano interno de control de los órganos públicos federales, según corresponda, o a través de CompraNet.

La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la presente Ley, de las inconformidades que se deriven de los procedimientos de contratación que se convoquen en los términos previstos por el artículo 1 fracción IX de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a la licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia a la disposición del convenio que en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo previsto en el párrafo anterior.

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I. a V. ...

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Artículo 75. ....

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El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los órganos públicos federales en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

...

Artículo 76. A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control de los órganos públicos federales, derivada del ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la legalidad de los actos a que se refiere el artículo 65 de esta Ley.

El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el que la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control de los órganos públicos federales, según corresponda,señalará n con precisión las posibles irregularidades que se adviertan en el acto motivo de intervención.

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...

Artículo 77. En cualquier momento los proveedores o las dependencias, entidades u órganos públicos federales podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control de los órganos públicos federales, según corresponda, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos o pedidos.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública, o los órganos internos de control de los órganos públicos federales, según corresponda, señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

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Artículo 78. En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, o los órganos internos de control de los órganos públicos federales, según corresponda, tomando en cuenta los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

Artículo 79. En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. La Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control de los órganos públicos federales, según corresponda, darán seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual las dependencias, entidades y órganos públicos federales deberán remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, en términos del Reglamento de esta Ley.

...

Artículo 80 ...

No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley , o en su caso, según corresponda, las disposiciones que al efecto emitan los órganos públicos federales.

Artículo 84. Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos de prestación de servicios de largo plazo previstos en la fracción VI del artículo 3 de esta Ley, siempre que su procedimiento esté reconocido en las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. o los órganos internos de control de los órganos públicos federales, según corresponda.

Transitorios

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se estén desarrollando, por parte de los órganos del Poder Legislativo Federal, Poder Judicial Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y el Banco de México, se concluirán de conformidad con las disposiciones aplicables al inicio del mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.— Diputados: Gastón Luken Garza, César Octavio Pedroza Gaitán, Juan José Cuevas García, Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Luken. Como usted mismo lo expresó, las dos iniciativas a las que hizo referencia al final fueron turnadas a las comisiones correspondientesy ésta que presentó en tribuna túrnese a la Comisión de la Función Pública.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Cuevas.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Sí, diputado presidente, para preguntarle aquí al proponente, a ver si nos permite adherirnos a su excelente propuesta.

El diputado Gastón Luken Garza(desde la curul): De acuerdo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Luken está de acuerdo y está a disposición de las y de los diputados que deseen suscribir la iniciativa de referencia en la Secretaría de la Mesa.

VERIFICACION DE QUORUM

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Muy atentamente, se verifique el quórum, porque a simple vista no somos más de 40 o 50 diputados, 42 diputados me informan.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tenemos la información de que una cantidad muy importante de compañeras y compañeros diputados están trabajando en comisiones. Hay lo que pudiéramos identificar como un quórum ponderado.

Entonces vamos a seguir desahogando la agenda. Ustedes lo saben muy bien, compañeras y compañeros, que si verificamos quórum, vamos a hacer los avisos correspondientes y vamos a tener, en cosa de minutos, aunque sea para la verificación de mismo, aquí, a compañeras y compañeros haciéndose presentes.

Entonces, yo les pido que continuemos en virtud del rezago enorme que traemos en nuestra agenda legislativa.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Gerardo del Mazo Morales, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO).

Exposición de Motivos

Actualmente, en el país los índices de delincuencia organizada están siendo alarmantes y representan un peligro para la sociedad. La delincuencia organizada es un fenómeno que ha avanzado a través  de las fronteras nacionales y se ha requerido tomar medidas como país para hacer frente a esta problemática.

En México, el principal instrumento jurídico para enfrentar este problema es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que se creó en noviembre de 1996 pero este instrumento ha presentado dificultades y problemas en su aplicación.

Esta ley contiene 44 artículos, divididos en cuatro títulos que son: “Disposiciones generales”, “De la investigación de la delincuencia organizada”, “De las reglas para la valoración de la prueba y del proceso” y “De la prisión preventiva y ejecución de las penas y medidas de seguridad”.

El objetivo de esta ley, se encuentra limitado de acuerdo a que se establece en su artículo primero como un tipo penal el organizarse y que exista la concurrencia de tres o más personas y que dichas personas acuerden organizarse o se organicen y que de dicha organización se realicen conductas de manera permanente o reiterada y dichas conductas tengan como propósito efectuar alguno de los delitos enlistados en el artículo segundo de dicha ley.

Como un estudio minucioso sobre el tema, el cuestionamiento se refiere a que esas tres o más personas deben ser sancionadas solo  porque acuerden organizarse. En el caso particular que se analiza, cabe preguntar si “acordar organizarse” puede actualizar algún tipo penal y en todo caso, resulta complejo determinar cuáles serían los elementos materiales que se tendrían que acreditar para que procediera una sanción penal por la ejecución de dicho delito.

En cualquiera de estas hipótesis, se deben actualizar dos supuestos, el primero: que una persona sea miembro de la delincuencia organizada y, el segundo, que cometa alguno de los delitos ya señalados. Esto parece congruente con el objeto de la LFDO que ya se mencionó, pero no con el artículo 2, ya que establece que se deberá sancionar aunque no se cometa el delito o los delitos. Por lo tanto se debe considerar ampliar el objeto de la ley, pues el artículo primero se queda corto y no puede incluir el mero acuerdo de organización u organización de tres o más personas, como ya se comentó.

Asimismo, se propone realizar una adición al artículo segundo de dicha ley, para que se incluyan los delitos establecidos en la Ley General de Salud y que se pueda aplicar el artículo 474 de dicha ley, en el cual  se contemplan los supuestos en donde va a intervenir la autoridad federal en caso de que se actualice algún delito contenido en la citada ley, específicamente en la fracción primera donde se establece el supuesto de la delincuencia organizada.

La Ley Federal contra de la Delincuencia Organizada al ser reglamentaria de este tema, debe considerar todos los delitos que se ejecuten en el supuesto de delincuencia organizada, y estén contemplados en otras leyes.

Los anteriores argumentos de ninguna manera significan que se minimice la importancia que tiene la LFDO, sólo se pretende señalar que resulta imprescindible y urgente que se fortalezca este ordenamiento para que sea efectivo instrumento de combate a la delincuencia organizada.

Por lo expuesto se presenta ante esta honorable asamblea el siguiente

Decreto que reforman los articulos 1 y 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Primero. Se reforma el contenido del artículo primero de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Título PrimeroDisposiciones generales Capítulo ÚnicoNaturaleza, objeto y aplicación de la ley

Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada y que cometa uno o más delitos establecidos en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.

Segundo. Se reforma el contenido del párrafo primero del artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

I.Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 Y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal; y los delitos contra la salud previstos en los artículos 475, 476, 477 de la Ley General de Salud.

II. a VI. ...

(Fracción reformada, DOF 11 de mayo de 2004, 28 de junio de 2007.)

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, a 30 de noviembre de 2010.— Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Con su permiso, señor presidente. Todo régimen democrático en proceso de consolidación como el nuestro requiere de la adopción de nuevas reglas que garanticen, entre otras cosas, equidad en las contiendas electorales y la suficiente información para los electores, para que éstos decidan su voto bajo criterios con apego a la racionalidad por encima de los criterios afectivos.

Dice Sartori que en la medida en que las personas estén más informadas aumenta la competencia, el conocimiento y el entendimiento, de lo contrario, el resultado será un demos debilitado.

Además de la información, la educación cívica es inherente al desarrollo de la democracia, y por lo mismo nos debe importar que las personas se conviertan en ciudadanos plenos que aprendan a convivir en la democracia, que adquieran y practiquen valores como la libertad, la justicia, la legalidad, la responsabilidad, la tolerancia y la propia participación en el entorno social.

De ahí que la educación se convierta en un medio indispensable para la germinación de una cultura democrática.

En los procesos electorales para elegir a los representantes del pueblo en sus diferentes órdenes de gobierno y en los Poderes Legislativo, local y federal, es imprescindible que los ciudadanos estén bien informados en relación al mismo proceso como en los contenidos de su propuesta.

Se trata que la sociedad sepa con veracidad qué está en juego en la disputa electoral. Quiénes son los contendientes, la trayectoria y experiencia de cada uno de los candidatos y candidatas. El sentido común se conjugue con la capacidad de razonar en la decisión por quién votar.

Uno de los instrumentos fundamentales para que la sociedad se haga de los suficientes criterios para decidir racionalmente son los debates políticos. En una sociedad masificada en la que los medios de comunicación juegan un rol relevante  en la información y formación de opinión es preciso que se utilicen como mecanismo para favorecer a la democracia.

Los debates políticos, a través de los medios de comunicación masiva inciden en la formación de opinión y la adopción de nuevos criterios. Por tal motivo la exposición al público debe ser una oportunidad para el candidato y para la sociedad.

Cabría hacerse una pregunta: ¿Cuáles son los factores determinantes para que un grupo determinado de ciudadanos vote por una opción o por otra opción política? En nuestro país, seguro que los factores que se imponen no son los de la racionalidad. Las campañas electorales se diseñan muchas veces para ganar clientelas y simpatías políticas y se dan a favor de criterios afectivos y también suelen imponerse criterios que son generados por las guerras mediáticas del spot que se dan en diversos candidatos.

En ese sentido, los debates políticos transmitidos por la radio y televisión permiten no sólo la conformación entre los contendientes sino entre todas las ideas que la sociedad escucha, los contrastes y la evaluación de conformidad a las aspiraciones que se tienen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía el proyecto de decreto de reforma al artículo 70 en sus numerales 1, 2, 3 y 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue.

Artículo 70. Numeral 1. Con motivo de las campañas para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, diputados federales, senadores de la República, el Instituto Federal Electoral y los consejos locales, coordinarán la realización de tres debates entre los ciudadanos y los candidatos registrados a dichos cargos, conforme a las reglas que determine el Instituto y los consejos locales.

Los debates serán realizados el día y la hora que determine el Consejo General y los consejos locales.

Los debates se realizarán de conformidad con los tiempos electorales establecidos en la propia ley, en los consejos generales y en los consejos locales. Asimismo, se agregará a los numerales 3 y 5 el órgano electoral correspondiente y los consejos locales.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Presidente, por economía procesal solicito se publique íntegro el texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia

Quien suscribe, diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable soberanía la iniciativa que reforma los numerales 1, 2, 3 y 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Todo régimen democrático en proceso de consolidación como el nuestro, requiere de la adopción de nuevas reglas que garanticen, entre otras cosas, equidad en las contiendas electorales y la suficiente información en los electores, para que éstos decidan su voto bajo criterios apegados a la racionalidad por encima de los criterios afectivos. Dice Sartori que en la medida que las personas estén más informadas aumenta la competencia, el conocimiento y el entendimiento; de lo contrario, el resultado será un demos debilitado.

2. Además de la información, la educación cívica es inherente al desarrollo de la democracia y, por lo mismo, nos debe importar que las personas se conviertan en ciudadanos plenos, que aprendan a convivir en la democracia, que adquieran y practiquen los valores como la libertad, la justicia, la legalidad, la responsabilidad, la tolerancia y la propia participación en su entorno social. De ahí que la educación se convierte en un medio indispensable para la germinación de una cultura democrática.

3. En los procesos electorales para elegir los representantes del pueblo en los diferentes ordenes de gobierno y en los poderes legislativos local y federal, es imprescindible que los ciudadanos estén bien informados en relación al mismo proceso como de los contenidos de las contiendas. Se trata que la sociedad sepa con veracidad qué está en juego en la disputa electoral, quienes son los contendientes; la trayectoria y experiencia de los candidatos y candidatas. Que el sentido común se conjugue con la capacidad de razonar la decisión de por qué y por quién votar.

4. Uno de los instrumentos fundamentales para que la ciudadanía se haga de los suficientes criterios para decidir racionalmente, son los debates políticos. En una sociedad masificada donde los medios de comunicación juegan un rol relevante en la información o formación de opinión, es preciso que se utilicen como mecanismos para favorecer a la democracia. Está visto, por las propias experiencias vividas en nuestro, que los debates políticos a través de los medios de comunicación masiva, inciden correctamente en la formación de opinión y la adopción de nuevos criterios por parte de la ciudadanía.

5. En la democracia tenemos que habituarnos a que los dirigentes partidistas y candidatos a puestos de elección popular, den la cara y transmitan sus ideas en audiencias masivas; pero no solo en las plazas públicas, que suelen ser concurridas más bien por simpatizantes que por ciudadanos escépticos, sino en los medios de comunicación masiva, donde, muy difícilmente, pueden dejar de ver y oír sus cualidades y limitantes la exposición al público debe ser una oportunidad para el candidato y para la ciudadanía.

6. Cabría hacerse una pregunta ¿cuáles son los factores determinantes para que un conjunto determinado de ciudadanos vote por una u otra opción política? En nuestro país, sin duda, los factores que se imponen no son los de la racionalidad. Las campañas electorales se diseñan más para ganar clientelas que ciudadanía; las simpatías políticas se dan más por criterios afectivos y por las imágenes que transmiten los medios televisivos; también suelen imponerse los criterios que son generados por la guerra mediática de spot que se da entre los diversos candidatos.

7. Si queremos revertir esta situación, es apremiante convertir a nuestra ciudadanía formal (léase democracia formal) en una ciudadanía real (léase democracia real), tenemos que dejar atrás las formas tradicionales de hacer campaña que corresponden más a los regímenes corporativos. Nos debe interesar que las campañas políticas son una oportunidad para forjar ciudadanía, que se dote de la suficiente información y cultura cívica, porque en esa medida nuestra democracia echará profundas raíces en el conjunto de la sociedad mexicana. En ese sentido, los debates políticos, transmitidos en la radio y la televisión, permiten no sólo la confrontación entre los contendientes, sino, sobre todo, que la ciudadanía escuche sus ideas, las contraste y las evalúe de conformidad a sus aspiraciones, ideas e intereses.

8. En las reformas electorales de 2007 se lograron avances sustantivos en materia de comunicación política, en la medida que se le otorgó autonomía a la política respecto al mercado y se aumentó una dosis de equidad en los medios de comunicación; sin embargo, para lograr una mejor comunicación política hacia la ciudadanía, se necesita que los espacios y tiempos en radio y televisión no sólo se circunscriban a los spots y a los mensajes que suelen ser monótonos y poco atractivos para ciudadanía, sino que se utilicen para generar el debate social y político. Que las contiendas electorales sean contiendas donde las ideas y propuestas de gobierno sean el parámetro para decidir. Que la sociedad que compenetre en la discusión de los problemas y rumbos que el país y su comunidad debe seguir.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Uno. Se reforma los numerales 1, 2, 3 y 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 70

1. Con motivo de las campañas para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, diputados federales y senadores de la república, el Instituto Federal Electoral y los consejos localescoordinarán la realización de tres debates entre los candidatos registrados a dichos cargos, conforme a las reglas que determinen el instituto y los consejos locales.

2. Los debates serán realizados en el día y hora que determine-el Consejo General y consejos locales, escuchando previamente la opinión de los partidos políticos. Los debates se realizarán de conformidad a los tiempos electorales establecidos en la propia ley; cada debate tendrá la duración que acuerde el Consejo General y consejos locales.

3. Los debates serán transmitidos, en vivo por las estaciones de radio y canales de televisión de permisionarios públicos, incluyendo las de señal restringida. El órgano electoral correspondientedispondrá lo necesario para la producción técnica y difusión de los debates. Las señales de radio y televisión que el Instituto genere para este fin podrán ser utilizadas, en vivo, en forma gratuita, por los demás concesionarios y permisionarios de radio y televisión. El Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales.

4. ...

5. Las reglas para los debates serán determinados por el Consejo General y los consejos locales, escuchando previamente las propuestas de los partidos políticos.

6. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San. Lázaro, a los veintiún días del mes de octubre de 2010.— Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Tal y como lo solicita insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para el Desarrollo de Microrregiones.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión Especial para el desarrollo de microrregiones

Los que suscriben, integrantes de la Comisión Especial para el desarrollo de microrregiones de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al numeral 2, y se recorre la numeración del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de creación de comisiones ordinarias, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México no ha logrado eliminar o disminuir las desigualdades sociales y económicas entre sus habitantes, ni entre las regiones que existen en su territorio, y las políticas regionales del Estado no siempre han respondido a necesidades reales de la población.

El desarrollo regional es un “concepto inherente a la transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado en una zona geográfica determinada. Es un proceso de transformación del sistema económico y social de los habitantes de ese espacio geográfico, que se traduce en un incremento del bienestar y que debe expresarse en el mejoramiento de los indicadores económicos, sociales y administrativos, entre otros.

”A diferencia del planificador a nivel nacional, el encargado del desarrollo regional enfrenta mayores dificultades para implantar con efectividad esas medidas, primordialmente por contar con menores facultades, instrumentos de política pública y recursos, así como por la presencia de externalidades en el territorio (como la movilidad geográfica de los capitales y de la mano de obra) difíciles de controlar” (Consultoría Especializada aregional).

El 1 y 2 de junio, la Comisión Especial para el Desarrollo de Microrregiones de la Cámara de Diputados, organizó el foro Análisis del desarrollo de microrregiones, en el que participaron académicos, especialistas, representantes de instituciones públicas y privadas de este tema y en desa-rrollo regional y urbano. Asimismo, participó en el vigésimo Seminario de economía urbana y regional, del 21 al 24 de junio de 2010, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas, por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por la Comisión de De-sarrollo Regional del Senado de la República.

Los resultados de dichos encuentros nos han llevado a reflexionar sobre el tema de estudios regionales y de regionalización, principalmente desde la perspectiva económica.

Esos encuentros incitaron la preocupación de llevar a cabo estudios regionales, considerando la ampliación del conocimiento y la problemática de las regiones, como la comprensión de los procesos históricos en la formación regional; los niveles de desarrollo y desigualdad interregional; el método de organización del territorio y los procesos de integración, partiendo de la identificación de los sistemas urbano-regionales, así como generación de iniciativas que articulen las estrategias de planeación, coordinación intergubernamental y ordenamiento territorial.

Hay diversas aportaciones a la investigación regional y a la regionalización en México que parten de diferentes enfoques teóricos y criterios metodológicos, por lo que es importante iniciar con el procesamiento de ellas para estar en condiciones, todos los involucrados, de impulsar el desa-rrollo de las regiones.

Para comenzar, debemos partir de la revisión del esquema fiscal centralizado y de los mecanismos institucionales aplicados desde la federación. Las entidades federativas tienen un reducido margen de acción, por lo que es necesario replantear alternativas que creen un federalismo a través de distintos instrumentos de cooperación y coordinación intergubernamental, convenios interestatales, alianzas regionales, cooperación administrativa y financiera.

De los estudios y las investigaciones realizados, la mayoría converge en que la ruta que debe seguir el federalismo fiscal, la descentralización política y económica, así como la institucionalización del enfoque regional en política de Estado, es a través de cuatro iniciativas:

• Creación de comisiones ordinarias en el Congreso. Éstas, además de proponer reformas constitucionales, deben cabildear para consensuar propuestas jurídicas y reorientación del gasto público y las participaciones fiscales con carácter federal y regional. En este sentido, ya existen las Comisiones para el Fortalecimiento del Federalismo, y Especiales para el desarrollo de microrregiones y para el desarrollo de la región sur-sureste, mientras que en el Senado se creó la Comisión de Desa-rrollo Regional, además de las de Federalismo, de De-sarrollo Municipal y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

Aquí radica la importancia de crear la Comisión de Desa-rrollo Regional en la Cámara de Diputados, con el fin de que participe en la coordinación de los esfuerzos, junto con sus contrapartes en los ámbitos de gobiernos Federal y estatales, así como con congresos locales y el Senado de la República, para impulsar el desarrollo de las diversas regiones del país.

• Conferencia Nacional de Gobernadores. La Conago, creada en 2002 por 20 gobernadores, planteó desde su inicio opciones y modificaciones al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para descentralizar recursos presupuestarios federales hacia las entidades. Este mecanismo de organización cada vez ha adquirido mayor participación de los estados en el gasto público, sobre todo a partir de los recursos obtenidos por los excedentes en la venta de petróleo.

En la decimoséptima reunión ordinaria, celebrada en Villahermosa, Tabasco, el 7 de junio de 2004, mediante el Acuerdo Octavo, la Conago creó la Comisión de Desarrollo Regional, coordinada por la entonces gobernadora de Zacatecas, Amalia D. García Medina.

• Asociaciones y organizaciones de municipios. Se han formado asociaciones y organizaciones de municipios, como la Conferencia Nacional de Municipios, similar a la Conago, pero a nivel municipal, para exigir mayores facultades tributarias y transparencia en la asignación presupuestaria por parte de la Secretaría de Hacienda y las secretarías de finanzas de los estados.

• Iniciativas presentadas por diputados y senadores para reformar artículos constitucionales y leyes secundarias en materia de coordinación fiscal, mecanismos de coordinación intergubernamental y planeación regional. Legisladores han presentado iniciativas, entre las que destacan las referentes a la Ley de Planeación.

En 2005, las comisiones de Desarrollo Regional de la Conago y del Senado de la República, así como de la Oficina para las Políticas Públicas de la Presidencia de la República, elaboraron un paquete de propuestas para actualizar la Ley de Planeación, a fin de incorporar el tema de desarrollo regional en México. En este proyecto, la Cámara de Diputados no participó directamente por carecer de una comisión relacionada totalmente con el tema.

El Senado aprobó la minuta que entraría en vigor en 2008, renombrando y reformando la Ley de Planeación de 1983, y denominándola “Ley de Planeación Nacional y Regional”.

Este marco jurídico destaca el enfoque regional del desa-rrollo, mecanismos de coordinación interestatal que formalizan las denominadas mesorregiones y la propuesta de espacios institucionales para implantar estrategias de desarrollo en las regiones con la concurrencia de diferentes actores públicos y privados, a través de “agencias de desa-rrollo regional”.

Las condiciones históricas de desigualdad, el diferente potencial y la diversa capacidad competitiva de las regiones de México requieren estrategias adaptadas a su tipología con modelos específicos de desarrollo endógeno, considerando la experiencia de regiones exitosas y rezagadas.

Entre los problemas y las fallas de la planeación regional suscitados en México resaltan las siguientes:

• Las regiones de México presentan desequilibrios con algunos territorios de muy alto nivel de desarrollo y muchos otros de nivel muy bajo.

• Se reproduce en diferentes escalas la concentración económica y demográfica, lo que reduce la competitividad local y global del país y limita la ampliación del potencial de desarrollo en otras regiones.

• La concentración geográfica está asociada con la centralización administrativa, provocando distanciamiento entre autoridades y ciudadanos. La planeación central sobre la local ha limitado la coordinación intergubernamental y estatal-municipal. Asimismo, se ha inhibido la participación ciudadana en el diseño, operación y evaluación de las políticas de desarrollo regional.

• La implantación de políticas sectoriales provoca descoordinación e ineficiencia de los programas.

• La imposición de modelos estándar aplicados a realidades regionales diferentes ha fracasado.

• Son inexistentes los sistemas de seguimiento, control y evaluación de efectos regionales en mediano y largo plazos, además de la falta de criterios técnicos que orienten y corrijan la toma de decisiones.

• Las decisiones de política macroeconómica han llevado al país hacia un modelo orientado a las exportaciones, el cual no se ha traducido en la planeación territorial subnacional.

Las consecuencias de esas fallas serán graves si no son atendidas de manera inmediata, generando el siguiente entorno:

• Se vislumbra que la pobreza persistirá y se concentrará más en las ciudades.

• Si México se sigue urbanizando sin orden y sustento, ¿qué pasará con esta ola de hiperurbanización: predominarán los asentamientos precarios e ilegales?

• La falta de servicios, espacio público y equipamientos irá aumentando.

• El déficit en tratamiento de agua y disposición adecuada de basura alcanzan situaciones irreversibles, particularmente en las zonas pobres de las ciudades.

• La planeación urbana está desarticulada del desarrollo, territorial y ambiental.

• Las políticas para crear espacio público son escasas. El gobierno ha generado el uso indiscriminado del suelo, predominando su uso comercial ante el público; del mismo modo, la iniciativa privada ha aprovechado al máximo el suelo para vender.

• La población se ha concentrado en las principales metrópolis del país, por lo que es importante diseñar acciones y metas de un programa urbano y regional que logre potenciar a las metrópolis como fuerzas productivas.

En la Cámara de Diputados existían la Comisión de Desa-rrollo Regional y Apoyo a la Producción que, con la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se fusionó para crear la de Presupuesto y Cuenta Pública en la LVIII Legislatura.

La participación de la Cámara de Diputados en la elaboración de las estrategias de desarrollo de regiones es vital, ya que contribuirá positivamente en una estrategia efectiva de desarrollo de regiones que incorpore diversas percepciones sobre sus consecuencias y alternativas. A su vez, esta presencia podría ofrecer una ventaja considerable al elevar la legitimidad de las decisiones y soluciones en este terreno.

El reto de crear la Comisión de Desarrollo Regional en la LXI Legislatura demuestra el interés y la preocupación de los legisladores de los diversos grupos parlamentarios ante la difícil situación económica y social por la que atraviesa nuestro país. Esta inquietud ha surgido a través de la Comisión Especial para el desarrollo de microrregiones y, sobre todo, a partir de la realización del foro Análisis del de-sarrollo de microrregiones.

La creación de la comisión de desarrollo regional plantea la necesidad de realizar una evaluación profunda de la realidad económica nacional y local, de las instituciones, de las necesidades de la población.

Esta comisión no sólo propondrá adecuar los objetivos a los problemas sociales como pobreza, desigualdad, recesión, desempleo, sino diseñar al mismo tiempo la vinculación de los estados, municipios y localidades que no crucen por problemas financieros ni económicos graves, y que cuenten con los recursos suficientes para desarrollar proyectos productivos con sus vecinos, y así detonar los beneficios sociales y las cadenas productivas necesarias para el desarrollo local y nacional y elevar el nivel de la calidad de vida de la población.

El impulso del desarrollo regional requiere la elaboración de diagnósticos socioeconómicos generales, de los que se deriven estudios particulares de factibilidad y de los programas de desarrollo estatal y regional, y de la concertación y definición de políticas financieras y crediticias flexibles. Igualmente, la creación de círculos regionales de asesoría calificada para los procesos productivos, así como para la administración, contabilidad, organización económica y comercialización, entre otros, con la tendencia hacia el propósito básico de la eficiencia y la eficacia.

Asimismo, como se mencionó, serán necesarias la revisión y adecuación del régimen fiscal federativo, la concertación de acuerdos entre los estados de la federación, y el compromiso del gobierno para instrumentar y dar origen a un programa nacional de desarrollo regional, acorde con la realidad del país.

Los puntos centrales de la comisión de desarrollo regional serán

• Proponer iniciativas y reformas a la legislación involucrada en el desarrollo regional del país que impulsen este proceso de desarrollo, así como dotar de las herramientas jurídicas a las dependencias y gobiernos que participen.

• Proponer destinar recursos suficientes para la aplicación y consecución de los programas de las dependencias destinados a fortalecer el desarrollo regional.

• Evaluar el efecto social de las acciones y programas de las dependencias federales involucradas en los programas de desarrollo regional.

• Difundir la existencia y alcance de los programas relacionados con desarrollo regional.

• Realizar reuniones nacionales, estatales y regionales, con el objeto de elaborar propuestas que contribuyan al desarrollo regional.

Es el momento de considerar el desarrollo regional como un elemento básico para la modernización del país, en función de una estrategia con tres vertientes: descentralización de decisiones; desconcentración de la actividad económica; promoción del desarrollo urbano estatal y municipal.

Las políticas y los programas de desarrollo regional se han caracterizado por falta de inversiones; esquemas centralizados y verticales de toma de decisiones; exceso e ineficacia normativa; falta de consensos sociales, políticos y de participación ciudadana; tecnología inapropiada; desarticulación del sector productivo; cadenas productivas ineficientes.

Las acciones que proponemos realice la comisión de desa-rrollo regional son las siguientes:

• Revisar a fondo la planeación urbana y regional.

• Asumir e interrelacionar lo urbano, territorial y ambiental.

• Hacer de la planeación regional y urbana acuerdos sociopolíticos para la toma de decisiones correctas.

• Integrar y revisar la legislación: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Vivienda, Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables, Ley de Planeación, Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Ley General de Asentamientos Humanos

Nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993. Texto vigente.

Última reforma publicada DOF 5 de agosto de 1994.

Ley de Planeación

Nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983. Texto vigente.

Última reforma publicada DOF 13 de junio de 2003.

Ley de Vivienda

Nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006. Texto vigente.

Sin reformas.

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007. Texto vigente.

Sin reformas.

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001. Texto vigente.

Últimas reformas publicadas DOF 18 de junio de 2010.

Ley General de Desarrollo Social

Nueva ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004.

Sin reformas.

• Analizar la minuta de Ley de Planeación Nacional y Regional.

- Con fecha 15 de diciembre de 2005, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó, mediante 84 votos a favor y 15 abstenciones, el dictamen que contiene el proyecto de Ley General de Planeación del Desarrollo Nacional y Regional y se reforma la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (ahora Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria), en materia de desarrollo regional, turnándose la minuta a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

- Con fecha 1 de febrero de 2006, la Cámara de Diputados turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, las cuales a la fecha no han emitido un dictamen, contraviniéndose lo previsto en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

- El 9 de septiembre de 2008, los senadores Alfonso Sánchez Anaya y Francisco Javier Castellón Fonseca presentaron excitativa en relación con el proyecto de decreto en el que se expiden la Ley General de Planeación del Desarrollo Nacional y Regional, así como reformas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de desarrollo regional, el cual se remitió a la Cámara de Diputados.

• Analizar e incentivar iniciativas de los congresos estatales para crear una nueva institucionalidad en planeación y gestión del desarrollo con enfoque regional o microrregional.

• Integrar los sistemas de planeación en las ciudades, mediante un plan integral de desarrollo.

• Hacer obligatoria la coordinación metropolitana y de conurbación.

• Implantar la coordinación regional y metropolitana para recuperar el crecimiento económico y lograr el bie-nestar social sustentable.

• Realizar diagnósticos regionales comparados para elaborar una estrategia de desarrollo con visión nacional que sea viable, equilibrada e integral de mediano y largo plazos.

• Analizar la estructura y el funcionamiento económico de las regiones en el marco nacional (cadenas productivas, redes, flujos, interacciones y conectividad) para diseñar estrategias integrales.

• Aprovechar el potencial de desarrollo de cada región en los aspectos demográfico, social, económico, político, cultural, natural y de localización, entre otros.

• Asumir desde los gobiernos estatales y municipales el concepto de región y de planeación.

• Dar soporte a las empresas sociales para integrarlas en cadenas y redes productivas regionales.

• Diseñar e instaurar políticas de ordenamiento territorial y reglas de operación claras y sujetas a evaluación.

• Llegar a acuerdos de complementariedad equitativa entre gobernantes, ciudadanos y empresarios.

• Promover proyectos económicos con enfoque ambiental.

• Potenciar las relaciones intergubernamentales con una definición clara de las atribuciones y funciones económicas de los tres órdenes de gobierno.

• Lograr acuerdos entre los actores económicos, sociales y políticos sobre una agenda común mínima o una imagen-objetivo de la región.

• Replantear el fortalecimiento del federalismo.

• Impulsar que cada región explote sus ventajas comparativas.

Estos objetivos se sumarán a los esfuerzos que se realizan en todos los niveles de gobierno, en las legislaturas de los estados y en la sociedad organizada.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 estableció que el desarrollo de México no puede lograrse sin el progreso de cada una de sus regiones.

Sin embargo, reconoce que las desigualdades regionales no han permitido a todas las zonas beneficiarse de los avances en el crecimiento de los mercados ni de los cambios de la política económica.

Por ello, indica que se requiere una estrategia regional que permita afrontar los retos de empleo y bienestar de la población, mediante la promoción de la competitividad en cada región, atendiendo a la vocación de cada una de ellas para explotar su potencial, y una estrategia de equidad para atenuar o eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar social. Para el cumplimiento de estas metas, es necesaria la participación del gobierno federal, de los estados y de los municipios.

En dicho Plan Nacional de Desarrollo, en el apartado de desarrollo regional integral, se plantea, en el objetivo 13, “superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional”.

Se establecieron siete estrategias:

• Estrategia 13.1. Fomentar mecanismos de coordinación intergubernamental entre los diferentes órdenes de gobierno, y entre los mismos sectores dentro de los gobiernos estatales y en la administración federal, otorgando mayores responsabilidades y competencias a los estados y municipios, así como permitiendo desarrollar acciones integrales.

• Estrategia 13.2. Asistir a los estados y municipios en el fortalecimiento de capacidades institucionales y en la capacitación y formación de sus equipos humanos de servidores públicos, lo que permita una mejor acción en todos los niveles de gobierno.

• Estrategia 13.3. Fomentar la competitividad de todas las regiones, con énfasis particular en las regiones más desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas y en sectores con alto impacto regional como el agropecuario y el turismo.

• Estrategia 13.4. Asegurar que haya la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.

• Estrategia 13.5. Promover la profundización financiera y el desarrollo de nuevos vehículos e instituciones que lleven a un acceso adecuado al crédito en todas las regiones del país, aprovechando para ello la banca de desarrollo.

• Estrategia 13.6. Considerar la dimensión espacial y las características particulares de cada región en el diseño de programas y políticas públicos.

• Estrategia 13.7. Promover el abaratamiento del costo de envío de remesas y desarrollar esquemas innovadores para que los recursos sean utilizados para la inversión productiva en las regiones receptoras. La importancia de los flujos de remesas radica no sólo en su magnitud sino también porque frecuentemente llegan a las regiones de menor desarrollo económico. Estos flujos de recursos, además de contribuir a atender las necesidades inmediatas de los beneficiarios, son una fuente potencial de financiamiento de la inversión en esas regiones, que permita ampliar las oportunidades de empleo y desarrollo para las nuevas generaciones en sus lugares de origen.

Por parte del Senado de la República, el 17 de octubre de 2006 se instaló la Comisión de Desarrollo Regional, bajo la presidencia del senador Alfonso Sánchez Anaya, quien señaló que los grandes desafíos del desarrollo regional son un marco jurídico adecuado, la disponibilidad de recursos económicos y la participación de todos los niveles de gobierno.

También mencionó que en las condiciones en que se encuentra el país, el desarrollo regional es indudablemente una palanca importante para el progreso de México.

Además, destacó que siempre ha habido buena voluntad, disposición y trabajo para impulsar el desarrollo regional, pero no han resultado óptimas debido a la falta de un marco jurídico adecuado, lo que forma un gran reto para la comisión.

Los propósitos de la comisión son:

• Revisar las propuestas en torno al desarrollo regional y perspectivas tanto de organismos internacionales como de otros países.

• Analizar las políticas de desarrollo regional y propuestas de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de las instituciones públicas y de las privadas.

• Contribuir a la construcción los acuerdos que requiere el desarrollo económico y social de los mexicanos, otorgando la mayor prioridad a las zonas en que la calidad de vida registra mayores carencias, e impulsar de esa manera el desarrollo equilibrado entre las diversas regiones del país.

• Establecer estrecha coordinación con los distintos órdenes de gobierno, y los sectores involucrados, que hagan posible construir nuevas y mejores perspectivas para México.

Respecto a la Conferencia Nacional de Gobernadores que, como se mencionó, creó la Comisión de Desarrollo Regional el 7 de junio de 2004, aprobó la agenda temática de esta comisión el 16 de marzo de 2005, en la vigésima tercera reunión ordinaria, en Zacatecas, incluyendo los siguientes temas:

1. Diagnóstico de las mesorregiones del país.

2. Actualización del marco legal normativo para el desa-rrollo.

3. Difusión y profundización de una cultura de desarrollo regional.

4. Diseño de un esquema presupuestario con visión regional.

5. Impulso de instancias de planeación y coordinación metropolitanas.

6. Fortalecimiento de la presencia mesorregional que garantice un proceso que vaya del nivel regional al nacional.

7. Análisis de la viabilidad de crear una comisión intergubernamental para el desarrollo regional.

8. Organización de reuniones de seguimiento en cada una de las regiones del país.

9. Consolidación de cada región del Consejo Nacional de Infraestructura.

10. Impulso de los acuerdos de la Convención Nacional Hacendaria.

Las entidades federativas que cuentan con áreas dedicadas a la planeación y desarrollo urbano y regional son Aguascalientes, Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional; Baja California, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Baja California Sur, Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura; Campeche, Secretaría de Desarrollo Social y Regional; Chiapas, Secretaría de Desarrollo y Participación Social; Chihuahua, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; Coahuila, Secretaría de Desarrollo Social; Colima, Secretaría de Desarrollo Urbano; Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; estado de México, Secretaría de Desarrollo Urbano; Guanajuato, Secretaría de Desarrollo Social y Humano; Guerrero, Secretaría de Desarrollo Social; Hidalgo, Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional; Jalisco, Secretaría de Desarrollo Urbano; Michoacán, Secretaría de Desarrollo Rural; Morelos, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Nayarit, Secretaría de Desarrollo Social; Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social; Oaxaca, Secretaría de Desarrollo Rural; Puebla, Secretaría de De-sarrollo Social; Querétaro, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Quintana Roo, Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional; y San Luis Potosí, Secretaría de Desarrollo Social y Regional.

Los congresos estatales que se han interesado por el desa-rrollo regional son los de Durango, Desarrollo Regional y Metropolitano; Hidalgo, Desarrollo Regional; Jalisco, De-sarrollo Regional; Morelos, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional; y Veracruz, Desarrollo Regional.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción X al numeral 2, y se recorre la numeración del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Desarrollo Regional

Artículo Único. Se adiciona la fracción X al numeral 2, y se recorre la numeración del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I. a IX. ...

X. Desarrollo Regional;

XI. Desarrollo Rural;

XII. Desarrollo Social;

XIII. Economía;

XIV. Educación Pública y Servicios Educativos;

XV. Energía;

XVI. Equidad y Género;

XVII. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XVIII. Fortalecimiento al Federalismo;

XIX. Función Pública;

XX. Gobernación;

XXI. Hacienda y Crédito Público;

XXII. Justicia;

XXIII. Juventud y Deporte;

XXIV. Marina;

XXV. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXVI. Participación Ciudadana;

XXVII. Pesca;

XXVIII. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXX. Puntos Constitucionales;

XXXI. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXII. Recursos Hidráulicos;

XXXIII. Reforma Agraria;

XXXIV. Relaciones Exteriores;

XXXV. Salud;

XXXVI. Seguridad Pública;

XXXVII. Seguridad Social;

XXXVIII. Trabajo y Previsión Social;

XXXIX. Transportes;

XL. Turismo; y

XLI. Vivienda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2010.— Diputados: David Hernández Pérez, María Elena Pérez de Tejada Romero, Gerardo Leyva Hernández, Genaro Mejía de la Merced, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Onésimo Mariscales Delgadillo, Julián Nazar Morales, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Rosa Adriana Díaz Lizama, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Norma Leticia Orozco Torres, María Guadalupe García Almanza, Narcedalia Ramírez Pineda, Guadalupe Pérez Domínguez, Sofía Castro Ríos, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Arturo Zamora Jiménez, Olivia Guillén Padilla, Ana Estela Durán Rico, Clara Gómez Caro, Jesús Alberto Cano Vélez, Salvador Caro Cabrera (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es proposiciones. Esta Presidencia recibió del diputado Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cofetel a que realicen las acciones pertinentes a fin de autorizar la transmisión de la estación de Radio Universidad, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a realizar las acciones conducentes a autorizar la transmisión de Radio Universidad en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, a cargo del diputado Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Maurilio Ochoa Millán, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a ejercer las acciones pertinentes a fin de autorizar la trasmisión de la estación Radio Universidad en ciudad Cuauhtémoc Chihuahua, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 27 que corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial, y en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas, siendo competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la encargada de otorgar las concesiones y permisos para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas.

El servicio de radiodifusión es aquel que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales audio o de audio y video asociado, haciendo un uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico concesionado por el Estado.

En la ley de la materia se establece que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.

Sabemos que actualmente nuestro país, pero sobre todo la región del norte adolece de una terrible ola de violencia, inseguridad, analfabetismo y pobreza. En estos tiempos tan complejos tenemos la obligación como legisladores de comprometernos a asumir la responsabilidad de promover la educación y la investigación entre los diversos sectores sociales, pero también de buscar alternativas de solución dentro de las cuales, está juega un papel muy importante.

Los municipios del norte y en especial Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua requieren de una alternativa de programación radiofónica de calidad, en donde exista la oportunidad de sintonizar noticias que sean de valor comunitario. Con la radio comunitaria se busca difundir información de importancia para las personas de la cabecera municipal y de sus comunidades más cercanas, dicha información está ligada con los temas: equidad de género, migración, educación sexual, ciencia, entre otras. Esta información pretende ser transmitida de manera dinámica y de fácil comprensión.

Al ofrecer una estación de radio como lo es Radio Universidad, se buscara transmitir la cultura, para generar un cambio en la sociedad promoviendo un estilo, un espíritu del conocimiento, la superación y progreso de la sociedad basándose en una experiencia plural de sus integrantes. Asimismo una vez aprobada la “Radio Universidad” se buscara ofrecer una tecnología de vanguardia que permita realizar esta tarea en un nivel de excelencia.

Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogeneización mercantil; cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un aviso publicitario; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras, ésa es una radio comunitaria.

No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se denominan. Su finalidad es distinta, sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Es obligación de los legisladores convertirse en aliados de aquellos que dedican sus conocimientos y energías al cambio social, por tal razón estamos seguro que con medios como Radio Universidad podremos hacer de esta sociedad una sociedad más democrática, critica, solidaria, responsable en donde se puedan superar los problemas actuales y caminar hacía un país más justo, equilibrado y sostenible.

Por ello, se requiere de la participación del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los respectivos órganos legislativos en la concretización de acciones que den respuestas a las demandas de bienestar, de educación, de cultura y calidad de vida de los ciudadanos. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que den respuesta cabal a la solicitud de Radio Universidad de Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua que han mostrado su vocación de legalidad y han cumplido con todos los tiempos y requisitos de ley; para que en tiempo y forma se dé respuesta a su petición e inicien operaciones previo permiso de transmisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.— Diputado Maurilio Ochoa Millán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

PLAZA DE TOROS MEXICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al jefe de gobierno del Distrito Federal, para que se declare la Plaza de Toros México como monumento artístico y patrimonio cultural y urbano del Distrito Federal.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al jefe del gobierno del Distrito Federal a declarar la Plaza de Toros México monumento artístico y patrimonio cultural y urbano de la ciudad, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, diputada a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de este pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al jefe del gobierno del Distrito Federal a declarar la Plaza de Toros México monumento artístico y patrimonio cultural y urbano del Distrito Federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Plaza de Toros México, edificada en 1944, es la plaza de toros más grande del país y también la de mayor aforo en el mundo. En los terrenos donde se halla se proyectó construir lo que sería la ciudad de los deportes, que incluiría plaza de toros, estadio de futbol, canchas de tenis y frontón, boliches, cines, restaurantes, arena de box y lucha, playa con olas y terreno para ferias y exposiciones. Sin embargo, el proyecto sólo alcanzó para construir la plaza y el estadio de futbol, conocido actualmente como “azulgrana”.

Tiene capacidad para 41 mil personas sentadas, pero han confluido en ella más de 50 mil.

Innovadora para su época constructiva por la técnica implantada, implicó la realización de avanzados sistemas de canalización, necesarios para encauzar los ríos de concreto con que se formó la estructura, así como la aplicación de un moderno sistema para fabricar concreto y elevarlo hasta el tope de la plaza, a 25 metros de altura.

La colosal obra que representa la plaza de toros, cuyo ruedo se encuentra 20 metros por debajo de las calles adyacentes, no sólo es considerada la precursora de las grandes obras de ingeniería deportiva en Latinoamérica y modelo de audacia en construcción y modernidad, no igualada hasta hoy por ninguna otra construcción taurina: además, constituye pieza fundamental de la tauromaquia en el país; forma parte del acervo cultural, arquitectónico, tecnológico y de ingeniería.

Antecedentes directos de esta plaza de toros fueron los escenarios del Toreo de la Condesa y el de Cuatro Caminos, lugares que funcionaron como espacios para la tauromaquia.

El Toreo de la Condesa comenzó a funcionar en 1907 y permaneció por más de 40 años, hasta que en 1946 sus acciones fueron donadas a la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Actualmente, en los terrenos que ocupó se encuentra una tienda departamental. Con su demolición se rescataron piezas de su estructura, acero y sillas y, en general, todo el material que pudo ser reutilizado en el de Cuatro Caminos, que fue inaugurado en 1947 y dejó de funcionar como plaza de toros en 1968.

Esos dos lugares han sido demolidos para dar paso a nuevas edificaciones, por lo que resulta importante preservar la gran obra de ingeniería que representa la Plaza México.

Para ello, y de acuerdo con sus atribuciones, corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura realizar la declaratoria de la citada plaza como monumento artístico, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; y al jefe del gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de conformidad con lo establecido en la fracción XXVII del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, coordinarse con las dependencias federales competentes con objeto de conservar y restaurar los bienes inmuebles que constituyan el patrimonio arqueológico, histórico, artístico o cultural del Distrito Federal.

Asimismo, compete a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda atender la conservación, la recuperación y el acrecentamiento del patrimonio cultural de la Ciudad de México, del cual pueden formar parte los bienes inmuebles, elementos aislados como esculturas, monumentos u obras de infraestructura, y los paisajes públicos y espacios como plazas, parques y jardines y en general todos los elementos y espacios que, sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación y consolidación.

Con la declaratoria de la Plaza de Toros como monumento artístico y como patrimonio del Distrito Federal se busca salvaguardar esta obra constructiva y representativa de la historia de la ciudad y conservar sus valores artísticos y urbanísticos.

Por lo expuesto, se someten a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a declarar la Plaza de Toros México monumento artístico e inscribirlo en el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos.

Segundo. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, a declarar la Plaza de Toros México patrimonio cultural y urbano del Distrito Federal e inscribirla en el catálogo de bienes afectos a dicho patrimonio.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 30 de noviembre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese el primer resolutivo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. El segundo resolutivo a la Comisión del Distrito Federal.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a que realice las acciones necesarias para el rescate de los Bosques de Chapultepec y de San Juan de Aragón.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones necesarias para el rescate de los bosques de Chapultepec y de San Juan de Aragón, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, diputada en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El bosque de Chapultepec es el más grande toda América Latina, cuenta con una superficie total de 686 hectáreas y se integra por tres secciones, las cuales se componen de la siguiente manera:

a) Primera sección: superficie total 227.08 hectáreas; número estimado de visitantes 10 millones; superficie total de áreas verdes 108.21 hectáreas; número de árboles 55 mil; superficie del Lago Mayor 42 mil 379 metros cuadrados; capacidad del Lago Mayor 38 mil 741 metros cúbicos; superficie del Lago Menor 14 mil 419 metros cuadrados; y capacidad del Lago Menor 12 mil 977 metros cúbicos.

La primera sección genera en promedio 320 metros cúbicos de residuos sólidos semanales, también existen 150 especies animales y 150 especies vegetales, cuenta con 12 accesos y una puerta monumental, 19 fuentes, 12 sanitarios públicos y un estacionamiento. Sus principales atractivos son el zoológico, el Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología.

b) Segunda sección: superficie total 168.03 hectáreas; número estimado de visitantes 4 millones 250 mil; superficie total de áreas verdes 70.05 hectáreas; número estimado de árboles 17 mil 500.

Esta sección genera 300 metros cúbicos semanales de residuos sólidos, cuenta con 6 accesos, 27 fuentes, 8 sanitarios públicos y 8 estacionamientos. Entre sus principales atractivos destacan La Feria, el Museo del Papalote y el Museo Tecnológico de la CFE.

c) Tercera sección: superficie total 243.90 hectáreas; número estimado de visitantes 750 mil; superficie total de áreas verdes 177.70 hectáreas, de los cuales 137.71 son de barrancas; número estimado de árboles 85 mil.

Genera 30 metros cúbicos semanales de residuos sólidos, cuenta con 3 fuentes y 6 estacionamientos. Su principal atracción es el espacio para realizar días de campo.

La tercera sección del Bosque fue declarada área natural protegida en 1992, por lo que no se permite desarrollar mayores obras en la zona, aunque cuenta con el foro Orquesta de los Animalitos, desde 1986, la fuente Cri Cri, de 1974 y el teatro Alfonso Reyes del mismo año. En 1999, el entonces jefe del gobierno del Distrito Federal solicitó al gobierno federal que le fuera devuelta la administración del bosque al gobierno capitalino, lo cual se realizó, y en primera instancia quedó en manos de la delegación Miguel Hidalgo. Sin embargo, por falta de presupuesto e infraestructura fue dado en administración a la Secretaría de Medio Ambiente local, quien lo administra desde entonces.

El 4 de agosto de 2002, se creó el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec con el fin de involucrar a destacadas personalidades de la política y la sociedad a las actividades de renovación de éste, quienes integran el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec dedicados a obtener fondos para realizar obras de restauración y mejora. En una primera etapa se cerró la primera sección para realizar adecuaciones de espacios y limpiar el fondo del lago.

Como consecuencia de esta obra, el 12 de octubre de 2006, se inauguró el Jardín Botánico, en el área que anteriormente ocupaba el Centro de Convivencia Infantil, que deberá ser reubicado en las inmediaciones del Museo Rufino Tamayo, como parte de un Plan Maestro. De acuerdo a este plan, entre los años 2010 a 2012 se planea realizar el rescate de la segunda sección del bosque.

A pesar de haberse realizado importantes inversiones en el rescate del bosque, las dos primeras secciones se encuentran fuertemente amenazadas por las presiones para adecuar más espacios dedicados al comercio y otros negocios especulativos, ya que en el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional de Miguel Hidalgo, la Secretaría de Desa-rrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal estableció para estas dos secciones del bosque la zonificación EA (espacios abiertos) con la cual se puede ocupar para construir en planta baja 5 por ciento de su superficie y construir en su totalidad hasta un 10 por ciento de su superficie total.

Por lo cual, resulta indispensable que se rescate la primera y segunda secciones del Bosque de Chapultepec a efecto de protegerlo de más construcciones y especulaciones de suelo así como que le sea asignado el uso de área verde de valor ambiental con el cual únicamente se podría construir hasta en el 5 por ciento de la superficie total en la primera y segunda secciones y no el 10 por ciento, como se encuentra actualmente.

Otro de los bosques más importantes que existen en el Distrito Federal es el Bosque de San Juan de Aragón, conformado en el año de 1972 al ser expropiadas 885 hectáreas al ejido de San Juan de Aragón a favor del entonces Departamento del Distrito Federal para la construcción de viviendas económicas, unidades habitacionales, áreas de recreación, zoológico y áreas verdes. Para el año de 1973 la extensión destinada al bosque de acuerdo al decreto de ese año, fue de 290 hectáreas, aproximadamente.

El Bosque de San Juan de Aragón cuenta con zoológico, cabañas, teatro al aire libre, centro de convivencia infantil, también se construyeron un acuario, delfinario y balneario público inaugurados estos últimos en 1974.

Actualmente, las instalaciones del balneario con una extensión de 56 mil metros cuadrados se encuentran cerradas, la ciclopista ya despareció y el lago del bosque está sucio y sin mantenimiento.

La atención que se ha dado a este bosque resulta incomparable con la recibida por el Bosque de Chapultepec. Para el Bosque de San Juan de Aragón en su conjunto no se cuenta con programa integral de rescate ni se ha fomentado el apoyo de empresarios, ni de la sociedad civil.

Por lo anterior, se requiere de la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal para que se elabore un plan de rescate del Bosque de San Juan de Aragón y sea declarado área de valor ambiental, se instaure un consejo rector igual que el existente en Chapultepec y se fomente la participación de los sectores público, privado y de la sociedad civil en general para su rescate integral.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, realice la corrección de la zonificación EA (Espacio Abierto) asignada a la primera y segunda secciones del Bosque de Chapultepec en el actual Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, por AV (área verde de valor ambiental).

Segundo.Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, se asigne la zonificación AV (área verde de valor ambiental) al Bosque de San Juan de Aragón.

Tercero.Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, se elabore un plan maestro para el rescate y recuperación del Bosque de San Juan de Aragón, se cree un consejo rector del bosque, se destinen recursos para su rescate y se fomente la participación de la sociedad para el mismo fin.

Nota:

1 El Plan Maestro del bosque es consecuencia de un programa de manejo elaborado entre los años 2002 y 2003 y fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 17 de noviembre de 2006.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de noviembre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la recuperación y conservación del predio denominado Pensil Mexicano, ubicado en la delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la recuperación y preservación del predio Pensil Mexicano, en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, diputada en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Pensil Mexicano, que data de 1766, es un predio que cuenta con una superficie de 3 mil metros cuadrados, de los cuales 800 están construidos. Se ubica en el número 84 de la Calle Lago Chiem, en la colonia que le debe su nombre a este monumento. Se trata del último jardín barroco en México, que asemeja a los lugares de recreo de las ciudades de Europa del siglo XVIII, cuyo principal atractivo era lo imponente de sus jardines. En antiguo castellano, su nombre significa Jardín Exquisito y se ubicaba en la parte final de una serie de casas de recreo de la antigua calzada de Tlacopan, ubicadas en las orillas del Río San Joaquín.

Fue declarado monumento histórico el 14 de abril de 1932 por el jefe de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la Secretaría de Educación Pública, Narciso Bassols. Sin embargo, haber sido uno de los primeros monumentos considerados patrimonio nacional no lo exime de su deterioro y abandono.

Actualmente, no se encuentra relacionado en el catálogo de monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Diversas autoridades han tratado de conservar este monumento histórico único en el país sin ningún éxito:

• En 1997 se creó el Comité Vecinal de rescate y restauración del Pensil Mexicano, con el propósito de preservarlo.

• En 1996 se inició la construcción de dos naves industriales en el predio marcado con el número 76 de la calle Lago Chiem, colindante con el Pensil, a lo cual, el Instituto Nacional de Antropología e Historia colocó sellos de suspensión debido a que el dueño no contaba con los permisos necesarios. En el año 2000, la Delegación Miguel Hidalgo colocó sellos de clausura por carecer de licencia de construcción.

• El Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante el área jurídica de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, presentó en 1998 una demanda para demoler las obras del número 76 por violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

• En 1999, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dio cuenta que no se respetaron los sellos de suspensión de la obra y denunció la construcción de una barda atrás de la fachada del Pensil Mexicano.

Al día de hoy, la fachada antigua ha sido dañada por la construcción de la bodega del número 76, también hay una afectación a la zona protegida y una construcción nueva en lo que fue parte de la huerta (lo que fue el casco y el jardín formal aún se conservan).

La importancia arquitectónico-artístico y cultural del Pensil Mexicano es trascendental en la historia del arte de los jardines. Lograr su recuperación y efectuar los análisis del sitio darían luz de cómo era un jardín barroco mexicano, ya que en Latinoamérica no existe una sensibilidad de la historia de estos jardines como sucedió en Europa.

Por ello, se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia que garantice la investigación, conservación, protección y difusión de este monumento como patrimonio histórico y cultural de México, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Además, se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, realice la expropiación de inmueble de referencia a efecto de que sea parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente propuesta con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal expropie el predio ubicado en la calle de Lago Chiem donde se encuentra el Pensil Mexicano, en la colonia del mismo nombre.

Segundo. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a declarar el Pensil Mexicano como monumento histórico y a catalogarlo como patrimonio cultural.

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 30 de noviembre de 2010.— Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

MINERIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del PAN, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta soberanía que establezca mesas de trabajo para regular y prohibir, en su caso, la aplicación de los métodos de minería de tajo a cielo abierto y lixiviación.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta soberanía que establezca mesas de trabajo para regular y prohibir, en su caso, la aplicación de los métodos de minería de tajo a cielo abierto y lixiviación, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los artículos, 73o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o. fracción XIV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, señalan como facultad de la federación, específicamente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, regular las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la nación, en lo relativo a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente

Que en México, son ya veintidós estados incluyendo San Luís Potosí, donde su actividad minera se caracteriza por la utilización de los métodos de tajo a cielo abierto y lixiviación.

Los yacimientos minerales que se presentan en el subsuelo, para extraerlos, se debe llegar a ellos. En el caso de la minería a cielo abierto, se deben eliminar lo que hay encima del yacimiento que, paradójicamente en el lenguaje minero se le llama “estéril”.

Así para construir un tajo a cielo abierto se debe eliminar por completo toda la cubierta vegetal que se encuentre sobre el yacimiento y alrededor del mismo. Esto, para que haya movilidad para el equipo minero e instalar las obras para el procesado minero. Nótese que al decir “cubierta vegetal”, puede tratarse de cualquier tipo, desde pastos hasta bosques primarios que tienen cientos o miles de años de existir, incluyendo mamíferos, reptiles, aves, insectos, etcétera, es decir todo el ecosistema es afectado.

Finalmente también se elimina la capa de roca que no tiene mineralización y que está por encima del yacimiento. Todos los materiales eliminados se convierten en desechos de la minería. Los efectos en el paisaje que tiene la actividad minera a cielo abierto, son por lo general devastadores. De un paisaje verde, de cerros, se puede pasar a un paisaje desértico, sin vegetación.

Debido a los cambios en la topografía que provoca la minería a cielo abierto, se afectan también los cursos de agua superficial. También se afecta la calidad del agua de esos ríos, y el uso que se hace de ellos, como la toma de agua para comunidades o bien, el abrevado de ganado.

El procesado de los minerales en la actividad minera metálica también puede provocar una serie de importantes impactos ambientales. La roca con el mineral debe ser pulverizada en grandes molinos de roca, que requieren grandes cantidades de energía para operar. Esa energía proviene del quemado de combustibles fósiles, que deben ser almacenados en el sitio del proyecto minero, con lo cual se da una situación de riesgo, ya sea de incendio o bien de derrame y contaminación del suelo, las aguas superficiales y los acuíferos subterráneos.

Para extraer el mineral preciso, como por ejemplo el oro, se requiere aplicar sustancias químicas que puedan “atrapar y separar” el metal precioso del resto de la roca pulverizada. En el caso del oro se utilizaba mercurio (ahora en actividades artesanales), pero ahora se usa cianuro. Esas sustancias son altamente toxicas y por tanto muy peligrosas. Al igual que con los combustibles, se da aquí otra situación de alto riesgo, ya que si se diera un derrame durante el transporte o bien el almacenamiento y manejo de esas sustancias, se podrían producir enorme y peligrosa contaminación, con efectos muy negativos en la vida que pueda ser afectada.

La roca pulverizada a la que se le ha extraído, por métodos químicos, el metal precioso, se convierte en un desecho minero. Se debe recordar, que en yacimientos diseminados, puede representar casi una tonelada por cada gramo que se extrae. De esta manera, en minería de oro, para producir el equivalente de una onza de oro, se desechan más de 25 toneladas de roca pulverizada y contaminada. Contaminada, porque se le agregó una sustancia química para extraerle el metal precioso. Nótese entonces que no se trata de un dese-cho inerte, por el contrario, se trata de un desecho especial y peligroso que debe ser manejado con cuidado, para que no provoque contaminación del agua y del suelo. Por lo general, ese desecho es dispuesto en una escombrera.

En síntesis, la actividad minera, comparada con otras actividades humanas que se dan en la superficie de la tierra (la agricultura, la ganadería, las construcciones), es mucho más impactante e incluso peligrosa, cuando se trata de minería metálica, ya que además de los impactos que produce, requiere el uso de sustancias químicas altamente contaminantes, tóxicas y peligrosas, para poder extraer los metales preciosos.

En fecha 20 de octubre del presente año, el Poder Legislativo del estado de San Luis Potosí, a propuesta de la diputada Yvett Salazar Torres, exhortó a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el ámbito de su competencia realice las acciones necesarias, regule y prohíba, en su caso, la aplicación de los métodos de minería de tajo a cielo abierto y lixiviación, debido a la irreversible reparación del daño causado al ambiente.

Por lo anterior es necesario regular y prohibir, en su caso, la aplicación de los métodos de minería de tajo a cielo abierto y lixiviación en congruencia con el desarrollo humano sustentable planteado en el Plan Nacional de Desa-rrollo 2007-2009 siempre procurando un progreso, que resulte socialmente justo, económicamente rentable y ambientalmente sostenible.

El derecho al medio ambiente está reconocido en el artículo 4o. constitucional, mismo que se traduce en una obligación del estado de preservar al medio ambiente y equilibrio ecológico.

Con base a lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta honorable soberanía la siguiente propuesta de

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados establezca mesas de trabajo para regular y prohibir, en su caso, la aplicación de los métodos de minería de tajo a cielo abierto y lixiviación, debido a la irreversible reparación del daño causado al ambiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.— Diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CULTURA EMPRESARIAL ENTRE LOS JOVENES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público a que fomenten la cultura empresarial entre los jóvenes.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la SHCP a fomentar la cultura empresarial entre los jóvenes, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México hay más de 27 millones de jóvenes, lo que representa poco más del 26 por ciento de la totalidad de la población. Es responsabilidad del gobierno crear las condiciones propicias para que este sector se desarrolle de manera plena y pueda contribuir positivamente en la economía del país. En 2006 la población económicamente activa integrada por jóvenes era solamente de 13.9 millones y los empleos generados a partir de entonces para ellos han sido insuficientes, lo que significa que hay una gran cantidad de jóvenes que a pesar de tener una edad productiva permanecen desocupados.

Para lograr un adecuado crecimiento económico es indudable que debemos incorporar a los jóvenes a la vida productiva de tal manera que éstos puedan aportar todas sus potencialidades en aras de generar un proceso virtuoso de integración y cohesión social en el que las ideas funjan como palanca de desarrollo.

Es necesario fomentar una cultura emprendedora que rinda frutos desde la adolescencia especialmente en aquellos estudiantes de educación media, puesto que son la base del sector productivo y social de la generación inmediata más vulnerable ante las condiciones del entorno, pero con un gran potencial y sensibilidad. Una opción viable para nuestros adolescentes y jóvenes es el impulso de proyectos productivos que se realicen a partir de las facilidades gubernamentales otorgadas mediante el aprovechamiento multidisciplinario de los profesionistas, empresarios y expertos exitosos en materia económica y de negocios.

Los jóvenes deben estar motivados a ser parte de una cultura empresarial que les permita crear e innovar en el ámbito comercial y a la vez les dé identidad y sentido de pertenencia al momento de emprender un proyecto. Dichos proyectos pueden ser apoyados por las autoridades, en diferentes formas como los son: el financiamiento, la capacitación, la asistencia técnica y la comercialización.

El impulso a proyectos productivos representa una gran oportunidad de transformación en la que los jóvenes pueden construir una fuente de empleo, riqueza y autosuperación. Los proyectos productivos establecen oportunidades para resolver las necesidades insatisfechas de algún sector determinado, detonan las capacidades de quién o quiénes lo crean y pueden ser rentables económicamente.

Si promovemos el desarrollo de proyectos productivos entre adolescentes y jóvenes estaremos frenando los altos índices de migración ya que habrá mayores oportunidades de empleo y evitaremos siga creciendo la población ni-ni.

El fomento de la cultura empresarial debe darse a partir del impulso de programas y proyectos que fortalezcan el espíritu emprendedor de los adolescentes y jóvenes para la reconstrucción del tejido social y la generación de riqueza y bienestar. Es necesario un proceso educativo que transmita a los educandos los conocimientos, habilidades y aptitudes que les permitan integrarse al sector productivo con iniciativa, creatividad y responsabilidad social.

Detonar en los adolescentes y jóvenes una cultura empresarial es una tarea que puede hacerse con programas de formación de células de emprendedores con una visión sustentable y sostenible que les permita conocer su entorno y las áreas de oportunidad con las que cuentan. Estos programas deberán estar especialmente dirigidos a los adolescentes y jóvenes que viven en zonas de alta marginación, de tal manera que tengan contacto con profesionistas y empresarios exitosos dispuestos a compartir sus experiencias con ellos para que posteriormente puedan generar su propia riqueza.

Asimismo, los jóvenes deben estar preparados para tomar las riendas de un proyecto productivo, es por ello que las autoridades deben promover el desarrollo de iniciativas y proyectos de inversión productiva, que funcionen de tal forma que haya seguimiento para detonar negocios y generar empleos.

Muchos de los programas de capacitación gubernamental en los que se enseña a jóvenes y adolescentes a desempeñar un oficio quedan truncados a falta de oportunidades económicas pero también por el poco ánimo emprendedor de llevar a cabo un proyecto empresarial.

Fomentar la cultura empresarial no solo resuelve las carencias materiales sino aquellas que tienen que ver con la reconstrucción del tejido social, es decir, el conjunto de redes personales, categoriales, estructurales, formales y funcionales, de iniciativas o asociativas y mixtas o inter sistémicas; que constituyen un activo para los individuos y la sociedad pues les permite ampliar sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Los adolescentes y jóvenes son presa fácil para las adicciones y abusos por parte de grupos delictivos, es importante esforzarnos en lograr que este sector no quede excluido de ningún rubro de convivencia, en cualquiera de sus ámbitos, ya sea cultural, laboral, educativo, o comercial.

Fomentando la cultura emprendedora a través de proyectos productivos en adolescentes y jóvenes podremos impulsar el desarrollo del capital humano con el que contamos y optimizar los recursos y energía distintiva de la juventud.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que dentro del plan de estudios de la educación media superior se destine tiempo para el fomento y desarrollo de proyectos productivos entre los jóvenes para crear una cultura emprendedora.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se destinen recursos para la creación de un fondo para el apoyo de proyectos productivos derivados de las acciones de fomento de la Secretaría de Educación Pública entre los jóvenes de educación media superior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.— Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo a la libertad de tránsito de ciudadanos en el estado de Michoacán.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la libertad de tránsito de ciudadanos en Michoacán, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo, diputada e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La libertad de tránsito se encuentra establecida en el artículo 11 de la Constitución. Esta garantía a su vez incluye cuatro libertades especificas: la de entrar en el territorio nacional; la de salir de él, la de viajar por el mismo así como la de cambiar de residencia.

Estas libertades fundamentales no pueden estar supeditadas a requisitos como los de contar con alguna carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto o cualquier otro requisito semejante, derechos que sin duda son violados constantemente en virtud de la lucha emprendida por el gobierno federal en contra del crimen organizado.

Se ha vuelto común que en las carreteras e incluso en ciudades del país se ubiquen lo denominados “retenes” como puestos de inspección y revisión en el que las autoridades tanto militares como civiles detiene vehículos particulares o de transporte público, hacen descender a sus ocupantes lo que ha llevado al grado de cometer una serie de violaciones a los derechos humanos e incluso hasta atentar en contra de la integridad de las personas.

Actualmente, Michoacán es una de las entidades federativas con el mayor número de ataques y desapariciones en contra de sus ciudadanos en su tránsito por las carreteras del país; sucede lo mismo en el caso de trabajadores migrantes que regresan de Estados Unidos que están siendo levantados por desconocidos sin que se vuelva a saber su paradero.

Hasta el momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos registra a 180 ciudadanos michoacanos que se encuentran desaparecidos en el transcurso de los últimos dos años, sin embargo, la Procuraduría estatal reporta de junio de 2009 a agosto de 2010 la cantidad de 550, en ambos casos, las autoridades no han informado sobre el paradero y localización de estos ciudadanos.

A pesar de haberse desplegado por parte de las autoridades federales un número importante de operativos y retenes para el combate al crimen organizado, lo cierto es que éstos no han logrado disminuir la serie de abusos en contra de ciudadanos michoacanos que circulan por el territorio nacional. Es responsabilidad de las autoridades federales no sólo garantizar su libre transito, sino además sus garantías individuales y el respeto a sus derechos humanos.

El problema se agudiza por que en la temporada vacacional de diciembre el flujo migratorio de ciudadanos michoacanos por el territorio nacional y los provenientes de Estados Unidos se incrementará considerablemente.

Por tanto, es necesario que el gobierno federal en sus operativos en contra del combate al crimen organizado, refuerce las acciones de protección que garanticen a los ciudadanos no sólo michoacanos sino a cualquier persona independientemente de su origen o nacionalidad, el ejercicio del libre transito y el respeto a sus derechos fundamentales independientemente de su origen.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a tomar las medidas y los procedimientos conducentes para combatir los problemas de inseguridad que permitan garantizar el libre transito en el territorio nacional de ciudadanos michoacanos sin ningún tipo de discriminación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación; a la de Seguridad Pública y a la de Relaciones Exteriores para que de manera conjunta garanticen la seguridad y derechos de los ciudadanos michoacanos provenientes de Estados Unidos que visiten nuestro país en la temporada vacacional de diciembre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.— Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

ESTADO DE SINALOA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias a que investiguen, sancionen y reparen el daño por el siniestro ocurrido en la tienda Coppel, sucursal Hidalgo, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, al procurador general de Justicia de Sinaloa, al Poder Judicial, al titular de la delegación de la STPS y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a investigar, sancionar y reparar el daño por el siniestro ocurrido en la sucursal Hidalgo de Coppel en Culiacán, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, LXI Legislatura del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al procurador de Justicia del estado de Sinaloa, al Poder Judicial del estado de Sinaloa, al titular de la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Sinaloa para que en el ámbito de sus respectivas competencias investiguen, sancionen y se repare el daño por el siniestro ocurrido en la tienda Coppel, sucursal Hidalgo, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa en la que fallecieron seis trabajadoras, bajo los siguientes

Antecedentes

1. El pasado 10 de noviembre ocurrió una conflagración a las 21:50 horas en la tienda Coppel, sucursal Hidalgo, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, en el que perdieron la vida: Carmen Selene Moreno Zazueta, de 36 años; Mariana López Soto, de 24 años; Verónica Gabriela Picos Bastidas, 22 años; Claudia Janeth Bernal Delgado, de 25 años; Karla Judith González Zapata, 25 años y Rosa Imelda Félix Gamboa, de 40 años.

2. Dicho incendio fue controlado 13 horas después de su inicio y requirió del apoyo de decenas de bomberos de 3 municipios.

3. Las mujeres que fallecieron en condiciones dramáticas y en completa vulnerabilidad, mientras realizaban un inventario en la planta alta del inmueble, en la que todos los accesos estaban cerrados con cortinas metálicas y candados, esto, hacía materialmente imposible su desalojo. Diversos medios de comunicación informaron que las víctimas se comunicaron telefónicamente a familiares e incluso con socorristas, para hacerles saber que estaban encerradas y que no podían ser rescatadas por ese motivo. Aún más, el subprocurador de Justicia en la zona centro informó que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa investiga (actualmente) quién ordenó cerrar las puertas y si el edificio contaba con salidas de emergencia y otras medidas de seguridad. Versiones extraoficiales señalan que la única salida estaba en la azotea fuera del alcance de las empleadas. La Coordinación de Servicios Periciales de la procuraduría informó que las seis empleadas murieron por asfixia y los cuerpos de tres de ellas quedaron calcinados Robles agregó que directivos de Coppel ofrecieron información a la fiscalía y apoyo a las familias de las víctimas

4. Días después, como hemos sabido también gracias a los medios de comunicación, denotan la presión ejercida por la empresa Coppel para que los familiares de las víctimas recibieran una indemnización consistente en 640 mil pesos por concepto de seguro de vida y de liquidación. No obstante inicialmente los abogados y gerentes de la empresa habían informado de diversos apoyos, consistentes en pagos de alimentos a los infantes y adolescentes (que asciende a 9 menores de edad), asimismo se había informado que les serían entregados diversos apoyos para acceder a la vivienda o remodelar la que tuvieren.

5. Como sabemos, han existido diversas denuncias hechas por los trabajadores de las tiendas, en las que refieren que se les descuenta de su salario los objetos que son sustraídos en los almacenes Coppel; aún más, que es habitual que en un día laboral, se sustraigan hasta 100 mercancías y todas éstas son descontadas a los trabajadores.

6. Por otra parte, existen testimonios de diversos trabajadores que los almacenes Coppel, no son las únicas tiendas de autoservicio que tienen estas prácticas, sin que exista autoridad en materia laboral que investigue y sancione estas actividades que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores.

7. De lo expuesto, se desprende que existen omisiones graves por parte de las autoridades en materia laboral que investigan y sancionan el riesgo que sufren los trabajadores.

Del análisis a los antecedentes aquí mencionados se concluye que es imperioso que no exista impunidad y se sancione en el ámbito de las respectivas competencias la omisión en que pudieran haber incurrido la empresa, así como diversas autoridades del estado de Sinaloa y de la federación.

Considerandos

1. Que se investigue de manera exhaustiva, independiente e imparcial y se finquen responsabilidades de lo sucedido en la tienda Coppel-sucursal Hidalgo, en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa y se sancione a quienes resulten responsables de la tragedia.

2. Que se realice la verificación administrativa en materia de protección civil a las instalaciones de todas las tiendas Coppel, así como de otras tiendas departamentales de las que se tiene indicios que llevan a cabo las mismas prácticas para evitar y erradicar estos actos que ponen en riesgo la vida e integridad de los trabajadores.

3. Asimismo, solicitamos que la empresa Coppel atienda cabalmente los resultados del peritaje de las instancias competentes.

4. Que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Sinaloa emita las observaciones o recomendaciones necesarias para que las autoridades locales garanticen el adecuado funcionamiento de los establecimientos comerciales y las instituciones públicas.

5. Que como parte de la acción de la justicia, se repare el daño no solamente el que se pueda contabilizar como material, sino que se entienda el daño ocasionado en todos los ámbitos de la vida, como lo es, el daño psicológico a los descendientes de las mujeres que fallecieron.

6. Que se cree un fideicomiso para cubrir los gastos de alimentos, vestido, salud y educación de las hijas e hijos de las víctimas.

7. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue si existe omisión por parte de las autoridades federales, a través de sus delegaciones estatales.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue si existe omisión por parte de las autoridades federales, a través de sus delegaciones estatales.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se realicen las inspecciones del trabajo en las instalaciones de todas las tiendas Coppel, así como de otras tiendas departamentales de las que se tienen indicios de que llevan a cabo las mismas prácticas que ponen en riesgo la vida e integridad de los trabajadores que prestan sus servicios en dichas empresas.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Sinaloa para que se investigue y consigne a quienes resulten responsables, de manera exhaustiva, independiente e imparcial.

Cuarto. Se exhorta al Poder Judicial del estado de Sinaloa para que se finquen responsabilidades penales de lo sucedido en la tienda Coppel y se sancione a los responsables, incluso aquellos que pudieran ser autores intelectuales del delito.

Quinto. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de Sinaloa para que en la reparación del daño se incorpore el daño psicológico a los descendientes de las mujeres que fallecieron.

Sexto. Se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Sinaloa para que emita las recomendaciones necesarias para que las autoridades locales garanticen el adecuado funcionamiento de los establecimientos comerciales y las instituciones públicas.

Séptimo. Se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Sinaloa para que emita una recomendación para la creación de un fideicomiso para cubrir los gastos de alimentos, vestido, salud y educación de las hijas e hijos de las víctimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Trabajo y Previsión Social.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que a través de su Secretaría de Finanzas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reciban a los representantes de las unidades habitacionales Pedregales de Coyoacán, y ajusten el impuesto predial.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, y a la ALDF a recibir a los representantes de los Pedregales de Coyoacán y ajustar el impuesto predial, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT

Laura Itzel Castillo Juárez, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, misma que se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones:

1. La reforma constitucional de 1999 sobre la autonomía municipal contempló disposiciones sobre el impuesto predial que trascienden al ámbito del Distrito Federal. Así el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reformó y adicionó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispuso textualmente que:

“Antes del inicio del ejercicio fiscal 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios correspondientes, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.”

2. Habitantes de los Pedregales de Coyoacán manifestaron a la suscrita que han sido objeto de aumentos de impuesto predial a partir de 2005. Señalan que el cálculo del mismo se basa en el metro de construcción y no conforme a los criterios de la reforma constitucional.

3. La queja ciudadana se basa en que el cálculo del impuesto predial favorece a los propietarios de los predios de mayor valor en contra de los habitantes de las colonias populares. Esto resulta contrario a los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad.

4. Los afectados afirman que la solución a esta problemática durante los años de 2005, 2006 y 2007 en los que se aumentó el impuesto predial para el 30 por ciento de sus habitantes, consistió en la propuesta de las autoridades para ajustar el pago por autodeterminación, mediante el llenado de un formato, poniendo a su disposición asesores y oficinas después de horas de atención al público.

5. Señalan que actualmente no se les quiere reconocer esos pagos e intentan cobrarles, con recargos la diferencia entre el importe del pago por autodeterminación y el importe de las boletas.

6. Los habitantes no han podido entrevistarse con el secretario de Finanzas, el tesorero y el procurador Fiscal para exponer sus argumentos.

7. De manera análoga a la disposición constitucional que establece la posibilidad de las diputaciones locales de iniciar leyes federales, considero pertinente que la diputación federal sugiera respetuosamente a la legislatura local la implementación de una tarifa social para las unidades habitacionales de interés social y colonias populares que identifique la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda local, como una solución definitiva a la problemática planteada.

Por lo expuesto, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicite que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal reciba en audiencia a los representantes de los quejosos, para que se les reconozcan los pagos hechos por autodeterminación.

Segundo. Respetuosamente se sugiere a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la implementación de una tarifa social para las unidades habitacionales de interés social y colonias populares que identifique la Secretaría de Desa-rrollo Urbano y Vivienda local.

Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

ESTADO DE YUCATAN

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Yucatán y a sus autoridades educativas y culturales a reforzar, apoyar y articular acciones de preservación, difusión y enseñanza de la lengua maya.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y a las autoridades educativas y culturales de Yucatán a reforzar y articular acciones de preservación, difusión y enseñanza de la lengua maya, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Gerardo del Mazo Morales, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La civilización maya data de los siglos III y XV; se desarrolló en parte en Guatemala, Honduras y al Sur de lo que hoy es Yucatán. De entre los pueblos indígenas americanos, desarrollaron el sistema de escritura más completo.

Actualmente, por su trascendencia cultural, social y económica, la lengua maya es practicada a lo largo de la península de Yucatán, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

La zona que más hablantes tiene es Yucatán, con 800 mil personas; para 18.5 por ciento (150 mil) de éstas, es la única lengua.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala: “El patrimonio cultural no se limita a sus manifestaciones tangibles, como los monumentos y los objetos que se han preservado a través del tiempo. También abarca las que innumerables grupos y comunidades de todo el mundo han recibido de los antepasados y transmiten a los descendientes, a menudo de manera oral”.

Por tanto, debemos reflexionar respecto a que la diversidad de lenguas con que cuenta el país es parte del patrimonio cultural y, por ende, es nuestro deber fomentar su difusión y cuidados para su preservación.

La UNESCO cuenta con un programa para salvaguardar las lenguas en peligro, en el que monitorea el estado en que se encuentran éstas. Algunas de las que en México se hablaron desde tiempos prehispánicos presentan una extinción inminente de no tomarse las medidas necesarias desde las comunidades, el gobierno y los expertos.

Por fortuna, la lengua maya no se encuentra en este catálogo pues, como señalan los pobladores de la península de Yucatán, es una lengua viva, que requiere apoyo institucional para que no le ocurra lo que a otras lenguas de la región, como el awakatek, kaqchikel o ixil.

El primer paso es concienciar a la población y a los gobiernos acerca de que “las lenguas son los instrumentos primordiales que disponen los seres humanos para la interacción y la expresión de ideas, sentimientos, conocimientos, memorias y valores. También son vectores esenciales de las expresiones culturales y del patrimonio cultural inmaterial, elemento fundamental de la identidad de todo individuo y grupo”.2

En Yucatán se han emprendido algunas acciones desde la sociedad civil: cuentan con la Academia de la Lengua Maya, AC, que desde 1937 lleva a cabo actividades de investigación, conservación y promoción de esta lengua. Sin embargo, esa asociación no es suficiente, por ello algunos de sus miembros promueven desde 2008 la creación de un instituto de lengua maya para el estado, sin ver concretado hasta el momento dicho proyecto.

Un organismo como el que se propone ya existe en Morelia y se encarga de preservar la lengua purépecha, y ha contribuido de manera exitosa a su preservación y difusión. Así, con base en la evidencia, invertir en la formación de un instituto de esta envergadura no es en sentido alguno un desperdicio y sí una prioridad.

Por la importancia de la lengua maya, se requiere reforzar su difusión, enseñanza y práctica en las instituciones educativas. Hay esfuerzos aislados pero exitosos en algunas instituciones de educación básica, a través de programas federales como Hábitat, en algunas escuelas de nivel medio superior, públicas y privadas, y algunas carreras del nivel superior al ofrecer como materia optativa cursos de maya.

También debe destacarse la labor del Instituto para el Desa-rrollo de la Cultura Maya de Yucatán, pero hay que tener presente que su labor se ha limitado a la promoción cultural y a la difusión del trabajo artístico y educativo de la lengua maya. Si bien ello supone un apoyo al patrimonio cultural que representa la lengua maya, no garantiza que ésta trascienda de generación en generación.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que el rescate, la preservación y la difusión de las lenguas indígenas es tarea ardua pero fundamental para el país.

Por lo señalado, me permito someter a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno de Yucatán y a sus autoridades educativas y culturales a reforzar, apoyar y articular todas las acciones de preservación, difusión y enseñanza de la lengua maya emprendidas por la sociedad civil, así como la investigación y la formación de maestros de esta lengua, como parte de una estrategia de protección del patrimonio cultural intangible del país.

Notas:

1 Información proporcionada por el presidente de la Academia Mexicana de Lengua Maya de Yucatán, AC, a la revista AZ, mayo de 2010.

2 UNESCO, 2010.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 14 de octubre de 2010.— Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

GRUPO MEXICANA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco a que tome las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos del grupo Mexicana, vigilando que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los consumidores con el fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a tomar las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos de Grupo Mexicana y a vigilar que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los consumidores, a fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, tome las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos del Grupo Mexicana, vigilando que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los consumidores, con el fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra.

Consideraciones

La quiebra técnica de Mexicana de Aviación, anunciada en el mes de agosto pasado, es un asunto muy delicado por la importancia de esta emblemática línea aérea en México y en el extranjero.

Esta situación, supone irresponsabilidad de la empresa, ya que las condiciones económicas por las que pasa Mexicana de Aviación, según los propios empresarios, no son recientes, la empresa ya venía reportando signos negativos que apuntaban a su quiebra.

Mexicana tiene importantes pasivos, recibió créditos importantes de Bancomex y Banorte que suman alrededor de 3 mil millones de pesos.

Según declaraciones de pilotos y sobrecargos de la Compañía Mexicana de Aviación hechas en la Cámara de Diputados, la quiebra de la que era la primera empresa aérea comercial del país, fue manipulada de manera intencional por los ejecutivos de la empresa en complicidad con las autoridades de Aeronáutica Civil y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La quiebra técnica asumida por Mexicana de Aviación, obligó a suspender ventas, y dejar de prestar el servicio, dañando a los usuarios al reembolsar el costo del boleto y obliga a los consumidores a hacer un gasto adicional al obligarlos a comprar nuevamente el boleto en alguna otra compañía que preste el servicio.

Hoy se encuentra en proceso de concurso mercantil y es administrada por personal designado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Pero el grave problema continua, los usuarios no han sido atendidos, no se les ha reembolsado el boleto, ni mucho menos los gastos por los daños causados por la no prestación del servicio, como pago por servicio de hotel, viáticos, entre otros. Lo que si se hace en otros países como en Estados Unidos y Europa.

Por ello, solicitamos el apoyo de la asamblea, con el fin de dar una solución integral al problema, especialmente para dar respuesta a los usuarios y consumidores que pagaron boleto y que no recibieron el servicio contratado.

El problema es complejo y fue causado, entre otros, por un deficiente manejo financiero de la empresa, que por cierto, tenía todas las condiciones para seguir prestando el servicio y seguir creciendo, alcanzando mayores rutas, con estados financieros sólidos.

La quiebra de esta emblemática línea aérea, se da en un ambiente en el que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene planteada como estrategia para este sector: “abatir el costo económico del transporte, aumentar la seguridad y la comodidad de los usuarios, así como fomentar la competitividad y la eficiencia en la prestación del servicio”.

Como podemos ver, esto no se cumple, la quiebra de Mexicana de Aviación, implica inmovilidad en el transporte de pasajeros nacionales y extranjeros con repercusiones negativas importantes en el sector turismo y los negocios.

La cancelación de los vuelos del Grupo Mexicana, implico un desplome de más del 40 por ciento, de la capacidad de transporte aéreo de pasajeros en el país, afectando severamente al sector turístico y de negocios, en especial por el aumento de precios de las otras líneas aéreas.

Las ineficiencias en la prestación del servicio, el encarecimiento de las tarifas y la profundización de la crisis que viene padeciendo el sector aéreo comercial, derivado de una estrategia inadecuada para el sector, impiden la recuperación de este importante sector de la economía mexicana.

Adicionalmente, y como antecedente de que la regulación del sector es ineficiente, el 30 de julio pasado, la Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos, degrado a categoría 2 al sistema de aviación mexicano, lo que implica que las condiciones bajo las cuales se realizan los vuelos nacionales no son seguras por supervisión ineficiente del gobierno federal.

Ante esto, estamos obligados a vigilar que la Procuraduría Federal del Consumidor dé pronta y positiva respuesta a los usuarios que compraron boletos, que no han obtenido el servicio y que quedaron varados en diferentes destinos nacionales e internacionales.

Esperando una respuesta positiva y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, solicita con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que sea considerado de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, tome las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos del Grupo Mexicana, vigilando que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los consumidores, con el fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de dos mil diez.— Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía.

PARLAMENTOS DE MEXICO Y JAPON

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores a que analicen la posibilidad de establecer consultas entre los parlamentos de México y Japón, y se nombre a los diputados que representan a esta soberanía para formalizar los intercambios en materias como economía, política, cultura, medio ambiente, educación, fiscal, legal, industrial y/o aquellas que sean de principal interés para ambos parlamentos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores a analizar la posibilidad de establecer vínculos diplomáticos con Japón y nombrar a los representantes de esta soberanía para la encomienda, a cargo del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Jorge Alberto Juraidini Ramilla, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la Ley Orgánica y en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México y Japón han mantenido una larga relación, procedente del siglo XVI, cuando se dieron los primeros encuentros entre japoneses, marinos y misioneros novohispanos, los que se intensificaron a través del tiempo. Como ejemplo cito la misión de Hasekura, la cual partió el 28 de octubre de 1613 del puerto de Tsukino-Ura en el barco de Mutsu-Maru, que arribó a Acapulco el 25 de enero de 1614 y se trasladó posteriormente a la capital, donde el virrey Diego Fernández de Córdoba recibió a la comitiva.

Posteriormente, en 1888, se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, y de esa manera los dos países formalizan sus relaciones. En consecuencia, en 1889 se firmó el Tratado de Igualdad Internacional, en el cual se pactó terminar con el régimen de extraterritorialidad. Se concedió así que los ciudadanos mexicanos pudieran establecerse, residir y viajar en todo el territorio japonés, y comenzar con relaciones comerciales entre ambas naciones, incluso se fueron contempladas la fijación de tarifas arancelarias para mantener la igualdad comercial. México fue el primer país fuera de Asia que reconoció a Japón en condiciones de igualdad, a diferencia de otros tratados discriminatorios que le fueron impuestos por las potencias occidentales de la época.

A partir de entonces, las relaciones diplomáticas entre los dos países se intensificaron, siendo interrumpidas en 1941 por el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial; una década después, se reanudaron con la reinstalación de la misión diplomática en ese Japón, actividad que estuvo a cargo de Octavio Paz. A partir de entonces y hasta 2006, los jefes de Estado de ambos países han intercambiado visitas para estrechar las relaciones bilaterales, formalizando éstas con la firma de seis convenios relacionados con aspectos culturales, intercambio de estudiantes, cooperación técnica y de facilitación del comercio y de la inversión.

Sin embargo, hasta 2004 no se estableció el marco legal para profundizar en la relación, con la firma del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, primer acuerdo que México firmó con un país de Asia y primero en el cual Japón incluyó al sector agrícola. Y desde 2008 se observó que el comercio bilateral ascendió a 19.8 millones de dólares alcanzando un total en dichos años de mil 231 millones de dólares y la inversión Japonesa en nuestro país superó 3 mil 500 millones de dólares.

Todo ello nos lleva a la etapa actual, en la que ya se plantea el establecimiento de relaciones parlamentarias que potencien las expectativas y proyectos de México, tomando en cuenta al intercambio como un instrumento que permita fortalecer el crecimiento y desarrollo económicos.

Japón es considerado una gran potencia en la actualidad por su crecimiento económico, educativo, cultural e industrial por solo mencionar algunos. Pertenece a diversos organismos internacionales y llama la atención la capacidad tecnológica y financiera que representa para los países que llevan a cabo actividades de carácter económico. Es el país con tercera economía más grande y productiva después de Estados Unidos y la Unión Europea, lo cual representa un importante factor de poder en las relaciones internacionales contemporáneas.

Para México, la atención se centra en incrementar las inversiones, el comercio y múltiples oportunidades complementarias de diversificación económica, las cuales se han establecido en sectores como el electrónico, automotriz y de autopartes, y ahora también en otros como el aeronáutico, tecnologías limpias, tecnologías de la información y servicios diversos, según información de la Secretaría de Economía. Sin embargo, para Japón es de suma importancia enfatizar en la disponibilidad de mano de obra capacitada para los diversos procesos productivos, además de los costos convencionales y la cercanía geográfica que tiene nuestro país con Estados Unidos.

Aunado a estas áreas, también hay acuerdos para promover el acceso al mercado japonés de nuevos productos agropecuarios mexicanos y continuar los trabajos para el reconocimiento de zonas en México libres de ciertas plagas y enfermedades. Por otro lado, también se revisó la participación de firmas japonesas en los proyectos del Programa Nacional de Infraestructura; el intercambio de información sobre los avances y mejoras en la misma rama, pero aplicando estos a los cruces fronterizos con Estados Unidos. Finalmente también se consideró realizar las acciones pertinentes en pro del mejoramiento de la seguridad pública; concretamente prestaron particular atención en cuestiones relativas al despacho aduanero de mercancías; así como, trámites migratorios y turismo, por mencionar algunos.

En conclusión, por este punto de acuerdo exhorto al gobierno mexicano a concretar un acuerdo con la finalidad de fortalecer y diversificar las relaciones e intercambios con Japón, toda vez que se trata de una inigualable oportunidad para profundizar en materias como la económica, política, cultural, educativa, ambiental, fiscal y legal, desde el punto de vista internacional y que más que haciéndolo con esta gran nación como es la japonesa, aunado a que esta comparte, el mismo interés con en la nación mexicana, siendo ésta una forma más de sembrar bases para diversificar nuestro sector externo, nuestra diplomacia con una visión que a partir de ésta tener nuevos socios y aliados en una región económica estratégica como Asia-Pacífico.

Finamente, es cierto que resulta impostergable continuar las relaciones interparlamentarias entre México y Japón para impulsar y fortalecer vínculos más sólidos entre nuestras dos grandes naciones, teniendo como propósito de este punto de acuerdo elevar el diálogo político, toda vez que ambas naciones tienen interés en realizarlo.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores a analizar la posibilidad de establecer consultas entre los Parlamentos de México y Japón, y se nombre a los diputados que funjan como representantes para formalizar los intercambios en las materias como lo son la económica, política, cultural, ambiental, educativa, fiscal, legal, industrial o las que sean de principal interés para ambos parlamentos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2010.— Diputados: Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Erandi Bermúdez Méndez, Sami David David, Víctor Manuel Báez Ceja, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jaime Flores Castañeda, Avelino Méndez Rangel, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Eduardo Zarzosa Sánchez  (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Espero que con esta lectura rápida me suban de nivel escolar.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El punto siguiente es el de excitativas. Se recibió solicitud de excitativa del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Economía.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Economía, a solicitud del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del PAN

Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva que, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos formule excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Economía para que presenten el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal sobre Metrología y Normalización, presentada por el diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 21 de julio de 2010.

Antecedentes

I. Con fecha 21 de julio de 2010, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado José Luis Ovando Patrón presentó en nombre propio y de Javier Bernardo Usabiaga Arroyo y Carlos Alberto Pérez Cuevas, ambos del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal sobre Metrología y Normalización.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para estudio e integración del dictamen correspondiente.

III. Posteriormente, y en atención de una solicitud de ampliación de turno, el 28 de julio de 2010 la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que la precitada iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Economía para estudio y dictamen.

Consideraciones

La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico aplicable a la generación de productos agroalimentarios óptimos, mediante el otorgamiento de facultades explícitas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación relativas a la elaboración, emisión, inspección y verificación de las normas oficiales relativas a los estándares de sanidad, de inocuidad y de calidad que deban reunir los productos alimenticios de origen agropecuario, sin perjuicio de las normas que los productores soliciten para mejorar su presencia y credibilidad en los mercados internacionales.

El cometido de la iniciativa se sustenta en el criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud relativo a la definición de inocuidad alimentaria, referida como el “conglomerado de acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos”, en el entendido de que las políticas y las actividades que persiguen dicho fin deberán abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo.

En opinión del suscrito, en su calidad de proponente de la iniciativa, es indispensable fortalecer a las instancias gubernamentales encargadas de verificar la inocuidad de los productos agroalimentarios, a través del establecimiento de estándares o criterios de sanidad, de inocuidad y de calidad, particularmente los que sean aplicables a las fases primarias en la producción, a fin de erradicar cualquier tipo de contaminación en dichos productos desde de sus procesos de producción, al reducir de manera considerable cualquier riesgo o posibilidad de riesgo a la salud pública; es decir, a la salud del consumidor final.

Toda vez que a la fecha y sin causa justificada las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Economía no han presentado ante esta soberanía el dictamen correspondiente a la iniciativa referida, asumiendo que las reformas y adiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal sobre Metrología y Normalización propuestas en ella fueron presentadas en el segundo periodo de la Comisión Permanente del primer año de trabajo de la LXI Legislatura, y al ser inminente la conclusión del primer periodo ordinario del segundo año de trabajo, me permito solicitar respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se sirva dar trámite a la siguiente

Excitativa

Único. Sea turnada esta excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Economía para que presenten el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal sobre Metrología y Normalización, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 24 de noviembre de 2010.— Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Economía para que emitan el dictamen correspondiente.

Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Primer Año de Ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 2 de diciembre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(a las 15:55 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 2 de diciembre de 2010 a las 10 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

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RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 3 horas  39 minutos • Quórum a la  apertura de sesión: 303 diputados • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 • Oradores que participaron: 84 PRI                                  26PAN                                 16PRD                                 13PVEM                      7PT                                       16Convergencia                   1Nueva Alianza                   4Diputados de la Comisión Especial para el Desarrollo de Microrregiones            1 Se recibió o presentó: • 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonia cívica conmemorativa; • Declaración de la reunión de la Comisión de la Internacional Socialista para una Sociedad Mundial Sostenible; • 1 oficio del gobierno de Jalisco con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 15 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita los permisos constitucionales necesarios para que ocho ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite informe semestral de labores del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite informe de la evaluación en materia de diseño del Fondo para la Reconversión de Sectores Productivos de las Industrias Textil, del Vestido, del Calzado y de Juguetes, "Fondo Reconversión"; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite informe sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro; • 11 iniciativas del PRI; • 3 iniciativas del PAN; • 1 iniciativa del PRD; • 4 iniciativas del PVEM; • 1 iniciativa de Convergencia; • 2 iniciativas de Nueva Alianza; • 1 iniciativa de diputados de la Comisión Especial para el Desarrollo de Microrregiones; • 12 proposiciones con puntos de acuerdo; • 1 excitativa a comisiones; • 2 temas de agenda política