SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores y de las señoras diputadas.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 259 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marína las 11:05 horas): Por consiguiente, abrimos la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, ya que está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 7 de septiembre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Dip. Jaime Sánchez Vélez.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las solicitudes de Declaratoria de Desastre que presenten los diversos municipios que se encuentran en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Jalisco y Nayarit.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Agustín de Iturbide”, presentada por el Sen. José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por los senadores Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se asignen recursos suficientes a los proyectos prioritarios del próximo Ejecutivo Local del Estado de Puebla, presentado por los senadores Marco Humberto Aguilar Coronado, Jorge Andrés Ocejo Moreno, Ángel Alonso Díaz Caneja y Melquiades Morales Flores, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respectivamente; y senadores María Del Rosario Leticia Jasso Valencia y Rafael Ochoa Guzmán. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se amplíen los recursos destinados al proyecto de infraestructura del eje interestatal Sayula-Tapalpa-San Gabriel-Minatitlán, específicamente para el tramo 6–San Antonio-Agua Salada-La Loma, en el Estado de Colima, en un monto adicional de 30 millones de pesos, presentado por los senadores Martha Leticia Sosa Govea, J. Jesús Dueñas Llerenas, Rogelio Rueda Sánchez y Carlos Sotelo García, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se destinen los recursos presupuestales necesarios para la ampliación y conclusión del proyecto: ampliación de la carretera Aguascalientes-Loreto y el libramiento Villa Juárez del municipio de asientos, del Estado de Aguascalientes, presentado por el Sen. Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita se destine un mayor presupuesto al gasto de salud, presentado por el Sen. Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con el que remite proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se asignen recursos al menos de 1,800 millones de pesos para el sector cafetalero del país, presentada por el Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren mayores recursos para la Universidad de Guadalajara, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de salud, otorguen atención preventiva integrada a la salud, en unidades de primer y segundo nivel, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, las instituciones del ramo realicen acciones para que se logre la universalidad de los servicios de salud en México, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, realice modificaciones al Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el desarrollo de programas de mejoramiento en la procuración de justicia del Distrito Federal, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos adicionales para el Instituto de Vivienda del Distrito Federal destinados a la construcción de vivienda en apoyo a personas que habitan zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la STPS y de la SEP, incorporen la perspectiva de género en el diseño e implementación de los programas de capacitación para el empleo, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se instruye a la Mesa Directiva de esta Soberanía, presente en tiempo y forma Controversia Constitucional ante la SCJN, en contra de las disposiciones publicadas el día 2 de septiembre de 2010, en el DOF, relativas a las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal, para concretar la transición a la televisión digital terrestre, suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Nueva Alianza y de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exige la libertad de los mineros de Cananea y Esqueda, Sonora; así como una solución definitiva al conflicto laboral con base en el respeto a sus empleos, contrato colectivo de trabajo y sindicato minero, suscrito por los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Juan Enrique Ibarra Pedroza y Miguel Ernesto Pompa Corella, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: del Trabajo y Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de esta H. Cámara de Diputados, observen los principios y obligaciones Internacionales establecidas en el artículo 2° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, al momento de elaborar y aprobar dictámenes, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita que la Comisión de Agricultura y Ganadería, analice, discuta y en su caso, apruebe un Programa de Capacitación Básica, asimismo que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para dicho Programa, a cargo del diputado José M. Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Fondo de Apoyo Social de Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los sectores público, privado y social a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, relativo a las mesas de trabajo con los vecinos de los asentamientos humanos ubicados en la Delegación Magdalena Contreras, para la atención de diversos servicios urbanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, publique de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el reglamento del artículo 58, referente al envío de paquetería y mensajería, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a efecto de que en los presupuestos de la SEGOB y de la SRE, se aumenten los montos asignados a los programas de protección a nuestros connacionales, que regresen al país con motivo de la aplicación de la Ley SB-1070, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, otorguen a los servidores públicos seguro de vida y de gastos médicos mayores, a cargo del diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco, entregue a los municipios y a la Universidad de Guadalajara, los recursos federales destinados al desarrollo de la entidad. Asimismo, se solicita a la ASF, revise el cumplimiento del Gobierno de dicho estado a lo establecido en el PEF, respecto de la ampliación de la oferta educativa y el reconocimiento de plantilla, a cargo de la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco, entregue los recursos federales y estatales destinados al desarrollo sus municipios, asimismo, se solicita a la ASF, realice una auditoría forense a los recursos federales de los fondos contemplados en los ramos 23, 25, 33 y 36 trasferidos a dicho estado, a cargo de la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, elevar el nivel del hospital general de zona con medicina familiar número 7 de Monclova, Coahuila a Hospital Regional, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría General de esta Soberanía, instruya al CEAMEG para que elabore un Programa de Capacitación Permanente sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a las y los legisladores, así como a su equipo técnico, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Baja California, un informe detallado sobre las condiciones en que se encuentran los jornaleros sobrevivientes del percance carretero ocurrido el 1 de septiembre en la Rumorosa, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Grupos Parlamentarios de esta Soberanía, apoyen la propuesta de instaurar juicio político al titular de la STPS, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, realice una revisión urgente del exagerado incremento a la tarifa de energía eléctrica a establecimientos comerciales y de servicios en el estado de Morelos, a cargo del diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para el Fomento de las Artesanías, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se consideren recursos para el Fondo de Apoyo Social de los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Ex-trabajadores Mexicanos Braceros. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para exhortar a diversas dependencias federales y estatales, coordinen programas y campañas encaminadas a la prevención y orientación para reubicar el graffiti, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para el Saneamiento de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, autorice los recursos necesarios para la construcción de infraestructura adecuada en las estaciones migratorias de la frontera sur, asimismo, al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Migración, para que a los agentes aduanales y Grupos Beta de la Frontera Sur, se les proporcione capacitación constante sobre los derechos de los migrantes, así como sobre las leyes concernientes a su función, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, constituya un grupo de trabajo plural para dar seguimiento puntual y contribuir a la realización del Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la COFETEL, expliquen cuál será la política pública y los tiempos específicos para transitar las señales de televisión abierta de la tecnología análoga a la digital, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, haga cumplir la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en lo referente al manejo aplicable a productos de consumo que al deshacerse se convierten en residuos peligrosos, en particular, el unicel y demás plásticos, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de diversas dependencias del Gobierno Federal, realicen las gestiones necesarias para que se promueva una mayor generación y utilización de los Bioenergéticos, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se instruye al Presidente de la Mesa Directiva, a promover juicio de controversia constitucional en contra del nombramiento de los consejeros profesionales de los organismos subsidiarios de Pemex, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, y al titular de la SHCP, a destinar recursos, para crear en el país ludotecas especializadas en atención psicológica para niñas y niños que han sido víctimas u ofendidos del delito o de la violencia, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Gobierno Federal, de la SHCP y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, destinen recursos de los bienes incautados al crimen organizado, para crear en el país, centros especializados de atención psicológica y programas con psicoanalistas que permitan brindar terapias grupales a las víctimas u ofendidos del delito, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

3Con punto de acuerdo para crear un grupo de trabajo plural de legisladores que dé seguimiento a la problemática, así como a la aplicación de recursos y programas en atención a la región de desastres ocasionados por las lluvias en los estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, posponga la aplicación de los límites contenidos en las reglas para las operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, proceda a dictaminar lo conducente en lo relativo a las denuncias presentadas con respecto a las sistemáticas acciones y declaraciones de la Jerarquía Católica en contra de nuestras leyes e instituciones del país, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, rea-lice las transferencias de los recursos en materia educativa a las entidades federativas, de conformidad con lo aprobado en el PEF 2010, suscrito por los diputados Luis Videgaray Caso y José Trinidad López Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP y del SAT, expida dentro de la Miscelánea Fiscal para 2011, la figura de Autofactura para el sector del Reciclaje de Materiales, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras del H. Congreso de la Unión y a los Congresos Locales, se declare al período 2011-2020 como la “Década por la seguridad Vial”, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, implemente a la brevedad una “Evaluación del grado de accesibilidad para personas con discapacidad” en todas las oficinas y dependencias gubernamentales del país, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría General de esta Soberanía, investigue hechos y prácticas ilícitas en la realización de las exposiciones y muestras artesanales que se llevan a cabo en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo del diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Iniciativas

Que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Sergio Lobato García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 228 y 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 247 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley de Aguas Nacionales, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Guillermo Cueva Sada y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Banco Nacional de Datos sobre Menores Robados, Extraviados o Desaparecidos, y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Luis Videgaray Caso, y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona una fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Seguridad Social, con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública a cumplir y dar seguimiento a la recomendación número 72/2009 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Durango, rendir un informe relativo a la situación de los derechos humanos en los centros penitenciarios de ese estado.

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a aceptar la recomendación número 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativa al caso de la Mina Pasta de Conchos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Jefe Delegacional de Cuauhtémoc, para que acepte y dé cumplimiento a la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Agenda política

Comentarios relativos al gasto que está ejerciendo el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, en materia de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, a cargo de diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Comentarios sobre la discriminación que sufren mexicanos que vuelan hacia los Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Efemérides

Con motivo del 36 Aniversario de la creación del estado libre y soberano de Quintana Roo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del Aniversario del 2 de octubre “Día de la matanza de Tlatelolco”, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 15 de octubre, “Día Internacional de la Mujer Rural”, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, la Secretaría consulte si se dispensa la lectura del acta... Diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados y compañeras diputadas que están presentes.

Diputado presidente, sobre el orden del día quisiera pedir la inclusión de un punto. Apenas recién Calderón, utilizando la Presidencia que se robó, ha hecho una declaración atacando a Andrés Manuel López Obrador, nuevamente sembrando el odio, sembrando la polarización y demostrando lo que va a hacer en la campaña presidencial de 2012 que es, meterse en el proceso electoral violentando el marco legal y generando una inequidad y una desigualdad.

No tengo dudas de que irá a atacar al candidato del PRI, que seguirá atacando a Andrés Manuel López Obrador, y que seguirá generando un desequilibrio rompiendo el ya de por sí frágil marco legal que existe en el país.

Me parece un tema de la mayor importancia. Me parece un tema que debe abordarse por esta soberanía y que debe tratarse con la seriedad y la profundidad necesaria para tomar una determinación y hacer una exigencia a quien ostenta el Ejecutivo federal, de manera, de facto, para que no intervenga en asuntos electorales, para que no se asuma como jefe de la campaña del Partido Acción Nacional y para deje de sembrar odio y polarización en nuestro país.

Es una declaración desafortunadísima plantear que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Está demostrado que el peligro para México es Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, y le pido la inclusión de este punto para que lo podamos debatir, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le informo a los señores diputados que está resolviéndose una propuesta de inclusión de un punto en el orden del día.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): En el mismo derecho que el diputado, para hacer uso de la tribuna.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, señor diputado. Le recuerdo a la asamblea que estamos desahogando el orden del día.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas:Con su venia, señor presidente, señores diputados.

Pidiendo el espacio de tiempo, el mismo diputado Fernández Noroña ha solicitado para plantear un tema que a todas luces es debatible y a todas luces es cuestionable y que admite una serie de argumentos desde las diversas visiones y ópticas.

Sólo dejar claro que la manifestación del presidente de la República, no aceptaremos ni dejaremos pasar una sola acción ni comentario que quiera enmarcar ese tipo de acciones en un marco electoral.

La declaración fue: Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, no para el Partido Acción Nacional, no para ningún otro partido. Y es un peligro para México porque es un tema nacional y por eso digo, desde distintas ópticas, ya vino a decir aquí el diputado Noroña sus razones, para algunos es un peligro para México mandar al diablo a las instituciones, para muchos es un peligro para México mandar al diablo a su propio partido. Para muchos es un peligro para México descalificar de facto las alianzas gusten o no. Para muchos es un peligro para México que el que está conmigo es mi amigo y el que no está conmigo es mi enemigo y hay que acabarlo.

En eso, bajo esos conceptos concretos, el señor es un peligro para México porque ataca a las instituciones, pero es un tema que si se quiere debatir, que si se quieren plantear, con todo gusto en la etapa que la Mesa Directiva lo pueda plantear. Lo que no vamos a dejar pasar en ningún momento es que esto se circunscriba a un asunto electoral, a un asunto que no tiene que ver con la realidad.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputada Quezada?

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Con el mismo derecho al que subió el diputado a la tribuna, pedir y solicitar también para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si se abre a discusión el tema con mucho gusto. Estoy discutiendo el orden del día. ¿Diputado Zambrano?

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(desde la curul): Con todo respeto presidente Ramírez Marín. Abrimos el debate, vamos a entrarle, ¿ya lo abrieron? Ya se abrió.

Con el mismo derecho para expresar, también, nuestro punto de vista. Lo hemos hecho público desde el día de ayer ante lo que a nosotros nos parece una intromisión indebida del titular del Ejecutivo federal con sus declaraciones en el proceso político, con miras al 2012.

Entonces...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estoy recogiendo sus expresiones, señor diputado. Voy a dictar el trámite respecto del orden del día y entonces resolveremos si el asunto está a debate o no.

Le suplico al diputado Pérez Cuevas se ciña a lo que estamos discutiendo, que es si se acepta o no una modificación al orden del día... Diputado Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Presidente, simplemente para plantear que ya está abierto este debate, que nos parece que es de suma importancia, que lo que el señor Calderón ha manifestado en torno a Manuel López Obrador requiere una respuesta y una discusión clara y precisa.

Me parece que lo que está haciendo el diputado Pérez Cuevas es ya justamente abrir este debate. Me parece que lo que el espurio Calderón ha planteado no puede quedar sin respuesta por parte de la bancada del PRD.

Creo que el diputado Pérez Cuevas está aceptando ya el debate, ya está fijando una posición y me parece que lo que procede es abrirlo inmediatamente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La Mesa resolverá, en consecuencia, con mucho gusto, diputado.... Diputado Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): Yo creo que el compañero Pérez Cuevas está adelantándose a este planteamiento. Me parece que es positivo, señor presidente, y de acuerdo con lo que ha generado Pérez Cuevas, yo le ruego que se abra el debate y nos permita participar en el mismo, porque no puede un dicho del Ejecutivo quedar sin respuesta por parte nuestra. Concluyo, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Se consignan sus expresiones. La Mesa resolverá el trámite inmediatamente. Diputado Pérez Cuevas, concluya por favor.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas:Concluyo, presidente. Sólo dejo un planteamiento, yo entiendo el enojo de los legisladores, y lo digo con mucha responsabilidad, como amigos diputados, como pares, no he hecho aquí ninguna aseveración que no pueda sostener. Lo único que he dicho es que no permitiremos que esto se circunscriba a un aspecto electoral. Que si es necesario debatirlo, lo debatamos. Dije que algunas conductas son. No juzgaré el tema de personas.

Si se abre el debate y así lo dice la Mesa Directiva, que lo hagamos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El tema no está a discusión, señor diputado.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas:Entendamos la dinámica, que se discuta si se integra o no se integra el punto y que abramos la posibilidad de debatirlo. Pero no he fijado más que el tema de que no se lleve esto a un tema electoral sino que se discuta en los términos correspondientes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Permítanme un segundo, señores diputados, permítanme un segundo.

En primer lugar, la integración del orden del día obedece estrictamente a lo que dispone el artículo tercero, de la formulación del orden del día, del acuerdo. Este artículo establece que es la Junta de Coordinación Política la que envía los temas a la Mesa Directiva.

La otra opción la establece el artículo vigésimo: por resolución del pleno es como pueden introducirse nuevos temas al orden del día y la Mesa les daría curso.

Por consiguiente, pregunte la Secretaría al pleno de esta Cámara de Diputados si está de acuerdo en que se introduzca el tema solicitado por el diputado Fernández Noroña.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si está de acuerdo en que se introduzca el tema propuesto por el diputado Noroña. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Efectivamente. Introduzca la asamblea este tema en agenda política, que sea establecida en los términos que marcó hoy la Mesa Directiva. El tema se incluye en agenda política, a la que corresponde.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del acta.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles seis de octubre de dos mil diez, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 266 diputadas y diputados, a las 11 horas con 49 minutos del miércoles 6 de octubre de 2010, el presidente declaró abierta la sesión.

En votación económica se dispensó la lectura al orden del día y enseguida al acta de la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera.

Desde su curul, realizó comentarios el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. El presidente hizo aclaraciones.

La Secretaría dio lectura a las 6 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes de mesas directivas de comisiones. En votación económica se aprobaron, comuníquense.

Se dio cuenta oficio del diputado Roberto Gil Zuarth, por el que comunica su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 7 de octubre. De enterado, comuníquese.

La Secretaría dio lectura a comunicación de la Junta de Coordinación Política, relativo al oficio del diputado Reyes Tamez Guerra, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por el que comunica la designación del diputado Gerardo del Mazo Morales, como consejero suplente del Poder Legislativo en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a partir del 24 de septiembre de 2010, en sustitución del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. De enterado, comuníquese.

Se dio cuenta con oficios de los Congresos de los estados de:

• Durango, en el que transcribe acuerdo aprobado a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se otorguen mayores recursos al Fondo Metropolitano y al estado de Durango.

• Puebla, en el que transcribe acuerdo aprobado a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se otorguen mayores recursos para la realización de obras públicas para evitar el desbordamiento del río Rabanillo.

Se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Juventino Víctor Castro y Castro, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se concedió el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos 55 Bis y 77 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Víctor Hugo Círigo Vásquez, de Convergencia, que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Rosa Adriana Díaz Lizama, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos 3o. y 33 de la Ley sobre Delitos de Imprenta. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

• Eduardo Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona los artículos 390 Bis, 390 Ter, 390 Quarter, 390 Quintus y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turnó a la Comisión de Justicia.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos 62 y 125 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Margarita Liborio Arrazola, del Partido Revolucionario Institucional, en nombre propio y de diputados integrantes de la Comisión Especial para la Familia, que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

• Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Banco de México, para la Trasparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Carlos Samuel Moreno Terán, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un artículo 329 Bis de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Enrique Salomón Rosas Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 278 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social. Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

• José Óscar Aguilar González, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turnó a la Comisión del Distrito Federal.

Se recibieron proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• María Esther Terán Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para instituir la Escuela Nacional de Charrería.

• Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el Fondo de Pavimentación a Municipios, Fopam, en el anexo 12. Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la rehabilitación de los caminos cosecheros de Teapa, Tabasco.

• Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura dependiente del ramo 8 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el rubro de activos productivos tradicional.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la rehabilitación y modernización de las bibliotecas del municipio de Teapa, Tabasco.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la rehabilitación y modernización de los mercados municipales de Tabasco.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de una unidad deportiva en la Villa Juan Aldama y en la cabecera municipal de Teapa, Tabasco.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción del centro cultural y de usos múltiples en Teapa, Tabasco.

• Héctor Franco López, y suscrito por integrantes del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la zona metropolitana de Monclova-Frontera-Castaños.

• Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para crear un fondo para impulsar el programa nacional de útiles y uniformes escolares gratuitos para alumnos de educación básica que asistan a escuelas públicas en todo el país.

• Héctor Guevara Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para construir el Hospital de Atención y Rehabilitación para Quemados, en el municipio de Tultepec, estado de México.

• Luis Antonio Martínez Armengol, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el Organismo de Cuenca del Golfo, de la Comisión Nacional del Agua, para que se lleven a cabo obras que permitan mitigar los daños generados por inundaciones en las comunidades y municipios de la cuenca del río Coatzacoalcos en Veracruz.

• María Estela de la Fuente Dagdug, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para las universidades e institutos tecnológicos así como en sus fondos extraordinarios.

• María Elena Perla López Loyo, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción del complejo deportivo en el municipio de Tlaxco, en Tlaxcala.

• Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para instaurar un Fondo de Ayuda Especial para la familia de las y los policías que en el cumplimiento de su deber fallezcan al combatir al narcotráfico y delincuencia organizada, en los tres niveles de gobierno.

• María Felicitas Parra Becerra, del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de dos recintos educativos en el estado de Michoacán.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera Aguililla-Dos Aguas-Coalcomán, Michoacán.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera costera Caleta de Campos-Maruata, Michoacán.

• Clara Gómez Caro, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el Programa Instituto Mexicano del Seguro Social Oportunidades.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera costera Maruata-Boca de Apiza, Michoacán.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera Huetamo-Riva Palacio, Michoacán.

• Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para un programa de mantenimiento, rehabilitación y reparación de escuelas federales de nivel básico.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera de San Lucas-Tiquicheo, Michoacán.

• Jorge Arana Arana, del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la primera etapa de la construcción del puente “Río Santiago segundo”, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para los proyectos culturales de cine y música en Michoacán.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el proyecto Frente Urbano y Desarrollo Turístico de la costa michoacana.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción del hospital general “Doctor Miguel Silva” en Michoacán.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción del hospital infantil “Eva Sámano de López Mateos” en Morelia, Michoacán.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el proyecto integral de mejoramiento de la imagen urbana de Angangueo, Michoacán.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción del Parque Industrial Isla de la Palma, en Michoacán.

Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción del parque tecnológico agroindustrial, en Michoacán.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el proyecto de construcción del teatro bicentenario “Mariano Matamoros”, en Morelia, Michoacán.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el proyecto de construcción del Poliforum Digital de Morelia. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para el rescate y mantenimiento del valor turístico de los pueblos mágicos de Michoacán.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de la ruta turística Don Vasco, en el estado de Michoacán.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción del entronque carretero San Isidro-División del Norte, en Michoacán.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de la carretera San Lorenzo-Periban, Michoacán.

• Martín García Avilés, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para los programas del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

• Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para diversos proyectos de conservación, mantenimiento urbano e infraestructura en la Delegación Gustavo A. Madero.

• Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la Secretaría de Educación del gobierno del Distrito Federal y esta desarrolle para programas educativos.

• Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal, para programas de prevención y diagnóstico de riesgos.

• Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para que la Secretaría de Turismo del Distrito Federal desarrolle programas de turismo encaminados a incentivar la reactivación económica y la generación de empleos en el Distrito Federal.

• Luis Felipe Eguía Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para la construcción de las nuevas instalaciones de la escuela primaria “República de la India” en el pueblo de San Francisco, Tlalnepantla, en la delegación Xochimilco.

• María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para los diversos proyectos y acciones del Programa de Rescate de Barrancas en el Distrito Federal.

• María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos para atender la problemática de vivienda con alto riesgo en diversas delegaciones del Distrito Federal.

• José María Valencia Barajas, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se distribuyan los recursos asignados al Seguro Popular, en términos que se alcance el equilibrio entre el número de afiliados y la necesaria expansión de la estructura médica.

Se turnaron las proposiciones a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Clara Gómez Caro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, retiren de la oferta publicitaria en radio, televisión, Internet y medios impresos, los denominados “Productos Milagro”. Se turnó a la Comisión de Salud.

• Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, en nombre propio y de diversos diputados del Partido Acción Nacional, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se mantenga el subsidio del Programa de Diesel Agropecuario y, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que contemple la devolución del impuesto al valor agregado a favor de los pequeños productores. Se turnó a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación de 2011, se considere el otorgamiento de estímulos fiscales del Impuesto Sobre la Renta a los contribuyentes que empleen a personas mayores de sesenta años. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a los Grupos Parlamentarios, a fin de que en el proceso de elección de tres integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se tomen en consideración las capacidades, el prestigio, la formación académica, la experiencia y la reputación de los aspirantes; y se abstengan de incorporar cuotas partidistas. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación de 2011, considere el otorgamiento de estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que generen productos compatibles con el ambiente. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Héctor Pedraza Olguín, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que revise la actuación del cónsul de México en la ciudad de Chicago, Illinois, con motivo de las protestas realizadas en la celebración del bicentenario de la Independencia de México, en esa ciudad de la Unión Americana. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Emilio Andrés Mendoza Kaplán, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, que instruya al director general de la Comisión Nacional del Agua a reformar las reglas de operación del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, para que las comunidades rurales consideradas de alta y muy alta marginación, tengan acceso a los recursos de dicho programa. Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• José Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia declare a la ciudad de Tamazula, Durango, zona patrimonio histórico y cultural de México, y a la casa donde vivió don Guadalupe Victoria, se le declare monumento histórico y cultural de México. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Narcedalia Ramírez Pineda, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobernador de Guanajuato, para que interponga sus buenos oficios, a fin de que los beneficios de su iniciativa se extiendan a las mujeres que aún siguen presas por el mismo delito en esa entidad. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Equidad y Género.

• Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo federal, que el gobierno mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el acuerdo comercial anti-falsificación, así como para que el Congreso de la Unión, convoque a una Convención Nacional, en la que se analicen los paradigmas actuales sobre modelos de producción, distribución y consumo cultural y comercial en Internet, sus aplicaciones legales, tecnológicas y sociales, así como modelos alternativos de licenciamiento de propiedad intelectual. Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Cultura.

• María de la Paz Quiñones Cornejo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales. Se turnó a la Comisión de Transportes.

Se concedió el uso de la tribuna para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los diputados:

• José Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que promueva las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos. Se turnó a la Comisión de Economía.

• María Elena Perla López Loyo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que implante un programa contra la tala ilegal y realice un proyecto integral con el objeto de reforestar el parque nacional La Malinche, en Tlaxcala. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que otorgue de inmediato a las niñas y niños con lesiones derivadas de la aspiración de humo tóxico producto de la guardería ABC, una atención oportuna y humana con la calidad requerida hasta su total recuperación física y psicológica. Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al director general de la Comisión Nacional del Agua, que informe acerca del costo económico que tendría desarrollar un estudio técnico referente a la construcción de obras de prevención de inundaciones, con el propósito de aminorar los riesgos de las pérdidas causadas por éstas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y el Distrito Federal. Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• José María Valencia Barajas, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que diseñe y opere un programa integral para proteger a la citricultura nacional de la plaga de la diaforina y de la enfermedad denominada “huanglongbing”. Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Se recibió de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos que respondan a la transversalidad y perspectiva de género que requieren todos los Poderes de la Unión para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• María Elena Pérez de Tejada Romero, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas, a que de-sarrollen acciones que reduzcan la mortalidad materna. Se turnó a la Comisión de Salud.

Se recibió del diputado Adán Augusto López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Federal de Electricidad, ante la Comisión Especial de la Cuenca de los Ríos Grijalva-Usumacinta, para que informe respecto del manejo de las presas del sistema hidroeléctrico del alto Grijalva y su impacto en las anegaciones que enfrenta Tabasco. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la suspensión de los incrementos en las tarifas eléctricas y en los precios de la gasolina, el diesel y el gas doméstico. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial para el análisis del sistema monetario, el fortalecimiento a la economía a través del ahorro y del estudio del uso de la plata como moneda de curso legal. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Domingo Rodríguez Martell, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero, para que expida el decreto correspondiente a fin de que se dote de personalidad jurídica amplia y suficiente, facultando como institución de educación pública superior a la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur. Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Malco Ramírez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, a ampliar el número de plazas para residencias médicas en el 34 Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren mayores recursos para el sector salud. Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que realice las gestiones necesarias a fin de lograr la pronta publicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Equidad y Género.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

• Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que traslade a los internos de alta peligrosidad, sentenciados por delitos federales al complejo penitenciario en las Islas Marías. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Marina, que analice y evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa “La Amistad”, ubicada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de seguridad nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza. Se turnó a la Comisión de Marina.

• Raúl Domínguez Rex, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial para la elaboración del código ambiental de la federación. Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

• Fermín Montes Cavazos, en nombre propio y del diputado Rogelio Cerda Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión Nacional del Agua, rinda un informe detallado del estado que guardaban las presas de Nuevo León y Coahuila, particularmente la presa Venustiano Carranza, en el momento del embate del huracán Alex. Se turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Héctor Pedraza Olguín, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno federal, a que realice una revisión integral de las políticas y programas de protección a los derechos humanos de los migrantes que cruzan el territorio nacional. Se turnó a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Derechos Humanos.

Se recibieron solicitudes de excitativas de los diputados:

• Nancy González Ulloa y Óscar Saúl Castillo Andrade, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Jesús Ramírez Rangel, Arturo García Portillo y Pablo Rodríguez Regordosa, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.

Con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente excita a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes.

A las 15 horas con 9 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 430 diputadas y diputados.

La Secretaría dio lectura al orden del día de la próxima sesión.

El presidente clausuró la sesión a las 15 horas con 11 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el jueves 7 de octubre de 2010, a las 10:00 horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Está a discusión el acta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Respecto del acta, señor diputado. Adelante.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Respecto del acta, diputado presidente.

El acta no dice que ya se abrió el debate que pedí que se incluyera, y además fui aludido en el momento en el que Pérez Cuevas intervino, por tanto le pido, diputado presidente, que se incluya la agenda política... Ya está en agenda política, es correcto, pero le pido que consulte a la asamblea si tocamos de una vez el tema de la agenda política, que ha sido en otros momentos así tratado, o lo tratamos al final de los puntos en cartera, cuando toca el momento de agenda política.

Le pido, diputado presidente, consulte a la asamblea el momento de tocar este tema.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tal y como lo establece el artículo 23, son atribuciones del presidente de la Mesa Directiva dirigir los debates. En esos términos, y haciendo uso de esas facultades, el presidente dispone que ese tema se tratará en la agenda política, en la parte correspondiente a la sesión de hoy.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Las diputadas y los diputados que estén por la aprobación...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Quezada. Permítame, secretaria.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Para solicitarle igual que el diputado Noroña. Soy muy respetuosa –yo creo que también mi bancada– de las atribuciones que tiene el presidente, en este caso usted, señor presidente, pero para solicitarle que fuera enlistado dentro de la agenda política este punto como el primero en tocarse.

Que pudiéramos entrar a las dos de la tarde o inclusive, antes de iniciativas, como usted así lo decida, pero sí que se pudiese tocar el día de hoy este tema. Creo que es un tema importante para la fracción parlamentaria del PRD. Es un tema muy importante. Solicitaría la inscripción, como diputada, en la agenda política sobre este tema. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Claro que sí, diputada. La disposición de la Mesa, respetando el interés del pleno, manifestado en su mayoría, considerará que éste será el primer tema a discutir en la agenda política del día de hoy.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente, es en el mismo sentido, toda vez que yo tengo registrado el tema del bicentenario, evidentemente proponer que se sustituya por el tema que está propuesto, pero usted ya ha tomado la decisión. Era en el mismo sentido.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se lo agradezco, diputado. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Las diputadas y los diputados que estén por la aprobación del acta sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada. Comuníquese.

PREMIO NOBEL DE LITERATURA

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Vidal Llerenas Morales.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): No quiero dejar pasar la oportunidad para que en esta Cámara quede constancia de la felicitación que es necesario dar a Mario Vargas Llosa, escritor latinoamericano.

Un escritor imprescindible para entender la realidad política y cultural de este continente. Creador de obras importantísimas. Un hombre que fue crítico del régimen de partido único, como fue crítico de la izquierda en sus excesos y como lo es también de la derecha que no tiene una ideología clara.

Entonces, creo que es muy importante que en esta Cámara quede de manifiesto la importancia de que hoy se le dio el Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda constancia de su afirmación y esta Cámara se une a la felicitación solicitada por el diputado Vidal Llerenas.

DIPUTADO ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL

El diputado Felipe Enríquez Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Felipe Enríquez, desde su lugar.

El diputado Felipe Enríquez Hernández(desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para hacer de conocimiento al pleno, a nombre de los diputados federales de Nuevo León, del sensible fallecimiento de la señora madre del diputado Ildefonso Guajardo y extenderle nuestras más sinceras condolencias. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Cómo no, diputado. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se une también a la pena de nuestro compañero el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, por el sensible fallecimiento de su señora madre, la señora Francisca Villarreal Flores. Le expresamos nuestras más sentidas condolencias y le enviamos desde aquí, seguro con todos ustedes, un afectuoso y cálido abrazo de reconocimiento.

Continúe la Secretaría.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted para solicitarle muy atentamente que sea el conducto para someter a consideración del pleno de esta Cámara mi solicitud de licencia temporal para separarme del cargo de diputado federal a la LXI Legislatura durante el lapso comprendido entre el 11 de octubre y el 8 de noviembre del presente año.

Aprovecho para expresarle mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.— Diputado Jaime Sánchez Vélez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia al diputado Jaime Sánchez Vélez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el V Distrito Electoral del estado de Morelos, del 11 de octubre al 8 de noviembre del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobados. Comuníquense.

ESTADOS DE CHIAPAS, GUERRERO, OAXACA, TABASCO, VERACRUZ, JALISCO Y NAYARIT

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Julián Hernández Santillán, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/2860/10, de fecha 8 de septiembre de 2010, dirigido inicialmente a la Lie. Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el día 10 del mismo mes y año, por medio del cual se informa que mediante oficio número D.G.P.L. 61-II—9-1737, los Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a esta Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el martes 7 de septiembre de 2010, y cuyos resolutivos primero y segundo se reproducen a continuación

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación, atienda las solicitudes de declaratoria de desastre que presenten los diversos municipios que se encuentran en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Jalisco y Nayarit, conforme al artículo 32 de la Ley General de Protección Civil. Segundo. Se exhorta al gobierno federal a liberar los recursos necesarios del Fondo de Desastres Naturales y atender, de manera inmediata y con eficiencia, las zonas afectadas por las lluvias en los municipios afectados por la ocurrencia de lluvias severas durante los meses de agosto y septiembre que impactaron estas regiones del país.”

Sobre el particular, se informa que aun cuando el punto de acuerdo que nos ocupa se compone de tres puntos resolutivos, en el presente oficio únicamente nos pronunciaremos respecto de los antes transcritos, por ser lo únicos que guardan relación con la esfera de competencia de la Segob, y por ende, de esta Unidad Administrativa.

En ese orden de ideas, me permito solicitar atentamente a Usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, las acciones efectuadas en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales, Fonden, para dar atención a la ocurrencia de lluvias severas en los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Jalisco y Nayarit durante los meses de agosto y septiembre de 2010, y que se relacionan con el punto de Acuerdo que nos ocupa.

Para tales efectos y de manera previa, consideramos oportuno realizar las siguientes precisiones:

• Con relación al punto resolutivo primero, diremos que si bien es cierto el Fonden es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, y que en el marco de su instrumento denominado Fonden Reconstrucción se emiten declaratorias de desastre natural, con las que se declara formalmente en zona de desastre natural a determinados municipios (u órganos político-administrativos en el caso del Distrito Federal) a fin de acceder a los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento financiero, debemos precisar que la emisión de tales declaratorias no es un acto que pueda ser realizado de oficio o de manera unilateral por parte de la Segob, sino que, atentos a las disposiciones contenidas en el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales” (en lo sucesivo las ROF), es el resultado de diversas actuaciones previas efectuadas por instancias ajenas a dicha dependencia, y por ende, a esa Unidad Administrativa.

En ese orden de ideas, comunicamos que para la emisión de una Declaratoria de Desastre Natural las ROF disponen que, una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada para ello, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de declaratoria de desastre, suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha’ sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por el mismo.

A ese respecto, comunicamos que los gobiernos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Jalisco y Nayarit ya han satisfecho los requisitos y formalidades dispuestos en las ROF, por lo que en cumplimiento al numeral 10 del ordenamiento en cita, la Segob por conducto de la CGPC, ha emitido y publicado las declaratorias de desastre natural solicitadas por dichas entidades federativas, tal y como se detallará en el apartado correspondiente, iniciándose con ello las acciones tendientes al acceso a los recursos que se autorizan con cargo al Fonden Reconstrucción.

• Por cuanto hace al punto resolutivo segundo, esta DGF estima conducente señalar que la autorización de recursos con cargo al Fonden Reconstrucción requiere de la necesaria atención y cumplimiento de todos los requisitos y formalidades establecidos en las ROF, sin que ello implique, o haya implicado de manera alguna, según se observará líneas adelante, la falta de atención a la ocurrencia de las lluvias que se han registrado en las entidades federativas a que se refiere el punto de acuerdo que nos ocupa, desde el momento de su ocurrencia.

En ese orden de ideas, y para efectos de un mejor entendimiento de la información que suministramos líneas adelante, consideramos importante informar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respecto de las características generales del programa Fonden, y los instrumentos que opera:

Comenzaremos por señalar que según el numeral 1 de las ROF, y tal como ya se había precisado el Fonden, se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia. Para la realización de ese objeto, el Fonden cuenta con los instrumentos siguientes:

a) El Fondo Revolvente Fonden, mismo que sólo podrá ser utilizado cuando exista una Declaratoria de Emergencia y con ello que la DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio (insumos) para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (según el numeral 3, Fracción I de las ROF, y los artículos 1 y 3 del “Acuerdo que establece los Lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden”, en lo sucesivo los Lineamientos).

b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del ramo general 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos (ya sea del Programa Fonden o del fideicomiso), destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, previstos en las ROF, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento del Fonden para llevar a cabo labores de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas, son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden Federal al Fideicomiso Fonden Estatal de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre, a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello.

Se aclara que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político-administrativo en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

Visto lo anterior, procedemos a informar respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través del instrumento Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo para atender la ocurrencia de las lluvias severas durante los meses de agosto y septiembre en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Jalisco y Nayarit. Cabe mencionar que esta información se encuentra actualizada al jueves 23 de septiembre de 2010 y aún podrá sufrir una constante actualización por virtud de la dinámica propia del programa Fonden:

Fonden ReconstrucciónChiapas

Ocurrencia de lluvia severa el domingo 27 de junio de 2010 en el municipio de Suchiate, Chiapas

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, de fecha 15 de julio del año en curso, la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de junio de 2010 en el municipio de Suchiate de Chiapas”, procediendo a declarar como zona de desastre natural a dicho municipio.

• Con fecha 9 de julio de 2010 se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, CED, encargado de la exclusiva evaluación y cuantificación de los daños en los sectores de competencia de la entidad federativa que nos ocupa (numeral 13 de las ROF).

• El 5 de agosto de 2010 se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados del CED por la ocurrencia de lluvia severa el día 27 de junio de 2010, en el municipio de Suchiate, en la cual se presentaron las siguientes cantidades preliminares por sector.

• El 18 de agosto, se autorizaron con cargo al Fonden bajo la figura de Anticipos 5 millones 133 mil 50 pesos, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma.

• El 20 de septiembre, la Segob envió la solicitud global de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, para su autorización.

Ocurrencia de lluvia severa el domingo 8 de agosto de 2010, en Tapachula, Chiapas

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF, de fecha 27 de agosto del año en curso, la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa el domingo 8 de agosto de 2010, en el municipio de Tapachula, de Chiapas”, procediendo a declarar como zona de desastre natural a dicho municipio.

• Con fecha 23 de agosto de 2010 se llevó a cabo la sesión de instalación del CED, encargado de la exclusiva evaluación y cuantificación de los daños en los sectores de competencia de la Entidad Federativa que nos ocupa (numeral 13 de las ROF).

• El 26 de agosto de 2010, se autorizaron con cargo al Fonden bajo la figura de Apoyo Parcial Inmediato, APIN, 9 millones 569 mil pesos, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

• El 22 de septiembre, se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados, en la cual se presentaron las siguientes cantidades preliminares por sector:

Ocurrencia de lluvias severas el miércoles 18 de agosto de 2010, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez de Chiapas

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF, de fecha 7 de septiembre del año en curso, la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas el miércoles 18 de agosto de 2010, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, procediendo a declarar como zona de desastre natural a dicho municipio.

• El 1 de septiembre de 2010, se instaló el CED, para el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

• El 22 de septiembre, se llevo a cabo la sesión de entrega de resultados, en la cual se presentaron las siguientes cantidades preliminares por sector:

Ocurrencia de lluvias severas en 17 municipios de Chiapas

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió mediante boletín para la prensa 440/10, de fecha 22 de septiembre de 2010, la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas en 17 municipios de Chiapas (actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en las ROF para la correspondiente publicación de esta Declaratoria en el DOF).

• El 22 de septiembre, se instaló el CED para 17 municipios, mismo que se agrupó por los Subcomités de los sectores carretero, educativo, hidráulico, vivienda, infraestructura urbana, salud y medio ambiente. En dicha sesión se acordó como fecha de entrega de resultados el día 19 de octubre de 2010, por lo que será hasta entonces cuando se conocerán de los resultados de la evaluación para los sectores involucrados.

Fonden ReconstrucciónGuerrero

Ocurrencia de lluvias severas el lunes 30 de agosto de 2010, en 7 municipios de Guerrero

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF; de fecha 14 de septiembre del año en curso, la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas el lunes 30 de agosto de 2010, en 7 municipios de Guerrero”, procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de Chilpancingo de los Bravo, Benito Juárez, Atoyac de Alvarez, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán e Iliatenco.

• El miércoles 8 de septiembre se instaló el CED, encargado de la exclusiva evaluación y cuantificación de los daños ocurridos en los sectores de competencia de la entidad federativa que nos ocupa (numeral 13 de las ROF), que se integró por los subcomités de los sectores vivienda, carretero, urbano, hidráulico, educativo y salud. En dicha sesión se acordó que el 6 de octubre se llevará a cabo la sesión de entrega de resultados, siendo hasta entonces cuando se conocerán los resultados de evaluación para los sectores involucrados.

Corroboración pendiente

• Es preciso señalar que con fecha 10 septiembre, el gobierno de Guerrero presentó ante la Comisión Nacional del Agua, Conagua, una solicitud de reconsideración por 14 municipios (Acapulco de Juárez, Juan R. Escudero, Coyuca de Benítez, Metlatónoc, General Heliodoro Castillo, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Ajuchitlan del Progreso, Malinaltepec, Ayutla de los Libres, Atlamajalcingo del Monte, Tlapa de Comonfort, Acatepec y Alcozauca de Guerrero), la cual al día de la fecha se encuentra en trámite.

Fonden ReconstrucciónJalisco

Con fecha 3 de septiembre de 2010, el gobierno de Jalisco presentó una solicitud de corroboración ante la Conagua, por la ocurrencia de inundación fluvial los días 30 y 31 de agosto 2010, en el municipio de Puerto Vallarta. Dicha instancia técnica facultada, mediante oficio B00.-2143, emitió su dictamen técnico negando la ocurrencia del fenómeno solicitado, en virtud de no rebasar el umbral establecido en las reglas. Por tal motivo, no se ha iniciado el procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo al instrumento Fonden Reconstrucción, para dicha entidad federativa y por ese fenómeno natural perturbador en particular.

Fonden ReconstrucciónNayarit

Al día de la fecha, el gobierno de Nayarit no ha presentado solicitud alguna de declaratoria de desastre natural para efectos del acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción.

Fonden ReconstrucciónOaxaca

Ocurrencia de lluvia severa el jueves 8 de julio de 2010, en 10 municipios de Oaxaca

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF, de fecha 27 de julio del año en curso, la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa el jueves 8 julio de 2010, en 10 municipios de Oaxaca”, procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios, de San Jerónimo Tlacochahuaya, San Sebastián Abasolo, San Sebastián Tutla, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Papalutla, Santa María Guelacé, Teotitlán del Valle, Tlacolula de Matamoros, Tlalixtac de Cabrera y San Juan Guelavía.

• Con fecha 21 de julio de 2010, se llevó a cabo la sesión de instalación del CED, para 10 municipios de Oaxaca.

• Por su parte, con fecha 6 de agosto de 2010, se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados del CED.

• El 31 de agosto de 2010, el Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Federal autorizó las siguientes cantidades para los sectores que se indican:

Ocurrencia de lluvias severas los días 21, 22 y 23 de agosto de 2010, en 75 municipios de Oaxaca

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF, de fecha 14 de septiembre del año en curso, la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 21, 22 y 23 de agosto de 2010, en 75 municipios de Oaxaca”.

• Con fecha 8 de septiembre del 2010, se llevó a cabo la instalación del CED, para 75 municipios de Oaxaca. En dicha sesión se acordó como fecha de entrega de resultados el día 6 de octubre de 2010. Será hasta entonces cuando se conocerán los resultados de la evaluación preliminar para los sectores involucrados.

Fonden ReconstrucciónTabasco

Ocurrencia de inundaciones pluvial y fluvial del 26 de agosto al 5 de septiembre de 2010, en 12 municipios de Tabasco

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF, de fecha 14 de septiembre del año en curso, la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de inundaciones pluvial y fluvial del 26 de agosto al 5 de septiembre de 2010, en 12 municipios de Tabasco”, procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de Balancán, Centro, Centla, Cunduacán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.

• El 10 de septiembre se Instaló el CED para la evaluación y cuantificación de los daños ocurridos en los 12 municipios señalados. Sin embargo, el día 8 de octubre se llevará a cabo la sesión de entrega de resultados, siendo hasta entonces que se conocerán los resultados de evaluación para los sectores involucrados.

• Los días 10 y 15 de septiembre se autorizaron con cargo al Fonden –bajo la figura de APIN– 75 millones 184 mil pesos para el sector carretero, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

Fonden ReconstrucciónVeracruz de Ignacio de la Llave

Ocurrencia de lluvia severa los días 22, 23 y 25 de julio de 2010, en 18 municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF, de fecha 5 de agosto del año en curso, la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 22, 23 y 25 de julio de 2010, en 18 municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave”, procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de Atzacan, Calcahualco, Camarón de Tejeda, Cerro Azul, Chiconamel, Coscomatepec, Gutiérrez Zamora, Las Choapas, Naranjos Amatlán, Nautla, Pánuco, Platón Sánchez, Tantoyuca, Tecolutla, Temapache, Tempoal, Túxpam y Vega de Alatorre.

• La Sesión de Instalación del CED, se celebró el 30 de julio de 2010.

• El día 12 de agosto se autorizaron 735 mil 560 pesos, bajo la figura de APIN, para el sector hidráulico.

• El l de septiembre de 2010, se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados, en la cual se presentaron las siguientes cantidades preliminares por sector:

• El día 6 de septiembre se autorizaron 57 millones 645 mil 581 pesos, por concepto de anticipo para el sector carretero.

• El día 17 de septiembre se llevó a cabo una sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Estatal Veracruz, en la cual se presentaron los calendarios para la ejecución de los anticipos.

• Al día de la fecha la Segob está integrando la información correspondiente para ser presentada ante el Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Federal.

Ocurrencia de lluvias severas los días 25 y 26 de julio de 2010, en 6 municipios, así como inundación fluvial o pluvial el día 24 de julio de 2010, en el municipio El Higo de Veracruz de Ignacio de la Llave

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF de fecha 17 de agosto del año en curso, la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 25 y 26 de julio de 2010, en 6 municipios, así como inundación fluvial o pluvial el día 24 de julio de 2010, en el Municipio de El Higo de Veracruz de Ignacio de la Llave”, procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de Chontla, Tancoco, Tantima, Ozuluama, Tampico el Alto y Pueblo Viejo, así como El Higo, por la ocurrencia de lluvias severas los días 25 y 26 de julio de 2010 e inundación fluvial o pluvial el día 24 de julio de 2010.

• La sesión de instalación del CED, se celebró el 5 de agosto de 2010.

• El l de septiembre de 2010, se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados, en la cual se presentaron las siguientes cantidades preliminares por sector:

• El lunes 6 de septiembre se autorizaron 43 millones 930 mil 309 pesos, por concepto de anticipo, para el sector carretero.

• El 17 de septiembre se llevó a cabo una sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Estatal Veracruz, en la cual se presentó el calendario de ejecución de obras correspondiente para ejercer dicho anticipo.

• Al día de la fecha la Segob está integrando la información correspondiente para ser presentada ante el Comité Técnico del Fideicomiso Fonden Federal.

Ocurrencia de inundación fluvial el viernes 6 de agosto de 2010, en 9 municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF, de fecha 26 de agosto del año en curso, la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de inundación fluvial el viernes 6 de agosto de 2010, en 9 municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave”, procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, las Choapas, Minatitlán, Nanchital de lázaro Cárdenas del Río y Texistepec.

• El día 20 de agosto de 2010, se llevó a cabo la sesión de instalación del CED para los 9 municipios. En dicha sesión el estado acordó como fecha para la entrega de resultados el 17 de septiembre de 2010. No obstante ello y debido a la imposibilidad física para concluir con los trabajos de evaluación de daños, ya que al día de la fecha los municipios continúan inundados, el gobierno de esa entidad federativa, informó que pospone dicha sesión para el día 29 de septiembre de 2010. Por lo que será hasta entonces cuando se conocerán los resultados de la evaluación para los sectores involucrados.

Ocurrencia de lluvias severas el lunes 30 de agosto de 2010, en 6 municipios, así como inundación fluvial del 21 al 31 de agosto de 2010, en 26 municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió y publicó en el DOF, de fecha 7 de septiembre del año en curso, la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas el lunes 30 de agosto de 2010, en 6 municipios, así como inundación fluvial del 21 al 31 de agosto de 2010, en 26 municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave”: procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de Chinameca, Mecayapan, Pajapan, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez y Zaragoza, por la ocurrencia de lluvias severas el lunes 30 de agosto de 2010, así como a los municipios de Acayucan, Acula, Alvarado, Amatitlán, Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Ignacio de la Llave, Isla, Ixmatlahuacan, Jesús Carranza, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, lerdo e Tejada, Otatitlán, Playa Vicente, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tres Valles, Tuxtilla y Uxpanapa, por la ocurrencia de inundación fluvial del 21 al 31 de agosto de 2010.

• Con fecha 1 de septiembre de 2010, se llevó a cabo la instalación del CED, para los 32 municipios aludidos. En dicha sesión el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave acordó como fecha para la entrega de resultados el 29 de septiembre de 2010, por lo que será hasta entonces cuando se conocerán los resultados de la evaluación para los sectores involucrados.

Ocurrencia de lluvias severas los días 22, 26 y 30 de agosto, así como el 3 de septiembre en 14 municipios e inundación fluvial en 1 municipio

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC mediante Boletín de Prensa 442/2010, de fecha 23 de septiembre de 2010 emitió la “Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 22, 26 y 30 de agosto, así como el 3 de septiembre de 2010 en 14 municipios”, e inundación fluvial en 1 municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave. Actualmente se encuentra transcurriendo el plazo concedido en las ROF para publicar tal Declaratoria en el DOF

• El jueves 23 de septiembre se llevó a cabo la instalación del CED para 14 municipios e inundación fluvial en 1 municipio. En dicha sesión se acordó como fecha para la entrega de resultados el 20 de octubre de 2010, siendo hasta entonces cuando se conocerán los resultados de la evaluación para los sectores involucrados.

Ocurrencia de lluvias severas los días 17 y 18 de septiembre de 2010, huracán “karl” , en 92 municipios.

Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las ROF, la CGPC emitió la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias severas los días 17 y 18 de septiembre de 2010, huracán Karl, en 92 municipios de Vera cruz de Ignacio de la Llave. Actualmente se encuentra transcurriendo el plazo concedido en las ROF para publicar tal declaratoria en el DOF.

• El jueves 23 de septiembre, se llevo a cabo la instalación del CED para 92 municipios. En dicha sesión se acordó como fecha para la Sesión de Entrega de Resultados el 20 de octubre de 2010. Por lo que será hasta entonces cuando se conocerán los resultados de la evaluación para los sectores involucrados.

• En dicha sesión el gobierno del estado solicitó en carácter de APIN la cantidad de 139 millones de pesos, de los cuales se autorizaron 99.9 millones de pesos, en razón de que algunos de los municipios no fueron corroborados. Los recursos serán radicados el día 24 de septiembre de 2010 al Fideicomiso Fonden Estatal Veracruz.

Visto lo anterior, adelantamos que una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención a los fenómenos naturales perturbadores de referencia, en términos de lo dispuesto por el numeral 27 de las ROF, dichos recursos se encontrarán disponibles para ser transferidos del Fideicomiso Fonden Federal al Fideicomiso Estatal correspondiente, una vez que se reciba por parte de cada una de las entidades federativas el aviso de depósito de la parte correspondiente a su coparticipación.

Asimismo, atentos al numeral 44 de de las ROF, el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal correspondiente, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutoras, en el entendido de que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden Federal el remanente de la coparticipación de orden federal.

Así también, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal Correspondiente, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.

De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del Fiduciario del Fideicomiso Estatal correspondiente, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a la entidad federativa que corresponda y que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden Estatal para la atención del desastre natural.

Notas:

1 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009.

3 Aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, Conagua, por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, Conafor, en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para el caso de los fenómenos geológicos.

4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

Cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también lo es que esta Unidad Administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en particular, ya que según el artículo 15 de los Lineamientos, dichos insumos son entregados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, a la entidad federativa de que se trate, para que esta última proceda a su distribución.

5 Los Fideicomisos Fonden Estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades federativas para atender un desastre natural, incluyendo las coparticipaciones federales asignadas a dichas entidades federativas (numeral 44 de las ROF).

6 Las fechas de publicación de las declaratorias de desastre natural obedecen a que, en términos de las ROF, existen plazos y formalidades definidos para que 1) la entidad federativa correspondiente solicite a la instancia técnica facultada la corroboración del fenómeno natural perturbador, 2) para que tales instancias emitan los dictámenes correspondientes, 31 para que la entidad federativa entregue a la Segob la Solicitud de Declaratoria, y 4) para que esta dependencia proceda a su publicación en el Diario oficial de la Federación, sin que ello signifique una falta de atención al desastre por parte del Fonden, durante ese lapso de tiempo.

7 Estos tienen por objeto contribuir en la realización de trabajos y obras prioritarias y se deberán de ejercer con base en los programas de obras y acciones autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso. Los anticipas serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden.

8 Entendiéndose estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente dirigidas a solventar la situación critica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

9 Procediendo a declarar como zona de desastre natural a los municipios de Abejones, Ayotzintepec, Chiquihuitlán de Benito Juárez, Concepción Pápalo, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Ixtlán de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Loma Bonita, Natividad, Nuevo Zoquiapam, Salina Cruz, San Andrés Teotilálpam, San Bartolomé Zoogocho, San Blas Atempa, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San Francisco Chapulapa, San José Chiltepec, San José Independencia, San José Tenango, San Juan Atepec, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Bautista Jayacatlán, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan Chicomezúchil, San Juan Coatzospam, San Juan Comaltepec, San Juan Cotzocón, San Juan de los Cues, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Lalana, San Juan Petlapa, San Juan Quiotepec, San Juan Tabaá, San Juan Tepeuxila, San Juan Yaeé, San Lucas Ojitlán, San Martín Toxpalan, San Mateo del Mar, San Miguel Aloápam, San Miguel Amatlán, San Miguel del Río, San Miguel Santa Flor, San Miguel Soyaltepec, San Pedro Huamelula, San Pedro Ixcatlán, San Pedro Sochiapam, San Pedro Teutila, San Pedro Yaneri, San Pedro Yólox, Santa Ana Cuauhtémoc, Santa Catarina Ixtepeji, Santa María Ixcatlán, Santa María Jacatepec, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Pápalo, Santa María Tlahuitoltepec, Santa María Tlalixtac, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Camotlán, Santiago Choapam, Santiago Jocotepec, Santiago Lalopa, Santiago Nacaltepec, Santiago Xiacuí, Santiago Yaveo, Santo Domingo Tehuantepec, Tanetze de Zaragoza, Teococuilco de Marcos Pérez, Teotitlán de Rores Magón, Valerio Trujano y Villa Talea de Castro.

10 A saber Ángel R. Cabada, Catemaco, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Cotaxtla, Hidalgotitlán, Jáltipan, las Choapas, Minatitlán, Nanchital de lázaro Cárdenas del Río, Oteapan, Santiago Sochiapan, Taxistepec y Tlalixcoyan, e inundación en Huayapan de Ocampo, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Uave.

11 A saber Acajete, Acatlári, Actopan, Acultzingo, AJpatláhuac, Alto lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Amadán de los Reyes, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Boca del Río, Calcahualco, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Chiconquiaco, Chocamán, Coacoatzintla, Coatzintla, Coetzala, Colipa, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cuichapa, Cuitláhuac, Emiliano Zapata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jamapa, Jilotepec, Juchique de Ferrer, la Antigua, la Perla, Magdalena, Maluata, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Medellín, Misantla, Mixda de Altamirano, Naolinco, Naranjal, Nogales, Omealca, Orizaba, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Poza Rica de Hidalgo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tecolutla , Tehuipango, Tenampa Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tequila, Texhuacán, Tezonapa, Tihuatlán, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Úrsulo Galván, Veracruz, Xalapa, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zentla y Zongolica, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular, y esperado que la información proporcionada sea de utilidad,  le saludo cordialmente.

Atentamente

México, DF, a 23 de septiembre de 2010.— Licenciado Rulem Hofliger Topete (rúbrica).

Con fundamento en el artículo 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, lo firma por ausencia el licenciado José María Quijano Torres, director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad.»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

LETRAS DE ORO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Agustín de Iturbide.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Proyecto de decreto por el que inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Agustín de Iturbide

Quien suscribe, José Luis García Zalvidea, integrante de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y por lo dispuesto en los artículos 8, fracción I; 164 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta el siguiente proyecto de decreto por el que inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Agustín de Iturbide, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. El Muro de Honor de la Cámara de Diputados en México está conformado por 6 grandes áreas en las que se han inscrito los nombres de personajes, instituciones y héroes nacionales reconocidos por sus méritos a la Patria y se encuentran inscritos mediante las denominadas letras de oro en dichas secciones.

En primer término y en grandes letras, aparece la célebre frase del ex presidente don Benito Juárez:

“Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”

Acompañada de los nombres de 4 de nuestras heroicas instituciones: Heroico Colegio Militar; Constituyentes de 1917; A los Defensores de Veracruz de 1914 y Heroica Escuela Naval Militar.

Y después los nombres de 5 grandes mujeres mexicanas: Antonia Nava; Leona Vicario; Josefa Ortiz de Domínguez; Mariana Rodríguez del Toro Lazarín y Carmen Serdán.

Sobre el muro central se encuentran colocadas dos enormes banderas nacionales, una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda y que en centro se enlazan con un moño tricolor, colocado justo bajo la representación escultórica en cantera del Escudo Nacional. En el extremo superior de este muro se encuentran los nombres del último emperador azteca, Cuauhtémoc, del tlatoani texcocano Nezahualcóyotl y otra frase célebre, esta vez del insurgente Vicente Guerrero:

“La patria es primero”

En cada uno de los cuatro muros localizados a los costados del centro se encuentran inscritos los nombres de:

“Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende, José María Morelos; Mariano Abasolo, Miguel Bravo, Leonardo Bravo, Mariano Matamoros, José Mariano Jiménez, Pedro Moreno, Francisco Xavier Mina, Hermenegildo Galeana, Ignacio López Rayón, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Andrés Quintana Roo, Miguel Barragán, Miguel Ramos Arizpe, Víctor Rosales, Vicente Guerrero, Servando Teresa de Mier, A los Constituyentes de 1857, A los Constituyentes de Apatzingán

Juan Álvarez, Valentín Gómez Farías, A los Niños Héroes de Chapultepec, Pedro Sainz de Baranda, Santos Degollado, Benito Juárez, Ignacio de la Llave, Ignacio Zaragoza, Margarita Maza de Juárez, Ponciano Arriaga, José María Arteaga, A los defensores de Puebla de Zaragoza en 1862 y 1863, Mariano Escobedo, Melchor Ocampo, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, A los vencedores en Querétaro en 1867, Francisco Zarco, Defensores de la Patria 1846-1848, Ignacio Manuel Altamirano, Francisco I. Madero, Ricardo Flores Magón, Batallón de San Patricio, Álvaro Obregón, Aquiles Serdán, Belisario Domínguez, Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas del Río, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, Isidro Fabela, Genaro Estrada, Francisco J. Múgica, A los legisladores mártires de 1913, A los Heroicos defensores de Cuautla en 1812, Justo Sierra Méndez, Alfonso García Robles, Vicente Lombardo Toledano, Sor Juana Inés de la Cruz”.

Las últimas inscripciones realizadas por decreto fueron: el 5 de abril del 2006, el “Instituto Politécnico Nacional”, el 1 de marzo de 2007 correspondió “A los constituyentes de Apatzingán” y por último el 18 de febrero de 2008, “A los constituyentes de 1857”.

Como podemos apreciar en el actual recinto legislativo no aparecen inscritas las letras de oro que corresponderían a don Agustín de Iturbide, quien fue el hombre que logró la consumación de nuestra Independencia en 1821.

Segundo. Recordemos que en los meses de septiembre y octubre de 1921, con motivo de la conmemoración del primer centenario de la independencia de México, se llevó a cabo en el seno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un acalorado debate en torno a la iniciativa para quitar el nombre de don Agustín de Iturbide de las paredes del recinto de la Cámara, inscrito en letras de oro desde 1835. La iniciativa prosperó y el nombre de quien en forma inteligente, rápida y pacífica había consumado la independencia fue arrojado, letra por letra y entre festejos y gritos en contra de la “reacción”, de los muros del porfiriano edificio de Donceles y Allende.

La cuestión había alcanzado una importancia insospechada, pues se consideró que la propia vida de la Revolución se encontraba en entredicho mientras el nombre de Iturbide permaneciera en las paredes del Congreso. Con este acto culminó un largo episodio dentro de las luchas entre liberales y conservadores para escamotear y negar los méritos de quien consumara la independencia mexicana en 1821.

Al mismo tiempo, la decisión del congreso señaló el propósito deliberado para excluir su nombre de la historia de México y para borrar su recuerdo de la memoria de los mexicanos. Objetivo plenamente conseguido por la historiografía oficial al servicio de los gobiernos posrevolucionarios.1

El único libertador latinoamericano que no es motivo de un reconocimiento por parte de los respectivos estados que independizaron del Imperio Español, es Iturbide, debido a que primero combatió y derrotó a los insurgentes y, más tarde, propuso el establecimiento de una monarquía constitucional. Fue calificado injustificadamente de “traidor”, y condenado a muerte por el Congreso en 1824 sin razón alguna y sin necesidad de “usar de las fórmulas legales,” cuando lo que deseaba era el establecimiento de un imperio grande y fuerte en el norte de América, con presencia comercial en el Golfo, en el Pacífico y en el Caribe, y que fuera respetado por las grandes naciones de la época. Lo que no convenía a los Estados Unidos, cuyo embajador –Joel R. Poinsett– ayudó a su caída y muerte. También se evita recordar que a Iturbide debemos, además, nuestra bandera, el primer ejército regular mexicano y un propio programa constitucional, acorde a la historia y circunstancias particulares de los mexicanos, así como el camino para encontrar la felicidad común: la Unión.2

Tercero. Como he señalado, la historia del nombre de Agustín de Iturbide en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados ha pasado por desavenencias e infortunios. Ello, según describe Jorge Adrián Salinas Cruz, miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios, entonces adscrito a la Cámara de Diputados (2008).3

Es así, que el propio Salinas Cruz acredita en su investigación la siguiente cronología:

a. En sesión del día 20 de mayo de 1835 se aprobó por la Cámara de Diputados la inscripción del nombre de Agustín de Iturbide.4

b. Por decreto número 1566 del mismo día de ordena su inscripción.5 Entonces podía verse en la segunda columna del muro de honor -antigua cámara de Diputados en Donceles y Allende- el nombre de Agustín de Iturbide.

c. En 1921, en la sesión del día 23 de septiembre, se presenta iniciativa para quitar del muro de honor el nombre de Agustín de Iturbide.6

d. En las sesiones del 29 de septiembre, 4 y 5 de octubre se trata la sustitución del nombre de Agustín de Iturbide por el de Belisario Domínguez.7

e. En la sesión del día 7 de octubre se aprueba el dictamen para que se quite el nombre de Agustín de Iturbide del muro de honor.8 Es así, que en aquél tiempo en segunda columna del muro de honor, antigua cámara de Diputados en Donceles y Allende, ya no aparece el nombre de Agustín de Iturbide, y

f. Por decreto del día 30 de noviembre de 1936 fue inscrito el nombre de Belisario Domínguez en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.9

En este sentido, es sensato que con motivo de los festejos del bicentenario de la Independencia, hacer un esfuerzo de comprensión desapasionado y objetivo en torno a la figura del consumador de nuestra independencia, fundador del Estado Mexicano, del creador de nuestra bandera y de nuestro Ejército.

Es así que, con el propósito de hacer un reconocimiento al papel desarrollado por un importante personaje histórico, presentamos el siguiente proyecto de

Decreto

Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Agustín de Iturbide

Artículo Primero. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Agustín de Iturbide.

Artículo Segundo. Celébrese una sesión solemne de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que se devele la inscripción a que alude el artículo anterior, e invítese a la misma a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se coordinarán para el establecimiento de la fecha en la que se realice la sesión solemne y la inscripción en letras de oro a que alude el artículo primero de este decreto, así como para las demás actividades que se requieran.

Notas:

1 Jaime del Arenal Un Iturbide para el nuevo siglo, en http://bicentenario.com.mx/?p=15965

2 Op. Cit.

3 http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/redipal/DIR-AL-08-08.pdf

4 Sesión del día 20 mayo de 1835 “Acuerdo en que se manda inscribir en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre ilustre de D. Agustín de Iturbide; y dispensados todos los trámites de reglamento, se puso á discusión dicho acuerdo que dice: Se inscribirá en un lugar distinguido del salón de la Cámara de representantes el nombre ilustre de D. Agustín de Iturbide. Después de una ligera discusión, hubo lugar a votar, y se aprobó”

5 Decreto Numero 1566 “mayo 20 de 1835. Ley- Que se inscriba en la cámara de representantes el nombre ilustre de D. Agustín de Iturbide. Se inscribirá en un lugar distinguido del salón de la cámara de representantes, el nombre ilustre de D. Agustín de Iturbide.”

6 Sesión del día 23 de septiembre de 1921. El diputado A Díaz Soto y Gama presenta iniciativa para quitar del Muro de Honor a Agustín de Iturbide y sustituirlo por Belisario Domínguez, en votación nominal se pregunta si se considera de urgente y obvia resolución y proceden a tomar la votación. Los diputados Alessio Robles y Ollivier se inconforman por el procedimiento se da el debate y es turnada a comisiones

7 Sesión del día 29 de septiembre de 1921. Es discutido y desechado el trámite de la Mesa recaído en el dictamen de la 1a. Comisión de Puntos Constitucionales para que en el recinto de la Cámara se substituya el nombre de Iturbide por el del extinto senador Belisario Domínguez. A discusión el anterior dictamen, se levanta la sesión por falta de “quórum”.

8 Sesión del día 4 de octubre de 1921. Continúa a discusión el dictamen de la 1a. Comisión de Puntos Constitucionales, para que en el recinto de la Cámara se substituya el nombre de Iturbide, por el del senador Belisario Domínguez. Se levanta la sesión.

9 Sesión del día 5 de octubre de 1921 Se amplía el debate acerca del dictamen de la 1a. comisión de Puntos Constitucionales, relativo a que se substituya el nombre de Agustín de Iturbide, por el del C. senador Belisario Domínguez. A votación el primer punto resolutivo. Se levanta la sesión por falta de quórum.

Sesión del día 7 de octubre de 1921 Se aprueba el primer punto resolutivo del dictamen de la Primera Comisión de Puntos Constitucionales, referente a que se substituya el nombre de Agustín de Iturbide por el del C. senador Belisario Domínguez. a discusión el segundo punto. Se levanta la sesión por falta de quórum.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los veintiún días del mes de septiembre de 2010.— Senador José Luis García Zalvidea (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Quienes suscriben, Rosalinda López Hernández y Tomás Torres Mercado, Senadores de la República en la LXI Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 113 y 177, en sus tarifas, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

A pesar de la grave situación económica que vivía nuestro país por la crisis financiera mundial que estalló en 2008 y cuyos efectos hoy siguen padeciendo millones de mexicanos, el gobierno federal optó en el año 2009 por proponer al Congreso de la Unión un paquete económico que nuevamente planteaba incrementos y creación de cargas tributarias a los contribuyentes cautivos, sin tomar en consideración los efectos recesivos que traerían consigo dichas medidas y dejando a salvo, como siempre, los privilegios fiscales de las grandes empresas y de las instituciones financieras.

Haciendo suyo el argumento del gobierno federal de que se pondría en riesgo la estabilidad económica del país si se rechazaban los nuevos gravámenes, la mayoría constituida por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) decidieron aprobar, casi en los términos propuestos, el paquete fiscal para el año 2010.

Fue así que a partir de enero del presente año, se empezaron aplicar nuevas cargas impositivas que consideradas en su conjunto han deteriorado el ya por sí disminuido poder adquisitivo de la gente, sin que por el momento veamos signos claros de la recuperación que en teoría traerían consigo las medidas tributarias.

Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar los anuncios que hoy se hacen desde el gobierno federal de supuestos incrementos en las plazas laborales que contrastan con las cifras que configuran aspectos como el creciente número de personas que han nutrido la economía informal, de personas subocupadas, que no reciben prestaciones de salud o que perciben ingresos inferiores a los dos salarios mínimos.

Se dice, por ejemplo, que de enero a agosto se han generado 634 mil nuevos empleos, pero se omite señalar que sólo en el 2009 el sector informal de la economía ocupó a 938 mil personas adicionales a lo contabilizado en 2008, por lo que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 12.6 millones de mexicanos se encuentra en esta situación, lo cual confirma que la economía informal ocupa más personas que todas las registradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con empleo formal permanente (12.3 millones de personas).

De igual manera, la dimensión de la desocupación es otra realidad que no coincide con la versión oficial de los supuestos avances en materia de empleo, toda vez que los 816 mil trabajadores adicionales que durante 2009 cayeron en esta situación hicieron que la cifra total sea de casi 3.9 millones de mexicanos en tal condición.

También desmienten al gobierno federal las cifras que dan cuenta de un incremento en la precariedad del ingreso laboral, ya que, de acuerdo con el INEGI, 2.2 millones de personas se agregaron a quienes ganan menos de dos salarios mínimos, con lo cual algunos especialistas estiman que cerca de 16 millones de mexicanos no tienen ingresos suficientes para garantizar que sus familiar superen la pobreza.

En suma, en 2009 perdimos nuevamente la oportunidad de aprobar un paquete hacendario que eliminara la consolidación fiscal, los regímenes de excepción, y que incluyera medidas efectivas para evitar la evasión y la elusión fiscal. En su lugar, el Congreso de la Unión incrementó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 16, aunque en este caso ya hay algunos que se arrepienten, lo que indica que su posición no era tan responsable y congruente como argumentaban. De igual forma, se llevó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 30 por ciento, se incrementó la tasa del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) del 2 al 3 por ciento y se redujo el umbral exento para el pago de dicho impuesto, y se gravó con el 3 por ciento a las telecomunicaciones.

Se constituyó una mayoría parlamentaria para incrementar impuestos pero no para avanzar en una de las direcciones que insistentemente ha sido planteada como indispensable para liberar recursos que pudieran ser invertidos en obras de infraestructura, proyectos productivos y programas dirigidos al abatimiento efectivo de la pobreza. La reducción en el gasto operativo del gobierno parece no ser prioritario para las principales fuerzas políticas de este país.

Es una realidad que necesitamos fortalecer los ingresos públicos y despetrolizar las finanzas del país, pero a la par debemos trabajar en la construcción de nuevos mecanismos que nos permitan medir y evaluar el desempeño del ejercicio presupuestal en los tres niveles de gobierno, con el objeto de recuperar el potencial de los multimillonarios recursos que se destinan año con año para financiar el gasto público.

El fortalecimiento de las finanzas del país pasa también por el combate frontal a la corrupción, el adelgazamiento del aparato burocrático bajo los principios de máxima austeridad y racionalidad presupuestaria, por una mayor eficiencia recaudatoria de la autoridad hacendaria y, por supuesto, por la supresión de los regímenes especiales.

En cuanto al esquema tributario debiéramos garantizar que toda la legislación en esta materia se apegue al espíritu del artículo 31 constitucional que obliga a todos los mexicanos sí a contribuir para los gastos públicos pero de manera proporcional y equitativa.

Con la presente iniciativa, que pretende reformar dos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se hace evidente que la premisa de que debe pagar más quien más gane está muy lejos de cumplirse en el marco legal de nuestro régimen tributario.

A través de esta iniciativa estamos planteando corregir la falta de proporcionalidad y equidad que prevalece en el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se aplica a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.

La importancia de este graven radica en su aportación al total de los ingresos tributaros no petroleros, toda vez que sólo en 2008 del total de los ingresos generados por concepto de ISR, el 41 por ciento provino de los ingresos percibidos por las personas físicas que tributan bajo el régimen de salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado.

Esta iniciativa que hoy nuevamente ponemos a su consideración con algunas modificaciones, la presentamos en septiembre de 2009 con el objeto de contribuir a la discusión que se generó por la propuesta del Poder Ejecutivo de incrementar transitoriamente de 28 a 30 por ciento la tasa del ISR.

Cabe señalar que en diciembre de 2009, se aprobaron reformas que establecieron en la Ley del Impuesto Sobre la Renta disposiciones de vigencia temporal, del 2010 al 2012, que incrementó el porcentaje aplicable al excedente del límite inferior de la tabla de los tres últimos niveles, para establecer el máximo en 30 por ciento. Según el transitorio de la reforma, a partir del año 2014 el gravamen máximo de ISR regresará al 28 por ciento original.

En virtud de que en 2009 no fue atendida la preocupación que motiva la presente iniciativa, hemos decidido presentarla nuevamente porque consideramos que como en aquélla ocasión, hoy es un buen momento para abrir la discusión sobre la posibilidad de hacer más equitativa y proporcional la contribución que resulta de la aplicación de las diferentes tasas del ISR.

En el artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se establece la siguiente tabla con la tarifa que deberán pagar de ISR las personas que se encuentren en el supuesto laboral arriba descrito, según los ingresos obtenidos.

Desde 1993 persiste en la Ley del Impuesto Sobre la Renta un mecanismo de redistribución de los ingresos que es financiado por el patrón y cuya instrumentación no le genera al gobierno federal costos adicionales. Primero como crédito al salario y a partir de 2008 como subsidio al empleo, las personas con menores ingresos reciben un subsidio que les ayuda a cubrir el monto del ISR aplicado e incluso a obtener un beneficio adicional.

Dicha disposición actualmente se encuentra establecida en el artículo octavo transitorio de la reforma fiscal del año 2007 y si bien hace posible que los trabajadores que ganan hasta 4 mil 767.60 no paguen el ISR causado, el subsidio al empleo restante resulta poco efectivo para avanzar en la necesaria redistribución de los ingresos del país, sobre todo en los actuales tiempos de crisis en que se requiere promover el consumo y la inversión.

Por lo anterior, estamos proponiendo modificar los rangos de ingresos de la tarifa del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de que el criterio utilizado para establecerlos tome en cuenta la distribución de los hogares por deciles que es la metodología utilizada por el INEGI para agrupar los diferentes niveles de ingresos en el país.

En este sentido, en el primer nivel de la tarifa estarían agrupadas las personas con ingresos de hasta tres salarios mínimos mensuales, es decir, colocaríamos en el primer intervalo a los hogares que componen los tres primeros deciles con los menores ingresos.

Lo anterior, resultaría en un mayor beneficio para aquellas familias que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008, ocupan en promedio el 60 por ciento de sus ingresos para el pago de alimentos y transporte. La propuesta no sólo permitiría incrementar las percepciones de este sector de la población al recibir un monto mayor de subsidio al empleo, sino que además fomentaría el consumo redundando en mayores ingresos fiscales.

Debido a esta modificación los siguientes intervalos sufrirían ajustes pero siempre garantizando la progresividad en la aplicación del impuesto.

Si bien en los primeros tres niveles de ingresos de la tarifa vigente se busca no dañar tanto a quienes ganan hasta 7 mil 399.42 pesos, aplicándoles una tasa marginal máxima del 10.88 por ciento, en el último nivel de ingresos el porcentaje aplicable a los excedentes de quienes tengan ingresos superiores a 32 mil 736.84 pesos, es del 28 por ciento, esto es, se trata igual a personas físicas que tributan bajo este mismo régimen aunque el nivel de ingresos sea diametralmente desigual.

Para probar esta afirmación basta señalar que una persona con un sueldo de 40 mil pesos debe destinar al pago de ISR el 20 por ciento de este ingreso, mientras que una persona con un sueldo de 240 mil pesos mensuales ocupa para el pago del ISR el 27 por ciento, es decir, aun cuando la base sea mayor, el porcentaje impositivo aplicado carece de proporcionalidad, lo cual se hace más evidente en el caso de aquellas personas con sueldos superiores a los 680 mil pesos mensuales, en cuyos casos sólo se destina el 28 por ciento para el pago del impuesto en cuestión.

En este sentido, la presente iniciativa propone también dar un trato diferenciado a quienes se encuentren en los supuestos del último nivel de la tabla tarifaria, incorporando dos niveles más de ingresos sobre los que se deberán aplicar tasas del 29 y 30 por ciento respectivamente, lo cual además redundará en una mayor recaudación.

El siguiente cuadro ejemplifica el impacto que tendrían las modificaciones propuestas en los diferentes niveles de ingreso:

Debido a que el artículo 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta contiene los valores de la tarifa en comento en forma anualizada, resulta necesario realizar la modificación correspondiente.

Asimismo, se propone un esquema de aplicación gradual del ajuste que experimentarán los últimos dos niveles de ingreso de la tabla.

En la presente iniciativa coexiste una motivación que trasciende la propuesta misma y es provocar la revisión y modificación de los injustos y en ocasiones absurdos criterios que se utilizan para determinar la participación de los diferentes sectores de la sociedad en la constitución del gasto público, que como se vio, no responden a la realidad económica del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 113 y 177, en sus tarifas, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con el siguiente

Decreto

Artículo Primero. Se reforman los artículos 113 y 177, en sus tarifas, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 113.

Artículo 177. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Durante el ejercicio fiscal de 2011 se estará a lo siguiente:

a) Para los efectos del artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

b) Para los efectos del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se calculará el impuesto correspondiente conforme a las disposiciones contenidas en dicho precepto, aplicando la siguiente:

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 21 de septiembre de 2010.— Senadores: Rosalinda López Hernández (rúbrica), Tomás Torres Mercado.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Marco Humberto Aguilar Coronado, Jorge Andrés Ocejo Moreno, Ángel Alonso Díaz-Caneja, María del Rosario Leticia Jasso Valencia, Melquíades Morales Flores y Rafael Ochoa Guzmán, presentaron propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 recursos suficientes para los proyectos prioritarios del próximo Ejecutivo local del estado de Puebla.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2010. — Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, Marco Humberto Aguilar Coronado, Jorge Andrés Ocejo Moreno, Ángel Alonso Díaz Caneja, María del Rosario Leticia Jasso Valencia, Melquiades Morales Flores, y Rafael Ochoa Guzmán, Senadores de la República, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se asignen recursos suficientes a los proyectos prioritarios del próximo Ejecutivo del estado de Puebla, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de Puebla estamos viviendo un proceso de transición con características peculiares en comparación con otras que se han vivido en nuestro país.

Como todos ustedes saben, a raíz de la reforma constitucional en materia electoral del 2007 se logró el objetivo de homologar las fechas de las elecciones estatales para el primer domingo de julio del año que correspondiera a cada una de ellas. Por ello, el inciso a) de la fracción IV del artículo 116 de nuestra Carta Magna establece la obligatoriedad para que las Constituciones y leyes de los estados garanticen que las jornadas comiciales para elegir gobernador, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos, se celebren, precisamente, el primer domingo de julio del año que corresponda.

El artículo sexto transitorio del decreto que reforma, entre otros, la fracción IV del artículo constitucional referido, estableció que las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberían adecuar su legislación a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del propio decreto para generar las condiciones que garanticen que la jornada electoral correspondiente tuviera verificativo, precisamente, en la fecha en que lo ordenaba la Constitución general de la república.

Puebla debía celebrar elecciones para renovar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los integrantes de los ayuntamientos en este año de 2010. Para todos, sociedad, gobierno, actores políticos y medios de comunicación, era perfectamente claro que ese proceso debía celebrar su jornada el primer domingo de julio; sin embargo, la Legislatura local aprobó un decreto de reformas constitucionales que prorrogaba la entrada en vigor de esa disposición hasta las elecciones que se celebrarán en el año de 2013.

El gobernador del estado publicó el decreto de reformas constitucionales para adecuarse a la nueva disposición de la Carta Magna el día 13 de abril de 2009, los partidos políticos de oposición cuestionaron la validez de la disposición transitoria mediante la que se pretendía incumplir con el Pacto Federal y, evidentemente, la incertidumbre política se instaló en el territorio poblano afectando todos los procesos de planeación electoral y de preparación de programas de gobierno que los aspirantes a cargos de elección popular hubieran pretendido realizar.

Diversos partidos políticos de oposición acudieron, en la vía de acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar la invalidez de las determinaciones de la Legislatura local. Tales procesos se acumularon en la causa identificada con el número 42/2009 que fue instruido por la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Finalmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo tercero transitorio del decreto en cuestión el día 13 de julio de 2009.

Con ello se restableció el orden institucional del estado de Puebla pero, como expondremos a continuación, por los acontecimientos que siguieron, esas decisiones políticas y jurídicas significaron que Puebla y los poblanos perdieran por lo menos ocho meses inmersos en la indefinición política en perjuicio del desarrollo del estado.

Los acontecimientos que siguieron demuestran esta afirmación. Es de suponerse que un candidato ganador emanado de la misma fuerza política del actual gobernador habría tenido acceso a información de calidad para planear sus acciones de gobierno y, además, sería previsible que esas acciones apostaran por la continuidad de los proyectos en ejecución. Sin embargo, en Puebla resultó triunfador un candidato de la oposición.

Sin duda hay que felicitarnos porque la alternancia haya llegado a Puebla pero, en un ejercicio de responsabilidad política, tenernos que velar porque el voto de los poblanos que la hicieron posible no sea defraudado –riesgo que se corre durante el primer año de gobierno– imponiendo grilletes operativos a la nueva administración.

Un ingrediente más que caracteriza a esta transición de un modo tan peculiar es que, en virtud de la reforma constitucional de 2007 y de la resolución de la Corte en la acción de inconstitucionalidad comentada, el periodo de transición gubernamental es exageradamente largo. Rafael Moreno Valle será gobernador electo durante siete meses y durante todo ese tiempo carecerá de herramientas que le permitan soportar, tanto desde el punto de vista operativo, como del presupuestal, las acciones que darán rostro y sentido a su gobierno.

Es cierto que se han dado ya los primeros acercamientos entre el gobernador constitucional y el electo, pero también es cierto que, en el mejor de los casos, Rafael Moreno Valle corre el riesgo de participar en la transición como un mero espectador de definiciones de políticas públicas en las que no puede tener ninguna injerencia.

Creo, compañeras y compañeros Senadores, que no actuar para que las propuestas de campaña que hizo Rafael Moreno Valle puedan ser instrumentadas desde el inicio de su gestión significarían una traición a la voluntad popular de los poblanos.

Estoy convencido de que el gobernador electo debe estar en condiciones de, por lo menos, arrancar los proyectos que signifiquen sus principales prioridades y que requieran de plazos más largos de ejecución. Por ello, este punto de acuerdo tiene como propósito realizar una respetuosa solicitud a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011 se asignen recursos adicionales para ejecutar los siguientes proyectos prioritarios de la nueva administración:

Los poblanos merecen saber que sus representantes populares son sensibles a sus aspiraciones. En este caso, esos representantes escucharon la voz de Puebla -y el contenido de sus demandas- de una forma magnificada pues se expresó mediante la herramienta con la que con más contundencia se hace valer la voluntad popular, el voto, el voto mayoritario de los poblanos que quieren para su Estado la instrumentación de los programas y proyectos que ofertó Rafael Moreno Valle.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso .de la Unión para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se otorguen recursos suficientes a los proyectos prioritarios del futuro Ejecutivo  del estado de Puebla, mismos que fueron especificados en las consideraciones de este texto.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, el 5 de octubre de 2010. — Senadores: Marco Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), Ángel Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), María del Rosario Leticia Jasso Valencia (rúbrica), Melquiades Morales Flores (rúbrica), Rafael Ochoa Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Martha Leticia Sosa Govea, Jesús Dueñas Llerenas, Rogelio Rueda Sánchez y Carlos Sotelo García, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se amplíen los recursos destinados al proyecto de infraestructura del eje interestatal SayulaTapalpa-San Gabriel-Minatitlán, específicamente para el tramo 6-San Antonio-Agua Salada-La Loma, en el estado de Colima, en un monto adicional de 30 millones de pesos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— Secretarios de la Cámara de Senadores.— Presentes.

La senadora Martha Leticia Sosa Govea, en nombre Propio y de los senadores Jesús Dueñas Lleneras, Rogelio Rueda Sánchez y Carlos Sotelo García, Legisladores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a ampliar, en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2011, los recursos destinados para el proyecto de infraestructura del eje interestatal Sayula-Tapalpa-San Gabriel-Minatitlán, específicamente para el tramo 6 –San Antonio-Agua Salada-La Loma–, en el estado de Colima, en un monto adicional de 30 millones de pesos.

Considerandos

El desarrollo de las vías de comunicación, permite a las naciones acotar distancias, fortalecer su sistema económico, además de sustentar el éxito en las relaciones sociales, que conducen a su vez, a la obtención de los bienes públicos temporales. En este sentido, la infraestructura carretera con que cuenta nuestro país, ha permitido acercar a la mayor parte de nuestras poblaciones, conduciéndolas por el sendero de un mayor desarrollo económico y un contacto integral interterritorial.

Impulsada con mayor vigor por parte del gobierno federal a partir del último cuarto del siglo XX, la construcción, ampliación y mantenimiento de las carreteras mexicanas, a la fecha, se mantiene favorablemente en pujante desarrollo, destinando para tales obras, cantidades importantes dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, en la aplicación del Programa Nacional de Infraestructura contenido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Gracias a este compromiso asumido por el gobierno federal y apoyado en sobremanera por el Poder Legislativo, el auge de las actividades comerciales suscitado con el incremento de productos y servicios destinados a más amplios sectores estamentales de la población, el surgimiento y acercamiento de las comunidades más alejadas del país de los centros educativos, hospitalarios y de cuidado a la salud, así como de impartición de justicia, entre muchos otros, han transformado positivamente el entorno de todos los mexicanos.

Por otra parte, no debemos desestimar las ventajas que el incremento de esta infraestructura trae a la industria, que consigue a menores costos la distribución y comercialización de mayores volúmenes de mercancías manufacturadas, lo que su vez genera utilidades, que permiten la reinversión y con ello la creación de empleos rentables a lo largo del territorio nacional. Asimismo, el sector turístico, se ve ampliamente favorecido, al hacer accesibles nuevos destinos de nuestro país, tanto a los visitantes nacionales como extranjeros, situación que se refleja en una derrama económica que privilegia el progreso de muchas comunidades anteriormente marginadas.

En este sentido, es de vital importancia para la región centro-occidente de nuestro país, la construcción del Eje Interestatal Sayula-Tapalpa-San Gabriel-Minatitlán, ubicado en los estados de Colima y Jalisco y que es conocido coloquialmente como El Llano en Llamas, evocando la loable obra costumbrista titulada de esa forma, del destacado escritor Juan Rulfo.

La obra en su conjunto, tiene una longitud total de 128.4 kilómetros, cuyo costo ha sido proyectado conforme a las especificaciones técnicas de camino tipo “C”, en un total de 471.9 millones de pesos.

Para su ejecución, la obra ha sido dividida en seis tramos, de los cuales únicamente el tercero ha sido concluido satisfactoriamente. Los cinco primeros, localizados entre las poblaciones de Sayula, Jalisco, y La Loma, esta última localidad ubicada en el límite de Jalisco y Colima, han mantenido un proceso de avance adecuado, dado que el presupuesto destinado ha sido encausado sin grandes inconvenientes. No obstante, el sexto y último tramo, ubicado dentro del estado de Colima y que une las poblaciones de San Antonio, Agua Salada y La Loma, ubicadas en el municipio de Minatitlán, Colima, tiene recursos limitados para su construcción. Este tramo de 14 kilómetros y con un costo estimado de 50 millones de pesos, presenta circunstancias que demandan un incremento en la asignación autorizada, toda vez que las características geográficas de la zona lo encarecen, por requerir obras de drenaje que requiere de lazos y bóvedas para el paso del agua y la construcción de un puente en la comunidad de la Loma, como se demuestra en la relación de “volumetrías de las obras de drenaje” y la relación de “volumetrías terracerías y pavimento”, que junto con fotografías alusivas se agregan como anexos al presente.

La multicitada obra fue comenzada en el presente año, con un costo proyectado de 20 millones de pesos, para lograr la meta de 5.3 kilómetros; sin embargo, la asignación original fue modificada a 27.0 millones de pesos en el Presupuesto del año en curso, como se demuestra en la ficha técnica de la obra que se agrega como anexo “A” y también cabe mencionar, que se consideró para el presupuesto del año 2011, una asignación que era el saldo del monto originalmente estimado. Sin embargo aún para el ejercicio 2011, la justificación técnica de la obra demanda un incremento adicional de 30 millones de pesos para concluir satisfactoriamente los trabajos del tramo 6 del proyecto mencionado.

Es por ello, que se solicita el incremento de la inversión, que de ser aprobada en el Presupuesto de Egresos del año 2011 será directamente proporcional al necesario desarrollo y crecimiento que la región obtendrá, gracias al fortalecimiento y empuje que esta importante vía de comunicación dará a las actividades económicas llevadas a cabo en el estado de Colima, especialmente a aquellas de carácter comercial, industrial, agrícola y turístico. Y de no obtenerse el incremento propuesto, significará no sólo el inminente retraso por tiempo indefinido de la obra, sino que conducirá a la alteración y menoscabo de la economía y desarrollo social de los colimenses avecinados en esta zona así como la afectación al proyecto interestatal con Jalisco.

En razón de lo expresado, es menester solicitar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, proceda a estudiar, analizar y aprobar dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, la ampliación de los recursos destinados a la obra, correspondientes a 30 millones de pesos, para concluir este tramo sexto del proyecto carretero conforme a lo antes expresado.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a ampliar, en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2011, los recursos destinados para el proyecto de infraestructura del eje interestatal Sayula-Tapalpa-San Gabriel-Minatitlán, específicamente para el tramo 6 –San Antonio-Agua Salada-La Loma–, en el estado de Colima, en un monto adicional de 30 millones de pesos.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 5 de octubre de 2010.— Senadores: Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Jesús Dueñas Lleneras, Rogelio Rueda Sánchez y Carlos Sotelo García.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Rubén Camarilla Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se destinen los recursos presupuestales necesarios para la ampliación y conclusión del proyecto ampliación de la carretera Aguascalientes-Loreto y el libramiento Villa Juárez, del municipio de Asientos, Aguascalientes.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica).»

«Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

El que suscribe, senador Rubén Camarillo Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de Unión a efecto de que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen los recursos presupuestales necesarios para la ampliación y conclusión del proyecto ampliación de la carretera Aguascalientes-Loreto y el libramiento Villa Juárez, del municipio de Asientos, Aguascalientes.

Consideraciones

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes clasifica el territorio nacional en cinco macrorregiones, donde se tienen considerados la ejecución de diversos proyectos carreteros; el estado de Aguascalientes es situado dentro de la macrroregión centro occidente. Con la finalidad de impulsar el desarrollo socioeconómico entre los estados circundantes de esta región, se tiene considerado el desarrollo de redes carreteras, comprendiendo la construcción, ampliación, reconstrucción y autotransporte.

De acuerdo con el gobierno de Aguascalientes de la red carretera actualmente desarrollada la más importante es la carretera norte-sur, ya que conecta la ciudad de Aguascalientes con Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro y Distrito Federal. Debido a las actividades relacionadas con la industria y el comercio, se desarrolla un gran flujo de pasajeros y carga, a través de la red establecida se transportan una gran diversidad de productos agrícolas e industriales, ente otros.

De esta manera, es indispensable la ampliación y mejoramiento de las vías generales de comunicación, a fin de aportar de manera significativa en el desarrollo económico y urbano de la región. Con la realización de los proyectos carreteros se pretende facilitar el acceso a las comunidades y demás localidades de los estados circundantes, agilizar el tránsito, reducir los accidentes carreteros, garantizar tramos carreteros más cómodos, seguros y rápidos.

En este sentido, actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Aguascalientes tiene a su disposición los proyectos ejecutivos de dos obras: carretera Ribier-San Marcos y libramiento Villa Juárez, municipio de Asientos. Ambos integran el proyecto de ampliación de la carretera Aguascalientes-Loreto y el Libramiento Villa Juárez, del municipio de Asientos; parte integral del mismo proyecto de ampliación de la carretera antes mencionada.

Los proyectos en mención se asume tendrían un costo aproximado de

• Carretera Ribier San Marcos con un costo de 195 millones de pesos.

• Libramiento Villa Juárez, municipio de Asientos, con un costo de 25 millones de pesos.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes resaltó que para 2011 se tienen clasificadas como prioritarias las obras de construcción de tres libramientos carreteros, los cuales estarían situados en la zona norte del municipio de Calvillo, en la comunidad de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Asientos, y en la comunidad de José María Morelos o Cañada Honda.

Entre las obras carreteras más importantes que se tiene previsto construir el próximo año, destaca la modernización y ampliación a 12 metros de corona de la carretera federal Ribier-San Marcos, la creación de un paso a desnivel y la construcción del entronque en la carretera federal 25, la modernización y ampliación de la carretera Calvillo-Límite, de los estados de Aguascalientes y Zacatecas, y la construcción y modernización de la carretera federal 70 oriente Ojuelos-Aguascalientes.

Es por ello, que resulta indispensable asignar los recursos económicos suficientes para la realización de dichos proyectos, por lo que respetuosamente solicitamos a la honorable Cámara de Diputados que analice y garantice los recursos para la realización de éstos, con la finalidad de que nuestro país cuente con redes carreteras seguras, ágiles y modernas que redunden en el beneficio de la población.

Por lo expuesto y fundado, se presenta a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de Unión a efecto de que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen los recursos presupuestales necesarios para la ampliación y conclusión del proyecto ampliación de la carretera Aguascalientes-Loreto y el libramiento Villa Juárez, del municipio de Asientos, Aguascalientes.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Senador Rubén Camarillo Ortega (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita se destine un mayor presupuesto al gasto de salud.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se destine un mayor presupuesto al gasto de salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente y debido a una mayor cultura sobre la salud, México ha experimentado profundos y esenciales cambios sobre la protección física de los ciudadanos, el Congreso además ha impulsado nuevos avances tecnológicos y científicos para proporcionar las herramientas necesarias a los tratamientos, con el fin de mejorar nuestra calidad de vida.

La salud es un derecho humano universalmente reconocido y necesario para asegurar el estado de completo bienestar físico, mental y social. Por ello, la protección a la salud debe siempre de ser un punto esencial y privilegiado, con el único fin de garantizar el acceso a los servicios, una mejor equidad, atención y eficiencia.

Esta ha sido una labor constante del gobierno mexicano, que se ha concentrado en esta noble labor, sirviendo con mayor atención al 54 por ciento de la población que se encuentra en situación de pobreza y dispersa en áreas y en poblados demasiado alejados. Además se ha impulsado permanentemente la participación activa de profesionales e instituciones, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, así como investigadores y organizaciones comunitarias.

Esta participación voluntaria de la población en salud, resulta fundamental para la ejecución de tareas simples o complejas, tales como la planificación, el control y la administración de programas de salud, así como para lograr el éxito de estos programas.

Desde esta perspectiva la dimensión política ha profundizado en temas sociales como las reformas de la seguridad social y de los sistemas de salud. En los últimos veinte años por ejemplo, se han producido numerosos esfuerzos dirigidos a introducir cambios en la organización y el financiamiento.

También se ha impulsado un mayor nivel de información objetiva, pero sobre todo completa respecto de la naturaleza de los nuevos y conocidos productos. En cualquier área ahora es sumamente importante que la ciudadanía se familiarice y conozca mejor todo lo que le incumbe o afecta.

En materia de salud, esta información no solo es básica sino indispensable tanto para quienes proporcionan el servicio, prevenido futuros errores, como para la sociedad al recibir información clara sobre las condiciones de su enfermedad y así permitirse recibir, continuar o solicitar cambios de tratamientos curativos y en algunos meses, el derecho a solicitar tratamientos paliativos.

Actualmente estamos ante nuevos avances significativos que comienzan a desarrollarse, los avances tecnológicos, científicos y médicos en materia de trasplantes por ejemplo, constituyen el logro terapéutico más importante que haya surgido en los últimos 50 años y además del que orgullosamente México ha formado parte diariamente desde hace más de tres décadas.

En los últimos años, nuestro país se ha caracterizado por reforzar y acrecentar una cultura de trasplante de órganos y donación por medio de foros, conferencias y movimientos a favor de éste altruismo, por lo cual las cifras de donantes y receptores se han elevado, beneficiando con una mayor esperanza de vida a personas que habían agotado todos sus recursos médicos.

Ante estas situaciones es necesario implementar medidas que posibiliten a nuevas generaciones incrementar los niveles de trasplantes y consolidar una conducta de solidaridad y responsabilidad social, pues la solución necesariamente involucrará la participación de cada uno de los miembros de la sociedad.

También nos sentimos orgullosos de aprobar una ley sobre cuidados paliativos. A la fecha y pese a los avances científicos en materia de manejo del dolor, no se contaban con mecanismos jurídicos que reconozcan el derecho de los enfermos terminales para optar por tratamientos paliativos, lo que ocasionaba el ensañamiento terapéutico al pretender combatir una enfermedad que a todas luces no responde a tratamiento curativo alguno. Con la aprobación del presente decreto, se subsana esta laguna.

En el campo de la ciencia, el desarrollo de la medicina genómica constituye un aspecto estratégico para México. Esta disciplina ofrece grandes beneficios para el cuidado de la salud identificando los riesgos a desarrollar enfermedades comunes antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Con base en lo anterior, se pueden identificar a los miembros de la población cuya secuencia de ADN los vuelve vulnerables a contraer enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo II, el asma, el infarto agudo del miocardio y algunas enfermedades infecciosas, entre otras.

Asimismo, se acaba de aprobar actualmente una reforma sobre medicamentos biotecnológicos. En México se compraron cientos de millones de pesos de medicamentos biotecnológicos en las primeras licitaciones de 2007, la mayoría a laboratorios transnacionales. La participación de medicamentos biogenéricos o biosimilares que tienen un costo menor hasta de 30 por ciento será sin duda el tema urgente del Poder Legislativo.

Sin embargo mi partido ha decidido que pese a los avances antes mencionados, todavía está presente una carencia fundamental en las reformas sobre salud, puesto que han tenido un lugar poco destacado en la agenda y solamente han merecido un manejo instrumental en lugar de eje fundamental en el desarrollo individual y social.

La sociedad aún no se encuentra satisfecha con los sistemas de salud, principalmente, una de las mayores preocupaciones se refiere al acceso y costo de la atención. La pobreza y la marginación aún registra falta de recursos para la prevención y por lo tanto se incrementa el riesgo de contagio. Como consecuencia de ello, México presenta 8 mil 500 nuevos casos y 4 mil 653 defunciones por el virus del VIH.

En este sentido, México continúa teniendo retos importantes y dificultades para poder transitar de un sistema de atención de la enfermedad a otro basado en la medicina preventiva. Creo que hay un gran camino que recorrer para responder a la gran responsabilidad en el combate a epidemias, obesidad, atención primaria e investigación científica.

Debemos comprometernos no sólo en nuestro país, sino internacionalmente para redoblar esfuerzos en la prevención y asistencia médica de esta grave enfermedad y de otros problemas que acogen a todas las sociedades. En este mismo sentido, es labor fundamental de nuestro Congreso, mejorar las leyes con el fin de salvaguardar la protección de la salud.

Para lograr lo anterior, es necesario crear un eje estructural que coordine las características que concurren en la situación de enfermedades, es decir, debemos alejarnos de la concepción inequitativa y establecer nuevas reglas y presupuestos que permitan al enfermo contar con los instrumentos necesarios que le repongan su salud.

Ese es el reto y la responsabilidad que tenemos que enfrentar, la atención demanda que en el marco de una economía que ha sido deteriorada, concibamos esta propuesta como un punto de partida, insistiendo solamente en la cooperación y buen financiamiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República solicita a la Cámara de Diputados que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, incluya una partida mayor en términos reales a lo aprobado el año pasado para el gasto de salud.

Cámara de Senadores, a 5 de octubre de 2010.— Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos por al menos mil 800 millones de pesos para el sector cafetalero del país.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 5 de octubre de 2010.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Proposición con punto de acuerdo, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 asignen recursos por al menos mil 800 millones de pesos para el sector cafetalero del país

El suscrito, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral I, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La producción de café en México es la segunda actividad agrícola más importante después del maíz. Las regiones cafetaleras son un ejemplo claro de cómo esta actividad genera importantes cantidades de divisas que permiten atender a más de 5 millones de productores, comercializadores e industriales y demás componentes de la cadena productiva del café. Aun así, los productores siguen siendo el eslabón más sensible de la cadena.

A lo largo del territorio nacional es cultivado en 4 mil 500 comunidades. Se calcula que 60 por ciento de los pequeños productores pertenece a alguna etnia indígena. Es producido sobre una superficie de 761 mil hectáreas en 12 estados de la República Mexicana, situados en la parte centro-sur del país. Esos estados son Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.

Para entidades federativas como Oaxaca, con alrededor de 173 mil 765 hectáreas de tierras cultivadas y poco más de 55 mil productores, el sector cafeticultor tiende a ocupar un lugar preponderante en la vida de las familias que dependen de esta actividad económica.

El café es la base económica de 3.2 millones de personas, por lo que la producción de café en el país constituye una de las actividades agrícolas más importantes. El padrón de productores realizado por el gobierno federal identifica a más de 500 mil productores, de los que 90 por ciento es pequeño, con extensiones de tierra menores de 5 hectáreas, y 30 por ciento corresponde a mujeres.

El sector productor de café tiene un gran potencial para mejorar los ingresos de las familias cafetaleras y de generar empleo; es uno de los sectores productivos que tiene un crecimiento importante.

En los últimos años, México ha disminuido su producción de café. Por ello, según cifras de la Universidad Autónoma Chapingo, el país se encuentra en el séptimo lugar mundial, después de llegar a ocupar el cuarto sitio por su amplia producción. Lo anterior hace urgente estimular y apoyar el sector cafetalero en México.

Por tal razón es necesario contar con un presupuesto público adecuado que fortalezca la cafeticultura nacional y permita aumentar la producción y la calidad, incrementar el consumo y fortalecer a las organizaciones de productores en sus esquemas de beneficio y comercialización directa.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 asigne recursos por al menos mil 800 millones de pesos para el sector cafetalero.

Salón de la Cámara de Senadores, a 5 de octubre de 2010.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entramos al capítulo de proposiciones y doy cuenta a la asamblea de que esta Presidencia recibió del Grupo Parlamentario del PAN proposición con punto de acuerdo para que el proyecto de  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 considere mayores recursos para la Universidad de Guadalajara.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la Universidad de Guadalajara, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía, consideren elevar los recursos destinados a la Universidad de Guadalajara dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es deber del Estado procurar a todos los miembros de la comunidad igual oportunidad de educación; asegurar, por lo menos, una enseñanza elemental para todos, y promover el mejoramiento cultural de la nación.

Debe el Estado respeto y estímulo a las instituciones de educación públicas o privadas. A las públicas, está obligado a proporcionar, con amplitud, los elementos económicos suficientes para cumplir su función que les está encomendada.

Es el caso de esta propuesta para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se considere elevar los recursos para una institución educativa con gran historia y con un gran impacto en el desarrollo educativo del país: la Universidad de Guadalajara.

Una universidad pública que a lo largo de los años se ha destacado por formar hombres y mujeres en las más diversas áreas del conocimiento y que ha cumplido de forma sobresaliente con sus metas ante la sociedad.

La Universidad de Guadalajara que hoy cuenta con una matrícula de 209,466 estudiantes de educación media superior y superior, la segunda más alta en todo el país, pero que enfrenta un grave problema: se encuentra en el lugar número 32 de entre las instituciones de educación superior, contando con un subsidio federal por alumno de 12,160 pesos, a diferencia de la UNAM que cuenta con un subsidio de 83 mil pesos por alumno, o la Universidad Autónoma Metropolitana que cuenta con 82 mil pesos por alumno como subsidio federal.

Cabe recalcar también que la Universidad de Guadalajara es de las universidades públicas a nivel estatal que reciben menor subsidio federal. Antes que ella, otras instituciones reciben más recursos por parte de la federación y cuentan con una menor matrícula estudiantil.

Dada esta situación, la Universidad de Guadalajara tiene un problema estructural de financiamiento que se ha acumulado durante varias décadas; la situación que hoy se vive no se trata de un asunto coyuntural entre el gobierno del estado y la Universidad, sino de una problemática de años atrás. Es por ello indispensable que la federación tome cartas en el asunto, de manera de poder igualar el subsidio a la media nacional, lo que representa elevar las participaciones federales del 43.7 por ciento actual, al 66 por ciento que es el promedio nacional.

Con ello, la Universidad de Guadalajara  podrá estar en capacidad de estabilizar su situación económica, y el Estado favorecer un ejercicio del gasto en materia de educación más equitativo respecto al conjunto de universidades públicas del país.

Pero no basta con solicitar un mayor presupuesto por parte de la federación para la Universidad de Guadalajara si dicha petición no va acompañada por el compromiso y la exigencia de transparentar el gasto de dichos recursos, ya sean los otorgados por la federación, por el estado de Jalisco o por las mismas aportaciones voluntarias que realiza la comunidad universitaria. Es indispensable que los recursos asignados sean gastados de manera eficaz y transparente, para que cualquier persona interesada en conocer el destino de los recursos tenga la oportunidad de constatar su eficiente manejo y los resultados de dichas aportaciones a favor de los estudiantes, de los maestros, de las condiciones de las aulas, y por supuesto, de la calidad educativa. Se requiere establecer un esquema vanguardista de transparencia y fiscalización de los recursos para evitar cualquier tipo de desvío en detrimento de las finanzas de la institución.

Sirva también esta respetuosa petición como aliciente para superar cualquier dificultad  o desavenencia pasajera entre las instituciones, y como instrumento para fortalecerlas. La Universidad de Guadalajara siempre ha sido y seguirá siendo una institución avocada a la formación de ciudadanos comprometidos con su patria. Es tiempo de respaldar su actividad e impulsar el cumplimiento de su destino social.

Por lo anterior se presenta el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía, consideren elevar el monto de los recursos destinados a la Universidad de Guadalajara dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, hasta alcanzar una proporción semejante a la de la media nacional.

Segundo.Se exhorta a las autoridades federales y estatales de fiscalización para que, en el ejercicio de sus atribuciones, apliquen los mecanismos que permitan auditar los recursos destinados a la Universidad de Guadalajara, con motivo de transparentar la ejecución de los nuevos recursos que se le asignen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre de 2010.— María Dolores del Río Sánchez, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Carlos Luis Meillón Johnston, Juan José Cuevas García, Jaime Oliva Ramírez, Alejandro Bahena Flores, Gumercindo Castellanos Flores, Alberto Esquer Gutiérrez, María Sandra Ugalde Basaldua, María Joann Novoa Mossberger, César Octavio Madrigal Díaz, Ana Elia Paredes Arciga.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna el primer resolutivo a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos y el segundo resolutivo a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

ATENCION PREVENTIVA EN INSTITUCIONES DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, recibimos proposición con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones de salud a que otorguen atención preventiva integrada a la salud en unidades de primero y segundo nivel, suscrito por diputados de diversos grupos parlamentarios.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de salud a proporcionar atención preventiva integrada a la salud en unidades de primero y segundo niveles, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Claudia Edith Anaya Mota, Ramón Jiménez Fuentes y José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Antonio Benítez Lucho, Marco Antonio García Ayala, Rosalina Mazari Espín y Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Julián Francisco Velázquez y Llorente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos 50 años se produjo en México un descenso muy importante de la mortalidad en todos los grupos de edad. El descenso se acompañó de un cambio igualmente significativo en las principales causas de discapacidad y muerte, las cuales también han tenido cambios. En la primera mitad del siglo XX, los problemas reproductivos y las enfermedades relacionadas con la desnutrición fueron las principales causas de muerte. Hoy, en el país predominan como causas de daño a la salud las enfermedades no transmisibles, algunas emergentes, como el dengue, y las lesiones producto de estilos de vida inadecuados adoptados por los mexicanos. Estos padecimientos son más difíciles de tratar y más costosos que las infecciones comunes.

Durante los últimos años se han registrado en el mundo importantes adelantos en materia de salud, y México no ha sido la excepción. Un ejemplo de ello en el país es la aplicación universal de vacunas que, con el agua potable, ha mostrado ser la medida más importante en la prevención de las enfermedades infecciosas. Otros ejemplos son la disminución de los índices de desnutrición y el aumento de la cobertura de los servicios públicos de salud.

Sin embargo, hay importantes desafíos por superar los problemas de salud, derivados principalmente de la transición demográfica y de la desigualdad económica. Las muertes por enfermedades no transmisibles, los padecimientos asociados a una larga vida -como la diabetes y la hipertensión-, y las lesiones por accidentes o violencia, representan hoy 85 por ciento de las muertes que se registran en México. Esos padecimientos son complejos, además de que representan gran carga social, y su tratamiento es costoso.

En México, el cuadro más frecuente de enfermedades contagiosas sigue siendo expresión de la falta de una cultura elemental de la salud en muchas comunidades. Los padecimientos transmisibles más frecuentes en el país son, en orden de importancia, infecciones respiratorias, diarrea, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.

Gran parte de las enfermedades y de los riesgos para la salud que más frecuentemente padecen los niños, los jóvenes, las mujeres y los adultos mayores pueden evitarse mediante acciones de prevención oportuna y adecuada a través de la atención preventiva integrada a la salud (APIS). Ésta es sólo una parte de la atención integral a la salud, ya que esta última se logra al incluir la atención preventiva con la curativa y la rehabilitación.

Para incrementar la efectividad de las políticas de prevención en salud, es necesario ordenar las acciones de promoción y protección de la salud en el sistema nacional de salud, mediante una estrategia coordinada por la Secretaría de Salud y con prioridades claramente establecidas. Esa estrategia debe incluir las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y no sólo a las correspondientes al orden federal.

La salud en México presenta un escenario de fuertes contrastes, ya que persisten niveles altos de mortalidad y morbilidad por causas que se pueden prevenir.

Tradicionalmente, las áreas de atención primaria a la salud y los servicios de medicina preventiva de las unidades de primero y segundo niveles se centraron en prevención de riesgos y daños específicos a través de múltiples programas preventivos. Sin duda, ello contribuyó a la prevención y al control de muy diversos padecimientos. El creciente número de programas preventivos ha contribuido a la fragmentación de los servicios de salud, al realizar las acciones preventivas en diferentes tiempos, por diferente tipo de personal, diferentes espacios o cubículos y, sobre todo, de diferentes maneras.

Un ejemplo exitoso es que a partir de 2002, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se implantaron los Programas Integrados de Salud (Prevenimss), estrategia de prestación de servicios que tiene como propósito general la provisión sistemática y ordenada de acciones relacionadas con promoción de la salud, protección, vigilancia de la nutrición, la detección y control de enfermedades, y la salud reproductiva.

Las anteriores acciones, ordenándolas en cinco grupos de edad: Programa de Salud del Niño Menor de 10 Años, Programa de Salud de el Adolescente de 10 a 19 Años, Programa de Salud de la Mujer de 20 a 59 Años, Programa de Salud del Hombre de 20 a 59 Años y Programa de Salud del Adulto Mayor de 59 Años y más".

El Prevenimss muestra lo efectivo que es por la disminución de los niveles de fecundidad, morbilidad y mortalidad materna, perinatal e infantil. Esto ha influido en la disminución de gastos netos del IMSS, al reducir el volumen y costo de los servicios que la dirección general del instituto en 2009 colocó, con un ahorro de 2 mil 400 millones de pesos, sin contar los ahorros indirectos en relación a efecto social.

Lo anterior, sin contar el dolor que se evita a las personas al prevenir y tratar correctamente los padecimientos con dicha estrategia, así como la calidad de vida que se da a los que llevan un tipo de plan preventivo como éste y de mejorar la salud de la población.

Para alcanzar el propósito de una verdadera prevención es indispensable avanzar de la "atención en banda", definida como la fragmentación y burocratización de la prestación de los servicios, a la APIS, que consiste en realizar todas las acciones de promoción y protección de la salud de acuerdo con la edad y los factores de riesgo de las personas en una sola consulta, realizadas por una misma enfermera y en el mismo consultorio o módulo.

Para ello se tienen que realizar acciones preventivas en cada programa de salud de acuerdo con el grupo de edad de las personas, como son Programa de Salud del Niño, Programa de Salud del Adolescente, Programa de Salud de la Mujer, Programa de Salud del Hombre y Programa de Salud del Adulto Mayor; donde cada programa incluya la promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades y salud reproductiva, este último no presente en el Programa del Niño.

También es necesario tener un espacio acondicionado en las áreas de atención primaria a la salud en las unidades de primero y segundo niveles que tengan lo necesario para realizar las acciones preventivas mencionadas. Igualmente, debe contar con el personal necesario mínimo indispensable para realizar dichas acciones por grupo de edad y que pueda llevar un registro informático personalizado de los atendidos.

Históricamente, las enfermeras han sido la base del éxito de muy diversos programas de salud, dada la formación académica y de servicio que han recibido, gracias a lo cual tienen el perfil idóneo para llevar a cabo la APIS. Por eso sería efectivo que tuvieran dicha encomienda en los servicios de atención primaria a la salud (medicina preventiva).

La APIS requiere no sólo el personal que ofrezca los servicios sino, también, la participación de todo el personal de las unidades médicas y especialmente de los médicos familiares, quienes deben vigilar su cumplimiento en la población bajo su cuidado.

Para alcanzar el propósito de la APIS es necesario que cada institución de salud realice las modificaciones pertinentes en sus servicios de atención primaria de la salud (medicina preventiva). En caso de que ya otorguen acciones preventivas "en banda", es necesario transitar a la sistematización en la prestación de los servicios preventivos a para adecuarse a la APIS.

La APIS permite reducir el número de consultas para el cumplimiento de los programas de salud preventivos, pues evita oportunidades perdidas (un ejemplo es ofrecer las acciones preventivas a la madre que lleva a vacunar a su hijo), reduce los tiempos de espera y ayuda a organizar la prestación de los servicios médicos.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina a realizar los cambios necesarios para que se implante la atención preventiva integrada a la salud de forma efectiva en las áreas de atención primaria de la salud (medicina preventiva) de las unidades de primero y segundo niveles.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputados: Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud.

SECRETARIA DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD, recibimos proposición para que, a través de la Secretaría de Salud, las instituciones del ramo realicen acciones para que se logre la universalidad de los servicios de salud en México, suscrita por los diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que, por la Secretaría de Salud, las instituciones del ramo realicen acciones que logren la universalidad de los servicios de salud en México, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Claudia Edith Anaya Mota, Ramón Jiménez Fuentes, José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD; Antonio Benítez Lucho, Marco Antonio García Ayala, Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del PRI; Julián Francisco Velázquez y Llorente, del Grupo Parlamentario del PAN; y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del PVEM, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La salud es un derecho humano, reconocido por nuestra Constitución Política en el Capítulo de Garantías Individuales, artículo cuarto, que preceptúa: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, sin embargo, la inequidad en el acceso a los servicios de salud impacta directamente en la salud de la población mexicana.

Normalmente se ha entendido por universalidad de los servicios de salud a un sistema de salud pública que atienda a todo el que lo necesite, independientemente de su estatus social o económico. Sin embargo dicha definición es insuficiente.

El acceso universal a la salud es un derecho humano y consiste en que todos los hombres y mujeres, independientemente de su edad, condición social, económica, étnica, de salud y preferencias políticas o religiosas, tienen derecho al nivel más alto posible de salud física y mental. En otras palabras, el adjetivo “universal” implica, que la población en su conjunto debe tener acceso a las mismas condiciones y oportunidades que mejoran o preservan el grado máximo de salud, entendida ésta de manera integral.

La idea de universalidad debe contener en la nueva normatividad los esquemas de financiamiento que permitan la atención de la o el paciente y su seguimiento en cualquier institución pública o privada, logrando la convergencia y la portabilidad con el respaldo del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

Desde el gobierno federal y los grupos de estudio de las universidades e institutos de investigación se ha buscado avanzar para hacer real el acceso universal de la salud a todas las mexicanas y todos los mexicanos, pues es obligación del Estado mexicano garantizar el derecho a la salud, es decir que las personas por el simple hecho de vivir en México puedan acceder a los servicios de salud.

La Secretaria de Salud, los servicios de salud en las entidades federativas y el Distrito Federal, y las Instituciones de Seguridad Social, han realizado diversas estrategias que sirven como base para que exista la universalidad de los servicios de salud; sin embargo no las han hecho buscando ese objetivo.

Los cambios necesarios para lograr la Universalidad del derecho a la salud son muchos, pero se pueden englobar en cinco grandes vertientes, que son: cobertura total, portabilidad, convergencia, atención preventiva integrada a la salud y la integración funcional.

Dado que el acceso universal a la salud se caracteriza como un derecho humano. El acceso equitativo implica emprender acciones que prioricen la atención a los grupos vulnerables en salud como mujeres, indígenas, niños, adultos mayores y personas sin seguridad social, como una forma de crear un contexto mínimo de equidad social. Es necesario mantener el acceso de la población con mayores carencias a los servicios públicos de salud promoviendo su incorporación al Seguro Popular, a los programas para no asegurados de que disponen la Secretaría de Salud u otros servicios de salud que otorgue la federación o las entidades federativas. El Seguro Popular ha dado un gran paso adelante para que exista esa cobertura total en la atención médica.

La Atención Preventiva Integrada en Salud consiste en rea-lizar todas las acciones de promoción y protección de la salud de acuerdo con la edad y factores de riesgo de las personas en una sola consulta, realizadas por una misma persona en un mismo consultorio. Para ello se tiene que realizar acciones preventivas en cada programa de salud de acuerdo al grupo de edad de las personas como son: Programa de Salud del Niño, Programa de Salud del Adolescente, Programa de Salud de la Mujer, Programa de Salud del Hombre y Programa de Salud del Adulto Mayor; donde cada programa incluya la promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades y salud reproductiva, este último no presente en el Programa del Niño.

La importancia de la portabilidad radica en contar con expediente clínico efectivo, un padrón universal, un medio de identificación y un sistema de intercambio de servicios (cuotas, tarifas e insumos). Un componente esencial es la existencia de una comisión que coordine todo un sistema de información en el cual, por medio de una identificación (de preferencia de forma biométrica) se acceda y acredite la institución de salud a la cual se está afiliado o afiliada logrando de esta forma contar con un padrón único que permita a todo el sistema de salud del país el acceso a esta información.

Lo anterior, está íntimamente ligado con la integración funcional, la cual tiene como fin de optimizar los recursos y garantizar la atención en cualquiera de las unidades de atención médica del Sistema Nacional de Salud, independientemente de la institución a la cual este afiliado. Es necesario implementar una estrategia que permita superar la actual segmentación del sistema que se acerque cada vez más a la universalización de los demás.

Más aún, la portabilidad y la integración funcional se interceptan con la convergencia. La convergencia permitirá proveer beneficios similares en las instituciones de salud, homogeneizar los niveles de calidad, definir el catalogo de padecimientos, las acciones medico preventivas, aplicar el cruce de padrones, definir el costo de las atenciones, las guías clínico-terapéuticas, los medicamentos e insumos, un plan maestro sectorial de recursos para la salud, la formación de recursos humanos y establecer reglas que permitan la portabilidad geográfica e institucional de los beneficios, buscando que los prestadores de servicios de salud cubran criterios de acreditación de la calidad.

De esta forma, la portabilidad, la convergencia y la integración funcional se unen en un solo gran tema, convirtiéndose tal vez en el más complejo pues implican una reforma de fondo a todo el Sistema Nacional de Salud, es un nuevo paradigma para los mexicanos.

La cobertura universal de los servicios de salud es un objetivo que puede tardar varios años en conseguirse. Pero se han dado los primeros pasos iniciando con las niñas y los niños, que son el futuro de nuestro país, garantizado la cobertura completa y de por vida en servicios de salud a las niñas y los niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006 a través del Seguro Médico para una Nueva Generación, que es una nueva vertiente del Seguro Popular.

A través del Seguro Médico para una Nueva Generación, todos los niños tienen derecho a un seguro médico que cubra 100 por ciento de los servicios médicos que se prestan en los centros de salud de primer nivel y 95 por ciento de las acciones hospitalarias, así como los medicamentos asociados, consultas y tratamientos. Con éste y otros programas las y los recién nacidos estarán protegidos de los principales padecimientos que se presentan en los primeros cinco años de vida, sobre todo en el primer mes, que es cuando ocurre el mayor número de muertes en la infancia.

Pero aún se requieren una serie de reformas graduales que atiendan la realidad jurídica, laboral, económica y política que enfrenta el Sistema Nacional de Salud en México. La reforma a la Ley General de Salud en 2003 creó el Sistema de Protección Social en Salud estableciendo la incorporación voluntaria y paulatina al mismo de todas aquellas personas que no son derechohabientes de la seguridad social para alcanzar, originalmente, el aseguramiento universal en salud en 2010, misma fecha que fue recorrida a 2011. El reto actual es fortalecer este sistema para garantizar cobertura universal, atención primaria y de alta especialidad, con calidad y seguridad para el paciente.

La universalidad de los servicios de salud, contribuirá a hacer realidad varios elementos esenciales de una verdadero derecho a la salud, tales como cobertura y acceso universal, otorgar atención continua y preventiva integrada la salud, mejor organización y gestión intersectorial, gestión integrada de los sistemas de apoyo administrativo, clínico y logístico, recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados; servicios más accesibles, equitativos, eficientes, de mejor calidad técnica, y que satisfagan mejor las expectativas de los ciudadanos; población bien definida y con amplio conocimiento de sus necesidades y preferencias en salud (las cuales determinan la oferta de los servicios de salud) y una extensa red de unidades de salud que comprende todos los niveles de atención y que preste servicios de salud preventivos, curativos y de rehabilitación.

La universalidad de los servicios de salud, permitirá evitar oportunidades perdidas, así mismo reducir los tiempos de espera a la población que demande atención médica y preventiva dado que abre la gama de lugares de atención y por consiguiente una mejor salud de la población mexicana.

El objetivo último de la universalidad de los servicios de salud, el ideal máximo a que podemos aspirar como mexicanos, y para lo que es necesaria la cooperación del gobierno en sus tres órdenes (Federal, Estatal y Municipal), de los directivos de las diferentes instituciones de salud, de todo el personal médico y paramédico, de los sindicatos de trabajadores y en cierta medida del sector privado, es la promulgación de una Ley General de Protección en Salud, la cual contemple todos los elementos ya descritos. No sin dejar de lado la corresponsabilidad de toda la población.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, para que se establezcan las condiciones de portabilidad y convergencia para lograr la universalidad de los servicios de salud.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Salud para que conforme una comisión de acceso a la salud que sea la instancia coordinadora para eficientizar recursos y no incrementar la estructura burocrática. Dicha comisión coordinara todas las acciones para lograr la universalidad de los servicios de salud en nuestro país dentro de todas las instituciones de salud federal y los servicios de salud de las entidades federativas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, para que cuenten con un sistema informático de las personas que tienen filiación a algún sistema de salud para que por medio de una identificación (de preferencia biométrica) se pueda conocer si es beneficiario y que institución es la que le da su atención, y en caso de no serlo y no contar con un trabajo que sea incluido en el padrón del Seguro Popular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputados: Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Salud.

VENTA DE ANTIBIOTICOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD, se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar modificaciones al acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos. Suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar el acuerdo por el que se determinan los lineamientos a que estarán sujetas la venta y dispensación de antibióticos, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los secretarios de la Comisión de Salud de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado jueves 27 de mayo del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos, emitido por la Secretaría de Salud, y que establece como requisitos de prescripción y venta o dispensación de antibióticos la implantación de nuevas medidas y registros de adquisición y venta de los antibióticos en farmacia.

Destaca en los considerándoos del acuerdo que la medida se tomó para evitar la exposición de la población a riesgos sanitarios, sobre todo después de la experiencia vivida con la epidemia del virus de la influenza A (H1N1), donde se evidenció el mal uso de los antibióticos, que se encuentran entre los medicamentos que más se consumen, representando el segundo lugar en ventas de farmacias a nivel nacional y que, hasta el 25 de agosto, eran autoprescritos por las personas y dispensados de manera inapropiada en las farmacias.

En México existían zonas donde por la falta de acceso a los antibióticos, las infecciones aun eran sensibles hasta a los antibióticos más simples, zonas donde aún no se daba el desarrollo de resistencia bacteriana, indicándonos que la falta de acceso a antibióticos impedía el desarrollo de microbios resistentes. Lo anterior se presenta aún en zonas muy aisladas de nuestro país. Sin embargo, en una colonia periférica de cualquier ciudad, hasta la bacteria causante de la diarrea es resistente a casi todos los antibióticos.

México en el contexto mundial es una de las naciones que más rápido y más importantemente estaba entrando en el problema del desarrollo de resistencia de las bacterias a los antibióticos. ¿Qué condiciones propiciaron la resistencia? Fundamentalmente su mal uso en las infecciones tomando en cuenta que 80 por ciento de las enfermedades infecciosas no graves son virales y se auto limitan en 5 a 7 días; circunstancia que llevo a un abuso en la prescripción de los médicos de los antibióticos, desarrollándose una cultura de auto prescripción por parte de las personas ante la mas mínima evidencia de enfermedad infecciosa para "cortar la enfermedad", por lo que con una sola dosis en que se sentían mejor las personas dejaban de usarlos, lo que desemboco a un uso de antibióticos a dosis inadecuadas que impide la desaparición del germen infeccioso que motivo su prescripción. Todo eso llevo a una cultura de mala utilización de los antibióticos y la generación de resistencia de las bacterias a su uso.

Por lo anterior, el objetivo que persigue el mencionado acuerdo es el adecuado, pues es necesaria la regulación de la venta de los antibióticos por los daños que generan en la salud de las personas y en el sistema nacional de salud al generarse la resistencia bacteriana a estos medicamentos. Sin embargo, parte del procedimiento que se señala en éste genera por un lado trámites innecesarios para quienes laboran en las farmacias y, por el otro, daño en los pacientes que acuden a comprar los medicamentos.

El numeral segundo del acuerdo señala lo siguiente:

A efecto de garantizar lo dispuesto en el párrafo anterior, todo establecimiento que venda o dispense antibióticos al menudeo a usuarios y al público en general deberá

I. Llevar un registro en el que se asienten todos y cada uno de los siguientes datos:

a. La fecha de adquisición;

b. La fecha de venta, dispensación o desechamiento del antibiótico;

c. La denominación distintiva del antibiótico del que se trate y/o denominación genérica, en caso necesario;

d. La presentación del antibiótico;

e. La cantidad adquirida, vendida, dispensada o desechada; y

f. Nombre del que prescribe la receta, número de cédula profesional y domicilio; esto aplicará cuando no sea retenida la receta. En caso de retención de ésta, puede prescindirse de estos tres datos, pero deberá hacerse referencia a la receta retenida mediante un número consecutivo que correlacione el registro y la receta respectiva.

II. Toda receta retenida y su registro correspondiente deberán conservarse por un periodo de 365 días naturales.

El registro de medicamentos tan detallado, como está escrito en el acuerdo, representa problemas de aplicación práctica, ya que la inversión de tiempo y de recursos para llevarlo a cabo representa ineficiencias para el desempeño de la labor de los empleados de las farmacias. Aunado a eso, existen los problemas en la prescripción de las recetas, pues en repetidas ocasiones las recetas no están hechas con base en los requerimientos de ley, por lo que no contienen todos los datos mencionados y los farmacéuticos se ven obligados a rechazar las recetas, por lo que las personas se quedan sin los medios para poder curar su padecimiento.

En relación con la retención de las recetas médicas, además de lo citado, representa un daño para los pacientes, pues la receta forma parte del derecho que deriva de los servicios médicos y en consecuencia debe permanecer en su poder. Para las personas, conservar las recetas médicas, entre otras cosas, les permite brindar seguimiento a su tratamiento, tanto por sí mismas como por su médico o médicos, y en muchas ocasiones les es de apoyo fundamental para la escuela, guardería, trabajo, seguro médico o prueba legal. Aunado a lo anterior, el archivo de las recetas médicas por parte de las farmacias implica un problema tanto de tiempo como de utilidad, generando costos innecesarios para su almacenaje.

Desafortunadamente, los servicios de salud públicos en México tienen muchas carencias, principalmente operativas, lo que hace que una persona tenga que esperar días completos para recibir atención médica. La burocracia institucional sigue estando muy presente en los centros de salud, por lo que ya de entrada acceder a las recetas médicas resulta complicado. Si a lo anterior le sumamos el hecho de que la receta esté mal hecha y que además las personas no pueden guardarla para futuras referencias, qué clase de servicio médico se está proporcionando.

Una propuesta viable para mantener el control de los antibióticos es que las farmacias sellen las recetas al surtirlas completamente, como se hace cuando se surte parcialmente, para que de este modo no puedan volver a utilizarlas de manera inadecuada las personas, indicando si la receta fue surtida en su totalidad o aquellos medicamentos que fueron surtidos, así como la fecha de venta. De esta manera la persona también mantendría la receta en su poder.

A la fecha existe desconocimiento de la población de los alcances del multicitado acuerdo y es un hecho que la autoridad no ha dado respuesta ni a la población ni a los encargados de las farmacias para que estén adecuadamente informados, pues al desconocer cuáles son exactamente los medicamentos que requieren receta médica para su venta, tienen el temor de que cualquier medicamento sea controlado con la medida, por lo tanto urge para que a la brevedad se brinde la información clara y oportuna.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar un acuerdo modificatorio del “acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos”, para que no se retengan las recetas a los pacientes y, en cambio, les sellen la receta médica, señalando que ésta ha sido surtida totalmente o, en caso de que sean más de un medicamento, que se selle especificando cual de los medicamentos se surtió.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar un acuerdo modificatorio del "acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos", a efecto de que se simplifique la disposición que obliga a las farmacias a llevar un registro de cada antibiótico que se vende.

Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que la campaña de orientación a la población con relación a la venta y dispensación de antibióticos sea más clara e intensa para que las personas que necesitan comprar un medicamento identifiquen cuáles sí y cuáles no necesitan de receta médica.

Cuarto.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar una campaña de capacitación para los médicos y farmacéuticos a fin de que conozcan a cabalidad las formalidades, trámites y requisitos que debe contener toda receta media conforme a la ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputados: Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Silva Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna también a la Comisión de Salud.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Nazario Norberto Sánchez, del PRD, recibimos proposición con punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal para 2011 se consideren recursos para el desarrollo de programas de mejoramiento en la procuración de justicia del Distrito Federal.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el desarrollo de programas de mejoramiento en la procuración de justicia del Distrito Federal, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien esto suscribe, diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben el presente documento; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, propuesta con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se destinen recursos para que la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal desarrolle programas de mejoramiento de la procuracion de Justicia en el Distrito Federal.

Antecedentes

1. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) anunció que adoptará un plan de austeridad en el presente año, ante el recorte de 74 millones de pesos que sufrió en su presupuesto en comparación con los fondos de 2009.

Debido a lo anterior se tuvo que modificar la estrategia, lo cual requirió reducir gastos no esenciales a fin de garantizar el sostenimiento de las operaciones generales, el salario de los trabajadores y la continuación de proyectos especiales. "De acuerdo con las medidas económicas y posibilidades que tiene la procuraduría se redujeron gastos corrientes, sosteniendo los mínimos operativos y la base laboral de la institución.

2. Si bien es cierto que el gobierno de la ciudad es un gobierno que ejerce un presupuesto reducido, limitado y sobre todo insuficiente; también es cierto que por estos recortes varios proyectos se vieron afectados por esta reducción presupuestal; proyectos como la ampliación de las instalaciones de las subprocuradurías, así como la realización de congresos nacionales e internacionales, entre otros.

3. El titular de la PGJDF ha señalado en diversas ocasiones que se requiere continuar fortaleciendo la capacitación del personal, la adquisición de equipos y armamento, las mejoras en procedimientos y el impulso a los proyectos como la transformación de la Policía Judicial.

4. Asimismo se planteó que las fiscalías y subprocuradurías centrales y desconcentradas fueran sometidas a una evaluación integral, para verificar si sus titulares están cumpliendo con un buen desempeño y poder garantizar su continuidad en los cargos.

Todas estas medidas han servido y está comprobado que han permitido mejorar el servicio que prestan las agencias del ministerio público y además han permitido que las fiscalias centrales cuenten con personal capacitado y sobre todo que cumplan con el perfil necesario según las necesidades profesionales de cada área.

Consideraciones

I. Que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.

II. La propia Constitución dispone que el Ministerio Público del Distrito Federal sea presidido por un procurador general de Justicia.

III. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal está a cargo de un procurador, quien es titular de la institución del Ministerio Público y ejerce autoridad jerárquica sobre toda la institución.

IV. La procuraduría cuenta, entre otras figuras, con subprocuradores, agentes del ministerio público, oficial mayor, contralor interno, directores generales, fiscales, supervisores, visitadores, agentes de la policía judicial, peritos y personal de apoyo administrativo.

Forman parte del servicio civil de carrera los agentes del Ministerio Público, agentes de la policía judicial y los peritos adscritos a los servicios periciales de la institución.

V. Ante tal situación y con la necesidad de que dicho personal cumpla con los más altos rangos de profesionalismo y de capacidad técnica para enfrentar las tareas propias de desarrollo de las funciones de tan importante institución como lo es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; es necesario generar mejores condiciones presupuestarias, ya que como se comentó con anterioridad, el presupuesto destinado a la Procuraduría General de Justicia ha venido sufriendo varios recortes lo cual ha limitado mas no impedido el impulso de la capacitación al personal de la procuraduría capitalina.

VI. Entre los proyectos de investigación pendientes por mencionar algunos se encuentran los siguientes

Proyectos de investigación

• Incidencia delictiva.

• Instituciones policiales.

• Ministerio Público.

• Impartición de justicia.

• Ejecución de sentencias.

• Percepción ciudadana respecto a las líneas anteriores.

• Medidas de política criminal adoptadas por las autoridades.

• Medidas de prevención del delito en general.

VII. En virtud de lo anteriormente descrito consideramos inminente la necesidad de destinar recursos adicionales o fondo económico para el sector de procuración de justicia en el Distrito Federal para cubrir las necesidades de una ciudad que para algunos es la ciudad más grande del mundo y por lo tanto sus problemas son sumamente complejos, sumandos los factores ya mencionados de crisis económica; por lo que debe considerarse sean destinados alrededor de $500.000.000.00 de pesos (quinientos millones de pesos) para tal efecto.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados acuerde que en el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se destinen recursos para que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal desarrolle programas de mejoramiento de la procuracion de justicia en el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: SSe turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Del propio diputado Nazario Norberto Sánchez, del PRD, se recibió para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal para 2011 se consideren recursos adicionales para el Instituto de Vivienda del Distrito Federal destinados a la construcción de vivienda en apoyo a personas que habitan en zonas de alto riesgo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos adicionales para el Instituto de Vivienda del Distrito Federal destinados a la construcción en apoyo de personas que habitan zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en nombre propio y de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados propuesta con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos adicionales al Instituto de Vivienda del Distrito Federal para la construcción de vivienda en apoyo a personas que habitan zonas de alto riesgo.

Antecedentes

1 .El Distrito Federal ha sido pionero en abordar, desde las instituciones, temas de especial preocupación por parte de la ciudadanía, algunos de los cuales se relacionan con los derechos de las mujeres. Tal es el caso de la legislación en materia de violencia familiar, la creación de una fiscalía especial para la investigación de delitos sexuales, el sistema integral de atención a víctimas del delito y la protección jurídica a quienes mantienen una relación de hecho, entre otros. Sin embargo, a la fecha existen temas pendientes por atender. Es el caso de una legislación que promueva una protección integral de las mujeres víctimas de violencia, asimismo, se encuentran temas pendientes en apoyo social a este sector.

2. El Distrito Federal es punta de lanza en cuanto a la atención a la protección civil y que consideramos necesario establecer mejores condiciones de vida para los habitantes de esta ciudad; más aun, a los ciudadanos que no cuentan con una vivienda digna, ya que habitan zonas de alto riesgo, en delegaciones políticas como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, etcétera.

3. El gobierno de la Ciudad de México se ha caracterizado por la implantación de programas de carácter social, programas que han demostrado sus grandes resultados en el abatimiento a los índices de pobreza en la capital son una realidad.

Consideraciones

1. Hoy en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos necesario apoyar a los grupos más vulnerables, uno de ellos son las numerosas familias que tienen la necesidad de ocupar zonas de alto riesgo para vivir, poniendo en riesgo su vida a cada momento.

2. Es de resaltar que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal requiere recursos adicionales para concluir los proyectos pendientes para reubicar a familias que viven en 115 sitios de alto riesgo de ocho delegaciones.

3. Se requieren más de 941 millones de pesos que están programados para el techo de construcción de viviendas y que son asignados por el gobierno federal, ya que en la capital existen miles de familias que habitan en zonas de grietas, laderas o en cerros.

Se tratan de  muchas familias no tienen la necesidad de que sean reubicadas, sino más bien requieren de créditos para el mejoramiento de vivienda o también para labores de mitigación.

4. Es de destacar que para 2010 ya existen los proyectos para concluir mil 157 viviendas ubicadas en 57 predios, sin embargo se requiere de más presupuesto para lograr las metas planteadas y hacer la entrega en tiempo y forma.

No dejemos de realizar medidas preventivas para reducir los riesgos en caso de emergencia.

5. De tal manera que cualquier recurso destinado a salvaguardar a la población será bienvenido; por lo que el objetivo será asignar los recursos para apoyar zonas en riesgo.

Se requieren recursos para que en zonas de asentamientos irregulares en alto riesgo y una vez que se tenga el diagnóstico se tomarán decisiones conjuntamente con las delegaciones políticas.

6. Es necesario hacer referencia a las fuentes de financiamiento que se acostumbran para transferir recursos a las entidades federativas y municipios –en el caso del Distrito Federal a las delegaciones–, y existen algunas alternativas para obtener estos fondos:

Una de ellas es a partir del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades del ramo 33; la segunda es el ingreso de excedentes relacionados con el petróleo; y la tercera es que las delegaciones pudieran ejercer directamente los recursos del ramo 33.

7. Sobre las zonas de alto riesgo con viviendas irregulares, se ha mencionado que, además del alta de riesgos que el gobierno del Distrito Federal ha elaborado con el Instituto Politécnico Nacional, las Secretarías de Medio Ambiente, de Protección Civil, de Obras y Servicios, y el Instituto de la Vivienda, se evalúa “con absoluta acuciosidad” los puntos donde están identificadas las zonas de riesgo, y una vez que se cuenta con todo el diagnóstico se tomaran las decisiones necesarias “conjuntamente con los jefes delegacionales”.

8. En razón de lo anterior, se requiere que se cuenten con recursos adicionales o fondo económico para el sector de vivienda en el Distrito Federal, donde puedan vivir estas y sus hijos lejos del factor de riesgo de violencia. La construcción de vivienda para personas que viven en zonas de alto riesgo.  Y de tal forma cubrir las necesidades de una ciudad que para algunos es la ciudad más grande del mundo y por lo tanto sus problemas son sumamente complejos, sumandos los factores ya mencionados de crisis económica; por lo que debe considerarse sean destinados alrededor de mil 100 millones de pesos para tal efecto.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados acuerde que en el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos adicionales al Instituto de Vivienda del Distrito Federal para la construcción de vivienda en apoyo a personas que habitan zonas de alto riesgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Educación Pública, incorpore la perspectiva de género en el diseño e implementación de los programas de capacitación para el empleo.

Como no se encuentra la diputada en el salón se pospone para una próxima sesión.

TELEVISION DIGITAL TERRESTRE

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado don Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por la que se instruye a la Mesa Directiva de esta soberanía a presentar en tiempo y forma controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las disposiciones publicadas el 2 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, relativas a las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, suscrita por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza y Convergencia. El trámite es de urgente u obvia resolución.

Tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado don Alfonso Navarrete Prida.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida:Señor presidente, el punto de acuerdo que se somete a la discusión viene avalado por los partidos políticos del PRI, del PRD, del Panal, del PT, de Convergencia y del Partido Verde Ecologista.

Se trata simplemente de que clarifique la Suprema Corte de Justicia las competencias constitucionales en materia de telecomunicaciones.

A juicio de estas fracciones parlamentarias de la Cámara, el Ejecutivo federal invadió la competencia de un órgano, al que la ley, es decir el Congreso, le había dado el carácter de autónomo e independiente, que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), y si arrojó facultades que no le son propias en el decreto correspondiente publicado el 2 de septiembre.

Esto ya tiene un antecedente. El antecedente lo resolvió la Suprema Corte cuando se emitió un reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le daba a la Secretaría facultades que son propias de la Cofetel y la Corte resolvió que se estaba vulnerando la autonomía del órgano y que se estaba invadiendo la competencia de lo que se denomina reserva de ley.

No se trata aquí de discutir las bondades del decreto, eso debe quedar muy claro. Ningún diputado aquí está planteando discutir las bondades del decreto ni es la cerrazón o no de la transición analógica digital. Eso está fuera de la discusión. Se trata de esclarecer las competencias originales de un órgano autónomo, técnicamente que la ley así lo determinó, el Congreso de la Unión, y que el Ejecutivo federal ha invadido la esfera de competencia del mismo.

Este dictamen debo decir, este proyecto, este punto de acuerdo tiene un dictamen positivo de la Dirección General Jurídica de la Cámara, cuenta con el antecedente de la Suprema Corte de Justicia. Está debidamente fundamentado en los artículos 73, fracción XVII constitucional y 89, fracción I que son los que se cuestionan ante la Suprema Corte de Justicia. Y esperamos, con toda sinceridad, los grupos parlamentarios que han llevado este acuerdo al pleno, que se pueda aprobar y que clarifique la Suprema Corte el contenido de los mismos.

Debo reiterar, con mucha claridad, que no se trata de discutir las bondades del decreto y que estaría mintiendo quien afirme que los diputados se oponen a la transición digital sino simplemente clarificar competencias y dejarlas muy claras en nuestro marco jurídico. Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se instruye a la Mesa Directiva de esta soberanía a fin de que presente en tiempo y forma controversia constitucional ante la SCJN contra las disposiciones publicadas el 2 de septiembre de 2010 en el DOF relativas a las acciones que la administración pública federal deberá llevar a cabo para concretar la transición a la televisión digital terrestre, suscrita por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza y Convergencia

Los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Nueva Alianza, y Convergencia de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, fundada en las siguientes

Consideraciones

Primera.El 30 de septiembre de 2010, la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura acordó por unanimidad remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos el proyecto de controversia constitucional contra las disposiciones publicadas el 2 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación relativas a las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de obtener la opinión técnico-jurídica correspondiente.

Segunda. El 5 de octubre siguiente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió esta opinión, en la que determina la viabilidad de dicha controversia, en virtud de que reúne los requisitos esenciales previstos en el artículo 22 de la ley reglamentaria de la materia y dado que es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda resolver, si el decreto en comento es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no corresponder al ámbito de las competencias a que alude.

En mérito de lo expuesto y fundado, los coordinadores de los grupos parlamentarios referidos solicitan respetuosamente a este pleno la aprobación, con carácter de urgente y obvia resolución, de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.En ejercicio de la atribución establecida en el artículo 23, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados interpondrá controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las disposiciones publicadas el 2 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, incluidas en el decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre.

Segundo.Esta controversia constitucional deberá presentarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el propio presidente de la Mesa Directiva de la Cámara o por la persona en quien el presidente haya delegado esta responsabilidad, en términos del inciso l) del artículo 23 del ordenamiento citado.

Tercero.La controversia constitucional deberá ser presentada antes del 19 de octubre de este año, de acuerdo con el texto propuesto por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con fundamento en la opinión técnico-jurídica enviada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el 5 de octubre de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente, más de dos terceras partes.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se considera de urgente resolución.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia está a discusión la proposición.

Se han registrado los siguientes oradores: en pro, don Jaime Cárdenas Gracia y el diputado Francisco Hernández Juárez. Pregunto si hay algún otro diputado en pro, a fin de establecer las condiciones del debate. El diputado Balfre Vargas y en contra el diputado Roberto Gil Zuarth. Si lo tienen a bien, el propio diputado Navarrete Prida.

Habiendo cuatro oradores en pro se ha inscrito exclusivamente uno orador en contra. Escucharé —si no tienen inconveniente— dos oradores en pro y le cederemos el uso de la palabra al orador en contra al terminar la lista de estos cinco oradores, preguntaremos si está suficientemente discutido.

Tiene la palabra don Jaime Cárdenas Gracia para hablar en pro de la proposición presentada.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Buenos días compañeras diputadas, compañeros diputados, este asunto, esta controversia a la que nos convoca el diputado Navarrete Prida para presentarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es totalmente procedente. Estamos hablando de competencias en materia de radio, televisión, en materia de telecomunicaciones.

Ya la Suprema Corte hace unos meses, cuando resolvió la controversia 7/2009 estableció con toda claridad que el Ejecutivo, la Secretaría de Comunicaciones no tenía competencias en la regulación de esta materia y que esas competencias eran exclusivas de acuerdo a lo previsto por el artículo 9-A y 36, fracción XVI de la Ley Federal de Telecomunicaciones, exclusivas de la Cofetel.

Calderón, como en otras ocasiones, como lo hizo al liquidar Luz y Fuerza del Centro, está invadiendo no solamente las competencias de Cofetel sino que está invadiendo las competencias del Congreso de la Unión.

De acuerdo con el artículo 73, fracción XVII de nuestra Constitución, las competencias primarias corresponden al Congreso de la Unión para legislar en materia de Telecomunicaciones, de Radio y de Televisión y, desde luego, como lo expuso muy bien aquí el diputado Navarrete Prida, un reglamento no puede vulnerar la ley porque estaría violando dos principios fundamentales.

El principio de reserva de ley, materias que son competencia del Congreso, y el principio de subordinación de los reglamentos a la ley. Adicionalmente, como ya estableció en esta controversia constitucional el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las competencias para dictar lineamientos y regulaciones en materia de telecomunicaciones, de radio y televisión no son del Poder Ejecutivo ni de su Secretaría de Comunicaciones y Transportes, son competencias de la Cofetel que es un órgano con autonomía técnica, es un órgano regulador en la materia.

Por tal motivo, la invocación del Ejecutivo federal al artículo 89, fracción I como fundamento para emitir este reglamento, que establece el apagón analógico, es una atribución que escapa a sus competencias.

Un reglamento no puede vulnerar una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tampoco puede vulnerar las competencias de este Congreso ni puede vulnerar las competencias del órgano regulador que exclusivamente tiene en su poder, en su ámbito competencial, las facultades de regulación, que es la Cofetel.

Yo creo que en este caso, como en otros en donde debimos haber planteado controversias constitucionales, Calderón demuestra el desprecio que tiene por el Congreso de la Unión, por el trabajo legislativo.

Como se dijo aquí, no es que estemos en contra de la innovación tecnológica y de la transformación en la materia de telecomunicaciones ni del cambio tecnológico necesario. Estamos en contra de la invasión de las competencias que está realizando el Ejecutivo con el reglamento que aprobó y que publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Estamos demandando respeto al principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de nuestra Constitución y estamos exigiéndole a Calderón respeto a las atribuciones de este Congreso y de paso respetando también, reivindicando el respeto a las facultades reguladoras de la Cofetel.

Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respalda en sus términos el planteamiento de controversia constitucional que nos ha solicito el Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias por su atención, compañeros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado.

Antes de concederle el uso de la palabra al diputado Francisco Hernández Juárez, agradezco la presencia de un grupo de 50 personas que nos acompañan desde el estado de Campeche, invitados por los diputados Óscar Rosas González y Carlos Oznerol Pacheco.

Igualmente, saludamos a servidores públicos y delegados políticos del municipio de San José del Rincón, estado de México, invitados por el diputado don Emilio Chuayffet.

Muchas gracias, compañeros de Campeche y del estado de México. Bienvenidos a ser testigos del trabajo de la Cámara de Diputados.

Diputado Hernández Juárez, hasta por 5 minutos tiene usted el uso de la palabra.

El diputado Francisco Hernández Juárez:Me ha sido encomendado por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática expresar nuestro respaldo a este punto de acuerdo presentado aquí por el diputado Navarrete Prida.

Me parece que es importante que la Cámara de Diputados tenga claro lo que esto significa. México, en general, en el ámbito de las comunicaciones está atrasado en relación con el resto del mundo. Para que ustedes tengan una idea, los japoneses en este momento están iniciando el manejo de anchos de banda de 110 megas. En el mejor de los casos, si logramos salir del estancamiento en el que está sumido el ámbito de las comunicaciones, en México empezaremos a manejar anchos de banda de 10 megas. El atraso frente a los países desarrollados en anchos de banda es gigantesco.

El año pasado los norteamericanos dieron el paso ya del apagón analógico y en este momento nadie en Estados Unidos puede recibir la señal de televisión abierta si no tiene televisión digital.

Me parece que es absolutamente necesario que México tome las medidas necesarias para cerrar la brecha digital que tenemos frente al mundo y en esencia, que el gobierno mexicano quiera adelantar el apagón analógico parece una medida adecuada, pero lamentablemente, la manera como se instrumenta es pasando por alto las competencias de los diferentes ámbitos de este país.

De manera que no puede uno dejar de sospechar que la manera como lo están haciendo es para incidir en el proceso electoral. Curiosamente los recursos que se van a utilizar para implementar este proceso se van a canalizar a la Secretaría de Desarrollo, para que estos aparatos que van a permitir implementar el proceso puedan ser utilizados en el transcurso del año próximo.

Eso me parece que no está ayudando en nada a permitir que esta operación se pueda hacer a la brevedad posible.

Me parece que esta propuesta del diputado Navarrete Prida cumple con el propósito de precisar los términos en que debiera hacerse esa operación, porque debe quedar claro, una vez más lo decimos, que no estamos en contra, de ninguna manera, de que este adelanto se dé, pero tiene que ser instrumentado de manera legal, porque el ámbito de las comunicaciones refleja de manera puntual la manera como el gobierno hace las cosas en este país.

Estuvimos el viernes en la comparecencia del secretario de Comunicaciones. Todas las fracciones se pronunciaron para que se respete la decisión que había tomado un juez de que no se diera la concesión de este espectro de frecuencias que se habían licitado para Televisa, hasta que no se resolviera en los tribunales si era o no correcta la manera como se había procedido con la licitación 21, en relación a la Secretaría de Comunicaciones.

En la comparecencia del secretario de Comunicaciones, nos dijo claramente que no iba a dar esa licitación, hasta que no tuviera una decisión definitiva de los jueces en relación a ella, y resulta que nos estaba a nosotros comentando eso en la comparecencia y ya había tomado la decisión de entregar esa concesión a Televisa, pese a que sí tenían la comunicación de que no debería hacerlo.

Esta controversia puede significar la diferencia en hacer que el gobierno cumpla la ley o siga actuando como hasta ahora, como vasallo de una televisora pensando sólo en sus problemas electorales. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del punto de acuerdo. Diputado Gil, hasta por 5 minutos. Bienvenido.

El diputado Roberto Gil Zuarth:Con su venia, señor presidente.

Compañeras y compañeros diputados, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconocemos una expresión que hizo hace un momento el diputado Navarrete Prida. No es ésta una discusión sobre la valía, la importancia, los fines, los objetivos, los propósitos de la transición digital, y parece que existe un importante consenso en el sentido de que es una política pública que este Congreso debe impulsar, y advertimos en el debate que el diferendo se centra fundamentalmente en el asunto de las competencias que el propio acuerdo, suscrito por el presidente de la República en ejercicio de sus facultades reglamentarias, asigna precisamente para la implementación de la transición digital.

Es ahí donde tenemos un diferendo respecto del razonamiento jurídico que se hace en el proyecto. Se dice en el proyecto que el acuerdo invade competencias asignada a la Cofetel, en razón de que se asume que el acuerdo de transición digital de televisión es un asunto exclusivamente de radio y televisión, y a partir de esa premisa se concluye que dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la materia de radio y televisión corresponde en exclusiva a la Cofetel, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene atribuciones para poder intervenir en cualquiera de las etapas de la implementación de la transición digital.

Es ahí donde tenemos el diferendo, porque desde la propia fundamentación y motivación del acuerdo del Ejecutivo federal se razona que la transición digital no es sólo una cuestión de radio y televisión. En el fondo se trata de una reordenación integral de las telecomunicaciones. Y en materia de telecomunicaciones la ley es muy clara, en el sentido de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones comparten atribuciones.

En materia de telecomunicaciones, la Cofetel no tiene facultades exclusivas, como se razona en el proyecto que estamos hoy analizando. Ése es el diferente fundamental. Hay un argumento adicional.

Para la transición digital se requiere la concurrencia de un conjunto de dependencias precisamente para hacer posible materialmente la transición digital. Si el acuerdo del Ejecutivo federal hubiese transferido todas las competencias de implementación a la Cofetel, estaría violando en el fondo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque hay competencias que corresponden, por ejemplo, a la Secretaría de Economía, las modificaciones de las normas oficiales mexicanas, precisamente para definiciones técnicas sobre aparatos y equipos de telecomunicaciones que no pueden ser trasladadas a la Cofetel.

Ésta es la razón de fondo por la cual en las cláusulas del acuerdo se establece con toda claridad que hay un conjunto de dependencias que deben intervenir en la implementación de este acuerdo y que sus facultades no pueden ser reasignadas a la Cofetel.

Las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que están señaladas en el acuerdo de transición digital, son facultades de coordinación y se basan fundamentalmente en el conjunto de facultades que la Secretaría tiene en materia de telecomunicaciones.

No hay, desde la perspectiva de Acción Nacional, un diferendo sobre las competencias de una y otra dependencia. No hay, desde nuestra perspectiva, invasión alguna a las competencias de Cofetel, precisamente porque la transición digital es una política de telecomunicaciones y no únicamente una política de radio y televisión.

El objetivo del apagón tecnológico es la reordenación integral del espectro y la mejor utilización para lograr un objetivo de convergencia. En la medida en la que se trate de una cuestión de telecomunicaciones, las facultades de la Secretaría y de la Cofetel son compartidas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Balfre Vargas, para hablar en pro del punto de acuerdo.

El diputado Balfre Vargas Cortez:Compañeros diputados, compañeras diputadas. Hemos escuchado, en múltiples ocasiones, en esta tribuna, de defender y luchar porque nuestra nación salga adelante, porque nuestra nación tenga una tecnología que esté a la altura de las circunstancias. De eso no hay duda.

Queremos que nuestro país, efectivamente, sea competitivo en todas las áreas, pero también estamos de acuerdo en que las instituciones tienen un ámbito de competencia, tienen una reglamentación y tienen una ley. La nuestra es vigilar que cada una de ellas pueda realmente favorecer a nuestra nación.

Nosotros estamos de acuerdo en esta propuesta. En lo que no estamos de acuerdo es de cómo se implementan día con día y como se toman los acuerdos y se implementan estas medidas. Por eso es importante de que si realmente queremos impulsar a nuestro país debemos impulsar también que se respeten esas leyes a las que tanto se aluden.

La honorable Cámara de Diputados deberá vigilar muchos puntos que tienen que ver con la aplicación de ellas. Una de ellas, por ejemplo, es que debemos aplicar o actuar enérgicamente cuando el ámbito de competencia se esté violando.

Y no es la primera vez. No es la primera vez que se está violando ese ámbito de competencia y nosotros no hemos actuado de manera enérgica. Ahí está Luz y Fuerza del Centro, en donde se aplicó un criterio y la Cámara no ha emitido una opinión en cambio a esta situación.

Ahora tenemos otro punto en donde nuestra ley no está aplicándose tampoco y tampoco se busca castigar. A veces promulgamos leyes, pero el problema no son las leyes sino la aplicación de ellas. Entonces, ¿cuál es el resultado que se tiene de esto?

Tal pareciera que los asuntos importantes no se pudieran tocar aquí, pero sí vemos que día con día se violan esas competencias y ahora, en temporada electoral, pues están sacando temas como esto, tal pareciera que fueran pagos a empresas de este tipo.

Por eso nosotros queremos dejar claro aquí, de manera personal, de que quien sigue y ha sido un problema para México, es el que sigue beneficiando a las empresas como pago a quien usurpó la Presidencia. Eso debe quedar claro y vamos a seguir escuchando aquí que se va a seguir vulnerando la ley y por tanto, nosotros tenemos que seguir pronunciándonos en contra de las decisiones que se toman en este sentido.

Por tanto, seguimos insistiendo, quien usurpó la Presidencia es quien sigue haciendo pagos, a estas alturas, a las empresas que lo llevaron a usurpar ese lugar. Vamos a seguir en esta lucha, compañeros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado y tiene la palabra el diputado Alfonso Navarrete Prida, en pro del dictamen.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida:La controversia que se somete a consideración se fundamenta claramente en los artículos 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los demás relativos de la ley reglamentaria.

Los preceptos que se estiman violados son el artículo 73, fracción XVII y el 89, fracción I de la Constitución. Estos radican en el famoso concepto de reserva de ley.

¿Qué dice el decreto del Ejecutivo, del 2 de septiembre que se publicó? Dice cuatro cosas: la primera, que establece una fecha para la terminación de la transmisión de señales analógicas de radio difusión, fijada para iniciar en el 2011 y su conclusión el 31 de diciembre del 2015.

La segunda, la liberación de la llamada banda de los 700, actualmente asignada a la radiodifusión para otros usos.

La tercera, la viabilidad de realizar licitaciones para asignar nuevos canales de televisión que transmitan sólo en modo digital y la cuarta, la selección de un estándar de televisión digital como es el A/53, a fin de que la Secretaría de Economía expida normas que aseguren su recepción en todos los aparatos de televisión que se comercialicen.

Como pueden ver, todo se refiere a radio y televisión, que son facultades exclusivas de la Cofetel.

Ciertamente el presidente de la República puede dictar políticas públicas en cualquier materia, siempre y cuando esté expresamente facultado por una ley formal y materialmente expedida por el Congreso de la Unión.

Lo anterior significa que no pueden arrogarse facultades que están conferidas en la ley a una instancia específica de la administración pública federal, pues ello implicaría vulnerar la superior jerarquía de la norma legislativa que el Congreso dio mediante la promulgación de normas de rango inferior, como lo es un decreto.

El Ejecutivo no puede atraer a voluntad la resolución de los asuntos atribuidos por ley a los órganos específicos de la administración pública federal, como es en este caso la competencia conferida por ley a este Congreso, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

La ley de la materia señala con claridad que corresponden a este órgano desconcentrado, Cofetel, de manera exclusiva, las facultades que en materia de radio y televisión le confiere a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la ley federal de la materia.

Repito, es una atribución propia indelegable, exclusiva y excluyente de la Cofetel, las materias de radio y televisión que invade el decreto del Ejecutivo federal publicado el 2 de septiembre de este año.

Ya existe un criterio interpretativo sustentado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió que una fracción del reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vulneraba la autonomía técnica operativa y de gestión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Qué significa esto, que una norma emanada del Ejecutivo, como es el caso del decreto, está invalidando en los hechos una norma que expidió por ley el Congreso de la Unión en función de una autonomía técnica. Hay precedente en la Corte.

El hecho de que las atribuciones sean originarias del secretario del ramo del Poder Ejecutivo no es causa justificada para alterar las esferas competenciales expresamente por el Poder Legislativo dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Eso dice textualmente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este criterio que sustentan las fracciones políticas del PRI, PRD, Panal, Verde Ecologista, PT y Convergencia tiene también sustento en el dictamen —que aquí tengo y entregaré desde luego a la Mesa Directiva— que señaló la Dirección General Jurídica de esta Cámara de Diputados, diciendo en sus conclusiones que es viable, es real, es posible que se presente esta controversia constitucional y que además sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien defina competencias.

Debo recalcar nada más que no se trata de vulnerar las bondades del decreto —y podríamos tachar de falso a quien intente afirmarlo así— sino de respetar competencias y atribuciones que la Constitución y la ley nos ha dado. Muchísimas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Señora secretaria, en virtud de que no hay más oradores inscritos en la lista, proceda usted a someter a votación la propuesta presentada por el diputado Navarrete Prida. Permítame un segundo. Diputado González.

El diputado Gustavo González Hernández(desde la curul): Para hechos, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sonido en la curul del diputado González.

El diputado Gustavo González Hernández(desde la curul): Dos observaciones de hechos. Con relación a la controversia que ellos manejan dentro del dictamen que se está presentando, la 7/2009, es una naturaleza diversa la que se está discutiendo en el decreto que emitió el señor presidente el 2 de septiembre.

Es distinto, porque cuando se controvirtió, en su momento, en la 7/2009 se controvertía una reforma reglamentaria. Se hacía una reforma al Reglamento Interior y se controvirtieron una serie de atribuciones. En este caso, en el decreto del presidente del 2 de septiembre no se está modificando ninguna cuestión reglamentaria sino que se está creando una mesa intersectorial.

La segunda observación. Dentro de las atribuciones que tiene la Cofetel se le dejan reservadas en el decreto del presidente. El artículo 2o. dice muy claramente: para el cumplimiento de lo dispuesto por el presente decreto corresponderá a la Comisión Federal de Telecomunicaciones en ejercicio de sus atribuciones.

1.Llevar a cabo las acciones necesarias a fin de concluir la transmisión de televisión analógica conforme lo dispuesto en el artículo 1o. del presente instrumento.

2. Conducir los procesos de licitación para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico disponible de la banda de 700 megahertz (MHz) para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones independientes de la liberación de la banda a que se refiere el artículo 1o., fracción IV, de este decreto.

3. Determinar la viabilidad de asignar, mediante los procedimientos legales pertinentes, nuevas concesiones y permisos de radiodifusión que operen únicamente con transmisiones digitales.

Desde mi punto de vista, y en hecho, no corresponde la naturaleza, y hacer referencia a la controversia 7/2009 para este asunto que es totalmente distinto en su naturaleza jurídica.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda constancia de las expresiones del diputado González en el registro de este debate. Tome usted la votación, señora diputada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada la proposición presentada por el diputado Navarrete Prida. Comuníquese.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:  Tiene la palabra el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, para presentar proposición con punto de acuerdo que exige la libertad de los mineros de Cananea y Esqueda, Sonora, así como la solución definitiva al conflicto laboral, con base en el respeto a sus empleos, contrato colectivo de trabajo y sindicato minero. Es una proposición que presenta el diputado Fernández Noroña junto con el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza y Miguel Ernesto Pompa Corella. Adelante, diputado, hasta por 3 minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, el tiempo es corto, tengo 25 considerandos, ya se publicará en la Gaceta el texto íntegro, pero les comento, aunque está medio de romería la sesión.

Es un tema muy importante. Cananea lleva tres años en huelga, el Grupo México se ha negado a reconocer el sindicato y ha presionado para mandar a la calle a más de mil mineros. No conforme con esto, el Grupo México también en Esqueda, que es una población cercana a Cananea y que hay una fundidora que trabaja el mineral que se extrae de Cananea, ha cerrado la fundidora. Tiene ya prácticamente un mes sin funcionamiento, debido a que los trabajadores de Esqueda decidieron regresar al Sindicato Nacional Minero.

En un volante que es verdaderamente majadero, el Grupo México le dice a los trabajadores de Esqueda que son libres de decidir en qué sindicato quieren estar, pero que si se van al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, que cierran de manera definitiva. Les han hecho efectiva, hasta el momento, esta situación.

El diputado Pompa, que ha sido muy activo al frente de la Comisión de Conflictos Mineros, ha presionado, y lo he acompañado, y fue testigo de un compromiso que hizo el secretario de Gobernación, del gobierno de facto, el empleado Blake, de traer aquí al Grupo México, de traer una solución ya definitiva a este largo conflicto.

Hay, además, 23 mineros que están sujetos a proceso penal por una confrontación que hubo entre esquiroles y trabajadores de la mina. Fueron detenidos 26. De estos 26, 3 fueron liberados cuando se supo que eran de los esquiroles. Veintitrés fueron mantenidos, privados de su libertad en condiciones bastantes duras, esposados durante más de 1 día varios de ellos. Un menor fue liberado cuando el diputado Pompa y un servidor llegamos a Agua Prieta donde los tenían detenidos, y al final los 22 fueron enviados al penal, fueron consignados por intento de asesinato y una serie de barbaridades. Veintiuno lograron salir bajo fianza y 1 sigue todavía sujeto a proceso penal, Martín Salazar, preso en Agua Prieta.

Hablamos con Héctor Larios, secretario de gobierno, el diputado Pompa y un servidor, y quedó claro que había una determinación del gobierno del estado de Sonora de reprimir a los mineros, de ejercer una venganza política y de ponerse del lado del Grupo México.

A pesar del compromiso del empleado Blake, desde hace dos semanas, de ya fijar una mesa que le diera una decisión definitiva a este conflicto, esto no se ha cumplido. Así es que leo concretamente las dos propuestas:

Primero. Exigir la liberación de los mineros procesados y el castigo a los verdaderos responsables de la agresión con armas de fuego, durante los enfrentamientos del 7 y 8 de septiembre.

Segundo. Citar al secretario de Gobernación, Francisco Blake, a la empresa Grupo México y al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, a una mesa de solución del conflicto para resolver en definitiva los litigios en Cananea y Esqueda, solución que pasa por el restablecimiento de la relación laboral del contrato colectivo de trabajo y del derecho de los trabajadores a decidir en libertad su sindicato.

Tercero. Todas las tareas que deriven del presente acuerdo.

Muchas gracias, diputado presidente. Diputados y diputadas.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exigen la libertad de los mineros de Cananea y Esqueda, Sonora, y la solución definitiva del conflicto laboral, con base en el respeto de sus empleos, del contrato colectivo de trabajo y del sindicato minero, suscrita por los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), Juan Enrique Ibarra Pedroza (PT) y Miguel Ernesto Pompa Corella (PRI)

Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución sobre Cananea y Esqueda

Considerandos

1. Que los mineros de Cananea llevan más de tres años en huelga y, a pesar de los esfuerzos de la empresa en su contra, ésta nunca pudo declararse ilegal.

2. Que de manera sorpresiva, la empresa logró una resolución de terminación de las relaciones laborales y ofreció liquidación a los mineros, ofrecimiento ha sido rechazado hasta la fecha por la inmensa mayoría de los mineros.

3. Que el sindicato del que forman parte los citados mineros logró una suspensión provisional por vía de un amparo, obligando a la Policía Federal a salir de la mina (que se hallaba tomada por éstas desde la resolución en favor de la empresa) y a volver al estado de cosas anterior a la citada resolución.

4. Que los dueños de la mina, el Grupo México de Germán Larrea, ha recibido todo el apoyo del gobierno estatal y federal acorralando a los mineros de manera permanente.

5. Que a pesar de que el gobierno federal abrió una mesa de diálogo y negociación en la Secretaría de Gobernación, la empresa nunca se ha sentado a esa mesa.

6. Que en los hechos, el único ofrecimiento a los mineros es que se liquiden.

7. Que sumado a lo anterior, en Esqueda, Sonora, se encuentra la fundidora que trabaja el mineral que sale de Cananea y que, los 890 trabajadores de este lugar, decidieron volver al sindicato nacional minero, por lo cual fueron despedidos 40 trabajadores, dentro de ellos sus líderes y, se mantiene cerrada la empresa, bajo amenaza de cierre definitivo si los trabajadores mantienen su decisión de reintegrarse al citado sindicato (leer volante).

8. Que el martes 7 de septiembre y el miércoles 8 del mismo se dieron en Cananea enfrentamiento s entre trabajadores “terceros” y mineros dejando como saldo varios heridos.

9. Que el miércoles 8 de septiembre, fueron detenidas 26 personas sin orden de aprehensión, producto de los enfrentamientos. Ante la gravedad de las cosas, la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática surgida de los conflictos mineros del país acordó trasladarse al lugar de inmediato, por lo cual los diputados Pompa Corrella y Fernández Noroña se desplazaron a Cananea el 9 de septiembre.

10. Los citados diputados se reunieron con el alcalde de Cananea con un militar de la zona correspondiente, con los mineros y acudieron a Agua Prieta, donde estaban los detenidos, y ahí se reunieron con el subprocurador Bonilla y vieron a los detenido.

11. Después de estas reuniones la comisión se hizo de una idea más precisa de lo que ahí había sucedido y se enteró que, de los 26 detenidos, todos aprehendidos sin la orden correspondiente, 3 eran trabajadores “terceros” (trabajadores de empresas que Grupo México ha introducido en la mina a laborar a pesar de la huelga) que fueron liberados de inmediato; otro, un menor que fue liberado el 9 de septiembre, un par de horas antes de que los diputados Pompa y Fernández Noroña llegaran a visitar a los detenidos en Agua Prieta; y los 22 restantes ahí permanecían, en espera de la resolución del Ministerio Público.

12. Que de los 22 restantes eran mineros a excepción de un hombre que sostenía haber sido detenido sin más por donde iba caminando.

13. Que todos los detenidos fueron apresados en diversas horas y lugares, sometidos con violencia, incomunicados durante horas y se les negó la asistencia de su abogado particular, asignándoles abogados de oficio. A varios de ellos se les negó el derecho a leer su declaración y una decena se dolía de que se les tuvo esposados toda la tarde y noche del día 8 y lo que iba del día 9 y que se les había liberado de las esposas hasta casi la llegada de los citados diputados.

14. Que la noche del 9 de septiembre, después de regresar de Agua Prieta, los citados diputados se reunieron con Hermosillo con el secretario de gobierno, Héctor Larios.

15. Que en la citada reunión, los legisladores le expresaron al funcionario sus impresiones y la preocupación de que la detención era un claro acto de represión, pues a pesar de que las autoridades sostenían tener identificado al que disparo contra los “terceros”, hiriendo de bala a dos de ellos, éste no estaba detenido y si se pretendía acusar de intento de homicidio a los mineros detenidos.

16. Que plateamos con claridad y firmeza que los detenidos eran, desde nuestro punto de vista, presos políticos y que Esqueda se perfilaba como un conflicto similar al desa-tado en Cananea.

17. Que al día siguiente, a pesar de las irregularidades en las detenciones y de lo endeble de las acusaciones, los 22 detenidos fueron consignados.

18. Que a la fecha, 21 detenidos alcanzaron su libertad bajo fianza y uno está detenido con acusaciones de tal gravedad que no le dio ese derecho.

19. Que el conflicto en Cananea no se resolverá por la fuerza y mandando a los mineros a la calle y que Esqueda se perfila como otro grave conflicto en la región.

20. Que el Grupo México se niega a respetar el derecho de los trabajadores a decidir su sindicato y sus liderazgos

21. Que el citado grupo empresarial actúa con absoluta prepotencia y que, los gobiernos estatal y federal sirven sin recato a los intereses de la citada empresa.

22. Que para colmo de las ironías, Cananea es considerada la cuna de la Revolución y que en el centenario de ésta se vuelve a repetir la historia de despidos y represión.

23. Que urge encontrar una solución que pase por el restablecimiento de la fuente de empleo, el respeto al CCT y al sindicato de mineros y trabajadores de la fundidora.

24. Que el proceso legal que se sigue al líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, se decide en los tribunales y en ningún otro lugar.

25. Que los conflictos citados pueden terminar en una tragedia mayúscula pues mineros y trabajadores están siendo acorralados hasta la desesperación.

La honorable Cámara de Diputados decide de obvia y urgente resolución

Primero.Exigir la liberación de los mineros procesados y el castigo a los verdaderos responsables de la agresión con armas de fuego durante los enfrentamientos del 7 y el 8 de septiembre.

Segundo.Citar al secretario de Gobernación, Francisco Blake, a la empresa Grupo México y al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana a una mesa de solución del conflicto para resolver en definitiva los litigios en Cananea y Esqueda, solución que pasa por el restablecimiento de la relación laboral del CCT y del derecho de los trabajadores a decidir en libertad su sindicato.

Tercero.Todas las tareas que deriven del presente acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.— Diputado: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN...

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Miguel Pompa, tiene usted la palabra, diputado. Desde su lugar, si es tan amable, para que nos explique usted con qué objeto.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Por alusiones del diputado Fernández Noroña, presidente. Nada más agradecerle, obviamente, el esfuerzo que él también ha hecho en la participación en esta comisión especial, al igual que el resto de los 12 compañeros que la conforman.

Y nada más agregar, señor presidente, que tal y como lo menciona el diputado Fernández Noroña, teníamos la grata impresión del nuevo secretario de Gobernación por la disposición que había mostrado de entablar cuanto antes esta mesa de negociación, refrendar lo que acaba de decir el diputado, y exigir al resto de nuestros compañeros que ahora que se presente Lozano lo cuestionemos como debemos hacerlo, por el atropello que está haciendo en los derechos laborales, no solamente los de Cananea sino también de los de Esqueda, y pedirle, de ser posible, al resto de los compañeros que nos apoyen para poder citar de nueva cuenta al secretario de Gobernación, ya que no ha cumplido con lo que él se comprometió, de atender a la Comisión Especial a la brevedad. Muchas gracias, señor presidente.

DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena tiene la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a las comisiones de esta Cámara de Diputados a observar los principios y obligaciones internacionales establecidos en el artículo 2o. de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al momento de elaborar y aprobar sus dictámenes. Por favor, señora diputada.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena:Gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la igualdad es la piedra angular de toda la sociedad democrática que aspira a la justicia social y a la realización de los derechos humanos. En prácticamente todas las sociedades y esferas de la actividad, la mujer es objeto de desigualdades en las leyes y en la práctica.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se rige por una premisa básica: la prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer.

La CEDAW establece, entre otras obligaciones de los Estados parte, la de consagrar en la Constitución y en cualquier otra legislación el principio de la igualdad entre el hombre y la mujer, la de adoptar medidas adecuadas legislativas y de otro carácter que prohíban toda discriminación en contra de la mujer y que le otorguen protección jurídica, así como la de derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación en contra de la mujer.

Lamentablemente, a pesar de los importantes esfuerzos que ha realizado nuestro país para dar cumplimiento a esta Convención, la discriminación sigue siendo al día de hoy un problema persistente en los diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Las cifras así lo indican.

Por mencionar un solo ejemplo, compañeros, de acuerdo con el índice de discriminación salarial es necesario incrementar en promedio 9.5 el salario que se les paga a las mujeres para lograr la equidad salarial.

Compañeros, en muchas ocasiones estas situaciones de desigualdad son generadas por disposiciones jurídicas que lejos de ser el medio para combatir la discriminación alientan prácticas discriminatorias.

En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a nuestro país para que conceda una alta prioridad a la armonización de las leyes y normas federales, estatales y municipales con la CEDAW, a fin de garantizar que toda la legislación se adecúe plenamente al artículo 2 y a otras disposiciones pertinentes de las misma.

Asimismo, recomendó que adoptemos las recomendaciones generales del Comité destinadas a los diputados y a los senadores, a los funcionarios públicos, el Poder Judicial y a los abogados a nivel federal, estatal y municipal.

La proposición que el día de hoy pongo a consideración de todos ustedes tiene como objeto que nuestro trabajo legislativo abone a favor de la igualdad de género y de la no discriminación para que la vida de todas las mujeres de nuestro país esté llena de nuevas oportunidades y que muchas de éstas, compañeras y compañeros, sean brindadas por este Honorable Congreso de la Unión.

En atención a lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a las comisiones de esta Cámara de Diputados para que observen los principios y obligaciones internacionales establecidas en el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al momento de elaborar y aprobar los dictámenes.

Le solicito atentamente se inserte el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones de esta soberanía a observar cuando elaboren y aprueben dictámenes los principios y las obligaciones establecidos en el artículo 2o. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se instruye al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género que por sí, o en coordinación con la institución de educación superior que el mismo defina, elabore un programa de capacitación permanente y obligatorio sobre la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo dirigido a las y los legisladores así como a su equipo técnico, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La igualdad es la piedra angular de toda sociedad democrática que aspire a la justicia social y a la realización de los derechos humanos. En prácticamente todas las sociedades y esferas de actividad la mujer es objeto de desigualdades en las leyes y en la práctica. Aunque las causas y las consecuencias puedan variar de un país a otro, la discriminación contra la mujer es una realidad muy difundida que se perpetúa por la supervivencia de estereotipos y de prácticas y creencias culturales y religiosas tradicionales que perjudican a la mujer.

Preocupada por este fenómeno social la comunidad internacional ha reconocido la no discriminación como un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos, que está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La CEDAW enuncia, en una forma jurídicamente vinculante, es decir, obligatoria para los estados parte, los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer, bajo una premisa básica: la “prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer”, entendida ésta como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Entre las obligaciones que emanan de esta convención, se encuentran las establecidas en su artículo 2, que a la letra versa:

“Artículo 2.

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. ”

Lamentablemente, aún cuando nuestro país forma Parte de la CEDAW y a pesar de los importantes esfuerzos que se han realizado para dar cumplimiento a esta convención, la discriminación sigue siendo un problema persistente en los diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana, las cifras así lo indican:

De acuerdo al índice de discriminación salarial calculado para el año 2008, es necesario incrementar en promedio 9.5 por ciento el salario que se les paga a las mujeres para lograr la equidad salarial;

Se estima que en 2009, 76.8 hombres de 14 años y más de cada cien participaron en alguna actividad económica, y sólo 41.1 de cada cien mujeres del mismo grupo de edad lo hicieron;

En el año 2005, la tasa de analfabetismo de hombres era de 6.8 hombres analfabetas por cada cien hombres, mientras la tasa de mujeres era de 9.8.

En muchas ocasiones estas situaciones de desigualdad son generadas por normas legales que, aún cuando deberían ser el medio para combatir la discriminación, con frecuencia son precisamente las que, de forma activa o pasiva, alientan las prácticas discriminatorias.

En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la CEDAW, con motivo del análisis del sexto informe periódico de México, emitió sus observaciones finales, entre las que se encuentra la siguiente:

El Comité insta al estado parte a que conceda una alta prioridad a la armonización de las leyes y las normas federales, estatales y municipales con la convención, en particular mediante la revisión de las disposiciones discriminatorias vigentes, con el fin de garantizar que toda la legislación se adecue plenamente al artículo 2 y a otras disposiciones pertinentes de la convención. El comité insta al estado parte a que ponga en marcha un mecanismo eficaz para asegurar y supervisar este proceso de armonización.

Recomienda que el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos,  el poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal.

La presente proposición tiene como objeto contribuir a la atención de esta observación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a través de un exhorto a las comisiones de esta honorable Cámara de Diputados para que observen los principios y obligaciones internacionales contenidas en el artículo 2 de la CEDAW en la elaboración y aprobación de dictámenes, pero, su finalidad primordial es, sin duda alguna, que nuestro trabajo legislativo abone a favor de la igualdad de género y de la no discriminación para que la vida de todas las mujeres de nuestro país, esté cada día llena de nuevas oportunidades.

En atención a lo expuesto, someto a consideración de ésta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las comisiones de ésta honorable Cámara de Diputados para que observen los principios y obligaciones internacionales establecidas en el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, al momento de elaborar y aprobar dictámenes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010. — Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, María Dolores del Río Sánchez, Ricardo Sánchez Gálvez, José Manuel Agüero Tovar, Juan José Cuevas García, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, María de Jesús Mendoza Sánchez, Laura Viviana Agundiz Pérez, Yolanda del Carmen Montalvo López, José Luis Íñiguez Gámez, María Felicitas Parra Becerra, Ana Elia Paredes Arciga, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»

«Comentarios a la proposición con punto de acuerdo que presenta la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, para exhortar a las comisiones de la honorable Cámara de Diputados para que observen los principios y obligaciones internacionales establecidas en el artículo 2 de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres, al momento de elaborar y aprobar dictámenes.

Objetivo de la proposición con punto de acuerdo

El punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a las comisiones de la honorable Cámara de Diputados para que observen los principios y obligaciones internacionales establecidas en el artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la, Mujer, al momento de elaborar y aprobar dictámenes.

Comentarios generales

Con base en el análisis y revisión de la proposición con punto de acuerdo que se comenta, se estima loable su objetivo, y se considera oportuno presentar las siguientes observaciones particulares.

Comentarios particulares

Consideramos importante el exhortar a las comisiones de esta Cámara de Diputados para que “observen los principios y obligaciones internacionales establecidas en el artículo 2 de la convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, al momento de elaborar y aprobar dictámenes”, en el entendido que será un medio más para fortalecer la aplicación de dicho instrumento internacional que sin duda contribuirá a promover y fortalecer mecanismos de no discriminación contra la mujer en diversas leyes mexicanas.

Si bien en México, como se anota en las consideraciones del punto de acuerdo en comento, la CEDAW fue ratificada el 23 de marzo de 1981, resulta necesario promover su cumplimiento, y es así que consideramos que es importante el que se observe el artículo 2 de la convención en aras de promover que el trabajo legislativo de las comisiones esté permeado por las directrices enlistadas en el artículo en comento.

Los derechos humanos de las mujeres deben ser tomados en cuenta en los trabajos legislativos y esto va de acuerdo con el inciso b de la convención en comento que anota que los estados parte se comprometen a “adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter (...) que prohíban toda discriminación contra la mujer.”

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) refiere que “la noción de derechos humanos corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado”. Es decir, el reconocimiento de derechos por la sola condición de ser persona, los cuales deben ser respetados y garantizados por el Estado. Los derechos humanos son derechos universales, prioritarios e innegociables.”

Por otro lado, cabe remitirse a la jerarquía de las leyes establecida en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que anota que los tratados celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, son Ley Suprema de toda la unión.

Aunado a lo anterior, está lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados bajo el principio de pacta sunt servanda que establece que todo lo pactado obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. En el caso de la CEDAW. “Al suscribir este instrumento, México se comprometió a tomar todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo para eliminar la discriminación contra las mujeres.”

Conclusión

Consideramos viable el punto de acuerdo en sus términos, por tanto estimamos procedente que continué con el proceso legislativo correspondiente a fin de presentarse en pleno.

Notas:

1 Ver Laura Henríquez Maldonado. Las Garantías Individuales y los Derechos Humanos de las Mujeres. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. Biblioteca Virtual. En: www.bibliojuridica.org/libros/6/2834/29.pdf

2 Ibidem.

Lunes, 23 de agosto de 2010.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así lo haremos, diputada. Si me lo permite, quisiera hacerle una pregunta. Si estaría usted de acuerdo en disponer de 2 minutos más y presentar las otras dos proposiciones que usted tiene inscritas para el orden del día con los números 7 y 21.

La diputada Lucía del Carmen Gallegos Camarena:En el punto 21 va a pasar la compañera Noemí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muy bien. ¿Nos autoriza entonces que la 7 la turnemos directamente a comisión?

La diputada Lucía del Carmen Gallegos Camarena:Por el 21 pasa la compañera Noemí y el otro en otra sesión, señor presidente. Gracias.

La proposición de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena se turna a la Comisión de Equidad y Género.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado José María Torres Robledo, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo que solicita a la Comisión de Agricultura y Ganadería que analice, discuta y en su caso apruebe, un programa de capacitación básica, que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se consideren recursos para dicho programa.

El diputado José María Torres Robledo:Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, todos hemos sido testigos del abandono y marginación en la que vive la gran mayoría de los pequeños productores del campo. Si bien es cierto que se han hecho grandes esfuerzos, sobre todo en la honorable Cámara de Diputados, para asignarle a este sector un recurso histórico en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y ser el programa Especial Concurrente uno de los presupuestos más altos asignados al campo de América Latina, seguimos viendo a nuestros campesinos en las mismas condiciones o peor que antes, y esto es debido a muchos factores como la corrupción, el burocratismo, el conformismo, etcétera, pero sobre todo, a la falta de capacitación de nuestros pequeños productores.

Hemos estado atacando las secuelas, pero no hemos atacado la enfermedad. La capacitación y la asistencia técnica son el verdadero centro de transformación de nuestras comunidades y de sus productores.

Nuestros campesinos, sobre todo los más marginados y con escasos recursos, que son los que a menudo en el discurso se dice que son los primeros que se tienen que apoyar, siguen con el desconocimiento de cosas tan esenciales para su trabajo, como las siguientes:

Desconocen el momento y la forma adecuada de preparar sus tierras, pues hacen movimientos de maquinaria innecesarios que elevan el costo de producción. No utilizan semillas mejoradas. No hacen análisis de suelo. Utilizan fertilizantes químicos que dañan la tierra y son muy caros. No saben vacunar y preparar a sus animales. No saben preparar raciones adecuadas para la alimentación del ganado. Compran sus insumos caros y venden sus productos baratos por la falta de organización y desconocimiento del mercado, etcétera, etcétera.

Si queremos ver a un productor menos dependiente del gobierno, más seguro de sí mismo, con mejores niveles de vida y que rompa con ese círculo de marginación y pobreza, démosle la única herramienta que podrá conseguirlo: es el conocimiento, pues éste es el único que a través de la historia de la humanidad ha transformado las condiciones de vida de sus poblaciones, de tal manera que debemos considerar de una vez por todas a la capacitación de una manera prioritaria, desde el punto de vista económico, político, social y estratégico.

Los diputados de esta Legislatura del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución tenemos una obligación moral y oportunidad histórica sobre todo con los más necesitados, que son los pequeños productores.

Por tanto, y con fundamento en los elementos antes mencionados, someto a la consideración de esa honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. La Honorable Cámara de Diputados solicita que la Comisión de Agricultura y Ganadería analice, discuta y, en su caso, apruebe un programa de capacitación básica que incluya al menos los siguientes puntos:

La conveniencia de sembrar semillas mejoradas y realizar análisis de suelo. El momento y la forma adecuada de preparar las tierras, así como de la siembra, escarpas y cosecha. Cómo enriquecer las tierras utilizando fertilizantes orgánicos o abonos verdes que puedan producir ellos mismos. Cómo realizar prácticas de manejo de los recursos agua y suelo para su mejor utilización y conservación. Conceptos básicos de administración rural para saber qué, cómo, cuándo y dónde probar sus insumos y vender sus productos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, para dicho programa de capacitación básica.

Solicito a la Presidencia la inserción del texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que la Comisión de Agricultura y Ganadería analice, discuta y, en su caso, apruebe un programa de capacitación básica; y que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para aquél, a cargo del diputado José M. Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Torres Robledo, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía , la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Todos hemos sido testigos del abandono y marginación en la que viven la gran mayoría de los pequeños productores del campo de nuestro país, si bien es cierto que se han hecho grandes esfuerzos sobre todo en la honorable Cámara de Diputados para asignarle a este sector un recurso histórico en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 y ser el Programa Especial Concurrente uno de los presupuestos más altos asignados al campo en América Latina, seguimos viendo a nuestros campesinos en las mismas condiciones o peor que antes y esto es debido a muchos factores como la corrupción, el burocratismo, el conformismo, etcétera, pero sobre todo, a la falta de capacitación de nuestros pequeños productores.

Hemos estado atacando las secuelas pero no hemos atacado la enfermedad. La capacitación y la asistencia técnica son el verdadero centro de trasformación de nuestras comunidades y sus productores.

Desde el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Sistema y Servicio Nacional de Capacitación Técnica Rural Integral hasta algunos programas que manejan diferentes secretarías de la administración pública, se hace referencia a la importancia y la necesidad de la capacitación y la asistencia técnica para el buen desempeño de los productores del campo; pero, en la práctica, después de todo este entramado de planes, programas y leyes, dónde queda nuestro productor que es el eje central y lo que le dio origen a éstos, pues en la comunidad, el monte o el surco poco o nada llega en realidad.

Los campesinos, sobre todo los más marginados y con escasos recursos, que son a los que todo  mundo pone en primer lugar en el discurso que se tienen que apoyar, siguen con el desconocimiento de cosas tan esenciales para su trabajo como las siguientes:

- Desconocen el momento y la forma adecuada de preparar sus tierras pues hacen movimientos de maquinaria innecesarios que elevan el costo de producción.

- Siguen utilizando el método tradicional de arado de discos cuando éste erosiona el suelo y utiliza mucho más cantidad de diesel que incrementa el costo de producción; cuando se puede utilizar un multiarado que abarca una mayor superficie y consume menos diesel, no erosiona el suelo pues trabaja por debajo de la tierra evitando voltearla y disminuye el tiempo invertido.

- Muchos de ellos desconocen el tiempo adecuado de la siembra, las escardas y la cosecha, afectando con esto los volúmenes de producción y perdida de grano.

- No utilizan semillas mejoradas ocasionando con esto una baja productividad pues por poner un ejemplo en una hectárea de frijol de temporal levantan 300 kilos pudiendo producir 500 kilogramos, 800 kilogramos o más según las condiciones agroclimáticas.

- No hacen análisis de suelos por lo tanto fertilizan a siegas gastando dinero y agregándole al suelo nutrientes que a lo mejor ya tiene.

- Utilizan fertilizantes químicos que dañan la tierra y son muy caros; pudiendo utilizar fertilizantes orgánicos como el estiércol que producen sus mismos animales y que por la influencia de los fabricantes de fertilizantes y su publicidad dejaron de utilizarlo; o bien desarrollando la lombricultura que produce un fertilizante orgánico de alta calidad o de cualquier otro tipo de abono verde que pueda ser producido por ellos.

- No saben vacunar y desparasitar sus animales ocasionando con esto por ejemplo, en el caso de las borregas, que el número de pariciones sea de una o dos veces cada dos años en vez de tres o que en el caso de los machos no den el peso adecuado en un menor tiempo para su venta porque el alimento se lo comen los parásitos en vez de aprovecharlo el animal y transformarlo en kilos de carne.

- No saben preparar las raciones adecuadas para la alimentación del ganado y muchos productores tienen tierras que pueden destinar a la siembra de lo que necesiten para preparar la fórmula adecuada ellos mismos, pero por desconocimiento no lo hacen y compran estos insumos en las casas comerciales con el impacto directo en sus costos de producción.

- Compran sus insumos caros y venden sus productos baratos por la falta de organización y desconocimiento del mercado, etc.

Si les damos a los pequeños productores estos conocimientos sencillos, pero tan importantes, se duplicaría o triplicaría su producción y disminuirían los costos de la misma.

Por eso es necesario crear un programa de Capacitación Básica en el que se enseñe al productor esas cosas tan esenciales en su vida cotidiana, pues en las dependencias relacionadas con el campo se habla mucho de la exportación, los clusters y la agroindustria cuando el grueso de nuestros productores medianos y sobre todo pequeños aun no saben hacer rentables y productivas sus tierras, mucho menos van a estar preparados para exportar, formar clusters o darle valor agregado a sus productos.

Qué bueno que las autoridades apoyen y sigan apoyando estos sectores pues hay productores medianos y sobre todo grandes productores que necesitan este tipo de apoyos, pero ahora es necesario que volteemos los ojos a esos pequeños productores que por siempre han sido olvidados y marginados del desarrollo, aunque en el discurso y en la ley se diga que tendrán prioridad por sobre los demás productores.

Estoy convencido que para sacar nuestra gente del atraso, la pobreza y la marginación no se necesitan paliativos como láminas, despensas y bultos de cemento, se necesita conocimiento.

En la actualidad hay programas que contemplan la capacitación y la asistencia técnica como el programa soporte de la Secretaria de Agricultura pero éste, únicamente se aplica para aquellos proyectos que se autorizan en el programa de activos productivos que dentro del gran universo de productores es la minoría, pues el pequeño productor a quien es urgente ayudar ni siquiera sabe de la existencia de dichos programas o si los conoce, no sabe como accesar a ellos o no tiene dinero para ir a realizar la tramitología, mucho menos para pagar la elaboración de un proyecto.

Hay otros programas como el de fomento a la organización rural (Organízate) de la misma Sagarpa, en donde se apoya a las organizaciones de productores y una parte de estos recursos la organización los puede destinar a la capacitación de sus agremiados pero que por lo normal, muy pocas lo hacen.

Existen otros programas como Promoagro o las capacitaciones del Inca Rural pero que son impartidas en cursos, talleres o seminarios en ciertas escuelas, hoteles o instalaciones a las que el grueso de los productores rurales no pueden asistir.

Por estas razones y muchas otras más, es necesario analizar, discutir y en su caso aprobar; un programa de capacitación que llegue hasta las comunidades donde habitan nuestros productores pues siempre hemos dicho que es mejor enseñar a pescar que regalar el pescado; y ésta es la mejor manera de cumplirlo.

Si queremos ver a un productor menos dependiente del gobierno, más seguro de sí mismo, con mejores niveles de vida y que rompa con ese círculo de marginación y pobreza, démosle la única herramienta que podrá conseguirlo el conocimiento pues este es el único que a través de la historia de la humanidad ha trasformado las condiciones de vida de su población.

Actualmente se destinan muchos millones de pesos a programas que poco o nada ayudan a nuestra población, como por ejemplo el incremento en el presupuesto destinado a seguridad pública que pasó de 5 mil a 35 mil millones de pesos y no hemos visto alguna mejoría en materia de seguridad, por lo que no podemos argumentar que no hay recursos pues el problema de la inseguridad en mucho tiene que ver con el campo pues si la gente no tiene que comer, ni empleo que le dé los medios para subsistir, se dedica a robar, secuestrar o delinquir para poder mantener a sus familias.

Los problemas de las zonas urbanas también tienen que ver con el campo pues al no haber futuro allí emigran a las grandes ciudades acarreando con esto problemas de falta de vivienda y servicios como agua, luz, drenaje, escuelas, etcétera. O bien yéndose a Estados Unidos con los consecuentes resultados de desintegración familiar, problemas emocionales o la pérdida de la vida al intentar cruzar la frontera.

De tal manera que debemos considerar de una vez por todas a la capacitación de una manera prioritaria desde el punto de vista económico, político, social y estratégico.

Para el análisis, discusión y en su caso aprobación de este programa de capacitación es importante tomar en cuenta entre otros, los siguientes elementos:

- La selección de los capacitadores es pieza clave para el éxito del programa, pues éstos aparte de tener los conocimientos teórico-prácticos necesarios, deben tener una gran calidad humana, sobre todo humildad y sencillez pues si no, será muy difícil que los productores los escuchen.

- Es preferible empezar con un universo de gente a capacitar pequeño pero efectivo, que un gran universo de productores pero sin efectividad, esto dependerá de los recursos disponibles.

- Los profesionistas encargados de la capacitación no deberán ser técnicos urbanos que no tengan práctica en las labores del campo sino gente que sepa las necesidades reales de nuestros productores, pues contamos con gente muy preparada en las diferentes instituciones y asociaciones públicas y privadas que pudieran participar en la capacitación o preparando a quien la dará.

- Que los estados tengan la libertad de utilizar los recursos de dicho programa de capacitación básica utilizando para ello la estructura profesional y educativa de que dispongan, pues cada región tiene necesidades y condiciones edafológicas distintas.

Habrá quien diga que en la práctica esto es muy difícil de lograr, pero si por poner un ejemplo, de un grupo de 50 productores que se capaciten, dos o tres utilizan el conocimiento adquirido, habremos ya iniciado la trasformación del campo mexicano, pues no faltará el hermano, hijo, vecino o compadre que vea la mejora en su producción agrícola o pecuaria para que quiera imitarlo y se convenza en los hechos, que la capacitación trae como consecuencia mayor rentabilidad y productividad y por lo tanto más dinero en su bolsillo; el camino es largo, pero hay que dar el primer paso.

Actualmente se habla mucho de la soberanía y seguridad alimentaria, así como de la sustentabilidad y la mejor manera de lograrla es mediante la capacitación pues ésta proporcionará más y mejor alimento para las familias, elevación del producto interno bruto, mejor cuidado de los recursos naturales, más ingresos y por lo tanto mejores niveles de vida para nuestra población.

Los diputados de esta legislatura del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución, tenemos una obligación moral y oportunidad histórica sobre todo con los más necesitados de éste país de sentar las bases de una profunda y verdadera trasformación de nuestro campo mexicano.

Estoy convencido, porque así lo he constatado entres mis compañeros legisladores, que algo habremos de hacer al respecto, pues se percibe en ellos, sobre todo en los que integran las comisiones que tienen que ver con el campo, una voluntad sincera de ayudar a éste sector de nuestra población.

Por lo tanto y con fundamento en los elementos antes mencionados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita que la comisión de Agricultura y Ganadería analice, discuta y en su caso apruebe, un programa de Capacitación Básica que incluya al menos los siguientes puntos:

- La conveniencia de sembrar semillas mejoradas y realizar análisis de suelo.

- El momento y la forma adecuada de preparar las tierras, así como de la siembra, escardas y cosecha.

- Como enriquecer las tierras utilizando fertilizantes orgánicos o abonos verdes que puedan producir ellos mismos

- Como realizar prácticas de manejo de los recursos agua y suelo para su mejor utilización y conservación.

- Como aplicar vacunas y preparar raciones adecuadas para la alimentación del ganado; y

- Conceptos básicos de administración rural para saber que, como, cuando y donde comprar sus insumos y vender sus productos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública asignen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para dicho programa de capacitación básica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.— Diputado José Torres Robledo (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería su propuesta.

La proposición que tenía como destino exhortar a la federación para que en el Ejercicio Fiscal 2011 se concedan recursos para el Fondo de apoyo social de ex trabajadores migratorios, se pospone.

Antes de concederle la palabra al diputado Carlos Bello Otero, saludamos la presencia de la licenciada Alejandra del Moral Vela, presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli. Que se encuentra entre nosotros.

Igualmente a un distinguido grupo de ciudadanos de Puebla, encabezados por el diputado local don Enrique Guevara, invitados por el diputado federal don Pablo Rodríguez Regordosa.

Bienvenidos, amigos de puebla. Bienvenida presidenta de Cuautitlán.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Carlos Bello Otero, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a los sectores público, privado y social a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad.

El diputado Carlos Bello Otero:Muchas gracias, diputado presidente. Diputadas y diputados, muy buenas tardes.

La problemática social que afecta a las personas con discapacidad es un asunto que concierne a todos los sectores sociales. Para las personas con discapacidad las probabilidades de encontrar trabajo son muy escasas.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo señalan que el 10 por ciento de la población mundial padece alguna discapacidad y la mayoría la adquiere después de los 16 años. Es decir, durante el inicio de su vida productiva.

A este respecto, el INEGI señala que el 98 por ciento de esas personas carecen de empleo en México. En marzo de 2007 México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, disponiendo que los Estados parte promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de leyes.

Es así que desde el ámbito legislativo se tiene el compromiso de alentar y promover la integración laboral de las personas con discapacidad. A este respecto, este Honorable Congreso de la Unión, en el año 2005, aprobó la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual en su artículo 9o. se refiere al trabajo y a la capacitación, disponiendo, entre otras medidas, que las autoridades competentes instrumentarán el programa Nacional de Trabajo y Capacitación a través de convenios con los sectores empresariales, instituciones de gobierno, organismos sociales, sindicatos y empleadores que propicien el acceso al trabajo.

No obstante, al importante avance ya descrito debemos reconocer que el número de desempleados con limitaciones físicas, mentales o sensoriales es aún mayor y que en consecuencia debemos continuar con los esfuerzos legislativos en esta materia.

Es importante reconocer que dados los recortes presupuestales realizados en el sector público y privado se han producido despidos de personal con alguna discapacidad, sin considerar que el despido de empleados con discapacidad es aún más grave, ya que en este grupo vulnerable existe un amplio número de padres de familia con todas las responsabilidades económicas que ello implica.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta respetuosamente a las áreas y dependencias administrativas del Honorable Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los Congresos estatales y a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, federal y municipal, centralizada y paraestatal, a no despedir funcionario, empleado o servidor público con algún tipo de discapacidad física o sensorial o ambos tipos, y a reinstalar laboralmente, cuando así corresponda, a cualquier servidor público que durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social a generar, impulsar y, en su caso, reforzar las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento laboral de las personas con discapacidad.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Economía, y se hace un llamado público al sector empresarial y a los organismos sociales para que impulsen el fortalecimiento, integración, difusión y promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad mediante la vinculación de los oferentes y demandantes de empleo en un acuerdo nacional.

Finalmente le solicito, diputado presidente, se sirva ordenar que la presente proposición con punto de acuerdo se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sectores público, privado y social a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Carlos Bello Otero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura; con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los sectores público, privado y social a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La problemática social que afecta a las personas con discapacidades es un problema que concierne a todos los sectores sociales. Es preocupante que para las personas con discapacidad las probabilidades de encontrar trabajo disminuyen en relación a su nivel o tipo de discapacidad.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que 650 millones de personas, es decir, el 10 por ciento de la población mundial, padece alguna discapacidad, ya sea física o mental. Además las estadísticas nos indican que aproximadamente una de cada cinco de esas personas nace con una discapacidad, mientras que la mayoría la adquiere después de los 16 años y principalmente durante su vida laboral.

Pese a los esfuerzos institucionales que por décadas se han realizado a lo largo del territorio nacional, actualmente persiste en nuestro país la falta de instrumentos que hagan viables y efectivos los derechos de inserción laboral de las personas con discapacidad.

El fenómeno de la discriminación en México, es complejo y múltiple, tal y como define el convenio número 111 de la OIT, la discriminación se refiere a cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, entre otras características, “que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 10 por ciento de la población son personas con algún tipo de limitación física, sensorial o mental; y de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 98 por ciento carecen de empleo.

Por otro lado y con el ánimo de propiciar la integración laboral de las personas con discapacidad, el Congreso de la Unión ratifico y aprobó el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas —convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—, ratificado por México el 5 de abril de 2001, en vigor el 22 de abril del 2002, y que establece en su Artículo primero, párrafo segundo:

Artículo l.  ...

A los efectos del presente convenio, todo miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad.

El 30 de marzo de 2007, México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, instrumento jurídico internacional promovido e impulsado por iniciativa del presidente constitucional en turno, mismo que entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y que en su Artículo 27, párrafo primero dispone que los estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, como se indica en el inciso e) del mismo párrafo, que a la letra señala:

Artículo 27. Trabajo y empleo

1. Los estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los estados parte salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

...

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;

...

Según esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, desde el ámbito legislativo se tiene el compromiso de alentar y promover la integración laboral de las personas con discapacidad.

Al respecto, y atendiendo a los anteriores tratados internacionales de los que México forma parte, este honorable Congreso de la Unión en el año 2005 aprobó la Ley General de las Personas con Discapacidad; la cual en su artículo 9 al referirse al trabajo y a la capacitación para las personas con discapacidad, dispone que las autoridades competentes establecerán entre otras medidas, las indicadas en sus siguientes fracciones:

Artículo 9. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, en términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas:

...

III. Diseñar, ejecutar y evaluar un programa federal, estatal y municipal de trabajo y capacitación para personas con discapacidad, cuyo objeto principal será la integración laboral;

IV. Formular y ejecutar programas específicos de incorporación de personas con discapacidad como servidores públicos;

V. Instrumentar el programa nacional de trabajo y capacitación para personas con discapacidad a través de convenios con los sectores empresariales, instituciones de gobierno, organismos sociales, sindicatos y empleadores, que propicien el acceso al trabajo, incluyendo la creación de agencias de integración laboral, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, becas económicas temporales, y

...

Es importante destacar que como antecedente, a estos instrumentos jurídicos, en diciembre de 1997 ésta honorable Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo para que el uno por ciento del personal de este órgano legislativo fueran personas con discapacidad. Y el 14 de febrero de 2008, se aprobó el punto de acuerdo en el que exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades para que el dos por ciento de sus plantillas de personal fueran personas con discapacidad.

Es claro que en el honorable Congreso de la Unión, y en especial esta Cámara de Diputados, ha atendido a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México forma parte, y ha impulsado un amplio trabajo legislativo a favor de la integración laboral de las personas con discapacidad en el sector público. Desde 1997 a la fecha, con gusto podemos ver que en este órgano legislativo se encuentran trabajando junto con nosotros un buen número de personas con algún tipo de discapacidad; pero además este buen ejemplo se ha reproducido en las distintas áreas y dependencias de los tres niveles de gobierno.

No obstante el importante avance descrito para la integración laboral de las personas con discapacidad, debemos reconocer que el número de desempleados con limitaciones físicas, mentales o sensoriales es aún considerablemente mayor, y que en consecuencia debemos continuar con este esfuerzo legislativo.

Es importante reconocer, que dado a los recortes presupuestales realizados en el sector público, se han producido despidos de personal con alguna discapacidad; sin considerar que el desempleo o el despido de empleados con discapacidad es aún más grave, ya que entre este grupo vulnerable existe un amplio número de padres de familia, con todas las responsabilidades económicas que ello implica.

En la actualidad para cualquier persona es muy difícil conseguir un empleo y mantenerse en el mismo; pero para las personas con discapacidad es doblemente difícil, dado el rechazo, la marginación y discriminación que sufren.

Finalmente realicemos un llamado al sector privado y social de México para que se solidaricen con las personas con discapacidad que buscan una oportunidad de inserción en el ya difícil y competitivo mercado laboral.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las áreas y dependencia administrativas del honorable Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los congresos estatales; y a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, centralizada y paraestatal, a no despedir funcionario, empleado o servidor público con algún tipo de discapacidad física o sensorial, o de ambos tipos; y a reinstalar laboralmente, cuando así corresponda, a cualquier servidor público que durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social a generar, impulsar y en su caso, reforzar las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento laboral de las personas con discapacidad.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía y se hace un llamado público al sector empresarial y a los organismos sociales, para impulsar el fortalecimiento, integración, difusión y promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad, mediante la vinculación de los oferentes y demandantes de empleo en un acuerdo nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.— Diputado Carlos Bello Otero, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, José Manuel Agüero Tovar, Gloria Trinidad Luna Ruiz, José Ignacio Seara Sierra, Yolanda del Carmen Montalvo López,  Ariel Gómez León, Juan José Cuevas García, Guadalupe Valenzuela Cabrales, Gumercindo Castellanos Flores, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Francisco Javier Orduño Valdez, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Ana Elia Paredes Arciga (rúbricas).»

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Como lo ha solicitado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Cuevas.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Solicitarle a ver si el compañero diputado nos permite adherirnos a la proposición que hace, por favor.

El diputado Carlos Bello Otero:Cómo no, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ha aceptado el diputado Bello, así que las personas que quieran adherirse a su propuesta, pueden pasar a la Secretaría.

DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno del Distrito Federal, relativo a las mesas de trabajo con los vecinos de los asentamientos urbanos ubicados en la Delegación Magdalena Contreras, para atención de diversos servicios urbanos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a autoridades del Distrito Federal respecto a las mesas de trabajo con los vecinos de los asentamientos humanos de La Magdalena Contreras para atender diversos servicios urbanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades del Distrito Federal a reanudar las mesas de trabajo con vecinos de los asentamientos humanos ubicados en la delegación La Magdalena Contreras para la atención de diversos servicios urbanos de primera necesidad y la mitigación de riesgos , bajo los siguientes

Antecedentes

1. La delegación La Magdalena Contreras muestra un proceso de crecimiento urbano identificado y tangible que requiere el compromiso social con los habitantes de la delegación. Es obligación del gobierno del Distrito Federal actuar en cumplimiento a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, e imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

2. De conformidad con el programa delegacional vigente para La Magdalena Contreras, publicado el 28 de enero de 2005 se contempló que aquellas viviendas que se localizan dentro del polígono clasificado como de riesgo como son Tierra Colorada, Gavillero, Ixtlahualtongo, Chichicaspa, Cazulco, entre otros y que la zonificación es habitacional rural baja densidad, habitacional rural, habitacional rural con comercio y servicios y equipamiento rural, se verán beneficiadas con la zonificación, siempre y cuando cumplan con la dictaminación del nivel de riesgo favorable, emitido por la Dirección General de Administración Urbana de la Seduvi...”

3. Que de conformidad con dicho programa las zonas sujetas al programa de regularización definidas para los polígonos denominados: El Capulín, Ampliación Lomas de San Bernabé, Tierra Unida, El Ermitaño, Meyuca, Crecencio Juárez Chavira, Lindero de la Cañada, El Ocotal, Pipico, Mina Vieja, El Gavillero, Subestación, Ex hacienda Eslava, Rinconada Tabaqueros, Ladera de Chisto, Cazulco y Tierra Colorada, tendrán zonificación HR/2 (habitacional rural/2) en zona habitacional y ER (equipamiento rural) en las áreas definidas para equipamiento rural básico.

4. Que es una realidad que en dichos asentamientos en proceso de regularización contemplados en el programa delegacional, habitan miles de familias del Distrito Federal que viven en un alto grado de marginalidad que carecen además de muchas otras cosas, de la infraestructura urbana básica para resolver sus necesidades cotidianas y las situaciones de riesgo e inseguridad  a las que se enfrentan cada día, pese a existir un programa delegacional vigente que va dirigido a mejorar las condiciones de vida de los contrerenses.

5. Que el 8 de enero de 2008, esta soberanía aprobó un punto de acuerdo en el que se exhortaba a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que se iniciará del proceso de revisión en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la delegación La Magdalena Contreras, para evaluar los objetivos y metas establecidos en el programa vigente, de igual forma se exhortó a la secretaría para que regularizará la situación que prevalece en relación con diversos asentamientos humanos  que no están contemplados en el programa delegacional vigente y que se encuentran consolidados para que sean considerados como suelo urbano. De igual forma, el tercer resolutivo solicitaba que derivado de la revisión se estableciera una línea de conservación ecológica que permita la planeación de espacios abiertos y áreas verdes, así como vialidades y preservación de barrancas y, finalmente, que derivado de la revisión se establezcan mejores condiciones de vida para los habitantes de la delegación La Magdalena Contreras.

6. Asimismo, el 30 de mayo del 2008, cientos de familias de las zonas, asentamientos humanos y colonias denominados: El Mirador, Tierra Colorada, Chichicaspa, Totolapan, Ixtlahualtongo, Tecutlapan, Surco de Encinos, El Rincón, Ladera de Chisto, Cazulco-Ocotenco, La Carbonera, La mesita, El ermitaño, El Ocotal, Atacaxco, Lomas de San Bernabé, Pipico, Gavillero, Subestación y de la Ex hacienda Eslava solicitaron la intervención del jefe del gobierno del Distrito Federal, para que se les brindara atención en los siguientes rubros: inicio y en algunos casos conclusión de las obras de introducción y mejoramiento de los servicios urbanos a cargo de la delegación en las zonas urbanas y zonas sujetas a regularización contempladas en al programa delegacional vigente; un plan emergente de atención con motivo de la temporada de lluvias, con la finalidad de mitigar y prever cualquier contingencia hidrometeorológica, así como la revisión del programa delegacional vigente para la evaluar la factibilidad de mejorar las condiciones de vida de dichos  asentamientos humanos.

7. Derivado de los hechos previamente señalados y en consecuencia se iniciaron mesas de trabajo los días 4, 11, 18, 25 de junio y 22 de julio de 2008, con la asistencia de representantes de las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como la Dirección General de Asuntos Agrarios, en estas reuniones se planteó:

a. Las solución de las necesidades y requerimientos de introducción de servicios públicos e infraestructura urbana y la conclusión de las obras que ya han sido iniciadas pero que ésta ha sido ineficaz  para atender debidamente las necesidades de la población , pese a que son zonas sujetas a regularización de conformidad con el programa delegacional vigente.

b. La atención y revisión de las condiciones de marginalidad, riesgo y alta vulnerabilidad en que viven las y los habitantes de asentamientos humanos consolidados en algunos casos desde hace 20 años y de los sujetos al programa de regularización, en los cuales habitan cientos de familias que llegaron a esos terrenos adquiridos de buena fe a terceros que abusando de la necesidad, pobreza y en muchos casos de la ignorancia de la ley compraron o celebraron convenios y cesiones de derechos sobre la titularidad o posesión de éstos, así como la revisión del programa delegacional vigente para la evaluar la factibilidad de mejorar las condiciones de vida de dichos  asentamientos humanos.

Considerando

I. Que contar con servicios urbanos es un derecho fundamental de los habitantes de la Ciudad de México, sobre todo si las zonas para los cuales se solicitan están ubicada en suelo urbano, están sujetas a regularización de conformidad con el programa delegacional vigente en La Magdalena Contreras y se cuenta con recursos públicos destinados para estos fines.

II. Que para las autoridades del gobierno del Distrito Federal debe ser una prioridad la atención de las situaciones de riesgo en que viven los habitantes de la ciudad y garantizar su seguridad, la de sus familias y sus bienes.

III. Que el gobierno del Distrito Federal es un gobierno comprometido con quienes menos tienen, sensible de las demandas sociales y cuenta con las atribuciones y facultades de ley para dar atención a la problemática planteada.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al órgano político administrativo en La Magdalena Contreras para que, a través de los representantes que designe, se reanuden las mesas de trabajo con las y los habitantes de los asentamientos humanos referidos en el cuerpo del presente y se dé continuidad a los acuerdos tomados en éstas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que se inicien los trabajos de revisión del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en La Magdalena Contreras que permitan determinar la factibilidad de mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de los asentamientos humanos en dicha demarcación.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al órgano político administrativo en La Magdalena Contreras se dé continuidad a las mesas de trabajo y a los acuerdos relativos a la solución de las necesidades y requerimientos de introducción de servicios públicos e infraestructura urbana y la conclusión de las obras que ya han sido iniciadas pero que se encuentran inconclusas, pese a que se encuentran en zonas sujetas a regularización de conformidad con el programa delegacional vigente en La Magdalena Contreras.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al órgano político administrativo en La Magdalena Contreras para que se dé continuidad a las mesas de trabajo y a los acuerdos relativos a la atención y revisión de las condiciones de marginalidad, riesgo y alta vulnerabilidad en que viven las y los habitantes de asentamientos humanos consolidados y de los sujetos al programa de regularización.

Palacio Legislativo, a 14 de septiembre de 2010.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La diputada Quezada ha solicitado que se turne directamente su propuesta a la Comisión del Distrito Federal.

Señoras diputadas y señores diputados, les comunico que nos visitan alumnos y maestros del Colegio West Hill, invitados por el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, los saludamos.

Igualmente a profesores del Centro de Capacitación y Desarrollo de Maestros, del municipio de Francisco I. Madero, en el estado de Hidalgo, a invitación de la diputada Paula Hernández Olmos.

Invitados de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez, los saludamos y le damos la bienvenida.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL - LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra ahora la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que publique, el Reglamento del artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, referente al envío de paquetería y mensajería. Diputada, tiene usted, además de esta proposición, otra registrada posteriormente ¿estaría usted de acuerdo en abordar las dos en este momento?

La diputada Sofía Castro Ríos:Sí, cómo no.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se lo agradecemos, diputada.

La diputada Sofía Castro Ríos:Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Señor presidente, con su venia.

Hemos planteado en principio el dar cumplimiento a un mandato de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en razón de que en el artículo 58 mandató al Ejecutivo a la

publicación de un reglamento. Este reglamento lamentablemente, después de cuatro presidentes de la República, al día de hoy no ha sido emitido y va en detrimento de la seguridad jurídica del 98 por ciento de las micro y pequeñas empresas que se dedican al tema de la mensajería y paquetería.

Me parece que es sumamente importante en razón de que la economía de nuestro país necesariamente pasa por la vía de la mensajería y la paquetería.

En ese sentido vengo a exhortar al titular del Poder Ejecutivo a efecto de que emita el reglamento como un acto de autoridad, no como un instrumento negociado o avalado por grupos de interés sino por una decisión sana o política pública a favor de su ejercicio de ejercer el poder y a favor de las empresas.

La Cofemer, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, cuyo propósito es justamente garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad, para contribuir al objeto de una regulación de calidad que incremente el bienestar social y fomente la competitividad. La Cofemer revisa y dictamina los proyectos de la nueva regulación.

Hoy en día, la Unión Postal Universal, la UPU, que es un organismo especializado de la ONU, que tiene como objetivo el afianzar la organización y el mejoramiento de los servicios postales, ha emitido tarifas en las cuales nuestro país no ha podido incluirse debido a la falta de ese reglamento.

Por eso es un tema fundamental, es un tema trascendente y por ello es fundamental exhortar al Ejecutivo a efecto de que a la brevedad posible, dentro de los 45 días, emita este reglamento y con ello concluyamos un proceso que inició en el 93 y que a 2010 lamentablemente no se ha cumplimentado. Eso es por cuanto al tema del artículo 58 de la Ley de Puentes, Autotransporte Federal y Caminos.

El siguiente tema, señor presidente, tiene que ver con un asunto de impacto ambiental. La Semarnat es el órgano regulador que tiene que sancionar a las empresas que expenden sus productos a través de diversos modos y uno de ellos es el unicel.

El unicel está causando impactos severos en el medio ambiente, es altamente peligroso —así lo dicen los dictámenes que ha habido al respecto— porque no tiene un proceso de reciclaje. Los daños que causa, en nuestro impacto ambiental, son enormes y por ello estoy presentando este punto de acuerdo, que espero sea discutido en su momento en la Comisión de Medio Ambiente, a efecto de cumplir con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, referente al manejo aplicable a productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, en particular —como lo dije— el unicel y demás plásticos usados en el hogar y en la industria, y por supuesto, con base en este planteamiento se elaboren, se mandate a las empresas elaborar programas y proyectos que garanticen el manejo adecuado y el reciclaje del unicel y demás plásticos de uso comercial e industrial.

Como consecuencia, para poder alcanzar este propósito es fundamental la comunicación a través de los espacios de radio y televisión con los que cuenta el Estado mexicano para hacer del conocimiento, como un acto preventivo, a la sociedad mexicana en su conjunto.

Por lo demás, señor presidente, espero encontrar coincidencias en mis compañeros legisladores y compañeras legisladoras, a efecto de que estos dos puntos de acuerdo que he sometido a la consideración del pleno sean aprobados en su oportunidad. Es cuanto. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento del Artículo 58, referente al envío de paquetería y mensajería, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Sofía Castro Ríos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El servicio de envío de paquetería y mensajería es la recepción, porte, traslado, rastreo, control, seguimiento, entrega personalizada y confirmación de entrega, en tiempos predeterminados y de manera acelerada, de documentos, paquetes y/o bienes. Estas empresas surgieron ante la necesidad de envíos mayores a un documento escrito, y fueron ganando terreno  debido a  la explosión demográfica que propició mayores necesidades de comunicación, de logística  y de intercambio comercial de objetos de pequeño volumen; hoy son pieza fundamental del engranaje económico de nuestro país. De acuerdo con cifras del Inegi, el valor del mercado de mensajería y paquetería es de ocho mil millones de pesos y está integrado por 3 mil 100 empresas nacionales y extranjeras, de las cuales el 91 por ciento son micro, el 6 por ciento son pequeñas, el 2 por ciento son medianas y el 1 por ciento son grandes.

He aquí que el 22 de diciembre de 1993 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en cuyo capítulo VI, relativo a paquetería y mensajería, artículo 58, a la letra dice:

“La prestación del servicio de paquetería y mensajería requiere de permiso que otorgue la secretaría en los términos de esta ley y estará sujeto a las condiciones que establezca el reglamento respectivo. A este servicio se le aplicarán las disposiciones de la carta de porte.”

Como lo especifica con claridad la ley antes mencionada, y por lógica de derecho, este artículo tiene que contar con un reglamento que regule la prestación del servicio, sin embargo después de 16 años y de cuatro presidentes de la República, ninguno ha tenido la atención de voltear a ver a las empresas de paquetería y mensajería, y hasta hoy, este importante sector económico no cuenta con regulación alguna.

Es facultad y obligación del Presidente de la República emitir el reglamento respectivo como lo señala el artículo 89 constitucional, Fracción I, que a la letra dice:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que emita el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Es decir, El presidente de la República debe emitir el reglamento, como un acto de autoridad, no como un instrumento negociado y/o avalado por  los grupos de interés, sino por una decisión sana, de política pública, a favor de su propio  ejercicio de poder, y en favor de las empresas; particularmente las nacionales, que proveen este servicio en nuestro país.

Es muy importante señalar que el reglamento no debe tener restricciones injustificadas, que debe ofrecer certeza jurídica, y permitir operar al sector de paquetería y mensajería según la práctica internacional.

En este tenor, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que subsanar el anteproyecto de reglamento que envió a la Comisión Federal Mejora Regulatoria (Cofemer), que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, cuyo propósito es garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad. Para contribuir al objetivo de una regulación de calidad, que incremente el bienestar social y fomente la competitividad, la Cofemer revisa y dictamina los proyectos de nueva regulación, para que sean sencillos y fáciles de cumplir.

Es indispensable que el reglamento regule el servicio de paquetería y mensajería sin invadir el segmento de carga, pero es importante también que no aparezcan en el reglamento una restricción mayor de peso en paquetes porque es limitativa del servicio, y que los límites de peso bruto vehicular fijados les permita utilizar los vehículos cuyas características se ajusten de mejor manera a sus necesidades de negocio,  lo cual sirve para que en ese sentido se respete la práctica establecida, como lo marca la Unión Postal Universal (UPU), que es un organismo especializado de la Organización de Naciones Unidas que tiene como objetivo afianzar la organización y el mejoramiento de los servicios postales, participar en la asistencia técnica postal que soliciten los países miembros y fomentar la colaboración internacional en materia postal. La UPU fija tarifas, límites máximos y mínimos de peso y tamaño, así como las condiciones de aceptación de la correspondencia, entre otras funciones. En este sentido, la UPU fija  treinta y un y medio kilos como peso máximo de paquete, además del tamaño del vehículo establecido en la Norma de Pesos y Dimensiones que índica hasta cuatro toneladas de peso bruto vehicular. Cualquier restricción numérica o cuantitativa podría quedarse en la zona de extralimitación jurídica, además es muy importante que, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio Para América del Norte; el cabotaje, es decir el servicio entre las ciudades, o sea punto a punto, siga  restringido sólo a compañías de transporte de carga de capital nacional.

Hoy se desconoce el curso o el destino del anteproyecto que contribuiría positivamente al sector logístico en general y taparía un hoyo regulatorio que lleva más de 16 años; el clima de negocios e inversión se beneficiaría de tener el reglamento, es una cuestión de estado de derecho.

Desde esta tribuna, la más alta del país, les digo a todos que en indispensable que la SCT defina el anteproyecto final de Reglamento de Paquetería y Mensajería que presentará a consideración del presidente de la República y que el presidente  de la República emita el reglamento, porque la inacción de la autoridad se llama negligencia, y ésta sólo demuestra incapacidad en el ejercicio de gobierno.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al ciudadano Felipe de Jesus Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que publique de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el Reglamento del Artículo 58, referente al envío de paquetería y mensajería.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de septiembre de 2010.— Diputadas Sofía Castro Ríos, Laura Arizméndi Campos, (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se turna a la comisión de Transportes.

La diputada Sofía Castro Ríos:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a hacer cumplir la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en cuanto al manejo de productos de consumo que al deshacerse se vuelven residuos peligrosos, en particular el unicel y demás plásticos, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Sofía Castro Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El unicel o poliestireno expandido (EPS) es un material plástico espumado, utilizado en el sector del envase y la construcción; es un residuo considerado altamente peligroso y  en realidad lo es más, si no se maneja adecuadamente su proceso de reciclaje, es decir, su  transformación a través de distintos procesos que permitan restituir su valor económico, sin perjuicio para la salud, el ecosistema o sus elementos. El común de la población no sabe que no debe verterlo en rellenos ya que este material no es biodegradable:[]se calcula que en mil años podría encontrarse un vaso de este material intacto; la naturaleza sólo puede dividir su estructura en moléculas mínimas, pero no biodegradarlo y puede ser altamente tóxico si se ingiere porque para producir poliestireno se usan recursos naturales no renovables y es un plástico derivado del petróleo.

Su cualidad más destacada es su higiene ya que no incuba microorganismos, no se pudre, no se enmohece ni se descompone, lo que lo convierte en un material idóneo para la venta de productos frescos; es ligero, resistente a la humedad y tiene capacidad de absorción de  impactos.

Otra de sus aplicaciones es la de aislante térmico y acústico en el sector de la construcción, utilizándose como tal en fachadas, cubiertas, suelos, etcétera. Sin embargo, la practicidad  de este producto, en particular para servir los alimentos y las bebidas calientes, y lo económico de su costo, está propiciando que su uso se vuelva indiscriminado, lo que aunado a la ignorancia en su manejo como residuo hace que el unicel se esté volviendo un enemigo ecológico potencialmente intrusivo y destructivo del medio ambiente.

El artículo 4. Párrafo  cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos a la letra dice toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención, de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. En el artículo 2o. señala que“en la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se observarán los siguientes principios:

“I.El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar;

II.Sujetar las actividades relacionadas con la generación y manejo integral de los residuos a las modalidades que dicte el orden e interés público para el logro del  desarrollo nacional sustentable;

III.La prevención y minimización de la generación de los residuos, de su liberación al ambiente, y su transferencia de un medio a otro, así como su manejo integral para evitar riesgos a la salud y daños a los ecosistemas.”

Es por eso que urge que la autoridad en materia de medio ambiente elabore planes para el manejo de residuos de consumo que al desecharse se conviertan en residuos peligrosos; y ejecute con eficiencia y claridad las disposiciones del artículo 29 de la Ley General Para la prevención y Gestión Integral de los Residuos, que a la letra dice:

Artículo 29.Los planes de manejo aplicables a productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

I.Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar;

II.Las estrategias y medios a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las acciones que éstos deben realizar para devolver los productos del listado a los proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según corresponda;

III.Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos; y

IV.Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución.

En todo caso, al formular los planes de manejo aplicables a productos de consumo, se evitará establecer barreras técnicas innecesarias al comercio o un trato discriminatorio que afecte su comercialización.

Pues bien, ninguno de los artículos antes mencionados se están cumpliendo, la autoridad no sólo debe establecer el marco normativo y esta autoridad federal se está caracterizando entre otras cosas por su falta de compromiso con el medio ambiente, y el deterioro ambiental nos está alcanzando, los ciudadanos requieren del compromiso serio de sus gobernantes con el futuro del planeta aunque también requieran de la fuerza coactiva de la ley para hacer cumplir las disposiciones ambientales cuando sea necesario.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales (Semarnat).

Uno. A hacer cumplir la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, referente al manejo aplicable a productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, en particular el unicel y demás plásticos usados en el hogar y la industria.

Dos. A elaborar programas y proyectos que garanticen el manejo adecuado y reciclaje del unicel y demas plásticos de uso comercial e industrial.

Tres. A usar tiempo aire oficial en los medios de comunicación para difundir campañas que den a conocer el riesgo que conlleva el uso de unicel y demás plásticos para el ecosistema.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.— Diputadas Sofía Castro Ríos, Laura Arizméndi Campos, (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:   Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Gracias a usted, diputada. El primero de sus puntos... Dígame, diputada Uranga.

La diputada Laura Arizmendi Campos(desde la curul): Laura Arizmendi.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Arizmendi, perdón.

La diputada Laura Arizmendi Campos(desde la curul): Sólo para pedirle preguntar a la diputada Castro si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Cómo no. Ha aceptado la diputada Castro. Entonces puede usted pasar a la Secretaría a suscribir el documento.

PROTECCION A MIGRANTES CONNACIONALES

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a efecto de que en los presupuestos de las Secretarías de Gobernación y la de Relaciones Exteriores se aumenten los montos asignados a los programas de protección a nuestros connacionales que regresen al país con motivo de la aplicación de la Ley SB-1070.

El diputado Héctor Pedraza Olguín:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en julio de este año nos enteramos que en el estado de Arizona entró en vigor una ley polémica; la Ley SB-1070, y en vísperas de la entrada de esta ley una juez bloqueó los ángulos más polémicos en virtud de que es una ley discriminatoria, es una ley racista. Estos ángulos que se bloquearon son: que no puede ser detenido ningún migrante para aclarar su estatus migratorio. No puede ser detenido por simples aspectos raciales.

Ante esos hechos que se han ido dando en otros estados de la Unión Americana han amenazado, han planteado también poder generar este tipo de leyes que frenan, que inhiben el desarrollo laboral de nuestros migrantes en Estados Unidos y ante ese hecho en particular muchos han optado por retornar a sus lugares de origen. Muchos no salen a buscar empleo por ese temor, y ante esa circunstancia de acuerdo con el INEGI, al Instituto Nacional de Migración, en esos cuatro meses han retornado más de 30 mil migrantes.

En este caso particular, esta Cámara de Diputados aprueba siete programas, siete presupuestos que tienen que ver con este tema.

En este caso específico, estamos solicitando que en el análisis del Presupuesto, ojalá no se disminuyan los recursos económicos sino que, al contrario, se pudieran fortalecer los programas para efecto de que se pueda atender el problema social, el problema complejo que éste pudiera generar, en virtud de que más de 22 estados de la república son altamente expulsores de emigrantes y en sus lugares de origen hay marginación, hay pobreza.

Si a eso le agregamos de que con la crisis económica no ha habido el envío de remesas y, por ende, estas comunidades están en un estancamiento económico, es fundamental presentar ante ustedes este exhorto para efecto de que las dependencias que manejan este recurso económico, como acuerdo único, poder seguir fortaleciendo las finanzas públicas, los presupuestos económicos que permitan, efectivamente, tener desarrollo económico y que nuestros migrantes se puedan insertar al mercado laboral.

Es cuanto, diputado presidente. Solicito muy amablemente se pueda insertar en el Diario de los Debates, de manera íntegra el presente texto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a aumentar en los presupuestos de la Segob y de la SRE los montos asignados a los programas de protección de connacionales que regresen al país por la aplicación de la Ley SB-1070, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Héctor Pedraza Olguín integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a efecto de que en los presupuestos de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, se aumenten los montos asignados a los programas de protección a nuestros connacionales, que regresan al país con motivo de la aplicación de la Ley SB1070, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es del conocimiento de todos nosotros, el pasado mes de julio del año en curso, entró en vigor la polémica Ley SB1070 en el estado de Arizona, a pesar que en la víspera una jueza federal bloqueó –temporalmente– sus partes más polémicas.

Hay posibilidad de que otros estados de Estados Unidos, traten de aprobar leyes similares pero hasta la fecha el único estado que tiene este tipo de ley es Arizona.

La juez federal Susan Bolton bloqueó provisionalmente partes de la Ley SB1070, entre ellas, que no es delito por ahora no portar documentación que pruebe un estado migratorio legal y dejó en suspenso la prohibición de que trabajadores indocumentados o sin papeles pidieran trabajo en las calles.

Asimismo, la estadía ilegal en el país, pasa de ser un delito meramente civil a ser un delito criminal. Esta ley da derecho a la policía de Arizona, a detener a las personas solamente bajo la sospecha razonable de no estar en el país legalmente. También da derecho a los ciudadanos de Arizona a demandar a las agencias o entidades del estado, si creen que éstas no están cumpliendo con la ley.

Con este ordenamiento aumentará la discriminación, ya que las autoridades policiacas podrán utilizar lo que se llama perfiles raciales, aunque la ley prohíbe utilizarlos. No es posible saber exactamente, quiénes están o no legalmente en el país; puede ser cualquier persona que hable otro idioma, que tenga rasgos latinos o asiáticos, que se vista de cierta manera o que tenga cierto color de piel o que se comporte de manera diferente a la mayoría, etcétera.

En este orden de ideas, el flujo migratorio de connacionales que regresen al país, va ir en un aumento gradual, ya que al ir endureciendo las medidas para impedirles trabajar, habrá detenciones y serán devueltos a México y en otros casos, será por voluntad propia. De lo que resulta necesario que las dependencias responsables de prestarles apoyo y protección, cuenten con los recursos necesarios para su cumplir con su encomienda, en los estados de origen y destino de los migrantes.

Adicionalmente, debemos de considerar a los indocumentados que cruzan por nuestro país, para llegar a Estados Unidos y que también son materia de atención por parte de nuestras autoridades.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los cinco estados de la República Mexicana a los que regresa un mayor porcentaje de emigrantes provenientes de Estados Unidos de América son: Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la Llave, Morelos e Hidalgo.

En resumen, resulta necesario que los recursos que se aplican a estos programas por parte de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores sean aumentados sucesivamente año con año, de acuerdo a las circunstancias que se van presentando en materia migratoria, como es el caso de la Ley SB1070 y en consecuencia las citadas autoridades puedan cumplir cabalmente con los programas, que para dichos efectos tienen establecidos y brindar todo el apoyo necesario a nuestros connacionales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal, para que en al ámbito de su competencia, aumente el monto de los recursos a las partidas presupuestales relativas a los programas de apoyo a los migrantes nacionales y extranjeros, a cargo de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, con motivo de la aplicación de la Ley Arizona SB1070.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010. — Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Como ha solicitado el señor diputado Pedraza, insértese el texto íntegro de su intervención en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

SERVIDORES PUBLICOS DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno a que otorguen a los servidores públicos un seguro de vida y de gastos médicos mayores.

El diputado Sergio González Hernández:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, primero, desde esta tribuna me sumo al reconocimiento, al valor y al mérito que realizó el presidente Felipe Calderón a los policías federales el día de ayer. Estos policías que han tenido acciones relevantes en la lucha contra el crimen organizado y que día a día luchan contra la inseguridad en este país. Y a la vez, saludamos la iniciativa del Ejecutivo federal para crear el mando único policial.

Sin duda esta Cámara tendrá en sus manos el análisis y su aprobación, bajo una actuación responsable con el pueblo de México.

El suscrito diputado federal Sergio González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones: la Constitución Política federal en su artículo 123, Apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, establece que las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social, mismo que cubrirá, entre otras cosas, los accidentes y enfermedades profesionales, la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

No obstante lo anterior, las corporaciones de seguridad pública del país en muy escasas ocasiones han definido con precisión los lineamientos elementales de un sistema de carrera policial, y muchas veces, ha sido notorio el desinterés por fortalecer a estas corporaciones, más allá de dotarlas de recursos del Fondo para la Seguridad Pública.

Del 100 por ciento del total de la fuerza policial, federal, estatal y municipal, el 46 por ciento son policías estatales, el 6 por ciento policías ministeriales y el 38 por ciento es policía municipal. Esto es, aproximadamente el 90 por ciento del total se concentra en estados y municipios.

Aproximadamente 61 por ciento de los policías reciben un salario mensual inferior a los 4 mil pesos. Entre 4 mil y 10 mil pesos, sólo el 38 por ciento y 0.7 por ciento reciben más de 10 mil pesos como salario, con lo que se demuestra que existen claras diferencias en las condiciones laborales de los miembros de las distintas corporaciones policiales.

Es decir, más de la mitad de los policías de este país reciben un salario que resulta insuficiente para sostener una calidad de vida aceptable, y si a esto la aumentamos que no cuentan con un seguro médico o un seguro de vida, hace que ser policía en México signifique tener un empleo pésimamente remunerado, altamente riesgoso y con un estigma social sumamente negativo.

Es importante comentar que en algunas entidades del país ya hay avances al respecto, pero son mínimos. En los estados de Baja California, Durango, Morelos y Veracruz opera el seguro de vida para los elementos de las corporaciones policiales, y en otros casos, como en el Distrito Federal, dicho beneficio se otorga pero sólo a los elementos destacados a través de evaluaciones ciudadanas.

Por lo que respecta al seguro médico de gastos mayores, el estado de San Luis Potosí otorga ese beneficio a los elementos de la Policía estatal como una mejora de sus condiciones de trabajo.

Yo les pediría, compañeros diputados, que apoyáramos este punto de acuerdo que es para mejorar las condiciones de vida laborales de los policías de México que suman aproximadamente 400 mil elementos.

El punto de acuerdo es el siguiente:

Único. Con base en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 7, fracción XIV y XLV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se exhorta a las instituciones de seguridad pública de la federación, del Distrito Federal, de los estados y municipios para que otorguen a los servidores públicos que los integre un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores.

Le solicito respetuosamente, diputado presidente, que el texto íntegro de la proposición se inserte en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno a otorgar al personal seguro de vida y de gastos médicos mayores, a cargo del diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Sergio González Hernández,integrante delGrupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a considerar la contratación de un seguro de vida colectivo para los integrantes de sus instituciones policiales, con base en las siguientes

Consideraciones

Primero.El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende, entre otras funciones, la de prevención de los delitos, así como la investigación y persecución para hacerla efectiva, y que las funciones señaladas recaen en los distintos cuerpos policíacos dependientes de los órdenes de gobierno ya expresados, y sus funciones están regidas por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por nuestra propia Carta Magna.

Asimismo, el citado precepto constitucional establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública estará a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el referido sistema.

De igual forma, la Constitución Política Federal, en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, establece que las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

Sumado a lo anterior, la propia Constitución, en la fracción XI del precepto antes referido, señala que la seguridad social cubrirá, entre otras cosas, los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte; además, los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine  la ley.

Segundo.La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 constitucional —publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009—, ordena que la seguridad pública deberá proveerse de manera concurrente y coordinada por la federación, las entidades federativas y los municipios, y que en los tres órdenes de gobierno habrá de instaurarse un adecuado sistema de formación, desarrollo, empleo y retiro en las corporaciones policíacas.

Al respecto, la citada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en la fracción XIV del artículo 7o. y en los artículos 45, 46, 84 y 85 lo siguiente:

Artículo 7.Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las instituciones de seguridad pública de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta ley, deberán coordinarse para

XIV.Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos.

Artículo 45. Las instituciones de seguridad pública deberán garantizar, al menos, las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 46.Las instituciones de seguridad pública, conforme a lo dispuesto en esta ley, realizarán y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.

Artículo 84. La remuneración de los integrantes de las instituciones policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías que consideren el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

Para tales efectos, la federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover en el ámbito de sus competencias respectivas, las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas, en los diferentes ámbitos de competencia.

Artículo 85.La carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante.

Se regirá por las normas mínimas siguientes:

VIII.Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las instituciones policiales.

No obstante, las corporaciones de seguridad pública de los estados y municipios en muy escasas ocasiones han definido con precisión los lineamientos elementales de un sistema de carrera policial y muchas veces, ha sido notorio el desinterés por fortalecer a esas corporaciones más allá de dotarlas de recursos del Fondo para la Seguridad Pública.

Tercero.Con objeto de defender la integridad y derechos de las personas y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, el gobierno federal diseño la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, que considera dentro de sus programas estratégicos la conformación de un nuevo modelo policial federal, que restablezca el sentido original de la función de la seguridad pública del Estado.

Este nuevo esquema propuesto por la Secretaría de Seguridad Pública federal comprende un marco jurídico modernizado: los esquemas de profesionalización asociada con la carrera policial y un proyecto de vida, el régimen disciplinario y la certificación de integrantes a través de evaluaciones control de confianza; homologación de jerarquías en los grados, salarios, normas y protocolos de actuación; uso de la fuerza de manera racional, congruente, oportuno y con respeto a los derechos humanos.

Cuarto.Según el diagnóstico presentado recientemente por el secretario de Seguridad Pública federal en la XXVIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 61 por ciento de los policías municipales gana menos de 4 mil pesos al mes, y 20 por ciento del total menos de mil pesos mensuales (periódico El Universal, 4 de junio de 2010). Tales retribuciones están lejos de ser proporcionales a las exigencias de una óptima capacitación y un desempeño honesto y eficiente de tareas de enorme importancia que, además, suponen en todo momento riesgos para la vida de quienes las realizan.

Los bajos salarios y la precaria situación laboral propician el descuido en el empleo y los actos de corrupción. Es importante tener en cuenta que no será posible una mejor capacitación y adiestramiento si el policía no tiene una vivienda digna, un salario digno, un seguro de vida, entre otros, siendo susceptibles ante el crimen organizado. Así, es preciso que se paguen a los policías salarios razonables, se genere para ellos y sus familias un patrimonio, que les permita vivir sin angustias económicas, y se les brinden todos los beneficios a los que cualquier trabajador debe tener derecho.

Derivado principalmente del notable incremento de la criminalidad en nuestro país, especialmente la llevada a cabo por el crimen organizado, la función policial se ha convertido en uno de los ejercicios profesionales sujetos, por disposición constitucional, a las mayores exigencias profesionales y éticas y es, al mismo tiempo una de las actividades laborales de mayor riesgo en términos de la integridad personal, tan solo en los últimos tres años los homicidios dolosos en contra de policías en México se ha incrementado en más de 70 por ciento, ambas circunstancias no se ven reflejadas en las prestaciones laborales a que tienen derecho los integrantes de los cuerpos policíacos de los distintos órdenes de gobierno, por lo que resulta conveniente otorgar entre otros beneficios un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores, como un reconocimiento al alto valor social de la buena labor policial y el especial peligro a que se enfrentan los policías en el cumplimiento de sus funciones.

Quinto.Como puede apreciarse, es necesario y urgente cambiar no solo los aspectos legales y de operación de las policías, si no también tratar de mejorar la calidad de vida de sus elementos, solo así podremos tener una policía eficaz y honesta. Es momento de otorgar a los elementos policiales la oportunidad de desarrollarse profesional y personalmente, y construir un proyecto de vida que los aleje de cualquier posibilidad de incursionar en células delincuenciales, y esto sólo será posible mediante el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Con base en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7, fracción XIV, y 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se exhorta a las instituciones de seguridad pública de la federación, del Distrito Federal, de los estados y municipios a otorgar a los servidores públicos que las integran un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 14 de septiembre de 2010. — Diputado Sergio González Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Como lo ha solicitado el diputado Sergio González, insértese el texto íntegro de su proposición en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a que entregue a los municipios y a la Universidad de Guadalajara los recursos federales destinados al desarrollo de la entidad.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los diputados federales, en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, que suscriben este punto de acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución.

Voy a omitir algunas de las consideraciones, en virtud de que ustedes tienen en sus manos, y en la Gaceta está publicado, el punto de acuerdo completo. Pero sí quisiera compartir antecedentes.

El estado de Jalisco tiene en este momento una situación de confrontación que pasó de ser un mero proceso o procedimiento administrativo-financiero a un asunto político y después, prácticamente se personalizó.

La intención de quienes firmamos este documento es que regresemos al origen, que podamos reencontrar la respuesta en el cumplimiento de las responsabilidades que cada quien debe tener.

En el caso —planteo— de la universidad, que la universidad siga cumpliendo con su función y que el gobierno erogue los recursos que para ello sean destinados.

Todos sabemos que para apoyar las políticas que buscan reducir los desequilibrios del desarrollo regional, la federación transfiere a las entidades federativas y municipios, por diversas vías, recursos que representan una parte significativa del presupuesto federal.

También estamos informados de que el programa estatal del gobierno del estado de Jalisco tiene, y tiene bien, como uno de sus objetivos ampliar la oferta de la educación superior con criterios de equidad.

Compañeros diputados, esta Cámara se comprometió a apoyar la educación superior en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con diversos fondos para fortalecer a las instituciones de educación superior. En este marco, a partir del 2007, el Ejecutivo federal y a través de la Secretaría de Educación Pública emite convocatorias respectivas a los fondos de concurso antes mencionados.

Los comento rápido. En el concurrente para el incremento de la matrícula en la educación superior, el de la ampliación de la oferta educativa, el de reconocimiento de la plantilla de las universidades públicas y la convocatoria para un llamado resarcimiento en el 2008, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los lineamientos de los fondos se establece claramente que se requiere aportación de los gobiernos estatales. En este caso, el gobierno de Jalisco asumió, como todos los gobiernos, el compromiso de realizar la aportación a una universidad, que les quiero compartir no hace poco, es decir, atiende una población de 218 mil estudiantes...

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor, señora diputada.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño:... donde 50 por ciento del alumnado es del nivel medio superior, 48 de nivel superior y 36 de posgrado.

Los puntos de acuerdo que quiero poner a su consideración, señor presidente:

Primero. Se exhorta al gobierno del estado a que entregue los recursos federales destinados al desarrollo de la entidad en tiempo y forma, en particular los 919.8 millones, en este caso del Fondo Metropolitano de los Municipios, y los 701 millones 194 mil 823 a la Universidad de Guadalajara.

El segundo punto de acuerdo.

Segundo. La participación de la Auditoría Superior de la Federación para revisar el cumplimiento del gobierno del estado de Jalisco a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los lineamientos y convenios de los recursos federales otorgados a través del Fondo Metropolitano.

Continúa, pero ustedes ya lo tienen en sus manos. Espero tengan la generosidad y la amabilidad de apoyarlo como de urgente u obvia resolución.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputadas y diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a entregar a los municipios y a la Universidad de Guadalajara los recursos federales destinados al desarrollo de la entidad; y se solicita a la ASF que revise el cumplimiento de dicho gobierno a lo establecido en el PEF respecto a la ampliación de la oferta educativa y el reconocimiento de plantilla, a cargo de la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.En relación al desarrollo municipal, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que las desigualdades regionales de México, hacen evidente que no todas las entidades y localidades se han beneficiado de la misma forma del proceso de inserción en los mercados, ni de los profundos cambios que se han emprendido en el país durante las últimas décadas. Por ello, se hace énfasis en la necesidad de una estrategia regional que permita afrontar los retos de empleo y bienestar de su población a todo lo largo del territorio nacional.

Segunda.Para apoyar las políticas que buscan reducir los desequilibrios del desarrollo regional, la Federación transfiere a las Entidades Federativas y municipios, por diversas vías, recursos que representan una parte significativa del presupuesto federal.

Tercera. El Fondo Metropolitano, tiene por objeto financiar la ejecución de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento, que impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, que coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica e incentiven la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico,  del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

Cuarta.La Auditoría Superior de la Federación recomendó que las entidades federativas deben de reportar la aplicación, destino y avance de los recursos del Fondo Metropolitano en los informes trimestrales mediante el Portal Aplicativo del a SHCP, en tiempo y forma; en caso de presentarse situaciones y/o condiciones que afecten la buena marcha y el desempeño de los proyectos apoyados, se deberá informar de manera inmediata.

Quinta. La Cámara de Diputados destinó, a través del Fondo Metropolitano contemplado en el  Presupuesto de Egresos de la Federación, 919.8 millones de pesos a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. El gobierno de Jalisco no ha entregado los recursos a los municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara.

Sexta-. En materia educativa,  el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que la educación es uno de los ejes fundamentales para que el país logre acceder a una etapa de crecimiento económico sostenido. Además, admite que es necesario promover una educación que impulse el desarrollo digno de la persona, que permita el desenvolvimiento de sus potencialidades, para reconocer y defender sus derechos, así como para cumplir con sus responsabilidades.

Séptima-. El Gobierno Federalpresentó en el Plan Nacional de Desarrollo objetivos y estrategias con los que se pretende promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo, incluidas la educación superior, destacando las siguientes:

La ampliación de la cobertura, favoreciendo la equidad y mejorando la calidad y pertinencia de la educación superior, mediante la creación de nuevas instituciones, aprovechando la capacidad instalada, diversificando los programas y fortaleciendo las modalidades educativas y programas de becas.

Octava. En el Programa Sectorial de Educación se establecieron las siguientes metas para el sistema de educación superior: en el año 2012 incrementar a 60 por ciento el porcentaje de alumnos en programas reconocidos por su buena calidad; alcanzar una cobertura equivalente a 30 por ciento de la población en edad de asistir a este tipo educativo; elevar a dieciocho el número de entidades federativas con cobertura de educación superior de al menos 25 por ciento; así como lograr que 90 por ciento de las instituciones de educación superior elaboren el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional con la participación de sus comunidades educativas.

Novena. El Programa Estatal de Educación del gobierno de Jalisco tiene como uno de sus objetivos, “ampliar la oferta de la educación superior con criterios de equidad”.

Décima. LaLey General de Educación establece que el monto anual que la federación y los gobiernos estatales y municipales deben destinar a la educación debe ser de no menos del 8.0 por ciento del producto interno bruto, del cual el 1.0 por ciento debe destinarse a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. No obstante México destina un monto significativamente menor.

Décima primera.Resulta indispensable que el incremento e igualdad de oportunidades se amplíe a la educación superior, con especial atención a la población más vulnerable del país. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, del primer decil de ingreso, grupo donde se encuentra la población con menores recursos, solamente 4.9 por ciento de ésta asiste a una institución de educación superior.

Décima segunda. La Cámara de Diputados se comprometió a apoyar la Educación Superior aprobando en el Presupuesto de Egresos de la Federación diversos fondos para fortalecer a las Instituciones de Educación Superior. En este marco, a  partir de 2007, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha emitido las convocatorias respectivas a los fondos de concurso antes mencionados, tales como: el concurrente para el incremento de la matrícula en educación superior de las universidades públicas estatales y con apoyo solidario; el de ampliación de la oferta educativa, y el de reconocimiento de plantilla de las universidades públicas estatales; así mismo se emitió la convocatoria para la partida de resarcimiento 2008 a través de Hacienda y Crédito Público.

En los lineamientos de los fondos antes mencionados se establece que para la obtención de los mismos se requiere la aportación de la contraparte por parte de los gobiernos estatales.

Décima tercera. El Gobierno del Estado de Jalisco asumió el compromiso con el Gobierno Federal de otorgar una cantidad similar a la que la Universidad de Guadalajara ganara mediante los concursos correspondientes. El gobierno de Jalisco no ha entregado los recursos comprometidos que en la actualidad ascienden a más de 701 millones de pesos, como a continuación se detallan:

Décima cuarta. La Universidad de Guadalajara atiende a una población de 218 mil estudiantes, donde 50 por ciento del alumnado es de nivel medio superior, y 48 por ciento, de nivel superior y 36 por ciento de posgrado.

Décima quinta. La Universidad de Guadalajara ha consolidado su nivel académico atendiendo las políticas nacionales de modernización educativa. Los indicadores que a continuación se mencionan la ubican como una de las universidades más importantes del país: atiende el 95 por ciento de su matrícula en carreras evaluadas de calidad reconocida (108 programas); es la institución educativa con mayor número de profesores incorporados al Programa de Mejoramiento del Profesorado con 2,023 académicos en su haber, ocupa el segundo lugar en el país, considerando el número de cuerpos académicos consolidados de investigación (55), así como por el número de especialidades, maestrías y doctorados, registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (77). Ocupa el primer lugar de las Universidades Estatales por el número de investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (633).

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdos

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Jalisco entregue los recursos federales destinados al desarrollo de la entidad en tiempo y forma, en particular, los 919.8 millones del Fondo Metropolitano a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y los 701 millones 194 mil 823.69 pesos a la Universidad de Guadalajara concernientes a las contrapartes económicas comprometidas de Fondo concurrente para incremento de matrícula en educación superior; Fondo concurrente para ampliación de oferta educativa de nivel superior; Fondo para el reconocimiento de plantilla de las universidades públicas estatales y de la Partida de resarcimiento.

Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación revise el cumplimiento del gobierno del estado de Jalisco a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los lineamientos y convenios de los recursos federales otorgados a través del Fondo Metropolitano y de los fondos para el incremento de la matrícula, para la ampliación de la oferta educativa y para el reconocimiento de plantilla, para determinar si el gobierno del estado de Jalisco incurrió en alguna responsabilidad al no proporcionar los 919.8 millones del Fondo Metropolitano y los 701 millones 194 mil 823.69 pesos concernientes a las contrapartes económicas comprometidas a estos fondos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 de octubre de 2010.— Diputados: Jorge Arana Arana, Salvador Caro Cabrera, Ana Estela Durán Rico, Clara Gómez Caro, Joel González Díaz, Olivia Guillén Padilla, David Hernández Pérez, Jorge Humberto López-Portillo Basave, José Trinidad Padilla López, María Esther Scherman Leaño, Rafael Yerena Zambrano, Arturo Zamora Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa.

Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada. Entonces proceda a ponerse a discusión.

Se considera de urgente resolución y se han inscrito en contra del punto de acuerdo el diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del PAN, y a favor la diputada Esthela Damián Peralta.

No se han inscrito otros oradores. Lo hace ahora el diputado Jaime Cárdenas Gracia, a favor, y el diputado César Madrigal, en contra. Al terminar estas cuatro intervenciones preguntaremos si está suficientemente discutido.

Tiene la palabra en contra, el diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el Partido  Acción Nacional hemos dado y tenemos ejemplos contundentes de nuestra preocupación por la educación, y la prueba es el incremento histórico en el Presupuesto de Egresos de la Federación para este ramo, y queremos dejar claro que Acción Nacional, desde su llegada a la gubernatura en Jalisco, en 95, ha crecido los recursos a la Universidad de Guadalajara y a los municipios de una forma sin precedente.

Ahí están las cifras históricas contundentes que demuestran la preocupación del Partido Acción Nacional a favor de la educación. Jalisco hoy en día es el estado que más le aporta a las universidades públicas a nivel nacional. Aporta el 56 por ciento del presupuesto que maneja la Universidad de Guadalajara y recursos federales sólo el 43 por ciento. La media nacional es, federal, 66 y, estatal 34. Les doy algunos ejemplos que son contundentes para demostrar la intención de los gobiernos de Acción Nacional en Jalisco en favor de la educación.

Para 2010 Jalisco le está aportando más de 3 mil 193 millones de pesos de subsidio ordinario a la U de G; mientras que otros estados, como el estado de México, sólo le aporta mil 321 millones. O Nuevo León, mil 180 millones. Y puedo darles toda la lista a nivel nacional.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el problema no es el gobierno de Jalisco y la falta de voluntad del gobierno de Jalisco. El problema es un problema estructural histórico en donde la Universidad de Guadalajara ha venido, a lo largo de los años, quedándose rezagada en el financiamiento federal. Ése es el problema de fondo.

El problema estructural de fondo, de origen, es ese: la inequidad, la desigualdad con que distribuimos nosotros mismos, los diputados, el Presupuesto de Egresos de la Federación para las universidades.

Tenemos universidades que financiamos al 100 por ciento. Todo, totalmente. Las entidades federativas no le ponen un solo peso. Hay entidades federativas que le ponen sólo el 10, 15 o 20 por ciento. Ya dije que la media nacional es el 34.

El problema no se resuelve con marchas y agresiones al gobernador de Jalisco, porque entonces podemos interpretar que son otras las intenciones. El problema se resuelve si hay la voluntad política, compañeras y compañeros, de generar esa equidad que desde años reclamamos en Jalisco nuestros gobiernos y nuestra universidad.

Estamos a favor de que haya más recursos para la Universidad de Guadalajara. Pero tenemos que reconocer que el origen del problema se da en esta inequidad. Por eso estamos en desacuerdo con este punto de acuerdo, porque deberíamos exhortar a que haya más recursos para la educación y un reparto más equitativo de los mismos.

En Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso con la educación, y ahí están los datos contundentes. Pero tampoco estamos de acuerdo con que las universidades se manejen con intenciones eminentemente políticas.

Si el punto de acuerdo fuese que se exhorta a todas las entidades federativas y a todas las universidades para que se cumpla con los compromisos del Presupuesto de Egresos estaríamos a favor, pero aquí hay una intensión personal, particular para demeritar al gobierno del estado de Jalisco. Así es que nuestro voto es en contra por esas consideraciones. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado.

Tiene el uso de la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro hasta por 5 minutos.

La diputada Esthela Damián Peralta:Muchas gracias, diputado presidente. Me quiero referir, si me permiten, es muy clara la intensión de quienes firmamos este punto de acuerdo.

Me parece que no hay lugar a confusión. Se señala de manera literal en el punto.

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a que entregue los recursos federales destinados al desarrollo de la entidad en tiempo y forma. Eso es un problema medular y ése sí es de fondo.

En particular los 910 millones del Fondo Metropolitano a los municipios de la zona de Guadalajara y los 701 millones a la Universidad de Guadalajara.

Segundo. Dice el punto de acuerdo de manera literal: se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que revise el cumplimiento del gobierno del estado de Jalisco a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Diputados, quise hacer referencia de manera específica al punto de acuerdo que consideramos se tiene que atender por urgente u obvia resolución. Más allá de lo que expuso la diputada ponente, han trascendido en los medios de comunicación nacional los diferentes escándalos que se han venido desarrollando en el estado de Jalisco, en particular la universidad y el señor gobernador.

Éste es un asunto que por supuesto perjudica, lastima los compromisos que suscribimos en esta Cámara de Diputados, de apoyar la educación. Genera muchísima molestia, incluso, se ha señalado en algunos medios nacionales que como sucedió en Jalisco, pues no pasa nada.

¿Qué hubiera sucedido si se hubieran desarrollado los mismos desencuentros en el Distrito Federal? ¿Que el jefe de gobierno hubiera hecho un escándalo en la casa del rector en estado inconveniente?

Los problemas que tiene Jalisco han trascendido. Los recursos económicos que no se han entregado en tiempo y forma están perjudicando el desarrollo natural de una institución de educación. Por eso me parece natural, no veo el inconveniente ni la oposición, a que nos sumemos a un punto de acuerdo de esta naturaleza. Sólo se pide eso, la entrega en tiempo y forma de los recursos ya mencionados.

Se está solicitando la intervención de la Auditoría para que la Auditoría supervise que se está respetando lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Invito a mis compañeros que están posicionando en contra de este punto, a que reflexionen su voto antes de emitirlo. No hay un descrédito mayor para un diputado, que pueda generarse en la juventud, sobre todo en los estudiantes, que nos estemos oponiendo al apoyo a estas instituciones para que se desarrollen y vayan creciendo de manera natural.

No considero que éste sea un conflicto de otra naturaleza. Hay que apoyar a la Universidad Autónoma del Estado de Jalisco. Ésa es la invitación que estamos haciendo desde esta tribuna, la entrega en tiempo y forma de los recursos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada Damián. Tiene la palabra el diputado César Octavio Madrigal Díaz, para pronunciarse en contra, hasta por cinco minutos.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz:Muchas gracias. Con su venia, señor presidente.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se pronuncia en contra de este tema por los siguientes fundamentos:

En cuanto al tema del Fondo Metropolitano, que al día de hoy no se ha ejercido en el estado de Jalisco, comentar que ha sido así por causas ajenas al gobierno del estado.

En los años 2007, 2008 y 2009 ese Fondo Metropolitano de alrededor de mil 100 millones de pesos de esta Cámara y un porcentaje de alrededor de 600 millones de pesos por la entidad federativa y los municipios, se ha ejercido puntualmente cada año.

¿Qué sucedió en este 2010? Que lamentablemente los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara no se ponían de acuerdo entre ellos para ejercer este recurso. Se citaban las reuniones del Consejo Metropolitano, no había acuerdos y por tanto, no podía de alguna forma solicitarse este recurso.

Hasta el mes de abril de este año se llega a estos acuerdos y por tanto, la tardanza de esta situación.

Ya es un hecho público, en los medios de comunicación, que el gobierno del estado se ha comprometido a ya inmediatamente emitir las convocatorias respectivas para esas obras de infraestructura que se van a realizar con este Fondo Metropolitano, proceso que tarda aproximadamente tres meses tal y como todos lo sabemos.

Por tanto, este recurso no se va a perder, este recurso se va a ejercer en beneficio de los jaliscienses y que lamentablemente a estas fechas no se ha ejercido el mismo, insisto, por la falta de acuerdos de los alcaldes de la zona metropolitana, que al día de hoy ya existe el mismo. Por tanto, es innecesario este exhorto.

En cuanto al tema de la Universidad de Guadalajara, comentarles que nos sumamos a la petición de que se le den más recursos a la UdeG. De las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, la Universidad de Guadalajara, que es la segunda más importante a nivel nacional por el número de alumnos, la oferta educativa, etcétera, está en el lugar 31 en cuanto al subsidio federal. Creo que eso no se vale.

Hay universidades públicas, como la Nacional Autónoma de México, que el 100 por ciento de cada peso que gasta es de recurso federal. En el caso de la U de G, aproximadamente el 46 por ciento es recurso federal y el restante es recurso del gobierno del estado, el 54 por ciento, cosa que es totalmente inequitativa.

Por tanto, los diputados del PAN Jalisco presentamos incluso para esa sesión un punto de acuerdo para que a la Universidad de Guadalajara, de la cual soy orgullosamente egresado, se le entreguen más recursos. Que por lo menos se aumente en 3 mil 500 millones de pesos, a efecto de que esta universidad esté en la media nacional de subsidio por alumno.

Por tanto, es totalmente innecesaria esta auditoría, ya que...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Madrigal, desean hacerle una pregunta ¿acepta usted?

El diputado César Augusto Madrigal Díaz:Claro que sí, con mucho gusto.

El diputado José Luis Íñiguez Gámez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Diputado Madrigal, me queda claro que los diputados de Jalisco queremos equidad y más recursos para la Universidad de Guadalajara.

Le quiero hacer una pregunta. En el subsidio federal por alumno en lo referente a las universidades públicas, qué lugar tiene el estado de Jalisco en el contexto nacional.

El diputado César Augusto Madrigal Díaz:Tal y como he mencionado, de 32 posibles lugares, las 31 entidades y el Distrito Federal, es el lugar 31 en subsidio federal por alumno, lo cual es totalmente fuera de contexto, tomando en cuenta que es la segunda universidad a nivel nacional.

Comentarles por ejemplo que el gobierno del estado de Jalisco este año le va a aportar 3 mil 193 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara. En segundo lugar, está el gobierno de Veracruz, la universidad veracruzana, con 2 mil millones de pesos, es decir, en Jalisco estamos, respecto del segundo lugar a nivel nacional, con mil 200 millones de pesos más que se le dan a la universidad pública.

Sí me parece injusto, insisto, que se le dé este trato presupuestal a la Universidad de Guadalajara y por tanto, invitar a los proponentes de este punto de acuerdo que se está debatiendo y a todos los integrantes de esta Legislatura que nos sumemos a este punto de acuerdo que estamos presentando los diputados del PAN Jalisco, para que se le incremente el presupuesto a la Universidad de Guadalajara en más de 3 mil 500 millones de pesos respecto del 2010, a efecto de que estemos en la media nacional de subsidio por alumno.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado, el diputado Cuevas García desea hacerle una pregunta ¿acepta usted?

El diputado César Octavio Madrigal Díaz:Con mucho gusto, diputado. Adelante.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado Cuevas.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Gracias, compañero presidente. Compañero César, hace rato hacía una pregunta la compañera diputada que subió, donde dijo que el gobierno del estado no estaba aportando su parte a tiempo respecto de la Universidad de Guadalajara, que no es de Jalisco, es Universidad de Guadalajara, quiero aclararle a la compañera diputada.

Me gustaría saber, porque tengo otra información respecto de ello. Me gustaría saber si tiene conocimiento. Gracias.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz:Con mucho gusto, diputado. Comentarle que de 100 por ciento de presupuesto asignado a la Universidad de Guadalajara, no obstante que al día de hoy han transcurrido el 73 por ciento de los días del año, a la Universidad de Guadalajara se le ha entregado ya al día de hoy el 83 por ciento del recurso que le fue asignado por esta honorable Cámara.

Entonces, si va transcurrido 73 por ciento del año y se le ha entregado el 83 por ciento de este recurso, sin duda alguna que el gobierno de Jalisco está cumpliendo con esta entrega.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Acepta usted la pregunta que desea hacerle la diputada Esthela Damián?

El diputado César Octavio Madrigal Díaz:Con mucho gusto, diputada.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputada.

La diputada Esthela Damián Peralta(desde la curul): Gracias. La pregunta que yo le quiero hacer al diputado es: ¿Está usted en conocimiento de que falta que se entreguen 919.8 millones de pesos del Fondo Metropolitano y 701 millones 194 mil a la Universidad de Guadalajara?

Independientemente de los porcentajes que a cada una de estas cifras corresponde, quisiera que me contestara: ¿Sabe usted que la cifra que le acabo de dar es un faltante de parte del gobierno del estado a la universidad y al tema del fondo?

El diputado César Octavio Madrigal Díaz:Con mucho gusto le contestamos, diputada. En el tema metropolitano ya fuimos muy puntuales en dar respuesta, que lamentablemente, gracias a la tardanza de los alcaldes de la zona metropolitana, que entre ellos se estaban peleando las obras a construir en esta zona metropolitana de Guadalajara, no hubo acuerdos.

Eso está incluso consignado en los medios de comunicación de Jalisco, que una gran parte de estas obras iban a la zona que menos infraestructura tiene, que es el municipio de Tonalá; y los municipios de Zapopan y Guadalajara se estaban oponiendo a las mismas.

A final de cuentas se dio este acuerdo de forma unánime por los municipios metropolitanos, por el gobierno del estado, y por tanto, se estarán ejerciendo estos recursos. Pero tal como lo comenté y como perfectamente la diputada conoce la normatividad, este tipo de obras requieren una licitación por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, y que incluso, insisto, ya a los medios de comunicación, este secretario de este gobierno estatal ha manifestado que en los próximos días ya se estarán licitando estas obras que, como todos sabemos,  este proceso de licitación tarda aproximadamente tres meses, pero insisto: este dinero no se va a perder.

Insisto, este exhorto es innecesario porque a todos los jaliscienses, independientemente de tintes partidistas, nos interesa que este recurso se ejerza.

En el tema de la Universidad de Guadalajara, reiterar esta situación, va transcurrido el 73 por ciento del año, se ha entregado el 83 por ciento del recurso asignado a esta universidad. Jalisco es el estado número 1 que más dinero del gobierno estatal le aporta, 3 mil 193 millones de pesos.

En segundo lugar, como dije, la Universidad de Veracruz con mil 997. La de Nuevo León, por ejemplo, son mil 180 millones. La Autónoma de la Ciudad de México 755 millones. Hay una gran diferencia de lo que aporta Jalisco a lo que aportan otros gobiernos del estado, perdón.

Por tanto, reiterar mi atento exhorto a que todos nos sumemos al punto de acuerdo presentado el día de hoy por los diputados federales del PAN Jalisco, para que se le otorgue a la Universidad de Guadalajara un trato fiscal digno, un trato presupuestal equitativo y que, por lo menos, se le asignen 3 mil 500 millones de pesos más en este año a la universidad para estar, insisto, apenas en la media nacional del subsidio federal por alumno a universidades públicas.

Concluiría con este tema. Finalmente por ello vamos a votar en contra, porque el tema metropolitano no se pierde, porque es innecesaria esta auditoría. Hemos demostrado con números la aportación que hace el gobierno del estado al día de hoy...

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Madrigal, disculpe que le interrumpa, es que no percibimos cuando usted terminó de responder la última pregunta, y hay inscritas tres solicitudes de diputados que desean cuestionarle en razón del punto que está usted presentando.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz:Con mucho gusto, diputado.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En primer lugar, la pregunta de la diputada Enoé Uranga. ¿Está usted en disposición de responder?

El diputado César Octavio Madrigal Díaz:Con mucho gusto, diputada. Cómo no.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputada.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Le agradezco.

Primero ratificarle que seguramente la Cámara en pleno compartirá su opinión en que el Ejecutivo no tiene la menor idea de lo que hace cuando se trata de otorgar presupuesto a las universidades y que lo ha hecho tan mal en cuanto a cómo ha etiquetado el presupuesto de educación que tenemos que recomponerlo integralmente, ésa es una inquietud que todos compartimos.

Efectivamente, lo hizo mal para la universidad de su estado, y lo hizo mal para todas las universidades. El Ejecutivo no entiende la importancia de la educación y hay que corregirlo, y ahí compartir con usted esa preocupación.

Pero fíjese que su intervención, y su intervención en particular, es la que a mí ya me convenció de votar a favor del punto de acuerdo. Lo veo tan empeñado en que no haya transparencia. Lo veo tan ocupado en fundamentar...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Voy a hacer la pregunta ahora.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Por favor.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): En este miedo a las auditorías, que le preguntaría: si no hay problema, ¿por qué este enredo de intervención que es tan difícil de entender sólo para intentar evitar que se haga una auditoría y haya transparencia? Si no hay problema, ¿por qué las movilizaciones fuera del gobierno de su estado?

El diputado César Octavio Madrigal Díaz:¿Puedo contestar?

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Por favor, diputado.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz:Cómo no, diputada. Con mucho gusto le respondemos sus inquietudes.

En cuanto usted comenta del tema del Ejecutivo federal, de la importancia o no, que le dé a la educación, creo que si comparamos porcentualmente qué tanta cantidad viene a educación, pues sin duda alguna que esto está totalmente priorizado y creo que eso está fuera de debate.

En el tema de la auditoría el gobierno del estado, que usted ve un empeño en nuestra parte en señalar que no se realice, comentarle que ésa es la chamba que tiene la Auditoría Superior de la Federación cada año, a todas las entidades. Eso no se requiere, una auditoría especial.

Tenemos en el estado de Jalisco una Auditoría Superior del estado, que también fiscalice los recursos estatales que, incluso, cuando fui diputado local nos toco darle total autonomía a esta Auditoría Superior del estado de Jalisco, y yo no dudo en lo más mínimo de la calidad ética de estas instituciones para llevar a cabo esta auditoría.

Lo que estamos en contra, los diputados del PAN, es que con una motivación política de querer presionar para que se asigne un presupuesto que ya se está entregando, se venga a esta Cámara a proponer ese tipo de puntos de acuerdo, cuando realmente la situación no lo amerita, porque, insisto, de acuerdo con las reglas de fiscalización de la nación hay autoridades e instituciones que se van a encargar de fiscalizar cada peso.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Madrigal, de igual manera, ha solicitado el uso de la palabra para hacerle una pregunta, si usted acepta, el diputado Salvador Caro Cabrera.

Después, también solicita en el mismo tenor, el uso de la palabra, el diputado Gerardo Fernández Noroña. De una vez, le comento: ¿acepta usted?

El diputado César Octavio Madrigal Díaz:Con mucho gusto. Estamos a la orden.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputado.

El diputado Salvador Caro Cabrera(desde la curul): Gracias, presidente. Compañero diputado, a mí me parece que usted ha subido a la tribuna con una serie de argucias para desviar la atención con el tema de la Universidad de Guadalajara, cuando un tema fundamental en la auditoría es el destino de los recursos que corresponde entregar al Ejecutivo estatal a municipios y, particularmente, el Fondo Metropolitano.

Sabe usted que por culpa del gobernador de Jalisco, el día de hoy hay presidentes como el de Gómez Farías que no tienen recursos para pagar la nómina, y que aparte de, de manera perversa, él ha gestionado ante instancias federales que no se les entreguen recursos de programas sociales por las raterías que hicieron gobiernos anteriores de su partido como es el caso del municipio citado, como es el caso del municipio de Tonalá. ¿Y está usted enterado de que el diferendo entre los presidentes municipales de la zona metropolitana terminó en mayo y es fecha, desde mayo, como usted lo citaba, al día de hoy, que no se entregan los recursos. Usted está diciendo, de mayo a la fecha apenas van a salir las convocatorias para las obras.

Sabe usted, también, le pregunto si el propósito de tratar de encubrir al gobernador de Jalisco, a efecto de que no se le realice esta auditoría, tiene que ver con que no se sepan todos estos negocios que coordina el señor Herbert Taylor.

Tiene que ver también esto con que no se conozca el problema, con la debilidad que tiene el gobernador del estado que usted y toda la opinión pública sabe cuál es y que ha metido en una serie de despropósitos al gobierno y en una serie de carencias a la gente del estado de Jalisco.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Responda, por favor, diputado.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz:En el caso de la primera pregunta del diputado Caro Cabrera, el tema de que no llega este recurso a los municipios y menciona el caso de Gómez Farías, sin duda alguna, seguramente este presidente municipal ha estado en comunicación con el gobierno del estado para ver su situación particular, porque también cabe recordar que por la autonomía del 115 constitucional hay muchos municipios irresponsables que ejercen más de lo que tienen asignado, que contratan nómina, que contratan infinidad de cosas sin tener el recurso, a la espera de que el gobierno estatal de alguna forma esté subsidiando esas irresponsabilidades.

Yo con mucho gusto, como diputado de Jalisco, así como usted, yo me comprometo puntualmente con este caso a dar una solución.

En el caso en que usted está haciendo un señalamiento, que el Ejecutivo del estado de Jalisco está gestionando —con esa palabra que usted utilizó—, gestionando ante instancias federales el que no se estén entregando programas sociales, recursos federales a diversos municipios, yo lo invitaría, señor diputado, que ante las instancias correspondientes, si usted tiene las pruebas de lo que está usted afirmando de forma tan ligera, que las presentara.

Yo creo que en esta tribuna, perfectamente, podemos argumentar mil cosas, pero el que afirma está obligado a probar.

En tercer lugar, usted habla de negocios de cierto personaje del gobierno del estado. En los mismos términos, diputado, hay instancias, le recomiendo que acuda a ellas.

Y en cuanto a debilidades o no de un gobernador, es un tema personal que creo que esta Cámara no merece que lo toquemos.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra en el mismo sentido el diputado Gerardo Fernández Noroña. Desde su curul, diputado. La tribuna en este momento está ocupada.

Concluya, diputado Madrigal, por favor.

El diputado César Octavio Madrigal Díaz:Concluiría agradeciendo la atención de las señoras diputadas y señores diputados federales, comentarles que este tema no debe dividirnos, debe unirnos.

En el tema de los recursos a la Universidad de Guadalajara, repito por quinta ocasión, ojalá nos podamos sumar todos a esta petición para que la segunda universidad más importante de México alcance la media nacional en subsidio por alumno. Ojalá nos podamos sumar a esta inquietud y que en la Comisión de Presupuesto se vea reflejado en los trabajos de aquí al 15 de noviembre.

En cuanto a la auditoría reiterar que es innecesario porque para ello hay instancias constitucionales. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado. Tiene el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, para manifestarse en pro, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Parece que estamos en un debate absurdo, porque todos estamos de acuerdo en lo mismo.

Estamos de acuerdo en que el derecho a la educación es un derecho fundamental que no se le debe regatear a nadie, a ninguna universidad pública, a ninguna institución pública de educación, los recursos. Estamos de acuerdo todos en que la Universidad de Guadalajara requiere más recursos y que tenemos que redefinir el mal presupuesto que nos envió el Ejecutivo, para que la Universidad de Guadalajara y todas las universidades públicas del país cuenten con mayores recursos y tengamos medios suficientes para estar a la altura de lo que nos ha solicitado durante años la UNESCO, que investiguemos, en la medida en que la UNESCO lo solicita y que hagamos docencia en la medida en que la UNESCO le ha reclamado al Estado mexicano. Entonces, ahí estamos de acuerdo.

También estamos de acuerdo con el punto. El punto es: gobierno de Guadalajara, ya sea con problemas con los municipios o problemas con el gobierno, entrega los dineros de este Fondo Metropolitano a la Universidad de Guadalajara, ¿por qué no lo has entregado?

Los compañeros del PAN dicen: es que los municipios no se ponen de acuerdo. Bueno, que ya se le entregue a la Universidad de Guadalajara este recurso, como se aprobó en el Presupuesto de Egresos.

También es oportuno que la Auditoría Superior de la Federación intervenga, para saber si el presupuesto aprobado por esta Cámara para el 2010 se está cumpliendo o no, en tiempo y forma, como pide el punto de acuerdo. No veo diferencia alguna.

Me parece que la exposición que hizo la diputada María Esther Scherman Leaño es impecable y que debemos apoyar en sus términos este punto de acuerdo, como también es impecable el punto de vista de los compañeros del PAN: aprobemos los recursos suficientes a la segunda universidad del país, para que tenga o esté dentro del rango de la media nacional de subsidio por alumno.

Ahí no veo diferencia y creo que los diputados de las distintas fracciones nos vamos a sumar para apoyar un mayor presupuesto a las universidades públicas del país, que por cierto, el Ejecutivo federal no consideró. El Ejecutivo federal solamente respetó el presupuesto que le pidió la UNAM, pero no respetó el presupuesto para las demás universidades públicas del país.

Hay que saber ahí qué ocurre en Jalisco, ¿por qué los municipios no entregan los recursos del Fondo Metropolitano, o por qué el gobernador no quiere cumplir con el compromiso determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación? Para eso resulta totalmente imprescindible la posición de la Auditoría Superior de la Federación para que deslinde las responsabilidades correspondientes.

Entonces es un punto de acuerdo pertinente, oportuno, necesario porque hay conflictos sociales en el estado de Jalisco, en especial en Guadalajara y en la zona metropolitana. Las autoridades universitarias se quejan de que el gobierno del estado no da los recursos que debe entregar por disposición del Presupuesto de Egresos aprobado por esta Cámara.

Simplemente para concluir. En este punto de acuerdo lo que estamos haciendo es ejercer una atribución de control presupuestal, estamos exigiendo que lo aprobado en el Presupuesto se satisfaga, se cumpla y que íntegramente se entreguen todos los recursos a la Universidad de Guadalajara. Yo no veo mayor problema y si no hay nadie que haya cometido alguna responsabilidad, ¿qué temor existe a que la Auditoría Superior de la Federación deslinde las responsabilidades? Solamente se está exigiendo que en tiempo y forma se entreguen los recursos.

Compañeros del PAN, no compliquen más este debate, acepten que la Auditoría Superior de la Federación intervenga, entreguen los recursos como esta Cámara los aprobó el año pasado, cuando determinamos el presupuesto para la Universidad de Guadalajara, y el próximo año incrementemos los recursos para esa importante universidad.

Ése es nuestro punto y por eso votaremos a favor de este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Cárdenas, el diputado Daniel Ávila desea hacerle una pregunta.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Adelante, diputado.

El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruíz(desde la curul): Diputado Cárdenas, muy buenas tardes.

Quisiera hacer una pregunta. He escuchado con atención su intervención, y uno de los puntos del punto de acuerdo con el que usted está a favor, dice que quieren solicitarle a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría.

Yo nada más quiero comentarle, soy secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, y nada más comentarle que el programa anual de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación ya cerró. Cerró desde hace ya varios meses, desde el primer semestre.

Nada más comentarle ese punto, y creo que es muy relevante cómo en un punto de acuerdo le están solicitando una auditoría a la Auditoría Superior de la Federación, cuando su programa anual de auditorías ya cerró, que inclusive la gran parte de las auditorías que está realizando la Auditoría Superior de la Federación en toda la República Mexicana ya están en la última fase. Es cuanto.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, señor diputado.

Me parece muy pertinente su pregunta, que la hace como diputado y como integrante y secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, haciéndome un señalamiento técnico. Usted dice: “ya se cerró el programa de auditorías”.

Yo le quiero decir, contestándole como diputado y como profesor de derecho constitucional, haciendo una interpretación del artículo 79 de la Constitución, que el artículo 79 de la Constitución establece un principio implícito, que es el de máxima fiscalización.

Es decir, más allá de que el programa de auditorías se haya cerrado, el Congreso está obligado a que se fiscalice —y esta Cámara de Diputados en particular— íntegramente el ejercicio del gasto público.

Entonces, acogiéndome a ese principio constitucional implícito, previsto en el artículo 79 de la Constitución, como diputado y como representante de la nación, yo exijo que se cumpla el principio de máxima fiscalización, de máxima rendición de cuentas. Ésa es la respuesta que le puedo dar.

Creo que la Auditoría Superior de la Federación está obligada, a pesar de que se haya cerrado su programa de auditorías, a fiscalizar esta petición formal que le hará la Cámara de Diputados, porque tiene que cumplir, antes que con su programa de auditorías, con la Constitución y el principio de máxima fiscalización previsto en el artículo 79 de la Constitución, señor diputado.

Muchas gracias por su atención, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado.

Se encuentran en el interior de este recinto alumnos de la Universidad Panamericana Campus Insurgentes. Sean todos ustedes bienvenidos.

También nos visitan miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, originarios del estado de México, invitados por un servidor. Sean bienvenidos.

Asimismo, contamos con la honrosa presencia de vecinos del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, invitados por la diputada Martha Angélica Bernardino Rojas. Bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Arana Arana, del Partido Revolucionario Institucional, para pronunciarse en pro.

El diputado Jorge Arana Arana:Con su permiso, diputado presidente. Yo he escuchado con mucha atención este medio debate en relación con la situación de Jalisco respecto de la Universidad de Guadalajara y a los fondos metropolitanos. Digo medio debate, porque coincidimos al final en relación con el objetivo.

Yo estoy completamente de acuerdo con los compañeros diputados de Jalisco de Acción Nacional, en relación a que para el año siguiente, el 2011, se le den más recursos a la Universidad de Guadalajara. Estoy completamente de acuerdo y estoy seguro de que habremos de firmar el documento todos los diputados de Jalisco, que somos 25. Por una parte.

La otra. Yo lamento mucho el hecho de que queramos defender lo indefendible. La verdad es que respecto de los calificativos del señor gobernador del estado de Jalisco hay mucho de cierto.

Tratar de defenderlo o tratar de taparle es tratar de tapar el sol con un dedo, y es materialmente imposible.

En cuanto a que la conducta del gobernador que a veces se pone alegre, yo no lo veo mal. La verdad es que la venta del tequila a nivel nacional y a nivel internacional está muy por debajo y el hecho de que él como primer mandatario del estado lo promueva yo lo veo bien y lo felicito y ojalá que nos invite un tequilita de vez en cuando, que no es ningún defecto. Si él lo promueve yo lo felicito y lo celebro.

Por otra parte, yo soy secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y efectivamente hubo desacuerdos al principio del año con los presidentes municipales y lo comentamos con César, con Gustavo, diputados de Acción Nacional y con los diputados priistas de Jalisco y sí hubo desacuerdo.

Pero una vez que ya coincidieron los ocho presidentes municipales en relación con las obras que habrán de realizarse en los ocho municipios metropolitanos de Guadalajara, la verdad es que yo lamento mucho que a estas alturas los presidentes municipales de la zona metropolitana le estén limosneando al gobernador para que baje los recursos y lo hemos visto.

Ha habido reuniones de los presidentes municipales porque no hay coincidencias con el gobierno del estado y siempre argumenta el gobierno del estado pretextos. Ya hasta corrió al secretario de Finanzas. Ya hay tres secretarios de Finanzas en lo que va del sexenio.

En lo que se refiere a la secretaría particular del gobernador creo que van tres o cuatro. Yo tengo tres meses buscándolo cuando menos vía telefónica para ver los asuntos de desarrollo metropolitano y no he coincidido con su agenda.

No hay recursos, no bajan y estamos hablando de la zona metropolitana de Guadalajara. La verdad es que la zona metropolitana de Puerto Vallarta tiene el mismo problema. También hay 50 millones de pesos para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y también por falta de acuerdos con el gobierno del estado ese dinero está a punto de no ejercerse y eso sería muy lamentable para Jalisco y para Nayarit.

En cuanto a la universidad. Está visto, le andamos limosneando en el mes de septiembre para que le diera a la universidad para pagar la nómina de la primera y segunda quincena del mes de septiembre. Sí están bajando los recursos, pero no es posible ni justo que los recursos comiencen a bajar sólo porque se manifiestan todos los días los estudiantes y maestros.

Es una obligación. No son dádivas ni limosnas. No es dinero del gobernador. No es dinero de él. Es dinero que está obligado a bajar y no es posible que el gobernador los condicione para que le tengan que ir a rogar para que bajen esos recursos.

Yo quiero que este asunto de Jalisco llegue a buenos términos y que veamos coincidencias y no diferencias. Eso es lo que nos divide, por eso en Jalisco estamos mal, porque no hemos coincidido en que el gobernador es gobernador del estado y no presidente de un partido político. Eso es lo que nos ha dañado.

Reconozco que Emilio es una dama para tratar a la gente, pero es una gente que no cumple, y lo digo por experiencia y porque me consta. Lo conozco perfectamente y hago votos para que lo que resta del sexenio Emilio González Márquez se ponga el overol y se ponga el uniforme de gobernador del estado. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Señora diputada secretaria, se ha agotado la lista de oradores, tome la votación de la asamblea, por favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Comuníquese.Se acaba de recibir de la Junta de Coordinación Política una comunicación, proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta al pleno.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones y los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios me permito solicitarle tenga a bien consultar al pleno, puedan realizarse las modificaciones en el orden del día de hoy a efecto de incluir el siguiente asunto:

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se somete a la consideración del pleno la integración de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si es de aprobarse la modificación del orden del día.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que esténtor la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Dé lectura la secretaría al acuerdo.

SECCION INSTRUCTORA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se somete a consideración del pleno la integración de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura

La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de los siguientes:

Considerandos

I. Que de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de esta H. Cámara de Diputados dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

II. Que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución”, así como “conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren”.

III. Que la Junta de Coordinación Política, en términos de lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso b), en correlación con el inciso c) del mismo numeral de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está facultada para presentar al pleno, proyectos de puntos de acuerdo.

IV. Que el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la letra establece:

“Al proponer la Gran Comisión de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la constitución de Comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una Comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las Comisiones, cuatro integrantes para que formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores.

Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Gran Comisión, de entre los miembros de las Comisiones respectivas.”

V. Que de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en correlación con el artículo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta H. Cámara de Diputados integró la Comisión Jurisdiccional el 29 de septiembre de 2009, por lo que a la fecha, considerando la sustituciones realizadas por los Grupos Parlamentarios, está conformada de la siguiente manera:

VI. Que atendiendo a las disposiciones citadas anteriormente, y de conformidad con la propuesta de integración que la Comisión Jurisdiccional remitió el día de hoy, esta Junta de Coordinación Política, ha considerado oportuno presentar a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la integración de la Sección Instructora, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en consecuencia, este órgano legislativo esté en aptitud de ejercer las facultades que constitucional y legalmente le corresponden, para sustanciar en lo conducente las solicitudes de declaración de procedencia, así como del procedimiento de juicio político, enmarcados en los artículos 111 y 110 de nuestra Constitución, respectivamente.

Atendiendo a los fundamentos y motivaciones expuestas en los considerandos, esta Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en correlación con el artículo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda integrar la Sección Instructora encargada de sustanciar los procedimientos inherentes al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Segundo. Para los efectos del presente instrumento, la Sección Instructora quedará integrada por los siguientes Diputados Federales:

Presidente: Dip. César Augusto Santiago Ramírez

Integrante: Dip. Arturo Zamora Jiménez

Integrante: Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal

Integrante: Dip. César Octavio Madrigal Díaz

Tercero. La Sección Instructora se instalará en el lugar que les sea asignado y se les proveerá de los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Cuarto. Aprobado el presente acuerdo por el Pleno de la Cámara de Diputados, publíquese en la Gaceta Parlamentaria, así como en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo, México, DF, a 7 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, señor diputado Cárdenas Gracia?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Al acuerdo, si me da la palabra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sonido en la curul del diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y me imagino que también de los demás grupos parlamentarios que no tenemos representación en la Sección Instructora, queremos manifestar nuestro desacuerdo.

Es verdad que tradicionalmente la Sección Instructora ha funcionado con cuatro miembros. De los cuatro que aquí hemos conocido, que todos ellos son diputadas y diputados muy destacados, pues corresponden o forman parte del Grupo Parlamentario del PRI y del PAN y del PRD. Y las demás fuerzas políticas, el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, el Panal, el Partido Convergencia no tenemos representación en la Sección Instructora.

Consideramos, y considero, de manera muy firme, que eso implica una violación a los derechos de las minorías parlamentarias y que debería subsanarse y debiésemos tener intervención en la Sección Instructora, señor presidente. Ésa es la manifestación que deseo hacer.

También deseo hacer otra manifestación, vinculada con la anterior. Todos sabemos que esta Sección Instructora se constituye para conocer el caso del diputado Godoy Toscano, pero yo tengo información de un gran número de asuntos que provienen de las Legislaturas LIX, LX y de la actual Legislatura LXI, que están pendientes de ser conocidos.

Sin respetar el orden se va a pasar a un asunto que acaba de ser solicitado por la Procuraduría General de la República. Sé que se me va a contestar que los demás casos provienen de particulares y que éste proviene de una autoridad y por eso se le va a dar una preferencia.

Entonces hay dos motivos de inconformidad, señor presidente: que las minorías parlamentarias no estemos representadas en la Sección Instructora, y en segundo lugar, que hay una gran cantidad de asuntos que debe conocer primero la Sección Instructora antes de conocer el asunto del diputado Godoy Toscano.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Quedan consignadas las manifestaciones expresadas por el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

Diputado Escudero, ¿con qué objeto?

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Con el mismo, presidente. Para asentar que nosotros evidentemente también estamos en desacuerdo, como lo dijo el diputado, pero nosotros sí damos un voto de confianza a estos diputados que están integrando esta Sección Instructora.

Lo que sí les pedimos es que haya un compromiso de su parte para que a la hora de emitir este dictamen, ya sea negativo o de procedencia, lo podamos conocer. Podamos conocer a detalle cuál fue la valoración de las pruebas y de los elementos que se tuvieron en el expediente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se consigna, señor diputado. Tome usted la votación, diputado secretario.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:En votación económica se pregunta si se aprueba.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputado Madrigal?

El diputado César Octavio Madrigal Díaz(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Solamente para intervenir en el debate y las intervenciones de los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz.

Su servidor es integrante de la Comisión Jurisdiccional. Me honraron también, el día de hoy, de forma unánime todos los integrantes de esta comisión, de todos los grupos parlamentarios, de designarnos como uno de los cuatro integrantes de la Sección Instructora.

Entonces, nada más para aclarar, por la polémica que se ha suscitado, comentar que de acuerdo con la norma solamente podemos ser cuatro integrantes, que hay dos del PRI, uno del PAN, uno del PRD, y que en este caso finalmente agradecer el voto de confianza que se está dando y que tengan la certeza de que este asunto será visto a la luz del derecho.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Santiago.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Simplemente para hacer una aclaración que creo que es muy importante para no prejuiciar el trabajo de esta Sección Instructora. Con el afecto y respeto que sabe que le dispenso al diputado Cárdenas Gracia.

Una cosa es la lista de promociones que hay para cuestiones de juicio político y otra es el listado que tenemos para el juicio de procedencia, y en el caso del juicio de procedencia, señoras diputadas y señores diputados, ésta es la única solicitud que tenemos de la Procuraduría General de la República. Ignoro si en el caso de juicios políticos haya una lista de casos a tratar.

Simplemente hago esta aclaración para que quede, de manera explícita, el por qué estamos atendiendo a este requerimiento de la Procuraduría General de la República, recordando a todos que hay una disposición de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, que con claridad precisa los términos y las fechas en que estos asuntos deben ser desahogados.

No pretendo, desde luego, que éste sea un debate sino simple y llanamente una muy respetuosa aclaración. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tome la votación, señor diputado...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, señor diputado, permítame un segundito.

¿Con qué objeto, diputado Fernández?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sólo para completar a lo planteado por el diputado César Augusto Santiago, que el día hoy tengo entendido que el diputado Mario di Costanzo metió una solicitud de juicio político, y por tanto también una solicitud de desafuero en contra de Molinar Horcasitas, por lo menos estaría este caso también.

Y ayer que vino aquí, quien está al frente de la Procuraduría General de la República del gobierno de facto, yo le planteé el asunto de Patrón Laviada y le planteé el asunto de García Luna, que espero nos lleguen pronto también sus solicitudes de desafuero.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Brevemente, presidente, y también sin ánimo de polemizar con mi amigo el diputado César Augusto Santiago.

Yo tengo esta información y me gustaría que Servicios Parlamentarios o la Secretaría de la Cámara la corroborara. No solamente se trata de juicios políticos. Por ejemplo: tengo que en la LIX Legislatura hay 16 solicitudes de declaración de procedencia, recibidas y ratificadas, 2 fueron resueltas y 12 faltan por resolver, y 2 no fueron ratificadas.

Tengo que en la LX Legislatura hubo 10 solicitudes de declaración de procedencia, recibidas y ratificadas, y que están pendientes de ser resueltas por la Sección Instructora. Y tengo que, en la actual Legislatura, la LXI, hay 8 solicitudes de declaración de procedencia, recibidas y ratificadas, y que están pendientes de resolver por la Sección Instructora.

Atiendo al argumento de que la del diputado Godoy Toscano la promovió la Procuraduría General de la República, pero también atiendo lo que ha dicho mi compañero Fernández Noroña, de que hay una solicitud de juicio político promovida por un diputado de nuestra bancada y ojalá también sea atendida por la Sección Instructora en tiempo y forma.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Yo quisiera ilustrar a la asamblea que el trámite que estamos desahogando es estrictamente la creación de la Sección Instructora en los términos del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que instruye que deba crearse una comisión de cuatro legisladores.

De ninguna manera el acto en este momento constituye alguna resolución previa que habrá de tomar la propia Sección Instructora, y como es su responsabilidad, tendrá que fundar y motivar en derecho. Luego entonces, tome usted la votación para la creación de la Sección Instructora.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado, comuníquese.

LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Vamos a  pasar al punto de los dictámenes. El siguiente punto del orden del día corresponde a los dictámenes que son de primera lectura. En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 4 de marzo de 2010, los diputados Francisco Saracho Navarro, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén Moreira Valdez, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores y Tereso Medina Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número DGPL 61-II-5-571, acordó se turnara a la Comisión de Justicia.

Contenido de la iniciativa

Exponen los autores que una de las primordiales labores del Estado, es la de establecer las condiciones necesarias a fin de que los gobernados tengan un efectivo acceso a la impartición de justicia, sin embargo, ese cometido no se cumple a cabalidad, dado que la transformación del entorno en que se desarrollan las sociedades, lo que conlleva al surgimiento de nuevas problemáticas cada vez más complejas, a grado tal que, las instituciones del Estado, muchas veces son rebasadas por esa realidad.

Por lo que ensalzan la importancia de la labor legislativa, que viene a atemperar y, en ocasiones, a diluir ese desequilibrio, al implementar nuevas regulaciones que establecen las modalidades necesarias y reconfiguran los sistemas obsoletos, para tornarlos funcionales.

Continúan señalando que en el ámbito de la impartición de justicia, se requiere que esta labor se aboque al constante replanteamiento de cada una de las secuelas procesales a fin de que se cumplan las máximas que rigen todo procedimiento, identificadas en nuestra Carta Magna como las garantías individuales que proporcionan seguridad jurídica a los gobernados.

Los legisladores iniciantes manifiestan que de entre los tantos aspectos que corresponden a la substanciación de un juicio, cobra relevancia la forma en que el juzgador analiza la demanda al momento de realizar el pronunciamiento de la sentencia respectiva, cuando pretende dilucidar la problemática propuesta o causa de pedir, sin embargo aclaran, que la forma de plantear la demanda es la primera dificultad con que se enfrentan los gobernados, pues es menester que cuenten con una debida asesoría que les garantice que la defensa de sus derechos va a ser óptima y comprensible para el órgano jurisdiccional, en ese sentido, para que sean debidamente oídos los gobernados, en un juicio de amparo, deben contar con los recursos suficientes para contratar abogados que tengan conocimientos en esa materia, dada su complejidad, cada vez más agravada por vía de la jurisprudencia.

En este contexto, uno de los grupos sociales mayormente afectados por la insuficiencia de recursos, es el de las personas adultas mayores que pretenden jubilarse o se han jubilado, pues manifiestan que, el importe de las pensiones previstas tanto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como en la del Instituto Mexicano del Seguro Social, es insuficiente, siquiera, para asegurarles una honrosa subsistencia.

Y apuntan que al no existir una cultura de valores sobre la vejez, a menudo los ancianos sufren situaciones de violencia física, de abandono y de falta de atención a sus problemas. En México hay 8 millones 623 mil 154 de personas mayores de sesenta años y se tiene que al año 2050, el incremento anual promedio será en un 3.7 por ciento, en el caso de las mujeres y en un 4.84 por ciento, en hombres. Ello incide directamente en la atención a la salud, el empleo, la protección social y, por ende al crecimiento económico. Por ello, con la finalidad de homologar los programas de atención a este grupo vulnerable, el 25 de julio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que confiere al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores la rectoría de la política nacional a favor de las personas de 60 años y más. Un buen número de personas adultas mayores no recibe pensión alguna. La mayor parte de los adultos viven con recursos precarios. La situación de los jubilados es un ejemplo de que las pensiones actuales no garantizan una vejez digna. La población mayor de 60 años con ingresos por pensión asciende a 2 millones 568 mil 101 personas, lo que representa 29.78 por ciento de dicha población.

Señalan que las autoridades encargadas de realizar el cálculo inicial o actualización de las pensiones, en la mayoría de los casos, lo realizan desapegados a los ordenamientos legales, lo que podría calificarse como una consigna por parte de la autoridad, que apuesta a que un pequeño grupo de afectados se defienda y que, de entre los que lo hacen, pocos tengan éxito, lo cual es inaceptable, además de discriminatorio para las personas adultas mayores, quienes se merecen toda nuestra veneración, al haber entregado sus mejores años para el crecimiento y desarrollo del país.

Por lo que concluyen que, en el caso de la propuesta presentada a esta honorable soberanía, una de las formas para atenuar el efecto propiciado por la carencia de recursos de las personas adultas mayores y, por ende, el que no cuenten con un debido asesoramiento en el planteamiento de una demanda de amparo, en la defensa de sus derechos de seguridad social, es precisamente que el juzgador, desdeñando todo formalismo, se aboque a analizar la cuestión efectivamente planteada tanto en la demanda o, en su caso, en los recursos que prevé la ley de la materia, supliendo las deficiencias que advierta en los conceptos de violación o agravios, aun ante su ausencia.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes

Consideraciones

Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, esta comisión considera procedente la reforma planteada por las siguientes consideraciones.

Primera. La Constitución Política de México contempla diversos medios para su defensa, sobresaliendo el juicio de amparo, que es un proceso mediante el cual el quejoso o agraviado pretende anular actos de autoridad que estima inconstitucionales, mediante la promoción de una demanda, la cual se ventila ante un órgano judicial. El artículo 103 de la Carta Magna, así como el artículo 1o. de la Ley de Amparo, establecen los supuestos contra los que procede dicho juicio, preceptos que medularmente señalan que los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; y, por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.

Dicho juicio se sostiene y descansa en diversos principios constitucionales, como los siguientes: principio de competencia de los tribunales de la federación, principio de de procedencia contra actos de autoridad, principio de instancia de parte agraviada, principio de procedencia en favor de los gobernados, principio de existencia de un agravio personal y directo, principio de definitividad, principio de prosecución judicial, principio de estricto derecho y principio de relatividad de los efectos de las sentencias de Amparo, algunos de los cuales contemplan excepciones, como el caso que nos ocupa.

El principio de estricto derecho, establece que los jueces que conozcan del juicio, única y exclusivamente deberán estudiar la controversia que les haya sido planteada a través del escrito de demanda, resolviendo con las consideraciones en ella establecidas y no analizando abiertamente el acto de autoridad en cuanto a su inconstitucionalidad, es decir, los jueces de amparo se encuentran imposibilitados para estudiar con amplitud la inconstitucionalidad del acto que se combate, sino sólo podrán entrar al estudio de la demanda tal y como haya sido expuesta por el quejoso en su escrito de demanda, dicho principio se encuentra establecido en la fracción II del artículo 107 constitucional y en el artículo 76 de la Ley de Amparo, que señalan expresamente lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

I. ...

II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Ley de Amparo

Artículo 76. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

No obstante lo anterior, el principio de estricto derecho que opera en el juicio de amparo tiene excepciones, una de ellas, es la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, que cobra vida cuando el quejoso o agraviado al exponer los conceptos de violación en el escrito de demanda o los agravios en los recursos establecidos en la Ley de la materia, son deficientes, defectuosos, incompletos, incorrectos, incluso aún ante la falta de dichos conceptos de violación o agravios, que se hacen valer en contra del acto de autoridad tildado de inconstitucional.

La suplencia de la deficiencia de la queja, se puede definir como la figura jurídica que consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso en los conceptos de violación o en los agravios, que podrían resultar favorables para arribar al conocimiento de la verdad jurídica, lo que implica un examen, incluso oficioso, para investigar acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pero que no llega al grado de poder cambiar la naturaleza del acto reclamado o apreciar pruebas que no conoció la autoridad responsable a través de la jurisdicción ordinaria, ya que en las sentencias de amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.

Dicha excepción se encuentra establecida en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional y en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, que señalan expresamente lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

I. ...

II. ...

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución.

Ley de Amparo

Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.

III. En materia agraria, conforme lo dispuesto por el artículo 227 de esta ley.

IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.

V. En favor de los menores de edad o incapaces.

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.

Al respecto, la suplencia de la queja ha sido definida por el distinguido jurista y legislador Juventino V. Castro, como “un acto jurisdiccional dentro del proceso de amparo, de eminente carácter proteccionista y antiformalista, cuyo objeto es integrar dentro de la litis las omisiones cometidas en la demanda de amparo, para ser tomadas en cuenta al momento de sentenciar, siempre en favor del quejoso y nunca en su perjuicio, con las limitaciones y los requisitos constitucionales conducentes”.

La figura procesal de la suplencia de la deficiencia de la queja representa una de las más grandes instituciones que simbolizan al juicio de Amparo.

Segunda. La seguridad social es una prerrogativa de los trabajadores mexicanos, ya sea que se trate de trabajadores particulares o al servicio del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, pero también de las familias mexicanas.

La seguridad social será garantizada por el Estado en términos de lo dispuesto en dicho precepto, al señalar en la parte conducente lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.

Por su parte, la Ley del Seguro Social, establece cual es la finalidad de la seguridad social y señala en su artículo 2o. que:

Ley del Seguro Social

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado

Y que el seguro social, comprende el régimen obligatorio y el régimen voluntario, de los cuales se desprenden diversos seguros, como el de riesgos de trabajo; el de enfermedades y maternidad; el de invalidez y vida; el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; el de guarderías y prestaciones sociales entre otros. En dicha legislación también se establece que todas las familias en México tienen derecho a un seguro de salud para sus miembros y para ese efecto, podrán celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social convenio para el otorgamiento de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad.

Por su parte la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señala que la seguridad social de los Trabajadores comprende el régimen obligatorio y el régimen voluntario, estableciéndose como obligatorios el seguro de salud, que comprende: atención médica preventiva; atención médica curativa y de maternidad, y rehabilitación física y mental; el seguro de riesgos del trabajo; el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y el seguro de invalidez y vida, entre otras prestaciones. Igualmente establece que el trabajador que deje de prestar sus servicios en alguna dependencia o entidad y no tenga la calidad de pensionado, podrá solicitar la continuación voluntaria en todos o alguno de los seguros del régimen obligatorio, con excepción del seguro de riesgos del trabajo.

Así pues, podemos advertir que los derechos de seguridad social están ampliamente regulados por las legislaciones citadas, y que el Estado está obligado a garantizarla a través de los institutos que para tal efecto han sido creados.

Tercera. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que esta soberanía creó, establece en su artículo 5o., de manera enunciativa y no limitativa, que dicha ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los derechos de la integridad, dignidad y preferencia; de la certeza jurídica; de la salud, la alimentación y la familia; de la educación; de trabajo; de la asistencia social; de la participación; de la denuncia popular y de acceso a los servicios.

Por lo que para efecto del presente dictamen, cobra relevancia lo señalado en la fracción II del citado precepto que señala, lo siguiente:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Capítulo IIDe los derechos

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. ...

II. De la certeza jurídica:

a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados.

b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario.

d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII.

VIII. ...

IX. ...

De lo anterior se advierte con meridiana claridad que, la legislación citada, reconoce como derecho de las personas adultas mayores, el de la certeza jurídica y que se traduce en la obligación de todas las autoridades a dar a estos gobernados un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, con cualquier calidad procesal, es decir, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados, igualmente a recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos; a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sean parte y contar con un representante legal cuando lo consideren necesario y, que en los procedimientos citados, deberán tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar, y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.

Es decir, se protege a este grupo de individuos por su condición de personas adultas mayores, toda vez que, como lo exponen los autores de la iniciativa, este es uno de los grupos sociales más nutrido y mayormente afectado por la insuficiencia de recursos, además de que un gran número de personas adultas mayores no recibe pensión alguna, y la mayor parte vive con recursos precarios. Aunado al hecho de que el importe de las pensiones previstas tanto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como en la del Instituto Mexicano del Seguro Social, son insuficientes, para asegurar una honrosa subsistencia a este grupo poblacional.

En ese sentido, y ante la ausencia de recursos, la mayoría de estas personas se ven impedidas para contratar a un profesional del derecho que los represente de una manera técnica en la defensa de sus intereses de seguridad social.

Por lo que cobra relevancia la propuesta en estudio, pues al ser el juicio de amparo, el mecanismo jurídico con el que cuentan los gobernados para combatir los actos de autoridad en defensa de sus garantías individuales, es procedente la reforma en estudio, toda vez que, en materia de la protección de sus derechos de seguridad social, y ante la ausencia de un ingreso suficiente para contratar los servicios de un abogado que defienda técnicamente sus intereses, los jueces de Amparo deberán oficiosamente suplir la deficiencia de la queja en los conceptos de violación planteados en la demanda, así como en los agravios formulados en los recursos que la propia Ley de Amparo contempla.

Por lo que se concluye que la intención es no vulnerar, aún más, los derechos de las personas adultas mayores, sino todo lo contrario, salvaguardar sus intereses, ya que se encuentran en desventaja ante la autoridad. Esta reforma se equipara a las disposiciones que contempla el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, al tratar de proteger al débil, verbigracia, al procesado; a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en la defensa de sus derechos agrarios; al trabajador; al menor de edad o incapaz, en el planteamiento de las demandas y recursos del juicio de Amparo.

Cuarta. No obstante la consideración anterior, la iniciativa en estudio, no contempla que existe jurisprudencia del pleno y de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulta más protectora y garantista que la adición legal propuesta, por lo cual, de aceptarse en sus términos la iniciativa en cuestión, se acotarían derechos ya ampliados desde la interpretación judicial, a continuación se citan las jurisprudencias correspondientes:

Novena Época

Registro: 168545

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXVIII, Octubre de 2008

Materia(s): Constitucional, Laboral

Tesis: P./J. 105/2008

Página: 63

Suplencia de la queja deficiente en materia de trabajo. Opera en favor del trabajador cuando el acto reclamado afecte algún interés fundamental tutelado por el artículo 123 de la Constitución federal. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja.

Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

El tribunal p, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 105/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil ocho.

Novena Época

Registro: 168016

Instancia: Segunda Sala

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXIX, enero de 2009

Materia(s): Laboral

Tesis: 2a./J. 199/2008

Página: 697

Suplencia de la queja deficiente. Opera a favor de los beneficiarios del trabajador fallecido independientemente de su edad y de quienes figuren como demandados.Si se tiene en cuenta, por un lado, que la institución de la suplencia de la queja deficiente ha tenido una evolución tanto legal como jurisprudencial para ampliar su ámbito de aplicación y, por otro, que en materia laboral actualmente se aplica de manera total y aun en suplencia de conceptos de violación o agravios a favor de la clase trabajadora, es indudable que la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe comprender a los beneficiarios de los trabajadores, independientemente de su edad, cuando acudan al juicio de garantías o a los recursos que derivan del ordenamiento citado en defensa de los derechos que les corresponden como beneficiarios de un trabajador fallecido, sin importar quienes figuren como demandados, esto es, si la reclamación se entabló contra el patrón, una institución de seguridad social o cualquier otro obligado, pues en este caso su situación debe asimilarse a la del trabajador, ya que de no considerarse así se estaría desconociendo, a priori, que los reclamantes son beneficiarios directos de éste, sin permitir al juzgador, a través del ejercicio de esa facultad, descubrir la verdad legal en torno a su calidad de derechohabientes del trabajador fallecido y sobre los derechos controvertidos.

Contradicción de tesis 165/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Civil y de Trabajo y Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del Décimo Sexto Circuito. 26 de noviembre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Tesis de jurisprudencia 199/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

Por tanto, de los criterios judiciales transcritos mismos que resultan obligatorios para los jueces de amparo, ya se contempla la suplencia de la queja a favor de personas adultas mayores cuando se trata de derechos de seguridad social, inclusive opera a favor de beneficiarios y causahabientes, independientemente de su edad.

En tal tesitura, la propuesta al estar únicamente dirigida a las personas adultas mayores, excluye o discrimina a viudas, menores o trabajadores menores de 60 años que han sufrido un riesgo de trabajo y que tienen derecho a la seguridad social, y que se encuentran en una situación de igual desventaja que un adulto mayor.

En conclusión, la adición legal propuesta es excluyente y menos protectora que la jurisprudencia existente, por lo que esta comisión propone reformar la fracción IV y adicionar una fracción VII al artículo 76 Bis de la ley de Amparo a efecto de considerar a todas las personas que son sujetos de derechos de seguridad social, como viudas, menores, trabajadores menores de 60 años, beneficiarios y causahabientes; y así proteger mediante la suplencia de la deficiencia de la queja, a todas las personas sujetas a la seguridad social en sus diferentes regímenes contemplados en las leyes de la materia.

Quinta. La exposición de motivos de la iniciativa que se revisa, no justifica que la suplencia de la queja opere aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.

En la tramitación actual del juicio de amparo, tal circunstancia sólo opera así, en la materia penal, en razón de los bienes jurídicos que se pretenden regular, que es la libertad de las personas inculpadas y de la situación de privación de libertad en que se encuentran.

Sin embargo, tratándose de derechos de seguridad social, que tienen un alto valor y contenido social, no se presentan las mismas condiciones respecto de un acto de autoridad que ataca la libertad personal, por lo que la ausencia de argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad, sólo pudiese denotar una falta de interés o abuso en la utilización de una institución protectora.

Debe entenderse que no se trata de hacer nugatorios o limitar los derechos que ya tienen las personas adultas mayores, sino de entender que cualquier esquema o régimen de tutela debe ser limitado, ya que de lo contrario se convierte en un autentico estado de excepción que deriva en el incumplimiento de la norma y en el abuso en la aplicación de la misma.

En consecuencia, no se justifica ni motiva de manera suficiente, el hecho de que haya suplencia absoluta en materia de seguridad social o laboral para adultos mayores, al respecto se cita la siguiente jurisprudencia:

Octava Época

Registro: 210969

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Gaceta Número: 79, julio de 1994

Materia(s): Laboral

Tesis: XXI.2o. J/5

Página: 75

Suplencia de la queja en amparo en materia laboral. No procede hacerla en forma absoluta en favor del trabajador. Del contenido literal del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión, que la suplencia de la queja en materia laboral es limitada aun cuando el quejoso sea el trabajador, ya que del análisis comparativo que se efectúa con la fracción II del propio numeral que establece la suplencia en materia penal, se obtiene, que fue voluntad del legislador otorgarla en forma total en este caso y no en aquél, resultando entendibles los motivos que inspiraron la norma si tomamos en cuenta que también la Ley Federal del Trabajo la limita, según se aprecia de sus artículos 685, 873, último párrafo, 878, fracción II y 879, segundo párrafo, pues atendiendo siempre al principio general de que el proceso laboral se inicia a instancia de parte, se advierte que se adoptan diversas formas en el tratamiento de la demanda, que bien pueden reducirse a dos hipótesis, la primera, cuando dicha demanda es incompleta, en este supuesto, sólo ateniéndose a la acción ejercitada y a los hechos expuestos, subsanará el tribunal obrero las prestaciones a que el trabajador tiene derecho y cuya petición omitió, es decir, no podrá cambiar la acción o intentar una nueva; en el segundo caso se advierte más claramente la limitante ya que cuando la demanda es obscura, irregular o se intentan acciones contradictorias, el tribunal obrero, ni siquiera podrá subsanarla o aclararla de motu proprio, sino que requerirá la intervención del trabajador para que la regularice, la aclare, la concrete o decida, de libre voluntad, la acción que va a deducir; si precisados los defectos el trabajador o sus beneficiarios no la subsanan dentro del término legal y tampoco lo hacen en el periodo de demanda y excepciones, o bien no comparecen al mismo, la Junta deberá, por disposición expresa de la ley, tener por reproducida la demanda inicial tal como fue formulada; de donde se sigue, que la propia compilación laboral en cita es limitativa en cuanto a la suplencia de la queja y, si la fracción IV del artículo 76 bis de la ley de la materia, está en conjunción con ella, ya que no sería admisible lo contrario, debe concluirse, que existe imposibilidad legal de suplir la deficiencia de la queja ante la omisión total de conceptos de violación o la de los agravios en los recursos que la propia Ley de Amparo establece dirigidos al tema en particular; en el caso a estudio, no existe motivo de inconformidad defectuoso, parcial o deficiente, sino que se está ante una ausencia total de queja que exonera a los tribunales de amparo de la obligación de aplicar dicha suplencia.

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito.

Amparo en revisión 203/93. Eutimio Vázquez Castro. 2 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Francisco Javier Teodoro Arcovedo Montero.

Amparo directo 301/93. Galdina Barrera Reyes. 27 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Javier Cardoso Chávez.

Amparo en revisión 108/94. Leonardo Calvo de la Cruz. 21 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Agustín Raúl Juárez Herrera. Secretaria: Griselda Guadalupe Sánchez Guzmán.

Amparo directo 129/94. Martha Eugenia Valtierra Preciado. 13 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Francisco Javier Teodoro Arcovedo Montero.

Amparo directo 161/94. Beatriz Miranda Pacheco. 26 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Javier Cardoso Chávez.

Nota: La cuarta sala estableció criterio al respecto en la tesis número 47/94, publicada en la Gaceta número 83, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, página 29.

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona una fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76 Bis. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. En materia de seguridad social, sólo a favor de asegurados, beneficiarios, derechohabientes y pensionados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2010.

La Comisión de Justicia, diputados:Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Retiz Gutiérrez, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Flores Espinosa, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

Es de primera lectura.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honotable Congreso de la Unión, le fueron turnadas las iniciativas con proyecto de decreto que reforma, la primera, el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, presentada por los diputados Francisco Hernández Juárez (PRD) y Avelino Méndez Rangel (PRD), en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 4 de agosto de 2010, y la segunda, que reforma los artículos tercero y undécimo transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha citada anteriormente, presentada por el diputado Carlos Torres Piña (PRD), en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 11 de agosto de 2010.

La Comisión de Seguridad Social, considerando que ambas iniciativas tienen el mismo propósito, aún cuando propuesto en diferentes formas, ha considerado prudente elaborar un dictamen en conjunto, con las modificaciones que más adelante se precisan, y que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de la Comisión de Seguridad Social, elaborar el dictamen correspondiente, lo cual hace de acuerdo a los siguientes apartados: antecedentes, contenido de las iniciativas, consideraciones, conclusiones y proyecto de decreto.

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión celebrada el 4 de agosto de 2010, los diputados Francisco Hernández Juárez (PRD) y Avelino Méndez Rangel (PRD) presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995. En la misma sesión la presidencia de la Comisión Permanente la turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión celebrada el 11 de agosto de 2010, el diputado Carlos Torres Piña (PRD), presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos tercero y undécimo transitorios de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995. En la misma sesión la presidencia de la Comisión Permanente la turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Seguridad Social recabó la información necesaria, tomó conocimiento de la opinión del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitida públicamente en conferencia de prensa, y sostuvo reuniones para el análisis de las iniciativas referidas que permitieran la elaboración del dictamen que se somete a su consideración.

Contenido de las Iniciativas

La iniciativa presentada por los diputados Francisco Hernández Juárez (PRD) y Avelino Méndez Rangel (PRD), en su exposición de motivos expresan que el 9 de junio del presente año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la tesis 2ª./J-85/2010 que redujo el tope de las pensiones del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, otorgadas al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973, de 25 a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Continúan expresando los autores de la iniciativa que la mencionada Ley del Seguro Social de 1973, vigente hasta el 1o. de julio de 1997, establecía en su artículo 33 que el tope del salario base de cotización para el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte era la cantidad equivalente a diez salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, y que para calcular la cuantía de las pensiones se tomaba como referencia el salario promedio de las últimas doscientos cincuenta cotizaciones semanales.

Refieren que la determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se fundamenta en que si el salario base de cotización es equivalente a diez salarios mínimos, la cuantía de la pensión no debe sobrepasar dicho equivalente.

Igualmente refieren que el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, establece que el tope de la cotización, a partir de su entrada en vigor, sería la cantidad equivalente a quince veces el salario mínimo general para el Distrito Federal, cantidad que aumentaría a razón de un salario mínimo anual hasta llegar a la cantidad equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general en el año 2007.

Los promoventes señalan como fundamento para su propuesta de reforma al artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, que sí el tope de la cotización está a la fecha fijado en la cantidad equivalente a veinticinco salarios, el tope de la pensión debe ser ese mismo, calculándose su cuantía con el promedio de las últimas 250 semanas de cotización.

Para ello proponen que se agregue un tercer párrafo al mencionado artículo vigésimo quinto transitorio, para que quede como sigue:

“Vigésimo quinto. El artículo 28 de esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, el límite del salario base de cotización en veces el salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el que se aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año 2007.

Para la determinación del salario diario de las pensiones calculadas conforme a la ley que se deroga se tomará como base lo establecido en el párrafo anterior.”

La iniciativa presentada por el diputado Carlos Torres Piña, señala en su exposición de motivos que el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ilegal por estar fundado en el artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social de 1973, con lo que se violan las garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Expone además, que no se puede dejar de reconocer los graves problemas financieros que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social para sostener el pago de las pensiones, insistiendo en que el problema de fondo es el sistema pensionario establecido en la vigente Ley del Seguro Social, que requiere de reformas para retornar al sistema pensionario de reparto, en cumplimiento de la solidaridad intergeneracional en apego al artículo 123 constitucional.

Fundamenta su propuesta de reforma a los artículos tercero y undécimo transitorios de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el hecho de que el artículo 33 de la ley abrogada sólo refiere los límites del salario base de cotización, pero no hace mención alguna en relación a las pensiones, y que, el artículo 167 de la misma ley abrogada, establece que las pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada se componen de una cuantía básica, en porcentaje del salario base de cotización, más incrementos anuales relacionados también en porcentajes del salario base de cotización, que van desde el equivalente a un salario mínimo, hasta el límite superior establecido del salario base de cotización.

Menciona, por último, como fundamento a su iniciativa, los textos de los artículos tercero, cuarto, quinto, undécimo, duodécimo y vigésimo quinto transitorios de la Ley del Seguro Social. Así como los artículos 9 y 18 de la misma ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, así como los artículos 18 de la Ley Federal del Trabajo y 14 constitucional.

Su propuesta se concreta en la adición de un párrafo segundo a los artículos tercero y undécimo transitorios de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:

“Tercero. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse en términos de la ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento.

El límite máximo salarial para el otorgamiento de las pensiones a que se refiere el párrafo anterior, cual sea la ley por cuyos beneficios opte el trabajador, será de veinticinco salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal a la fecha de tal ordenamiento. Este límite máximo salarial se aplicará a partir del 1o. de julio de 1997”.

“Undécimo. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, al momento de cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo que, para el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada o riesgos de trabajo se encontraban previstos por la Ley del Seguro Social que se deroga, podrán optar por acogerse a los beneficios por ella contemplados o los que establece la presente ley.

El límite máximo salarial para el otorgamiento de las pensiones a que se refiere el párrafo anterior, cual sea la ley por cuyos beneficios opte el trabajador, será de veinticinco salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal a la fecha de tal otorgamiento. Este límite máximo salarial se aplicará a partir del 1o. de julio de 1997”.

Consideraciones de la Comisión

El sistema pensionario utilizado por la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de marzo de 1973, derogada el 1o. de julio de 1997, era un sistema de reparto, constituido por una bolsa general a la cual contribuían con sus aportaciones patrones, trabajadores y gobierno, de tal forma que con ellas se constituían reservas que permitieran el pago de las pensiones de aquellos trabajadores que accedían a ese derecho, una vez cubiertos los requisitos especificados en la ley para ello.

La contribución tripartita para los seguros del régimen obligatorio estaba basada en un porcentaje del salario base de cotización de cada trabajador afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un límite máximo de la cantidad equivalente a diez salarios mínimos, límite máximo que también operaba para la obtención de beneficios, es decir, servía para fijar el máximo de las cuantías de las pensiones, con la finalidad de evitar que al jubilarse o pensionarse un trabajador con un salario alto, tuviera que ser subsidiado con las contribuciones de la gran mayoría que cotizaban con un salario bajo.

De esta forma, además de evitarse la situación mencionada en la última parte del párrafo anterior, se establecía una correlación directa entre la cuota cubierta por el trabajador y la cuantía de la pensión a la que tendría derecho.

La Ley del Seguro Social vigente, con un sistema pensionario totalmente diferente, basado en la individualidad de cuentas cuyo saldo, al final de la vida laboral de los afiliados, es el que determina la cuantía de la pensión, en su artículo vigésimo quinto transitorio señala que, al inicio de su vigencia, por lo que se refiere a los seguros de invalidez y vida, así como los ramos de seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, el límite máximo de cotización sería la cantidad equivalente a quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, límite que se acrecentaría en un salario mínimo cada año subsecuente, hasta llegar a veinticinco en el año 2007.

La ley abrogada, si bien establecía claramente en su artículo 33 que el límite máximo para el salario base de cotización era la cantidad equivalente a diez salarios mínimos, no hacía ninguna referencia a un tope máximo de cuantía de pensiones, ya que el mismo estaba establecido en el artículo 167, el que señalaba la cuantía básica y los incrementos anuales a partir de las quinientas semanas de cotización, llegando a un porcentaje hasta el límite superior establecido del salario base de cotización, que era en esa ley, precisamente el equivalente a diez salarios mínimos.

La razón de relacionar el límite superior de las cuantías de las pensiones con el límite máximo del salario base de cotización, era para mantener una estricta correlación entre lo que se cotiza con lo que se recibe de pensión.

Ahora bien, los artículos transitorios tercero y undécimo de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, vigente a partir del 1o. de julio de 1997, establecen que los asegurados inscritos con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, al momento de cumplirse los supuesto legales o el siniestro respectivo que den lugar al derecho de acceder a una pensión, podrán optar por acogerse a los beneficios de la ley derogada o a las disposiciones de la vigente.

A partir de 1997, los trabajadores afiliados que han optado por los beneficios de la ley de 1973, se han jubilado con el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, aún cuando este salario fuere superior a la cantidad equivalente a diez salarios mínimos, pero menor al equivalente a entre quince y veinticinco salarios mínimos, según el año de obtención de la pensión, manteniendo estrictamente la correspondencia entre lo que se cotiza con lo que se recibe como pensión.

De esta forma, un trabajador que accedió al derecho a una pensión en el año de 1998, cuyo último salario base de cotización era equivalente a quince salarios mínimos, la cuantía de su pensión se calculaba con el promedio de las últimas doscientos cincuenta semanas cotizadas, pero no podría superar el límite equivalente a 15 salarios mínimos, que era igualmente el límite para sus cotizaciones a la fecha de adquirir el derecho a la pensión.

De la misma forma, un trabajador que accedió al derecho a una pensión en el año 2007, cuyo último salario base de cotización era equivalente a veinticinco salarios mínimos, la cuantía de su pensión se calculaba con el promedio de las últimas doscientos cincuenta semanas cotizadas, pero no podría superar el límite equivalente a 25 salarios mínimos, que era igualmente el límite para sus cotizaciones a la fecha de adquirir el derecho a la pensión.

Así se preservó en forma clara la concordancia entre lo que se cotiza y lo que se recibe como pensión.

Aparentemente el Instituto Mexicano del Seguro Social estuvo calculando la cuantía de la pensión con el promedio de las últimas doscientos cincuenta semanas de cotización, aún cuando este promedio fuere superior al equivalente a los diez salarios mínimos mencionados en el artículo 33 de la ley abrogada, y decimos aparentemente en razón de que, como se verá más adelante, el director general del IMSS declaró públicamente, el 4 de agosto de 2010, que “el monto para calcular sus pensiones seguirá aplicándose con base en el límite general de 25 salarios mínimos”.

El 26 de mayo de 2010, como se menciona en las dos iniciativas que se dictaminan, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una jurisprudencia en relación a este tema, para resolver una contradicción de tesis entre los Décimo Segundo y Décimo Tercero Tribunales Colegiados en materia de Trabajo del Primer Circuito, que con motivo de demandas presentadas ante Juntas de Conciliación y Arbitraje (juicio laboral número 1022/2004 y juicio laboral 1177/2005) que se resolvieron en esa instancia a favor de los trabajadores, condenando al IMSS al pago de la pensión con el promedio de sus últimas doscientos cincuenta cotizaciones aún cuando este promedio sobrepasaba al equivalente a diez salarios mínimos, resoluciones a las que el IMSS se inconformó solicitando el amparo de la justicia federal ante los mencionados tribunales colegiados (amparo directo DT-482/2008 y amparo directo DT-50/2010).

Para una mejor comprensión del problema planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como contradicción de tesis entre los mencionados Tribunales Colegiados, transcribimos parte de las consideraciones que fueron planteadas por ambos en sus resoluciones, en donde además queda perfectamente claro que, cuando menos, en los años 2008 y 2010, el IMSS solicitó el amparo de la justicia federal, aduciendo que el tope de la cuantía de la pensión de los trabajadores que se jubilaban o pensionaban conforme a la Ley del Seguro Social de 1973 era la cantidad equivalente a diez salarios mínimos.

“I. El Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo DT-482/2008, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

a) En el juicio laboral número 1022/2004, Lázaro Blanco Fuentes demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esencia, el otorgamiento de la pensión de vejez, conforme a la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.

b) En el laudo correspondiente, la junta condenó al otorgamiento de la pensión de vejez, a partir del uno de junio de dos mil tres, y cuantificó su monto con el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, de cuatrocientos cincuenta pesos ($450.00).

c) El tribunal colegiado sostuvo que si bien es cierto que la pensión de vejez se cuantifica con el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, también lo es que debe observarse lo dispuesto en el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social, en tanto establece que “el límite para establecer el pago de los seguros de vejez, será el equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”.

Luego determinó que si la pensión de vejez debía pagarse a partir del uno de junio de dos mil tres, fecha en que el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal era de cuarenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos ($43.65); entonces, atendiendo al artículo 33 de la citada ley, el límite para establecer el pago de esa pensión corresponde a cuatrocientos treinta y seis pesos con cincuenta centavos ($436.50); cantidad que resulta inferior al salario de cuatrocientos cincuenta pesos ($450.00), con el que se cuantificó la pensión.

II. El Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el amparo directo DT-50/2010, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

a) En el juicio laboral 1177/2005, Carlos Mauricio Salazar y Gris demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esencia, el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, conforme a la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.

b) En el laudo reclamado, la junta condenó al otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada, a partir del veintinueve de junio de dos mil cinco, y cuantificó su monto con el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, que asciende a la cantidad de ochocientos cuarenta y seis pesos con dieciocho centavos ($846.18).

c) El Tribunal Colegiado consideró que el “espíritu” del legislador al establecer en el segundo párrafo del artículo 33 de la abrogada Ley del Seguro Social, el límite superior de diez salarios mínimos, para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, atendió al equilibrio financiero que debe existir entre los salarios e ingresos del asegurado.

Que el artículo 167 de la misma ley, refiere que la cuantía básica, junto con los incrementos de la pensión, se calculará tomando como base el salario diario promedio que corresponda a las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización; y que el numeral 169 señala que el monto de la pensión no excederá el cien por ciento del salario promedio que sirve de base para su cuantificación.

A partir de esos elementos, concluyó que el límite superior de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, establecido en el segundo párrafo del artículo 33 para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, debe entenderse aplicable únicamente para determinar el tope máximo del salario base de cotización, pues de lo contrario se contravendría el primer párrafo de ese precepto, en tanto estatuye un límite superior de cotización de veinticinco veces el salario mínimo.

Además, refirió que los artículos 167 y 169 de la derogada Ley del Seguro Social son los que regulan lo concerniente a la cuantificación y límite de las pensiones, pero su contenido no obliga a la autoridad del trabajo a ajustar el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización a la limitante establecida en el citado artículo 33; pues para establecer el tope de diez salarios mínimos sería necesario que el Instituto Mexicano del Seguro Social acreditara que en el rubro de cesantía en edad avanzada se cotizó de la manera prevista en este último precepto”.

Con estos antecedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia en los siguientes términos:

“Seguro Social. El salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, base para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, tiene como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde con el segundo párrafo del artículo 33 de la ley relativa, vigente hasta el 30 de junio de 1997. De los artículos 136, 142, 147 y 167 de la referida ley, deriva que el salario diario que sirve de base para determinar la cuantía básica de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, es el que corresponde al promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Por otra parte, el numeral 33 de la misma legislación establece como límite superior al salario base de cotización el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente que rija en el Distrito Federal, excepto para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, que tendrán como límite superior el correspondiente a 10 veces el referido salario; en el entendido de que aquel límite rige para los seguros de enfermedad general y maternidad. Así, cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes”.

Esta tesis de jurisprudencia, que en esencia no es más que reconocer la vigencia de las disposiciones de la Ley del Seguro Social de 1973 para quienes se acogen a sus beneficios al tener derecho a recibir una pensión de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, tal y como lo determinan los artículos tercero y undécimo transitorios de la Ley vigente, motivó una justificada inconformidad de afiliados al IMSS cuya fecha de afiliación es anterior a la de la vigencia de la actual ley, de organizaciones de trabajadores y de organizaciones de patrones, cuyas cotizaciones, presumiblemente, han sido superiores a diez salarios mínimos a partir del 1o. de julio de 1997, y que, consecuentemente, consideran que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está aplicando un criterio inequitativo al no tomar en cuenta la correspondencia que debe de haber entre lo cotizado y la cuantía de la pensión.

Con este motivo, y ante las numerosas muestras de inconformidad que suscitó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social declaró públicamente que ese organismo seguiría otorgando pensiones a quien así correspondiera de aquellos trabajadores inscritos con anterioridad al 1o. de julio de 1997 y que optaran por los beneficios de la ley de 1973, con el promedio del salario de cotización de las últimas doscientos cincuenta semanas, con un límite de cuantía de hasta la cantidad equivalente a veinticinco veces el salario mínimo vigente a la fecha de que se den los supuestos legales o el siniestro respectivo que otorguen el derecho a una pensión.

El texto de la Coordinación de Comunicación Social del IMSS, con declaraciones de su director general, publicado en la prensa nacional el 4 de agosto de 2010, en sus partes medulares, dice textualmente: “El monto para calcular sus pensiones seguirá aplicándose con base en el límite general de 25 salarios mínimos; las pensiones no tendrán reducción alguna a la luz de esta jurisprudencia; el IMSS seguirá calculando el monto tal y como lo ha venido desarrollando en los últimos años; las pensiones no se verán afectadas por lo que no debe haber motivo de preocupación”.

Los juicios laborales que hemos reseñados se iniciaron con motivo de la determinación del IMSS de cumplir con lo señalado en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada el 1o. de julio de 2007, reduciendo la cuantía de la pensión, cuando el promedio del salario base de cotización de las últimas doscientos cincuenta semanas era superior al equivalente a diez salarios mínimos.

Los afiliados afectados por esta determinación, recurrieron a la justicia laboral, argumentando que la cuantía de la pensión debería ser correspondiente al promedio de salario de cotización de las últimas doscientos cincuenta semanas y las juntas de conciliación y arbitraje, dieron la razón al trabajador condenando al IMSS a pagar la pensión en esas condiciones.

El IMSS se ampara de esta resolución, amparos que se conoce fueron solicitados uno en 2008 y el otro en 2010.

Luego entonces el IMSS está recurriendo a la justicia federal para tratar de conseguir la reducción de la cuantía de la pensión en aquellos casos en los que el promedio del salario base de cotización fuera superior al equivalente a diez salarios mínimos.

Esto demuestra una incongruencia entre lo que hace el IMSS en los tribunales laborales y las declaraciones de su director general, lo que, por lo menos, suscita incredulidad entre lo dicho y lo que puede ocurrir en el futuro en relación a este tema.

Sin el propósito de calificar ni la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni la posición de la dirección general del IMSS, lo que buscan las iniciativas que se dictaminan es que se consiga el equilibrio necesario en las disposiciones de una ley, que al cambiar el sistema pensionario, pasando de uno de reparto a uno de capitalización en cuentas individuales, dejó incongruencias y lagunas que han dado lugar a una manifestación sentida de una parte de la sociedad que considera se han vulnerado sus derechos y afectada su expectativa de obtener una pensión que le permita tener una vida digna al final de su vida laboral.

Si el IMSS estuvo otorgando pensiones con cuantías superiores al límite al que la interpretación literal del artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973 le obligaba; sí trató de corregir tal situación a partir de los últimos cuatro años y trató de limitarlas a la cantidad equivalente a diez salarios mínimos; y, sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó literalmente el contenido del artículo invocado al resolver una contradicción de tesis de tribunales colegiados; todo ello, son situaciones de carácter administrativo y legal cuya responsabilidad no compete al Poder Legislativo.

Lo que sí le compete es la resolución de un problema que parte del cumplimiento de una norma, emitida por el mismo Poder Legislativo, que propició, al no precisar claramente el mecanismo de aplicación de una disposición de la ley que abrogó para quienes se acogieran a sus beneficios, la necesidad de interpretarla.

Considerando que los artículos tercero y undécimo transitorios de la Ley del Seguro Social vigente, curiosamente con una redacción casi idéntica, precisan que los trabajadores inscritos con anterioridad a la vigencia de ella, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha ley o al esquema de pensiones establecido por la que inicia su vigencia, lo que procede, para mayor claridad, es especificar en el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, la correspondencia entre las cuotas que se aportan al financiamiento de los seguros y las cuantías de las pensiones a las que se tiene derecho.

Dicho artículo vigésimo quinto transitorio establece, que a partir de la entrada en vigor de la ley, 1o. de julio de 1997, el límite del salario base de cotización en veces salario mínimo para los seguros de invalidez y vida, y los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, aumentándose un salario mínimo general cada año hasta llegar a veinticinco el año 2007.

En consecuencia, si en dicho artículo transitorio se está fijando el límite máximo de cotización, la comisión que dictamina considera que, como se propone en la iniciativa de los diputados Francisco Hernández Juárez y Avelino Méndez Rangel (PRD), es en ese mismo artículo en el que hay que fijar el límite máximo de las cuantías de pensiones que pueden obtenerse, para que haya una correlación estricta entre lo cotizado y la cuantía de la pensión.

La comisión que dictamina también considera que lo necesario es buscar con esta reforma precisamente la claridad en la disposición legal, por lo que sí el párrafo segundo del vigente artículo vigésimo quinto transitorio refiere los límites superiores del salario base de cotización, al agregar un párrafo tercero, este debe referir con claridad cuáles son los límites de las cuantías de las pensiones, y propone que la redacción del adicionado párrafo tercero sea como sigue:

“Ese mismo límite en veces el salario mínimo, será el límite superior de las cuantías de las pensiones de aquellos asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como de sus beneficiarios, que, al cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, opten por acogerse a los beneficios de la ley que se deroga.

Por otra parte, hay que recordar que el pago de las cuantías de las pensiones de todos aquellos trabajadores inscritos en el IMSS antes del 1o. de julio de 1997 corresponde al gobierno federal, toda vez que el artículo duodécimo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, establece con toda claridad que “Estarán a cargo del gobierno federal las pensiones que se encuentren en curso de pago, así como las prestaciones o pensiones de aquello sujetos que se encuentren en periodos de conservación de derechos y las pensiones que se otorguen a los asegurados que opten por el esquema establecido por la ley que se deroga”.

Bajo esa disposición, ni la redacción actual ni la adición de un párrafo tercero al artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social con la redacción que se propone, no causará ninguna afectación a los recursos económicos del IMSS, ya que no es ese instituto el que está pagando, ni el que va a seguir pagando, las cuantías de las pensiones de quienes se jubilen o pensionen bajo el esquema pensionario de la ley derogada.

Por lo que se refiere al gasto que pudiera representar la reforma propuesta para el gobierno federal, hay que considerar, en primer lugar, que se han estado pagando las pensiones en la forma en que se está proponiendo quede especificado en la ley, es decir, ya está considerado este gasto en el ramo 19, Aportaciones a Seguridad Social, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, igual que en los anteriores años posteriores al de 1997 en el que entró en vigor la nueva ley, y, en segundo lugar, que, complementariamente, en el proyecto de decreto de esta iniciativa se propone incluir la obligación de la Cámara de Diputados de seguir manteniendo en el cálculo de dicho ramo, lo correspondiente al pago de las pensiones de la generación de la transición entre un esquema y otro.

Conclusión

Analizadas, como se describe con anterioridad, las iniciativas que se dictaminan, se concluye que la reforma propuesta de agregar un tercer párrafo al artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, resuelve un problema social y no afecta las finanzas públicas, por lo que somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero a Vigésimo Cuarto. ...

Vigésimo Quinto. El artículo 28 de esta ley, entrará en vigor el 1 de enero del año 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, el límite del salario base de cotización en veces el salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el que se aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año 2007.

Ese mismo límite en veces el salario mínimo, será el límite superior de las cuantías de las pensiones de aquellos asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como de sus beneficiarios, que, al cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, opten por acogerse a los beneficios de la ley que se deroga.

Vigésimo Sexto a Vigésimo Octavo. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados habrá de considerar en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en el ramo 19, Aportaciones a la Seguridad Social, la posible repercusión que la aplicación de este decreto represente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Seguridad Social, el 29 de septiembre de 2010.

Diputados:Uriel López Paredes (rúbrica) presidente; Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Valdemar Gutiérrez Fragoso (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Elvia Hernández García (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Isaías González Cuevas (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Graciela Ortiz González, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada, José Gerardo de los Cobos Silva, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Bernardo Margarito Téllez Juárez, Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, María Guadalupe García Almanza, Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica).»

Es de primera lectura.

ARTICULOS 4O. 73 CONSTITUCIONALES

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 40 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 38 y 40 de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. El 22 de octubre de 2002 la diputada Arcelia Arredondo García, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-K al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

2. El 22 de abril de 2004, la diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. El 21 de septiembre de 2004, el diputado Homero Ríos Murrieta, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-K al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

4. El 1 de marzo de 2005, el diputado Quintín Vázquez García, del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

5. El 6 de abril de 2006, la diputada Evelia Sandoval Urbán, del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

6. El 21 de noviembre de 2006, el diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

7. El 12 de abril de 2007, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

8. El 13 de diciembre de 2007, la diputada Patricia Castillo Romero, del Partido de Convergencia, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

9. El 3 de abril de 2008, la diputada Mónica Arriola, del Partido de Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

10. El 24 de abril de 2008, diputados de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PRI, del PT, de Convergencia, de Alternativa y de Nueva Alianza presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

11. El 30 de abril de 2008, la diputada Irene Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

12. El mismo 30 de abril de 2008, la diputada Martha Hilda González Calderón, del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

13. El 30 de abril de 2009, el diputado Fidel Antuña Batista, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

14. El 22 de julio de 2009, la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona a los artículos 3o., 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

15. El 13 de octubre de 2009, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

16. El 9 de febrero de 2010, la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el párrafo séptimo, se adiciona un párrafo 8o. y se elimina el párrafo noveno para integrarlo al párrafo séptimo del artículo 4o.; y se reforma y adiciona la fracción primera del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

17. El 22 de abril de 2010, la diputada Augusta Valentina Díaz Rivera Hernández, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual fue turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

18. En sesión de 6 de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales acordó dictaminar únicamente los artículos 4 y 73 Constitucionales, y dejar para posteriores sesiones la discusión de los artículos 2o., 3o., 25, 26 y 31 propuestos en las iniciativas presentadas en las Legislaturas anteriores y en la LXI Legislatura.

II. Materias de las iniciativas

La iniciativa presentada por la diputada Arcelia Arredondo, propone la adición de la fracción XXIX-K al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que sea facultad Congreso de la Unión, legislar en materia de grupos vulnerables y dictar políticas en protección de las niñas y los niños.

La iniciativa presenta por la diputada Blanca A. Gámez Gutiérrez, propone que sea modificado el artículo 4o. Constitucional, en su párrafo sexto, para agregar dentro de los derechos de los niños y niñas, el de su identidad y en el segundo párrafo la mención relativa a que será obligación de los ascendientes, tutores y custodios, la de preservar los derechos de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

La iniciativa presentada por el diputado Homero Ríos Murrieta, propone la adición de una fracción XXIX-K al artículo 73 constitucional, en el sentido de facultar al Congreso de la Unión, para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación en las materias de los grupos vulnerables entre los distintos órdenes de gobierno, en materia de: niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

La iniciativa presentada por el diputado Quintín Vázquez García, propone reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al exponer que a pesar de que se han implementado diversos programas de apoyo a la niñez, éstos no han dado los resultados necesarios; por lo que es importante que a partir de nuestra Carta Magna, se dé una seguridad integral que requieren los niños, las niñas y adolescentes, para que se respeten sus derechos humanos básicos y tengan una vida digna y un sano esparcimiento.

La iniciativa planteada por la diputada Evelia Sandoval Urbán, propone la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de instrumentar políticas públicas específicas para los adolescentes; por lo cual es menester que los mismos sean reconocidos en la Ley Fundamental y diferenciarlos como un sector específico de la población con requerimientos concretos.

La iniciativa planteada por el diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, propone la reforma y adición de los artículos 4o. y 73 constitucionales, en el sentido de plasmar específicamente el interés superior de las niñas y los niños en el marco jurídico constitucional, para coadyuvar y obligar a los ordenamientos y aún más a las políticas públicas nacionales, para que reconozcan de manera integral y plena los derechos de las niñas y los niños del país; de esta forma no sólo se garantizaría la protección de un sector vulnerable de la sociedad mexicana si no que se contribuye al cumplimiento de las obligaciones contraídas por México a nivel internacional.

La iniciativa presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz, propone la reforma y adición de los artículos 2o., 3o., 4o., 25, 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de reconocer la importancia de una alimentación adecuada vista como todo un proceso que tiene que ver con la producción de alimentos, con la protección de la niñez mexicana, con el reconocimiento de los valores culturales sustentada por nuestros pueblos y comunidades indígenas, con disminuir los efectos de una acentuada mala alimentación generada por el modo de producción inoperante, con reconocer nuestro patrimonio alimentario a nivel nacional antes de solicitarlo ante la comunidad mundial.

La iniciativa presentada por la diputada Patricia Castillo Romero, propone la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de establecer los principios normativos para afectar los ordenamientos administrativos que determinan los ineficientes, obsoletos y discriminatorios procesos de procuración de justicia, y que vuelven a victimizar a niñas y niños dentro de las instancias entre las cuales se ven sometidas, de tal manera surge la necesidad de elevar a rango constitucional la esfera jurídica de la infancia.

La iniciativa presentada por la diputada Mónica Arriola Gordillo, propone la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de implantar políticas públicas de bienestar, solidaridad y seguridad sociales, así como de desarrollo integral, material, económico, cultural y político, con respecto de la dignidad de la niñez y el ejercicio de sus derechos.

En la iniciativa presentada por diversos Grupos Parlamentarios del PRD, del PRI, del PT, de Convergencia, de Alternativa y de Nueva Alianza; se propone la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de reformar los derechos humanos, motivados en que no se puede excluir del ejercicio libre de sus derechos a los miembros del infancia y adolescencia.

La iniciativa presentada por la diputada Irene Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, propone incorporar en el artículo 4o. Constitucional los principios superiores contemplados en instrumentos internacionales respecto al interés superior de la niñez, que representan obligaciones específicas para el Estado y un marco más amplio de protección para este grupo vulnerable.

La iniciativa presentada por la diputada Martha Hilda González Calderón, del Partido Revolucionario Institucional, propone la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de dar congruencia terminológica a los principales instrumentos jurídicos mexicanos a favor de la niñez y la adolescencia, en virtud, de que esta distinción no se contrapone, si no que complementa el contenido de uno de los principales instrumentos internacionales aprobados por México, la Convención sobre los Derechos del Niño.

La iniciativa presentada por el diputado Fidel Antuña Batista, propone la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de plasmar en nuestra Constitución la figura del adolescente; toda vez que así se hará congruente la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La iniciativa presentada por la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, propone la reforma y adición de los artículos 3o., 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de realizar y aprobar las reformas que sean necesarias para proporcionarles a niñas, niños y adolescentes herramientas indispensables que les brinden una protección y defensa de sus derechos, atendiendo al principio de interés superior de la infancia.

La iniciativa presentada por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, propone la adición de la fracción XXIX-P al artículo 73 constitucional, en el sentido de expedir leyes en materia de derechos de las niñas y los niños, de forma que garanticen, protejan y salvaguarden sus derechos.

La iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, propone la reforma de los artículos 4o. y 31 constitucionales, en el sentido de que para llevar a cabo el fortalecimiento de la democracia, necesariamente pasa por la educación y formación de nuestros niñas, niños y adolescentes, en ambientes en los que el diálogo y el respeto mutuo sean los criterios elementales para la convivencia y el desarrollo social ampliado.

La iniciativa presentada por la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, propone la inclusión de los derechos de la infancia en el artículo 73 constitucional, con la finalidad de expedir leyes en materia de paternidad responsable y alimentos, a fin de garantizar el interés superior de la infancia.

Todas las iniciativas antes mencionadas son coincidentes en el sentido de reformar la Constitución, para efecto de que se establezca a rango constitucional el interés superior del menor, cada iniciativa propone en diversos sentidos, tal regulación.

Es por ello, que visto lo expresado en las iniciativas antes enunciadas y después de haber realizado un exhaustivo análisis de todas ellas, esta Comisión Dictaminadora se pronuncia en base a los siguientes:

III. Considerandos

Los miembros de la comisión han resuelto tomar como base para el presente dictamen las iniciativas con fechas 9 de febrero y 22 de abril, ambas de 2010, aclarando que las demás iniciativas señaladas en el apartado de antecedentes legislativos, sirvieron de referente para enriquecer el presente dictamen, circunstancia que se puede advertir en los argumentos expresados en el mismo.

En lo general

No pasa por alto la importancia y la relevancia que representa emitir un dictamen, respecto a la esfera jurídica de los menores, máxime que constituyen la base generacional y de población para el Estado mexicano.

Los principales antecedentes en materia de derechos de los niños son: Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño; Declaración de los Derechos del Niño; Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y demás estatutos e instrumentos emitidos por los organismos especializados internacionales que han expuesto interés en procurar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, en todos sus aspectos.

Los instrumentos internacionales que ha suscrito México en materia de derechos humanos y relacionados con los derechos de los infantes, son:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948.

• Convención internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, del 30 de septiembre de 1921.

• Protocolo que modifica el Convenio para la Represión para la Trata de Mujeres y Niños, del 30 de septiembre de 1921, firmado el 12 de noviembre de 1947.

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en conflictos armados.

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de los niños relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

• Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y protocolo Final, del 21 de marzo de 1950.

• “Convención sobre los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989”.

• “Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional”.

Lo anterior, implica la obligación para que independientemente de las coyunturas políticas, sociales y económicas, se le asignen a la infancia todos los recursos posibles que garanticen su sano desarrollo.

Concepto niño

Tanto en la doctrina como en la práctica, se han ligado estrechamente las etapas de la infancia y la adolescencia del ser humano, por estar comprobado científicamente que en esta última el individuo aún necesita de la protección del Estado.

Desde el punto de vista internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por México e1 21 de septiembre de 1990 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, establece: “Artículo 1, Para los efectos de la presenta Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”

El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, define la palabra menor: del latín minos natus,que se refiere al menor de edad o al pupilo, la cual proviene del latín pupus que significa niño.

Esto es, que para efectos del presente dictamen y como espíritu de la reforma, se entenderá como niño a todo menor de 18 años.

Compromisos Internacionales

Nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1990, en la que el Estado mexicano, asume la obligación permanente de armonizar su derecho interno con tal instrumento internacional.

En consideración a que los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país aún se encuentran limitados, resulta indispensable que todos los órganos de gobierno, rea-licen los actos tendientes a dar cabal respeto y cumplimiento a sus derechos.

La Declaración de los Derechos del Niño ha sostenido que el menor, requiere de cuidados y asistencias especiales, tal como se expresa en su artículo 3o., numeral 1, que a la letra señala:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

De tal precepto, salta a la vista el principio del interés superior del niño, entendiéndolo como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Tal principio, ha sido definido por diversos doctrinarios, entre ellos; Miguel Cillero, que considera al interés superior como una garantía a la que los niños tienen derecho, con fines muy particulares como lo son:

• Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño.

• Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez.

• Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos.

• Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que les son relativas, tengan como objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u objetivo.

Así, el interés superior del niño, indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades.

Adicionalmente la noción del interés superior del niño o niña implica, que el crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quienes actualmente se encuentran en esta etapa de la vida. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino que constituye un elemento básico para la preservación y mejoramiento de la sociedad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expresado la interpretación al concepto en comento, mediante tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Página: 265, Novena Época, Instancia: Primera Sala (No. registro 172003), que a la letra dice:

Interés superior del niño (concepto)

En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: la expresión “interés superior del niño” implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.

Ahora bien ante la problemática social, que ha afectado el desarrollo de las niñas y de los niños, con fenómenos como: explotación sexual y comercial, abandono, maltrato físico, maltrato emocional, entre otros; surgió la necesidad de instaurar medidas encaminadas a tutelar y proteger los derechos de los menores.

El derecho de los menores se entiende como una rama de la ciencia jurídica que regula las relaciones del ser humano durante las fases de su dinámico desenvolvimiento personal, en las que aún su personalidad ha de protegerse, así como las realidades que, en el medio social, inciden en este proceso de desarrollo personal.

En este sentido, la función del Derecho de Menores, es constituir el instrumento por el que se pueda materializar el principio de justicia en los ámbitos que infieren en el ambiente de los menores. En otras palabras, tiene como función trascendental la de asegurar y amparar el desarrollo integral del proceso evolutivo de la personalidad del menor.

El ejercicio del derecho del menor, debe de ir destinado a todos, sin realizar distinciones, pero bajo la premisa de que deben ser destinados en atención a las necesidades de cada sector poblacional, sumiendo como parámetros de cumplimiento las características socioeconómicas y culturales.

En México se han dado avances trascendentales en materia del interés superior de la niñez, derivado de los instrumentos jurídicos internacionales, que nuestro Estado ha suscrito; entre éstos avances tenemos diversas reformas que se han llevado a cabo a nuestra Carta Magna, particularmente en los artículos que se precisan a continuación:

• La reforma al artículo 1o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de agosto de 2001, en el que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o Nacional, el género, la edad, las discapacidades, entre otras.

• La reforma al artículo 2o., apartado B fracciones III y VIII Constitucional, publicada en el DOF el 14 de agosto de 2001, en el sentido de dar apoyo a la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil, así como la protección a los migrantes de los pueblos indígenas mediante programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes.

• La reforma al artículo 3o. Constitucional, publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2002, referente a la educación básica obligatoria, preescolar, primaria y secundaria.

• La reforma al artículo 4o. Constitucional, publicada en el DOF el 7 de abril de 2000, donde se contempla otros derechos como son: alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral, respeto a su dignidad y ejercicio pleno de los derechos de los niños.

• Por último, la reforma al artículo 123 Constitucional, publicada en el DOF 31 de diciembre de 1974, en el sentido de quedar prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de 16 años, y queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años, y que los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de seis horas. En cuanto al trabajo extraordinario, los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajos.

Es de especial importancia mencionar las iniciativas presentadas por las diputadas Irene Aragón Castillo y Claudia Cruz Santiago, las cuales proponen que se plasme en la Carta Magna: “Los niños, niñas y adolescentes son titulares de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano”. Lo anterior se trae a cuenta para efecto de robustecer el presente dictamen, quedando de manifiesto que el carácter de derechos humanos pretendido para los niños ya se cumple en espíritu con la presente reforma, debido a que el Estado debe cumplir con los tratados internacionales incluyendo los de derechos humanos.

Ante tales antecedentes, es evidente que el espíritu del Constituyente Permanente ha sido en todo momento proteger y velar por los derechos de las niñas y los niños.

Legislación Mexicana

En cumplimiento al convenio internacional se ha emitido la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, conjuntamente las entidades federativas cuentas con su cuerpo normativo en materia de protección de la niñez, y que a continuación se enuncian:

Además de existir diversos organismos públicos que protegen los derechos en estudio, se han creado diversas instituciones públicas como lo son:

En lo particular

Es evidente que el principio del interés superior de los niños no debe quedar relegado a las normas secundarias, ya que con esta reforma el principio en estudio se erigirá como punto de partida para las normas secundarias en la materia.

Esta comisión dictaminadora considera que no obstante la existencia de los ordenamientos secundarios antes señalados y de las instituciones precisadas, es necesaria la reforma constitucional, ya que en la mayoría de las enunciadas no contemplan sanciones a su inobservancia y adicionalmente en atención a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano, siendo oportuno traer a cuenta la tesis de jurisprudencia con registro número 172650, XXV, Abril de 2007, Tesis: P. IX/2007:

Tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

Es por ello que la presente reforma constitucional, no solo se coloca como un avance a la regulación de los derechos de los niños, sino que se estaría cumpliendo con lo preceptuado en los diversos documentos jurídicos de carácter externo, a los cuales no podemos sustraernos, ya que podría suponer una mala imagen en la comunidad internacional, máxime que en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, México asumió un compromiso vinculante para brindar un futuro mejor a todos los infantes mediante la incorporación de tales principios al derecho interno.

Además, la reforma constitucional produciría como efecto, la liberación de dicho principio para que sea oponible a cualquier autoridad y en cualquier materia, ya sea administrativa o jurisdiccional, mediante la verdadera garantía que es el juicio de amparo.

Con ello se dará pausa al reconocimiento de diversos derechos que son inherentes como; el derecho a la identidad; a tener un nombre; a la adecuada salud y nutrición; a la educación; a vivir en un medio ambiente sano; a vivir libre de todo tipo de violencia, abuso o maltrato; al libre desarrollo de su personalidad; a no ser explotado; y a gozar de todas las demás prerrogativas y derechos que esta Constitución les otorga.

Bajo este tenor, esta Comisión considera la procedencia de reforma al artículo 4o. de nuestra Carta Magna, con el propósito de abonar el camino de la armonización legislativa en favor de los derechos de la infancia mexicana.

Esta comisión considera que la expresión relativa a la obligación de los padres para velar por el interés superior de los menores no debe de ser plasmada, en el artículo 4o., toda vez que dicho precepto resulta ser garantía individual y que por naturaleza jurídica sólo son oponibles al Estado, entendiéndose por ello que el único obligado a cumplirla es el Estado mismo.

Por lo que toca a la reforma del artículo 73 Constitucional, en cuanto a que sea facultad del Congreso de la Unión el poder legislar en esta materia, esta Comisión dictaminadora considera la pertinencia de tal reforma, siempre y cuando se otorgue una concurrencia de materia para que las entidades federativas y el Distrito Federal puedan legislar en el ámbito de su competencia, con la participación de los Municipios, ello en atención a una correcta distribución de facultades.

Por lo expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o.; se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o.; se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y hacer cumplir estos derechos y principios.

...

...

Artículo 73. ...

I. a la XXIX-O ....

XXIX-P.Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de niñas, niños, adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los Tratados Internacionales de la materia, de los que México sea parte.

XXX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Datos consultados de la página www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm, el día 12 de agosto de 2010.

2 José Luis Soberanis Fernández. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos, Editorial Porrúa, México. P. 378.

3 Dato consultado en la página www.unicef.org/mexico/spanish/mx_ resources_textocdn.pdf, el día 12 de agosto de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Juventino Castro y Castro (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Francisco Saracho Navarro, Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa, Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Rafael Rodríguez González, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Justino Eugenio Arraiga Rojas (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Óscar Martín Arce Paniagua, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica).»

Es de primera lectura.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señora secretaria, instruya por favor el cierre del sistema electrónico de votación y registro de asistencia.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Hay un registro de 456 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señora secretaria.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - CODIGO PENAL FEDERAL - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY DE LA POLICIA FEDERAL - LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de la

Minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Antecedentes

Primero. A las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, fueron turnadas para su análisis y dictamen once iniciativas con proyectos de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y expiden la Ley del Fondo Nacional para el Combate Contra el Secuestro, la Ley Antisecuestro, la Ley General contra el Secuestro, la Ley General en Materia de Secuestro, la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, y la Ley General de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro. Reformas, adiciones y derogación de disposiciones legales, y expedición de leyes, que se comprenden, en su caso, en las iniciativas siguientes:

1) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal, presentada por el Ejecutivo federal, el 13 de marzo de 2007;

2) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal, así como el artículo 194, fracción I, inciso 23), del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por el senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de agosto de 2008;

3) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fondo Nacional para el Combate contra el Secuestro, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 27 de agosto de 2008;

4) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación, presentada por el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 2 de septiembre de 2008;

5) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, presentada por el senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 6 de noviembre de 2008;

6) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 11 de marzo de 2009;

7) Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Antisecuestro, presentada por los senadores Felipe González González y Ricardo Torres Origel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de marzo de 2009;

8) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General contra el Secuestro, presentada por el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 31 de marzo de 2009;

9) Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General en Materia de Secuestro, presentada por los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 15 de diciembre de 2009;

10) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el Ejecutivo federal el 18 de febrero de 2010; y

11) Iniciativa con proyecto de decreto de Ley General de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro, presentada por los senadores Alejandro González Alcocer, Alejandro Zapata Perogordo, Pedro Joaquín Coldwell, Tomás Torres Mercado y Arturo Escobar y Vega, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Verde Ecologista de México, respectivamente.

Segundo.Adicionalmente, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, conjuntamente con la Comisión de Justicia, sin la intervención de la Comisión de Gobernación, se turnaron cinco iniciativas, proyectos que, por comprender en parte el tema central que en el caso particular se analizó, se tomaron en cuenta sólo en lo vinculado con el tema materia de la minuta que se dictamina. Estos proyectos son:

1) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de diciembre de 2006. Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera;

2) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a fin de establecer mejores condiciones para el combate del secuestro, presentada por el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 27 de agosto de 2007. Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Gobernación;

3) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia de prevención y combate del secuestro, presentada por los senadores Silvano Aureoles Conejo, José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 02 de septiembre de 2008. Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Gobernación;

4) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expiden la Ley para Prevenir y Sancionar el Secuestro y la Ley Reglamentaria del Artículo 22 Constitucional en Materia de Extinción de Dominio y por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Amparo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en materia de secuestro, presentada por el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 09 de octubre de 2008. Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia;

5) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 366 Bis del Código Penal Federal, presentada por el senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 11 de diciembre de 2008. Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

Tercero. Comisiones dictaminadoras que, previo análisis y estudio de las iniciativas señaladas, presentaron el dictamen correspondiente ante el pleno de la Cámara de Senadores, que fue discutido y aprobado en sesión de fecha 29 de abril de 2010.

Cuarto. En fecha 6 de mayo de 2010, la esta Cámara de Diputados recibió el oficio número DGPL/-2P1A.6151, de fecha 29 de abril de 2010, mediante el cual la Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad.

Cuarto.En fecha 7 de septiembre de 2010, la Mesa Directiva,mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0596, acordó se turnara a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, con opinión de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación, las cuales presentan este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones:

Antes de entrar al análisis y discusión de la minuta materia del presente dictamen, cabe hacer mención que estas comisiones dictaminadoras consideran oportuno señalar que en esta honorable Cámara de Diputados, legisladores de los diversos grupos parlamentarios, presentaron ante el pleno, iniciativas referentes al tema del secuestro, que han enriquecido la minuta del Senado; con el presente dictamen.

1. Iniciativa presentada el día 13 de agosto de 2008. La Secretaría de Gobernación, remite iniciativa de decreto que reforma los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal, a fin de establecer la prisión vitalicia para quien cometa secuestro, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

2. Iniciativa presentada el 20 de agosto de 2008 por la diputada Gloria Lavara Mejía en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal contra el delito de secuestro.

3. Iniciativa presentada el día 2 de octubre de 2008, por los diputados Emilio Gamboa Patrón, Cesar Camacho Quiroz, Juan Francisco Rivera Bedoya y Jorge Mario Lescieur Talavera, y los senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam, Pedro Joaquín Coldwell, Fernando Jorge Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez y Francisco Labastida Ochoa, integrantes de la LX Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar el secuestro; y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Civil Federal, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Ley de Instituciones de Crédito.

4. Iniciativa presentada el día 16 de octubre de 2008, por la diputada Elda Gómez Lugo del Grupo Parlamentario del PRI. Ley que crea el fideicomiso que administrara el fondo de apoyo para las familias de las personas secuestradas.

5. Iniciativa presentada el día 4 de noviembre de 2009, por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General del Secuestro, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que propone entre otras cosas las instancias de coordinación con base en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica

6. Iniciativa presentada el día 1 de diciembre de 2009, por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños de México

7. Propuesta ciudadana presentada el día 8 de diciembre de 2009, por la señora Isabel Miranda de Wallace. Propuesta de Ley General de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro. Se toma en consideración esta propuesta con fundamento en el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Iniciativa presentada el día 2 de febrero de 2010, por integrantes de la Junta de Coordinación Política e integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se expide la Ley General de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro.

9. Iniciativa presentada el día 4 de febrero de 2010, por el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal de Extinción de Dominio; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se expide la Ley General de Protección a Víctimas del Delito, Reglamentaria del inciso c) del artículo 20 Constitucional.

10. Iniciativa presentada el día 18 de febrero de 2010, por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Combatir el Delito de Secuestro; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, iniciativa que como objetivo principal propone mantener la integridad de la víctima.

11. Iniciativa presentada el día 21 de abril de 2010, por el diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Verde Ecologista. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fondo Nacional para el Combate contra el Secuestro, proponiendo la creación de dicho fondo que servirá para contar con los recursos necesarios para combatir el delito.

A si como otros trabajos legislativos presentados por los integrantes de la Comisión de Justicia, como el foro de justicia Alcances y retos de la reforma al sistema de justicia penal, y opiniones relacionadas al tema del secuestro, en el que los diputados Josué Cirino Valdés Hueso, Oscar Martín Arce Paniagua, Eduardo Ledesma Romo, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Camilo Ramírez Puente, Alfredo Torres Huitrón, Arturo Zamora Jiménez, Sergio Lobato García y Alfonso Navarrete Prida, realizaron valiosos aportaciones respecto del tema que aquí se trata.

De igual manera, los diputados José Luis Ovando Patrón, Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera, María de Jesús Aguirre Maldonado, Manuel Esteban De Esesarte Pesqueira, Felipe Amadeo Flores Domínguez, Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Pública realizaron en análisis minucioso y responsable de la minuta objeto del presente dictamen, así como los comentarios que consideraron pertinentes entorno al contenido de la misma.

Es pertinente resaltar que las iniciativas de los diputados antes mencionados, coinciden con el tema materia del presente dictamen, sin embargo no se dictaminan, en virtud de que la minuta del Senado de la República se aprueba en sus términos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones de la minuta

Primera.La minuta del Senado en relación a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla 14 capítulos divididos en 48 artículos. Disposiciones Generales: La ley es reglamentaria del párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de secuestro. Esta Ley establece los tipos y punibilidades en materia de secuestro. Para la investigación, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados.

El Capítulo II se refiere a los delitos en materia de secuestro. Y señala que se aplicarán de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: obtener para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; detener en calidad de rehén a una persona y amenazarla con privarla de su vida; causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad; Cometer secuestro exprés.

Las penas antes mencionadas, se agravarán aún más. De veinticinco a cuarenta cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa en los siguientes casos: que se realice en camino público y en lugares desprotegidos; que las personas que cometan el secuestro la realicen en grupo de dos o más personas; que se realice con violencia; que los secuestradores allanen el inmueble de la víctima; Que la víctima sea menor de edad o mayor de sesenta años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; que la víctima sea una mujer en estado de gravidez.

Las penas se incrementarán de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad ocurren las siguientes circunstancias: que los autores del secuestro hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de las fuerzas armadas o se ostenten como tal sin serlo; que el o los autores tengan vínculos de parentesco o amistad con la víctima; durante el cautiverio se lesione a la víctima; que durante el secuestro la víctima haya sido torturada o violada; que durante el cautiverio la victima muera por alteración de su salud debido al secuestro.

Si la víctima es privada de su vida por los raptores, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa.

Cuando de manera espontanea se libera a la víctima dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, se impondrá una pena de dos a seis años y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

La misma pena se aplicara al secuestrador que habiendo participado en la planeación del secuestro se arrepienta y de parte a las autoridades para rescatar con vida a la víctima.

En el caso de que se libere a la víctima dentro de los primeros diez días de haberse cometido el secuestro sin lograr ningún propósito antes mencionado, las penas serán de ocho a quince años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días multa.

Se sancionara de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad al que simule la privación de su libertad.

Al que simule la privación de la libertad de una persona, con el propósito de obtener un beneficio, señalado líneas arriba, se le impondrá una sanción de dos a ocho años de prisión.

El artículo 15 señala que se aplicará pena de dos a ocho años de prisión y de setecientos a mil quinientos días multa, al que incurra en los siguientes casos: auxilie al secuestrador de conformidad a las acciones previstas en el artículo 9 y 10 de esta ley; oculte al responsable de ejecutar las acciones previstas en el artículo 9 y 10 de esta ley; altere o modifique las huellas del delito; y desvié la investigación o la obstaculice.

Se aplicará pena de dos a ocho años de prisión, y de doscientos a mil días multa, al servidor público que: divulgue información reservada o confidencial; revele sin fundamento alguno, técnico de investigación de las conductas prevista en esta ley.

Si la persona que cometa estas conductas es o hubiere sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de los centros de reclusión, entre otros, la pena será de cuatro años seis meses a trece años de prisión.

Además al servidor público se le aplicará pena de cuatro años seis meses a trece años de prisión, y de doscientos a mil días multa, cuando teniendo atribuciones de investigación, procuración o impartición de justicia, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o, en caso de urgencia ante la policía, de cualquiera de los delitos mencionados en esta ley.

El Capítulo III se refiere a la Prevención y Coordinación. Las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de Gobierno se coordinarán a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para: llevar a cabo estudios de estadísticas, geodelictiva, patrones de comportamiento y demás con el propósito de tener una investigación más fidedigna y confiable; procesar la información geodelictiva, para prevenir delitos y conocer las zonas de riesgo; intercambiar información; realizar campañas tendientes a prevenir el delito; establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes y con las organizaciones sociales.

Por lo que se refiere al Capítulo IV, habla sobre el ámbito de aplicación. Señala que los delitos contemplados en esta ley, se prevendrán, investigarán y sancionarán por la federación y en los casos donde no le competa, serán competencia de las autoridades del fuero común.

El Capítulo V, aborda la intervención y aportación voluntaria de comunicaciones. En su articulado dice que el procurador general de la República o los servidores públicos, así como las autoridades facultades en la ley podrán solicitar a la autoridad judicial federal su autorización para la intervención de comunicaciones privadas. Para ello deberá cumplir con ciertas normas legales.

Por su parte el Capítulo VI, se refiere a las obligaciones de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Señala que todos los concesionarios de telecomunicaciones tendrán que sujetarse a las siguientes consideraciones: proporcionar información a las autoridades que le fueron delegadas estas atribuciones; proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran los titulares de las instituciones autorizadas para estos casos; y suspender el servicio de telefonía cuando así lo requiera la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Por lo que respecta al Capítulo VII, referente a la protección de personas: señala que los titulares del Ministerio Público y de las entidades federativas tienen que expedir programas para la protección de personas; toda la información y la documentación relacionadas con los testigos protegidos deben mantenerse en estricto secreto; el cumplimiento del programa de personas protegidas lo determinará el titular del Ministerio Público; de igual manera en las entidades federativas el titular del Ministerio Público tiene que designar a la unidad especializada que lleve a cabo esta encomienda; la persona que sea candidato a este programa será autorizada por el procurador general de la República o el servidor público en quien se delegue la facultad; la revocación de la protección de la persona, será en los supuestos de que el testigo no se conduzca con veracidad y como lo marcan las directrices del programa.

Los programas establecerán un mínimo de requisitos de ingreso, protección física o electrónica; apoyos para sus necesidades personales e incluso en algunos casos hasta familiares o personas cercanas.

El Capítulo VIII se refiere a los apoyos a las víctimas y testigos de cargo. Los cuales tendrán los siguientes derechos: estar presentes en salas distintas al inculpado; solicitar y recibir asesoría por parte de las autoridades; requerir al juez que al emitir una sentencia condenatoria, se repare el daño a favor de la víctima; contar con apoyo permanente en asesoría y demás necesidades; estar asistido por sus abogados, médicos y psicólogos durante sus diligencias; obtener copia simple y gratuita de la diligencia en la que intervienen.

Por lo que respecta al Capítulo IX, se refiere a la restitución inmediata de derechos y reparación. Se considera que el Ministerio Público o las entidades federativas deben restituir a las víctimas de las conductas previstas en la ley y solicitar la reparación del daño. Se considera que debe restituirse los daños con los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio en términos de la ley.

Por su parte el Capítulo X, aborda el tema del embargo por valor equivalente. En caso de que los productos, instrumentos u objetos hayan desaparecido, el Ministerio Público pedirá el embargo de bienes del sentenciado cuyo valor equivalga a la reparación del daño.

El Capítulo XI habla del fondo de apoyo para las víctimas u ofendidos. El objetivo principal es dotar a las autoridades de recursos para apoyar a las víctimas, así como incentivar la denuncia. El fondo se integraría de la siguiente manera: recursos del presupuesto de egresos de la federación; recursos obtenidos por la enajenación de bienes; recursos por bienes que causen abandono; recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas; las donaciones hechas a su favor por terceras personas.

El Capítulo XII se refiere a la organización de la Federación y de las entidades federativas. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace hincapié de que las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno y las Procuradurías de Justicia de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal y de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para: cumplir con los objetivos de esta ley; impulsar políticas de apoyo y protección a las víctimas; determinar criterios uniformes para la organización y modernización tecnológica para el combate del secuestro; regular la participación de la comunidad y de instituciones académicas; rendir informes sobre los resultados obtenidos del Programa Nacional de Procuración de Justicia y del Programa Nacional de Seguridad Pública; promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.

Participar en la formulación de un programa nacional para prevenir y sancionar las conductas enmarcadas en esta ley.

Las Procuradurías deben de crear y operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en la ley.

Para ser integrante de las unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta ley es necesario cumplir con los siguientes requisitos: acreditar los requisitos de ingreso y permanencia; aprobar los cursos de capacitación y de actualización que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

Adicionalmente, las unidades tendrán las siguientes facultades: solicitar que se le brinde atención médica a las víctimas; asesorar a los familiares en las negociaciones para liberar a la víctima; recibir denuncias; utilizar las técnicas de investigación previstas en esta ley; sistematizar la información obtenida para liberar a la víctima.

El Capitulo XIII se refiere al auxilio entre autoridades. Dictamina que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar auxilio cuando le sea solicitado por la autoridad competente; además los diferentes órdenes de gobierno deben coordinarse para intercambio de formación y adiestramiento de agentes del Ministerio Público.

Por lo que respecta al Capítulo XIV, de la prisión preventiva y de la ejecución de sentencias; dice que los sentenciados por esta ley se les podrán aplicar las medidas de vigilancia para su readaptación y la restricción de comunicaciones con terceros.

Las entidades federativas podrán enviar a los procesados a los centros federales de readaptación. No se concederá libertad preparatoria a quienes trafiquen con menores de edad.

Segunda. La minuta del Senado en relación a las reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, armoniza dichas legislaciones, modificándolas en relación a la expedición de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entre ellas, se señala la reforma al inciso 24) de la fracción I; la fracción XVII y la adición de la fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, calificar como graves los delitos de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Esta los Unidos Mexicanos, previstos en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18.

La reforma a los artículos 55, párrafos segundo y cuarto; 64, párrafo primero; 85, inciso f), de la fracción I; el artículo 215, en su fracción XIII y último párrafo la fracción XIV; la adición del numeral 19 al artículo 24, la fracción IV al artículo 85, el artículo 180 Bis y la fracción XVI al artículo 215; y la derogación de los artículos 366 y 366 Bis, todos del Código Penal Federal, para establecer como en el apartado de penas y medidas de seguridad, la posibilidad de colocar dispositivos de localización y vigilancia, así mismo en relación a la posibilidad de que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado, cuando se dicte una orden de aprehensión en contra de una persona mayor de 70 años de edad, a criterio del juez no podrá concederse a los inculpados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. En el caso de la regla general de aplicación de penas por concurso ideal de delitos se exceptúa a los contemplados en la Ley materia del presente estudio, supuesto en el cual se aplicarán las reglas de concurso real.

Por lo que hace a la, negativa de concesión de la libertad preparatoria, se contemplan a los sentenciados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y por último se tipifican algunas conductas en relación a los delitos de desobediencia y resistencia de particulares y abuso de autoridad.

Por lo que hace a las reformas de los artículos 2, en sus fracciones V y VI; 3, último párrafo; 13, párrafo primero; y la adición de la fracción VII al artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se añaden las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para que sean investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de aquella Ley.

En relación a las reformas de los artículos 50 Bis y 50 Ter, párrafo primero, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que en caso de autorización para intervenir comunicaciones privadas se otorgue también en términos de la Ley que se expide en el presente documento.

En atención a las reformas del inciso j), de la fracción I y las fracciones III y IV; y la adición de la fracción V, todas del artículo 51 de la Ley de la Policía Federal, relativas a la intervención preventiva de comunicaciones a que se refiere dicha Ley, se contemplan los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto de las reformas a las fracciones XIV y XV y adición de una fracción XVI, al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se refiere a obligaciones de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, quienes deberán por ejemplo, en caso de que los usuarios vendan o cedan una línea de telefonía en cualquiera de sus modalidades de contratación, deberán dar aviso al concesionario, a efecto de que dicha línea sea bloqueada, en tanto sea registrado el nuevo usuario, conforme a la fracción XI del presente artículo; así como informar a los clientes o usuarios de servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, previo a su venta, de la existencia y contenido del registro y su disponibilidad a los agentes facultados, y la colaboración con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos o imagen en los Centros de Readaptación Social Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su denominación, con el objeto de inhibir la señal de cualquier banda de frecuencia que se limite al perímetro de dichos centros de readaptación social.

Por último y en relación a las reformas de la fracción VII, del artículo 31; la fracción XIII, del apartado B, del artículo 39, y el artículo 149, y las adiciones a la fracción VIII recorriéndose en su orden la subsecuente del artículo 31; la fracción XIV recorriéndose en su orden la subsecuente, del apartado B, del artículo 39, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establece como función de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario la formulación de lineamientos para que la Federación y las entidades federativas soliciten, en el ámbito de sus competencias, la colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los Centros de Readaptación Social Federales y de las Entidades Federativas. Dicha función también se establece para la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias la realicen.

Tercera.Una vez establecido el análisis y contenido de la minuta en estudio, estas Comisiones dictaminadoras, coinciden plenamente con el Senado, toda vez que, en atención a la obligación que el Poder Constituyente Permanente consagró en el decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 4 de mayo de 2009, corresponde a este Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.

Lo anterior, es así, toda vez que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas y contribuir a la creación de una política de seguridad, con todos los instrumentos que tenga a su disposición, por lo que existe sustento para aprobar la presente Minuta, ya que la legislación mexicana debe adecuarse a la realidad social que vive el país.

Máxime cuando se presenta un fenómeno criminal, como lo es el secuestro, que se está manifestando en sus más altos grados de perversidad; que lesiona uno de los bienes jurídicos más preciados que tiene el ser humano, después de la vida, su libertad física, personal o ambulatoria.

En los últimos años el secuestro, es una de las conductas delictivas que más lastiman y hacen mella en la sociedad mexicana, toda vez que sus consecuencias dejan profunda huella en las víctimas y familiares que lo sufren, no solo por el detrimento económico, sino por las secuelas físicas y psicológicas que perduran en la mayoría de ocasiones para toda la vida.

El secuestro, como lo señala la minuta del Senado, es un delito grave, de resultado material y permanente, complejo, de difícil investigación, que no reconoce fronteras o regiones y que afecta no únicamente a las personas con gran capacidad económica, sino también a aquellas otras con menores recursos, pero más accesibles a los fines o propósitos del agente por su particular estado de indefensión, que se agota con la privación ilegal de la libertad de una persona con el propósito de obtener dinero por su rescate; manteniéndola como rehén y amenazarla con privarla de la vida o con causarle daño, para que la autoridad o un particular realice o de deje de realizar un acto cualquiera; o de causar daño o perjuicio a la propia víctima o a cualquiera otra persona; o bien, con el fin de trasladar fuera del territorio nacional a un menor de dieciséis años, con el propósito de obtener un lucro indebido por la venta o entrega de su persona.

Cuarta. En atención a la consideración anterior, estas Comisiones dictaminadoras coinciden con el Senado, ya que con la expedición de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la armonización al Código Federal de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley de la Policía Federal, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación a dicha ley reglamentaria, el Estado mexicano tendrá a su disposición no solamente los medios necesarios para desalentar la comisión del delito de secuestro, menguar la capacidad de obrar de los grupos de secuestradores y de impedir los lamentables agravios que causan, sino, también, la posibilidad de establecer otras conductas delictivas que las leyes penales no contemplan en la actualidad, así como su correspondiente consecuencia jurídica.

Todos estos nuevos instrumentos legales consolidan la vigencia de un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública que se construye sobre la base del diseño de un nuevo federalismo redistribuidor de competencias, que fortalezca la autonomía de las entidades federativas y sus municipios, sin perjuicio de la tarea que se realice para continuar vigorizando los mecanismos de coordinación que ya existen en el orden jurídico nacional y, en su caso, se añadan nuevas figuras de colaboración interinstitucional, con la finalidad de abatir este delito.

Quinta. En atención a la estructura y contenido de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diseñada en 14 capítulos divididos en 48 artículos, estas dictaminadoras consideran que, aunque la propuesta es perfectible como todas las leyes al ser realizadas por el hombre, la Ley que se expide cumple con el texto constitucional, ya que la Constitución Federal en su artículo 73 fracción XXI, dispone como facultad exclusiva del Congreso de la Unión, la expedición de una ley general en materia de secuestro, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.

En ese sentido, la disposición constitucional en cita, se consuma, toda vez que del proyecto de decreto de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se desprende que el mismo contempla tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, entre muchas otras disposiciones que conforman dicha Ley para hacerla clara y precisa.

Aunado al hecho de que el proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; para armonizarlos con la Ley que se crea.

En ese sentido, estas comisiones determinan que es procedente aprobar la minuta en estudio, toda vez que el diseño de las medidas legislativas analizadas permitirán a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, una actuación más eficaz, coordinada y decidida en el combate a la delincuencia, en específico, al delito de secuestro, dando congruencia a las leyes secundarias con el texto constitucional.

Por los argumentos vertidos en párrafos que anteceden, estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo con la minuta objeto del presente dictamen, ya que de esta forma se hace efectiva la protección a la garantía de seguridad pública que el Estado debe proveer a todos los individuos que están en el territorio mexicano, consignada por la Constitución Política.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública, someten a la consideración de esta asamblea, el:

Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de secuestro. Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer los tipos penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Para ello la Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a coordinarse en el cumplimiento del objeto de esta Ley.

Los Poderes Judiciales de la Federación y de las Entidades Federativas ordenarán de oficio el desahogo de las pruebas que consideren necesarias, así como todas las medidas que sirvan para mejor proveer, de conformidad con las circunstancias que se aprecien durante el desarrollo de los procesos penales de su competencia, privilegiando y garantizando en todo caso la libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas y ofendidos de los delitos previstos en el presente ordenamiento.

Artículo 2. Esta Ley establece los tipos y punibilidades en materia de secuestro. Para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados.

A falta de regulación suficiente en los códigos de procedimientos penales de las Entidades Federativas respecto de las técnicas para la investigación de los delitos regulados en esta Ley, se podrán aplicar supletoriamente las técnicas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 3. El Ministerio Público, en todos los casos, en esta materia procederá de oficio.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Seguridad Pública;

II. Instituciones de Seguridad Pública: a las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipios;

III. Ley: Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Secretario Ejecutivo: el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema· Nacional de Seguridad Pública;

V. Sistema: Sistema Nacional de Seguridad Pública;

VI. Fondo: Fondo Para la Reparación del Daño y Atención a Víctimas;

VII. Programa Nacional: Programa Nacional para la prevención, persecución y sanción del delito de secuestro;

VIII. Víctima: Sujeto pasivo directo de los delitos a que se refiere esta Ley;

IX. Ofendido: Quienes en su carácter de sujeto pasivo indirecto resientan la afectación de los delitos señalados en esta Ley, en razón del parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo, así como quienes dependan económicamente de la víctima.

Artículo 5. El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones por el delito de secuestro, son imprescriptibles.

Artículo 6. En el caso del delito de secuestro no procederá la reserva del expediente, aún si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras. La policía, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, estará obligada en todo momento a rea-lizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 7. Sólo podrá suspenderse el procedimiento judicial iniciado por el delito de secuestro o delitos por hechos conexos o derivados del mismo, salvo en el caso de que el inculpado evada la acción de la justicia o sea puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero.

Artículo 8. En todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los delitos contemplados en esta Ley, deberá contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el juez de la causa con los elementos que las partes le aporten o aquellos que considere procedentes a su juicio, en términos de la ley.

Capítulo II De los Delitos en Materia de Secuestro

Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán:

I. De veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:

a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio;

b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera;

c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o

d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este Código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten.

Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán:

I. De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario;

b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;

c) Que se realice con violencia;

d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra;

e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;

f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez.

II. De veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo;

b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta;

c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal;

d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;

e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.

Artículo 11. Si la víctima de los delitos previstos en la presente Ley es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a doce mil días multa.

Artículo 12. Si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena será de dos a seis años y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

La misma pena se aplicará a aquél que habiendo participado en la planeación de alguna de las conductas a que hace referencia el presente capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad y la víctima sea rescatada con vida.

La pena señalada en el párrafo primero de este artículo se aplicará a aquél que habiendo participado en la comisión de alguna de las conductas a que hace referencia el presente capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad para evitar que se cometa el delito y proporcione datos fehacientes o suficientes elementos de convicción contra los demás participantes del hecho o, ya cometido, antes de que se libere a la víctima, proporcione, los datos o elementos referidos, además dé información eficaz para liberar o localizar a la víctima.

No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, la pena será de nueve a dieciséis años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia antes referida.

En caso de que espontáneamente se libere al secuestrado dentro de los primeros diez días, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, las penas de prisión aplicables serán de ocho a quince años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días multa.

Artículo 13. Se impondrá pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad, al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad con alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de la presente Ley.

Artículo 14. Se impondrán de dos a ocho años de prisión al que simule la privación de la libertad de una persona, con la intención de conseguir alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de esta Ley.

La misma pena se impondrá al que amenace de cualquier modo a una persona con privarla de la libertad o con privar de la libertad a algún miembro de su familia o con quien esté ligada por algún vínculo, con alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de la presente Ley.

Artículo 15.Se aplicará pena de dos a ocho años de prisión y de setecientos a mil quinientos días multa, al que:

I. Después de la ejecución de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, y sin haber participado en cualquiera de ellas, adquiera o reciba el producto de las mismas a sabiendas de esta circunstancia;

II. Preste auxilio o cooperación al autor de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de esta Ley, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la liberación de la víctima;

III. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de esta Ley, con conocimiento de esta circunstancia, así como los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe;

IV. Altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, huellas o vestigios de los hechos delictivos a que se refiere esta Ley, y

V. Desvíe u obstaculice la investigación de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de esta Ley, o favorezca que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

No se aplicará la pena prevista en este artículo en el caso de la fracción III, en lo referente al ocultamiento del infractor, cuando se trate de:

a) Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines directos, y

b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado.

Artículo 16. Se aplicará pena de dos a ocho años de prisión, de doscientos a mil días multa, al servidor público que:

I. Divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial, relacionada con las conductas sancionadas por esta Ley, salvo que se refiera a la información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, en este caso se aplicará lo dispuesto por el Código Penal Federal, o

II. Revele, sin motivo fundado, técnicas aplicadas a la investigación o persecución de las conductas prevista en la presente Ley.

Si el sujeto es o hubiere sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración de justicia, de los centros de reclusión preventiva o penitenciaria o, la pena será de cuatro años seis meses a trece años de prisión, así como también, la multa y el tiempo de colocación de dispositivos de localización y vigilancia se incrementarán desde un tercio hasta dos terceras partes.

Artículo 17. Se aplicará pena de cuatro años seis meses a trece años de prisión, de doscientos a mil días multa al servidor público que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación, procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros de privación de la libertad o penitenciaría, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o, en caso de urgencia, ante la policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, o de hacer saber de inmediato al Ministerio Público información, evidencias o cualquier otro dato relacionado, directa o indirectamente, con la preparación o comisión de las conductas previstas en esta Ley.

Artículo 18. Todo sentenciado por cualquiera de los delitos previstos en esta Ley que sea o hubiere sido servidor público de cualquiera de las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública, se le aplicará como parte de la pena la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local o municipal, desde un plazo igual al de la pena de prisión que se le imponga por el delito en que incurrió hasta la inhabilitación definitiva.

Respecto de cualquier otro servidor público quedará inhabilitado para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local o municipal hasta por un plazo igual al de la pena de prisión que se imponga. Dicha inhabilitación correrá a partir de que concluya la pena de prisión.

Artículo 19. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena.

Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de secuestros y para la localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian:

I. Respecto de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro años de prisión;

II. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento;

III. El sentenciado sea primodelincuente;

IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación;

V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad penitenciaria el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado;

VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará estudiando;

VII. Cuente con fiador, y

VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos.

Artículo 20. La autoridad judicial podrá ordenar que las personas que hayan sido condenadas por conductas previstas en el presente ordenamiento queden sujetas a vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

La misma medida podrá imponerse de manera cautelar tratándose de inculpados en libertad con las reservas de ley e indiciados durante el tiempo que dure la averiguación previa o el proceso.

Capítulo III De la Prevención y Coordinación

Artículo 21. Las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno se coordinarán a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para:

I. Realizar estudios sobre las causas estructurales, distribución geodelictiva, estadísticas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos sancionados en esta Ley;

II. Obtener, procesar e interpretar la información geodelictiva por medio del análisis de los factores que generan las conductas antisociales previstas en esta Ley con la finalidad de identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo, así como sus correlativos factores de protección;

III. Suministrar e intercambiar la información obtenida mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos;

IV. Llevar a cabo campañas orientadas a prevenir y evitar los factores y causas que originan el fenómeno delictivo sancionado en esta Ley, así como difundir su contenido;

V. Establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes, así como con las organizaciones sociales privadas con el objetivo de- orientar a la sociedad en las medidas que debe adoptar para prevenir los delitos establecidos en esta Ley;

VI. Establecer y, en su caso, conforme a la legislación correspondiente, colaborar con el registro e identificación ante los órganos de seguridad pública, de escoltas privadas o personales que no pertenezcan a ninguna empresa privada de seguridad, y

VII. Observar las demás obligaciones establecidas en otros ordenamientos.

Artículo 22. La Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal y sus órganos políticos administrativos estarán obligados a remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, conforme a los acuerdos que se generen en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su programa de prevención de delitos a que se refiere esta Ley. Además, deberán mantener actualizado un registro con información en materia de secuestros en su demarcación.

Capítulo IV Ámbito de Aplicación

Artículo 23. Los delitos previstos en esta ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Penales; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.

En los casos no contemplados en el párrafo anterior, serán competentes las autoridades del fuero común.

Si de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprende la comisión de alguno de los contemplados en esta Ley, el Ministerio Público del fuero común deberá, a través del acuerdo respectivo, desglosar la averiguación previa correspondiente precisando las constancias o las actuaciones realizadas. Las actuaciones que formen parte del desglose no perderán su validez, aún cuando en su realización se haya aplicado la legislación adjetiva del fuero común y con posterioridad el Código Federal de Procedimientos Penales.

Si de las diligencias practicadas en la investigación de los delitos contemplados en esta Ley se desprende la comisión de alguno diferente del fuero común, el Ministerio Público deberá, a través del acuerdo correspondiente, desglosar la averiguación y remitirla al competente, por razón de fuero o materia. En el acuerdo respectivo se precisarán las constancias o actuaciones, mismas que no perderán su validez, aún cuando en su realización se haya aplicado el Código Federal de Procedimientos Penales y, con posterioridad, la legislación adjetiva del fuero común.

Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas será competente la autoridad investigadora de cualquiera de éstas. El ejercicio de la acción penal corresponderá a la que prevenga.

Capítulo V Intervención y Aportación Voluntaria de Comunicaciones

Artículo 24. El Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, los Procuradores de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, así como las autoridades facultadas en la Ley para ello podrán solicitar a la autoridad judicial federal su autorización para la intervención de comunicaciones privadas.

La solicitud de autorización deberá contener los preceptos legales que la- fundan, el razonamiento por el que se considera procedente, el tipo de comunicaciones a intervenir, en su caso, los sujetos o las líneas, aparatos, números, lugares que serán intervenidos, así como el tiempo que serán intervenidos, sin que el tiempo total exceda de seis meses. Para llevar a cabo la intervención, la autoridad investigadora podrá utilizar todos los medios tecnológicos que estime necesarios. En todo caso será obligación de los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones de las líneas a intervenir prestar auxilio para tal efecto.

La aportación de comunicaciones privadas para la investigación y persecución de los delitos en materia de esta Ley constituye una excepción al deber de confidencialidad que establezcan otras leyes.

El Ministerio Público podrá ofrecer como prueba los resultados de la intervención asentados en cualquier medio tecnológico al juez que corresponda, en caso de no admitirse, deberán ser destruidas en los términos .señalados por la autoridad judicial.

Cualquier actuación desarrollada en los términos del presente Capítulo será nulificada por el juez si se incurrió en conductas no autorizadas o ilegales, sin perjuicio de la aplicación de las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

Capítulo VI Obligaciones de los Concesionarios de Redes Públicas de Telecomunicaciones

Artículo 25. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y, en lo aplicable, las empresas comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la investigación de los delitos previstos en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para otros delitos y siempre que medie orden de autoridad judicial competente, están obligados a:

I. Proporcionar de forma inmediata y sin demora a los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes deleguen dicha atribución, la información relativa al número telefónico que se le indique y los datos del usuario registrado como cliente;

II. Proporcionar oportunamente asistencia técnica y la información que requieran los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes deleguen dicha atribución;

III. Colaborar con las autoridades competentes en las acciones que permitan investigar y perseguir los delitos previstos en esta Ley, y

IV. Suspender el servicio de telefonía para efectos de aseguramiento cuando así lo instruya la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento al mandato ministerial o judicial correspondiente.

Capítulo VII Protección de Personas

Artículo 26. En el ámbito de sus respectivas competencias, los titulares del Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas expedirán los correspondientes programas para la protección de personas.

El Ministerio Público incorporará a dichos programas a las personas cuya vida o integridad corporal pueda estar en peligro por su intervención en la averiguación previa o el proceso penal seguido por las conductas previstas en la presente Ley.

El juez que conozca del procedimiento penal, tomando en consideración al menos lo señalado en el párrafo anterior, podrá ordenar como parte de las medidas cautelares de protección de personas, que éstas sean incorporadas a dichos programas.

Artículo 27. La información y la documentación relacionada con las personas protegidas se mantendrán en estricta reserva en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 28. Los programas serán reservados y, en su caso, confidenciales, de conformidad con las disposiciones aplicables; tales programas deberán comprender, además de lo dispuesto en este Capítulo, lo relativo a los requisitos de ingreso, niveles de protección, tiempo de duración de la protección, obligaciones de la persona protegida, causas de revocación y demás características y condiciones necesarias para cumplir eficazmente con dicha protección.

El cumplimiento del Programa Federal de protección a Personas quedará a cargo de la unidad especializada que determine el Titular del Ministerio Público de la Federación y demás autoridades cuya intervención sea necesaria de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo, otras disposiciones aplicables y las disponibilidades presupuestarias.

El cumplimiento de los programas de protección a personas de las entidades federativas quedará a cargo del Titular del Ministerio Público o el servidor público inmediato inferior en quien éste delegue esta responsabilidad, en coordinación con las autoridades cuya intervención sea necesaria de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo, otras disposiciones aplicables y las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 29. La incorporación al Programa Federal de Protección a Personas, durante la averiguación previa será autorizada por el Procurador General de la República o el servidor público inmediato inferior en quien éste delegue la facultad.

Para tal efecto, se deberán analizar las condiciones de cada persona, si éstas se encuentran en el supuesto que señala el artículo 42 de esta Ley y si cumplen con los requisitos que señale el programa.

La misma regla aplicará respecto de la incorporación de personas a los programas de protección de personas de las entidades federativas.

El Titular del Ministerio Público o el servidor público que se designe para tal efecto, determinará la duración de ésta, tomando en cuenta, como mínimo:

a) La persistencia del riesgo;

b) La necesidad de la protección;

c) La petición de la persona protegida, y

d) Otras circunstancias que a su criterio justifiquen la medida.

La revocación de la protección deberá ser resuelta por el Ministerio Público previo acuerdo con el Titular de la institución de procuración de justicia que corresponda, o por el juez, en los supuestos en que éste la haya ordenado durante el proceso. Para lo que se deberá tomar en cuenta, en su caso, lo señalado en el párrafo anterior y los subsecuentes:

I. La extinción de los supuestos que señala el segundo párrafo del artículo 42 de esta Ley;

II. Que el testigo se haya conducido con falta de veracidad;

III. Que haya ejecutado un delito grave durante la vigencia de la medida;

IV. Que el protegido no cumpla con las medidas de seguridad correspondientes; o

V. Que el testigo se niegue a declarar.

En tanto se autoriza la incorporación de una persona al Programa, el agente del Ministerio Público responsable de la indagatoria, con el auxilio de la policía que actúe bajo su conducción y mando, tomará providencias, dadas las características y condiciones personales del sujeto, para salvaguardar su vida e integridad corporal.

Artículo 30. Los programas establecerán, cuando menos, los requisitos de ingreso, protección física o electrónica para la víctima o testigo; apoyos para solventar sus necesidades personales básicas, cuando por su intervención en el procedimiento penal así se requiera. En casos necesarios, las medidas se podrán extender a familiares o personas cercanas.

Las erogaciones por concepto de otorgamiento de apoyo estarán sujetas a la normativa aplicable y a los presupuestos autorizados de las dependencias que los proporcionen.

Artículo 31. Las Entidades Federativas y la Federación celebrarán convenios de colaboración para establecer los mecanismos para incorporar a los programas a personas que deban ser sujetas de protección.

Capítulo VIIIApoyos a las Víctimas y Testigos de Cargo

Artículo 32. Las víctimas y ofendidos de las conductas previstas en el presente ordenamiento y los testigos de cargo, además de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Federal de Procedimientos Penales y demás leyes secundarias, tendrán los siguientes derechos:

I. Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se encuentre el inculpado;

II. Obtener la información que se requiera a las autoridades competentes o correspondientes;

III. Solicitar y recibir asesoría por parte de las autoridades competentes, la cual deberá ser proporcionada por un experto en la materia, quien informará sobre la situación del proceso y procedimientos, así como de los beneficios o apoyos a que se refieren en esta Ley;

IV. Solicitar ante la autoridad judicial competente, las medidas precautorias o cautelares procedentes en términos de la legislación aplicable, para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño;

V. Requerir al juez que al emitir una sentencia condenatoria, en la misma deberá sentenciar a la reparación del daño a favor de la víctima;

VI. Contar con apoyo permanente de un grupo interdisciplinario que las asesore y apoye en sus necesidades;

VII. Rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;

VIII. Participar en careos a través de medios electrónicos;

IX. Estar asistidos por sus abogados, médicos y psicólogos durante las diligencias;

X. Obtener copia simple gratuita y de inmediato, de la diligencia en la que intervienen;

XI. Aportar pruebas durante el juicio;

XII. Conocer el paradero del autor o partícipes del delito del que fue víctima o testigo;

XIII. Ser notificado previamente de la libertad del autor o autores del delito del que fue víctima o testigo, y ser proveído de la protección correspondiente de proceder la misma, y

XIV. Ser inmediatamente notificado y proveído de la protección correspondiente, en caso de fuga del autor o autores del delito del que fue víctima o testigo.

Artículo 33. Los procesos administrativos o judiciales en los que sea parte la víctima de las conductas previstas en la presente Ley, a partir de la promoción fundada y motivada que realice su representante legal, apoderado o abogado patrono, quedarán suspendidos mientras dure su cautiverio y hasta por tres meses más a juicio razonado de la autoridad respectiva.

Artículo 34. Las víctimas u ofendidos podrán contar con la asistencia gratuita de un asesor en materia penal, que será designado por el Poder Judicial competente, con el fin de que le facilite:

I. La promoción efectiva de sus derechos;

II. La orientación para hacer efectivos sus derechos;

III. La posibilidad efectiva de que puedan reclamar sus derechos mediante el ejercicio de las acciones que prevén las Leyes ante los órganos de procuración y administración de Justicia, y

IV. La defensa jurídica para obtener las restituciones o reparaciones en el goce de los mismos.

Capítulo IXRestitución Inmediata de Derechos y Reparación

Artículo 35. El Ministerio Público de la Federación o de las entidades federativas deberán restituir a las víctimas de las conductas previstas en la presente Ley en el goce de sus derechos en cuanto sea posible y solicitará la reparación del daño.

En su caso, la restitución de derechos y la reparación se harán con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio, en términos de la legislación correspondiente, sin perjuicio de ejercer las acciones que correspondan en contra del sentenciado.

Dentro de la reparación a las víctimas de las conductas previstas en la presente Ley se incluirá los gastos alimentarios y de transporte y hospedaje a cargo de ésta, con motivo del procedimiento penal.

Capítulo XEmbargo por Valor Equivalente

Artículo 36. En caso de que el producto, los instrumentos u objetos de los delitos referidos en esta Ley hayan desa-parecido o no se localicen, el Ministerio Público pedirá el embargo y, en su oportunidad, la aplicación respectiva de bienes del sentenciado cuyo valor equivalga a dicho producto, instrumentos u objetos a fin de que el juez ordene la reparación correspondiente, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de e extinción de dominio.

Capítulo XIDel Fondo de Apoyo para las Víctimas u Ofendidos

Artículo 37. El Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro tiene como objetivo dotar a las autoridades de recursos para apoyar a las víctimas y ofendidos por los delitos previstos en la presente Ley, así como incentivar la denuncia.

El fondo se orientará prioritariamente a la atención médica y psicológica de las víctimas y protección a menores en desamparo, en los términos que precise el Reglamento.

Artículo 38. El fondo se integrará de la siguiente manera:

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente a la Procuraduría General de la República;

II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales;

III. Recursos adicionales obtenido por los bienes que causen abandono;

IV. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio y estén relacionados con la comisión del delito de secuestro;

V. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial;

VI. Recursos que se produzcan por la administración de valores o los depósitos en dinero, de los recursos derivados del Fondo para la Atención de Víctimas de Secuestro, distintos a los que se refiere la fracción anterior, y

VII. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros, garantizando mecanismos de control transparencia.

El fondo a que se refiere este artículo se constituirá en los términos y porcentajes que establezca el Reglamento respectivo.

Artículo 39. La Procuraduría General de la República administrará el Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad que serán plasmados en el Reglamento correspondiente, el cual determinará los criterios de asignación de recursos.

Los recursos que lo integren serán fiscalizados .anualmente por la Auditoría Superior de la Federación.

Capítulo XII Organización de la Federación y de las Entidades Federativas

Artículo 40. Conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las disposiciones de esta Ley, las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno y las Procuradurías de Justicia de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, deberán coordinarse para:

I. Cumplir con los objetivos y fines de esta Ley;

II. Diseñar, proponer e impulsar políticas de apoyo, protección y respaldo a las víctimas y sus familiares;

III. Elaborar y realizar políticas de prevención social, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley;

IV. Formular políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias para el combate de las conductas previstas en la presente Ley;

V. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones contra las conductas previstas en la presente Ley;

VI. Distribuir, a los integrantes del sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública y prevención, investigación y persecución de las conductas previstas en la presente Ley;

VII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica para el combate de las conductas previstas en la presente Ley;

VIII. Realizar acciones y operativo conjuntos de las instituciones policiales y de procuración de justicia para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley;

IX. Crear órganos especializados para el combate de las conductas previstas en la presente Ley, compuestos por diferentes áreas institucionales y que puedan interactuar entre sí, de conformidad con los protocolos que al efecto emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública;

X. Regular la participación de la comunidad y de instituciones académicas que coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas previstas en la presente Ley, así como de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana;

XI. Realizar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública y de procuración de justicia de las conductas previstas en la presente Ley;

XII. Rendir informes sobre los resultados obtenidos del Programa Nacional de Procuración de Justicia y del Programa Nacional de Seguridad Pública, y remitirlo a las instancias correspondientes de conformidad con las disposiciones aplicables;

XIII. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios con la finalidad de prevenir, perseguir y sancionar las conductas previstas en la presente Ley, en términos de lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XIV. Dar seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere la fracción anterior. Los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XV. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva de las conductas previstas en la presente Ley con la finalidad de publicarlos periódicamente;

XVI. Colaborar en la prevención, persecución y sanción de las conductas previstas en la presente Ley;

XVII. Participar en la formulación de un programa nacional para prevenir, perseguir y sancionar las conductas previstas en la presente Ley, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención, persecución y sanción del delito, así como la protección y atención a ofendidos, víctimas y familiares;

XVIII. Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y adiestramiento continuo de servidores públicos especializados en secuestro de las instituciones de seguridad pública, cuyos resultados cuentan con la certificación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, y

XIX. Realizar las acciones y gestiones necesarias para restringir de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los Centros de Readaptación Social Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su denominación.

Artículo 41. Las procuradurías deberán crear y operar unidades especiales para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función.

La Procuraduría General de la República y las procuradurías de las entidades federativas capacitarán a su personal en materia de planeación de investigación.

Artículo 42. Para ser integrante y permanecer en las unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

I. Tener acreditados los requisitos de ingreso y permanencia de la institución respectiva, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Tener el perfil que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, respectivamente;

III. Aprobar los cursos de capacitación y de actualización que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, según corresponda, y

IV. Contar con la opinión favorable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los casos concretos que lo requiera la institución en la que preste o pretenda prestar sus servicios.

Para ingresar al servicio en las unidades especializadas, los aspirantes asumirán el compromiso de sujetarse a vigilancia no intrusiva, por la autoridad competente, en cualquier tiempo de su servicio y dentro de los cinco años posteriores a la terminación del servicio y de presentarse a rendir información o a la realización de exámenes de control de confianza cuando sean requeridos, mismos que deberá acreditar para continuar en el servicio.

Artículo 43. Las unidades especiales de investigación tendrán las siguientes facultades:

I. Solicitar que se le brinde atención médica, psicológica y jurídica a las víctimas de las conductas previstas en esta Ley;

II. Decretar las providencias precautorias para la protección de la vida o integridad de las víctimas o sus familiares;

III. Asesorar a los familiares en las negociaciones para lograr la libertad de las víctimas;

IV. Recibir, por cualquier medio, las denuncias sobre los delitos e iniciar la investigación;

V. Utilizar las técnicas de investigación previstas en esta Ley y en los demás ordenamientos aplicables;

VI. Vigilar, con absoluto respeto a los derechos constitucionales, a las personas respecto de las cuales se tenga indicios de que se encuentran involucradas en los delitos previstos en esta Ley;

VII. Sistematizar la información obtenida para lograr la liberación de las víctimas y la detención de los probables responsables;

VIII. Solicitar a personas físicas o morales la entrega inmediata de información que pueda ser relevante para la investigación del delito o la liberación de las víctimas;

IX. Proponer políticas para la prevención e investigación de las conductas previstas en esta Ley;

X. Proponer al Procurador General de la República o a los procuradores de las entidades federativas, en su caso, la celebración de convenios con las empresas de telecomunicaciones para la obtención de datos adicionales contenidos en la base de datos prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y sobre el uso de las mismas;

XI. Utilizar cualquier medio de investigación que les permita regresar con vida a la víctima, identificar y ubicar a los presuntos responsables, y cumplir con los fines de la presente Ley, siempre y cuando dichas técnicas de investigación sean legales y con pleno respeto a los derechos humanos, y

XII. Las demás que disponga la Ley.

Capítulo XIII Auxilio entre Autoridades

Artículo 44. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto por esta Ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 45. Las autoridades de los gobiernos federal y de las entidades federativas deberán establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de formación y adiestramiento continuo de agentes del Ministerio Público, policías y peritos especializados en los delitos previstos en esta Ley de las instituciones de seguridad pública, cuyos resultados cuenten con la certificación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Capítulo XIV De la Prisión Preventiva y de la Ejecución de Sentencias

Artículo 46. Los procesados y sentenciados por las conductas previstas en esta Ley se les podrá aplicar las medidas de vigilancia especial que prevé la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, entre ellas, la restricción de comunicaciones con terceros, salvo el acceso con su defensor.

Las entidades federativas conforme a las disposiciones legales o los convenios al efecto celebrados, podrán remitir a los Centros Federales de Readaptación Social, de otros estados o el Distrito Federal a los procesados o sentenciados, para cumplir la determinación judicial.

Las diligencias que deban realizarse por los delitos que contempla esta Ley se llevarán a cabo siempre en las áreas que al efecto existan dentro de los propios centros de reclusión, si que pueda justificarse para estos efectos traslado alguno, salvo petición del Titular del Ministerio Público o en quien éste delegue dicha atribución.

Artículo 47. Durante su reclusión, los inculpados y sentenciados por las conductas previstas en esta Ley, sólo podrán tener los objetos que les sean entregados por conducto de las autoridades competentes.

Artículo 48. Los procesados o sentenciados por las conductas previstas en esta Ley, que proporcionen datos fehacientes o suficientes elementos de convicción para la detención de los demás participantes, podrán beneficiarse con medidas de protección durante el tiempo y bajo las modalidades que se estime necesario. Además, se asegurará su reclusión y ejecución de sentencia, en establecimientos distintos a aquel en donde compurguen su sentencia los miembros del mismo grupo delictivo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el inciso 24) de la fracción I; la fracción XVII y se adiciona la fracción XVIII en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. ...

1) a 23) ...

24) Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

25) a 36) ...

II. a XVI. ...

XVII. Los previstos en el artículo 49 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y

XVIII. De la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Esta los Unidos Mexicanos, los previstos en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18.

...

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 55, párrafos segundo y cuarto; 64, párrafo primero; 85, inciso f), de la fracción I; el artículo 215, en su fracción XIII y último párrafo la fracción XIV; se adicionan el numeral 19 al artículo 24, la fracción IV al artículo 85, el artículo 180 Bis y la fracción XVI al artículo 215; y se derogan los artículos 366 y 366 Bis, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son:

1. a 18. ...

19. La colocación de dispositivos de localización y vigilancia.

...

Artículo 55. ...

No gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que revele su peligrosidad social, ni los inculpados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Una vez dictada la sentencia ejecutoriada, la pena podrá ser sustituida por una medida de seguridad, a juicio el juez o tribunal que la imponga de oficio o a petición de parte, cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona, o por su senilidad o su precario estado de salud, fuere notoriamente innecesario que se compurgue dicha pena, a excepción de los sentenciados por las conductas previstas en el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en todo caso deberán cumplir la pena impuesta.

...

Artículo 64. En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el Título Segundo del Libro Primero, con excepción de los casos en que uno de los delitos por los que exista concurso ideal sea de los contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supuesto en el cual se aplicarán las reglas de concurso real.

..

...

Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:

I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan:

a) a e) ...

f) Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter.

g) a l) ...

II. ...

III. ...

IV. Los sentenciados por las conductas previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo las previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18.

...

Artículo 180 Bis. Se aplicará de uno a dos años de prisión y de diez mil a treinta mil días multa, al que retire, modifique o inutilice, sin la debida autorización, dispositivos de localización y vigilancia.

Si la conducta a que se refiere el párrafo anterior la rea-liza un integrante de alguna institución de seguridad pública, se aplicará de dos a cinco años de prisión, de veinte mil a cuarenta mil días multa e inhabilitación para ejercer cualquier empleo o cargo público en cualquier ámbito de gobierno hasta por veinte años.

Artículo 215. ...

I. a XII. ...

XIII. Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación o la tortura;

XIV. ...

XV. Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente, y

XVI. Incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de privación de la libertad.

...

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, se impondrán de dos a nueve años de prisión, de setenta a cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 366. Derogado.

Artículo 366 Bis. Derogado.

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman los artículos 2, en sus fracciones V y VI; 3, último párrafo; 13, párrafo primero; y se adiciona la fracción VII al artículo 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a IV. ...

V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;

VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y

VII. Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3. ...

Los delitos señalados en las fracciones V y VII de dicho artículo lo serán únicamente si, además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán los competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.

Artículo 13. A las actuaciones de averiguación previa por los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el indiciado y su defensor, una vez que haya aceptado el cargo, únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base en la información recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas.

...

ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos 50 Bis y 50 Ter, párrafo primero, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 50 Ter, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 50 Bis. En materia federal, la autorización para intervenir comunicaciones privadas será otorgada de conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de la Policía Federal o la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, según corresponda.

Artículo 50 Ter. Cuando la solicitud de autorización de intervención de comunicaciones privadas, sea formulada en los términos previstos en las legislaciones locales, por el titular del Ministerio Público de alguna entidad federativa, exclusivamente se concederá si se trata de los delitos de homicidio, asalto en carreteras o caminos, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad o secuestro, los primeros previstos en el Código Penal Federal y el último en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, o sus equivalentes en las legislaciones penales locales.

La solicitud de autorización de intervención de comunicaciones de los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se formulará de conformidad con ese ordenamiento.

...

...

...

...

...

ARTÍCULO SEXTO. Se reforman el inciso j), de la fracción I y las fracciones III y IV; y se adiciona la fracción V, todas del artículo 51 de la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue:

Artículo 51. La intervención preventiva de comunicaciones a que se refiere esta Ley, se autorizará únicamente en los delitos previstos en los ordenamientos legales que a continuación se enlistan:

I. ...

a) a i) ...

j) Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

k) a n) ...

II. ...

III. De la Ley General de Salud, el delito de tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis;

IV. De la Ley General de Población, el delito de tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 138, y

V. Los previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman las fracciones XIV y XV y se adiciona una fracción XVI, al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a XIII. ...

XIV. ...

En caso de que los usuarios vendan o cedan una línea de telefonía en cualquiera de sus modalidades de contratación, deberán dar aviso al concesionario, a efecto de que dicha línea sea bloqueada, en tanto sea registrado el nuevo usuario, conforme a la fracción XI del presente artículo;

XV. Informar a los clientes o usuarios de servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, previo a su venta, de la existencia y contenido del registro y su disponibilidad a los agentes facultados, y

XVI. Colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos o imagen en los centros de readaptación social federales y de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.

La restricción a las comunicaciones tendrá el objetivo de inhibir la señal de cualquier banda de frecuencia que se limite al perímetro de los centros de readaptación social, además de que se procurará la continuidad y seguridad de los servicios a sus usuarios al exterior de dichos centros. En la colaboración a que se refiere el párrafo anterior se deberán considerar, entre ellos, los elementos técnicos de reemplazo, mantenimiento y servicio.

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma la fracción VII, del artículo 31; la fracción XIII, del apartado B, del artículo 39, y el artículo 149, y se adiciona la fracción VIII recorriéndose en su orden la subsecuente del artículo 31; la fracción XIV recorriéndose en su orden la subsecuente, del apartado B, del artículo 39, todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 31. Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

I. a VI. ...

VII. Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos y de personal;

VIII. Formular los lineamientos para que la federación y las entidades federativas soliciten, en el ámbito de sus competencias, la colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los Centros de Readaptación Social Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su denominación, y

IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.

Artículo 39. ...

A. ...

B. ...

I. a XII. ...

XIII. Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las Instalaciones Estratégicas del país;

XIV. Solicitar la colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, conforme a las disposiciones aplicables, para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los Centros de Readaptación Social Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su denominación, y

XV. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.

...

...

Artículo 149. El Consejo Nacional establecerá, para los fines de seguridad pública, los casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico y en los Centros de Readaptación Socia Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su denominación.

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto en materia de delitos previstos en el mismo se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Cuarto. La implementación del presente decreto será con cargo a los respectivos presupuestos aprobados a las instancias de los tres órdenes de gobierno obligados a cumplir con lo establecido en el presente.

Quinto. Las disposiciones relativas a los delitos de secuestro previstas tanto en el Código Penal Federal como en los Códigos Penales locales vigentes hasta la entrada en vigor el presente decreto seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos.

Sexto. El procurador general de la República y los procuradores generales de Justicia de los estados y del Distrito Federal tendrán un año contado a partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, para expedir las disposiciones administrativas correspondientes en materia de protección de personas en los términos que señala la presente Ley, sin menoscabo de las medidas de protección que otorguen previamente.

Séptimo. El Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, deberán elaborar un programa nacional para prevenir, perseguir y sancionar las conductas previstas en el presente ordenamiento, independientemente del programa de cada entidad en particular, teniendo un plazo de seis meses, contados a partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Octavo. La reforma a la fracción XIV del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones entrará en vigor al día siguiente de la publicación del decreto respecto de los usuarios de telefonía móvil en cualquiera de sus modalidades adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, y respecto de los nuevos usuarios de telefonía móvil, en términos del artículo transitorio cuarto del decreto de reformas a dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2009.

Noveno.El Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de su competencia, establecerá las áreas especializadas en defensa de víctimas del secuestro, en los términos de lo dispuesto en la ley de la materia.

Décimo. Para el establecimiento y organización de las unidades especializadas contra el secuestro a que se refiere esta Ley, las entidades federativas dispondrán de los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública que respectivamente hayan recibido.

Undécimo. El Congreso de la Unión podrá facultar a las víctimas u ofendidos por los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ejercer el derecho respecto al ejercicio de la acción penal ante la autoridad judicial por el delito de secuestro, en la ley de la materia que al efecto se expida.

Décimo Segundo. En un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley se realizarán las adecuaciones necesarias a las disposiciones aplicables para que los recursos que correspondan sean destinados al fondo a que se refiere el artículo 38 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.

La Comisión de Justicia, diputados:Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrero Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en contra), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez, Ardelio Vargas Fosado (rúbrica).»

«Voto particular que presenta el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, en contra del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Con fundamento en el artículo 94 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesto que mi posición es contraria al dictamen por las siguientes razones:

Primera. La reforma propuesta se inscribe en la lógica del derecho penal del enemigo el que no puede aceptarse en un Estado de Derecho. Zaffaroni dice que: “La admisión jurídica del concepto del enemigo en el derecho (que no sea estrictamente de guerra) siempre ha sido, lógica e históricamente el germen o primer síntoma de la destrucción autoritaria del estado de derecho...La peligrosidad y su ente portador –peligroso– o enemigo ónticamente reconocible proveniente de la mejor tradición positivista y más precisamente garofaliana...El desarrollo coherente del peligrosismo, antes o después, acaba en el campo de concentración...el concepto jurídico de enemigo sólo es admisible en un estado absoluto”.

Según Günther Jakobs, el derecho penal del enemigo se caracteriza por: 1) un amplio adelantamiento de la punibilidad (la perspectiva del ordenamiento jurídico penal es prospectiva); 2) las penas previstas son desproporcionadamente altas; y, 3) determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso suprimidas.

El derecho penal del enemigo se significa porque:

1. Constituye una reacción de combate del ordenamiento jurídico contra individuos especialmente peligrosos.

2. Con este instrumento el Estado no habla con sus ciudadanos sino amenaza a sus enemigos.

3. Campos importantes del derecho penal del enemigo: cárteles de la droga; criminalidad de inmigración; otras formas de criminalidad organizada como el secuestro y el terrorismo.

4. No se dirigen con prudencia ni se comunican con frialdad operaciones de combate, sino que se desarrolla una cruzada contra malhechores archimalvados.

5. Se trata más de “enemigos”, en un sentido pseudoreligioso que en la acepción tradicional militar del término.

6. El derecho penal del enemigo es una recombinación de:

a) Punitivismo. La idea del incremento de la pena como único instrumento de control de la criminalidad.

b) Derecho penal simbólico. La tipificación penal como mecanismo de creación de identidad social.

7. En la base de la tipificación penal, no sólo está un determinado “hecho”, sino también otros elementos que sirvan a la caracterización del autor como perteneciente a la categoría de los enemigos.

8. El derecho penal del enemigo no estabiliza normas (prevención general positiva), sino demoniza determinados grupos infractores.

9. El derecho penal del enemigo no es un derecho penal del hecho, sino de autor.

10. El derecho penal mínimo no es considerado en esta teoría.

11. La peligrosidad del delincuente es ponderada como consecuencia de la abolición del principio de proporcionalidad.

12. Las atribuciones o facultades a la policía son excesivas.

13. Las pruebas de descargo por parte de los agentes encubiertos rebasa los límites de los derechos del reo.

14. El esquema bélico del derecho penal de enemigo contradice radicalmente la idea misma del derecho penal en todos sus elementos y momentos, primeramente, en el modo de concebir el tipo penal y, luego en la concepción del juicio.

15. Las penas privativas de libertad se ponderan como mecanismos adecuados para cubrir las necesidades de protección jurídica y la neutralidad de los delincuentes peligrosos.

Segunda. El derecho penal del enemigo propone en síntesis: un Estado Policíaco y no un Estado de derecho; no constituye un derecho garantista o mínimo sino máximo; no incluye a los ciudadanos infractores para rehabilitarlos sino que los excluye del tejido social; no forma parte del derecho penal ordinario sino que es un derecho de excepción; no busca corregir o rehabilitar sino eliminar; no es consecuente con la dignidad de las personas sino que destruye la dignidad; no maximiza derechos humanos sino que los minimiza; y, es propio de regímenes antidemocráticos y, por tanto, no es compatible con el Estado Constitucional. Es un derecho para la venganza y, el Estado se transforma en el enemigo de los ciudadanos.

Tercera. El proyecto de ley antisecuestro se inscribe en la lógica del Derecho penal del enemigo por lo siguiente: 1) Se prevé que la autoridad, judicial y ministerial, actúen oficiosamente, sin respetar ningún equilibrio procesal (artículos 1 y 3); 2) El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones por el delito de secuestro, son imprescriptibles (artículo 5); 3) No hay reserva de averiguación previa, el ministerio público está obligado a ejercitar la acción penal (artículo 6); 4) Las penas son desproporcionadamente altas, mayores que en otros tipos penales (artículos 9, 10 y 11); 5) Se establece la figura de inexcusabilidad del testigo; 6) Los sentenciados por los delitos a que se refiere la ley no tendrán derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena (artículo 19); 7) La autoridad judicial puede ordenar vigilancia policial hasta por cinco años a los reos que hayan sido liberados (artículo 20); 8) Establece un sistema de testigos protegidos que ha demostrado en México su ineficacia y que además rompe con el equilibrio procesal (artículo 26); 9) Las atribuciones de la policía son excesivas e imprecisas (artículo 43); 10) A los procesados y sentenciados se les pueden aplicar medidas especiales de vigilancia (artículo 46); 11) Hay adelantamiento de la punibilidad (artículo 55 del Código Penal Federal); 12) Debiendo aplicarse las reglas del concurso ideal de delitos en el secuestro siempre se aplican las del concurso real (artículo 64 del Código Penal Federal); 13) No se concede libertad preparatoria (artículo 85 del Código Penal Federal); y,14) Se restringen los derechos de defensa (artículo 13 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada); entre otras muchas limitaciones a los derechos fundamentales.

Cuarta. El Estado mexicano debe contar con un derecho penal que maximice los derechos humanos no con uno que los minimice y que considere a los infractores enemigos del Estado y la sociedad. El fin del derecho penal es la rehabilitación de las personas y de la sociedad en su conjunto. El fin de la pena no es la venganza ni la exclusión social del infractor.

Quinta. El dictamen contiene además errores que atentan contra el federalismo. Se trata de una Ley General que debe distribuir con equilibrio las competencias entre entidades federativas y federación. Sin embargo, como lo establece el artículo 23 de la ley antisecuestro, los delitos se prevendrán, investigaran, perseguirán y sancionarán por la federación. Existe un desequilibrio evidente a favor de la federación, lo que violenta el contenido de la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna.

Sexta. El artículo primero de la ley antisecuestro contiene un error al no mencionar su carácter de Ley General, sólo se alude a que es reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución.

Séptima. La solución al fenómeno delictivo en México pasa por la construcción de un Estado de derecho, de una democracia y de una sociedad igualitaria. Mi propuesta, a contrario del dictamen, insiste en lo siguiente:

Necesitamos definir un diseño de Estado diferente al actual que propongo resumir en los diez puntos que aquí enuncio: 1) un nuevo entendimiento sobre los derechos fundamentales que integre un catálogo amplio de derechos que cuente con garantías plenas de realización; 2) la democratización, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia de todas las instituciones del estado; 3) la garantía plena de la supremacía constitucional y de los tratados internacionales; 4) mecanismos de cumplimiento efectivo de los principios constitucionales mediante un nuevo derecho procesal constitucional; 5) establecimiento de mecanismos anticorrupción que impidan la impunidad que prevalece en el país y sancionen a las autoridades y particulares que participan en conductas corruptas; 6) inclusión en los tres niveles de gobierno del mayor número de medios de democracia participativa y deliberativa; 7) limitación y sujeción a derecho de los poderes fácticos; 8) recuperación del patrimonio de la nación –sus recursos naturales- y de su explotación por el Estado; 9) defensa de la soberanía nacional; y, 10) cambios al modelo económico neoliberal para poner la economía al servicio de las mayorías.

1) Derechos con garantías. El primero de los puntos para el nuevo diseño institucional tiene relación con los derechos. Es preciso que el Estado reconozca los derechos fundamentales de las distintas generaciones de derechos y, que además provea para esos derechos las garantías sustantivas y procesales para hacerlos efectivos. Los mecanismos constitucionales, legales, administrativos y presupuestales para que los derechos sean exigibles son indispensables.No basta que los tratados sobre derechos humanos tengan la misma jerarquía de los principios constitucionales, es necesario que todas las autoridades, de los tres niveles de gobierno, se responsabilicen en el ámbito de su competencia por su cumplimiento y, como ya se mencionó, que existan las garantías procesales e institucionales que posibiliten su realización. Roberto Gargarella describe algunos ejemplos de Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas -en Sudáfrica, la India, Colombia y Argentina- que han asumido un compromiso de efectiva realización con los derechos.

Considero que, entre otras, las innovaciones institucionales, deben consistir en: la incorporación amplia de derechos fundamentales; el establecimiento de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad plena de todos los derechos; la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos; el cumplimiento obligatorio de las sentencias de los tribunales internacionales por parte del Estado mexicano; la subordinación de las fuerzas armadas al régimen de derechos humanos; y, la ciudadanización y fortalecimiento de las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como órgano constitucional autónomo.

2) Democratización de las instituciones. Las instituciones públicas –poderes y órganos constitucionales autónomos- exigen de una revisión integral. El país requiere de un sistema parlamentario con voto de censura constructivo. El sistema presidencial es inviable –conduce a la ingobernabilidad permanente- con un sistema de tres o más partidos disciplinados y con un sistema electoral con componentes proporcionales. Como se sabe, el sistema presidencial funciona bien –en términos de gobernabilidad y acuerdos- con un sistema bipartidista, con distritos electorales uninominales y, con partidos poco disciplinados.

El sistema parlamentario se caracteriza porque la única institución con legitimidad democrática, producto de la elección de los ciudadanos, es el Parlamento. El gobierno deriva su autoridad de la confianza y aprobación del Parlamento. El sistema parlamentario tiene las siguientes ventajas: la flexibilidad (no está sujeto a mandatos rígidos); existen soluciones constitucionales para la confrontación entre el legislativo y el ejecutivo; no se produce la parálisis entre los poderes; fortalece el sistema de partidos; favorece los juegos de suma positiva; se trata de un modelo diseñado para la cooperación política; y, genera estabilidad política.

Respecto a la organización democrática del poder en México podemos decir, que casi todas las instituciones no favorecen la participación ciudadana en ellas ni la deliberación pública de los asuntos. Se trata de instituciones que no se orientan a la protección de los derechos fundamentales de todos y están diseñadas para proteger los intereses de unos cuantos sectores. Por ejemplo, en el ejecutivo se necesita, entre otras medidas: consolidar el servicio civil de carrera; sancionar la opacidad gubernamental con la destitución de los servidores públicos; incorporar a la sociedad civil de manera efectiva en el procesamiento y determinación de las políticas públicas; las decisiones administrativas fundamentales, tales como la aprobación de reglamentos, la definición del proyecto de presupuesto o el ejercicio del gasto público deben abrirse a la participación y conocimiento ciudadano; es preciso derogar la proliferación de normas administrativas en materias reservadas por la Constitución a la ley; en la negociación y aprobación de tratados y acuerdos internacionales debe participar la ciudadanía con el conocimiento de los procesos respectivos y en la aprobación mediante referéndum; el veto de bolsillo debe ser derogado; los tribunales administrativos deben pasar al poder judicial; los sistemas de seguridad nacional y pública deben quedar sujetos a los más amplios niveles de participación ciudadana y transparencia; retirar al ejército de las labores de seguridad pública; establecer un catálogo de responsabilidades al titular del ejecutivo; derogar las competencias del ejecutivo federal en el Distrito Federal; sujetar a control pleno del legislativo y de los ciudadanos las atribuciones hacendarias, fiscales y presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, reducir las atribuciones del ejecutivo para comprometer la deuda pública del país.

En el legislativo es necesario, entre otras medidas: incrementar sus atribuciones de control y de orientación política al ejecutivo; fortalecer el papel de las comisiones de investigación sobre los asuntos sociales, políticos y económicos del país; regular los conflictos de interés de los legisladores y el cabildeo; implementar el servicio civil de carrera; establecer medidas estrictas de transparencia y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos en el legislativo; determinar un régimen de responsabilidades y sanciones a los legisladores por incumplimiento de sus funciones; hacer de las comisiones legislativas el motor del parlamento; fortalecer la deliberación y la transparencia en todos los ámbitos del legislativo; modificar la organización de las Cámaras para que sus funciones de desarrollen con horizontalidad; otorgar legitimación procesal activa a los grupos parlamentarios para promover acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales; y, fortalecer la independencia y libertad del legislador mediante la introducción del estatuto del legislador.

El poder clásico en los sistemas políticos y jurídicos comparados para la accountability horizontal es el poder judicial. Sin embargo, es en México y en muchos países como el nuestro, un poder débil política y socialmente, un poder no independiente, que no cumple su función de garantizar el acceso a la justicia y la protección judicial de miles de personas, un poder además ineficiente en donde la resolución de conflictos espera años para obtener una respuesta judicial que no siempre es de calidad. Lo más importante en este poder entrañaría ampliar el acceso a la justicia, la independencia del poder judicial y, su eficiencia y eficacia.

Los órganos constitucionales autónomos como el IFE, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, requieren de una gran apertura a la sociedad. Sus titulares deben ser designados por los ciudadanos y no por los partidos, el gobierno o los poderes fácticos. Es fundamental crear algunos órganos constitucionales autónomos como el Ministerio Público y la Auditoría Superior de la Federación, pero principalmente erigir un Tribunal Constitucional autónomo e independiente del Poder Judicial. En cuanto al Consejo de la Judicatura, éste debe ser un órgano autónomo ciudadano independiente del poder judicial. Igualmente, es indispensable que el país tenga un órgano constitucional autónomo para los medios de comunicación para que se encargue de la autorización de concesiones y permisos a los medios de comunicación electrónica, de garantizar el derecho de réplica y el de aclaración, de las responsabilidades de los medios, de su necesaria función social, etcétera. En materia de transparencia y acceso a la información pública –de los órganos del Estado y de los poderes fácticos- es indispensable que el IFAI sea un órgano constitucional autónomo. Se necesita también un Consejo Económico y Social que represente a los sectores social y privado en la planeación del desarrollo nacional y el establecimiento de políticas públicas (este órgano tendría facultades consultivas y emitiría recomendaciones al ejecutivo y a otros poderes y órganos en la definición e implementación de las políticas públicas en materia económica y social).

3) La garantía plena de la supremacía constitucional. La Constitución Política Mexicana, es y debe ser la norma suprema de la Nación, con la que se rijan todos los poderes públicos y ciudadanos y cuya superioridad es definitiva con relación a las leyes ordinarias y demás normas secundarias. El principio de supremacía constitucional deriva del carácter fundante que tiene la Constitución respecto a todo el orden jurídico restante. Los tratados internacionales de derechos humanos deben también tener este carácter con el propósito de maximizar la libertad y la igualdad de las personas.

Para que el principio de supremacía constitucional sea una realidad, es necesario el establecimiento en el orden jurídico nacional de las dos formas de control constitucional: el difuso y el control concentrado. El primero, que otorga poder a los jueces para reparar, nulificar o sancionar las violaciones que se efectúen en contra de las normas constitucionales. El segundo -del que se encargaría el Tribunal Constitucional- tendría competencias para conocer de las acciones de inconstitucionalidad ciudadanas, de la inconstitucionalidad por omisión de las autoridades, de las cuestiones de constitucionalidad que planteen las autoridades. Se trataría, por un lado, que todos los jueces y autoridades pudiesen, al menos realizar interpretación de las normas secundarias desde la Constitución y, por otro, que el Tribunal Constitucional, mediante un sistema vasto de medios de defensa de la Constitución, la proteja y defienda. Es decir, pasar de una Constitución puramente nominal o semántica a una normativa que haga coincidir la realidad con el deber ser de la Constitución.

4) Mecanismos de defensa efectiva de la Constitución.Los actuales medios de defensa de la Constitución –principalmente el amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales- no tutelan debidamente los principios de la Constitución. El amparo no garantiza de manera directa los derechos colectivos, sociales y difusos; exige de manera decimonónica satisfacer el requisito de interés jurídico, como si las decisiones en los amparos contra leyes o contra disposiciones administrativas tuviesen un carácter privatista y no interesaran a toda la sociedad; y, la lista de las causales de improcedencia son enormes, al grado que los jueces federales entran al fondo de los asuntos en tan sólo el 30% de los casos. La legitimación procesal activa en las acciones de inconstitucionalidad se concede sólo a autoridades y, a los partidos políticos, en materia electoral; no existe legitimación procesal activa de los ciudadanos en las en este tipo de acciones; y, se establecen requisitos excesivos para declarar la inconstitucionalidad de una ley –ocho votos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sólo pueden interponerse después de treinta días naturales de la entrada en vigor de la respectiva ley-. Las controversias constitucionales también están conferidas taxativamente a las autoridades que prevé la fracción I del artículo 105 de la Constitución cómo si los asuntos materia de las mismas sólo interesaran a esas autoridades y no a toda la sociedad. Es decir, los actuales medios de defensa de la Constitución no están diseñados para defender integralmente a la Constitución –los derechos fundamentales, la división de poderes, los principios democráticos y, la supremacía de la Constitución.

Se requiere ampliar la capacidad de protección de los actuales instrumentos procesales e incorporar otros que no dejen parte de la Constitución sin protección. Por ejemplo es preciso incluir, entre otros: el control previo de constitucionalidad respecto de reformas constitucionales, tratados, leyes y reglamentos; las acciones colectivas; el amparo social; las acciones de inconstitucionalidad por omisión; la cuestión de constitucionalidad; y, las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad.

5) Mecanismos anticorrupción. Además de contar con una Auditoría Superior de la Federación como órgano constitucional autónomo y con amplios poderes o, de aprobar una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que profundice en la transparencia y al acceso a la información en el país, se requiere para combatir la corrupción con un decálogo de herramientas institucionales. Éstas son: 1) la coordinación y vinculación entre todas las instituciones de investigación y resolución, federales y locales, que enfrentan la corrupción; 2) ampliar los mecanismos de fiscalización en los ámbitos políticos y electorales; 3) lograr la independencia y/o autonomía en todas las instituciones y órganos que realizan la accountability horizontal (tribunales, ministerio público, ASF, etcétera); 4) dirigir la lucha en contra de la corrupción no sólo respecto a los poderes tradicionales sino también en cuanto a los poderes fácticos; 5) propiciar mayor nivel, en cantidad y calidad, de participación y deliberación social en las decisiones públicas; 6) transparentar de manera radical el aparato del estado y a los poderes fácticos; 7) establecer obligaciones concretas de rendición de cuentas en todos las instituciones públicas; 8) revisar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos para que las ilegalidades de éstos no queden en la impunidad; 9) modernizar a la administración pública; y, 10) basar la actuación del estado y de sus servidores públicos en el respeto y garantía a los derechos fundamentales.

Igualmente es oportuno pensar en un órgano anticorrupción con autonomía constitucional. Uno de los casos internacionales más conocidos es la Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong. Esta Comisión tiene por propósito no sólo recibir e investigar –más no juzgar- acusaciones de corrupción, sino también llevar a cabo campañas de concientización pública y para hacer auditorías de las administraciones de departamentos y oficinas gubernamentales. Según Transparencia Internacional el modelo de Hong Kong ha resultado ser eficaz porque ha existido la determinación de sus empleados, en combatir la corrupción, porque el marco legal ha facilitado su trabajo y, porque tanto el concepto de la prevención como el procesamiento legal ha sido competencia de la Comisión. Una característica fundamental de la agencia anticorrupción de Hong Kong reside en que comités ciudadanos monitorean su trabajo con lo que se aumenta la confianza pública en esa institución.

En el ámbito internacional se han creado instituciones para el combate a la corrupción, es el caso de la Oficina Europea de lucha Antifraude, y en algunos países como en España, existe una Fiscalía Especial Anticorrupción que forma parte del Ministerio Fiscal de ese país. En México, considero que habría que reflexionar en propuestas concretas como las siguientes: 1) Una Comisión de la Verdad para investigar, sancionar y, hacer pública la corrupción política, privada y social del pasado; 2) hacer de la Auditoría Superior de la Federación un órgano constitucional autónomo; 2) fortalecer su autonomía orgánica, de gestión, financiera-presupuestal y, jurídica; 3) transparentar el ejercicio presupuestal de la Secretaría de Hacienda y, el control económico financiero del Estado en todas sus fases y no sólo al final de los procedimientos como acontece ahora; 4) ampliar el universo de lo fiscalizado, esto es, el alcances y profundidad de las auditorías practicadas; 5) establecer instrumentos que permitan de manera regular el control previo y concomitante de las finanzas públicas, no sólo a partir de denuncias sino de oficio, además de conservar el control a posteriori que hoy prevalece; 6) permitir que la Auditoría Superior pueda conocer con mayor amplitud de cuentas públicas del pasado –hasta cinco años– y, sobre ellas, realizar observaciones y recomendaciones, cuando no se hubiesen advertido irregularidades en el pasado; 7) otorgar competencia a la Auditoría Superior para conocer y procesar responsabilidades administrativas respecto de los servidores públicos y, facultarla para consignar, directamente ante los jueces penales federales, los asuntos que así lo ameriten; 8) prohibir la constitución de fondos y fideicomisos en la administración pública; 9) darle el rango de ley formal y materialmente al presupuesto de egresos; 10) restringir las facultades de la Secretaría de Hacienda para alterar el presupuesto aprobado; 11) publicitar ampliamente las subvenciones, subsidios y bonificaciones fiscales que se otorgan a grupos y sectores, para que la sociedad tenga conocimiento cabal de a quién se beneficia por la vía tributaria; 12) lograr que la Auditoría Superior de la Federación, además de contar con autonomía constitucional, garantice un funcionamiento interno y administración transparente, de cara a la sociedad; 13) establecer mecanismos ciudadanos y de especialistas para fiscalizar a la propia Auditoría Superior de la Federación; 14) darle a esta institución competencias en la fiscalización de las participaciones federales a estados, distrito federal y municipios; 15) establecer un registro nacional de servidores públicos y proveedores sancionados para evitar que servidores públicos o proveedores cambien de domicilio para seguir delinquiendo y gozando de impunidad; 16) aprobar la Ley General de Contraloría Social para abrir canales de participación ciudadana y control social; e, 17) impedir la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas que pretende liquidar las áreas estratégicas y la rectoría del Estado en ámbitos fundamentales de la vida nacional (educación, salud, seguridad pública, comunicaciones e infraestructura).

6) Democracia participativa y deliberativa. Resulta necesario el establecimiento de mecanismos de democracia participativa y deliberativa para acercar a la sociedad con la autoridad, para romper ese divorcio que es contrario al principio de soberanía popular. Propongo, entre otros, a los siguientes: el referéndum; el plebiscito; la revocación de mandato; la iniciativa legislativa popular; el presupuesto participativo; la afirmativa ficta; la auditoría social; el derecho de audiencia pública ante las autoridades; el derecho de voz ciudadana en los cabildos; la consulta popular; las acciones colectivas y de tutela; la acción popular de inconstitucionalidad; la inconstitucionalidad por omisión legislativa, administrativa o derivada de otros órganos de poder; el derecho de resistencia; la desobediencia civil pacífica y objeción de conciencia para que las instituciones y normas sean revisados cuando el marco jurídico es insuficiente para satisfacer derechos humanos o principios democráticos; el amicus curiae para que los ciudadanos y los sectores sociales se involucren en forma institucional y constructiva en los procesos judiciales; y, la obligación de deliberación pública y transparente en todas las instancias colegiadas del poder público del país.

7) Limitación y sujeción a derecho de los poderes fácticos. Los factores reales de poder, tanto nacionales como internacionales, suelen colonizar y determinar el funcionamiento de las instituciones. Es bien sabido que en los Estados de Derecho contemporáneos importa sobre todo saber o conocer el poder que se encuentra detrás de las estructuras formales del Estado, pues esos poderes son los que definen el alcance de los poderes formales. De nada sirve, por ejemplo, estudiar el Derecho Constitucional de un país, si ese estudio no viene acompañado por el de los factores reales de poder que determinan los significados de la Constitución.

No ganamos mucho analizando el orden jurídico formal mexicano si no lo vemos desde el papel que sobre él desempeñan los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, los medios de comunicación electrónicos, las trasnacionales, el gobierno de los Estados Unidos y, las organizaciones financieras internacionales. Esos son los auténticos poderes que en buena medida –tal vez no de manera mecánica pero si determinante- condicionan el actuar de los poderes y del orden jurídico formal. Bien podría decirse que los poderes formales y el orden jurídico son el reflejo de los intereses, pactos, acuerdos y decisiones de los factores reales de poder. Casi siempre las normas sobre ellos son escasas, ambiguas e insuficientes.

En México no existe una adecuada legislación sobre los partidos políticos –hay algunas débiles normas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales-. Sobre los medios de comunicación electrónica hay como se sabe una insuficiencia mayúscula, la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones no responden a las exigencias de una democracia pluralista y de un Estado de Derecho auténtico, porque se ha mercantilizado un bien del dominio público y se concentran groseramente las concesiones de los medios electrónicos en unas cuantas empresas. Los organismos financieros internacionales durante décadas han influido en nuestra economía y esa influencia no se encuentra normada en modo alguno, no existen además los controles institucionales para supervisarla y fiscalizarla.

Las soluciones a las amenazas que representan los poderes fácticos pasan por, entre otras, las siguientes medidas: 1) preservar al Estado y fortalecerlo mediante la integración de la democracia ciudadana, ello implica democratizar y transparentar sus instituciones e incorporar medios de democracia participativa y deliberativa; 2) aprobar una estricta legislación antimonopolios; 3) determinar que los poderes fácticos son sujetos obligados de las normas de transparencia y acceso a la información; 4) obligar a que los poderes fácticos tengan una vida interna democrática (partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, iglesias, etcétera); 5) impedir cualquier privilegio fiscal injustificado o de otro tipo que favorezca a los poderes fácticos; 6) reformar las instituciones internacionales, a fin de abrirlas y democratizarlas; 7) reestructurar el sistema financiero internacional para transparentarlo y hacerlo más justo; 8) extraer del ámbito del comercio y la mercantilización recursos como la salud, la educación, la cultura, etcétera; 9) mundializar el constitucionalismo y las estructuras constitucionales de control del poder a fin de que las relaciones económicas y otras, producto de la globalización, no queden al margen del Derecho y del control ciudadano; y, 10) promover un contrato global para la satisfacción de las necesidades básicas, dirigido a suprimir las ilegítimas desi-gualdades socioeconómicas entre clases, géneros, etnias, regiones y naciones, etcétera.

8) Recuperar el patrimonio de la nación. Los recursos naturales y su explotación deben reintegrarse a la nación y explotarse por los organismos del Estado para garantizar la soberanía del país. De esta suerte, es fundamental nacionalizar la Banca y contemplar en la Constitución que todos los recursos naturales: hídricos, hidrocarburos, minas, recursos renovables y no renovables, son patrimonio exclusivo de la nación. Los principios constitucionales de este diseño son: se considerarán recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético, etcétera; el patrimonio natural será de interés público y de carácter estratégico para el desa-rrollo sustentable del país; se prohibirá comprometer la soberanía sobre los recursos naturales; la explotación de recursos naturales estará sujeta a consulta –libre, previa e informada– con la población afectada; y, en el caso de las comunidades indígenas, además del derecho de consulta, el Estado garantizará que los pueblos originarios reciban un porcentaje sobre los beneficios de la explotación.

9) Defensa de la soberanía de la nación. Las instituciones del Estado deben tomar las decisiones económicas a partir de los deseos y necesidades del pueblo mexicano. Las consultas para determinar y definir el diseño de las políticas económicas con el FMI, el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro o del Comercio de los Estados Unidos deben quedar proscritas si no existe la aprobación de la sociedad mexicana. El gobierno mexicano no puede estar limitado por otro gobierno o por intereses internacionales ajenos a los deseos, necesidades, voluntad y derechos de todos los mexicanos. No existe en México autodeterminación en la economía ni en la seguridad pública ni en la nacional. Tenemos un gobierno periférico y subordinado a intereses exógenos.

La soberanía en términos externos e internos es una quimera. Externamente condicionan la vida nacional los intereses de otras potencias. Internamente, los poderes fácticos han domeñado y secuestrado al Estado y sus instituciones. No existen posibilidades para que los mexicanos autodeterminemos nuestro destino. Estamos a merced de presiones e intereses que escapan a nuestras necesidades, intereses y decisiones.

En el diseño de nuevas instituciones, un paso necesario consiste en modificar el procedimiento de aprobación de tratados. Los que comprometan la soberanía nacional, tengan que ver con la economía, el comercio internacional, la seguridad nacional y pública, y los derechos humanos, deben ser aprobados con el mismo procedimiento de reforma constitucional previsto en la ley fundamental más la aprobación ciudadana vía referéndum. Debemos impedir que las elites nacionales e internacionales determinen el alcance de nuestra soberanía. Son los ciudadanos los que deben definirla.

Los tratados vigentes que tienen que ver con el comercio internacional, la economía, la seguridad nacional y pública, y los derechos humanos deben ser revisados. Si son lesivos a la soberanía nacional procede su denuncia y en su caso la abrogación. El gobierno mexicano debe propugnar y luchar por la democratización y transparencia de las instituciones internacionales de las que forma parte. Los principios del Estado Constitucional y Democrático de derecho deben ser realidad en el ámbito internacional. La globalización precisa ser un proceso que esté en manos de las sociedades del planeta y debe realizarse de abajo hacia arriba.

En el ámbito interno, la manera de alcanzar soberanía consiste en domeñar y limitar el poder de los poderes fácticos para que las instituciones del país no estén secuestradas. Las instituciones del país carecen de legitimidad porque están sometidas a los poderes fácticos (televisoras, empresarios, ejército, iglesias, sindicatos y partidos). Si queremos consolidar la democracia en México estamos obligados a sujetar a derecho a los factores reales de poder.

10) Modificar el modelo económico neoliberal. La economía debe estar al servicio de las personas y debe ser el instrumento para garantizar derechos económicos, sociales y culturales. La economía no puede estar al servicio de elites y oligarquías que están ajenas a cualquier control democrático.

En México el modelo neoliberal se ha caracterizado por: privatizar áreas estratégicas y prioritarias del Estado; favorecer al capital especulativo internacional; mermar los derechos de los trabajadores y en general los derechos sociales y económicos de los habitantes; beneficiar con privilegios fiscales y de otro tipo a las principales empresas nacionales y trasnacionales que operan en nuestro territorio; estimular el libre comercio y agotar el mercado interno; liquidar la industria nacional; desistir de cualquier tipo de crecimiento económico; y, en síntesis por catalizar las condiciones de pobreza en las que viven millones de mexicanos.

Como dice un especialista nacional “...mientras la economía esté subordinada a los intereses del capital financiero, dada nuestra gran dependencia respecto de ellos, no hay perspectivas de que cambie la política económica predominante para poder favorecer la esfera productiva y el empleo. El Estado debe retomar el manejo soberano de la política económica para asegurar las condiciones productivas y financieras a favor del crecimiento sostenido con pleno empleo”. En este sentido, el Estado debe: intervenir en la economía para recuperar las funciones estratégicas previstas en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional; ser el rector de la economía nacional; recuperar el control sobre el sector bancario y financiero y orientarlo al desarrollo; revisar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte; contar con una vigorosa banca de desarrollo; destinar muchísimos más recursos para la obra pública y la infraestructura; contar con una política industrial; provocar la fortaleza del mercado interno y el apoyo a los productores nacionales; garantizar la autosuficiencia alimentaria mediante una política de apoyo a los productores del campo; generar ahorros mediante una política de austeridad respecto a sueldos y prestaciones de la alta burocracia; eliminar los privilegios fiscales que favorecen a los grandes empresas nacionales y trasnacionales; aprobar una reforma fiscal que sea equitativa y proporcional –que grave más a quien más tiene-; incentivar una política social ambiciosa para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales; reformar el artículo 28 constitucional para profundizar en los principios que proscriben los monopolios; y, modificar el artículo 28 constitucional para permitir que una parte de las reservas del Banco de México se destinen al desarrollo, entre otras muchísimas medidas de carácter económico que son necesarias para transformar el modelo económico neoliberal.

Notas:

1 Zaffaroni, Raúl, El enemigo en el derecho penal, Buenos Aires, Editorial Adiar, 2006.

2 Jakobs, Günther, El derecho penal del enemigo, traducción de Manuel Cancio Meliá, Madrid, Civitas, 2003, p. 47.

3 Carrancá y Rivas, Raúl, Reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública. Variaciones críticas, México, Porrúa, 2010, pp. 73 y ss.

4 Navarro, Vicenc, Bienestar insuficiente, democracia incompleta,Barcelona, Anagrama, 2002, pp. 31-103.

5 Gargarella, Roberto, “Justicia y derechos sociales: lo que no dice el argumento democrático”, en Teoría y crítica del derecho constitucional, pp. 965-962.

6 Uno de los trabajos más luminosos sobre la superioridad del régimen parlamentario sobre el presidencial se encuentra en: LINZ, Juan, “Democracia presidencial o parlamentaria: ¿Qué diferencia implica?”, en Democracias: quiebras, transiciones y retos, Obras escogidas, tomo 4, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, pp. 450-531.

7 Cárdenas Gracia, Jaime, Poderes fácticos e incompatibilidades parlamentarias, México, UNAM, 2006.

8 Sobre estos temas ver, por ejemplo, a: Alvarado, Arturo (editor), La reforma de la justicia en México, México, El Colegio de México, 2008.

9 Cárdenas Gracia, Jaime y Mijangos Borja, María de la Luz, Estado de derecho y corrupción, México, editorial Porrúa, 2005.

10 Transparencia Internacional, Libro de consulta 2000 de T.I., pp. 161-171.

11 Viola, Francesco, La democracia deliberativa entre constitucionalismo y multiculturalismo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.

12 Cortina, Adela, Ética aplicada y democracia radical, Madrid, Tecnos, 1993.

13 Sotelo, Ignacio, “El futuro del Estado social”, en Claves de razón práctica,Madrid, abril 2010, número 201, pp. 14-23.

14 Huerta G., Arturo, Hacia el colapso de la economía mexicana. Diagnóstico, pronóstico y alternativas, México, UNAM, 2009, p. 15.

México, DF, a 30 de septiembre de 2010.— Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada secretaria. Por consiguiente, tiene el uso de la palabra el diputado Josué Cirino Valdés Huezo, hasta por 5 minutos, para fundamentar el dictamen de las Comisiones Unidas en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior.

El diputado Cirino Valdés Huezo lo hará hasta por 5 minutos por la Comisión de Justicia y escucharemos posteriormente al diputado José Luis Ovando Patrón, hasta por 5 minutos, por la Comisión de Seguridad.

El diputado Josué Cirino Valdés Huezo:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se pone a su consideración reviste características de suma importancia para nuestro país. Se trata de una reforma legislativa que toca ocho ordenamientos legales que tienen que ver con el fenómeno delictivo del secuestro.

Dicho dictamen propone expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El secuestro, sin lugar a dudas, es uno de los delitos más graves que puede cometerse, por sus modos comisivos, por la violencia con que se lleva a cabo, por la angustia que genera a la víctima y a sus familiares, así como también por las secuelas que propicia en quienes lo sufren y en la sociedad.

Es necesario considerar que el secuestro ha dejado de ser un delito cometido en agravio solamente de potentados o millonarios, ya son blancos de él todas las clases sociales.

El enfoque que se ha dado al combate contra la delincuencia en los últimos años ha elevado exponencialmente la cifra de secuestros cometidos en nuestro país. Ante esta situación, el Congreso de la Unión no podía permanecer omiso y por ello, el Constituyente Permanente mandató en la fracción XXI del artículo 73 constitucional para expedir una ley general antisecuestro.

El proceso legislativo, que hoy concluye con el dictamen que se pone a su consideración, se caracterizó por la dificultad para llevar a consensos que permitieran el tránsito de esta ley.

Fueron muchos los foros, reuniones de trabajo, en el Senado y en la Cámara de Diputados trabajamos en conferencia. Se analizaron y consultaron a expertos en la materia, autoridades policiales, ministeriales, judiciales y señaladamente a miembros de la sociedad civil interesados en estos temas, que nos permitieron normar el criterio para arribar al dictamen que hoy se propone.

Reconocemos la voluntad política y la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos que permitieron la aprobación unánime de este dictamen en la Comisión de Justicia y la aprobación mayoritaria en la Comisión de Seguridad Pública.

Dentro de los méritos que contiene esta propuesta destacan los siguientes: se trata de una ley general que distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, que los obliga a coordinarse y cooperar, que fija con precisión el ámbito de sus atribuciones, estableciéndose en términos prácticos la federalización del combate al secuestro. Se tipifican diversas conductas, materia de secuestro, distinguiéndose cada una de ellas y graduándose su penalidad de acuerdo a la gravedad, sin llegar a excesos, como cadena perpetua o pena de muerte. Se establecen atenuantes que miran en todo momento a preservar la vida de la víctima y agravantes para casos delicados, como aquellos en que los miembros de instituciones de seguridad pública traicionan a la sociedad, así como casos en que se mutile o se prive de la vida a la víctima del secuestro.

Se obliga de manera más precisa a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a colaborar de manera pronta y expedita con las autoridades persecutoras de estos delitos. Se delinean programas de protección de personas y de apoyo a víctimas. Se crea el fondo de apoyo para las víctimas y ofendidos del delito, que se integrará con una partida que deberá aprobar esta soberanía del Presupuesto de Egresos de la Federación y con recursos decomisados, abandonados o producto de procesos de extinción de dominio relacionados con averiguaciones en materia de secuestro.

Se hace enfática la obligación de las procuradurías de crear y operar unidades especiales para la investigación de conductas de secuestro, con personal que deberá ser sujeto a rigurosos análisis en cuanto a su perfil. Se precisa de manera muy contundente que la investigación de este delito no quede sujeta a ninguna negociación que desconozca la autoridad, obligando al Ministerio Público a realizar las investigaciones tendentes a lograr el esclarecimiento de los hechos sin que proceda la reserva del expediente.

Se obliga a la autoridad judicial a que en todo caso la sentencia condenatoria contemple la reparación del daño a las víctimas.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la sola aprobación de esta ley no es garantía suficiente de que los índices de secuestro se reduzcan, pero consideramos que es un instrumento valioso que tendrá la Procuraduría General de la República para combatir este delito, tal como en su momento lo pidió el Ejecutivo federal en una de las muchas iniciativas que se analizaron para arribar a este dictamen. Es por lo anterior que los invitamos a votar a favor del mismo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado. Se concede la palabra al diputado José Luis Ovando Patrón, hasta por 5 minutos.

El diputado José Luis Ovando Patrón:Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, este día ponemos a su consideración el dictamen de la minuta por la que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro y se reforman y adicionan diversos ordenamientos jurídicos en la materia.

Este tema que hoy nos ocupa es un tema difícil, para la sociedad mexicana, que ocasiona dolor a cientos de familias, y que nos exige como legisladores nuestro empeño, nuestro acuerdo para brindar mejores opciones de vida, un mejor marco legal en este caso para combatir a los delincuentes, y sobre todo sancionarlos de manera más severa y por supuesto, atender de una mejor manera a quienes han sido víctimas de este lamentable delito.

La comisión de este delito en México se ha incrementado, siendo altamente preocupante que en los últimos 5 años haya llegado a incrementarse hasta en un 317 por ciento. De acuerdo con un informe que realiza el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, tan sólo de 2007 a 2009 ocurrieron 236 casos de secuestro, en los cuales se involucraron 294 víctimas y 248 secuestradores.

Dicho informe también, lamentablemente nos señala que 5 de cada 100 víctimas fueron mutiladas y 9 de cada 100 fueron asesinadas.  En esos 2 años nada más, 168 familias perdieron a un ser querido.

Es importante señalar también,  que según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo se denuncia uno de cada cuatro secuestros que se cometen, lo cual incrementa nuestra alarma en estos delitos, en estas cifras que estamos compartiéndoles.

También es importante señalar que desafortunadamente este delito se ha democratizado e impacta ya no únicamente a un segmento social económicamente pudiente sino que, por ejemplo, afecta a los comerciantes en un 27.8 por ciento. Son víctimas de este delito: el 21 por ciento de esas víctimas son estudiantes, el 16 por ciento son empleados y un 14.5 por ciento son empresarios.

Por ello, compañeras, compañeros, como legisladores debemos hacer todo lo necesario para hacer frente de manera eficaz a este delito mediante la expedición de leyes que ayuden a combatir el problema con miras a erradicarlo. Sólo así se estará dando verdaderamente respuesta a cientos de víctimas y familiares de éstas que han padecido y padecen las secuelas emocionales y económicas, producto de la comisión de este delito.

Los días 21 y 30 de septiembre de éste próximo pasado mes, los legisladores integrantes de las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública, respectivamente, aprobamos el dictamen de la minuta enviado por el Senado a esta Cámara, mediante el cual se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona diversos ordenamientos jurídicos.

Éste tiene por objeto remediar la situación jurídica actual ante la inexistencia de un ordenamiento jurídico en la materia, que se traduce en la ineficacia para combatir y erradicar este tipo de conductas en nuestra sociedad.

De aprobarse lograremos ajustar las políticas públicas en materia de prevención y control de delitos en materia de secuestro. Coordinar las labores de investigación e inteligencia contra la delincuencia organizada. Establecer y estandarizar la descripción de los delitos y sus respectivas sanciones. A su vez, se habrá de fortalecer la participación de la sociedad, así como el sistema de denuncia contra la corrupción y la mala actuación de los servidores públicos.

Aunado a todo esto se fortalecerá la actuación de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública de los ciudadanos. Pero, sobre todo, permite el resarcimiento del daño ocasionado a las víctimas u ofendidos de este delito, dotándolos de seguridad jurídica y certeza en las actuaciones de los servidores públicos en la materia.

Quiero resaltar algunos aspectos de manera breve, que se encuentran contemplados en la propuesta que hoy ponemos a su consideración.

Se tipifican diversas modalidades de este delito tales como el secuestro exprés, el autosecuestro y la detención de personas en calidad de rehenes.

Se crea un sistema integral de protección a víctimas y testigos, así como unidades especializadas en la investigación de los ilícitos en la materia.

Se establece la imprescriptibilidad del delito y el Ministerio Público estará obligado a actuar de oficio en todas las modalidades del delito del secuestro.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, quiero finalizar resaltando que esta propuesta que se somete este día a su consideración es el resultado, primero, del dolor de muchas personas que transformaron estas terribles experiencias en fuerza y valor y que fueron determinantes para llegar a esta instancia legislativa. Ejemplo claro de ello y quiero resaltar la presencia en este día de la señora Isabel Miranda de Wallace y el señor Alejandro Martí. Reconocemos su participación y la de muchos otros héroes anónimos que participaron de manera decidida en la creación de esta iniciativa.

De igual manera debemos reconocer la realización de innumerables foros en la materia, en los cuales participaron de manera activa académicos, organizaciones no gubernamentales, por supuesto, nuestros compañeros legisladores, los senadores y los diputados de esta Cámara.

Presentándose en ambas Cámaras, desde el año de 2007, un total de 26 iniciativas con proyecto de decreto: 2 presentadas por el presidente de la República, 15 iniciativas presentadas en el Senado, 7 presentadas en la Cámara de Diputados, las cuales si bien no se dictaminan en la presente propuesta, sí fueron tomadas en consideración dada la importancia de su contenido.

Quiero resaltar brevemente las presentadas por compañeros diputados de esta Legislatura, el diputado Humberto Benítez Treviño del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas por el PAN, la diputada Dolores de los Ángeles Nazares del PRD, el diputado Rodrigo Pérez Alonso del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, entre otros.

Tenemos aún mucho que resolver. Debemos seguir siendo sensibles  a las necesidades de la sociedad. No podemos detener la aprobación de esta minuta, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Pero también debemos agilizar la dictaminación de propuestas pendientes a prevenir y sancionar delitos de igual gravedad como lo es la trata de personas.

Es nuestra obligación colmar los vacíos jurídicos que existen aún en nuestro marco legal. Urge darle a México una señal clara y contundente no sólo en este tema sino en muchos temas que son sentidos por nuestra sociedad.

Sigamos, pues, trabajando por México. Sigamos legislando en ánimo constructivo, con capacidad de llegar a acuerdos...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado José Luis Ovando Patrón:... como este día y por supuesto dotémosle a los mexicanos, a las mexicanas de un marco legal, que en este caso ayude a combatir de manera más firme el delito del secuestro. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si bien ya lo ha hecho el diputado Ovando en su intervención, esta Presidencia quiere dejar constancia de la presencia en esta significativa sesión de la señora Isabel Miranda de Wallace y del señor Alejandro Martí García.

Para fijar posiciones tiene la palabra...

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Teresa Incháustegui, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estamos todavía en la fijación de posiciones. Voy a desaho-gar el listado por grupos parlamentarios.

Tiene la palabra la diputada Rosaura Ochoa Mejía, por Convergencia.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Con su permiso, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, el día de hoy estamos viviendo un momento trascendental en la vida de este país.

Proveer los instrumentos legales como la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como los demás instrumentos que reforman los ordenamientos legales para poder civilizar un delito que ha venido lacerando a la sociedad.

Respaldar un dictamen como el que el día de hoy nos reúne y nos convoca, es decirles a ustedes que el Grupo Parlamentario de Convergencia está a favor de votar este dictamen. No podríamos estar en contra, nunca, de una situación que ha causado tanto daño y tanto dolor a la sociedad.

Para quienes lo han sufrido, vaya desde aquí nuestro respaldo. Para quienes lo han cometido, vaya desde aquí también una severa advertencia: que no podemos permitir que se sigan cometiendo este tipo de delitos, porque laceran moral, económica, socialmente, pero sobre todo reflejan una descomposición y una falta de atención en rubros que no podemos permitir que se sigan cometiendo.

El trabajo que se ha hecho en las Comisiones de Justicia y de Seguridad hoy se ve reflejado aquí. Sabemos que toda ley es perfectible, pero hoy afortunadamente existen los instrumentos legales que le darán esas certeza a toda la sociedad, de poder tener esa seguridad de que se verá atendida su demanda ciudadana.

No podemos permitir más pérdidas de patrimonios, no podemos permitir más la pérdida de la seguridad y de la libertad y mucho menos podemos permitir que se sigan cobrando vidas inocentes que no tienen porqué padecer este flagelo.

El Grupo Parlamentario de Convergencia también ha hecho propuesta, también ha entregado un paquete integral en el cual se contemplan cada uno de estos rubros, los cuales hoy en día abonan a poder perfeccionar estos instrumentos.

Vaya desde aquí nuestra invitación a todos ustedes, diputados y diputadas de esta LXI Legislatura, a emitir nuestro voto a favor y con ello sacar por unanimidad una ley que hoy es realidad para poder prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Ochoa Mejía. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia por el Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, quiero decir que aquí hablo como diputado a nombre propio. No estoy hablando por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Estoy hablando como diputado de esta Cámara.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame usted, señor diputado. Nada más para conservar el orden del debate. Voy a mantenerle su turno porque usted además presentó un voto particular único en este dictamen, pero tengo que preguntarle al Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Por supuesto que soy parte del grupo parlamentario.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante con el respaldo de su grupo parlamentario, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Lo que quiero decir es que hablo por mí mismo, como hombre libre, y no en representación del grupo parlamentario, en donde existen opiniones diversas sobre esta iniciativa.

Quiero decirles, compañeros, que yo sí estoy a favor del combate al secuestro, pero desde luego no con esta ley. Una ley penal no solamente debe establecer sanciones sino debe tener otro objetivo. Todo derecho penal tiene dos finalidades: la sanción y la reinserción social y creo que a esta ley le falta este segundo elemento de la reinserción social. Voy a explicar por qué.

Desde el tomismo, desde santo Tomás de Aquino, y esto repetido por distintos papas —aquí estoy hablando sobre todo a los compañeros del PAN— se decía que justicia sin misericordia es un acto de venganza, es un acto de crueldad.

La justicia y los derechos fundamentales son derechos fundamentales de los ofendidos, ciertamente, de las víctimas...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Diputado Camilo, ¿con qué objeto, señor diputado?

El diputado Camilo Ramírez Puente(desde la curul): Con todo respeto, señor presidente, sí quisiera en lo personal que quedara asentado si está haciendo su intervención a título personal o como representante del Partido del Trabajo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya hizo ambas cosas, y el Partido del Trabajo así lo asumió. Gracias. Continúe, señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente.

Pero también los infractores tienen derechos fundamentales y creo que en esta ley se garantizan plenamente derechos de los ofendidos, de las víctimas, pero no así de los infractores.

En el voto particular, que consta en la Gaceta Parlamentaria, he insistido en que esta ley se inscribe en la lógica del derecho penal del enemigo. ¿Cuáles son las razones para sostener que se trata del derecho penal del enemigo? El derecho penal del enemigo es un derecho autoritario, no democrático, que no forma parte del estado de derecho liberal.

¿Por qué se caracteriza este derecho penal del enemigo? Por tener penas excesivas o muy amplias. Esta ley, esta iniciativa contempla sanciones como casi ningún otro tipo penal. Son sanciones que van de los 20 años de prisión a los 70 años de prisión, dependiendo las distintas modalidades que prevé la ley.

Establece también que los sentenciados por este delito no tendrán en general derecho a la libertad preparatoria, a la sustitución, a la conmutación de la pena o a cualquier otro beneficio que implique reducción de la condena, salvo algunas cuantas excepciones.

También se establece en este dictamen que una vez que se compurga la sanción, en donde no se tiene ningún beneficio en términos generales, puede haber vigilancia policial hasta por cinco años.

Se establecen también medidas especiales de vigilancia. No se concede a las personas mayores de edad o seniles o enfermos, medidas de sustitución a la cárcel o a la prisión. No se concede libertad preparatoria y en general se limitan los derechos de defensa.

Todas estas características encuadran en lo que la teoría penal de Günther Jakobs ha definido como derecho penal del enemigo. Ésa es la razón por la que yo votaré en contra de este dictamen.

Creo que podemos hacer, compañeras diputadas y compañeros diputados, una mejor ley. Una ley que tome en cuenta los derechos fundamentales de todos, de los ofendidos, de las víctimas y también de los infractores.

No se trata de aprobar leyes draconianas que violenten derechos fundamentales, en especial y en estos últimos segundos, me preocupa mucho y quiero hacer una reserva al artículo 64 del Código Penal Federal, el tema del concurso real.

Este tema del concurso real que se prevé en el dictamen que vamos a votar, va a implicar cadena perpetua, y voy a decir porque el concurso real, si me conceden unos segundos más, implica cadena perpetua, porque se acumularán las sanciones...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, señor diputado. Le concedo 1 minuto más para concluir su intervención.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Termino, compañeros. Déjenme hablar.

Por el secuestro, habrá sanciones por robo y se acumularán las sanciones. Las personas que cometan distintas conductas vinculadas al secuestro estarán en prisión de por vida y eso implica una violación al artículo 18 de la Constitución, que establece como finalidad del derecho penal la reinserción social. Cuál reinserción social si va haber en los hechos cadena perpetúa con esta figura del concurso real.

Por su atención, muchas gracias, compañeros. Y entrego, al presidente de la Mesa Directiva, la reserva que haré al artículo 64 del Código Penal Federal que propone este dictamen.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Procedan a dar curso de la reserva. Tiene la palabra, la diputada Adriana Sarur, por el Partido Verde Ecologista.

La diputada Adriana Sarur Torre:Con su venia, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Por considerar el secuestro el peor crimen, el que más daña, el que más lacera y degrada a la sociedad, por eso el Partido Verde va a votar a favor de esta ley.

El secuestro y otros delitos de alto impacto han dado lugar a que la ciudadanía haya perdido la confianza en las instituciones. ¿Qué fue lo que sucedió en esta sociedad? ¿Por qué se descompuso tanto nuestro tejido social? ¿Cómo fue que llegamos al extremo de que unos priven de la libertad a otros y que, en muchas ocasiones, esa privación de la libertad se convierta en un menoscabo radical a la integridad física y psicológica de las víctimas, inclusive hasta de sus propias vidas? ¿Qué pasaba con las víctimas que quedaban a merced de un sistema injusto que los condenaba a un peregrinar ante las autoridades para alcanzar la justicia?

Seamos honestos, si no un fondo antisecuestro, nunca antes se hubiera pensado en condiciones para ayudar a alguien que recibe la llamada de quien dice tener en las manos la vida de su hijo o algún ser querido. Esta persona se queda sola, mientras que los delincuentes, seres sin escrúpulos, sin principios, disfrutan el sufrimiento de sus víctimas.

El fondo antisecuestro es uno de los cambios más trascendentales de este instrumento. Permite que el ciudadano tenga incentivos para llevar a cabo la denuncia de este flagelo social.

A dos años del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el Partido Verde cumple con la aprobación del fondo antisecuestro, con iniciativas que verdaderamente respaldan un esquema de justicia penal.

Asimismo, comenzamos a superar los célebres prejuicios creados alrededor del delito del secuestro. Ya basta de la no denuncia. Ya basta del silencio por temor. Ya basta de que los secuestradores tengan de su lado a la ley. Ya basta del temor y del sosiego de los familiares para acudir a las autoridades.

La realidad queda a la vista. Recogimos todas las demandas, y ahora, sin dudar, este nuevo instrumento será uno de los más observados y vigilados en los próximos años, porque queremos erradicar por completo el delito del secuestro.

La ley antisecuestro que estamos por aprobar permitirá eliminar la corrupción entre servidores públicos. Ayudará a quienes denuncien, contemplará mecanismos para la defensa de las víctimas.

Como representante de los mexicanos, llevo como compromiso ser la portavoz de las víctimas, familiares e inocentes que atropelló algún día este delito. Quiero decirles que su voz nos llena de fuerza, de coraje y de valor para seguir con determinación en la tarea de legislar para los mexicanos.

Por eso fue necesario que el delito del secuestro se persiguiera de oficio. Por eso fue necesario establecer castigos más severos a  funcionarios públicos que se involucren en este delito.

Estamos conscientes de que todas las leyes se pueden mejorar. Es por eso que de ser necesario pondremos una segunda reforma que llegue a la raíz de la experiencia humana, para que México erradique este delito.

Necesitamos aprobar esta ley y velar por su ejecución. Los instrumentos procesales y legales que se incluyen en este nuevo ordenamiento, facultan que los tres órdenes de gobierno actúen con toda su fuerza y garanticen la demanda social de la seguridad.

Como legisladores mandamos un mensaje a los delincuentes: que no descansaremos para otorgar leyes que nos permitan vivir otra vez en armonía, castigando sus conductas, y buscaremos prevenirlas con base en la ley, siempre.

Necesitamos estar unidos para crear una nueva cultura de la legalidad y de repudio, de rechazo al secuestro, a la impunidad, a la corrupción y a la violencia. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada. Informamos a ustedes que se encuentra de visita en este recinto, el señor Edgar Navarro Sánchez, presidente municipal de ciudad Nezahualcóyotl, invitado por sus diputados. Sea usted bienvenido, señor presidente.

También les damos la más cordial bienvenida a los estudiantes de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, invitados por la diputada federal Rosalina Mazari Espín.

Tiene el uso de la palabra la diputada Dolores Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la sociedad se encuentra agraviada por la inseguridad, la violencia y la impunidad que le acompañan. Pero también estamos agraviados los michoacanos. Recuerdo aquí a mis paisanos secuestrados en el estado de Guerrero.

Actualmente muchos mexicanos tienen temor de salir a las calles, de ser asaltados, levantados, asesinados o secuestrados, independientemente de su condición económica o clase social.

El Ejecutivo federal se comprometió a solucionar este problema en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, del 21 de agosto de 2008. Sin embargo, fue la sociedad civil la que hizo posible que hoy estemos discutiendo esta minuta, así como el compromiso de todas y todos los legisladores aquí presentes.

Atendiendo el compromiso que tenemos con la sociedad, nuestro grupo parlamentario presentó el 18 de febrero de 2010 una iniciativa de Ley General para Prevenir, Sancionar y Combatir el Delito de Secuestro, la cual ubica como eje rector a la víctima en su integridad, seguridad, patrimonio y respeto a su vida.

Nuestras aportaciones alimentaron y enriquecieron en forma relevante la minuta. Por ejemplo, en el dictamen encontrarán el establecimiento de delitos y penas más severas en los siguientes casos:

Que el secuestro se realice con violencia o se allane el inmueble de la víctima. Que la víctima sea menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, sea adulto mayor o, si es mujer, se encuentre en estado de gravidez. Cuando los autores de un secuestro hayan o sean integrantes de alguna institución de seguridad pública o se ostenten como tal.  Que tengan parentesco con la víctima. Que a la víctima se le causen lesiones durante su cautiverio o sea torturada.

Esta minuta considera una disminución en las sanciones para los casos en que el secuestrador se arrepienta y libere espontáneamente a la víctima o dé parte a las autoridades para rescatarla con vida.

Establece además penas severas a servidores públicos que divulguen información reservada o confidencial teniendo atribuciones de investigación, procuración o impartición de justicia.

Para los casos de la coordinación entre los tres niveles de gobierno se establece que sea el Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el eje rector para llevar a cabo estudios de estadísticas delictivas, patrones de comportamiento, con el propósito de tener una investigación confiable. Procesar la información geodelictiva para prevenir delitos y conocer las zonas de riesgo. Intercambiar información. Realizar campañas de prevención del delito. Establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes y con las organizaciones sociales.

En el caso de la intervención de comunicaciones se establece la obligación para los concesionarios de redes públicas de proporcionar la información a las autoridades, asistirlas técnicamente, otorgar la información que requieran los titulares de las instituciones autorizadas y suspender el servicio de telefonía, cuando así lo requiera la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Se crean además unidades especiales para la investigación de los delitos en materia de secuestro, con las facultades de solicitar que se les brinde atención médica a las víctimas. Asesorar a los familiares en las negociaciones. Recibir denuncias. Utilizar las técnicas de investigación y sistematizar la información obtenida para liberar a la víctima.

Por esas razones, el voto de nuestro grupo parlamentario será a favor del presente dictamen.

Queremos señalar que a juicio de nuestro grupo aún quedan pendientes algunos aspectos a considerar, dentro de los cuales están que los policías, peritos y equipo técnico que investiguen los delitos de secuestro se integren por personal debidamente certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. No otorgar a los secuestradores los beneficios preliberacionales, así como el indulto o la amnistía. Establecer en todas las procuradurías del país mecanismos de denuncia anónima y un programa de seguimiento. Establecer la reparación del daño social a favor de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal o los municipios, así como las regiones o comunidades donde operen estas bandas delictivas.

Con la aprobación de esta minuta ponemos en manos de las autoridades un instrumento jurídico que les permita prevenir, investigar, sancionar y combatir eficazmente el delito de secuestro y que el Ministerio Público pueda integrar debidamente las averiguaciones previas.

Ahora le corresponde al Ejecutivo federal actuar de manera eficaz en el combate al delito de secuestro. No caben pretextos. No caben dudas. No caben titubeos.

La sociedad demanda de las instituciones enfrentar la delincuencia organizada en todas sus expresiones. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional.

El diputado Camilo Ramírez Puente:Con su permiso, señor presidente. Antes de mi intervención, le ruego que solicite a la asamblea un minuto de silencio por todas aquellas víctimas del delito de secuestro que desafortunadamente han perdido la vida, así como por aquellas que tratando de salvárselas también la perdieron.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto se obsequia la solicitud de propuesta de un minuto de silencio que solicita el diputado Camilo Ramírez Puente.

El diputado Camilo Ramírez Puente:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, una de las tareas más importantes del Estado es brindar seguridad a sus habitantes. Para ello es imprescindible contar con el marco jurídico apropiado que garantice a éstos disfrutar de todos sus derechos. Sin embargo, el fenómeno del secuestro en nuestro país ha crecido exponencialmente y tiene alarmada a nuestra sociedad. Ésta nos exige tomar medidas claras y contundentes, firmes, que le protejan y le salvaguarden en su integridad personal, patrimonial, y por qué no, material también.

Éste no es un problema que se limita al afectado, trasciende a su familia, a sus amigos que ven de esa forma limitada su libertad y perdidas sus esperanzas de una vida libre, de una vida verdaderamente plena. Aquellos que hemos padecido este delito sabemos de qué estamos hablando y aquellos que no lo han padecido, deseamos que nunca lo padezcan.

Desafortunadamente, trastocar el estado de derecho y la sociedad con este tipo de delitos no  tan sólo sufre esa afectación, trasciende a nuestra sociedad en su economía, en su aceptación ante la comunidad internacional. No es un problema leve. En este momento que atendemos a este planteamiento de esta iniciativa, tenemos aquí ya un proyecto listo para votarse. Se ha consensuado plenamente en la Comisión de Justicia de esta Cámara con un voto unánime y un voto mayoritario en la de Seguridad Pública.

Aun en este momento confiamos plenamente que ese voto pudiera revertirse a favor de una mayoría y lograr unanimidad. Que mandemos un mensaje claro, muy terminante a la delincuencia, de que estamos todos unidos en contra de ella.

El Grupo Parlamentario del PAN refrenda su compromiso con la sociedad para hacer valer sus derechos, exigir que éstos se cumplan y estaremos puntualmente exigiéndoselos a las organizaciones y a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. Que no quede la menor duda de ello.

No es importante el hecho de que seamos nosotros el partido en el gobierno. Nosotros también somos parte de la sociedad que habremos de exigir que esta ley, de ser votada por todos nosotros a favor, se cumpla cabalmente.

Nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros hijos, todos aquellos que están con nosotros confían en que hagamos el día de hoy nuestra tarea. Estoy convencido de que así lo haremos. Todos tenemos este compromiso y podríamos irnos hoy plenamente satisfechos a nuestros hogares sabiendo que esta ocasión, como en muchas otras, esta Cámara de Diputados da así un revés a la opinión que tienen muchos ciudadanos de que no hacemos un trabajo de fondo, un trabajo que nos lleve a una mejoría y a una mayor calidad de vida.

Estoy convencido de que ésta va a ser la Legislatura del cambio, porque vamos a tener las mejores leyes para el país. Lo he visto en las distintas comisiones y lo veo en todos los compañeros no tan sólo de nuestra bancada, lo veo en todas las bancadas. Hay disposición para sacar buenas leyes. Estoy convencido de que lo vamos a lograr. Nos falta únicamente seguir con este rumbo. Hemos logrado los consensos necesarios en lo importante. Estoy seguro que continuaremos en ello.

Que en este delito de secuestro quede bien claro para todos, delincuentes organizados, delincuentes comunes, que todos van a ser atacados por la ley y van a tener su sanción que es la única que puede ser: pasar la mayor parte de su vida en la cárcel. Eso es lo que merecen aquéllos que no pueden convivir en sociedad y que no respetan a sus semejantes.

Por eso, señores diputados, compañeras diputadas, el día de hoy, como diputado y como persona, como padre de familia, les pido que aprobemos esta ley. Si lo hacemos en una forma plena, habremos logrado nuestro cometido. Muchas gracias. Es cuanto.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado.

Antes de concederle la palabra al diputado Humberto Benítez Treviño, saludamos a los alumnos y al director de la Facultad de Ciencias Agrícolas que nos visitan esta tarde, invitados por el diputado José Luis Velasco Lino. Ellos son de Toluca, estado de México. Gracias por acompañarnos en tan importante sesión.

Tiene la palabra el diputado Humberto Benítez Treviño, para presentar posición por el Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Con su venia, señor presidente. Distinguidas diputadas, compañeros diputados, a nombre de mi Partido, el Revolucionario Institucional, vengo a comprometer el voto de todos los diputados a favor del dictamen que hoy se presenta para expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro en este país.

Aquí se ha hablado de las características de la ley. Es una ley general porque distribuye competencias entre las entidades del pacto federal y la federación. Porque asigna responsabilidades a las procuradurías estatales y a la Procuraduría General de la República.

Porque en su artículo 23 establece cuáles delitos deben ser conocidos por la federación y cuáles delitos deben ser conocidos por las entidades federativas. Porque obliga al Ministerio Público a actuar de oficio en todos los casos en que se cometa un secuestro, porque obliga al Poder Judicial cuando emita sentencias condenatorias a condenar igualmente al pago de la reparación del daño, porque establece un sistema nacional para la prevención de este delito, y no olvidemos que estamos en falta frente a la sociedad, porque somos reactivos y no prevenimos la comisión de los delitos. Porque establece un Fondo de Apoyo para las Víctimas y Ofendidos del Delito de Secuestro.

Aquí quiero subrayar mi reconocimiento a la Comisión de Presupuesto que el día de ayer emitió su opinión y está asignando 98 millones 700 mil pesos como fondo inicial para el Fondo de Atención a Víctimas y Ofendidos del Secuestro.

Compañeros legisladores, aquí se ha hablado de la filosofía del derecho penal, pero el verdadero enemigo del derecho penal es el delincuente. No es la sociedad. Es quien priva de la libertad a una persona de bien, la mantiene retenida, la tortura, en ocasiones la priva de la libertad, por eso se justifican las penas altas que establece la ley, estableciendo hasta 70 años cuando se priva de la vida a la persona secuestrada.

No olvidemos compañeros que aquí, en esta soberanía, yo presenté una iniciativa para establecer la cadena perpetua para tres delitos: el homicidio calificado, la violación tumultuaria y el secuestro cuando se mutila o se priva de la vida al secuestrado. ¿Saben por qué? Porque el artículo 18 constitucional establece las bases en la reinserción social.

Antes de la reforma del 18 de junio de 2008 yo afirmé que la readaptación social en México era un fracaso. Hoy con el cambio de reinserción social afirmo categóricamente que la reinserción social en México es un fracaso. Por eso se justifican las penas altas de prisión para gentes que dañan a la sociedad, que dañan a personas dignas de bien y que no merecen —como dijo mi compañero Camilo Ramírez Puente— salir de la cárcel.

Mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, votará a favor de esta ley.

Sabemos que hay materias pendientes, pero no olvidemos, compañeros legisladores, que la ley es perfectible. Las únicas leyes que son fatales son las leyes de la naturaleza. Las leyes que aprobamos en este Congreso tienen como destinatario a un ser que no es perfecto, que es el ser humano. Por eso la ley debe ser reflejo de la realidad y con esta ley estamos protegiendo a los mexicanos...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Víctor Humberto Benitez Treviño:Estamos protegiendo a las personas que injustamente han sido privadas de su libertad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluidas las intervenciones de posicionamientos, doy cuenta a la asamblea que se han inscrito para hablar en pro de este dictamen, Pablo Escudero Morales, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Teresa Incháustegui Romero, Óscar Martín Arce Paniagua y Arturo Zamora Jiménez, en ese orden. Y en contra el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien de acuerdo con el Reglamento tiene el uso de la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeras diputadas, compañeros diputados, el debate que vamos a dar es muy importante. Tengo una hija de 19 años y un hijo de 17; si alguien les pusiera una mano encima me los querría comer vivos, enteros, a quien les tocara un solo pelo.

Y estaría exigiendo venganza, no estaría exigiendo justicia. Y el Estado mexicano no puede, no debe, bajo ninguna circunstancia, generar leyes que estén practicando venganza.

La diferencia entre la venganza y la justicia está clara en esta iniciativa que se va a votar el día de hoy. Es una medida desesperada frente al aumento de la criminalidad.

Hay aquí quien cree que por cambiar una legislación va a cambiar la realidad, que va a cambiar la miseria brutal en que se debate la mayor parte de la población del país y hay quien acepta, inclusive, que quienes han vivido la tragedia de perder a un ser querido se conviertan en los teóricos del derecho penal en México.

Están abdicando a su responsabilidad por la presión de los medios de comunicación, por la derechización que ha venido avanzando en un tema tan delicado como éste.

Entonces encubren la cadena perpetua diciendo que es la suma de penas. Y si después de 3 mil 500 años el secuestrador saliera, todavía quieren ponerle un brazalete para que le den seguimiento y no proponen que sea en la tumba que se le dé ese seguimiento porque sería ya un poco excesivo y hasta ridículo, diría yo.

Cómo puede plantearse este tipo de cosas cuando inclusive se plantea que sea imprescriptible y no se ha aceptado la imprescriptibilidad para las desapariciones forzadas, que son crímenes de lesa humanidad.

Ahí está doña Rosario Ibarra de Piedra, décadas luchando porque aparezcan los desaparecidos por los sistemas políticos autoritarios que han existido en este país, y las voces que hoy se alzan no se alzaron cuando ella pedía esa justicia, y nunca ha pedido venganza, a pesar del dolor por la pérdida de un ser muy querido como era su hijo Jesús Piedra Ibarra.

Y podríamos poner aquí una larga lista de agraviados por estos sistemas políticos autoritarios que han regido en nuestro país y no han sido escuchadas esas voces. ¿Tiene que pertenecer uno a determinada clase social para que se legisle a favor de ellos? ¿Tiene que pertenecer uno a determinada clase social para que se ponga atención en los delitos y se plantee la máxima posible sanción a los responsables de los mismos? ¿Y cambiará esa máxima sanción el crecimiento de la criminalidad, de la violencia y la brutalidad que se vive en este momento en el país? La respuesta es no.

Es muy inadecuado que a mi compañero Jaime Cárdenas lo acusen de defender a secuestradores, cuando lo único que está planteando es que el Estado mexicano está obligado a tratar a los seres humanos como seres humanos, porque ésos que son criminales y que aquí se plantea con tanta fuerza son producto de este sistema económico, político y social.

Y muchos de los más grandes criminales que hay en el país están al frente de las responsabilidades públicas con absoluta impunidad, como el caso de García Luna, vinculado a secuestradores, por supuesto. Como el caso de Calderón, como el caso de Molinar Horcasitas y quedan impunes porque tienen el poder, porque tienen el dinero para comprar un juez. Las cárceles están llenas de pobres, están llenas de minorías, están llenas de indígenas, no están llenas de los verdaderos delincuentes que han bañado de sangre al país y que han generado esa proliferación de esos secuestros violentos, de esa brutalidad que tanto nos aterra a todos.

Porque efectivamente hoy nadie puede estar seguro, nadie puede estar tranquilo. Que se lo pregunten a la familia de Diego Fernández de Cevallos. Han desfilado aquí los empleados de Calderón y a todos les he preguntado dónde está Diego Fernández de Cevallos y la respuesta es el silencio. El dolor que tiene esa familia, al margen de las diferencias políticas que podemos tener con ese personaje, es evidentemente terrible y no podemos ser ajenos a ese problema.

Pero el que no seamos ajenos no justifica una ley absolutamente vengativa, absolutamente abusiva, que está pasando por encima de derechos humanos y garantías constitucionales.

Yo estoy convencido de que Calderón debería estar en la cárcel. Y si va a la cárcel, exigiría que fueran respetados en todo momento sus derechos y garantías constitucionales. Exigiría en todo momento que fuera tratado como ser humano, exigiría en todo momento que su dignidad humana no fuera lesionada porque estoy convencido de que lo que pedimos para otros lo estamos pidiendo para nosotros mismos.

Compañeros diputados, compañeras diputadas, estoy consciente —y termino con ello— de que ésta es una de las posiciones más difíciles que hemos tenido que defender los compañeros del Partido del Trabajo, pero no vamos a ser cómplices de una ley que está buscando venganza.

No vamos a ser cómplices de una ley que permite el avance de la derechización en la visión de los problemas sociales del país y no vamos a permitir que se esté presionando de esta manera a esta soberanía. Mi voto será, sin duda, en contra de esta ley que está siendo presentada.

Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Fernández Noroña.

Están inscritos en la lista de oradores los diputados Pablo Escudero Morales, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Teresa Incháustegui Romero, Óscar Martín Arce Paniagua y Arturo Zamora Jiménez, todos para hablar en pro de este dictamen.

Al concluir preguntaré si el tema está suficientemente discutido. Diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente.

Ante los posicionamientos de mi compañera de partido, Adriana Sarur y del maestro Benítez Treviño, que creo que han sido impecables, declino mi participación. Ojalá podamos pasar a votar esto de inmediato. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Pregunto al siguiente orador, diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, a nombre de la bancada de Acción Nacional, entiendo que hay algún turno que le corresponde a diputados, han sido posicionados por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, integrante de Acción Nacional, y también por un diputado de esta bancada. Lo más concerniente es, dado que es un tema muy trascendente y de tal importancia que, por lo menos los turnos previstos en Acción Nacional sean cedidos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado, por su declinación prudente y eficiente.

Pregunto a la siguiente oradora, que sería la diputada Incháustegui, si quiere hacer uso de la palabra. Gracias, diputada. Tiene usted el uso de la palabra, hasta por t minutos.

Diputado Zamora, usted sigue en el turno, ¿quiere usted decir algo?

El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): Sí, presidente. Es sólo para comentar que la posición que nosotros tenemos es a favor de esta iniciativa, a favor de la sociedad, a favor de la justicia y por esa razón, también declino de subir a la tribuna.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. En consecuencia, al concluir la diputada Incháustegui preguntaré si está suficientemente discutido.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero:Gracias, señor presidente.

Compañeras y compañeros, mi posición y también la de buena parte —espero— de mi bancada es a favor de esta iniciativa, por razones muy concretas.

El secuestro ha dejado de ser un delito que agraviaba solamente a un porcentaje muy reducido de la población y ha comenzado a ser un agravio en contra de un derecho fundamental que es el derecho a la libertad personal y a la integridad de cada persona.

Por tanto, creo que es importante una legislación que como ésta, actualiza diversas modalidades del secuestro que se están dando en nuestro país, como es el secuestro exprés y que victimiza a toda clase de mexicanos: estudiantes, comerciantes, y ya no solamente a este sector reducido que hace años atrás era el que podía estar sujeto a este tipo de delitos.

Además también prevé todo lo que es la intervención de familiares, personajes cercanos a las víctimas, que tampoco estaban considerados en la legislación anterior y que también se sabe por los casos de los secuestros que explican al menos el 20 por ciento de estos eventos. Por tanto, también actualiza toda esa parte.

Es cierto, como ha dicho aquí el diputado Jaime Cárdenas Gracia, y también el diputado Fernández Noroña, que esta legislación tiene aspectos punitivos en este enfoque de incrementar las penas y también tiene —dijéramos—  aspectos que son cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos, incluso de los propios delincuentes. Pero también considera la legislación aspectos que suponen una especie de piedad o de atenuantes en primodelincuentes, en delincuentes que no mutilen, en delincuentes que entreguen, secuestradores que entregan a su víctima, que no puedan concluir el crimen, y esto creo que es positivo.

No es la legislación que pudiéramos desear en todos los aspectos, pero desde la perspectiva en que responde a un problema emergente que victimiza ya a grandes cantidades de la población, sí es un instrumento que debemos adoptar y poner en práctica.

No hay ley buena per se, tenemos que una ley tiene que ser adecuada al problema al cual se está refiriendo, tiene que ser funcional desde el punto de vista jurídico y tiene que ser asumida por los actores que tienen que ponerlo en práctica.

Aquí se están poniendo en esta soberanía, con esta decisión, los elementos para probar si esta legislación va a servir y va a ser utilizada y va a hacer rendimientos positivos o no lo hará. Tendremos oportunidad de probarlo, pero la sociedad, la ciudadanía se merece de esta soberanía una respuesta, como la que da esta ley. Por eso es a favor mi voto. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Incháustegui.

Por favor, señora secretaria, consulte a la asamblea si el proyecto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, secretaria. Se encuentra suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trata.

Esta Presidencia informa a la asamblea que se ha reservado para la discusión en lo particular, el artículo 64 relativo al Código Penal Federal, reserva que hace el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

Por tanto, se pide a la Secretaría...

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Para reservar el artículo 9.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿De qué ley, señor diputado?

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): De la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda reservado entonces el artículo 9 de la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos relacionados con el Secuestro.

¿Alguna otra reserva diputado Cárdenas? Si es tan amable la Secretaría, ¿ya ha tomado nota de las reservas de los artículos del diputado Cárdenas o los enuncia el diputado, desde su curul? Sonido en la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Había, presidente, reservado el artículo 64, pero también me gustaría reservar el artículo 5o., que se refiere a la imprescriptibilidad de las acciones penales...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdón, diputado, ¿de qué ley?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): De la ley de antisecuestro. De la primera, presidente, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del Artículo 73. De esa ley es el artículo 5o., la imprescriptibilidad. El artículo 9o., 10 y 11 que se refieren a las penas.

El artículo que se refiere a los que no tienen beneficios, los sentenciados por estos delitos, que es el artículo 19.

Y el artículo 20, que se refiere a la vigilancia policial, por cinco años, una vez que concluye la condena, presidente. Esos son los artículos que deseo reservarme, y seguramente lo haré en una sola intervención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Por tanto, quedan reservados del Código Penal Federal, el artículo 64.

Y de la Ley General para la Prevención y Sanción de Delitos relacionados con el Secuestro, los artículos 5o., 9o., 10o., 11o., 19o. y 20o. Esos son los artículos reservados.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados del proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Agradecemos mucho la presencia en nuestra sesión de invitados del estado de Querétaro, invitados de la diputada Sandra Ugalde Basaldua. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Adelante, diputado, está abierto el sistema.

Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema electrónico de votación. Está abierto el sistema. Adelante, sigue abierto el sistema.

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Adelante, diputado De Esesarte. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? ¿No? Ciérrese el sistema de votación.

Diputado presidente, se emitieron 353 votos a favor, 8 en abstenciones y 4 en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 353 votos.

Esta Presidencia informa a la asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos contenidos en el proyecto de decreto, relativos a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro: el artículo 9o, por el diputado Miguel Ángel García Granados. Los artículos 5o., 9o., 10, 11, 19, 20, por el diputado Jaime Cárdenas Gracia, de la misma ley.

Por consiguiente, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Ángel García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Declino, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Declina el diputado García Granados su intervención. Por tanto, tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

Pregunto al diputado Cárdenas Gracia, si en esta misma intervención abordará el artículo 64 del Código Penal Federal.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Todo, señor presidente. Deme un poco más de tiempo, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, se le otorga más tiempo al diputado Cárdenas Gracia, hasta 7 minutos, para hacer uso de la palabra con sus reservas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Manifesté en mi primera intervención que entendía que este dictamen, esta ley que ha sido ya aprobada en lo general tiene elementos de derecho penal del enemigo, pero tal vez no expliqué con suficiencia cuáles son las características del derecho penal del enemigo.

Según Jakobs, los elementos del derecho penal del enemigo son tres: el adelantamiento de la punibilidad, como observamos, por ejemplo, en el artículo 55 del Código Penal que se acaba de votar. El segundo elemento son las penas desproporcionadamente altas, que establecen los artículos 9o, 10 y 11.

Hay que decir que casi ningún delito ni aún los del crimen organizado se van a sancionar como los delitos del secuestro.

En tercer lugar, que es una característica muy importante, según Jakobs, del derecho penal del enemigo, es la reducción o la relativización de las garantías procesales de los infractores.

Quiero decir en síntesis, fundando mi opinión en un maestro universitario de la UNAM, el maestro Carrancá y Rivas, don Raúl, que el derecho penal del enemigo podemos caracterizarlo como aquel que forma parte de un estado policíaco y no de un estado de derecho. Es un derecho penal máximo y no es un derecho penal garantista. No busca la reinserción social de las personas, sino el castigo. No es un derecho ordinario sino es un derecho de excepción y considera que los infractores no tienen dignidad.

Quisiera también aquí recordar aquella máxima del cristianismo y aquella máxima que es el primer imperativo categórico de Kant, que podemos resumir en una frase coloquial que decía: no quieras para otro lo que no quieras para ti. Es decir, cuando estamos en presencia de una norma jurídica y moral, aquella que ve y vela por el respeto de los derechos de todos. No quieras para otro lo que no quieras para ti. Creo que esa máxima no se está cumpliendo con esta ley aprobada en lo general.

Por lo que ve a las reservas concretas que hice, señor presidente, la del artículo 5o. de la Ley General Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 o Ley Antisecuestro, esta ley es la que establece este artículo, la imposibilidad de que estos delitos prescriban. Es decir, establece la imprescriptibilidad de la acción penal y de las sanciones.

Quiero decirles que en el derecho mexicano ni los delitos de lesa humanidad, como recordaba mi compañero Fernández Noroña, son imprescriptibles. Cuando el Senado de la República ratificó la competencia de la Corte Penal Internacional hizo declaración interpretativa, a fin de que los responsables de los hechos del 68 y del 71 no fueran llevados a la Corte Penal Internacional y se estableció que en esos supuestos no había imprescriptibilidad de esas conductas. En cambio en secuestro, que es un delito que no tiene nada que ver con los delitos de lesa humanidad, establece esta ley la imprescriptibilidad de las conductas delictivas.

La punibilidad a la que me he referido y que consta en los artículos 9o., 10o. y 11o., es una punibilidad que va en el tipo penal mínimo de 20 años hasta los 70 años de prisión, y que además relacionando esta punibilidad con el artículo 64 del Código Penal Federal, que establece que en materia de delitos de secuestro no existe concurso ideal de delitos sino concurso real, esto implicará seguramente cadena perpetua y será por tanto, violatorio del artículo 18 de la Constitución, que establece como obligación la reinserción, la rehabilitación de los sujetos activos del delito.

La reserva que hice al artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Secuestro tiene que ver con la privación de todos los beneficios. No tendrán los infractores libertad preparatoria, no habrá restitución. No habrá conmutación de pena. Esto implica una limitación de los derechos fundamentales de los sentenciados de estos delitos.

Por si faltara algo, el artículo 20 de la Ley Reglamentaria establece que una vez que se compurgan las sanciones donde no hay ningún beneficio ni ningún privilegio para los infractores, se establece la posibilidad de vigilancia policial hasta por cinco años. Todas estas normas, señores diputados, señoras diputadas, señor presidente, miembros de la Mesa Directiva, me parecen contrarias a los tratados de derechos humanos.

Ya la relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, nos acaba de decir recientemente que debemos derogar el arraigo. Yo creo que en los próximos años los organismos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas y de la OEA nos van a decir que esta ley que se está aprobando es una ley contraria a los derechos humanos. Es una ley vengativa, es una ley que ve por el castigo, pero que no ve por la reinserción social de las personas.

Quiero decirles también a muchos diputados y diputadas —que son diputadas de entidades federativas y diputados de entidades federativas— que es una ley que no respeta el espíritu federal del Estado mexicano. Que violenta el artículo 40 de la Constitución, porque su artículo 23 establece las principales competencias a la federación, tanto para prevenir como para investigar y para sancionar. Es decir, no es una auténtica ley general. Es una ley que federaliza el delito de secuestro y que violenta las competencias de las entidades federativas.

Por todo lo anterior, los artículos que me he reservado, así como lo hice en lo general, votaré en contra de ellos porque considero que violentan derechos humanos. Es una ley que castiga y que castiga severamente. Es una ley vengativa. Es una ley que no rehabilita al delincuente.

Nosotros como legisladores tenemos que ver por la sanción y por el castigo, sí. Pero también tenemos que ver por la rehabilitación de todos los infractores. El infractor no es responsable en lo individual; también lo es la sociedad, los miembros de esta sociedad que hemos creado una sociedad injusta, sin oportunidades para millones de personas. Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sonido en la curul del diputado Arce Paniagua. Diga usted, diputado.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua(desde la curul): Presidente, quiero dejar asentado —escuchando la reserva del diputado— que me parece mezquino venir aquí a tratar de defender una postura en favor de los delincuentes. Yo considero que los derechos de los delincuentes están plenamente plasmados en la Constitución General de la República, en los Códigos Penales, en las Leyes de Readaptación.

Si quieren modificar esas leyes para sus derechos, que las modifiquen. No es el tiempo ni el lugar ni la ley para hacerlo.

Adicionalmente a eso, no solamente estamos a favor de que sea imprescriptible el secuestro. Estamos a favor de que el homicidio también sea imprescriptible. Que el día, el lugar, la hora y los años en que los encuentren paguen por las culpas, por los daños que le hacen a la sociedad.

Hoy estamos fijando esta postura para que quede bien claro que no compartimos esa visión ni esas teorías.

Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): ¿Puedo contestar, presidente?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quisiera concederle el uso de la palabra, pero su intervención ha terminado. Si quisiera usted contestar desde su lugar, diputado, igualmente quedarán consignadas sus expresiones.

El diputado Arturo Santana Alfaro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Arturo Santana Alfaro(desde la curul): Sí, diputado, ver la posibilidad de subir a hablar a favor del dictamen, de los términos del dictamen, y que no se piense que no se quiere dar un debate jurídico en cuanto a los señalamientos de mi compañero y amigo, el diputado Cárdenas Gracia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para el efecto tendríamos que admitir la reserva para poder ponerla a discusión, por eso le he pedido al diputado tenga la amabilidad de contestar desde su lugar. Adelante, diputado.

El diputado Arturo Santana Alfaro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Santana, sonido en la curul del diputado Santana.

El diputado Arturo Santana Alfaro(desde la curul): Entonces, ver la posibilidad de realizar unas preguntas al diputado Cárdenas Gracia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El problema es que la intervención del diputado Cárdenas ha concluido. Pero si quiere usted consignar una expresión hágalo desde su lugar en menos de un minuto.

El diputado Arturo Santana Alfaro(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solamente decir en relación a los fundamentos, con mucho respeto al diputado Cárdenas Gracia, que las penas deben ser asequibles al daño causado.

No estamos hablando de cadena perpetua, no estamos hablando de pena de muerte sino de un castigo ejemplar que hoy por hoy no hemos registrado en la normativa penal de nuestro país.

Dice usted que las penas son desproporcionadamente altas. Por este fundamento que le acabo yo de fundamentar y que sí es un principio general del derecho, creo que las penas son proporcionales a la comisión de los diversos tipos penales que se especifican en esta ley federal que estamos aprobando.

En cuanto a la imprescriptibilidad creo que debe ser la excepción, porque todos sabemos del poderío económico de estas redes organizadas de la delincuencia organizada que con facilidad abandonan el país, regresan 10, 15 o 20 años después y vuelven a cometer el ilícito sin que se les castigue como es debido.

En cuanto al otorgamiento o no de beneficios, me parece que en la comisión especial que se va a formar para revisar esta ley, acordada en las Comisiones Unidas, se va a tocar el punto ya discutido en Comisiones Unidas, en relación a esta ley.

Todo tiene que ver con un asunto de una nueva normativa en materia de penas y medidas de seguridad, por lo que yo lo invito, diputado Cárdenas Gracia, a integrarnos a esta comisión y a aprobar en sus términos el presente dictamen. Gracias, diputado presidente, es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Primero, respecto de las consideraciones que hizo el diputado Arce, quiero decirle que miente, que es totalmente falso; que yo estoy a favor de sancionar el secuestro, pero desde luego no con esta ley, diputado Arce. Esta ley es contraria a derechos fundamentales y no vela por la reinserción social de las personas.

Si fuese una ley que viera también por la reinserción social y que castigara el secuestro, yo estaría de acuerdo con usted; pero considero que lo que usted señala es incorrecto, es falso, es una imputación incorrecta. Yo estoy a favor de sancionar el secuestro, pero no con una ley propia de un Estado policíaco.

En cuanto a lo que me dice mi amigo, el diputado Arturo Santana, quiero decirle que en esta ley las penas sí son desproporcionadas y si lo combinamos con lo previsto en el artículo 64 del Código Penal Federal, que se acaba de aprobar o se va a aprobar en lo general, que establece que en este tipo de delitos no se aplican las reglas del concurso ideal sino las reglas del concurso real, la suma de las penas en algunos casos podría implicar cadena perpetua y eso hace nugatorio totalmente el artículo 18 de la Constitución que prevé la reinserción social.

En cuanto a la imprescriptibilidad, diputado Santana, ni siquiera los delitos de lesa humanidad son en el derecho mexicano considerados imprescriptibles, aquellos en donde se elimina a un grupo humano por razones étnicas, por razones religiosas, por razones políticas, por esa declaración interpretativa que hizo el Senado de la República cuando se ratificó la competencia de la Corte Penal Internacional.

Entonces no comparto su punto de vista. Lo que sí acepto, con mucho gusto, es trabajar en una comisión, junto con usted y con diputados de distintos partidos para ponernos a reformar esta ley que se ha aprobado, para hacer una ley que sea consecuente con los derechos humanos y con la reinserción social.

Desgraciadamente en esta votación no voy a ir con usted; respeto sus puntos de vista, pero no los comparto, diputado Santana.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señores diputados. Tome nota la Secretaría y consígnense las expresiones de los señores diputados íntegras y como parte del cuerpo de este debate.

Por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por el diputado Jaime Cárdenas Gracia a los artículos 5, 9, 10, 11, 19 y 20 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y el 64 relativo al Código Penal Federal.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por el diputado Jaime Cárdenas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por  la negativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, son desechadas las propuestas presentadas por el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

En consecuencia, consulte la Secretaría si se encuentran suficientemente discutidos los artículos impugnados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos impugnados por el diputado Jaime Cárdenas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos impugnados, en términos del dictamen.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Votar a favor significa votar en los términos del dictamen.

Se informa a los señores y señoras diputadas que se encuentran con nosotros alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 4, Vidal Castañeda, de la UNAM, invitados por el diputado Sebastián Lerdo de Tejada. Bienvenidos, jóvenes estudiantes.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Adelante, sigue abierto el sistema para que puedan votar. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación.

Señor presidente, se emitieron 290 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Javier Corral, desde su curul si es tan amable. Sonido en la curul del diputado Corral.

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): Disculpe, presidente, se me pasó votar. A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:A favor el diputado Corral. Los diputados que faltaron de votar procederán a hacerlo de viva voz.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor(desde la curul): A favor.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa(desde la curul): A favor.

El diputado José M. Torres Robledo(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Corregido el cómputo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:A favor 295, rectificando, 3 en contra y 5 abstenciones, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados los artículos reservados por 295 votos a favor. En cuanto está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Informo a la asamblea que pasaremos a continuación a dos votaciones económicas: en primer lugar de los dictámenes de puntos de acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, y en segundo lugar un oficio que envía la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría con los puntos de acuerdo, que en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte, por favor, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, señora secretaria, proceda a dar lectura a los encabezados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública a cumplir la recomendación número 72/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a darle seguimiento

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1.El 10 de noviembre de 2009, el diputado Víctor Manuel Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo relativo al cumplimiento y seguimiento de la Recomendación número 72/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

2.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.

3. El 15 de diciembre de 2009, el diputado Víctor Manuel Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo para que el presidente de la república en cumplimiento de la Constitución, instruya al procurador general de la República y al secretario de Seguridad Pública, para que se conduzcan con pleno respeto a los derechos humanos de los inculpados ex funcionarios públicos michoacanos detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, así mismo para que se “instauren y desarrollen las acciones necesarias, a fin de atender la recomendación número 72/2009” emitida por CNDH.

4.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.

Finalidad de las proposiciones con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo de fecha 10 de noviembre de 2009 solicita que la Cámara de Diputados exhorte a la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, a fin de que cumplan plenamente con la recomendación número 72/2009 emitida por la CNDH, relativa a las quejas presentadas por familiares de los ex funcionarios públicos de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Asimismo, que la CNDH y el Grupo Plural den seguimiento a los procesos judiciales de los ex funcionarios públicos presuntamente vinculados a la delincuencia organizada y al cumplimiento de dicha recomendación en los términos de sus atribuciones y mandato respectivamente.

La proposición con punto de acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2009 solicita que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Presidente de la República a que, con fundamento en el artículo 87 de la Constitución, instruya al procurador General de la República y al secretario de Seguridad Pública, a efecto de que “instauren y desarrollen las acciones necesarias para atender la recomendación número 72/2009” emitida por CNDH.

Consideraciones

El 26 de mayo y el 29 de junio de 2009 elementos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército Mexicano, realizaron un operativo en el estado de Michoacán para dar cumplimiento a diversas órdenes de localización y presentación que fueron emitidas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR). Con base en ello detuvieron a varios funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán.

Como consecuencia del impacto público de dicho evento y como demanda de los familiares de los inculpados y del Colectivo de Derechos Humanos e Michoacán se constituyeron: una Comisión Especial en el Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, un Grupo Plural de Seguimiento en la Cámara de Senadores y en fecha 20 de octubre de 2009 la Junta de Coordinación Política, creó el Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, que se instaló el 29 del mismo mes.

A la fecha, el Grupo Plural ha realizado reuniones con los ex funcionarios en los centros penitenciarios, con sus familiares, abogados defensores, legisladores locales, órganos jurisdiccionales, presidentes de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales de Michoacán de Ocampo.

Por otra parte, los familiares de los inculpados presentaron diversas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que fueron turnadas a la CNDH, quien emitió la recomendación número 72/2009 el 30 de abril de 2009.

En dicho documento, en el apartado de observaciones la CNDH acreditó lo siguiente:

• Violaciones a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia, defensa adecuada y debido proceso, derivadas de los cateos practicados sin orden emitida por autoridad competente y dilación de su puesta a disposición ante la autoridad ministerial en perjuicio de los agraviados.

• Violaciones al derecho a la legalidad, atribuibles a servidores públicos de la entonces PFP, consistentes en allanamientos de diversos edificios públicos del estado de Michoacán.

• Violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, consistentes en dilación para poner a los agraviados a disposición de la autoridad ministerial, atribuibles a servidores públicos de la entonces PFP.

• Violaciones a los derechos de presunción de inocencia, defensa y debido proceso, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO de la PGR.

Dilación en los procesos de los inculpados para ejercer su defensa adecuada, en la que han incurrido los jueces primero y segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, toda vez que no se les permitió acceso a la acusación sino hasta semanas después de dictado el auto de formal prisión. Además de que constantemente se han diferido las audiencias de ampliación de declaración de los testigos protegidos ofrecidos por la PGR.

Inefectividad del derecho al debido proceso legal y, con ello, de las prerrogativas que a favor de los indiciados establece el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política. Por lo cual, mediante oficios números 43635 y 48440 del 17 de septiembre y 12 de octubre de 2009 respectivamente, se dio vista a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que, de ser el caso, sean resarcidos en el goce de las garantías que les fueron conculcadas y, sobre todo, se les garantice una pronta y expedita impartición de justicia.

Además, la CNDH expresó su preocupación de que las declaraciones de los testigos con los nombres clave Ricardo, Paco y Emilio no se encuentran sustentadas con otros medios de prueba o de convicción y que el juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, les haya otorgado pleno valor probatorio y que con base en dichas testimoniales haya determinado sujetar a los inculpados a proceso.

En virtud de lo anterior, también consideró que debe hacerse efectivo el ejercicio pleno de las garantías procesales y evitar la criminalización de personas sobre las que no existen elementos suficientes para hacer probable su responsabilidad.

Por lo expuesto, la CNDH emitió las siguientes recomendaciones:

Al procurador general de la República:

“Primera. Se giren instrucciones a efecto de que se repare el daño ocasionado a los agraviados, por medio de apoyo psicológico, médico y de rehabilitación necesarios, que permitan el restablecimiento de la condición física y psicológica en que se encontraban antes de la violación a sus derechos humanos, debiéndose informar a esta Comisión Nacional sobre el resultado de las mismas.”

”Segunda. Gire instrucciones a quien corresponda para que a la brevedad se les brinde el auxilio a las víctimas y testigos de los hechos narrados (...) y se tomen medidas de seguridad correspondientes para evitar que se rea-lice algún acto de intimidación o represalia en su contra, debiéndose informar en su momento respecto de las acciones que en su caso se adopten para tales efectos.

”Tercera. Se instruya a la representación social de la Federación para que inicie averiguación previa en contra de los servidores públicos adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, involucrados en los hechos que dieron origen al presente asunto, debiéndose informar a esta Comisión Nacional sobre el trámite que se le dé a dicha investigación ministerial, durante su integración y perfeccionamiento legal y hasta su determinación.

”Cuarta. Se dé vista al titular del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente en contra de los servidores públicos adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en México, Distrito Federal, por las consideraciones expuestas (...) y se informe a la Comisión Nacional desde el inicio de la investigación hasta la conclusión del procedimiento respectivo, así como de la resolución que se emita.

”Quinta. Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se fomente en todos los servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la integración de averiguaciones previas la imperiosa necesidad que tiene la institución del Ministerio Público de ajustar sus actuaciones estrictamente a los lineamientos establecidos en la legislación penal que regula el orden jurídico mexicano; ello, a través de cursos de capacitación y actualización que les permita actuar en el ejercicio de sus funciones con la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que les exige ese servicio.

”Sexta. Se tomen las medidas adecuadas para garantizar que el derecho a la presunción de inocencia se haga efectivo a todas las personas que se encuentren en situaciones similares a las de los agraviados (...) con el propósito de impedir que las personas sean privadas de la libertad sin ejercer su derecho de defensa de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento.

”Séptima. Gire sus instrucciones a efecto de facilitar la práctica de diligencias y garantizar el derecho a la presunción de inocencia de los indiciados, así mismo evitar obtener pruebas o realizar diligencias al margen de la ley.

”Octava. Gire sus instrucciones afecto (sic) de que a las personas que sean detenidas se les informen los motivos de la misma (sic) y su derecho a guardar silencio, así como todos aquellos derechos que le asisten, de igual forma se les faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

”Novena. Gire sus instrucciones afecto (sic) de garantizar que se le haga efectivo a los indiciados el derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención, tal y como lo dispone el texto constitucional.”

Al secretario de Seguridad Pública:

“Primero. Se giren instrucciones a efecto de que se resarzan los daños ocasionados con motivo de los cateos ilegales que practicaron servidores públicos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva, en los domicilios de los señores Citlalli Fernández González, Gabriel Mariano Gaona y Lorenzo Rosales Mendoza, debiéndose informar a este organismo nacional sobre el resultado de las mismas.”

”Segunda. Se dé vista al procurador general de la República, de las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones (...) para que se inicie averiguación previa en contra de los elementos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva que participaron en los hechos cometidos en perjuicio de los agraviados, informando este organismo nacional desde su inicio hasta la determinación respectiva.

”Tercera. Se dé vista al titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente en contra de los servidores públicos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva involucrados en los hechos que dieron origen al presente asunto, por las consideraciones expuestas en el capítulo de observaciones (...) y se informe esta Comisión Nacional desde el inicio de la investigación hasta la conclusión del procedimiento respectivo, así como la resolución que se emita.

”Cuarta. Se establezcan cursos de capacitación y evaluación para los elementos de la Policía Federal relacionados con la implementación de operativos derivados de la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que garanticen el respeto de la vida, la integridad corporal, la dignidad, la libertad, el patrimonio de las personas, y privilegien el empleo de medidas no violentas, enmarcados dentro del respeto a los derechos humanos, a fin de evitar la repetición de actos como los que dieron origen al presente documento.

”Quinta. Gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto que se adopten las medidas correspondientes a efecto de garantizar que las personas que sean detenidas en los operativos que intervengan los elementos de la Policía Federal, sean puestas a disposición de inmediato ante la autoridad competente debiéndose informar en su momento, respecto de las acciones que en su caso se implementen para tales efectos.”

Como primera reacción, las autoridades federales solicitaron una prórroga para contestar a la recomendación y posteriormente, tanto la PGR como la SSP, dieron aceptación mediante los oficios: PGR/692/09 de fecha 13 de noviembre de 2009, y SSP/CGA/06881209 de fecha 2 de diciembre de 2009, respectivamente. Sin embargo, dicha aceptación sólo fue parcial como se puede corroborar en los propios oficios de respuesta y en el seguimiento que a la fecha realiza la CNDH.

Por otra parte, el titular de la CEDH consideró que “el Ministerio Público no contaba con elementos suficientes para proceder en contra de los presuntos responsables”, y se hizo un “uso excesivo de los testigos protegidos ”, “con pruebas de escritorio que fácilmente pueden ser elaboradas para el uso y alcance de la voluntad unilateral de sus redactores”. También aseguró que “el personal de la SIEDO actuó con manipuleo”, con “uso indebido de varias figuras jurídicas que desvirtúan su propia naturaleza, toda vez que los inculpados fueron aprehendidos con una aparente orden de localización y presentación, para dictarles un acuerdo de retención; después arraigarlos y finalmente realizar la consignación ante el juez”.

A posteriori ha quedado evidente que los eventos conocidos coloquialmente como el Michoacanazo, se dieron en un contexto de violación a los derechos humanos de los inculpados, como lo afirmó en su momento la CNDH, la CEDH y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. En él quedó claro el abuso y lo endeble de los procedimientos  y acciones de la PGR y de la SSP, pues basta saber que a la fecha, de los 35 inculpados privados de su libertad por delitos contra la salud y la delincuencia organizada, sólo quedan 7. Los 28 restantes han sido liberados porque no se les comprobó la presunta culpabilidad; son y fueron inocentes  y ni una disculpa han merecido por parte de la autoridades federales.

Por ello, las y los diputados de esta Comisión concordamos con el  diputado proponente, de que es justo y necesario exhortar respetuosamente a la PGR y a la SSP a que cumplan en su totalidad las recomendaciones que emitió la CNDH, en relación al tema que comentamos, así como, que el Grupo Plural de Trabajo integrado por diputados federales para el caso, de seguimiento conjuntamente con la CNDH al cumplimiento de la recomendación número 72/2009.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, esta Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al procurador General de la República y al secretario de Seguridad Pública federal a cumplir con el marco jurídico en materia de derechos humanos de los inculpados, ex funcionarios públicos michoacanos, y; exhorta a ambos funcionarios a que den cumplimiento efectivo a la recomendación número 72/2009 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en especial con los aspectos relacionados con la reparación del daño.

Notas:

1 Dada la importancia de la recomendación que comentamos se resumen algunos de sus párrafos respetando el sentido del documento original. El texto íntegropuede consultarse en : http://www.cndh.org. mx/recomen/recomen.asp

2 Oficio de fecha 27 de noviembre de 2009 enviado al Diputado Rubén Moreira Valdez en el que el presidente de la CEDH informa sobre los hechos ocurridos el 26 de mayo y 25 de junio de 2009 en Michoacán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de septiembre de 2010.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosi Orozco, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»

ESTADO DE DURANGO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango a rendir un informe relativo a la situación de éstos en los centros penitenciarios de la entidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. El 17 de marzo de 2010, el diputado Bonifacio Herrera Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a investigar e inspeccionar, por conducto de la visitaduría correspondiente sobre violaciones de los derechos humanos en los penales de Durango.

2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para estudio y dictamen.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

Que la CNDH lleve a cabo una investigación e inspección de los penales del estado de Durango a efecto de determinar la posible violación de las garantías individuales durante los hechos de violencia al interior de estos centros penitenciarios, particularmente a partir de noviembre de 2008.

Consideraciones

Desde noviembre de 2008 se han documentado en diversos diarios del país, motines y riñas dentro de los penales de Durango, y otros hechos violencia fuera de los penales que tienen conexidad con los primeros.

El promovente describe, en su exposición de motivos, estos acontecimientos, destacando el ocurrido el 21 de enero de 2010, en el que se suscitó una riña colectiva en el Centro de Readaptación Social número 1 de Durango, que dejó un saldo de 24 internos asesinados.

Las autoridades de los centros penitenciarios están obligadas al cumplimiento del marco jurídico y al respeto a los derechos humanos relativos a las condiciones de vida digna en la prisión, legalidad y legitimidad en la aplicación de sanciones y medidas disciplinarias, a garantizar la seguridad e integridad física y la vida de los internos.

En este contexto, para resolver los problemas de violencia, es indispensable aplicar los ordenamientos legales para el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios, en particular la Ley sobre las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de los Sentenciados, así como el conjunto de instrumentos internacionales en materia de tratamiento de los reclusos.

Toda persona privada de la libertad goza de iguales derechos que cualquier otra que se encuentre en libertad, tales como la vida, la salud, la integridad física y psicológica, salvo los explícitamente afectados por la ley, entre ellos los derechos políticos. Cualquier acción u omisión por parte del personal de reclusorios o de los internos, con mandato expreso, permiso, conocimiento o consentimiento de la autoridad, que dañe o ponga en peligro el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad, constituyen violaciones de derechos humanos.

Tomando como base el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmado el 23 de septiembre de 2003, y ratificado el 11 de abril de 2005 por el Estado mexicano, y en atención a lo dispuesto en el artículo 6 fracción XII de su ley, la CNDH diseñó el Programa para el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria el cual tiene como finalidad inspeccionar todos los centros de reclusión del país.

Por otra parte, la CNDH firmó un convenio de colaboración con las comisiones estatales de derechos humanos, para que éstas supervisaran los centros penitenciarios correspondientes a su respectiva entidad federativa.

Así, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Durango inició en mayo de 2010 la supervisión en los centros penitenciarios de ese estado para obtener la valoración de las condiciones en que se encuentran las personas que por diversas circunstancias están privados de su libertad.

Esta supervisión consistió en revisar la situación jurídica de los internos, la garantía de una estancia digna y segura en prisión, y la garantía a su integridad física dentro de las instituciones penitenciarias.

Una vez concluida la supervisión a los centros penitenciarios, en junio de 2010, los resultados de esta valoración fueron enviados a la CNDH, encargada de este programa para que una vez que obtenga el resultado de todas las comisiones estatales pueda determinar oficialmente en qué condiciones se encuentran los reclusorios del país en materia de derechos humanos.

Considerando que los hechos aludidos en la exposición de motivos del diputado Bonifacio Herrera Rivera corresponden a la circunscripción del estado de Durango, estimamos conveniente modificar el acuerdo para exhortar a la CEDH de Durango para que rinda un informe sobre la situación de derechos humanos que prevalece en los centros penitenciarios de esa entidad federativa, toda vez que este organismo estatal cuenta, en primera instancia, con la información.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 1o. de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de Libertad del estado de Durango corresponde al Ejecutivo, por conducto de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, la supervisión e inspección de los establecimientos penitenciarios de su estado.

Es por ello que también estimamos necesario incluir en otro punto un exhorto al titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del estado de Durango a efecto de que rinda un informe de las medidas adoptadas para prevenir otros acontecimientos de violencia como los descritos en la exposición de motivos del punto de acuerdo del diputado promovente.

Por lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango rendir un informe relativo a la situación de los derechos humanos en los centros penitenciarios de ese estado.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Durango a informar sobre las medidas desarrolladas para prevenir los hechos de violencia dentro de los centros penitenciarios de ese estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de septiembre de 2010.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente; Sabino Bautista Concepción, Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Rosa Adriana Díaz Lizama, Clara Gómez Caro, Rosi Orozco, Enoé Margarita Uranga Muñoz, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Martín García Avilés, Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores, Héctor Hernández Silva, Juan Pablo Jiménez Concha, Silvia Isabel Monge Villalobos, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Silvia Esther Pérez Ceballos, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Gloria Romero León, Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbricas).»

MINA 8 EN PASTA DE CONCHOS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a aceptar la recomendación número 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto al caso de la mina Pasta de Conchos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. El 25 de febrero del 2010, los diputados Francisco Hernández Juárez y Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una proposición con punto de acuerdo, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se exhorta al procurador general de la República a aceptar la recomendación número 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición se relaciona con el accidente ocurrido en la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero del 2006, en el que fallecieron 65 mineros que ahí laboraban. Menciona que las viudas y los familiares han acudido a instancias nacionales e internacionales con el propósito de lograr el rescate de los cuerpos y la sanción de los responsables del accidente en la mina.

Los diputados proponentes hacen referencia a la averiguación previa número 20/UEIDCSPCAJ/2007, presentada “ante el Ministerio Público de la Federación para determinar las probables responsabilidades de servidores públicos adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por las omisiones y negligencias en que habrían incurrido al faltar en su deber de inspeccionar las condiciones de seguridad e higiene y de tutelar la vida de los trabajadores de la mina Pasta de Conchos”.

También mencionan que la “Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, ha establecido en su recomendación número 64/2008 que el Ministerio Público de la Federación no actuó con diligencia para la pronta y debida procuración de justicia [toda vez] que era necesario que ingenieros en minería realicen un peritaje de la mina 8 que incluya las condiciones de operación y seguridad al momento y antes del siniestro; además [de] un peritaje de química forense, a fin de buscar e identificar sustancias explosivas”.

Resaltan los diputados que “el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó al director general de Servicios Periciales que requiriera la participación de profesionistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, sin que exista hasta hoy, respuesta alguna de la citada dirección”.

Por lo antes mencionado, los proponentes consideran la necesidad de que en la indagatoria número 20/UEIDCSPCAJ/2007 se realicen las diligencias que aún se encuentran pendientes.

Al efecto, la Comisión de Derechos Humanos presenta el dictamen de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

En el informe final de la Comisión Especial para conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos, aprobado en la Legislatura LX de esta Cámara de Diputados, se concluyó la presunta responsabilidad de funcionarios de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Economía, y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por negligencia, así como la del Grupo Industrial Minera México, por incumplimiento de normas laborales y de seguridad e higiene.

También destaca que en la averiguación previa número 20/UEIDCSPCAJ/2007, radicada ante el Ministerio Público Federal, existen diligencias pendientes por realizar que podrían determinar las responsabilidades correspondientes, particularmente de aquellas que permiten identificar las causas del siniestro y que fueron solicitadas por los peritos oficiales de la Procuraduría General de la Republica (PGR).

Entre las conclusiones del informe final de la comisión especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 4 de octubre del 2007, se señala:

1. [Que] se comprobó la hipótesis establecida como suceso provocado, originado por negligencia y omisión, y se establece la responsabilidad...

...

9. Que es responsable también la Delegación Federal del Trabajo en el estado de Coahuila, en la muerte de los mineros de Pasta de Conchos.

...

10. Que existe responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de Economía, de incumplimiento de sus deberes, siendo aplicables las sanciones que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 109 y 110, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos, el Código Penal Federal y la legislación aplicable.

Por lo que corresponde a las propuestas y acciones, se establece lo siguiente:

2. Exigir a la Procuraduría General de la República la aplicación del artículo 60 del Código Penal Federal, considerando la justificante establecida en el primer párrafo del artículo 414, a los responsables de homicidio culposo, tanto de la empresa IMMSA como de General de Hulla, así como la suspensión o la prohibición definitiva de derechos para ejercer profesionalmente al personal responsable de estas empresas, establecida en la segunda parte del primer párrafo del artículo 60 del mismo ordenamiento...

3. La aplicación rigurosa del Código Penal Federal, en el caso de los funcionarios públicos, por el ejercicio indebido de servicio público...

...

6. La aplicación del Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal, la Ley del Seguro Social [...], y demás ordenamientos aplicables, a la Empresa Industrial Minera México, SA, y a General de Hulla, en materia de evasión fiscal, defraudación y lo que resulte, debido a la inscripción de los trabajadores con salarios cuyas cantidades eran menores a las que percibían, así como a las diferencias salariales aplicables en beneficio propio y con daño a las instituciones y a los trabajadores, como también al servidor público que en ejercicio de sus funciones hubiese participado de cualquier forma, omisión o negligencia, en la comisión del delito, de acuerdo al artículo 317 de la Ley del Seguro Social. Produciendo un daño al IMSS y al país. Esto de conformidad a lo declarado por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Juan Molinar Horcasitas, en su comparecencia antes esta comisión especial...

...

8. Exigir a la Procuraduría General de la República la garantía de la reparación del daño de conformidad con la tesis jurisprudencial, que refiere a establecer el quantum en ejecución de sentencia. Elevada esta pena criminal pública, esto es, derivada de un delito, y que proporcionada a la gravedad de éste, está sujeta a variaciones en su quantum según el aspecto subjetivo del acto punible y la culpabilidad del delincuente [...] estableciendo que fijar el monto de la reparación del daño tomando en cuenta lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo se estaría ante la presencia de una pena fija, lo cual, para efecto de las penas, sería inconstitucional, como reiteradamente ha sostenido la Suprema Corte de Justica de la Nación, visto que las penas deben ajustarse al caso específico, valorando los hechos y las circunstancias del acto delictivo y las circunstancias personales del sentenciado.

Por otra parte, cabe mencionar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2008 “determinó la inhabilitación y la destitución de cuatro servidores públicos, por un periodo de un año, al haberse encontrado omisiones en el cumplimiento de sus funciones”. También determinó “dar vista a la Procuraduría General de la República para que, de acuerdo a las atribuciones y facultades legales de esa dependencia, determine lo conducente en lo que concierne a las investigaciones realizadas”.

La SFP en su resolución “detectó que [los servidores públicos] incurrieron en responsabilidad administrativa al efectuar inspecciones de seguridad de manera inadecuada y no dar seguimiento al resultado”.

En este mismo orden, la CNDH señala que el entonces procurador general de la República, licenciado Eduardo Medina Mora, mediante oficio número PGR/0 B, del 14, de enero del 2009, expresó la no aceptación a la recomendación de mérito.

Sin embargo, el Ministerio Público, a pesar de tener el monopolio de la acción penal, ésta no es incondicional ni absoluta, sino que se encuentra limitada por los requisitos y formalidades establecidos en las leyes, con el propósito de evitar que algún delito quede, injustificadamente, sin persecución. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el siguiente criterio jurisprudencial (registro 197233):

Acción penal. Las resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de aquélla son susceptibles de violar garantías individuales y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo [...] En términos del artículo 21, párrafo primero, constitucional, el Ministerio Público, en su carácter de representante social, es el que se encuentra legitimado para ejercer la acción penal; sin embargo, no constituye un poder o prerrogativa que pueda ejercer a su libre arbitrio [...] En ese orden de ideas, la negativa sobre el ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, cuando resultan injustificados, violan en perjuicio del denunciante, querellante, víctima del delito o de los familiares de ésta, o del interesado legalmente en la persecución del delito, la garantía de seguridad jurídica consagrada en la reforma al artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política. Además, es patente que tales determinaciones afectan los intereses jurídicos de la sociedad y, por ende, del ofendido, persona que ha resentido directa o indirectamente la conducta calificada como delito, en especial, al privarle de la posibilidad de obtener la reparación del daño, por lo que es éste, por sí, por medio de sus representantes o, en su caso, sus sucesores, el legitimado para ejercer al respecto la acción de garantías.

Bajo este tenor, el tema central en la indagatoria número 20/UEIDCSPCAJ/2007, como se señala en la recomendación número 64/2008, lo constituyen los planteamientos de los peritos oficiales de la procuraduría federal para solicitar la intervención de expertos en materia de minería, con el propósito de contar con evidencias que permitan conocer de manera fehaciente las causas de la explosión y, por ende, del fallecimiento de los 65 mineros.

Al respecto, es importante destacar el derecho a la verdad que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó, de conformidad con los principios y normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, el cual contempla la potestad que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos para saber la verdad acerca de las circunstancias que, en el caso que nos ocupa, provocaron el fallecimiento de los 65 mineros en Pasta de Conchos.

Sumado a lo anterior, existe el derecho colectivo que posee la sociedad para conocer en forma veraz, transparente y objetiva, los hechos, los motivos y las circunstancias relacionados con la comisión de delitos, a fin de evitar que puedan reproducirse en el futuro.

En el caso concreto, resulta indispensable citar el derecho a la verdad que argumentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana, dentro del caso de Barrios Altos, Perú:

El derecho a la verdad está basado en los artículos 8 y 25 de la convención, por cuanto ambos son “fundamentales” en el establecimiento judicial de los hechos y circunstancias que rodearon la violación de un derecho fundamental. Además [...] este derecho está fundado en el artículo 13.1 de la Convención, por cuanto reconoce el derecho a buscar y recibir información [...] en virtud de este artículo, es una obligación positiva del Estado garantizar la información esencial para la protección de los derechos de las víctimas, garantizar la transparencia en el gobierno y la protección de los derechos humanos.

En el ámbito internacional se ha determinado que el derecho a la verdad implica para los gobiernos, no sólo el deber de admitir y satisfacer el derecho a solicitar información, sino que además en la obtención de ésta, se considere el derecho de las víctimas para conocer las causas y condiciones que hayan sufrido, los progresos y resultados de las investigaciones emprendidas, así como las circunstancias y motivos de los hechos. Y en caso de fallecimiento o desaparición, la suerte y el paradero de las víctimas, así como la responsabilidad de los presuntos autores.

Al respecto, los integrantes de esta comisión consideramos de suma importancia que el órgano procurador de justicia federal acepte la recomendación 64/2008 de la CNDH, en virtud de la afectación que han sufrido en su esfera jurídica, las víctimas y ofendidos del siniestro ocurrido en Pasta de Conchos, quienes han resentido la conducta de los hechos señalados en la averiguación previa número 20/UEIDCSPCAJ/2007.

Por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al procurador general de la República a aceptar la recomendación número 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa al caso de la mina Pasta de Conchos.

Notas:

1 LX Legislatura, Diario de los Debates, año II, primer periodo.

2 Secretaría de la Función Pública, comunicado de prensa, 13 de febrero de 2008.

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe de actividades correspondiente a 2009,página 452.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente; Sabino Bautista Concepción, Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Rosa Adriana Díaz Lizama, Clara Gómez Caro, Rosi Orozco, Enoé Margarita Uranga Muñoz, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Martín García Avilés, Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores, Héctor Hernández Silva, Juan Pablo Jiménez Concha, Silvia Isabel Monge Villalobos, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Silvia Esther Pérez Ceballos, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Gloria Romero León, Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbricas).»

DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc a aceptar y cumplir la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica; y 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el siguiente dictamen

Antecedentes

1. El 1 de diciembre de 2009, la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó proposición con punto de acuerdo, suscrita también por Silvia Pérez Ceballos, Sonia Mendoza Díaz, Tomasa Vives Preciado, Agustín Castilla, Marcela Torres, Gloria Romero León, María de la Paz Quiñones Cornejo, Ignacio Téllez González, Gerardo De los Cobos, Leoncio Morán Sánchez, Ivideliza Reyes, Gregorio Hurtado y Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN, así como Rosario Brindis Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

En la proposición se plantea exhortar al jefe delegacional en Cuauhtémoc a aceptar y cumplir la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), relativa a los derechos de la niñez, a un nivel de vida adecuado, en particular de la niñez, a una vida libre de violencia y a no ser sometido a esclavitud o servidumbre.

Asimismo, exhorta al procurador general de Justicia del Distrito Federal a intensificar, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, las acciones que ha realizado a fin de instaurar una campaña integral contra la explotación sexual infantil y la trata de personas en el Distrito Federal, a la vez que reconoce su actividad gubernamental en la materia.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la fecha de la sesión, turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición en estudio expone la problemática que hay en el país para erradicar la explotación sexual infantil y trata de personas con fines sexuales. Para ello, refiere la necesidad de que se apliquen políticas de Estado que prevengan y sancionen la trata.

De manera particular, señala que la CDHDF emitió la recomendación número 14/2009, dirigida a la delegación Cuauhtémoc, entre otras autoridades; señalando al efecto:

1. Que... organice una audiencia vecinal para tomar la opinión y sugerencias de los vecinos de las colonias afectadas (...) como insumo necesario para elaborar y ejecutar el programa de trabajo referido.

2. [Que] elabore, en consulta con las y los vecinos (...) un programa de mejoramiento urbano que favorezca mayores condiciones de seguridad y dignidad.

3. [I]nstaure, en consulta con esta Comisión y con las y los vecinos de las colonias afectadas (...) un taller de atención para niños, niñas y adolescentes, de manera que puedan tener tratamiento y apoyo social y psicológico para procesar el contexto de violencia que han padecido. Dicho taller deberá tener como base un trabajo social enfocado en la no violencia, la educación en derechos humanos y los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

4. [E]labore un programa interinstitucional detallado de atención integral, coordinada y proactiva que, con perspectiva de derechos humanos y equidad de género,... tenga como objetivo principal ofrecer alternativas a la práctica de la prostitución, a través del ofrecimiento de apoyo social, educativo, económico, jurídico, de salud física y psicológica, así como oportunidades laborales diferentes al comercio sexual a quienes, por la razón que sea, actualmente ejercen la prostitución en las colonias Buenavista, Guerrero, San Rafael, Santa María la Ribera y Tabacalera.

5. Que denuncie y dé puntual seguimiento (...) ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la presunta comisión de delitos relacionados con la explotación sexual comercial de adultos e infantil en la delegación Cuauhtémoc y que provea lo necesario para la atención inmediata de las posibles víctimas de dicha práctica.

6. Que solicite (...) la investigación de las responsabilidades [de] los funcionarios públicos involucrados en esta investigación.

Consideraciones

El artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño señala diversas garantías efectivas en favor de la infancia, entre las que se encuentra la obligación de que los Estados parte adopten todas las medidas administrativas, sociales y educativas que se requieran para proteger a los niños y a los adolescentes contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Esas medidas deben comprender procedimientos eficaces para el establecimiento de programas que garanticen el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, se requiere la participación e intervención de todas las autoridades para lograr una exhaustiva y efectiva atención de la problemática señalada.

La Carta Democrática Interamericana reconoce que un ambiente sano es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad política. Sin embargo, el país aún no puede considerarse un Estado libre de violencia, particularmente la que se refiere a mujeres e infantes.

Un Estado que aspira a ser democrático debe instaurar procedimientos de política pública que, de manera integral, incidan directamente en el disfrute de una vida adecuada, la cual deberá contener las condiciones básicas y suficientes para que los habitantes del país se desarrollen sana y dignamente en todos los ámbitos.

Al respecto, la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de la CDHDF informó que el jefe delegacional en Cuauhtémoc no aceptó la recomendación de mérito.

La diputada Rosi Orozco presentó el 4 de marzo del año en curso otra proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a diversas autoridades de los distintos ámbitos y niveles de gobierno a redoblar los esfuerzos en el combate de la explotación sexual infantil y la trata de personas y, en ese sentido, capacitar constantemente a su personal.

En la misma sesión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó como de urgente y obvia resolución la proposición mencionada en el párrafo que antecede.

La Comisión de Derechos Humanos tiene interés en que se proteja el interés superior del infante y de los adultos sometidos a la explotación de su cuerpo.

Por tanto, apoyamos la intención de la diputada proponente para que la autoridad delegacional acepte la recomendación número 14/2009, de la CDHDF, toda vez que su alcance y contenido representan un gran avance en las tareas que todos debemos realizar para enriquecer y fortalecer la protección que debe brindarse a las víctimas de esos delitos.

En tal virtud, resulta fundamental que las autoridades respeten de manera absoluta e íntegra los derechos humanos, además de considerar que el combate del delito constituye uno de los elementos fundamentales para consolidar un Estado democrático.

Y en consecuencia, incrementar procedimientos que permitan realizar de manera coordinada acciones que combatan y erradiquen la explotación sexual comercial infantil, así como actos que propicien y consoliden el sano desarrollo de las personas, nunca serán innecesarios.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe delegacional de Cuauhtémoc, Agustín Torres Pérez, a aceptar y cumplir la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Segundo. Se solicita respetuosamente al procurador general de Justicia del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, que informe a la Cámara de Diputados acerca de las acciones que ha realizado la dependencia a su cargo en materia de erradicación de la explotación sexual infantil y la trata de personas en el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2010.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Rubén Ignacio Moreira Valdez, presidente; Sabino Bautista Concepción, Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Clara Gómez Caro, Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco, Enoé Margarita Uranga Muñoz, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Martín García Avilés, Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores, Héctor Hernández Silva, Juan Pablo Jiménez Concha, Silvia Isabel Monge Villalobos, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Silvia Esther Pérez Ceballos, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Gloria Romero León, Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbricas).»

En votación económica se pregunta si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan aprobados, comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Junta de Coordinación Política.

OBESIDAD Y DESNUTRICION

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle comunicar a la asamblea los nombres de los diputados integrantes del Grupo Plural de trabajo que dé seguimiento a la problemática sobre obesidad y desnutrición que afecta a la población de nuestro país, aprobado por el pleno el 5 de octubre del año en curso:

María Elena Perla López Loyo (PRI), presidenta; Yolanda de la Torre Valdez (PRI), Juan José Cuevas García (PAN), Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN), Mary Telma Guajardo Villareal (PRD), Heladio Gerardo Verver Vargas Ramírez (PRD), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Eduardo Ledesma Romo (PVEM), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (PT), María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza), Cora Pinedo Alonso (Nueva Alianza), Laura Arizmendi Campos (Convergencia), Laura Piña Olmedo (Convergencia).

Sin más por el momento, quedo de usted,

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.— Diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La asamblea ha quedado debidamente enterada, comuníquese.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame usted, señor diputado. Diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Antes de que den a conocer el orden del día de la próxima sesión, diputado presidente, sólo quiero decirle que hoy otra vez no vino el diputado César Nava.

Quiero que quede constancia de su falta. Quiero que quede constancia de que cobra y que con lo que cobra parece que le alcanza para comprar departamentos de 15 millones de pesos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 12 de octubre de 2010.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 15:49 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 12 de octubre a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

————— O —————

RESUMEN DE TRABAJOS • Tiempo de duración: 4 horas 44 minutos • Quórum a la apertura de sesión: 259 diputados • Asistencia al cierre de registro: 456 diputados • Minuto de silencio: 1 • Diputado que solicita licencia: 1 • Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 1 • Oradores que participaron: 75 PRI                      14PAN                     21PRD                     22PVEM                  4PT       12Convergencia       2 Se recibió o presentó: • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados: • 2 iniciativas de senadores del PRD; • 5 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite los siguientes acuerdos con relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011; • 17 proposiciones con puntos de acuerdo; • 2 proposiciones con puntos de acuerdo aprobados; • 1 oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que se informa de los integrantes del Grupo Plural de trabajo para dar seguimiento a la problemática de obesidad y desnutrición que afecta a la población de nuestro país Dictámenes de primera lectura: • 1 de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; • 1 de la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995; • 1 de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Dictámenes aprobados: • 1 de las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; • 1 de la Comisión de Derechos Humanos con puntos de acuerdo relativos a proposiciones por los que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública a cumplir la recomendación número 72/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a la detención de servidores públicos del estado de Michoacán y a darle seguimiento; • 1 de la Comisión de Derechos Humanos con puntos de acuerdo relativos a proposición por los que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango a rendir un informe relativo a la situación de éstos en los centros penitenciarios de la entidad; • 1 de la Comisión de Derechos Humanos con puntos de acuerdo relativos a proposición por los que se exhorta a la Procuraduría General de la República a aceptar la recomendación número 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto al caso de la mina 8 en Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila; • 1 de la Comisión de Derechos Humanos con puntos de acuerdo relativos a proposición por los que se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc a aceptar y cumplir la recomendación número 14/2009, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre delitos relacionados con la explotación sexual comercial de adultos e infantil