SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia y a la asamblea, el resultado del registro de asistencia.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 269 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 11:46 horas): Y por tanto, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Quienes estén por la negativa.

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 6 de septiembre de 2010.

Lectura del acta de lasesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

Del Dip. Roberto Gil Zuarth.

Del Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Oficio del Congreso del estado de Durango

En el que transcribe acuerdo aprobado para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2011, se otorguen mayores recursos al Fondo Metropolitano y al Estado de Durango.

Oficio del Congreso del estado de Puebla

En el que transcribe acuerdo aprobado para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2011, se otorguen mayores recursos para la realización de obras públicas para evitar el desbordamiento del Río Rabanillo.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Iniciativas

Que reforma el artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juventino Víctor Castro y Castro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55 bis y 77 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 33 de la Ley Sobre Delitos de Imprenta, a cargo de la diputada Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 390 Bis, 390 Ter, 390 Quarter, 390 Quintus y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para la Familia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, de la Ley para la Trasparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 329 bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 278 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, retiren de la oferta publicitaria en radio, televisión, internet y medios impresos, los denominados “Productos Milagro”, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para instituir la Escuela Nacional de Charrería, a cargo de la diputada María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Fondo de Pavimentación a Municipios, FOPAM, en el Anexo 12. Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la rehabilitación de los caminos cosecheros de Teapa, Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura dependiente del Ramo 08 de la Sagarpa, en el rubro de activos productivos tradicional, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la rehabilitación y modernización de las bibliotecas del Municipio de Teapa, Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la rehabilitación y modernización de los mercados municipales del estado de Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de una unidad deportiva en la Villa Juan Aldama y en la cabecera municipal de Teapa, Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Centro Cultural y de usos múltiples en Teapa, Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la Zona Metropolitana de Monclova-Frontera-Castaños, a cargo del diputado Héctor Franco López, y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para crear un fondo para impulsar el programa nacional de útiles y uniformes escolares gratuitos para alumnos de educación básica que asistan a escuelas públicas en todo el país, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para construir el Hospital de Atención y Rehabilitación para Quemados, en el municipio de Tultepec, Estado de México, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el organismo de Cuenca del Golfo, de la CONAGUA, para que se lleven a cabo obras que permitan mitigar los daños generados por inundaciones en las comunidades y municipios de la cuenca del Río Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para las universidades e institutos tecnológicos así como en sus fondos extraordinarios, a cargo de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se mantenga el subsidio del Programa de Diesel Agropecuario y, se exhorta a la SHCP, contemple la devolución del IVA a favor de los pequeños productores, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo y suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Complejo Deportivo en el Municipio de Tlaxco, en el estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada María Elena Perla López Loyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para instaurar un Fondo de Ayuda Especial para la familia de las y los policías que en el cumplimiento de su deber fallezcan al combatir al narcotráfico y delincuencia organizada, en los tres niveles de gobierno, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación 2011, considere el otorgamiento de estímulos fiscales del ISR a los contribuyentes que empleen a personas mayores de 60 años, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), a cargo de la diputada María Felicitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de dos recintos educativos en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Grupos Parlamentarios, para que en el proceso de elección de tres integrantes del Consejo General del IFE, se tomen en consideración las capacidades, el prestigio, la formación académica, la experiencia y la reputación de los aspirantes; y se abstengan de incorporar cuotas partidistas, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación 2011, considere el otorgamiento de estímulos fiscales del ISR a los contribuyentes que generen productos compatibles con el ambiente, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera Aguililla – Dos Aguas – Coalcomán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la SRE, revise la actuación del Cónsul de México en la Ciudad de Chicago, Illinois, con motivo de las protestas realizadas en la celebración del Bicentenario de la Independencia de México, en esa ciudad de la Unión Americana, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera costera Caleta de Campos - Maruata, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Programa IMSS Oportunidades, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera costera Maruata - Boca de Apiza, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya al Director General de la CONAGUA a reformar las reglas de operación del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, para que las comunidades rurales consideradas de alta y muy alta marginación, tengan acceso a los recursos de dicho Programa, a cargo del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera Huetamo - Riva Palacio, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para un programa de mantenimiento, rehabilitación y reparación de escuelas federales de nivel básico, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera de San Lucas - Tiquicheo, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la primera etapa de la construcción del Puente “Río Santiago II”, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los proyectos culturales de cine y música en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que a través del INAH, declare a la Ciudad de Tamazula, Durango, zona patrimonio histórico y cultural de México, y a la casa donde vivió Don Guadalupe Victoria, se declare monumento histórico y cultural de México, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto Frente Urbano y Desarrollo Turístico de la costa michoacana, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Hospital General “Dr. Miguel Silva” en Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos” en Morelia, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto integral de mejoramiento de la imagen urbana de Angangueo, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Parque Industrial Isla de la Palma, en Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del Parque Tecnológico Agroindustrial, en Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto de construcción del Teatro Bicentenario “Mariano Matamoros”, en Morelia, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el proyecto de construcción del Poliforum Digital de Morelia, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el rescate y mantenimiento del valor turístico de los pueblos mágicos de Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de la ruta turística Don Vasco, en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción del entronque carretero San Isidro-División del Norte, en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera San Lorenzo - Periban, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para los programas del FONHAPO, a cargo del diputado Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para diversos proyectos de conservación, mantenimiento urbano e infraestructura en la Delegación Gustavo A. Madero, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal y ésta desa-rrolle para programas educativos, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, para programas de prevención y diagnóstico de riesgos, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para que la Secretaría de Turismo del Distrito Federal desarrolle programas de turismo encaminados a incentivar la reactivación económica y la generación de empleos en el Distrito Federal, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para la construcción de las nuevas instalaciones de la escuela primaria “República de la India” en el pueblo de San Francisco, Tlalnepantla, en la Delegación Xochimilco, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para los diversos proyectos y acciones del Programa de Rescate de Barrancas en el Distrito Federal, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para atender la problemática de vivienda con alto riesgo en diversas delegaciones del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se distribuyan los recursos asignados al Seguro Popular, en términos de que se alcance el equilibrio entre el número de afiliados y la necesaria expansión de la estructura médica, a cargo del diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del IMSS, otorgue de inmediato a las niñas y niños con lesiones derivadas de la aspiración de humo tóxico producto de la Guardería ABC, una atención oportuna y humana con la calidad requerida hasta su total recuperación física y psicológica, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, promueva las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, implemente un programa contra la tala ilegal y realice un proyecto integral con el objeto de reforestar el Parque Nacional La Malinche, en el estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada María Elena Perla López Loyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la CFE, ante la Comisión Especial de la Cuenca de los Ríos Grijalva-Usumacinta, para que informe respecto del manejo de las presas del sistema hidroeléctrico del Alto Grijalva y su impacto en las anegaciones que enfrenta el estado de Tabasco, a cargo del diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, diseñe y opere un Programa Integral para proteger a la citricultura nacional de la plaga de la Diaforina y de la enfermedad denominada “Huanglongbing” (HLB), a cargo del diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Guanajuato, para que interponga sus buenos oficios, a fin de que los beneficios de su iniciativa se extiendan a las mujeres que aun siguen presas por el mismo delito en esa entidad, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos que respondan a la transversalidad y perspectiva de género que requieren todos los poderes de la Unión para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, haga cumplir la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en lo referente al manejo aplicable a productos de consumo que al deshacerse se convierten en residuos peligrosos, en particular, el unicel y demás plásticos, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a los Gobiernos de las Entidades Federativas, desarrollen acciones que reduzcan la mortalidad materna, a cargo de la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Director General de la CONAGUA, informe acerca del costo económico que tendría desarrollar un estudio técnico referente a la construcción de obras de prevención de inundaciones, con el propósito de aminorar los riesgos de las pérdidas causadas por éstas en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el Distrito Federal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la suspensión de los incrementos en las tarifas eléctricas y en los precios de la gasolina, el diesel y el gas doméstico, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el Análisis del Sistema Monetario, el Fortalecimiento a la Economía a través del Ahorro y del Estudio del uso de la Plata como Moneda de Curso Legal, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Guerrero, expida el decreto correspondiente para que se dote de personalidad jurídica amplia y suficiente, facultando como institución de educación pública superior a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur), a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se conmina al Director General de la Conagua, otorgue en comodato un terreno al Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, para construir el Centro Deportivo y Recreativo de Convivencia Familiar Bicentenario, a cargo del diputado José Luis Soto Oseguera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, rea-lice las gestiones necesarias a fin de lograr la pronta publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de diversas dependencias del Gobierno Federal, realicen las gestiones necesarias para que se promueva una mayor generación y utilización de los Bioenergéticos, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, traslade a los internos de alta peligrosidad, sentenciados por delitos federales al complejo penitenciario en las Islas Marías, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SEMAR, analice y evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la Presa “La Amistad”, ubicada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de seguridad nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través del Conaculta, instrumente las medidas necesarias a efecto de apoyar a los creadores culturales, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Conagua, rinda informe detallado del estado que guardaban las presas de Nuevo León y Coahuila, particularmente la presa Venustiano Carranza, en el momento del embate del Huracán Alex, suscrita por los diputados Fermín Montes Cavazos y Rogelio Cerda Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se instruye al Presidente de la Mesa Directiva, a promover juicio de controversia constitucional en contra del nombramiento de los consejeros profesionales de los organismos subsidiarios de Pemex, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, realice una revisión integral de las políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía expresa sus condolencias por el sensible fallecimiento del escritor Germán Dehesa Violante, a cargo de la diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, relativo a las mesas de trabajo con los vecinos de los asentamientos humanos ubicados en la Delegación Magdalena Contreras, para la atención de diversos servicios urbanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, que el Gobierno mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación, así como para que el Congreso de la Unión, convoque a una Convención Nacional, en la que se analicen los paradigmas actuales sobre modelos de producción, distribución y consumo cultural y comercial en Internet, sus aplicaciones legales, tecnológicas y sociales, así como modelos alternativos de licenciamiento de propiedad intelectual, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exige la libertad de los mineros de Cananea y Esqueda, Sonora; así como una solución definitiva al conflicto laboral con base en el respeto a sus empleos, contrato colectivo de trabajo y sindicato minero, suscrito por los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Juan Enrique Ibarra Pedroza y Miguel Ernesto Pompa Corella, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: del Trabajo y Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de esta H. Cámara de Diputados, observen los principios y obligaciones Internacionales establecidas en el artículo 2° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, al momento de elaborar y aprobar dictámenes, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita que la Comisión de Agricultura y Ganadería, analice, discuta y en su caso, apruebe un Programa de Capacitación Básica, asimismo que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para dicho Programa, a cargo del diputado José M. Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Fondo de Apoyo Social de Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrito por diversos diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los sectores público, privado y social a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, a ampliar el número de plazas para residencias médicas en el XXXIV Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para el Sector Salud, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, publique de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el reglamento del artículo 58, referente al envío de paquetería y mensajería, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a efecto de que en los presupuestos de la SEGOB y de la SRE, se aumenten los montos asignados a los programas de protección a nuestros connacionales, que regresen al país con motivo de la aplicación de la Ley SB-1070, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, otorguen a los servidores públicos seguro de vida y de gastos médicos mayores, a cargo del diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial para la Elaboración del Código Ambiental de la Federación, a cargo del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, realice una revisión urgente del exagerado incremento a la tarifa de energía eléctrica a establecimientos comerciales y de servicios en el estado de Morelos, a cargo del diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, elevar el nivel del hospital general de zona con medicina familiar número 7 de Monclova, Coahuila a Hospital Regional, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría General de esta Soberanía, instruya al CEAMEG para que elabore un Programa de Capacitación Permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a las y los legisladores, así como a su equipo técnico, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCT, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la Empresa Mexicana de Aviación y sus filiales, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Baja California, un informe detallado sobre las condiciones en que se encuentran los jornaleros sobrevivientes del percance carretero ocurrido el 1 de septiembre en la Rumorosa, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

.Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Grupos Parlamentarios de esta Soberanía, apoyen la propuesta de instaurar juicio político al titular de la STPS, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua, publiquen en el DOF la delimitación de la Laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala, conforme al Decreto Federal de 1939, a fin de detener la venta ilegal de los terrenos aledaños a dicha Laguna, a cargo de la diputada María Elena Perla López Loyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para el Fomento de las Artesanías, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Fondo de Apoyo Social de los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrito por diversos diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex-trabajadores Mexicanos Braceros. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para exhortar a diversas dependencias federales y estatales, coordinen programas y campañas encaminadas a la prevención y orientación para reubicar el graffiti, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para el Saneamiento de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, autorice los recursos necesarios para la construcción de infraestructura adecuada en las estaciones migratorias de la frontera sur, asimismo, al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Migración, para que a los agentes aduanales y Grupos Beta de la Frontera Sur, se les proporcione capacitación constante sobre los derechos de los migrantes, así como sobre las leyes concernientes a su función, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, constituya un grupo de trabajo plural para dar seguimiento puntual y contribuir a la realización del Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel, expliquen cuál será la política pública y los tiempos específicos para transitar las señales de televisión abierta de la tecnología análoga a la digital, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de los diputados Nancy González Ulloa y Oscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, a solicitud de los diputados Jesús Ramírez Rangel, Arturo García Portillo y Pablo Rodríguez Regordosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, secretaria.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Licenciado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Compañeros y compañeras, es para preguntar si en el orden del día de la sesión de hoy trataremos la presentación de la denuncia de la Procuraduría General de la República del caso del diputado Godoy Toscano. Porque sabemos que varios diputados han solicitado copia de esa denuncia y no se les ha proporcionado.

Entonces, mi pregunta es, señor presidente: ¿cuándo estará agendada en el orden del día la presentación de la denuncia de la PGR que solicita la declaración de procedencia respecto del diputado Godoy Toscano?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. El día de hoy no se encuentra agendado este tema, dado que la Junta de Coordinación Política resolvió que la sesión de hoy fuera una sesión exclusivamente para presentación de iniciativas y proyectos de puntos de acuerdo que no ameriten deliberación en el pleno.

La solicitud a la que usted se refiere no ha llegado a la Mesa Directiva, excepción hecha de la que hizo el vicepresidente Zambrano, quien tendrá puntual respuesta el día de mañana en la sesión de la Mesa Directiva. Gracias, diputado.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos a la lectura del acta y como se encuentra publicada en la Gaceta, pregunte la Secretaría si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo). Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cinco de octubre de dos mil diez, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 278 diputadas y diputados, a las 11 horas con 32 minutos del martes 5 de octubre de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y enseguida al acta de la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera.

Desde sus respectivas curules realizaron comentarios en relación con el orden del día los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña; Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; y Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, quien informó que no se encontraba incorporado en el capítulo de comunicaciones el documento que llegó de la Procuraduría General de la República, con respecto a la declaración de procedencia en contra del diputado Julio César Godoy Toscano, como un sinnúmero de expedientes y de juicios de procedencia que no han sido agotados como el de Molinar Horcasitas. El presidente realizó aclaraciones.

La Secretaría dio lectura a las siguientes comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, relativas a:

• Cambio de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. De enterado, comuníquese.

• Cambios de integrantes de la Comisión de Pesca; y del grupo plural de trabajo para dar seguimiento a la problemática existente en el predio de El Divisadero de Tenacatita de la zona federal de la bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, así como Playa del Norte en Jalisco. En votación económica se aprobó, comuníquese.

Se dio cuenta con oficio de la diputada Graciela Ortíz González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la Primera Circunscripción Plurinominal. En votación económica se aprueba, comuníquese.

La Secretaría dio lectura a las siguientes proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por los que:

• Se programa la comparecencia de la titular de la Secretaría de Turismo, en el marco del análisis del cuarto Informe de Gobierno, del presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. En votación económica se aprobó, comuníquese.

• Se conforma un grupo plural de trabajo para dar seguimiento a la problemática sobre obesidad y desnutrición que afecta a la población del país. En votación económica se aprobó, comuníquese.

La Secretaría dio lectura al oficio del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, de Nueva Alianza, por el que informa que deja de pertenecer al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. De enterado, comuníquese.

Se dio cuenta con comunicación del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Partido Acción Nacional, por el que informa la incorporación a ese Grupo Parlamentario del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas. De enterado, comuníquese.

Se dio cuenta con oficio de la Procuraduría General de la República, relativo a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, por el que se solicita a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia en contra el diputado Julio César Godoy Toscano. De enterado, comuníquese.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

Se dio cuenta con oficio del Banco de México, con el que remite informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el primer semestre de 2010, y de la inflación del primero y segundo trimestres del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de dos mil diez. Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Se dio cuenta con oficios de la Cámara de Senadores, con los que remiten:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Que reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias correspondientes a la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, contenidas en el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, presentada por los senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional. Se turnó la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Por el que se crea la Ley del Impuesto a la Compra en Efectivo de Divisas, presentada por los senadores Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

b) Proposiciones con punto de acuerdo, por los que se:

• Exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se incluyan recursos para la ejecución y construcción del libramiento norponiente en la ciudad de Guanajuato, presentada por el senador Francisco Arroyo Vieyra y la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez, de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Solicita a la Cámara de Diputados, incrementar los recursos destinados a la educación superior; al titular de la Secretaría de Educación Pública su intervención ante el Gobierno de Jalisco para resolver la demanda de recursos presupuestales de la Universidad de Guadalajara, presentada por el senador Ramiro Hernández García, a nombre propio y de los senadores Gerardo Montenegro Ibarra, María del Socorro García Quiroz, Raúl Mejía González y Carlos Sotelo García, de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se considere otorgar un incremento presupuestal para la inversión en infraestructura deportiva en Quintana Roo, presentada por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Exhorta a la Cámara de Diputados, a garantizar que en el marco de la revisión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, no sea modificada la asignación de recursos para la Universidad Nacional Autónoma de México, salvo que sea para su incremento, presentada por el senador Luis Maldonado Venegas, de Convergencia. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, considerar recursos suficientes en el ejercicio presupuestal de 2011, a fin de impulsar y fortalecer los programas de apoyo a los medianos y pequeños empresarios, especialmente al Programa “Mi Tortilla”, presentada por el senador Francisco Herrera León, del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó el primer punto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Solicita a la Cámara de Diputados, ampliar los recursos destinados al Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, presentada por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se incrementen los recursos federales asignados al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presentada por el senador Alfonso Sánchez Anaya, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

A las 11 horas con 56 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 396 diputadas y diputados.

Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

a) Del Distrito Federal, que reforman los artículos:

• 80 y 83 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se concedió el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional y para realizar comentarios en contra al diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto de decreto por 350 votos en pro; 3 en contra y una abstención. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

• 12, 47 y 86 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se concedió el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional. Intervinieron los diputados: Silvia Esther Pérez Ceballos, del Partido Acción Nacional, en pro; Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, en contra; Agustín Guerrero Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, para razonar el sentido de su voto. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto de decreto por 359 votos en pro; uno en contra y una abstención. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

b) De Desarrollo Social, que adiciona una fracción II Bis al artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto de decreto por 329 votos en pro y dos abstenciones. Pasó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

c) De Desarrollo Rural, que:

• Reforma la fracción I del artículo 5o. de la Ley de De-sarrollo Rural Sustentable. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto de decreto por 353 votos en pro. Se devolvió al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Adiciona un artículo ciento quince Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En votación económica se considera suficientemente discutido. Se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto de decreto por trescientos sesenta y tres votos en pro. Se devolvió al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) De Reforma Agraria:

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas. Se concedió el uso de la palabra para realizar comentarios en pro del dictamen la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto de decreto por 338 votos en pro y tres abstenciones. Pasó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

• Que reforma el artículo 74 de la Ley Agraria. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se dio cuenta con el oficio de la comisión, para solicitar que se pospusiera la discusión del dictamen. El presidente obsequió la petición.

e) De Desarrollo Rural, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se concedió el uso de la palabra en relación del dictamen al diputado Avelino Méndez Rangel, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se consideró suficientemente discutido. Se aprobó en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto de decreto por 351 votos en pro y una abstención. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

En votación económica la asamblea autorizó solo la lectura de los encabezados de los dictámenes con puntos de acuerdo de las siguientes comisiones de:

a) Ciencia y Tecnología, por los que se exhorta:

• Al Ejecutivo federal, a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que se apoyen en la implantación de sus proyectos, desarrollo de obras públicas y auditorías, en las empresas comprendidas en el complejo de alta tecnología denominado Tecnópolis.

• Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a elaborar con apoyo del Sistema Nacional de Investigadores, un catálogo de problemas y necesidades nacionales y a establecer plazos máximos para su atención planificada y definitiva.

• Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a rendir un informe detallado del Fondo de Cooperación en Ciencia y Tecnología Unión Europea-México.

b) Derechos Humanos, por los que se exhorta:

• Al Gobierno de Jalisco, para que evite y prevenga los actos de intimidación y hostigamiento hacia los defensores de los poblados afectados por la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco. Se concedió el uso de la palabra para realizar comentarios con relación al dictamen al diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; y desde su curul realizó comentarios en pro, el diputado Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional.

• A los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la República, que no cuenten con sus respectivos programas de derechos humanos, a elaborarlos y expedirlos, a fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos establecidos en el programa nacional.

• A los Congresos locales expidan una ley para prevenir y sancionar la trata de personas, así como para armonizar su marco jurídico en la materia.

c) Desarrollo Social, por los que se exhorta:

• A la Secretaría de Desarrollo Social, a través de Sistema de Distribución, Conasupo, Sociedad Anónima, aplicar un programa anual de compras basado en el sistema de licitación pública con las condicionantes de calidad, peso y empaque que la Secretaría de Desarrollo Social determine.

• A la Secretaría de Desarrollo Social, a realizar los estudios necesarios a efecto de medir y comprobar el impacto producido por la crisis económica mundial y el índice de desempleo de los migrantes repatriados por dicha causa.

• Al Ejecutivo federal, impulsar la creación de un Programa Social de Instauración de Estancias de día para los adultos mayores del país.

d) Energía, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a tomar las medidas conducentes para que Pemex reduzca el precio del gasóleo, del gas licuado de petróleo y del gas natural, en el estado de Chihuahua, durante la temporada invernal 2010-2011.

f) Medio Ambiente y Recursos Naturales,

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua, a agilizar y facilitar la realización de los trámites de impacto ambiental, particularmente de proyectos de granjas acuícolas.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio de Ambiente y Recursos Naturales, para que emita una norma oficial mexicana que regule eficazmente los procedimientos de cierre de operaciones de las minas en México, evitando así la generación de pasivos ambientales.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a que asigne los recursos necesarios para que se realicen los estudios del estado de salud y conservación de la población de Totoaba, en el alto Golfo de California.

• Relativos al humedal Tembladeras, en el estado de Veracruz.

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal, a llevar a cabo una revisión y evaluación de las políticas públicas diseñadas e implantadas en el Programa Estratégico Forestal para México 2025.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a implantar acciones de fomento y protección de los ecosistemas forestales, para detener el cambio ilegal del uso de suelo por la apertura de plantaciones de aguacate en Michoacán.

• Relativos a la evaluación del impacto ambiental del proyecto turístico denominado Zafiro, en la biosfera Chamela-Cuixmala.

• Relativo a la gestión de residuos sólidos en el Municipio de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Estado de México.

• Relativos a la protección, evaluación y remediación de las aguas del Golfo de México, por el derrame petrolero.

g) Pesca, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2007.

En votación económica se aprobaron en conjunto los puntos de acuerdo, comuníquense.

En votación económica la asamblea autorizó sólo la lectura de los encabezados de los dictámenes negativos con puntos de acuerdo, por los que se desechan de las comisiones de:

a) Economía, la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles.

b) Seguridad Social, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social. Se concedió el uso de la palabra para realizar comentarios en relación con el dictamen al diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo y desde su curul, al diputado Uriel López Paredes, del Partido de la Revolución Democrática.

c) Justicia, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 273, 282 y 288, del Código Civil Federal.

d) Desarrollo Metropolitano, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea el Instituto Nacional de Planeación Metropolitana.

f) Reforma Agraria, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 164, 181 y adiciona un artículo 181-Bis de la Ley Agraria.

En votación económica se aprobaron en conjunto los puntos de acuerdo, se archivan los expedientes como asuntos totalmente concluidos, por el que se refiere al último dictamen se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde su curul, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, realizó comentarios de procedimiento y el presidente hizo aclaraciones.

En votación económica la asamblea autorizó la inclusión en el orden del día del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se conforma un grupo de trabajo que se aboque a investigar las denuncias de corrupción que pesan sobre la Comisión Federal de Electricidad. En votación económica se aprobó, comuníquese.

En sendas votaciones económicas la asamblea autorizó la inclusión en el orden del día y quedó de primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto, por el que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Códigos Federal de Procedimientos Penales, Penal Federal, de las Leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Policía Federal, Federal de Telecomunicaciones y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

Se recibió de la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, del Partido del Trabajo, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para Promover la Educación, la Capacitación para el Empleo y el Trabajo de la Juventud. Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Juventud y Deporte, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concedio el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

• Agustín Torres Ibarrola, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de la Función Pública.

• Manuel Jesús Cluothier Carrillo, del Partido Acción Nacional, en nombre propio y de los diputados de diversos grupos parlamentarios, que reforma el artículo 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Se turnó a la Comisión de la Función Pública.

• Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Uriel López Paredes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Eduardo Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 22 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turnó a la Comisión de Energía.

• Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 34, 39 y 86 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta última a petición de la proponente.

• Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal y 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turno a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona diversas disposiciones a la Ley Minera. Se turnó a la Comisión de Economía.

• Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En el capítulo de agenda política se concedió el uso de la tribuna para referirse a la situación política del país a los diputados: Benjamín Clariond Reyes Retana, del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, en la segunda para responder alusiones personales; Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional; Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática. Desde sus respectivas curules, los diputados Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Miguel Ángel García Granados y Pedro Ávila Nevárez, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática y desde la tribuna el diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad el presidente realizó aclaraciones.

Se dio cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que reprograma la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco del análisis del cuarto Informe de Gobierno, del presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Desde su curul, realizó comentarios el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprobó, comuníquese.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 16 horas con 57 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el miércoles 6 de octubre de 2010, a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:  Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobada el acta.

Continuamos con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y a operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Miguel Ángel Luna Munguía cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Emilio Chuayffet Chemor cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

• Que la diputada Graciela Ortiz González cause baja como integrante de la Comisión Jurisdiccional.

• Que el diputado Felipe Solís Acero cause alta como integrante en la Comisión Jurisdiccional.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Óscar Martín Arce Paniagua cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que la diputada Laura Viviana Agundiz Pérez cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Baja: Diputada Leticia Robles Colín (integrante).

Comisión de Vivienda

Baja: Diputada Leticia Robles Colín (integrante).

Comisión de Seguridad Social

Baja: Diputado Israel Madrigal Ceja (secretario).

Alta: Julio César Godoy Toscano (secretario).

Comisión de Justicia

Alta: Julio César Godoy Toscano (integrante).

Comisión de Derechos Humanos

Baja: Diputado Martín García Avilés (integrante).

Alta: Diputado Julio César Godoy Toscano (secretario).

Grupo de Amistad México-Líbano

Baja: Diputada Leticia Robles Colín (vicepresidenta).

Grupo de Amistad México-Bolivia

Baja: Diputado Israel Madrigal Ceja (presidente).

Alta: Diputado Julio César Godoy Toscano (presidente).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado, comuníquese.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas.

• Que el diputado Juan de Jesús Pascualli Gómez (qepd) cause baja de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que la diputada Laura Viviana Agundiz Pérez cause alta en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Raúl Gerardo Cuadra García cause alta en la Comisión de Trabajo y Previsión Social

• Que el diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente cause alta en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Sergio Torres Santos cause alta como presidente en el Grupo de Amistad México-Nigeria.

• Que el diputado Sergio Torres Santos cause alta en el Grupo de Amistad México-Emiratos Árabes.

• Que el diputado Sergio Torres Santos cause alta en el Grupo de Amistad México-Eslovenia.

• Que el diputado José Ignacio Seara Sierra cause alta en el Grupo de Amistad México-España.

• Que el diputado Carlos Bello Otero cause alta en el Grupo de Amistad México-Reino Unido.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que la diputada Silvia Puppo Gastélum cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.

• Que la diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca cause alta como presidenta en el Grupo de Amistad México-Eslovenia

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8o., tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comisión de Cultura

Baja: Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (integrante).

Comisión Jurisdiccional

Alta: Mary Telma Guajardo Villarreal (integrante).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la  afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, Roberto Gil Zuarth, diputado federal con licencia por el estado de Chiapas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, de conformidad con la licencia que me fue concedida por el pleno en sesión celebrada el 16 de marzo de 2010, se dirige a usted para solicitarle de la manera más atenta que se realicen los trámites necesarios para mi reincorporación a las actividades legislativas de esta honorable Cámara de Diputados a partir del 7 de octubre del año en curso.

Comunicó lo anterior para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Roberto Gil Zuarth (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia se da por enteraday le damos un afectuoso saludo desde aquí y nuestra gratitud a la diputada María del Carmen Valls Esponda por el trabajo realizado mientras estuvo y permaneció en esta Legislatura. Continúe la Secretaría.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por instrucciones de la diputada Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 1 del artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, me permito remitir para el trámite correspondiente oficio suscrito por el diputado Reyes Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por el que comunica que el diputado Gerardo del Mazo Morales, ha sido designado como Consejero Suplente del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a partir del 24 de septiembre de 2010, en sustitución del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 6 de octubre de 2010.— Maestro Cristián Alarcón Ojeda (rúbrica), secretario ejecutivo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 27, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 111 del Reglamento que contiene los Lineamientos para la Organización Interna del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y la Actuación Coordinada de sus Miembros, me permito hacer de su conocimiento la designación del diputado Gerardo del Mazo Morales como consejero suplente del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 24 de septiembre de 2010. Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), coordinador parlamentario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado. Se comunica.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Durango de la LXV Legislatura.

Diputados Federales del honorable Congreso de la Unión de la representación Durango.

En sesión ordinaria verificada el día 22 de septiembre del presente año, la honorable LXV Legislatura del estado libre y soberano de Durango, aprobó punto de acuerdo, que a la letra dice

Primero.Que ante la reducción presupuestal de 60 por ciento propuesta por el Ejecutivo federal en el “Fondo Metropolitano” para el Ejercicio Fiscal 2011, respecto a lo asignado en el presente año, esta soberanía popular exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de su presidente, el diputado Luis Videgaray Caso, a fin de que se le otorguen mayores recursos.

Segundo.Que se exhorte también a los diputados federales por el estado de Durango, a fin de que en las reuniones de gestión que seguramente habrán de llevar a cabo con las diversas comisiones de la Cámara de Diputados, en apoyo al Ejecutivo estatal, contador público Jorge Herrera Caldera, por lograr que Durango obtenga el próximo año la mayor asignación posible de recursos financieros, también incluyan una asignación mayor para el “fondo metropolitano”.

Sin otro particular, nos es grato reiterar a usted (es) las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Victoria de Durango, Durango, a 22 de septiembre de 2010.— Diputados: Emiliano Hernández Camargo (rúbrica); diputada Judith Irene Murguía Corral (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Puebla de la LVII Legislatura.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Nos permitimos enviar a usted para los efectos legales procedentes copia del acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a través del cual establece lo siguiente:

Único. Exhórtese a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se considere para el estado de Puebla recursos con un monto aproximado de 300 millones de pesos para la realización de obras públicas para evitar el desbordamiento del Río Rabanillo.

Si otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestra distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Honorable Puebla de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2010.— Diputado Víctor Huerta Morales (rúbrica), presidente;diputado Andrés Ricardo Macip Monterrosas (rúbrica), secretario.»

«Comisión Permanente de la Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla

Considerando

Que en sesión pública celebrada con esta fecha, la Comisión Permanente del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla tuvo a bien aprobar el punto de acuerdo que suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por conducto del diputado Enrique Guevara Montiel, por virtud del cual se exhorta al Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados a efecto de que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación se considere para el estado de Puebla recursos con un monto aproximado de 300 millones de pesos para la realización de obras públicas para evitar el desbordamiento del Río Rabanillo.

Que en los últimos años, vecinos de los municipios de San Pedro Cholula y Cuautlancingo han sufrido desbordamientos del Rió Rabanillo, lo que ocasiona daños a casas habitación y a calles públicas.

Es importante destacar que autoridades estatales y municipales de los últimos años no han podido solucionar de fondo el problema de las crecientes que tienen los cauces de los ríos en temporadas de lluvias, y han colocado tuberías en las desviaciones (por ejemplo, en Forjadores) pequeñas, aunado a construir calles sin una planeación adecuada lo que ha provocado el que exista este tipo de desbordamientos constantemente.

Para ejemplificar la problemática debo citar que existen dos ríos –uno el Metlapanapa y el otro el Río Prieto–, que en la unión de éstos desemboca en la creación del Río Rabanillo.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para resolver el problema es necesario hacer un nuevo proyecto, que consiste en retirar la desviación del Metlapanapa que tiene un tubo de 90 centímetros, por el cual apenas pasa un metro cúbico de agua cuando la fuerza del caudal es de 70 metros. Lo grave es que esta desviación genera las inundaciones porque suma las aguas del Metlapanapa al Rabanillo, cuyo cauce es insuficiente para captar todo el flujo del agua, lo que provoca los desbordamientos.

La obra hidráulica tendría podría llegar a tener un costo de aproximadamente 300 millones de pesos, que la federación por medio de la Conagua tendría que aportar, el gobierno del estado y los ayuntamientos involucrados tendrían que participar de una manera coordinada con la dependencia federal, sino necesariamente en los recursos si en la limpieza y desazolve del río y en la supervisión constante de las descargas de aguas en sus municipios y sobre todo el otorgar las licencias de construcción a las orillas del río, siendo esta una manera adecuada para resolver este grave problema de inundaciones en esa zona.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción VI, 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 55, 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 93, fracción II, 94, 130 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite el siguiente

Acuerdo

Único.Exhórtese a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se considere para el estado de Puebla recursos con un monto aproximado de 300 millones de pesos para la rea-lización de obras públicas para evitar el desbordamiento del Río Rabanillo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ARTICULO 9O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió del diputado Juventino Víctor Castro y Castro, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juventino Víctor Castro y Castro, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Mary Telma Guajardo Villarreal y Juventino Víctor Castro y Castro,  integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo y adiciona un tercer párrafo al artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Aunque resulta evidente que al día de hoy es necesaria una regulación en materia de manifestaciones públicas desde el punto de vista de la existencia de un permiso o autorización por parte de la autoridad para tal ejercicio, nuestra tradición constitucional ha sido la de un ejercicio no regulado.

Derivado de la complejidad en el diseño de las ciudades y los diversos tipos de actividades de sus habitantes, ello nos obliga a regular el derecho de reunión pues cualquier alteración en el día a día provoca incuantificables pérdidas económicas y afectaciones al libre desplazamiento de sus habitantes, y al medio ambiente.

Dicha problemática no es privativa de México. Ya se han realizado diversas regulaciones en la materia en América latina, como podemos constatar si hacemos un ejercicio de derecho comparado:

En Argentina, no se habla expresamente del derecho de reunión entre los derechos civiles consagrados por el artículo 14 de su constitución, pero sí del derecho de asociación que es comprensivo del de reunión aunque más específico, pues se trata de un lazo que une a sus miembros en un objetivo común, y las reuniones legislativas pueden tener varios caracteres, incluso comprender a personas con distintas ideologías y diferentes objetivos a alcanzar mediante el aprovechamiento de un estado garantista. El artículo cita textualmente:

“ Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”

En Bolivia, su nueva constitución en el artículo 21, numeral 4 cita textualmente:

“ Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:

.........

4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos”.

Por su parte enBrasil, su constitución en su artículo 5o., fracción XVI, prevé lo siguiente:

“ Artículo 5. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los siguientes términos:

XVI Todos pueden reunirse pacíficamente, sin armas, en locales abiertos al público, sin necesidad de autorización, siempre que no frustren otra reunión anteriormente convocada en el mismo local, exigiéndose sólo aviso previo a la autoridad competente.”

En Chile, su constitución, en el artículo 19, numerales 13 y 15, prevé el derecho de reunión sin permiso previo y sin armas, cita textualmente:

“ Artículo 19. La constitución asegura a todas las personas:

13º.- El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía;

15°. El derecho de asociarse sin permiso previo.

Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley.

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.

Prohíbanse las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del estado.

Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral de cada estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido; su contabilidad deberá ser pública; las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional.”

En Colombia, su constitución establece en sus artículos 37, 38 y 39, lo siguiente:

 “ Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetará al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o supresión de la personalidad jurídica sólo procede por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública”.

En Costa Rica, su constitución en los artículos 25 y 26, establece lo siguiente:

“ Artículo 25. Los habitantes de la república tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.

Artículo 26. Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios.

Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley.”

En Cuba, su constitución en los artículos 7o. y 54, establece lo siguiente:

“ Artículo 7o. El estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población, representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista.

Artículo 54. Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines.

Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.

En Ecuador, su constitución, en su artículo 23, numeral 19, establece lo siguiente:

“ Artículo 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes:

...

19. La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos”.

En el Salvador, su constitución establece en sus artículos 7o., y 72 numeral 2, lo siguiente:

“ Artículo 7. Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

No podrá limitarse ni impedirse a una persona del ejercicio de cualquier actividad lícita, por el hecho de no pertenecer a una asociación.

Se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial.

Artículo 72. Los derechos políticos del ciudadano son:

2o. Asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos”;

En Guatemala, los artículos 33, 34 y 223,  de su constitución prevén lo siguiente:

“ Artículo 33. Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.

Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público.

Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley.

Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente.

Artículo 34. Derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación.

Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de auto-defensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional.

Artículo 223. (Reformado) Libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y sólo tendrán las limitaciones que esta constitución y la ley determinen.

Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia.

Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al Presidente de la República, a los funcionarios de organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas.”

Por su parte en Honduras, en sus artículos 78 y 79 de su constitución, citan textualmente:

“ Artículo 78. Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.

Artículo 79. Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial.

Las reuniones al aire libre y las de carácter político podrán ser sujetas a un régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden público.”

En Nicaragua, establece en sus artículos 54 y 55 de su constitución lo siguiente:

“ Artículo 54. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley.

Artículo 55. Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos, con el fin de participar, ejercer y optar al poder”.

Por su parte en Panamá, su constitución prevé en los artículos 39 y 40 lo siguiente:

“ Artículo 39. Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal, las cuales pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicas.

No se otorgará reconocimiento a las asociaciones inspiradas en ideas o teorías basadas en la pretendida superioridad de una raza o de un grupo étnico, o que justifiquen o promuevan la discriminación racial.

La capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la ley.

Artículo 40. Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias.

No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes”.

En Paraguay, en sus artículos 32 y 42, se prevé lo siguiente:

“ Artículo 32. De la libertad de reunión y de manifestación

Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley.

Artículo 42.De la libertad de asociación

Toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de colegiación profesional será reglamentada por ley. Están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar”.

En Perú, en su artículo 2o., numerales 12 y13 se prevé lo siguiente:

“ Artículo 2o. Toda persona tiene derecho:

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa.”

En República Dominicana, en los artículos 47 y 48 de su constitución se prevé lo siguiente:

“ Artículo 47. Libertad de asociación. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley.

Artículo 48. Libertad de reunión. Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley.”

En los Estados Unidos de América, en su enmienda 1, establece textualmente:

“El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del estado o se prohíba practicar alguna libremente, o que coarte la libertad de palabra o de prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”.

En Uruguay,  en sus artículos 38 y 39 de su constitución establecen:

“ Artículo 38. Queda garantizado el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la república sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos.

Artículo 39. Todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la ley”.

Y por último en Venezuela, su constitución prevé en sus artículos 70 y 71, lo siguiente:

“ Artículo 70. Todos tienen el derecho de asociarse con fines lícitos, en conformidad con la ley.

Artículo 71. Todos tienen el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley”.

Actualmente, y de acuerdo con los términos en que está redactado el artículo 9o., nos encontramos con una contradicción que no ha sido resuelta hasta la fecha. El artículo 9o., en su segundo párrafo, no ordena ninguna regulación, permisión o necesidad de obtener permito regulado para llevar a cabo una reunión o una protesta en la vía pública. Por ello los manifestantes no soportan condicionamiento alguno.

Por otra parte, y también sin excepción alguna, el artículo 11 reconoce y garantiza el derecho de los habitantes a circular y desplazarse por todo el territorio nacional.

Por ello, con frecuencia quien libremente se transporta por las ciudades, se ve impedido –con desgraciada frecuencia- a lograr sus propósitos, por algún bloqueo de personas que se manifiestan para pedir o protestar algo, o simplemente para manifestar su satisfacción por algún acontecimiento que le llena de júbilo.

Es así como contemplamos el entendimiento de dos derechos, garantizados ambos por nuestra constitución: el derecho de manifestación pública, y el derecho de desplazarse libremente por todo el territorio, sin necesidad de obtener permiso o autorización de la autoridad, ni sujetándose a condicionamiento alguno.

La constitución no puede privilegiar a derecho alguno, y a garantizar a otro, apartando a cualquiera: el derecho de manifestarse públicamente en las calles, y el derecho de desplazarse por cualquier lugar.

Es en estos casos en que la regulación de la ley constitucional debe intentar hacer funcionar a ambos, sin neutralizarlos o negarlos.

Una ley reglamentaria de la constitución debe hacerlo como resulte justo. No puede haber ley reglamentaria alguna que indique cómo, cuándo y dónde deben desplazarse los individuos amparados por la constitución.

Pero sí es posible condicionar a las manifestaciones públicas, que de cualquier manera pueden hacer saber sus peticiones y protestas, y a mostrar su júbilo por acontecimientos que son cercanos a ellos, sin impedir el derecho de libre tránsito.

Por ello, tomando en cuenta que la constitución originaria ha sido superada por la realidad humana, ha llegado el momento de regular el derecho de manifestación, remitiéndole a la ley las condiciones legales que se pueden fijar a las manifestaciones que se oponen al derecho del tránsito libre de las personas.

Es por ello que encontramos suficientemente motivada la necesidad de hacer la reforma constitucional en los términos siguientes.

Iniciativa

Con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo y adiciona un tercer párrafo al artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 9o. ...

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se altera el orden público, profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Para el ejercicio del derecho de reunión pública, la ley determinará los casos en que será necesaria la obtención del permiso respectivo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La federación, los estados y los municipios emitirán la ley reglamentaria relativa al permiso para la celebración de reuniones públicas, en un periodo no mayor a tres meses.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2010.— Diputados: Mary Telma Guajardo Villarreal, Juventino Víctor Castro y Castro, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 7O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal María del Carmen Izaguirre Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XXIV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 71, fracción II, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En días pasados estuvieron en nuestro país funcionarios de alto nivel en materia de libertad de expresión tanto de la Organización de Estados Americanos (OEA), como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los cuales coincidieron en que el Estado mexicano tienen la obligación de brindar la seguridad a los periodistas contra cualquier acto de violencia, así como prevenir, proteger, y sancionar cualquier acto de agresión o intimidación que sufran los periodistas en el cumplimiento de su misión de ejercer la labor periodística. Durante su visita recopilaron testimonios de agresiones y asesinatos de periodistas, con la finalidad de contar con un análisis sobre el panorama de la libertad de expresión que actualmente se vive en nuestro país.

Ante la violencia que se vive en México, el Estado debe salvaguardar los derechos y brindar protección a los reporteros, ya que a veces sufren actos de represalias contra la libertad de expresión, convirtiéndolos ya en un grupo vulnerable. El Estado debe encaminar su tarea a facilitar el trabajo periodístico, en el sentido que nuestro país a nivel mundial ya ocupa el quinto lugar de asesinatos y agresiones a periodistas y lamentablemente el primer lugar en América Latina. Es urgente encarar el problema antes que los hechos violentos que está viviendo el país conviertan el fenómeno en autocensura donde las víctimas serán los periodistas, por tal razón, el gobierno federal está obligado a proteger la libertad de prensa sin importar cual sea el origen de la violencia.

Ante el incremento de hechos de violencia contra el gremio periodístico, importantes comunicadores como Ricardo Rocha, Katia D’ Artigues, Ricardo Alemán, Miguel Ángel Granados Chapa y Carlos Zúñiga, han expresado su reclamo a través de cinco puntos, los cuales este Congreso de la Unión debe respaldarlos y asumirlos como propios. Estos puntos son:

1. Alto a la impunidad en torno de los asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

2. Cumplimiento por parte de las instituciones del Estado mexicano de su deber y obligación de garantizar y custodiar el acceso a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

3. Vigencia plena a los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información para todos los mexicanos, y el compromiso de no suspender, acotar, negociar o transferir esas garantías conquistadas por la sociedad.

4. Establecer medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad del trabajo periodístico en el país, así como los mecanismos institucionales de protección a la labor de los periodistas, con pleno respeto a la pluralidad, la libertad y la independencia de todos y cada uno de los medios de comunicación, y

5. Corresponsabilidad para salvaguardar el derecho de todos los mexicanos al libre acceso a la información y a la expresión de sus ideas.

Todos sabemos que el ejercicio periodístico contribuye, de manera decisiva, en la construcción de una ciudadanía participativa, consciente e informada, motivo por el cual, el Estado mexicano está obligado a proveer de todas las garantías indispensables para el buen desarrollo de la labor periodística. Por ello, resulta urgente que el Estado atienda la problemática de toda la población en su conjunto, para que pueda, en este contexto, ejercer plenamente su derecho a la información.

El desempeño y ejercicio del trabajo periodístico hoy en día en nuestro país resulta difícil, concretamente en aquellos lugares donde la violencia generada por los grupos delictivos organizados se ha incrementado de manera alarmante, es por ello, que esta Cámara de Diputados debe hacer un reconocimiento al valor profesional y humano de aquellos que se dedican a la labor periodística y de informar a la población, tal y como lo hizo la Comisión Permanente el pasado 9 de junio, a petición de una servidora, por medio de una proposición con punto de acuerdo.

Ante los acontecimientos que se viven en nuestro país, presento al pleno de esta Cámara, una propuesta de adicionar un tercer párrafo al artículo 7 de nuestra Carta Magna, en donde se exprese con claridad la obligación del Estado mexicano de garantizar y salvaguardar los derechos de todos aquellos que desempeñan labores de información, comunicación o periodística, así como brindarles protección para el libre ejercicio de sus profesiones y preservación de su integridad física y humana.

Es claro que el derecho a la libertad de expresión, en cualquiera de sus modalidades, lleva consigo implícito el compromiso por parte del Estado de evitar la realización de cualquier acto intimidatorio, así como de generar y crear las condiciones para que este derecho pueda ser ejercido.

La difusión y promoción de una cultura de respeto a la dignidad y los derechos humanos son esenciales en el proceso de consolidación del estado democrático de derecho. En este marco de construcción y fortalecimiento de la sociedad la libertad de expresión es un derecho fundamental, que asegura que las personas intercambien, difundan y reciban ideas, fomentando con ello, la discusión y la toma razonada de decisiones.

La importancia de los medios de comunicación en la sociedad moderna no tiene discusión, como tampoco la labor que sus profesionales cumplen en la dinámica cotidiana y en la consolidación del estado democrático.

Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, el presente proyecto de

Decreto por el cual se adiciona un tercer párrafo al artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de la siguiente manera:

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7. ...

...

El Estado garantizará y salvaguardará los derechos de todos aquellos que desempeñan labores de información, comunicación o periodística, así mismo implementará los instrumentos y mecanismos con el objetivo de brindar protección al libre ejercicio de sus profesiones, preservando su integridad física y humana.

Transitorio

Primero. El presente decreto entra en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 30 de septiembre de 2010.— Diputados: María del Carmen Izaguirre Francos, Leobardo Soto Martínez, Janet Graciela González Tostado (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En tal virtud y, dando inicio al capítulo de iniciativas, tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 Bis y 77 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Tiene la palabra el diputado Carabias Icaza hasta por 5 minutos.

El diputado Alejandro Carabias Icaza:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, las áreas naturales protegidas son un instrumento de política ambiental para la conservación de la biodiversidad. Estas áreas son representativas de diversos ecosistemas en donde se producen servicios ambientales de gran valor para el interés público de la nación.

Hasta antes del 2008 las áreas naturales protegidas respondían a un esquema vertical, unilateral y, en algunos casos hasta autoritario, pues se creaban mediante decreto presidencial expropiatorio, cuya efectividad se veía limitada frecuentemente por integrantes de ejidos y comunidades que seguían llevando a cabo actividades y aprovechamiento dentro de estas áreas contrarias a los objetivos de conservación de los decretos.

Esta situación limitativa, en cuanto a la participación comunitaria para alcanzar los objetivos de los decretos, hizo evidente la necesidad de buscar un esquema más flexible y comunitariamente más participativo y corresponsable para conservar y fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales relevantes para el interés público.

Es así como derivado de una iniciativa del Partido Verde, en el Senado de la República se crea en mayo 2008 una nueva categoría de área natural protegida denominada áreas destinadas voluntariamente a la conservación. A través de esta figura cualquier persona interesada, pueblos, comunidades, ejidos y organizaciones sociales pueden destinar sus predios a formar parte del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, siendo ellos mismos quienes establezcan, administren y manejen sus propias áreas naturales a través de un certificado expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A partir de que estas áreas se consideran como áreas naturales protegidas y de la voluntad de los propietarios de estas áreas las superficies destinadas a acciones de conservación se han incrementado en un 55 por ciento, lo que indica este éxito en la participación y lo que evidencia el entusiasmo comunitario para la certificación voluntaria de predios, por lo que debemos seguir trabajando para mantener e incrementar el interés comunitario por la conservación.

Sin embargo, de poco o nada servirán estas incorporaciones si el Estado mexicano sólo reconoce y certifica la voluntad de conservación, pero no canaliza las herramientas, los programas, los presupuestos y los estímulos para que aquellos que tienen la voluntad de conservar efectivamente lo puedan hacer y no quede sólo en un documento declarativo de buenas intenciones.

Al considerarse propiedades privadas, estas áreas difícilmente reciben hoy el beneficio de programas e inversiones públicas para la conservación o algún incentivo económico para estos fines.

Si bien las áreas naturales de este tipo son propiedad de particulares, debemos reconocer que las tierras destinadas voluntariamente a la conservación son áreas de gran importancia respecto de los recursos naturales que albergan y los servicios ambientales que prestan, por lo que se puede considerar como del mayor interés público.

Ante esta realidad es conveniente que estas áreas naturales protegidas tengan un tratamiento preferencial en la canalización de recursos a través de programas y proyectos para la protección, conservación y restauración del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Por todo lo anterior la iniciativa que hoy presento reforma los artículos 55 Bis y 77 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para generar incentivos que motiven a los propietarios, a las comunidades y ejidos a incorporar sus tierras como áreas destinadas voluntariamente a la conservación y que el Estado mexicano procure que cuenten con los elementos, los programas y los presupuestos para que lleven a cabo, efectivamente, las acciones de conservación y restauración. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 55 Bis y 77 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM

El diputado Alejandro Carabias Icaza, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente proyecto de decreto con base a la siguiente

Exposición de Motivos

En el Diario Oficial de la federación del 16 de mayo de 2008, se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) para fortalecer la certificación voluntaria de predios.

Este decreto fue el resultado de una iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, la cual tenía por objeto complementar la política en materia de Áreas Naturales Protegidas (ANP), a través de la certificación voluntaria de predios.

La principal reforma planteada fue realizada al artículo 46 de la LGEEPA, en donde se consideran como Áreas Naturales Protegidas a las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, situación que antes no estaba estipulada en la ley.

Con esta figura cualquier persona interesada, pueblos indígenas y organizaciones sociales, pueden destinar sus predios a esta figura, siendo ellos mismos quienes establezcan, administren y manejen dichas áreas, a través de un certificado expedido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el cual se hace el reconocimiento del terreno como ANP.

Es necesario aclarar que, antes de la reforma en comento, la LGEEPA, mencionaba a las áreas destinadas voluntariamente a la conservación en su artículo 59, en el cual se establecían dos importantes mecanismos a través de los cuales los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, podrían participar en la política de ANP. Sin contar con las formalidades de ley para la creación de una ANP.

Con este mecanismo y antes de las reformas realizadas al marco regulatorio, la certificación voluntaria de predios, regulado en el anterior artículo 59 permitió que se contara con más de 160,000 hectáreas de superficie destinada a acciones de conservación de la biodiversidad, sin embargo, se tenían pendientes 16,700 hectáreas en proceso de certificación y otras 30,338 que se encontraban en calidad de propuesta.

A diciembre de 2009, un año y medio después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al artículo 46 de la LGEEPA, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), contaba con 190 áreas certificadas integrando una superficie de 247,852.52 hectáreas. Comprobándose que las modificaciones a la norma, obtuvieron un resultado favorable, en la inclusión de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, toda vez que se incrementó en 55 por cierto la participación en la política de áreas naturales protegidas de pueblos indígenas, organizaciones sociales, públicas o privadas, entre otros.

Con el éxito obtenido en la certificación voluntaria de predios, debemos seguir trabajando para lograr mayor participación ciudadana en la instrumentación de la política ambiental, es por ello que se requiere otorgar mayores estímulos para la incorporación de terrenos de conservación, al Sistema de Áreas Naturales Protegidas.

Actualmente la Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), cuenta con el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes), a través del cual se promueve la conservación de ecosistemas y su biodiversidad mediante la participación directa y efectiva de la población, propietarios y usuarios en los procesos de gestión del territorio.

A través de este programa, en 2009 se ejercieron 171.16 millones de pesos, en 201 regiones prioritarias, correspondientes a 130 ANP y 71 en regiones prioritarias para la conservación, beneficiando con ello a 65,523 personas de 1,443 comunidades en los 31 estados de la República Mexicana y en el Distrito Federal.

Los recursos del Procodes, deben ser utilizados en acciones y proyectos que se desarrollen con los ejidos, comunidades, propietarios y usuarios localizados dentro de las áreas naturales protegidas y su zona de influencia.

Sin embargo y de acuerdo a la respuesta de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a la solicitud de información No. 161 510 003 4009, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, no han recibido recursos provenientes del Procodes, debido a que se tratan de administraciones privadas, que no dependen de la Conanp.

Ante esta situación se desincentiva a aquellas comunidades indígenas o ejidatarios, para destinar sus predios a la conservación, puesto que no pueden ser proclives a algún incentivo económico para lograrlo.

Si bien, las áreas naturales de este tipo, pueden considerarse como privadas, debemos reconocer que los terrenos destinados voluntariamente a la conservación son áreas productivas dedicadas a una función de interés público, y que muchas comunidades indígenas y ejidos, que cuentan con terrenos amplios y aptos para la conservación y manejo de los recursos naturales, no tienen recursos económicos para iniciar programas de conservación en sus predios, por lo cual es conveniente que estas ANP tengan un tratamiento preferencial en la canalización de recursos a través de programas y proyectos para la protección, conservación y restauración del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Adicionalmente, la fracción III del artículo 77 Bis de la LGEEPA, se indica que con base en el certificado y la estrategia de manejo de este tipo de ANP las autoridades correspondientes definirán y determinarán el acceso a los instrumentos económicos que pueden tener los propietarios de dichos predios; sin embargo, estos instrumentos económicos pueden nunca llegar a ser otorgados a estas ANP, debido a decisiones particulares de las autoridades federales o estatales.

Por lo cual, es indispensable, generar en el artículo 55 Bis y 77 Bis de la LGEEPA, incentivos que motiven a los propietarios de terrenos, a las comunidades y ejidos, a incorporar sus terrenos como áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa

Con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 55 BIS y la fracción III del artículo 77 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 55 BIS y la fracción III del artículo 77 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 55 BIS....

Dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público y tendrán un tratamiento preferencial en la canalización de programas y proyectos para la protección, conservación y restauración del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

...

Artículo 77 BIS. ...

 I y II. ...

III. La secretaría podrá establecer diferentes niveles de certificación en función de las características físicas y biológicas generales y el estado de conservación de los predios, así como el plazo por el que se emite el certificado y su estrategia de manejo, para que, con base en estos niveles, se dé un tratamiento preferencial en la canalización de programas y proyectos para la protección, conservación y restauración del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Asimismo, dichos niveles serán considerados por las dependencias competentes, en la certificación de productos o servicios;

IV. ...

...

V. ...

VI. ...

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.— Diputados: Alejandro Carabias Icaza, María Dina Herrera Soto, Gerardo Leyva Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado Carabias Icaza. Su iniciativa se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ARTICULO 102 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, cuya iniciativa se pospone para la próxima sesión. Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Círigo Vasquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vasquez:Con su anuencia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, un punto crítico en la protección de los derechos humanos se tiene en la persecución de los delitos, pues se identifica como un rasgo definitorio del régimen político cuáles son las garantías ofrecidas por la autoridad para cualquier ciudadano indiciado por la ley.

Así, por ejemplo, en un régimen democrático, incluso en un acto de ofensa contra la sociedad llevada al límite, todo hombre o mujer tienen derecho a un proceso legal justo.

En México, de conformidad con el artículo 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cito: “Incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita. Pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine”. Fin de la cita.

Sin embargo, pese a la relevancia de esta función en la procuración de justicia, actualmente no existe ningún impedimento para que este cargo pueda asumirlo una persona que mostró un desdén en el pasado por las recomendaciones emitidas por una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ello porque, pese al requisito explícito de gozar de buena reputación, éste puede ser un supuesto aplicable a cualquier ámbito, pero no para el respeto a los derechos humanos.

Incluso frente a recomendaciones de organismos internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no existe como requisito para ser procurador general de la República el haber aceptado y ejecutado las primeras, aunque fuera con un cumplimiento deficiente.

Ésta es justo la pretensión de la presente iniciativa. Adicionar como requisito para el titular del Ministerio Público federal que hubiese aceptado y ejecutado como funcionario, las recomendaciones emitidas por los órganos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, propongo ante el pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102, apartado A, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforma el artículo 102, apartado A, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  para quedar como sigue:

Artículo 102. A. La ley organizará el Ministerio Público de la federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la federación estará presidido por un procurador general de la República designado por el titular del Ejecutivo federal, con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.

Para ser procurador se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, contar con antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en derecho, gozar de buena reputación, haber aceptado y ejecutado las recomendaciones emitidas por los órganos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano en sus cargos previos, y no haber sido condenado por delito doloso.

El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102, apartado A, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En una democracia constitucional el “ejercicio del poder de decisión colectiva (fundado en la atribución de derechos políticos a todos los miembros adultos de la colectividad) se encuentra formal y materialmente limitado”.

Esas características de la democracia constitucional se expresan en una estructura de la constitución que cuenta con dos partes esenciales: una declaración de derechos y un diseño institucional del poder político inspirado en la división de poderes.

En una búsqueda incesante por la máxima efectividad de los derechos legalmente reconocidos, la democracia constitucional corre en una triple dirección:

1. Hacia la garantía de todos los derechos, no sólo los derechos de libertad, sino también de los derechos sociales.

2. Hacia todos los poderes, es decir no sólo frente a los poderes públicos sino también hacia los poderes privados.

3. Hacia todos los ámbitos, esto es no sólo en el derecho estatal sino también en el derecho internacional.

Como un fenómeno histórico, la sucesiva extensión de derechos y la progresiva lucha contra el absolutismo del poder han estado ligadas con la consolidación del estado democrático de derecho, un proceso que impacta las esferas pública y privada de los individuos y la sociedad cuya base mínima es la igualdad de todos los hombres y las mujeres ante la ley.

En nuestro país, a la vindicación formal de derechos civiles, políticos y sociales se ha antepuesto una serie de privilegios de facto y de jure que vulneran la supremacía de los ciudadanos frente al poder. Tan es así que todavía existe fuero militar para soterrar esa igualdad ante la ley; que en algunos estados la mujer es sojuzgada hasta impedir que decida sobre su cuerpo; que el fuero de los representantes populares se ha pervertido hasta anular garantías de los demás (acción ilegal e impune sujeta a negociación política), entre otros vergonzosos fenómenos de nuestra realidad.

Sin embargo, aunque México instituyó el juicio de amparo para la protección de las garantías individuales frente a actos de autoridad o por inconstitucionalidad de las normas, no hay que olvidar que Manuel Crecencio Rejón promovió tales reformas desde la legislatura de Yucatán en 1840 pero éstas se instituyeron en todo México desde 1847, a propuesta de Mariano Otero – lo cierto es que no fue hasta el 28 de enero de 1992 que se creó un sistema protector de los derechos humanos.

Desde que se promulgó nuestra Carta Magna y objetivada como la tercera reforma al artículo 102 constitucional, la creación de este sistema protector de los derechos humanos ha sido un avance fundamental, pues introdujo:

1. La creación de un organismo nacional y organismos en las entidades federativas que protejan los derechos humanos.

2. Competencia de dichos organismos para conocer de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, a excepción de los del Poder Judicial de la Federación (lo cual excluye a servidores adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura Federal, etc.).

3. Los organismos pueden formular recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias o quejas ante las autoridades respectivas. Eso quiere decir que no son sentencias, por lo que pueden o no pueden aplicarse y cumplirse sin la voluntad de la autoridad o servidor público.

4. La imposibilidad de los organismos para ser competentes en materia electoral, laboral y jurisdiccional.

5. La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, donde su presidente es nombrado por el Senado de la República y como organismo nacional puede conocer de las inconformidades que se presenten con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los órganos equivalentes en las entidades federativas.

Un punto crítico en la protección de los derechos humanos se tiene en la persecución de los delitos, pues se identifica como un rasgo definitorio del régimen político cuáles son las garantías ofrecidas por la autoridad para cualquier ciudadano indiciado por la ley. Así, por ejemplo en un régimen democrático, incluso en un acto de ofensa contra la sociedad llevada al límite, todo hombre o mujer tiene derecho a un proceso legal justo.

En México, de conformidad con el artículo 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “incumbe al ministerio público de la federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine”.

Sin embargo, pese a la relevancia de esta función en la procuración de justicia, actualmente no existe ningún impedimento para que este cargo pueda asumirlo una persona que mostró un desdén en el pasado por las recomendaciones emitidas por una comisión nacional o estatal de derechos humanos, ello porque pese al requisito explícito de “gozar de buena reputación”, éste puede ser un supuesto aplicable a cualquier ámbito pero no para el respeto a los derechos humanos.

Incluso frente a recomendaciones de organismos internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no existe como requisito para ser procurador general de la república el haber aceptado y ejecutado las primeras, aunque fuera con un cumplimiento deficiente.

Ésta es justo la pretensión de la presente iniciativa: adicionar como requisito para el titular del Ministerio Público Federal que hubiese aceptado y ejecutado como funcionario las recomendaciones emitidas por los órganos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, propongo ante el pleno la siguiente

Iniciativa

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102, apartado A, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único: se reforma el artículo 102, apartado A, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 102.

A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El ministerio público de la federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, haber aceptado y ejecutado las recomendaciones emitidas por los órganos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano en sus cargos previosy no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

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B. ....

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Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Salazar Ugarte, Pedro. La democracia constitucional. Una radiografía teórica, FCE, México, 2006, p. 57.

2 Ferrajoli, Luigi. Sobre los derechos fundamentales en Revista Cuestiones Constitucionales, Núm. 15, México, julio-diciembre 2006, p. 115-116.  (Traducción de Miguel Carbonell).

3 Como un antecedente directo se tiene la Ley de Procuraduría de Pobres de 1847 que promovió Ponciano Arriaga en San Luís Potosí.

4 Véase a: Suprema Corte de Justicia de la Nación. La protección no jurisdiccional de los derechos humanos, Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, México, 2008.

5 Véase el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual explica a detalle las funciones específicas de dicha dependencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2010.— Diputados: Víctor Hugo Círigo Vásquez, Víctor Humberto Benítez Treviño, Miguel Ángel García Granados, Rosario Ortiz Yeladaqui, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Laura Piña Olmedo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Gerardo Leyva Hernández, María Dina Herrera Soto (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Círigo. Su iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del PRI... El diputado Benítez, desde su curul.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño(desde la curul): La iniciativa del diputado Víctor Hugo Círigo es de la mayor importancia porque no puede aspirar a ser procurador general de la República quien no haya acatado previamente, en cargos anteriores, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por tanto, le pido diputado presidente, si pregunta al diputado proponente si me puedo adherir a esta importante iniciativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Círigo, el diputo Benítez solicita que le permita adherirse. El diputado Círigo concede. Está abierto en la Secretaría el registro para quienes quieran hacer lo propio. Doña Teresa Rosaura Ochoa.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía(desde la curul): Para el mismo efecto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para el mismo efecto. Muchas gracias, diputada. La esperamos aquí en la Secretaría.

Don Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tenía el uso de la palabra, pero no encontrándose en el salón se pospone para posterior sesión.

LEY SOBRE DELITOS DE IMPRENTA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Díaz Lizama, cuyo nombre completo es doña Rosa Adriana Díaz Lizama. Se le concede el uso de la palabra para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 33 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama:Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados.

La libertad de expresión representa en nuestro país no sólo un derecho fundamental sino que es un pilar de convivencia. Salvaguardar el derecho de los mexicanos a expresar y publicar sus ideas sin ser afectados por cualquier tipo de inquisición o censura debe ser una prioridad para todos los mexicanos y principalmente para nosotros, los legisladores.

Testimonio de ello son precisamente las reformas aprobadas en las últimas legislaturas, por las que se derogan del Código Penal Federal los delitos de difamación y calumnias, así como las realizadas al Código Civil Federal, para que cualquier lesión al honor o reputación sea resarcida por la vía civil.

Sin embargo, debe señalarse, esta libertad no es absoluta, ya que como todo derecho existen restricciones impuestas por la tutela de bienes jurídicos considerados como superiores.

Estas restricciones son señaladas por el artículo 6o. de nuestra propia Constitución general, al prever como límites a la libertad de expresión el ataque a la moral, los derechos de terceros, la provocación de algún delito o la perturbación del orden público.

Al respecto, en los últimos años hemos visto cómo han proliferado en los medios de comunicación impresos anuncios que, independientemente del aspecto comercial de los mismos, inciden en el ámbito de la libertad de expresión y, concretamente, en los supuestos de excepción al ejercicio de este derecho.

En efecto, de todos nosotros es conocido que en la sección de anuncios de diversos periódicos y revistas se insertan mensajes cuyo contenido pudiese contravenir el orden público mediante la apología de conductas delictivas, como lo es la trata de personas.

Lamentablemente en algunos medios de comunicación se destinan espacios para la comercialización de servicios sexuales. En la mayoría de los casos, dichos anuncios incluyen las características físicas de los oferentes, los servicios que brindan: teléfonos y ubicación. Algunos más bajo los esquemas de casas de masajes, salas, u otra serie de denominaciones, enunciados de promoción y oferta con tendencia sexual.

En tal virtud, es necesario no sólo apelar a la conciencia de los propietarios de los medios de comunicación sino también que nosotros actuemos en nuestro carácter de legisladores con medidas que garanticen la convivencia armónica y se eviten conductas que lesionan valores de la sociedad, así como de la trata de personas.

Y no se trata de restringir la libertad de expresión, toda vez que somos los primeros en exigir su respeto sino que con dicha propuesta se pretende atacar de raíz todos aquellas conductas de trata de personas que proliferan por el ofrecimiento de servicios sexuales y que por la magnitud de las mismas se convierten en un problema de orden y paz pública.

Por tanto, con el fin de proteger derechos fundamentales para la sociedad, es que se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan dos fracciones a los artículos de la Ley de sobre Delitos de Imprenta, a efecto de sancionar aquellas conductas que atentan contra el orden y paz públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo único. Se adiciona la fracción V al artículo 3o., y la fracción X al artículo 33 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 3o. Constituye un ataque al orden o a la paz pública:

V. Toda promoción en medios impresos, de servicios sexuales.

Artículo 33. Los ataques al orden o a la paz pública se castigarán:

X. Con una pena de dos meses de arresto a dos años de prisión, y multa de 10 mil a 50 mil pesos, en el caso de la fracción V del artículo 3o.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en este Palacio Legislativo. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 33 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, a cargo de la diputada Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Adriana Díaz Lizama, de la LXI legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan la fracción V al artículo 3o., y la fracción X al artículo 33, de la Ley Sobre Delitos de Imprenta, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La libertad de expresión representa en nuestro país, no sólo un derecho fundamental, sino que se ha erigido como un pilar fundamental de la convivencia civilizada. El México independiente ha construido esta garantía individual consagrada por la Carta Magna, al mismo tiempo que consolidó las instituciones que la hacen posible.

Salvaguardar el derecho de los mexicanos a expresar y publicar sus ideas sin ser afectado por cualquier tipo de inquisición o censura, debe ser una prioridad para todos los mexicanos, y principalmente para nosotros los legisladores.

Testimonio de ello, son precisamente, las reformas aprobadas en las últimas legislaturas, por las que se derogan del Código Penal Federal, los delitos de difamación y calumnias, así como las realizadas al Código Civil Federal, para que cualquier lesión al honor o reputación, sean resarcidas por la vía civil.

Sin embargo, debe señalarse, esta libertad no es absoluta, ya que como todo derecho, existen restricciones impuestas por la tutela de bienes jurídicos considerados como superiores.

Estas restricciones, son señaladas por el artículo 6o. de nuestra propia Constitución General de la República, al prever como límites a la libertad de expresión, el ataque a la moral, los derechos de terceros, la provocación de algún delito o la perturbación del orden público.

Al respecto, en los últimos años, hemos visto cómo han proliferado en los medios de comunicación impresos, anuncios que independientemente del aspecto comercial de los mismos, inciden en el ámbito de la libertad de expresión, y concretamente en los supuestos de excepción al ejercicio de este derecho.

En efecto, de todos nosotros es conocido, que en la sección de anuncios de diversos periódicos y revistas, se insertan mensajes cuyo contenido pudiesen contravenir el orden público mediante la apología de conductas delictivas, como lo es la trata de personas o el lenocinio.

Lamentablemente en algunos medios de comunicación, se destinan espacios para la comercialización de servicios sexuales; en la mayoría de los casos, dichos anuncios incluyen las características físicas de los oferentes, los servicios que brindan, teléfonos y ubicación; algunos más bajo los esquemas de “casas de masajes”, “salas”, “relax” u otra serie de denominaciones, enunciados de promoción y oferta con tendencia sexual.

Sin duda, en los momentos que vive nuestro país, cuyas autoridades están comprometidas en una lucha frontal contra el crimen, todos estaremos de acuerdo, en que es necesario que el contenido de los medios de comunicación impresos, ya sea bajo el formato de información, comentarios o publicidad, difundan valores de convivencia social, así como de manera correlativa, se respete la vida y dignidad de las personas, y no fomenten la comisión de hechos ilícitos.

En tal virtud, es necesario no sólo apelar a la conciencia de los propietarios de los medios de comunicación, sino también, que nosotros actuemos en nuestro carácter de legisladores con medidas que garanticen la convivencia armónica, y se evite conductas que lesionan valores de la sociedad, así como de las personas.

Y no se trata de restringir la libertad de expresión, toda vez que somos los primeros en exigir su respeto,  sino que con dicha propuesta, se pretende atacar de raíz, todos aquellas conductas de trata de personas y de pederastía que proliferan por el ofrecimiento de servicios sexuales, y que por la magnitud de la misma, se convierten en un problema de orden y paz público.

No hay que olvidar que en México, dieciséis mil menores son sujetos de explotación sexual cada año, y ochenta y cinco mil son usados en actos de pornografía, mientras que en veintiuno de las treinta y dos entidades del país existe turismo sexual, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Fondo Internacional para la Infancia.

Así, lo que buscamos, es que los medios de comunicación impresos, tengan una mayor responsabilidad social, queremos una prensa con calidad, con ética, que esté comprometida con el respeto y la defensa de los derechos humanos. Hay que destacar que el ingreso económico que los medios de comunicación obtengan por los anuncios publicados, no justifica el daño que pueda ocasionar a la sociedad. Existen medios de comunicación que mientras por un lado acusan y denuncian explotación sexual de las mujeres, por el otro permiten este tipo de promociones y publicidad en sus páginas.

Para el Partido Acción Nacional, es esencial la protección de la familia, en particular de las niñas, niños y adolescentes, y creemos que este tipo de anuncios o promociones de servicios sexuales, al permitirse su difusión indiscriminada, atentan contra la salud, dignidad de las personas y los valores esenciales de la sociedad.

Por lo tanto, con el fin de proteger derechos fundamentales para la sociedad, es que se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan dos fracciones a sendos artículos de la Ley Sobre Delitos de Imprenta, a efecto de sancionar aquellas conductas que atentan contra el orden y paz públicos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción V al artículo 3o., y la fracción X al artículo 33 de la Ley Sobre Delitos de Imprenta, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 3o.- Constituye un ataque al orden o a la paz pública:

I a IV   . . .

V. Toda promoción en medios impresos, de servicios sexuales.

Artículo 33. Los ataques al orden o a la paz pública se castigarán:

I a IX. ...

X. Con una pena de dos meses de arresto a dos años de prisión, y multa de 10,000 a 50,000 pesos, en el caso de la fracción IV del artículo 3o.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2010.— Diputados: Rosa Adriana Díaz Lizama, Gumercindo Castellanos Flores,  Justino Eugenio Arriaga Rojas, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, María Araceli Vázquez Camacho, María Sandra Ugalde Basaldúa, Rosi Orozco, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, J. Guadalupe Vera Hernández, María Yolanda Valencia Vales,  Sergio Gama Dufour, Alberto Esquer Gutiérrez, Sonia Mendoza Díaz, José Manuel Hinojosa Pérez, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Octavio Pedroza Gaitán, Ramón Merino Loo, Miguel Martínez Peñaloza, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Juan Pablo Escobar Martínez, José Gerardo de los Cobos Silva, Adriana Fuentes Cortés, Gustavo González Hernández, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Juan José Cuevas García, Jesús Giles Sánchez, Norma Sánchez Romero, María Antonieta Pérez Reyes, Leandro Rafael García Bringas, María Felicitas Parra Becerra, Laura Viviana Agundiz Pérez, Ana Elia Paredes Arciga, Rubén Arellano Rodríguez, Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, estimada diputada.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruíz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Ávila. Sonido en la curul del diputado Daniel Ávila.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruíz(desde la curul): Diputado presidente, buenas tardes. Para solicitarle a usted, pregunte a la diputa Rosa Adriana Díaz Lizama, nos pudiésemos adherir a su iniciativa de ley que presentó.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, el diputado Ávila desea adherirse a su iniciativa.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama(desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama concede y está abierto el registro para los que quieran hacer lo propio en adhesión a la iniciativa de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama.

La iniciativa de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama se turna a la Comisión de Gobernación.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Eduardo Mendoza Arellano, del  PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículo 390 Bis, 390 Ter, 390 Quáter, 390 Quintus, y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado Eduardo Mendoza Arellano:Honorable asamblea, sería difícil comentar aquí cómo iniciaron las cosas en el caso del crecimiento exponencial que ha tenido el delito de extorsión y de las variantes que ha tomado, según lo que vengo a exponer hoy en esta iniciativa con proyecto de decreto.

Parecía algo, inclusive, sencillo, sólo eran mensajes en los teléfonos, al principio. A veces, llamadas telefónicas que, inclusive, nos parecían una broma. Sin embargo, de manera paulatina, la delincuencia organizada fue enseñando el verdadero rostro y fue paulatinamente agregando elementos a una conducta típica que se conocía como extorsión para sofisticarla y para volverla una verdadera amenaza a nuestra sociedad, a la sociedad a quien nos debemos y a quien le debo decir desde esta tribuna que no supimos interpretar los números que se daban de manera alarmante. A la mejor porque nosotros en ese momento no éramos los encargados de las áreas de seguridad pública.

Sin embargo, hoy estamos en esta asamblea, tenemos el privilegio de usar esta tribuna y tenemos la obligación moral de levantar la voz por esa sociedad que representamos.

El Congreso, sin duda, debe acompañar a la sociedad en esta pelea en la calle, en donde hoy la delincuencia se ha despojado de la máscara y hoy ya no nos envía mensajes. Hoy nos visita hasta nuestra casa y hoy empieza a pedir la famosa renta.

Lo mismo a empresarios de la Central de Abastos, lo mismo a los empresarios en el norte e inclusive escandalosos casos, como el de la industria nacional Pemex, en donde se han atrevido a secuestrar a trabajadores para exigir por ellos cantidades conocidas como renta. Qué barbaridad.

Por eso he reflexionado mucho antes de presentar esta propuesta. Como un hombre de izquierda y congruente con la defensa de los derechos humanos he estado en el punto de saber cómo elaborar esta propuesta para buscar ir —digamos con una palabra— a cirugía mayor sobre el tema estratégico.

Espero haber acertado y hoy, al presentarla, propongo clasificar este fenómeno, tener una idea correcta de esta conducta típica comúnmente conocida como renta.

Este análisis o esta iniciativa que presento, con mucho no busca perseguir a un grupo específico de la sociedad. Busca perseguir una conducta típica, muy clara y muy señalada que nos está haciendo daño, que se está llevando inversiones del país, que está obligando a que cierren muchos negocios y que, además, le está dando mucho dinero a los carteles como a Los Zetas, como a La Familia y como a todos los que escuchamos a diario.

Hay que, con la ley en la mano, hay que, con el razonamiento jurídico y con una cirugía mayor, tener la conducta típica y hay que ir a ella. Hoy por eso pretendo convencerlos para que, primero, desde luego en comisiones y después en esta tribuna, se pueda dar curso y trámite a la iniciativa que presento.

No me va a alcanzar el tiempo para leer, como tal. Sin embargo, voy a emplear los últimos segundos de mi intervención en leer hasta donde pueda. Se trata de modificar el 390 para tener un Bis, para tener un Ter, para tener un Quárter y para tener un Quintus y para poder tener a la extorsión bien identificada como extorsión con venta de protección.

De tal manera, poder separar lo que es la extorsión que conocemos, y tener ésta que le llamaríamos en modalidad de venta de protección.

También se trata de, en el Código de Procedimientos reclasificar esta segunda, que hoy presento, y llevarla a delito grave para que no pueda tener el beneficio de que pronto los delincuentes estén en la calle.

Como lo anticipé, no me va a alcanzar el tiempo, pero espero con mucho entusiasmo que ustedes, amigas legisladoras y amigos legisladores, puedan sumarse y puedan apoyar esta iniciativa que busca darle una salida, que hoy nos reclama que actuemos, en este Congreso.

Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que adiciona los artículos 390 Bis a 390 Quintus, y reforma el 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD

Eduardo Mendoza Arellano, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 constitucionales; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 390 Bis, 390 Ter, 390 Quáter y 390 Quintus al Código Penal Federal, y reforma el artículo 194, fracción I, inciso 18, del Código Federal de Procedimientos Penales, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda, la extorsión se ha convertido en un alarmante problema para la sociedad mexicana, pues dicha conducta hoy tiene diversas modalidades, pero todas encaminadas a un mismo fin: amenazar, presionar e infundir miedo y pánico, al sector social de este país, motivo este, por el que hoy, lo mismo empresarios, trabajadores y comerciante, se ven sumergidos en situaciones fuera de control y de seguridad jurídica.

Por otra parte, y para poder entender la magnitud del problema de extorsión, se hace necesario el determinar en principio el concepto exacto de lo que tal palabra significa, y que, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, su acepción es la siguiente:

“Extorsión”, del latín extors?o, -ônis, lo que significa:

1. f. Amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho.

2. f. Presiónque, mediante amenazas, se ejerce sobre alguienpara obligarle a obrar en determinado sentido. (1)

Una vez entendido dicho concepto, es preciso señalar que en el mes de agosto del año 2008, cada 24 horas, se intentaban 4,400 extorsiones telefónicas, salidas en su mayoría, de los penales de diversos estados de la república, existiendo para entonces, por lo menos 916 bandas organizadas de extorsionadores, operando 15 de las más violentas y activas, en reclusorios del Distrito Federal. (2)

Asombroso resulta, por otra parte, que en ese mismo año de 2008, tan sólo un mes después, y de septiembre a diciembre, se intentaban 6,179 extorsiones por día, esto es, hubo un incremento de 1779 llamadas de extorsión por día, y esto, tomando en consideración únicamente aquellas que pudieron ser registradas por algún tipo de denuncia, quedando en el anonimato, todas aquellas extorsiones cumplidas y no denunciadas.

Otros datos emitidos por el Consejo para la Ley y Derechos Humanos, AC, nos hacen reflexionar respecto del incremento en las cifras señaladas, las cuales se ven incrementadas de manera preocupante pues, se señala, que: “En el 2008 se intentaron 1,314.000 extorsiones, de las cuales, el 34% pagó la extorsión”; “del 2001 al 2009, el monto a nivel nacional obtenido por extorsionadores, superó los 705 millones de pesos”, y dentro de este mismo periodo, 7,324.660 personas han perdido entre mil y 50 mil pesos”.

Por otra parte, en el año 2009, se intentaron 2,255.335 extorsiones (6,179 al día), y en lo que va del año 2010, las llamadas de extorsión se han incrementado a 6,211 por cada 24 horas. (3)

Una nueva y preocupante forma de extorsión, es aquella que vende protección a empresarios, comerciantes, restaurantes, ambulantes y aun a trabajadores encargados de las empresas o comercios extorsionados, quienes a través de la modalidad de “vender protección”, o “vender piso”, exigen el pago de una renta semanal, quincenal o mensual en dinero en efectivo o en especie, para lo cual, se presentan en la negociación a extorsionar, grupos de cuatro o seis personas armadas, quienes bajo amenazas, ofrecen la venta de protección, obligando a sus víctimas a aceptarla, por un valor que va de los mil a los 500 mil pesos mensuales y en algunos casos, más, según sea el caso, y que, al amparo de los nombres de grupos de delincuencia organizada o delincuenciales, tales como los Zetas, La Familia Michoacana, La Línea, en algunos casos, policías, ex policías, integrantes y ex integrantes de las fuerzas armadas, se les exigen dichas cantidades de dinero, bajo la amenaza de matarlos a ellos mismos o a sus familiares, en caso de no realizar dichos pagos o de hacer cualquier denuncia ante las autoridades correspondientes.

Cabe hacer mención y es necesario destacar que, a diferencia de la extorsión telefónica, la extorsión en su modalidad “equiparada de venta de protección”, se vuelve sin duda más peligrosa, pues en este segundo supuesto, la víctima es visitada directamente por los delincuentes, quienes de inicio, saben la localización perfecta de su víctima y, posiblemente, la de sus familiares y amigos. Por otra parte, llevar a cabo cualquier pago a algún grupo delincuencial, no garantiza que la víctima no se sufra de violencia por parte de quien le extorsiona, lo cual conlleva a un peligro de inseguridad aun más profundo, pues el pagar alguna cantidad, puede incrementarse en cualquier momento, hasta que resulte impagable la propia extorsión y correr el peligro de perder la vida.

Por otra parte, y respecto a los informes de la Secretaría de Seguridad Pública, del gobierno federal, en su tercer informe de actividades correspondiente al año de 2009, en la parte referente a “enlaces de prevención”, menciona que ha llevado a cabo:

Diversos eventos de prevención con un ‘enfoque social: esquema operativo que busca proveer de conocimientos útiles y positivos a la población, con temas como cultura de la legalidad, prevención del delito, atención de las llamadas de extorsión, fomento de la denuncia ciudadana, prevención de adicciones, autoestima, manual del factor preventivo, así como actividades lúdicas para niños en donde se entregan cuadernos para colorear, loterías y memorias con temas alusivos a la prevención del delito. (4)

Sin embargo, en dicho informe, en la parte referente a la “atención de la denuncia anónima”, la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal, señala textualmente que:

Las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas, Distrito Federal y el Gobierno Federal se comprometen a impulsar una reunión con empresarios para tratar el tema de extorsión y denuncia anónima.

Sin embargo, y pese a lo anterior, no se ha tomado con seriedad ni interés el problema de extorsión en su modalidad de venta de protección, lo cual pone en graves problemas al sector productivo de México, pues quienes no han podido pagar las cuotas que se les cobran como extorsión, sencillamente prefieren cerrar sus negocios y fuentes de trabajo, dejando por otra parte en el desamparo a miles de trabajadores, pues aunado a la imposibilidad de pagar cualquier extorsión, se provoca una migración de un lugar a otro por parte de aquellos quienes han caído, en la hoy desgracia, de poner una empresa o negocio, que da fuentes de trabajo; y se dice desgracia, pues al contrario de provocar un sentimiento de logro y beneficio, hoy simplemente se tiene miedo de perder la vida propia o de algún familiar, amigo o quizás simplemente conocido, tan sólo por el hecho de ser propietario o encargado de alguna negociación o ambulantaje, que provea el alimento de miles de familias.

En este mismo orden de ideas, y ante el vacío legal para erradicar la extorsión en su “modalidad de venta de protección”, resulta necesaria y urgente la reforma que se propone a los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, para lo cual, y a mayor abundamiento, se señalan aquí más argumentos y fundamentos, que hacen más que necesaria la reforma a los códigos en comento, urgente su modificación.

Así pues, vemos como la propia Secretaría de Seguridad Púbica, dentro del señalado Tercer informe, manifiesta con mucho orgullo que “entre las acciones realizadas en el periodo abril-julio de 2009, “están: el levantamiento de un primer diagnóstico sobre el ilícito de extorsión telefónica desde el interior de los penales con el fin de combatir este tipo de delito; el reporte integrado sobre “población penitenciaria vinculada a delitos de secuestro o privación ilegal de la libertad; el análisis sobre el desarrollo de la industria penitenciaria en los centros de reclusión, a fin de determinar las acciones que permitan un adecuado proceso de reinserción según lo establece el artículo 18 constitucional”.

Así las cosas, no es solución llevar a cabo diagnósticos con el fin de combatir este tipo de delitos, como señala la Secretaría de Seguridad Pública en su informe en comento, pues lo que se debe llevar a cabo, son acciones para modificar la ley penal federal en su parte de extorsión como la que aquí se propone, pues si esperamos a que la Secretaría de Seguridad Pública federal termine de “determinar las acciones que permitan un adecuado proceso de reinserción según lo establece el artículo 18 constitucional”, seguramente para entonces, no habrá en México mas empresarios, ni comerciantes, ni encargados de negocios, ni ambulantes, ni ningún otro ciudadano honrado y trabajador, pues para entonces, la delincuencia organizada, ya se habrá apoderado hasta de la propia Secretaría de Seguridad Pública.

No omito el señalar que, a pesar de que la Subsecretaria de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos, de la propia Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, emitió datos muy por debajo de la realidad, seguramente para minimizar su falta de respuesta, de contundencia y de clarificación del problema, respecto de las extorsiones telefónicas, pues apunta en el informe de referencia y en el rubro de extorsión para el año 2009, únicamente las siguientes cifras:

Extorsiones Telefónicas 2009                     Denuncias

Tentativas                                        3,181

Consumadas                                                   290

Total                                                           3,471

No obstante lo anterior, la propia Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, ha señalado que “en el año 2003 se registraron más de mil extorsiones, mientras que en los años 2007 y 2008 el número de extorsiones fue superior a 50 mil, lo cual da por resultado que por cada caso de extorsión que se registró en el año 2003, se llevaron a cabo cinco en el año 2005, y por cada caso de extorsión que se dio en dicho año, fueron registrados nueve casos en el año 2007, aumentando para el año 2008 a 10 extorsiones, según las cifras de la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal, ofrecidas al pasado día 20 de febrero del año 2009, cayendo en una total y absurda incongruencia entre lo manifestado en su tercer informe, y las cifras anunciadas en la fecha anteriormente señalada.

En virtud de lo anterior, y toda vez que la parte trabajadora de México, se encuentra desprotegida frente a la delincuencia organizada respecto del delito propuesto de “extorsión equiparada, en modalidad de venta de protección”, y que, ante la ceguera de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, cuyos anteriores datos trascritos, difieren de todos cuantos elementos proporcionan diversidad de organismos, tales como la Cámara Nacional de Comercio, quien señala el crecimiento de dicha conducta en las ciudades de Tijuana, Baja California; Morelia, Michoacán; Matamoros y Reynosa, Tamaulipas; Cardel, Veracruz. Por su parte, el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal, señaló que el delito de extorsión refleja un crecimiento exponencial en los últimos siete años, enunciando que en el año 2002 se registraron 53 casos, en tanto que para los años 2007 y 2008, el promedio fue de 50 mil casos por año, sumando en esta cifra las extorsiones en grado de tentativa y las consumadas.

Otro antecedente en relación con la reforma propuesta del delito de “extorsión equiparada, en modalidad de venta de protección”, lo da el diario El Universal, que señala que “la exigencia de cuotas por venta de protección para empresas, comercios, vendedores ambulantes, profesionistas, incluso dentro de las prisiones, constituyen ya un grave problema de seguridad para muchos mexicanos”; esto sin omitir, que la propia Secretaría de Seguridad Pública federal, señala dentro de sus estadísticas, la modalidad de “derecho de piso”, la cual consiste en la exigencia de cobro de cuotas a comerciantes, empresarios, profesionales como abogados y médicos, de determinadas zonas del país, con el objeto de garantizarles protección.

Por su parte, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Lorenzo Ysasi Martínez, señaló que algunos de sus afiliados han recibido llamadas con el objeto de venderles protección a cambio de no ser molestados o violentados, pero con la amenaza de perder la vida en caso de no aceptar el ser protegidos.

Por su parte la Presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Ciudad Juárez, Chihuahua, Leopoldina Aguirre señaló que el pasado día seis de abril del año en curso, en dicho organismo se habían dado de baja quince tiendas de abarrotes, debido a que habían sufrido extorsiones de grupos armados que les pedían hasta tres mil dólares mensuales, y les resulta impagable a dichos comerciantes tal cantidad, debido a que sus negocios no les dan para eso, y entonces lo único que hacen, porque piensan que es lo mejor, para ellos y por su seguridad, es cerrar en definitiva estos negocios y huir de la ciudad.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona los artículos 390 Bis, 390 Ter, 390 Quáter y 390 Quintus al Código Penal Federal y reforma el artículo 194, fracción I, inciso 18 del Código Federal de Procedimientos Penales

Primero.Se adicionan los artículos 390 Bis, 390 Ter, 390 Quáter al Código Penal Federal, para quedaren los siguientes términos:

Artículo 390 Bis. Comete el delito de extorsión equiparada, en modalidad de venta de protección, y se le impondrá una pena de ocho a veinte años de prisión, a quien sin derecho y con el ánimo de obtener cualquier remuneración en dinero o en especie, ofrezca, brinde, venda, permute, arriende, otorgue o proporcione de cualquier forma, algún tipo de protección a industrias, empresas, negocios, ambulantes, casas, empleados o particulares, bajo la amenaza de ser violentados sus socios, propietarios, encargados, empleados, familiares, amigos o conocidos, por sí, por terceros, por grupos de delincuencia organizada o delincuenciales.

Este delito es de los contemplados dentro del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se perseguirá de oficio, y su persecución se iniciará de manera inmediata una vez que la autoridad competente, tenga conocimiento del hecho delictuoso, gozando de anonimato aquella o aquellas personas que denuncien el hecho o pongan en conocimiento de la autoridad ministerial, el delito que aquí se contempla.

Artículo 390 Ter. La penas contempladas en el artículo anterior, se elevarán en un cincuenta por ciento, cuando quien cometa el delito de extorsión por equiparación en su modalidad de venta de protección, pertenezca a una organización delictiva, grupo delincuencial o de delincuencia organizada; o que hubiere pertenecido o pertenezca a un cuerpo policiaco, al ejército o las fuerzas armadas nacionales o extranjeras, imponiéndosele a estos últimos, las penas que en materia de migración correspondan.

En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación permanente para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de cinco a diez años para desempeñar cargos o comisión públicos.

Artículo 390 Quáter. Se impondrá una pena igual mas tres cuartos de la sanción señalada en el artículo 390 Bis, a quien siendo propietario, socio, administrador, gerente, encargado o empleado de aquellas empresas de seguridad privada, que habiendo obtenido los permisos y licencias correspondientes para otorgar el servicio de seguridad privada, se aprovechen de su posición para proporcionar a cualquier persona, funcionario o ex-funcionario, organización, grupo delincuencial o de delincuencia organizada; que hubiere pertenecido o pertenezca a un cuerpo policiaco, al ejército o las fuerzas armadas nacionales o extranjeras, en situación de retiro, de reserva o en activo, cualquier tipo de información que conduzca al conocimiento de la posición social, económica, política, familiar, de los bienes o modo de vivir de la víctima, sin autorización por escrito de esta, y con la intención de obtener, cualquier remuneración en dinero o en especie, a cambio de ofrecer, brindar, vender, permutar, arrendar, otorgar o proporcionar de cualquier forma, algún tipo de protección en términos de los artículos precedentes.

Artículo 390 Quintus. Se impondrá el doble de las penas señaladas en el artículo 390 Bis de este Código, a quien siendo familiar en cualquier grado, empleado o ex empleado de la víctima, hubiere proporcionado o proporcione a terceros, cualquier tipo de información que sirva para conocer el estado o situación económica, social, política o familiar de aquella, de sus familiares o amigos, sin la autorización de la víctima por escrito, y con la intención de obtener, cualquier remuneración en dinero o en especie, a cambio de ofrecer, brindar, vender, permutar, arrendar, otorgar o proporcionar de cualquier forma, algún tipo de protección en términos de los artículos precedentes.

Segundo.Se reforma el artículo 194, fracción I, inciso 18 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 194.Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I.Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1. - 17. ...

18 . “Extorsión equiparada en su modalidad de Venta de Protección, previsto en los artículos 390 Bis, 390 Ter, 390 Quáter y 390 Quintus del Código Penal Federal.”

19. - 36. ...

II. - XVII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan o se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Bibliografía

(1) Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición (2001).

(2) Consejo para la Ley y Derechos Humanos, AC, ONG.

(3) Ib eadem.

(4) Tercer Informe de actividades de la Secretaría de Seguridad Pública, correspondiente al año 2009.

(5) David Vicenteño. Excelsior 2008.

Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Cámara Nacional de Comercio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.— Diputados: Eduardo Mendoza Arellano,Gerardo Leyva Hernández, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).»

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado Arellano Mendoza. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Se pospone la intervención del diputado Juan Carlos Natale López, a petición del grupo parlamentario.

ARTICULOS 62 Y 125 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 62 y 125 constitucionales en materia de incompatibilidades y conflictos de interés.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa tiene por propósito modificar, reformar los artículos 62 y 125 de la Constitución. Se trata del tema tan importante de las incompatibilidades parlamentarias y en general las incompatibilidades de todos aquellos que ocupan un cargo de elección popular.

Lo que se pretende con esta iniciativa es evitar la corrupción y evitar también el conflicto de intereses. La iniciativa en la exposición de motivos comienza preguntando si las señoras legisladoras y los señores legisladores son realmente independientes.

Sabemos que muchos legisladores en esta Cámara, en el Senado, en Congresos locales representan intereses específicos de poderes fácticos de grupos económicos y que no están cumpliendo con el principio constitucional del artículo 51, que establece que los legisladores representamos el interés general, representamos a la nación.

Lo que proponemos al modificar el artículo 62 y 125 es determinar con mayor precisión lo que ocurre ahora en estos preceptos para que los legisladores tengan incompatibilidades, es decir, funciones o tareas ya sean públicas, privadas o sociales que no puedan realizar cuando son legisladores.

Por ejemplo, se propone en materia de incompatibilidad pública, lo que actualmente no está previsto en la Constitución, que un legislador no pueda ocupar cargos en el Distrito Federal, en los municipios, en las delegaciones del Distrito Federal o en instancias de organismos internacionales, porque hay que decir que en este momento cualquiera de nosotros podría cobrar como diputado y al mismo tiempo tener un cargo municipal o un cargo en el Distrito Federal o un cargo en algún organismo internacional.

También prevé y regula e impide las llamadas incompatibilidades de origen privado. ¿Cuántos legisladores en el pasado y en el presente no han litigado contra el Estado? El ejemplo del desaparecido Diego Fernández de Cevallos. ¿Cuántos legisladores no son contratistas del Estado o del propio Congreso? ¿Cuántos legisladores no son accionistas de empresas que contratan con el Estado? ¿Cuántos legisladores no forman parte de consejos de administración que contratan con el Estado o con el Congreso? Debemos prohibir ese tipo de relaciones al mismo tiempo que se es legislador.

Finalmente, también están las incompatibilidades de origen social, es decir, cómo se puede ser legislador y al mismo tiempo ser dirigente de un partido político, de un sindicato o de una organización empresarial. En el derecho comparado se prohíbe que alguien que es dirigente de un partido, de un sindicato o de una organización empresarial sea al mismo tiempo legislador que represente el interés general.

Al mismo tiempo, esta iniciativa propone que se hagan públicas las declaraciones no solamente patrimoniales sino las declaraciones de actividades y de intereses de los legisladores. Estamos proponiendo que exista una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, para que se constituya la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria. Esta Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria conocería de las responsabilidades administrativas de los legisladores y también conocería de las incompatibilidades.

Las sanciones a un legislador que incurra en causa de incompatibilidad no solamente debe ser la destitución como hoy se prevé, sino también responsabilidades de carácter administrativo o de carácter penal o de carácter civil, y para ser justos con los legisladores estamos estableciendo que contra las determinaciones de la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria y las decisiones de este pleno, los legisladores afectados por una sanción puedan acudir al juicio de amparo y controvertir la decisión correspondiente.

En pocas palabras, compañeros, y por eso solicito que conste íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates, lo que proponemos es que los legisladores respondamos al interés general, actuemos con plena libertad y que no seamos condicionados o por poderes económicos o por poderes fácticos. Que se garantice un estatuto del parlamentario que propenda a la libertad en nuestras funciones.

Por su atención, muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma los artículos 62 y 125 constitucionales, en materia de incompatibilidades y conflictos de interés, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y modifican los artículos 62 y 125 consitucionales en materia de incompatibilidades y conflictos de interés.

Exposición de Motivos

¿Son independientes los legisladores mexicanos? Existe la convicción generalizada en nuestro país sobre el precario papel del Congreso y de los legisladores. También comienza a ser cada vez más frecuente el señalamiento de que los legisladores no representan el interés general sino los intereses particulares y parciales de los poderes fácticos. Un estudio periodístico de hace algunos años arrojaba datos del tipo de los que a continuación se transcriben: “...De 1991 a 2004, los intereses empresariales y financieros han pasado de ostentar entre el 7 y el 13 por ciento de las posiciones legislativas a controlar más del 35 por ciento del total de la representación parlamentaria federal mexicana...La revisión de 1,128 fichas curriculares correspondientes a la LVIII (500) y LIX (500) legislaturas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores (128) correspondientes a ambos periodos, efectuada para esta investigación, permite establecer que más de la tercera parte de la representación en el Congreso de la Unión pertenece a los clanes del dinero en México, mismos que además controlan las comisiones legislativas cuya materia de reglamentación es afín a la esfera de inversión económica en la que participan...De los 128 legisladores que ingresaron al Senado de la República para cubrir el periodo 2000-2006, correspondientes a las legislaturas LVIII y LIX, 60 eran o habían sido miembros de los consejos de administración de empresas de diversa naturaleza o pertenecían o habían pertenecido a las organizaciones de la cúpula empresarial, tales como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Conferencia Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y otras cámaras de ramas industriales, ganaderas y de monopolios agropecuarios...Es decir, el 47 por ciento de la representación senatorial tiene su origen en el poder económico...Por lo que respecta a la composición de la Cámara de Diputados en la LVIII (2000-2003) Legislatura, 154 de sus 500 integrantes mostraban en sus fichas curriculares filiación a organismos patronales o pertenencia a consejos de administración, es decir, el 30.8 por ciento del total...De los 207 integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional en San Lázaro en dicha legislatura, 117 –más del 50 por ciento– eran o habían sido miembros de Cámaras empresariales, en calidad de ejecutivos, directivos, o bien, miembros de algún consejo de administración...”. En cuanto a la actual integración de la LXI Legislatura, se dice por distintos medios de comunicación impresos que todo un grupo parlamentario, el del PVEM, representa los intereses de las televisoras. Hay también medios de comunicación impresos que aluden a la representación del narcotráfico en el Congreso.

Esta especie de imputaciones son cada vez más insistentes y otras de la misma naturaleza, por ejemplo: las que cuestionan a los legisladores que litigan o han litigado contra el Estado; legisladores que a través de sus empresas de consultoría brindan servicios al Congreso; legisladores que reciben beneficios de empresas, verbigracia, las tabacaleras y, que al momento de aprobar las leyes, resuelven a favor de ellas; legisladores que representan los intereses de los medios de comunicación electrónica; o, ex legisladores que una vez concluido su mandato, constituyen empresas de cabildeo y que utilizan su conocimiento del Congreso para representar intereses particulares que no siempre coinciden con los intereses generales. Todos estos hechos y otros más difundidos por los medios de comunicación no sólo provocan el descrédito de la política, del Congreso y de los legisladores, sino que ponen en tela de juicio la representación política. La pregunta implica si ¿Los legisladores representan a la nación o a los intereses generales, o están al servicio de intereses económicos y sociales, que no tienen que ver con los intereses y necesidades ciudadanos?

Desde una visión democrática y de pleno respeto al Estado Constitucional de Derecho, el legislador debe actuar con independencia y libertad, sin ataduras del poder ejecutivo o de otros poderes y órganos del Estado, pero también sin ligas a poderes fácticos que condicionen su actuar a favor de sus intereses. La Constitución mexicana en su artículo 51 señala que el diputado representa a la nación y el artículo 61 de la misma establece la inviolabilidad de las opiniones del legislador sobre las que no puede ser reconvenido por nadie. Sin embargo, todos los días nos enteramos por los medios de comunicación de legisladores que han seguido las instrucciones obligatorias de sus partidos, de sus grupos parlamentarios, de sus dirigencias sindicales o de intereses económicos que no tienen correspondencia con las necesidades y de los intereses ciudadanos. El legislador individual es un personaje sin protección jurídica. Si vota en contra de las instrucciones de su partido o del grupo parlamentario al que pertenece su carrera política estará por finalizar amén de las sanciones estatutarias que le pueden ser impuestas. Si vota en contra de los intereses de corporaciones poderosas como las de los medios de comunicación electrónica, no tendrá de éstos sus favores, ni su rostro y propuestas tendrán eco en las pantallas televisivas. En cambio, si acata todas esas directivas, su carrera política puede ser prometedora, seguramente recibirá en procesos electorales futuros, financiamiento y apoyo. El legislador contemporáneo es rehén de todos esos intereses y difícilmente posee el heroísmo, salvo algunos casos aislados, para realizar la labor legislativa desde la independencia y la libertad.

Las consecuencias son negativas para el desarrollo democrático. La política se elitiza. Se aleja de las necesidades populares. El legislador trabaja para los grupos que lo llevaron a esa posición y de los que recibe el apoyo. La representación de los intereses generales queda en suspenso. El ciudadano común no se interesa por los asuntos públicos pues sabe que su clase política no trabaja para él aunque de vez en cuando aparezca un escándalo de corrupción que pone al descubierto las redes de complicidad entre los poderes fácticos y la clase gobernante. La política en este contexto no sirve para solucionar los grandes problemas nacionales, ni tampoco puede ser considerada democrática aunque esa sea su fachada formal, ni desde luego con ella se está contribuyendo a la conformación de un Estado Constitucional de Derecho.

Es en este ambiente político que resulta fundamental preguntarse por las instituciones jurídicas que pueden servir para transformar este estado de cosas. Las incompatibilidades parlamentarias que se regularon en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII y que originalmente se concibieron para evitar que el legislador pudiese ser comprado o influido indebidamente por el monarca, son una de las posibles respuestas institucionales al mal que anteriormente hemos descrito. En la Constitución mexicana de 1917 se encuentran insuficientemente reguladas en los artículos 62 y 125 de nuestra Constitución. Se entienden por nuestro derecho tal como se concibieron en Inglaterra en el siglo XVII, es decir, se trata de una institución que se dirige a salvaguardar la libertad e independencia del legislador frente a otros órganos del Estado, tanto de la Federación como de las entidades federativas, pero sin referencia alguna a las interferencias que sobre esa libertad e independencia pueden ejercer intereses privados y de carácter social. De ahí el reto de proponer modificaciones a la institución para ponerla al día dentro de un contexto democrático que apuntale un nuevo tipo de Estado.

Origen de las incompatibilidades. Desde el derecho romano, el medieval y el renacentista, existieron prohibiciones para que ciertos funcionarios –los equivalentes de los legisladores contemporáneos– no fuesen comprados en su independencia por monarcas o por intereses económicos dominantes. La necesidad de independencia y libertad del parlamentario se exigió con mayor rotundidad en la vida política inglesa y, la institución que hoy conocemos tiene su antecedente en las reivindicaciones de los Levellers expresadas en el “Agreement of the People” de 1647. Lo que se buscó en ese documento y en otros de esa naturaleza fue salvaguardar la división de poderes y el ejercicio independiente de la función legislativa. En México, la institución tiene su origen en la Constitución de Cádiz de 1812 y en casi todas las cartas constitucionales del siglo XIX y en la vigente, se mantuvo el principio de que el legislador no puede aceptar cargos en la Federación y en los Estados. Sin embargo, el centro de gravedad de la incompatibilidad se ha trasladado de la defensa al principio de división de poderes a la actual situación, en donde lo más importante es evitar las interferencias indebidas de los factores reales de poder y del gran capital global en el trabajo y deliberación legislativa. Entre los fines de la institución estimamos que hoy en día, éstos son: impedir cualquier tipo de mandato imperativo, que no sea el de los ciudadanos, en la función legislativa; proteger la libertad y la independencia del legislador; evitar los conflictos de interés y la corrupción pública y política; garantizar el principio de división de poderes; fortalecer las atribuciones de control del poder legislativo sobre otros poderes formales e informales; impedir el abuso del mandato representativo con fines de lucro personal; salvaguardar la imparcialidad de las administraciones públicas separándola de la política; impedir la acumulación de ingresos en el ámbito público; ordenar el mercado de trabajo entre las esferas públicas y privadas; evitar la confusión entre el ejecutivo y el legislativo; rechazar que factores reales de poder determinen el funcionamiento del poder legislativo; fortalecer el vínculo entre representante y representado sin intermediaciones antidemocráticas; lograr la plena dedicación del legislador a sus tareas; la defensa y garantía del interés público –a través de la salvaguarda de la independencia y autonomía del Congreso– por encima de cualquier interés privado o de grupo; y, garantizar el principio del profesionalismo en el Congreso.

Incompatibilidades y poderes fácticos. Hemos señalado que las incompatibilidades se establecieron para impedir que el legislador dependiera del ejecutivo o de otros órganos del Estado, para impedir que existiese un mandato imperativo de esas instancias de poder sobre la función legislativa que limitaran la libertad de opinión y de votación del parlamentario. Esa fue la causa de la institución, tal como los textos constitucionales mexicanos la han recogido y aún permanece. Sin embargo hoy en día, los principales riesgos para salvaguardar la independencia y la libertad del legislador no sólo provienen del ejecutivo o de otros poderes e instancias públicas sino principalmente de los llamados factores reales de poder. Los factores reales de poder, tanto nacionales como internacionales, suelen colonizar y determinar el funcionamiento de las instituciones. Es bien sabido que en los Estados de Derecho contemporáneos importa sobre todo saber o conocer el poder que se encuentra detrás de las estructuras formales del Estado, pues esos poderes son los que definen el alcance de los poderes formales. De nada sirve, por ejemplo, estudiar el Derecho Constitucional de un país, si ese estudio no viene acompañado por el de los factores reales de poder que determinan los significados de la Constitución. En México no tendría sentido analizar el constitucionalismo del siglo XX sino lo hacemos en el contexto que entrañó el partido hegemónico, el presidencialismo, y un sistema electoral diseñado y controlado desde la Secretaría de Gobernación.

No ganamos mucho analizando el orden jurídico formal mexicano si no lo vemos desde el papel que sobre él de-sempeñan los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, los medios de comunicación electrónicos, las trasnacionales, el gobierno de los Estados Unidos y, las organizaciones financieras internacionales. Esos son los auténticos poderes que en buena medida –tal vez no de manera mecánica pero si determinante– condicionan el actuar de los poderes y del orden jurídico formal. Bien podría decirse que los poderes formales y el orden jurídico son el reflejo de los intereses, pactos, acuerdos y decisiones de los factores reales de poder. Si le damos alguna relevancia a las premisas anteriores, nos damos cuenta que las normas jurídicas formales –como ocurre con las incompatibilidades– no le dan a los factores reales de poder la relevancia necesaria. Casi siempre las normas sobre ellos son escasas, ambiguas e insuficientes. En México no existe una adecuada legislación sobre los partidos políticos –hay algunas débiles normas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales–. Sobre los medios de comunicación electrónica hay como se sabe una insuficiencia mayúscula, las recientes reformas a Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones no responden a las exigencias de una democracia pluralista y de un Estado de Derecho auténtico, porque se ha mercantilizado un bien del dominio público y se concentran groseramente las concesiones de los medios electrónicos en unas cuantas empresas. Los organismos financieros internacionales durante décadas han influido en nuestra economía y esa influencia no se encuentra normada en modo alguno, no existen además los controles institucionales para supervisarla y fiscalizarla ¿Qué decir de los Estados Unidos o de las trasnacionales?

El Estado de nuestros días ha sido “apropiado” o “colonizado” por partidos, por medios de comunicación electrónicos, iglesias, organismos empresariales, sindicatos, empresas nacionales y trasnacionales, etcétera, y el poder de las instituciones formales son un reflejo de intereses y de decisiones que se adoptan en ámbitos diferentes a los del Estado, en donde además, esos intereses y decisiones no pasan la prueba de los procedimientos democráticos de control ni los del Estado Constitucional. Los ciudadanos están al margen de esas decisiones e influencias y no las pueden controlar directamente y de raíz. Son decisiones e intereses oscuros que no pueden ser controlados por los mecanismos, procedimientos y recursos que provee el actual Estado. La democracia y todo el andamiaje constitucional se enfrentan a enemigos que no siempre es fácil combatir porque operan al margen de las instituciones aunque las usan para su provecho. En este sentido, resulta fundamental saber quién está detrás de las instituciones formales y qué mecanismos utiliza para que los servidores públicos actúen en función de sus intereses. Por eso, quien puede vulnerar la independencia y la libertad del legislador, no es sólo el ejecutivo u otros poderes formales, quienes realmente pueden vulnerar su independencia son los intereses oscuros y no controlables democráticamente de los factores reales de poder y quien los detenta.

Además, cualquier propuesta de superación de la democracia representativa debe entenderse con los parámetros de la globalización. La globalización ha acrecentado los riesgos para el Estado Constitucional y la democracia y, desde luego para la independencia y libertad del legislador. Tiene impactos en la sociedad y en el Estado. El profundo cambio histórico que caracteriza a la globalización puede definirse con un solo rasgo: ha logrado someter a la sociedad, al Derecho y al Estado, a los intereses del mercado y del gran capital. Mercantilizar todo, tiene como resultado, la destrucción de los cimientos de nociones como interés general o interés común, ideas que se construyeron frente al individualismo posesivo. La dictadura de los mercados, la circulación de los capitales en provecho de los intereses del capitalismo especulativo, parecen decirnos que el mercado dicta todo, gobierna todo, engloba todo.

Detrás de la globalización se afirma el poder creciente de las empresas financieras en detrimento de los Estados, donde la articulación entre el poder financiero mundial y poder político nacional es muy fuerte. La globalización es una ideología que tiene dogmas. El primero, es el de la gobernanza de empresa basada en el predominio de los beneficios únicamente para los accionistas a costa de los trabajadores, los clientes de las empresas y el medio ambiente, con una exigencia de rentabilidad de los fondos propios. El segundo dogma cuestiona a las conquistas sociales porque se piensa constituyen rigideces del mercado del trabajo y además no le preocupa el estancamiento del poder adquisitivo de los trabajadores en el primer mundo ni la explotación de los trabajadores en los países en vías de desarrollo. El tercer dogma es la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos en beneficio de los intereses empresariales. Los instrumentos de la globalización y sus dogmas son las instituciones financieras internacionales y los medios de comunicación electrónica. Instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial del Comercio han presionado por el desmantelamiento de las soberanías nacionales y han hecho que la única ley que prevalezca sea la ley del mercado y la del más fuerte. Los medios de comunicación electrónica, muchos de ellos trasnacionales, se encargan de producir el consenso y la sumisión ante esta terrible dominación.

Si enmarcamos los factores reales de poder en el proceso de globalización podemos apreciar que las principales amenazas a la independencia y libertad de los servidores públicos y en particular de los legisladores, está en estas inmensas estructuras de poder trasnacionales y nacionales que suelen operar al margen del Estado o que cuando operan a través de él, lo instrumentalizan con el propósito de obtener beneficios que no se corresponden con los de los ciudadanos. Las soluciones a estas amenazas pasan por: 1) preservar al Estado y fortalecerlo mediante la integración de la democracia ciudadana, ello implica democratizar y transparentar sus instituciones; 2) reformar las instituciones internacionales, a fin de abrirlas y democratizarlas; 3) reestructurar el sistema financiero internacional para transparentarlo y hacerlo más justo; 4) extraer del ámbito del comercio y la mercantilización recursos como la salud, la educación, la cultura, etcétera; 5) mundializar el constitucionalismo y las estructuras constitucionales de control del poder a fin de que las relaciones económicas y otras, producto de la globalización, no queden al margen del Derecho y del control ciudadano; 6) promover un contrato global para la satisfacción de las necesidades básicas, dirigido a suprimir las ilegítimas desigualdades socioeconómicas entre clases, géneros, etnias, regiones y naciones, etcétera.

Una regulación de las incompatibilidades en la función legislativa que tome en cuenta el contexto descrito es una tarea no menor dentro del Estado, pues persigue democratizar y transparentar relaciones de poder que no siempre quedan al descubierto, además pretende que los impactos de la globalización o de los intereses de los factores reales sean motivo de la deliberación parlamentaria y de los procedimientos democráticos de control. Esto significa que la regulación de las incompatibilidades legislativas de una manera novedosa, que tome en cuenta la globalización y los factores reales de poder, junto con otras instituciones democráticas como la participación ciudadana, los mecanismos de accountability social, y el diseño de instituciones de control democráticas e independientes, propende a construir el Estado Constitucional que combate la corrupción mediante mecanismos exigentes de rendición de cuentas. La regulación adecuada de las incompatibilidades de los legisladores es un mecanismo para la rendición de cuentas porque limita que interferencias extrañas –poderes ejecutivos, factores reales de poder, intereses, ocupaciones diversas– perviertan, desvíen y distraigan las funciones del legislativo y del legislador en lo particular.

La regulación de las incompatibilidades persigue promover la libertad del legislador. La libre discusión es la base de la función constitucional del legislativo para legislar, criticar, controlar al ejecutivo y, en síntesis para expresar el pluralismo político. La función legislativa sólo se puede realizar en un clima de libertad sin temor a la represión política o jurídica por las opiniones que se viertan con motivo de la tarea legislativa. Bernardo Bátiz explica que no hay parlamento verdadero sin la vigencia del principio de libertad, tanto jurídica como psicológica o de conciencia. De esta manera un parlamento para serlo realmente, requiere de plena libertad de sus integrantes para expresar sus opiniones y votos. Este principio de libertad puede ser considerado en varios niveles y referido al menos a dos sujetos diferentes. Los niveles son el libre albedrío o libertad interior, la libertad física y la libertad jurídica. Los dos sujetos son el cuerpo legislativo y los parlamentarios en lo individual. La libertad del cuerpo colegiado es uno de los presupuestos del Estado Constitucional que garantiza la independencia del legislativo de los demás poderes y de los factores reales de poder. La libertad de los parlamentarios entraña la responsabilidad de decidir de cada uno de los parlamentarios. El legislador debe gozar plenamente de la libertad interior o libre albedrío para escoger entre varias opciones, debe ser, por tanto, maximizada su facultad de razonar. La libertad interior no puede ser suprimida por nada externo al legislador. En cuanto a la libertad física, los legisladores no deben ser impedidos en la toma de decisiones, ni pueden ser usadas en su contra la violencia o la detención arbitraria. La libertad jurídica, por su parte, implica que ninguna reconvención de autoridad puede afectar el curso de las opiniones o votos que adopta el legislador con motivo de su función.

Desgraciadamente, la historia está plagada de ejemplos de cómo la libertad de los parlamentarios se ha restringido, no solo con la intervención del ejecutivo sino se ha coaccionado por el ejército, grupos armados, multitudes vociferantes, y hoy en día, a través de los intereses que representan los factores reales de poder. En nuestra época de democracia de audiencia, el legislador también puede ser coaccionado por los medios de comunicación electrónica cuando éstos emprenden una campaña con el propósito de amedrentar y dirigir la actividad legislativa. Existen formas de presión a la libertad de los legisladores más sutiles como el lobbing o el cabildeo, que no siempre consiste en tareas desplegadas para convencer con argumentos y estudios a los legisladores, sino en esquemas que pueden utilizar las amenazas expresas o sobreentendidas en contra de la carrera política de los parlamentarios, o en halagos o promesas de reconocimiento a una carrera política posterior. Sin embargo, lo más grave para la libertad de un legislador, es cuando éste mismo censura su función –por interés– para seguir los dictados de un grupo económico o un medio de comunicación electrónica, para no contradecir a su grupo parlamentario, para no poner en riesgo su carrera personal o sus negocios. La regulación de las incompatibilidades es por tanto una fórmula jurídica para salvaguardar la libertad del legislador frente a presiones o intereses indebidos que no tienen porque interferir en el desarrollo de las tareas legislativas.

Esas presiones e interferencias indebidas ocurren desde las etapas de antecampaña, precampaña y campaña electoral, en donde los candidatos reciben el apoyo de intereses privados que no siempre quedan al descubierto. Grandes escándalos de corrupción política en México como “Amigos de Fox” o los video escándalos del PRD, muestran las relaciones indebidas entre factores reales de poder, dirigentes partidistas y candidatos. En las llamadas precampañas y campañas se contraen compromisos que condicionan la labor de los candidatos, en este caso de los legisladores, y posteriormente durante el ejercicio del cargo esas interferencias permanecen o se acentúan. Por esas razones, deben ser reguladas las incompatibilidades de manera más rigurosa, junto con la regulación de las precampañas y la fiscalización de las mismas, así como mediante normas que apunten a la plena transparencia de los asuntos públicos, considerando, por ejemplo, a los factores reales de poder, sujetos obligados de las Leyes de transparencia y acceso a la información pública que se aprueban y entran en vigencia a lo largo y ancho del país.

Las incompatibilidades con mayor razón deben ser reguladas de manera estricta ante la inminencia de que las candidaturas ciudadanas independientes sean un hecho en nuestro país. Si estas candidaturas entran en escena en la vida pública de México, habrá de tener especial cuidado con el origen de los recursos privados que utilizan los candidatos independientes, pues éstos podrían terminar siendo los peleles, tanto como candidatos así como gobernantes, de los grandes intereses económicos nacionales o trasnacionales del país. En este sentido, cualquiera regulación futura a las candidaturas independientes debe considerar seriamente prohibir el financiamiento privado, para que tanto las candidaturas independientes como las de los partidos se apoyen con financiamiento público. Esto último no tendría porque implicar necesariamente un aumento en el financiamiento público, si se toman medidas como la de transmitir los programas y publicidad política de los partidos y de los candidatos, en tiempos gratuitos del Estado y no en tiempo comercial, si además se reducen los periodos de campaña y precampaña y, si se prohíbe de manera tajante y expresa que nadie puede contratar tiempos en radio y televisión para fines electorales.

Los fines de la regulación de las incompatibilidades. La regulación de las incompatibilidades propende a: transparentar el funcionamiento de la institución legislativa; a impedir que los factores reales de poder colonicen el funcionamiento del poder legislativo; a limitar las interferencias indebidas de las élites de los partidos en el ámbito legislativo; a impedir que el legislador se corrompa con negocios privados, conflictos de interés y tráfico de influencias; y, a generar por parte del legislador una cultura de dedicación preponderante a su función desde la Constitución y la ley para que el ciudadano no dude y vuelva a recuperar la confianza perdida en él. Es una regulación necesaria entre otras muchas que deben ser emprendidas en nuestro país para contar con instituciones políticas a la altura de nuestras circunstancias históricas. Si en ocasiones el Derecho es parte del problema por su insuficiencia también puede ser parte de la solución si se orienta a fines democráticos, que busquen combatir la corrupción y dignificar las tareas del Estado. Es una forma que parece modesta pero inaplazable para corregir las desviaciones de la democracia representativa.

Si sintetizamos los fines de la institución podríamos sostener los quince siguientes:

1. Impedir cualquier tipo de mandato imperativo que no sea el de los ciudadanos.

2. Proteger la libertad y la independencia del legislador.

3. Evitar los conflictos de interés y la corrupción pública y política.

4. Garantizar el principio de división de poderes.

5. Fortalecer las atribuciones de control del poder legislativo sobre otros poderes formales e informales.

6. Impedir el abuso del mandato representativo con fines de lucro personal.

7. Salvaguardar la imparcialidad de las administraciones públicas separándola de la política.

8. Impedir la acumulación de ingresos en el ámbito público.

9. Ordenar el mercado de trabajo entre las esferas públicas y privadas.

10. Evitar la confusión entre el ejecutivo y el legislativo.

11. Rechazar que factores reales de poder determinen el funcionamiento del poder legislativo.

12. Fortalecer el vínculo entre representante y representado sin intermediaciones antidemocráticas.

13. Lograr la plena dedicación del legislador a sus tareas.

14. La defensa y garantía del interés público –a través de la salvaguarda de la independencia y autonomía del Congreso– por encima de cualquier interés privado o de grupo.

15. Garantizar el profesionalismo del Congreso mediante el respeto al principio de la pluralidad que debe prevalecer en él.

Normas constitucionales en donde se regulan incompatibilidades en los poderes y órganos. Son distintas las normas constitucionales de donde se deriva la regulación de las incompatibilidades en general. El marco jurídico fundamental comprende a los artículos 28, 41, 49, 62, 79, 101, 122 y 125 de la Constitución. Todos ellos establecen la imposibilidad de acumular simultáneamente distintos cargos públicos, en el caso de algunos órganos constitucionales autónomos y en el poder judicial federal también se establecen incompatibilidades de carácter privado. Lo notorio del caso, es que en materia de incompatibilidades parlamentarias, además de presentar éstas el mayor atraso en la regulación, sólo consideran a las incompatibilidades de carácter público. Lo anterior se debe a la escasa importancia que históricamente ha tenido el tema en el derecho constitucional nacional, lo que obvia la necesidad de una reforma profunda que además de contemplar el estatuto jurídico del parlamentario desprenda las incompatibilidades en relación a intereses privados, conflictos de interés y poderes fácticos y, determine las consecuencias jurídicas para el caso de violación a las prohibiciones jurídicamente previstas.

El artículo 62 constitucional es clave en la regulación de las incompatibilidades parlamentarias en el derecho mexicano. Sin embargo, se refiere a las incompatibilidades de carácter público y no a incompatibilidades privadas u originadas por los factores reales de poder. Entre sus antecedentes podemos mencionar:

1. El artículo 129 de la Constitución de Cádiz de 1812 que prescribía: “Durante el tiempo de su diputación, contado para este efecto desde que el nombramiento conste en la Permanente de Cortes, no podrán los diputados admitir para sí, ni solicitar para otro, empleo alguno de provisión del rey, ni aún ascenso, como no sea de escala en su respectiva carrera”.

2. Por su parte el artículo 58 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814 decía: “Ningún ciudadano podrá excusarse del encargo de diputado. Mientras lo fuere no podrá emplearse en el mando de armas”.

3. El artículo 56, fracción II, de la tercera de las Leyes Constitucionales de la República Mexicana, de 1836, determinaba: “Los diputados y senadores no pueden, a más de lo que les prohíbe el reglamento del Congreso. II. Admitir para sí, solicitar para otros, durante el tiempo de su encargo y un año después, comisión ni empleo alguno de la provisión del gobierno ni un ascenso que no les toque por rigurosa escala”.

4. El artículo 71, fracción III, del Proyecto de reformas a las leyes constitucionales de 1836 de 1840 indicaba: “Los diputados y senadores no pueden: III. Funcionar en ningún otro encargo o empleo público”.

5. El artículo 90 del primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana de 25 de agosto de 1842 señalaba: “Los diputados y senadores no pueden: I. Obtener sin permiso de su cámara respectiva, empleo, comisión, ascenso ni pensión de provisión desgobierno, si no es que le toque por escala rigurosa, establecida por ley. En el caso de que la cámara conceda el permiso, cesará el interesado por el mismo hecho, en el ejercicio de sus funciones. II. Funcionar en ningún otro encargo ni empleo público”.

6. El artículo 33 del voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente de 1842 establecía: “Ningún diputado, ni senador, puede renunciar su encargo, sino por impedimento físico, ni ser destituido, más que en el caso de que perdiera la cualidad de ciudadano, o de que falte culpablemente tres meses consecutivos a las sesiones, ni obtener del gobierno durante su misión y un año después, condecoración, empleo, comisión o cualquier gracia, a excepción de los ascensos de rigurosa escala”.

7. El artículo 41 del segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana de 2 de noviembre de 1842 determinaba: “Ningún diputado ni senador puede renunciar su encargo sino por causa justa calificada por el Congreso, ni ser destituido más que en el caso de que perdiere la cualidad de ciudadano, o de que faltare sin licencia tres meses consecutivos a las sesiones, ni obtener del gobierno durante su misión, condecoración, empleo, o cualquier gracia, a excepción de los ascensos de rigurosa escala. Sólo podrán ser empleados en comisión por el gobierno con permiso del Congreso, suspendiéndose el ejercicio de su encargo mientras durare aquélla. Tampoco pueden funcionar en ningún otro empleo público”.

8. En el artículo 75 de las Bases Orgánicas de la República Mexicana publicadas en 1843, se contenía: “No pueden los diputados ni senadores obtener empleo o asenso de provisión del gobierno, si no fuere de rigurosa escala; mas podrán obtener del mismo, con permiso de la Cámara respectiva y consentimiento del nombrado, comisiones o encargos de duración temporal, en cuyo caso el interesado cesará en sus antiguas funciones durante el encargo”.

9. Los artículos 57 y 58 del Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana de 16 de junio de 1856 señalaron: “Artículo 57. El desempeño del cargo de diputado es incompatible con el ejercicio de cualquier otro destino o comisión de la Unión en que se disfrute sueldo. Artículo 58. Los diputados propietarios desde el día de su elección hasta el día en que concluyan su encargo, no pueden aceptar ningún empleo de nombramiento del Ejecutivo por el que se disfrute sueldo, sin previa licencia del Congreso. El mismo requisito es necesario para los diputados suplentes que estén en ejercicio de sus funciones”.

10. La Constitución de 1857 en sus artículos 57 y 58 mantuvo en términos casi idénticos la redacción del Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana de 16 de junio de 1856.

11. La reforma de 1874 al artículo 57 de la Constitución de 1857, estatuyó: “Los cargos de diputado y senador son incompatibles con cualquier comisión o empleo de la Unión por el que se disfrute sueldo”. Por su parte la reforma de 1874 al artículo 58 de la Constitución de 1857 precisó: “Los diputados y senadores propietarios, desde el día de su elección hasta el en que concluya su encargo, no pueden aceptar ninguna comisión ni empleo de nombramiento del Ejecutivo federal, por el que se disfrute sueldo, sin previa licencia de su respectiva cámara. El mismo requisito es necesario para los diputados y senadores suplentes en ejercicio”.

12. El proyecto de Carranza sobre el artículo 62 de la Constitución es el que está aún vigente y dice: “Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuvieren en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador”.

Los debates en el congreso constituyente de 1856 versaron sobre si los militares debían ser considerados empleados para determinar si esa función era susceptible de incompatibilidad con la tarea legislativa, si las incompatibilidades implicaban una restricción a los principios democráticos al limitarse el voto pasivo y, sólo algunos, adujeron que la regulación de las incompatibilidades eran indispensables para asegurar la independencia de los diputados frente al poder. En el Congreso constituyente de Querétaro, el artículo 62 del proyecto se aprobó sin discusión y por unanimidad de 157 votos; el dictamen señalaba: “La taxativa o incompatibilidad contenida en el primer inciso, tiende a afirmar la independencia más completa del personal de ambas Cámaras respecto al Ejecutivo, que desgraciadamente, ya se ha visto, recurre al sistema de dar empleos lucrativos a los representantes del pueblo, para contar con ellos y tener en las Cámaras votos en su favor, tenga el ejecutivo razón o no la tenga. La corrupción posible del poder legislativo se previene con las disposiciones que contienen el artículo 62 del Proyecto. La pena de pérdida de carácter de diputado o senador, es dura; pero ante el peligro que se previene y el mal que se combate, parece necesario determinar la penalidad con energía. La frase “será castigado”, la interpreta la Comisión, y desea hacerlo constar para sentar una base a la aplicación de la ley, en el sentido de que para el referido castigo se procederá según se determine para las responsabilidades oficiales”.

Como pude apreciarse el constituyente de 1916-1917, sólo tuvo en consideración a las incompatibilidades públicas, principalmente las que resultan o podrían resultar del control del ejecutivo sobre las Cámaras. En los años previos a la alternancia política de 2000, era una norma casi sin aplicación e importancia, salvo algunas iniciativas y, juicios amparos que no entraron al fondo, por considerar que se trataba de asuntos políticos. La doctrina nacional no ha profundizado en el tema. Los puntos de debate giran en torno a la licencia que debe solicitar el parlamentario –en caso de darse el supuesto de incompatibilidad– para dejar el cargo, ya sea ante la Cámara respectiva o en los periodos de receso ante la Comisión Permanente según el artículo 78 fracción VIII de la Constitución. En tanto que si ocupan la comisión o empleo –diferente a las tareas legislativas– sin pedir licencia, quedan separados de su encargo. Si la solicitan, y se les otorga, quedan separados del cargo de manera temporal y sin disfrutar de las prerrogativas parlamentarias. En este punto la discusión gira en torno a la temporalidad de la licencia, de si puede rebasar los dos años, pues se intenta aplicar analógicamente la parte final del artículo 98 de la Constitución que señala: “Ninguna licencia podrá exceder del termino de dos años”. También se estudia si las incompatibilidades operan en el sector paraestatal y aquí agregaríamos en los órganos constitucionales autónomos, supuestos que evidentemente deben estar comprendidos en las prohibiciones del artículo 62. Igualmente se insiste que perderán el carácter representativo quienes infrinjan lo dispuesto en la norma y que esa sanción alcanza a los suplentes en ejercicio. De la regulación contemplada en la norma, suelen extraerse por algunos dos inferencias: 1) Se desprende que el artículo 62 no excluye la posibilidad relativa a que diputados y senadores, en el ejercicio de su mandato, desempeñen otras actividades remuneradas unidas a determinados grupos, fuerzas políticas o sociales, así como las relativas a la actividad mercantil industrial o profesional y las no retribuidas económicamente siempre y cuando no deriven en conflictos de interés, tráfico de influencias o cualquier otra conducta delictiva o que quede comprendida dentro de las responsabilidades administrativas y, 2) Se desprende que los diputados y senadores suplentes, cuando no estén en el cargo, pueden desempeñar cualquier empleo, comisión o actividad lícitos, tanto en el ámbito público como en el privado atendiendo a lo que señala entre otros el artículo 9 de la Ley Federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

En las anteriores reflexiones me parece que desde un punto de vista dogmático quedan pendientes cuestiones por aclarar tales como la referente a si el legislador que no solicita la licencia y que está en los supuestos de la incompatibilidad, debe ser inmediatamente separado de su cargo o, debería gozar de la protección de los artículos 14 y 16 constitucionales, y para tal efecto sería importante arbitrar un procedimiento para darle garantía de audiencia antes de que la Cámara respectiva o la Comisión Permanente adopten la decisión respectiva, tal como suele suceder en el derecho comparado . También es fundamental preguntarse sobre los medios de defensa que tendría el afectado en contra de las resoluciones de las Cámaras o de la Comisión Permanente que resuelvan sobre la pérdida del carácter de diputado o senador. Los antecedentes que existen en materia de amparo hacen pensar que este juicio sería sobreseído por actualizar los supuestos del artículo 73 fracción VIII de la Ley de Amparo. Sin embargo, en un Estado de Derecho, toda persona debe contar con recursos para impugnar las determinaciones de autoridad. Es verdad que respecto a instituciones aledañas como las inmunidades, el artículo 111 párrafo sexto señala que: “Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados o Senadores son inatacables”. La legislación secundaria no contiene soluciones a estos interrogantes y otras más que podrían presentarse cuando el artículo 62 tenga una aplicación efectiva. Ni la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ni el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos contiene las respuestas necesarias, salvo las normas sobre licencias que los artículos 47, 48, 49 y 50 del Reglamento establece, amén de lo previsto en el artículo 63 de la Constitución sobre vacantes y licencias. Igualmente es importante preguntarse por los órganos, procedimientos y sanciones que conocerían de las responsabilidades administrativas en que incurren diputados y senadores por los supuestos de conflicto de interés y corrupción a que aluden los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, específicamente las fracciones XI, XII y XIII, pues aunque los legisladores federales son sujetos a esas responsabilidades y los artículos 53 y 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecen la existencia de contralorías internas, resulta difícil pensar que esos órganos técnicos se ocupen de las responsabilidades administrativas de los legisladores, tanto porque el contralor de cada una de las cámaras no es par de los legisladores –los contralores son nombrados por las dos terceras partes de los individuos presentes en el pleno– y por tanto, sus superiores jerárquicos son los legisladores, como porque, en el caso de la contraloría de los senadores, ésta solamente revisa el presupuesto de la Cámara de Senadores y de los grupos parlamentarios que la componen, amén de que las resoluciones del contralor deben darse previamente a conocer a la mesa directiva. Lo anteriormente dicho, refuerza la idea de que el marco jurídico de las incompatibilidades y de las responsabilidades administrativas de los legisladores federales está insuficientemente tratado.

En cuanto al artículo 125 de la Constitución podemos decir que es una norma que cierra a nivel constitucional federal el régimen de incompatibilidades. La norma señala una incompatibilidad pública general pues no sólo se refiere a incompatibilidades parlamentarias sino a cualquier incompatibilidad respecto de cargos de elección popular, tanto federales como estatales, y establece: “Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”. Entre los antecedentes de esta norma se pueden mencionar:

- El artículo 117 del Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana de 16 de junio de 1856 que señalaba: “Ningún individuo puede desempeñar a la vez dos cargos de la Unión de elección popular; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”.

- El artículo 118 de la Constitución Política de la república Mexicana de 5 de febrero de 1857 que indicaba: “Ningún individuo puede desempeñar a la vez, dos cargos de la Unión de elección popular; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar” y,

- El mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza de 1 de diciembre de 1916 que contenía un precepto similar al actual.

Durante el Congreso Constituyente la norma fue votada por unanimidad sin deliberación alguna. La norma como es obvio solo contempla incompatibilidades públicas, no se refiere a las incompatibilidades referidas a cargos municipales y del Distrito Federal, no establece procedimiento alguno para tramitar las incompatibilidades y mucho menos medios de impugnación respecto a las resoluciones correspondientes.

La necesaria nueva visión de las incompatibilidades. La nueva visión de las incompatibilidades parlamentarias –regulación de incompatibilidades públicas, privadas, sociales– vinculadas a la ética parlamentaria, a la libertad del parlamentario, a la orientación de su función a favor de los intereses generales y no particulares, tiene que ver no cabe duda, con la construcción del Estado de Derecho en México y con un entendimiento de la democracia, no sólo como reglas de acceso al poder, sino de ejercicio, rendición de cuentas al ciudadano y, transparencia en la función pública. De ahí que las incompatibilidades parlamentarias formen parte de la discusión sobre la reforma del Estado y del Congreso mexicano. Pero no sólo forman parte de esas agendas pendientes, sino que se trata de una institución imbricada con otras, que no puede analizarse aisladamente porque cualquier cambio en su regulación futura produce impactos en otros ámbitos del Estado.

En particular, a las incompatibilidades parlamentarias debe vérseles desde los diversos mecanismos de accountability. Éstos son desde la perspectiva de O’Donnell, la piedra de toque, el elemento angular del Estado de Derecho*. Tanto los mecanismos de accountability vertical-electoral referentes a las elecciones competitivas, limpias y equitativas como la accountability vertical social interelectoral que ejercen los ciudadanos para prevenir, compensar o castigar actos u omisiones presumiblemente ilegales de los funcionarios públicos; y sobre todo, la accountability horizontal a cargo de instituciones autorizadas del Estado para vigilar, supervisar, prevenir, compensar y sancionar actos, de funcionarios públicos. Para O´Donnell, la accountability horizontal es básica, es lo que da al Estado de Derecho efectividad, pues en el Estado de Derecho no basta una legislación adecuada sino también una red de instituciones estatales que converjan para asegurar la efectividad de un sistema legal.

Las incompatibilidades parlamentarias amplias –públicas, privadas, sociales– tienen relación con los mecanismos de accountability horizontal y social porque impiden que el legislador obedezca a intereses no democráticos, porque salvaguardan su independencia y libertad, y permiten que el poder legislativo y el propio ciudadano, exija cuentas y responsabilidades cuando el legislador está condicionado por intereses parciales y particulares que no responden a su función. Una regulación adecuada de incompatibilidades evita que se constituyan transformaciones duales. Por un lado un sistema concentrado en las cuestiones que importan a la élite económica, financiera y de negocios, mientras por otro, un sistema que permanece olvidado, con carencias de recursos e infraestructura. Se trata de que el legislador cumpla con sus tareas y fines sin ataduras y dependencias que lo dirijan a intereses o sectores dominantes.

Nuestra transición a la democracia está necesitada de enormes transformaciones en el sistema institucional para que podamos decir que nuestro régimen es democrático y nuestro Estado, un Estado de Derecho. Tal vez, una nueva regulación de las incompatibilidades en general y de las parlamentarias en particular, no tenga para muchos la trascendencia de discusiones en torno a la forma de gobierno –si México debe constituirse como sistema presidencial acotado, semiparlamentario, de gabinete o parlamentario– o sobre el número y atribuciones de los órganos constitucionales autónomos o sobre nuevos derechos fundamentales que el sistema jurídico debe reconocer, entre otros temas que se apuntan en la agenda de la reforma del Estado. Sin embargo, instituciones como las incompatibilidades, aparentemente “menores” en la discusión sobre la reforma del Estado, pueden contribuir enormemente en la transformación del Congreso y tienen como ventaja frente a los “grandes” temas, que a diferencia de ellos, seguramente el consenso político para su reforma sea asequible de manera expedita y sencilla. Lo que no puede aceptarse entre nosotros es la postura que sostenía que un Estado de Derecho se caracterizaba sólo por dos notas básicas: la que implicaba la reducción de la discrecionalidad concedida al poder público a través de la ley y, la que demandaba reglas del juego que permitieran a los individuos procurarse sus fines libremente. Hoy en día, pensar así, es no entender la importante evolución que ha tenido el Estado de Derecho en términos de protección fuerte y garantista a los derechos humanos y del papel que en el mismo tiene el ciudadano frente a la autoridad y, las responsabilidades sociales y democráticas que tiene la autoridad –el legislador– hacia y con los ciudadanos.

Incompatibilidades y reforma del Congreso. En los últimos años existe una discusión muy intensa en torno a la reforma del Congreso y desde diversas perspectivas se proponen los temas de la agenda. Cecilia Mora-Donatto señala como materias a revisar a las siguientes: “1. Redefinir la estructura orgánica y dimensión de las cámaras; 2. Consolidar cuerpos de apoyo técnico; 3. Dejar atrás, de manera definitiva, el predominio del ejecutivo en la planificación y diseño de la acción legislativa del Congreso; 4. Convertir a las comisiones en los escenarios propicios para el desahogo del trabajo parlamentario; 5) Romper con la elaboración masiva de normas cuya abundancia repercute en la calidad de la producción parlamentaria y en la pérdida de la calidad legislativa; 6) Superar el papel predominante de los partidos en el funcionamiento del Parlamento, a través de los grupos parlamentarios, y reforzar la, hasta ahora, posición secundaria del parlamentario individual; 7) Hacer frente, mediante procedimientos innovadores, a la ominipresencia de los medios de comunicación que, por virtud del lento y abigarrado funcionamiento interno del Congreso, se han convertido, progresivamente, en el foro auténtico de confrontación política y el lugar idóneo para la discusión entre las alternativas de gobierno”. Desde otras perspectivas, la preocupación mayor consiste en lograr superar las deficiencias de los gobiernos divididos y generar condiciones de gobernabilidad democrática. En otras palabras se trata de enfrentar el problema de la construcción de mayorías que permitan el entendimiento entre el ejecutivo y el legislativo. Entre los mecanismos que se han propuesto para la construcción de mayorías en nuestro país me refiero a los siguientes:

1. Volver a las fórmulas electorales de mayoría que tienden al bipartidismo y eliminar tanto los diputados como los senadores de representación proporcional.

2. Incrementar la cláusula de gobernabilidad que establece el artículo 54 constitucional. Pensar que con un 36% de los votos se tenga una mayoría de 50% más 1 de escaños.

3. Reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de crear coaliciones de gobierno y no sólo electorales.

4. Establecer nuevamente a nivel federal la figura del candidato común.

5. Regular los poderes de decreto del ejecutivo, para que éste, en condiciones de necesidad y urgencia pueda legislar.

6. Incorporar la figura de la guillotina a fin de que iniciativa del ejecutivo presentada al Congreso y no aprobada por el legislativo dentro de los plazos previstos se entienda aprobada.

7. Introducir la figura de la prioridad legislativa del ejecutivo para que sus iniciativas sean atendidas con preferencia por el Congreso, tal como ocurre en los casos de Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

8. Incorporar la reelección de los legisladores.

9.  Establecer la segunda vuelta electoral, no sólo en el ejecutivo sino en el legislativo.

10. Determinar límites a la deliberación dentro de las comisiones y del pleno, con obligaciones para elaborar dictámenes dentro de cierto plazo.

11. Establecer la figura del jefe del Gabinete.

12. Impulsar reglas en el Congreso, comisiones y pleno de las Cámaras, que favorezcan la planeación con eficiencia de los trabajos legislativos.

13. Cambiar el formato del informe presidencial.

14. Establecer la figura del referéndum para cambios constitucionales y para la suscripción y ratificación de tratados.

15. Incrementar las atribuciones de las comisiones legislativas.

16. Aprobar el sistema semi presidencial o semi parlamentario.

17. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las comisiones del Congreso a la sociedad.

18. Participación del legislativo en la aprobación del Plan Nacional del Desarrollo y en las designaciones de los miembros del gabinete. Además de reforzar los mecanismos de aprobación y de control del presupuesto.

19. Ampliar los periodos de sesiones de las Cámaras.

20. Modificar las reglas del veto parcial y del veto de bolsillo.

21. Pasar a un sistema parlamentario.

22. Generar una nueva cultura política.

De entre todas las propuestas anteriores son dos las que provocan las mayores polémicas. La concerniente al cambio del sistema presidencial por otro, ya sea parlamentario, semiparlamentario o de gabinete y, la referida a la reelección de los legisladores. Diego Valadés ha impulsado el cambio del sistema presidencial por el de gabinete. Esta transformación consistiría en la existencia de un jefe de gabinete propuesto por el presidente pero ratificado por una de las Cámaras del Congreso –Valadés propone al Senado-. La ventaja del sistema implicaría que el gabinete –los secretarios de Estado y el jefe de gabinete– dependerían de la aquiescencia del legislativo para ser designados, lo que facilitaría una mejor relación entre el ejecutivo y el legislativo y, la posibilidad de acuerdos para sacar adelante iniciativas de ley de una manera mucho más tersa entre ambos poderes. El gabinete plural ofrecería un espacio para la conciliación y la cooperación entre partidos políticos y una limitación al poder unipersonal del presidente, es decir, se moderaría el ejercicio del poder y se tendería a un presidencialismo racionalizado. Otros consideramos que el cambio tiene que ser mayor, y que la solución pasa por la construcción de un sistema parlamentario, el que tiene sobre el presidencial las siguientes ventajas: la flexibilidad, la existencia de soluciones constitucionales para la confrontación entre el legislativo y el ejecutivo, la no producción de la parálisis del legislativo o los impasses entre los poderes, fortalece de mejor manera el sistema de partidos, favorece los juegos de suma positiva, se trata de un modelo diseñado para la cooperación política, no es deficiente en términos de legitimidad moral y, genera estabilidad política. Cualquiera que sea la alternativa escogida, lo cierto es que ello dependerá de los consensos políticos entre los grupos parlamentarios, más que de las razones técnicas existentes para optar por una vía o por la otra. También a este respecto habrá quien defienda la permanencia del sistema presidencial con algunos cambios para acotarlo y permitir una mejor relación con el Congreso.

En cuanto a la reelección legislativa, en el medio académico se sostiene que la reforma a los artículos 59 y 116 fracción II de la Constitución para permitir la reelección, ofrecería entre otras, las siguientes ventajas: 1) Crearía una relación más directa entre los representantes y los electores; 2) Fortalecería la responsabilidad de los legisladores; y 3) Profesionalizaría a los legisladores. Sobre la primera ventaja, se dice que al tener que regresar los legisladores a buscar el voto en sus distritos originales, se generaría un incentivo para mantener el contacto con los electores y, además, el legislador buscaría su promoción política no al interior de su partido sino con los votantes. Respecto a la segunda ventaja, se señala que la reelección aumentaría la preocupación de los legisladores para desempeñar diligentemente su cargo y no dejar pasar el tiempo de la legislatura sin aportar nada a los trabajos de los órganos legislativos. En relación con la tercera ventaja, se comenta que la reelección generaría y desarrollaría verdaderas políticas de Estado, los legisladores se volverían expertos en sus temas legislando y habría incentivos para producir legislación de calidad. No obstante lo anterior, hay también críticas a la reelección legislativa, entre otras, las siguientes: 1) Fortalecería los cacicazgos al interior del Congreso si éste no se democratiza, transparenta y le da mayor fuerza al legislador individual; 2) Anquilosaría a la clase política en México al no facilitar el recambio de la élite política; 3) Al final alejaría en mayor medida al ciudadano del elector. En nuestra opinión, la reelección legislativa como cualquier cambio en el Congreso, debe venir acompañada por otras transformaciones institucionales en el sistema, tales como: la reforma en materia de radio y televisión para que el poder mediático no defina las reelecciones, la introducción de la revocación de mandato del legislador, la candidatura independiente y la inclusión de mecanismos de democracia directa, además de la derogación del financiamiento privado para que el legislador no sea preso y rehén de los grandes intereses económicos para que la pretendida vinculación con el elector que lograría la reelección, quede al final en mascarada.

Las propuestas en materia de incompatibilidades. En materia de incompatibilidades, un gran número de propuestas legislativas se han hecho hasta el momento y contemplan a la institución como un asunto importante de la modernización del Congreso, como un elemento central en el funcionamiento del mismo y de la libertad del legislador. Basta para poner como ejemplo de lo anterior, la propuesta que en su momento hicieron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, que el 15 de diciembre de 2005, entre sus iniciativas destacaron la necesidad de agregar al artículo 62 constitucional dos cuestiones: la determinación de incompatibilidad entre los cargos de diputado o senador con comisiones o empleos no solamente de los Estados sino también del Distrito Federal, de los municipios o de entidades supranacionales y, la incorporación de las incompatibilidades no sólo por razón del cargo público sin por existir un posible conflicto de intereses, para de esta manera, establecer una prohibición general para las actividades o situaciones que generen ese conflicto, referidas a la percepción de algún beneficio incompatible con el ejercicio de las funciones y actividades legislativas. La propuesta de incompatibilidades se vincula a otras referidas a la ampliación de los periodos legislativos, al fortalecimiento de las atribuciones de control del legislativo, al desarrollo de los grupos parlamentarios, a la incorporación de la iniciativa legislativa popular, al proceso legislativo, a nuevos procedimientos legislativos, a la existencia de Reglamentos propios en cada una de las Cámaras, al fortalecimiento de las comisiones, a los poderes legislativos de glosa al informe presidencial, al desafuero y al juicio político, al incremento de atribuciones en ambas Cámaras, entre otras.

Lo anterior pone de manifiesto que el tema de las incompatibilidades parlamentarias no es asunto marginal, sino que está unido con el debido fortalecimiento del Congreso y sus finalidades, en donde el estatuto del parlamentario, que tiene que ver con los derechos y obligaciones de los legisladores, debe ser afinado, pues aunque ciertamente las atribuciones del Congreso en materia de legislación, de control, de orientación política, deben ser incrementadas y fortalecidas, al igual que el papel de las comisiones, el fundamento del trabajo legislativo reside en el legislador individual, y es por ello, que cualquier reforma debe empezar por él. En especial, resulta impostergable salvaguardar su independencia y su libertad, pues de otra manera, el Congreso sería una institución reflejo de otras instituciones e intereses fácticos y no el ámbito de la deliberación política que con independencia cumple las atribuciones que la Constitución ha determinado. Lo expuesto se señala en una época en la que los poderes fácticos se superponen a los poderes formales del Estado. En esa medida resulta imprescindible entender la reforma del Congreso desde el legislador individual, pues en él reside la posibilidad de que el órgano legislativo cumpla adecuadamente sus tareas. Una regulación apropiada de las incompatibilidades parlamentarias es parte de la solución para que el legislativo satisfaga los intereses generales de la sociedad desde la libertad del legislador.

El 17 de abril de 2007 el Senado de la República envío a los Secretarios de la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Constitución. La minuta con proyecto de decreto en su parte conducente dice:

“Artículo Único. Se reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 62. Los integrantes del Congreso de la Unión observarán los principios de honradez y transparencia.

Los diputados y senadores propietarios, durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y sus delegaciones, los municipios o cualquier otro ente público, por los cuales se disfrute de remuneración, sin licencia de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción a esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.

También estarán impedidos, durante el desempeño de sus funciones, para intervenir en asuntos que les signifiquen conflicto de interés directo, mismos que serán expresamente detallados en la ley. No podrán representar, por sí o por interpósita persona, intereses patrimoniales de terceros frente a los de cualquier ente o persona moral de derecho público, salvo los casos de excepción que expresamente señale la ley. La contravención a estas disposiciones será sancionada en los términos que establezcan los ordenamientos federales aplicables”.

La minuta aprobada en el Senado para reformar el artículo 62 de la Constitución vino acompañada de reformas a la Ley Orgánica del Congreso. Sin embargo, hasta el momento la minuta no ha sido votada por el pleno de la Cámara de Diputados.

Incompatibilidades y estatuto del parlamentario. Los titulares de los órganos cúspide del Estado –poderes y órganos constitucionales autónomos– deben contar con un estatuto jurídico definido que propenda a dos finalidades claras: el cumplimiento de los fines y objetivos de las tareas encomendadas y a salvaguardar su independencia, tanto de las interferencias de otros poderes y órganos como de los poderes fácticos. Los legisladores no son la excepción a lo anterior, sino que con mayor razón su estatuto debe ser claro. Desgraciadamente en nuestro país, el estatuto del parlamentario a diferencia de otros países o no está adecuadamente esclarecido o no es completo. Existen confusiones conceptuales entre las distintas categorías, así no hay claridad en la distinción entre capacidades y elegibilidades, en ocasiones éstas se confunden con las incompatibilidades, las inmunidades se encuentran deficientemente reguladas al igual que las causas y procedimientos del juicio político. En materia de inviolabilidad parlamentaria no hay precisión si la inviolabilidad protege sólo a la opinión o también al voto y, cabe insistir, que la vía más evidente de vulneración a la libertad del legislador se da a través de las instrucciones que recibe de sus grupos parlamentarios y partidos, cuando no de poderes fácticos, lo que representa una forma moderna de mandato imperativo que el constitucionalismo democrático prohíbe en los textos constitucionales, principalmente de los países europeos.

Donde las cosas son igualmente preocupantes es en materia de derechos y obligaciones de los legisladores. La Ley Orgánica del Congreso no contiene un apartado sobre los derechos y obligaciones de los legisladores y, en general se piensa que éstos están vinculados a la dieta y las obligaciones de asistencia. La conformación del marco jurídico desde arriba, desde el papel de la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras y del papel vertical y disciplinario que desempeñan los líderes de los grupos parlamentarios –según se prevé en la legislación vigente–, impide entender el Congreso desde el papel de las comisiones y del legislador individual. Es en este último aspecto en el que se debe insistir más para poder exigirle cuentas claras a cada legislador y que éstas no se diluyan en las estructuras verticales y jerárquicas del Congreso.

Otro de los temas torales, no explorado debidamente, es el que corresponde a las responsabilidades de los legisladores. En general suele plantearse el problema en nuestro país sólo en el plano de las responsabilidades políticas, las referidas al juicio político o, cuando mucho, desde el ángulo de las inmunidades. Así se propone reformar la Carta Magna para establecer que no será necesaria la declaración de procedencia cuando se trate de delitos graves, cuando se haya sorprendido al legislador en flagrancia o cuando se hubiere solicitado licencia y se le haya concedido. En cuanto a las responsabilidades administrativas, las propuestas son más débiles y, hasta ahora, considero que no existe precisión respecto a las conductas que serían sancionables, los órganos competentes para determinar responsabilidades administrativas, ni los procedimientos, sanciones y medios de impugnación que procederían contra las determinaciones de la autoridad competente. La Comisión Especial del Senado para el Estudio de los Sistemas de Control de la Administración y Rendición de Cuentas dentro de los poderes de la Unión, no ha tenido una visión clara de lo que implica el estatuto del parlamentario y, por ello sus propuestas, para que por ejemplo, sea la Contraloría Interna de las Cámaras, la encargada de las investigaciones, procedimiento y dictamen en contra de los legisladores por faltas administrativas, son improcedentes, pues no se hacen cargo de que el Contralor Interno de las Cámaras es un servidor público designado por los propios legisladores, jerárquicamente inferior a los mismos y, que por otra parte, la única manera de no politizar los procedimientos consistiría en que las investigaciones y procedimientos en esta materia sean públicos, lo que hoy por hoy contraviene a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es decir, la comprensión de esta materia sigue siendo muy imperfecta cuando las responsabilidades administrativas no son un asunto menor dentro del estatuto del parlamentario.

También el estatuto del parlamentario debería implicar de manera detallada todo lo concerniente a la declaración de la situación patrimonial del legislador. De lo que se trataría es de lograr la publicidad de estas declaraciones y una supervisión adecuada de carácter aleatorio, tanto por las contralorías internas de las Cámaras como por la Auditoría Superior de la Federación. El legislador y sus familiares en estos procesos de supervisión y fiscalización estarían obligados a proporcionar amplia información a los órganos de fiscalización. Además, cada vez existe mayor conciencia para que la declaración no se constriña sólo al patrimonio, sino también a las actividades e intereses del legislador y su familia, para que la ciudadanía tenga una noción amplia de los vínculos del legislador con sectores políticos, económicos y sociales. De esta suerte, sería necesario que en las Cámaras hubiere tanto un registro sobre la situación patrimonial del legislador como de sus actividades e intereses, ambos debieran ser públicos. Cómo puede observarse, este tema tiene una relación directa con las incompatibilidades porque el registro de actividades y de intereses sería, una de las principales fuentes de información para conocer si se da o no algún supuesto de incompatibilidad de carácter privado o social.

Parte del estatuto de los legisladores debiera comprender la rendición de cuentas permanente de los legisladores con los ciudadanos. El Congreso y sus órganos deben informar periódicamente a la ciudadanía sobre las actividades realizadas, las leyes aprobadas, el trabajo en el pleno y en las comisiones, la manera cómo se desarrollan las actividades de control y de orientación política que corresponden al legislativo. Lo anterior no entraña que en lo individual el legislador no tenga las mismas obligaciones y, que no deba informar de lo que realiza, tanto a los ciudadanos de su distrito, entidad, circunscripción como de su país. La rendición de cuentas no debiera, por otra parte, entenderse sólo como una actividad del legislador hacia los ciudadanos, también éstos necesitan tener los canales y los mecanismos para supervisar la calidad y la profundidad de los informes periódicos del legislador, a través, por ejemplo, de las auditorías ciudadanas, además de tener la posibilidad de plantearles sus preocupaciones, reclamos o propuestas y, la obligación consiguiente de dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas en un clima de transparencia. Aquí debe haber claridad para que las preocupaciones y reivindicaciones de los ciudadanos no terminen siendo los reclamos y propuestas sólo de los poderosos o de los factores reales de poder.

El ejercicio del estatuto del parlamentario debe realizarse con transparencia. Es decir, el cúmulo de derechos, obligaciones, responsabilidades, privilegios, inmunidades, prerrogativas, etcétera, inherentes al cargo de legislador deben ventilarse públicamente. De otra manera, será muy difícil determinar si el legislador orienta su actividad hacia la consecución de los intereses generales en un marco de libertad e independencia o, si está supeditado a intereses de poder formal o informal. Por ello, todo lo concerniente al estatuto del parlamentario debiera ser público para que el ciudadano en los momentos electorales pueda emitir su voto razonado con plena conciencia y en los momentos interelectorales pueda controlar debidamente el poder y conocer si el legislador individual está cumpliendo con sus cometidos. Resulta muy criticable que la vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental considere como información reservada, en su artículo 14, la concerniente a los procedimientos y a las deliberaciones. Casi todo el trabajo legislativo debiera ser público pues en sede legislativa se abordan asuntos públicos, se trata de servidores públicos y el funcionamiento de las cámaras es pagado con recursos públicos.

Dentro de las iniciativas recientemente presentadas al Congreso están las referentes a la regulación de la ética parlamentaria. El estatuto del parlamentario se supervisaría mejor si los propios pares del legislador en un marco de plena transparencia dan seguimiento a sus actividades, al cumplimiento de sus derechos y obligaciones, por eso es imprescindible que en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se incluya como comisión ordinaria a la de ética parlamentaria, la que tendría como principal cometido salvaguardar el estatuto del parlamentario, generar una cultura ética de los legisladores, proponer códigos de ética para los parlamentarios, y principalmente encargarse de las investigaciones, procedimientos y dictámenes relacionados con la responsabilidad administrativa, las incompatibilidades y la violación a cualquier obligación del parlamentario, para que sea el pleno, al que le competan las resoluciones definitivas. Las contralorías internas de las Cámaras realizaran las funciones técnicas de investigación y de apoyo, a pedido de las respectivas comisiones de ética.

En el estatuto del parlamentario una cuestión que debe ser especialmente reforzada es la relativa a la libertad del voto del parlamentario. De ser posible tendría que haber una reforma constitucional al artículo 61 de la Constitución, para que se establezca de manera expresa, además de la inviolabilidad de las opiniones del legislador, la inviolabilidad del voto, es decir, la prohibición expresa de cualquier mandato imperativo al legislador, de partidos, poderes formales o intereses fácticos. Es verdad que en las sociedades contemporáneas existe la disciplina dentro del grupo parlamentario al que pertenece el legislador, pero esta disciplina no debe llevarse al extremo de evitar la deliberación y la libertad al interior del propio grupo parlamentario. El legislador no puede ser reconvenido por sus opiniones pero tampoco por sus votos. De lo que se trata, es que el parlamentario sea capaz de asumir su responsabilidad en el ejercicio del mandato, y además, mantener la independencia y libertad que requiere el ejercicio de la representación. En otras palabras, resulta lógica en nuestros días la existencia grupos parlamentarios, pero éstos deben actuar también democráticamente y, a su interior, los legisladores deben debatir con transparencia para asumir las posiciones del grupo y, siempre será posible jurídica y éticamente que algún legislador se aparte del acuerdo mayoritario o general por razones de conciencia sin que al hacerlo reciba algún tipo de sanción jurídica o política.

Crucial es regular de mejor manera a los grupos parlamentarios para evitar que los líderes de los mismos se transformen de coordinadores en dictadores. Desde luego que debe haber autonomía en dichos grupos pero no al extremo de que sus procedimientos y decisiones no sean transparentes o que se vulnere la independencia y libertad de conciencia de los legisladores. Los grupos parlamentarios deben tener una organización y procedimientos democráticos y respetar los derechos fundamentales de los legisladores que los componen. Su manejo administrativo debe ser público y, los recursos económicos que los líderes de esos grupos reciben no deben utilizarse para realizar chantaje a los legisladores, para cooptarlos o para premiar lealtades inconfesables o peor aún, para ser desviados de manera ilegal para las campañas. Por ello, tiene razón el ex senador Sodi, cuando propuso la doble fiscalización de los recursos ejercidos por los grupos parlamentarios, una interna por parte de las Contralorías Internas de las Cámaras y una externa a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.

Las incompatibilidades parlamentarias están inscritas en todos los aspectos del estatuto del legislador señalados anteriormente. Un cambio en el régimen de incompatibilidades no podría ser afrontado sin tomar en cuenta la complejidad que reviste la regulación del estatuto del parlamentario. Los objetivos constitucionales, tanto del estatuto parlamentario como de las incompatibilidades, son los mismos: salvaguardar la independencia y libertad del legislador para que éste oriente su actuar hacia la realización de intereses generales. En este sentido, las incompatibilidades son un elemento adicional en el engranaje institucional que se suma, entre otros, a: los derechos y obligaciones del legislador, su ética, las inviolabilidades del parlamentario, sus inmunidades, sus responsabilidades políticas y administrativas, la organización democrática del grupo parlamentario, la declaración del patrimonio y actividades del legislador, la transparencia en el Congreso, la rendición de cuentas del legislador a la sociedad y, la fiscalización de los recursos que se emplean en sede legislativa. El reto, por tanto, es grande, pero necesario para que la voluntad en el Congreso se construya de abajo hacia arriba, con plena deliberación y con procedimientos parlamentarios democráticos desde el papel que desempeña el legislador en lo individual.

Incompatibilidades y conflictos de interés. La existencia de intereses ajenos de carácter espurio a aquellos que son propios de la acción pública legislativa forma parte de nuestra realidad. La realización de determinadas actividades privadas o sociales por parte del legislador o sus vínculos con los intereses de poderes fácticos puede suponer un riesgo para la recta realización del mandato parlamentario. Las incompatibilidades parlamentarias son, entre otros, un instrumento adecuado para salvaguardar las funciones del legislador de esos intereses espurios, tanto privados, mercantiles como sociales, para evitar y prohibir la conexión indebida entre el interés privado o social con la naturaleza y función del cargo público. En nuestro país, es cada vez más frecuente la crítica social a que por ejemplo: los legisladores no sean de tiempo completo y dedicación exclusiva; que los legisladores cuando son abogados litiguen contra el Estado; que ocupen funciones en comisiones legislativas como presidentes, secretarios técnicos o miembros, cuando en su actividad profesional presente o previa tuvieron relación de interés personal o profesional con las materias de las que conocen esas comisiones; que ex contratistas del Estado, hoy legisladores, presidan comisiones que tengan que ver con las dependencias con las que tenían relación contractual; senadores que defienden por razones personales o profesionales en el seno del legislativo los intereses de poderes fácticos como los medios de comunicación electrónica; legisladores que a cambio de viajes o favores deciden bajar los impuestos al tabaco; legisladores en ejercicio que tienen despachos de consultoría que brindan servicios profesionales a las Cámaras; legisladores cuyas empresas son contratistas o proveedoras de servicios a las instancias del legislativo o de otros órganos del Estado y; el reparto de comisiones legislativas en función de los intereses económicos o sociales que los legisladores representan, etcétera.

Los ejemplos anteriores son prueba evidente de que el poder legislativo mexicano y sus miembros están sometidos a continuos escenarios en donde puede haber conflictos de interés y en ocasiones hasta franca corrupción. El fenómeno se agravó con la aparición de las empresas de cabildeo a partir de 1996-1997. Éstas suelen presionar a los legisladores para que aprueben leyes ad hoc para beneficiar a sus clientes. El cabildeo en el Congreso avanza, sin que exista regulación alguna sobre él y sin que se tenga conciencia clara de sus efectos perniciosos para la libertad e independencia del legislador y del Congreso. Entre las principales empresas de cabildeo en México podemos mencionar, entre otras, a las siguientes: Grupo Estrategia Política; Cabildeo & Comunicación; Grupo de Asesoría Estratégica S.C.; LTG Lobbying México; International Consulting and Marketing IC&M México; Corporativo de Servicios Legales S.C.; Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo (Procab A.C.). Ha trascendido tanto en el medio nacional la práctica este tipo de actividades que ahora las principales empresas mexicanas realizan cabildeo en el extranjero, de manera señalada ante el Congreso de los Estados Unidos y las dependencias federales del ejecutivo de ese país.

La regulación contemporánea de las incompatibilidades como ya se ha señalado a lo largo de estas páginas, debería consistir en evitar y prohibir el conflicto de intereses privados y sociales en la labor del legislador que debe ser independiente y libre. En México, a medida que el proceso de transición a la democracia avanza, la centralidad del poder legislativo es mayor, pues las Cámaras del Congreso tienen más peso en las decisiones nacionales. El poder en México se ha trasladado al menos parcialmente del ejecutivo al legislativo y judicial y, por lo tanto surgen nuevos riesgos. Si durante el antiguo régimen, la presión y la cooptación a los legisladores provenía del ejecutivo, hoy proviene principalmente de sus partidos y de los poderes fácticos a través de empresas de cabildeo. Para tener una idea de lo que el cabildeo puede significar tengamos en mente el famoso caso Abramoff en los Estados Unidos, país en el que los cabilderos desde el siglo XIX gozan de un poder desproporcionado en el proceso político, principalmente legislativo, sin haber sido electos por la ciudadanía. El cabildero Abramoff se declaró culpable en enero de 2006 y reconoció haber cometido actos de corrupción respecto a legisladores a quienes regaló viajes, contribuciones de campaña, comidas y diversiones para influir en sus actos en beneficio de sus clientes. Los cabilderos han erogado en los Estados Unidos entre 1998-2005 trece mil millones de dólares para convencer e influir a los miembros del Congreso y otros servidores públicos. Se dice, que la cantidad erogada para influenciar a los legisladores implica el doble de lo gastado para elegirlos. En ese país están registradas más de diecisiete mil doscientas empresas de cabildeo. Su principal objetivo es influir en la aprobación del presupuesto para que a través de él salgan beneficiados los intereses que representan. Gran parte de los cabilderos son ex legisladores o ex servidores públicos y sus empresas reportan al fisco beneficios constantes y en alza cada año. Ante estos hechos, organizaciones no gubernamentales como “Ciudadano Público” reclaman reformas a la Ley de Divulgación de Cabildeo (Lobbying Disclosure Act de 1996) y a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Entre otras cosas se propone: 1) Que los ex legisladores tengan un periodo de incompatibilidad mayor –actualmente es de un año con posterioridad a la finalización del cargo– para actuar como cabilderos; 2) Obligar a los legisladores a transparentar cualquier negociación que tenga que ver con su función legislativa, en especial con los cabilderos; y, 3) Prohibir de manera más estricta la entrega de regalos a los legisladores por parte de cabilderos así como obligar a los legisladores a rembolsar los costos de viaje por usar los aviones privados de los cabilderos o de las empresas que representan.

En el plano teórico se suelen proponer respecto al cabildeo, las siguientes medidas: “a) Frente a la desigualdad que genera un sistema en el que los grupos adquieren tamaño protagonismo, no pensamos que sea conveniente, ni posible, su limitación a través de medidas restrictivas. Es tal el grado de inserción de estos grupos en el sistema, que cualquier legislación que tratara de prohibir sus actividades estaría condenada al fracaso. Es preciso, por lo tanto, establecer mecanismos formales que permitan el acceso a los parlamentarios a aquellos grupos que no cuentan con medios para hacerlo de manera informal; b) La utilización de los grupos como elemento de participación política, nos obliga a dotar a éstos de un elemento de receptividad, de representatividad, que reforzaría el impacto democrático de un sistema, el de intereses, tradicionalmente valorado por sus aportaciones de carácter técnico. Para lograr este fin será necesario facilitar a los parlamentarios elementos de juicio que les permitan valorar los intereses afectados que requiere su atención; c) Además es necesaria la asimilación de los despachos profesionales de presión (lobbies), como uno más dentro de la tipología multiforme de los grupos de presión...d) Somos partidarios de una legislación abierta a la participación de los grupos en el sistema que establezca la transparencia como principio fundamental de control. El registro, la exigencia de una serie de requisitos formales para presentar propuestas y los informes periódicos se convertirían en los tres ejes sobre los que giraría dicha legislación; e) El registro, elemento clave del sistema, se establecería como requisito indispensable para obtener el acceso a los parlamentarios. Los grupos estarían obligados a inscribirse en el registro, que se convertiría en el garante principal de la transparencia al exigir una enumeración exhaustiva de aquellos que ejercen actividades legales de presión y la identidad de los grupos interesados, en el caso de aquellos que representan los intereses de otros de manera profesional; f) Además se establecería una regulación formal para las propuestas presentadas por los grupos que exigiría que éstas cumplieran las siguientes condiciones: Entregar un número de copias suficientes para distribuir a los grupos parlamentarios, para que todos puedan conocer las propuestas realizadas; la descripción somera de la situación sobre la que se quiere intervenir a través de una serie de datos contrastados; una valoración de la base social de la campaña, que deberá presentar, además del número de interesados, otros elementos que hacen conveniente su consideración en beneficio del interés general; las medidas que se pretende que el Parlamento tome en consideración, presentadas como una serie de conclusiones lógicas fruto del conocimiento, el estudio y el análisis de la situación; g) Por último, siguiendo el modelo norteamericano, se establecería la obligación de informar sobre las actividades realizadas, a través de informes periódicos que se convertirían en el medio habitual de control de la opinión pública sobre la labor de estos grupos. Las primeras valoraciones de la nueva normativa norteamericana sobre la materia (Lobbying Disclosure Act, 1996), que incluye esta obligación de informar, han denunciado dos problemas fundamentales: el peligro de que este deber de información se convierta en una serie de requisitos formales, una justificación rutinaria sin relación con la realidad; y el peligro de que la dificultad de acceso a estos informes impida un control real de la opinión pública. A fin de evitar estas confusiones en la opinión pública sería necesario, como demuestra la experiencia americana, la existencia de un órgano controlador que reciba y gestione el registro y los informes, con potestad sancionadora en caso de incumplimiento. A efecto de alcanzar un control parlamentario de su actuación, este órgano en nuestro país podría depender de la Mesa del Congreso, donde se encuentran representados todos los grupos parlamentarios. A su labor se encargaría el garantizar la publicidad absoluta del registro y los informes; h) Las dificultades expuestas hacen absolutamente necesaria la colaboración de los parlamentarios, obligados a denunciar todo comportamiento que vaya en contra de esta normativa. Como hemos descrito, en Europa se contempla esta situación a la hora de establecer los derechos y deberes del parlamentario, estudiándose la conveniencia de incluir en las normas estatutarias, unas normas básicas de comportamiento que deberán seguir los Parlamentarios en sus relaciones con los grupos, estableciendo criterios claros que permitieran saber a que atenerse en materias tan conflictivas como los regalos, dádivas u otras formas indirectas de pago”.

Como puede apreciarse, se trata de transparentar el papel de los poderes invisibles y ocultos de la democracia como les ha llamado Bobbio. Estimo que las propuestas transcritas no resuelven totalmente el problema, como se ha constatado recientemente en Estados Unidos con el caso Abramoff, pues es difícilmente conciliable con la democracia que ciertos sectores –los cabilderos y las empresas que representan– tengan más peso que otros sectores en las decisiones de las diversas instancias del Congreso. Desde mi punto de vista, cualquier regulación del cabildeo en México debe venir acompañada además de las sugerencias que se han precisado en los párrafos que anteceden, de una profundización de la transparencia en las actividades del Congreso, tanto procedimientos como resultados, de una mayor deliberación en las instancias del legislativo, de una completa regulación del estatuto del parlamentario, principalmente incompatibilidades y responsabilidades administrativas, además del fortalecimiento de las instancias de control y fiscalización internas y externas de las Cámaras. Igualmente, la introducción del cabildeo en México debe implicar el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, su acceso abierto y amplio a las instancias gubernativas y legislativas a fin de compensar el peso de los sectores económicos en el debate político. En este sentido, cualquier regulación del cabildeo en nuestro país debe entrañar la derogación del financiamiento privado en las ante, pre y campañas electorales, la determinación para que la publicidad político electoral y gubernamental sólo se transmita en tiempos gratuitos del Estado y, la inclusión de mecanismos de democracia directa como la iniciativa legislativa popular, la revocación del mandato, el referéndum, la acción popular de inconstitucionalidad, mecanismos procesales para la protección de intereses colectivos y difusos y, la existencia de instrumentos constitucionales de protección de los derechos sociales, económicos y culturales, etcétera. De otra manera, la regulación por sí misma del cabildeo puede producir una democracia excluyente y de élite.

Los conflictos de interés en el poder legislativo se deben atender, además de lo ya expuesto, con una panoplia de medidas, entre otras: dedicación preponderante de los legisladores a sus tareas legislativas; sancionar con penas más severas el tráfico de influencias en el Congreso; obligar a los legisladores a la declaración pública de su patrimonio y de sus actividades e intereses; y, la regulación de incompatibilidades públicas, privadas y sociales. La prevención, control y sanción de los conflictos de interés exigen un sistema de integridad nacional. No basta una solución o una institución para lograrlo.

Incompatibilidades y medidas anticorrupción. Las incompatibilidades se inscriben dentro de las medidas anticorrupción. Como se sabe, la corrupción significa violaciones a obligaciones o deberes por parte de uno o más decidores con el objeto de obtener un beneficio extraposicional del agente que soborna o a quien extorsiona a cambio del otorgamiento de beneficios para el sobornador o el extorsionado que superan los costos del soborno o del pago o servicio extorsionado. En este sentido, las incompatibilidades tienden a evitar los conflictos de interés y el tráfico de influencias que está asociado a las incompatibilidades, tanto públicas como privadas y sociales, puesto que se asume que el legislador sólo puede dedicarse a su función, que ésta debe estar orientada al interés general y, que en su actuación, intereses privados, públicos o sociales, no deben distraerlo de las finalidades de su mandato parlamentario.

Además, una regulación adecuada de las incompatibilidades forma parte de los cimientos que evitan la corrupción, aunque sin pensar que esta institución por sí, pueda enfrentar el cáncer que la corrupción representa. Creemos que sin control verdadero al poder formal e informal de los factores reales de poder, sin participación y deliberación ciudadanas y, sin protección efectiva de los derechos fundamentales, poco puede hacerse para transformar las realidades de la corrupción. Es verdad, que esos elementos constituirían los cimientos y, tal vez, el primer piso en la construcción de los esfuerzos anticorrupción, después vienen otros, que por ser habituales dentro de las propuestas, no dejan de ser importantes, tales como la modernización administrativa, la reforma al sistema de adquisiciones de bienes y servicios, el servicio civil de carrera, las responsabilidades de los servidores públicos, los delitos cometidos por los mismos, etcétera. En todos estos esfuerzos, el error de los gobiernos consiste en que no suelen ir a fondo, no “pisan suficientemente el acelerador” y, no lo hacen porque los cimientos –el sistema democrático y las bases del Estado de Derecho– son muy débiles.

Para combatir la corrupción se requiere un haz de herramientas de solución. Para ello se debe partir de las siguientes premisas: 1) La de la coordinación y vinculación entre todas las instituciones de investigación y resolución, federales y locales, que enfrentan la corrupción; 2) La de perfeccionar los mecanismos de combate a la corrupción política porque ésta tiende a convertirse en corrupción pública, una vez que los partidos y los intereses económicos que están detrás de ellos, integran los órganos de poder; 3) La de la lograr en los órganos de accountability horizontal (tribunales, ministerio público, órganos de control externo, electorales, etcétera), mayores niveles de autonomía e independencia, así como de vigilancia ciudadana; 4) Dirigir la lucha contra la corrupción no sólo a los poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo, judicial), sino a todo el aparato del Estado y a los factores reales de poder; 5) Propiciar mayores niveles de participación y deliberación social en las decisiones públicas; 6) Transparentar de manera radical –procedimientos y resultados–, el aparato del Estado y la organización y funcionamiento de los factores reales de poder: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, medios de comunicación electrónica; 7) Generar una cultura de la rendición de cuentas; 8) Revisar el sistema de responsabilidades a los servidores públicos –políticas, penales, administrativas, civiles, laborales–; 9) Modernizar la administración pública y generar sobre bases constitucionales el servicio de carrera; y, 10) Garantizar y fomentar los derechos humanos.

Debe tenerse muy claro que para atacar la corrupción es preciso insistir en la influencia de los factores reales de poder en la vida política y, en la necesidad, de orientar esa influencia negativa al control del Derecho. En este contexto, es adecuado destacar la importancia de la democracia participativa como correctivo a la democracia representativa, dado que cuenta, entre otras, con las siguientes ventajas: incluye a los sectores excluidos; involucra a los ciudadanos en los asuntos públicos, con lo que se legitima el sistema político y las decisiones que se adoptan en la sociedad; permite la redistribución de la riqueza mediante el señalamiento de las prioridades sociales en el gasto; es un mecanismo que une a los gobernantes con los gobernados; favorece los mecanismos de control ciudadano; puede combinarse con la democracia representativa; entraña válvulas de escape frente al descontento popular; permite que voces que no son normalmente tomadas en cuenta sean escuchadas; implica instrumentos de participación alternos a los partidos políticos; y, limita el elitismo político, en tanto que promueve la movilidad de las élites políticas y, alienta la transparencia en la deliberación de los asuntos públicos. También debe ser resaltada la importancia de la democracia deliberativa por su carácter inclusivo, público, argumentativo, igualitario, porque coloca sobre la mesa razones, y no sólo intereses egoístas y, por su tendencia a la imparcialidad derivada de la colegiación de las decisiones en un proceso abierto, integrador, basado en la razonabilidad y en el mejor argumento. Uno de los aciertos de la democracia deliberativa está en el control ciudadano a lo estatal, para que las instituciones, por sí o siguiendo los intereses de los factores reales de poder, no actúen en forma autoritaria. Se trata que los ciudadanos recuperen una actitud ofensiva frente a las instituciones y por eso se pide que el sistema representativo sea modificado en las cuatro etapas clásicas del proceso: debate, mandato, control y actuación gubernamental, para incrementar la deliberación, la calidad de la democracia y poder cuestionar a la corrupción y generar instrumentos para solucionarla mediante la discusión pública de los asuntos. Este nuevo enfoque democrático pone énfasis en el papel que juegan los factores reales de poder: partidos, medios de comunicación electrónica, intereses económicos nacionales y trasnacionales, cuando cooptan el aparato del Estado y se lo reparten como botín.

Para efectos del combate a la corrupción y de la misma democracia, los órganos de control y los mecanismos de rendición de cuentas son la piedra de toque del Estado de Derecho. Es necesario que los órganos de control sean efectivos e independientes para luchar en contra de la corrupción. La realidad nacional nos indica que ningún órgano de control horizontal cuenta con esas características. El Congreso de la Unión posee importantes competencias de control que no ha maximizado, entre otras razones, porque el elemento central del Congreso que es el legislador, no ha sido revestido del estatuto jurídico, de la independencia y libertad necesarias para cumplir constitucionalmente con sus funciones. La regulación a fondo de las incompatibilidades constituye un instrumento para garantizar la independencia y libertad del legislador y, en ese sentido, es un mecanismo que coadyuva al control del poder, tanto del ejecutivo como de otros poderes y órganos y, también de los poderes fácticos. Dotar al legislador de libertad en su actuación entraña darle a su labor el ingrediente necesario para generar condiciones anticorrupción en el Congreso y en todos los ámbitos del aparto del Estado. Un legislador libre no mediatiza sus decisiones ni las condiciona para atender el llamado de los poderes formales o informales, actúa para bien y para mal –cuando se equivoca– desde el marco normativo y desde su conciencia. La democracia por tanto, no puede ser vista sólo como una suma de procedimientos electorales para definir al gobernante, la democracia también debe ser comprendida como las reglas, instituciones y procedimientos para que los servidores públicos ejerzan el poder sobre bases de libertad y de independencia en el marco de la Constitución y las leyes, con pleno respeto a los derechos fundamentales y que además orienten sus funciones hacia intereses generales.

Las materias que debe comprender una reforma integral de las incompatibilidades. Las incompatibilidades parlamentarias en el derecho constitucional de nuestro tiempo se han transformado en un mecanismo jurídico de carácter plurifuncional* debido a la expansión en el ámbito material sobre el que se proyecta esta institución jurídica: inicialmente pública abarca hoy en día el desempeño de actividades privadas y sociales. Para comenzar tendríamos entonces que decir, que las incompatibilidades parlamentarias de nuestro tiempo no pueden sólo prohibir el desempeño de determinados cargos públicos como lo hacen los artículos 62 y 125 de la Constitución mexicana, sino tendría que comprender también actividades privadas y sociales. Además, en el terreno de las prohibiciones de los cargos públicos, es obvio que en el derecho mexicano, esta prohibición debe ampliarse a los cargos municipales, del Distrito Federal y de instancias supranacionales.

Un rasgo de las incompatibilidades parlamentarias de nuestro tiempo consiste en que el legislador realice sus funciones bajo el régimen de dedicación exclusiva o preponderante, lo que significaría que durante el desempeño de sus cargos no podrían tener otra actividad profesional o de carácter económico, salvo aquéllas que fuesen gratuitas y honorarias y que tuviesen que ver con la docencia, la investigación científica, literaria o de beneficencia, y que además respecto a ellas informe puntualmente a las Cámaras del Congreso, a través de las Comisiones de Ética y Disciplina Parlamentaria correspondientes. Como pude advertirse de muchas iniciativas de reforma presentadas por legisladores mexicanos y del derecho comparado, se insiste en este punto que a nosotros nos parece fundamental, pues de introducirse reduciría el nivel de relación de los legisladores con ámbitos de los que puede derivarse conflictos de interés o tráfico de influencia. Igualmente, el régimen de dedicación exclusiva o preponderante del legislador a sus tareas entraña su profesionalización, su dedicación de tiempo completo al trabajo en comisiones, evitaría salvo casos justificados, la inasistencia a los recintos parlamentarios. No cabe duda, que este régimen debe ser parte del nuevo sistema de incompatibilidades parlamentarias en México para que exista la obligación de dedicación exclusiva o preponderante a las tareas legislativas por parte de diputados y senadores, con apercibimiento de pérdida del cargo amén de las responsabilidades administrativas, políticas o penales que se deriven, de encontrarse que algún legislador se dedica a otras tareas que no sean las estrictamente legislativas. Es importante destacar como lo hizo la “Comisión especial del Senado de la República para el Estudio de los sistemas de control de la administración y rendición de cuentas dentro de los poderes de la Unión” que los regímenes de incompatibilidades suelen mencionar las actividades no incompatibles de los legisladores, por ejemplo, las relacionadas con: la mera administración del patrimonio personal o familiar; la producción y creación literaria, científica, artística, periodística o técnica; las publicaciones derivadas de ellas; la participación en medios de comunicación; así como cargos no remunerados en instituciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Para una regulación más adecuada, nos parece que también se debería agregar al aparatado de dedicación exclusiva o preponderante, que sobre esas actividades consideradas no incompatibles se debe declarar ante las instancias competentes del Congreso.

Si existe dedicación exclusiva o régimen preponderante a la función legislativa, las actividades privadas de carácter profesional o personal deberían entenderse prohibidas, salvo aquellas que no se consideren incompatibles. No obstante, en la legislación secundaria –en la Ley Orgánica del Congreso– deberían contemplarse aquéllos casos o conductas que entrañen no sólo la incompatibilidad sino la existencia de responsabilidades de carácter grave. Entre ellas las siguientes: 1) Actuar como abogado, mandatario, representante, apoderado, patrocinador o perito de particulares, por sí o por interpósita persona, en procedimientos judiciales o administrativos en los que un órgano o empresa de los poderes públicos del Estado tenga la condición de parte; 2) Actuar como gestor, defensor, director o asesor con fines de lucro, por sí o por interpósita persona, ante cualquier entidad o dependencia del sector público federal, estatal, municipal, del Distrito Federal respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellas; 3) Ser contratista o fiador, por sí o por interpósita persona, de obra, servicios o suministros, siempre y cuando éstos se paguen con fondos del sector público, o desempeñar puestos o cargos que sean inherentes a las funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en compañías o empresas que se dediquen a dichas actividades; 4) Prestar servicios de asesoría o de cualquier otra índole, con fines de lucro, a entidades o dependencias del sector público federal, estatal, municipal o del Distrito Federal; y, 5) Formar parte del consejo de administración de una sociedad de personas que lleve a cabo alguna de las actividades señaladas anteriormente. Si los legisladores poseen acciones en sociedades mercantiles se deben depositar en un fideicomiso mientras permanecen en funciones.

En cuanto a las incompatibilidades de origen social, el asunto se torna complejo. En muchos países del mundo son incompatibles los cargos legislativos con cargos sindicales, con cargos partidistas o en organizaciones empresariales. Estimo que en nuestro país, la función del legislador no debe implicar la defensa de intereses de partidos o de sindicatos en sede legislativa con la finalidad de salvaguardar la prohibición del mandato parlamentario. En este sentido debe ser incompatible la tarea legislativa con funciones directivas sindicales o partidistas y no sólo por razones de dedicación exclusiva o preponderante al cargo sino para evitar también posibles conflictos de interés o tráfico de influencias. Las incompatibilidades por tanto deben venir acompañadas por la prohibición expresa del mandato imperativo y de sanciones a los dirigentes partidistas y líderes de los grupos parlamentarios que pretendan coaccionar indebidamente la voluntad del legislador. También considero como un asunto grave y delicado que el legislador en nuestro país realice directamente funciones de gestoría a favor de grupos sociales ante instancias públicas, pues amén de desviarse de sus funciones legislativas, suelen producir estas conductas condiciones propicias para el clientelismo político que puede ser una forma de corrupción. A fin de evitar relaciones corruptas entre los beneficiados de la gestoría social y los propios legisladores, habría al menos que incorporar “candados” para que el apoyo del legislador no se traduzca posteriormente en apoyos políticos indebidos. Entre los “candados” considero que estas labores de gestoría siempre deben ser gratuitas por parte del legislador, que los beneficiados del apoyo del legislador deben estar impedidos para entregar donativos en efectivo o en especie a los legisladores en futuras campañas, que cada relación de gestoría quede documentada por el legislador y que sea pública, además de que el legislador entregue un informe semestral a las futuras Comisiones de Ética y Disciplina Parlamentaria sobre todas estas tareas y gestiones. En caso de que el informe no se produzca, sea incompleto o falso, las responsabilidades políticas, administrativas y penales deberían ser graves. Desde luego la comprobación de una relación indebida de apoyo social debe implicar la pérdida del cargo del legislador.

Las declaraciones patrimoniales de los legisladores deben ser públicas además de sus declaraciones sobre sus intereses y actividades. Es importante que en el contenido de la declaración sobre intereses y actividades, se especifiquen las relaciones que en sociedades mercantiles haya tenido o tenga el legislador, al igual que en los fideicomisos o en cualquier otro tipo de relación o negocio en sociedades civiles y mercantiles. La declaración de intereses y actividades debe detallar los aspectos relevantes de la vida política del legislador, su currículum vitae y los nexos que tenga con grupos de poder económico, político o social. Tanto las contralorías internas del Congreso, las Comisiones de Ética y Disciplina Parlamentaria, así como la Auditoría Superior de la Federación deben dar seguimiento a estas declaraciones, auditarlas aleatoriamente y, en su caso, iniciar las acciones de responsabilidad o aclaración que correspondan.

Respecto a la publicidad de las actividades del legislador, debe ser obligatorio que éste transparente sus contactos personales diarios. Al efecto, la relación de datos de su agenda personal debe estar disponible para que cualquier ciudadano pueda consultarla. Para determinar una posible incompatibilidad es fundamental que toda esa información sea accesible. Desde luego que junto a la información que derive de la agenda del legislador también debe ser pública aquella información vinculada a su quehacer como tal, su trabajo en comisiones, comités, en el pleno, o en cualquier grupo de trabajo del Congreso. Además, semestralmente debe informar a la ciudadanía de todas sus actividades, para que éstos puedan exigirle cuentas por sus funciones.

Buena parte de las deficiencias en las propuestas sobre incompatibilidades derivan de la parcialidad con que son abordadas, pues se constriñen a la parte sustantiva sin atender a la adjetiva o procedimental. En efecto, no sólo basta que se determinen las causas de incompatibilidad pública, privada o social, y que se relacione la institución con la declaración pública del patrimonio, actividades e intereses, así como con el estatuto del parlamentario y la obligación de dedicación exclusiva o preponderante al cargo, también resulta fundamental precisar los órganos competentes, el procedimiento y las consecuencias jurídicas que se producen a raíz de una incompatibilidad acreditada. El derecho mexicano es omiso al respecto. Por tanto, una futura reforma sobre incompatibilidades debe aclarar no sólo las conductas que son incompatibles con la función legislativa, sino también los órganos competentes que deben encargarse en el Congreso de conocer las incompatibilidades, los procedimientos y las sanciones que correspondan. El dictamen de la “Comisión especial del Senado para el estudio de los sistemas de control de la administración y rendición de cuentas dentro de los poderes de la Unión”, propone un “monitoreo” eficiente del cumplimiento de las disposiciones en donde las Mesas directivas de ambas Cámaras son responsables de la recepción y registro de los datos concernientes a las actividades de los legisladores, en tanto que las Contralorías desempeñan el papel de órganos técnicos encargados del análisis e identificación de posibles incompatibilidades. El citado dictamen estima innecesaria la creación de la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria propuesta por el ex senador Jesús Ortega. Se señala en la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso que una vez constituida la Cámara y dentro de los setenta días naturales siguientes, tanto diputados como senadores, estarán obligados a formular declaración ante la mesa Directiva correspondiente, bajo protesta de decir verdad, de su situación patrimonial así como declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad y de cualquiera otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionar algún beneficio, ingreso, concesión, prestación o emolumento que incida en su patrimonio. La Contraloría Interna de cada Cámara emitirá a la brevedad y con arreglo a la legislación vigente, dictamen individual sobre la situación de aquellos legisladores en los que exista alguna posible incompatibilidad. Los dictámenes individuales serán turnados a la Mesa Directiva que corresponda a fin de que ésta última notifique y cite de inmediato a los diputados y senadores afectados, para que expongan ante ella lo que a su derecho convenga. La audiencia deberá realizarse en un plazo no menor de cinco ni mayor de diez días naturales. Si la Mesa Directiva confirma alguna situación de incompatibilidad someterá el dictamen a consideración del Pleno. El legislador incurso en la incompatibilidad tendrá derecho a intervenir en el debate pero no podrá participar en la votación. Si se declara la incompatibilidad, el legislador tendrá un plazo de diez días naturales para renunciar a la actividad incompatible, sin perjuicio de las sanciones administrativas que le puedan corresponder. Asimismo se establece que la reincidencia o continuidad en las actividades consideradas incompatibles será castigada con la pérdida del carácter de legislador.

Como ya hemos señalado nos parece inadecuado que no se quiera admitir la existencia de la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria para tratar las incompatibilidades. Establecer que es la Mesa Directiva de cada Cámara la que se encarga de definir y proponer al pleno la existencia de las incompatibilidades refuerza la jerarquización en las Cámaras. Dotar a la Contraloría de atribuciones de investigación respecto a los legisladores, con el argumento de que se trata de un órgano técnico e imparcial, constituye un despropósito. El Contralor Interno es un funcionario nombrado por los legisladores y por lo mismo es un subordinado. Los que deben conocer de las incompatibilidades son los propios legisladores en el seno de las comisiones de ética y disciplina parlamentaria con el auxilio técnico de la Contraloría Interna. Si se tiene temor a la politización del procedimiento, investigaciones y decisiones en el seno de comisiones de esa naturaleza, la solución es, desde luego, la transparencia más plena en las etapas de procedimiento y de investigación. Por tanto la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria de cada Cámara debe deshogar las investigaciones y procedimientos, formular el dictamen correspondiente y someterlo a la consideración del pleno. El procedimiento debe respetar la garantía de audiencia del afectado y, la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria debe tener competencias para solicitar información bancaria, fiscal o ministerial sobre el legislador que se encuentra sujeto a investigación, asimismo debe tener atribuciones para solicitar la comparencia de autoridades y de particulares vinculados con las investigaciones, los que estarían obligados a proporcionar información y declarar bajo protesta de decir verdad sabedores de las penas en que incurren los falsos declarantes. En materia de sanciones, de acreditarse la incompatibilidad, independientemente de las responsabilidades administrativas, penales o civiles que se deriven, la desembocadura no puede ser otra que la pérdida del cargo, sin posibilidad para que el legislador opte entre el cargo legislativo y el otro. Mantener la rémora de la opción entre cargos constituye un privilegio inadmisible dentro del contexto del Estado Constitucional de Derecho, aunque se reconoce que en el derecho comparado se sigue manteniendo la opción, lo que me parece constituye una burla a la ciudadanía que desea ver trabajar a los legisladores en los asuntos de su encargo y no en otros que los distraen de su actuación o que pueden actualizar conductas vinculadas con los conflictos de interés o el tráfico de influencias.

Además, la regulación de incompatibilidades debe extenderse en el tiempo una vez que concluya el cargo. Las prohibiciones al legislador deben estar vigentes durante al menos dos años, –para ciertos cargos del poder judicial mexicano así ocurre según lo prevé el artículo 101 constitucional– a efecto de que no utilicen sus privilegios o su influencia a favor de determinados grupos económicos o sociales en detrimento del interés general. De esta manera, no podría, por ejemplo: litigar contra el Estado; formar parte de sociedades mercantiles que contratan con el Estado; integrar o formar parte de alguna sociedad o asociación de cabilderos que promueve intereses ante el Congreso o ante otros poderes públicos; igualmente no podría ocupar cargo público a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal durante esos dos años, etcétera. Sin la extensión en el tiempo de las prohibiciones anteriores será siempre fácil para el legislador y para los poderes fácticos “guardar” el intercambio de favores al momento en que concluye la función del legislador.

¿Dónde deben ser reguladas las incompatibilidades? En principio las bases y principios de las incompatibilidades deben estar consagradas en la Constitución y desarrolladas en la ley secundaria. En algunos países del mundo, tal es el caso español, las incompatibilidades sólo pueden estar previstas además de en la Constitución, en la ley electoral, tal como lo dispone el artículo 70.1 de la Constitución de ese país y ha reiterado el Tribunal Constitucional en la sentencia STC 72/1984. En nuestro caso, las normas constitucionales –artículo 62 y 125– no señalan las normas secundarias en donde se pueden desarrollar sus contenidos. Nosotros estimamos que tendrían que establecerse en la Constitución los principios fundamentales de la institución, tanto de carácter sustantivo como adjetivo, y después remitirse a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en donde a detalle, preferentemente en un nuevo título sexto, se abunde en las determinaciones de las incompatibilidades así como del contenido mismo del estatuto del parlamentario. No nos parece que el lugar adecuado para regular las incompatibilidades sea, como se ha proyectado, en el Reglamento de cada Cámara del Congreso o en el Reglamento del Congreso General. Las razones son las siguientes respecto al primer supuesto: 1) Los principios, bases y reglas de las incompatibilidades deben ser comunes a los legisladores federales; establecerlas en el reglamento para cada Cámara, puede ocasionar regulaciones diversas y por lo tanto tratamiento distinto para prohibiciones que no tienen porque ser diferentes, y de darse el caso, bien se podría sostener su inconstitucionalidad por encontrarnos en el supuesto de violación al principio de igualdad en la aplicación de la ley; 2) Los reglamentos que se proyectan para cada Cámara, aunque en muchos aspectos son necesarios, no pueden pretender que materias que tengan que ver con derechos fundamentales de los parlamentarios, queden a merced de una de las Cámaras, pues ello también podría estimarse inconstitucional, al normarse una materia en disposiciones que no tienen ni formal ni materialmente el carácter de ley, y en ese sentido, podríamos estar en el supuesto de violaciones al principio de reserva de ley para derechos fundamentales; 3) En general todo el estatuto de los parlamentarios sólo puede ser objeto de la ley y no de los reglamentos parlamentarios, en tanto que no debe olvidarse que su regulación tiene que ver con los derechos fundamentales de los legisladores; 4) Finalmente, no debe olvidarse que la Ley Orgánica del Congreso representa el marco general de formación de las instancias legislativas y, en ella deben regularse los aspectos fundamentales de las Cámaras y, las incompatibilidades como el resto de las materias que comprende el estatuto de los parlamentarios son asuntos determinantes para la organización y funcionamiento de un Congreso democrático.

En cuanto al segundo supuesto, se podría sostener, que en el actual Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de una norma que comprende ambas Cámaras, podría caber en él la regulación del estatuto del parlamentario incluyendo las incompatibilidades parlamentarias. Mi punto de vista es contrario, pues el actual Reglamento del Congreso además de ser una norma que exige una reforma profunda, no puede contener las materias definidoras del nuevo Congreso mexicano. Su papel debe tender si permanece como el “Reglamento del Congreso” y, como lo ha hecho hasta este momento, al debate parlamentario o cuando mucho a los aspectos ordinarios del funcionamiento de las instancias legislativas, no a las cuestiones que atañen a su arquitectura y determinación. Es verdad, por otra parte, que de acuerdo a nuestra Constitución, tanto en la aprobación, modificación o reforma a la Ley Orgánica del Congreso como al Reglamento Interior del Congreso no interviene en el ejecutivo en esos procedimientos. No obstante, el Reglamento Interior del Congreso se orienta principalmente a aquéllos temas que la doctrina considera “interna corporis acta”, en cambio la Ley Orgánica del Congreso tiende a tener efectos externos al propio Congreso, que impactan en los derechos y obligaciones de los ciudadanos y en el ámbito competencial de otros poderes y órganos del Estado y, el estatuto del parlamentario, es obvio, que va más allá de la mera organización y funcionamiento de las sedes legislativas, en tanto tiene efectos directos en los derechos fundamentales de los legisladores.

En México, el lugar adecuado para normar las incompatibilidades no es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por las siguientes razones: 1) No existe ninguna remisión constitucional que así lo contemple; 2) Las incompatibilidades surgen a partir de contar con el cargo parlamentario y, por definición, las normas electorales regulan las situación previas a la asunción de los cargos de elección popular; y, 3) En el caso de inelegibilidades e incapacidades –figuras distintas a las incompatibilidades– que son aplicables desde que comienza y hasta que termina el proceso electoral, las normas adecuadas para regularlas son las electorales. En este sentido, y a pesar de la cercanía entre las incompatibilidades con las incapacidades y las inelegibilidades, considero que el lugar para normar a las primeras son las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso por no tener relación directa con el proceso electoral sino ser posteriores al mismo y, en principio, obedecen a otras causas.

En el derecho comparado uno de los temas vinculados a la ley y a las incompatibilidades atiende a la polémica de si las incompatibilidades pueden ser deducidas por analogía o por interpretación extensiva. El Consejo Constitucional francés ha negado la aplicación de la analogía, señalando que es improcedente transformar en causa de inelegibilidad una de incompatibilidad y, ha negado la utilización de la interpretación extensiva en materia de incompatibilidades, pues éstas suponen un daño al ejercicio del mandato electivo. La referencia francesa como la de otros países resulta para nuestro futuro interesante, pues el camino a seguir parece consistir en seguir tres alternativas: 1) Establecer una incompatibilidad genérica en la Constitución a través del principio de dedicación exclusiva o preponderante con las excepciones al mismo; 2) Señalar un catálogo de prohibiciones expresas en la ley y estimar que las conductas que no se encuentren previstas en el catálogo no son incompatibles con la función del legislador; o, 3) Contemplar un camino intermedio, por un lado precisar el principio de dedicación exclusiva o preponderante y, al mismo tiempo, establecer las principales causas de incompatibilidad. Esta última solución busca ante todo evitar los conflictos de interés y conductas de tráfico de influencias en la labor del legislador y salvaguardar su función de cualquier tipo de interferencia indebida en sus atribuciones Las instancias del Congreso y, en su momento los órganos jurisdiccionales, tendrán que determinar mediante interpretación de principios constitucionales, entre otros, el de independencia y libertad del legislador, sí la conducta del legislador es incompatible con su función. En otras palabras, la solución –la de las causas expresas de incompatibilidad– miraría por los intereses del legislador y las otras –incompatibilidad genérica y el señalamiento de algunas causas de incompatibilidad– se dirigirían a la protección del interés general. De ahí la importancia de la opción, pues en el catálogo expreso de conductas incompatibles siempre podría quedar fuera del tintero una causal que riña contra los intereses generales, pero también, la indeterminación de las causales puede violentar los derechos fundamentales de los legisladores a partir de decisiones antijurídicas de las autoridades. Debe recalcarse que un tema no menor que favorece la impunidad en nuestro derecho, es entender que las responsabilidades administrativas o de otra índole deben estar necesariamente comprendidas en reglas, en nuestra opinión, salvo el caso de las responsabilidades penales –en virtud del principio de exacta aplicación de la ley penal–, en los demás casos las responsabilidades no implican solamente violación a reglas jurídicas sino a principios jurídicos expresos o implícitos en el ordenamiento porque ellos también forman parte de las normas y del Derecho

¿Quién debe sancionar y qué recursos deben preverse en contra de las determinaciones de los órganos del Congreso? Como ya hemos indicado, consideramos indispensable que en México exista en cada una de las Cámaras una Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria que se ocupe entre otras materias de los derechos, obligaciones, responsabilidades, declaraciones patrimoniales y de actividades de los legisladores, incompatibilidades y otros temas vinculados al estatuto de los parlamentarios. Esa Comisión sería la encargada de dirigir las investigaciones y el procedimiento en contra de un parlamentario incurso en incompatibilidad. La Comisión debería tener el auxilio bajo su dirección de las Contralorías Internas de las Cámaras. Una vez desahogado el procedimiento, la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria respectiva, dictaminaría y elevaría su resolución al pleno de la Cámara en cuestión, para que éste resolviera en definitiva. El procedimiento debería ser totalmente público, tanto en la Comisión como en el pleno, y el legislador encausado, debe contar con todos los derechos del debido proceso, entre ellos el de defensa y de audiencia.

Una vez que la Cámara respectiva resuelve, cabe preguntarse que recurso tiene el legislador afectado. Desde una visión ortodoxa tanto de la Constitución –artículo 111– como de la Ley de Amparo –artículo 73 fracción VIII– las resoluciones de las Cámaras son inatacables y contra ellas no procede recurso alguno. Desde nuestro punto de vista, tal consideración constituye una excepción al derecho de defensa harto criticable desde el punto de vista de lo quede debe ser un Estado de Derecho. Por eso, cualquier regulación futura sobre incompatibilidades y respecto al estatuto del parlamentario debe revisar la actual situación que parece ser la de negar cualquier medio de impugnación en contra de las decisiones soberanas de las Cámaras. Ciertamente el presente estado de cosas es una rémora más de nuestro atraso jurídico.

En el derecho comparado se admite la posibilidad de recurrir las decisiones de las instancias legislativas que tienen que ver con las incompatibilidades. En el derecho español, de la conexión entre el artículo 70.1 y 23 de la Constitución, se deriva el recurso de amparo ante una vulneración de alguna de las Cámaras a un derecho fundamental. En los Estados Unidos, a pesar del principio de separación de poderes y de la tesis de los “internal proceedings”, la Suprema Corte de ese país ha señalado que la autonomía de las Cámaras se limita por la existencia de derechos fundamentales y por el debido respeto a la Constitución. En Francia, en donde la regulación de las incompatibilidades tiene peculiaridades diversas a las de España o de Italia, pues quien decide la incompatibilidad no es el pleno sino la Mesa o Directiva de la Cámara, se admite el recurso ante el Consejo Constitucional en los supuestos de duda o discrepancia en la determinación de las causas de incompatibilidad y no exclusivamente por violaciones a los derechos fundamentales y, se legitima procesalmente para interponer el recurso, no sólo al parlamentario o a la Cámara a través de la Mesa, sino al Ministro de Justicia.

De lo anteriormente dicho, es obvio que no existe razón jurídica alguna para estimar que contra las decisiones de las instancias legislativas no cabe recurso alguno y, que en México, como ya ocurrió en España, se debe superar el criterio de que las resoluciones del Congreso son inatacables porque se consideran “interna corporis acta”. Es verdad que en nuestro caso, no cabría sólo un cambio jurisprudencial, sino que serían necesarias reformas constitucionales y legales para conseguirlo. Lo importante es generar la conciencia, de que la autonomía y la libertad de los parlamentarios deben ser protegidas –a través de medios de impugnación– de las agresiones ilegítimas que contra ellos se adopten en sede legislativa.

Interesante también resultaría la posibilidad para que en nuestro derecho tengan legitimación procesal activa para interponer el juicio de amparo u otro recurso constitucional los ciudadanos que observen que algún legislador incurre en causa de incompatibilidad y en donde la instancia legislativa correspondiente no haya actuado o lo haya hecho indebidamente. En el derecho comparado, se ha negado hasta el momento esta posibilidad. Sin embargo, a nosotros nos parece que en el futuro, tanto en México como en otros países y, a fin de que el ciudadano controle mejor los actos de sus representantes, se les debe facultar procesalmente para ello. Es obvio, que nuestro país, debemos comenzar por modificar la causal de improcedencia del juicio amparo que alude a la necesaria acreditación de un interés jurídico y sustituirla, en el derecho público, no sólo por el interés legítimo, sino por el interés público o social del asunto. Esta medida debe venir acompañada por otras medidas como la acción popular o ciudadana de inconstitucionalidad, la protección de los intereses difusos o colectivos, la incorporación de la figura del “amicus curiae” y, la participación de los ciudadanos en los procesos de designación de los titulares judiciales y de los órganos constitucionales autónomos, entre otras modificaciones que tiendan a incorporar mecanismos más participativos y deliberativos en nuestra vida institucional. Sólo así se logrará acercar las instituciones del derecho parlamentario al interés de los ciudadanos, además de contribuir a perfeccionar los mecanismos de control y de rendición de cuentas que hoy existen.

La finalidad principal de la institución: Salvaguardar la autonomía del legislador. Para cualquier futuro diseño de la institución o para problemas que se deriven de la aplicación e interpretación de las incompatibilidades parlamentarias, me parece que no debe perderse de vista el objetivo principal de las mismas. Como lo señala Eloy García, la finalidad principal de la incompatibilidad es garantizar la autonomía de las relaciones representante–representado, es decir, salvaguardar el vínculo entre el gobernante y el gobernado de todas aquellas interferencias corruptoras que puedan impedir que el legislador represente a los ciudadanos en un ámbito de libertad y de orientación a los intereses generales. La finalidad es entonces proteger a la misma democracia de las intermediaciones de los poderes formales y fácticos que la socavan. La incompatibilidad tiene así estrecha relación con la prohibición democrática del mandato imperativo. El único mandato aceptable y justificable es el del propio ciudadano, pues la única manera que tiene el Congreso y el legislador para cumplir con sus funciones es mediante la protección de su independencia y libertad. Si éstas se pierden o están a merced de instancias formales o de grupos de poder, la actuación legislativa deja de ubicarse en los parámetros del Estado Constitucional de Derecho.

La teoría política y la doctrina jurídica contemporánea son unánimes respecto a las anteriores finalidades de las incompatibilidades parlamentarias. Es por ello que la institución debe ser rediseñada en nuestro país, para que junto con otras instituciones parlamentarias como una nueva regulación del estatuto del parlamentario, la exigencia de mayor transparencia y publicidad parlamentarias, la democratización de las instituciones del Congreso y, otras de Derecho Constitucional como la necesidad de democracia interna de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, pueda servir a formas de convivencia democráticas superiores y, evitar que las instituciones políticas se eliticen a favor de intereses económicos, sociales o políticos no sujetos al control democrático ni al del Estado de Derecho.

En la construcción de la democracia mexicana debemos preguntarnos si queremos edificar una construcción política que margine y excluya a muchos o una democracia de calidad que esté conectada con los ciudadanos. Es obvio que la opción debe ser la segunda alternativa si no queremos que el sistema político sea ajeno a los intereses generales. Nuestro país en este proceso de tránsito a la democracia ya vive signos de agotamiento y desencanto con el proceso democratizador. Las razones de ese desencanto tienen que ver, entre otras, con las siguientes causas: la dificultad de la clase política para arribar a arreglos institucionales democráticos; la propensión de la clase política a protegerse a costa del Estado de derecho cuando existen imputaciones de ilicitudes en su contra; a la falta de transparencia en los procedimientos por medio de los cuales se arriba a las decisiones; a la partidocracia; a la falta de canales de participación ciudadana directa en las cuestiones públicas; a la debilidad de los mecanismos de control y fiscalización del Estado; a la debilidad de los mecanismos de control del Congreso y a la ausencia de democracia en el ámbito legislativo; a la carencia de vías jurídicas que debieran estar en manos de la sociedad para que ésta solucione conflictos y reivindicaciones sociales, políticas y económicas; y, a la ausencia de una cultura de protesta ciudadana respecto de leyes y políticas públicas contrarias a sus intereses.

Las incompatibilidades son una institución que si se regula adecuadamente, puede ayudar mucho, tanto en la construcción de una democracia de calidad como en la determinación de un Estado Constitucional de Derecho. No es poca cosa lograr que el legislador para debatir en las instancias legislativas, opinar y votar, lo haga desde su responsabilidad, con plena independencia y libertad y sin seguir instrucciones obligatorias y coactivas de partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, medios de comunicación electrónica o cualesquier otro interés de los poderes formales o informales. Todo ello coadyuvaría a conectar a los ciudadanos con sus representantes. Democratizaría el funcionamiento del Congreso, éste recobraría su carácter de institución deliberante y, de paso las funciones clásicas del parlamento consistentes en legislar, controlar al ejecutivo y a otros órganos y poderes del Estado, y colaborar en la orientación del Estado, se dirigirían desde el interés general.

Desde luego, como aquí ya se ha repetido, las incompatibilidades por sí solas, son parte de un engranaje mayor que tiene vínculos con la reforma del Congreso y del Estado. Aunque es una institución aparentemente modesta dentro del Derecho Parlamentario su contribución puede ser enorme para proteger la independencia y libertad del legislador. La corrupción pública y política no se evita por ensalmo, se necesitan caminos institucionales para enfrentarla. La redefinición de las incompatibilidades en nuestro derecho constituiría un instrumento de esos esfuerzos necesarios.

Nuestra propuesta

Primera. El primer paso en la redefinición de las incompatibilidades implica ampliar las prohibiciones, en tratándose de incompatibilidades públicas, a los cargos municipales, en el Distrito Federal, en entidades supranacionales y en cualquier institución pública de los tres niveles de gobierno.

Segunda. La nueva regulación de las incompatibilidades parlamentarias debe asentarse en el principio de dedicación exclusiva al cargo de legislador, es decir, el legislador durante su encargo sólo puede ser legislador, salvo actividades como las siguientes: la mera administración del patrimonio personal o familiar; la producción y creación literaria, científica, artística, periodística o técnica, y las publicaciones derivadas de ellas; la participación en medios de comunicación sin recibir por ello emolumento alguno; así como los cargos no remunerados en instituciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Las acciones de empresas que se posean deben depositarse en un fideicomiso mientras dura la gestión.

Tercera. En la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos – el título sexto– se deben establecer causas de incompatibilidades privadas y sociales, sin que se entiendan como un catálogo cerrado porque en esta materia a diferencia de la penal, no sólo se violan reglas sino principios jurídicos. Igualmente, tales conductas incompatibles deben concebirse para efectos de responsabilidad civil, administrativa, política o penal.

Cuarta. Dentro de esas causas privadas estarían, entre otras, las siguientes: a) Actuar como abogado, mandatario, representante, apoderado, patrocinador o perito de particulares, por sí o por interpósita persona, en procedimientos judiciales o administrativos en los que un órgano o empresa de los poderes públicos del Estado tenga la condición de parte; b) Actuar como gestor, defensor, director o asesor con fines de lucro, por sí o por interpósita persona ante cualquier entidad o dependencia del sector público federal, estatal, del Distrito Federal o municipal respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos; c) Ser contratista o fiador, por sí o por interpósita persona, de obras, servicios o suministros, siempre y cuando éstos se paguen con fondos del sector público, o desempeñar puestos o cargos que sean inherentes a las funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en compañías o empresas que se dediquen a dichas actividades; d) Prestar servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole, con fines de lucro, a entidades o dependencias del sector público federal, estatal, del Distrito Federal o municipal; y e) Formar parte del Consejo de Administración de una sociedad de personas que lleve a cabo alguna de las actividades señaladas anteriormente.

Quinta. Dentro de las causas sociales de incompatibilidad, se pueden mencionar como prohibidas para efectos de responsabilidades, entre otras, las relacionadas con los cargos de dirigencia partidista, sindical y en organizaciones empresariales. La nueva regulación de incompatibilidades debe relacionarse con la prohibición expresa de cualquier mandato imperativo sobre el legislador y de la existencia de sanciones a los dirigentes partidistas, sindicales, de organizaciones empresariales, líderes de los grupos parlamentarios y de otros sectores o poderes fácticos que antidemocráticamente e indebidamente condicionen la libertad del voto parlamentario. Los legisladores están obligados a informar semestralmente a la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria y a la sociedad sobre cualquier actividad gratuita de gestoría social que realicen y, los grupos sociales beneficiados por la acción de un legislador concreto estarán impedidos para entregarle donativos o apoyos en el presente o en futuros procesos electorales.

Sexta. La regulación sobre incompatibilidades debe venir acompañada por las obligaciones sobre la publicidad en las declaraciones patrimoniales de los legisladores y, las conocidas en el derecho comparado y en la doctrina comparada como declaraciones de actividades y de intereses, en donde el legislador de manera pública debe dar cuenta a las Comisiones de Ética y Disciplina Parlamentaria de todas aquéllas actividades personales y familiares que hayan significado y signifiquen ingreso patrimonial, posible conflicto de interés o tráfico de influencia con las funciones de legislador, durante los años anteriores, durante su gestión y hasta dos años después de la misma.

Séptima. Se deben crear Comisiones de Ética y Disciplina Parlamentaria en cada una de las Cámaras para investigar, desahogar el procedimiento y elaborar los dictámenes sobre esta materia. Las Comisiones de Ética y Disciplina Parlamentaria serán auxiliadas por las Contralorías Internas de las Cámaras, la Auditoría Superior de la Federación, las autoridades bancarias y fiscales, otras autoridades y los particulares. Las decisiones definitivas se adoptarán por el pleno de cada Cámara.

Octava. El procedimiento respecto a los legisladores señalados por alguna violación en la materia, respetará el derecho de defensa, de audiencia y todas las garantías del debido proceso legal. Los legisladores afectados no podrán votar sobre su caso ni en la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria ni en el Pleno.

Novena. La consecuencia de una incompatibilidad acreditada es la pérdida del cargo y la sanción administrativa correspondiente. Adicionalmente el legislador podrá estar sujeto a otro tipo de responsabilidades, las que son autónomas.

Décima. Las obligaciones derivadas de las causas de incompatibilidad deben extenderse dos años después de concluido el mandato del legislador. Para este efecto, el ex legislador debe informar anualmente a la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria sobre su patrimonio, actividades e intereses, los que serán públicos.

Décima primera. Contra las determinaciones de incompatibilidades cabe el juicio de amparo, mismo que puede ser promovido por el legislador afectado o cualquier ciudadano que considere que la decisión es violatoria de la Constitución o de la ley.

Décima segunda. No procede suspensión provisional o definitiva por la interposición del amparo en contra de resoluciones que resuelven sobre las incompatibilidades.

Décima tercera. Los criterios interpretativos de las autoridades en la materia deben orientarse a salvaguardar la independencia y libertad del legislador en el ejercicio de sus atribuciones.

Por lo anteriormente expuesto se propone:

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, modifican y adicionan los artículos 62 y 125 consitucionales en materia de incompatibilidades y conflictos de interés.

Artículo Primero. Se modifica y reforma el artículo 62 de la Constitución para quedar en los siguientes términos:

Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, Estados, Municipios, en el Distrito Federal, en entidades supranacionales y en cualquier institución pública de los tres niveles de gobierno.

Los legisladores están obligados a ejercer su encargo con dedicación exclusiva, salvo las actividades relacionadas con la mera administración del patrimonio personal o familiar; la producción y creación literaria, científica, artística, periodística o técnica, y las publicaciones derivadas de ellas; la participación en medios de comunicación sin recibir por ello emolumento alguno; así como los cargos no remunerados en instituciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Las acciones de empresas que se posean deben depositarse en un fideicomiso mientras dura la gestión.

En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se establecerán las causas y sanciones parlamentarias y administrativas por la incompatibilidad pública, privada o social de los legisladores. En materia de incompatibilidades no sólo se violan reglas sino principios jurídicos, por lo que la infracción a ellos entraña la pérdida del cargo de legislador así como responsabilidades y sanciones. Los supuestos de responsabilidad que no sean administrativos y parlamentarios, así como sus consecuencias jurídicas se contemplarán en las leyes respectivas.

Constituyen causas de incompatibilidad de origen privado con la función del legislador, entre otras, las siguientes: a) Actuar como abogado, mandatario, representante, apoderado, patrocinador o perito de particulares, por sí o por interpósita persona, en procedimientos judiciales o administrativos en los que un órgano o empresa de los poderes públicos del Estado tenga la condición de parte; b) Actuar como gestor, defensor, director o asesor con fines de lucro, por sí o por interpósita persona ante cualquier entidad o dependencia del sector público federal, estatal, del Distrito Federal o municipal respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos; c) Ser contratista o fiador, por sí o por interpósita persona, de obras, servicios o suministros, siempre y cuando éstos se paguen con fondos del sector público, o desempeñar puestos o cargos que sean inherentes a las funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios en compañías o empresas que se dediquen a dichas actividades; d) Prestar servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole, con fines de lucro, a entidades o dependencias del sector público federal, estatal, del Distrito Federal o municipal; y e) Formar parte del Consejo de Administración de una sociedad de personas que lleve a cabo alguna de las actividades señaladas anteriormente.

La función de legislador es incompatible con los cargos en las dirigencias de los partidos políticos, sindicatos y, organizaciones empresariales. Queda prohibido cualquier tipo de mandato imperativo sobre las opiniones y los votos de los legisladores. La ley señalará las sanciones que corresponde aplicar a los dirigentes partidistas, sindicales, empresariales, líderes de los grupos parlamentarios y de otros sectores o poderes fácticos que antidemocráticamente e indebidamente condicionen la libertad del voto parlamentario. Los legisladores están obligados a informar semestralmente a la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria de sus respectivas Cámaras y a la sociedad sobre cualquier actividad gratuita de gestoría social que realicen y, los grupos sociales beneficiados por la acción de un legislador concreto estarán impedidos para entregarle donativos o apoyos en el presente o en futuros procesos electorales. La legislación electoral contendrá las sanciones que corresponde aplicar por estas conductas.

Serán públicas las declaraciones patrimoniales de los legisladores así como las declaraciones de actividades y de intereses. Cada legislador debe dar cuenta a las Comisiones de Ética y Disciplina Parlamentaria de cada Cámara de todas aquéllas actividades personales y familiares que hayan significado y signifiquen ingreso patrimonial, posible conflicto de interés o tráfico de influencia con las funciones de legislador, durante los dos años anteriores, durante su gestión y hasta dos años después de la misma.

Se crearán Comisiones de Ética y Disciplina Parlamentaria en cada una de las Cámaras para investigar, desahogar el procedimiento y elaborar los dictámenes sobre esta materia. Las Comisiones de Ética y Disciplina Parlamentaria serán auxiliadas por las Contralorías Internas de las Cámaras, la Auditoría Superior de la Federación, las autoridades bancarias y fiscales, otras autoridades y los particulares. Las decisiones definitivas sobre incompatibilidades y la responsabilidad administrativa de los legisladores serán competencia del pleno de la Cámara respectiva. En caso de existir elementos de responsabilidad civil o penal se interpondrán por parte de las Comisiones de Ética y Disciplina Parlamentaria de la Cámara en cuestión las demandas o denuncias que procedan. En cuanto a los procedimientos de responsabilidad política, éstos se iniciarán cuando existan elementos que acrediten los supuestos previstos en la ley.

Los legisladores señalados por alguna violación en la materia tendrán garantizados sus derechos de defensa, de audiencia y, gozarán de todas las garantías del debido proceso legal. Los legisladores afectados no podrán votar sobre su caso ni en la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria ni en el Pleno de sus respectivas Cámaras.

La consecuencia de una incompatibilidad acreditada es la pérdida del cargo y la sanción administrativa que haya impuesto el pleno de cada Cámara.

Las obligaciones derivadas de las causas de incompatibilidad deben extenderse dos años después de concluido el mandato del legislador. Para este efecto, el ex legislador debe informar anualmente a la Comisión de Ética y Disciplina Parlamentaria sobre su patrimonio, actividades e intereses, los que serán públicos.

Contra las determinaciones de incompatibilidades cabe el juicio de amparo, mismo que puede ser promovido por el legislador afectado o cualquier ciudadano que considere que la decisión es violatoria de la Constitución o de la ley. No procederá la suspensión provisional ni la definitiva en el juicio de garantías en contra de resoluciones que resuelven sobre incompatibilidades.

Los principios y reglas anteriores se observarán con los legisladores federales suplentes, cuando estuviesen en ejercicio.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 125 de la Constitución para quedar en los siguientes términos:

Artículo 125.

...

Los individuos que ejerzan cargos de elección popular, ya sean federales o locales, están en lo conducente obligados por los principios y reglas que sobre incompatibilidades prevé el artículo 62 de esta norma fundamental. Las leyes federales o locales, que por razón de materia corresponda, establecerán las prohibiciones, causas de incompatibilidad y sanciones aplicables a los infractores.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Federación, los Estados y el Distrito Federal, deberán en el plazo de seis meses, realizar las reformas legales necesarias para el cumplimiento íntegro de este decreto.

Notas:

1 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Poderes fácticos e incompatibilidades parlamentarias, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2006.

2 RODRÍGUEZ, Esteban David, Los dueños del Congreso. El poder legislativo, secuestrado por dinastías familiares y clanes del dinero, México, Grijalbo, 2004, pp. 81-85.

3 La prohibición del mandato imperativo “es un principio que se integra a la concepción de la democracia representativa, como garantía del derecho del derecho del representante a expresar libremente los intereses de los valores colectivos que defiende. Este principio se basa en que si los parlamentarios representan teóricamente al pueblo en su conjunto, no es posible que estén comprometidos con una parte o sector del mismo. Por tanto, sería imposible que recibiesen instrucciones o mandatos de esa parte. Así se afirma que para que los diputados sean efectivamente representantes del pueblo en su conjunto es necesario impedir que puedan ser sometidos a órdenes vinculantes que, por su propia naturaleza, sólo podrían emanar de personas o grupos concretos”. MOLINS, Joaquín, “Grupo Parlamentario Catalán”, en El Parlamento a debate, edición y presentación de Manuel Ramírez, Madrid, Trotta, 1997, pp. 228-229.

4 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Transición política y reforma constitucional en México, México, UNAM, segunda edición, 2005, pp. 55-107.

5 NAÏR, Sami, “Mundialización, interés general y civilización”, en Claves de razón práctica, Madrid, número 124, julio/agosto 2002, pp. 12-18. También ver: HELD, David, “¿Hay que regular la globalización? La reinvención de la política”, en Claves de razón práctica, número 99, Madrid, enero/febrero 2000, pp. 4-11.

6 VEGA GARCÍA, Pedro de, “Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual”, en Estado constitucional y globalización (CARBONELL, Miguel y VAZQUEZ, Rodolfo, compiladores), editorial Porrúa y UNAM, México, 2003, pp. 165-219; COSSÍO DÍAZ, José Ramón, “Constitucionalismo y globalización” en Estado constitucional y globalización, (CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo, compiladores), editorial Porrúa y UNAM, México, 2003, pp. 221-238; y, FERRAJOLI, Luigi, “Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un constitucionalismo global”, en Estado constitucional y globalización, (CARBONELL, Miguel y VÁZQUEZ, Rodolfo, compiladores), editorial PORRÚA y UNAM, México, 2003, pp. 313-324.

7 BÁTIZ VÁZQUEZ, Bernardo, Teoría del derecho parlamentario, Oxford University Press, 1999, pp. 110 y ss.

8 Un estudio detallado sobre los orígenes del voto parlamentario, sus modalidades y consecuencias se encuentra en: FERNÁNDEZ RIVEIRA, Rosa María, El voto parlamentario, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003.

9 Se suelen poner como ejemplos históricos en México, de cómo se ha limitado la libertad de los legisladores, la actitud de Victoriano Huerta, quién después de asesinar a dos legisladores, el diputado Serapio Rendón y el senador Belisario Domínguez, mandó aprehender a todos los integrantes de la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura y disolvió el Congreso mediante decreto presidencial. En época más reciente, y durante 1988, en el debate y votación en el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados que declaró válida la elección de Carlos Salinas de Gortari, el ejército rodeó, para amedrentar a los diputados, el recinto parlamentario, situación de la que fue responsable el presidente Miguel de la Madrid y el presidente electo Carlos Salinas de Gortari.

10 MANIN, Bernard, Los principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza, 1998, pp. 237-287.

11 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Lecciones de los asuntos PEMEX y Amigos de Fox, México, UNAM, 2004.

12 Decía la ex senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN, en su propuesta de reforma al artículo 62 de la Constitución que: “...Y es así como somos vistos los legisladores, como personas en posición de privilegio con quienes sólo pueden establecerse relaciones de subordinación, porque lo ven en nuestras acciones, porque nuestras actitudes de grandes y caritativos donadores de bienes o servicios personales, a cambio de sumisión, son comunes en muchos de nosotros. Porque en las posiciones que estamos solemos hacernos de negocios o de clientes o de proveedurías de servicios que otros ciudadanos no pueden conseguir y que son como cobros de nuestro poder hacia quienes hemos favorecido y nos “deben” algún favor recibido”. Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 14 de julio de 2003.

13 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, México, Porrúa, LVII Legislatura. Cámara de Diputados, tomo VII, 2000, pp. 381-384.

14 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, México, Porrúa, LVII Legislatura. Cámara de Diputados, tomo VII, 2000, pp. 385-387.

15 PEDROZA DE LA LLAVE, Susana Talía, El Congreso de la Unión. Integración y regulación, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1997, pp. 111-118; PEDROZA DE LA LLAVE, Talía, El Congreso General Mexicano. Análisis sobre su evolución y funcionamiento actual, México, Porrúa, 2003; CAMPOSECO, Miguel Ángel, Manual de temas legislativos, México, Miguel Ángel Camposeco, 1984; y, RODRÍGUEZ LOZANO, Amador, “Comentario al artículo 62”, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana. Comentada, México, UNAM, 1997, pp. 702-706.

16 Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, México, Miguel Ángel Porrúa y LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, tomo XII, 2000, pp. 999-1000.

17 O´DONNELL, Guillermo, “América Latina: ¿Y el Estado de Derecho?”, Revista Nexos, México, número 325, enero 2005, pp. 17-27 y O’DONNELL, Guillermo, Counterpoints. Selected Essays on Authoritarianism and Democratization , Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1999, pp. 159 y ss.

18 HAYEK, Friedrich, Camino de servidumbre, Madrid, Alianza Editorial, 1978, p. 103.

19 FERRAJOLI, Luigi, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2001.

20 MORA-DONATTO, Cecilia, Cambio político y legitimidad funcional. El Congreso mexicano en su encrucijada, México, Miguel Ángel Porrúa y Cámara de Diputados. LIX Legislatura, 2006, p. 8.

21 Estas propuestas se encuentran contenidas en el libro coordinado por CAMACHO SOLÍS, Manuel y VALADÉS, Diego, titulado, Gobernabilidad democrática: ¿qué reforma?, en Universidad Nacional Autónoma de México. Cámara de Diputados. LIX Legislatura, México, 2005.

22 Se insiste sobre todo en las comisiones de investigación. Ver: TORRES MURO, Ignacio, Las comisiones parlamentarias de investigación, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

23 Sobre el veto parcial y la insistencia del Congreso ver: ALCANTARA SÁEZ, Manuel y SÁNCHEZ LÓPEZ, Francisco, “Las relaciones ejecutivo-legislativo en América Latina: Un análisis de la estructura de veto-insistencia y control político”, en Revista de Estudios Políticos, Madrid, número 112, abril-junio 2001, pp. 53-76.

24 VALADÉS, Diego, El gobierno de gabinete, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003.

25 Ver, entre muchos otros a: RIGGS, Fred W., “The Survival of Presidentialism in America: Para-Constitutional Practices”, International Political Science Review, vol 9, núm. 4, 1988, pp. 247-278 y, NINO, Carlos Santiago, “El presidencialismo y la justificación, estabilidad y eficiencia de la democracia”, en Presidencialismo y estabilidad democrática en la Argentina, Buenos Aires, Centro de Estudios Institucionales, 1991, p. 12.

26 Un trabajo reciente que apuesta por el semipresidencialismo es e de VALDÉS ROBLEDO, Sandra, La transición en México ¿del presidencialismo al semipresidencialismo?, México, Miguel Ángel Porrúa, 2006.

27 DWORAK, Fernando F. (coordinador), El legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México, México, FCE-Cámara de Diputados, 2003. LUJAMBIO, Alonso, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, UNAM, México, 1995, pp.174-183.

28 Sobre lo anterior ver: CÁRDENAS GRACIA, Jaime, “El modelo participativo y deliberativo”, en Cuestiones Constitucionales, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, número 11, julio-diciembre 2004, pp. 55-89.

29 Para profundizar en el control del poder, ver: ARAGÓN, Manuel, Constitución y control del poder. Introducción a una teoría constitucional del control, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1995. También: MONTERO GIBERT, J. R. y GARCÍA MORILLO, J., El control parlamentario, Madrid, Tecnos, 1984.

30 Sobre los grupos parlamentarios ver: MORALES ARROYO, José María, Los grupos parlamentarios en las Cortes Generales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990 y, LÓPEZ AGUILAR, Juan Fernando, La oposición parlamentaria y el orden constitucional. Análisis del Estatuto de la Oposición en España, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988.

31 VILLACORTA MANCEBO, Luis, Hacia el equilibrio de poderes: comisiones legislativas y robustecimiento de las Cortes, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid y Caja de Ahorros y M. P. de Salamanca, 1989.

32 Gaceta Parlamentaria, jueves 19 de abril de 2007.

33 Entre otros ver: ABELLÁN, Ángel Manuel, El Estatuto de los Parlamentarios y los derechos fundamentales, Madrid, Tecnos, 1992; MARTÍN NUÑEZ, Esther, El régimen constitucional del cargo representativo, Barcelona, CEDECS Editorial, 1996; CANO BUESO, Juan y PORRAS NADALES, Antonio (coordinadores), Parlamento y Consolidación democrática, Madrid, Parlamento de Andalucía y Tecnos, 1994; FOSSAS ESPADALER, Enric, El derecho de acceso a los cargos públicos, Madrid, Tecnos, 1993; y, PULIDO QUECEDO, Manuel, El acceso a los cargos y funciones públicas. Un estudio del artículo 23.2 de la Constitución, Madrid, Parlamento de Navarra y Civitas, 1992.

34 Dice Garrorena Morales que lo que dificulta cualquier avance en materia de representación política es la persistente vigencia del argumento de Constant, es decir, el hecho de que esta sociedad, absorta en la prevalencia de lo individual y lo privado, apenas tiene el interés y la sensibilidad que se requieren para desear contar con ciudadanos capaces de desplegar una auténtica conciencia social crítica en el ámbito de los asuntos públicos. GARRORENA MORALES, Ángel, Representación política y Constitución democrática, Madrid, Cuadernos Cívitas, 1991, p. 108. Ver también Rodríguez LOZANO, Amador, Lo claroscuro de la representación política. Una visión jurídica-politológica contemporánea, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Senado de la República LVI Legislatura, 1996.

35 Dictamen de reformas constitucionales y legales de 24 de agosto de 2004 que presentó la Comisión Especial del Senado para el Estudio de los Sistemas de Control de la Administración y Rendición de Cuentas dentro de los Poderes de la Unión. http://www.cddhcu. gob.mx/cronica57/contenido/cont6/r6art4.htm

36 Dice la fracción V del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que es información reservada la referida a: “Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva”.

37 HÄBERLE, Peter, Pluralismo y Constitución, Madrid, Tecnos, 2002, p. 131.

38 Las fracciones IV y VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental determinan como información reservada: “Los expedientes judiciales o los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado” y “La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada”.

39 Entre otras las del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta de 10de junio de 2002, la del diputado Francisco Arroyo Vieyra de 25 de marzo de 2004 y, las de la Comisión Especial del Senado de la República para el Estudio de los Sistemas de Control de la Administración y Rendición de Cuentas dentro de los Poderes de la Unión de 2004.

40 Sobre este tema ver: CHÁVEZ HERNÁNDEZ, Efrén, “Ética en el poder legislativo”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXIX, número 115, enero-abril de 2006, pp. 93-124.

41 FERNÁNDEZ RIVEIRA, Rosa María, El voto parlamentario, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, p. 385.

42 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2004/04/29/1&documento=28

43 DURÁN ALBA, Juan Fernando, Teoría general y régimen jurídico de las incompatibilidades parlamentarias en España, Madrid, Congreso de los Diputados, 2001, pp. 176-215.

44 GÓMEZ VALLE, José de Jesús, El cabildeo de los grupos de presión a la Cámara de Diputados en México durante la LVIII Legislatura (2000-2003), México, UNAM, tesis de maestría para obtener el grado en estudios políticos y sociales, 2005, pp. 113 y ss.

45 ESQUIVEL, Jesús, “Cabildeo a la mexicana”, Revista Proceso, México, número 1534, 26 de marzo de 2006, pp. 48-52.

46 “Fronteras”, Revista Milenio Semanal, México, febrero 20 de 2006, pp. 50-52.

47 RUBIO NUÑEZ, Rafael, Los grupos de presión, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, pp. 291-294.

48 BOBBIO, Norberto, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2003, pp. 431 y ss.

49 CÁRDENAS, Jaime y MIJANGOS BORJA, María de la Luz, Estado de Derecho y Corrupción, México, Porrúa-UNAM, 2005, pp. 94-98.

50 GARZÓN VALDÉS, Ernesto, Calamidades, Barcelona, Gedisa, 2004, p. 212.

51 La corrupción no es un problema que pueda enfrentarse sólo con la fórmula de Klitgaard que dice que la corrupción es igual a monopolio en la decisión más discrecionalidad en la misma menos rendición de cuentas. La corrupción no es, sólo la violación a obligaciones del sistema normativo en cuestión, para obtener beneficios extraposicionales. La corrupción es un acto de subversión a nuestro compromiso cívico, una degradación de la democracia y el Estado de Derecho. Por eso, no podemos entenderla sólo en términos de extorsión, cohecho u otras formas habituales de su práctica. KLITGAARD, Robert, Controlando la corrupción, Fundación Hanns Seidel, Quipus srl, La Paz Bolivia, 1997.

52 CÁRDENAS Jaime y MIJANGOS BORJA, María de la Luz, Estado de Derecho y Corrupción, México, Porrúa e Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, pp. 209-262.

53 Sobre la calidad de la democracia véase a MORLINO, Leonardo, Democracias y democratizaciones, México, Centro de Estudios de Política Comparada, A. C., 2005.

54 DURÁN ALBA, Juan Fernando, Teoría general y régimen jurídico de las incompatibilidades parlamentarias en España, Madrid, Congreso de los Diputados, 2001, pp. 570 y ss.

55 ROSE- ACKERMAN, Susan, “La profesionalización del Poder Legislativo mexicano. Experiencias del Congreso de los Estados Unidos”, en El Poder Legislativo en la actualidad, México, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión-UNAM, 1994, p. 88 y ss.

56 Presentado el martes 24 de agosto de 2004.

57 Un cambio importante en la legislación electoral debería implicar una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que se consideren como donativos y aportaciones prohibidas por la ley electoral en las ante, pre y campañas, los relacionados con apoyos de sindicatos. No debe olvidarse que el origen del famoso caso de corrupción política conocido como PEMEXGATE surgió de la aportación del sindicato de la empresa PEMEX al PRI, uno de los más ricos, corruptos e influyentes del país. Ver: CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Lecciones de los asuntos PEMEX y Amigos de Fox, México, UNAM, 2004.

58 Gaceta número 14, Legislatura: LIX, año 1, 10 de marzo de 2004.

59 Por ejemplo, la ley electoral de Madrid (artículo 5.3 letra d) establece la incompatibilidad con: “la participación superior al 10 por 100 del capital en las empresas o sociedades a que se refieren los apartados b) y c) de este número. Si dicha participación se verificase durante el mandato del diputado como consecuencia de atribución patrimonial por actos “mortis causa”, el mismo procederá a encomendar la administración del patrimonio afectado a una entidad de gestión de valores y activos financieros registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el contrato de encomienda de gestión se dará a la entidad contratante las instrucciones generales a las que habrá de ajustar su actuación durante el mandato del diputado y hasta dos años después de su finalización, sin que durante dicho tiempo puedan aceptarse instrucciones personales del mismo ni de ninguna otra persona”.

60 IRIBARREN BALLARÍN, J., “Círculo de impaciencias, la sentencia 72/1984 de 14 de junio, en el recurso previo de inconstitucionalidad contra el texto definitivo del proyecto de Ley Orgánica de Incompatibilidades de Diputados y Senadores”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, número 14, mayo-agosto de 1985, pp. 235 y ss. y FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, El sistema constitucional español, Madrid, Dykinson, 1992, p. 592.

61 FAVOREU, Louis y PHILIPE, Louis, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, París, Sirey, 1993, p. 270.

62 Para la determinación de responsabilidades de carácter no penal por violación a principios jurídicos y no a reglas, ver: ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan, Ilícitos atípicos, Madrid, editorial Trotta, 2000.

63 PRIETO SANCHÍS, Luis, Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992.

64 En materia de declaración de procedencia ver: ANDRADE, Eduardo, El desafuero en el sistema constitucional mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie: estudios jurídicos, número 63, 2004, pp. 60-62.

65 PUNSET BLANCO, R., “El control jurisdiccional de la actividad de las asambleas parlamentarias y del estatuto de sus miembros en Derecho español”, en Revista de las Cortes Generales, Madrid, número 5, segundo cuatrimestre, 1985, pp. 37 y ss.

66 DÍEZ-PICAZO, Luis María, La autonomía administrativa de las Cámaras Parlamentarias, Cuadernos de los Studia Albornotiana, Zaragoza, 1985, pp. 45-46.

67 PARDO FALCÓN, J, El Consejo Constitucional francés, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, p. 492.

68 GARCÍA ROCA, F.J., Cargos públicos representativos. Un estudio del artículo 23.2 de la Constitución, Pamplona, Aranzadi, 1999, pp. 253 y ss.

69 Entre otros ver: GARGARELLA, Roberto y OVEJERO, Félix, “Democracia representativa y virtud cívica”, en Claves de razón práctica, Madrid, número 105, septiembre, 2000, pp. 69-75.

70 GARCÍA, Eloy, “Inelegibilidad política e incompatibilidad parlamentaria. Algunas consideraciones acerca de su significación actual desde la lógica de la representación democrática”, Madrid, Revista Sistema, números 118-119, 1994, p. 124.

71 Existen muchas teorías que intentan explicar la corrupción política y enfrentarla. Las que piden esfuerzos institucionales se encuentran entre las importantes. Entre otros trabajos ver el de: HEIDENHAMMER, Arnold, JOHNSTON, Michael y LE VINE, Victor (editores), Political Corruption: a Handbook, New Brunswick, N. J., Transaction Publishers, 1989.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.— Diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, a usted, diputado Cárdenas.

Recibimos la honorable visita de profesores del estado de Veracruz —se encuentran aquí con nosotros. Sean ustedes bienvenidos. Son invitados del diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo.

También contamos con la honorable presencia de jóvenes del estado de León, Guanajuato, invitados por la diputada Ruth Lugo Martínez. Sean ustedes bienvenidos.

La iniciativa del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Con todo respeto, presidente, también solicité con todo respeto que constara íntegra en el Diario de los Debates y le pido que obsequie mi petición respetuosa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tal como lo solicita el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, se instruye al área correspondiente para que se inserte en el Diario de los Debates de manera íntegra, tal como lo solicita, diputado.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Margarita Liborio, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y el artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para la Familia.

La diputada Margarita Liborio Arrazola:Gracias, diputado presidente.

Las suscritas y los suscritos integrantes de la Comisión Especial para la Familia de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al numeral dos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y se reforma y adiciona el artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por vínculos de parentesco y relaciones de afecto, en la que se transmiten valores, la cual se ha venido transformando en función de los cambios sociales.

En razón de esto y por acuerdo del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, de la LXI Legislatura, el 22 de febrero de 2010 se constituyó la Comisión Especial para la Familia, misma que se instaló el 4 de marzo del mismo año, con el objetivo fundamental de desarrollar un proceso de investigación y consulta para proponer y elaborar el marco legislativo de la familia, así como el analizar los problemas reales y potenciales tendentes al diseño y fortalecimiento de políticas públicas que velen por su protección integral, que hagan responsable al Estado en todos sus ámbitos y niveles.

La Comisión Especial de la Familia, aún y cuando su carácter es transitorio, ha dado puntual cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al acuerdo parlamentario relativo a la organización y reuniones de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados.

La Comisión Especial de la Familia desarrolló un programa de trabajo, mismo al que se ha dado cumplimiento destacando que a la fecha se ha llevado a cabo un coloquio magistral denominado La proyección de la familia y el derecho familiar en los ámbitos social y legislativo, y un encuentro nacional legislativo denominado Hacia la armonización legislativa del derecho familiar.

Preocupados por la transformación tan acelerada de la sociedad, la cual ha venido a trastocar los valores de la familia, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión nos encontramos comprometidos en emprender acciones en el corto y mediano plazo para resolver las prioridades de las familias mexicanas y sus integrantes, buscando definir y cimentar una ruta que posibilite el fortalecimiento y mejoramiento del marco jurídico vigente, analizar la política y presupuestos públicos que incidan en forma eficaz y efectiva en la cultura de la convivencia y respeto de los derechos de las personas en su entorno familiar.

Cabe destacar que únicamente ocho Congresos locales cuentan con comisiones ordinarias encargadas del tema de la familia y que sólo cinco entidades federativas cuentan con una legislación familiar.

En mérito de lo anterior, ponemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 1o. Se adiciona la fracción II, recorriéndose la que le sigue del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. Las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones y resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

...

II. Asuntos Familiares.

Artículo 2o.: Se reforma y adiciona el artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 66. Las comisiones permanentes serán: Agricultura y Ganadería, Asuntos Familiares y las demás que actualmente se encuentran en el citado precepto.

Transitorio. Único. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 6 días del mes de octubre de 2010.

Solicito a la Presidencia que el texto íntegro de la presente iniciativa se inserte en el Diario de los Debates de esta Cámara, la cual suscribimos la de la voz junto con las y los diputados integrantes de la Comisión Especial para la Familia. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión Especial para la Familia

Los suscritos, integrantes de la Comisión Especial para la Familia de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma y adiciona el artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por vínculos de parentesco y relaciones de afecto, en la que se transmiten valores, la cual se ha venido transformando en función de los cambios sociales.

En razón de esto y por acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, el 22 de febrero de 2010 se constituyó la Comisión Especial para la Familia, que se instaló formalmente el 4 de marzo del mismo año, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 42 de la Ley Orgánica, y 65, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo fundamental de desarrollar un proceso de investigación y consulta para proponer y elaborar el marco legislativo de la familia, así como analizar los problemas reales y potenciales, con miras al diseño y fortalecimiento de políticas públicas que velen por su protección integral, que hagan responsable al Estado en todos sus ámbitos.

La Comisión Especial para la Familia, aun cuando es de carácter transitorio, ha dado puntual cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior, a los ordenamientos relativos contenidos en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos y al acuerdo parlamentario relativo a la organización y reuniones de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados.

La Comisión Especial para la Familia desarrolló un programa de trabajo, al que se ha dado cumplimiento, destacando que a la fecha se han llevado a cabo el coloquio magistral La proyección de la familia y el derecho familiar en los ámbitos social y legislativo y el Encuentro nacional legislativo: hacia la armonización legislativa en derecho familiar.

Preocupados por la transformación tan acelerada de la sociedad, la cual ha trastocado los valores de la familia, los integrantes de esta comisión nos encontramos comprometidos a emprender acciones en el corto y mediano plazos para resolver las prioridades de las familias mexicanas y sus integrantes, en busca de definir y cimentar una ruta que posibilite el fortalecimiento y mejoramiento del marco jurídico vigente, analizar la política y los presupuestos públicos que incidan de forma eficaz y efectiva en la cultura de la convivencia y respeto de los derechos de las personas en su entorno familiar.

Para cumplir los compromisos que tenemos como legisladores en favor de las familias, es necesario contar con una comisión ordinaria de asuntos familiares.

Debemos recordar que la distribución en el Congreso en comités o comisiones es una práctica común, pues las demandas en las legislaturas modernas van en aumento.

Para la Ley Orgánica del Congreso General, “las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”, que son de suma importancia para la división y especialización del trabajo. Sin embargo, estas comisiones pueden ser de diferentes tipos, según las facultades, el tiempo de duración y los fines que persiguen.

De acuerdo con la Ley Orgánica, las comisiones en el país pueden ser ordinarias, las que se mantienen de legislatura en legislatura y que actualmente son 40, las cuales se regulan en los artículos 39, numeral 2, de la Ley y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

En cambio, las comisiones especiales, como establece el artículo 42 de la Ley Orgánica, como es el caso de la especial para la Familia, se integran a fin de cumplir asuntos determinados por el pleno de la Cámara de Diputados e, igual que las de investigación, tienen el carácter de transitorias, pues se extinguirán una vez agotado el tema para el que fueron creadas o, en su caso, al término de cada legislatura.

Desde sus antecedentes –como el Reglamento de Cortes de Cádiz– hasta la legislación actual, hay temas recurrentes que se reflejan en la creación de comisiones ordinarias, varias de estas comisiones permanentes siguieron o al menos así lo intentaron nuestros compañeros legisladores, pero en ninguno de estos reglamentos ha sido considerada la creación de una comisión que se encargue de los asuntos familiares.

Únicamente ocho congresos locales cuentan con comisiones ordinarias encargadas del tema de familia: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Querétaro, Veracruz y Yucatán. Sólo cinco entidades federativas cuentan con una legislación familiar: Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Michoacán y San Luis Potosí.

No debemos dejar a un lado la importancia de la familia en la sociedad, las transformaciones que esta ha tenido, los problemas que aquejan a cada uno de sus integrantes y las acciones que hay que emprender para obtener una mejor convivencia familiar.

Con la convicción de generar un mejor panorama legislativo, consideramos necesario contar con las facultades y atribuciones que confiere el artículo 39, numerales uno y tres, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, entre las que destacan la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, tareas de información y control evaluatorio, que contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, coadyuvar con otras comisiones para la elaboración de dictámenes en favor de la materia familiar.

En mérito de lo anterior, ponemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se adiciona la fracción II, recorriéndose las que le siguen, del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. Las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I. Agricultura y Ganadería;

II. Asuntos Familiares;

III. Asuntos Indígenas;

IV. Atención a Grupos Vulnerables;

V. Ciencia y Tecnología;

VI. Comunicaciones;

VII. Cultura;

VIII. Defensa Nacional;

IX. Derechos Humanos;

X. Desarrollo Metropolitano;

XI. Desarrollo Rural;

XII. Desarrollo Social;

XIII. Economía;

XIV. Educación Pública y Servicios Educativos;

XV. Energía;

XVI. Equidad y Género;

XVII. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XVIII. Fortalecimiento al Federalismo;

XIX. Función Pública;

XX. Gobernación;

XXI. Hacienda y Crédito Público;

XXII. Justicia;

XXIII. Juventud y Deporte;

XXIV. Marina;

XXV. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXVI. Participación Ciudadana;

XXVII. Pesca;

XXVIII. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXX. Puntos Constitucionales;

XXXI. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXII. Recursos Hidráulicos;

XXXIII. Reforma Agraria;

XXXIV. Relaciones Exteriores;

XXXV. Salud;

XXXVI. Seguridad Pública;

XXXVII. Seguridad Social;

XXXVIII. Trabajo y Previsión Social;

XXXIX. Transportes;

XL. Turismo; y

XLI. Vivienda.

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 66. Las comisiones permanentes serán Agricultura y Ganadería, Asuntos Familiares, Asuntos Indígenas, Atención a Grupos Vulnerables, Ciencia y Tecnología, Comunicaciones, Cultura, Defensa Nacional, Derechos Humanos, Desarrollo Metropolitano, Desa-rrollo Rural, Desarrollo Social, Economía, Educación Pública y Servicios Educativos, Energía, Equidad y Genero, Fomento Cooperativo y Economía Social, Fortalecimiento al Federalismo, Función Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Juventud y Deporte, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Participación Ciudadana, Pesca, Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, Presupuesto y Cuenta Pública, Puntos Constitucionales, Radio, Televisión y Cinematografía, Recursos Hidráulicos, Reforma Agraria, Relaciones Exteriores, Salud, Seguridad Pública, Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social, Transportes, Turismo, y Vivienda.

Transitorio

Único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputados: Diva Hadamira Gastélum Bajo, Guadalupe Pérez Domínguez, Paz Gutiérrez Cortina, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Laura Arizmendi Campos, Laura Elena Estrada Rodríguez, Margarita Gallegos Soto, Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, Margarita Liborio Arrazola, Julieta Octavia Marín Torres, Elsa María Martínez Peña, Arturo Ramírez Bucio, María Isabel Pérez Santos (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentariasy tal y como lo solicita la diputada Liborio, el texto íntegro se inserta en el Diario de los Debates.

LEY DEL BANCO DE MEXICO - LEY PARA LA TRASPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS - LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS - LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Gracias, diputado presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, la difícil situación por la que está pasando el pueblo de México, en materia económica, nos orilla a buscar alternativas para aquellas mexicanas, aquellos mexicanos que complementan esta mala situación con una deuda ante la banca mexicana.

Hoy por hoy tenemos en nuestro país a 26.5 millones de deudores de la banca, en su mayoría tarjetahabientes de todos los bancos, de todas las instituciones financieras en nuestro país.

Hoy por hoy no existe una regulación en el marco jurídico legal que establezca un tope en el cobro de los intereses y en muchas de las ocasiones o en su mayoría se cobran intereses sobre intereses, lo que en derecho se llama anatocismo.

Es por ello que el día de hoy vengo a proponer ante el máximo órgano legislativo de este país, reformas a diversos ordenamientos financieros; reformas a la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito, reformas a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Ley del Banco de México, a la Ley de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros.

El objetivo de esta reforma es establecer topes, vía  el marco legal, para efectos de que no sigan abusando los banqueros de este país en el cobro de intereses.

Por ello estamos proponiendo que el tope en el cobro de intereses se fije en un máximo de 30 por ciento del costo anual total, incluidos los intereses interbancarios.

Compañeros, cuando se trata de ayudar a las instituciones financieras o a los empresarios de este país destinándoles recursos por parte del Estado, vía el gobierno federal en turno, le llamamos rescate o fomento, tal y como ocurrió en el rescate denominado rescate de los bancos con el Fobaproa y posteriormente con el IPAB.

Cuando se trata de rescatar a los ciudadanos de a pie de este país, que en este problema son 26.5 millones de mexicanos, le llamamos populismo o paternalismo, y no es así, porque ni siquiera estamos proponiendo que se inyecten recursos del erario federal. Lo que estamos proponiendo es regular, en primer término, los abusos en que incurre la banca mexicana por el cobro de intereses y, en segundo término, establecer un tope máximo de 30 por ciento, como lo decía con antelación, en el cobro de intereses interbancarios y costo anual total.

Es por ello que llamo a todas las fracciones parlamentarias representadas en este Congreso de la Unión a apoyar esta iniciativa y normemos, vía la legislación correspondiente, el cobro de intereses.

Hace algunos días el Banco de México emitió una circular para tratar de regular los altos cobros en las comisiones que aplican los bancos por las diferentes actividades financieras que se realizan diariamente en nuestro país, pero no es suficiente. Creemos que el cobro de intereses por el uso de tarjeta de crédito en este país debe estar regulado de una vez por todas dentro del marco legal mexicano.

Es por ello que hacemos un llamado de nueva cuenta a todas las fracciones a apoyar esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente. Le solicito que el texto completo de esta iniciativa se agregue al Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Banco de México, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Arturo Santana Alfaro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 3o. de la Ley del Banco de México; 4o., 5o., 7o., y 18 Bis-1 de la Ley para la Trasparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 4o., 11 y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y artículos 291, 292 y 293 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La difícil situación económica que vive México nos ha orillado a los habitantes de esta gran nación a adquirir algún medio de crédito que nos permita obtener bienes mínimos para solventar algunas de nuestras necesidades; puesto que en ocasiones no se cuenta con los recursos suficientes para adquirir bienes cuya compra es inesperada (gastos médicos, medicamentos, viajes de emergencia, gastos funerarios, etc.) Por la “ignorancia financiera” la mayoría de los usuarios de tarjetas de crédito hacen un mal uso de las mismas, contrayendo en ocasiones deudas que no pueden pagar. En el mejor de los casos, en muy pocas ocasiones estos créditos son utilizados para iniciar o mantener pequeños negocios, que ayudan con el gasto familiar, puesto que, es más fácil conseguir una tarjeta de crédito que un pequeño préstamo personal. Lo que ha tenido como consecuencia que en la actualidad en México existan 26.5 millones de deudores de la banca.

Las múltiples facilidades que en la actualidad otorgan las instituciones de crédito para ser beneficiarios de los servicios que autorizan, ha dado como consecuencia un excesivo endeudamiento, situación que en muchos casos ha impactado negativamente a la economía familiar, más aún cuando algunas de estas instituciones incrementan las líneas de crédito sin la petición u autorización del titular de la tarjeta, además sin llevar a cabo una investigación más a fondo respecto a que si los titulares del crédito cuentan con la solvencia económica para hacer frente a los endeudamientos.

En teoría, las instituciones de crédito previo al otorgamiento de cualquier crédito deben de tomar en cuenta diversos factores sobre el deudor, como lo son:

• Historial crediticio

• Nivel de endeudamiento

• Capacidad de pago

• Solvencia y patrimonio

• Estabilidad Laboral

En la realidad, observamos una situación muy diferente, ya que en muchas ocasiones algunas de las instituciones bancarias ofrecen sus créditos a través de una solicitud que llega a los domicilios vía correo, aún y cuando la misma nunca fue solicitada por el beneficiario, sin embargo, en otros casos sólo se requiere la presentación de la credencial para votar, en algún modulo que promociona este tipo de servicios, sin que interesen los supuestos que establece el Banco de México, autoridad que al igual que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, tienen entre sus objetivos “la protección de los intereses del público”.

Algunas instituciones de crédito, sobre todo aquellas cuyas matrices son extranjeras, al contar con un gran número de clientes de tarjetas de crédito han hecho un gran negocio, al establecer intereses de más del 70 por ciento los cuales aunados a las diversas comisiones y cargos adicionales alcanzan en ocasiones un Costo Anual Total de más del 80 por ciento, lo cual es inaceptable.

Las instituciones de crédito deberían actuar como impulsores de la economía que beneficie a la población con créditos accesibles que permitan el crecimiento de la economía; sin olvidar que tiene fines de lucro y que su objetivo es obtener utilidades; mismas que deben ser razonables y cuya principal fuente sean los créditos de desarrollo e hipotecarios, que son los que permiten el crecimiento de la economía de una nación.

En la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática consideramos que hoy más que nunca estamos obligados a voltear hacia esta realidad, y buscar la mejor solución, debemos establecer una regulación adecuada para que algunas de las Instituciones de Crédito no sigan utilizando como práctica diaria la “usura” en detrimento de la población y como única forma de obtener ganancias a través de los onerosos intereses y comisiones que cobran bajo la complacencia del Estado mexicano, es por ello que podemos advertir que el gobierno no cumple con la facultad establecida en el artículo 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito el cual señala que: El estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin deque éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promoverel desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, ...

Lo que se busca con la presente iniciativa es que las Autoridades encargadas de regular las operaciones de las instituciones de crédito como lo son el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, equilibren la actuación de las entidades integrantes del Sistema Financiero Mexicano.

En la actualidad podemos advertir que el costo anual total que cobran las instituciones de crédito varía exageradamente de una institución a otra, ya que de acuerdo a información publicada en la página de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, podemos observar que el costo anual total (CAT) más bajo de una Tarjeta de Crédito Clásica es de 16.94 por ciento, mientras que el más alto es del 95.57 por ciento lo que nos arroja una diferencia abismal del 78.63 por ciento, sin que las autoridades hagan nada por establecer topes máximos que no impacten negativamente en la economía familiar como viene sucediendo en la actualidad, y muy al contrario que los propietarios de este tipo de Instituciones se hagan cada vez más ricos a costa de los usuarios de los servicios financieros, tal y como se precia en la tabla que se observa a continuación:

Desafortunadamente son pocas las Instituciones de crédito, que actualmente tienen tasas de intereses razonables para sus tarjetas de crédito. Estas sociedades crediticias son viables, no han desaparecido y para nuestra fortuna hay mexicanas y extranjeras; por lo que deben de tomarse de ejemplo para establecer límites a las otras Instituciones de crédito.

Es por ello, que se torna necesario establecer en la legislación un tope máximo de costo anual total y a las tasas de interés principalmente de los créditos de consumo al que se deberán sujetar las Instituciones de Crédito y que por lo tanto el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, deberán revisar muy de cerca y estar atentos de que se cumplan en base a las funciones establecidas que tienen cada una de las autoridades mencionadas.

Hay que establecer en la normatividad los requisitos con los que deben de cumplir cabalmente los usuarios que pretendemos adquirir un crédito, además de que ellos mismos estén ciertos y conscientes de las condiciones a las que se están obligando; además hay que crear a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, una cultura crediticia entre la población para que con esto se vean protegidos al saber en qué momento es viable adquirir alguna línea de crédito.

Asimismo, hay que hacer responsables a las entidades financieras, integrantes del Sistema Financiero Mexicano de dar una correcta capacitación a sus promotores para que no otorguen créditos a aquellas personas que no cuentan con la solvencia económica y no entreguen líneas de crédito con la única finalidad de cumplir con una cuota que le es exigida a diario a los promotores de estas instituciones de crédito.

También debemos tener la certeza de que las Instituciones cumplen correctamente con sus funciones, que permiten la creación de pequeñas y medianas empresas que son generadoras de empleo y en consecuencia reactivan la economía nacional; por ello es necesario que a través del Banco de México, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros presenten trimestralmente a esta soberanía un informe de la regulación que llevan a favor de los deudores de la banca.

Consideramos apremiante llevar a cabo estas acciones para impedir todavía más el crecimiento de las deudas de los usuarios de tarjetas de crédito, ya que de otra manera esta situación va a desembocar en un colapso todavía mayor de la economía familiar. Es momento de trabajar por el bie-nestar de todos como población, es momento de frenar los altos intereses que siempre nos han sido cobrados pero que hoy más que nunca lo estamos resintiendo en nuestra economía, ya que las circunstancias que privan en la actualidad tienen como consecuencia que exista una disminución en la capacidad de pago de la gente.

Ya basta de intereses altos, ya basta a la usura de que somos objeto.

Por lo expuesto, es que someto a ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforma el artículo 3o. de la Ley del Banco de México, 4o., 5o., 7o. y 18 Bis de la Ley para la trasparencia y ordenamiento de los servicios financieros, 4o., 11 y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y artículos 291, 292 y 293 de la Ley General de títulos y operaciones de crédito.

Artículo Primero: Se reforma el artículo 3o. de la Ley del Banco de México, para quedar como se indica a continuación:

Artículo 3o. El banco desempeñará las funciones siguientes:

I. a VI. ...

VII. Regular los servicios que presten las instituciones de crédito, los intermediarios bursátiles, las casas de cambio, así como otros intermediarios cuando formen parte de grupos financieros, o sean filiales de las instituciones, por lo que deberán establecer el costo anual total o cualquier cargo financiero a cargo de las instituciones señaladas, el cual en ningún caso podrá ser mayor al 30 por ciento incluida la tasa de interés interbancaria de equilibrio.

En el caso de que la tasa de interés interbancaria de equilibrio, se fije por encima del tope establecido en el párrafo anterior, se podrá incrementar un máximo adicional de 10 por ciento.

Artículo Segundo: Se reforma el artículo 4o. de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como se indica a continuación:

Artículo 4. Para los fines previstos en el artículo 1 de esta Ley, el Banco de México emitirá disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, activas y pasivas, comisiones y pagos anticipados y adelantados de las operaciones que realicen con sus clientes, las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, así como para regular cuotas de intercambio tratándose de entidades. Asimismo, estará facultada para verificar que el costo anual total que pueden establecer las instituciones de crédito a los usuarios de las mismas, no sea mayor al 30 por ciento incluida la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

En el caso de que la tasa de interés interbancaria de equilibrio, se fije por encima del tope establecido en el párrafo anterior, se podrá incrementar un máximo adicional de 10 por ciento.

Artículo 5. Las entidades que operen cajeros automáticos deberán informar en las pantallas de éstos las comisiones que cobran por su uso, misma que en ningún caso podrá ser mayor al 15 por ciento de un día de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o de un costo total de un 20 por ciento de un día de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, si se tratase de un cajero de otra Institución, así como obtener el previo consentimiento de los clientes para el cobro de tales comisiones.

Artículo 7. ...

Las entidades, a través de los medios que pacten con sus clientes, deberán darles a conocer los incrementos al importe de las comisiones, así como las nuevas comisiones que pretendan cobrar, por lo menos, con treinta días naturales de anticipación a la fecha prevista para que éstas surtan efectos, mismas que en ningún caso podrán ser mayores a lo establecido por la fracción VII del artículo 3 de la Ley del Banco de México. Sin perjuicio de lo anterior, los clientes en los términos que establezcan los contratos, tendrán derecho a dar por terminada la prestación de los servicios que les otorguen las entidades en caso de no estar de acuerdo con los nuevos montos, sin que la entidad pueda cobrarle cantidad adicional alguna por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieren generado a la fecha en que el cliente solicite dar por terminado el servicio. En caso de que el cliente tenga una deuda pendiente de liquidar con la institución bancaria, esta deberá de congelar la deuda en ese momento otorgando un plazo que deberá ir como mínimo entre los 6 y los 48 meses, dependiendo del monto, para que la misma sea liquidada y con una tasa de interés máxima de 10 puntos porcentuales adicionales a la tasa de interés interbancaria de equilibrio.

Artículo 18 Bis 1. Las entidades sólo otorgarán créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta previa estimación de la viabilidad de pago por parte de los solicitantes valiéndose para ello de un análisis a partir de información cuantitativa y cualitativa que permita establecer su solvencia crediticia y capacidad de pago, debiendo cerciorarse en todos los casos que el posible cliente tenga capacidad de pago e historial crediticio que permita conocer realmente el nivel de endeudamiento que puede adquirir. En caso de que la institución de crédito no cumpla con estos supuestos, será responsable de las líneas de crédito otorgadas a aquellas personas que no tengan la solvencia económica suficiente para hacerles frente, por lo que solo podrán hacer exigible el pago del capital y como único interés la tasa de interés interbancaria de equilibrio, misma que quedara congelada durante el plazo que la institución otorgue al usuario, misma que deberá establecerse entre los 6 y los 48 meses, dependiendo del monto de la deuda.

Artículo Tercero:Se reforma el artículo 4o., 11 y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como se indica a continuación:

Artículo 40. ...

La protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, incluye la verificación por parte de la Condusef de que el costo anual total que pueden aplicar las instituciones de crédito a los usuarios de las mismas, en ningún caso puede ser mayor al 30 por ciento incluida la tasa de interés interbancaria de equilibrio.

En el caso de que la tasa de interés interbancaria de equilibrio, se fije por encima del tope establecido en el párrafo anterior, se podrá incrementar un máximo adicional de 10 por ciento.

Se reforma el artículo 11, anexándose una fracción XLII, recorriéndose la actual para quedar como fracción XLIII.

Artículo 11.La Comisión Nacional está facultada para:

XLII. Para verificar que el tope máximo que cobren las instituciones de crédito por costo anual total a los usuarios de las mismas, en ningún caso puede ser mayor al 30 por ciento incluida la tasa de interés interbancaria de equilibrio.

En el caso de que la tasa de interés interbancaria de equilibrio, se fije por encima del tope establecido en el párrafo anterior, se podrá incrementar un máximo adicional de 10 por ciento

XLIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento.

Artículo 68.La Comisión Nacional, deberá agotar el procedimiento de conciliación, conforme a las siguientes reglas:

VII. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, para tal efecto, el conciliador formulará propuestas de solución y procurará que la audiencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Si las partes no llegan a una conciliación, la Comisión Nacional las invitará a que, de común acuerdo, designen como árbitro para resolver su controversia a la propia Comisión Nacional o a alguno o algunos de los árbitros que ésta les proponga, y en caso de que no lo designen la Comisión lo hará en su nombre quedando a elección de las mismas que el juicio arbitral sea en amigable composición o de estricto derecho. El compromiso correspondiente se hará constar en el acta que al efecto se firme ante la Comisión Nacional. En caso de no someterse al arbitraje se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda.

Artículo Cuarto: Se reforman los artículos 291, 292 Y 293 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como se indica a continuación:

Artículo 291. ...

En caso de que se generen sobre las tarjetas de crédito intereses, prestaciones, gastos y comisiones a que se refiere el párrafo anterior, éstos no podrán ser mayores al 30 por ciento incluida la tasa de interés interbancaria de equilibrio.

Artículo 292. Si las partes fijaron límite al importe de crédito, se entenderá, salvo pacto en contrario el cual en todos los casos deberá constar por escrito, que en el quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el acreditado, debiendo en todo momento observar lo establecido en la parte final del artículo 291.

Artículo 293.En el contrato se establecerá el límite a las disposiciones del acreditado, el cual en ningún momento podrá variar salvo convenio celebrado entre las partes.

Transitorios

Primero. Las reformas y adiciones contenidas en el presente decreto, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero.El Banco de México, entregará trimestralmente al Congreso de la Unión un informe del comportamiento de las Instituciones de Crédito relativas al costo anual total establecidas en el presente decreto y las sanciones aplicadas en caso de no cumplir con el mismo.

Notas:

1 www.banxico.org.mx

2 Artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputados: Arturo Santana Alfaro, Olga Luz Espinosa Morales,  Ana Luz Lobato Ramírez,   Silvia Puppo Gastelum, Gerardo Sánchez García, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Leticia Quezada Contreras, Florentina Rosario Morales, Samuel Herrera Chávez, Balfre Vargas Cortez, Herón Agustín Escobar García, Esthela Damián Peralta,  María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Ariel Gómez León, José María Valencia Barajas, Leobardo Soto Martínez, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez,  María Dina Herrera Soto (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado Santana, por su intervención.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Públicoe insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Adelante diputada Damian. Sonido a su curul, por favor. ¿Para adherirse a la iniciativa del diputado Santana?

Diputado Santana, diversos compañeros legisladores preguntan si pueden adherirse a su iniciativa.

El diputado Arturo Santana Alfaro(desde su curul): Con gusto.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Santana ha aceptado complaciente. La documentación a suscribir está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 329 Bis a la Ley General de Salud.

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Con su permiso, señor presidente. Compañeros legisladores.

En México se cumplirán 47 años de que el 22 de octubre de 1963 se realizó el primer trasplante de órganos, en aquella oportunidad, de riñón, en donde la ciencia demostró que pudo responder ante una necesidad de salud, de este tipo.

Actualmente se registran entre 3 y 4 donadores aproximadamente por millón de habitantes, cuando el país demanda entre 35 y 40. A nivel nacional existen aproximadamente 13 mil personas en espera de un órgano y se considera que hay más de 130 mil personas en diálisis o hemodiálisis que serían candidatas inmediatas a trasplante renal. Esto sin incluir a aquellas personas que no cuentan con acceso a seguridad social de servicios médicos.

Similar situación se presenta en la mayoría de los países. A nivel internacional millones de personas padecen insuficiencia renal crónica necesitando tratamiento de diálisis y hemodiálisis. Muchas de ellas habitan en países donde están lejos de alcanzar la cifra mínima de 20 donadores por cada millón de habitantes, que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por tal motivo, es urgente que los gobiernos de todos los países se involucren en la promoción de manera directa, en los aspectos legales, sociales, culturales, económicos y políticos que pueden influir en el incremento de la cultura de la donación y trasplante de órganos. Educar para salvar vidas es la premisa.

La donación de órganos se originó por la necesidad de prolongar las expectativas de vida de los pacientes con fracaso de órganos. Abrió la puerta a los trasplantes de éstos y de tejidos, habiéndose desarrollado mucho durante los últimos 45 años las técnicas quirúrgicas en este campo.

Actualmente un número considerable de órganos pueden ser donados y trasplantados con éxito mejorando de esta manera la calidad de vida de los pacientes. De acuerdo con datos del sector salud, anualmente mueren 380 mil personas que podrían ser candidatas para donar.

A pesar de la solidaridad que ha distinguido al pueblo mexicano aún no ha adoptado la cultura de la donación como una forma de demostrar su apoyo. Por ello es importante dar mayor difusión a este tema haciendo hincapié en que el trasplante brinda una nueva oportunidad de vida.

Tomemos el ejemplo del profesor Rosendo Arrayales Terán, ciudadano ejemplar y entusiasta promotor de la donación de órganos, quien demostró las graves carencias existentes en nuestro país en este sentido ya que, de acuerdo con sus investigaciones y la información que proporcionan infantes y adolescentes, es insuficiente para crear una conciencia social sobre este asunto.

La mayoría de los jóvenes del primer grado de secundaria aseguraron no haber recibido información sobre la donación y trasplante de órganos y el tema ya no forma parte del plan de estudios del sexto grado de primaria.

Las estadísticas son preocupantes, por eso pensamos que en nuestro país se debe fomentar la cultura de la donación de órganos, debe hablarse de este tema en las escuelas, para que en vida las personas decidan si están dispuestas a donar. Es evidente que este tópico se trata de manera superficial.

Por ello, no es raro que entre los alumnos del primer grado de secundaria sólo cinco hayan recordado la información sobre el primer trasplante de corazón realizado en México. La cultura empieza en la niñez, en la formación de los individuos y en el ejemplo de todos nosotros.

En otros países la necesidad de incrementar el número de donantes ha forzado a las autoridades a tomar medidas drásticas. En Canadá, por ejemplo, se obligará a la gente a firmar documentos de aceptación sobre donación cuando saca o renueva una licencia de conducir.

En España se declaró a cualquier persona como donante. Estas reformas fueron apoyadas oportunamente con campañas sobre la cultura de donación de órganos y modificaciones importantes a los planes de estudio básico.

No desearíamos algo así para México, pero en nuestro país no existe una cultura de donación de órganos, lo que propicia que muchas personas mueran esperando un individuo generoso al cual se le acreditaría salvar una vida.

La propuesta que aquí se hace no vulnera derechos ni lastima prerrogativas de ningún ámbito, nadie puede ser sometido a escrutinio o prejuicio por su decisión y sí, en cambio, estamos dándole la posibilidad a muchos miles de individuos de disponer si desean estar en posibilidad de salvar una vida.

Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 329 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Carlos Samuel Moreno Terán, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 329 Bis de la Ley General de Salud con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México se cumplirán cuarenta y siete años (22 de octubre de 1963) que se realizó el primer trasplante de órganos (riñón), en donde la ciencia demostró que pudo responder ante una necesidad de salud de este tipo.

Actualmente se registran entre 3 y 4 donadores aproximadamente por millón de habitantes, cuando el país demanda entre 35 y 40; a nivel nacional existen aproximadamente 13 mil personas en espera de un órgano y se considera que haya más de 130 mil personas en diálisis o hemodiálisis que serían candidatos inmediatos a trasplante renal, esto sin incluir a todos aquellos que no cuentan con acceso a seguridad social de servicios médicos.

Similar situación se presenta en la mayoría de los países.

A nivel internacional, millones de personas padecen de insuficiencia renal crónica, necesitan tratamientos de diálisis y hemodiálisis, muchas de ellas habitan en países donde están lejos de alcanzar la cifra mínima de 20 donadores por cada millón de habitantes que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Por tal motivo, es urgente que los gobiernos de todos los países se involucren en la promoción de manera directa en los aspectos legales, sociales, culturales, económicos y políticos que pueden influir en el incremento de la cultura de la donación y trasplante de órganos.

Educar para salvar vidas es la premisa.

La donación de órganos se originó por la necesidad de prolongar las expectativas de vida de los pacientes con fracaso de órganos. Abrió la puerta a los trasplantes de éstos y de tejidos, habiéndose desarrollado mucho durante los últimos cuarenta y cinco años, las técnicas quirúrgicas en este campo.

Actualmente un número considerable de órganos pueden ser donados y trasplantados con éxito, mejorando de esta manera la calidad de vida de los pacientes.

De acuerdo con datos del sector salud, anualmente mueren unas 380 mil personas que podrían ser candidatas para donar.

A pesar de la solidaridad que le ha distinguido, el pueblo mexicano aún no ha adoptado la cultura de la donación como una forma de mostrar su apoyo; por ello, es importante dar mayor difusión a este tema, haciendo hincapié en que un trasplante brinda nueva oportunidad de vida.

Tomemos el ejemplo del profesor Rosendo Arrayales Terán, quien demostró las graves carencias persistentes en nuestro país en ese sentido. De acuerdo con sus investigaciones, la información que se proporciona a los infantes y adolescentes es insuficiente para crear una conciencia social sobre este asunto.

La mayoría de los jóvenes del primer grado de secundaria aseguraron que no recibieron información sobre la donación y trasplante de órganos, pese a que el tema forma parte del plan de estudios del sexto grado de primaria.

Es evidente que se trata el tema de manera superficial.

Por ello, no es raro que entre los alumnos del primer grado de secundaria sólo cinco hayan recordado la información sobre el primer trasplante de corazón realizado en México, una de las pocas referencias al respecto en los libros de texto de primaria y secundaria.

En otros países, la necesidad de incrementar el número de donantes ha forzado a las autoridades a tomar medidas drásticas. En Canadá, por ejemplo, se obligará a la gente a firmar un documento de aceptación sobre donación cuando saca o renueva una licencia de conducir. En España se declaró a cualquier persona como donante. Estas reformas fueron apoyadas oportunamente con campañas sobre la cultura de donación de órganos y modificaciones importantes a los planes de estudio básicos.

En nuestro país aún no existe una cultura de la donación de órganos, lo que propicia que muchas personas mueran esperando un individuo generoso al cual se le acreditaría salvar una vida.

A esa persona se le conoce como donador.

Las estadísticas son preocupantes, por eso pensamos que en nuestro país se debe fomentar la cultura de la donación de órganos, debe de hablarse de este tema en las escuelas, para que en vida las personas decidan si están dispuestas a donar.

La propuesta que aquí se hace no vulnera derechos ni lastima prerrogativas de ningún ámbito, nadie puede ser sometido a escrutinio o prejuicio por su decisión y sí, en cambio, estamos dándole la posibilidad a muchos miles de individuos a disponer si desean estar en posibilidad de salvar una vida.

Por lo expuesto, el que suscribe, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 329 Bis de la Ley General de Salud

Único. Se adiciona el artículo 329 Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 329 Bis. Las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como los organismos autónomos estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por razón de sus funciones emitan documentos oficiales de identificación ciudadana, deberán incluir en el mismo una anotación que exprese la voluntad del titular de la misma en relación con la donación de sus órganos en los términos señalados por esta ley.

Dado en la sede del Congreso de la Unión, a 21 de septiembre de 2010.— Diputados: Carlos Samuel Moreno Terán, Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se turna a la Comisión de Salud.

Se encuentran de visita en este recinto personas que nos visitan del Instituto Sinai de Naucalpan, estado de México. Sean ustedes bienvenidos.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, vengo a esta tribuna a tratar a ustedes un tema que me parece de la mayor importancia y para el cual solicito respetuosamente su atención.

Se trata de atender un tema que tiene que ver con el fortalecimiento del federalismo. Un tema que, sin duda, tiene que ver también con la competitividad de nuestro México y con la posibilidad de detonar el gran potencial de nuestras regiones en beneficio de miles de familias. Es decir, se trata de un asunto de justicia social.

En México, como en el resto del mundo, la infraestructura del transporte es estratégica para el crecimiento económico, la competitividad y la integración de una nación. En la medida en que se amplía la cobertura carretera y mejora su estado físico, los tiempos de viaje se acortan, la seguridad se incrementa y, en consecuencia, se generan importantes ahorros y beneficios favorables para la economía y el bie-nestar social.

En México el transporte carretero es el principal modo de desplazamiento de pasajeros y bienes a través del territorio nacional. Todos los sectores de la economía se ven beneficiados por el transporte carretero, el agrícola, el ganadero, el industrial, el comercial, el turístico y el energético. Así se comprende la importancia estratégica que tiene, para la economía del país, la conservación de su infraestructura carretera.

La falta de atención oportuna del deterioro incipiente de un camino trae como consecuencia que el deterioro se incremente muy rápidamente y que el costo de su reparación sea mucho más alto que aquél de una atención oportuna.

Los foros de infraestructura carretera realizados por la Comisión de Transporte de esta Cámara, en agosto pasado, dejaron clara, clarísima diría yo, la falta de recursos para dar conservación y mantenimiento adecuado a la red de carreteras alimentadoras estatales.

La Federación hace estas carreteras, y luego no hay presupuesto para su mantenimiento. Los estados de la república no tienen recursos siquiera para poner su parte en el Fonden y en otros programas de participación conjunta.

En el foro de Tampico, Tamaulipas de dicha Comisión, el 18 de agosto pasado el propio secretario de Comunicaciones y Transportes informó que a esa fecha, sólo en este año, los desastres naturales habían causado daños por mil 84 millones de pesos a la infraestructura carretera federal, y que en la red de carreteras estatales existía una pérdida por 5 mil 800 millones de pesos. Estamos hablando de casi cinco veces de lo que se había perdido en la red federal y todavía no sucedían los desastres naturales en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco.

En San Luis Potosí, con el huracán, quedaron gravemente dañadas las carreteras de toda la Huasteca y de muchas zonas de mi estado. Aquí están con nosotros compañeros productores, cañeros de Tamasopo, que nos vienen a reclamar a hacer algo, porque viene la zafra ya el 15 de noviembre en ciudad Valles, y a principios de diciembre en Tambaca.

¿Saben ustedes, amigas y amigos legisladores, cuánto recibió el estado de San Luis Potosí para este año, para mantenimiento de carreteras estatales? Cero pesos.

Señores legisladores, nuestras carreteras estatales están en pésimo estado. Están muy deterioradas, es indudable que deben ser incluidas en el Presupuesto de Egresos anual para que las entidades federativas lo ejerzan en conservación y mantenimiento de las carreteras a su cargo.

Como ya lo expresé, se trata de un asunto de competitividad, pero también de justicia con los millones de mexicanos que merecen mejores condiciones para transportarse, comercializar sus productos y desarrollar así sus comunidades.

Con base en lo anterior, señoras y señores, someto a su consideración la adición de una fracción al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal en los siguientes términos.

Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 1o. Se adiciona el numeral 9 a la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Ley de Coordinación Fiscal, Capítulo V de los fondos de aportaciones federales.

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los estados, municipios y Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley para los fondos siguientes.

Fracción IX. Fondo de Aportaciones para la Conservación, Mantenimiento, Construcción y Reconstrucción de las Carreteras Estatales, así como de caminos alimentadores y rurales, mismos que serán ejercidos por las entidades federativas y por el Distrito Federal en función de sus prioridades determinadas con base en los diagnósticos y proyectos técnicos con objeto de sustentar su necesidad y el costo-beneficio en cada caso, a favor del desarrollo social, económico y regional de cada entidad.

Con objeto de potenciar la viabilidad y fortalecer dicho fondo se constituirá un fideicomiso que propicie la participación presupuestaria de los niveles federal y estatal de gobierno.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Segundo. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta ley deberán ser expedidas por el titular del Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de octubre de 2010.

Estoy seguro, amigas y amigos, que privilegiando responsabilidad y visión de largo aliento para el bien de México podremos hacer la parte sustantiva que nos toca hacer en esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En México, así como en el resto del mundo, la infraestructura de transporte es uno de los elementos detonantes estratégicos para el crecimiento económico, la competitividad y la integración social de una nación. Las carreteras son, sin duda, un ejemplo claro, ya que en la medida en que se amplía su cobertura y mejora su estado físico, los tiempos de viaje se acortan, la seguridad y la comodidad se incrementan y, en consecuencia, se generan importantes ahorros y beneficios para los usuarios lo que deriva en efectos favorables para la economía y el bienestar social.

El transporte carretero permite la comunicación y el intercambio entre regiones.

En México es el principal modo para el desplazamiento de pasajeros y bienes a través del territorio nacional, convirtiéndose en un instrumento básico para la integración del espacio económico y social del país. Todos los sectores de la economía se ven beneficiados por el transporte carretero: el agrícola, el ganadero, el industrial, el comercial, el turístico y el energético.

Actualmente según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el sistema carretero mexicano tiene una longitud del orden de 360,000 kilómetros.

De acuerdo con datos estimados por el Instituto Mexicano del Transporte, durante 2009 las carreteras del país habrán movilizado el 99.2 por ciento de los 3,276.1 millones de pasajeros internos nacionales y el 84.7 por ciento de un total de 537 millones de toneladas de carga que se transportan en el interior del territorio nacional.

Si la conservación de esa infraestructura es la adecuada, los costos de transporte de personas, insumos y productos terminados serán decrecientes y crearán un estímulo para la expansión de mercados y abastecimiento de las empresas.

Considerando lo anterior se comprende la importancia estratégica que tiene para la economía del país la conservación de su infraestructura carretera. En la medida en que la red opere en condiciones más favorables de fluidez y de seguridad del tránsito, aumentará su capacidad de proporcionar un transporte eficiente, con los consecuentes beneficios a la sociedad.

Sin duda alguna, las inversiones en conservación de carreteras son económicamente rentables para la sociedad en su conjunto. La falta de atención oportuna del deterioro incipiente de un camino trae como consecuencia que el deterioro se incremente muy rápidamente y que el costo de su reparación sea mucho más alto que aquél de una atención oportuna. Además, genera sobrecostos de operación mucho mayores que los costos de su reparación, y provoca que los tiempos de recorrido sean más largos, con su consecuente impacto negativo en la economía; asimismo, se pierde una parte del valor del patrimonio carretero.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, la falta de mantenimiento en las carreteras de América Latina ha traído como consecuencia un considerable aumento en los costos de operación vehicular y un deterioro extraordinario del patrimonio vial, en donde las pérdidas atribuibles a estos factores se estiman entre el 1 y el 3 por ciento del producto interno bruto cada año (en México el PIB del año 2009 fue de 9.7 billones de pesos; sólo el 1 por ciento de esta cantidad equivale a 97,000 millones de pesos).

Tras realizarse en Tampico, Tamaulipas, el pasado 18 de agosto el Foro de infraestructura carretera de los estados del norte por la Comisión de Transportes de la honorable Cámara de Diputados, que agrupó a los principales actores del sector carretero del país, se manifestó la demanda de los representantes de las Juntas Estatales de Caminos y Secretarios de Obras de los diferentes estados, donde manifestaron la falta de recursos para dar la conservación y mantenimiento adecuado a la red carreteras alimentadoras estatales, aunado a que el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, informó que en el 2010 los desastres naturales han causado daños por mil 84 millones de pesos a la infraestructura carretera federal y en la red de carreteras estatales existe una perdida por 5 mil 800 millones de pesos, principalmente en el noroeste del país, estamos hablando de casi cinco veces de lo que se perdió en la red federal.

Por lo anterior, se consideró que las inversiones en conservación de la red federal deberían oscilar entre 8,000 y 10,000 millones de pesos anuales, mientras que para la red estatal se hizo un cálculo grueso, debido a la falta de información de estas redes, y se encontró que se requieren alrededor de $12,000 millones de pesos anuales por lo menos, durante un período de 12 años para llevarlas a un estado bueno y satisfactorio, considerando que su longitud pavimentada es de 78,698 kilómetros. La clasificación que ha hecho la SCT para el estado físico de las carreteras es bueno, satisfactorio y no satisfactorio.

El caso de San Luis Potosí, como en otros estados la red carrera estatal es mucho mayor que la federal, la longitud de la red carretera federal en el estado de San Luis Potosí es de 2,104.6 kilómetros; las carreteras alimentadoras estatales cubren el territorio potosino con 1,978.5 kilómetros; los caminos rurales considerados también como red carretera estatal, con destino a las localidades más apartadas tienen una longitud total de 7,162.2 kilómetros, y no obstante de los programas y esfuerzos que se realizan por mantener en buenas condiciones las carreteras los esfuerzos se ven mermados al hacer falta recursos económicos.

En este sentido en el caso de las carreteras estatales, es indudable que deben ser incluidas en el Presupuesto de Egresos anual para que las entidades federativas lo ejerzan en la conservación y mantenimiento de las carreteras a su cargo.

La federación, y en particular las últimas administraciones federales, han omitido destinar recursos a este rubro tan importante para el desarrollo nacional. Si bien es cierto dentro del presupuesto se contempla un rubro de “conservación y mantenimiento” este se refiere a las carreteras federales por lo que toda la red de carreteras estatales y caminos rurales se queda sin posibilidad de atención.

Es un asunto de competitividad pero también de justicia con los millones de mexicanos que merecen mejores condiciones para trasportarse y comercializar sus productos y desarrollar sus comunidades.

Por lo tanto es necesario crear un fondo para la conservación, mantenimiento y construcción, reconstrucción de las carreteras estatales, así como de caminos alimentadores y rurales logrando mantener una red carretera cada vez mucho más eficiente y modernizada, sin dejar de considerar los ahorros por conceptos de reparación.

En base a la anterior exposición de motivos, pongo a consideración de esta soberanía la aprobación de la adición de la fracción IX de la Ley de Coordinación Fiscal quedando de la siguiente forma.

Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Primero.Se adiciona el numeral IX al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Ley de Coordinación Fiscal

Capítulo VDe los Fondos de Aportaciones Federales

Artículo 25.Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:

I. a VIII. ...

IX.Fondo de Aportaciones para la Conservación, Mantenimiento, Construcción y Reconstrucción de las Carreteras Estatales, así como de Caminos Alimentadores y Rurales, mismo que será ejercido por las entidades federativas y por el Distrito Federal en función de sus prioridades determinadas en base a diagnósticos y proyectos técnicos, con el objeto de sustentar su necesidad y el costo – beneficio en cada caso en favor del desarrollo social, económico y regional de cada entidad.

Con el objeto de potenciar la viabilidad y fortalecer dicho Fondo se constituirá un fideicomiso que propicie la participación presupuestaria de los niveles federal y estatal de gobierno.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el titular del Ejecutivo federal en un plazo no mayor a 60 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.— Diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.Se pospone la intervención del diputado Eduardo Mendoza Arellano.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 278 de la Ley General de Salud.

La diputada María Cristina Díaz Salazar:Gracias, señor presidente. Compañeros diputados, la ingesta de cáusticos es una patología que se ha visto incrementada en nuestro medio por diferentes motivos, que produce morbilidad para el paciente y su familia y elevados costos económicos a la sociedad. Se ve fundamentalmente en pacientes menores de 3 años y ante el descuido de los adultos en cuanto a la manipulación y almacenaje de ellos.

Las sustancias que producen lesiones graves son los ácidos fuertes. En primer lugar el hipoclorito de sodio (lejía) y en segundo lugar, la sosa cáustica.

Los accidentes ocupan el primer lugar de mortalidad en la edad pediátrica y la mayoría pueden ser evitados. Los recursos dirigidos para prevenir los accidentes siempre resultarán menos costosos para el sistema de salud, para la familia del paciente y la sociedad que los producidos por dicha patología.

La ingestión accidental de cáusticos es un problema de salud que se presenta principalmente en menores de 5 años. La intoxicación por cáusticos sigue siendo un grave problema médico-social y representa un alto costo en atención para los sistemas de salud y la familia.

En México, con frecuencia, la sosa cáustica es almacenada en frascos de bebidas o alimentos, si bien hay una norma que regula el etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico o industrial, no existe una legislación que obligue a su venta en envases adecuados con tapa de seguridad.

La presente iniciativa busca disminuir el número de intoxicaciones por cáusticos aplicando medidas preventivas, dando lugar a una disminución del costo del tratamiento por manejo agudo, así como de sus secuelas y abatir la mortalidad por este padecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que adiciona la fracción IV, del artículo 278, Capítulo 12 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Capítulo 12. Plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas.

Artículo 278. Para los efectos de esta ley se entiende por:

...

Fracción IV. Sustancia tóxica aquel elemento compuesto o la mezcla química de ambos que por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas causan efectos adversos al organismo de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.

La Secretaría de Salud determinará mediante listas que publicará en el Diario Oficial de la Federación los nutrientes vegetales, así como las sustancias tóxicas o peligrosas que por constituir un riesgo para la salud deban sujetarse a control sanitario y no podrán venderse a granel, siendo expedidos en envases etiquetados y tapas con sello de seguridad.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo a los 6 días del mes de octubre del año 2010. Muchas gracias, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 278 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa que adiciona la fracción IV del artículo 278, capítulo 12, de la Ley General de Salud, a efecto de disminuir la morbimortalidad pediátrica por la ingesta accidental de cáusticos de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La ingesta de cáusticos es una patología que se ha visto incrementada en nuestro medio por diferentes motivos que produce morbilidad para el paciente y su familia, y elevados costos económicos a la sociedad. Se ve fundamentalmente en pacientes menores de 3 años y ante descuidos de los adultos en cuanto a la manipulación y almacenaje de ellos.

Las sustancias que producen lesiones graves son los ácidos fuertes que tienen pH igual o menor a 2, y los álcalis fuertes que tienen pH igual o mayor a 12. Los agentes ingeridos que se vieron fueron muy variables pero predominan en primer lugar el hipoclorito de sodio y en segundo lugar la sosa cáustica o hidróxido de sodio. Estos agentes son los que clásicamente predominan. Hasta el año 1997 era la sosa cáustica la que estaba en primer lugar. Es a partir de ese año que el hipoclorito de sodio ha aumentado la frecuencia en las posibles ingestas.

Creemos que este cambio en la frecuencia de la ingesta de estas sustancias se da por diferentes factores. Uno muy importante son los escasos controles realizados por las autoridades correspondientes en cuanto al fraccionamiento y venta del producto. Otro factor es el mal manejo del hipoclorito y de los demás cáusticos, por los adultos en los hogares, fundamentalmente en cuanto al almacenamiento de estos.

Los accidentes ocupan el primer lugar de mortalidad en la edad pediátrica; y la mayoría pueden ser evitados. Los recursos dirigidos para prevenir los accidentes, siempre resultarán menos costosos para el sistema de salud, para la familia del paciente y la sociedad; que los producidos por dicha patología.

La ingestión accidental de caústicos es un problema de salud que se presenta principalmente en menores de 5 años. La intoxicación por caústicos sigue siendo un grave problema médico-social y representa un alto costo en atención para los sistemas de salud y la familia.

Las cifras de incidencia real en México varían según la institución de salud. En Estados Unidos de América (EUA) las intoxicaciones por cáusticos ocupa el tercer lugar en frecuencia de las intoxicaciones en general. En España representa alrededor de un 5 por ciento de todos los accidentes de tipo doméstico.

La facilidad con la que se adquieren soluciones de álcalis y ácidos para su uso en el hogar, así como la introducción de nuevos y potentes limpiadores concentrados ha producido un aumento en la frecuencia de las esofagitis corrosivas.

Este tipo de productos son utilizados para limpieza de baños y cocina principalmente en el hogar. La sustancia que se encuentra comúnmente involucrada es la sosa cáustica. Dicha sustancia se emplea en concentraciones muy altas.

Los agentes que predominan son:

Hidróxido sódico. Que se encuentran en productos de limpieza doméstica, fabricación de jabones caseros, limpiadores de hornos.

Hidróxido potásico. Que se utiliza en productos de limpieza doméstica.

Carbonato sódico y cálcico. Que se emplean en fabricación de jabones, cremas depilatorias, limpiadores de prótesis dentales, pulimiento de metales.

Sales sódicas.- Que se usan en detergentes industriales, productos de lavavajillas, reblandecedores de agua.

Hipoclorito de sodio (lejía). Que se hallan en desinfección de agua potable, desinfección de agua de piscinas, productos de limpieza domestica, limpiadores de prótesis dentales.

Amoniaco. Que se maneja en limpiadores de inodoros, limpieza y pulimiento de metales, colorantes y tintes capilares, productos anti herrumbre, limpiadores de joyas.

En México con frecuencia la sosa cáustica es almacenada en frascos de bebidas o alimentos. Si bien hay una norma que regula el etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico o industrial, no existe una legislación que obligue su venta en envases adecuados con tapa de seguridad.

En España se ha regulado el uso, manejo, conservación y venta de sustancias tóxicas. En EUA y Dinamarca disponen de una legislación semejante. Después de implementar estas medidas preventivas disminuyó las quemaduras esofágicas por corrosivos.

Considerandos

Que se producen lesiones graves como la perforación esofágica, como son mediastinitis, pleuritis, fístula traqueoesofágica. Puede haber estrechamiento del esófago, a consecuencia de la misma quemadura la cual puede presentarse hasta un año después.

Que la ingesta accidental de estos productos representa un riesgo a largo plazo, que puede causar cáncer de esófago, el cual ocurre de 1 a 4 por ciento de todas las exposiciones y puede presentarse hasta 40 años después de la exposición. Mortalidad asociada a quemadura esofágica 1 al 5 por ciento.

Que los estudios de los costos de tratamiento para los pacientes con quemaduras esofágicas con cáusticos, arrojaron distintos resultados dependiendo del grado de quemadura:

Para los pacientes con quemadura de primer grado y segundo grado superficial el costo (incluyendo hospitalización y exámenes médicos necesarios) total aproximado fue de 17 mil pesos

Para los pacientes con quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado (incluyendo una intervención quirúrgica además de los estudios realizados) el costo total aproximado fue de 104 mil pesos.

A los pacientes con quemaduras de tercer grado y que requirieron un tratamiento más agresivo (sustitución de esófago, 2 intervenciones quirúrgicas y demás estudios médicos) el costo total aproximado fue de 114 mil 500 pesos.

Para pacientes en quienes se les tuvo que realizar intervención no quirúrgica del esófago (dilatación endoscópica) el costo total aproximado fue de 11 mil 500 pesos.

La presente iniciativa busca disminuir el número de intoxicaciones por cáusticos, aplicando medidas preventivas, dando lugar a una disminución del costo del tratamiento por manejo agudo, así como de sus secuelas y abatir la mortalidad por este padecimiento.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente

Iniciativa que adiciona la fracción IV del artículo 278, capítulo XII, de la Ley General de Salud

Capítulo XIIPlaguicidas, Nutrientes Vegetales y Substancias Tóxicas o Peligrosas

Artículo 278. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a III. ....

IV. Substancia tóxica: Aquel elemento o compuesto o la mezcla química de ambos que, cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.

La Secretaría de Salud determinará, mediante listas que publicará en el Diario Oficial de la Federación, los nutrientes vegetales, así como las substancias tóxicas o peligrosas que por constituir un riesgo para la salud deben sujetarse a control sanitario y no podrán venderse a granel, siendo expedidos en envases etiquetados y tapas con sello de seguridad.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputados: María Cristina Díaz Salazar, María de Jesús Aguirre Maldonado, Leticia Quezada Contreras, Florentina Rosario Morales, Silvia Puppo Gastelum, Malco Ramírez Martínez, José María Valencia Barajas, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Guillermo Cueva Sada, Silvia Esther Pérez Ceballos, Gerardo Leyva Hernández, María Dina Herrera Soto, Clara Gómez Caro (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada María Cristina Díaz. Túrnese a la Comisión de Salud.

Diputada, dígame usted.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Para solicitarle a la diputada Cristina si me acepta sumarme a la iniciativa de reforma al artículo 278 que presentó hace un momento. Gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada María Cristina, le solicitan adherirse a su iniciativa. La diputada María Cristina Díaz Salazar ha aceptado complaciente y está a su disposición la iniciativa aquí en la mesa de la Secretaría.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social.

El diputado Miguel Ángel García Granados:Gracias, señor presidente.

Históricamente, compañeras y compañeros diputados, los salarios han registrado un crecimiento menor al de la inflación y esta situación ha sido causal directa de una pérdida acumulada del poder adquisitivo, sobre todo en aquellos sectores de la población con mayor vulnerabilidad económica.  Es el caso de los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes bajo el régimen solidario reciben mensualmente un monto económico equivalente a un salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Se trata de un sector de la población en cuyos hogares se sufren diariamente los estragos que ha traído consigo la inestabilidad de precios en artículos y servicios de primera necesidad para la subsistencia, y que han visto la pérdida sostenida del poder adquisitivo de una pensión mensual cuyo monto no llega a los mil 800 pesos mensuales.

Los diversos movimientos a favor de la defensa de los jubilados y pensionados de este país, tras años de lucha han mantenido sus justos reclamos de atención con muy sólidos argumentos, a través de los cuales sostienen que el monto mensual de la pensión que recibe el grueso de sus agrupados es a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades más elementales de alimentación y vestido, aparte de otras eventualidades como la compra de medicamentos de patente que les demandan padecimientos diversos, sin dejar de precisar el costo de los servicios públicos como el agua potable y la energía eléctrica, entre otros.

El espíritu de la presente iniciativa busca atender un legítimo reclamo de miles de personas, todas ellas adultos mayores que a lo largo de muchos años dieron lo mejor de su vida productiva para contribuir laboralmente a la estabilidad social de México.

Un alto porcentaje de estas personas, sin olvidar a aquéllas que han muerto en su lucha por obtener una remuneración económica justa, sufren enfermedades crónicas diversas tras haber laborado por espacios que van desde los 30 hasta los 50 años y que ahora, penosamente, reciben una pensión insuficiente para hacer frente a la carestía de artículos y servicios.

Es entendible, no obstante, que el régimen de pensiones está ejerciendo presiones sobre un sistema financiero frágil como el del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hace frente a las necesidades de pago que mensualmente demandan poco más de 2 millones 500 mil pensionados.

Sin embargo, debemos comprender también que por elemental justicia con aquéllos, muchos que poco tienen y dado el régimen solidario de pensiones del Seguro Social cuya responsabilidad está a cargo del Estado, es bien legítimo demandar un aumento a la pensión garantizada en un monto equivalente al menos de dos salarios mínimos generales.

Hoy que estamos analizando la propuesta del Ejecutivo y el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, es oportuna esta propuesta si se considera que el monto de los recursos requeridos para este propósito pudiese provenir de un esfuerzo en el ahorro del gasto público o, en su caso, de una nueva distribución del Presupuesto con un mayor sentido social frente a los costos que para el sector gubernamental representa el hecho de mantener la paz social, hoy en riesgo, por las urgencias financieras que día a día sufren millones de personas, a quienes ahoga el costo de la vida.

Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento legal correspondiente, quiero someter a la consideración de este pleno la iniciativa que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, para efecto de que se establezca que el monto de la pensión será de dos salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal en el momento en que entre en vigor esta disposición, cantidad que, como lo establece el mismo artículo, se actualizará anualmente durante el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión.

Solicito, señor presidente, se inserte íntegro el texto de esta iniciativa. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Miguel Ángel García Granados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, con el firme propósito de apoyar los ingresos de un sector de la población económicamente vulnerable, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La crisis financiera de Estados Unidos de América, iniciada a partir del segundo semestre de 2007, ha derivado en nuestros días en una recesión generalizada con afectaciones a las economías de las naciones desarrolladas y aún más a las emergentes, dependientes y sujetas estas últimas al comportamiento de un sistema financiero globalizado.

Esta situación, aunado a que históricamente los salarios registran un crecimiento menor al de la inflación, es causal directa de una pérdida acumulada del poder adquisitivo, sobretodo e aquellos sectores de la población con mayor vulnerabilidad económica.

Es el caso de los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes bajo el régimen solidario reciben mensualmente un monto económico equivalente a un salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Se trata de un sector de la población, en cuyos hogares se sufren los estragos que ha traído consigo la inestabilidad de precios en artículos y servicios de primera necesidad para la subsistencia y que han visto la pérdida sostenida del poder adquisitivo de una pensión mensual, cuyo monto no supera los 2 mil pesos.

Los diversos movimientos a favor de la defensa de los jubilados y pensionados de este país, tras años de lucha han mantenido sus justos reclamos de atención, con sólidos argumentos a través de los cuales sostienen que el monto mensual de la pensión que recibe el grueso de sus agrupados, es a todas luces insuficiente para cubrir necesidades elementales de alimentación y vestido, aparte de otras eventualidades como la compra de medicamentos de patente que les demandan padecimientos diversos, sin dejar de precisar el costo de servicios públicos básicos como los de agua potable y energía eléctrica, entre otros.

De esta manera, el espíritu de la presente iniciativa busca atender un legítimo reclamo de miles de personas, todas ellas adultos mayores que a lo largo de muchos años dieron lo mejor de su vida productiva para contribuí labor: ente a la estabilidad social del México posrevolucionario.

Un alto porcentaje de estas personas, –sin olvidar a aquellas que han muerto en su lucha por obtener una remuneración económica justa– sufren enfermedades crónicas diversas, tras haber laborado por espacios que van de los 30 y en algunos casos hasta los 50 años y que ahora penosamente reciben una pensión insuficiente para hacer frente a la carestía de artículos y servicios.

Es entendible, no obstante que el régimen de pensiones está ejerciendo presiones sobre un sistema financiero frágil como el del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hace frente a las necesidades de pago que mensualmente demandan poco más de 2 millones 500 mil jubilados, en cuyo rango de mayor porcentaje se ubican precisamente aquellas personas que perciben un pago equivalente al de un salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Sin embargo debemos comprender también que por elemental sentido de justicia social con aquellos muchos que poco tienen y dado el régimen solidario de pensiones del seguro social, cuya responsabilidad está a cargo del Estado, es legítimo demandar un aumento a la pensión garantizada en un monto equivalente al menos a dos salarios mínimos generales.

Si bien esta propuesta pudiera resultar inoportuna, no lo es tanto si se considera que el monto de los recursos requeridos para e te propósito, pudiera provenir de un esfuerzo en el ahorro del público o en su caso de una nueva distribución del presupuesto con un mayor sentido social, frente a los costos que para el sector gubernamental representa el hecho de mantener la paz social, hoy en riesgo por las urgencias financieras que cada día sufren millones de personas, a quienes ahoga el costo de la vida.

Asimismo, la iniciativa que nos ocupa hace eco de la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, por la cual se exhorta a los gobiernos del mundo a manifestar un sólido compromiso de apoyo a la población, que se signifique por una protección del poder adquisitivo, como una de varias medidas necesarias para estimular el consumo interno y consecuentemente el crecimiento de la economía.

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el articulo 170 de la Ley del Seguro Social

Artículo 170. Pensión garantizada es aquélla que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta ley y su monto mensual será el equivalente a la suma de dos salarios mínimos generales para el Distrito Federal, en el momento en que entre en vigor esta ley, cantidad que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de septiembre de dos mil diez.— Diputados: Miguel Ángel García Granados, Silvia Esther Pérez Ceballos, Herón Agustín Escobar García, Gerardo Leyva Hernández, María Dina Herrera Soto, Víctor Manuel Castro Cosío, Clara Gómez Caro,  (rúbricas).»

El diputado Herón Agustín Escobar García(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, diputado Herón.

El diputado Herón Agustín Escobar García(desde la curul): Solicitar si me permite adherirme a la iniciativa del diputado Granados.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado García Granados...

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Con mucho gusto, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado García Granados ha aceptado con mucho gusto. Está a la disposición de los diputados que deseen adherirse a su iniciativa aquí, en la mesa de la Secretaría. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado José Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado José Óscar Aguilar González:Ciudadano presidente de la Mesa Directiva, ciudadanas diputadas, diputados, honorable asamblea. El que suscribe, diputado federal Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de las siguientes consideraciones.

Que el 27 de diciembre de 1978 se publicó el decreto del Honorable Congreso de la Unión por el que se expide la Ley de Coordinación Fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 1980, la cual tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de federación con los estados, municipios y el Distrito Federal. Establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales. Distribuir entre ellos dichas participaciones. Fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales. Constituir los órganos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

Que mediante la suscripción de los respectivos convenios, las entidades federativas que integran la República Mexicana se adhirieron al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establece dicho ordenamiento legal, además de evitar en lo posible la duplicidad de contribuciones entre los tres órdenes de gobierno que en su conjunto producen cargas excesivas a los contribuyentes.

Que con la adhesión de las entidades federativas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, éstas reciben porcentajes fijos de los impuestos federales, lo que representa no sólo mayores recursos sino proporciones constantes de la recaudación federal, a cambio de que los estados y los municipios no mantengan en vigor contribuciones que contravengan las disposiciones, sobre todo, señaladas en la Ley de Impuesto al Valor Agregado y las leyes de impuestos especiales, que sólo puede establecer la federación en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que una vez adheridos los estados al Sistema Nacional de Contribución Fiscal, las fuentes de ingresos propios de estos y de los municipios, quedaron en su momento reducidos prácticamente a los impuestos sobre la nómina y predial, respectivamente, así como a otras contribuciones locales menos significativas, en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal cuya recaudación no impacta significativamente en los presupuestos de Ingresos.

Que si bien en los últimos años se ha incrementado el  gasto federalizado para las entidades federativas, no menos cierto es que éste ha concentrado los fondos y recursos que en términos de los impuestos legales se encuentran destinados a fines y a acciones específicas.

Sin embargo, las participaciones que reciben los estados del Fondo General de Participaciones no se han visto incrementadas como consecuencia de un aumento, en la misma proporción, al porcentaje de distribución de la recaudación federal participable.

Que en este sentido desde 1996 no se ha registrado incremento alguno del multicitado Fondo General de Participaciones, razón por la cual se hace necesario proponer el incremento del porcentaje de la recaudación fiscal participable que constituye el Fondo General de Participaciones, de 20 a cuando menos el 25 por ciento, en aras de fortalecer las haciendas públicas de las entidades federativas y de los municipios.

Que en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2011, el gobierno federal estima destinar recursos por 3 billones 378 mil 345 millones de pesos, mismos que son recaudados principalmente por los impuestos y derechos que se obtienen de la actividad económica realizada en cada una de las entidades federativas, tal es el caso del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y los derechos sobre hidrocarburos.

Sin embargo, de toda esta recaudación de recursos, sólo el 10.9 por ciento se distribuye a los estados a través del Fondo General de Participaciones, por lo que se requiere dotar de mayores recursos a los estados y municipios, para que los mismos se encuentren en posibilidades de atender las demandas y necesidades de su población.

Que derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos ya citados, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto: iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 2. El Fondo General de Participaciones se constituirá cuando menos con el 25 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

Transitorios. Primero. El presente decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2011.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo el 6 de octubre de 2010.

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Óscar Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado federal Oscar Aguilar González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal; al tenor siguiente:

Exposición de Motivos

Que el 27 de diciembre de 1978, se publicó el decreto del Congreso de la Unión por el que se expide la Ley de Coordinación Fiscal que entró en vigor el 10 de enero de 1980, la cual tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los estados, municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

Que mediante la suscripción de los respectivos convenios, las entidades federativas que integran la República mexicana se adhirieron al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establece dicho ordenamiento legal, además de evitar en lo posible la duplicidad de contribuciones entre los tres órdenes de gobierno que en su conjunto produjeran cargas excesivas a los contribuyentes, y como consecuencia, la diversidad de acciones de control y vigilancia por parte de las autoridades fiscales federales, estatales y municipales.

Que con la adhesión de las entidades federativas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, éstas reciben porcentajes fijos de los impuestos federales, lo que representa no sólo mayores recursos, sino proporciones constantes de la recaudación federal, a cambio de que los estados y sus municipios no mantengan en vigor contribuciones que contravengan las limitaciones señaladas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en las leyes sobre impuestos especiales que sólo puede establecer la Federación, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que una vez adheridos los estados al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, las fuentes de ingresos propios de éstos y de sus municipios, quedaron en su momento reducidas prácticamente a los impuestos sobre nómina y predial, respectivamente, así como a otras contribuciones locales menos significativas distintas a las previstas en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, cuya recaudación no impacta significativamente en sus presupuestos de ingresos.

Que de origen el Fondo General de Participaciones se constituyó con el 13 por ciento de la recaudación federal participable con los recursos que históricamente transfería la federación a los estados; a partir de 1980 y hasta 1991, dicho porcentaje se incrementó en diversas ocasiones hasta llegar al 18.51 por ciento, derivado de la suspensión del cobro de contribuciones locales y la integración de otros conceptos participables en el mencionado fondo, siendo que para 1996, se incrementa nuevamente en 1.49 por ciento sin sujetarlo a la suspensión de alguna potestad tributaria por parte de los estados y sus municipios, como medida de fortalecimiento a las haciendas públicas de estos órdenes de gobierno.

Que si bien en los últimos años se ha incrementado el gasto federalizado para las entidades federativas, no menos cierto es que éste se ha concentrado en fondos y recursos que en términos de las disposiciones legales se encuentran destinados a fines y acciones específicas, sin embargo, las participaciones que reciben los estados del Fondo General de Participaciones, no se han visto incrementadas como consecuencia de un aumento en la misma proporción al porcentaje de distribución de la recaudación federal participable, siendo estos últimos recursos de los que pueden disponer libremente las entidades federativas y los municipios para la realización de sus funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, a través de la instrumentación de acciones y programas de gobierno locales, los cuales son diseñados conforme a las demandas y necesidades de su población.

Que en este sentido, desde 1996 no se ha registrado incremento alguno del multicitado Fondo General de Participaciones, razón por la cual, se hace necesario proponer el incremento del porcentaje de la recaudación federal participable que constituye el Fondo General Participable del 20 al 25 por ciento, en aras de fortalecer las haciendas públicas de las entidades federativas y sus municipios.

Que en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2011, el gobierno federal estima obtener recursos por 3 billones 378 mil 345 millones de pesos, mismos que son recaudados principalmente por los impuestos y derechos que se obtienen de la actividad económica realizada en cada entidad federativa, tal es el caso del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y los derechos sobre los hidrocarburos; sin embargo, de toda esta cantidad de recursos, sólo el 10.9 por ciento se distribuye a los estados a través del Fondo General de Participaciones, por lo que se requiere dotar de mayores recursos a los estados y municipios para que los mismos se encuentren en posibilidad de atender las demandas y necesidades de su población.

Que en el periodo 2002-2009, el incremento  acumulado en la recaudación de los ingresos tributarios del gobierno federal fue de 82.7 por ciento; sin embargo, las transferencias correspondientes al Fondo General de Participaciones tuvieron un crecimiento menor, al registrar 53.4 por ciento, lo cual evidencia que el gobierno federal ha dispuesto una mayor cantidad de recursos para el sostenimiento de su gasto corriente, en lugar de fortalecer las finanzas públicas estatales y municipales, y con ello aminorar las enormes carencias que a nivel local se padecen.

Que con la presente iniciativa se retoma el reclamo de las entidades federativas y los municipios, en el sentido de que requieren mayores recursos de los que puedan disponer libremente, tomando en cuenta que la recaudación federal participable se integra con el pago de contribuciones generadas en su circunscripción territorial.

Que diputados integrantes de anteriores legislaturas a través de la presentación de diversas iniciativas, han expresado la necesidad de fortalecer las haciendas públicas locales mediante el incremento del porcentaje de la recaudación federal participable que conforma el Fondo General de Participaciones, por lo que en ese tenor se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 2o de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 2o de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 2. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

Transitorios

Primero. El presente decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor a partir del primero de enero del dos mil once.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2010.— Diputados: José Óscar Aguilar González, Ardelio Vargas Fosado, Malco Ramírez Martínez, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Janet Graciela González Tostado, Francisco Ramos Montaño, José Alberto González Morales, Fernando Morales Martínez, Blanca Estela Jiménez Hernández, Juan Pablo Jiménez Concha, Juan Carlos Natale López , Leobardo Soto Martínez, María Isabel Merlo Talavera, Francisco Alberto Jiménez Merino, María del Carmen Izaguirre Francos, Julieta Octavia Marín Torres, José Ramón Martel López, Luis Videgaray Caso, David Penchyna Grub, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Óscar Guillermo Levin Coppel, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Felipe Solís Acero, César Augusto Santiago Ramírez, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Silvio Lagos Galindo, Alejandro Canek Vázquez Góngora, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, David Hernández Vallin, Humberto Lepe Lepe, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Carlos Cruz Mendoza, Yolanda de la Torre Valdez, Gerardo Sánchez García, Cuauhtémoc Salgado Romero, Jorge Rojo García de Alba, Arturo Zamora Jiménez, José Manuel Aguero Tovar, Manuel Humberto Cota Jiménez, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Jesús María Rodríguez Hernández, Eusebia del Rosario Ortiz Yeladaqui, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Alfredo Villegas Arreola, José Luis Marcos León Perea, Georgina Trujillo Zentella, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Miguel Álvarez Santamaría, Reginaldo Rivera de la Torre, Héctor Pedraza Olguín, Olivia Guillén Padilla, Alejandro Canek Vázquez Góngora, Jorge Arana AranaCarlos Manuel Joaquín González, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Hilda Ceballos Llerenas, Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, Susana Hurtado Vallejo, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Jorge Venustiano González Ilescas, Retana Benjamín Clariond Reyes, Joel González Díaz, Margarita Liborio Arrazola, José Ignacio Pichardo Lechuga, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Luis Carlos Campos Villegas, Miguel Ángel García Granados, Armando Ríos Piter, Melchor Sánchez de la Fuente, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Rogelio Cerda Pérez, Sergio Lobato García, Patricio Chirinos del Ángel (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con qué objeto, diputado Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Preguntarle al proponente si nos da la oportunidad de sumarnos a su iniciativa, porque desde hace muchísimo tiempo lo que se ha venido buscando es una más justa distribución del ingreso nacional y creo que es bien válido que el Fondo General de Participaciones se constituya con un porcentaje mayor al que actualmente se contempla en la Ley de Coordinación Fiscal.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Aguilar González, el diputado García Granados le pregunta si acepta usted que se adhiera a su iniciativa.

El diputado José Óscar Aguilar González:Por supuesto, claro que sí.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿También el diputado Ríos Piter con la misma intención?

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): En efecto.

El diputado José Óscar Aguilar González:Con mucho gusto, muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Aguilar González ha manifestado su anuencia para que todos y cada uno de los diputados que deseen adherirse a su iniciativa lo hagan. Para ello está a disposición de ustedes ésta, en la mesa de la Secretaría. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada María del Carmen Izaguirre Francos:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, con base en los nuevos escenarios que presenta esta honorable Cámara de Diputados, donde lo que prevalece es la pluralidad y responsabilidad de los que la conformamos en la injerencia y aprobación anual del paquete de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual representa la situación financiera de los programas, proyectos y planes a ejercer durante el ejercicio fiscal, con la finalidad de cubrir las necesidades de la población, permitiendo con ello el que el gasto cumpla con su función distributiva a favor de los grupos de menores ingresos.

Sin embargo, es evidente que la gestión del gasto no se aplicó con eficiencia y eficacia, ni mucho menos con un enfoque de resultados en razón de la falta de transparencia en la implementación de su ejercicio, contribuyendo a la frecuente presencia de subejercicios en los diferentes proyectos de inversión e infraestructura.

Por ello, es momento de otorgar certidumbre en la definición de los montos y características de los recursos a transferir por parte del gobierno federal, con la finalidad de que la aplicación del presupuesto contribuya a aumentar la disponibilidad del gobierno de satisfacer las demandas de la ciudadanía, fundamentalmente en la obra social.

Es oportuno crear al interior del marco presupuestal instrumentos que den respuesta a los requerimientos de una sociedad que exige soluciones más allá de propuestas a corto plazo, las cuales se ven rebasadas por el crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza.

La presente propuesta impulsa y propicia una concordancia en el gasto público, a fin de que atienda preferentemente el incremento sustancial del gasto de inversión a partir de estas reformas a la ley, relativas al Presupuesto. Se dará certidumbre y viabilidad a la obra y a las acciones cuyos montos de ejecución cuentan con planes y programas, incluso más allá de ejercicios fiscales subsecuentes.

Con estas modificaciones se permitirá realizar la calendarización programática de proyectos de inversión e infraestructura más allá, incluso, del periodo del ejercicio fiscal en el cual fueron aprobados.

Los subejercicios ponen a la vista una desventaja en competitividad y desarrollo, percibiéndose una negación a las oportunidades de desarrollo económico y social. Lo que nos obliga a cuestionarnos si el subejercicio en el gasto es signo de descuido o de inactividad en la función administrativa en el sentido del argumento que siempre tienen de que si queremos acceder a desarrollo necesitamos pagar más y más impuestos.

Es evidente que como legisladores tenemos la importancia de atender y dar respuesta pronta a los huecos que se presentan en materia presupuestal, dándole balance y certidumbre, subsanando el proceso de negociación e información presupuestal, a fin de atender con el sistema de pesos y contrapesos plasmado en nuestra propia Constitución.

La justicia social, amigos, sólo será posible con el cumplimiento a cabalidad del ejercicio de los recursos asignados y aprobados por esta soberanía.

Estoy consciente de que nuestro país requiere un manejo fiscal transparente. En razón de lo amplio de los subejercicios, ya que es inconcurrente, y me atrevería a decir que vergonzosa la existencia de éstos, en un país como el nuestro que tiene tantas y tantas carencias.

Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea integrado el texto de mi iniciativa al Diario de los Debates. Gracias, compañeros por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María del Carmen Izaguirre Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXIV del artículo 73 de la Constitución Política, y en los artículos 71, fracción II, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo del artículo 17 y último del 23; y se adicionan uno último al artículo 32, el inciso g) a la fracción II del artículo 40, el inciso o) a la fracción II del artículo 41 y el artículo 119 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el Presupuesto de Egresos se distribuye el ingreso, y a través de su ejercicio se concretan los planes y programas, lo cual permite que el gasto cumpla su función distributiva en favor de grupos de menores ingresos, impulsando el crecimiento económico a través de la implantación de los proyectos de inversión aprobados por esta soberanía.

Sin embargo, la gestión del gasto no se aplico con eficiencia y eficacia ni mucho menos con un enfoque de resultados, en razón de la falta de transparencia en la implementación de su ejercicio, contribuyendo a la frecuente presencia de subejercicios en los diferentes proyectos de inversión e infraestructura aprobados, es momento de otorgar certidumbre en la definición de los montos y características de los recursos a transferir por parte del gobierno federal, con la finalidad de que, la aplicación del presupuesto contribuya a aumentar la disponibilidad del gobierno de satisfacer las demandas de la ciudadanía, fundamentalmente en la obra social.

En el marco presupuestal como eje de acción que otorga certidumbre respecto a la evolución de la política económica del estado mexicano, es oportuno crear al interior del mismo, los instrumentos que den respuesta a los requerimientos de una sociedad que exige soluciones más allá de propuestas a corto plazo, las cuales, se ven rebasadas por el crecimiento de la población en pobreza y extrema pobreza. En él es fundamental contar con un esquema que especifique claramente las metas y objetivos para evaluar su de-sempeño.

La presente propuesta impulsa y propicia una concordancia en el gasto público, a fin de que atienda preferentemente el incremento sustancial del gasto de inversión. A partir de estas reformas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se dará certidumbre y viabilidad a las obras y acciones, cuyos montos y ejecución cuentan con planeación y programación, incluso más allá de ejercicios fiscales subsecuentes. Con la aprobación de esta propuesta se permitirá realizar el calendario programático de proyectos de inversión e infraestructura más allá incluso del periodo del ejercicio fiscal por los cuales fueron aprobados, propiciando con ello, una distribución del gasto público acorde a la coordinación de facultades y obligaciones entre los diversos ámbitos de gobierno.

Como datos ilustrativos el subejercicio presupuestario, al mes de junio de este 2010, era de alrededor de más de 7 mil 206 millones de pesos, de acuerdo con informes de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual refleja con claridad el desorden administrativos en la administración gubernamental. Sólo en educación el monto que se dejó de gastar asciende a mil 766 millones de pesos. En cuanto a los subejercicios de otras dependencias del gobierno federal, destacan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2 mil 134.5 millones de pesos), Economía (101 millones), y Desarrollo Social (252 millones), estas cifras son claro ejemplo de la desacreditación del desempeño de la SHCP.

Los subejercicios ponen a la vista una desventaja en competitividad y desarrollo, percibiéndose una negación a las oportunidades de desarrollo económico y social. Eso nos obliga a cuestionar si el subejercicio en el gasto es signo de descuido o de inactividad en la función administrativa, en el sentido de su argumentación de que, si se quiere que el país acceda a más desarrollo e infraestructura, es necesario pagar más impuestos.

Es inadmisible no establecer un porcentaje al déficit público, pues ciertas obras de infraestructura, como un hospital o una carretera, no pueden ser incorporadas al presupuesto si no es a través de trámite burocrático o por discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda. Por ello, es preciso que se ponga un límite al déficit, eliminando así todo tipo de discrecionalidad. Como ejemplo, la propuesta actual del Ejecutivo federal para 2011 establece un déficit de 3 por ciento.

Pese a la complejidad para la programación, el ejercicio, el control y la evaluación de los ingresos y de los egresos públicos federales, estas etapas han dado certidumbre; sin embargo, en materia agrícola y desarrollo social, aun existe un rezago que impide el crecimiento sostenible. La justicia social sólo será posible con el cumplimiento a cabalidad del ejercicio de los recursos asignados y aprobados por esta soberanía, con el único objetivo de fortalecer las necesidades reales del campo y desarrollo social de nuestro país. Nuestro campo se ostenta a través de un gran mosaico étnico-cultural, y socioeconómico, derivándose en una biodiversidad, por tal motivo, debe ser atendido con un enfoque integral.

Estoy consciente del amplio compromiso social que como legisladores debemos atender a las demandas de la población que exige de sus representantes impulsar ante esta tribuna propuestas que se traduzcan en más y mejores oportunidades de desarrollo para la población de los diversos rincones de nuestro país. Es prioritario contar con instrumentos que permitan establecer respuestas en tiempo y forma a las necesidades de la población.

Nuestro país requiere un manejo fiscal riguroso y ajustado a la proporcionalidad, en la cual se obligue a los grandes consorcios a pagar los impuestos que les corresponden y, por el otro, desempeñar una verdadera austeridad que ponga fin a los desvíos presupuestarios, obligando a gastar bien los recursos aprobados por esta soberanía. Sin duda los recursos aprobados por esta Cámara y el ejercicio del gasto público deben revisarse, en razón de lo amplio que representan los subejercicios en diferentes áreas del gobierno federal, ya que es inconcurrente y vergonzosa la existencia de estos en un país como el nuestro con tantas carencias.

Por todo lo expresado, presento ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el cual se reforman los párrafos segundo del artículo 17 y último del 23; y se adicionan un último párrafo al artículo 32, el inciso g) a la fracción II del artículo 40, el inciso o) a la fracción II del artículo 41 y el artículo 119 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único. Se reforman los párrafos segundo del artículo 17 y último del 23; y se adicionan un último párrafo al artículo 32, el inciso g) a la fracción II del artículo 40, el inciso o) a la fracción II del artículo 41 y el artículo 119 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las iniciativas de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario de hasta 2 por ciento...

Artículo 23. En el ejercicio...

Los subejercicios acreditados en el ejercicio fiscal correspondiente que no hayan sido subsanados conforme al plazo señalado en el calendario del proyecto de inversión en infraestructura para el desarrollo de las entidades federativas no podrán ser reasignados. La secretaría en coordinación con las dependencias, entidades federativas o municipios tendrá que constituir fideicomisos con los recursos provenientes de los subejercicios a fin de asegurar que estos se apliquen en ejercicios presupuestales subsecuentes en los proyectos para los cuales fueron originalmente asignados. En el momento de la creación del fideicomiso, la secretaría deberá informar de manera inmediata a la Cámara de Diputados o, en su caso, a la Comisión Permanente, de los fideicomisos suscritos, de los objetivos y del calendario del término del proyecto; asimismo, en un plazo posterior a 10 días después de creado el fideicomiso éste se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Estos fideicomisos estarán a lo dispuesto en el capítulo de fideicomiso señalado en esta ley.

Artículo 32. ...

Asimismo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos se preverá en un apartado específico el monto de las erogaciones surgidas de los compromisos formales no ejercidos durante el ejercicio fiscal anterior, señalando que éstos serán ejercidos en proyectos de inversión o de infraestructura, aprobados por la Cámara de Diputados, conforme a los lineamientos establecidos en la presente ley.

Artículo 40. El proyecto de Ley de Ingresos contendrá

I. y II. ...

a) a f) ...

g) En caso de contarse con recursos del ejercicio fiscal anterior, surgidos de compromisos formales no ejercidos, en un apartado especifico, se señalara el saldo total de dichos recursos, especificando que el compromiso será destinarlo a proyectos de inversión e infraestructura.

III. ...

Artículo 41. El proyecto de presupuesto contendrá

I. y II. ...

a) a ñ) ...

o) Un capítulo específico, el cual incorporará las erogaciones para los proyectos de inversión e infraestructura, cuya previsión presupuestal está contenida en el apartado específico de la Ley de Ingresos referente a los recursos surgidos de los compromisos formales no ejercidos; y...

Artículo 119. Se incrementara la sanción en los casos en que los funcionarios por culpa, dolo, mala fe o negligencia no ejerza de forma oportuna, eficaz y eficientemente, los recursos públicos destinados al sector agrícolas conforma a los calendarios establecidos para las siembras y cosechas de cada año. Asimismo, a los funcionarios que no ejerzan los recursos provenientes de los fideicomisos a que hace referencia el último párrafo del artículo 23 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 23 de septiembre de 2010.— Diputados: María del Carmen Izaguirre Francos, Sergio Lobato García, María Felícitas Parra Becerra (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto, compañera diputada María del Carmen Izaguirre. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,y tal como lo solicita la diputada insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy vengo a esta tribuna con un tema muy importante, el tema es el delito de falsedad en declaraciones judiciales, el llamado perjurio, que en otros países es un delito grave, que es un delito que se sanciona de manera severa. No así en nuestro país.

Uno de los problemas más frecuentes durante el proceso de procuración y de administración de justicia es la recurrencia de la falsedad en declaraciones jurídicas, que conllevan a una mala integración de investigaciones, así como a sentencias erróneas e injustas.

La administración y procuración de justicia es precisamente aplicar las leyes, hacer cumplir las respectivas sentencias. Por tanto, éstas deben ser procuradas por los servidores públicos y sustentadas en la legislación nacional, la cual debe contemplar que en la actualidad son numerosos los casos en los que se incurre en falsedad de declaraciones.

La configuración de este delito es más común de lo que se ha hecho público, produciéndose cuando los testigos declaran deliberadamente testimonios falsos al responder a los diversos cuestionamientos realizados.

Diputadas y diputados, éste realmente es uno de los temas en que nosotros debemos trabajar para evitar la impunidad y la corrupción, de veras, que tanto demerita la procuración y la administración de justicia en nuestro país.

Esta acción es una conducta antisocial que afecta a terceras personas, pero sobre todo a la aplicación de la justicia al integrarse testimonios y pruebas falsas. El que comete el delito de falsedad de declaraciones jurídicas realiza una mentira, que por prevalencia estadística y regularidad tiene como objeto la protección de un inculpado, tratándose de un tema criminal y bueno, tratándose también de un actor o de un demandado en otro tipo de procedimientos y esto conlleva a la realización de actos jurídicos y de penas injustas.

Por tal motivo, al hacer un ejercicio de análisis sobre este delito, que desafortunadamente es cada vez más frecuente, observamos que es pertinente incrementar la severidad de las penas para aquellas personas que con sus actos distorsionan el proceder de la justicia, ya sea por algún tipo de afinidad o con el objeto de recibir algún tipo de dádiva.

Las penas actuales dentro de nuestro Código Penal son muy laxas en esta materia, y dentro del Código de Procedimientos Penales no está considerado como un delito grave.

Hago un llamado a esta soberanía para modificar los artículos 247, 247 Bis, 248 Bis del Código Penal Federal y el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales y así dar una respuesta legislativa al incremento de los actos de falsedad de declaraciones judiciales.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en esta tribuna son muchos los temas que aquí se discuten. Hoy, éste es el tema que se pone a consideración de las diputadas y de los diputados. Ojalá que pronto la Comisión a la que sea turnada pueda dictaminarla y poder nosotros apoyar para que la procuración y la administración de Justicia en este país sean más transparentes, sean más claras y, sobre todo, sean más justas. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el presente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 247, 247 Bis y 248 Bis del Código Penal Federal y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los problemas más frecuentes durante el proceso de procuración y administración de justicia es la recurrencia de la falsedad de declaraciones jurídicas, que conllevan a una mala integración de investigaciones, así como a sentencias erróneas e injustas.

La administración de justicia es aplicar las leyes en los juicios civiles o criminales, y hacer cumplir sus respectivas sentencias; por lo tanto ésta debe ser procurada por los servidores públicos y sustentada en la legislación nacional, la cual debe contemplar que en la actualidad son numerosos los casos en los que se incurre en falsedad de declaraciones.

La configuración de este delito es más común de lo que se hace público, produciéndose cuando los testigos declaran deliberadamente testimonios falsos al responder a los diversos cuestionamientos realizados por el defensor de la parte inculpada.

Esta acción es una conducta antisocial, que afecta a terceras personas y sobretodo a la aplicación de la justicia al integrarse testimonios y pruebas falsas. El que comete el delito de falsedad de declaraciones jurídicas realiza una mentira, que por prevalencia estadística y regularidad, tiene como objeto la protección de un inculpado, lo cual sin duda alguna conlleva a la realización de actos jurídicos y penas injustas.

Por otro lado, más allá de que la falsedad de declaraciones represente un agravio al sistema de valores personales, que deben tener todos y cada uno de las ciudadanas y ciudadanos, se produce un acto de perturbación del desarrollo cívico y del funcionamiento del conjunto de las instituciones jurídicas del país.

Por tal motivo, al hacer un ejercicio de análisis sobre este delito, que desafortunadamente es cada vez más frecuente, observamos que es pertinente incrementar la severidad de las penas para aquellas personas que con sus actos, distorsionan el proceder de la justicia, ya sea por algún tipo de afinidad o con el objeto de recibir algún tipo de dadiva.

Finalmente me permito hacer un llamado a esta soberanía para modificar los artículos 247, 247 Bis y 248 Bis  del Código Penal Federal y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y así dar una respuesta legislativa al incremento de los actos de falsedad de declaraciones jurídicas.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo Primero. Se reforma el artículo 247 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo VFalsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad

Artículo 247. Se impondrán de cinco a doce años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. a V. ...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 247-Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 247 Bis.Se impondrán de cinco a quince añosde prisión y de trescientos a quinientos días multa:

...

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 248-Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 248 Bis. Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de tres a doce años y de cien a trescientos días multa.

Artículo Cuarto. Se deroga el inciso 18 del numeral primero del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.Se califican como delitos graves...

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 17) ...

18) Se deroga

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de septiembre de 2010.— Diputados: María de Jesús Aguirre Maldonado, Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Melchor Sánchez de la Fuente, Janet Graciela González Tostado, Leobardo Soto Martínez (rúbricas).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Aguirre Maldonado. Túrnese a la Comisión de Justicia.

La diputada María Cristina Díaz Salazar(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada María Cristina Díaz Salazar.

La diputada María Cristina Díaz Salazar(desde la curul): Presidente, para adherirme a la iniciativa que presentó la diputada María de Jesús Aguirre.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada María Cristina solicita a la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado adherirse a su iniciativa.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado(desde la curul): Sí

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ella está de acuerdo, está a disposición la iniciativa en la mesa de la Secretaría, diputados. Gracias.

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre:Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, uno de los principios fundamentales de la democracia radica en la participación, en la ampliación de los canales por los cuales los ciudadanos tengan acceso a ella. En cuanto a la ciudad de México, la participación de sus habitantes se puede apreciar desde diversas perspectivas como es la económica, la social, la cultural y la política.

Como es del conocimiento de esta honorable Cámara de Diputados, en 1988 los ciudadanos del Distrito Federal eligieron por primera vez a los integrantes de la Asamblea de Representantes, que ahora tiene atribuciones legislativas desde la reforma política de 1996. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de diálogo y representatividad de todos los grupos parlamentarios que conformaron aquel órgano local de gobierno, aún existen lagunas jurídicas que deberán subsanarse en beneficio de la democracia.

Por ello, con las reformas publicadas en la Gaceta Oficial sobre el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el 28 de abril de 2008 se contempla la posibilidad de la subrepresentación de un partido político en la designación de diputados plurinominales para alcanzar la mayoría absoluta en el órgano local, siempre y cuando haya obtenido más de 30 por ciento de la votación total.

Por lo que, de seguir manteniendo este principio normativo, aniquilaría el principio democrático del cual desde hace mucho tiempo estamos trabajando por obtener, debido a que cualquier partido que alcance un mínimo porcentaje tendrá la posibilidad de apropiarse del órgano jerárquico sin dar la posibilidad de la pluralidad y la rotación entre las diversas fuerzas política de la ciudad.

Actualmente el artículo 37 dice que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 26 diputados electos según el principio de representación proporcional.

La demarcación de los distritos se establecerá como lo determine la ley, pero en la misma redacción se establece que al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos 30 por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea.

Por tanto, de mantenerse tan mínimo porcentaje para la designación de diputados plurinominales, el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa perdería su valor democrático porque no se cumpliría lo siguiente:

Artículo 42. La comisión de gobierno elegirá de entre sus miembros un presidente y un secretario. En caso de que no se cumpla el supuesto de que le otorgue a un grupo parlamentario la mayoría absoluta, cada uno de los tres grupos parlamentarios con mayor número de integrantes en la Asamblea ocupará la presidencia y la secretaría de la comisión de gobierno para el periodo de un año.

Por tanto, se propone la reforma al artículo 37, párrafo noveno en su inciso b), para aumentar 10 por ciento el porcentaje de votación del que actualmente se contempla para que al partido político que alcance 40 por ciento del total de la votación se le puedan asignar los diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

Por lo anterior expuesto, presento la siguiente iniciativa de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto de reforma al artículo 37 del estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Uno de los principios fundamentales de la democracia radica en la participación y en la ampliación de los canales por los cuales los ciudadanos tengan acceso a ella. En cuanto a la Ciudad de México, la participación de sus habitantes se puede apreciar desde diversas perspectivas: la económica, la social, la cultural y la política.

Como parte de este irrenunciable derecho a participar es que en el país y por tanto en la Ciudad de México se han dado importantes transformaciones en materia de participación, tan sólo en el mes de octubre del presente esta entidad federativa realizará elecciones vecinales.

Como es del conocimiento de esta honorable Cámara de Diputados, en el año de 1988 los ciudadanos del Distrito Federal, eligieron por primera vez a los integrantes de la Asamblea de Representantes y para el año de 1997, por primera vez los capitalinos eligieron a través del voto universal, secreto y directo al jefe del gobierno.

También es un hecho que la primera legislatura que se conformó de esa Asamblea Legislativa, en noviembre de 1997, aprobó y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para la creación del Código Electoral del Distrito Federal.

Se debe recordar que en diciembre de 2008 la cuarta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un nuevo Código Electoral del Distrito Federal que fue el instrumento legal de la elección de 2009; sin embargo, a pesar de los esfuerzos de todos los grupos parlamentarios que conformaron aquel órgano local de gobierno, aún existen lagunas jurídicas que deberán subsanarse en beneficio de la democracia.

En él se observan los lineamientos para la elección y conformación de la Asamblea Legislativa, parte referente del estatuto de gobierno, con 40 diputados locales electos por la vía de mayoría relativa y 26 diputados por el principio de representación proporcional.

Con las reformas publicadas en la Gaceta Oficial sobre el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el 28 de abril de 2008, se contempla la posibilidad de la subrepresentación de un partido político en la designación de diputados plurinominales, para alcanzar la mayoría absoluta en el órgano local, siempre y cuando haya obtenido más de 30 por ciento de la votación total. Lo cual aniquilaría el principio democrático por el cual estamos trabajando, debido a que cualquier partido que alcance un mínimo porcentaje tendrá la posibilidad de apropiarse del órgano jerárquico, sin dar la posibilidad de la pluralidad y la rotación entre las diversas fuerzas políticas.

Actualmente el artículo 37 dice que “la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos según el principio de representación proporcional. La demarcación de los distritos se establecerá como lo determine la ley”.

“En todo caso, para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se observarán las siguientes reglas:” y en su inciso b), se establece que “b) Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea”.

Por lo tanto, de mantenerse tan mínimo porcentaje para la designación de diputados plurinominales, el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa perdería su valor democrático porque no se cumpliría lo siguiente

Artículo 42. La comisión de gobierno elegirá de entre sus miembros un presidente y un secretario.

En caso de que no se cumpla el supuesto que le otorga a un grupo parlamentario la mayoría absoluta, cada uno de los tres grupos parlamentarios con mayor número de integrantes en la Asamblea, ocupará la presidencia y la secretaría de la Comisión de Gobierno por el periodo de un año.

Por lo tanto, se propone la reforma al artículo 37, párrafo noveno en su inciso b), para aumentar en diez por ciento el porcentaje de votación del que actualmente se contempla, para que al partido político que alcance 40 por ciento del total de la votación se le puedan asignar los diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa de reforma al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue

Decreto

Primero. Se reforma el párrafo noveno, en su inciso b), del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar como sigue:

Artículo 37. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos según el principio de representación proporcional. La demarcación de los distritos se establecerá como lo determine la ley.

Los diputados a la Asamblea Legislativa serán electos cada tres años y por cada propietario se elegirá un suplente.

La Asamblea Legislativa podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. Las vacantes de sus miembros electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertas por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.

Son requisitos para ser diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos;

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;

III. Ser originario del Distrito Federal o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección;

IV. No estar en servicio activo en el Ejército ni tener mando en la policía del Distrito Federal, cuando menos noventa días antes de la elección;

V. No ser secretario o subsecretario de estado, procurador general de la república, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o miembro del Consejo de la Judicatura Federal a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones, noventa días antes de la elección en el caso de los primeros y dos años en el caso de los ministros;

VI. No ser magistrado de circuito o juez de distrito en el Distrito Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

VII. No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

VIII. No ser jefe del gobierno del Distrito Federal, ni titular de órgano político-administrativo, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado o entidad paraestatal de la administración pública del Distrito Federal, ni procurador general de justicia del Distrito Federal a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección; y

IX. No ser ministro de culto religioso, a no ser que hubiere dejado de serlo con la anticipación y en la forma que establezca la ley.

La elección de los diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas en una sola circunscripción plurinominal, se sujetará a las siguientes bases y a lo que en particular disponga la ley:

a) Un partido político para obtener el registro de su lista de candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá acreditar que participa con candidatos por mayoría relativa en todos los distritos uninominales del Distrito Federal.

b) Los partidos políticos podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, hasta cinco fórmulas de candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa por mayoría relativa y por representación proporcional.

c) La aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura determinará el número de diputados que corresponda a cada partido por este principio.

d) El partido político que por sí solo alcance por lo menos dos por ciento del total de la votación emitida, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, conforme a lo siguiente:

Los partidos políticos registrarán una lista parcial de trece fórmulas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, lista “A”. Los otros trece espacios de la lista de representación proporcional, lista “B”, serán dejados en blanco para ser ocupados, en su momento, por las fórmulas de candidatos que surjan de la competencia en los distritos y que no hubieran obtenido el triunfo, pero hubieran alcanzado los más altos porcentajes de votación distrital, comparados con otras fórmulas de su propio partido para esa misma elección.

El orden en que se conformará la lista definitiva de diputados que corresponda a cada partido o coalición bajo el principio de representación proporcional, se hará intercalando las listas “A” y “B”, iniciando por la primera fórmula registrada en la lista “A”, seguida por la primera fórmula de la lista “B” y así sucesivamente hasta agotar el número de diputaciones asignadas a cada partido o coalición.

En el supuesto de que alguna de las fórmulas aparezca tanto en la lista “A”, como en la “B”, con derecho a la asignación de una diputación de representación proporcional se le otorgará el lugar en el que esté mejor posicionada. El lugar que dicha fórmula deje vacante, será ocupado por la fórmula siguiente en el orden de prelación de la lista “A”.

Tratándose de coaliciones y candidaturas comunes, la ley desarrollará el procedimiento correspondiente considerando lo señalado en los incisos anteriores.

En todo caso, para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se observarán las siguientes reglas:

a) Ningún partido político podrá contar con más de cuarenta diputados electos por ambos principios.

b) Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos cuarenta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

c) Para el caso de que los dos partidos tuviesen igual número de constancias de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación, a aquel que obtuviese la mayor votación le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

d) De no aplicarse los supuestos anteriores, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados, por ambos principios, que represente un porcentaje del total de la Asamblea Legislativa que exceda en tres puntos a su porcentaje de votación total emitida, salvo que dicho límite se haya excedido como resultado de sus triunfos en distritos uninominales.

Los diputados a la Asamblea Legislativa no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Los diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio. Los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

Los diputados propietarios durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación, de los estados o del Distrito Federal por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Asamblea Legislativa, pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure su nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados suplentes cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.— Diputado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica).»

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado Gutiérrez de la Torre. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es el referido a las proposiciones. En el capítulo de proposiciones de esta sesión se encuentran registradas 47 proposiciones con punto de acuerdo para sólo turno a la misma comisión.

Por economía procesal, solicito a la Secretaría dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para instituir la escuela nacional de charrería, a cargo de la diputada María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada María Esther Terán Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se incluya dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, recursos presupuestales del orden de los 100 millones de pesos, destinados a la creación de la Escuela Nacional de Charrería, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El deporte de la charrería representa una de las tradiciones emblemáticas en la historia de nuestro país, simboliza la identidad, la nacionalidad y el patriotismo del pueblo mexicano.

En el siglo XVI la charrería se origina en fincas y haciendas de la época, en las que se desarrollaron actividades agropecuarias, siendo parte fundamental de estas, los caballos, permitiendo una plena identificación con el hombre de campo, que así se fueron convirtiendo en el charro mexicano.

Las rutinas del quehacer cotidiano en el campo, propiciaron las ahora conocidas como suertes charras, en las que lo mismo convivían hacendados, caporales y mozos.

En 1931, el mandatario Pascual Ortiz Rubio establece el 14 de septiembre como Día Nacional del Charro, asimismo fue expedido un decreto oficial para que el traje de charro adquiriera el título de atuendo oficial y símbolo de nuestra nacionalidad.

Con acciones como estas, que han servido para garantizar su práctica organizada, se creó la Federación Nacional de Charrería, la cual tiene presencia en todo el territorio nacional.

Para 1933 la charrería fue considerada como el deporte nacional de México y desde entonces su función ha sido la de efectuar faenas que conjuntan el arte y el deporte, en el marco de nuestras tradiciones.

Actualmente la federación, está integrada por cerca de mil asociaciones charras y más de 300 equipos de escaramuzas, un colegio, varonil y femenil de jueces, una coordinación de locutores, los cuales se rigen por estatutos y reglamentos. Es importante señalar que también existen organizaciones de charrería en algunos estados de la Unión Americana.

Estos organismos forman parte de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) y en 1996 la charrería es incorporada a la Comisión Nacional del Deporte (Conade), dejando así, asentadas las bases y firmando el convenio para impulsar la charrería.

En el marco de los festejos del bicentenario del inicio de la Independencia nacional y del centenario de la Revolución Mexicana, resulta apropiado considerar esta propuesta; ya que en el mundo, la charrería es apreciada, sin embargo, en nuestro país no ha contado con el suficiente apoyo y difusión.

Por ello, se debe pugnar para que se promueva el valor y sentido que tiene tan importante actividad, por lo que, las instituciones competentes, debemos fomentar su práctica, con el fin de preservar nuestra cultura y tradiciones.

Respecto a propuestas encaminadas al apoyo de la charrería, es importante señalar que en el Congreso de la Unión existen antecedentes, por lo que el planteamiento de la suscrita, tiene como intención reforzarlas e incluir, previo estudio, el monto presupuestario señalado para la creación de la Escuela Nacional de Charrería.

Si bien, a lo largo de los años, se han realizado esfuerzos para acentuar su práctica, en la actualidad hay poco interés por parte instituciones para ello.

Por esta razón es indispensable que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Juventud y Deporte, Cultura, y Turismo analicen, discutan y aprueben, en el ámbito de sus atribuciones, recursos suficientes para el impulso y la difusión de la charrería como el deporte nacional de México.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que se incluyan dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, recursos presupuestales del orden de los 100 millones de pesos, destinados para instituir la Escuela Nacional de Charrería, su equipamiento y operación.

Aunado a lo anterior, me permito exhortar al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación, para considerar la inclusión dentro de los libros de texto gratuito, la fecha del 14 de septiembre, como Día Nacional del Charro y la misma fecha, dentro del Calendario Cívico Mexicano, respectivamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputada María Esther Terán Velázquez (rúbrica).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el Fondo de Pavimentación de Municipios, en el anexo 12, “Programas”, del ramo 23, “Provisiones salariales y económicas”, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

Sofía Castro Ríos, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Considerandos

El 30 de marzo del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió las disposiciones conforme a las cuales se otorgan los apoyos para la realización de obras de pavimentación, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Dichas disposiciones tienen por objeto regular el otorgamiento de apoyos económicos o garantías para realizar obras de pavimentación, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideró constituir el fideicomiso público de administración y pago Fondo de Pavimentación de Municipios (Fopam), con el Banco Nacional de Obras y Servicios como institución fiduciaria.

El Fopam fue instituido en el ejercicio presupuestal de este año como un instrumento que permite mejorar la calidad de las vialidades urbanas e iniciar un proceso de pavimentación de amplio alcance en todo el país, fortaleciendo al mismo tiempo el desarrollo y la inversión en infraestructura urbana que permita apoyar la reactivación económica en distintas regiones del país; opera mediante apoyos económicos directos para el pago total o parcial de las obras de pavimentación que se contraten, o apoyos económicos para que en su nombre y representación el fiduciario adquiera bonos cupón cero emitidos por una institución de crédito; es decir, deuda que no paga intereses.

Los diputados aceptamos y aprobamos por primera vez en nuestra historia recursos orientados a atender esa urgente necesidad de la población. El esquema plantea una fórmula que multiplica los 2 mil 85 millones de pesos aprobados en esta legislatura, a partir de aportaciones adicionales del gobierno federal, las entidades federativas y los propios beneficiaros de las obras. De tal manera, una cantidad determinada aportada por el fideicomiso puede ser sumada al esfuerzo federal, estatal o municipal para que el alcance de la obra sea mayor.

Con 2 mil 85 millones 30 mil pesos se beneficiaron alrededor de 650 municipios de todo el país. Sabemos que fue una cantidad apenas justa, tomando en cuenta que tan sólo en Oaxaca hay 570 municipios, pero con ello se pretendió iniciar un proceso que en unos años beneficie a los 2 mil 445 municipios del país.

Sin embargo, al equipo económico del presidente Felipe Calderón se olvidó incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 el Fopam, quizá porque ninguno de los que elaboran este proyecto vive en una calle sin pavimentar; o más bien, porque, como ha pasado siempre en esta administración federal, no conocen la realidad social del país.

El señor Calderón no conoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por eso no sabe que en el artículo 4o., párrafo quinto, se garantiza que "toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar" y no recuerda su propio Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que en el eje 3, "Igualdad de oportunidades", señala que "la finalidad de la política social de esta administración es lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. Para conducir a México hacia un desarrollo económico y social sustentable hay que resolver de fondo las graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente las condiciones de vida de quienes viven en la pobreza; es decir, casi la mitad de la población.

“El plan busca que cada mexicano, sin importar la región donde nació, el barrio o comunidad donde creció o el ingreso de sus padres, y en especial el que se encuentra en condiciones de pobreza, pueda tener las mismas oportunidades para desarrollar sus aspiraciones a plenitud y mejorar así sus condiciones de vida, sin menoscabo de las oportunidades de desarrollo de las futuras generaciones.”

Por ello, hoy la Cámara de Diputados nuevamente tiene que hacer la tarea al gobierno federal.

Porque las condiciones en que se aprobó el Fopam implican igualdad de oportunidades para todos los municipios del país, grandes o pequeños, ricos o pobres; y si Felipe Calderón niega la posibilidad a los municipios, particularmente a los rurales, el Congreso tiene el deber moral de procurar que tengan la posibilidad de un poco más de desa-rrollo que el que les dan las escasas participaciones correspondientes.

Por lo expuesto, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos por 5 mil millones de pesos para el Fondo de Pavimentación de Municipios, en el anexo 12, "Programas", del ramo 23, "Provisiones salariales y económicas".

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2010.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para un programa de mantenimiento, rehabilitación y reparación de escuelas federales de nivel básico, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Sofía Castro Ríos, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Techos agrietados, paredes deterioradas por falta de pintura y exceso de grafiti, ventanas inexistentes o con vidrios rotos, la red hidráulica y el sistema de electrificación dañados son parte de las malas condiciones en que se encuentran gran cantidad de escuelas públicas del país.

La falta de recursos y, en muchos casos, la dispersión de los esfuerzos en materia de mantenimiento ha motivado que estén en el abandono un número importante de inmuebles educativos, o en el mejor de los casos, con algunas “reparaciones cosméticas”. En las escuelas públicas mexicanas continúan vigentes situaciones como el limitado apoyo económico por parte de las autoridades educativas, la ausencia de apoyo para el mantenimiento de los planteles, el aseo de las aulas y  las reparaciones, normalmente las hacen el propio maestro, los alumnos o hasta los propios padres de familia. Y por ahora no hablemos de los salarios reducidos de los maestros, escasez de recursos didácticos, la  sobrepoblación de los alumnos y todo aquello que ha implicado que el reconocimiento social de la eficiencia de la educación pública continúe a la baja.

En las escuelas públicas, la edad promedio de la pintura de las paredes o los pizarrones es la misma que la de la construcción del plantel, pues no existe ningún tipo de reposición programada o no programada, de tal modo que a mayor edad del plantel, corresponde mayor grado de deterioro del edificio y el mobiliario, a menos que el director, los maestros y los padres de familia promuevan actividades para recolectar fondos para el mantenimiento del plantel.

Cifras oficiales precisan que sólo en el Distrito Federal, 40 por ciento de los 2 mil 742 planteles escolares ha cumplido con su periodo de vida útil –fijado en 50 años–, lo que implica no sólo labores de mantenimiento profundo, sino de restitución de los inmuebles, para que los estudiantes tomen sus clases en lugares dignos.

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa impulsa el programa Mejores Escuelas, y tiene programado en 2010 atender 3 mil 480 acciones de mejoramiento en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, lo cual resulta absolutamente ridículo e insuficiente.

El mayor desafío para la educación pública mexicana es la calidad, y no la vamos a  lograr cuando conceptos como mantenimiento, rehabilitación o reparación, no se consideran como costos de operación en cada plantel. Si se necesita mejorar el edificio escolar pintándolo o incluso reconstruyendo aulas, ello se tiene que solicitar al presidente municipal o al gobernador del estado haciendo para ello labores de gestoría y formulando peticiones para lograr un apoyo que se considera especial en lugar de considerarse como un gasto regular.

El presidente Felipe Calderón, en el Plan Nacional de Desarrollo, sección Desarrollo Humano Sustentable, menciona que “se propone al desarrollo humano sustentable como visión transformadora de México en el futuro y al mismo tiempo como derecho de todos los mexicanos de hoy donde sea que estos radiquen.

“Ello significa asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos humanos. Significa también que las oportunidades para las generaciones actuales y futuras puedan ampliarse, y que el desarrollo de hoy no comprometa el de las siguientes generaciones.”

El eje 3.3. Igualdad de oportunidades, transformación educativa, con una visión muy optimista presenta el siguiente diagnóstico: “la infraestructura educativa también presenta atrasos y desigualdades entre los distintos niveles. Por ejemplo, sólo poco más de la mitad de los planteles de secundaria se encuentra en nivel óptimo; en primaria, 14 por ciento de las escuelas presentan cuarteaduras en sus edificaciones. Las telesecundarias se encuentran en condiciones poco operativas: menos de cuatro de cada diez cuentan con salón de cómputo y biblioteca, y la proporción de escuelas que tienen laboratorios de física, química y biología es todavía menor”.

Definitivamente, es imprescindible mejorar la calidad de la infraestructura educativa, darle a los maestros y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, recintos educativos que cumplan con niveles mínimos de dignidad, para que sean incubadoras de seres productivos para el país, seres cuyo desarrollo físico, sensible e intelectual les permita continuar en el nivel educativo subsecuente hasta concluir una carrera  técnica o universitaria.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados a destinar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la cantidad de 5 mil millones de pesos para un programa de mantenimiento, rehabilitación y reparación de escuelas federales de nivel básico, en el ramo administrativo 11, “Programa de mantenimiento”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para rehabilitar los caminos cosecheros de Teapa, Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, diputado federal de Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

1. Teapa es un municipio de alta producción agrícola; la gente de campo se dedica a sembrar chile, yuca, guanábana, limón, maíz, frijol y plátano, entre otros productos.

2. Para poder sacar estos productos de la parcela de producción hacia los centros de población, se requiere que estén en condiciones los caminos cosecheros.

3. Esto representa un problema para el municipio ya que existe inaccesibilidad a los terrenos agrícolas en donde se obtiene la producción, de tal manera que una estrategia importante para apoyar al campo es mejorar los caminos que permitan sacar los productos.

4. Existen comunidades y colonias que no conocen lo que es una buena infraestructura de calles y caminos cosecheros, pues desde su construcción a la fecha no se les ha dado el mantenimiento necesario, lo cual también provoca que los campesinos no puedan vender sus cosechas.

5. En el municipio de Teapa se cuenta con estos caminos, de los cuales 42 están en pésimas condiciones para transitar en ellos. Por ello se requieren recursos para ponerlos en condiciones y que sirvan a los productores del campo.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: Solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se asignen recursos por 6 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, para la rehabilitación de los caminos cosecheros del municipio de Teapa, Tabasco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.— Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para rehabilitar y modernizar las bibliotecas de Teapa, Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, diputado federal de Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

1. La educación como base fundamental de toda sociedad, inicia en el núcleo familiar, sin embargo, para que las personas logren un desarrollo integral es necesaria la formación académica ya que ésta consiste en la transmisión de conocimientos, principios y valores que dan al individuo capacidades para poder hacer aportaciones positivas en el desarrollo de la sociedad.

2. Las bibliotecas son parte importante en la formación académica ya que es donde se encuentran las fuentes de información para realizar investigaciones y tareas escolares.  También en su haber, cuentan con libros no académicos que fomentan el hábito de la lectura.

3. La Ley General de Educación, establece en su artículo 14 como obligación de la autoridad federal brindar el servicio de bibliotecas a la comunidad; este artículo a la letra dice:

Artículo 14.Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística;

4. Por otra parte la Ley General de Bibliotecas en su artículo 4to especifica la obligación de los gobiernos, entre ellos el federal, de promover el establecimiento, organización y sostenimiento de bibliotecas públicas.

5. El municipio de Teapa en Tabasco, cuenta con bibliotecas que ya están en deterioro y que necesitan una modernización y actualización de su acervo bibliográfico para brindar un mejor servicio a la comunidad.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Cultura, que asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, por 2 millones 500 mil pesos para la rehabilitación y modernización de las bibliotecas del municipio de Teapa, en Tabasco, tanto de su infraestructura como en su acervo bibliográfico.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de septiembre de 2010— Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica)»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para rehabilitar y modernizar los mercados municipales de Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, diputado federal por Tabasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

1.Los mercados tradicionales de México datan desde los tiempos precoloniales. Estos se han utilizado, desde sus inicios, para comercializar los productos del campo.

2.México es un país privilegiado al tener en la mayoría de su territorio múltiples mercados que aún conservan la tradición de vender productos frescos y los frutos del campo de cada región, todo lo anterior es de suma importancia en la alimentación de las familias mexicanas ya que comprar en los mercados es sinónimo de comprar frutas, verduras y animales de primera mano y en buen estado. En otros países como Estados Unidos los alimentos tienen que haber sido congelados por varios días antes de ser autorizados para su venta al público.

3.Los mercados también constituyen un eslabón vital en el comercio de los productos agrícolas, ya que es aquí donde se venden las frutas y verduras que da el campo, y constituyen un ingreso al sector campesino.

4.Al tener tanta historia y ser ya característicos del país, los mercados son parte de nuestra identidad como mexicanos, existe una gran diversidad de estos desde mercados de flores, hasta de animales.

5.A pesar de su importancia en los rubros mencionados anteriormente, los mercados no tienen una partida presupuestal asignada para su mantenimiento rehabilitación ni modernización.

6.Está claro que de conformidad al artículo 115 constitucional, es responsabilidad de los municipios la administración y funcionamiento de los mercados, pero también es de entenderse que las limitaciones presupuestales que estos tienen no permiten cumplir eficientemente con esta obligación.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que asigne, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, una partida para la rehabilitación y modernización de los mercados del estado de Tabasco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de septiembre de 2010.— Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir una unidad deportiva en Villa Juan Aldama y en la cabecera municipal de Teapa, Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

1. Por la ausencia de espacios de práctica deportiva, muchos jóvenes de Teapa, Tabasco, optan por inmiscuirse en la delincuencia y los vicios. De conformidad con el artículo 86 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, es competencia de la Comisión Nacional del Deporte promover ante las diversas instancias de gobierno la utilización concertada de laboratorios, centros de salud, parques, plazas y demás espacios o instalaciones públicas en apoyo a la cultura física y el deporte.

2. En el municipio hay sólo un terreno donde los jóvenes se reúnen con la finalidad de divertirse, pero como no se tienen áreas de recreación, esparcimiento y deporte diseñadas para jóvenes, niños, personas de la tercera edad y con discapacidad, siempre se sigue la misma rutina en la comunidad y no se percibe el desarrollo social y cultural, es por ello la necesidad de darles un espacio dedicado a los habitantes para mejorar su calidad de vida.

3. En cuanto a derechos y libertades, son indispensables para elevar el nivel cultural y social de los ciudadanos, así como parte del derecho a la protección de la salud. El deporte constituye factores en la formación del ser humano, permitiendo la salud física y mental, ayuda en la educación y complementa el desarrollo de niños, jóvenes.

4. Para que la práctica deportiva se fortalezca necesitamos proporcionar espacios y centros deportivos.

5. Teapa ya cuenta con un proyecto ejecutivo completo conforme a los lineamientos de la Conade.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Solicito a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Juventud y Deporte que etiqueten un partida por 43 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para construir una unidad deportiva en la cabecera municipal de Teapa, Tabasco; y otra por 6 millones 500 mil a fin de edificar una unidad deportiva en la villa Juan Aldama, del mismo municipio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.— Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el centro cultural y de usos múltiples en Teapa, Tabasco, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

José del Pilar Córdova Hernández, diputado de Tabasco por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

1. Se designa “centro cultural” o “casa de (la) cultura” y, en ocasiones, “centro cultural comunitario” el lugar en una comunidad destinado a mantener actividades que promueven la cultura entre sus habitantes.

2. Algunas casas de la cultura tienen bibliotecas, talleres culturales, cursos y otras actividades generalmente gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. Este tipo de locales tienen una gran importancia para la preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas de conciertos. Aunque también en las grandes ciudades las casas de la cultura tienen importancia para mantener actividades culturales con grupos de todas las edades y estratos sociales.

3. Por las afectaciones debido a las inundaciones que sufre el estado de Tabasco y la necesidad de refugio y albergues en estas situaciones tan desafortunadas, es necesario contar con un espacio lo suficientemente grande para alojar a los damnificados, pero que el resto del año sea autosustentable y de beneficio cultural para la comunidad.

4. En ayuntamiento de Teapa ya cuenta con un proyecto ejecutivo completo para la construcción de este centro cultural y de usos múltiples.

5. Considerando el efecto positivo que este proyecto tiene en varios aspectos, es de suma importancia que se lleve a cabo lo más pronto posible ya que al concretarse cubrirá las necesidades de difusión cultural y de atención como refugio en caso de contingencia en la zona, porque estará a disposición, para tal fin, del gobierno federal, estatal y del mismo municipio.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Solicito a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Cultura que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 asignen 57 millones 70 mil 412.13 pesos para construir un centro cultural y de usos múltiples en Teapa, Tabasco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.— Diputado José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, correspondiente al ramo 08, de la Sagarpa, en el rubro de activos productivos tradicionales, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Alba Leonila Méndez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta asamblea proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. Desde 1995, en diferentes vertientes, el Presupuesto federal ha considerado el programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, separando los apoyos al productor, a la unidad productiva y a la cadena productiva. De esta forma, el Programa para la Adquisición de Activos Productivos ha sido factor detonador del desarrollo rural en nuestro país. Como lo señala el artículo 13 de sus reglas de operación, su objetivo primordial ha sido incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de los productores rurales y pesqueros a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégico, para la realización de actividades de producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos de agregación de valor y acceso a los mercados, beneficios que han sido evidentes en la población objetivo.

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 tiene entre sus principales ejes de acción lograr una economía competitiva y generadora de empleos y garantizar la igualdad de oportunidades y la sustentabilidad ambiental y que el sector agropecuario y pesquero sea prioritario para el desarrollo del país, metas que para los pequeños productores sólo puede lograrse, bajo un esquema de inversión subsidiaria y es aquí donde radica la importancia del programa de apoyo al programa para la adquisición de activos productivos, el cual  ha cambiado la vida y abierto oportunidades a los productores de las zonas rurales y a las unidades de producción.

3. Es pertinente señalar que la asignación presupuestal para 2010 en el renglón del Programa para la Adquisición de Activos Productivos fue de 10,072.9 millones de pesos y para activos productivos tradicional, su equivalente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación  de 2011, es de 4,371.7 millones de pesos, lo que significa una reducción de 5,718.0 millones de pesos, es decir, una disminución de 56.6 por ciento respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2010;  lo que sin duda repercutirá en el nivel de desarrollo y competitividad de nuestro campo mexicano.

4. La importancia de mantener este programa con recursos suficientes radica en los beneficios que representan los montos que maneja y que sirven de manera decisiva para los productores en la adquisición de activos fijos, donde el apoyo puede ser hasta de 50 por ciento del costo de los bienes o inversiones para cada proyecto, o hasta de 750,000 pesos por beneficiario; incluso, los productores del estrato 1, que son aquellos que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, pueden lograr hasta 75 por ciento del costo de su proyecto, bienes o inversiones, siendo esta vía, en ocasiones la única para financiarse, con lo que se ha demostrado que los programas de inversión en activos productivos, son verdaderos promotores del cambio productivo, tecnológico y de optimización del uso de los recursos naturales.

5. Por otra parte, ante la demanda de los mercados internacionales en el cumplimiento de las certificaciones en materia de inocuidad alimentaria es urgente modernizar o tecnificar campo, para que los productores estén en condiciones de cumplir tales exigencias y mantener las calidades requeridas. Asimismo, para la inversión en equipamiento e  instrumentación de buenas prácticas agrícolas, los recursos son limitados, por ejemplo: para la implantación de sistemas de riego y  la reconversión de huertas. Es aquí donde activos productivos desempeña un papel detonador del desarrollo rural.

6. Los productores mexicanos están dispuestos a satisfacer  las exigencias de mejoras en la calidad por parte del mercado, sea interno o externo; tal disposición debe ir acompañada de un apalancamiento financiero por parte del Estado, por lo que como legisladores tenemos la alta responsabilidad de asignar  al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, en el rubro de activos productivos tradicional, un presupuesto acorde a las necesidades del sector.

7. Los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN tenemos un compromiso con la modernización y rentabilidad del sector agroalimentario y el bienestar en calidad de vida de la sociedad rural; razón por la que solicitamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta LXI Legislatura que asigne en el Presupuesto de 2011 al  Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, y en especial en el rubro de activos productivos tradicional, un monto mayor o cuando menos igual al aprobado en el Presupuesto de 2010, que fue de 10,072.9 millones de pesos.

Por lo expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar un monto mayor o cuando menos igual al aprobado en el PEF de 2010 al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, dependiente del ramo 08 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el rubro de activos productivos tradicional, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.

Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2010.— Diputada Alba Leo-nila Méndez Herrera (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la zona metropolitana de Monclova-Frontera-Castaños, a cargo del diputado Héctor Franco López y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Aguirre Fernández, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Noé Fernando Garza Flores y el de la voz, Melchor Sánchez de la Fuente, integrantes de la coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI legislatura, presentamos a esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Antecedentes

El fenómeno metropolitano abarca un número creciente de ciudades en el mundo y en nuestro país en las que se concentran, al lado de los mayores logros de crecimiento y de-sarrollo, profundos desequilibrios en la distribución del ingreso y graves deformaciones sociales.

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, de los seis mil cien millones de habitantes que se estima tenía la tierra en 2001, la mitad residía en zonas urbanas y, de ellos, uno de cada seis en las metrópolis, tendencia que se incrementa a razón de 160 mil migrantes del campo a la ciudad, cada día.

En la actualidad, las zonas urbanas han tenido crecimiento tales que han ocasionado una expansión físico-territorial tal que han rebasado sus límites político-administrativos y se ha unido con otras zonas cercanas, ya sea dentro del mismo municipio o de municipios distintos o incluso pertenecientes a gobiernos diferentes. Todo este proceso de expansión urbana ha dado lugar a las denominadas “zonas metropolitanas”.

México es un país que cuenta con zonas metropolitanas desde los años cuarenta, las distintas reformas económicas, políticas y en particular constitucionales asociadas a las facultades de los municipios en la regulación del suelo, pasaron por alto la tendencia hacia la metropolización de varios centros urbanos; tendencia que habría de acelerarse y consolidarse en las décadas siguientes. En efecto, si para 1940 Luis Unikel reconoció la existencia de cinco zonas metropolitanas, su número no ha dejado de aumentar de acuerdo con diversas fuentes y autores, hasta alcanzar 56 zonas metropolitanas en 2005.

En el año 2004, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), publicaron el libro Delimitación de las zonas metropolitanas de México, el cual constituyó el primer esfuerzo de la administración pública federal por contar con una delimitación exhaustiva y sistemática de las zonas metropolitanas del país.

Una de las acciones realizadas por el gobierno federal a iniciativa del gobierno del estado de México fue la creación del Fondo Metropolitano, con recursos federales, para financiar los programas, proyectos y obras definidos en los instrumentos de planeación urbana de acuerdo a los criterios de prioridad propuestos por la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Dicha comisión fue propuesta en el 2003 en la Cámara de Diputados y finalmente instalada en la LX Legislatura, como una respuesta del Poder Legislativo ante un fenómeno metropolitano que cobra gran relevancia por las implicaciones: políticas, económicas, de ordenamiento territorial y de integración regional.

El Fondo Metropolitano surge como una necesidad de solución a los problemas que son producto del crecimiento desmedido de la población en zonas urbanas que concentran gran parte de la infraestructura económica y social.

La primera asignación de recursos para el entonces llamado Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental para el Valle de México, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, fue por 1 mil millones de pesos para el estado de México y el Distrito Federal. Desde entonces el Fondo Metropolitano se ha incluido en el Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas".

En el 2007 se incrementa en un 200% los recursos del Fondo Metropolitano para aprobarse 3 mil millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, para concluir los proyectos que no fueron terminados en el 2006. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2006 la Comisión de Desarrollo Metropolitano determina cambiar el nombre del fondo con la denominación únicamente de Fondo Metropolitano y con ello la inclusión de las zonas de Guadalajara y Monterrey para el ejercicio 2007.

Durante el PEF 2008 se asignaron recursos para el Fondo Metropolitano por 5 mil 500 millones de pesos para 7 zonas metropolitanas: Valle de México, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla-Tlaxcala, Querétaro y La Laguna.

De acuerdo con lo previsto en el PEF 2009, se asignó para el Fondo Metropolitano la cantidad de 5 mil 985 millones de pesos. Con lo cual se proyecto un aumento de 435 millones de pesos más que en 2008. Para este año resalta la inclusión de 9 zonas metropolitanas más que en el ejercicio anterior, dando un total de 15 zonas metropolitanas: Valle de México, Guadalajara, león, Puebla-Tlaxcala, Querétaro, la Laguna, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Veracruz. Todas con 40 millones de pesos cada una.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, fue asignado al Fondo Metropolitano 7 mil 455 millones de pesos para 32 zonas metropolitanas:

Zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, León, Puebla-Tlaxcala, Querétaro, zona metropolitana de La Laguna, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Mérida, Oaxaca, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villa hermosa, Juárez, Saltillo, Colima-Villa de Álvarez, Pachuca, Tula, Puerto Vallarta, Tepic, San Luis Potosí-Soledad de G.S., Tampico, Reynosa-Río Bravo, Tlaxcala-Apizaco, Xalapa, Toluca, Hermosillo, Chihuahua y Mexicali.

Consideraciones

Dentro de las 56 zonas metropolitanas consideradas por la Sedesol, el INEGI y el Conapo, se encuentra la zona metropolitana de Monclova-Frontera- Castaños. Estas instituciones del gobierno federal reconocen la existencia de 4 zonas metropolitanas en el estado de Coahuila de Zaragoza (ZM-Laguna, ZM-Saltillo, ZM-Monclova-Frontera-Castaños y ZM-Piedras Negras).

La zona metropolitana de Monclova frontera, abarca a tres municipios:

Castaños, Frontera y Monclova, dicha zona metropolitana tiene una población de 294 mil 191 habitantes. Hasta el 2008 según datos del IMCO, la población económicamente activa se estimaba en 132, 820 personas; su producto interno bruto se encontraba en un promedio de 36,820 pesos; su producto interno bruto per cápita se oscilaba en 140,335 pesos.

La zona metropolitana de Monclova-Frontera, tiene en Monclova a su municipio central, ciudad que se transformó en una ciudad industrial con el establecimiento de AHMSA, al inicio de los años cuarenta. La alta dependencia de la economía regional de Altos Hornos de México, SA (AHMSA), tuvo muchos beneficios durante un tiempo, pero en el largo plazo ha representado también costos diversos.

La privatización de AHMSA en 1991 trastocó el funcionamiento de la economía regional y la vida de los trabajadores y sus familias. A la luz de más de una década de cambios en la estructura económica se puede decir que los principales rasgos de la transformación económica en Monclova son: la mayor diversificación de la estructura productiva, aunque AHMSA sigue siendo la pieza central de la economía regional y el establecimiento de empresas maquiladoras que, en general, son pequeñas y volátiles. Monclova no ha podido reactivar su economía y está lejos de lo que fueron sus años dorados de economía pujante.

Ante el anterior panorama y considerando la información del Instituto Mexicano de la Competitividad, se puede destacar la importancia de la zona metropolitana de Monclova-Frontera-Castaños como una zona de oportunidad para volver a desarrollarse como un importante municipio industrial que requiere el apoyo del Fondo Metropolitano para crear la infraestructura y las condiciones necesarias de desarrollo urbano, por medio de soluciones integrales y urgentes, para que en materia de coordinación los tres municipios que conforman la ZM-Monclova-Frontera-Costeñas, cuenten con la capacidad de económica necesaria dado que los recursos asignados actualmente de forma individual están por debajo de su capacidad financiera, de recursos materiales y humanos, para realizar las obras y servicios que demanda esta zona metropolitana.

Es por todo lo anterior que, en nombre propio y de los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI de Coahuila en esta LXI Legislatura, propongo a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único:Se solicita a la Comisión de Fondo Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable soberanía que se consideren recursos, dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2011, para la zona metropolitana de Monclova-Frontera-Castaños y que sea contemplada para recibir los beneficios del Fondo Metropolitano del Ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas”.

Notas:

1 Luis Unikel, El desarrollo urbano en México, diagnóstico e implicaciones futuras, El Colegio de México, 1976.

2 Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2005, elaborado por el INEGI.

3 Municipio Central: Corresponden a los municipios donde se localiza la ciudad principal que da origen a la zona metropolitana. Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005.

4 El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presenta el Reporte de competitividad urbana 2010, donde se estudian 86 ciudades por medio del análisis de 10 factores de competitividad con base en 111 variables. Esto hace del presente índice el más completo en su categoría y una útil herramienta para la recomendación, implementación y mejora de las políticas públicas referentes a las ciudades del país. El propósito de este informe es dar a conocer la situación actual de las ciudades mexicanas más importantes en términos poblacionales y de producción, así como dar un panorama amplio sobre las líneas de acción de política pública en las que es urgente actuar desde todos los órdenes de gobierno y desde la sociedad, para que las ciudades se transformen en actores que impulsen el crecimiento económico del país y donde sus habitantes tengan una mejor calidad de vida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2010.— Diputados: Rubén I. Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a un fondo que impulse el programa nacional de útiles y uniformes escolares gratuitos para alumnos de educación básica de escuelas públicas, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que realice una reorientación presupuestal a los programas de desarrollo social dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, a fin de que sea creado un fondo para impulsar el programa nacional de útiles y uniformes escolares gratuitos para alumnos de educación básica que asistan a escuelas públicas en todo el país, el cual sea operado mediante convenios de colaboración entre la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el esquema de aportación tripartita de recursos, ajustándose al marco de los convenios de coordinación fiscal.

Exposición de motivos

1. El derecho de un individuo a recibir educación tiene en la actualidad carácter universal y se considera fundamental para el desarrollo integral y armónico del ser humano y asimismo, como el motor de progreso de las naciones.

2. En este sentido, la Convención de los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990 y ratificada por México el 21 de septiembre del mismo año, dispone en su artículo 28 numeral 1 que los "Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; y e) adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”.

3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 3o., párrafo primero, que “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria”. Por su parte, el artículo 4o. constitucional, en su párrafo séptimo, dispone que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

4. En este orden de ideas, según datos proporcionados por el Tercer Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo federal, la matrícula del sistema educativo en el país en el ciclo escolar 2009-2010 ascendió a 34.3 millones de alumnos, de los cuales 4.7 millones se inscribieron en la educación preescolar y 22.8 millones a la educación básica (primaria y secundaria); por otra parte 85.2 por ciento de las matrículas de educación preescolar fueron en escuelas públicas, en tanto que la matrícula de educación básica en planteles públicos fue del 91.7 por ciento.

5. El gasto público en materia educativa se considera prioritario dentro de la agenda presupuestal de los estados; en este sentido, la inversión educativa de los países se ha convertido en un parámetro que mide su grado de desarrollo. Por otra parte, los costos conexos a la educación (matrículas, útiles escolares, uniformes) se consideran parte de la inversión en materia educativa; sin embargo, en varios paí-ses, en particular los que tienen menor adelanto en este rubro, estos costos conexos suelen transferirse a los padres de familia o a sus comunidades. México ha sido uno de los países que tradicionalmente ha transferido los costos conexos de la escolarización a los padres familia.

6. Un sondeo en línea sobre hábitos de compra de útiles escolares elaborado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para identificar los hábitos de compra de útiles escolares de los padres de familia que tienen hijos que cursarán algún grado en primaria el próximo ciclo escolar 2010-2011, señaló que el 33 por ciento de los padres de familia tienen ingresos familiares por menos de 6 mil pesos mensuales; por otra parte, el número de hijos que asistirá a una escuela pública es del 86 por ciento, en contraparte del 14 por ciento que asistirá a una escuela privada.

7. La erogación en útiles escolares en nuestro país forman parte de los gastos necesarios que toda familia debe procurar. Sin embargo, éstos han sido objeto de un incremento continuo en su costo, haciéndolos cada vez de más difícil adquisición para un gran parte de los padres mexicanos de escasos recursos. Se calcula que para en el presente ciclo escolar, los útiles escolares aumentaron en promedio un 10 por ciento, muy arriba del índice inflacionario, que para el mes de julio pasado se estimó en 3.64 por ciento.

8. La difícil situación económica del país que afecta a la economía de la gran mayoría de los mexicanos, ha motivado que se replanteen las políticas públicas de impulso a la educación, instrumentando acciones que garanticen las condiciones adecuadas para que los educandos puedan, sin restricciones de tipo económico, acceder a la educación pública.

9. En este sentido, diversos gobiernos estatales y municipales han implementado programas de reparto de útiles y uniformes escolares gratuitos, como han sido los casos de los Gobiernos de Michoacán y Coahuila; en esta última entidad, se implementó un programa institucional para la entrega de paquetes de útiles escolares que se distribuyen a todas las escuelas públicas del estado en los 38 municipios de la entidad; en este sentido, para el ciclo escolar 2007-2008 se entregaron 540,768 paquetes de útiles escolares para alumnos de todos los niveles educativos. Por otra parte, el gobierno de la ciudad de México actualmente implementa dos programas, uno para entrega de uniformes escolares y otro para la entrega de útiles escolares, ambos de manera gratuita.

10. No obstante la pertinencia de la instrumentación de este tipo de programas y acciones de apoyo a la educación de la niñez mexicana, existen muchos municipios que por sus precarias condiciones presupuestales se ven imposibilitados a entregar apoyos como los antes señalados, aún cuando en sus propios municipios exista un índice alto de deserción escolar, debido a la falta de recursos económicos de las familias de los menores.

11. En este orden de ideas, es necesario que este esquema de apoyo de entrega de útiles escolares a alumnos de nivel básico sea ampliada e institucionalizada en el ámbito federal, a través de la creación de un fondo para dicho fin, el cual sea operado a través de un esquema de convenio de aportación tripartita, entre la Federación, entidades federativas y municipios. En este sentido, dicho esquema debe asimismo, otorgar apoyo para la adquisición de uniformes y vales para zapatos, dirigiendo dichos esfuerzos a los alumnos que cursan la educación básica en las escuelas públicas.

12. Los recursos para la constitución del fondo deben surgir de una reorientación del presupuesto destinado al desa-rrollo social, ajustándose a los marcos de los convenios de coordinación fiscal.

13. Cabe mencionar que la Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California realizó un estudio para realizar un monitoreo sobre gasto en útiles y uniformes escolares, tomando como base un paquete integrado por útiles, pantalón, camisa suéter, zapatos y mochila para niños y niñas que cursarán el primer año de primaria. Analizando las diversas opciones, La Profeco en Baja California tomó tres referencias, señalando como el paquete más económico el que ascendió a 430.70 pesos, el paquete término medio a 620 pesos y el máximo, en 990.95 pesos. En paquetes escolares para niñas, los cuales incluyeron falda y blusa, los costos fueron de 390.30, 645 y 980 pesos, respectivamente.

14. Haciendo un ejercicio de cálculo, tomando 632.5 pesos como precio promedio de un paquete completo (útiles, mochila, ropa y zapatos) de término medio, y tomado como base la matrícula escolar 2010-2011, de 22.8 millones de alumnos de educación básica (primaria y secundaria), se calcula que el gasto universal para la compra de un paquete integral, ascendería a 14,421 millones de pesos; enfocándonos a la población escolar que asiste a las escuelas públicas que en dicho periodo escolar ascendió al 91.8 del total, la cifra se ajusta a 13,328 millones; dentro de un esquema tripartita de participación, la aportación federal para el Fondo, correspondería a 4,408 millones de pesos, en el caso de la cobertura universal, en todo el país.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que realice una reorientación presupuestal a los programas de desarrollo social dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, a fin de que sea creado un fondo para impulsar el programa nacional de útiles y uniformes escolares gratuitos para alumnos de educación básica que asistan a escuelas públicas en todo el país, el cual sea operado mediante convenios de colaboración entre la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el esquema de aportación tripartita de recursos, ajustándose al marco de los convenios de coordinación fiscal.

Notas:

1 http://www.sre.gob.mx/derechoshumanos/images/stories/docs/28.pdf

2 http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm

3 http://www.foro-latino.org/info_flape/doc_info41/Resumen_castellano.pdf

4 http://www.metronoticias.com.mx/id.pl?id=43063&relax=Econom%EDa&pub=Default

5 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Banco de México.

6 http://www.coahuila.gob.mx/index.php/sitios/Paquetes_General

7 http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2010/08/05/417888/monitorea-profeco-costo-de-utiles-y-uniformes-escolares.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2010.— Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el hospital de atención y rehabilitación de quemados en Tultepec, México, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Héctor Guevara Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se consideren e incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos públicos necesarios y suficientes a fin de construir el hospital de atención y rehabilitación para quemados en Tultepec, México, con base en los siguientes

Antecedentes

I. El derecho humano a la salud lo define la Organización Mundial de la Salud como “un estado de bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo como de la colectividad”.

II. En México, un sector de la población resulta afectado y ve disminuida su calidad de vida, padeciendo daños en el cuerpo ocasionados por quemaduras que alteran el estado físico, psíquico y social, a causa de accidentes en el trabajo y de tipo doméstico.Lo anterior se agrava por la insuficiente infraestructura hospitalaria y de especialidad para atender y rehabilitar a los pacientes quemados. Por tanto, los fines de la protección de la salud en este rubro se vulneran.

III. Las quemaduras son lesiones corporales que pueden ser de primero, segundo o –las más graves– de tercer grados, ya que causan daño en piel, músculos y huesos.

IV. Por ello, como parte del trabajo legislativo y de gestión institucional con la federación, estados y municipios, tengo a bien manifestar mi preocupación por el sector de quemados que impera en México.

V. Datos de la Secretaría de Salud señalan que en México se han incrementado los índices de lesiones por quemaduras, ya que en “2007 se reportaron 109 mil 479 casos y en 2008 114 mil 385, lo cual representa un incremento importante”.

VI. En el ámbito local, de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de Salud del Estado de México, la tasa promedio es de “57.34 quemados por cada 100 mil habitantes”.

VII. Tultepec, considerado la capital de la pirotecnia, cuenta con una población aproximada de 120 mil habitantes, de los que 40 por ciento se dedica a la fabricación y venta de este producto artesanal. Actualmente, según artesanos locales, en el municipio se fabrica 80 por ciento de los fuegos artificiales que se consumen en el país.

VIII. Hasta el momento, los artesanos pirotécnicos de Tultepec no cuentan con un espacio hospitalario donde se les atienda de inmediato en caso de quemaduras causadas por la fabricación, el manejo y la transportación legal de materiales inflamables. Lo anterior pone en riesgo la vida de los lesionados; se agrava la situación por el traslado a otras unidades hospitalarias, ya sea en el propio estado de México o en el Distrito Federal.

Considerandos

Primero.Que la normatividad del Estado mexicano dispone y adopta estos principios y medidas de protección a la salud en la Carta Magna, en instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos y en la Ley General de Salud, privilegiando la tutela y garantía de la atención médica preventiva, curativa, de rehabilitación y paliativa.

Segundo.Que las autoridades de la federación, los estados y los municipiosdeben procurar el mejoramiento en infraestructura hospitalaria para la prevención, atención y rehabilitación de las personas con quemaduras.

Tercero. Que es necesario construir un hospital de atención y rehabilitación para quemados que atienda esta problemática de riesgo de trabajo, además de fortalecer la infraestructura hospitalaria para la atención de accidentes domésticos, ya que datos de 2009 de la Secretaría de Salud señalan que en el “hogar se registra el mayor número de lesionados, con 36.2 por ciento, y la cifra va en aumento; en los pequeños menores de 15 años representa 52 y 79 por ciento en pequeños de 5 años”.

Cuarto. Que se construya el hospital en el terreno situado en la Séptima Avenida Chamapa, sin número, colonia Xacopinca, código postal 54960, Tultepec, México, que cuenta con una superficie de 3 mil 475 metros cuadrados, el cual está dispuesto a donar la señora Aída Pérez Víquez, propietaria, pues su esposo falleció en un siniestro causado por fuego.

Quinto.Que la construcción del hospital tendría un amplio beneficio en la protección de la salud en la zona del valle de México.

Sexto.Que el Sistema Nacional de Salud tiene como principios rectores el financiamiento, la generación de recursos y la prestación de servicios; por tanto, deben garantizarse recursos materiales y humanos suficientes para satisfacer las necesidades en materia de salud a la población.

Por lo expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración de la Cámara de Diputados aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al pleno de la Cámara de Diputados, en el marco del análisis, la discusión, la modificación y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, a considerar recursos públicos necesarios y suficientes a fin de crear el hospital de atención y rehabilitación para quemados en Tultepec, México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2010.— Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al organismo de cuenca del Golfo de la Conagua para obras que mitiguen los daños por las inundaciones en la cuenca del río Coatzacoalcos, en Veracruz, a cargo del diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del PRI

Luis Antonio Martínez Armengol, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos por 250 millones de pesos para el Organismo de Cuenca del Golfo, de la Comisión Nacional del Agua, para que se lleven a cabo obras (dragado y la protección longitudinal del bordo en ambas márgenes del Río) que permitan mitigar los daños generados por inundaciones en las comunidades y municipios de la cuenca del río Coatzacoalcos, Veracruz, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La cuenca del río Coatzacoalcos es considerada la tercera más importante dentro del territorio nacional debido a su caudal, ya que este sistema está constituido por afluentes importantes entre los que destacan los ríos Uxpanapa, Jaltepec, Coachapa y Calzadas.

La actual situación del cambio climático a nivel mundial ha generado que las precipitaciones fluviales en esta zona se hayan incrementado de manera significativa, provocando el desborde de esta cuenca año con año sin que se realice un planteamiento congruente en busca de la solución.

Anualmente por esta cuenca escurren 36 mil 670 millones de metros cúbicos, el río Coatzacoalcos contribuye con el 42.7 por ciento y solo se utiliza el 1 por ciento del agua superficial disponible y el 99 por ciento desemboca directamente en el Golfo de México.

El principal problema de la cuenca del río Coatzacoalcos va relacionado con la falta de visión para establecer un desarrollo hidráulico y que permita resolver los bajos niveles de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento; la baja calidad del agua de la corriente principal y algunos de sus afluentes, tomando en cuenta también los fenómenos meteorológicos extremos que año con año generan inundaciones.

Se descargan anualmente 254 millones de metros cúbicos de aguas residuales, de las cuales solamente se tratan menos del 50 por ciento esto ocasionado por la falta de infraestructura de tratamiento para las descargas de aguas residuales.

En las inundaciones del mes de septiembre, en el municipio de Minatitlán, Veracruz, 162 comunidades presentaron daños por el desbordamiento del Río Coatzacoalcos, de las cuales 89 fueron evacuadas por la fuerte inundación registrada dejando también incomunicadas a 73 de ellas.

Los daños materiales causados por la falta de un desarrollo hidráulico a las familias son incuantificables, más de 14 mil familias resultaron afectadas por los embates de las fuertes lluvias. Otra zona de desastre es el municipio de Hidalgotitlán, en total 51 comunidades resultaron afectadas, 28 permanecen inundadas y las 23 restantes reportan severos problemas de comunicación.

En los años 2008 y 2009, así como lo que ha transcurrido del actual 2010, las comunidades que se encuentran aledañas al cauce del río Coatzacoalcos sufrieron estragos devastadores, siendo las colonias bajas de estas comunidades las más afectadas, provocando que miles de familias pierdan año con año sus pertenencias.

Miles de familias han perdido sus campos de cultivo, cabezas de ganado vacuno, ovino y bovino, a causa del desbordamiento del Río Coatzacoalcos, ocasionado por las fuertes lluvias generadas por el huracán Karl y el desfogue de las presas que afectan directamente al cauce de éste.

Es urgente que se considere la realización de un estudio de batimetría, para conocer con exactitud las condiciones en las que se encuentra el subsuelo marino y poder así, determinar un plan de trabajo permanente que consista en el dragado del Río Coatzacoalcos, desde el municipio de Minatitlán, hasta la desembocadura de los otros ríos.

Recordar que en el artículo 16 de la Ley de Puertos, se establecen las obligaciones que tiene como autoridad el Ejecutivo federal para que mediante la Secretaria se ejerza esta ley. Específicamente en la fracción VII del artículo 16 que dice “autorizar las obras marítimas y el dragado con observancia de las normas aplicables en materia ecológica”.

Es por ello necesaria la autorización de estos recursos para el año 2011, el dragado del río Coatzacoalcos permitiría que se limpie el fondo del río, incrementaría la profundidad del mismo lo cual sería benéfico para las miles de familias que año con año se ven afectadas por las inundaciones generadas por el desbordamiento del río Coatzacoalcos y permitiría el tránsito de embarcaciones de altura.

Considerar también que una de las obras más importantes y de alto impacto en beneficios para las comunidades de la cuenca del Río Coatzacoalcos, es la protección longitudinal del bordo en ambas márgenes del río, logrando con ello disminuir significativamente los riesgos de inundaciones ocasionadas por el desborde.

Por lo expuesto, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011 se considere una partida presupuestal de 250 millones de pesos para el Organismo de Cuenca del Golfo, de la Comisión Nacional del Agua, para que se lleven a cabo obras (dragado y protección longitudinal del bordo en ambas márgenes del río) que permitan mitigar los daños generados por inundaciones en las comunidades y municipios de la cuenca del río Coatzacoalcos en Veracruz.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 28 de septiembre de 2010.— Diputado Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para las universidades e institutos tecnológicos y sus fondos extraordinarios, a cargo de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del PRI

La ciudadana María Estela de la Fuente Dagdug, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por Tabasco e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta asamblea propuesta con puntos de acuerdo mediante los cuales se somete a consideración del pleno de esta soberanía que se instruya a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que las universidades y los institutos tecnológicos sean tomados en cuenta con mejores recursos en el Presupuesto de 2011 y en sus fondos extraordinarios.

Consideraciones

La matrícula de los institutos tecnológicos en poco menos de tres años se incrementó de 24 a 38.5 por ciento es decir; no es suficiente construir escuelas, ya que la mayoría de las instituciones creadas son las que tienen los índices más bajos de subsidio por alumno, lo que sugiere que la ampliación del acceso a la educación superior se ha canalizado a través de opciones "poco costosas" y que muchas veces no cuentan con las condiciones idóneas para ofrecer una educación de calidad, y a su vez con maestros calificados y de tiempo completo, es decir la calidad no puede estar separada de la equidad.

La educación es el factor principal de un país para impulsar el desarrollo económico y mejorar los niveles de vida en la población, esto consiste en el trabajo y la responsabilidad directa del estado. Generando los recursos y las condiciones propicias para que esto se lleve a cabo, sabemos que los esfuerzos se han centrado en la educación primaria y mas recientemente en la educación secundaria pero en el caso de la educación media superior y superior, no se le ha brindado la atención ni la importancia que realmente tienen, ya que estas instituciones tienen la encomienda de formar verdaderos profesionales.

Por ello, la importancia de que esta Cámara dirija su mirada a estos niveles, la necesidad de mayores recursos del presupuesto público. Que de no ser así seguirán teniendo un gasto limitado para sus necesidades de ampliación y operación, la rehabilitación de sus instalaciones físicas así como la adquisición de nuevos equipos, en este mismo tenor mencionaremos que los obligamos a restringir diversos rubros de gastos, reflejándose en sus actividades académicas y en una inadecuada operación de las mismas instituciones, así como en su calidad educativa, debemos subrayar que a pesar de las limitaciones 70 por ciento de estudiantes logra egresar de estos institutos tecnológicos

Estamos conscientes del aumento presupuestal a la educación superior el cual fue por 9 mil 331 millones de pesos, pero también hay que estarlo de que se castigó a las universidades e institutos tecnológicos con un recorte de mil 500 millones de pesos.

• Tan sólo como un ejemplo el costo promedio anual por alumno de educación superior en nuestro país es de

- La UNAM, 103 mil 500 pesos.

- El Instituto Politécnico Nacional, 93 mil 500 pesos.

La Universidad Autónoma Metropolitana, 83 mil 300 pesos.

- Las universidades públicas estatales, 46 mil pesos.

- Las universidades politécnicas, 36 mil pesos.

- Las universidades tecnológicas 32 mil pesos.

Mientras, en los institutos tecnológicos es en promedio de 29 mil pesos. Nuevamente se tienen que encontrar explicaciones de por qué en subsidios federales se les aporta mucho más para la atención de un alumno en la UNAM, el IPN y en las universidades estatales, que en el sistema de institutos tecnológicos federales del país. Queremos señalar que no se trata de quitarles recursos a esas instituciones, si no que habría que revisar la distribución de los recursos, si no es así, no hay igualdad de posibilidades generando con eso discriminación hacia los jóvenes mexicanos que estudian en los institutos tecnológicos, y si tomamos en cuenta la apertura de 14 nuevos institutos y 12 extensiones de los tecnológicos ya existentes en lo que va del sexenio.

Que siguen contando con los mismos recursos o menos para sufragar los gastos de todas ellas y aunado a la disminución gradual que ha sufrido el gasto de operación y que actualmente representa tan sólo 1.25 por ciento del presupuesto total asignado, preguntaría si eso es un recurso para impactar en la mejora de la calidad en la educación de nuestro país y donde quedo el sistema de asignación presupuestal para fortalecer la calidad educativa.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su afán por contribuir para una mejor educación en el país y una mejor calidad educativa, aprobó un fondo extraordinario a los institutos tecnológicos por 850 millones de pesos para su ejercicio en 2009; en el ejercicio de 2010 fue de 550 millones, teniendo una reducción considerable y provocando incertidumbre en este ámbito, tomando en cuenta que este fondo extraordinario es la única opción que tienen para resarcir el rezago en materia de infraestructura educativa y la falta de recursos, con el objeto de brindar cierta certeza a los institutos tecnológicos, y que el actual modelo de asignación deberá considerar sea permanente, para que cada año puedan contar con este fondo y el cual debería ser "irreducible". De esta manera beneficiar a los institutos tecnológicos para la inversión en equipamiento e infraestructura educativa.

El financiamiento de la educación superior no debe ser considerado un gasto sino una inversión. La mejor inversión de un país es la que se hace con su gente; es la forma en que las personas desde la educación inicial hasta la educación superior pueden sentirse seguras y protegidas por sus gobernantes y que es una inversión económica y social que debe protegerse de los embates de las crisis recurrentes que sufrimos como país.

Es un reclamo ampliamente compartido por los diversos actores relacionados con el devenir educativo, en el cual las instituciones públicas de educación superior cuenten con los medios económicos y materiales suficientes para que puedan alcanzar niveles de excelencia en sus actividades, para ello es imperativo incrementar significativamente los recursos y fondos extraordinarios para los institutos tecnológicos, para dar certidumbre a estas instituciones. Con la participación de los gobiernos, federal y estatal, podremos lograr un México mejor con una mejor calidad en educación.

Puntos de Acuerdo

Primero.Que el pleno de la Cámara de Diputados instruya a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a tomar en cuenta a los institutos tecnológicos con mayores recursos en el Presupuesto de 2011; de esta manera podremos ayudarlos en sus gastos de operación y calidad educativa.

Segundo.Que el Fondo Extraordinario para la Ampliación de la Oferta Educativa y Apoyo a los Institutos Tecnológicos sea por 900 millones de pesos. Tal cantidad se debe considerar que sea asignada en el Presupuesto de 2011 y que no tenga reducciones, quedando como un recurso permanente para dichos institutos tecnológicos. De esa manera les daríamos certidumbre y seguridad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2010.— Diputada María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el complejo deportivo de Tlaxco, Tlaxcala, a cargo de la diputada María Elena Perla López Loyo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente, en todos los grupos poblacionales. Por ello, y en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, la planeación urbana tiene como objetivo coadyuvar en el desarrollo integral del estado de Tlaxcala; en ese sentido, se tiene considerado que las aspiraciones para incorporar a nuestra entidad los nuevos escenarios que demanda la dinámica del desarrollo estriban en llevar a cabo acciones que potencialicen el desa-rrollo regional y oportunidades para la práctica del deporte y de la cultura física en todos sus niveles.

Este interés por fomentar la actividad deportiva en Tlaxcala se inicia a través de la construcción de espacios físicos necesarios acorde a las demandas y necesidades de la población, considerando que con ello también se logra el pleno desarrollo de las personas, contribuyendo así al mejoramiento personal y social de los tlaxcaltecas.

El objetivo del presente proyecto es lograr la construcción de un complejo deportivo, en el cual todos y cada uno de los habitantes de la región aledaña al municipio de Tlaxco practiquen, se ejerciten y fomenten la competencia, contribuyendo así a

• Elevar la calidad de vida de los habitantes de la región;

• Disminuir las cifras de enfermedades asociadas al sedentarismo;

• Disminuir el consumo de drogas;

• Disminuir los índices de delincuencia y pandillerismo; y

• Generar fuentes de trabajo en la región.

Igualmente, el proyecto de inversión denominado “construcción del complejo deportivo Tlaxco”, en el estado de Tlaxcala, pretende solucionar la problemática de carencia de espacios para realizar actividades artísticas, culturales y deportivas. Dadas sus características especificas, el referido proyecto puede clasificarse como un “proyecto de infraestructura social” al cumplir satisfactoriamente con lo establecido en la fracción ii del numeral 2 de los “lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2008, la cual señala textualmente lo siguiente:

Los proyectos de inversión se clasifican en los siguientes tipos:

ii. Proyectos de infraestructura social cuando se trate de construcción, adquisición y ampliación de activos fijos para llevar a cabo funciones en materia de educación, ciencia y tecnología, cultura, deporte, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social.

Es importante señalar que el proyecto construcción del complejo deportivo Tlaxco es realizado conforme al artículo 85, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, es decir, con base en indicadores estratégicos y de gestión realizados por una instancia técnica independiente, observando los requisitos de independencia, imparcialidad y transparencia.

No es menos importante mencionar que con la construcción del complejo deportivo Tlaxco, se fortalece la gestión pública de los gobiernos municipales, ya que se crean las bases para implantar mecanismos de cooperación entre los diferentes órdenes de gobierno, con el objetivo común de dar solución a las necesidades de la sociedad, a través de los programas pertinentes.

Bajo este orden de ideas, para este tipo de proyectos de inversión de infraestructura económica, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, los proyectos de inversión deberán contar con un análisis costo-beneficio, el cual deberá ser elaborado conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues sólo a través de éste se consideran las alternativas identificadas para atender una necesidad especifica o solucionar la problemática de que se trate como lo es la problemática de falta y deterioro de espacios deportivos para la práctica de actividades que mejoren la calidad del vida de la población, mostrando que dicho proyecto es susceptible de generar por sí mismo beneficios netos para la sociedad.

Finalmente, a continuación se señala la población objetivo que se beneficiaría derivado del impacto del proyecto.

Población beneficiada (municipio)

Tlaxco: 39 mil 170 habitantes.

Atlangatepec: 5 mil 269 habitantes.

Tetla de la Solidaridad: 28 mil 278 habitantes.

Muñoz de Domingo Arenas: 3 mil 775 habitantes.

Emiliano Zapata: 4 mil 212 habitantes.

Lázaro Cárdenas: 2 mil 709 habitantes.

Benito Juárez: 5 mil 620 habitantes.

Total: 89 mil 33 habitantes.

La ejecución de la construcción del complejo deportivo Tlaxco mejorará de manera significativa las condiciones actuales del empleo en la localidad, así como de la vida de cada uno de los habitantes del municipio.

Por los razonamientos expuestos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Juventud y Deporte que consideren dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 una partida presupuestal de 55 millones de pesos para la construcción del complejo deportivo en el municipio de Tlaxco, Tlaxcala.

Dado en el Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputada María Elena Perla López Loyo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la instauración de un fondo de ayuda especial para la familia de policías, en los tres niveles de gobierno, que fallezcan en cumplimiento del deber al combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada por Sinaloa e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

7 de agosto de 2010. Más de dos mil bajas en México.

El crimen organizado y el narcotráfico ha asesinado a 2 mil 76 policías desde que el gobierno lanzó una ofensiva en su contra en diciembre del 2006, reveló el viernes la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

Víctimas, municipales.

La mayoría de los policías muertos tanto en ejecuciones, enfrentamientos y agresiones han sido municipales (915), seguidos de estatales (698) y federales (463), según estadísticas de la dependencia divulgadas a la prensa.

El número de agentes fallecidos representa un 7.3 por ciento de los 28 mil 228 asesinados que el gobierno atribuye al crimen organizado y cometidos entre el 1 de diciembre de 2006 y el 29 de julio pasado.

El gobierno reconoció esta semana una espiral creciente de los asesinatos del narcotráfico, insistió en que la mayoría de las víctimas han sido personas vinculadas de alguna manera a la delincuencia.

El jefe la agencia de inteligencia nacional, Guillermo Valdés, dijo el martes que se han registrado 963 enfrentamientos entre el crimen organizado y las fuerzas oficiales, incluido ejército, marina y policía.

Lo anterior, trae como consecuencia, que a pesar de que existe un seguro de vida para los deudos de las víctimas, caídos en el cumplimiento de su deber, éste no cubre las necesidades inmediatas y mediatas de sus familiares, es decir, es un seguro raquítico que no garantiza plenamente la educación, habitación y alimentación de los beneficiarios, es un seguro casi instantáneo que se agota, en el pago de gastos funerarios. Asimismo, las aseguradoras por considerar de alto riesgo el trabajo de policía, se niegan a asegurarlos.

La República Mexicana ocupa uno de los principales lugares en el mundo en inseguridad y falta de atención y protección para los policías y no se diga, para los familiares de éstos, es urgente, que si se quiere tener éxito en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, se dote a los elementos policiacos de todos los insumos suficientes, para tener una policía consciente, eficiente y eficaz.

Para lograr lo anterior, se deben buscar todos los medios idóneos para hacer de las policías, una institución formada por servidores bien preparados y remunerados, y sobre todo, proteger a sus deudos cuando por combatir al narcotráfico y delincuencia organizada, pierdan la vida en el cumplimiento de su deber. El Estado mexicano debe estar al pendiente de tal situación y a la vanguardia, con sus elementos policiacos para combatir y mejor proveer a sus gobernados, pero también, debe responder a los reclamos y seguridad económica de los familiares, de las y los policías victimados por la delincuencia.

El clima de violencia que se vive en el país se ve reflejado en acontecimientos, en donde mueren policías a manos del crimen organizado, situación que pone sobre la mesa la necesidad de ofrecer garantías a los elementos además de equipamiento y armamento, la seguridad para sus familias, que ante una desgracia quedan en la orfandad y por consecuencia, en la miseria.

Ante esta realidad, el Ejecutivo federal, a través de sus instituciones y ordenamientos correspondientes, debe dar mayor certidumbre jurídica y económica, incorporando un Fondo de Ayuda Especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, para la familia de las y los policías caídos en el cumplimiento de su deber en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.

Lo anterior, se presenta en atención al alto índice de policías fallecidos en el cumplimiento de su deber y que, desa-fortunadamente, las Secretarías de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno, están dejando en la orfandad y en estado de indefensión a los familiares, viudas, viudos, hijas e hijos, ascendientes y descendientes de las y los policías que han muerto por cumplir con su trabajo y todavía, enfrentan la dificultad burocrática de las autoridades y de las aseguradoras para cobrar el seguro de vida. Ante esta situación, el Estado mexicano debe ser diligente y capaz en garantizar a la familia de lo el policía caído, el cobro inmediato, suficiente y bastante del Fondo de Ayuda Especial.

Se debe incorporar al Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo de Ayuda Especial, para la familia de las o los policías fallecidos en el cumplimiento de su deber, brindándoles seguridad económica a sus familiares, cuando su deceso se deba a acciones para combatir al narcotráfico y delincuencia organizada.

Por ser parte importante en la agenda nacional, la seguridad económica de las familias de los policías, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal a crear -en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011-, el Fondo de Ayuda Especial para la familia de las y los policías, que en el cumplimiento de su deber, fallezcan al combatir al narcotráfico y delincuencia organizada, como servidores en los tres niveles de gobierno, federal, local y municipal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos al Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria, a cargo de la diputada María Felícitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Felícitas Parra Becerra, diputada en la  LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar incluir en el ejercicio presupuestal de 2011 una ampliación presupuestal que permita la cobertura de 1000 de los municipios más pobres del territorio nacional, considerados de alta y muy alta marginación, por medio del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), a fin de mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza de forma sostenible de este tipo de distritos al tenor de las siguientes

Consideraciones

El México rural ha sido testigo de transformaciones producto de la modernización social y del mercado, modificando así las fuentes de ingreso y haciendo difícil la integración de la fuerza laboral al desarrollo económico. De tal forma que reducir la pobreza y la desigualdad exige la necesidad de proveer apoyos públicos que cubran las necesidades básicas de una gran parte de la población de nuestro país, en particular aquellas comunidades que se encuentran en condición de alta y muy alta marginación.

La situación actual de estos grupos se caracteriza por mostrar bajos niveles de ingreso, de salud, de educación, de alimentación y de nutrición, que se reflejan en el estado físico y emocional de la población, además de que se reproduce el círculo de la pobreza.

Ejemplo de transferencias de recursos públicos para cubrir necesidades básicas es el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), destinado justamente a mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza de en zonas rurales de alta marginación, además de manera sostenible, diseñado para trabajar con las familias y grupos de las zonas marginadas del país a fin del de-sarrollo de capacidades a través de áreas como el hogar, cadenas productivas, traspatio o la milpa.

La metodología del PESA es adaptable a la realidad y a las condiciones de cada microrregión y de los estados en los que opera, se genera la participación de los habitantes, debido a que se busca involucrar directamente a todos los actores locales en los procesos de planificación, toma y ejecución de decisiones, con el fin de asumirse como los protagonistas y responsables de su propio desarrollo, de manera comprometida, organizada y proactiva.

Como diputada federal del PAN por el estado de Nayarit, he podido participar en un programa interdisciplinario donde se pretende generar consciencia y contribuir al desarrollo de capacidades de las personas y familias de comunidades de alta marginación y he podido dar cuenta de que son ellos los principales actores en la apropiación de la problemática, la identificación de las oportunidades y la búsqueda de soluciones para lograr su seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso, esto por medio de cambios de actitud derivados de la puesta en practica del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria del programa en apoyo a una de las comunidades de alta marginación del estado.

Ahora bien, la cobertura del PESA atiende 109 mil 526 familias situadas en 4 mil 392 localidades rurales clasificadas de alta o muy alta marginación, pertenecientes a 648 municipios de 15 estados de la república,*; sin embargo, consideramos que es insuficiente, tomando en cuenta que para 2005, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, con base en el segundo Conteo de Población y Vivienda, y a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005, el índice de marginación contabilizaba mil 251 municipios con grado de marginación alta o muy alta (886 alta y 365 muy alta) en toda la República Mexicana.

Si se considerara un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos en el ejercicio presupuestal de 2011 se lograría cubrir a 1000 municipios de los más pobres del territorio nacional, se estarían beneficiando a 150 mil familias adicionales, más las 110 mil familias beneficiadas actualmente, daría un total de 260 mil familias beneficiadas. Además, se lograría establecer cerca de 200 mil proyectos que contribuirían a elevar el ingreso familiar, a través de los proyectos productivos implantados, e incrementar de 1 hasta 3 salarios mínimos el ingreso familiar por proyecto productivo.

Por lo expuesto y dada la imperiosa necesidad de reducir la desigualdad social de nuestro país, someto a consideración del pleno de este honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se hace un atento exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar incluir en el ejercicio presupuestal de 2011 una ampliación presupuestal que permita la cobertura de 1000 de los municipios más pobres del territorio nacional, considerados de alta y muy alta marginación, por medio del Proyecto Estratégico Para la Seguridad Alimentaria (PESA), a fin de mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza de forma sostenible de este tipo de distritos.

Considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) la inclusión del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria, a fin de lograr ampliar la cobertura incluyendo los estados que actualmente son estados PESA-Coejercicio a estados PESA-PEF.

Nota:

* http://www.utn.org.mx/cobertura_pesa.html

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 5 de octubre de 2010.— Diputados: María Felícitas Parra Becerra,   Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Domingo Rodríguez Martell, Martha Elena García Gómez, Guadalupe Acosta Naranjo, Leticia Quezada Contreras, Armando Ríos Piter, José Luis Jaime Correa, Sonia Mendoza Díaz, Tomasa Vives Preciado, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, José Oscar Aguilar González, José Manuel Hinojosa Pérez, Francisco Javier Salazar Sáenz, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Rosa Adriana Díaz Lizama, Guadalupe Valenzuela Cabrales, María Dolores del Río Sánchez, Gloria Trinidad Luna Ruiz, María Elena Pérez de Tejada Romero, Norma Leticia Salazar Vázquez, Kenia López Rabadán, Agustín Carlos Castilla Marroquín, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Gumersindo Castellanos Flores, Benigno Quezada Naranjo, Manuel Humberto Cota Jiménez, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, José Gerardo de los Cobos Silva, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Juan José Cuevas García, Jesús Giles Sánchez, Laura Elena Estrada Rodríguez, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Norma Sánchez Romero, Carlos Cruz Mendoza, Hilda Ceballos Llerenas, Narcedalia Ramírez Pineda, Oscar Lara Salazar, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Norma Leticia Orozco Torres, Laura Viviana Agundiz Pérez, María Joann Novoa Mossberger, Cora Cecilia Pinedo Alonso, María de la Paz Quiñones Cornejo, Elsa María Martínez Peña. (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir dos recintos educativos en Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Permitirá brindar las condiciones básicas para la enseñanza y aprendizaje de los alumnos, acercará la educación media superior a más de 50 000 jóvenes michoacanos, detonará el desarrollo de estas regiones, a través de la docencia, investigación y la difusión de la cultura.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 63,000,000.00 (sesenta y tres millones de pesos 00/100) para la construcción del Campus Universitario de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en el estado de Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera Aguililla-Dos Aguas-Coalcomán, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de dicha carretera beneficiará las condiciones de desarrollo para esta zona del estado, conectará a más de 10 localidades con el resto del estado, beneficiará a más de 130,000 habitantes en la zona.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 396, 000, 000.00 (trescientos noventa y seis millones de pesos 00/100) para la construcción de la Carretera Aguililla-Dos Aguas-Coalcomán, Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera costera Caleta de Campos-Maruata, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de dicha carretera beneficiará las condiciones de desarrollo para una zona actualmente aisladas, conectará a más de 10 localidades marginadas vinculándolas con el resto de la costa michoacana, beneficiará directamente a más de 350,000 habitantes en la zona.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 1, 464, 900,000 (un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos pesos 00/100) para la construcción de la carretera costera Caleta de Campos-Muruata, Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera costera Maruata-Boca de Apiza, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de dicha carretera beneficiará las condiciones de desarrollo para una zona actualmente aisladas, conectará a más de 7 comunidades con el resto de la costa michoacana y con Colima; beneficiará a más de 350,000 habitantes en la zona.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 94,144,934.00 (noventa y cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100) para la construcción de la carretera costera Maruata-Boca de Apiza, Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera Huetamo-Riva Palacio, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de dicha carretera beneficiará las condiciones de desarrollo principalmente en el intercambio comercial; conectará a más de 15 localidades con el resto del estado y con Guerrero; beneficiará a más de 130,000 habitantes en la zona.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 105,000,000.00 (ciento cinco millones de pesos 00/100) para la construcción de la Carretera Huetamo-Riva Palacio, Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera de San Lucas-Tiquicheo, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de dicha carretera beneficiará las condiciones de desarrollo para esta zona del estado; conectará a más de 10 localidades con el resto de la costa y con el estado de Guerrero; por su localización estratégica beneficiará a más de 180,000 habitantes en la zona.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 368’314,422 (trescientos sesenta y ocho millones trescientos catorce mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100) para la construcción de la carretera San Lucas-Tiquicheo, Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los proyectos culturales de cine y de música en Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se pretende contar con una afluencia turística nacional e internacional al recibir más de 20,000 asistentes foráneos, proyectar más de 100 funciones gratuitas en recintos y plazas culturales y públicas, se realizaran festivales de música internacional y nacional.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100) para las organización de los festivales de cine y música.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Frente Urbano y Desarrollo Turístico de la costa michoacana, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Realizar obras y acciones que fortalezcan la infraestructura de servicios turísticos los municipios de Coahuayana, Áquila y Lázaro Cárdenas en una superficie de 4,151 kilómetros cuadrados beneficiando a más de 240,000 habitantes de la región.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100) para las obras y acciones del desarrollo turístico de la costa.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el hospital general Doctor Miguel Silva de Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la construcción de dicho hospital se atenderá a más de 1,000,000 de pacientes del estado y sus alrededores; contará con 250 camas con servicio de diagnóstico, tratamiento y de especialidad, consulta externa, hospitalización, laboratorio clínico y patología inmunología y urgencias.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 900,000,000.00 (novecientos millones de pesos 00/100) para la construcción del hospital general Doctor Miguel Silva, en Morelia, Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el hospital infantil Eva Sámano de López Mateos de Morelia, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la construcción de dicho hospital se prestaran servicios generales y especializados en materia de salud infantil a más de 300,000 niños del Estado y sus alrededores.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 600,000,000.00 (seiscientos millones de pesos 00/100) para la construcción del hospital infantil Eva Sámano de López Mateos, en Morelia, Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto integral de mejoramiento de la imagen urbana de Angangueo, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Realizar obras y acciones que fortalezcan la infraestructura de servicios turísticos de cada una de las 19 regiones incluidas en el programa de conservación, impactará directamente en el desarrollo del ecoturismo y turismo cultural de cada región y sus alrededores.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100) para las obras y acciones del proyecto integral del mejoramiento del centro histórico de Angangueo.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el parque industrial Isla de la Palma de Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción del parque industrial Isla de la Palma incentivará el desarrollo económico del estado, al atraer nuevas empresas y promover la competitividad de las mismas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 98,670,000.00 (noventa y ocho  millones seiscientos setenta mil pesos 00/100) para la construcción del parque industrial Isla de la Palma, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el parque tecnológico agroindustrial de Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción del parque agroindustrial consta de cuatro componentes cuya finalidad es maximizar el valor de la producción agrícola del estado bajo el principio de colaboración de redes de logística, así como transferencia de conocimientos y tecnología.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Economía, de Ciencia y Tecnología, de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 460,000,000.00 (cuatrocientos sesenta  millones de pesos 00/100) para la construcción del parque tecnológico agroindustrial, Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto de construcción del teatro bicentenario Mariano Matamoros de Morelia, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se pretende contar con cuatro salas y butacas movibles que permiten realizar cualquier tipo de evento, detonando el turismo y la economía en el centro histórico de Morelia, con capacidad para 900 personas, y convirtiéndose en salones multifuncionales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100) para la construcción del teatro bicentenario Mariano Matamoros.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto de construcción del polifórum digital de Morelia, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Construcción de una biblioteca digital que permita el acceso a tecnologías de la información, con el objeto de atender a más de 150,000 habitantes de Morelia, reducir la brecha tecnológica que separa a los distintos sectores de la sociedad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Cultura, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 106,382,106.00 (ciento seis millones trescientos ochenta y dos mil ciento seis pesos 00/100) para la construcción del Polifórum Digital de Morelia.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el rescate y mantenimiento del valor turístico de los pueblos mágicos de Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto rescata y mantiene el valor turístico de cuatro municipios en Michoacán para estructurar oferta turística, cultural, de tradición y de vida rural, mejorar la imagen urbana de cada uno de los pueblos, detonar la economía local, regional y estatal.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 8,400,000.00 (ocho millones cuatrocientos mil pesos 00/100) para el rescate y mantenimiento de los pueblos mágicos en el estado de Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la ruta turística Don Vasco en Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se beneficiaran 122 localidades y más de 22 municipios; se verá favorecida con este proyecto el 63% de la población purépecha; se espera una afluencia de 4.3 millones de turistas (75% nacionales y 25% internacionales); se crearán más de 21,000 empleos directos y más de 33,000 empleos indirectos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Turismo, de Cultura, de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 95,515,000.00 (noventa y cinco millones quinientos quince mil de pesos 00/100) para la construcción de la ruta turística Don Vasco, en el estado de Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el entronque carretero San Isidro-División del Norte, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción del entronque carretero San Isidro-División del Norte, beneficiará las condiciones de desarrollo para esta zona del estado, incrementará el nivel de seguridad y comunidad; de acuerdo a las especificaciones de la SCT, beneficiara a más de 38,000 habitantes en la zona.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 98,000,000.00 (noventa y ocho  millones de pesos 00/100) para la construcción del entronque carretero San Isidro-División del Norte, Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera San Lorenzo-Periban, Michoacán, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Emiliano Velázquez Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La construcción de dicha carretera beneficiará las condiciones de desarrollo para esta zona del estado; conectará comunidades actualmente aisladas con el resto del estado; por su localización estratégica, beneficiará a más de 220,000 habitantes en la zona.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de 160,000,000.00 (ciento sesenta millones de pesos 00/100) para la construcción de la carretera San Lorenzo-Peribán, Michoacán.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el programa IMSS Oportunidades, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI

Clara Gómez Caro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La capacidad de planeación de un gobierno depende de que tenga objetivos claros y datos fidedignos sobre los procesos que pretende impulsar. Los informes sobre los avances del Seguro Popular (SP) en 2009, despiertan más dudas que certezas. Esto es grave al tratarse del programa por medio del cual, según el gobierno federal, habrá cobertura universal de servicios de salud para todos los mexicanos y mexicanas a más tardar el próximo año.

Un problema es que es imposible cuadrar los datos del número de familias y personas afiliadas al SP. El informe reporta 10.5 millones de familias o 31.1 millones de personas. Esta afiliación correspondería a 84 por ciento del total de familias por afiliar según los cálculos del SP, pero sólo el 53-58 por ciento de las personas susceptibles a ser afiliadas. Una discrepancia de esta magnitud entre familias y personas no tiene ninguna explicación razonable a menos de que haya vicios graves en el método de inscripción o en el registro de datos. Si se toman los datos del número de hogares que arrojó la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares (EIGH), la afiliación de familias bajaría a 71-73 por ciento de las familias objetivo, porque el número de familias sin seguridad social laboral ha incrementado de 12.5 millones, estimados en 2008, a entre 13.4 y 14.7 millones al 2009.

Las inconsistencias se repiten en los datos sobre las características de las familias afiliadas. Según el informe mencionado es de 8.7 millones de las familias que están encabezadas por mujeres, lo que sobrepasa en unos 2 millones el total de este tipo de familias en el país. Los datos respecto del nivel de ingreso de las afiliadas son igualmente asombrosos, el 10.1 millones pertenecerían  al  20 por ciento más pobre del país, lo que es 190 por ciento de los 5.3 millones de este nivel.

En 2010 en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignaron 48 mil 842 pesos 12 centavos. Esto, no sería objetable si ese dinero se utilizara en la atención de enfermedades de alto costo o para inversión en nueva infraestructura de salud o el mejoramiento en la existente. No ocurre así y año con año se acumulan miles de millones de pesos en el fideicomiso que, según el reciente informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) disponía de 19.9 mil millones de pesos en diciembre de 2009.

Es importante destacar que aun con un presupuesto limitado, IMSS-Oportunidades ha realizado acciones en beneficio de la población, acercando los servicios de salud a personas que no cuentan con seguridad social. Lo anterior se debe  gracias a que el IMSS cuenta con personal altamente  capacitado y experimentado, para atender y resolver  cualquier asunto en salud. Para lograr una mayor cobertura  es necesario dotar de mayores recursos a IMSS-Oportunidades para  infraestructura y equipamiento.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, sea incrementado el presupuesto asignado al Programa IMSS Oportunidades, por la cantidad de 700 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputada Clara Gómez Caro (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la primera etapa de la construcción del puente Río Santiago II, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados de Jalisco de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México, y del Trabajo, de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 una partida de 551 millones 154 mil 160.23 pesos para la primera etapa de la construcción del puente Río Santiago II, por el procedimiento de doble voladizo, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para el país, los sistemas integrales de comunicación y de transporte son columnas vertebrales y sistemas fundamentales para su desarrollo. Con este criterio, es ineludible considerar de primera importancia vincular integralmente y en todos los ámbitos al pueblo de México, a través del sector de comunicaciones y transportes.

El esfuerzo se debe centrar en fortalecer la infraestructura de los diversos medios para mejorar el sistema integral de transporte, que permita articular y comunicar las distintas regiones.

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de transporte, para promover la competitividad del país y del estado de Jalisco, potenciar los beneficios derivados de la suscripción de acuerdos comerciales, debemos darle importancia estratégica a un programa de ordenamiento vial que incluya el desarrollo de proyectos carreteros.

En el caso particular de Guadalajara, un proyecto nuevo de vialidades debe tener como objetivos fundamentales mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad, seguir promoviendo el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara.

El crecimiento económico y, en especial, el incremento del comercio están acelerando la demanda por nuevas facilidades viales. El transporte carretero crece por encima del promedio del resto de los medios alternativos de transporte.

La zona metropolitana de Guadalajara, se ha convertido en un punto estratégico entre diferentes metrópolis, vinculando ciudades de la frontera norte y puertos del pacífico con el centro del país y el Golfo de México.

Dentro del Fideicomiso para el Desarrollo de la Región (Fiderco) en la zona centro occidente, que incluye los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, se consideran proyectos carreteros de trascendencia que tienen como fin articular e incrementar la circulación de mercancías, bienes y servicios provenientes del centro y norte de país, y del oriente de Estados Unidos de América hacia la costa del Pacífico mexicano.

El total de proyectos que se considera es de 149, esto, para la reorganización territorial de la región. Entre estos proyectos se tiene un avance en los siguientes:

• Macrolibramiento de la zona metropolitana de Guadalajara.

• Autopista Lázaro Cárdenas-La Piedad.

• Carretera cuatro carriles de la zona metropolitana de Guadalajara a la costa de Jalisco.

• Autopista Lázaro Cárdenas-Puerto Vallarta.

A pesar de que la zona metropolitana de Guadalajara es la que conecta los principales centros de producción en la entidad, las diferentes regiones cuentan con zonas de difícil acceso o están desvinculadas de las principales arterias de comunicación, sobre todo las zonas altos norte y sur, teniendo ambas como punto obligado la zona metropolitana.

Esta concentración en torno de la zona metropolitana está impactando en general a la región centro. Se espera que para 2030, siete de cada diez habitantes del estado vivirán en esta zona.

El crecimiento urbano se ha extendido más hacia el sur con valles agrícolas y hacia el norte, la barranca del Río Santiago ha sido un obstáculo.

La zona metropolitana de Guadalajara cuenta con más de 4 millones de habitantes y 56 mil hectáreas de extensión territorial.

Los municipios de Tonalá y Zapotlanejo representan un potencial, en virtud de su posicionamiento con el centro de Guadalajara, que es de 15 km. Dotarles de infraestructura básica y equipamiento urbano necesario, ampliaría su función de absorción de la población de la zona metropolitana.

El sistema carretero de cuota de la región es de cuatro carriles, y gran parte de las carreteras libres, federales o estatales, también cuentan con cuatro vías. A pesar de ello, el punto de saturación es en la proximidad a la zona metropolitana.

Un ejemplo lo demuestra la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, que se encuentra entre las carreteras de cuota con mayor aforo vehicular. El tránsito diario promedio reporta alrededor de 34 mil 206 vehículos de los cuales, 75 por ciento son transporte privado, 18 por ciento transporte de carga y 7 por ciento autobuses de pasajeros foráneos.

La zona metropolitana presenta una problemática en cuanto a su acceso y movilidad vehicular, debido a las siguientes circunstancias:

• Falta de ligas viales que integren un sistema de movilidad metropolitana y regional.

• El flujo vial foráneo y local se concentra en unas cuantas vialidades.

• Inhibición de la inversión por escasez de oportunidades de accesibilidad.

• Saturación y congestionamiento del sistema vial existente.

• Características topográficas de la ciudad que han impuesto barreras físicas, limitan la conectividad vial.

De seguir la tendencia de crecimiento en este sentido, sin acciones oportunas, el problema de circulación vehicular en las principales vías de acceso a la ciudad localizadas al oriente continuará el proceso de marginación y segregación poblacional.

Ante este fenómeno, es urgente considerar soluciones inmediatas que eviten que la zona metropolitana de Guadalajara se convierta en un caos que se refleje en la calidad de vida de su población.

Por ello, proponemos la construcción del puente Río Santiago II, por el procedimiento de doble voladizo, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Este puente busca redireccionar los flujos regionales del centro occidente y abatir tiempos de traslado de la carga que hoy tiene que entrar a la ciudad, así como elevar el nivel de servicio de las propias arterias metropolitanas.

Esta acción se concluiría, en otra etapa, con accesos, obras complementarias y señalamientos.

Es importante resaltar que el puente permitirá dinamizar la parte oriente de Guadalajara, considerando que las actividades económicas del otro lado del Río Santiago se incrementarán considerablemente. El impacto económico será positivo para usos industriales, servicios, equipamiento educativo, comercio y habitacional.

Los beneficios esperados con esta construcción son los siguientes:

• Promover la articulación vial con los principales corredores macrorregionales.

• Disminuir los costos de traslado en la zona conurbada de Guadalajara.

• Descongestionar las principales vías de acceso a la ciudad.

• Regular y ordenar el territorio, encauzando el proceso de conurbación.

• Consolidar zonas industriales, de servicios y de comercio regional propuestas en planes municipales.

• Integrar la red de transporte metropolitano.

• Comunicar centros urbanos y zonas rurales de la zona oriente con la región.

• Estimular el desarrollo en zonas con alto índice de marginalidad.

• Facilitar el acceso a centros de trabajo, de negocios y de servicio existentes en la zona metropolitana de Guadalajara.

Por lo expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados destine una partida de 551 millones 154 mil 160.23 pesos para la primera etapa de la construcción del puente Río Santiago II, por el procedimiento de doble voladizo, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Solicitamos se turne este punto de acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones, de Transportes, de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública, y que se integre el texto en el Diario de los Debates.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputados: Jorge Arana Arana, Salvador Caro Cabrera, Ana Estela Durán Rico, Clara Gómez Caro, Joel González Díaz, Olivia Guillén Padilla, David Hernández Pérez, Jorge Humberto López-Portillo Basave, José Trinidad Padilla López, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Rafael Yerena Zambrano, Arturo Zamora Jiménez,  Juan José Cuevas García, Alberto Esquer Gutiérrez, Gustavo González Hernández, César Octavio Madrigal Díaz, Carlos Luis Meillón Johnston, María Joann Novoa Mossberger, Ana Elia Paredes Árciga, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Ignacio Téllez González, Alberto Emiliano Cinta Martínez, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para los programas del Fonhapo, a cargo del diputado Martín García Avilés, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de que se considere un incremento de 3,995.62 millones de pesos del ejercicio presupuestal de 2011 a los programas del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), con el propósito de proveer condiciones de vivienda digna a la ciudadanía que lo necesita:

Antecedentes

Una constante en la realidad de nuestro país, que vemos agudizarse desde hace más de tres décadas, con la aplicación de políticas neoliberales, es la pobreza. Siendo uno de los rubros en los que se evidencia, el rezago en el poder adquisitivo de las y los mexicanos, el de la vivienda.

Comprometido con las necesidades de la ciudadanía, siendo una de ellas el  problema de la vivienda, que debe de considerarse como prioritaria, toda vez, que se trata de un derecho consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución, en donde se establece que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

De conformidad con este mandato constitucional es que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, como uno de los objetivos nacionales, el reducir la pobreza extrema para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizada una vivienda digna.

Cabe decir que, acorde con nuestra Constitución, en la Ley General de Desarrollo Social se establece lo siguiente:

Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales...

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público...

VII. Los programas de vivienda.

Artículo 20. El presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto en los criterios generales de política económica...

Artículo 23. La distribución del gasto social con el que se financiara el desarrollo social, se sujetara a los siguientes criterios:

El gasto social per cápita no será menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior...

Dado que resulta imprescindible para cualquier democracia el fortalecimiento de capacidades básicas que permitan una mayor igualdad de oportunidades, sobre todo para la población que se encuentra en condiciones de pobreza.

Consideraciones

Dada la consagración a nivel constitucional del derecho de toda familia a contar con una vivienda digna, es que se crea en el año de 1981 el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) que tiene como uno de sus fines, el de financiar la construcción, ampliación y el mejoramiento de viviendas, a través del crédito y el subsidio.

El Fonhapo financia los programas de vivienda popular de los organismos de vivienda de los gobiernos estatales y municipales, siendo su objetivo apoyar a la población que se encuentra en situación de pobreza patrimonial, preferentemente no asalariada, para resolver sus necesidades de vivienda.

Es por ello, que el Fonhapo constituye la única entidad de vivienda sectorizada a Sedesol y, por tanto, responsable de atender la política social de vivienda por lo que es fundamental su labor para contrarrestar la pobreza patrimonial del país.

Toda vez, que la población en pobreza patrimonial no asalariada, en la mayoría de los casos, no tiene solvencia para ser sujeto de crédito ni apoyos de otros organismos de vivienda, y debe ser apoyada con subsidios a través del Fonhapo, en coordinación con los gobiernos de los Estados y Municipios.

Cabe aclarar que instituciones como el Conavi, el Fovissste, el Infonavit, la SHF atienden a sectores de población diferentes a los que atiende el Fonhapo. Por lo que no existe duplicidad sino complementariedad. Dado que el Fonhapo apoya a la población no asalariada que se encuentra en pobreza patrimonial. Es decir, a los más pobres, especialmente de la zona rural e indígena.

Esto es, el Fonhapo combate la pobreza patrimonial, principalmente en el sector de la población económicamente activa sin seguridad social y en zonas rurales, a través de:

• Subsidios, con recursos fiscales, a partir del 2003, a través de los programas: Tu Casa (cobertura nacional) y Vivienda Rural (localidades rurales e indígenas); y

• Créditos, con recursos propios, por medio de su Programa de Crédito (suspendido en 2007).

Cabe resaltar que los subsidios del Fonhapo se complementan con aportaciones de los gobiernos locales, de los beneficiarios y en ocasiones de aportaciones a fondo perdido de Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas, principalmente Fundaciones.

Ahora bien, la focalización de los subsidios que otorga el Fonhapo  a través de los programas Tu Casa y Vivienda Rural, en función al ingreso y las prestaciones sociales, corresponde a familias o personas con ingresos mensuales menores a los 3 salarios mínimos. Con el programa de Crédito el Fonhapo se atendería a la población del sector sin seguridad social con ingresos mensuales entre los 3 y 5 salarios mínimos. En tanto, que los subsidios del Fonhapo se otorgan a hogares o personas en pobreza patrimonial para edificar o adquirir unidades básicas de vivienda, así como para ampliar o mejorar aquellas que lo requieran.

Finalizo esta exposición de motivos con una referencia a la evaluación específica de desempeño 2009/2010 realizada por El Colegio de México para el Coneval:

• Respecto al programa Tu Casa establece: “el programa atiende a una población que no es cubierta por las grandes instituciones de vivienda de México”; sin embargo, presenta una cobertura muy pequeña debido al bajo presupuesto con el que cuenta para atender las necesidades habitacionales de la población en pobreza patrimonial.

• Para el programa Vivienda Rural dice que “se han subsanado la mayor parte de las deficiencias de la Matriz de Indicadores de Resultados, así como un avance importante en las reglas de operación; al igual que en el programa Tu casa, su principal fortaleza es que atiende a una población que no es cubierta por las grandes instituciones de vivienda de México”; sin embargo, presenta una cobertura muy pequeña debido al bajo presupuesto con el que cuenta para atender las necesidades habitacionales de la población en pobreza patrimonial.

No obstante lo señalado en los dos párrafos anteriores y lo dispuesto por el artículo 23, fracción I de la Ley General de Desarrollo Social, antes citado. De donde se desprende la necesidad de incrementar los programas del Fonhapo y la obligación de no destinar un gasto social per cápita menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior. Tenemos que en el año 2009 se realizó un recorte presupuestal al programa “Tu Casa” de 130.00 millones de pesos y que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se propone una disminución de 197.43 millones de pesos, para dicho programa.

Sin considerar que:

- En México hay 10.93 millones de hogares en pobreza patrimonial, que de dicha cantidad, 4.63 millones de hogares (aproximadamente 21 millones de habitantes), presentan alguna necesidad de vivienda, es decir, el 44.56%.

- 1.5 millones de hogares en pobreza patrimonial requieren una vivienda nueva y 3.08 millones de acciones de ampliación o mejoramiento de vivienda (existen 3.09 millones de hogares con necesidad de acceso a servicios básicos de agua, luz y drenaje).

- El 65.86% de las necesidades de acciones de vivienda (3.05 millones de hogares) se presentan en zona rural, y el resto (1.58 millones), en zona urbana (actualmente existen 967 mil hogares en pobreza patrimonial que hablan lengua indígena, con necesidades de vivienda).

Luego entonces, si tenemos que los 21 millones de personas que demandan apoyos inmediatos para acciones de vivienda, representan alrededor del 42% del total de la población en situación de pobreza patrimonial, y, considerando, que se proyecta un presupuesto anual de 6 747.58 millones de pesos para acciones de vivienda, la proporción asignada en el Presupuesto de Egresos de la Federación a los programas a cargo del Fonhapo debe ser de al menos un porcentaje igual o superior a un 42% del monto antes referido.

Derivado de las consideraciones de hecho y de derecho antes vertidas les solicito, compañeras y compañeros diputados, que se realice un incremento del 200% al proyecto de Presupuesto enviado a esta honorable Cámara, esto es, por la cantidad de 3,995.62 millones de pesos, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal, el Fonhapo cuente con un presupuesto de 5,993.43 millones de pesos con el propósito de proveer condiciones de vivienda digna a la ciudadanía que lo necesita.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que se considere un incremento de 3,995.62 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 2011, a los programas del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, con el propósito de proveer condiciones de vivienda digna a la ciudadanía que lo necesita.

Notas:

1 Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, faculta a la Secretaría de Desarrollo Social, al respecto, para:

“I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;

”XII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrolla urbano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, y los sectores social y privado;

”XIV. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desa-rrollo regional y urbano, así como para la vivienda...”

2 Dados obtenidos del “Diagnóstico de las necesidades y rezagos en materia de vivienda de la población en pobreza patrimonial”, concluido en diciembre de 2009.

3 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008.

Dado en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 30 de septiembre de 2010.— Diputado Martín García Avilés (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para diversos proyectos de conservación, mantenimiento urbano e infraestructura en Gustavo A. Madero, Distrito Federal, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere una partida presupuestaria para diversos proyectos de conservación, mantenimiento y creación de infraestructura urbana en la delegación Gustavo A. Madero (GAM), a cargo del suscrito, al tenor de lo siguiente

Antecedentes

1. La delegación Gustavo A. Madero se ubica en el extremo noreste del Distrito Federal; ocupa una posición estratégica con respecto a varios municipios conurbados del Estado de México; ya que se encuentra atravesada o limitada por importantes arterias que conectan la zona central con la zona norte del área metropolitana, tales como son Insurgentes Norte, que se prolonga hasta la carretera a Pachuca, el Eje 3 Oriente (avenida Eduardo Molina), el Eje 5 Norte (calzada San Juan de Aragón); que conecta con la avenida Hank González o avenida Central; en la zona poniente de la delegación se ubican la calzada Vallejo, el Eje Central Lázaro Cárdenas (avenida de los Cien Metros) y el Anillo Periférico Norte.

2. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en 2000 contaba con aproximadamente 1 millón 235 mil 542 habitantes, lo cual hoy en día ha sido rebasado, dato que se actualizará una vez que el Inegi de a conocer dichas cifras del censo de población y vivienda 2010, donde seguramente se aumentará en por lo menos un 10 por ciento más de población.

3. Tiene una extensión de 95 kilómetros cuadrados. Colinda con los municipios de Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, asimismo con las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Azcapotzalco.

4. Además, entre los límites de esta delegación y de la Azcapotzalco se encuentra una de las zonas industriales más importantes de la Ciudad de México, Industrial Vallejo.

5. También hay varias colonias importantes como son la Colonia Guadalupe Tepeyac, Lindavista, Acueducto de Guadalupe, Cuautepec, Santa María Ticomán, entre otras. Gabriel Hernández, una de las colonias pertenecientes a la delegación GAM ubicada en la parte norte de ésta. Su principal fiesta es el día 29 de septiembre festejando a San Gabriel; habiendo carnaval, peregrinación, feria, kermesse, lucha libre, boxeo y por la noche el gran baile. Año con año se lleva a cabo esta celebración. Ubicada entre la avenida Insurgentes Norte y avenida Centenario colinda con las colonias CTM Atzacoalco y Martín Carrera.

6. Actualmente se encuentra en construcción la línea 3 del Metrobús que correrá de Tenayuca hasta Etiopía. Estas obras que comenzaron en su primera etapa el 5 de marzo 2010 tienen como fin brindar un servicio de transporte de pasajeros con 32 estaciones a lo largo de 17 kilómetros. Con la Incorporación de esta línea al sistema Metrobús, se beneficiará a más de 2 millones de habitantes de la Ciudad de México. La Línea 3 conectará con las Líneas 1 y 2 de Metrobús, Líneas B, 1, 2, 3, 5 y 6 del Metro y Tren Suburbano. Atenderá a las demarcaciones siguientes: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

7. También podemos encontrar varios centros comerciales como Plaza Lindavista, Plaza Tepeyac, Plaza Torres Lindavista, Pabellón Ticomán y Parque Lindavista.

8. De igual manera otro sitio para visitar en esta demarcación es el famoso t fundado en 1967, en la colonia 25 de Julio al noroeste del DF, como un simulado mercado de fierros viejos y zapatos usados, hoy San Felipe de Jesús se ha transformado en un tianguis dominical de más de 30 mil comerciantes y motivo de recreación, paseo y compras de unos 200 mil visitantes que arriban procedentes de diversos estados vecinos de la capital. Con cerca de 9 hectáreas, este mercado se caracteriza por la variedad de los artículos que en él se ofertan (artesanías, muebles, ropas, artículos electrodomésticos, etcétera) y precios bajos, además de localizarse en un punto neurálgico de la capital mexicana.

Lo anterior ha provocado que el presupuesto asignado en ejercicios anteriores resulte insuficiente para cubrir servicios básicos como educación, salud, vivienda y saneamiento los cuales son indispensables para brindar una mejor calidad de vida a quienes trabajan, visitan y habitan esta zona.

Consideraciones

Por ello se requiere la conservación, mantenimiento e infraestructura urbana, con obras públicas de alto impacto que permitan el desarrollo y bienestar de la población, no podemos negar que las características del entorno siempre se verán repercutidas en la vida de los pobladores, es por ello que es imperante la realización necesaria de las siguientes acciones de mejora como:

1. Construcción y adecuación de espacios para la salud en Gustavo A. Madero, con una erogación de 42.5 millones pesos, que se destinarán a:

• Construcción de 12 consultorios delegacionales en diversas direcciones territoriales de la delegación Gustavo A. Madero.

• Adecuación de 4 espacios para la instalación de consultorios médicos en espacios públicos.

• Construcción del Centro de Adicciones GAM I en la Colonia Constitución de la Republica.

2. Ampliación y mantenimiento a la red de centros de desarrollo infantil (Cendis) en la delegación Gustavo A. Madero con una erogación de 36.5 millones de pesos

• Construcción del centro de desarrollo infantil delegacional GAM I donde serán reubicados 4 de los existentes.

• Construcción del centro de desarrollo infantil La Lengüeta.

• Construcción de dos aulas cocina comedor en los Cendis Emiliano Zapata e Hilda Anderson.

• Mantenimiento preventivo y correctivo a 13 centros de desarrollo infantil en diferentes direcciones territoriales.

3. Construcción, conservación y mantenimiento a los centros culturales con un gasto programado de 56 millones de pesos, con las siguientes acciones:

• Construcción para el centro de desarrollo social y cultural La Malinche.

• Construcción para el centro de desarrollo social y cultural Vallejo.

• Construcción para el centro de desarrollo social y cultural Progreso Nacional .

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura Juventino Rosas.

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura Guadalupe Insurgentes.

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura La Estrella.

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura Benito Juárez.

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura Cuchilla del Tesoro.

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura Primavera.

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura Benito Juárez.

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura Cuchilla del Tesoro.

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura Primavera.

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura Paco Ignacio Taibo II.

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura Encuentro Juvenil.

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura Aarón Gordian.

• Mantenimiento correctivo y preventivo para la casa de cultura Gabriel Hernández

5. Construcción, conservación y mantenimiento a la infraestructura vial en Gustavo A. Madero con un gasto programado de 363 millones de pesos, con las siguientes acciones:

• Construcción del puente vehicular del cruce de las avenidas de los Cien Metros y Montevideo.

• Construcción del puente vehicular del cruce de las avenidas Chalma de Guadalupe y Santa Teresa.

• Construcción de 7 puentes peatonales en diversos puntos de la delegación.

• Ampliación a la capacidad de rodamiento de la avenida Chalma de Guadalupe entre el Benemérito de las Américas y la avenida Santa Teresa.

• Construcción de 12 adecuaciones geométricas en diversos puntos de la delegación.

• Estudio y Proyecto Ejecutivo para la solución de la problemática vial de la Zona de Cuautepec.

• Mantenimiento a 24 puentes peatonales con problemática estructural en diversos puntos de la delegación.

• Construcción de la avenida Lázaro Cárdenas, colonia La Pastora de la Dirección Territorial número 8.

• Construcción de la carpeta de rodamiento a base de concreto hidráulico en la avenida Euskaro de la Dirección Territorial número 5.

• Construcción de la vialidad en la calle Pata de León de la colonia Luis Donaldo Colosio de la Dirección Territorial número 9.

• Construcción de la vialidad en la avenida baja california en la colonia Chalma de Guadalupe de la Dirección Territorial Número 9.

• Construcción de la vialidad en la avenida del Tanque de la colonia del Carmen de la Dirección Territorial número 9.

• Construcción de escalinatas y vialidad en la colonia Gabriel Hernández de la Delegación Gustavo A. Madero.

• Construcción de carpeta de concreto hidráulico en la calles de las Direcciones Territoriales 8 y 10 de la delegación Gustavo A. Madero.

6. Construcción, Conservación y Mantenimiento a los Centros de Desarrollo y Bienestar Social con un gasto programado de 40.5 millones de pesos, con las siguientes acciones:

• Construcción del centro de prestación social Yolocuautli

• Construcción del centro de desarrollo comunitario y centro de prestación social El Zarco.

• Construcción del centro de desarrollo comunitario y centro de prestación social La Manzana.

• Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 centros de prestación social.

• Mantenimiento preventivo y correctivo a 6 centros comunitarios integrales (Cecois), 2 módulos de bienestar social.

7. Construcción, Mantenimiento de la Infraestructura Educativa con un gasto programado de 433.75 millones de pesos, con las siguientes acciones:

• Construcción de estructuras y colocación de 35 mallas de protección solar al 70% en diferentes planteles.

• Construcción de burladeros para de protección en 100 planteles educativos.

• Mantenimiento a los dispositivos de pilotes de control en 15 primarias y 12 secundarias, ubicadas dentro de las Direcciones Territoriales números 1, 2, 3, 4, 5 y 7.

• Construcción de biblioteca en la E.P. Consuelo Martínez de Cuervo.

• Construcción de usos múltiples, computo, cocina-comedor y bodega en la E.P. José Revueltas.

• Construcción de aula didáctica en el J.N. Compositores Mexicanos.

• Construcción de aula didáctica en el J.N. Selma Lagerlof.

• Construcción de 2 aulas didácticas en el J.N. Mazatl.

• Construcción de núcleo sanitario en el J.N. Ángel del Campo.

• Construcción de escalera de emergencia y aula de usos múltiples en la E.P. Daniel Delgadillo.

• Construcción de aula biblioteca y USAER en la E.P. Carlos B. Munguía

• Construcción de aula de usos múltiples de la E.P. La Pradera

• Construcción de aula didáctica y salón de usos múltiples en el J.N. John Dewey.

• Construcción de aula didáctica en la E.P. Carlos Bauer.

• Construcción de 2 aulas didácticas en la Telesecundaria 1.

• Construcción de aula de usos múltiples en la E.P. Dr. Salvador Allende

• Construcción de aula de usos múltiples de la E.P. Nicolás Bravo

• Construcción de USAER en la E.P. Alejandro de Humboldt.

• Construcción de aula cocina-comedor, salón de usos múltiples, Usaer, biblioteca, área administrativa, consejería y núcleo sanitario en la E.P Andrés Osuna.

• Construcción de 9 aulas didácticas, conserjería y núcleo sanitarios en la E.P. Emperador Cuauhtémoc.

• Sustitución parcial de la E.P. Hidroeléctrica.

• Sustitución parcial del edificio principal del la E.P. Gral. Lázaro Cárdenas.

• Sustitución total E.P. Obras del Valle de México.

• Sustitución total de la E.P. Club de Leones de la Villa 2.

• Sustitución parcial de la E.S. Augusto César Sandino.

• Sustitución parcial de la E.S. Alfonso García Robles.

• Proyecto ejecutivo y construcción para la reestructuración de la E.P. Centenario del 47.

• Proyecto ejecutivo y construcción de sustitución de escalera de emergencia en E.P. Trinidad y Tobago.

• Proyecto ejecutivo y construcción de ampliación en E.S. 85 República de Francia.

• Proyecto ejecutivo y construcción para la sustitución total del J. N. Nonatzin.

• Proyecto ejecutivo y construcción para sustitución total de la E.P. Pascual Ortiz Rubio.

• Proyecto ejecutivo y construcción para la sustitución total de la E.S.D. 48 Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza.

• Proyecto ejecutivo y construcción para la sustitución parcial de la E.P. Tezozomoc.

• Proyecto ejecutivo y construcción de oficinas y sala de juntas en J.N. Esperanza García Conde de Nyssen.

• Proyecto ejecutivo y construcción de biblioteca en J.N. Netzahualcóyotl

• Proyecto ejecutivo y construcción de elevador en centro de atención múltiple número 3.

8. Obras de mitigación de riesgo, con un gasto programado de 88.45 millones de pesos, con las siguientes acciones:

• Construcción de la estación de bomberos Cuautepec.

• Construcción para la ampliación y corrección del cauce en Miguel Lerdo de Tejada en el tramo de Nicanor Castillo a Cerro del Abanico, en la colonia el Parque Metropolitano en la Dirección Territorial 1.

• Segunda etapa de la construcción de muro de contención en el río Cuautepec en el tramo Darío Fernández a Palmatitla, en la colonia Palmatitla de la Dirección Territorial 10.

• Segunda etapa de la Ampliación de cauce para mitigar el riesgo en el río Cuautepec en el tramo de la calle Arroyo en la colonia Tlalpexco de la Dirección Territorial 9.

• Mantenimiento de los muros de gavión, para mitigar el riesgo en el Cerro del Panal en la colonia Chalma de Guadalupe de la Dirección Territorial 9.

• Colector alterno Rosa de Lima, Ampliación y Corrección del cauce en Palmatitla.

• Construcción de muro de contención en la calle Eucalipto de la colonia Malacates de la Dirección Territorial 10.

• Levantamiento de necesidades, Proyecto y Construcción de barda perimetral 1.8 kilómetros, Muro Ecológico Tipo I en el área natural protegida Sierra de Guadalupe.

• Proyecto para la ampliación del cauce y construcción de muros de contención en el tramo de Fanny Schiller a Viveros de la Paz, en el Río Cuautepec en la colonia Arboledas Cuautepec de la Dirección Territorial 10.

• Primera etapa de desarrollo de los trabajos necesarios para estabilizar las áreas de riesgo en Cerro del Tepeyac, colonia Rosas del Tepeyac.

• Proyecto y obra para la construcción de muros de contención, en varios puntos ubicados en las D.T. 8, 9 y 10.

• Mitigación de riesgos mediante muro de contención en la calle Belisario Domínguez, colonia Malacates.

9. Obras de mantenimiento y construcción de edificios públicos, con un gasto programado de 30 millones de pesos, con las siguientes acciones:

• Mantenimiento preventivo y correctivo al centro de educación ambiental Joya de Nieves.

• Construcción de las oficinas de la Territorial número 3.

Por eso es necesario y en razón de lo anteriormente planteado debemos resaltar que la importancia en la conservación y mantenimiento de esta delegación no es un lujo, por el contrario, es una necesidad y es además un compromiso ciudadano, que indudablemente ayudará a reducir los índices delictivos que presenta esta zona, aún más, permitirá realizar actividades comerciales, deportivas y educativas en condiciones óptimas que fomenten el crecimiento cultural, social, comercial y económico de los ciudadanos de esta delegación política.

El presente punto de acuerdo es una gran oportunidad de poder dar mejores condiciones de vida a los habitantes de la delegación Gustavo A. Madero.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solicito al pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, establezca una partida presupuestal por la cantidad de $1.100, 000, 000 (un mil cien millones de pesos 00/100 m/n) para la realización de los proyectos de conservación, mantenimiento y creación de infraestructura urbana, contenidos en el presente punto de acuerdo, a favor de la delegación Gustavo A Madero.

Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos a la Secretaría de Educación del Distrito Federal para programas, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Nazario Norberto Sánchez, en nombre propio, como diputado federal e integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben el presente documento; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, propuesta con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos adicionales a la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal y ésta desarrolle programas de educativos; que ayuden a reducir el rezago educativo del país e impida la deserción escolar en los diferentes niveles escolares en la Ciudad de México.

Antecedentes

1. Lograr una cobertura universal de educación básica es un objetivo fundamental de la política educativa mexicana. El Distrito Federal ha tenido en las últimas décadas un importante incremento de la cobertura en educación preescolar, primaria y secundaria, además de la atención en educación inicial y especial.

Esto sitúa a la entidad en índices de cobertura muy cercanos al cien por ciento de atención; aquí incluso se brindan servicios educativos a niñas y niños que habitan en el Estado de México.

El Distrito Federal tiene indicadores muy favorables a nivel nacional en materia educativa: la población tiene niveles mínimos de analfabetismo, un gran número de madres de familia cuenta con educación básica concluida y la población económicamente activa tiene altos niveles de escolaridad.

Sin embargo, hay elementos que generan importantes áreas de oportunidad, como la presencia de población indígena, pues muchas de estas familias presentan desventajas económicas que hacen que sus hijos estén en riesgo de no acceder o de desertar de la escuela, por lo que se requiere de la operación de programas compensatorios que favorezcan su integración escolar.

2. Otro problema trascendente en las escuelas es el incremento en la violencia y el consumo de drogas entre los niños y jóvenes. En este sentido es necesario conocer la magnitud de los fenómenos y aplicar programas que contribuyan a combatirlos a fin de que los planteles estén en condiciones de cumplir con su tarea formativa.

3. La responsabilidad de este complejo sistema educativo estaba a cargo de la SEP a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF).

Ese órgano tuvo su origen en el proceso de descentralización iniciado en 1992. Su nombre original fue Coordinación General de Servicios Educativos para el Distrito Federal y le fue conferida la dirección y operación de los planteles de educación inicial, básica, especial y la formación de maestros en la Ciudad de México.

4. El 26 de marzo de 1994 se publicaron modificaciones al Reglamento Interior de la SEP, donde cambió la denominación de la Coordinación General por la de Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal.

5. El 1 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo cambio en el Reglamento Interno de la SEP y se decretó la creación de la AFSEDF como un órgano desconcentrado de la SEP con autonomía técnica y de gestión y que absorbió las funciones de la subsecretaría.

6. El Gobierno del Distrito Federal, cuenta ahora con una Secretaría de Educación, que tiene la misión de sentar las bases para sustentar el futuro de las próximas generaciones a través del proyecto de la Ciudad Educadora y del Conocimiento, además del ineludible compromiso de operar la transferencia de los servicios educativos administrados por el gobierno federal y mantener funcionando los servicios que actualmente proporciona el gobierno de la ciudad, de manera sustentable, eficiente y con altos estándares de calidad.

Esta LXI Legislatura y concretamente el ejercicio de este Presupuesto de Egresos del 2011; tiene una deuda con la sociedad, concretamente con los habitantes de esta gran urbe, capital de todos los mexicanos, por lo que resulta inminente la necesidad de dotar de los recursos necesarios a dicha instancia en razón de las siguientes:

Consideraciones

1. La Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal cuenta con diversos programas que si bien es cierto nos colocan en la impartición de una educación de calidad, también lo es que no es suficiente y que tenemos que redoblar esfuerzos toda vez que estamos completamente seguros que será la educación, la vía más idónea para atacar los grandes lastres que aquejan a nuestra ciudad; pero además asfixian al país entero.

2. La Secretaria de Educación del Distrito Federal se encarga de la prestación de los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial, normal y para adultos en escuelas con sostenimiento público, además de que supervisa el funcionamiento de las escuelas privadas. Cuenta con facultades específicas y competencias decisorias que le permiten generar mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios en la capital del país, impulsando y garantizando una educación pública laica, gratuita y obligatoria, con calidad y equidad.

3. La Secretaría de Educación del Distrito Federal, como dependencia de la administración pública del DF, se constituyó en la instancia formal que represente al Gobierno del Distrito Federal en el proceso de transferencia-recepción de los servicios educativos y asume las funciones de la AFSEDF, una vez suscrito el Convenio de Descentralización. De esta manera, la operación del sistema educativo descentralizado cumplirá su función formativa sin interrupción alguna.

Se propuso la creación de la Secretaría de Educación del Distrito Federal como la Dependencia de la Administración Pública responsable de la recepción de los servicios educativos, de manera que en coordinación con las autoridades federales, se lleve a cabo el proceso de Transferencia-Recepción de manera eficiente y ordenada.

La Secretaría de Educación es el medio por el cual la Ciudad de México hace explícita su vocación y carácter de ciudad educadora y del conocimiento, donde las escuelas de la ciudad y las acciones educativas no formales e informales, se conviertan en el modelo de un sistema educativo capaz de cumplir con las garantías educativas que dicta la Constitución, mediante un proyecto cultural y formativo de largo aliento, eficiente y convivencial propio. La ciudad educadora tendrá como objetivo constante aprender, intercambiar, compartir y, por lo tanto, enriquecer la vida de sus habitantes.

Ello implica para la Secretaría de Educación asuma un papel protagónico en diversos campos donde deberán operarse cambios fundamentales, tanto en la revaloración de la escuela como espacio de conocimiento, aprendizajes e identidad, como en su relación con el entorno familiar, de la comunidad y de la ciudad.

El proyecto de la Ciudad Educadora y del Conocimiento implica la organización del sistema educativo de la Ciudad de México articulado y vinculado a las políticas generales de desarrollo, que requerirá de procesos de gestión pública transversal y coordinada, con las dependencias y entidades del Gobierno del Distrito Federal, en aquellas acciones que incorporan el factor educativo, entendido como un proceso que se da a lo largo de toda la vida en todas las áreas de la vida.

Las políticas prioritarias de la Secretaría de Educación, atiende los valores de justicia social para la convivencia, atendiendo los siguientes objetivos:

• Ofrecer a todos los habitantes de la ciudad, el acceso a todos los medios y oportunidades de formación y desa-rrollo personal, en condiciones de igualdad y libertad.

• Promover la educación en la diversidad, para la comprensión, la cooperación solidaria y la paz, combatiendo cualquier forma de discriminación.

• Proporcionar los medios para garantizar la libertad de expresión, la diversidad cultural y el diálogo en condiciones de igualdad.

• Acoger tanto las iniciativas artísticas de vanguardia como las de cultura popular, independientemente de su origen.

Fomentar el diálogo entre generaciones, como búsqueda de proyectos comunes y compartidos entre grupos de personas de edades distintas

4. Nos queda claro que para satisfacer las necesidades planteadas con anterioridad y para el debido desarrollo de tan delicada encomienda y labor que tiene a cuestas la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal es indispensable que ésta cuente con el presupuesto necesario para poder hacer frente al tema tan delicado como los ninis, niños y jóvenes catalogados o calificados así porque ni estudian ni trabajan; colocándonos en un estado de vulnerabilidad siendo prensa fácil de la delincuencia y de la drogadicción.

5. En el Gobierno de la Ciudad de México se impulsa la educación bajo el lema “Por la educación, todo el gobierno, todos los días, todas las acciones”, por lo que para seguir mejorando y cumplir con los objetivos planteados con anterioridad se requiere de contar con un mayor presupuesto para cumplir con el debido desarrollo de las funciones y encomiendas de la Secretaría de Educación del Distrito Federal.

6. Quedan pendientes varios proyectos y actividades a de-sarrollar por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, tales como:

El proyecto de la Ciudad Educadora impulsará una agenda educativa con énfasis en los siguientes temas:

Pertinencia educativa y cambio social: la realidad urbana que caracterizan a la ciudad capital, dinámica, en permanente cambio, de contrastes, desigualdades y diferencias, deberá considerarse como componente del proceso formativo para el diálogo, la convivencia, la tolerancia y el respeto.

Educación y desarrollo económico:la realidad económica que imprime una dinámica de exclusión, competencia y exigencias de calidad, deberá considerarse como un elemento crítico de los aprendizajes que propicie el fortalecimiento del tejido social, desde una perspectiva incluyente y democrática del desarrollo social y económico.

Educación y sustentabilidad del ambiente: el vínculo indisoluble y de interdependencia entre lo social y la naturaleza, será un tema indispensable para fortalecer una cultura de respecto al ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales en la construcción de un futuro viable para los habitantes de la ciudad.

Educación y derechos humanos: la educación debe constituirse como el pilar para la defensa y promoción de los derechos humanos, la inclusión social, la igualdad, la libertad, el respeto y la tolerancia, así como el medio privilegiado para la reconstitución del tejido social y la convivencia armónica, entre generaciones, etnias y géneros.

Educación y diversidad cultural:el reconocimiento de la ciudad como aglutinante de la mayor diversidad cultural y étnica del país, que influye tanto en la desigualdad social y económica como en las formas de operación del sistema educativo, deberá atender a las necesidades de formación docente, información y apoyos técnicos pedagógicos que erradiquen la discriminación diferenciación educativa y social, y por el contrario, reivindique como parte de la identidad nacional la lengua, las costumbres y valores propios de las etnias. El reto es eliminar la diferenciación entre educación de calidad para no indígenas y para indígenas, en la ciudad.

Educación e identidad nacional:la realidad política del país, y la historia reciente de la ciudad, constituyen por sí mismos experiencias de aprendizaje y participación social de los ciudadanos, donde la percepción de las identidades locales e inclusive delegacionales han rebasado la coyuntura política, instalándose como referente permanente de diferenciación y división en las relaciones entre los capitalinos. La promoción de valores de convivencia a través de la educación, que tengan como eje la identidad local y nacional, se impone como un tema necesario de la agenda educativa.

Educación y democracia: El mayor poder de decisión ciudadana tiene una alta potencialidad democrática, que eleva el papel de la responsabilidad individual y colectiva sobre la toma de decisiones que afectan a todos, por ello la formación ética se convierte en un requisito central del proceso educativo (formal) y de experiencias de aprendizaje (no formal), que encuentra el referente directo de su significado en la coherencia del discurso y la acción entre gobierno-gobernados, maestros-alumnos, autoridades-padres de familia.

El camino que queremos transitar es el que posiciona a la educación como el eje estratégico de las acciones de un gobierno con carácter social.

Implica asumir la defensa y promoción de los derechos humanos, el acceso al conocimiento y los aprendizajes para toda la vida como elemento de equidad.

Implica asumir la responsabilidad de generar una amplia participación y movilización social capaz de enfrentar los desafíos presentes, de una comunidad nacional y mundial vertiginosamente cambiante y de un futuro que deseamos prometedor; capaz de sortear las adversidades, superar la vulnerabilidad y propiciar nuevas formas de organización social que fortalezcan las más nobles cualidades de la naturaleza humana, para garantizar la cohesión social, con justicia e igualdad.

Estas cuestiones fundamentales hacen referencia a la calidad de los procesos y los servicios educativos, de ahí que consolidar la educación de calidad para todos, se impone necesariamente, así como la obligación de propiciar condiciones de plena igualdad educativa y de acceso al conocimiento, donde todos y todas puedan sentirse respetados y ser respetuosos, capaces de acrecentar su disposición a convivir en el constante cambio, nutrirse de la diversidad, compartir y dialogar, sobre la base del respeto, la tolerancia y la convivencia solidaria.

A partir de la aprobación de mayor presupuesto contemplado para que por medio de las autoridades federales se destinen mayores recursos a la Secretaria de Educación del D.F.; dicha dependencia trabaja arduamente y se concentra en tres ejes de acción inmediata:

• Asumir el conjunto de las funciones y servicios que viene realizando el gobierno de la ciudad de México en materia educativa.

• Propiciar condiciones favorables para culminar con el proceso de descentralización de los servicios educativos de la ciudad, desde la perspectiva del modelo educativo de la SE DF

• Diseñar el proyecto de ciudad educadora y del conocimiento.

Dichos recursos adicionales o fondo económico para el sector educativo en el Distrito Federal, debe cubrir las necesidades de una ciudad que para algunos es la ciudad más grande del mundo y por lo tanto sus problemas son sumamente complejos, sumandos los factores ya mencionados de crisis económica, la inseguridad, el grado de deserción escolar; por lo que debe considerarse sean destinados alrededor de $800.000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 m/n). Para tal efecto.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Que la honorable Cámara de Diputados acuerde que en el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos adicionales a la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal y ésta desa-rrolle programas de educativos que ayuden a reducir el rezago educativo del país e impida la deserción escolar en los diferentes niveles escolares en la Ciudad de México.

Palacio Legislativo, 5 de octubre de 2010.— Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para programas de prevención y diagnóstico de riesgos, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Nazario Norberto Sánchez, en nombre propio, como diputado integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben el presente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, a fin de que en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 2011, por medio de las autoridades federales se destinen recursos adicionales a la secretaría de protección Civil del gobierno del Distrito Federal y esta desarrolle programas de prevención y diagnóstico de riesgos; que prevengan desastres en la Ciudad de México;al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Que a raíz del sismo y tsunami ocurridos en Sumatra el 26 de diciembre de 2004 (sismo de magnitud 9 y tsunami que atravesó el Atlántico y el Pacífico provocando más de 220 mil muertes, más de 22 mil desparecidos y más de un millón de damnificados en Asia y África), surgió la preocupación en México por saber si este tipo de fenómenos podría incidir en nuestro territorio.

2. Que México es un país donde han ocurrido más de 150 sismos moderados y grandes durante los últimos cien años. Si se dan las condiciones necesarias, los sismos pueden provocar tsunamis a lo largo de las costas del Pacífico y del Golfo de México.

3. Que un grupo de especialistas dictó una primera conferencia, “Peligro geológico: Sismos y tsunamis en México y en el mundo”, el 9 de febrero de 2005, en la Ciudad de México, que despertó gran interés en el tema por parte de la Comisión de Marina del Senado de la República.

4. Que a solicitud del Senado, se dictó una segunda conferencia “Sismos y tsunamis en las costas del Pacífico mexicano”, el 13 de abril de 2005, en la cual la Secretaría de Marina solicitó propuestas de costos para redes de detección de tsunamis.

5. Posteriormente, los días 27 y 28 de octubre de 2005, en Culiacán, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico organizó en el honorable Congreso de Sinaloa el primer foro regional sobre Protección civil y desastres naturales, con la participación de representantes de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Durango. El impacto de este foro fue inmediato, pues el gobernador de Sinaloa destinó 10 millones de pesos para la creación de una Red sismológica y de detección de tsunamis.

6. En la presentación de estos seminarios participaron eminentes especialistas en tsunamis, sismos, huracanes, volcanes, meteorología, ciencias sociales y protección civil. Así, pues, se contó con la exposición de los doctores Cinna Lomnitz, Carlos Valdés, Modesto Ortiz, Servando de la Cruz, René Garduño, Jesús Manuel Macías, Juan Espinosa y Raúl Castro. Asimismo, expusieron los maestros Salvador Farreras y Carlos Ramón Moraila, el ingeniero Roberto Quaas y el oceanólogo René Navarro. Por parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico también participó la física Patricia Zúñiga-Bello.

7. Que de estos grandes esfuerzos existen publicaciones precisamente que recopilan todas las conferencias realizadas durante los seminarios, con la intención de compartir con los lectores el conocimiento que existe en México sobre los fenómenos naturales y, sobre todo, para mostrar la utilidad de aplicar la ciencia y la tecnología en la solución de problemas de actualidad y trascendencia para el país, así como las repercusiones que podría tener el no aprovecharlas.

8. Que los diversos fenómenos naturales no tienen agenda de acontecimiento y que los sistemas de alertamiento y los propios equipos de protección civil en el país en las diferentes entidades de la República Mexicana son insuficientes, tenemos que entender que la protección civil no es un asunto que pueda esperar o que tenga que observar trámites burocráticos que retrasen la oportuna actuación de los responsables de la protección civil en la República Mexicana.

9. Que resulta inminente que se avecina la temporada de lluvias en el país, por lo cual ya no podemos postergar más la actuación del Gobierno y las instancias involucradas; no bastaría con haber levantado la voz de manera anticipada si no evitar mayores desastres con la oportuna intervención y la respuesta pronta y eficaz de las autoridades de Protección Civil en nuestro país.

Existen algunas cifras alarmantes de los fenómenos naturales y desastres que se han tenido en México durante años recientes, que hablan por sí solas:

Algunos de los desastres más graves ocurridos en México en los últimos 20 años son:

El sismo de la Ciudad de México, en 1985.

El huracán Gilberto, en 1988.

El huracán Paulina, en 1999.

Las inundaciones en Veracruz, en 1999.

El huracán Keith, en 2000.

Las inundaciones en los estados del centro y sur del país, en 2003.

Lluvias puntuales en la Sierra del Soconusco e inundación y desbordamiento del Río Coatan en Tapachula, Chis. (Desbordamiento del río Coatan e inundación y sepultura de 14 colonias en la ribera del río. 2005.

El huracán Stan en el Sureste, 2005.

El huracán Wilma en Quintana Roo, 2005. (Retiro de playas en Cancún, Quintana Roo)

Desbordamiento del Grijalva y Carrizal que provoco la inundación del Estado de Tabasco 2007.

Inundaciones en la zona oriente de la Ciudad de México Delegaciones Gustavo A Madero; Iztacalco y Venustiano Carranza, Michoacán (Agangueo) y Estado de México (Chalco) 2010.

Consideraciones

I. Es necesario reiterar que todo individuo cuenta con el derecho inalienable a la salvaguarda y protección de su vida, sus bienes y su entorno como garantía individual contemplada en nuestra Constitución.

II. Es necesario crear un mecanismo de la gestión de riesgos que parta de lo particular a lo general y la vinculación de los sectores para cada identificación del riesgo.

III. Insistir que se debe contar con Atlas de Riesgos estatales ( actualizado) que contemplen a los municipios y crear un Comité Nacional con rectoría para su actualización permanente y coordinarse con los sectores involucrados en la identificación de riesgos que afectan a la población, su entorno y medio ambiente. Comprendiendo con claridad que un atlas jamás se deja de generar y de actualizar debido a los constantes cambios climáticos y condiciones de modificación del entorno mundial.

IV. Actualizar los mecanismos e instrumentos de atención a emergencias y regionalizar su punto de partida.

V. Crear nuevas reglas del Fonden y sus instrumentos para que llegue más rápida la ayuda a víctimas y el restablecimiento de los servicios y estructuras.

VI. Crear un comité de donaciones por cada entidad federativa y con rendición de cuentas.

VII. Implantar nuevas guías técnicas de desarrollo y elaboración de programas de protección civil para espacios cerrados y abiertos; así como de otros tipos de inmuebles con criterios de especiales y específicos y de planteles de educación desde inicial hasta superior.

VIII. Hacer convenios internacionales para instrumentar la carrera de protección civil en las universidades mexicanas y definir sus maestrías y doctorados, así como diplomados.

IX. Definir claramente la coordinación y colaboración de los sectores sociales, académicos, etc. para que así no sea del modo anterior sino que ésta sea de estrecha vinculación a la operación prioritaria del concepto de protección civil.

X. Crear un verdadero sistema de capacitación matriz con proyección particular.

XI. Definir el alcance de la gestión de riesgos en la cultura de protección civil y luego definir el presupuesto y que este incluya desde la localidad más peligrosa hasta el municipio más modesto de población.

XII. Dentro de este planteamiento del Centro Nacional de comunicación y operación de Protección Civil, se debe considerar crear una estructura nacional con rectoría y debidamente equipada con nuevas tecnologías de comunicación y respuesta; además, deberá ser regionalizada.

XIII. Darle seguimiento a la red nacional de brigadistas que ya fue instrumentada y no ha tenido el éxito pretendido, habrá que reestructurarla para instrumentarla de manera adecuada.

XIV. Es importante que la propuesta no nada más debe ser turnada a los gobernadores (ya lo vivimos con el gobernador de Sonora y del Dir. Gral del IMSS de su total desconocimiento); deberá considerar a los especialistas en este tema.

XV. Crear por cada entidad federativa y el Distrito Federal un instituto de gestión de riesgos y peligros y con diferentes comités científicos de actuación.

XVI. Además se debe considerar el fortalecimiento de lo siguiente:

a. Crear un marco de referencia unificado de actuación ante desastres naturales a nivel regional y nacional.

b. Unificar un sistema de alerta sísmica nacional y regional; así como la integración de un comité para su implantación e instrumentación.

c. Unificar el sistema de diagnósticos de riesgos y vulnerabilidad.

d. Crear un marco de referencia de reconstrucción regional y nacional.

e. Crear un sistema de orientación e información de capacidad de respuesta y autoprotección ante sismos para la población.

f. Crear un sistema de capacitación multiplicador unificado ante sismos. e inundaciones.

g. Crear un comité para  vigilancia y actualización de los reglamentos de construcción y sistema de inspección postsísmica a inmuebles.

h. Actualizar el sistema hospitalario a nivel seguro, de conformidad a la ONU.

i. Crear un sistema de monitoreo a los sistemas vitales y estratégicos.

j. Crear un comité de sismos con los tres niveles de gobierno.

k. Instrumentar un fondo de desastres por entidad.

l. Instrumentar un comité de desastres para ayuda externa.

m. Crear un comité de centros de acopio.

n. Crear un comité científico unificado ante sismos.

o. Crear un comité de inspección de inmuebles construidos antes de 1985.

p. Crear un comité para fortalecer las leyes y reglamentos de protección civil.

q. Crear un comité con la sociedad civil especializado, vinculado y unificado al tema de los sismos para la Ciudad de México.

r. Crear un comité de asesoría para implementar atlas de riesgos y mapas de vulnerabilidad.

s. Crear un comité Eólico a nivel nacional con el objeto de crear una infraestructura y sus impactos

t. Crear un instituto de protección civil en cada entidad federativa y coordinada por el Cenapred.

u. Actualizar el manual de organización y operación del Sinaproc.

XVI. Que con lo anterior no pretendemos llenarnos de comités burocráticos si no de marcar tareas específicas y de ser técnica y operativamente lo más eficientemente posible para poder atender de manera frontal el tema complejo de la Protección Civil en México, está en nuestras manos decidir si actuamos o nos quedamos esperando a los desastres naturales; basta con echar un vistazo a lo recientemente acontecido en Haití con resultados desastrosos ya que no existía una cultura de la Protección Civil, a diferencia de el caso Chile donde sus oportunas medidas de edificación y reglas de construcción y el correcto actuar de las autoridades responsables; a pesar de haber padecido un fenómeno de mayor magnitud, fue enfrentado de la mejor forma posible.

Como complemento a todo lo planteado con anterioridad y con la finalidad de realizar una propuesta integral sería importante destacar los siguientes puntos:

1. Que el desarrollo de la cultura de protección civil sea ordenada y ejecutada como una política de Estado, para los tres niveles de gobierno y la sociedad en general.

2. Incorporar una normatividad para vigilancia y sancionar a los responsables en las tareas de protección civil de cualquier nivel e instrumentar mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas en su desarrollo.

3. Que a la Conagua se le dé mayor participacion en la gestion de riesgos en los fenómenos hidrometereólogicos y que sustente su desarrollo en la salvaguarda de la población y su entorno.

4. Que el sector agropecuario sea visto como el mayor afectado y en este sustento sea el mayor beneficiado de la gestión de riesgos.

5. Convocar a los sectores del Sinaproc, afectados y vinculados a emergencias y desastres de origen hidrometereológico desarrollen sistemas de alerta temprana mas efectivas y de prevención; dado que su daño afecta el sistema socio-económico y político de México.

6. Integrar una comisión de observación para preparativos de prevención, emergencia y desatres dependiente de la Comisión Especial de protección civil de la Cámara de Diputados, para observar y recomendar actuaciones de las dependencias vinculadas a estas acciones.

Es evidente que requerimos aplicar políticas de prevención y generar una real cultura de protección civil en el país, pero resulta sumamente importante establecer una cultura de protección civil en una de las más grandes ciudades del mundo; esta gran urbe requiere de una programa de gestión y reconocimiento de riesgos, ya que si no estamos preparados para enfrentar desastres naturales de gran magnitud en la ciudad capital, nos podemos arrepentir el día de mañana; por ello resulta inminente e impostergable la asignación de recursos adicionales para que por medio de las autoridades federales se asignen recursos a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para enfrentar tan complicado panorama en materia de protección civil, recordemos y dejemos claro que “es mejor prevenir que atender”, los desastres naturales no tienen calendario y no respetan absolutamente nada; no dejemos de hacer hoy lo que mañana nos pueda significar la pérdida de vidas humanas y, en su caso; pérdidas materiales.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único.Que en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 2011, por medio de las autoridades federales, se destinen recursos adicionales a la secretaría de Protección Civil del gobierno del Distrito Federal y ésta desa-rrolle programas de prevención y diagnóstico de riesgos, que prevengan desastres en la Ciudad de México.

Palacio de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la Secretaría de Turismo del Distrito Federal para programas encaminados a estimular la reactivación económica y la generación de empleos en la ciudad, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Nazario Norberto Sánchez, en nombre propio, como diputado Federal e integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados propuesta con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos para que la Secretaría de Turismo del Distrito Federal desarrolle m; encaminados a incentivar la reactivación economía y la generación de empleos en el Distrito Federal.

Antecedentes

1. Debemos concebir a la actividad turística como unos de los puntos fundamentales de la economía del país, y por ende de la capital del país; en razón de que ya se ha venido comentando con anterioridad que esta industria turística aporta el 8 por ciento del producto interno bruto, generando más de 1.8 millones de empleos.

2. Que la Ciudad de México a pesar de las complicaciones epidemiológicas y la propia crisis económica ha mantenido los esfuerzos en materia de proyectos turísticos que han sido implementados por la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, pero también es cierto que dichos esfuerzos no serán suficientes ya que la problemática en materia de salud ha golpeado de manera frontal al sector turístico de la ciudad, es por lo tanto necesario inyectar recursos económicos del orden federal que posibiliten la implementación y reforzamiento de programas que reactiven la industria turística de una de las ciudades más grandes del mundo.

3. Debemos reiterar y enfatizar que todo el país ha sido golpeado duramente, por las restricciones emitidas por diferentes naciones para no viajar a nuestro México, ante la aparición del virus de la influenza AH1N1, pero especialmente por las aplicadas por Estados Unidos de América, que es nuestro principal socio comercial y fuente de visitantes. Lo cual coloca a la Ciudad de México como punto principal de afectación en materia económica y por ende la industria turística se ve disminuida y agredida de manera directa y sustancial; viéndonos en la necesidad urgente de que se destinen recursos económicos adicionales para que la Secretaría de Turismo del Distrito Federal de manera trasparente y pública aplique programas emergentes adicionales enfocados a la promoción difusión y relaciones públicas, que requieren programas debidamente sustentados que adquieren mayor relevancia por la celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana.

Consideraciones

I. En virtud de que la Organización Mundial de Turismo recomendó llevar a cabo eventos turísticos de talla mundial para posicionar a la Ciudad de México como un destino turístico de excelencia por todas características históricas, sociales, urbanas, culturales, religiosas, comerciales y de salud. El Gobierno del Distrito Federal ha realizado numerosos esfuerzos proyectando programas como lo son: Recuperación de Plaza Garibaldi, Zona Rosa y Plaza de la República. Debido a lo anterior resulta urgente la implementación de programas adicionales y por ende recursos adicionales para éstas; a la altura de las necesidades ante tal circunstancia tan adversa.

Estos proyectos el día de hoy son una realidad en la ciudad capital, si queremos continuar con este ritmo de avance y desarrollo en materia de turismo no debemos escatimar esfuerzos para que lo anterior fructifique de manera idónea.

En este orden de ideas el Gobierno del Distrito Federal también ha impulsado la realización de la Feria Internacional de Turismo de las Américas, a la que asisten vendedores de servicios turísticos de todo el mundo. Se llevará a cabo en su primera edición en septiembre del 2010 en Expo Bancomer Santa Fe.

Para el 2011 la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, tiene contemplado generar más empleo más oportunidades y el desarrollo de diversos proyectos productivos en materia de turismo que signifique un avance económico de esta ciudad capital, para ello es indispensable contar con los recursos económicos necesarios.

La administración capitalina en materia de turismo ha sido punta de lanza a nivel nacional y en este 2011 no será la excepción por ello requerimos se asignen recursos económicos adicionales que puedan ser etiquetados para proyectos turísticos que incentiven el desarrollo económico de la Ciudad de México.

La Feria Internacional del las Américas proyectará a la Ciudad de México como uno de los principales destinos turísticos mundiales y promoverá la inversión y el intercambio comercial con más de 50 países que se espera asistan a esta feria.

La misma Secretaría de Turismo del Distrito Federal ha proporcionado información que le aportó el propio Comité de Evaluación y Monitoreo de los principales destinos turísticos del país, formado por la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística de México, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, una vez superado el impacto negativo de la alarma por la epidemia de influenza se ha resentido principalmente en la cancelación de reservaciones de cuartos de hotel, vuelos y cruceros; debemos reforzar dicho rubro y no permitir que vuelvan bajar a los índices de crisis económica que tan lamentable epidemia genero hecho que vulnera la estabilidad económica de la Ciudad y del país completo..

En este orden de ideas se ha dado a conocer información que ejemplifica la complejidad de la problemática que se avecina ya que es de comparar que en Cancún, Quintana Roo, se estimaron cancelaciones del 70 por ciento del nivel de ocupación. En la Riviera Maya se cancelaron un gran número de grupos de bodas. En Huatulco se perdió el 46 por ciento de la ocupación. Ahora bien por lo que hace al Distrito Federal la ocupación hotelera se redujo al 14.79 por ciento. En Los Cabos, la ocupación hotelera bajó en 28 por ciento, mientras que Puerto Vallarta, registró la cancelación de mil 257 cuartos noche, significando una pérdida diaria de 1.6 millones de pesos a pesar de contar con una partida presupuestal para su celebración, éstos resultan insuficientes ya que se sigue requiriendo una campaña mundial de promoción, difusión y actividades de relaciones publicas que incentiven la participación de turistas de todo el mundo y de esta forma incentivar la reactivación de la económica en el ámbito de la industria turística encaminado a la generación de empleos directos e indirectos en la Ciudad de México y de esta forma atenuar la afectación generada por las circunstancias adversas ya mencionadas factor crisis económica mundial y nacional y factor epidemiológico de alto riesgo que enfrentamos en la actualidad.

Es de destacar que en los últimos meses, se suspendieron vuelos procedentes de Cuba, Canadá, Argentina, Ecuador, Perú y Chile y se redujo la frecuencia, de aquellos provenientes de Estados Unidos, a través de Continental Airlines y algunas otras compañías aéreas. Aunque a la fecha prácticamente todos los países han eliminado las restricciones, los días sin traslados aéreos, de esos países a México, generaron pérdidas económicas irrecuperables y sin duda permean en la intención de los turistas extranjeros en visitar nuestra capital del país.

II. Es de señalar que en las últimas décadas el turismo se ha convertido en uno de los principales sectores económicos a nivel mundial por su nivel de inversión. El continuo crecimiento del sector es un fenómeno internacional que ha contribuido a impulsar el progreso socioeconómico al impulsar y atraer inversiones, generar empleo y tiene un gran efecto positivo en los sectores de servicios, construcción e incluso en las telecomunicaciones.

III. Se requiere exhortar al gobierno federal a lograr los mejores resultados de promoción turística, mediante el uso coordinado y eficiente de fondos especiales para infraestructura turística, en las entidades federativas y de recursos federales para reposicionar la imagen de México y sus destinos turísticos en los mercados nacional e internacional.

IV. Se requiere el trabajo coordinado con la Secretarías del Trabajo, y de Desarrollo Social al cumplimiento inmediato, puntual y coordinado de un programa de apoyo de empleo temporal, en la Ciudad de México. Además de apoyos específicos a empleados directos del sector turismo local.

V. Exhortar al SAT para agilizar el respaldo a las empresas con domicilio fiscal en el Distrito Federal del ramo turístico con problemas de liquidez, mediante la devolución de impuestos.

VI. Exhortar a Nafinsa y a Bancomext a abrir líneas de financiamiento especiales a las empresas del sector turístico en el Distrito Federal y a las líneas aéreas nacionales, que lo demanden.

VII. Exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Turismo Federal a intensificar sus gestiones con aquellos países que todavía sostienen restricciones, para los viajes con México en específico a la Ciudad Capital.

VIII. Dichos recursos adicionales o fondo económico para el sector turístico en el Distrito Federal debe cubrir las necesidades de una ciudad que para algunos es la ciudad más grande del mundo y por lo tanto sus problemas son sumamente complejos, sumandos los factores ya mencionados de crisis económica; por lo que debe considerarse sean destinados alrededor de $200.000.00 (doscientos millones de pesos 00/100 m/n) para tal efecto.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados acuerde que en el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos económicos para que la Secretaría de Turismo del Distrito Federal desarrolle Programas de Turismo; encaminados a incentivar la reactivación economía y la generación de empleos en el Distrito Federal.

San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir la primaria República de la India en San Francisco, Tlalnepantla, en Xochimilco, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Luís Felipe Eguía Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se considere en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos para la construcción de una nueva escuela primaria Republica de la India, en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, delegación del Gobierno del Distrito Federal en Xochimilco, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

1.Xochimilco tiene niveles de crecimiento paralelos a los de la Ciudad de México, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de los casi 50 mil habitantes que tenía en 1950, para los albores del siglo XXI en el año 2000 alcanzaba los 370 mil. Es por este motivo que se necesitan obras de esta naturaleza para satisfacer la creciente necesidad de espacios educativos que cuenten con la infraestructura necesaria y los recursos humanos adecuados para cumplir con una labor tan importante como es la educación básica, que es la génesis de la formación de los nuevos ciudadanos para el desarrollo de nuestro país, en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla

Es urgente proporcionar y erigir de espacios educativos, ya que en la zona del poblado de San Francisco Tlalnepantla es de carácter rural y el 80% de su población se encuentra en una situación económica y de infraestructura de marginación, debiendo precisar que las condiciones estructurales y físicas, como son que sus instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, espacios de esparcimiento y áreas asignadas a prácticas educativas propias, y todo el complejo escolar, son obsoletas, deplorables y arcaicos , ya que sus instalaciones, no son acordes o propias para su funcionalidad y objeto, acordes a los requerimientos y necesidades de nuestra época. Ya que con unas instalaciones nuevas motivan a los menores educandos, a asistir a una escuela digna, despierta el interés de asistencia para su formación, ya que es un incentivo. Adicional a esto, no únicamente en esta escuela asisten alumnos del poblado de San Francisco Tlalnepantla, sino también asisten de otros poblados aledaños, por ser una zona rural y en donde carecen de escuelas o no son las suficientes por el índice de demandas, que se incrementa año con año, a la incorporación a nivel básico escolar.

Las instalaciones e infraestructura actual de la escuela República de la India, que data de épocas arcaicas, representan un peligro para los estudiantes y quienes laboran ahí, pues no reúne las normas más mínimas y materia de construcción y de seguridad, que contribuya de sus alumnos y que incentive y eleve su calidad en la educación.

La construcción de este centro escolar será en el mismo predio donde se encuentra el hoy antiguo y lastimoso, motivo por el cual la comunidad del pueblo de San Francisco Tlalnepantla ha elevado en múltiples ocasiones sus demandas de la construcción de la escuela primaria para beneficio de sus hijos y de pueblos circunvecinos.

Es propicio apuntar, que la construcción del nuevo edificio se hará en el mismo predio donde actualmente está la lastimosa construcción

2. que el gobierno delegacional, con la finalidad mejorar la calidad de vida de 5 mil 32 habitantes del pueblo de San Francisco Tlalnepantla en Xochimilco y en específico a 1092 niños en edad escolar básica, dato obtenido de la coordinación de planeación de desarrollo territorial, de la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, y que a través de su Dirección de General de Obras y Desarrollo Urbano ha identificado las necesidades educativas urgentes en esta demarcación, por lo que debe de proporcionar a los vecinos una nueva escuela primara que se fulguraría como un espacio educativo digno con las especificaciones necesarias y requeridas para esta encomienda.

Por ello hay que optimizar recursos para la construcción de una nueva escuela primaria, ya que estas obras son necesarias para el fomento educativo y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

3.Es importante mencionar la notoria mejoría en la forma de vida de los habitantes del pueblo de San Francisco Tlalnepantla con la construcción de esta nueva escuela primaria, ya que beneficia directamente a la población más vulnerable nuestros niños, dándoles un panorama educativo más amplio y desde luego la continuidad de su educación básica.

4.Para cumplir con las políticas en materia de educación, que este objetivo de alta relevancia en materia educativa y buscando apoyar a las miles de personas que ahí habitan y en atención al proyecto de construcción de la nueva escuela primaria República de la India se requiere de una inversión en el ejercicio fiscal 2011 por un monto total de $30, 000,000.00 (treinta millones de pesos).

Por lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos etiquetados para la construcción para la nueva escuela primaria República de la India, ubicada en la calle 16 de septiembre y constitución, en el pueblo de San Francisco Tlalnepantla, delegación Xochimilco, Distrito Federal, por un monto total de $30, 000,000.00 (treinta millones de pesos).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2011.— Diputado Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los proyectos y las acciones del Programa de Rescate de Barrancas en el Distrito Federal, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

María Araceli Vázquez Camacho, integrante de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, recursos por 200 millones de pesos para los diversos proyectos y acciones del programa de rescate de barrancas en el Distrito Federal, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que el principal sistema de barrancas del Distrito Federal se encuentra en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, una buena parte del territorio de estas delegaciones esta ubicado en el suelo de conservación, así el 85 por ciento de la superficie de las barrancas se encuentra dentro del suelo de conservación y el 15 por ciento restante en suelo urbano.

2. Las barrancas son drenajes naturales por donde circula el agua proveniente de las zonas de montaña hacia los valles, por consecuencia su relación con el tema del agua y la escasez y problemática de la misma deben ser vistas como una tema de seguridad nacional.

3. Que las barrancas del Distrito Federal representan elementos físicos importantes tanto para la regulación del clima como para la captación de aguas pluviales; su regulación dentro del sistema de planeación del desarrollo del Distrito Federal, se da a partir de los programas de desa-rrollo urbano y del ordenamiento ecológico.

4. La Ley Ambiental del Distrito Federal define en su artículo 5o. a las "barrancas: como una depresión geográfica que, por sus condiciones topográficas y geológicas, se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes de ciclo hidrológico y biogeoquímico."

5. Se estima que en México existen 93.5 millones de hectáreas afectadas por algún proceso de degradación del suelo causada por actividades antropogénicas; lo que representa el 47 por ciento del territorio nacional. Si se tienen en cuenta los desiertos naturales, la cifra aumenta hasta 71 por ciento. Estos datos confirman que la degradación del suelo es una de las más importantes amenazas medioambientales de México y que, por tanto, es necesario que se desarrollen y dirijan acciones para revertir su deterioro.

6. Territorialmente el Distrito Federal está dividido por dos tipos de uso de suelo, el urbano que ocupa el 41 por ciento y el de conservación con el 59 por ciento. El suelo de conservación ocupa gran parte del territorio de 9 delegaciones que son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, mismo que se le denomina Suelo de Conservación.

7. El Distrito Federal ha experimentado en los últimos años un crecimiento urbano desmedido, lo que ha tenido como consecuencia una serie de desequilibrios ecológicos y daños al ambiente que reducen la calidad de vida de sus habitantes, impactando en el suelo de conservación, ríos y barrancas.

8. Que este diagnóstico indica que el Distrito Federal se encuentra degradado en 61 por ciento de su territorio de la siguiente manera: 65,606 hectáreas (44.21 por ciento) con degradación física principalmente con compactación del suelo debido al cubrimiento del concreto y asfalto; 7,990 ha (5.38 por ciento) con degradación química principalmente por salinizacion y declinación de la fertilidad del suelo; 16,419 ha (11.06 por ciento) con erosión hídrica y 1,116 ha (0.75 por ciento) con erosión eólica. Resultando un total de 91,131 hectáreas con distintos grados de deterioro, lo que hace necesario la aplicación de medidas preventivas y correctivas, y fundamentalmente la asignación y aplicación de recursos públicos suficientes etiquetados anualmente por la honorable Cámara de Diputados.

9. La problemática general de las barrancas se circunscribe fundamentalmente a:

a) Creciente deterioro ambiental de las barrancas.

b) Marco jurídico disperso, que provoca incertidumbre en la gestión de las barrancas.

c) Problemas de coordinación entre autoridades ambientales de los tres ámbitos de gobierno

10. Que la actual crisis del agua en el planeta y en nuestro país está llevando a que un gran número de personas vivan en la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad, a pesar de que el derecho al agua es un derecho humano en términos del artículo 4 de nuestra Constitución mexicana que establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

11. La Ley de Aguas Nacionales, en la fracción XLVII de su artículo 3o., establece que la ribera o zona federal corresponde a la faja de diez metros de anchura, contigua al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir del nivel agua máxima ordinaria y la amplitud de la ribera será de cinco metros.

12. La citada ley establece en la fracción IV de su artículo 113, que la administración de la zona federal contigua a los cauces de las corrientes de propiedad nacional quedará a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

13. Existe responsabilidad en el manejo de las barrancas del Distrito Federal, no sólo del gobierno del Distrito Federal a través de su Secretaría de Medio Ambiente, sino también del orden federal. Las instancias federales que tienen que ver con este asunto son la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Agua, ambas organismos sectorizados en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales, y la Procuraduría General de la República.

14. No debe omitirse que tanto en las discusiones de los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los años 2009 y 2010 se han presentado diversos proposiciones con puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados, para que se destinen recursos con el objeto de atender adecuadamente la recuperación de ríos y barrancas del Distrito Federal, ya que no sólo existe una responsabilidad compartida entre el orden de gobierno local y federal, sino que también sólo la suma de recursos públicos de ambos ordenes, puede posibilitar la atención optima de su problemática.

15. Que en octubre de 2008, se presentó un punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 se considerara un presupuesto adicional por 300 millones de pesos para atender adecuadamente la recuperación de ríos y barrancas del Distrito Federal, en virtud que desde agosto del mismo año se llevan a cabo reuniones entre la Conagua y el gobierno del Distrito Federal, con la asistencia de diputados federales y locales, para ordenar los mecanismo de cooperación entre ambos gobiernos en materia de aguas.

16. Que durante la LX legislatura de la Cámara de Diputados se presentaron dos puntos de acuerdo relativos al tema de las barrancas, la liberación del presupuesto aprobado para recuperación y saneamiento de ríos y barrancas del Distrito Federal por parte de la Comisión Nacional del Agua y otro relativo a la aprobación de un monto adicional de $59,540,555.15 de pesos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, lleve a cabo el "Proyecto ejecutivo hidráulico de los programas de manejo para barrancas en el poniente del Distrito Federal", en la partida "Fondo Metropolitano del Valle de México" por parte de la Cámara de Diputados.

En virtud de lo anterior someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión del Distrito Federal y de la Comisión de Recursos Hidráulicos a que incluyan en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, una partida presupuestal por el monto de 200 millones de pesos para los diversos proyectos y acciones del programa de rescate de barrancas en el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para atender la problemática de vivienda con alto riesgo en diversas delegaciones del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

María Araceli Vázquez Camacho,con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que etiquete una partida presupuestal de mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para atender la problemática de vivienda en alto riesgo en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlalpan, así como para las familias ocupantes de viviendas con alto riesgo estructural en las delegaciones centrales tales como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juárez ,al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.En la Ciudad de México cerca de 150 mil familias que habitan en asentamientos irregulares carecen de servicios públicos básicos, agua potable, drenaje, energía eléctrica y pavimentación; todo ello origina que, quienes habitan ahí, subsistan en condiciones de alta marginalidad y constante riesgo para sus vidas. Se estima que en el Distrito Federal se forman 80 mil nuevas familias cada año, con recursos limitados, toda vez que 75 por ciento de la población obtiene ingresos por debajo de los 8 salarios mínimos.

2.La Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal ha informado que existen 600 asentamiento irregulares en riesgo, que se sitúan principalmente en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

3.La Ley General de Asentamientos Humanos dispone que un asentamiento humano es el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran y donde dicho ordenamiento tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural.

4.La Ley General de Protección Civil establece principios de política publica en prevención y mitigación de desastres, así como lo referido a los fenómenos peligrosos tales como son los hidrometeorológicos y geológicos, así como los lineamientos que deben regir las declaratorias de desastre y emergencias.

5.La Ley de Vivienda establece orientaciones respecto de la prevención de desastres y protección física de la población como parte de la vivienda digna y decorosa, además la misma ley establece financiamientos, créditos y ahorro.

6.La federación en sus 3 niveles de gobierno promoverá acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, que propicien la participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, que comprenderán, entre otras, la construcción y mejoramiento de vivienda de interés social y popular; el financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y la prestación de servicios públicos urbanos; y la preservación del ambiente en los centros de población. El artículo 4 constitucional consagra el derecho a la vivienda al afirmar que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

7.Para el goce de este derecho, existen autoridades encargadas del rubro, tales como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, la Comisión Nacional de Vivienda, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, la Sociedad Hipotecaria Federal, entre otras.

8.En Distrito Federal tiene una la ocupación  habitacional de casi 13 mil 500 kilómetros cuadrados de suelos arcillosos o porosos,  laderas, barrancas y macizos con pendientes muy pronunciadas y  las  intensas precipitaciones pluviales que han  observando un incremento de más del 30 por ciento en el nivel de milímetros de agua que caen en la ciudad, son causas centrales del alto grado de  vulnerabilidad en las que viven miles de familias en la Ciudad de México.

9.Los riesgos a que están sometidos los grupos poblacionales de las demarcaciones señaladas pueden clasificarse en tres tipos: 1. Hidrometeorológicos, que comprenden los asentamientos situados en zonas de laderas, barrancas, con peligros de deslaves, principalmente en las delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa; 2. Estructurales, que comprenden las vecindades que por su antigüedad y falta de mantenimiento están en riesgo inminente de derrumbarse, situados principalmente en las delegaciones centrales, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza; y 3. Geológicos, que abarcan los asentamientos situados en zonas donde el suelo tiene importantes fallas como grietas y cavernas, principalmente en la delegación Iztapalapa.

10.El Instituto de Vivienda del Distrito Federal tiene detectados 115 sitios de alto riesgo en 8 delegaciones, esto es 8 mil 40 viviendas en alto riesgo que requieren atención prioritaria, aunque el universo de atención asciende a 16 mil 708 familias y 370 inmuebles expropiados por alto riesgo estructural, los cuales se dividieron para su atención en prioridad 1 (estructuras dañadas al 100 por ciento), prioridad 2 (estructuras dañadas un 40 por ciento) y prioridad 3 (vivienda precaria).

11.Datos y cifras del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 señalan que, en materia del presente punto de acuerdo, destacan lo siguiente:

• El ramo 06, “Hacienda y Crédito Público”, otorga un presupuesto de 5,297,812,033 pesos, para la Comisión Nacional de Vivienda.

• Bajo el mismo ramo 06, “Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda”, dentro de los programas federales sujetos a reglas de operación se otorga un presupuesto por la cantidad de 5,173,300,000 pesos.

• El ramo 20, “Desarrollo social”, bajo el Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda tu Casa,  dentro de los programas federales sujetos a reglas de operación otorga un presupuesto por la cantidad de 1,620,548,872 pesos.

• El ramo 20, “Fideicomiso Fondo Nacional Habitaciones Populares”, otorga un presupuesto por la cantidad de 1,997,805,507 pesos.

En virtud de las anteriores consideraciones someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de las Comisiones de Vivienda, y del Distrito Federal, a que en el marco de sus atribuciones presupuestales etiquete una partida por la cantidad de mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para atender la problemática de vivienda en alto riesgo a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, mediante un esquema de financiamiento público para la construcción de vivienda para los habitantes de zonas de alto riesgo hidrometeorológico y geológico, principalmente en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón,  Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlalpan, así como para las familias ocupantes de viviendas con alto riesgo estructural en las delegaciones centrales tales como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juárez.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 5 de octubre de 2010.— Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se distribuyan los recursos asignados al Seguro Popular para que se alcance el equilibrio entre el número de afiliados y la expansión de la estructura médica, a cargo del diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José María Valencia Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Consideraciones

Desde su origen, el Seguro Popular ha sido cuestionado por sus costos, sin que haya incidido de manera profunda en la disminución de las desigualdades y en un efectivo disfrute del derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional. Son constantes las denuncias sobre la falta de infraestructura, personal y medicamentos; igualmente, sobre la dilución de las responsabilidades, fragmentación del sistema nacional de salud, carencia de un sistema confiable para su valuación, la privatización que representa, entre otros.

Lo anterior se desentiende de manera abierta de lo marcado en el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud:

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad...

Uno de los motivos centrales de las frustradas metas del Seguro Popular es que de origen se carecía de la infraestructura médica necesaria, de manera que frente a un aumento creciente de la población beneficiaria la infraestructura se ha mantenido esencialmente igual.

Pero lo más criticable es que gran parte del presupuesto destinado a infraestructura del Seguro Popular no se ha transferido a las entidades federativas; es decir, estamos frente a un inadmisible y masivo subejercicio de recursos. Así, de 2004 a 2009 se incidió en el subejercicio de 75 por ciento de los recursos destinados a este rubro, los que se encuentran estancados en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

Más que nunca podemos afirmar que la simple afiliación de papel al Seguro Popular no garantiza una atención médica y, menos aún, un servicio de calidad.

En presencia de los anteriores hechos; preocupa la afirmación del Ejecutivo federal de que busca que en 2011 se alcance una cobertura universal de la población objeto del Seguro Popular: 49 millones de personas. Para ello se planea destinar al Seguro Popular en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 un total de 57 mil 267 millones 820 mil 560 pesos; es decir, se deja en el bolsillo del Seguro Popular más de 50 por ciento del presupuesto del ramo 12.

Pero contrariamente, en este proyecto del PEF los dineros para los proyectos de infraestructura social en salud se reducen en casi 59 por ciento respecto a los aplicados en 2009, pues apenas si se les asignan poco más de 496 millones. Igualmente, el mantenimiento de infraestructura se queda con poco más de 11 millones; y finalmente la dignificación y el mantenimiento de infraestructura apenas se abarca 2 mil 640 millones 747 mil 761 pesos.

Estas cifras son la antípoda de los derechos a la vida y salud a que deben acceder todos los mexicanos. Y nos hace pensar con la proyección del Ejecutivo federal se buscan afiliaciones masivas sin proyecto de salud alguno que, ante todo, persigue golpes políticos con fines electorales, lo cual debe ser rechazado.

Como representantes populares, no debemos continuar respaldando un seguro popular cuya esencia son la mentira y el disimulo. No debemos apoyar un diseño del Seguro Popular que se erige en fuente de problemas económicos y deficiencias en la atención médica, en perjuicio de las atribuciones sociales a cargo de las entidades federativas del país. En tal razón, urge distribuir el presupuesto destinado al Seguro Popular, en tales términos que haga posible una infraestructura suficiente para que la población acceda a mínimos de calidad, impidiéndose una mera afiliación masiva, anárquica, hueca.

Así se dará cumplimiento al segundo párrafo del artículo 77 Bis 10 de la Ley General de Salud:

Artículo 77 Bis 10....

Con la finalidad de fortalecer el mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud, los regímenes estatales de Protección Social en Salud, a partir de las transferencias que reciban en los términos de este título, deberán destinar los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro que para el efecto elabore la Secretaría de Salud.

Con base en todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a distribuir el presupuesto asignado al Seguro Popular de manera que se alcance un equilibrio entre el número de afiliados y la necesaria expansión de la infraestructura médica, con respeto al derecho a la salud establecido en el artículo 4o. constitucional.

Segundo. Se exhorta a esta soberanía a aprobar la creación de un grupo de trabajo plural que evalúe los resultados del Seguro Popular y proponga los cambios necesarios para hacer realidad el derecho a la salud en favor de los sectores más marginados de la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputado José María Valencia Barajas (rúbrica).»

Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, secretaria. Insértese el texto íntegro de las diversas proposiciones de las que se dio cuenta en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta Presidencia saluda a la delegación de la Comisión Europea y de la empresa Común César, integrada por los señores Alfonso Arroyo Fernández, José Antonio Calvo Fresno y Carlos Salazar. Sean ustedes bienvenidos.

Continúe la Secretaría con la lectura, encabezado por encabezado, de 11 proposiciones más de sólo turno a comisión.

PRODUCTOS MILAGRO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud y al titular de la Cofepris a retirar de la oferta publicitaria en radio, televisión, Internet y medios impresos la de “productos milagro”, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del PRI

Clara Gómez Caro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En México tenemos un gran problema en los medios de comunicación con todo lo referente a los productos “milagro”, se caracterizan por exaltar la publicidad, de una o varias cualidades terapéuticas, preventivas, curativas, auxiliares, que en su mayoría de los casos son sólo productos herbolarios, se les atribuyen interminables propiedades curativas y se anuncian masivamente en diversos medios de comunicación, prometiendo reducir y eliminar diversos problemas que van desde el sobrepeso, la caída del cabello, e incluso darle solución a graves problemas de salud, como el cáncer, la diabetes tipo II, Alzheimer, recuperación del sistema inmune y del VIH sida, problemas cardiovasculares, hipertensión, disminución de los triglicéridos, colesterol, circulación coagulación, artritis, estrías y arrugas en la piel, etcétera.

Este tipo de publicidad engañosa representa un grave riesgo sanitario, lo que provoca que las personas abandonen tratamientos médicos certificados y, en algunos casos, pueden enmascarar síntomas que permitan la detección de un problema de salud mayor.

La publicidad engañosa funciona con prácticas que van desde testimonios de celebridades o supuestos usuarios, aparición de fedatarios de agrupaciones que muchas veces no existen o son falsos, información insuficiente, e inclusive algunas leyendas casi imperceptibles a la vista donde no garantizan las propiedades con las cuales se anuncian.

Asimismo, estos productos obtienen su registro ante la autoridad sanitaria como suplementos alimenticios o artículos cosméticos, por lo que no tienen que someterse a la legislación y vigilancia que tienen los medicamentos y por supuesto no cuentan con el respaldo de ninguna investigación científica seria que avale su efectividad o de seguimiento a los efectos secundarios y contraindicaciones que pueda tener.

Con base en lo expuesto, debemos reforzar los operativos y monitoreos para supervisar la venta y publicidad en los medios de comunicación, así como a los expendios que distribuyen este tipo de productos que, de ser cierto, no son los únicos responsables, ya que antes de llegar a comercializarse dichos productos deben de contar con la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Salud y su publicidad debe de ser regulada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), esta última incluso tiene la facultad de retirar de los medios de comunicación e Internet anuncios fraudulentos, y emitir sanciones administrativas.

El control sanitario es facultad directa de la Secretaría de Salud, con base en lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos 17, 300, 301 y 310 de la ley en comento.

De lo anterior, podemos concluir que el marco normativo existe, pero es necesario que la Secretaría de Salud y la Cofepris ejerzan con conocimiento pleno sus facultades y de esta manera eviten que este tipo de publicidad engañosa, que además de provocar una competencia desleal entre la industria, afectan la salud de los mexicanos.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a efecto de que en el ámbito de su competencia proceda a retirar de la oferta publicitaria en radio, televisión, internet y medios impresos, y sancionar a los productores de cosméticos o suplementos alimenticios y remedios herbolarios que se atribuyen a sí mismo cualidades curativas denominados “productos milagro”.

Segundo. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Salud, y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a fin de que la lista de todos los “productos milagro” que se han detectados, no solo sean publicados en la página de la Cofepris, si no que sean expuestos de manera masiva en horarios de mayor difusión en radio, televisión, Internet y medios impresos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.— Diputada Clara Gómez Caro (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se mantenga el subsidio del programa de diesel agropecuario, y de que se exhorte a la SHCP a considerar la devolución del IVA en favor de los pequeños productores, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Usabiaga Arroyo, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea los presentes puntos de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Ley de Energía para el Campo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, considera dentro de los energéticos agropecuarios al diesel, y mandata al Poder Ejecutivo federal a establecer el programa de cuotas energéticas mediante precios y tarifas de estímulo, e incluir dentro del proyecto de Ley de Ingresos y del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación las previsiones necesarias para atender la operación del programa.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 considera el impulso a la competitividad de todos los sectores, sobre todo el sector agroalimentario, razón por la cual estableció un programa de precio preferencial al diesel agropecuario, que después fue cambiado por una compensación de 2 pesos por litro, consumido únicamente para los pequeños productores que adquirían el combustible de los distribuidores minoristas del Petróleos Mexicanos (gasolineras).

Ante la situación actual del alza de los energéticos y la falta de capacidad de refinación de Petróleos Mexicanos, el Ejecutivo federal propone eliminar el subsidio al diesel agropecuario en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, enviado a esta soberanía el pasado 8 de septiembre de 2010.

Estamos de acuerdo con el Ejecutivo federal en que hay que minimizar los subsidios a los energéticos, pero habrá de tomarse en cuenta algunas consideraciones a fin de conservar la competitividad del sector agroalimentario nacional:

• Los monopolios del Estado impiden el desarrollo de fuentes de energía y costos más económicos;

• En México no existe, como en otras naciones del mundo, un diesel agropecuario, el cuál es sustancialmente menor en costo al energético que se utiliza en el sector transporte, debido a su desgravación de impuestos específicos y de su consumo.

• Los productores por su escala de consumo tienen que comprar el diesel en los expendios de minoristas (gasolineras), no reciban la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) en esas compras, que al precio del día de hoy significa 1.29 pesos.

• El programa de apoyo al diesel agropecuario es un ejemplo de transparencia y buena administración, ya que cada productor tiene una cuota energética asignada en litros de combustible anual y que se opera a través de una tarjeta magnética.

• El Programa de Diesel Agropecuario significó en el ejercicio fiscal de 2009, 496 millones de litros y una erogación de 993 millones de pesos, pero al mismo tiempo generó un IVA de 615 millones de pesos, por tanto el subsidio solamente significó 377 millones de pesos.

• En la aplicación del estímulo solicitado se procurará la formalización de los productores agropecuarios mediante su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

En vista de lo anterior y apelando a la justicia distributiva que debe prevalecer, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presenta los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se formula respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el Ramo 8 del Programa Especial Concurrente para el Desa-rrollo Rural del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011 se mantenga el subsidio de 377 millones de pesos del Programa de Diesel Agropecuario.

Segundo.Se formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar durante el ejercicio fiscal de 2011 la devolución del impuesto al valor agregado generado a favor del contribuyente por concepto de compra de diesel agropecuario efectuada por los pequeños productores, y en el ejercicio fiscal de 2012 a todos los productores que tengan incorporado su Registro Federal de Contribuyentes a la tarjeta de diesel agropecuario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 30 de septiembre de 2010.— Diputados: Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Gumercindo Castellanos Flores, Carlos Luis Meillón Johnston, Alba Leonila Méndez Herrera, María Felícitas Parra Becerra, Fernando Santamaría Prieto, José Ignacio Seara Sierra, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a considerar en el proyecto de miscelánea fiscal de la federación de 2011 el otorgamiento de estímulos fiscales del ISR a los contribuyentes que empleen a personas mayores de 60 años, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II, los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el proyecto de “Miscelánea Fiscal de la Federación 2011”, se considere otorgar estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a personas mayores de 60 años. Lo anterior en base a las siguientes

Consideraciones

El envejecimiento demográfico es un fenómeno mundial cuyas características impactan directamente a las personas, los hogares, las comunidades y prácticamente a todos los sectores del gobierno y la sociedad. El proceso de envejecimiento es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales que se complican con la aparición de patologías que contribuyen en gran medida a la pérdida de capacidades.

Ello representa, en muchos casos, una carga social y económica para quienes los rodean, sobre todo en unidades familiares donde se ha perdido la dimensión del rol tradicional del adulto mayor como consejero y poseedor de experiencia, la cual se ha ido transformando en una aportación asociada al cuidado de los niños y al quehacer doméstico, que en definitiva son contribuciones fundamentales para el desarrollo del hogar pero poco valorados.

Como resultado de los grandes cambios demográficos experimentados en México durante el siglo XX, la estructura por edad y sexo de la población está experimentando cambios significativos, entre éstos destaca el inicio del proceso de envejecimiento demográfico que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que por grupos de edad, se observa que entre quienes tienen 60 y 69 años representan más de la mitad de los adultos mayores (56 por ciento); los de 70 a 79 años menos de la tercera parte (29.9 por ciento) y el resto lo conforman aquellos con 80 años y más (14.1 por ciento).

En los próximos años, la población adulta mayor tendrá un crecimiento demográfico importante, se estima que para este año serán 9.4 millones, lo que en términos relativos representa 8.7 por ciento de la población total, es decir, un punto porcentual más respecto a 2005. Con lo anterior, la tasa de crecimiento promedio anual de este grupo aumentaría de 3.47 por ciento en 2005-2007 a 3.59 por ciento entre 2007 y 2010.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo registró en el segundo trimestre de 2007 en el país, 3.4 millones de personas económicamente activas (PEA) de 60 años y más, 7.7 por ciento del total. De la PEA de este grupo de población, alrededor de 3 millones 371 mil están ocupados, dicha cantidad representa 7.9 por ciento del total de la población ocupada nacional. Asimismo, 70.9 por ciento de la población ocupada de 60 años y más son hombres, lo cual muestra la mayor participación de ellos en actividades económicas.

En la actualidad persiste la falta de oportunidades de empleo para este sector, a pesar de que muchos adultos mayores cumplen con los requisitos laborales, y muchas veces son discriminados por su edad.

Ante este contexto es necesario apoyar a todas las empresas que requieren de apoyo gubernamental, el objetivo es continuar impulsando el empleo ya sea para quienes no realizan alguna actividad o no perciben algún ingreso, que en el país se estiman en 70 mil 845 las personas mayores de 60 años, y también para que los pensionados o jubilados complementen sus percepciones económicas.

De los 10 millones 600 mil adultos mayores que existen en el país, agregó, siete mil 43 no están económicamente en activo y la mayoría recibe alguna pensión o apoyo de los gobiernos federal o local, como el que se entrega a través del Programa 70 y más.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que de los más de 10 millones de adultos mayores, tres millones 400 mil están económicamente activos, de los cuales un millón 196 mil trabajan o reciben algún remuneración, y dos millones 46 mil están en la informalidad.

Se debe incentivar la actividad económica en este sector de la población y sensibilizar a los empleadores, pues de no promover una cultura del empleo en el futuro representará una gran carga por las pensiones y los sistemas de salud públicos.

En este sentido, el Ejecutivo federal firmó un decreto que el 8 de marzo de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se otorga un estímulo fiscal en materia de impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas y morales, que empleen a personas con discapacidad o adultos de 65 años o más, consistente en una deducción adicional a las previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que permita disminuir de los ingresos del contribuyente, por el ejercicio fiscal de que se trate, un monto adicional equivalente al 25 por ciento del salario pagado a dichas personas.

Para determinar este monto, se considera la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la renta.

La actual coyuntura económica requiere de medidas extraordinarias a través de un firme apoyo a las empresas para que tengan la capacidad de reinvertir sus beneficios y para que continúen creando los puestos de trabajo estables que todos deseamos para este grupo vulnerable de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación de 2011, se considere otorgar estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a personas de 60 años.

Segundo. Se considere el anterior punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputada María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los grupos parlamentarios a considerar en el proceso de elección de tres integrantes del Consejo General del IFE las capacidades, el prestigio, la formación académica, la experiencia y la reputación de los aspirantes; y a abstenerse de incorporar cuotas partidistas, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Elsa María Martínez Peña, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Federal Electoral (IFE) constituye una de las instituciones fundamentales de la democracia mexicana. En 1996 obtuvo plena autonomía y se constituyó como máxima autoridad federal en materia electoral, que realiza sus funciones observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Desde 1996, el Consejo General es el máximo órgano de dirección de IFE y se integra de ocho consejeros electorales y un consejero presidente, todos elegidos por las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados.

De esa manera se garantizó que el gobierno federal tuviera nula injerencia en las decisiones fundamentales del IFE. Sin embargo, hay dos pendientes que deben comenzar a subsanarse en el proceso de nombramiento de tres consejeros electorales por realizarse en octubre de 2010.

Una asignatura pendiente es la relativa a la equidad de género en la integración del Consejo General del IFE. En el periodo 1996-2003, de nueve consejeros electorales, solamente hubo una mujer. Para el lapso 2003-2010 se eligieron tres mujeres. Sin embargo, derivado de la reforma electoral de 2007, se llevó a cabo una renovación anticipada de los integrantes del Consejo General del IFE, renovándose en una primera remesa tres consejeros, y en una segunda etapa a otros tres. De ese modo, quedan pendientes de renovar tres consejeros en octubre de 2010.

La renovación anticipada se realizó de tal manera, que solamente quedó una mujer en el Consejo General. Por ello es indispensable que en la renovación de los tres consejeros electorales por realizarse en octubre de 2010 sean elegidas cuando menos dos mujeres, pues de ese modo el Consejo General del IFE quedaría formado por seis hombres y tres mujeres, balance que salvaguardaría un piso mínimo para la equidad de género. He presentado una iniciativa para que el equilibrio exista por ley; mientras tanto, éste debe obtenerse con base en la voluntad política de los grupos parlamentarios.

La otra asignatura pendiente tiene que ver con la necesidad de que el nombramiento de los consejeros electorales se realice con una lógica ajena a las cuotas partidistas. La autonomía del IFE lograda en 1996 impidió que el gobierno federal tuviera injerencia en el Consejo General; ahora debemos evitar que los partidos políticos u otros intereses pretendan determinar la designación de los consejeros electorales con una lógica de cuotas. Ello afectaría gravemente la credibilidad del Consejo General del IFE.

Con base en las consideraciones expuestas, someto a la aprobación de esta soberanía la siguiente proposición, de obvia y urgente resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que en el proceso de elección de tres integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral por realizarse en octubre de 2010 se elijan al menos dos mujeres, como una forma de observar la equidad de género en la integración de dicho órgano.

Segundo. Se exhorta a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que en el proceso de elección de tres integrantes del Consejo General del IFE por realizarse en octubre de 2010 se tomen en cuenta solamente las capacidades, el prestigio, la formación académica, la experiencia y la reputación de los aspirantes, y se abstengan de incorporar cualquier lógica de cuotas partidistas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputadas: Elsa María Martínez Peña, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Tomasa Vives Preciado, Sonia Mendoza Díaz, Enoé Margarita Uranga Muñoz, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, María Araceli Vázquez Camacho, María de Lourdes Reynoso Femat, Oralia López Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a considerar en el proyecto de miscelánea fiscal de la federación de 2011 el otorgamiento de estímulos fiscales del ISR a los contribuyentes que generen productos compatibles con el ambiente, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a considerar en el proyecto de miscelánea fiscal de la federación de 2011 el otorgamiento de estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a quienes generen productos compatibles con el ambiente.

Lo anterior, con base en las siguientes

Consideraciones

El término negocios ambientales atañe a los bienes y servicios que el medio natural ofrece, y cuyo aprovechamiento se realiza con criterios ambientales. Los negocios ambientales incluyen además productos generados por el ser humano que son compatibles con el ambiente y la salud humana. Los negocios ambientales están constituidos por todas las actividades productivas acordes con el ambiente y la salud humana.

La actividad está orientada a aprovechar sosteniblemente los recursos del ambiente; entonces, aplican las acepciones bionegocios (“hacer negocios con recursos provenientes de la biodiversidad”) y biocomercio (“comercializar recursos provenientes de la biodiversidad”). Pero si la actividad tiene que ver con los servicios que presta el medio natural o el ser humano, la llamamos “servicios ambientales”.

Ahora, si se busca producir de manera ecológica/orgánica sin afectar el ambiente y la salud humana, o es un producto de origen industrial con criterios de producción limpia o tecnología que es compatible con el ambiente, lo llamamos ecoproductos; y a la actividad económica desarrollada con estos productos, econegocios. El escenario donde se tran-san estos productos y las relaciones de intercambio que se generan se denominan “mercados verdes”.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece el objetivo de fomentar el consumo, por la sociedad civil, de bienes y servicios compatibles con el entorno, es decir, destinados a incentivar un consumo racional y responsable hacia el ambiente, así como ir generando una conciencia de consumo sustentable, por lo cual se debe considerar el fomento de la creación de un mercado verde, del etiquetado o la certificación voluntaria y la diseminación de la información a la sociedad sobre los productos que cuentan con este certificado.

De esa manera, el desarrollo sustentable y el fomento del consumo sustentable de bienes y servicios requiere forzosamente un uso más amplio de instrumentos económicos, regulatorios, informativos y educativos y de incentivos claros que promuevan la sustentabilidad entre productores, inversionistas, consumidores y la sociedad en general. Específicamente, una política de desarrollo sustentable debe lograr que los costos sociales y ambientales de los bienes y servicios se reflejen en términos económicos, a fin de promover patrones de producción y consumo sustentables.

La Comisión Brundtland definió el desarrollo sostenible como “el equilibrio entre las necesidades del hombre y la capacidad de la naturaleza para satisfacerlas”. Este equilibrio debe lograrse en tres dimensiones: económica, social y ambiental. Ahora bien: ¿qué subyace en el concepto de sostenibilidad?La sostenibilidad, definida como “equilibrio” o “balance”, establece que la naturaleza, principal proveedora de recursos para satisfacer las necesidades humanas, es limitada.

Por tanto, si los recursos son limitados y no se utilizan bien, llegará el momento en que no será posible satisfacer las necesidades humanas. Además, la Comisión Brundtland establece que los más pobres son los más necesitados y, al mismo tiempo, los que menos acceso tienen a los recursos. Citamos nuevamente a esa comisión: “La gente pobre se ve forzada a sobreutilizar los recursos ambientales para sobrevivir día tras día, y el empobrecimiento de su ambiente la empobrece más aún, haciendo su supervivencia aún más difícil e incierta”.

Teniendo claro este concepto, puede ampliarse: no sólo tenemos derecho los hombres y las mujeres que habitamos el planeta en la actualidad, también tienen derecho las generaciones futuras. El uso sostenible de recursos es “el uso de los recursos naturales que siempre permanece dentro de los límites de la capacidad ambiental y, sobre esta base, llena las necesidades de la generación actual, especialmente de los más pobres, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, de llenar sus necesidades”.

Así, en respuesta del gran deterioro natural que se ha dado en las últimas décadas, una fuerte ola en pro de la ecología ha invadido la conciencia de la población mundial. Ante esto, la problemática ambiental ha llevado a las empresas a implantar estrategias que permitan que sus procesos y actividades sean acordes con el ambiente; sin embargo, la realidad es que aún no puede decirse que nuestro sistema fiscal favorezca las industrias limpias.

Asimismo, hay un estímulo para la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, planteado en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente a 30 por ciento de los gastos e inversiones en esos rubros contra el ISR causado durante el ejercicio en que se determine dicho crédito.

En resumen, los estímulos fiscales vigentes poco o nada ayudan al impulso de empresas que generen nuevos productos armónicos con el ambiente, por lo que resulta una medida poco atractiva por los costos que dicha inversión representaría.

Es necesario un fuerte trabajo legislativo, pues cualquier impuesto o exención debe estar muy bien justificado, tratándose de un área que requiere acciones permanentes que permitan mantener condiciones favorables para el ambiente. Los estímulos fiscales son un factor primordial para el impulso de empresas que contribuyan a la creación de productos que fomenten la protección del ambiente, por lo que debe procurarse el reconocimiento del beneficio ambiental de cualquier inversión productiva significativa.

Con base en las consideraciones anteriores, presento al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a considerar en el proyecto de miscelánea fiscal de la federación de 2011 el otorgamiento de estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que generen productos compatibles con el ambiente.

Segundo. Se considere el anterior punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputada María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SRE a revisar la actuación del cónsul en Chicago, Illinois, por las protestas realizadas en la celebración del bicentenario de la Independencia de México en esa ciudad, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

La población de migrantes en Illinois es de las más grandes y diversas de Estados Unidos. Se estima que hay más de 1.6 millones de latinos ahí, de los que cerca de 1.3 son mexicanos. La representación consular en Chicago, Illinois, con la de Los Ángeles, California, es la que más actividad consular tiene. A su área de competencia corresponden Illinois, Wisconsin e Indiana, una de las regiones económicas más importantes de Estados Unidos.

Ela 8 de marzo de 2007 fue aprobado por la Cámara de Senadores el nombramiento de Manuel Rodríguez Arriaga como cónsul general de México en Chicago. En su comparecencia mencionó que en Chicago se encuentra una de las comunidades mexicanas más antiguas, numerosas, emprendedoras, organizadas y politizadas de Estados Unidos, desde su establecimiento en la región.

Señaló que en alrededor de 600 agrupaciones participan los mexicanos y que los actores más importantes en términos de movilización de la comunidad mexicana son las organizaciones comunitarias, la Iglesia católica, los sindicatos, las cámaras de comercio (mexicanas o mexicano-estadounidenses), las asociaciones civiles (mexicano- estadounidenses), los clubes de oriundos y las federaciones de los estados.

Propuso favorecer la participación de los líderes de comunidades en la discusión de los temas que les conciernen en el ámbito de la agenda de las relaciones binacionales, mantener procedimientos permanentes de promoción e incorporación de organizaciones a los sistemas de datos sobre las comunidades mexicanas y asistir a las organizaciones de oriundos para la realización efectiva de donaciones en especie a México.

No obstante lo anterior, con motivo de la organización para celebrar el bicentenario de la Independencia de México, en declaraciones publicadas en medios de esa ciudad, Miguel Zuno, miembro de la Sociedad Cívica Mexicana (SCM), apoyado por Carlos Arango, de Casa Aztlán, y Luis Pelayo, del Concilio Hispano, anunciaron ante la prensa local la posibilidad de llamar a la comunidad a realizar un boicoteo y no participar en los actos realizados por el consulado, específicamente el Grito de Independencia.

Carlos Arango, de Casa Aztlán, señaló: “Resulta arbitrario, contrario a cualquier principio democrático, que el cónsul, por una decisión arbitraria, cambie, cuando se están viviendo épocas de desastre en México y la situación de los inmigrantes en este país”. La SCM reclama ser incluida y reconocida como coorganizadora del Grito de Independencia ya que, según sus miembros, fueron excluidos por el cónsul general Manuel Rodríguez Arteaga.

A mayor abundamiento, Ana María Ugalde-Montes de Oca, del El Día News,publicó lo siguiente: “En las últimas semanas hemos seguido de cerca los acontecimientos que han surgido entre el representante consular mexicano, los directivos de la Sociedad Cívica Mexicana y las diferentes opiniones en favor y en contra.

”Hace unas semanas estuvimos entrevistando afuera del Consulado mexicano a Evelia Rodríguez, miembro de la directiva y dirigente de las actividades y eventos de la mencionada sociedad, y decía que sólo se le había pedido ser parte en la celebración como ‘coauspiciadores’, pero que el cónsul no aceptó, argumentando que el gobierno de México así quería que se hiciera. Rodríguez indicó que la SCM había enviado una queja por escrito al gobierno de México, representado por el presidente Felipe Calderón.”

La celebración del bicentenario se reseñó en los medios locales de la siguiente manera: “Lo que debió haber sido la celebración más espectacular en la historia de los organismos mexicanos establecidos en esta suntuosa ciudad de Chicago se convirtió en los eventos patrios con mayor desacuerdo y desunión...”

”Una serie de desacuerdos entre la directiva de la Sociedad Cívica Mexicana y el representante consular deterioró lo que podría haber sido una magna celebración del bicentenario de la Independencia de México. Según los representantes de la SCM, las imposiciones del representativo mexicano echaron por la borda los años de dedicación a su organización, que finalmente fue la única que quedó fuera en la noche del Grito.

”Aunque hubo varios detalles que criticar, el más grande fue que se nombró a las principales organizaciones mexicanas y mexicano-estadounidenses, pero dejaron a un lado a la organización que por muchos años fue la encargada de este evento, en conjunción con el representativo consular. En esta celebración de la Independencia Mexicana 2010 fue ignorada por completo la Sociedad Cívica Mexicana. Otra crítica que se escuchó fue que los invitados de honor preguntaban por qué no estuvieron en el escenario las 30 organizaciones involucradas en los festejos del bicentenario. Gran parte de los representantes de estos organismos no hicieron acto de presencia. Varias personas levantaron pancartas en forma de protesta contra el representativo mexicano.”

Finalmente, en la columna “Templo Mayor”, del periódico Reforma, de la Ciudad de México, se publicó el 18 de septiembre del año en curso: “Quién sabe qué traen los mexicanos avecindados en Chicago, pero casi le ahogan el Grito al cónsul general de México en esa ciudad, Manuel Rodríguez Arriaga.

”La noche del 15 de septiembre, el también embajador de carrera, en vez de escuchar que le respondieran: ‘¡viva!’, ‘¡viva!’, escuchó: ‘¡fuera!’, ‘¡fuera!’

”Incluso, algunos de los integrantes de la comunidad mexicana llevaron una manta con la leyenda: ‘¡Viva México! ¡Fuera el cónsul Arriaga!’

”Algún conflicto fuerte habrá entre el diplomático y los connacionales de la Ciudad de los Vientos, que se armó tal remolino.”

La labor de un consulado estriba no sólo en proteger y apoyar a los connacionales en el extranjero, en la protección de sus derechos, en el apoyo a su salud, en su educación o en el respeto de sus derechos sino, también, en mantener comunicación permanente con todas sus organizaciones, con objeto de integrarlas y hacerlas partícipes de todas las actividades cívicas y culturales que celebre el país, respetando su diversidad de opinión.

En resumen, en estas épocas en que la aplicación de leyes contra nuestros connacionales violan su dignidad y respeto y, en consecuencia, los derechos fundamentales del hombre, resulta necesario un actuar responsable y conciliador de todos los representantes diplomáticos, situación que al parecer no resulta importante para el Consulado de México en Chicago, en esta época en que debe propiciar la unión entre todos los mexicanos, tanto en el territorio nacional como fuera de él.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la secretaria de Relaciones Exteriores a revisar en el ámbito de su competencia la actuación del cónsul de México en Chicago, Illinois, con motivo de las protestas efectuadas en la celebración del bicentenario de la Independencia de México en esa ciudad de Estados Unidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al director general de la Conagua a fin de que reforme las Reglas de Operación del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales y permita así a las comunidades rurales consideradas de alta y muy alta marginación tener acceso a los recursos de éste, a cargo del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La provisión de los servicios de agua potable y de saneamiento es un elemento fundamental para la salud de la población, especialmente la infantil. El acceso a estos beneficios es factor crucial para reducir la mortalidad entre la población menor de cinco años, así como en la disminución de enfermedades de transmisión hídrica entre las que se encuentran la hepatitis viral, fiebre tifoidea, cólera, disentería y otras causantes de diarrea.

En México la mortalidad infantil se ve reducida con el incremento de las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que aminoran la exposición a los agentes patógenos.

Sin embargo, es necesario destacar que actualmente cerca de 3 millones de habitantes en alrededor de 12 mil comunidades con menos de 2,500 pobladores continúan sin recibir estos servicios y la población de estas comunidades registra elevados índices de pobreza y marginación, lo que los mantiene rezagados, razón por la cual se ubican fundamentalmente en las zonas de atención prioritaria.

Ahora bien, el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales que aplica el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua, tiene como objetivo apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, mediante la construcción y ampliación de su infraestructura, con la participación comunitaria organizada y dirige sus acciones para beneficiar entre otros a comunidades rurales del país con población menor o igual a 2 mil 500 habitantes, siendo localidades que requieran apoyo técnico y económico para salir del rezago en el que se encuentran.

Sin embargo, dadas las condiciones de marginalidad en que viven las comunidades que podrían ser beneficiadas por el programa mencionado y, a su vez que los municipios a los que pertenecen enfrentan circunstancias similares, se ven impedidos al acceso de estos servicios, pues las reglas de operación para la aplicación del programa de agua potable y saneamiento les resultan difícil de cumplir, en atención a las aportaciones económicas que deben realizar, ya que los ayuntamientos correspondientes enfrentan una precaria situación financiera.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya al director general de la Comisión Nacional del Agua, a reformar las reglas de operación del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, con la finalidad de que las comunidades rurales del país con población menor o igual a 2 mil 500 habitantes, consideradas de alta y muy alta marginación, tengan acceso a los recursos de este programa, modificando la aportación económica que les corresponde, para quedar en 20 por ciento el municipio y 80 por ciento la federación, pudiendo los municipios hacer su aportación con mano de obra y/o materiales de la región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputados: Emilio Andrés Mendoza Kaplan, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Óscar Javier Lara Aréchiga, José Antonio Yglesias Arreola, Violeta Avilés Álvarez, Manuel de Esesarte Pesqueira, Francisco Alberto Jiménez Merino, José Manuel Marroquín Toledo, Francisco Javier Orduño Valdez, Ramón Merino Loo, Héctor Franco López, Rolando Zubia Rivera, Aarón Irízar López, Elpidio Concha Arellano, Edgardo Melhem Salinas, Rogelio Días Brown, José Aysa Bernat, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Jorge Venustiano González Ilescas, Margarita Liborio Arrazola, Benjamín Clariond Reyes Retana, José Ignacio Pichardo Lechuga, Jorge Rojo García de Alba, Teófilo Manuel García Corpus (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

ESTADO DE DURANGO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a declarar –a través del INAH– Tamazula, Durango, zona de patrimonio histórico y cultural de México; y la casa donde vivió don Guadalupe Victoria, monumento histórico y cultural, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, José Ricardo López Pescador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite presentar a esta soberanía, una proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las estrofas del glorioso Himno Nacional reza con acierto:

Para ti las guirnaldas de oliva

Un recuerdo para ellos de gloria

Un laurel para ti de victoria

Un sepulcro para ellos de honor

Los festejos del bicentenario de inicio de la Independencia nacional son ocasión precisa y momento oportuno para rendir desde las instituciones de la república un justo homenaje a todos los héroes y las heroínas que nos heredaron patria y libertad.

Si bien la lista de personajes ilustres es numerosa para citar a todos y cada uno de los próceres que con enorme visión concibieron la grandeza de nuestra nación, quiero referirme en lo particular a José Miguel Ramón Adaucto y Félix, conocido ampliamente por la historia como Guadalupe Victoria, oriundo de la villa de Tamazula, Durango, quien tiene la gloria de haber sido el primer presidente de la República Mexicana.

No es cosa intrascendente ocuparnos de la figura de uno de los personajes más insignes y preclaros de la historia, a quien se declaró en su tiempo Benemérito de la Patria y que gracias a las numerosas batallas ganadas alcanzó el grado de general.

A juzgar por la historia, la actitud conciliadora y su destacado papel en el proceso de lucha independentista, entre otros múltiples factores, los que seguramente motivaron a los protagonistas de ese entonces a pensar en la figura de Guadalupe Victoria para que él ocupara precisamente el honroso cargo de presidente de una naciente república, consecuencia inmediata de auténticos y legítimos movimientos de emancipación social.

De esta manera, los Constituyentes al Congreso de 1824, entre ellos el laureado personaje que representaba a Durango, luego de haber proclamado la primera de las Constituciones Políticas, que dio amparo legal al gobierno republicano y federal, eligieron a don Guadalupe Victoria como el primer presidente del país, cargo que asumió el glorioso 10 de octubre de ese año.

Corrían en la segunda década del siglo XIX tiempos aciagos para la historia del país, cuyos habitantes entonces enfrentaban los saldos propios de toda una serie de luchas sociales que llevaron a la formación de una nueva nación.

Ante ello, don Guadalupe Victoria, ya investido y en funciones de primer mandatario, con enorme visión de Estado que le daba su condición de ilustrado, pero sobre todo su sensibilidad y formación liberal que lo llevaron a sumarse a una de las la causas más legítimas en la historia de México y aun con las vicisitudes de la época, supo imprimir a su obra de gestión pública signos de modernidad, al haber declarado la abolición de la esclavitud e impulsado la educación entre otras medidas de beneficio social y establecer para la defensa de la patria la Marina de Guerra.

Se reconoce asimismo su vocación, al haber integrado un gabinete de trabajo formado por representantes de diversas facciones políticas, como una de tantas medidas conciliatorias para un buen gobierno, tan necesario en aquel entonces como ahora.

Con esto hizo propios los idearios libertarios de Miguel Hidalgo, de Ignacio Allende, de Juan Aldama, de Josefa Ortiz, de José María Morelos, de Vicente Guerrero y de muchos caudillos más que desde el primer momento impulsaron y trabajaron en favor de un movimiento eminentemente de libertad y justicia social.

Guadalupe Victoria, quien adoptara este nombre en honor de la virgen patrona de la insurgencia y en remembranza de la causa que culminó con la independencia, fue hombre de firmes principios que en todo momento rechazó y supo oponerse e imponerse a las trágicas intenciones imperiales de Agustín de Iturbide, al mantener su convicción por la instauración de una república federal, como así fue y es a nuestros días, todo ello al amparo de un espíritu constitucionalista.

Ésos y muchos otros considerandos contenidos en las vastas páginas de la historia y en las cuales se da cuenta de la obra y del ideario siempre vigente de don Guadalupe Victoria nos motivan a presentar, en nombre del pueblo y gobierno de Tamazula, Durango, una propuesta para seguir rindiendo justo homenaje a la figura de un moderno estadista que supo enfrentar con valentía, decisión, arrojo y talento los retos de su tiempo.

Por lo expuesto, elevo a consideración de esta asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía exhorte al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública y por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia declare Tamazula, Durango, zona patrimonio histórico y cultural de México.

Segundo. Que esta soberanía exhorte al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, y por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, declare monumento histórico y cultural de México, la casa donde vivió y nació don Guadalupe Victoria, en Tamazula, Durango.

México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Diputado José Ricardo López Pescador (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ESTADO DE GUANAJUATO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guanajuato a interponer sus buenos oficios para que los beneficios de su iniciativa se extiendan a las mujeres que siguen presas por el mismo delito en la entidad, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI

Recientemente el honorable Congreso de Guanajuato aprobó la iniciativa del gobernador de esa entidad federativa, tendente a atenuar las sanciones que el Código Penal del estado dispone para los casos de “homicidio agravado por razón de parentesco” imputado a mujeres que abortaron. De esta manera quedarán libres las cuatro mujeres a las que se había condenado a penas mayores.

Siendo de enorme importancia este hecho, porque con ello se está subsanando el agravio inferido a indefensas mujeres humildes, el problema sin embargo subsiste, porque en este tema existen valores que parecen irreconciliables.

Ciertamente es plausible haber atenuado una penalidad notoriamente excesiva modificando la ley. Pero no basta. Es necesario revisar a fondo la legislación pertinente, de manera que no sólo se impida que en el futuro, acciones como la corregida, sino que, con claridad y transparencia, se garantice el derecho de las mujeres a disponer libremente y sin coacción alguna de sus decisiones y sus actos.

Los representantes del pueblo saludamos la iniciativa del gobernador de Guanajuato, pero no podemos ignorar ni dejar en el olvido a las 11 mujeres que siguen presas por las mismas causas, igual en esa entidad que en Quintana Roo, Puebla y en las regiones indígenas de Papantla y Zongolica, Veracruz, donde al menos 6 mujeres purgan condenas de 15 a 18 años de prisión, en el fondo por ser indígenas y por ser humildes y pobres.

Tales acontecimientos nos degradan como país y como sociedad. Es verdaderamente obsoleto que todavía, en la primera década del siglo XXI, sigamos discutiendo si las mujeres tienen derecho o no a decidir sobre su propia vida.

La discusión y el debate en torno a este tema tan delicado y controvertido, es indispensable, importante e inevitable. Lo que no es aceptable es la arbitrariedad y los prejuicios para tratarlo, pues la ideología en que se sustentan es una lamentable señal de decadencia.

social. No podemos ocultar que en muchas partes, sobre todo las mujeres indígenas, todavía siguen prisioneras de los usos y costumbres que profundizan el sufrimiento de su sumisión. Un país moderno como el nuestro, que vive ya con las reglas de la globalización, no puede estar atrapado en el pensamiento de la edad media, con una justicia que en este debatido tema las estigmatiza sufriendo así, las mujeres, un amargo retroceso en sus luchas históricas.

Hoy como nunca, los legisladores, independientemente de nuestros intereses partidarios, tenemos el deber y la responsabilidad de asegurarnos que todas las mujeres, particularmente las más pobres y desprotegidas, tengan el pleno respeto y consideración a su dignidad y a sus derechos fundamentales, entre otros, el de disponer con toda libertad de los dictados de su conciencia.

Por estas consideraciones, señor presidente, me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Que por conducto de la Junta de Coordinación Política, la honorable Cámara de Diputados exhorte al gobernador de Guanajuato para que interponga sus buenos oficios a fin de que, los beneficios de su iniciativa, se extienda a las mujeres que aún siguen presas por el mismo delito en esa entidad.

Palacio Legislativo, a 7 de septiembre 2010.— Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Equidad y Género.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que el Estado mexicano se retire de las negociaciones en curso para suscribir el acuerdo comercial antifalsificación; y se exhorta al Congreso de la Unión a convocar a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta punto de acuerdo mediante el cual se instruye enviar atento y respetuoso oficio al titular del Poder Ejecutivo federal, para solicitarle que el Estado mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así como para hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el honorable Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 76, párrafo II, que el Senado, tiene, entre otras atribuciones, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre éstos.

Asimismo, la máxima norma de referencia señala en su artículo 89 fracción X que el Presidente de la República tiene como obligación, el dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desa-rrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Por otra parte, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica señala en su artículo 3, fracciones I y VI, que para la aprobación de un tratado se observarán entre otros  objetivos generales, el contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este orden de ideas, el Ejecutivo federal anunció el 23 de octubre del 2007 que,derivado del compromiso del Gobierno de México sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, nuestro país participaría en discusiones preliminares conjuntas con Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Unión Europea, Suiza, Nueva Zelanda y otros países en una propuesta de un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).

El gobierno federal, a través del portal oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, (IMPI) señala que elAcuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) propuesto pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) para combatir de manera eficiente el crecimiento prolífico del comercio de bienes piratas y falsificados. ACTA versa de 3 áreas: a) incrementar la cooperación internacional, b) establecer mejores prácticas para la observancia; y, c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y falsificación.

De igual manera, se indica que algunas posibles disposiciones en esta área pueden incluir: Cooperación internacional entre autoridades encargadas de la observancia; capacitación y apoyo técnico para el mejoramiento de la observancia, así como mejores prácticas, al expresar que los impulsadores del ACTA creen que es crucial establecer mejores prácticas de observancia que promuevan una fuerte protección conjuntamente con los socios comerciales y los titulares de los derechos. Estas prácticas deberán de apoyar la aplicación de las herramientas legales relevantes. Los áreas para posibles disposiciones incluyen: Grupos de asesoría formal o informal público/privada sobre piratería y falsificación; fomentar la existencia de peritos/expertos en propiedad intelectual, dentro de las estructuras de observancia de la ley para asegurar un adecuado trato a los casos que se presenten en materia de propiedad intelectual; medidas para el aumento de la concientización pública sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como también mostrar los efectos del detrimento causados por infracciones de DPI.

Uno de los puntos nodales a negociar, lo constituye el tema del marco legal. Al respecto, el Gobierno Federal, a través del IMPI, señala que el último pilar del ACTA versa en proveer a los ciudadanos, autoridades encargadas de la observancia y el poder judicial, con las herramientas apropiadas para tratar de manera efectiva con la falsificación y piratería a través de un fuerte y moderno marco legal. Las áreas para posibles disposiciones incluyen: Observancia en materia penal: medidas en frontera; observancia en materia civil; piratería de discos ópticos; y distribución vía internet e información tecnológica.

Es de destacarse que desde el inicio de las rondas de negociación entre los países interesados en suscribir ACTA, éstas se habían manejado con secrecía, y no fueron auspiciadas por ningún órgano internacional, por lo que trascendió por medio de información filtrada y no confirmada el momento en que éstas comenzaron a llevarse a cabo; posteriormente, se confirmó que desde el 2 de junio de 2008 hasta el 16 abril de 2010, se habían realizado ocho rondas de negociación, celebradas sucesivamente en Ginebra, Suiza; Washington, DC, EUA; Tokio, Japón; París, Francia; Rabat, Marruecos; Seúl, Corea; Guadalajara, México, y Wellington, Nueva Zelanda.

Hasta la octava reunión de negociación de ACTA, el Ejecutivo federal no había proporcionado información alguna al Senado de la República de los pormenores y avances en la negociación de dicho acuerdo, irregularidad que motivó que la Cámara de Senadores aprobara, el 27 de abril de 2010, el dictamen con punto de acuerdo presentado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por medio del cual se solicitó a la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se remitiera a dicha Soberanía un informe completo sobre el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) en los términos del artículo 5 de la Ley Sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que contuviera por lo menos los siguientes aspectos: I. Las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo; II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y III. Un programa del proceso de negociación calendarizado.

En este orden de ideas, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio número SEL/UEL /311/1677/10 de fecha 2 de junio de 2010, remitió a los secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, contestación al punto de acuerdo de referencia aprobado por el Senado, la cual consistió  en el oficio 100.2010.DGE.0483 suscrito por el Director General de Enlace de la Secretaría de Economía, en el que remite, la respuesta del Lic. Jorge Amigo Castañeda, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI).

En el documento suscrito por el director general del IMPI, se señala que aunque los países signatarios reconocen la importancia de responder efectivamente al reto de la piratería en internet, confirmaron que ninguno está proponiendo en el referido Acuerdo, requerir a su gobierno un mandato de la llamada regla de las ¨tres notificaciones” (graduate response o three strikes) sobre infracción al derecho de autor en internet. Por lo tanto, mediante el acuerdo de referencia, se respecta la privacidad de los ciudadanos respecto a su derecho de libertad de expresión, ya que no se contempla monitorear la información que se distribuya a través de Internet.

De igual manera, indica: sin embargo, si contempla,que los países signatarios en su legislación nacional implementen una política interna para los proveedores de servicios de Internet puedan regular su uso a partir de notificaciones a los usuarios, en relación a aquellos portales con los cuales se realicen actividades de comercio ilegal o piratería, es decir, México llevaría a cabo el registro de los proveedores de servicio de Internet, con los requisitos necesarios para tales fines. Adicionalmente, se advierte que el ACTA será consistente con el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo los ADPIC) de la OMC.

Desde el inicio de las negociaciones de ACTA, representantes populares de países europeos involucrados, han manifestado su oposición a la totalidad del Acuerdo o al menos a varios puntos del mismo; en este sentido, el Parlamento Europeo rechazó en marzo pasado, por una votación de más de 600 votos contra 13 votos, el enfoque de ACTA; por otra parte el European Data Protection Supervisor emitió una opinión de más de 20 páginas detallando cómo ACTA amenaza la privacidad. En abril pasado, grupos de negocios y consumidores de Nueva Zelanda, publicaron la Declaración Wellington, que expresa gran preocupación por ACTA; dicho pronunciamiento, en menos de 24 horas de haberse dado a conocer en línea, había ya sido firmado por miles de personas. Cabe señalar que asimismo, organizaciones representativas a nivel internacional como Reporteros sin Fronteras, NetCoaltion, y Senadores de varios países involucrados entre otros actores políticos y sociales, se han pronunciado firmemente contra el acuerdo de referencia.

En este sentido, expertos en entorno digital y de empresas generadoras de contenidos y proveedoras de servicios en línea en México, así como la generalidad de los usuarios de  redes sociales e Internet, han expresado su temor y escepticismo en cuanto a los verdaderos alcances del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación y su repercusión tanto en los derechos de usuarios de Internet como en los esfuerzos por impulsar políticas que faciliten la posibilidad de acceso a Internet  a todos los mexicanos. Dichas preocupaciones han sido manifestadas en diversos foros como el organizado por el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril denominado ACTA: repercusiones legislativas para las empresas proveedoras de servicios de internet y sus usuarios.

Empresas como Alestra, han señalado que si bien la piratería daña a los detentadores de derechos de la propiedad industrial al establecer barreras al crecimiento económico y afectar a la innovación y la calidad creativa y que la falsificación debe ser evitada, tanto en lo que corresponde a bienes intangibles, como en el ámbito digital, los términos de ACTA, específicamente en su sección 4, que obligan a los proveedores de servicios en Internet a limitar o suspender el acceso de terceros (clientes) a material en línea que viole los derechos de terceros o del cual existan indicios de ello, y la obligación a los proveedores de servicios en Internet de implantar sistemas y políticas de monitoreo de tráfico, incluyendo comunicaciones, mensajes, gráficos, datos y archivos, además de ser técnicamente inviable, implica una clara violación a las garantías individuales, consagradas en el artículo 14 y 16 constitucionales, los cuales otorgan certeza jurídica a los particulares, al disponer que nadie puede ser molestado sin una orden judicial provista por autoridad competente, y que las comunicaciones privadas son inviolables, respectivamente.

Las anteriores acciones colocarían asimismo a los ISP´s en el supuesto violatorio del artículo 177 del Código Penal Federal, el cual establece como un delito, la intervención de comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial Así, las empresas proveedoras de servicios serían orilladas a realizar actos contrarios a la ley y realizar acciones que en sentido estricto, corresponden al Estado.

En este sentido, los expertos consideran que ya existe en nuestra legislación un amplio marco jurídico para la protección de los derechos de autor y de propiedad industrial, que encuentra su base en el artículo 28 constitucional, el cual sustenta la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial. De igual manera, México ha suscrito el Convenio de Berna y el Tratado sobre Derecho de Autor y el Tratado sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas, estos dos últimos, auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Por otra parte, la restricción del libre acceso a usuarios a Internet de parte de los proveedores de servicios en línea por la simple sospecha de violación de los derechos de autor, implicaría una clara contradicción de los esfuerzos en materia regulatoria de promoción cultural digital. Es de destacar que, de acuerdo con datos dados a conocer por la Asociación Mexicana de Internet, existen 27.6 millones de usuarios de internet en México, con una tasa de penetración del 28 por ciento. De igual manera, se calcula que existen en nuestro país 18 millones de computadoras, de las cuales, 11 millones se encuentran conectadas a Internet. Sin embargo, se considera que nuestro país sufre una amplia brecha digital, en que la mayor parte de sus habitantes aún no tiene acceso al Internet.

ACTA no considera las especificidades y necesidades económicas, sociales y legales de nuestro país. En dicho Acuerdo, se importan dos conceptos del modelo norteamericano que se refieren básicamente a el safe harbory las infracciones y responsabilidades secundarias, para el que induce o contribuye a la comisión de un delito. La Asociación Mexicana de Internet, ha señalado que no existen datos duros o cifras que demuestren la necesidad y/o los beneficios de adoptar este modelo importado y aplicarlo en nuestro país.

En este orden de ideas, el gobierno de Brasil ha impulsado la implantación del software libre, así como sistemas de código abierto en las computadoras de las dependencias de gobierno, lo que en el año 2008 le proveyó ahorros por 167.8 millones de dólares; asimismo, ha desarrollado el proyecto PC Conectado, que ofrece a las familias de baja renta la posibilidad de adquirir computadoras con precios y condiciones favorables, acciones para disminuir la brecha digital en la población.

En este sentido, existen modelos alternativos de protección de los derechos de autor más adecuados para las particularidades del entorno digital en México, caracterizados por su novedad, eficacia y que fueron diseñados para ser aplicados en Internet. Entre éstos se encuentran las licencias copyleft, que son aquellas que, permitiendo un mayor control de los creadores de sus obras, investigaciones y proyectos y una remuneración compensatoria más razonable por su trabajo, también permiten a los usuarios finales un mejor acceso y disfrute de los bienes, bajo este tipo de licencias no restrictivas. Por otra parte, el modelo creative commons, define un espacio que se encuentra en el espectro de la protección absoluta de los derechos de autor (todos los derechos reservados) y le dominio público (ningún derecho reservado). Las licencias ayudan a conservar los derechos autorales invitando a usar su obra bajo el esquema de algunos derechos reservados.

Los términos y forma en la que el Ejecutivo federal negocia ACTA, van en franca contradicción con los principios que, según la Constitución y leyes señalan, deben observar los tratados internacionales en materia económica suscritos por nuestro país, como la contribución a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales con el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, los términos en que se está planteando ACTA son violatorios de  las garantías individuales, expresadas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el derecho a la protección de la privacidad de las comunicaciones entre particulares.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Envíese atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo con otros países, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).

Segundo. Se aprueba hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional, en la que se analicen los paradigmas actuales sobre modelos de producción, distribución y consumo cultural y comercial en internet, sus implicaciones legales, tecnológicas y sociales, así como modelos alternativos de licenciamiento de propiedad intelectual, que permitan el desarrollo y la innovación, y al mismo tiempo, la protección y expanción de los bienes comunes y el dominio público respetando las garantías individuales de los ciudadanos y su derecho a la información, con el fin de crear una nueva legislación.

Notas:

1 Fuente: http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_comercial_antifalsificacion. Día de consulta 3 de agosto de 2010, 10:44 horas.

2 Ídem.

3 Ibídem.

4 Información dada a conocer por Manuel Tamez, representante de negocios para México y CentroAmérica de Google, Inc., el 28 de abril de 2010.

5 ...

6 http://www.softwarelibre.cl/drupal//?q=node/81

7 http://fundacioncopyleft.org/

8 http://creativecommons.org.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2010.— Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Cultura.

MEXICANA DE AVIACION

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a realizar acciones y establecer procedimientos para prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas por las dificultades económicas de la Empresa Mexicana de Aviación y sus filiales, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo

Quien suscribe, María de la Paz Quiñones Cornejo, diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 43, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al licenciado Juan Francisco Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a realizar las acciones y mecanismos necesarios, ejerciendo las atribuciones de la secretaría, a fin de prevenir que las líneas aéreas comérciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de Mexicana y sus filiales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Como todos sabemos, la línea aérea Mexicana de Aviación está teniendo serios problemas de operación. Dicha línea enfrenta en este momento un juicio mercantil que pone en riesgo su permanencia en el mercado; en ésta misma problemática, se encuentran sus filiales con las cuales se cubrían las necesidades de transportación aérea nacional e internacional.

Lo anterior, es un problema muy serio, porque pone en riesgo un sector estratégico del país y una de las empresas emblemáticas, y más allá de ello, histórica.

Por lo anterior, el futuro de los trabajadores es incierto, más aun la adecuada transportación de millones de personas y sobre todo, que merma los ingresos a las arcas del país, ya que es una de las empresas que generaba recursos a los diversos sectores productivos del país; los sectores más afectados son a todas luces el turismo, los comercios y el transporte de mercancías.

En este sentido, es importante la intervención del Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ésta, tome las medidas necesarias para solucionar el conflicto y garantizar la permanencia y operatividad de dicha empresa estratégica en el desarrollo nacional.

En el marco de sus atribuciones, la SCT tiene la obligación de consolidar las áreas estratégicas en la materia y garantizar los medios necesarios para que el transporte de personas y mercancías, se mantenga en niveles óptimos, lo que implica, que pese a las dificultades que vive actualmente Mexicana, evite que se cobren con ese pretexto sobreprecios o se pretenda aplicar un aumento considerado en el precio de las tarifas comerciales; así como que se inicie una política de sobre venta que puede dejar a muchos pasajeros en tierra.

Al respecto, el subsecretario de la institución, aclaró que durante el periodo de vacaciones, las aerolíneas aumentan las tarifas por la temporada, pero entre agosto y septiembre, nuevamente, tienden a bajar, esto debido a la disminución en la demanda, por lo que, la situación actual del país obliga a que se cumpla una política estable en los precios, ya que tiene fundamento en las facultades de la institución.

Los funcionarios de la institución han declarado en diversas ocasiones que se “aseguraran que siga existiendo la competencia adecuada y que se mantendrán los precios”.

Si bien no se trata de afectar al mercado, la institución sí tiene el deber de que no se distorsione y se cumplan con las tarifas registradas ante dicha Secretaría.

A pesar de mencionar que no controlan los precios, sí tienen la facultad de obligarlas a cumplir con parámetros de distancia, tiempo, características del servicio y comparaciones internacionales, por mencionar sólo algunas.

Lo anterior, en congruencia, al derecho de transito consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna.

Incluso como parte de los ejes rectores de la Secretaría, encontramos que el Estado tiene la obligación de emitir los instrumentos jurídicos que normen las actividades económicas y sociales de los particulares, cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados y generar el máximo beneficio para la sociedad.

Sin embargo, es posible que no toda la regulación responda a los fines deseables, pese a ello, si no se ejercen las facultades de manera adecuada, dicha situación, puede traducirse en mayores costos para la sociedad, barreras a la inversión y al comercio. En otras palabras, pérdida de competitividad.

Por lo que la mejora regulatoria es un conjunto de acciones que debe realizar el gobierno para mejorar la manera en que norma las actividades del sector privado y de la sociedad en su conjunto.

En consecuencia, la mejora regulatoria no se limita a desregular procesos burocráticos, también construye y actualiza el marco jurídico para subsanar vacíos, mejorar procesos y reformar la regulación vigente, sin que la intervención del gobierno sea excesiva, ineficiente o responda a intereses particulares, esa es la enseñanza de la falta de instrumentos para solucionar la problemática de Mexicana de Aviación.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al licenciado Juan Francisco Molinar Horcasitas, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a ejercer sus facultades para realizar las acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que líneas aéreas comérciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 21 de septiembre del año dos mil diez.— Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Transportes.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a que promueva las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.

El diputado José Ricardo López Pescador:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en México el crecimiento del sector industrial se ha reducido en forma sensible en los últimos años, basta aquí con señalar que der 4.6 por ciento de crecimiento que se observó en dicho sector hasta el año 2000, descendió a 1.9 por ciento en el 2007 y la tendencia ha continuado a la baja, agudizándose en los últimos años.

Por desventura, el desempleo es la constante en México, lo que reduce las posibilidades para reactivar el mercado interno, pero lo más grave, margina a millones de jóvenes a la inactividad productiva.

El país requiere de un millón de nuevos empleos al año, pero a partir del año 2000, de cada 10 personas que se incorporan al mercado de trabajo, sólo 2 consiguieron un empleo formal, según datos del INEGI.

Se estima que del resto, cuatro han emigrado a los Estados Unidos y otros cuatro están en el desempleo o en el sector informal.

La deplorable situación económica se agravó porque se carece de una política industrial en México que recupere las cadenas productivas para ampliar el mercado interno y hacer menos dependiente a nuestro país de las fluctuaciones económicas de otros países avanzados.

Otro factor que inhibe los procesos de industrialización es la falta de apoyo suficiente a la micro industria y a las más de 4.2 millones de pequeñas y medianas empresas que generan un porcentaje elevado del empleo formal.

De ahí que una conclusión repetida en las reuniones plenarias del Grupo Parlamentario del PRI, de esta LXI Legislatura, es la necesidad de impulsar un marco normativo para que el país cuente con una política de Estado en materia de industrialización.

Como integrante de dicha bancada, el pasado 29 de abril presenté a esta soberanía una iniciativa de ley, cuyo objetivo esencial es generar a través de políticas públicas nuevos proyectos de inversión productiva, propiciando el surgimiento y multiplicación de nuevos agentes de la actividad económica y de esa manera establecer condiciones reales de una sana competencia en el mercado, regulando las prácticas monopólicas y desregulando la apertura de nuevos negocios.

La iniciativa de ley tendrá como objetivo fomentar la actividad industrial y la generación de nuevos proyectos productivos, así como conservar e incrementar el empleo en un marco de desarrollo sustentable en el país, aplicando nuevas tecnologías, acrecentando el número de mexicanos con actividad industrial, intensificando la capacitación de la planta productiva nacional y estableciendo una política de Estado en la materia.

El proyecto de iniciativa contiene los lineamientos para impulsar acciones de desregulación y simplificación administrativa, los estímulos, atención prioritaria a la micro, pequeña y mediana empresa, promoción del empleo productivo, impulso y difusión e innovación tecnológica y la integración de actividades económicas.

Pero además los programas de fomento industrial y generación de nuevos proyectos productivos estarán respaldados por recursos presupuestales que anualmente la Cámara de Diputados deberá incluir.

Por todo lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, con el fin de que exista una plena correspondencia entre el marco normativo que se requiere conformar y las áreas ejecutivas, propongo el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Exhortar a la Secretaría de Economía del gobierno federal a efecto de que ejecute las acciones necesarias para promover la industrialización y la generación de nuevos proyectos productivos.

Segundo. Se exhorte a la Secretaría de Economía del gobierno federal a efecto de que, en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto a la división de poderes coadyuve en la realización de consultas y foros necesarios para discutir, en conjunto con los diversos sectores productivos nacionales, el diseño de la Ley para la Industrialización y Generación de Nuevos Proyectos Productivos. Es cuanto, señor presidente. Compañeras y compañeros, muchas gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a promover acciones para la industrialización y generación de proyectos productivos, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado José Ricardo López Pescador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

En México existen factores de carácter estructural que han generado un bajo crecimiento económico y uno de esos factores es la escasa competencia en la economía mexicana. Muchos de los mercados más relevantes internamente en nuestro país, se encuentran altamente concentrados y las prácticas monopólicas no se sancionan con criterios acordes a la gravedad que implican las mismas.

Por ese motivo resulta indispensable que México cuente con un marco jurídico que sustente una política de competencia eficaz y al mismo tiempo contribuya a la generación de empleos y al crecimiento económico. Las prácticas internacionales en materia de competencia ofrecen referencias concretas para señalar que una política de competencia sólida es una base fundamental para el crecimiento y el desarrollo de una nación. Las principales economías desa-rrolladas del mundo se caracterizan por contar con una política de competencia eficaz. Por lo tanto, es indispensable que en nuestro país se impulse una cultura de la competencia y que ésta sea promovida por empresas, consumidores e instituciones públicas.

En México 30 por ciento del gasto de los hogares se destina a mercados con problemas de competencia y en estos nichos, los consumidores gastan alrededor de 40 por ciento más, que si hubiera competencia. Esta situación se agrava para el decil de la población más pobre, quienes erogan alrededor del 42 por ciento de su ingreso en mercados altamente concentrados. En el corto plazo, los monopolios generan precios excesivos y no en pocas ocasiones malos productos y servicios, lo que disminuye la capacidad de consumo de las familias, especialmente las más pobres. En el mediano plazo, inciden negativamente en la eficiencia de la economía y frenan al crecimiento económico.

La falta de una competencia sólida en los mercados nacionales ha deteriorado la eficiencia y la competitividad de nuestra economía. Esto, se ha reflejado en los índices de competitividad de diversas instituciones nacionales e internacionales. El año pasado, México alcanzó el lugar 60 del índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Si se realiza una desagregación de este índice, la caída de la competitividad se relaciona con la falta de competencia.

El efecto de la falta de competencia y su repercusión en la economía, ha sido reconocida por la Comisión Federal de Competencia y señalada por organismos internacionales, entre los que destacan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como las instituciones de investigación nacionales e internacionales como el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Foro Económico Mundial.

Con base en lo expuesto se puede estimar que existe un consenso en que la consolidación de una política de competencia permitiría elevar el ingreso real de los consumidores, fomentaría la competitividad en los diversos sectores de la economía, la inversión y el empleo, y además conduciría a la economía por una senda de crecimiento más elevado y sostenido.

Bajo este diagnóstico y en el contexto descrito el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a través de mi persona, también ha presentado una iniciativa en la materia. El pasado 29 de abril presenté a esta soberanía un proyecto de decreto por el que expide la ley para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.

Esta ley tiene por objetivo central generar condiciones para incrementar el número de agentes de la actividad industrial en el país y ampliar la cantidad de unidades económicas con actividades fabriles o manufactureras en las distintas regiones del país que generen una competencia sana en el mercado.

Algunas medidas muy concretas que la iniciativa propone para lograr lo planteado son:

• Establecer un plan rector que contenga programas de fomento a la actividad industrial en el país y para la generación de nuevos proyectos productivos;

• Fomentar la inversión en el sector industrial, la competitividad empresarial y la implantación de la calidad total en los procesos de producción;

• Vincular la modernización y dinamismo de la actividad industrial a las políticas y estrategias de desarrollo económico contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo;

• Incentivar de manera prioritaria la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente las vinculadas al sector agroindustrial, pecuario, avícola, forestal, joyero y, en general, manufacturero que tenga como propósito fundamental agregar valor a los productos del sector primario con excepción de las empresas que tienen presencia nacional o internacional.

• Vincular los programas educativos, así como los de ciencia y tecnología a las necesidades de la planta productiva nacional;

• Aplicar programas de calidad total para alentar la competitividad, respetando las prestaciones y servicios sociales indispensables para lograr niveles productivos y competitivos, con relación a los estándares internacionales;

• Generar empleos remunerados, en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, para personas de la tercera edad, para personas con capacidades diferentes, y siempre orientados a incorporar al proceso productivo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Otra de las grandes líneas establecidas en la ley con la finalidad de seguir políticas públicas de fomento industrial es la creación del Consejo de Fomento Industrial, como instancia encargada de articular las acciones del sector público en la materia, y el cual se define como el órgano permanente de consulta, opinión, asesoría y análisis, mediante el cual participan las dependencias del Ejecutivo federal y los sectores privado y social para mantener e impulsar la industrialización del país.

Con el propósito de consolidar una política de estado en materia de industrialización del país, la iniciativa de ley que he propuesto, señala la necesidad de aplicar los principios de la planeación democrática que proviene del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Planeación y del Plan Nacional de Desarrollo, incorporando a los empresarios con “actividades sujetas a incentivos” en términos de la ley, así como a los trabajadores incorporados a esas actividades, en las instancias correspondientes para que participen en el proceso de la planeación con el objeto de definir el contenido de los planes y programas específicos de la materia.

Consideraciones

Sin embargo también debe subrayarse que prácticamente todas las propuestas para diseñar políticas públicas para intensificar el fomento industrial, respetan el marco de competencia de la administración pública y de hecho se establece una relación integral de autoridades competentes para la aplicación del ordenamiento en donde se destaca la Secretaría de Economía.

Por ello y con el propósito de que exista plena correspondencia entre el marco normativo que se requiere conformar y las instancias ejecutivas y operacionales que deberán llevar a cabo las regulaciones y participaciones que la ley promueve, es necesario que se lleven a cabo consultas y foros de manera coordinada para que no se dupliquen esfuerzos ni se realicen rutas paralelas, en un rubro tan necesario para la vida económica e institucional de nuestro país.

En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a efecto de que promueva las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal, a efecto de que en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto a la división de los Poderes de la Unión, coadyuve en la realización de consultas y foros necesarios, para discutir en conjunto con los diversos sectores productivos nacionales la promulgación de una ley para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2010.— Diputado José Ricardo López Pescador (p.a. rúbrica)»

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.

ESTADO DE TLAXCALA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada María Elena Perla López Loyo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a que implemente un programa contra la tala ilegal y realice un proyecto integral con el objeto de reforestar el parque nacional La Malinche, en el estado de Tlaxcala.

La diputada María Elena Perla López Loyo:Con su venia, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dados a conocer en su informe denominado Las acciones y resultados 2008-2009 en materia forestal, las dos terceras partes de la madera que se producen en el país provienen de la tala ilegal.

La tala es uno de los problemas del crimen organizado más importante, sólo detrás del narcotráfico, el tráfico de armas y el secuestro. Se calcula que la derrama económica producida por los taladores clandestinos ronda el orden de los 4 mil millones de pesos.

En México hay 20 zonas de tala ilegal, las más destacadas son las selvas Montes Azules, Tarahumara, el sur del Distrito Federal, la costa grande de Guerrero, la zona Ixta-Popo, la reserva de la biósfera Mariposa Monarca, la sierra de Zempoala, la Malinche y el Cofre de Perote.

La Malinche políticamente administrativa queda comprendida en cuatro quintas partes de la superficie dentro de la entidad tlaxcalteca. El resto corresponde al estado de Puebla, y es uno de los volcanes más importantes de México desde diversos puntos de vista. Por su gran altitud ocupa el quinto lugar de las montañas más elevadas del país.

Asimismo, funciona como regulador del clima, surtidor de agua y hábitat de múltiples especies animales y vegetales. Sin embargo, como ya se citó, es una de las zonas naturales más deforestadas por la tala ilegal y clandestina.

En el caso de La Malinche, a partir del 28 de febrero de 1996 se dio la oficialización de la transferencia de la administración del parque nacional a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, con el objeto de redimensionar los límites del parque nacional y establecer programas de restauración y saneamiento forestal, vigilancia adecuada y coordinar actividades de investigación científica, monitoreo ambiental, capacitación rural, educación y asesoría técnica.

No obstante que los gobiernos estatales han realizado su esfuerzo para neutralizar este tipo de prácticas, lo cierto es que no han tenido resultados positivos toda vez que incluso los propios pobladores colindantes a La Malinche han pasado a formar parte de esa actividad que es fuente básica de ingresos económicos de muchas familias, sin importar que formen parte de la deforestación de esa región.

Por los razonamientos antes expuestos y con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, tome las medidas necesarias y se emprendan las acciones a fin de impedir la tala ilegal e inmoderada de árboles en las áreas circundantes al volcán La Malinche, en el estado de Tlaxcala y parte del estado de Puebla.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, elabore un informe detallado sobre las acciones que realiza permanentemente para evitar la tala clandestina e inmoderada de árboles en áreas protegidas como el volcán La Malinche, en el estado de Tlaxcala y parte del estado de Puebla.

Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, rinda informes sobre los programas de reforestación que realiza en áreas dañadas por las talas clandestinas e ilegales en las zonas circundantes al volcán La Malinche, en el estado de Tlaxcala y parte del estado de Puebla.

Es cuanto, señor presidente.

Le solicito que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a implantar un programa contra la tala ilegal y a realizar un proyecto integral con objeto de reforestar el parque nacional La Malinche, en Tlaxcala, a cargo de la diputada María Elena Perla López Loyo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dados a conocer en su informe “Las Acciones y Resultados 2008-2009 en materia forestal”, dos terceras partes de la madera que se produce en el país provienen de la tala ilegal.

La tala clandestina ha sido favorecida por la falta de alternativas de desarrollo económico, el alto valor de la madera que ha propiciado la organización y proliferación de bandas delictivas para extraer, transformar y comercializar ilegalmente la madera. Asimismo contribuyen a esa situación los problemas de indefinición en la tenencia de la tierra, que influyen para que se aproveche el recurso clandestinamente entre comunidades vecinas.

La tala es uno de los problemas del crimen organizado más importantes, sólo detrás del narcotráfico, el tráfico de armas y el secuestro. Se calcula que la derrama económica producida por los taladores clandestinos ronda el orden de los 4 mil millones de pesos.

En México hay 20 zonas críticas de tala ilegal, las que más destacan son: las selvas Montes Azules y Taraumara, el sur del Distrito Federal, la Costa Grande de Guerrero, la zona Ixta-Popo, la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, la sierra de Zempoala, La Malinche en Tlaxcala y Puebla y Cofre de Perote, en Veracruz.

La Malinche político-administrativamente queda comprendida en cuatro quintas partes de la superficie dentro de la entidad tlaxcalteca, el resto corresponde al estado de Puebla y es uno de los volcanes más importantes de México desde diversos puntos de vista: por su altitud ocupa el quinto lugar de las montañas más elevadas del país; asimismo funciona como regulador del clima, surtidor de agua y hábitat de múltiples especies animales y vegetales. Sin embargo, como ya se cito es una de las zonas naturales más deforestadas por la tala ilegal y clandestina.

Es sabido que esta práctica ilegal provoca grandes deterioros al medio ambiente, entre los que se encuentra la pérdida de alimentos, de medicinas tradicionales y acelera el calentamiento global: si no hay árboles que a través de la fotosíntesis transformen el bióxido de carbono en oxígeno aumenta el efecto invernadero.

La tala clandestina también causa una mayor erosión en los suelos en menos tiempo; así como la pérdida de flora y fauna que habita en esas regiones, además evita que el agua se vaya a los mantos freáticos, y de esta manera los ríos se hacen menos caudalosos y los lagos más pequeños.

En el caso que nos ocupa, la acción más reciente de esta década es oficializar la transferencia de la administración del Parque Nacional La Malinche a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla a partir del 28 de febrero de 1996, con el objeto de redimensionar los límites del Parque Nacional y, a partir de esto, establecer programas de restauración y saneamiento forestal, vigilancia adecuada y coordinar actividades de investigación científica, monitoreo ambiental, capacitación rural, educación y asesoría técnica.

Pero, no obstante que los gobiernos estatales han realizado su esfuerzo para neutralizar ese tipo de prácticas lo cierto es que no han tenido resultados positivos, toda vez que incluso; los propios pobladores colindantes a La Malinche han pasado ha formar parte de esa actividad que es fuente básica de ingresos económicos de muchas familias, sin importar que formen parte de la deforestación de esa región.

Por los razonamientos expuestos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, se tomen las medidas necesarias y se emprendan las acciones a fin de impedir la tala ilegal e inmoderada de arboles en las áreas circundantes al volcán La Malinche, en Tlaxcala y parte de Puebla.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, elabore un informe detallado sobre las acciones que realiza permanentemente para evitar la tala clandestina e inmoderada de arboles en áreas protegidas como el volcán La Malinche en Tlaxcala y parte en Puebla.

Tercero.El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales rinda informe sobre los programas de reforestación que realiza en áreas dañadas por la tala clandestina e ilegal en las zonas circundantes al volcán La Malinche en de Tlaxcala y parte de Puebla.

Dado en el Palacio Legislativo, a 7 de septiembre de 2010.— Diputada María Elena Perla López loyo (rúbrica).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputada. Tal como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

GUARDERIA ABC

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a que otorgue de inmediato a las niñas y niños con lesiones derivadas de la aspiración de humo tóxico, producto del incendio de la Guardería ABC, una atención oportuna y humana con la calidad requerida hasta su total recuperación física y psicológica.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal:Muchas gracias, señor presidente.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al señor Daniel Karam Toumeh a otorgar de inmediato a las niñas y a los niños con lesiones derivadas de la aspiración de humo tóxico, producto del incendio en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, una atención oportuna, humana y con la calidad requerida hasta su total recuperación física y psicológica. De lo contrario, renuncie a su cargo de director general, del que es indigno, de una de las instituciones más nobles y con mayor sentido social del país, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Mary Telma Guajardo Villarreal, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones.

Nuestro pueblo y nuestra historia jamás van a olvidar el crimen cometido contra las niñas y niños de la Guardería ABC. Esta indignación no va a prescribir por el sólo transcurso del tiempo. Con mayor razón, cuando la justicia ha sido condenada al fracaso por los señores del poder, los cuales no conformes con la muerte de 49 bebés, ahora siguen manteniendo en riesgo a los niños y niñas que resultaron con secuelas. ¿Habrá un límite para tanta crueldad e ilegalidad? ¿Habrá alguna autoridad que no se pliegue a la impunidad? ¿Habrá un momento en que la justicia pueda más que los sucios intereses de la familia o de grupo?

Ahora son nueve las madres de niñas y niños que resultaron con lesiones a consecuencia del incendio en la Guardería ABC. Si las madres tienen que hacer uso de esta huelga de hambre, que están ahorita haciendo, se hace evidente que no han recibido el servicio oportuno, humano y con la calidad requerida por estas niñas y niños, omisión de la cual, moral y legalmente, es responsable el director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh y en el momento de otorgar los permisos de manera irregular a estas guarderías, el responsable real e histórico de esta tragedia es Juan Molinar Horcasitas.

Por todo lo expuesto y lo que está en este punto de acuerdo, presento a consideración de esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. La Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión exhorta al señor Daniel Karam Toumeh, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a otorgar de inmediato a las niñas y niños con lesiones derivadas de la aspiración de humo tóxico, producto del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, una atención oportuna, humana y con la calidad requerida hasta su total recuperación física y psicológica.

Es todo, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a otorgar a los niños con lesiones derivadas de la aspiración de humo tóxico en la Guardería ABC atención inmediata y humana con la calidad requerida hasta su total recuperación física y psicológica, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Mary Telma Guajardo Villarreal, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Nuestro pueblo y nuestra historia, jamás van a olvidar el crimen cometido contra las niñas y niños de la guardería ABC. Esta indignación no va a prescribir por el sólo transcurso del tiempo. Con mayor razón, cuando la justicia ha sido condenada al fracaso, por los señores del poder, los cuales no conformes con la muerte de 49 bebés, ahora siguen manteniendo en riesgo a los niños que resultaron con secuelas. ¿Habrá un límite para tanta crueldad e ilegalidad? ¿Habrá alguna autoridad que no se pliegue a la impunidad? ¿Habrá un momento en que la justicia pueda más que los sucios intereses de familia o de grupo?

Ahora son nueve las madres de niñas y niños que resultaron con lesiones a consecuencia del incendio en la guardería ABC, las que se han visto en la necesidad de iniciar una huelga de hambre en el aeropuerto internacional de Hermosillo, Sonora; no sólo en defensa de la vida y salud de sus hijos, sino de aproximadamente 50 niños que sufren de las mismas secuelas.

Es inadmisible, que al dolor de la tragedia del 5 de junio del 2009, ahora tengan que sumar las consecuencias de esta huelga de hambre. Concretamente el pasado 17 de septiembre, tres de estas madres fueron hospitalizadas por deshidratación, golpes de calor y crisis nerviosa. Todo por exigir, con todo derecho, la debida atención médica para sus hijos, que siguen padeciendo calenturas recurrentes, problemas cardiacos y pulmonares.

Si estas madres, tienen que hacer uso de esta huelga de hambre, se hace evidente que no han recibido el servicio oportuno, humano y con la calidad requerido por estas niñas y niños. Omisión de la cual, moral y legalmente, es responsable el director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh.

Hace unos días, para fundamentar la renunciar forzosa de la comisionada del Instituto Nacional de Migración, algunos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, con todo acierto señalaron que esta señora debió dejar el cargo desde que ocurrió el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas “...no porque fuera responsable directa de la serie de sucesos que derivaron en el asesinato de los migrantes, sino por una cuestión institucional y debido a la magnitud de la masacre...”

Si el señor Karam Toumeh, hubiera tenido más apego a la justicia que a su cargo, con los mismos argumentos debió renunciar desde el mismo momento en que se sucedieron los hechos en la guardería ABC: “por una cuestión institucional y debido a la magnitud de la masacre...”; para que así se hubiera iniciado una investigación imparcial hasta sus últimas consecuencias; y no como sucede hasta este momento, en que ante uno de los crímenes mayores y más dolorosos de nuestra historia, resulta que no hay responsables, ni sancionados. Pero el señor Karam, haciendo gala de una ilegalidad y una desvergüenza ejemplares, sólo propia de los últimos gobiernos neoliberales, que desprecian de manera absoluta al pueblo y sus reclamos, en aquel momento defendió con uñas y dientes el “hueso”, como debió defender, en todo caso, el apego a nuestro marco constitucional.

Pero a la gravedad del crimen del 5 de junio de 2009 ahora debe sumar su ineptitud y menosprecio para atender a las niñas y niños lesionados, de esto Karam es el único responsable, en esto ya no puede lavarse las manos con las culpas de otros. Este señor debe entender, que cuando maltrata a estos menores, está agrediendo a la conciencia de todo el pueblo de México. A toda la dignidad de una nación. ¡No hay dinero para la debida atención de estos menores; pero sí para los indignantes salarios que perciben él y sus altos funcionarios del IMSS!

En tal virtud, si no cree tener la capacidad para resolver este problema clave para nuestro país; debe renunciar, inmediatamente, y dejar el lugar a alguien con más capacidad, sensibilidad y amor a nuestra patria y a sus ciudadanos.

El derecho general a la salud ordenado por el artículo 4o. constitucional, recobra especial importancia frente a unas niñas y niños, a quienes les fue arrebatada su salud, por el hambre de lucro, la abdicación de atribuciones públicas, y por una red de corrupciones.

La conducta de Karam es abiertamente violatoria de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuya parte conducente señala:

“Artículo 7o.Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I.El ataque a las instituciones democráticas;

III.Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

VI.Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

VII.Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior...”

Asimismo su conducta tipifica por lo menos los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al señor Daniel Karam Toumeh, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar de inmediato a las niñas y niños con lesiones derivadas de la aspiración de humo tóxico producto del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, una atención oportuna, humana y con la calidad requerida hasta su total recuperación física y psicológica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2010.— Diputada Telma Guajardo Villarreal (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Guajardo Villarreal.

Debo informar que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, el día de hoy solamente se abordarían, en el caso concreto de las proposiciones con punto de acuerdo, asuntos que no fueran de urgente resolución. Entonces vamos, con todo respeto se los informo, a turnar la propuesta a la Comisión de Seguridad Social.

PREVENCION DE INUNDACIONES

El diputado Adán Augusto López Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Adán Augusto.

El diputado Adán Augusto López Hernández(desde la curul): Nada más solicitarle la posibilidad que se pudiera agregar al estado de Tabasco.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está en esos términos la proposición. Incluye los estados con inundaciones Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el Distrito Federal, pero la diputada Anaya es la proponente.

El Grupo Parlamentario del PRD ha solicitado un enroque de la proposición 59 por la 65, y por tanto, tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita al director general de la Conagua informe acerca del costo económico que tendría desa-rrollar un estudio técnico referente a la construcción de obras de prevención de inundaciones en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el Distrito Federal.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota:Gracias, presidente. Y sí, compañeros diputados, compañeras diputadas, estos estados únicamente se mencionan para ser sustento del punto de acuerdo que se presenta, pero no están siendo limitativos del estudio técnico que se le está solicitando al director de Conagua, en el sentido de que los cambios del calentamiento global, los cambios climatológicos están dando cada día más huracanes, tormentas tropicales, inundaciones y nos dedicamos, prácticamente, el recurso total del Fonden, a resolver las problemáticas que atienden a estos cambios, contingencias climatológicas.

Pero lo que necesita el país, y así lo han hecho ya otros países del mundo que también se enfrentan a estos cambios climatológicos, es realizar estudios hidrológicos que son el sustento de los mapas de peligro por inundaciones y sistemas de alerta temprana, constituyéndose un elemento de gran importancia a la hora de toma de decisiones territoriales. Es decir, más que atender, tenemos que apostarle a prevenir.

Es por esto tan importante que estamos solicitándole al director general de la Comisión Nacional del Agua que nos informe cuál sería el costo, porque también tendríamos que presupuestarlo desde el Presupuesto de Egresos de la Federación, cuánto cuesta un estudio técnico o el costo económico que tendría el desarrollar el estudio técnico referente a la construcción de obras de prevención de inundaciones con el propósito de aminorar los riesgos de las pérdidas causadas por éstas.

Es decir, en todos los cauces de los ríos, en todas las presas que están en cercanía de donde viven las personas o donde hay campos agrícolas o donde ocurren este tipo de riesgos habría que realizar estos estudios técnicos que, como les comento, ya se realizan en otras partes del mundo. Han ayudado a salvar millones de vidas y han ayudado también a evitar que se inunden casas y que luego tengamos que pagar todos estos costos.

En ese sentido es el llamado al director de Conagua, para que nos dediquemos en este país más a la prevención que a la atención de las inundaciones, ya que se prevé que van a ser año con año como producto del calentamiento global. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de la Conagua que informe del costo económico que tendría un estudio técnico sobre la construcción de obras de prevención de inundaciones para aminorar los riesgos de pérdidas causadas por éstas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el Distrito Federal, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Claudia Edith Anaya Mota, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, informe acerca del costo económico que tendría desarrollar un procedimiento de gestión para la construcción de obras de prevención de inundaciones, con el propósito de aminorar los riesgos de las pérdidas causadas por éstas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el Distrito Federal, conforme a las siguientes

Consideraciones

Año con año, entidades federativas como Veracruz, Tabasco, Oaxaca e incluso el propio Distrito Federal, se convierten en escenarios de desastres naturales causados por inundaciones. Los cuales provocan daños materiales y pérdidas de millones de pesos. Huracanes, depresiones tropicales y tormentas generan lluvias torrenciales que sobrepasan las capacidades de los causes de ríos, provocando desbordamientos de las aguas que generan inundaciones, traducidas en centenares de víctimas y daños a la infraestructura comunitaria y agrícola.

Si bien es cierto que la prevención de inundaciones tiene un alto costo, debido a sus dimensiones y a los estudios técnicos que requiere –pues se busca evitar el desbordamiento de los ríos hacia zonas habitadas o usadas para fines agrícolas o industriales– el beneficio es invaluable; sobre todo, si se toma en cuenta el hecho de que es imposible definir el costo de las vidas humanas de las comunidades que se encuentran en permanente riesgo. A esto, debe sumarse el costo de establecer nuevamente las líneas vitales que son destruidas por las inundaciones, así como la suspensión de los servicios que dejan de prestarse durante su proceso de reconstrucción o rehabilitación.

Organismos internacionales como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), han señalado que en los últimos 20 años se ha observado un aumento de la frecuencia, impacto y amplitud de los desastres naturales, que han causado muerte de centenares de personas y provocado enormes pérdidas económicas. Que no sólo obedecen a una alteración natural, sino que encuentran su causa en el hombre. La deforestación, aunada a las construcciones que incumplen normas de seguridad o planes de ocupación de suelos, por citar algunos ejemplos, han sido señaladas como unas de las principales agravantes de la peligrosidad de las inundaciones. Asimismo, hacen hincapié en que los países más pobres son los más afectados, al carecer de recursos financieros e infraestructuras suficientes, que son incapaces de prever esos fenómenos.

Ante este panorama, y tomando en cuenta las constantes erogaciones realizadas por el Estado mexicano para la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones, considero indispensable invertir recursos en materia de prevención; pues los conocimientos técnicos y científicos nos posibilitan desempeñar un papel más activo en materia de prevención, y no sólo esperar a valorar los daños causados por estas devastaciones. Sobre todo, si tomamos en consideración la existencia de programas científicos internacionales e intergubernamentales como el Programa Hidrológico Internacional,  el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra, etc. O bien, la adopción de la Declaración de Hyogo, que recomienda fomentar una cultura de desastres a todos los niveles, enfatizando el vínculo entre la reducción de los desastres, el desarrollo sostenible y la mitigación de la pobreza.

Las inundaciones tienen enormes consecuencias para nuestro país, pues además de cobrar vidas, dan lugar a pérdidas materiales, de medios de producción e infraestructura, las cuales menoscaban la capacidad de subsistencia y recuperación de las personas sobrevivientes, además de que, al reducirse la seguridad alimentaria por la destrucción de cultivos, se agravan los problemas sociales. Pese a ello, y ha haberlo vivido en diversas ocasiones, las autoridades gubernamentales continúan sin estar preparadas y sin darle la importancia debida a la prevención, que podría coadyuvar a aminorar las pérdidas que debemos afrontar como sociedad.

Respecto a las pérdidas humanas, los recuentos de los daños arrojan cifras de personas muertas, heridas, desaparecidas, pero no sólo circunscritas al desarrollo del desastre natural, sino también después de que éste ocurre, sobre todo, debido a los brotes de enfermedades provocadas por la carencia de comida y agua.

Es inminente la necesidad de contar con planes o estudios de reducción de desastres, especialmente en sus fases de prevención. Pues, sólo a través del desarrollo de estos estudios será posible implantar medidas basadas en un diseño técnico que permita determinar cuál puede ser el impacto de las inundaciones, reflejado en el grado de pérdidas a esperarse en caso de inundaciones, así como un mapeo de las áreas inundables, acompañado de una serie de medidas tendientes a mantener el flujo de agua dentro del cauce del río. Medidas que traen implícitas obras de ingeniería hidráulica que deben ser debidamente presupuestadas para ser viables de efectuar.

La realización de un estudio de esta naturaleza, permitirá a las personas que se encuentran en puestos de tomas de decisión, visualizar los costos presupuestales del diseño y construcción de medidas preventivas, y no sólo esperar a evaluar los costos del desastre natural y destinar recursos tendientes a aliviar el escenario de devastación que dejan estos fenómenos naturales.

Con herramientas como éstas, será posible dimensionar medidas tales como bordas y dragados, simular inundaciones por computadora y determinar en forma teórica escenarios de crecidas con tiempo de retorno mucho mayor. Con esta información, instituciones como la Comisión Nacional del Agua, Conagua, podrán determinar la amenaza que representa para comunidades e infraestructura inundaciones de distintas magnitudes. La determinación de la vulnerabilidad en las infraestructuras creadas con relación a la inundación, permitirá ejecutar medidas de preparación creadas para responder de forma eficiente en caso de inundaciones.

Los estudios hidrológicos son el sustento de los mapas de peligro por inundaciones y sistemas de alerta temprana, constituyéndose un elemento de gran importancia a la hora de tomas de decisiones territoriales.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, informe acerca del costo económico que tendría desarrollar un estudio técnico referente a la construcción de obras de prevención de inundaciones, con el propósito de aminorar los riesgos de las pérdidas causadas por éstas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo, a los 9 días del mes de septiembre de 2010.— Diputados: Claudia Edith Anaya Mota, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Adán Augusto López Hernández, José María Valencia Barajas, Armando Corona Rivera (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Anaya Mota. Túrnese a la comisión de Recursos Hidráulicos.

Sí, diputado López Hernández. Sonido a la curul del diputado don Augusto López.

El diputado Adán Augusto López Hernández(desde la curul): Solamente para solicitarle a la diputada Anaya, señor presidente, si me permite adherirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Edith Anaya, el diputado López Hernández le pregunta si está de acuerdo en que lo suscriba.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota(desde la curul): Claro.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Anaya Mota está aquiescente a su propuesta.

SECTOR CITRICULTOR

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que diseñe y opere un programa integral para proteger a la citricultura nacional de la plaga de la diaforina.

El diputado José María Valencia Barajas:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los pocos que quedamos, la actividad citrícola en el país se desarrolla alrededor de 526 mil hectáreas, involucra a 67 mil productores, genera 70 mil empleos, 250 mil empleos indirectos y para su desarrollo se contratan alrededor de 28 millones de jornales al año.

La citricultura está en grave riesgo. Recientemente se ha detectado una peligrosa enfermedad llamada huanglongbing o dragón amarillo, o lo que es igual, enverdecimiento.

El suscrito, diputado federal José María Valencia Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Debido a este mal del Huanglongbing, a la fecha se ha reportado a nivel mundial la muerte de 65 millones 450 mil árboles. Cincuenta millones de árboles de cítricos en Asia, 10 millones en África, 5 millones en Brasil y 450 mil en Estados Unidos.

La diaforina es el insecto que de manera muy eficiente transmite la bacteria que produce el HLB en los cítricos. A partir de la aparición de esta enfermedad, en la normatividad vigente se han puesto en operación algunas acciones para mitigar la introducción y la dispersión del HLB. No obstante, no ha sido suficiente y los impactos percibidos ya se sienten en nuestro país.

Ya tenemos su presencia en la península de Yucatán, tenemos su presencia en Nayarit, en Colima, en Jalisco y ya se ha detectado diaforina positiva con la bacteria en el estado de Michoacán.

Por lo que con base en todo lo anterior someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente  proposición con punto de acuerdo.

Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que profundice y agilice las acciones para diseñar y poner en marcha un programa integral dirigido a prevenir la presencia tanto de la diaforina como del HLB en las regiones donde haya producción citrícola.

Por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas gracias.

Es cuanto, señor presidente. Le pido que se integre en el Diario de los Debates este punto de acuerdo. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar y operar un programa integral para proteger la citricultura nacional frente a la plaga de la diaforina y el huanglongbing, a cargo del diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José María Valencia Barajas, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, donde se exhorta al Poder Ejecutivo federal a diseñar y operar un programa integral para proteger la citricultura nacional de la plaga de la diaforina y de la enfermedad huanglongbing (HLB), al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La actividad citrícola en el país se desarrolla en alrededor de 526 mil hectáreas, donde a la naranja corresponde 68 por ciento, al limón mexicano 20, al limón persa 5.2, a la toronja 3.2 y a otros cítricos 3.6 por ciento. Esta actividad involucra a 67 mil productores, genera 70 mil empleos directos y 250 mil indirectos, además de que para su desa-rrollo se contratan alrededor de 28 millones de jornales al año. La producción anual es del orden de 6.7 millones de toneladas y su valor es de alrededor de 8 mil 50 millones de pesos.

2. La citricultura en México está en grave riesgo, debido a que recientemente se ha detectado una peligrosa enfermedad, que ha amenazado a esta importante actividad agrícola desde hace varios años. Se trata de la HLB, conocida también como “dragón amarillo” o “enverdecimiento”. Este mal es producido por la bacteria Candidatus liberibacter sp, de la cual se conocen las especies asiaticus, africanus y americanus. La enfermedad es transmitida de manera muy importante y de forma muy eficiente por el insecto de origen asiático diaforina (Diaphorina citri) y a través de injertos.

3. Como consecuencia de esta peligrosa enfermedad, a la fecha se ha reportado a nivel mundial, la muerte de 65 mil 450 millones de árboles de cítricos; distribuidos de la siguiente manera: 50 millones en Asia, 10 millones en África, 5 millones en Brasil y 450 mil en Estados Unidos. Se estima que esta enfermedad es una de las más nocivas para la citricultura, incluso mucho más que la tristeza de los cítricos.

4. Entre julio y agosto de 2009 se detectó la presencia de HLB en Quintana Roo y para noviembre en Jalisco y Nayarit; en 2010, en Campeche y Colima.

5. La diaforina (Diaphorina citri) es el insecto que de manera muy eficiente transmite la peligrosa bacteria, que produce el huanglongbing, por primera vez fue descubierta en Asia en 1907, sesenta años después se descubre en Brasil y posteriormente en Florida y en las islas del Caribe. En México se detectó en 2002, en la península de Yucatán; es decir, siete años antes que se percibiera la peligrosa enfermedad multicitada. A la fecha esta plaga se encuentra prácticamente en todas la entidades productoras de cítricos, tanto por el Golfo como por el Pacífico.

6. Los síntomas de la enfermedad en el ámbito mundial se han identificado básicamente en los cítricos dulces. Sin embrago, aquí el mal se ha detectado sobre todo en el limón mexicano. Los principales Estados productores de este cítrico, en orden de los volúmenes de producción son Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

7. A partir de la detección de la enfermedad, con base en lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en la NOM-EM-047-FITO-2009, se han diseñado y puesto en operación acciones fitosanitarias para mitigar la introducción y dispersión del HLB en el territorio nacional. Asimismo en los Estados productores de cítricos se desarrollan acciones para detectar la enfermedad y acciones de urgencia donde ya se ha presentado.

8. No obstante que el gobierno federal ha puesto en marcha las acciones mencionadas, los efectos percibidos derivados de ellas, en particular en relación con las acciones de los productores para controlar la dispersión de la enfermedad, han sido de poca relevancia.

10. La experiencia internacional, en particular la de Brasil, ha identificado diversos métodos de mitigación y control de la enfermedad, que han tenido efectos positivos. Es deseable que la experiencia internacional sea considerada, adaptando a México los elementos aplicables.

11. Se ha elaborado y puesto en marcha el Proyecto Estratégico para Mitigar el Impacto del Huanglongbing sobre la Citricultura de Colima. En él participan los tres órdenes de gobierno y las representaciones de las fases del sistema producto limón mexicano; comprende los siguientes elementos fundamentales:

• Coordinación y asesoría a productores de limón para el control del HLB y de la diaforina.

• Producción de material propagativo bajo condiciones protegidas e indemnización de viveros.

• Difusión a la población sobre los efectos del HLB en la citricultura.

• Renovación de huertas para atenuar el efecto del HLB.

• Transferencia de tecnología para el manejo del HLB.

• Infraestructura de los puntos de vigilancia e inspección para controlar la dispersión del HLB.

12. Como se observa en el proyecto de Colima se consideran los elementos sustantivos para enfrentar el HLB y sus consecuencias. En virtud de ello, sería deseable que esta experiencia se considerase a fin de aplicar las medidas convenientes en el resto de los estados donde tiene presencia la citricultura.

Con base en lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a profundizar y agilizar las acciones señaladas en el numeral 7 de esta proposición, y para diseñar y poner en marcha un programa integral dirigido a prevenir la presencia tanto de la diaforina como del HLB en las regiones donde haya producción citrícola.

Segundo. Poner especial atención a las zonas de mayor relevancia de producción citrícola, particularmente en las áreas de limón mexicano, donde el segundo productor nacional es Michoacán y se encuentra en peligro inminente debido a su cercanía con Colima.

Tercero. Considerar la experiencia del Proyecto Estratégico para Mitigar el Impacto del Huanglongbing sobre la Citricultura de Colima en la aplicación de medidas similares en el resto del país.

Cuarto. Informar con la mayor brevedad a esta soberanía sobre los resultados derivados de este exhorto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.— Diputado: José María Valencia Barajas, Miguel Martín López, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Indira Vizcaíno Silva, Silvia Puppo Gastelum, Domingo Rodríguez Martell (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputado Valencia Barajas. Como lo solicita, insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Sí, diputado Indira Vizcaíno.

La diputada Indira Vizcaíno Silva(desde la curul): Gracias, presidente. Para solicitarle al diputado Valencia si me permite adherirme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Valencia Barajas acepta. Está a disposición.

El diputado Martín López.

El diputado Miguel Martín López(desde la curul): Con el mismo fin, presidente, para adherirme si me lo permite el diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. El diputado Valencia ha manifestado su aceptación y está a disposición el documento aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva para quienes quieran adherirse a la proposición.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibe de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se consideren recursos que respondan a la transversalidad y perspectiva de género que requieren todos los Poderes de la Unión para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos que respondan a la transversalidad y perspectiva de género que los Poderes de la Unión requieren para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción IV y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género que responda a la transversalidad y perspectiva de género que requieren todos los Poderes de la Unión para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Que el presupuesto público es el instrumento por excelencia para el desempeño de las funciones de gestión del gobierno, ya que supone la concreción de una política económica y social y es un reflejo de sus prioridades políticas. Permite el análisis cuantitativo y cualitativo y la previsión de los efectos de las diversas disposiciones sobre un territorio y la población que en él habita.

2. Que este análisis puede hacerse desde diferentes perspectivas, y ya que todo aquello que interviene en la sociedad se debe tener en cuenta en el análisis macroeconómico, el género es de vital importancia a la hora de plantear el modelo y las posibilidades de desarrollo económico y social que  permita descubrir impactos diferenciales para hombres y mujeres, incluso en aquellas políticas aparentemente neutrales.

3. Que un presupuesto sensible al género es aquel en el que se ha realizado un examen metódico y por lo tanto una correcta evaluación de las asignaciones que se realizan en el, posibilitando la identificación de impactos diferenciales dadas por las diversas situaciones tanto económicas como sociales que prevalecen entre hombres y mujeres, estableciendo posibilidades reales de desarrollo de objetivos y prioridades.

4. Que para entender porque son necesarios los presupuestos con perspectiva de género tendríamos que plantearnos sino el oprobio de la desigualdad esta sustentada en la supremacía de un sexo sobre el otro y dicho en otros términos en la invisibilización de las necesidades del otro género y en la marcada diferencia en las posibilidades de desarrollo entre géneros.  Así pues, lo vemos desde la conformación del espacio legislativo en el que tengo encomendado tener una curul y luchar por darle voz a otras mujeres.

5. Que el pasado 8 de septiembre del año en curso se presentó a esta soberanía, el Proyecto de Presupuesto de Egresos este no presenta una real perspectiva de género e imposibilita su análisis desde la elaboración, así pues en programas como Oportunidades o Hábitat (por mencionar los más grandes) es imposible saber exactamente cuál es la cantidad específica en la que impacta a las mujeres beneficiarias, que resulta necesario dentro del análisis presupuestal, en otras palabras, necesitamos que desde ese punto de partida se pueda iniciar nuestro análisis; en caso contrario, estaremos reduciendo los  59, 460.2 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta millones y dos centavos) propuestos por el gobierno federal.

6. Que en el análisis de éste, respecto al ramo de salud, se presupuesta 2 mil 559.7 millones de pesos, hecho que en términos reales implicaría un incremento real si tomamos en cuenta que respecto al año pasado únicamente se había contemplado 260 millones, cifra por demás baja y que implicó la lucha por un incremento real. En el presente año los retos del sector salud son profundas si consideramos que la mortalidad materna ha aumentado en los últimos 3 años, y los eventos obstétricos lejos están de poderse cubrir en su totalidad, no obstante nuestro país se encuentra comprometido con los Objetivos del Milenio a reducir dichos índices, por otra parte resulta indispensable contar con una política pública que atienda el numero creciente de embarazos adolescentes, que implica un rediseño de la política publica en materia de educación sexual y obviamente destinar mayores recursos a la anticoncepción.

7. Por otra parte, en el rubro asignado a la Secretaría de Gobernación, que asciende a 110.1 millones de pesos, se destina bajo el subprograma Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, queremos manifestar que no obstante dicho presupuesto debe atender temas fundamentales, como puede ser el cumplimiento a la sentencia González y otras, conocida como Campo Algodonero, dicho presupuesto debe ser suficiente también para dar prevención y atención la violencia feminicida, destaca la necesidad de que realmente el Fondo de Alertas de Violencia de Género sea un instrumento eficaz al que puedan acceder las mujeres del país y que no sea únicamente para cubrir con los gastos de operación de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres, como hemos visto que se ha aplicado en los años recientes.

8. Respecto a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se destina un presupuesto de 8 millones de pesos, sin embargo, no se etiqueta el recurso para la atención de la problemática específica de las mujeres reclusas en penales federales, por otra parte se establece un presupuesto destinado al fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y respeto de los derechos humanos. Ellas (las mujeres en reclusión), como es del conocimiento de todos ustedes, sufren de discriminación, de exclusión social, de maltrato; son múltiples las violaciones a sus derechos humanos y, en este caso, la dependencia (Secretaría de Seguridad Pública Federal es omisa). No obstante a ella, es decir, a la secretaría, se le asignan 26.5 millones de pesos destinados al programa citado, cuyo antecedente es el Programa de Participación Ciudadana en la Prevención del Delito en el marco de la Equidad y Género; no obstante, dicho programa, tendente a la creación de estadísticas e indicadores, no redunda en un beneficio real a la población mencionada.

9. En relación al ramo 11 destinado a la educación y cuya entidad rectora es la secretaría del mismo nombre, dedica buena parte de recursos al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, al que en el analítico presupuestal refiere se dedican 13, 600.9 millones de pesos,  cifra menor a la destinada en el ejercicio presupuestal pasado, y que es necesaria para evitar la deserción escolar; nuevamente deja de lado, sin embargo, a instituciones como el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) que a través de sus becas contribuye para que se existan más profesionistas que concluyan estudios de posgrado, tales como maestrías y doctorados. Esto significa que no existe una política que impulse realmente el desarrollo de las mujeres para este ámbito de desarrollo profesional.

Considerandos

1. Que el proyecto de Presupuesto de Egresos federal establece en el artículo 25 se incorpora la perspectiva de género para la administración pública federal. Este artículo se incluyo por primera vez en el decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2008, la perspectiva de género como instrumento metodológico para la igualdad entre los géneros.

2. Que actualmente se incorpora en el apartado 10 como erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres en la que se expresa que el Instituto Nacional de las Mujeres es el ente público rector de la política nacional para lograr la igualdad entre mujeres y hombres a través de la transversalidad de la perspectiva de género en las acciones del Estado mexicano.

3. Por otra parte, es manifiesta la necesidad de que estos recursos contengan los indicadores, objetivos y metas presupuestales y de impacto social. Sabemos que programas como Oportunidades son transversales y deben beneficiar a los más necesitados en nuestro país, es decir con este programa que se destina a través de las Secretarías de Educación, de Salud, y de Desarrollo Social, la mayor parte del recurso que destina el gobierno a las mujeres.

4. Por ello, debemos restarlos del monto general de la estrategia, con lo cual los recursos para la igualdad bajan a 11 mil 457.3 millones (reitero descontando este programa que no contiene datos desagregados).

Somos muchas las mujeres y distintas nuestras necesidades, somos legisladoras, campesinas, migrantes, indígenas, jóvenes, amas de casa, obreras, profesionistas, estudiantes, somos la mitad de la humanidad y 51 por ciento de la población de nuestro país. Necesitamos que nuestras demandas sean atendidas y que sea abatida la desigualdad en que vivimos.

Por lo expuesto y fundado, someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete en el ramo 03 para el ejercicio de 2010 del Presupuesto de Egresos una partida para las acciones y programas del poder judicial con perspectiva de género.

Segundo. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete en el ramo 04 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos una partida para las acciones y programas de la Secretaría de Gobernación con perspectiva de género, en especial las relativas a los programas de atención a mujeres y niños migrantes, así como el fortalecimiento de las acciones de la comisión de atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Tercero. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se para que se etiquete en el ramo 05 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos una partida para las acciones y programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con perspectiva de género, en especial las relativas a la protección y asistencia consular de las mujeres en situación de violencia, trata y otros delitos perpetrados contra su dignidad, los programas de política exterior en materia de derechos humanos y democracia con perspectiva de género, así como para la protección de los derechos de las migrantes.

Cuarto. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se etiquete e incremente en el ramo 08 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos respecto a la partida denominada agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación para la aplicación de programas educativos en materia agropecuaria y se implante programas de acción respecto a las mujeres rurales.

Quinto. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine y etiquete en el ramo 09 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se reincorporen  los programas de atención a las mujeres migrantes.

Sexto. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 10 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Economía para que se cree un programa nacional de financiamiento para mujeres empresarias, se etiqueten los recursos en los programas Fondo de Microfinanciamiento para Mujeres Rurales, el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad y del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

Séptimo. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 11 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Educación para que se informe respecto al programa Diseño y Aplicación de la Política Educativa con Perspectiva de Género, los motivos de su desaparición en el proyecto de Presupuesto enviado a esta soberanía, así como la etiquetación correspondiente al Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio, y lo relativo en su aplicación del Programa Oportunidades, se etiquete el presupuesto destinado al fomento educativo de las mujeres.

Octavo. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 13 para el ejercicio 2011 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Marina para que se destine y etiquete un presupuesto para la difusión de los derechos humanos de las mujeres y la creación de un programa para el adelanto y la igualdad de género.

Noveno. Se exhorta  a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 14 para el ejercicio 2011 del Presupuesto de Egresos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se reincorpore el presupuesto etiquetado denominado “fomento al empleo de las mujeres” y etiquetar los recursos de los programas denominados “procuración de justica laboral y fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral”.

Décimo. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine en el ramo 17 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos de la Procuraduría General de la República para que destine un presupuesto etiquetado para la atención de las mujeres y las niñas víctimas del delito.

Undécimo. Se exhorta  a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine y etiquete en el ramo 35 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos en relación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se destinen mayores recursos a los programas existentes relativos al adelanto de las mujeres y la equidad entre los géneros.

Duodécimo. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se destine y etiquete en el ramo 36 para el ejercicio de 2011 del Presupuesto de Egresos en relación con la Secretaría de Seguridad Pública federal para que se reincorporen los programas denominados “fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos” y “programa de administración del sistema federal penitenciario”, e informe respecto al denominado fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la equidad de género.

Decimotercero. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a incluir y aprobar un presupuesto con perspectiva de género para que se desagregue el impacto de los programas destinados a la salud de las mujeres en instituciones públicas de salud, así como el incremento para la atención de la salud materno-infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La propia diputada Quezada Contreras ha solicitado se turne a la comisión respectiva, que es la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a que haga cumplir la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en lo referente al manejo aplicable a productos de consumo que al deshacerse se convierten en residuos peligrosos, en particular el unicel y demás plásticos.

MORTALIDAD MATERNA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En razón de que no se encuentra presente en el salón de sesiones, pasamos a la siguiente y es el turno de la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del  Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas a que desarrollen acciones que reduzcan la mortalidad materna.

La diputada María Elena Pérez de Tejada Romero:Con su permiso, presidente.

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas a desarrollar acciones que reduzcan la mortalidad materna.

La diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente propuesta.

Hace 10 años, los líderes del mundo establecieron un conjunto de objetivos a largo plazo para liberar a gran parte de la humanidad de las enfermedades, y establecieron metas para lograr la igualdad entre los sexos así como el empoderamiento de la mujer. La Declaración del Milenio fijó en el quinto punto, mejorar la salud materna así como reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes.

Es importante reconocer que el deterioro en los servicios de salud en México ha obstaculizado el cumplimiento de este objetivo del milenio. Por el contrario, en tres años 20 jurisdicciones sanitarias registraron la muerte de 143 mujeres por cada 9 mil nacidos. Este índice de mortalidad materna se debe a diversas causas recurrentes, entre las que destacan las causas obstétricas indirectas. Las causas como el aborto. Las enfermedades hipertensivas del embarazo. La hemorragia del embarazo, parto y puerperio. Otras complicaciones durante el embarazo y parto. Sin embargo, todas estas causas son producto de problemas de pobreza y desigualdad social que laceran en mayor proporción a las mujeres que viven en situaciones de marginación.

Existen 234 jurisdicciones de salud en el país, responsabilidad de los gobiernos estatales que atienden en primer y segundo nivel a la población sin seguridad social.

Lamentablemente, encontramos que las mujeres mexicanas aún seguimos siendo vulnerables a riesgos que la pobreza o la falta de atención en el embarazo pueden traer como consecuencia la mortalidad materna.

Las 10 jurisdicciones con mayor razón de mortalidad materna en México por cada 10 mil nacimientos son: Creel y Parral en Chihuahua. Tláhuac, Coyoacán y Xochimilco en el Distrito Federal. La Costa Chica y La Montaña en Guerrero. Tenango del Valle, Jilotepec y Zumpango en el estado de México. Destaca entonces que las mismas se concentran en sólo cuatro estados. Chihuahua, Guerrero, Distrito Federal y estado de México, por lo que la mortalidad materna debe ser un objetivo, tanto del Ejecutivo federal como de los gobiernos estatales.

El gobierno federal ha implementado la firma del convenio interinstitucional para la Atención Universal de las emergencias obstétricas celebrado por la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE. Éstas se comprometen a dar atención a toda mujer.

Todas las acciones referidas han sido de gran utilidad, sin embargo la difusión de las mismas no ha sido suficiente para enterar a la población mexicana susceptible de requerir los servicios concretos, por lo cual presento:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo a fortalecer la campaña mediática de información del gobierno federal sobre la estrategia Embarazo saludable y prevención médica a favor del embarazo.

Segundo. Se hace un llamado a los gobiernos estatales para cumplir a cabalidad los acuerdos, normas, lineamientos y guías de atención en salud encaminadas a atender esta problemática a nivel local, para aprovechar al máximo el gasto etiquetado para salud referente al ejercicio fiscal en curso y subsecuentes.

Tercero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a emitir un informe sobre la evolución de los trabajos de fiscalización en los resultados derivados sobre la Cuenta Pública 2008 y 2009 de los gobiernos estatales, en relación con el sector salud en lo general y a la estrategia de maternidad saludable en lo particular. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales a desarrollar acciones que reduzcan la mortalidad materna, a cargo de la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

María Elena Pérez de Tejada Romero, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea propuesta con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas a ejecutar acciones urgentes para reducir el índice de mortalidad materna; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace 10 años, los líderes del mundo establecieron un conjunto de objetivos de largo plazo para liberar a gran parte de la humanidad de las enfermedades, y establecieron metas para lograr la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. La Declaración del Milenio fijó en el quinto punto “mejorar la salud materna”, así como reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes (Odm).

El deterioro de los servicios de salud en México ha obstaculizado el cumplimiento de este Objetivo del Milenio. En 3 años, 20 jurisdicciones sanitarias registraron la muerte de 143 mujeres por cada 9 mil nacidos. Este índice de mortalidad materna se debe a diversas causas recurrentes, entre las que destacan las obstétricas indirectas, con 22.1 por ciento; aborto, con 7.4; enfermedad hipertensiva del embarazo, 25.3; hemorragia del embarazo, parto y puerperio, 24.3; y otras complicaciones durante el embarazo y el parto, 13 por ciento.

Sin embargo, todas estas causas son producto de problemas de pobreza y desigualdad social, que laceran en mayor proporción a las mujeres que viven en situaciones de marginación (DGIS, Inmujeres, OMS).

Hay 234 jurisdicciones de salud en el país, responsabilidad de los gobiernos estatales, que atienden en primer y segundo niveles a la población sin seguridad social. De primer nivel son las consultas de control mensual del embarazo y las acciones preventivas, de monitoreo de la madre y el producto. La atención de parto es del segundo nivel, y en caso de complicaciones, se canalizan los casos de riesgo.

Lamentablemente, encontramos que las mujeres mexicanas aún seguimos siendo vulnerables a riesgos que, por la pobreza o la falta de atención en el embarazo, pueden traer como consecuencia la mortalidad materna.

Las 10 jurisdicciones con mayor razón de mortalidad materna en México por cada 10 mil nacimientos son Creel y Parral, en Chihuahua; Tláhuac, Coyoacán y Xochimilco, en el Distrito Federal; Montaña, y Costa Chica, en Guerrero; y Tenango del Valle, Jilotepec y Zumpango, en el estado de México. Destaca entonces que éstas se concentran en sólo 4 estados, Chihuahua, Guerrero, Distrito Federal y México, por lo que la mortalidad materna debe ser un objetivo tanto del Ejecutivo federal como de los gobiernos estatales (Informe sobre los determinantes de mortalidad materna en México y América Central, Cepal).

Es importante mencionar que en materia de salud los recursos aprobados son transferidos a los estados. Por tal motivo, hablamos de que los problemas de salud básicos no se resuelven por falta de presupuesto sino porque no se destinan a verdaderas acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna. La Auditoria Superior de la Federación ha fiscalizado gran parte de los recursos destinados a salud; lamentablemente, ha observado en forma negativa la aplicación de éstos, entre los que destaca el FASSA del ramo 33, el cual en la mayoría de las entidades federativas está siendo observado por emplearse en acciones que no están vinculadas con los objetivos de éste (ASF).

La meta planteada por México en la celebración de los Objetivos del Milenio es lograr que la mortalidad materna en el país sea igual o inferior a 22 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos; es decir, 417 muertes maternas en el país al año. Por ello, el Programa Nacional de Salud 2007-2012 también propone como meta disminuir a la mitad la tasa de mortalidad materna en los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano e incrementar en 92 por ciento la atención del parto por personal calificado (Odm).

Igualmente, se ha impulsado la estrategia Embarazo Saludable, que forma parte del Sistema de Protección Social en Salud y que a partir del 9 de mayo de 2008 brinda soporte financiero a través del Seguro Popular para las mujeres embarazadas que no contaban con la posibilidad de acceder a servicios médicos para su atención por motivos económicos (Segundo Informe de Gobierno Federal, 2007-2008).

El gobierno federal ha implantado la firma del convenio interinstitucional para la atención universal de las emergencias obstétricas, celebrado por la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, que se comprometen a dar atención a toda mujer que presente urgencia obstétrica en la unidad médica con capacidad resolutiva más cercana, independientemente de su derechohabiencia.

El programa de operación Arranque Parejo en la Vida incluye otra estrategia integral para acelerar la reducción de la mortalidad materna en México.

Todas las acciones referidas han sido de gran utilidad. Sin embargo, su difusión no ha sido suficiente para enterar a la población mexicana susceptible de requerir los servicios concretos, por lo cual presento la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo a fortalecer la campaña mediática de información del gobierno federal sobre la estrategia embarazo saludable y prevención medica en favor del embarazo.

Segundo. Se hace un llamado a los gobiernos estatales a cumplir a cabalidad los acuerdos, las normas, los lineamientos y las guías de atención en salud encaminados a atender esta problemática a escala local para aprovechar al máximo el gasto etiquetado para salud referente al ejercicio fiscal en curso y el subsecuente.

Tercero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a emitir un informe sobre la evolución de los trabajos de fiscalización en los resultados y procedimientos derivados sobre las Cuentas Públicas de 2008 y de 2009 de los gobiernos estatales con relación al sector salud en lo general y a la estrategia de maternidad saludable en lo particular.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de septiembre de 2010.— Diputadas: María Elena Pérez de Tejada Romero, Silvia Puppo Gastelum (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputada Pérez de Tejada Romero. Túrnese a la Comisión de Salud.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió del diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Federal de Electricidad ante la Comisión Especial de la Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta, para que informe respecto del manejo de las presas del sistema hidroeléctrico del Alto Grijalva y su impacto en las anegaciones que enfrenta el estado de Tabasco.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de la CFE ante la Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta para que informe respecto al manejo de las presas del sistema hidroeléctrico del alto Grijalva y su efecto en las anegaciones que enfrenta Tabasco, a cargo del diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Adán Augusto López Hernández, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las lluvias e inundaciones que han afectado severamente en los últimos años a Tabasco, en su planta productiva, en el patrimonio de sus habitantes y en la infraestructura pública, exige a quienes tenemos una representación popular encomendada, indagar las causas e impulsar propuestas que ayuden a mitigar los efectos de dichos fenómenos.

Para la elaboración del diagnóstico de la situación que cada año enfrentamos los tabasqueños, nos hemos dado a la tarea no sólo de revisar las versiones oficiales y los documentos que al respecto han generado instituciones educativas de prestigio como la UNAM, sino que además hemos seguido muy de cerca las decisiones adoptadas en los últimos años por las autoridades tanto del ámbito local como federal, lo cual nos ha permitido conocer el desempeño y el grado de responsabilidad de quienes están obligados a proteger la integridad física y patrimonial de la población.

En este sentido, sabemos que las recientes inundaciones en Tabasco no pueden explicarse únicamente como una consecuencia del cambio climático. Quienes así lo consideran, o ignoran la realidad o simplemente pretenden seguir cubriendo con el manto de la impunidad los actos delictivos y las faltas graves en que han incurrido diversos servidores públicos.

Es cierto que el cambio en los patrones de lluvias como consecuencia del calentamiento global ha incidido en las recurrentes inundaciones, pero también lo es que las acciones y omisiones de la autoridad han potenciado los daños provocados por ese fenómeno antropogénico. Y aquí podríamos mencionar desde permitir, con fines electorales o de “negocio”, rellenos en vasos reguladores y asentamientos urbanos en zonas bajas, hasta la negligencia y corrupción que impera en el ejercicio de los recursos públicos que en los últimos años han sido aprobados por esta Cámara para construir las obras de protección que requiere la entidad.

Y es que las obras de infraestructura hidráulica proyectadas en los últimos diez años, para proteger la vida y el patrimonio de los tabasqueños ante las recurrentes inundaciones, léase PICI o Plan Hídrico Integral de Tabasco, han padecido, como muchos temas o aspiraciones que son de interés nacional, de la corrupción y de la impunidad. Es indudable que ambos flagelos han postergado si no una solución definitiva sí muchas acciones que permitirían aminorar el impacto de los fenómenos naturales en las zonas más vulnerables de Tabasco.

Nadie niega que el problema sea complejo y que lleve tiempo contar con obras de protección civil de calidad que brinden sosiego a la población, lo que resulta inadmisible es que las propias acciones u omisiones de gobierno hagan más compleja la situación al grado de volver irrealizable o insuficiente cualquier solución que se plantee para atender la problemática que vive Tabasco.

Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar la falta de coordinación que existe entre las autoridades responsables, y peor aún, hoy nuevamente vemos la ausencia de una estrategia integral para hacer frente a las llamadas lluvias atípicas. Lo que observamos, en el mejor de los casos, son esfuerzos aislados y acciones improvisadas, pero también decisiones que transitan en sentido totalmente contrario a lo que se pretende proteger, que no es otra cosa que la propia vida y el patrimonio de las personas que con esfuerzos extraordinarios y a lo largo de muchos años han construido.

Me refiero a la inexplicable política de operación de las presas del sistema hidroeléctrico del alto Grijalva, que hoy como en otros años ha privilegiado la generación de energía eléctrica por encima de la seguridad de las familias tabasqueñas.

Si bien el irresponsable manejo de las presas ha sido señalado como la principal causa de las grandes inundaciones de 1999 y 2007 y de las ocurridas en los últimos tres años, esto no ha ameritado ningún tipo investigación, a pesar de la presentación de pruebas y denuncias formales ante la PRG de que su operación obedece a intereses privados o estrictamente comerciales, sin que exista consideración alguna por las catástrofes que pudieran provocar la ambición desmedida de unos cuantos.

Como en otros años, hoy la Comisión Federal de Electricidad es nuevamente señalada como la responsable de las inundaciones, incluso por aquéllos, como el gobierno del estado de Tabasco, que con anterioridad habían calificado como absurda esa posibilidad.

Ante estos señalamientos, la CFE, hoy como ayer, nuevamente se lava las manos afirmando que existe un manejo correcto de las presas y que las inundaciones fueron provocadas por precipitaciones pluviales extraordinarias, pero sin aportar ninguna información adicional que sustente tal aseveración.

Por el contrario, información dada a conocer recientemente por el director de la CFE en el sentido de que “en julio y agosto hubo generación eléctrica récord en las presas del Grijalva”, parecen confirmar que con el manejo de las presas del Alto Grijalva se favorece a las empresas privadas extranjeras que generan energía eléctrica y que compra CFE, y que el fin último de esa política es avanzar en la privatización del sector energético.

En este orden, resulta necesario que esta soberanía cite a comparecer al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que explique a detalle las razones del manejo irregular en el desfogue de las presas del alto Grijalva y dé a conocer los estudios técnicos que sustenten la seguridad estructural de las mismas.

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Alfredo Elías Ayub, ante la Comisión Especial de la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, con el objeto de que informe detalladamente sobre la política de operación de las presas del sistema hidroeléctrico del alto Grijalva y su impacto en las recientes inundaciones en Tabasco, así como para dar conocer el dictamen técnico que sustente la seguridad estructural y funcional de dichas presas.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 21 días del mes de septiembre de 2010.— Diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PRECIOS DE ELECTRICIDAD, GASOLINA, DIESEL Y GAS DOMESTICO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a suspender los incrementos en las tarifas eléctricas y en los precios de la gasolina, del diesel y del gas doméstico.

El diputado Pedro Ávila Nevárez:Con su permiso, señor presidente. Exposición de motivos.

Considerando que en los últimos años los habitantes de nuestro país han venido sufriendo una constante disminución de sus ingresos, derivado del aumento en la tasa de desempleo y en la inflación de los productos de primera necesidad que afectan principalmente a las familias más pobres, como lo es la mayoría de la población, que a decir del propio presidente de la República en la exposición de motivos de la iniciativa que presentara hace un año para crear un impuesto generalizado de 2 por ciento al consumo, es de 50 millones de mexicanos con pobreza patrimonial y de 20 millones con pobreza alimentaria, es decir, no tienen para comer. Estamos al borde de un estallido social y los aumentos siguen y siguen y siguen en perjuicio del pueblo de México.

Uno de los principales motivos ha sido la política seguida en los últimos años de incrementar los precios de los energéticos por el gobierno federal, quien los autoriza por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que nosotros, compañeros legisladores, avalamos al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación. Que esto en este año no ocurra, para que los pobres no tengan que pagar tanto por la energía eléctrica y por el gas.

El impacto de estos incrementos, según la nota informativa del 14 de mayo del año en curso, elaborada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el precio de los energéticos ha tenido un constante incremento mes a mes.

Así, de enero a mayo de 2010 los precios de la gasolina se han incrementado constantemente, pasando de 7.80 por litro para la gasolina Magna en diciembre de 2009, a 8 pesos 20 centavos por litro al mes de mayo de 2010. La gasolina Premium incrementó sus precios de 9.57, en diciembre del año pasado, a 9.82 por litro en mayo del presente año. El incremento acumulado de enero a mayo de 2010 de la gasolina Magna y el diesel ha sido de 40 centavos por litro, lo que representa un crecimiento en los precios de 5.1 por ciento y de 4.9 por ciento respectivamente, sólo en cinco meses con referencia al precio observado en diciembre de 2009.

Por otra parte, la gasolina Pemex Premium ha aumentado 25 centavos por litro en el mismo periodo, que equivale a un incremento de 2.6 por ciento respecto del precio de venta de diciembre pasado.

De lo anterior se desprende que los incrementos mensuales en los precios del diesel y la gasolina Magna han sido constantes 8 centavos por litro, mientras que los de la gasolina Premium aumentaron en enero a razón de 9 centavos por litro y de febrero a mayo en 4 centavos mensuales.

De tal manera que de continuar con los incrementos periódicos a los precios de los combustibles durante los meses restantes del año, los precios de las gasolinas podrían llegar a niveles de 8.76 para la gasolina Magna, 10 pesos 10 centavos para la Premium y 9 pesos 12 centavos para el diesel en diciembre de 2010.

Los incrementos en la gasolina y el diesel no sólo afectan el bolsillo de los propietarios de los vehículos sino que repercuten en los servicios de pasaje y de carga y por consecuencia, en el precio de los productos de primera necesidad de nuestra gente pobre.

De ahí la importancia de evitar que continúe el constante aumento en perjuicio de la capacidad de compra de la población y del mercado interno.

Por lo que respecta al gas licuado de petróleo, LP, éste representa un insumo que se utiliza en ocho de cada diez hogares mexicanos, para satisfacer las necesidades básicas de las familias, para preparar los alimentos y asearse, lo que lo hace un artículo de consumo popular y de gran importancia dentro de la canasta básica ya de por sí mermada para los pobres, para los que nada tienen.

Además del uso como combustible en vehículos de trabajo y de transporte en todo nuestro país, de tal manera que el gas LP desempeña un papel significativo en la economía y en la vida diaria de los habitantes de nuestra nación.

Es el combustible de mayor uso a nivel residencial y a nivel de consumo convierte al mercado mexicano de gas LP en el más grande del mundo, ocupando el primer lugar de consumo per cápita con 68 kilos por habitante.

De ahí la importancia de mantener su precio durante la permanencia de esta crisis económica en la que México está inserto, debido a la gran dependencia comercial en más de 80 por ciento con los Estados Unidos de América, cuyo gobierno sí está implementando medidas de apoyo a la población de menores ingresos, como lo es el sistema de salud universal, el fomento al empleo, utilizando medidas keynesianas de gasto gubernamental en obra pública e incentivos fiscales y de política monetaria con bajas tasas de interés a favor del gasto de las familias y de las inversiones productivas.

Esto debería hacer el presidente Calderón también en México, no sólo aumentar el gas, la gasolina y el diesel.

En cuanto a las tarifas eléctricas, el análisis económico y de política energética nos indica que las tarifas eléctricas domésticas, no obstante ser las de mayor subsidio, registraron un incremento en el primer trimestre de este año 2010, de 6 puntos por ciento. Esta cifra es un 35 por ciento más que el aumento acumulado de la inflación de 4.9 por ciento, reportado en el primer trimestre de 2009 y el mismo lapso de 2010. Es decir, supera la inflación promedio e incluso a los incrementos de los salarios mínimos porque todo sube menos los salarios mínimos, los salarios mínimos no son los salarios mínimos sino los mini salarios.

Además del incremento a las tarifas eléctricas, el subsidio a los consumidores se ha reducido en un 18 por ciento al bajar de 28 mil 113 millones de pesos otorgados en el primer trimestre de 2009, a 23 mil 70 millones en el primer trimestre de 2010.

Por si fuera poco, de acuerdo al índice de calidad de la electricidad del Foro Económico Mundial, en el reporte anual de competitividad 2009-2010 México se encuentra muy por debajo de otros países, en el lugar 88 de 132 en términos de la calidad del servicio eléctrico. Para 2008-2009 respecto de la calidad del servicio de oferta de electricidad México está muy por debajo de los sistemas eléctricos de clase mundial como Dinamarca, lugar primero, así como con relación a sus socios comerciales del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, lugar 17, y Canadá lugar 15, y con respecto de países de Latinoamérica como Chile, lugar 37, Colombia, lugar 58 y hasta Honduras, lugar 86, donde México, lugar 88, se encuentra muy rezagado. Es decir, no sólo las tarifas son altas sino que también el servicio es malo.

Por lo antes expuesto y con el objeto de evitar que se siga menguando constantemente el poder adquisitivo de los mexicanos, tanto los más pobres como de la clase media, que ya por completo este gobierno calderonista desapareció, se proponen a esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que en la discusión de aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, incluso la de 2012, se considere el no incremento en los ingresos derivados de los precios de la gasolina, diesel, gas y tarifas eléctricas domésticas como una medida directa que permita aliviar la pérdida del poder adquisitivo de la población en los dos años que restan de la presente administración que todo lo ha encarecido en perjuicio del pueblo de México.

Segundo. En consecuencia, se exhorta al Ejecutivo federal para que, con fundamento en sus atribuciones constitucionales —que no se le olvide a Calderón que el pueblo lo eligió y que ahora lo está traicionando—, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía para que suspendan la política de incrementos permanentes a los precios de los energéticos: gasolina, diesel, gas y electricidad para uso doméstico en todo el territorio nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 6 días del mes de octubre de 2010. Diputado Pedro Ávila Nevárez.

Compañeros diputados, hoy se cumplen74 años en que el presidente Cárdenas entregó la tierra en la Comarca Lagunera. Hoy es un día de fiesta para todos los mexicanos. Setenta y cuatro años en que un presidente, salido del PRI, entregó la tierra en la Comarca Lagunera. Hoy es el aniversario del reparto agrario. Tributemos un aplauso los supervivientes de este Congreso a este gran michoacano.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública sobre la suspensión de las alzas de electricidad, gasolina, diesel y gas doméstico, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Considerando que en los últimos años, los habitantes de nuestro país han venido sufriendo una constante disminución en sus ingresos, derivado del aumento en la tasa de desempleo y en la inflación de los productos de primera necesidad, que afectan principalmente a las familias de menos ingresos, como lo es la mayoría de la población; que a decir del propio presidente de la República en la exposición de motivos de la iniciativa que presentara hace un año para crear un impuesto generalizado de 2 por ciento al consumo, es de 50 millones de mexicanos con pobreza patrimonial y de 20 millones con pobreza alimentaria; es decir, no tienen para comer.

Uno de los principales motivos ha sido la política seguida en los últimos años de incrementar los precios de los energéticos por el gobierno federal, quien los autoriza por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que nosotros los legisladores avalamos al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación.

El impacto de estos incrementos, según la nota informativa del 14 de mayo del año en curso, elaborada por el Centro de Estudios de las finanzas Públicas, el precio de los energéticos ha tenido un constante incremento mes a mes; así, de enero a mayo de 2010, los precios de las gasolinas se han incrementado constantemente, pasando de 7.80 pesos por litro para la gasolina Magna, en diciembre de 2009, a 8.20 pesos por litro a mayo de 2010. La gasolina Premium incrementó sus precios, de 9.57 pesos en diciembre del año pasado a 9.82 pesos por litro en mayo del presente año.

El incremento acumulado de enero a mayo de 2010 de la gasolina Magna y el diesel ha sido de 40 centavos por litro, lo que representa un crecimiento en los precios de 5.1 y 4.9 por ciento, respectivamente, sólo en cinco meses, con referencia al precio observado en diciembre de 2009.

Por otra parte, la gasolina Pemex Premium ha aumentado 25 centavos por litro en el mismo periodo, que equivale a un incremento de 2.6 por ciento respecto del precio de venta de diciembre pasado.

De lo anterior se desprende que los incrementos mensuales en los precios del diesel y la gasolina Magna han sido constantes (8 centavos por litro), mientras que los de la gasolina Premium aumentaron en enero a razón de 9 centavos por litro y de febrero a mayo en 4 centavos mensuales.

De tal manera que continuar con los incrementos periódicos a los precios de los combustibles durante los meses restantes del año, los precios de las gasolinas podrían llegar a niveles de 8.76 pesos para la gasolina Magna, 10.10 pesos para la Premium y 9.12 pesos para el diesel en diciembre de 2010.

Los incrementos en la gasolina y el diesel no sólo afectan el bolsillo de los propietarios de los vehículos, sino que repercuten en los servicios de pasaje y de carga, y por consecuencia en el precio de los productos de primera necesidad, de ahí la importancia de evitar que continúe el constante aumento en perjuicio de la capacidad de compra de la población y del mercado interno.

Por lo que respecta al gas licuado de petróleo (LP), éste representa un insumo que se utiliza en 8 de cada 10 hogares mexicanos, para satisfacer las necesidades básicas de las familias, preparar los alimentos y asearse, lo que lo hace un artículo de consumo popular y de gran importancia dentro de la canasta básica. Además del uso como combustible en vehículos de trabajo y de transporte en la zona norte de nuestro país.

De tal manera que el gas LP desempeña un papel significativo en la economía y en la vida diaria de los habitantes de nuestra nación. Es el combustible de mayor uso a nivel residencial y el nivel de consumo convierte al mercado mexicano de gas LP en el más grande del mundo, ocupando el primer lugar de consumo per cápita con 68 kilos por habitante; de ahí la importancia de mantener su precio durante la permanencia de esta crisis económica en la que México está inserto debido a la gran dependencia comercial en más de 80 por ciento con los Estados Unidos de América, cuyo gobierno sí está implementando medidas de apoyo a la población de menores ingresos, como lo es el sistema de salud universal; el fomento al empleo, utilizando medidas keynesianas de gasto gubernamental en obra pública e incentivos fiscales, y de política monetaria ,con bajas tasas de interés a favor del gasto de las familias y de las inversiones productivas.

En cuanto a las tarifas eléctricas, el análisis económico y de política energética nos indica que las tarifas eléctricas domésticas, no obstante ser las de mayor subsidio, registraron un incremento en el primer trimestre de este año 2010 de 6.7 por ciento. Esta cifra es 35 por ciento más que el aumento acumulado de la inflación de 4.97 por ciento reportado entre el primer trimestre de 2009 y el mismo lapso de 2010. Es decir supera a la inflación promedio e incluso a los incrementos a los salarios mínimos

Además del incremento en las tarifas eléctricas, el subsidio a los consumidores se ha reducido en un 18 por ciento, al bajar de 28 mil 113 millones de pesos otorgados en el primer trimestre de 2009 a 23 mil 70 millones en el primer trimestre de 2010.

Por si fuera poco, de acuerdo al índice de la calidad de la electricidad del Foro Económico Mundial, en el reporte anual de competitividad 2009-2010, México se encuentra muy por debajo de otros países, en el lugar 88 de 132, en términos de la calidad del servicio eléctrico para el periodo 2008-2009. Respecto a la calidad del servicio y oferta de electricidad, México se está muy por debajo de los sistemas eléctricos de clase mundial como Dinamarca (lugar 1), así como con relación a sus socios comerciales del TLCAN, Estados Unidos de América (lugar 17) y Canadá (lugar 15) y respecto a países de Latinoamérica como Chile (lugar 37), Colombia (lugar 58) y hasta Honduras (lugar 86), donde México (lugar 88) se encuentra muy rezagado. Es decir, no sólo las tarifas son altas sino que también el servicio es malo.

Por lo expuesto y con el objeto de evitar se siga menguando constantemente el poder adquisitivo de los mexicanos, tanto los más pobres como los de la clase media, cada vez menor, se propone a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a efecto de que en la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011, e incluso la de 2012, se considere el no incremento en los ingresos derivados de los precios de gasolina, diesel, gas y tarifas eléctricas domésticas, como una medida directa que permita aliviar la pérdida del poder adquisitivo de la población en los dos años que restan de la presente administración.

Segundo.En consecuencia, se exhorte al Ejecutivo federal a fin de que, con fundamento en sus atribuciones constitucionales, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía para que suspendan la política de incrementos permanentes a los precios de los energéticos –gasolina, diesel, gas y electricidad para uso doméstico– en todo el territorio nacional.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputado Pedro Ávila Nevárez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ávila. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

COMISION ESPECIAL PARA EL ANALISIS DEL SISTEMA MONETARIO, EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA A TRAVES DEL AHORRO Y EL ESTUDIO DEL USO DE LA PLATA COMO MONEDA DE CURSO LEGAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para el análisis del sistema monetario, el fortalecimiento a la economía a través del ahorro y el estudio del uso de la plata como moneda de curso legal.

El diputado Samuel Herrera Chávez:Con su permiso, diputado presidente. Honorable soberanía.

El suscrito, Samuel Herrera Chávez, diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se permite presentar al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el análisis del sistema monetario, el fortalecimiento a la economía a través del ahorro y el estudio del uso de la plata como moneda de curso legal, al tenor de las siguientes consideraciones.

Como representantes populares la mayoría de nosotros tenemos contacto diario con diversos grupos de la población. Hemos presenciado su imposibilidad de acceso a sistemas bancarios, primordialmente porque estos sistemas no fueron diseñados para ellos. No existen políticas públicas que fomenten la cultura del ahorro ni tampoco se realizan estudios por parte del Congreso para revisar lo que está sucediendo con nuestro sistema monetario.

En consecuencia, nuestro compromiso debe ser la búsqueda de nuevos y mejores mecanismos mucho más accesibles para la población que permitan el mejoramiento de su economía, así como el ahorro y evitar que prevalezca la injusticia social, la desigualdad y la ofensiva inequidad en la distribución del ingreso.

Otro de los propósitos de la creación de esta comisión especial es propiciar impactos positivos en el desarrollo y creación de nuevos empleos en las minerías productoras de plata y crear un blindaje al ahorro popular, otorgando a la población un instrumento que no se devalúe, que no sufra el impacto de la inflación, que no esté sujeto a los errores de las políticas monetarias ni a los colapsos bancarios.

Durante generaciones la inflación monetaria del Banco de México ha pulverizado el ahorro de los mexicanos y especialmente el de las clases populares sin que cuenten con alternativas para apoyar su patrimonio.

Paradójicamente en el 2010, año del bicentenario del inicio de la Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, no existe un sentimiento para muchos, un sentimiento firme de identidad, ya que no hemos sabido aprovechar nuestros propios recursos.

Por último, con fecha 25 de marzo del año en curso presenté excitativa dirigida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, mediante la cual solicite se dictaminara la iniciativa de ley, por lo que se adiciona el artículo 2o. de la Ley Monetaria, sin que se tenga respuesta alguna.

Consecuentemente solicito a esta soberanía y particularmente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se apruebe esta gran comisión especial, de conformidad con los razonamientos vertidos y con el propósito de lograr la conformación del espacio crítico de análisis y discusión sobre tan importante asunto.

El cual, al entrañar implícitamente determinaciones que fortalecen económicamente a este país, se requiere un tanto respetuoso y acorde a la altura de la discusión y debate que se ha generado.

Por lo cual planteo ante esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política determine la creación de la comisión especial para el análisis del sistema monetario, el fortalecimiento de la economía a través del ahorro y del estudio del uso de la plata como moneda de curso legal.

Segundo. El objeto de esta comisión será la revisión y actualización constante del marco jurídico del sistema monetario nacional, el control evaluatorio de la materia por parte de las autoridades competentes, de conformidad con el marco jurídico aplicable, así como todas aquellas que sean necesarias para fortalecer las acciones vinculadas en el fortalecimiento de la economía y el ahorro.

Tercero. La comisión especial se integrará pluralmente a través de los distintos grupos parlamentarios, contando en su conformación con 15 integrantes, 1 presidente y 3 secretarios.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo dicha comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables. Así como las organizaciones civiles o bien desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo en el ámbito de su competencia.

Quinto. La comisión especial, objeto del presente punto de acuerdo funcional de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la comisión especial será en agosto de 2012.

Séptimo. La comisión especial rendirá de manera periódica un informe ante el pleno de esta Cámara de Diputados, o en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Firma el diputado federal Samuel Herrera y la diputada Magdalena Torres.

Señor presidente, solicito se integre al Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa, de los puntos de acuerdo.

Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputados y diputadas.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el análisis del sistema monetario, el fortalecimiento de la economía a través del ahorro y el estudio del uso de la plata como moneda de curso legal, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado federal Samuel Herrera Chávez de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 71 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar al pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita el establecimiento de la Comisión Especial para el análisis del sistema monetario, el fortalecimiento a la economía a través del ahorro  y el estudio del uso de la plata como moneda de curso legal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como representantes populares la mayoría de nosotros tenemos contacto a diario con diversos grupos de la población, hemos presenciado su imposibilidad de acceso a sistemas bancarios, primordialmente porque esos sistemas no fueron diseñados para ellos.

De acuerdo a cifras oficiales conservadoras, 65 por ciento de la población de este país es pobre; no existen políticas públicas que fomenten la cultura de ahorro y menos cuando un alto porcentaje de mexicanos vive en pobreza extrema.

Sin embargo, desde hace mucho tiempo surgió la necesidad de analizar lo que está sucediendo con nuestro sistema monetario, sin que por ello se atendiera a cada sector de la población, más aún cuando se trata del alto porcentaje al que me he referido.

Se trata en consecuencia de buscar mecanismos más accesibles, proporcionar propuestas y respuestas para mejorar la economía, así como el ahorro de la población; esta población que lamentablemente pertenece a un país donde prevalece la injusticia social y donde la desigualdad económica se manifiesta cada vez más a través de la ofensiva inequidad en la distribución del ingreso.

Reitero, el propósito en cuanto a la creación de esta comisión, es lograr por un lado acuerdos y determinaciones sobre la pertinencia de otros esquemas a los ya existentes, presentándose sin duda como una de las propuestas más importantes la monetización de la plata, que a su vez propiciaría impactos positivos en el desarrollo de la industria minera, así como en la creación de nuevos empleos, con lo cual se atacaría también el rezago en este rubro; y por otro, crear un blindaje al ahorro popular, otorgando a la población un instrumento que no se devalúe; que no sufra el impacto de la inflación; que no esté sujeto a los errores de las políticas monetarias ni a los colapsos bancarios.

El problema ha sido que durante generaciones la inflación monetaria del Banco de México ha pulverizado el ahorro de los mexicanos, y especialmente el de las clases populares, sin que se cuente con alternativas para cuidar su patrimonio, mismo que cada vez disminuye y no les permite aspirar a salir de la pobreza.

El Banco de México opera dentro de un sistema necesariamente inflacionario, esta situación no cambiará; seguirá habiendo inflación monetaria, pues le resulta imposible frenarla. Un refugio sencillo y de fácil acceso para las clases populares y quienes aspiran a salir de la pobreza, podría ser la opción que se plantea, con la intención de generar más y mejores expectativas en cuanto a políticas públicas que no se están atendiendo debidamente.

Hasta la fecha el gobierno no ha realizado cuestionamientos sobre las conveniencias sociales y económicas como resultado de crear un blindaje al ahorro popular, tampoco ha cuestionado las ventajas políticas por ser una medida bien vista por los partidarios del nacionalismo, sólo se han elaborado análisis que no atacan profundamente las bondades que implica este proyecto, de tal suerte que se requiere una actitud imparcial y argumentos críticos que provengan de académicos y estudiosos del tema.

Por otro lado, es imprescindible que la población conozca su historia. La historia de México estrechamente ligada a la moneda de plata, o a otros tantos y vastos recursos, sin que se haya podido beneficiar con una mejor economía a los mexicanos.

Como breviario sobre el particular podemos señalar que la plata constituía aproximadamente en el año de 1900, el principal rubro de exportación del país. Fue en 1905 que el gobierno designó una comisión monetaria, proponiendo adoptar el oro como base del sistema, cabe mencionar que los billetes ya se habían implementado en esta época, y estos por su parte, continuaron emitiéndose con el respaldo monetario correspondiente.

Un principio importante de la teoría monetaria es garantizar en metales preciosos, principalmente oro y plata, la emisión de moneda, ya sea metálica o de papel.

La Constitución Política de 1917, en su artículo 28, autorizó monopolizar la emisión de billetes a través de un solo banco controlado por el gobierno federal; sin embargo, no fue sino hasta el año de 1925 cuando el presidente Plutarco Elías Calles fundó el Banco de México.

Durante los años de 1921 a 1925, en México, había monedas de plata por poco más de 150 millones de pesos; a finales de 1925 el saldo de la moneda se estimaba en poco más de 166.3 millones de pesos por 270 millones de moneda en oro; sin embargo, el gobierno continuó apostando a la circulación del papel moneda.

El 25 de julio de 1931, se desmonetizó la plata y los pesos pasaron a formar parte de las reservas en el Banco de México, esto debido a la Ley Monetaria, pero en 1933, el sistema financiero mexicano tuvo un importante repunte, debido a que el gobierno de Estados Unidos aceptó que la deuda contraída por diversos países durante la primera guerra mundial, se liquidara con pagos en plata.

En México, durante la década de los cuarenta y principios de los cincuenta, la exportación de plata tuvo un mayor auge, lo que permitió sanear la economía nacional, y se inició el cambio del rumbo económico, para pasar de una economía basada en la agricultura, a la industria manufacturera, este momento se conoció como el inicio de la industria moderna.

A partir de la década de los setenta México ha padecido una serie de drásticos altibajos en sus variables económicas; entre ellos los saldos negativos en la balanza comercial, las devaluaciones del peso ante el dólar, entre otros. Esto ocasiona retroceso en el país, reflejado en una pésima calidad de vida de un alto porcentaje de la población.

La globalización ha obligado a entrar a un ritmo tal que genera una serie de controversias entre quienes, por resultar beneficiados de esta total apertura, difunden sus beneficios, mientras que la industria nacional es desplazada cada vez más por el capital extranjero.

Paradójicamente en el año 2010, año del bicentenario del inicio de la Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, no existe para muchos un sentimiento firme de identidad, ya que no hemos sabido aprovechar nuestros propios recursos.

Ahora bien, por todos es conocido que desde la década de los noventa, se ha impulsado la propuesta de basar el sistema monetario nacional en el patrón plata.

Los argumentos de sus impulsores son simples, México es uno de los principales productores de este metal a nivel mundial, y por ello la reserva bancaria no necesariamente debería estar basada en dólares, podría estar basada en plata, para permitirle al país tener un control del circulante metálico y del papel ya que, la desmesurada emisión de billetes sin duda produce inflación e innegables consecuencias negativas.

Por último con fecha 25 de marzo del año en curso, presenté excitativa dirigida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, mediante la cual solicité que se dictaminara la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 29 de noviembre de 2007, sin que hasta este momento se haya dado respuesta alguna.

Tal y como he mencionado, en mi calidad de representante social pretendo defender el interés general y como diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados  del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante la falta de respuesta, no solamente a mí, sino a México y a efecto de que se tengan medios de ahorro sencillos que protejan el patrimonio de la población, solicito a esta soberanía y particularmente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se apruebe la creación de esta Comisión Especial de conformidad con los razonamientos vertidos y con el propósito de lograr la conformación del espacio critico de análisis y discusión sobre tan importante asunto, el cual al entrañar implícitamente determinaciones económicas de este país, requiere un trato respetuoso y acorde a la altura misma de la discusión y debate que por su naturaleza se ha generado.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial para el análisis del sistema monetario, el fortalecimiento a la economía a través del ahorro  y del estudio del uso de la plata como moneda de curso legal.

Segundo. El objeto de la comisión especial será la revisión y actualización constante del marco jurídico del sistema monetario nacional, el control evaluatorio de la materia por parte de las autoridades competentes, de conformidad con el marco jurídico aplicable, así como todas aquellas que sean necesarias para fortalecer las acciones vinculadas con el fortalecimiento a la economía y el ahorro.

Tercero. La comisión especial se integrará pluralmente a través de los distintos grupos parlamentarios, contando en su conformación con 15 integrantes, un presidente y tres secretarías.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, o bien desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de su competencia.

Quinto. La comisión especial objeto del presente punto de acuerdo funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la comisión especial no excederá al mes de agosto de 2012.

Séptimo. La comisión especial rendirá de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2010.— Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted diputado Samuel Herrera Chávez. Tal como lo solicita, insértese íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS DEL SUR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora la palabra el diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Guerrero a que expida el decreto correspondiente para que se dote de personalidad jurídica amplia y suficiente, facultando como institución de educación pública superior, a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, Unisur.

El diputado Domingo Rodríguez Martell:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El día de hoy vengo a hablar de la Universidad Indígena del Sur.

La creación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur tiene sus orígenes en el encuentro de educación intercultural celebrado en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en 1999, donde se acordó que entre los pueblos indígenas mixteco, amuzgo, náhuatl, afromexicanos y mestizos, así como con las autoridades municipales, académicas y organizaciones civiles, promover la instauración de una institución de educación superior para la formación de profesionales, intelectuales indígenas, afromexicanos y mestizos, con un profundo compromiso comunitario, partiendo desde la óptica de la cultura propia y visión del mundo de los pueblos originarios que coadyuven a un de-sarrollo integral y sustentable de sus comunidades.

La Unisur cuenta con cuatro sedes académicas ubicadas en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec. Xochistlahuaca, municipio de Xochistlahuaca. Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, y Cuajinicuilapa, del mismo municipio.

Asimismo, la universidad opera con tres órganos colegiados de gobierno: el consejo intercultural, el patronato y el colegio académico. Cabe resaltar que las autoridades tradicionales de los cinco pueblos originarios están representadas en el consejo intercultural. Incluso, los directivos de la institución son elegidos por las comunidades donde se asientan los planteles.

Sin lugar a dudas, el modelo pedagógico corresponde al método transdisciplinar e intercultural, a través de una organización modular establecida en trimestres.

La Unisur ofrece tres licenciaturas: Desarrollo Comunitario Sustentable, Gobierno y Administración de Municipios y Territorios e Historia, Lengua y Cultura. Estos programas buscan el fortalecimiento de los estudiantes en su propio contexto comunitario o regional, buscando que los egresados estén preparados para ejercer en esos espacios sus conocimientos organizados, a fin de promover el desarrollo local y regional.

El respaldo comunitario de los pueblos originarios que tiene la universidad le da legitimidad y, además, la comunidad es la encargada de brindar hospedaje y alimentación para estudiantes y profesores durante los ciclos escolares en las cuatro sedes académicas, quienes también han proporcionado aulas sencillas donde actualmente se dan las clases, incluso las comunidades han donado los terrenos para construir los planteles en forma y que, dicho sea de paso, ya se cuenta con el diseño y los proyectos para tales fines.

No cabe la menor duda de que esta educación superior, gestada desde abajo, salvaguarda lo establecido en el artículo 2o. constitucional, específicamente lo estipulado en la fracción IV del apartado A. Lo que significa una contribución a la preservación y enriquecimiento de las lenguas, conocimiento, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, favorece afianzar el derecho a la educación con pertenencia cultural, definiendo y desarrollando programas educativos con contenido regional y con conocimiento de los pueblos y comunidades, tal como lo establece la fracción II del apartado B del artículo 2o. constitucional.

Ante tal situación, es urgente que el gobierno del estado de Guerrero reconozca a la Unisur como una institución pública de educación superior. Esta falta de reconocimiento trae hoy como consecuencia la no validez de los estudios universitarios de más de 250 estudiantes.

En suma, esta situación de incertidumbre jurídica frena o limita iniciativas o convenios con organismos internacionales y nacionales en materia de investigación, infraestructura, docencia y proyectos comunitarios.

Ante ello, compañeras y compañeros, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Guerrero a dictar de manera pronta y expedita el decreto correspondiente para que se dote de personalidad jurídica, amplia y suficiente, facultando como institución de educación pública superior a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, a fin de garantizar la educación de los pueblos originarios de la entidad federativa.

Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a expedir el decreto correspondiente para dotar de personalidad jurídica suficiente y facultar como institución de educación pública superior a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Domingo Rodríguez Martell, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La creación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) tiene sus orígenes en el encuentro de educación intercultural celebrado en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en 1999, donde se acordó entre los pueblos indígenas mixteco, amuzgo, nahua, afromexicanos y mestizos, así como con las autoridades municipales, académicos y organizaciones civiles, promover la instauración de una institución de educación superior para la formación de profesionales, intelectuales indígenas, afromexicanos y mestizos, con un profundo compromiso comunitario, partiendo desde la óptica de la cultura propia y visión del mundo de los pueblos originarios, que coadyuven a un desarrollo integral y sustentable de sus comunidades.

La Unisur cuenta con cuatro sedes académicas ubicadas en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec; Xochistlahuca, municipio de Xochistlahuaca; Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, y Cuajinicuilapa, municipio de Cuajinicuilapa.

Asimismo, la universidad opera con tres órganos colegiados de gobierno: el consejo intercultural; el patronato y el colegio académico. Cabe resaltar que las autoridades tradicionales de los cinco pueblos originarios están representadas en el consejo intercultural. Incluso, los directivos de la institución son elegidos por las comunidades donde se asientan los planteles.

Sin lugar a dudas, el modelo pedagógico corresponde al método transdisciplinar e intercultural, a través de una organización modular establecida en trimestres.

La Unisur ofrece tres licenciaturas: Desarrollo Comunitario Sustentable; Gobierno y Administración de Municipios y Territorios; e Historia, Lengua y Cultura. Estos programas buscan el fortalecimiento de los estudiantes en su propio contexto comunitario o regional, buscando que los egresados estén preparados para ejercer en esos mismos espacios sus conocimientos organizados, a fin de promover el desa-rrollo local y regional.

El respaldo comunitario de los pueblos originarios que tiene la universidad le da legitimidad y, además, la comunidad es la encargada de brindar hospedaje y alimentación para estudiantes y profesores durante los ciclos escolares en las cuatro sedes académicas, quienes también han proporcionado aulas sencillas donde actualmente se dan las clases, incluso las comunidades han donado los terrenos para construir los planteles en forma y que dicho sea de paso, ya se cuenta con el diseño y los proyectos para tales fines.

No cabe la menor duda, esta educación superior gestada desde abajo, salvaguarda lo establecido en el artículo 2o. constitucional, específicamente, lo estipulado en la fracción IV del apartado A, lo que significa una contribución a la preservación y enriquecimiento de las lenguas, conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, favorece a afianzar el derecho a la educación con pertenencia cultural, definiendo y desarrollando programas educativos con contenido regional y con conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establece la fracción II del apartado B del artículo 2o. constitucional.

Ante tal situación, es urgente que el gobierno del estado de Guerrero reconozca a la Unisur como una institución pública de educación superior. Esta falta de reconocimiento trae como consecuencia la no validez de los estudios universitarios de más de 250 estudiantes.

En suma, esta situación de incertidumbre jurídica frena o limita iniciativas y convenios con organismos internacionales y nacionales en materia de investigación, infraestructura, docencia y proyectos comunitarios.

Ante ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Guerrero a dictar de manera pronta y expedita el decreto correspondiente para que se dote de personalidad jurídica amplia y suficiente facultando como Institución de Educación Pública Superior a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur), a fin de garantizar la educación de los pueblos originarios de la entidad federativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.— Diputados: Domingo Rodríguez Martell, Laura Arizméndi Campos, Silvia Puppo Gastelum,Balfre Vargas Cortez, Florentina Rosario Morales (rúbricas).»

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado Rodríguez Martell. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.

¿Sí, diputada? Sonido allá en la curul de la diputada Laura Arizmendi.

La diputada Laura Arizmendi Campos(desde la curul): Gracias. Sólo para pedirle al diputado que me haga favor de permitir que me adjunte a su propuesta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Rodríguez Martell está de acuerdo en que usted suscriba también el punto de acuerdo presentado. Está a disposición de quienes quieran hacerlo aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene ahora la palabra el diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud a ampliar el número de plazas para residencias médicas en el XXXIV Examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se consideren mayores recursos para el sector salud.

El diputado Malco Ramírez Martínez:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado 26 de febrero de 2010 la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud aprobó la convocatoria 2010 para llevar a cabo el XXXIV Examen nacional para aspirantes a residencias médicas.

Para cumplir el proceso de formación de médicos especialistas es necesario contar con elementos sustantivos que garanticen una elevada calidad en su preparación y por ello fue diseñado el Examen nacional para aspirantes a residencias médicas, el cual ha sido criticado ampliamente porque se filtra.

Aparentemente es vendido y con ello son defraudadas muchas personas que aspiran a ocupar un espacio como residentes médicos. Basta recordar el escándalo que se suscitó en el 2007 cuando tuvo que ser suspendido el examen y se tomaron medidas adicionales para blindar su elaboración y su aplicación.

Este año se sometieron a concurso 6 mil 500 plazas de residencia médica. Sin embargo, aplicaron el examen 23 mil 121 aspirantes. Del total de médicos inscritos, el 98 por ciento corresponden a médicos provenientes de 79 escuelas y facultades del país. Sin embargo, independientemente de su capacidad, el 72 por ciento de los aspirantes quedará fuera.

Lo anterior es paradójico ya que la demanda de médicos especialistas es cada vez mayor. Sin embargo, la mayoría está centralizada en las ciudades capitales, dejando de lado las zonas rurales del país.

A pesar de ello, la demanda para ingresar al Sistema Nacional de Residentes en México, en lugar de disminuir se incrementa año con año.

De acuerdo con los datos del CIFRH, de 1995 a 2006, el número de aspirantes a ingresar al Sistema Nacionales de Residencias Médicas creció en un 246 por ciento. No obstante, la tendencia en el número de plazas no fue la misma, ya que únicamente se incrementó el 146 por ciento.

De acuerdo con la Dirección General de Información en Salud de la dependencia federal, en México hay 159 mil 400 médicos en contacto con pacientes, incluyendo a aquellos que están en formación, lo cual representa en una relación de 1.4 galenos por cada mil habitantes. Menos de la mitad del promedio que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Es importante señalar que planteamos que se incrementen mil plazas más para el próximo año de residencias médicas, que serán ocupadas el próximo 10 de octubre del año en curso y comenzarán su residencia en febrero de 2011.

Este incremento no impactaría sustantivamente al Presupuesto de Egresos, toda vez que un residente de primer año gana aproximadamente 11 mil 903 pesos mensuales. Además de que al aumentar el número de médicos con especialidades nos colocaremos en estándares internacionales como los que establece la OCDE y ayudaremos a cumplir los Objetivos del Milenio, entre otros instrumentos internacionales que México ha firmado y que nos obligamos a cumplir.

En tal virtud, el gobierno federal, los gobiernos locales, las Cámaras de Diputados y la iniciativa privada debemos hacer un esfuerzo extraordinario por dotar de mayores recursos para la creación de plazas de residentes médicos, porque lo que está en juego es la salud y el respeto a la dignidad de miles de mexicanos y ésta debe ser una responsabilidad compartida entre todos.

Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, a que con base en las facultades que le confiere la Ley General de Salud, el decreto que le crea y su reglamento, amplíe a mil plaza adicionales el concurso XXXIV del Examen nacional de aspirantes a residencias médicas y que se informe en conjunto con las 6 mil 500 que ya se tenían previstas el próximo 10 de octubre del presente año.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se destinen los recursos necesarios para sustentar presupuestalmente las plazas que serán ampliadas por el CIFRH en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud a ampliar el número de plazas correspondientes a residencias médicas en el trigésimo cuarto examen nacional de aspirantes a éstas; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a destinar mayores recursos al sector salud en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Malco Ramírez Martínez y Marco Antonio García Ayala, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los que se exhorta a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud a ampliar el número de plazas para residencias médicas en el trigésimo cuarto examen nacional de aspirantes a residencias médicas; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 mayores recursos para el sector salud a fin de sustentar presupuestalmente esas plazas adicionales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 26 de febrero de 2010, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) aprobó la convocatoria correspondiente a 2010 para llevar a cabo el trigésimo cuarto examen nacional para aspirantes a residencias médicas.

Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1983, se creó la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud la cual, a través del Comité de Enseñanza de Posgrado y Educación Continua, coordina todo lo relativo a la formación de médicos especialistas.

La CIFRHS está integrada por las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. También participan la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, con la representación de la Secretaría General Ejecutiva, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y las regiones respectivas a través de las Universidades de Guadalajara, Veracruzana, Autónoma de Nuevo León, Autónoma de Baja California, Benemérita Autónoma de Puebla y Autónoma de Yucatán, las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, la Asociación Nacional de Hospitales Privados, y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos, así como la Dirección General de Sanidad Militar y la Dirección General de Educación Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Escuela Médico Naval y los Servicios Médicos de la Secretaría de Marina Armada de México.

Para cumplir el proceso de formación de médicos especialistas es necesario contar con elementos sustantivos que garanticen una elevada calidad en su preparación y por ello fue diseñado el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, el cual ha sido criticado porque se filtra, aparentemente es vendido, y con ello son defraudadas muchas personas que aspiran a ocupar un espacio como residentes médicos. Basta recordar el escándalo que se suscitó en 2007 cuando tuvo que ser suspendido el examen y se tomaron medidas adicionales para blindar su elaboración y aplicación.

El examen nacional de aspirantes a residencias médicas es un instrumento de medición de conocimientos de medicina general, que constituye la primera etapa del proceso para ingresar en el sistema nacional de residencias médicas.

Este año se sometieron a concurso 6 mil 500 plazas de residencia médica. Sin embargo, aplicaron el examen 23 mil 121 aspirantes. De los médicos inscritos, 98 por ciento proviene de 79 escuelas y facultades del país y el resto de 15 países, sobre todo de Colombia y Bolivia. Entre ellos, 115 provienen de escuelas militares. Sin embargo, independientemente de su capacidad, 72 por ciento de los aspirantes quedará fuera.

Lo anterior resulta paradójico porque la demanda de médicos especialistas es creciente. Sin embargo, la mayoría está centralizada en las ciudades capitales, dejando de lado las zonas rurales del país.

En entrevista, la doctora Marcela González de Cossío Ortiz, directora general de Calidad y Educación de Salud de la Ssa federal, indicó que si la CIFRHS sólo abre 6 mil plazas para el estudio de especialidades médicas es porque ésa es la capacidad existente en los institutos nacionales de salud y hospitales acreditados para la formación de residentes. Sin embargo, la demanda para ingresar en el sistema nacional de residencias en México en lugar de disminuir ha incrementado. De acuerdo con los datos del CIFRHS, de 1995 a 2006 el número de aspirantes a ingresar en el Sistema Nacional de Residencias Médicas creció 246 por ciento; no obstante, la tendencia en el número de plazas no fue la misma: el aumento de éstas en el mismo periodo fue de 146 por ciento.

Una investigación realizada por Margarita Vega, periodista de Reforma, y publicada el 6 de junio de 2010 refiere: “Si los médicos generales en México son pocos, los especialistas brillan por su ausencia”. Añade que la Secretaría de Salud reconoce que los médicos con alguna especialidad son insuficientes, se concentran sólo en cuatro áreas y están mal distribuidos en el país.

De acuerdo con la Dirección General de Información en Salud de la dependencia federal, en México hay 159 mil 949 médicos en contacto con pacientes –incluidos los que están en formación–, lo cual representa una relación de 1.4 galenos por cada mil habitantes, menos de la mitad del promedio que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que asciende a 3 médicos por cada mil habitantes. De ellos, se estima que 73 mil 987 tienen alguna especialidad, lo que representa 7 médicos especialistas por cada mil habitantes.

El promedio de la OCDE es de 1.8 a escala estatal, la proporción en Chiapas es de 0.3 especialistas por cada mil habitantes, en Oaxaca de 0.4 y en Guerrero, Puebla y México de 0.5. Aunque la mayor parte de los médicos graduados han elegido una especialidad, 40 por ciento se concentra en cuatro áreas: ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía. Actualmente, hay 8 mil 421 ginecólogos y 8 mil 591 pediatras, y apenas 919 psiquiatras, 653 urólogos, 382 ortopedistas o 260 endocrinólogos, por citar algunos ejemplos.

Las carencias también se reflejan a escala estatal. Colima, Nayarit y Zacatecas no tienen ningún ortopedista; Quintana Roo e Hidalgo carecen de endocrinólogos; en Baja California Sur, Campeche, Querétaro y Tlaxcala hay menos de siete urólogos para atender a todos sus habitantes. El resto de las especialidades, como oncología, cardiología y epidemiología, son menos elegidas por los estudiantes de medicina. Fin de la cita.

En el país hay un problema de distribución a escala regional, ya que los médicos suelen concentrarse en los grandes centros urbanos. Hay una iniquidad fuerte entre áreas urbanas y rurales, particularmente de los médicos especialistas que comparten mucho la consulta entre la institución pública y la consulta privada. Para ellos, la privada es el espacio donde obtienen sus recursos financieros mayoritariamente, y en áreas urbanas van a tener una población capaz de pagar las tarifas que cobran, indicó el funcionario. “Hay una experiencia interesante de los hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud. Muchos de ellos están organizados para ofertar servicios de alta complejidad clínica y están equipados para hacerlo, pero tienen un gran talón de Aquiles: no tienen personal especializado, por ejemplo, en Tapachula y Oaxaca”.

En mayo pasado, Jesús Nader, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, declaró a los medios de comunicación que por una gestión realizada ante autoridades de nivel central del IMSS se autorizó a la delegación regional Tamaulipas la contratación de médicos especialistas jubilados para fortalecer la plantilla en los siete hospitales de segundo nivel que operan en la delegación.

Nader señaló que, no obstante que en los dos últimos años se contrataron 148 nuevas plazas de trabajo de este tipo de médicos para los hospitales de la delegación, la cobertura de algunas especialidades sigue siendo un pendiente, pues hay un déficit nacional; es decir, “los médicos que egresan no alcanzan para satisfacer la demanda existente en el sector público de salud”.

Por otro lado, el periódico Observatorio Político, de Veracruz, publicó el miércoles 2 de junio de 2010: “Faltan especialistas en el ISSSTE. No hay médicos especialistas en el hospital del ISSSTE, denuncian derechohabientes, quienes aseguran que desde hace más de dos meses interpusieron su queja ante la dirección de la clínica y es momento en el que no han tenido una respuesta satisfactoria”.

”Los cientos de enfermos que acuden al hospital tienen que batallar para la atención especializada de sus padecimientos porque no hay médico especialista que los pueda atender, y si existe, como hay tantos pacientes, deben esperar mínimo un mes para conseguir su cita, y en algunos casos esta situación pueda generar al enfermo una complicación en su padecimiento o un desenlace fatal.

”Los mismos médicos, enfermeras y directora de la institución reconocen que la demanda de la atención medica tanto el inmueble, con toda y su rehabilitación, es rebasada.”

Francisco Espino Priego, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, indicó que el problema es añejo en la clínica y que lamentablemente la dirección general del ISSSTE a escala nacional nada ha querido hacer para solucionarlo. Ejemplos existen muchos más; sin embargo, por economía procesal no serán vertidos en la presente exposición.

La CIFRHS fue creada en 1983, con la consideración de

• Que el derecho de todos los mexicanos a la protección de la salud fue elevado a rango constitucional como una nueva garantía social, a fin de hacer efectivo el compromiso del Estado de extender los servicios de salud a todos los habitantes del país;

• Que para dar efectividad a la nueva garantía social se requiere ampliar la oferta de servicios adecuados para la atención de la salud;

• Que la prestación eficaz y oportuna de los servicios de salud se basa en gran medida en la formación y disponibilidad de recursos humanos debidamente capacitados;

• Que se requiere propiciar la adecuada formación de los recursos humanos para la salud.

Tiene entre sus facultades

• Promover acciones tendentes a lograr una adecuada distribución de los recursos humanos en formación entre los diversos campos de la salud;

• Opinar sobre los requisitos para la apertura y el funcionamiento de instituciones abocadas a la formación de recursos humanos para la salud, en los diferentes niveles académicos;

La Ley General de Salud establece en el artículo 90:

Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas:

I.Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud;

II.Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud;

Los promoventes manifestamos que no podemos ser indolentes e insensibles ante esta realidad tan aterradora en el país. Aumentan los índices de morbimortalidad por falta de especialistas en zonas marginadas o rurales.

Por lo anterior planteamos que se incrementen mil plazas para residentes médicos que serán publicadas el 10 de octubre del año en curso y que comenzarán su residencia en febrero del próximo año. Este incremento no afectaría sustantivamente el Presupuesto de Egresos, toda vez que un residente de primer año gana 11 mil 903 pesos mensuales, generando un presupuesto adicional de 144 millones de pesos.

Además, al aumentar el número de médicos con especialidades nos colocaremos en estándares internacionales como los que establece la OCDE y ayudaremos a cumplir los Objetivos del Milenio, entre otros instrumentos internacionales que México ha firmado y que nos obligamos a cumplir.

El gobierno federal, los gobiernos locales, la Cámara de Diputados y la iniciativa privada debemos hacer un esfuerzo extraordinario por dotar de mayores recursos para crear plazas de residentes médicos, pues están en juego la salud y el respeto de la dignidad de miles de mexicanos. Ésta debe ser una responsabilidad compartida entre todos.

Por lo expuesto, se somete a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud a que con base en las facultades que le confieren la Ley General de Salud, el decreto que la crea y su reglamento, amplíe a mil plazas adicionales del trigésimo cuarto concurso del examen nacional de aspirantes a residencias médicas y que se informen en conjunto con las 6 mil 500 que ya se tenían previstas el 10 de octubre del presente año.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para sustentar presupuestalmente las plazas que serán ampliadas por el CIFRHS en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.— Diputado Malco Ramírez Martínez (rúbrica).»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ramírez Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Damos la bienvenida a integrantes, alumnos y maestros de la Facultad de Estudios Superiores de Derecho, de la UNAM, invitados por el diputado Hernán de Jesús Orantes López.

PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que realice las gestiones necesarias  a fin de lograr la pronta publicación del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena:Con su permiso, señor presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la violencia de género es, sin duda alguna, la negación extrema de los derechos humanos de las mujeres, la cual refleja y refuerza los desequilibrios de poder entre mujeres y hombres.

La dimensión de las consecuencias de la violencia con base en el género es tan grave que no sólo viola los derechos humanos, también obstaculiza la productividad, reduce el capital humano, mina el crecimiento económico y genera altos costos sociales que repercuten en toda la sociedad.

En México, de acuerdo con el Sistema de Información Estadística para Hombres y Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, 43 por ciento de las mujeres del país fueron víctimas de violencia por parte de sus parejas, el 30 por ciento de 15 años y más señaló haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito laboral, 16 por ciento en sus escuelas, 40 por ciento en los espacios comunitarios y 18 por ciento en alguna dependencia pública.

Para combatir este problema nuestro país ha realizado importantes esfuerzos, entre éstos se encuentra  la aprobación y firma de diversos instrumentos internacionales y regionales en la materia. Asimismo, este órgano legislativo aprobó la reciente Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual dispone, entre otras cosas, la obligación de la Secretaría de Gobernación de elaborar con base en ella, un programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, de cuyos avances la Federación debe rendir un informe anual a este Congreso de la Unión.

Al respecto, nos preocupa que al día de hoy no contemos con una política nacional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, misma que debe estar contenida en el programa integral que a la fecha no ha sido emitido por la Secretaría de Gobernación.

En virtud de lo anterior es que consideramos indispensable que la Secretaría de Gobernación gestione la pronta publicación del Programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres con lo que, además de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de la materia, se estaría dando un importante avance en la lucha contra este fenómeno que genera daños significativos en la vida de las mujeres, de las niñas y de la sociedad en general.

En atención a lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que realice las gestiones necesarias ante quien corresponda, a fin de lograr la pronta publicación del Programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Le solicito atentamente se inserte el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar las gestiones conducentes a la pronta publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que realice las gestiones necesarias a fin de lograr la pronta publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia de género se define, de acuerdo con el Grupo Interagencial de Género del Sistema Nacional de las Naciones Unidas en México, como cualquier violencia ejercida contra una persona en función de su identidad o condición de género, sea hombre o mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Las mujeres suelen ser las víctimas principales de tal violencia, debido a la situación de desigualdad y discriminación en la que viven.

De hecho, se debe entender a la violencia como la negación extrema de los derechos humanos de las mujeres, la cual refleja y refuerza los desequilibrios de poder entre mujeres y hombres. La violencia contra las mujeres es definida por la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer de las Naciones Unidas como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”

La dimensión de las consecuencias de la violencia con base en el género, es tan grave que no sólo viola los derechos humanos, también obstaculiza la productividad, reduce el capital humano y mina el crecimiento económico, generando costos sociales y económicos que repercuten en toda la sociedad.

Debido a la violencia, las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, pierden su sueldo, dejan de participar en actividades cotidianas y ven menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.

En México, de acuerdo con el Sistema de Información Estadística para Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres, en 2006, 43 por ciento de las mujeres del país fueron víctimas de violencia por parte de sus parejas. El 30 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años y más señaló haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito laboral, 16 por ciento en la escuela, 40 por ciento en los espacios comunitarios y 18 por ciento en alguna dependencia pública.

Para combatir este problema, nuestro país ha realizado importantes esfuerzos, entre estos, se encuentra la aprobación y firma de diversos instrumentos internacionales y regionales en la materia como son: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), Convención Interamericana sobre Derechos Civiles y Políticos de la Mujer, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Declaración de Beijing.

Asimismo, esta honorable Cámara de diputados ha aprobado reformas substanciales a diferentes ordenamientos legales en la materia, entre las se encuentran la inclusión de la violencia intrafamiliar en los códigos Civil y Penal federales, así como la reciente Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta última con el objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el logro de sus objetivos esta ley dispone, entre otras cosas, la creación de un Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la elaboración de un programa integral, de cuyos avances la federación debe rendir un informe anual a este Honorable Congreso de la Unión.

Cabe destacar que de conformidad con el artículo 42 fracciones III y XII de la ley en comento, tanto la presidencia del sistema, como la elaboración del programa integral está a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Al respecto, nos preocupa que, al día de hoy no contemos con una política nacional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, misma que debe estar contenida en el programa integral que hasta la fecha no ha sido emitido por la Secretaría de Gobernación.

En virtud de lo anterior es que consideramos necesario exhortar a la Secretaría de Gobernación a fin de que gestione la pronta publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con lo que además de dar cumplimiento a lo establecido en la ley, se estaría dando un importante paso en la lucha contra la violencia de género.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que realice las gestiones necesarias a fin de lograr la pronta publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 9 de septiembre de 2010.— Diputados: Lucila del Carmen Gallegos Camarena, María Antonieta Pérez Reyes, Juan José Cuevas García, María Joann Novoa Mossberger, Laura Viviana Agúndiz Pérez, Ramón Merino Loo, Norma Sánchez Romero, Norma Leticia Orozco Torres (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gallegos. Tan como lo solicita, insértese íntegra en el Diario de los Debates su proposición.

La diputada María Joann Novoa Mossberger(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Joann Novoa. Sonido en la curul de la diputada.

La diputada María Joann Novoa Mossberger(desde la curul): Gracias, presidente, para pedirle de la manera más atenta pregunte a la diputada ponente si me permite sumarme a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Gallegos, ¿está usted de acuerdo en que suscriban, diputados que están solicitándolo, su punto de acuerdo?

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena(desde la curul): Con gusto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está de acuerdo. Está a disposición de ustedes en la Secretaría de la Mesa Directiva. Y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género.

Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos titulares del gobierno federal a que realicen las gestiones necesarias para que se promueva una mayor generación y utilización de los bioenergéticos. No se encuentra en el salón de sesiones. Se pospone.

COMPLEJO PENITENCIARIO DE LAS ISLAS MARIAS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra entonces el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que traslade a los internos de alta peligrosidad, sentenciados por delitos federales, al complejo penitenciario en las Islas Marías.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Con su permiso, señor presidente de la Mesa Directiva. Distinguidas compañeras diputadas, compañeros diputados. Vengo a hacer la proposición con punto de acuerdo para exigir que el gobierno federal traslade a los internos de alta peligrosidad de orden federal a las Islas Marías.

Sustento mi propuesta en cuatro argumentos.

Primero. De los 223 mil internos que hay en los penales estatales y federales, el 10 por ciento son sentenciados, el otro 10 por ciento, ambos de orden federal, son procesados.

Segundo. El Sistema Penitenciario Nacional está colapsado. Tenemos una sobrepoblación en los 429 penales del país de 28 por ciento. El Distrito Federal tiene 88 por ciento de sobrepoblación. Los penales de mi estado, el estado de México, 78 por ciento. Nayarit 80 por ciento. Veracruz, Jalisco y siguen en orden descendente.

En tercer lugar, la reforma al artículo 18 constitucional establece cuatro pilares de la reinserción social: la educación, la capacitación y el trabajo. Y le agregamos dos en la reforma del 18 de junio de 2008: la salud y el deporte.

Con un sistema colapsado como el que tenemos he afirmado en esta tribuna, y hoy lo ratifico, que el sistema de reinserción social es un fracaso en México. Aquí a nadie se rea-dapta. Los internos llegan a los reclusorios por haberse robado una bicicleta o un televisor y salen convertidos en líderes de bandas de delincuencia organizada, extorsionadores o narcotráfico, por eso hay gente que no debiera salir de los penales.

En tercer lugar, el estatuto de las Islas Marías establece que alberga un sistema federal dentro del Sistema Nacional Penitenciario.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal se empezó a construir un penal de alta seguridad como lo establece el nuevo artículo 18 constitucional, exclusivo para internos del orden federal de alta peligrosidad. Éste es un precepto constitucional que tenemos que cumplir.

La idea es trasladar 10 mil 200 internos sentenciados que hay en los penales del fuero común a las Islas Marías, pero ya contamos con 23 mil, entonces le exigimos al gobierno federal que le agregue otros 12 mil para trasladar a los 23 mil reos sentenciados del orden federal.

A nombre de mi grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, hacemos un exhorto enérgico al Ejecutivo federal para que de manera inmediata se traslade al penal de las Islas Marías a los internos sentenciados del orden federal de alta peligrosidad que son 23 mil.

Igualmente, exigimos que se acelere la construcción de un penal especializado en delincuentes de alta peligrosidad de orden federal y delincuencia organizada. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a trasladar al complejo penitenciario de las Islas Marías a los internos de alta peligrosidad sentenciados por delitos federales, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Víctor Humberto Benítez Treviño, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de urgente resolución, bajo los siguientes

Antecedentes

1. Las Islas Marías son un archipiélago de cuatro ínsulas localizadas en el océano Pacífico a 112 kilómetros de las costas del estado de Nayarit, del cual forman parte, conforme al artículo 42 de la Constitución Política de México.

La mayor de las islas, denominada María Madre tiene una extensión territorial de 126.4 kilómetros cuadrados, alberga la colonia penal federal Islas Marías, establecida en 1905. Las otras tres islas, se denominan María Magdalena, con una extensión territorial de 86.6 kilómetros cuadrados; María Cleofas, con 27.3, y San Juanito, con 12.3 kilómetros cuadrados.

2. Mediante decreto presidencial de Porfirio Díaz publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de mayo de 1905, se destinó el archipiélago de las Islas Marías a establecimiento de una colonia penitenciaria.

Fue hasta el 30 de diciembre de 1939 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto de las Islas Marías, que en últimas fechas fue reformado mediante decreto publicado el 1 de abril de 2010, a efecto de adecuarlo a la reforma constitucional de 2008, que transformó el sistema penitenciario mexicano.

3. Las primeras personas en llegar a esta prisión fueron los mineros de Cananea y Río Blanco, y para aquella época se convierte en lo que hoy denominamos máxima seguridad, pues era imposible fugarse en virtud de sus paredes de agua y de la gran cantidad de tiburones que viven en dicha zona.

En la actualidad, cualquier barco tiene prohibido acercarse a menos de 12 millas náuticas de las islas, que se encuentran resguardadas por la infantería de la Secretaría de Marina.

Los internos que se encuentran compurgando sus penas en dicho penal son de baja peligrosidad, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública federal lo considera como de baja seguridad.

Consideraciones

1. Es un hecho que en nuestro país las cárceles están sobrepobladas, en virtud de que no existen espacios suficientes para albergar a los procesados y sentenciados, ni existe una verdadera clasificación de éstos, lo cual impide cumplir con lo establecido por el artículo 18 constitucional, ocasionando que el sistema penitenciario se encuentre colapsado, aunando esto al hecho de que en la mayoría de los penales estatales se encuentran internadas personas que están siendo procesadas, incluso ya sentenciadas por delitos del fuero federal.

Esta situación, que abona en gran medida a la sobrepoblación de las cárceles de las entidades federativas y a la contaminación de internos, tiene como resultado el enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico y nuevas composiciones de células del crimen organizado dentro de los propios penales, corrompiendo de igual forma a las autoridades de los centros penitenciarios.

Ejemplo de ello son la corrupción dentro del penal de Gómez Palacio, Durango, en el que la directora permitía a sicarios procesados salir por la noche a delinquir, o la fuga de 86 reos en Reynosa, Tamaulipas, con la complicidad de las propias autoridades y el personal de custodia.

2. El Estatuto Vigente de las Islas Marías establece en su artículo 1o. lo siguiente:

Artículo 1.Se destina el archipiélago Islas Marías para el establecimiento de un complejo penitenciario como parte del sistema penitenciario federal, a fin de que puedan en él cumplir la pena de prisión los sentenciados federales o del orden común que determine la Secretaría de Seguridad Pública.

El Complejo Penitenciario tendrá como objeto fortalecer el sistema penitenciario nacional, a través de la redistribución planificada de sentenciados federales o del orden común.

En términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el complejo penitenciario favorecerá los tratamientos de reinserción social, con base en el trabajo, la capacitación por el mismo, la educación, la salud y el deporte.

3. En últimas fechas el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ha señalado que el gobierno arrancará en septiembre la construcción de un complejo penitenciario de distintos grados de seguridad, en los que se considera uno de máxima seguridad, en el que se planea recluir, entre otros, a delincuentes del crimen organizado, a efecto de despresurizar la sobrepoblación de los penales de las entidades federativas.

En algunas notas periodísticas se ha señalado que la intención es trasladar por vía aérea y marítima a por lo menos 10 mil 427 internos que actualmente se encuentran recluidos en los penales federales del Altiplano, Noroeste, Occidente, Nayarit, Veracruz, así como en otros centros, a la isla María Madre, donde serían vigilados por un pequeño ejército compuesto por 500 custodios y 450 policías federales.

4. En razón de lo anterior, es urgente que el Ejecutivo federal comience de manera inmediata la construcción de dicho complejo penitenciario en las Islas Marías y acelere los trabajos para que se pueda trasladar a los internos sentenciados por delitos federales que estén compurgando su pena en cárceles estatales, lo que tendrá como consecuencia que los penales de las entidades federativas comiencen a bajar sus índices de sobrepoblación, lo cual permitirá que se implementen de mejor forma las bases que el artículo 18 constitucional refiere.

Además, que se fortalecerá el sistema penitenciario nacional, ya que a través de esta redistribución planificada de sentenciados federales a las Islas Marías se clasificará correctamente a los mismos, por lo que se está planeando crear distintas áreas de seguridad, para que en ellas se recluyan a los internos de mediana peligrosidad y de alta peligrosidad, de manera separada.

Por todo lo expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.Esta soberanía exhorta al Ejecutivo federal a que de manera inmediata traslade al complejo penitenciario en las Islas Marías a los internos de alta peligrosidad sentenciados por delitos federales que estén compurgando su pena en cárceles de las entidades federativas.

Segundo. De igual forma, esta soberanía exhorta al Ejecutivo federal a acelerar los trabajos de construcción de un penal especial de delincuencia organizada como lo dispone el nuevo artículo 18 Constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.— Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño, Miguel Ángel García Granados, Luis Carlos Campos Villegas, María del Carmen Izaguirre Francos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Noé Fernando Garza Flores, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Melchor Sánchez de la Fuente, Armando Corona Rivera, Aarón Irízar López, Rolando Zubia Rivera, Roberto Rebollo Vivero, José Luis Marcos León Perea, Norma Leticia Orozco Torres,  Hilda Ceballos Llerenas, Héctor Franco López,  Héctor Pedraza Olguín, Fermín Montes Cavazos, Francisco Saracho Navarro, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Manuel Humberto Cota Jiménez, Carlos Cruz Mendoza, Raúl Domínguez Rex, Josué Cirino Valdés Huezo (rúbricas).»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Se turna su proposición a la Comisión de Seguridad Pública. Diputado Moreira y diputado Navarrete Prida.

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez(desde la curul): Si le pregunta al orador si nos podemos sumar a su propuesta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Benitez Treviño, el diputado Rubén Moreira le pregunta si se puede adherir a su propuesta.

El diputado Víctor Humberto Benitez Treviño:Con gusto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Navarrete.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida(desde la curul). En el mismo sentido.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Igualmente el diputado Navarrete, don Armando Corona, don Héctor Franco, diputada Padilla Guillén. La Secretaría está abierta para registrar la adhesión de los señores diputados, nada más les suplico que luego no se vayan a ir.

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra don Francisco Saracho Navarro, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Marina que analice y evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa La Amistad, en Acuña, Coahuila, para reforzar la seguridad nacional y el combate a la delincuencia organizada.

El diputado Francisco Saracho Navarro:Con su permiso, señor presidente. En Coahuila está situada la presa de La Amistad, a un kilómetro y medio, aguas debajo de la confluencia del río Bravo y a 23 kilómetros al noreste de Acuña, Coahuila.

Esta presa localizada del lado mexicano es un atractivo turístico tanto para la población local como para la foránea, toda vez que ofrece la oportunidad de realizar distintas actividades recreativas y deportivas vinculadas a la pesca y también ha servido de escenario a eventos turísticos, culturales de carácter nacional e internacional.

La alta afluencia de visitantes a esta presa, además de generar una importante derrama económica para los prestadores de bienes y servicios turísticos locales, ha colocado a Acuña como una de las fronteras que más turismo recibe en distintas temporadas del año.

Sin embargo, Acuña no ha escapado a la influencia de actividades delictivas propias de regiones fronterizas.

Por eso los acuñenses demandamos de las autoridades federales reforzar su presencia y acciones de seguridad en la presa de La Amistad, porque al igual que las otras fronteras, Acuña es una zona  vital para la seguridad nacional.

Los diputados de Coahuila en apoyo al sentir de los acuñenses, solicitamos mayor seguridad en la presa para evitar actividades del crimen organizado, como el tráfico de drogas, de migrantes, armas o la trata de personas.

Consideramos que la instalación de una estación naval, de la Marina en dicha presa, representa una opción viable y adecuada para atender esta justa demanda.

Por lo antes expuesto, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se solicite a la Secretaría de Marina que analice y evalúe la viabilidad técnica y operativa de instalar una estación naval en la vertiente de la presa de La Amistad, ubicada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de seguridad nacional y combate a la delincuencia organizada en esta zona fronteriza.

Pido se inserte íntegro el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates, tal y como aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semar que evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa La Amistad, de Acuña, Coahuila, para reforzar las estrategias de seguridad nacional y combate de la delincuencia organizada en esa zona fronteriza, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Francisco Saracho Navarro, en nombre de los diputados, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Hugo Héctor Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez y Noé Garza Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a discusión y, en su caso, aprobación la presente proposición con punto de acuerdo conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

El 8 de septiembre de 1969, Gustavo Díaz Ordaz y Richard Nixon, presidentes de México y de Estados Unidos de América, respectivamente, inauguraron en Acuña, Coahuila, la presa La Amistad, misma que recibió su nombre en alusión a la amistad que une a estos países.

La presa está situada 1.5 kilómetros aguas abajo de la confluencia del río Devil’s con el Bravo, y a 23 kilómetros al noroeste de Acuña, Coahuila. Entre sus instalaciones, que se sitúan, tanto en territorio estadounidense como mexicano, destacan una planta generadora de electricidad, con capacidad de 160 millones de kilovatios por hora, así como una playa artificial denominada Tláloc.

Esta playa localizada del lado mexicano es un atractivo turístico, tanto para la población local como para la foránea, toda vez que ofrece la oportunidad de realizar diversas actividades recreativas y deportivas vinculadas a la pesca. También ha servido de escenario a encuentros turísticos y culturales.

La alta afluencia de visitantes de esa playa, además de generar una importante derrama económica para los prestadores de bienes y servicios turísticos locales, ha colocado a Acuña como una de las fronteras que más personas recibe en diversas temporadas del año, y dada la hospitalidad y cordialidad de su gente, es considerada “la ciudad de la amistad”.

Sin embargo, precisamente por ser Acuña una ciudad fronteriza, ésta, como todas las demás situadas en la división natural que separa a nuestro país de Estado Unidos de América, no ha escapado a la influencia de actividades delictivas propias de regiones fronterizas, tales como el tráfico de drogas, de migrantes, armas o, la trata de personas.

En ese contexto, los gobiernos mexicano y estadounidense acordaron incrementar las medidas de seguridad en la zona de la presa: redoblaron la vigilancia y cercaron la cortina y la central hidroeléctrica con una malla perimetral ciclónica coronada con alambre de púas. Además, elementos de la Dirección General de Aduanas, adscritos en Acuña, en colaboración con oficiales de la border patrol del sector Del Río, realizan operativos de revisión de vehículos y patrullajes para detectar cualquier tipo de contrabando, así como evitar el tráfico de personas e impedir que los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos arriesguen sus vidas.

No obstante esto, los acuñenses demandan de las autoridades federales reforzar su presencia y las actividades de seguridad en esa ciudad, particularmente en la presa La Amistad porque, al igual que las otras fronteras, Acuña es una zona vital para la seguridad nacional por lo que se requiere de presencia militar.

Sabedores de que la Armada de México está facultada para emplear el poder naval de la federación en la defensa exterior del país, así como para coadyuvar, tratándose de la seguridad nacional, en el combate de delitos como el terrorismo, contrabando, piratería, robo de embarcaciones, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes o psicotrópicos, los diputados de Coahuila, en apoyo al sentir de los acuñenses que piden mayor seguridad para su integridad física y patrimonial, así como proteger la de los turistas nacionales e internacionales que visitan la presa La Amistad, consideramos que la instalación de una estación naval en dicha presa representa una opción viable y adecuada para atender aquellas legítimas demandas.

Por lo expuesto someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Marina que analice y evalúe la viabilidad técnica y operativa de instalar una estación naval en la vertiente de la presa La Amistad, situada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de seguridad nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2010.— Diputados: Francisco Saracho Navarro, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Hugo Héctor Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Hilda Ceballos Llerenas, José Luis Marcos León Perea, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores, Carlos Cruz Mendoza, Víctor Humberto Benítez Treviño, Roberto Rebollo Vivero (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, se hará como usted ha solicitado y se insertará íntegro. Se turna su propuesta a la Comisión de Marina.

CODIGO AMBIENTAL DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial para la elaboración del código ambiental de la federación, proposición que se enroca con la número 74 del orden del día, para los señores diputados que siguen puntualmente este documento.

El diputado Raúl Domínguez Rex:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, diputadas, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59,65, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía el punto de acuerdo mediante el cual se solicita al pleno de la LXI Legislatura la creación de una comisión especial para la elaboración del código ambiental federal.

Como observamos, el cambio climático está implicando para el mundo la alteración de la compleja red de sistemas que hacen posible la vida sobre la tierra como la disminución de los glaciares, y por tanto, la elevación del nivel del mar, la cubierta de nubes, las precipitaciones, la falta de los vientos, las corrientes oceánicas, entre otras, situación que ha empezado a afectar nuestra vida cotidiana y fundamentalmente los ecosistemas.

Cabe señalar que de un simple análisis efectuado a la normatividad ambiental observamos la gran cantidad de organismos auxiliares en los que participan tanto las autoridades de los tres órdenes de gobierno como particulares, pero sin establecerse una interacción entre todas las instancias y una coordinación. Se duplican y se invaden atribuciones entre los mencionados organismos auxiliares, lo que hace inoperante su funcionamiento.

En este sentido, la revisión de la legislación ambiental demanda un exhaustivo análisis y evaluación a efecto de determinar la calidad de dicha normatividad en lo referente a sus políticas y su efectiva instrumentación.

La ejecución de una efectiva política ambiental requiere mecanismos de vinculación entre la sociedad civil y el gobierno, participando en el proceso de toma de decisiones y colaborando en la preparación de las normas, y cumplimiento, además, de un papel fundamental en el control de la gestión gubernamental.

Por tanto, nuestra propuesta es iniciar la elaboración de un código ambiental federal que tenga por objeto ordenar, estructurar e interrelacionar la gran diversidad de materias que implican la cuestión ambiental a través de la ejecución de políticas públicas y presupuestos por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como la creación de instancias de coordinación que enfrenten la problemática del medio ambiente con una visión sustentable, preventiva e integral.

La elaboración de un código ambiental federal es un proceso de gran complejidad que no puede hacerse aisladamente desde un gabinete sino a través de un debate que genere la creación de un espacio participativo, políticamente importante, técnicamente eficiente, burocráticamente reducido y con una adecuada comunicación entre las distintas organizaciones públicas y privadas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se autoriza la creación de una comisión especial que inicie la elaboración del código ambiental de la federación que garantice la preservación, restauración y mejoramiento del medio ambiente de nuestro país a través de un proceso participativo y de consulta con gobiernos de otros países, instituciones académicas internacionales y nacionales, autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales, sociedad civil y demás instancias que se requieran para el establecimiento en nuestro país de un verdadero desarrollo sustentable. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para elaborar el Código Ambiental de la Federación, a cargo del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI

Raúl Domínguez Rex, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 65, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía el punto de acuerdo, mediante el cual se solicita al pleno de la LXI Legislatura, la creación de una Comisión Especial para la elaboración del Código Ambiental Federal.

Consideraciones

La Conferencia de Estocolmo, realizada en 1972, instauró “Los Principios Rectores de la Declaración de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano”, de los cuales el principio IV, establece lo siguiente: “El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar el patrimonio de la flora y fauna silvestre y sus hábitats, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y fauna silvestres”.

En dicha conferencia, se identificó plenamente la problemática a la que el mundo se enfrentaba en materia de medio ambiente, principios que como ya se mencionó responsabilizaba a los Estados a la conservación de la naturaleza, a través de la planificación del desarrollo económico el cual debía de garantizar la conservación de la flora y fauna silvestre y sus hábitats.

En este sentido, la Cumbre de Río celebrada del 3 al 14 de junio de 1992, proclamó “Los Principios Rectores de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo”, entre los que se destacan el derecho a los Estados a determinar su desarrollo el cual deberá responder equitativamente a las necesidades ambientales de las generaciones presentes y futuras. De igual forma, es conveniente señalar que el principio IV del documento ya referido, determina que “con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante  del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”.

Ahora bien, resulta conveniente señalar que en el año de 1994, entra en vigor la Convención Marco sobre el Cambio Climático, la cual tiene por objeto lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. A través de dicha convención sus países miembros, decidieron incorporar un acuerdo con exigencias más estrictas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que posteriormente se derivo en el Protocolo que Kyoto, el cual se adoptó por unanimidad en 1997.

El Protocolo de Kyoto tiene los mismos objetivos, principios e instituciones de la Convención, pero refuerza el tratado de la Convención en cuestión, ya que a través de la ratificación de dicho protocolo por parte de los países involucrados, se comprometen a lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para limitar o reducir entre 2008 y 2012, un promedio de un 5.2 por ciento las emisiones de la atmósfera de lo seis gases que provocan el efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluocarbono, perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre.

El protocolo en comento, ha sido ratificado por 171 países; en el caso de México, fue ratificado el 21 de septiembre de 2000. La ratificación de Rusia el 18 de noviembre de 2004, oficializada el 16 de febrero por la ONU, ha permitido que este protocolo entre en vigor.

Lamentablemente, la brecha entre el discurso y la concreción de acciones en materia ambiental, por parte de las grandes potencias económicas, ha sido más que palpable, debido a la falta de regulaciones que previnieran la desmedida explotación de la naturaleza, teniendo como consecuencia la problemática del cambio climático.

Como observamos, el cambio climático está implicando para el mundo, la alteración de la compleja red de sistemas que hacen posible la vida sobre la tierra, como la  disminución de los glaciares y por lo tanto la elevación del nivel del mar, la cubierta de nubes, las precipitaciones, las pautas de los vientos, las corrientes oceánicas, entre otras, situación que ha empezado a afectar  nuestra vida cotidiana y fundamentalmente  los ecosistemas.

Al respecto, consideramos que nuestro país no ha sido la excepción, ya que en los últimos 20 años han aumentado los procesos de deforestación, así como los casos de contaminación de nuestros ecosistemas, como la erosión del suelo, la gran contaminación del aire, contaminación de agua en las cuencas hidrológicas, sobreexplotación de los recursos pesqueros, entre otros.

Creemos que una de las principales causas del deterioro ambiental en nuestro país, ha sido la falta de cumplimiento del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra establece que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.

Al respecto, queremos resaltar la importancia del desarrollo sustentable, entendiendo por este aquél que “integra al medio ambiente  y al Desarrollo en el mismo plano jerárquico, como parte de una sola realidad. Para abordar este enfoque, es necesario garantizar que el uso de los recursos naturales renovables no rebase su umbral de renovabilidad, ni la capacidad de carga de los sistemas y que se promueva la búsqueda de sustitutos a los recursos naturales no renovables en previsión de su agotamiento”.

Por lo tanto, podemos concluir que la sustentabilidad implica el “equilibrio entre la disponibilidad de los recursos naturales y las tendencias de deterioro ocasionadas por sus aprovechamiento, lo cual implica la adopción de acciones que involucran la participación de la población, el desarrollo de la tecnología y la modificación de los patrones de consumo en la sociedad, bajo criterios de equidad y justicia”.

Hemos observado, que en nuestro país ha faltado que las diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno, realicen un verdadero proceso de planeación en términos de la sustentabilidad de nuestros recursos naturales, con el objeto de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y fundamentalmente buscando la protección del medio ambiente.

De igual forma, podemos mencionar que en México, concurren en materia ambiental una gran cantidad de ordenamientos y autoridades, las cuales prevén tratamientos diferentes para situaciones similares.

Es decir, que las normas ambientales se encuentran dispersas en un importante número de ordenamientos jurídicos, originando innumerables reiteraciones y contradicciones, así como una gran incapacidad y graves deficiencias por parte del Estado, para aplicar la normativa en la materia.

Además, resulta necesario destacar la falta de una autoridad jurisdiccional especializada en materia ambiental, que resuelva las controversias o litigios que surjan con motivo de la aplicación o cumplimiento de la normativa en la materia ya referida.

Cabe señalar, que de un simple análisis efectuado a la normativa ambiental, observamos la gran cantidad de organismos auxiliares, en los que participan tanto las autoridades de los tres órdenes de gobierno como particulares, pero sin establecerse  una interacción entre todas estas instancias de coordinación. Se duplican y se invaden atribuciones entre los mencionados organismos auxiliares, lo que hace inoperante su funcionamiento.

En este sentido, la revisión de la legislación ambiental demanda un exhaustivo, análisis y evaluación, a efecto de determinar la calidad de dicha normativa, en lo referente a sus políticas y su efectiva instrumentación.

La ejecución de una efectiva política ambiental, requiere mecanismos de vinculación entre la sociedad civil y el gobierno, participando en el proceso de toma de decisión y colaborando en la preparación de las normas y cumpliendo, además un papel fundamental en el control de la gestión gubernamental.

Por lo tanto, nuestra propuesta es iniciar la elaboración de un Código Ambiental Federal, el cual tenga por objeto ordenar, estructurar e interrelacionar la gran diversidad de materias que implica la cuestión ambiental, a través de la ejecución de políticas públicas y presupuestos por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como la creación de instancias de coordinación que enfrenten la problemática del medio ambiente con una visión sustentable, preventiva e integral.

La elaboración de un Código Ambiental Federal es un proceso de gran complejidad que no puede hacerse aisladamente desde un gabinete, sino a través de un debate que genere la creación de un espacio participativo políticamente importante, técnicamente eficiente, burocráticamente reducido y con adecuada comunicación entre las distintas organizaciones públicas y privadas.

Por lo expuesto, someto a consideración de ésta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se autoriza la creación de una comisión especial que inicie la elaboración del Código Ambiental de la Federación, que garantice la preservación, restauración y el mejoramiento del medio ambiente de nuestro país, a través de un proceso participativo y de consulta, con gobiernos de otros países, instituciones académicas internacionales y nacionales, autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales, sociedad civil y demás instancias que se requieran, para el establecimiento en nuestro país de un verdadero desarrollo sustentable.

Notas:

1 Quintana Valtierra, Jesús. Derecho Ambiental Mexicano. Editorial Porrúa, México 2009, Cuarta Edición, página 29.

2 Ibid.

Recinto Legislativo, a 14 de septiembre de 2010.— Diputados: Raúl Domínguez Rex, Josué Cirino Valdés Huezo (rùbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado. La proposición se turna a la Junta de Coordinación Política.

HURACAN ALEX

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra don Fermín Montes Cavazos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar propuesta para que a través de la Conagua se rinda informe detallado del estado que guardan las presas de Nuevo León y Coahuila, particularmente la Venustiano Carranza, en el momento del embate del huracán Alex. Tiene la palabra, diputado, hasta por 3 minutos.

El diputado Fermín Montes Cavazos:Con su permiso, señor presidente. Estimadas compañeras diputadas y compañeros diputados, los diputados Fermín Montes Cavazos y Rogelio Cerda Pérez, integrantes de Grupo Parlamentario del PRI, presentamos punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal a que, por conducto del titular de la Comisión Nacional del Agua, rinda informe detallado del estado que guardaban las presas de Nuevo León y Coahuila, particularmente la presa Venustiano Carranza en el momento del embate del huracán Alex. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes consideraciones.

Sin duda alguna los eventos del pasado 1 de julio de 2010 generados por la llegada del huracán Alex, que impactó a los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, es un tema que debe llevar a los miembros de esta soberanía a hacer una serie de reflexiones puntuales sobre cómo prevenir y actuar frente a una catástrofe de la magnitud vivida como consecuencia del fenómeno meteorológico referido, y de manera particular, sobre el cómo evitar errores que aparentemente se cometen por falta de previsión y de instrumentos técnicos y materiales, causando graves daños a la población, su patrimonio y su actividad económica y social.

Los daños económicos que hoy tiene Nuevo León, según el último dato disponible, ascienden a 16 mil 800 millones de pesos, sin incluir lo que corresponde a Tamaulipas y a Coahuila. Y han quedado lesionados el patrimonio y la forma de vida de cientos de miles de familias. Se afectaron los servicios de agua potable, de energía eléctrica, las vialidades urbanas, las carreteras, los caminos rurales y, en general, la vida cotidiana de la población.

Lo que llama poderosamente la atención es que por una mala decisión de la autoridad federal, la Comisión Nacional del Agua, en relación con los efectos de una tormenta de dimensiones sin precedentes, se haya propiciado la inundación de una ciudad y afectado miles de hectáreas de cultivo que, al decir de sus habitantes, se debió a una decisión y acción tardía y a la evidente falta de mantenimiento de las compuertas de la presa Venustiano Carranza y también a la ausencia de técnicos capacitados y con experiencia en la toma de decisiones.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a que rinda a esta soberanía los siguientes informes, a saber:

1. Informe en forma detallada del estado que guardaba la presa Venustiano Carranza al momento del impacto del huracán Alex, puntualizando el manejo de los volúmenes que entraron y salieron de la presa entre el 30 de junio y el 6 de julio de 2010, así como el estado de operación de las compuertas y el mantenimiento efectuado a las mismas en los últimos tres años.

2. Informe sobre el procedimiento y los tiempos que la Comisión Nacional del Agua empleará para resarcir los daños causados a los habitantes y a los productores agropecuarios del municipio de Anáhuac, Nuevo León.

3. Informe si a su leal saber y entender hubo algún manejo negligente en la operación de las compuertas de dicha presa por parte del personal técnico de esa dependencia.

4. Del manejo de las extracciones de agua de las presas el Cuchillo, Rodrigo Gómez (La Boca) y José López Portillo (Cerro Prieto).

Es cuanto, señor presidente. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rendir por la Conagua un informe detallado del estado que guardaban las presas de Nuevo León y Coahuila, particularmente la Venustiano Carranza, en el momento del embate del huracán Alex, suscrita por los diputados Fermín Montes Cavazos y Rogelio Cerda Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable, se somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Sin duda alguna, los eventos del pasado primero de julio de 2010, generados con la llegada del huracán Alex, que impactó los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, es un tema que debe de llevar a los miembros de esta soberanía a hacer una serie de reflexiones puntuales sobre cómo prevenir y actuar frente a una catástrofe de la magnitud vivida como consecuencia del fenómeno meteorológico referido, y de manera particular, sobre el cómo evitar errores que aparentemente se cometen por falta de previsión y de instrumentos técnicos y materiales, causando graves daños a la población, su patrimonio y su actividad económica y social.

Los daños económicos que hoy tiene Nuevo León, según el último dato disponible, asciende a 16 mil 800 millones de pesos, sin incluir lo que corresponde a Tamaulipas y a Coahuila; han quedado lesionados el patrimonio y la forma de vida de cientos de miles de familias. Se afectaron los servicios de agua potable, de energía eléctrica, las vialidades urbanas, las carreteras, los caminos rurales y, en general, la vida cotidiana de la población.

Lo que llama poderosamente la atención es que por una mala decisión de la autoridad federal, la Comisión Nacional del Agua, en relación con los efectos de una tormenta de dimensiones sin precedente, se haya propiciado la inundación de una ciudad y afectado miles de hectáreas de cultivo que, al decir de sus habitantes, se debió a una decisión y acción tardía y a la evidente falta de mantenimiento de las compuertas de la presa Venustiano Carranza y, también, a la ausencia de técnicos capacitados y con experiencia en la toma de decisiones.

Las evidencias de que  las compuertas de la presa Venustiano Carranza, situada en el municipio de Juárez, Coahuila, no pudieron ser operadas a tiempo, pues no contaban con los contrapesos correspondientes y el transformador estaba fuera de servicio, así como la presunta decisión tardía de la apertura de sus compuertas, ocasionaron la posterior inundación de la población de Anáhuac, Nuevo León, así como de miles de hectáreas de sembradíos y la muerte de cientos de animales de diferentes especies.

Es por eso, compañeras y compañeros legisladores, que debemos de estar muy atentos, para  beneficio de la población, en esta temporada de huracanes (18 por el Atlántico y 12 por el Pacifico), para  exigir al organismo federal responsable del tema, la Comisión Nacional del Agua, que informe y cumpla responsablemente con su tarea e informe a esta soberanía periódicamente de las acciones, medidas y prevenciones que frente a estos fenómenos se hayan tomado

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a rendir a esta soberanía los siguientes informes, a saber:

1. Informe en forma detallada el estado que guardaba la presa Venustiano Carranza al momento del impacto del huracán Alex, puntualizando el manejo de los volúmenes que entraron y salieron de la presa entre el 30 de junio y el 6 de julio de 2010, así como el estado de operación de las compuertas y el mantenimiento efectuado en éstas en los últimos 3 años.

2. Informe sobre el procedimiento y los tiempos que la Comisión Nacional del Agua empleará para resarcir los daños causados a los habitantes y a los productores agropecuarios del municipio de Anáhuac, Nuevo León.

3. Informe si a su leal saber y entender hubo algún manejo negligente en la operación de las compuertas de dicha presa por parte del personal técnico de esa dependencia.

4. Del manejo de las extracciones de agua de las presas el Cuchillo, Rodrigo Gómez (La Boca) y José López Portillo (Cerro Prieto).

Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2010.— Diputados: Fermín Montes Cavazos, Rogelio Cerda Pérez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Montes Cavazos. Se turna la proposición a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

La proposición que haría la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, que instruye al presidente de la Mesa Directiva a promover juicio de controversia en contra del nombramiento de los funcionarios profesionales de los organismos subsidiarios de Pemex, se pospone para una próxima sesión.

DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal a que realice una revisión integral de las políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional.

Anuncio a esta asamblea que el diputado Pedraza Olguín será la última proposición que escucharemos el día de hoy, y pasaremos a la lectura del orden del día de la sesión de mañana.

El diputado Héctor Pedraza Olguín:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados, los acontecimientos recientes de que fuimos testigos y que, incluso, hubo cobertura de la prensa nacional e internacional de los hechos ocurridos en Tamaulipas, en el asesinato de 72 migrantes latinoamericanos, cuyo único propósito es pasar por nuestro territorio para buscar oportunidades de empleo en Estados Unidos y poder así resarcir su baja economía en los lugares pobres de donde ellos vienen.

Lamentablemente ellos al cruzar nuestro país, en lugar de encontrar el sueño americano, encuentran la pesadilla mexicana, ya que ante estos hechos se evidenció de manera clara el maltrato, la extorsión, y muchas veces el asesinato que ellos viven.

Las autoridades del gobierno mexicano a veces los dejan a su suerte y a merced de los grupos de la delincuencia organizada y si a eso le agregamos la corrupción, la falta de vigilancia que muchas veces ellos padecen. Es importante generar acciones, generar una supervisión, una vigilancia para que estos migrantes no sufran este tipo de actos que lamentablemente como país nos dejan mal parados, porque por un lado nosotros exigimos, nosotros planteamos a que nuestros migrantes nacionales, más de 9 millones que están en Estados Unidos, no sufran ése tipo de maltratos. Por un lado, nosotros no actuamos en consecuencia, no podemos ser farol de la calle, obscuridad de nuestra casa.

En ese tenor, acudo a esta tribuna para solicitar como punto de acuerdo se pida a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, se puedan articular las diferentes políticas públicas que tienen que ver con este tema, con la finalidad de poder vigilar, de poder atender y que ése tipo de hechos no ocurran, no sigan transitando en virtud de que México es un país de tránsito, es un país expulsor y es un país receptor de migrantes, y en ése sentido tenemos que ser congruentes con la política en donde planteamos la vigilancia, planteamos el que a nuestros migrantes se les dé un trato justo.

Por eso pido y exhorto a que este punto de acuerdo sea considerado en el Diario de los Debates de manera íntegra para los efectos correspondientes. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar una revisión integral sobre las políticas y los programas de protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Héctor Pedraza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a realizar una revisión integral de las políticas y de los programas de protección a los derechos humanos de los migrantes, a cargo del Instituto Nacional de Migración, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los recientes acontecimientos en los cuales perdieron la vida 72 migrantes latinoamericanos en un rancho del estado de Tamaulipas el pasado mes de agosto, deben ser exhaustivamente investigados por las autoridades federales, no es posible que este tipo de actos de intimidación y crueldad por parte de la delincuencia organizada queden impunes.

El único propósito de mujeres y hombres por igual era llegar a los Estados Unidos para lograr el sueño americano y salir de la pobreza en que vivían; sufrieron en su lucha por encontrar las oportunidades de trabajo que requerían ellos y sus familias.

Toda la cadena de acontecimientos respecto del maltrato y extorsión que viven los migrantes para llegar y transitar por el territorio nacional rumbo al país del norte, se ha convertido para las autoridades responsables en un fenómeno común que no merece su atención, en todo caso, los dejan a su suerte y a merced de los grupos criminales que asolan a gran parte del país, ello tiene un nombre: corrupción e impunidad, corrupción por parte de las autoridades de todos los niveles, al extorsionarlos para su libre tránsito por el país e impunidad por no investigar y castigar a los responsables de los abusos que se cometen con ellos.

No es posible, que en un país como México se permita que sucedan este tipo de acontecimientos; la propia alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, condenó estos hechos y solicitó “una exhaustiva y transparente investigación sobre estos asesinatos”, y abogó por la preservación de la “dignidad de las víctimas, asegurándose de que serán identificadas y entregadas a sus familiares”.

Uno de los sobrevivientes, de acuerdo con lo publicado en la prensa nacional, el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, señaló a las autoridades mexicanas que los cuerpos encontrados en la fosa común son de inmigrantes latinoamericanos que pretendían entrar a Estados Unidos y que fueron asesinados por un grupo de narcotraficantes.

El presidente de México, Felipe Calderón, condenó el hecho y manifestó que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes. Aseguró que lo sucedido responde a enfrentamientos entre líderes de los cárteles de droga que operan en la zona (cartel del Golfo y Los Zetas).

En este contexto, se intenta justificar tales hechos al señalar que es el resultado de la presión que ejerce el gobierno federal sobre estos grupos de delincuencia organizada, como si ello fuera un factor de éxito en su combate. No existe ninguna responsabilidad por parte de las instancias federales, no se quiere reconocer que existe impunidad en todos los acontecimientos que tienen que ver con el secuestro y violación de los derechos humanos de los migrantes, lo que representa un signo de ingobernabilidad.

El Instituto Nacional de Migración (INM ) es una instancia de seguridad nacional y tiene como misión, entre otras, coadyuvar en el combate a la trata y el tráfico de personas y garantizar el respeto de los derechos de los migrantes, obligaciones que en muchos de los casos que hemos conocido por la prensa nacional, no ha sido cumplidas a cabalidad, como es el caso del pasado reciente sobre la trata y desa-parición de cubanos en el sureste de la república.

En el año 2000 se incorporó en el Reglamento de la Ley General de Población la facultad de la autoridad migratoria para crear grupos de protección a migrantes, lo cual es el sustento legal para la creación y funcionamiento de los Grupos Beta que coordina el INM, con la participación de los estados y municipios; dicha facultad en la práctica ha quedado rebasada por la realidad que vive el país, ya que la misma no ha sido motivo de revisión y actualización a la realidad por parte de la autoridad responsable de ello.

No es posible que transiten por el país 72 migrantes sin que las autoridades se den cuenta de ello; ¿cómo pasaron por Chiapas, Tabasco y Veracruz, hasta llegar a Tamaulipas?, ello es, por el enorme valor económico que representan, existe la burocracia corrupta y los programas que tiene la autoridad responsable hacia los migrantes, siguen sin dar resultados reales que podamos observar. El flujo y rutas de los migrantes son conocidos por las autoridades.

Hace poco más de dos años, en Quintana Roo, un camión oficial transportaba migrantes centroamericanos para deportarlos. En medio de la “nada”, así lo dijo uno de los agentes que iba en el operativo, apareció un grupo armado e interceptó violentamente el vehículo. Bajaron a los agentes de migración, los sometieron y se llevaron a los migrantes. Días después los “secuestrados” aparecieron en Ciudad Hidalgo, Texas. La Comisionada del Instituto Nacional de Migración aseguró que había mucha corrupción en la institución, la cual es evidente que hoy en día, la misma ha aumentado.

Con casos como el de Tamaulipas, se confirma que la política migratoria está desacertada, solo atiende la simple administración de los flujos migratorios, y no tiene un enfoque integral de protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes. Ello aunado a la descomposición social, la impunidad y la corrupción de las autoridades; obliga a aplicar nuevas políticas y a modernizar los programas de atención y protección a los migrantes, tener autoridades confiables, establecer programas y acciones de política social hacia este grupo social.

La tragedia de los 72 migrantes, más el ciudadano ecuatoriano que salvó la vida, es un hecho que al no tener definida una política de Estado en materia de migración, será un episodio susceptible de repetirse muchas veces más. Estamos asediados por la corrupción y la complicidad; ante grupos organizados violentos, despiadados y corruptores; y ante seres humanos que por la falta de oportunidades de trabajo optan por convertir el sueño americano, en su mejor esperanza de vida, para tener un mejor porvenir.

La firma de convenios, el establecimiento de planes de comunicación, la difusión de los derechos de los migrantes, la denuncia de ilícitos, la creación de nuevos programas de atención a migrantes víctimas de la delincuencia, la creación nuevos albergues y el reforzamiento del número de elementos migratorios y policiacos, así como la creación de nuevas unidades administrativas; no van a resolver el problema de fondo, mientras no se ponga un alto a la corrupción y a la impunidad por parte de las autoridades responsables de la protección de los derechos humanos de los migrantes y se apliquen políticas migratorias que solo atienden administrativamente el tránsito de los migrantes por el territorio nacional.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisionada del Instituto Nacional de Migración a efectuar, en el ámbito de su competencia, la revisión integral de las políticas, programas y acciones que se aplican para la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de septiembre de 2010.— Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Pedraza Olguín, así se hará. Como usted lo ha solicitado se insertará íntegro en el Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos.

ARTICULOS 1, 10, 12, 27, 28, 29, 41, 44, 50, 70, 80, 87, 89, 97, 99, 116 Y 122 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se informa a la asamblea que se recibió solicitud de excitativa de los diputados Nancy González Ulloa y Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de los diputados Nancy González Ulloa y Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Nancy González Ulloa y Óscar Saúl Castillo Andrade, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva, formular una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución para establecer que el nombre oficial del país, sea México y no Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Felipe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 22 de enero de 2003.

Considerandos

I. El entonces, diputado Felipe Calderón Hinojosa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 22 de enero de 2003, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el título de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman los artículos 1o., en su primer y segundo párrafos, 10, 12, 27, en su fracción XV, 28, en su primer párrafo, 29, 41, en su fracción III, 44, 50, 70, en su primer párrafo, 80, 87, 89, en su fracción VIII, 97, en su séptimo párrafo, 99,en su fracción II, 116, en su fracción VI, 122, en el Apartado B del sexto párrafo y E de la base quinta, del mismo ordenamiento.

II. La iniciativa citada en el numeral anterior fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, sin embargo a la fecha, no se cuenta con un proyecto de dictamen alguno, o incluso de discusión en lo que atañe a dicha iniciativa, contraviniendo el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 87,Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

III. La importancia que reviste la discusión y dictaminación de esta iniciativa es imperativa, toda vez que su contenido, versa sobre el sentido lingüístico, jurídico, etimológico, histórico, doctrinario, comparado y consuetudinario que debería contener el nombre de nuestro País, y que cobra vigencia y relevancia con la celebración del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución mexicanas.

IV. La propuesta de cambio de nombre del país, destaca el deber de conferirle una mejor identidad al país: México, ya que se trata de un proyecto legislativo orientado ostensiblemente a fortalecer la identidad, las costumbres, las tradiciones y la historia de todos los mexicanos. Se trata de hacer justicia al esfuerzo, al pensamiento y a las ideologías de aquellos notables mexicanos que dieron la vida por tener una patria independiente y propia.

Por lo expuesto, se solicita a esa honorable Presidencia de la Cámara de Diputados, se sirva dar trámite a la siguiente

Excitativa

Único. Tenga por presentada esta solicitud y se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados, para que realice el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución para establecer que el nombre oficial del país sea México, y no Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Felipe Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 22 de enero de 2003.

Diputados: Nancy González Ulloa, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbricas).»

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió de los diputados Jesús Ramírez Rangel, Arturo García Portillo y Pablo Rodríguez Regordosa, del Grupo Parlamentario del PAN, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza: «Excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, a solicitud de los diputados Jesús Ramírez Rangel, Arturo García Portillo y Pablo Rodríguez Regordosa, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Jesús Ramírez Rangel, Arturo García Portillo y Pablo Rodríguez Regordosa, diputados federales para la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, incisos f) y p); 39, numeral 3; 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan respetuosamente de esta Presidencia que formule excitativas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados, a efecto de que se dictaminen con la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, las diversas iniciativas en cuyo proyecto de decreto se propone reformar la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de hacer efectiva la exención del pago del impuesto sobre la renta a las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Al día de hoy se encuentran pendientes de dictamen en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados, un total de quince iniciativas que proponen reformar la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de hacer efectiva la exención del pago del impuesto sobre la renta a todo tipo de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro que pagan diversas instituciones de seguridad social.

Las iniciativas en comento fueron presentadas en distintas fechas por diputados federales y senadores de la república ante el pleno de sus respectivas Cámaras, así como por los Congresos de los estados de Nuevo León y Chihuahua ante esta Cámara de Diputados, las cuales fueron turnadas por acuerdo de la Mesa Directiva, en algunos casos, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y en otros, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados.

A continuación se enlistan las quince iniciativas por separado, conforme al turno acordado por la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados:

A. Iniciativas turnadas para su dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

1. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 9 de febrero de 2010 y turnada para su dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la misma fecha.

2. Con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,presentada ante el pleno de la Cámara de Senadores el 9 de febrero de 2010, remitida a esta Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2010 y turnada para su dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de este órgano legislativo en la misma fecha.

3. Con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentada ante el pleno de la Cámara de Senadores el 9 de febrero de 2010, remitida a esta Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2010 y turnada para su dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de este órgano legislativo en la misma fecha.

4. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2010 y turnada para su dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la misma fecha.

5. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 11 de febrero de 2010y turnada para su dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la misma fecha.

6. Que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Congreso de Nuevo León,presentadaante el pleno de la Cámara de Diputados el 25 de marzo de 2010 y turnada para su dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la misma fecha.

7. Con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Congreso de Chihuahua, presentada ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 28 de mayo de 2010 y turnada para su dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la misma fecha.

B. Iniciativas turnadas para su dictamen a las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

1. Que contienen proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 16 de febrero de 2010 y turnada para su dictamen a las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social en la misma fecha.

2. Que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del senador José Ranulfo Luis Tuxpan Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,presentada ante el pleno de la Cámara de Senadores el 18 de febrero de 2010, remitida a esta Cámara de Diputados el 23 de febrero de 2010 y turnada para su dictamen a las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social en la misma fecha.

3. Que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional,presentadaante el pleno de la Cámara de Diputados el 23 de febrero de 2010y turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social en la misma fecha.

4. Que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro no paguen el impuesto sobre la renta, del senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,presentadaante el pleno de la Cámara de Senadores el 23 de febrero de 2010, remitida a esta Cámara de Diputados el 25 de febrero del 2010 y turnada para su dictamen a las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social en la misma fecha.

5. Que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo párrafo de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la senadora María del Rosario Leticia Jasso Valencia, presentada ante el pleno de la Cámara de Senadores el 4 de marzo de 2010, remitida a la Cámara de Diputados el 9 de marzo del 2010 y turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social en la misma fecha.

6. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de exención a pensiones y jubilaciones, del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,presentadaante el pleno de la Cámara de Diputados el 21 de abril de 2010 y turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social en la misma fecha.

7. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de exención a pensiones y jubilaciones, del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,presentadaante el pleno de la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2010 y turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social en la misma fecha.

8. Con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con el propósito de establecer la exención del pago del impuesto sobre la renta a todo tipo de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como de las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, del senador Jorge A. Ocejo Moreno, presentada ante el pleno de la Cámara de Senadores el 9 de septiembre de 2010 ,remitidaa esta Cámara de Diputados el 14 de septiembre de 2010 y turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social en la misma fecha.

Consideraciones

Primera. Que a la fecha hay un total de quince iniciativas que coinciden en reformar de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentadas por diversos senadores y diputados federales, integrantes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente, del Congreso de la Unión, así como por los Congresos de Nuevo León y de Chihuahua, las cuales se encuentran pendientes de ser dictaminadas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados.

Segunda. Que las iniciativas en comento coinciden en la propuesta de hacer efectiva la exención del pago del impuesto sobre la renta a todo tipo de jubilaciones y pensiones pagadas por las diversas instituciones de seguridad social federales y estatales.

Tercera. Que han transcurrido entre 231 días y 19 días entre la primera y la última presentada, y de conformidad con el plazo de cinco díasseñalado en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las comisiones legislativas resuelvan sobre los asuntos que les son turnados, es procedente que el presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo dispuesto en las referidas disposiciones, excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados, a fin de que emitan los dictámenes correspondientes.

Por lo expuesto y fundado, los que suscribimos la presente ponemos a consideración de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados la siguiente solicitud:

Primero. Excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputadosa efecto de que se dictamine con la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, las iniciativas anteriormente referidas en el apartado A de “Antecedentes”, y que proponen la reforma de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de hacer efectiva la exención del pago del impuesto sobre la renta a las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro.

Segundo. Excitar a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social de esta Cámara de Diputados a efecto de que se dictamine con la mayor brevedad, para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, las iniciativas anteriormente referidas en el apartado B de “Antecedentes”, y que proponen la reforma de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de hacer efectiva la exención del pago del impuesto sobre la renta a las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de octubre de 2010.— Diputados: Jesús Ramírez Rangel, Arturo García Portillo, Pablo Rodríguez Regordosa (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.

Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 7 de octubre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Agustín de Iturbide”, presentada por el senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(15:11 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 7 de octubre a partir de las 10:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas. Muchas gracias, señores diputados y diputadas por acompañarnos.

————— O —————

RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 3 horas 25 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 269 diputados • Asistencia al cierre de registro: 430 diputados • Diputado que se reincorpora: 1 • Oradores que participaron: 122 PRI                                  54PAN                                 15PRD                                 43PVEM                      2PT                           3Convergencia                     3Nueva Alianza                   1Diputada Independiente     1 Se recibió o presentó: • 6 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que se comunican cambios de integrantes en las Comisiones de: Gobernación; Jurisdiccional; Desarrollo Metropolitano; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Vivienda, Seguridad Social; Justicia; Derechos Humanos; Cultura; Recursos Hidráulicos; y de Trabajo y Previsión Social de los Grupos de Amistad de México con: Líbano, Eslovenia, Bolivia, Nigeria, Emiratos Árabes, España, y con el Reino Unido; • 1 comunicación de la Junta de Coordinación Política referente a designación de diputado como consejero suplente del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral; • 2 oficios de los Congresos de los estados de Durango y Puebla con los que transcriben acuerdos aprobados referentes al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, respectivamente; • 10 iniciativas del PRI; • 1 iniciativa del PAN; • 2 iniciativas del PRD; • 2 iniciativas del PVEM; • 1 iniciativa del PT; • 1 iniciativa de Convergencia; • 76 proposiciones con puntos de acuerdo; • 2 excitativas a comisiones